Listado de Asistencia día 23 de octubre de 2003    doc

Listado de Inasistencias día 23 de octubre de 2003   doc
 

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencia y el número de votos pueden variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
Dentro de 6 días se publicarán las inasistencias justificadas respecto a la presente lista.
* El diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (PRI), no ha rendido protesta.
 
 

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo segundo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa nuestro proyecto nacional. Es a la vez norma y programa que deriva del proceso histórico del México independiente. Refleja un hilo conductor, que va de los Sentimientos de la Nación a la Constitución de 1824, a la de 1857 y hasta la de 1917. Las tres grandes Constituciones emanan de grandes momentos históricos, de las tres revoluciones que explican el momento actual de México: la de Independencia, la de Reforma y la Revolución Mexicana.

La Carta Magna actual es síntesis de un proceso acumulativo, que tiene como elementos fundamentales el liberalismo de la Constitución de 1857 y el constitucionalismo social de vanguardia de 1917. Una se superpone a la anterior, modificándola en aspectos fundamentales.

Las importantes reformas que se han dado durante el siglo XX conforman a nuestro país con una estructura jurídica de democracia social avanzada. Es cierto que existe una brecha entre aspectos importantes de la realidad y nuestras aspiraciones, pero es una Constitución que ha servido para orientar cambios, recoger reclamos y necesidades y para adecuarnos a las circunstancias del país y del mundo. Preserva su vigencia porque ha sido dinámica y no estática y, con gran sabiduría en su artículo 135, prevé la forma legítima para su transformación.

El llamado "capítulo económico" de la Constitución no está, como en otras Constituciones de reciente promulgación, en un capítulo propiamente hablando, sino que sus disposiciones están dispersas a lo largo de la Carta Magna. Este capítulo económico se puede clasificar en tres vertientes:

a) La parte medular sustantiva del "capítulo económico." El proyecto económico se expresa, como embrión, en los artículos que en el texto originario sustentan el constitucionalismo social y un "esbozo" del papel rector del Estado, el 27, el 28, el 123, el 131, el 31 (fracción IV) y el 134. A estos artículos hay que agregar, de manera fundamental, la reforma realizada en 1983, que promulgó los nuevos artículos 25 y 26, que recogen la evolución del desarrollo económico y del Estado mexicano de más de medio siglo de consolidación.

b) Las disposiciones que se refieren a aspectos de política económica-social que conformaron la vertiente mexicana del Estado de bienestar y que los nuevos enfoques teóricos vinculan indisolublemente con la estrategia de desarrollo en sentido integral; es decir, la educación a lo largo de la vida (artículos 3° y 123), la salud (artículo 4°), la seguridad social (artículo 123) y la vivienda (artículos 4° y 123).

c) Las disposiciones orgánicas, relacionadas con las facultades del Ejecutivo y el Legislativo que norman los principales instrumentos para actuar en materia económica: el Presupuesto, la Ley de Ingresos, la deuda pública, las importantes facultades del control del Legislativo en la Cuenta Pública (artículos 73-75) y el nuevo artículo 79, que crea la entidad de fiscalización superior.

En este campo están también las facultades exclusivas del Legislativo federal para legislar en materia económica, como servicios financieros, inversión extranjera, etcétera. Otro aspecto orgánico se refiere a las normas que definen las relaciones y facultades en materia económica y hacendaria entre los tres órdenes de gobierno, por cierto, todavía muy incompletas, incluyendo las recientes reformas al artículo 115, que precisan las facultades hacendarias del municipio.

Este conjunto de disposiciones sustentan, en lo fundamental, un proyecto económico vigente y moderno, sujeto a algunas posibles adecuaciones, y que me referiré a una de ellas en sus principales rasgos.

La organización de la actividad económica del Estado mexicano ha sido producto de una evolución histórica que culmina en la década de los ochenta, específicamente en 1983, año en que se incorpora a nivel de la carta fundamental un marco regulatorio económico expreso estableciendo tres paradigmas esenciales: economía mixta, rectoría estatal y planeación democrática, que se constituyen en los pilares en torno a los cuales se desarrolla la legislación en esta materia.

En efecto, en el artículo 25 se reconoce a la economía mixta bajo rectoría estatal, con lo cual los sectores sociales y privados adquieren un reconocimiento pleno para participar en las tareas del desarrollo económico y social, existencia que había estado presente empíricamente desde la promulgación de la carta de Querétaro.

La rectoría estatal, que deriva originalmente del artículo 27 y que se actualiza en los artículos 25 y 26, implica que el Estado tiene a su cargo la dirección y orientación del desarrollo económico y social del país, responsabilidad que en algunos rubros es exclusiva -titularidad pública exclusiva en recursos naturales no renovables y funciones estratégicas no compartidas- y, en otras, que comparte con los sectores social y privado.

El artículo 25 refiere la atribución del Estado para planear, conducir y orientar la actividad económica nacional y para regular y fomentar las actividades que demande el interés general en un marco de libertades. Señala asimismo la concurrencia de los sectores público, social y privado en el logro de los propósitos generales de desarrollo nacional, sujetándose al principio de legalidad, definiendo el marco de la llamada economía mixta.

Los trascendentales cambios de los años ochenta propiciaron una crisis en el enfoque de los modelos económicos, que ha originado en los últimos años la necesidad de construir un nuevo paradigma para el desarrollo de las sociedades. Esta etapa histórica de búsqueda de respuestas en la economía es también una realidad en el país; sin embargo, parece hoy más urgente en México diseñar un sistema para la democracia que debatir un programa económico. Empero hay que recordar que el desarrollo socioeconómico es tarea esencial del Estado y objeto de las normas de derecho.

Respecto del Estado mexicano, su desarrollo posrevolucionario está caracterizado por una presencia fuerte en la sociedad: El centralismo fue una reacción al periodo de inestabilidad política que se sucedieron en el país a lo largo del siglo XIX. Después de lograr su independencia de España, en México y los demás países de América Latina se establecieron primitivas "democracias" inspiradas en el modelo de Estados Unidos, pero éstas fracasaron en corto tiempo. La rivalidad política desatada entre caudillos degeneró en guerras civiles abiertas. La paz se logró sólo al imponerse dictaduras (Porfirio Díaz). A este respecto, la centralización era una condición vital para consolidar el Estado nación.

La industrialización y la urbanización experimentadas a comienzos del siglo veinte produjeron cambios en el entorno político. En teoría, estas tendencias exigirían la descentralización del poder ya que sus requisitos inherentes hacen que una economía moderna distribuya los recursos políticos y las capacidades afines a una amplia gama de individuos, grupos y organizaciones. Los gremios empresariales, sindicatos obreros y otros intereses económicos exigen todos participar en el gobierno.

Los campesinos, otrora dominados por los terratenientes, migran a las ciudades, donde se convierten en las clases bajas urbanas, organizadas y situadas con más ventaja para ejercer presión sobre la estructura de poder existente.

La participación política, la que inicialmente sólo ejercían las elites tradicionales, se extendió en un intento de hacerle frente al surgimiento de la clase media y los sindicatos.

En México, los dirigentes políticos reconocieron el valor político de las organizaciones proletarias y se apoderaron de ellas. Dado que el mismo gobierno era una fuente de poder económico, los grupos políticos entraron en pugna para adueñarse de él.

Eran comunes las intervenciones militares durante este periodo, en que el poder armado entraba en escena en calidad de agente de las fuerzas civiles para derrocar al presidente del momento y reemplazarlo con otro de su mayor agrado.

Actualmente, tiene una composición política que obliga a suponer que los tiempos del autoritarismo están en transición hacia una redefinición en el ejercicio del poder. Además, a partir de la nueva composición política, la promulgación de normas destinadas a regular las actividades económicas de los mexicanos se ciernen más complejas y existe una oferta diversificada de opiniones de los sectores sociales, partidos políticos, cámaras y asociaciones industriales, etcétera.

En este sentido, desde hace algún tiempo, se ha venido señalando que en un esquema político-social distinto del actual se plasmó la tesis de la intervención estatal a nivel constitucional; esto es, cuando en 1982 al reformarse los artículos 25, 26 y 28 se dio en calificar como "capítulo económico" a una serie de disposiciones que tenían que ver con ciertos procesos económicos, como la planeación, los monopolios y las áreas económicas estratégicas y prioritarias.

En ése se afirmaba que se propició más un fenómeno de acotar a la intervención de Estado, como había venido entendiéndose en los años setenta, esto es un crecimiento indiscriminado de estructuras y actividades directas, indiscriminado por medio de la llamada "rectoría estatal".

Cuando se lee el artículo 25 de la Constitución, en el concepto de rectoría estatal vemos que se deslindan dos grandes grupos de competencias para el Estado en materia económica: a) un primer grupo que comprende las de planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, y otro, b) que incluye las de regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.

La existencia de una "Teoría del Estado" guarda cierta correlación con la existencia de una "Teoría de la Constitución". Los norteamericanos han hecho del sentimiento constitucional un dogma práctico, el concepto de Estado no ha merecido sus mayores esfuerzos y el término (State) se ha reservado para designar a cada una de las unidades políticas que forman la Federación, reservándose el vocablo government para designar aquello a lo que nosotros denominamos como Gobierno Federal.

En el caso de México, la Constitución no establece de manera clara, los alcances y el contenido del término Estado, pues mientras en el Artículo 3 se refiere al Estado compuesto por el gobierno federal, estatal y municipal, en el Artículo 25 no se hace esta distinción. Pero, sin duda que el Estado se compone de elementos materiales, como el pueblo y el territorio, definido formalmente, y de elementos abstractos, el gobierno con todos sus ordenes (federal, estatal y municipal para el caso de México), el bien público y el ordenamiento jurídico, definidos también formalmente.

El papel real del Estado es inseparable de quienes efectivamente lo encarnan y lo operan; es decir, no sólo los dirigentes políticos propiamente dichos, sino también y sobre todo el cuerpo burocrático. En todo sistema político, el gobierno incluye siempre dos órdenes de acción, política y administrativa, que se diferencian y se asocian en distintos grados.

El orden de acción política, en el cual nos centraremos, está situado al nivel de la formulación y ejecución de las decisiones que interesan a la sociedad global y a sus principales divisiones y componentes, requisitos que sin duda están integrados en los órdenes estatal y municipal de gobierno; y no se diga pues del orden administrativo de estos mismos ámbitos de gobierno, que en conjunto con el orden federal de gobierno son una parte que integran al Estado.

El federalismo mexicano es un federalismo sui géneris, que partió de una realidad política en la que no había realmente entidades federativas, materia y sujetos del pacto federal. Además, hay que agregar el hecho de que el federalismo mexicano ha estado subordinado al peso enorme del presidencialismo (forma de centralismo político y económico) que quita a los estados e incluso a los municipios funciones, tareas y recursos que les corresponden.

Así, nuestro federalismo ha sido siempre una ficción jurídica y política que deberá terminar para convertirse en una realidad viva y actuante.

Por otra parte, es necesario recordar lo dicho en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el Estado es el rector y promotor de la actividad económica en México.

Entre otras cosas, el artículo 25 de la Constitución dice: "Compete al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral... mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución".

Este texto habla ya de una situación que al no estar definida claramente, puede condicionar lo que los municipios e incluso las entidades federativas puedan hacer en materia de desarrollo económico.

Ciertamente, no estamos pidiendo que los estados o municipios asuman funciones de rectoría económica y que, por tanto, puedan decidir individualmente asuntos de esa naturaleza (tipo de cambio o la emisión de moneda, por ejemplo). No.

Se reconoce evidentemente que estas y muchas otras funciones propias de la actividad económica nacional necesariamente deberán ser asuntos de competencia federal. No obstante, no deja de extrañar que en todo el texto del artículo 25 constitucional no se haga ninguna referencia al papel de promotor del desarrollo económico de sus respectivas comunidades que deben tener y que de hecho tienen -en coordinación con la Federación- los estados y municipios, mientras que sí se hace referencia al sector privado y social.

Cabe destacar que este artículo fue reformado el mismo día de la reforma municipal del 3 de febrero de 1983, dejándose pasar -en aquel entonces y en la reciente reforma al artículo 115- una buena oportunidad para establecer de manera expresa, la labor de los municipios de promover el desarrollo económico de sus comunidades, cosa que de hecho realizan actualmente.

En este contexto, resultaría oportuno promover una reforma constitucional al artículo 25 para prever sin duda alguna, la obligación y competencia de las entidades federativas y de los municipios, en su actividad como promotores del desarrollo económico de sus respectivas comunidades.

El que se considere explícitamente a los órdenes de gobierno estatal y municipal, como sujetos promotores e impulsores del desarrollo socioeconómico del país, es generar un enfoque de economía política, que es el que aquí se sustenta, y que implica no solamente la discusión sobre reasignación de recursos entre factores (capital y trabajo) o agentes de la producción (Estado -gobiernos federal, estatal y municipal- y sectores privado y sector social).

Retomar la perspectiva de la economía política, con esta iniciativa que hoy se presenta, implica el análisis y la búsqueda de mecanismos de incidencia sobre las formas de regulación de las relaciones sociales, con el fin de reestructurar las condiciones de producción y de distribución de la riqueza, no sólo las del mercado. Ello contribuirá a recentrar las políticas de desarrollo no sólo en el funcionamiento de los mercados sino también en el de la sociedad.

Lo anterior también supone un tipo distinto de articulación entre las políticas económicas y sociales, así como sobre la integración de políticas generales de desarrollo. Es decir, el enfoque de la iniciativa puede favorecer la construcción de alternativas, al considerar las causas de las disparidades entre las diversas entidades y municipios, como producto de las propias relaciones económicas, sociales y políticas diferenciadas entre tales órdenes de gobierno y no sólo como resultado de circunstancias unívocas o "nacionales".

Por consiguiente, es posible que se ofrezcan políticas alternativas pero concordantes con lineamientos nacionales para buscar reducir desigualdades y fortalecer la capacidad de desarrollo de las entidades y municipios, que evidentemente incluya y establezca prioridades, pero no se circunscriba a visiones centralistas. Además, la iniciativa reconocerá formas de producción alternativas al interior y frente al sistema económico.

Asimismo, la iniciativa busca en forma implícita el fortalecer la unidad nacional a partir de reivindicar la función compensatoria del Pacto Federal, porque el federalismo representa un eficaz instrumento para el desarrollo nacional y regional. Es un marco institucional para distribuir capacidades públicas, recursos y oportunidades que impulsen las aspiraciones políticas, económicas, sociales y culturales de los miembros de la Unión.

Los órganos del poder público tienen que ser partícipes de la renovación de un federalismo que impulse el desarrollo nacional, regional, permanente y sustentable, propiciando el desarrollo equitativo entre todos los miembros de la Federación, a partir de la instrumentación de políticas efectivas tendientes a minimizar las disparidades regionales, garantizando el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos y potencialidades naturales de cada región, ordenándolos en función de un desarrollo económico propio, concurrente y complementario al de la nación en su conjunto.

Por otra parte, la presente iniciativa, pretende evitar, en detrimento de nuestro Estado de derecho, una interpretación de los correspondientes preceptos constitucionales, realizada por quien dicta la norma de desarrollo.

Es decir, el legislador ordinario, no puede dictar normas meramente interpretativas, cuyo objeto sea precisar el único sentido, entre los varios posibles, que deba atribuirse a un determinado concepto o precepto de la Constitución, pues al reducir las distintas posibilidades o alternativas del texto constitucional a una sola, completa de hecho la obra del Poder Constituyente y se sitúa funcionalmente a su mismo plan.

Es preciso señalar que el legislador ordinario no debe intentar en ningún modo constituir una interpretación auténtica, esto es, una interpretación dotada del mismo valor que el texto interpretado, y esto, por la sencilla razón de que no es lo mismo el Poder Legislativo que el Poder Constituyente.

En razón de lo anterior, resulta pertinente que los preceptos fundamentales contenidos en la Ley Suprema, sean definidos por la propia preceptiva constitucional, con la finalidad de que el alcance, contenido y consecuencias que se desprenden de ellos, no sean interpretados en uno u otro sentido por el legislador ordinario, en las normas que al respecto dicte.

Como ejemplo de la importancia de que las normas constitucionales establezcan definiciones, se tiene la descripción que del concepto de democracia, lleva a cabo el artículo 3° de la Constitución federal.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Unico. Se reforma el segundo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en los términos dispuestos en esta Constitución, planearán, conducirán, coordinarán y orientarán la actividad económica nacional, y llevarán a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga la misma.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 23 de octubre de 2003.

Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

QUE DEROGA LA FRACCION X BIS DEL ARTICULO 34 PARA PASAR A SER FRACCION VIII, ACTUALMENTE DEROGADA, DEL ARTICULO 32 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PARA QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VUELVA A HACERSE CARGO DEL FONAES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción X bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A iniciativa de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio inicio al procedimiento legislativo de dictamen y aprobación en comisión y Pleno de esta Cámara de las reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dicho decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de noviembre del año 2000.

En las reuniones de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública convocadas para conocer el dictamen correspondiente, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideró y valoró la necesidad de las reformas a la ley, con el propósito de que el gobierno entrante contará con los instrumentos legales necesarios para llevar a cabo su tarea. Los diputados del Partido del Trabajo en la LVIII Legislatura aprobaron mayoritariamente el contenido de dicho dictamen, con una sola excepción, la que correspondía a derogar la fracción VIII del artículo 32, para que pasara como fracción X bis del artículo 34, en el cual también se cambia la denominación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por la de Secretaría de Economía.

Debemos destacar que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII, derogada, del artículo 32 y en la actual fracción X bis del artículo 34, se crea el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad, que, atento a lo que se contiene en la fracción de referencia, tiene el propósito básico de "...apoyar a empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación y evaluación; de aplicación recuperación y revolvencia de recursos para destinarlos a los mismos fines...", de lo anterior se desprende que aquí se desarrolla una tarea que se enmarca en la solidaridad y plena responsabilidad de las personas, que se asocian para conseguir los resultados antes expuestos y que rebasa con mucho la actividad empresarial y de obtención de utilidades, que se desprende de las funciones que la Secretaría de Economía impulsa en este sector de interés privado.

Por eso, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LVIII Legislatura, junto con diputados de otros grupos parlamentarios, sostuvieron la necesidad de que la fracción VIII del artículo 32 permaneciera como actividad a impulsar por la Secretaría de Desarrollo Social, y no como al final fue aprobado en la comisión correspondiente y en el Pleno de esta Cámara, y posteriormente el Senado de la República, que pasara al ámbito de la Secretaría de Economía.

En noviembre del año 2000 nuestro grupo parlamentario dio la voz de alerta sobre el peligro que significaba trasladar, de la Secretaría de Desarrollo Social, la responsabilidad de la operación del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad a la Secretaría de Economía.

Para nosotros es sintomático que, con el cambio aprobado, las acciones encaminadas a apoyar las iniciativas producidas por grupos sociales organizados en extrema pobreza, para lograr el desarrollo de sus actividades empresariales, iban a ser evaluadas a partir de criterios de rentabilidad, haciendo de lado la naturaleza y dirección del Fonaes, que son programas con un alto contenido social.

Para nosotros Fonaes tiene que ver más con una función social que con una visión meramente económica, además de ser la única institución que aborda realmente el problema de la pobreza y de la marginación con una propuesta que busca combatir las causas que generan la exclusión y marginación de amplios sectores respecto al desarrollo nacional.

En la actualidad, Fonaes no está cumpliendo con una función social, razón que motivó su creación; ya que la administración en turno y la secretaría de Estado a la cual se adscribe legalmente, no tiene como atribuciones reales la de apoyar a este segmento de la población organizada, que tiene el deseo de producir y comercializar con criterios diferentes a los que se manejan en la iniciativa privada.

Por ello compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estima que es pertinente que hagamos la reforma legal necesaria, con el propósito de que el Fonaes y las actividades que realiza vuelvan a su ámbito natural del cual no debió salir y que es la Secretaría de Desarrollo Social, hacerlo fue un grave error que es necesario revertir. Aún estamos a tiempo.

Además, en un acto de congruencia sobre este tema, en la comparecencia de la licenciada Josefina Vázquez Mota como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, con motivo de la glosa del Informe Presidencial, se le planteó este tema, e incluso la compañera diputada del Partido Acción Nacional Beatriz Zavala, en nombre de su grupo parlamentario, coincidió, al igual que los demás grupos parlamentarios, en que debe regresar el Fonaes a la Secretaría de Desarrollo Social.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que se dispone en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción X bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se deroga la fracción X bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32

A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil tres.

Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Gobernación. Octubre 23 de 2003.)
 
 

Los suscritos, diputadas y diputados federales de la LIX Legislatura, representantes de las regiones frutícolas de México, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para que se constituya la comisión especial de fruticultura, con la finalidad de atender de manera directa, eficaz y oportuna esa gran rama de la agricultura, que representa fuerte activo del país, capaz de surtir las necesidades alimentarias de los mexicanos y con gran potencial exportador.

Como es del conocimiento de todos, el campo mexicano atraviesa por una de las crisis más agudas de su historia. El desarrollo del sector no ha sido ajeno a los conjuntos de factores internos y externos que han repercutido seriamente en él, como los procesos de apertura comercial y globalización, iniciados en la década de 1980; la disminución constante de su flujo de valor real en la inversión en el campo; las modificaciones del marco jurídico que inciden en el medio rural; la explosión demográfica; la evolución de la tecnología; y las profundas reformas estructurales de la economía y su contracción.

México es un país rico en recursos naturales, pero tiene limitaciones para la práctica de la agricultura, debido a que más de 70 por ciento del territorio nacional es de clima árido y semiárido; en las regiones húmedas y subhúmedas hay suelos poco profundos y frágiles.

De los 198 millones de hectáreas que forman la superficie nacional, 16 por ciento corresponde a tierras agrícolas; 11 por ciento, a las de agostadero; y 23 por ciento, a bosques y selvas. La tierra per cápita decreció en forma acelerada: en la década de 1960 fue de 0.75 hectáreas, actualmente es de 0.34 y en 2010 será de 0.25 hectáreas.

De las unidades de producción, 60 por ciento tiene cinco hectáreas o menos, lo cual imposibilita la subsistencia normal de los agricultores dedicados a los cultivos básicos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el campo viven cerca de 26 millones de mexicanos; es decir, la cuarta parte de la población, localizados en cerca de 200,000 comunidades. Eso refleja enorme dispersión de nuestra población en el medio rural.

En 2001, los productores del campo producían 75 por ciento del maíz que se consumía, 51 por ciento del trigo, 42 por ciento del arroz y 57 por ciento del sorgo. El resto de lo requerido se complementaba con importaciones, principalmente de Estados Unidos, lo cual incrementaba considerablemente nuestra dependencia alimentaria y reducía la balanza económica hacia una deficiencia.

Aún más, en años recientes el ingreso de los productores ha disminuido en 24.5 por ciento, en términos reales; la rentabilidad, en 16 por ciento; y el crédito al campo, en 75 por ciento.

A raíz de lo anterior, es necesario corregir rumbos y construir un nuevo producto de desarrollo rural, en el que intentemos ser lo más eficientes y productivos en todas las ramas de la agricultura, la ganadería y la pesca, a fin de evitar así seguir siendo dependientes de otros países.

Además, se requiere cambiar la balanza económica comercial exportando más de lo que importamos, creando un medio propicio para todo el sector rural mexicano que le garantice una vida digna, segura y estable.

En ese gran entorno agropecuario, la fruticultura desempeña un papel muy importante, ya que los cultivos básicos tienen 42.72 por ciento de la superficie agrícola sembrada y generan 19.60 por ciento de la producción. En cambio, los frutales, con 5.67 por ciento, producen 20.12 por ciento; es decir, el valor de la producción frutícola resulta mayor.

La fruticultura tiene en México gran potencial de desarrollo. Estamos situados en una región geográfica donde producimos gran cantidad de especies frutícolas, principalmente naranja, toronja, plátano, mandarina, limón, sandia, mango, uva, aguacate, tuna, guayaba, manzana, durazno, pera, guanábana, papaya, nuez y piña; en total: 74 especies, en una superficie de 1,244,000 hectáreas.

Gran cantidad de esas frutas no se produce o se produce en baja cantidad en países como Estados Unidos de América, Canadá, los de la Unión Europea o los de Oriente. Eso representa gran oportunidad de negocio para México.

Sin embargo, por una planeación deficiente y la falta de leyes que garanticen el financiamiento y el apoyo a la producción, a la comercialización y a la exportación, este importante ramo de la agricultura no ha prosperado como debería y vemos con gran tristeza que países como Brasil y Chile toman las riendas y son los encargados de surtir a las naciones mencionadas, creando riqueza y prosperidad; mientras, en México nos quedamos cruzados de brazos e -incluso- importamos frutales de allá.

La comisión especial de fruticultura tendrá, entre otras responsabilidades, las siguientes:

Punto de Acuerdo

Unico. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a este honorable Pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se constituya la comisión especial de fruticultura, encargada de estudiar la problemática de los sistemas productivos de los frutales que proponga opciones y coadyuve a la conciliación, integración y propuesta de soluciones, entre las áreas del Ejecutivo federal respectivas y los agentes productivos, en beneficio del desarrollo sustentable de las regiones y en aras de nuestra soberanía.

Dip. Adrián Villagómez García (rúbrica)

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS A CUMPLIR LA OBLIGACION CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, PRESENTADA EL DIPUTADO ANGEL ALONSO DIAZ-CANEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar a las Legislaturas de los estados a que cumplan su obligación constitucional de legislar en materia de transparencia y acceso a la información.

Consideraciones

Desde el punto de vista filosófico, las libertades y derechos fundamentales resultan indispensables para que la persona humana realice sus propios fines, desenvuelva su personalidad y tienda a lograr su felicidad.

El reconocimiento que el orden jurídico estatal hace respecto de ese mínimo de libertades y derechos, y de sus lógicas y naturales derivaciones, así como de otros factores o circunstancias imprescindibles para el desenvolvimiento de la personalidad del hombre, es, pues, lo que constituye los derechos públicos individuales, que en nuestro sistema constitucional reciben el nombre de garantías individuales.

Una de esas preciadas garantías tuteladas por nuestro sistema jurídico es la consistente en el derecho a la información, consagrada en el artículo 6° in fine, que sólo puede concebirse como un derecho público subjetivo, dentro de los auténticos regímenes democráticos.

De hecho, el derecho a la información, en su vertiente de acceso a la información pública, ha adquirido notoria importancia en el mundo de las ideas políticas, sociales y jurídicas del pensamiento contemporáneo; al grado de que se le considera como uno de los rasgos más distintivos de los Estados constitucionales modernos.

Se debe reconocer que en materia de derecho a la información, sobre todo en el aspecto de transparencia y rendición de cuentas de los actos de gobierno, en los últimos años se han realizado esfuerzos importantes tendientes a definir y fortalecer estos derechos, así como a dotar de instrumentos y medios de defensa eficaces, en contra de la falta de garantías de su ejercicio pleno. No obstante, a la fecha existen inercias y falta de voluntad por parte de diversos actores políticos, que imposibilitan un respeto pleno a dicha garantía, y han evitado a toda costa que en órdenes de gobierno distintos del federal la normativa respectiva vea la luz en el derecho positivo.

En este sentido, el derecho que todos los ciudadanos tenemos de conocer sobre las actividades gubernamentales no puede concebirse como el ejercicio de una libertad aislada, ni como un medio al servicio de una ideología, sino como un instrumento de desarrollo político y social; como una fuerza aseguradora de la interrelación entre las leyes y el cambio social que exige nuestra sociedad.

Al respecto, la experiencia nos ha demostrado que cuando las garantías constitucionales no se desarrollan, se convierten en letra muerta que no cumplen su cometido. De ahí que surja la necesidad de que se produzcan preceptos jurídicos al respecto, pues la protección y respeto de una garantía fundamental no se logra únicamente mediante su consagración constitucional, sino que requiere su desarrollo y el establecimiento de los instrumentos, medios y plazos para hacerlo efectivo.

En este orden de ideas, si tal derecho se restringe únicamente al cumplimiento de sus postulados por los órganos federales y, hasta donde se tiene conocimiento, por exclusivamente 14 entidades federativas, las Legislaturas que no han establecido normas respecto de dicha prerrogativa fundamental, actúan en contra de lo previsto en la Constitución General en su artículo 6º in fine.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Que esta Cámara de Diputados exhorte a las Legislaturas de los estados que no han cumplido su obligación constitucional de establecer normas en materia de acceso a la información a que den cumplimiento a dicho mandato, y de esta manera, se fortalezca nuestro Estado de derecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.

Diputados: Angel Alonso Díaz-Caneja, Angélica Ramírez Luna, Myriam Arabian Couttolenc, Roberto Ruiz Esparza, José Felipe Puelles Espina, Rogelio Flores Mejía, Felipe Díaz González (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Gobernación. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES FEDERALES A QUE SE INTEGRE UNA COMISION ESPECIAL BINACIONAL, CON LA FINALIDAD DE QUE EL GOBIERNO MEXICANO, JUNTO CON EL DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, COORDINE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS CRIMENES DE MUJERES OCURRIDOS EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA AVILA SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez tienen una historia de más de 10 años, en la que las autoridades locales, estatales y federales se han distinguido por su ineficiencia. Los efectos de estos repugnantes hechos han trascendido nuestras fronteras y se han convertido en un ejemplo a nivel mundial de la violencia contra las mujeres y del estado de indefensión en que se encuentran ante la incapacidad de nuestras autoridades de otorgar seguridad a la ciudadanía.

El pasado 11 de agosto de 2003, Amnistía Internacional aseguró, en un informe sobre Ciudad Juárez, que el hecho de que no se aborden los homicidios de mujeres "pone en duda" la capacidad del gobierno de Fox para "hacer realidad su retórica sobre derechos humanos", tras denunciar que las autoridades federales "toleran" estos delitos por la "falta absoluta" de medidas oficiales para abordarlos.

Por otro lado, el 27 de agosto, luego de realizar un estudio sobre el caso de las cerca de 300 mujeres asesinadas en los últimos 10 años en Ciudad Juárez, la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) hizo una serie de recomendaciones que incluyen una investigación dirigida por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).1

El estudio dice que "es imperativo terminar con esta epidemia de violencia en contra de las mujeres y niñas de Ciudad Juárez, y también explorar las raíces del silencio que ha protegido a los asesinos por los últimos 10 años"; que "el gobierno de México no ha hecho nada por resolver los crímenes" y que "las muertas de Juárez son un problema fronterizo que no es exclusivo de México sino que también es un problema de Estados Unidos de América".

Mediante esa investigación se detectó que existen patrones similares en cada uno de los casos, víctimas de un grupo demográfico determinado y de la misma clase socioeconómica, con características similares, tales como mujeres jóvenes, pobres, de estatura baja, morenas, trabajadoras, estudiantes y migrantes.

Se establece que los asesinatos similares a los ocurridos en Juárez se han extendido a otras ciudades fronterizas, como en la ciudad de Chihuahua, donde se han registrado alrededor de 14 casos, al igual que en Mexicali, Nogales, Matamoros y Nuevo Laredo.

El reporte de la UCLA presenta 10 recomendaciones para ambos gobiernos. Entre las más importantes están:

Aunado a esto, el pasado 13 de octubre, un grupo de congresistas de Estados Unidos instó al Presidente de México, Vicente Fox, a resolver "urgentemente" los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, en el estado fronterizo de Chihuahua, y ofreció la colaboración del FBI para poner fin a la impunidad que rodea estos crímenes.

En una carta enviada al Presidente Fox, los 31 legisladores, encabezados por la demócrata Hilda Solís, pidieron que la Procuraduría General de la República se haga cargo de la investigación de los asesinatos de mujeres, que comenzaron hace 10 años y que ya suman más de 300, según los organismos humanitarios.

La congresista Solís informó que su carta sólo ha tenido una "escueta" respuesta firmada por el embajador de México en Estados Unidos, Juan José Bremer, por lo que anunció que, junto con un grupo de colegas, promoverá que el gobierno de George Bush colabore con el de Fox en los casos de "feminicidios" de Ciudad Juárez, ya que "es un problema que afecta los dos países".

En el Partido Verde Ecologista de México consideramos que es impostergable resolver de inmediato la impunidad que existe dentro de nuestras fronteras; por ello hacemos un llamado a esta H. Cámara de Diputados, y exhortamos a las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que trabajemos arduamente, en el constante seguimiento de estos funestos acontecimientos, y que junto con las autoridades administrativas correspondientes trabajemos coordinadamente con las autoridades estadounidenses, para que podamos salvar las vidas de probables víctimas, para que la justicia impere y para que nuestra sociedad viva en un estado de paz y tranquilidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que se considere de obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que de inmediato realicen acciones concretas para la investigación, aclaración y, en su caso, erradicación de los crímenes cometidos en Ciudad Juárez.

Segundo.- Que se realicen las gestiones conducentes a que, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se convoque a los legisladores estadounidenses para que, junto con la recientemente creada Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, se realice una reunión de carácter binacional, tendiente a un intercambio de información, de opiniones, criterios y puntos de vista para que de forma conjunta y coordinada se llegue al esclarecimiento de los multicitados homicidios y para que se cree una comisión binacional que se ocupe de coadyuvar en la erradicación de estos crímenes, y que se informe al Congreso de la Unión sobre el resultado de la reunión.

Tercero.- Que las autoridades administrativas competentes en México y en Estados Unidos de América coordinen sus acciones en la solución del flagelo social, referido en el presente punto de acuerdo, coadyuvando al fortalecimiento de las relaciones entre ambos gobiernos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.

Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador, Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.

Nota:
1 Sugieren que el FBI investigue asesinatos en Ciudad Juárez; dan a conocer un reporte de la UCLA sobre las muertes de casi 300 mujeres en Chihuahua: Jorge Morales Almada, reportero de La Opinión, 27 de agosto de 2003.

(Turnada a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Seguridad Pública. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE REVISAR Y MODIFICAR LOS CRITERIOS DE ASIGNACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA INCREMENTARLOS A LOS MUNICIPIOS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ELPIDIO CONCHA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

Vengo a alzar la voz y a cumplir el compromiso que hiciera con los 68 municipios del II distrito electoral federal de Oaxaca, que comprende las sierras Cuicateca y Mazateca y los valles del distrito de Etla, quienes me brindaron su confianza para ser su representante en esta soberanía.

Consideraciones

Históricamente, México ha sido un país desigual en lo social y lo económico, desequilibrado en la relación campo-ciudad, en el desarrollo de sus estados del norte y del sur.

Vivimos una polarización extrema entre la pobreza y la concentración de la riqueza. Tal parece que nos perfilamos por un camino sin salida hacia dos Méxicos distintos, donde continuarán acentuándose las diferencias entre el norte y el sur.

Mientras los estados del norte luchan y buscan la manera de insertarse económica y socialmente a Estados Unidos, los del sur se parecen cada vez más a nuestros vecinos de Centroamérica.

Falta de fuentes de empleo, de oportunidades y de infraestructura, una población cada día mas empobrecida... Un México así no tiene futuro.

Luchar contra las desigualdades y los desequilibrios es responsabilidad de los tres poderes que integran el Estado nacional, principalmente el Poder Legislativo, por ser el representante de la soberanía popular y, como tal, tenemos la obligación de velar porque se reviertan las injusticias e iniquidades.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, en 1990 el 16.93 por ciento de la población habitaba en municipios de muy alta marginalidad y para 2000 se incrementó a 18.6 por ciento (aproximadamente 20 millones de mexicanos). Es uno de los saldos más patéticos y deplorables del modelo neoliberal puesto en marcha por los gobiernos tecnocráticos de las últimas dos décadas, un modelo acentuado en la presente administración federal.

Ese 20 por ciento de la población que vive en condiciones de muy alta marginalidad prácticamente se duplica al ubicarlo sólo en la región sur del país, debido a las grandes disparidades regionales: por un lado, en la región sur-sureste 47.99 por ciento de la población reside en municipios de alta o muy alta marginalidad, en tanto que en la región noreste es de apenas 4.09 por ciento.

Más aún: la proporción de la población que habita en municipios de alta y muy alta marginalidad en la región sur-sureste creció en cinco puntos porcentuales en la última década del siglo XX.

Es importante señalar que, en el ámbito del Poder Ejecutivo, todos nuestros gobernantes de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- y de todos los partidos políticos se han pronunciado en favor de combatir la pobreza, el lastre más pesado que cargamos como sociedad.

En el terreno del Poder Legislativo, cuando buscamos el voto popular como regidores, diputados locales, diputados federales o senadores, uno de nuestros compromisos principales es luchar por combatir la pobreza, que tanto lastima nuestro campo. Combatir la pobreza representa compromiso ineludible de todo gobierno; en eso estamos de acuerdo.

Como representante popular, y en lo particular como oriundo de uno de los estados que tiene uno de los índices más altos de marginalidad, me preocupa esa situación de injusticia y oprobio.

A ustedes, compañeros de todos los partidos, mi exhorto respetuoso: tenemos que legislar por todos los mexicanos, pero especialmente por quienes menos tienen.

Tenemos que promover, en el ámbito de nuestras facultades legislativas, políticas públicas que auspicien el crecimiento económico, pero sobre todo la justicia distributiva.

Esta debe dar atención especial a los municipios más pobres, situados principalmente en los estados del sur del país, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, con 386 municipios de muy alta marginación; o San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit, con 906 municipios de alta marginación.

En las comunidades más pobres de esos estados, el ingreso de las familias es tan bajo, que ni siquiera es suficiente para comer, mucho menos para subsistir en condiciones mínimamente decorosas, por lo que la mayoría de sus habitantes opta por emigrar a los núcleos urbanos más desarrollados y a Estados Unidos.

Emigran también porque los apoyos gubernamentales como Solidaridad, Progresa, Procampo, Contigo u Oportunidades no llegaron y no llegan a sus comunidades, no por falta de voluntad sino simplemente porque no alcanza su cobertura financiera y geográfica.

En este sentido, es preciso que, más que profundizar en un esquema de ayuda paternalista, se adopte un modelo que haga a los habitantes de estas zonas asumir compromisos y responsabilidades con sus familias y su entorno social y económico, mediante el apoyo de proyectos productivos en el campo que los arraiguen a su tierra, contribuyan a la producción de alimentos, promuevan el autoempleo y contribuyan a revertir o aminorar la emigración que generan.

Financiando proyectos productivos, las familias que habitan zonas de alta y muy alta marginalidad podrán generar recursos para alimentar a sus familias e ingresos adicionales de la venta de productos excedentes en el mercado, que bien pueden dedicarse a satisfacer otras necesidades.

El instrumento principal de que disponemos los diputados es la política presupuestaria. Nos corresponde definir la asignación de los recursos del pueblo de México mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que el desarrollo sea asequible para todos los mexicanos y no privilegio de unos en detrimento de otros.

Si queremos impulsar un auténtico desarrollo compartido, un México sin privilegiados ni excluidos, tenemos que aplicar la máxima del derecho natural: dar trato desigual a desiguales, dar más a quien más lo necesita.

Estoy seguro de que las autoridades municipales hacen su mejor esfuerzo para atender a la población más desfavorecida, pero también estoy convencido de que los recursos del Ramo 33 no son suficientes. En el caso del Fondo Tres del ramo señalado, son recursos etiquetados para infraestructura social municipal, como educación, agua potable, pavimentación o drenaje.

Si bien esos servicios son necesarios e indispensables, su prestación consume en todos los municipios 100 por ciento de los recursos, en tanto que para financiar proyectos productivos no queda nada.

Por ello, la propuesta que me trae en esta ocasión a la tribuna se orienta a incrementar en 25 por ciento lo presupuestado en el Ramo 33 para financiar proyectos productivos en el campo, únicamente en municipios de alta y muy alta marginalidad.

La propuesta busca alcanzar tres objetivos muy claros: que los campesinos en condiciones de alta y muy alta marginalidad cuenten con una fuente estable de ingreso y alimentos para ellos y sus familias; que se fomente el autoempleo en el campo; y que se revierta el crecimiento de la emigración.

Asimismo, se buscará que los proyectos estén vinculados con el conocimiento que los campesinos tienen de sus tierras, privilegiando la vocación agrícola del suelo, además de explorar las posibilidades de desarrollo de cultivos alternativos de alta rentabilidad agrícola, en sus respectivas regiones.

Si fomentamos empleos estables mediante una iniciativa de esa naturaleza, daremos una vida más digna a los campesinos y abatiremos algunos de los principales rezagos que hoy enfrentan los municipios con alta y muy alta marginalidad, como éstos: 97 por ciento de sus viviendas, con pisos de tierra; 85 por ciento, sin energía eléctrica; y 96 por ciento, sin agua potable.

También estaremos contribuyendo a atemperar la desigualdad educativa porque, de acuerdo con datos del último Censo General de Población y Vivienda, mientras que para 2000 el 10 por ciento de la población más pobre apenas tenía cuatro años de educación formal (Población Económicamente Activa), 10 por ciento más rico a escala nacional contaba con 13 años de educación.

La baja escolaridad que registran los municipios con alta y muy alta marginalidad se explica por sus condiciones de pobreza y falta de oportunidades.

Por todo ello, más allá de posicionamientos partidistas, cálculos ideológicos o móviles de estrategia y rentabilidad políticas, es imperativo impulsar un punto de acuerdo orientado a satisfacer las necesidades mínimas de autoconsumo para ese grupo de mexicanos.

Por ello, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Revisar y modificar los criterios de asignación de los recursos del Ramo 33 a fin de que, una vez decidido el monto global destinado a los municipios del país, la Cámara de Diputados apruebe un incremento de 25 por ciento de esa cifra, para destinar esos recursos adicionales a los municipios de alta y muy alta marginación y aplicarlos exclusivamente, con una normatividad muy precisa, a proyectos productivos en el campo.

Para evitar cualquier sesgo ideológico o partidista, los municipios beneficiarios se definirían conforme a criterios estrictamente técnicos de marginación y pobreza, elaborados por las áreas creadas ex profeso, como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

De esa manera frenaríamos el proceso creciente de expulsión de mano de obra barata de nuestros connacionales a los núcleos urbanos y al extranjero, donde acuden a prestar servicios no calificados y mal pagados, por ser ajenos a su vocación y sabiduría ancestral.

Con esos apoyos desarrollarían su potencial productivo en las áreas de su dominio, que les son propias, con independencia de que algunos de ellos, de las comunidades más marginadas del país, opten y no sean obligadas por las circunstancias por la vida urbana.

Crearemos y fomentaremos empleos estables, daremos una alternativa de vida digna a los campesinos más pobres de México.

Diputados: Carlos Pano Becerra, Jesús Morales Flores, Angel Heladio Aguirre Rivero, Elpidio Concha Arellano (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LOS TITULARES DE LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATALES A QUE ESTABLEZCAN NUEVAS POLITICAS PARA CONTRATACION DE COLABORADORES QUE CONSIDEREN TAMBIEN A PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS DE EDAD, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YLEANA VIRGINIA BAEZA ESTRELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparecen ante esta soberanía para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Poderes Ejecutivos federal y estatales a fin de que fijen nuevas políticas de contratación de personal considerando a personas de 45 años de edad en adelante, conforme a las siguientes

Consideraciones

Un hecho que lacera a la sociedad mexicana en su conjunto es la inaceptable discriminación laboral que padecen las personas mayores de 45 años. Es sumamente doloroso observar cómo el desempleo y el subempleo en ese sector de la población, que hoy representa 25% de su total y que llegará a 35% para el año 2020, presenta una tendencia al alza, es decir cada día son más y más las y los mexicanos mayores de 45 años que son discriminados.

Hoy no es raro encontrar en las páginas de los periódicos ofertas de trabajo donde claramente se expresa la edad como un requisito indispensable, la de ser menor de los cuarenta y cinco años y hasta menores de treinta, lo cual es a todas luces discriminatorio y atenta en contra de la dignidad de la persona.

El hecho es doblemente lastimoso, ya que por un lado impide que en estos tiempos, en los que se requiere la contribución de todas y todos para poner el país al día y a la vanguardia, se aproveche la experiencia, capacidad y responsabilidad de los adultos mayores de 45 años; y por otro, también muy importante, el desempleo erosiona la dignidad y la posibilidad de realización de las personas, y no apoyarlas sería un acto de injusticia, ya que en términos prácticos estaremos apoyando, por un lado, actos de discriminación laboral y, por otro lado, promoviendo la desigualdad de oportunidades entre las y los mexicanos.

Las personas de 45 años se encuentran en plenitud de sus facultades, físicas y psicológicas, además de encontrarse en una etapa de su vida estable, pero con mayores responsabilidades, por haber formado ya una familia en su gran mayoría. No podemos dejar de lado que las personas de más de 45 años son las que llevan la carga económica de las familias mexicanas, es decir, son las que tienen que cubrir los gastos de educación media superior y superior de sus hijos, muy probablemente pagar el adeudo que implica su vivienda, salud, vestido, etcétera. En otras palabras, son quienes tienen más compromisos y responsabilidades económicas.

No hay argumentos válidos que avalen que las personas de más de 45 años no puedan ocupar una vacante que sólo puede cubrir alguien de menor edad; el argumento más frecuente es que los de más de 45 años carecen de la flexibilidad para adaptarse y aprender de los cambios que se van generando en el ámbito laboral, argumento que consideramos obedece más a prejuicios que a razones.

Por lo anterior, se hace necesario tomar conciencia del severo problema social que representa la discriminación laboral en comento y, como un primer paso, es conveniente que el Estado dé el ejemplo en su abatimiento, ya que, entre otras, tiene la obligación de velar por el desarrollo de todos los mexicanos, creando las condiciones necesarias para que toda la población tenga acceso a un trabajo digno, así como de promover también, mediante su ejemplo, un cambio cultural en el sentido de desalentar la discriminación de cualquier índole y, entre ellas, la discriminación laboral.

Aun cuando sabemos que la problemática referida no se resuelve por completo ni queda agotada con el presente manifiesto, sí creemos que se puede ir abriendo el camino. Por ello presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Unico.- La Cámara de Diputados, en pleno respeto a las competencias atribuidas por nuestra Carta Magna, exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal y estatales a que, dentro de sus respectivas administraciones públicas:

Diputados: Guillermo Tamborrel Suárez, Adriana González Furlong, Yleana Baeza Estrella (rúbricas).

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL PROXIMO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION SE INCREMENTEN LOS RECURSOS DIRIGIDOS A LA AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SANTIAGO CORTES SANDOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

El suscrito, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, a fin de que en el próximo Presupuesto de Egresos se incrementen los recursos destinados a la ampliación y mantenimiento integral de las escuelas públicas del sistema educativo nacional.

En el México de este siglo XXI, contar con una educación de calidad sigue siendo una promesa, más que una realidad. Luego de más de 80 años de construcción de un sistema educativo nacional que tenía como encomienda principal la universalidad de la educación básica, ésta aún no cubre todas las necesidades de los niveles en primaria y secundaria. Y está muy lejos de cubrirlas en el nivel preescolar, donde no hay visos de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la reforma constitucional que hace de este nivel educativo parte de la educación básica obligatoria. Y qué decir de la educación media superior, donde sólo se cubre la demanda potencial en un 50% y de la educación superior, donde esta demanda sólo se cubre con un 20%.

De tal modo que actualmente nuestro sistema educativo no es capaz de hacer realidad el derecho a la educación consagrado en el artículo 3º de nuestra Carta Magna para todos los niños y jóvenes; ni mucho menos otorga una educación de calidad como lo demuestran múltiples y variadas evaluaciones aplicadas a los distintos tipos y modalidades de servicio educativo.

El sistema educativo ha tenido que enfrentar en los últimos años grandes problemas que le impiden responder a los retos que la globalización demanda. Procesos de descentralización corporativa y parcial, organización burocrática excesiva y preferencial, poca autonomía de gestión en los centros escolares, salarios bajos, entre otros, han sido nudos estructurales que han intentado deshacer distintos planes y programas, sin que se noten aún resultados importantes.

Uno de esos problemas de fondo sobre el que quiero llamar su atención, compañeras y compañeros legisladores, es el referido al abandono en el que se encuentra la infraestructura escolar.

Como profesor de educación básica y como sindicalista comprometido con la superación educativa, conozco de cerca la falta de inmuebles, muebles, materiales y equipos necesarios para el desarrollo de este rubro estratégico de la nación.

El propio secretario de Educación Pública, durante su comparecencia ante las comisiones respectivas de esta Cámara de Diputados en la pasada Legislatura, reconoció que el déficit de inversión en infraestructura en todo el sistema educativo nacional es de un monto aproximado de 30 mil millones de pesos.

Miles de escuelas de todo el país carecen no sólo de computadoras y laboratorios, sino de salones, mesabancos, pizarrones y sanitarios dignos, e incluso de energía eléctrica y agua potable.

El Gobierno Federal, lejos de buscar fórmulas para reducir ese rezago que incide directamente en la baja calidad de la educación, año con año presupuesta recursos muy bajos para este propósito. Para el Presupuesto de 2002 los montos para la inversión física contemplados en el Ramo 11 (que también incluye inversión en espacios administrativos) disminuyeron un 41% respecto al 2001. Y si bien para este 2003 éstos volvieron a crecer un 24% y significan $1,232 millones de pesos, en general los recursos siguen siendo 17% menores, en términos reales, que los ejercidos en 2001. La misma caída se registra en este rubro tanto en las transferencias como en los subsidios otorgados mediante este ramo para la Secretaría de Educación Pública.

Un comportamiento semejante experimenta el presupuesto del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), que para el año 2000 contaba con 823 millones de pesos, mientras que para el 2003 sólo cuenta con 146 millones, lo cual representa una caída del 82% en términos reales y que para el próximo año requiere por lo menos 1,500 millones de pesos.

Esta insuficiencia de inversión en infraestructura deja en entredicho los esfuerzos que se están realizando por elevar la calidad de nuestro sistema educativo nacional. Por lo que los propios titulares de Educación de los estados, en las negociaciones del Presupuesto de 2003, demandaron la creación de un fondo especial para infraestructura escolar por 3,000 millones de pesos, pues los recursos contemplados en el Ramo 33, junto con los descentralizados mediante el CAPFCE, son totalmente insuficientes para ello.

A esto habría que agregar el caso de la educación superior, donde los recursos transferidos para su operación resultan tan insuficientes, que los planes de ampliación y mantenimiento de infraestructura no se contemplan en los programas normales, sino a través de fondos especiales que son otorgados por la SEP mediante concurso.

Si queremos que nuestra educación básica realmente contribuya al desarrollo de nuestra nación, debemos promover el incremento sustancial de los recursos dirigidos hacia ella. Esta soberanía está obligada a promover el incremento de recursos para la educación hasta un monto equivalente al 8% del Producto Interno Bruto, pues a ello mandata la histórica reforma del artículo 25 de la Ley General de Educación. Por tanto, a fin de que esa inversión tenga un sentido estratégico e impacte en la calidad de la educación, les propongo aprobar un incremento especial al presupuesto que en materia de infraestructura educativa realizan tanto el Gobierno Federal como los gobiernos de los estados y los municipios, mediante el gasto federalizado.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, me permito someter a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo federal a que programe un incremento de 3,000 millones de pesos en este rubro para la ampliación y mantenimiento de las escuelas públicas del sistema educativo nacional, dentro de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Educación Pública y Servicios Educativos a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se considere este incremento sustantivo de los recursos destinados a la ampliación y mantenimiento de las escuelas públicas del sistema educativo nacional.

Diputados: Eduardo Espinoza Pérez, Marcela González Salas, Omar Ortega Alvarez, Elba Garfias Maldonado, César Chávez Castillo, Carlos Silva Valdés, Emilio Zebadúa González, Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Guillermo Huízar Carranza, Iván García Solís, Dolores Padierna Luna, Guadalupe Morales Rubio, Santiago Cortés Sandoval, Héctor M. Bautista López, Narciso Agúndez Montaño, Gelacio Montiel Fuentes, Gerardo Ulloa Pérez, Javier Salinas Narváez, Dolores Gutiérrez Zurita, Valentín González Bautista, Javier Manzano Salazar, Yadira Serrano Crespo, Abdallán Guzmán Cruz, Irma Figueroa Romero, Zeferino Torreblanca Galindo, Israel Tentory García, Rogelio Franco Castán, Marcelo Herrera Herbert, Juan García Costilla, Bernardino Ramos Iturbide, Minerva Hernández Ramos, Rosa María Avilés Nájera, Edgar Torres Baltazar, Horacio Martínez Meza, Emilio Serrano Jiménez, Nancy Cárdenas Sánchez, Angélica Díaz del Campo, Eliana García Laguna, Agustín Rodríguez Fuentes, Pascual Sigala Páez, Rafael Flores Mendoza, Adrián Chávez Ruiz, Miguelángel García- Domínguez, Juan José García Ochoa, José Luis Cabrera Padilla, Pablo Franco Hernández, Miguel Luna Hernández, Rocío Sánchez Pérez, José Luis Naranjo Quintana, Clara M. Brugada Molina, Manuel Camacho Solís, Marcela Lagarde y de los Ríos, Susana Manzanares Córdova (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE EN SU PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2004 SE REVISE EL MONTO ASIGNADO A SUS ORGANOS DE ENLACE LEGISLATIVO, A FIN DE EVITAR DUPLICACION DE FUNCIONES Y ENCONTRAR POSIBLES FUENTES DE AHORRO DE RECURSOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En las próximas semanas, el Ejecutivo federal enviará a esta soberanía el paquete económico para el próximo año. Actualmente, en todas las dependencias del Gobierno Federal se elabora el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, por lo cual es tiempo de expresar nuestros puntos de vista para que sean tomados en cuenta.

Todos sabemos que los requerimientos de recursos rebasan por mucho la capacidad de gasto del Gobierno Federal. Es cierta la urgente necesidad de una reforma tributaria, que amplíe la captación de recursos y haga que todos los mexicanos contribuyan a solventar esos compromisos. Empero, también es cierto que tratar de resolver el problema sólo por el lado del ingreso implica que las clases más desprotegidas y los contribuyentes cautivos tengan que soportar una carga mayor.

Para evitar lo anterior, es necesario revisar los tratamientos fiscales especiales, por los cuales se dejan de captar miles de millones de pesos anualmente. Estamos seguros de que es posible un incremento efectivo de la recaudación al cobrar a quien no paga o cobrar más a quien tiene exenciones o tasas más bajas.

Empero, también es muy importante que por el lado del gasto se haga una revisión profunda al destino que se dará a los recursos el próximo año. Los ahorros que se lleven a cabo son necesarios y convenientes, sobre todo cuando observamos que cerca de 80 por ciento del Presupuesto total constituye gasto corriente y sólo 20 por ciento restante se destina a la inversión. Esa desigual distribución explica, en gran parte, la falta de escuelas, de equipo médico y medicinas, de construcción de caminos rurales, etcétera.

Por ello exhortamos al Ejecutivo federal a hacer un máximo esfuerzo de austeridad en el gasto corriente y en las percepciones de los funcionarios públicos para que el costo administrativo del Gobierno Federal disminuya.

Según datos de la Secretaria de Hacienda, el presupuesto destinado al pago de servicios personales tendrá que incrementarse 3 mil 600 millones de pesos, mientras que el destinado a inversión disminuirá significativamente, en casi 30 por ciento.

En este sentido, consideramos, puede haber importantes ahorros en áreas no estratégicas en la administración que no han demostrado eficiencia y sí duplicación de funciones, como la enorme Subsecretaría de Enlace Legislativo que, junto con la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación y todas las direcciones generales de Enlace Legislativo de las diferentes secretarías, no logra cumplir sus objetivos.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 se revise el monto asignado a sus órganos de enlace legislativo, a fin de evitar duplicación de funciones y encontrar posibles fuentes de ahorro de recursos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de octubre de 2003.

Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.

(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LAS ENTREGAS DE AGUA A ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EN EL MARCO DEL TRATADO PARA LA DISTRIBUCION DE LAS AGUAS INTERNACIONALES DE LOS RIOS COLORADO, TIJUANA Y BRAVO, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE LOS ESTADOS DE COAHUILA Y TAMAULIPAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS HUMBERTO MARTINEZ DE LA CRUZ, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

Los suscritos, diputados federales por los estados de Tamaulipas y Coahuila, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ocurrimos por mi conducto a exponer:

Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el agua es catalogada como un recurso estratégico y de seguridad nacional.

Que en términos del Tratado para la Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, durante los ciclos 25 y 26 nuestro país acumuló un faltante de 1,722 millones de metros cúbicos en las entregas de agua comprometidas con Estados Unidos y que para reponer dicho faltante el país se ha visto en la necesidad de tomar las aguas con que se abastecen los usuarios de las subregiones hidrológicas del medio y bajo Bravo, afectando 215,000 hectáreas y la economía de más de 15 mil familias de agricultores de la región.

Que las entregas de agua referidas han generado la necesidad de emprender programas de apoyo para resarcir a los agricultores afectados; particularmente en el ciclo agrícola 20012002, en el que se tomaron 377 millones de metros cúbicos de las presas internacionales Amistad y Falcón.

Que esta soberanía se vio en la necesidad de autorizar una partida presupuestal de 460 millones de pesos para compensar las afectaciones por las entregas de dichos volúmenes, recursos que resultaron insuficientes y que ameritaron que la actual Legislatura, en un punto de acuerdo de fecha 11 de septiembre anterior, solicitara al Ejecutivo recursos adicionales para el efecto.

Que en el pasado ciclo hidrológico 2002-2003 nuevamente se entregaron a Estados Unidos volúmenes por más de 300 millones de metros cúbicos de las presas internacionales Amistad y Falcón, lo que afectó la disponibilidad de agua para el próximo ciclo agrícola otoño-invierno 2003-2004.

Que pese a que el Ejecutivo federal, tal como se ratifica en la glosa entregada a esta soberanía en fecha anterior, se comprometiera a reglamentar la cuenca para un uso integral y proporcional de sus aguas, en el pasado ciclo agrícola, aun sin disponer del reglamento, se ejecutó una distribución no proporcional, lo que repercutió en la disponibilidad actual de agua en el medio y bajo Bravo, generando una afectación adicional a la ocasionada por las entregas de agua de las presas internacionales Amistad y Falcón.

Es por todos conocido que este delicado problema ha merecido la atención permanente del Poder Legislativo; múltiples puntos de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Senado de la República y de esta honorable Cámara de Diputados así lo acreditan.

Así, teniendo en consideración que el problema de agua en la frontera día a día se torna más grave y que una solución de fondo demandará de un término de posiblemente varios años, proponemos la necesidad de un análisis objetivo de la situación actual del problema y de su perspectiva a mediano plazo que genere en forma sistemática medidas apropiadas para atender la problemática de coyuntura en tanto se resuelve el problema de fondo.

En resumen, e independientemente de la atención que amerite el problema en el mediano plazo, nuevamente más de 15,000 familias se verán afectadas por el impacto que genera el desequilibrio hidrológico de la cuenca del río Bravo y que se refleja en una distribución desproporcionada del agua de la cuenca, agravada por la entrega unilateral de las aguas correspondientes sólo al medio y bajo Bravo, aguas que en términos del tratado no están consideradas para reponer los faltantes que se generen.

Independientemente de confirmar la información con las autoridades competentes, se estima que 321 millones de metros cúbicos tomados de las presas Amistad y Falcón, más un volumen aproximado de 150 millones de metros cúbicos no trasvasado de la subregión río Conchos, que obligó a la utilización de aguas de las cuencas del río Alamo y río San Juan, afectan en conjunto con más de 470 millones de metros cúbicos la disponibilidad de agua del próximo ciclo, que en términos de la restricción que esto generará sobre el Plan de Riegos en el presente ciclo agrícola, demandará de una asignación de recursos de 630 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004.

En atención a lo anteriormente expuesto proponemos a ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se cite a comparecer ante las Comisiones de Agricultura, y de Recursos Hidráulicos al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; al titular de la Comisión Nacional del Agua, y al comisionado mexicano ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas, a fin de analizar el estado actual y las perspectivas del problema;

Segundo. Se exhorte al Ejecutivo federal a que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2004 una partida de 630 millones de pesos para compensar las afectaciones generadas por el actual desequilibrio de la cuenca o, en su defecto, que esta soberanía incluya la partida mencionada, tal como ha sido necesario en años anteriores; y

Tercero. Se promueva el establecimiento de un convenio permanente para atender las afectaciones que genere el cumplimiento del tratado descrito, en tanto se resuelve el problema de fondo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.

Diputados: Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Oscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica), Cruz López Aguilar, Carlos Flores Rico, Sergio Arturo Posadas Lara, Oscar Pimentel González, Jesús María Ramón Valdez, Jesús Zúñiga Romero, Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Eduardo Olmos Castro, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Laura Martínez Rivera (rúbrica).

(Turnada a las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Recursos Hidráulicos. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL INCORPORE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HELIODORO DIAZ EZCARRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

Una de las demandas reiteradas en materia de equidad de género ha sido la necesidad de establecer políticas públicas tendientes a eliminar la discriminación de las mujeres e igualar las oportunidades de desarrollo para unas y otros.

Este tema ha cobrado mayor relevancia en el marco de la conmemoración del aniversario número 50 del derecho del voto de las mujeres.

Si bien es cierto que las agendas sobre género incluyen otros asuntos cruciales para superar la discriminación sexual, también es verdad que, por la cantidad de recursos que los gobiernos ejercen mediante sus políticas públicas, éstas son el elemento central para transformar las condiciones de desigualdad.

A pesar de que no existe ningún país en el mundo que ofrezca un trato similar a sus mujeres y sus hombres, resulta profundamente aleccionador reconocer que en la mayoría de las naciones desarrolladas se han impuesto medidas estructurales para cerrar la brecha de la discriminación de las mujeres.

Desafortunadamente, en México prevalece el mito de que los presupuestos son neutrales y que benefician por igual a las personas independientemente de su sexo; no obstante, hay suficientes datos que revelan que el ejercicio presupuestal vigente reproduce la discriminación y no es útil para revertir la deuda histórica que el país tiene para con las mujeres.

El propio Plan Nacional de Desarrollo ofrece un diagnóstico de los problemas que enfrentan las mujeres en el terreno de la educación, el empleo y la violencia; asimismo, plantea los beneficios sociales que se producen cuando las mujeres reciben educación, oportunidades de empleo y una vida sin agresiones.

El plan, por ejemplo, valora que "la creciente escolaridad de las mujeres tiene consecuencias sociales importantes en el control de la fecundidad, embarazos adolescentes, favorece la defensa de los derechos humanos, sociales, políticos y económicos".

Por otro lado, los presupuestos sensibles al género reflejan los compromisos que cada gobierno asume frente a las limitaciones de género y existe consenso en cuanto a la urgencia de estrechar la brecha de la desigualdad, construir la ciudadanía plena de las mujeres y hacerlas visibles en espacio público.

En México, pese a las ratificaciones que se han hecho a los instrumentos internacionales para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, observamos que la condición de las mujeres es aún de desventaja.

Por lo anterior, estamos frente a la posibilidad de conmemorar con una participación memorable, el aniversario número 50 del derecho del voto de las mujeres.

Estamos ciertos de que sólo mediante la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto público puede saberse con precisión a quién se dirige cada acción gubernamental, el sexo y grupo de edad de las personas beneficiadas y el monto asignado.

La decisión de incluir transversalmente la perspectiva de género en las políticas, planes y programas nacionales es la estrategia más recomendable para lograr que los presupuestos públicos promuevan beneficios equitativos.

En nuestro país, sólo el gobierno del estado de Oaxaca ha promovido una instrumentación de este tipo con resultados favorables; la experiencia fue dirigida por la ex diputada federal perredista Norma Reyes Terán, actual directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña.

Es claro que estas medidas no son lo único que puede hacerse pero, al igual que la institucionalización de género en la política fiscal, constituiría una iniciativa inédita entre los países de América Latina y de otras latitudes.

La clave para iniciar este proceso de cambio es y será la voluntad política de quienes tenemos responsabilidades públicas; así como en Oaxaca el titular del Poder Ejecutivo, licenciado José Murat, favoreció la iniciativa de su Instituto de la Mujer, esta soberanía se encuentra frente a la oportunidad de impulsar cambios sustanciales en el mismo orden.

Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. El H. Congreso de la Unión solicita al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación de la perspectiva de género en la formulación del presupuesto público.

Ruego a usted, señor Presidente, turnar la presente propuesta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A QUE SE APLIQUEN LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA QUE LOS REOS REALICEN TRABAJOS EN FAVOR DE LA COMUNIDAD, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Seguridad Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El gobierno mexicano gasta en manutención por cada recluso el equivalente a $11.86 diarios del erario público.

Sostener a más de 20 mil delincuentes que ocupan un lugar en las cárceles, tan sólo en la Ciudad de México, tiene un costo diario de 120 pesos por interno.

Si tomamos en cuenta que el sistema penitenciario mexicano está integrado por un total de 447 centros penitenciarios en la República y casi todos padecen sobrepoblación, tendremos que la operación de los centros penitenciarios será eventualmente incosteable.

Ese fenómeno es producto del crecimiento del índice delictivo y de la incapacidad de las autoridades para prevenir el delito. La práctica del endurecimiento de las penas, que ha sido vista como una respuesta al problema, ha generado la sobrepoblación preventiva y penitenciaria, el aumento de corrupción y el crecimiento de prisiones de alta seguridad.

Una de las razones principales de ser del sistema penitenciario del país, mediante la privación de la libertad de quienes son sentenciados, estriba en la readaptación social. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 18, inciso B:

El artículo 27 del Código Penal Federal, Libro Primero, Título Segundo, habla de la semilibertad, que implica alternación de periodos de privación de la libertad y tratamiento en libertad y del trabajo en favor de la comunidad, que consiste en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones educativas públicas o de asistencia social o en instituciones asistenciales privadas; todo esto, con sus respectivas restricciones.

El trabajo en favor de la comunidad puede ser pena autónoma o sustitutivo de la prisión o de la multa. Y en el artículo 70, Libro Primero, Título Tercero, Capítulo VI, del Código Penal Federal, se menciona:

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Secretaría de Seguridad Pública cumpla su obligación1 de establecer los programas necesarios ante las instituciones educativas públicas, de asistencia social y privadas asistenciales para que un mayor número de reos obtenga el beneficio establecido en los artículos 27 y 70 del Código Penal Federal; y se aplique el trabajo en favor de la comunidad de manera eficiente, como el citado ordenamiento indica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de octubre de 2003.

Nota:
1 Artículo 30, fracción XXIII, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.

(Turnada a la Comisión de Seguridad Pública. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INVESTIGUE LA DETENCION DE INDIGENAS DEL ESTADO DE HIDALGO, EN EL PARQUE RUBEN DARIO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, Y PUGNE PORQUE SE RESPETEN SUS GARANTIAS INDIVIDUALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO QUINTIN VAZQUEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

Antecedentes

Grave repercusión se manifiesta por la injusta acción de la policía tapatía al detener a más de treinta indígenas del estado de Hidalgo por visitar el parque Rubén Darío de la ciudad de Guadalajara.

Qué injusticia se viene cometiendo al tratar con desigualdad a trabajadoras domésticas que buscan el día de descanso para convivir con sus coterráneos en un parque público de una colonia de la alta sociedad.

¿Qué acaso esos lugares están prohibidos para el esparcimiento de las familias, qué acaso por su condición humilde deben aceptar los ataques y detenciones de una policía que recibe órdenes de sus superiores y que un presidente municipal insensible dicta?

Grave actuación, en pleno siglo XXI, que deja entrever la falta de sentido social de la autoridad panista y que, lejos de resguardar las garantías individuales que merecen nuestros hermanos indígenas, son sujetos de acoso únicamente por visitar un parque dentro de una colonia residencial de Guadalajara.

¿Qué existe detrás de todos estos hechos?

Recordemos, compañeros y compañeras legisladores, que la condición social y económica no es elemento para determinar las acciones de las autoridades y si no alteran el orden social, no tienen por qué ser perseguidos y encarcelados

¿A quién debemos creer?

¿Al supervisor general de la policía de Guadalajara, quien justifica la detención de los indígenas procedentes del estado de Hidalgo porque supuestamente fueron sorprendidos por los elementos policiacos cuando tomaban bebidas alcohólicas?

¿O a los propios trabajadores y trabajadoras que manifiestan que concurren al parque para verse con sus familiares y a convivir sanamente en su día de descanso?

Recordemos que el supervisor general de la policía de Guadalajara fue suspendido 30 días por una gran falta que no ameritaba una sanción administrativa sino la consignación al Ministerio Público en virtud de la detención ilegal contra un ciudadano y que fue señalado como el actor principal.

Quién tendrá más credibilidad, me vuelvo a preguntar.

No es posible que acciones de esta naturaleza pasen desapercibidas.

Es urgente tomar cartas en el asunto e investigar ampliamente y con transparencia lo sucedido en contra de quienes buscan un lugar para encontrarse con sus familias y hermanos indígenas.

Espero que el presidente municipal de Guadalajara corrija esas actitudes, que demuestre respeto a sus semejantes, que vuelva a la sensibilidad social y a la cordura en su toma de decisiones.

Que otorgue el respeto que se merecen todos y todas quienes buscan un lugar para su encuentro y que lo hacen en un parque público, independientemente que se ubique en una zona residencial.

Que las voces en apoyo de los ofendidos se escuchen, como es el caso del vocal presidente de la Junta Local del IFE, quien reprobó "que se violenten las garantías individuales de las trabajadoras domésticas y personal de servicio, a quienes se detiene por el solo hecho de ser indígenas y de pasear en el parque Rubén Darío, en la colonia Providencia".

O como la directora del Instituto de las Mujeres en Jalisco, quien comentó: "me parece que las autoridades deben tener muy claro que de ninguna manera pueden atender esas quejas ciudadanas. Decían que porque estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y creo que no ha habido algún caso comprobado. Las quejas de los vecinos son porque se habían adueñado de su parque, ¿quién se los escrituró?", enfatizó la directora.

Ante las versiones establecidas y comentadas anteriormente me permito someter a la consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que investigue el asunto de discriminación racial que vienen sufriendo indígenas del estado de Hidalgo por el uso del parque Rubén Darío, ubicado en la colonia Providencia de la cuidad de Guadalajara, por parte de la policía municipal, así como del presidente municipal.

Señor Presidente, por ser un asunto que viola flagrantemente las garantías individuales de los afectados, así como sus derechos humanos, solicito a usted, con base en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sea considerado como de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2003.

Diputados: Quintín Vázquez García (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carvajal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona, (rúbrica), Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), David Hernández Pérez, Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán (rúbrica), María Esther Scherman Leaño (rúbrica), José Gracia Ortiz (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Miguel Osorio Chong (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), Oscar Bitar Hadad (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Octubre 23 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE MODIFIQUE EL TURNO QUE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DIO, EL 14 DE ABRIL ULTIMO, A LA MINUTA QUE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCION X DEL ARTICULO 31 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PEDRO AVILA NEVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003

El suscrito diputado, Pedro Avila Nevárez, electo en el distrito número quinto del estado de Durango, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, a efecto de que la minuta que enviara el Senado de la República y que reforma y adiciona la fracción décima del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como la fracción primera del artículo tercero de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía sea turnada exclusivamente a la Comisión de Energía para que emita su respectivo dictamen.

Consideraciones

El pasado 10 de abril, el Senado de la República aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones y ordenamientos relacionados con el cobro de tarifas de energía eléctrica para uso doméstico.

Las reformas en sí tienen como propósito establecer con toda claridad y transparencia los criterios que diversas dependencias del Poder Ejecutivo federal utilizan para el cobro de tarifas de electricidad, lo cual limita la facultad discrecional en el esquema de cobro y ha propiciado el incremento sostenido, afectando con ello a millones de mexicanos que no cuentan con recursos ni para alimentarse o vestir.

Esas reformas y adiciones conllevan a un nuevo sistema tarifario que simplifique y reduzca la compleja fórmula hasta ahora aplicada. Con los parámetros que considera la reforma en cuanto a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se antepone el uso del criterio índice de calor para sustituirlo por la medición de temperatura media en verano, lo cual implica tomar en cuenta la evolución de los costos económicos de generación, transmisión y distribución, pero sobre todo el criterio de la evolución de la economía familiar de los mexicanos, combinándolo con la temporada de verano de las regiones consideradas de clima extremo.

Lo anterior significa que el cobro de las tarifas estará más acorde con la realidad según el clima de cada región y no como ahora sucede: hay una tasación general que, por supuesto, no considera la capacidad económica de millones de mexicanos pobres.

Las bondades de esas adiciones y reformas son eventos de justicia social, pues en ellas se encuentran las aspiraciones y los deseos de millones de mexicanos que no cuentan con la capacidad de pago suficiente para enfrentar los altos costos de la energía eléctrica, que -por su naturaleza- se ha convertido en un servicio de primera necesidad.

Por lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se modifique el turno que la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara dio, el 14 de abril de 2003, para que conozca exclusivamente la Comisión de Energía, en virtud de que se trata de un asunto de la mayor trascendencia para la economía de muchos mexicanos que día tras día enfrentan la disyuntiva de comer o pagar la luz.

Segundo. Una vez turnada dicha minuta a la Comisión de Energía, se excite a ésta para que -con la mayor brevedad- emita el dictamen respectivo.

México, DF, a 23 de octubre de 2003.

Dip. Pedro Avila Nevárez (rúbrica)

(Turnada a la Mesa Directiva. Octubre 23 de 2003.)
 
 

Acta de la primera reunión plenaria, celebrada el 9 de octubre del 2003

Siendo las 9:00 horas del día 9 de octubre del año dos mil tres, en el salón E del restaurante Los Cristales, localizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, de conformidad con la Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria los días 7 y 8 del presente mes, para el desahogo del siguiente orden del día:

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum

Se pasó lista de asistencia encontrándose presentes los CC. diputados y diputadas: Javier Manzano Salazar, Huberto Aldaz Hernández, Angel Paulino Canul Pacab, José Irene Alvarez Ramos, Margarita Chávez Murguía, Luis Andrés Esteva Melchor, Rocío Guzmán de Paz, Evangelina Pérez Zaragoza, Lorena Torres Ramos, Sergio Vázquez García, José de Jesús Vázquez González, Florencio Collazo Gómez, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Marcelo Tecolapa Tixteco, Roberto Pedraza Martínez, Emilio Badillo Ramírez, Gerardo Montenegro Ibarra, Benjamín Sagahón Medina, José Lamberto Díaz Nieblas, Luis Felipe Madrigal Hernández, Ubaldo Aguilar Flores, José Luis Cabrera Padilla, Bernardino Ramos Iturbide, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán.

Al cumplirse el quórum reglamentario, el Presidente de la Comisión, Javier Manzano Salazar, dio por iniciada la reunión.

2.- Presentación de las y los integrantes de la Comisión

En seguida, el Presidente de la Comisión hace la presentación de todos y cada uno de los integrantes que conforman dicha Comisión camaral.

Diputado Javier Manzano Salazar

Hace una reflexión general sobre la responsabilidad de cumplir el mandato de legislar a favor del pueblo, sin olvidar la palabra empeñada por el voto ciudadano. Se fijó el compromiso de trabajar por los hermanos indígenas corno mexicanos provenientes de una misma historia, evitando la desaparición de los pueblos originarios, sin más engaños que en el transcurso del tiempo se han cometido contra ellos.

Analizar las condiciones actuales, aun sobre posiciones encontradas, sin eludir el papel de las instituciones, equilibrando posiciones sin claudicaciones, y que así se pueda transformar la realidad adversa en que viven, y trabajando con método democrático a través de la negociación, consensuando acuerdos para solucionar la difícil situación que atraviesan los pueblos indígenas: de abandono, marginación, pobreza extrema y falta de infraestructura social; a través de políticas con responsabilidad social que no los dejen fuera de los grandes acuerdos nacionales; e invita finalmente a los miembros a acercarse a los pueblos originarios y aprender de ellos.

3.- Intervención de los Secretarios

Una vez terminada la intervención del Presidente, éste concede el uso de la palabra a los secretarios de la Comisión.

Diputado Humberto Aldaz Hernández (PAN)

En su intervención, declara que es necesario buscar el Estado pluricultural, encaminando la lucha de los mexicanos para encontrar la realización de las reformas necesarias que combatan los índices de pobreza y abandono de los pueblos indígenas, haciendo un esfuerzo triple de presupuesto, tiempo y voluntades frente a posturas diferentes.

Diputado Angel Paulino Canul Pacab (PRI)

Por su parte, propone construir y privilegiar el interés supremo de los indígenas atendiendo primeramente las coincidencias sobre las diferencias, en términos de un diálogo constructivo, trabajando con eficiencia, eficacia, efectividad, en la que se dé buena respuesta al electorado, con ánimo combativo, en el que se analice no sólo el factor económico, sino todo lo relacionado con los pueblos indígenas y privilegie el trabajo de la Comisión.

En seguida, se procede a dar el uso de la palabra al un diputado por cada uno de los grupos parlamentarios pertenecientes a la Comisión.

Diputado Luis Andrés Esteva Melchor (PAN)

Señala la problemática, carencias, rezagos estructurales e históricos que tienen los pueblos indígenas de México y su atención específica presupuestal en razón de la ampliación de la población indígena, ya que está aumentando significativamente; los hablantes de lengua indígena también, y su periodo de vida, pero subsistiendo el analfabetismo en niveles altos, alta marginación, en el cual se debe privilegiar el bien común, solidaridad y la subsidiaridad del trabajo, ya que la legislación es insuficiente y atrasada, no actualizada, por lo cual se debe hacer una revisión de programas, gastos y resultados aplicando la legislación existente con eficiencia.

Se requiere aumentar los traductores y defensores de oficio en materia de aplicación de la justicia que conozcan la lengua y la cultura de la población indígena.

Diputado Florencio Collazo Gómez (PRI)

Declara que le interesan los asuntos indígenas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y todo el Estado mexicano, ya que la situación indígena siempre es de marginación por sus problemas de analfabetismo y falta de desarrollo; por eso propone ser soldados y ejemplo para el desarrollo del país, trabajando por el bien de México, sin hacer distinciones de raza, religión o color.

Diputado Bernardino Ramos Iturbide (PRD)

En su intervención, destaca la existencia de una deuda histórica con los pueblos originarios porque no se ha logrado evitar la marginación, racismo y violencia histórica, e invita a construir soluciones que incluyan las demandas, sentimientos, aspiraciones de ellos y que la actividad de los diputados influya, genere políticas adecuadas y no etiquetar partidariamente las demandas.

Diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (PVEM)

Por último, la diputada por el Partido Verde Ecologista de México se declara a favor de trabajar por un solo proyecto, sin diferencia ideológica, de acuerdo con lo señalado por los ciudadanos, sacando adelante los acuerdos rezagados por causas de las políticas de partidos.

Informa el diputado Angel Paulino Canul Pacab que la diputada Sofía Castro Ríos, secretaria de la Comisión, mediante oficio, se excusó de asistir por motivos de salud.

4.- Mensaje del diputado Javier Manzano Salazar, Presidente de la Comisión

Una vez que termina la intervención de los diputados secretarios y de los diputados de los grupos parlamentarios, el diputado Javier Manzano Salazar recoge, en un breve mensaje, lo expresado por los participantes, con el objeto de realizar una reflexión general acerca de la responsabilidad y compromisos que adquieren los integrantes de la Comisión:

Los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Indígenas coinciden en que los intereses de la nación y patria están por encima de todo apasionamiento político. Hay que sumar esfuerzos para luchar por la libre determinación de los pueblos indígenas, realizando un programa de trabajo a través del consenso de todos los integrantes de la Comisión.

5.- Declaración de instalación formal de la Comisión

Siendo las 9:25 horas, el Presidente de la Comisión, diputado Javier Manzano Salazar, procedió a declarar formalmente instalada la Comisión de Asuntos Indígenas de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados.

6.- Clausura

Como último punto, el Presidente de la Comisión, diputado Javier Manzano Salazar, clausura esta reunión de instalación.

No habiendo más asuntos en cartera y siendo las 10:00 horas, se declaró finalizada la reunión.

Diputados: Javier Manzano Salazar, Presidente; Huberto Aldaz Hernández, secretario; Sofía Castro Ríos, secretaria; Angel Paulino Canul Pacab, secretario (rúbricas).
 
 
 

DE LA COMISION DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REUNION PLENARIA, PARA SU INSTALACION FORMAL, EFECTUADA EL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003

Acta de la reunión de instalación, celebrada el 9 de octubre de 2003.

Siendo las 10:30 horas del día 9 de octubre de 2003, en la zona C del restaurante Los Cristales, planta baja, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 9 de octubre del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:

Lista de asistencia y verificación del quórum

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. diputados: Roberto Pedraza Martínez, Jorge Carlos Obregón Serrano, Carlos Mireles Morales, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Edgar Torres Baltazar, Margarita Chávez Murguía; José Juan Bárcenas González, Tatiana Clouthier Carrillo, Concepción Cruz García, Felipe de Jesús Díaz González, Patricia Durán Reveles, Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, Ricardo Rodríguez Rocha, David Hernández Pérez, José Manuel Carrillo Rubio, Armando Neyra Chávez, Alfonso Rodríguez Ochoa, Ady García López, Oscar Martín Ramos Salinas, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Alfonso Sánchez Hernández, Daniel Ordóñez Hernández, Eliana García Laguna, Juan García Costilla, Rafael Flores Mendoza, Maximino Alejandro Fernández Avila, Joel Padilla Peña.

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el Presidente de la Comisión, diputado Roberto Pedraza Martínez, dio por iniciada la reunión.

Intervención del Presidente de la Comisión de Vivienda

El diputado Roberto Pedraza Martínez, en su carácter de Presidente de la Comisión, procedió a dirigir unas palabras a los integrantes, con el objeto de mencionar las tareas que tiene encomendadas la Comisión.

Al conformarse el quórum correspondiente, dio inicio a la instalación de la Comisión, declarando de forma legal el evento y realizando el desahogo del orden del día consensuado con la Mesa Directiva de la Comisión, en la reunión previa a la instalación de la Comisión.

El Presidente de la Comisión pidió a todos los asistentes que se pusieran de pie para dar inició formal a la instalación, con fundamento en el artículo 39 y el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se declaró formalmente instalada la Comisión de Vivienda.

Informó que en reunión de la Mesa Directiva previa a la instalación, se acordó que cada una de las fracciones parlamentarias tuviera una participación en la sesión de instalación.

Intervención del diputado Joel Padilla Peña

Comentó que está en disposición de trabajar en la Comisión; informó que existe mucho interés por parte del Movimiento Urbano Popular por una legislación adecuada a las posibilidades de quienes menores ingresos tienen.

Mencionó que el Partido del Trabajo, siendo pionero en el tema de la vivienda desde hace 70 años, tiene interés en hacer propuestas, discutirlas y llevar al término los trabajos de la Comisión.

Diputado Juan García Costilla, del PRD

Comentó que está en la mejor disposición de trabajar en la Comisión.

Diputado Jorge Carlos Obregón Serrano, del PAN

Mencionó que siendo un derecho natural que toda familia de México tenga para poder crear un patrimonio familiar, que es la casa, y siendo la familia lo más importante en la vivienda, los diputados deben ser grandes promotores que intervengan en estas decisiones.

Comento de igual forma que es fundamental en los proyectos y las tareas del partido Acción Nacional participar y ser útiles para los objetivos y logros de esta Comisión.

Diputado Carlos Mireles Morales

Al hacer uso de la palabra, informó que para el Partido Revolucionario Institucional es satisfactorio poder tener la oportunidad con todos los partidos que conforman esta Legislatura de servir a México.

Comentó el gusto de tener el mismo pensamiento de servir a los mexicanos con el tema de la vivienda, ya que es una necesidad de patrimonio de cualquier hogar que se inicia y obviamente de las familias de todos los mexicanos. Mencionó que, junto con el Presidente y los integrantes de la Comisión, está seguro que realizarán un gran trabajo, ya que existe una gran necesidad de vivienda no solamente del Infonavit, sino de Fovi, el Fonhapo y de todas las dependencias que tienen la oportunidad de brindar vivienda.

Asuntos generales

Diputado Roberto Pedraza, Presidente de la Comisión de Vivienda

Invitó a hacer uso de la palabra.

Diputado Armando Neyra Chávez

Agradeció que le hayan brindado el uso de la palabra y mencionó que para el sector obrero del PRI es muy importante la instalación de esta Comisión.

Informó que desde que nace el Fondo Nacional de la Vivienda, en 1972, antes se hacía más casas con menos dinero, ahora en atención a todas las reglamentaciones, resulta que aquel que no gane de 3 a 5 salarios mínimos no puede tener derecho a un financiamiento.

Invitó a trabajar con los planes serios y poder dar un buen manejo al recurso del Infonavit; se podrán hacer cosas de mejor calidad, más baratas para quienes tienen derecho.

Insistió en que debe haber un programa a nivel federal, estatal y municipal, porque los ayuntamientos son los que cargan al final con la responsabilidad del aspecto social y posteriormente se tienen cantidades de viviendas abandonadas.

Suplicó e invitó a los diputados a que avisen si no van a asistir a las reuniones, ya que muchos otros diputados desean participar; esto lo menciona con mucho respeto, ya que lo que menos quiere es tener problemas.

El diputado Neyra solicita al Presidente que se pida a los integrantes de la Comisión que eviten ausentarse de las reuniones.

Diputado Roberto Pedraza

Mencionó que se encuentra en la reunión el diputado Edgar Baltazar Torres. del Partido de la Revolución Democrática.

Al mismo tiempo informó que se asistió un día antes de la reunión de instalación de la Comisión, a un evento realizado en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de una invitación realizada por el Movimiento Urbano Popular, donde estuvieron presentes seis diputados de diversas fracciones.

El diputado mencionó que se les informó a las personas que todavía la Comisión no estaba legalmente instalada, pero comentó que en cuanto se instalara, la Comisión de Vivienda estaba abierta para atender sus peticiones y propuestas para ponerlas a consideración de los demás diputados.

De igual forma comentó que los manifestantes pidieron el sentido en el cual la Comisión los iba a apoyar, agradeció al Diputado Neyra el haber tomado el video del evento para tomar decisiones al respecto.

Diputado Edgar Torres Baltazar

Comentó que los diputados del Partido de la Revolución Democrática creen que es necesario dar un giro a lo que se ha venido desarrollando en materia de vivienda desde la óptica legislativa, mencionó que existen aspectos de ley que no están considerando cuestiones que han sido de experiencia en diferentes ciudades del país como Monterrey, Durango, Guadalajara y Guerrero, donde ha habido experiencias exitosas en cuanto a la producción de vivienda, tema en el cual van a insistir, ya que en los últimos años la vivienda se ha visto como una mercancía y un producto a comprar y que tienen acceso las personas cuyo salario mínimo parte de los 5 veces salarios mínimos y no necesariamente las personas que ganan menos que eso o que no son asalariados.

De igual forma comentó la necesidad de convertir el derecho a la vivienda en un derecho de la población, sobre todo de menores recursos económicos.

Argumentó que esta en proceso la revisión de la Ley General de Vivienda por parte del senado.

Invitó a los diputados a presentar en breve un conjunto de iniciativas, de reformas que permitan adaptar la situación que actualmente se esta desarrollando y también invita a encontrar acuerdos que permitan arribar a esta situación para cubrir el déficit que se presenta de vivienda a nivel nacional.

Diputado Roberto Pedraza Martínez

Informó que se han entregado las instalaciones de la Comisión, haciendo mención que se encuentran en proceso de limpieza, comentó que en cuanto estén en condiciones se les hará llegar un oficio para que las conozcan.

Comentó también que a petición del diputado Jorge Carlos Obregón, se les hará llegar un directorio de los integrantes de la Comisión para tener una comunicación más fluida.

Mencionó que antes de tener la reunión de instalación, se realizó una reunión de mesa directiva en la cual se trataron asuntos generales relacionados con los trabajos que realizará la Comisión.

Uno de los puntos que se trataron fueron la necesidad de que las reuniones sean ejecutivas, en las cuales se les hace la súplica de llegar puntuales y ser concretos.

Antes de terminar con la reunión, el diputado Pedraza solicitó hacer una auto presentación rápida de los integrantes de la comisión para conocerse.

Diputada Patricia Durán Reveles

Menciona estar contenta en la Comisión y se compromete a trabajar para que la población tenga acceso a esa vivienda que no se ha tenido, de igual forma comentó que viene del Estado de México y pertenece al Partido Acción Nacional.

Diputado David Hernández Pérez

Diputado de mayoría relativa por el PRI en el Municipio de Tlaquepaque distrito 16 de Jalisco.

Convencido de que la Comisión tendrá que hacer el mejor esfuerzo para que los mexicanos puedan tener una vivienda digna y no exclusivamente en las zonas conurbadas.

Mencionó que se debe ir pensando también en vivienda agrícola y felicitó a todos los diputados de la Comisión.

Diputado Felipe de Jesús Díaz González

Del Partido Acción Nacional, del estado de Puebla.

Mencionó que le da gusto pertenecer a esta Comisión y coincide con los puntos que se han manifestado en la reunión en cuanto a la responsabilidad que tienen los mexicanos en este momento en materia de vivienda, comentó que es un problema social de muchos años que se ha ido agudizando, pero considera que es importante lo que esta en manos de los legisladores.

Diputada Concepción Cruz García

Del Partido Acción Nacional, les comentó a los compañeros diputados el gusto que le da el que por fin se haya instalado la Comisión de Vivienda.

Comentó estar segura de que pondrán sus voluntades y esfuerzos para dar buenos resultados a la sociedad que ha confiado en ellos, invitó a unir esfuerzos y diálogo para dar un buen resultado al país.

Diputado Alfonso Rodríguez Ochoa

Del XI Distrito de Nuevo León, del Partido Revolucionario Institucional, quien mencionó la satisfacción que le da el pertenecer a la Comisión de Vivienda.

Diputado Armando Neyra Chávez

Diputado por el Estado de México, de representación proporcional de los Estados de Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Obrero de origen de la industria refresquera desde 1954, pertenece a la CTM y al Congreso del Trabajo.

Diputada Tatiana Clouthier Carrillo

Originaria de Sinaloa, vive en Monterrey y viene por la circunscripción correspondiente al Estado de Nuevo León.

Diputado Daniel Ordóñez Hernández

Diputado del Distrito Federal, por el Distrito XIV, que comprende la Delegación Iztacalco y una parte de Benito Juárez y se pone a las órdenes de todos los diputados de la Comisión.

Diputado Juan Bárcenas González

Del Estado de Tlaxcala, pertenece al Partido Acción Nacional y esta seguro de que dentro de la Comisión hay talentos con grandes virtudes y capacidades, considera que la suma de talentos de la LIX Legislatura pueden dar como resultado un buen trabajo.

Espera que esa gran visión no se pierda en los trabajos que se deparan en la legislatura, y que a pesar de las diferencias, experiencias y capacidades puedan construir una vivienda digna para México.

Diputado Carlos Mireles Morales

Pertenece al Sector Obrero CROC, consejero del Infonavit en México y mencionó que independientemente del Partido, se puede luchar para que la vivienda llegue a todos los mexicanos.

Diputado Jorge Carlos Obregón

Del Partido Acción Nacional

Originario de León Gto., Diputado por el III Distrito en León, comentó la suerte que tiene de pertenecer a la Comisión de Vivienda y mencionó el profundo interés de colaborar en lograr las metas ambiciosas que se han trazado en esta Comisión y especifica ambiciosas, ya que en la Comisión se desea hacer mucho.

Comentó ser empresario, alcalde de su ciudad y ahí tuvo la oportunidad de crear un Instituto Municipal de Vivienda que pudiera llevar a las zonas periféricas, ese derecho a una casa, comentó también que se tuvo éxito ya que aquellos que no tenían acceso a créditos lo pudieron obtener, mencionó que son esquemas novedosos que se pueden plantear dentro de la Comisión, ya que el Presidente Roberto Pedraza ha autorizado plantear estos esquemas que podrán ayudar mucho y lograr las metas en asesoramiento a los gobiernos y a los organismos que se dedican a hacer vivienda.

Mencionó que se quiere adaptar a los tiempos actuales la Ley General de Vivienda en la relación de Federación, Estados y Municipios para lograr cumplir metas de vivienda en cada una de las localidades.

Diputado Roberto Pedraza Martínez

Originario del Estado de Hidalgo, Diputado Federal por el Distrito II.

Mencionó que el dirigir una Comisión no es fácil, pero comentó que el llegar a los consensos es lo más bonito.

Diputado Fernando de las Fuentes Hernández

Originario de Saltillo, Coahuila, del VII Distrito Electoral.

Comentó que platicando con la Diputada Margarita, hacían énfasis en un refrán "El casado casa quiere", ya que ese refrán popular ha venido a formar parte de una historia, porque ahora no solamente en esta tónica sino que todas las personas incluyendo solteros, quieren estar en un hábitat digno en donde puedan desarrollarse y seguir adelante en una formación.

Comentó que la norma jurídica es una hipótesis en la cual se plantea el futuro o el destino que se quiere para una sociedad, al respecto mencionó estar seguro que con el talento y con la concurrencia de la diversidad de opiniones que en esta Comisión se pueda tener un consenso y lograr una mejor perspectiva de ley, para una sociedad futura.

Diputada Margarita Chávez Murguía

Diputada del Partido Acción Nacional, de Uruapan Michoacán

Hace referencia del gusto que le da de poder conocer a todos los Diputados de la Comisión y de saber cuáles son los intereses que tienen cada uno con respecto a la Comisión.

Comentó que será indudable que tendrán diferencias en las posiciones, pero enfatizó estar segura de que se logrará hacer prevalecer la necesidad de la vivienda, espera que cada uno de los integrantes de la Comisión, presenten propuestas viables para resolver este problema en México.

Diputado Edgar Torres Baltazar

Diputado del Distrito Federal, electo por el Distrito VI federal, Ingeniero egresado del IPN y secretario de la Comisión de Vivienda.

Comentó que se podrá llegar a una conclusión con respecto al acceso a la vivienda, y que como diputados podrán establecer las herramientas legales para el acceso de la mayoría de los mexicanos a la vivienda.

Informó tener la experiencia legislativa suficiente ya que al ser diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal manejó cuestiones relacionadas con el tema de vivienda y desarrollo urbano.

Diputado Juan García Costilla

Diputado del PRD, de Acapulco, Guerrero.

Comentó tener experiencia en la Legislatura Local, mencionó tener fe en que se lograrán cosas importantes ya que en su estado existe un rezago de vivienda muy difícil, comentó que en el Distrito Federal han avanzado mucho en este asunto y allá se esta en pañales y de una forma muy atrasada, al respecto mencionó que espera lograr los objetivos planteados.

Diputada Eliana García Laguna

Originaria del Distrito Federal.

Comentó haber estado los últimos tres años participando como funcionaria del Gobierno del Distrito Federal en el Instituto de Vivienda d la Ciudad de México.

Quisiera poder aportar la experiencia que ha sido la reglamentación y lo que ha sido toda la edificación de una política de vivienda como una política pública ligada con una perspectiva del desarrollo social.

Comentó el gusto que le da el pertenecer a esta Comisión.

Diputada Concepción Castañeda Ortiz

Originaria de Veracruz, Distrito XII , pertenece al sector popular y movimiento Sindical.

Considera que el tema de la vivienda es muy importante ya que como parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores del ISSSTE, se tiene un proyecto ya en camino, ejerciéndose este derecho a la vivienda, para los trabajadores que representan a los trabajadores del ISSSTE es muy importante buscar se derecho para los compañeros y para todos los trabajadores y familias mexicanas.

Diputado Joel Padilla Peña

Originario del Estado de Nayarit del Municipio de Compostela.

Al respecto comenta haber sido gestor de vivienda durante 23 años, ha encabezado movimientos populares que han ido desde la toma de tierras, hasta la gestión ante la autoridad o proyectos autogestionarios, cuando la autoridad no quiere resolver.

Participó en Nayarit, en la Unión Popular Independiente de Nayarit.

Actualmente lleva ocho años radicando en Colima, donde fue legislador local 2000-2003, terminó la Legislatura y el Partido brindó la oportunidad de encabezar la lista de la primera circunscripción.

Comenta la gran oportunidad que tiene desde otro frente de lucha.

Diputado Alfonso Sánchez Hernández

Diputado del Distrito III de Tuxpan, Veracruz.

Maestro de profesión, dejó hace algunos meses la dirigencia de la sección 32 de SNTE y uno de sus principales motivos es luchar por una vivienda digna.

Comenta que no tan solo el problema de las reformas estructurales son importantes para el desarrollo del país, también se tiene que ver de el lado del desarrollo social de los compañeros ciudadanos, no tan sólo es buscar cómo generar el empleo, como dar educación, como dar salud, si en la vivienda se quedan cojos.

Durante la sesión comentó que en el transcurso de las sesiones que se tendrán habrán de salir ideas muy interesantes para poder revisar de manera profunda el problema real de la vivienda, cómo desatorar la cuestión burocrática que es la que ahoga la creación de la vivienda.

Diputado Rafael Flores Mendoza

Diputado Federal por el IV Distrito Electoral de Zacatecas.

Felicita el ánimo de los Diputados con respecto a las propuestas hechas dentro de la reunión ya que el trabajar en conjunto para hacer realidad el derecho a la vivienda.

Comentó que existen muchas personas que no han podido pagar sus casas después de 10 ó 15 años, comenta que es hora de revisar toda la información legal y jurídico que esta alrededor de las viviendas populares o sociales.

Comentó que se congratula de estar en la comisión y hace votos para que la LIX legislatura trascienda en el trabajo para que toda la gente pueda pagar y terminar de pagar su vivienda.

Diputado Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo

Diputado por el décimo distrito de Guanajuato, desde hace 12 años esta inmerso en la actividad de desarrollo urbano y la vivienda, las más reciente como Presidente de la Comisión Análoga en el Estado de Guanajuato, donde se tuvo la oportunidad de modificar el marco jurídico para fomentar e impulsar la vivienda.

Diputado Ricardo Rodríguez Rocha

Diputado Federal por el 03 distrito, con cabecera en Monclova y Secretario General de Trabajo del Sindicato Nacional de Mineros.

Comentó que el derecho a la vivienda le queda claro ya que es un derecho constitucional, manifestó al respecto que dentro de la Comisión cuentan con él para todo.

Diputado Oscar Martín Ramos Salinas

Maestro de profesión y secretario de los maestros de Tamaulipas.

Manifestó estar preocupado por que los trabajadores de le educación tengan una vivienda digna, invita a todos a sumarse al trabajo y esfuerzo de esta Comisión.

Diputada Ady García López

Originaria de Villa Hermosa, de la tercera Circunscripción, del Partido Revolucionario Institucional.

Diputado Maximino Fernández Avila

De la Tercera Circunscripción del Estado de Veracruz, del Partido Verde Ecologista, reiteró su compromiso para llegar a los consensos necesarios.

No habiendo más asuntos en cartera y siendo las 11:30 horas del día 9 de octubre del año 2003, el diputado Roberto Pedraza Martínez, Presidente de la Comisión de Vivienda, declaró finalizada la reunión.

Diputados: Roberto Pedraza Martínez, Presidente; Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario; Carlos Mireles Morales, secretario; Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, secretaria; Jorge Carlos Obregón Serrano, secretario; Edgar Torres Baltazar, secretario (rúbricas).
 
 

A su reunión plenaria, que se realizará el martes 28 de octubre, a las 9 horas, en el salón D, del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

A su reunión de Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 28 de octubre, a las 16 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO

A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Ramón Galindo Noriega
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

A su primera reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

A su reunión de trabajo con motivo de la conferencia que dictará la licenciada Patricia Olamendi Torres, subsecretaria para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el martes 4 de noviembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE SEGURIDAD SOCIAL

A la comparecencia del Lic. Santiago Levy Algazi, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se realizará el miércoles 5 de noviembre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo.

Atentamente

Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente de la Comisión de Salud
 
Dip. Agustín Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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