Proyecto de Acta
De la sesión extraordinaria en modalidad semipresencial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el miércoles 25 de junio de 2025, correspondiente al primer periodo extraordinario del segundo receso del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura
Presidencia del diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Apertura de la sesión
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de 375 diputadas y diputados, a las 10 horas con 10 minutos del miércoles 25 de junio de 2025, la Presidencia declara abierta la sesión extraordinaria.
Lectura del orden del día
La Presidencia informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas instaladas en las curules, documento que contiene los asuntos a tratar durante la sesión.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
La Presidencia, de conformidad a lo establecido en el artículo noventa y seis del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría consultar a la asamblea, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica, se dispensa su lectura, y no habiendo oradores registrados, de la misma manera, se aprueba.
Comunicaciones
Se da cuenta con comunicaciones oficiales:
a) De la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, por la que solicita el retiro de iniciativa con proyecto de decreto que se reforma y adiciona el artículo trece de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
Discusión de dictámenes
El siguiente punto del orden del día, es la discusión de los siguientes dictámenes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, con proyecto de decreto:
a) Por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo trescientos uno, numeral uno, fracción segunda del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra, para fundamentar el dictamen, en nombre de la comisión, a la diputada Jessica Saiden Quiroz.
La Presidencia informa a la asamblea, que se recibieron propuestas de modificación, suscritas por integrantes de la junta directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se acepta que se incorporen al texto del dictamen.
Desde su curul, interviene el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar moción de ilustración respecto al párrafo segundo del artículo ochenta del Reglamento de la Cámara de Diputados y del proemio de la propuesta de modificación. La Secretaría da lectura a lo solicitado; y en un segundo momento el diputado Alonso Que, solicita moción de orden.
En consecuencia, la Presidencia instruye a la secretaria consultar a la asamblea si se acepta que la discusión del dictamen se realice tomando en consideración la propuesta presentada por integrantes de la junta directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana. En votación económica se acepta y se incorpora al dictamen.
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar moción de orden.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento veintidós del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra, para presentar moción suspensiva, a los diputados:
• Gibrán Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano; y
• Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada
María Luisa Mendoza Mondragón
Que en votación económica no se toman en consideración y se desechan.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo trecientos uno, fracción tercera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra, para fijar postura de su respectivo grupo parlamentario a las diputadas y diputados: Claudia Ruiz Massieu Salinas, de Movimiento Ciudadano.
Desde su curul, interviene el diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, para solicitar moción de orden.
César Alejandro Domínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Luis Fernando Vilchis Contreras, del Partido del Trabajo; Carlos Enrique Canturosas Villarreal, del Partido Verde Ecologista de México; César Israel Damián Retes, del Partido Acción Nacional; y Julia Arcelia Olguín Serna, de Morena.
Discusión en lo general
Se somete a discusión en lo general y de conformidad con lo dispuesto en el artículo trescientos uno, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra, a las diputadas y los diputados, para hablar: en contra Verónica Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional; en pro Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, de Morena, quien acepta interpelación del diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para responder alusiones personales.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
En contra Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional; y en pro: María Leonor Noyola Cervantes, del Partido Verde Ecologista de México.
Presidencia de la diputada
Kenia López Rabadán
Gildardo Pérez Gabino, de Movimiento Ciudadano; Miriam de los Angeles Vázquez Ruíz, del Partido del Trabajo; Asael Hernández Cerón, del Partido Acción Nacional; María Guadalupe Morales Rubio, de Morena; Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano.
Presidencia del diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo; Miguel Ángel Monraz Ibarra, del Partido Acción Nacional, quien solicita un minuto de silencio en memoria de las personas acaecidas en Jalisco, a consecuencia de hechos de violencia. La Presidencia concede la solicitud, e invita a la asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.
(Se guarda un minuto de silencio.)
Se continua con la intervención en pro de la diputada Dolores Padierna Luna, de Morena, quien acepta interpelaciones de las diputadas y los diputados: Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo; Diana Isela López Orozco; Pedro Mario Zenteno Santaella, Gilberto Herrera Solórzano, todos de Morena; y Verónica Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional.
No habiendo más oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general.
Desde su curul, interviene la diputada Rafaela Vianey García Romero, de Morena, para rectificación de hechos.
Discusión en lo particular
La Presidencia informa a la asamblea que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, veintiocho, treinta, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y seis, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta y seis, sesenta, sesenta y uno, setenta, setenta y cinco, setenta y ocho, ochenta, ochenta y siete, noventa y dos, noventa y seis, ciento nueve, ciento once, ciento catorce, ciento quince, ciento dieciséis, ciento diecisiete, ciento dieciocho, ciento veinte, ciento veintiuno, ciento veintitrés, ciento veintiséis, y ciento treinta del proyecto de decreto, así como la disposición Transitoria Octava.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, y trescientos seis del Reglamento de la Cámara de Diputados; instruye a la Secretaría abrir las plataformas digitales para el registro de votación hasta por 5 minutos, para que las diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones y aquellos que concurren de manera telemática, a través de la plataforma digital zoom, procedan a la votación del dictamen, en lo general y en lo particular, de lo no reservado, y de la propuesta de modificaciones presentada por integrantes de junta directiva de la comisión aceptada por la asamblea.
En votación nominal, por 445 votos a favor y 37 votos en contra, se aprueba, en lo general y en lo particular, lo no reservado.
En la discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra, para presentar propuestas de modificación, a las diputadas y diputados:
• Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
En votación económica no se admite a discusión y se desecha.
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para responder alusiones personales.
• Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Presidencia de la diputada
Dolores Padierna Luna
• Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido Acción Nacional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• María de Fátima García León, de Movimiento Ciudadano, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
Presidencia del diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna
• Alberto Maldonado Chavarín, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Yericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Vanessa López Carrillo, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
La Presidencia informa a la asamblea que, el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de esta en el Diario de los Debates.
• Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Melva Carrasco Godínez, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Presidencia de la diputada
María Luisa Mendoza Mondragón
• Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Abigail Arredondo Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Leticia Farfán Vázquez, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• César Alejandro Domínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Gloria Sánchez López, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Luis Enrique Martínez Ventura, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Arturo Yáñez Cuéllar, del Partido Revolucionario Institucional, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Lorena Piñón Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
La Presidencia informa a la asamblea que la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, de Movimiento Ciudadano, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de estas en el Diario de los Debates.
• Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Mario Calzada Mercado, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada
Dolores Padierna Luna
En votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Christian Mishel Castro Bello, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Maribel Solache González, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Olga Lidia Herrera Natividad, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• José Miguel Medellín Amaya, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada
Kenia López Rabadán
En votación económica no se admite a discusión y se desecha.
La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada y el diputado: Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano; y Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional, declinan su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de estas en el Diario de los Debates.
• Alma Delia Navarrete Rivera, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Ángel Ignacio Chávez Solís, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
La Presidencia informa a la asamblea que, los diputados: Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Partido Revolucionario Institucional; y Juan Armando Ruiz Hernández, de Movimiento Ciudadano, declinan su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de estas en el Diario de los Debates.
• Humberto Ambriz Delgadillo, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Venustiano Caamal Cocom, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Gerardo Olivares Mejía, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Víctor Samuel Palma César, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• María Rosete, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para responder alusiones personales.
• Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Herminia López Santiago, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Mario Zamora Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde su curul, interviene la diputada Irma Juan Carlos, de Morena, para responder alusiones personales.
En votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Arturo Roberto Hernández Tapia, de Morena.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para responder alusiones personales.
En votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• José Javier Aguirre Gallardo, de Morena.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
Durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde su curul, intervienen los diputados: Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional; y Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ambos para responder alusiones personales.
En votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Xóchitl Teresa Arzola Vargas, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Emma Mondragón Navarrete, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Josefina Anaya Martínez, de Morena.
Presidencia de la diputada
María Luisa Mendoza Mondragón
Durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Juan Moreno de Haro, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Juan Antonio González Hernández, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada Verónica Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de esta en el Diario de los Debates.
• Gilberto Herrera Solórzano, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada Graciela Ortiz González, del Partido Revolucionario Institucional, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de esta en el Diario de los Debates.
• Paloma Domínguez Ugarte, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Merary Villegas Sánchez, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Juan Antonio Meléndez Ortega, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de esta en el Diario de los Debates.
• Rocío López Gorosave, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Ariana del Rocio Rejón Lara, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Rosalinda Savala Díaz, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada y el diputado Nadia Navarro Acevedo y Emilio Lara Calderón, ambos del Partido Revolucionario Institucional, declinan su participación para presentar propuestas de modificación, e instruyen se inserte el texto íntegro de esta en el Diario de los Debates.
• Katia Alejandra Castillo Lozano, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde su curul, interviene la diputada Rosalinda Savala Díaz, de Morena, para responder alusiones personales.
En votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde su curul, interviene la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo; para solicitar una moción de orden.
Desde su curul, intervienen la diputada y los diputados Adrián González Naveda del Partido del Trabajo; para responder a alusiones personales, y Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional y Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, ambos para solicitar moción de orden.
En votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna
En votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Rosa María Castro Salinas, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Rafaela Vianey García Romero, de Morena.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
Quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para responder alusiones personales.
No habiendo más oradores registrados, la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, y trescientos seis del Reglamento de la Cámara de Diputados; instruye a la Secretaría abrir la plataforma digital para el registro de votación hasta por 5 minutos, para que las diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones y los que concurren de manera telemática, a través de la plataforma digital zoom, procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen, es decir con la incorporación a su texto de la propuesta de modificación aprobada, presentada por la comisión.
Presidencia de la diputada
Dolores Padierna Luna
En votación nominal, por 423 votos a favor y 63 en contra, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Desde su curul, interviene el diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, para solicitar moción de orden. La Presidencia hace aclaraciones.
La Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y tres, numeral uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que, antes de que se remita el decreto aprobado a la colegisladora, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por la asamblea.
b) Por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en materia de Seguridad Pública.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo trescientos uno, numeral uno, fracción segunda del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra, para fundamentar el dictamen, en nombre de la comisión, a la diputada Jessica Saiden Quiroz.
La Presidencia informa a la asamblea que se recibieron propuestas de modificación, suscritas por integrantes de la junta directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica, se acepta que se incorporen al texto del dictamen.
Desde su curul, interviene la diputada Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar moción de ilustración respecto al párrafo segundo del artículo ochenta del Reglamento de la Cámara de Diputados; al proemio, así como a las páginas, ciento doce, ciento trece y ciento catorce del proyecto decreto. La Secretaría da lectura al texto solicitado.
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitando que su intervención se integre en el acta: “Presidente, le rogamos, presidente, que esta discusión se posponga, porque –vean lo que sucedió antes de gritar, vean antes lo que sucedió– las premuras del tiempo, ya ven que todo llegó en la madrugada, hizo que las firmas de éste, digamos que agregado al dictamen sean las de la anterior. Y en la hoja de firmas se refiere al anterior dictamen, no a éste.
No solamente eso, señor presidente.
Y ruego su consideración. De los 18 miembros de la Mesa Directiva sólo 6 firmaron, como bien lo dice la diputada Xitlalic, que hizo un análisis profundo de todo. Éste es el problema, compañeras y compañeros, de lo que les mandaron, por eso nosotros pedíamos que nos fuéramos hasta el martes, miércoles.
Lo que usted resuelva –escucha tantito, hombre–, lo que usted resuelva lo vamos a aceptar, porque entendemos que usted es un hombre de bien, pero vea usted cómo el dictamen que presenta la presidenta de la Comisión de Seguridad no lo leyó ni lo leyó la Mesa ahorita en este momento. Está leyendo otro que van a someter a votación. Reconozco a mi compañera Xitlalic Ceja el estudio puntual. Gracias, señor presidente.”
La Presidencia realiza las siguientes aclaraciones: “diputado Moreira. Efectivamente, incluso hice una revisión ahorita con usted, que amablemente vino acá a esta Mesa Directiva. Diputado Moreira, efectivamente, revisamos hace un momento usted y yo aquí, hizo... amablemente vino a esta Presidencia. Y, efectivamente, existe una errata en el cintillo de esa última hoja. Yo le solicitaré a la presidenta de la comisión que envíe una hoja de errata, para que podamos continuar con este procedimiento.
Lo que a continuación haré es someter a esta asamblea, que es la que decide, someter a esta asamblea si se acepta la propuesta de incorporación de este dictamen, entendiendo el texto... Permítame, permítame. Yo escuché con mucho respeto a todos. Sometiendo a consideración de esta asamblea que se incorpore este dictamen con la errata del cintillo donde, efectivamente, hay un error en la última hoja.” Diputado Moreira.
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el cual manifiesta lo siguiente: Le agradezco, señor presidente, la generosidad del tiempo, y además la forma que tiene para tratar este asunto. El problema es que no solamente es el cintillo, sino son las mismas firmas, porque era copia. Son, si usted las ve, la misma ubicación, el mismo tipo, y es el cintillo.
Ese es el problema, insisto, mayoría, de lo que les ordenaron hacer. Y van a ver que mañana o pasado van a salir más dificultades, van a salir más dificultades por las redacciones apresuradas. Por eso nosotros ya le dije lo que proponíamos. Mire, la bancada del Partido Revolucionario Institucional va a aceptar lo que usted diga, aunque no estemos de acuerdo. Pero lo va a aceptar para seguir adelante. Gracias.”
La presidencia manifestó lo siguiente: “Le agradezco su tono, su buena voluntad. Y le agradeceré que acepte que se presentará esta errata sobre el tema del cintillo, en el entendido que la manifestación de la voluntad, que me ha expresado y reiterado la presidenta, la presidenta de la comisión, es sobre esa adenda, para que se someta a consideración de este pleno. Si el pleno lo acepta, que se incorpore al dictamen. Adelante, diputado Moreira.”
Nuevamente desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta lo siguiente: “Si el pleno lo acepta... Mire, ustedes son la mayoría y nosotros solamente pedimos que se asiente en el acta lo que hoy estamos discutiendo. Gracias, señor presidente.
Finalmente, la Presidencia cometa lo siguiente “Quedará detalladamente en el acta, asentado, las manifestaciones que usted ha hecho, lo que se constató aquí que yo he dado fe y la corrección a través de la fe de errata y, por supuesto, la consulta que se haga a la asamblea. En consecuencia, solicito a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta y se incorpora al dictamen.”
En consecuencia, la Presidencia instruye a la Secretaría consultar a la asamblea si se acepta que la discusión del dictamen se realice tomando en cuenta la propuesta presentada por integrantes de la junta directiva. En votación económica se acepta y se incorpora al dictamen.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento veintidós del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra, para presentar moción suspensiva, a la diputada y los diputados:
• Gibrán Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano;
Desde su curul, interviene el diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, para responder alusiones personales.
• Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Revolucionario Institucional; y
• Luis Agustín Rodríguez Torres, del Partido Acción Nacional.
Que en votación económica no se toman en consideración y se desechan.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo trecientos uno, fracción tercera del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar postura de su respectivo grupo parlamentario a las diputadas y diputados: Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano.
Presidencia de la diputada
Kenia López Rabadán
Emilio Lara Calderón, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde su curul, interviene el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional, para solicitar moción de ilustración, respecto al artículo ciento veinte, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. La Secretaría da lectura al precepto normativo de referencia.
Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo.
Presidencia del diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Desde su curul, intervienen las diputada y diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Olga Leticia Chávez Rojas, de Morena; José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional; Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo; y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Partido Revolucionario Institucional, todos para responder alusiones personales; Eruviel Ávila Villegas, del Partido Verde Ecologista de México, y Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, para solicitar moción de orden.
Presidencia de la diputada
Dolores Padierna Luna
Eruviel Ávila Villegas, del Partido Verde Ecologista de México; María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del Partido Acción Nacional; y Sandra Anaya Villegas, de Morena.
Desde su curul, interviene el diputado Enrique Vázquez Navarro, de Morena, para responder alusiones personales.
Discusión en lo general
Se somete a discusión en lo general y de conformidad con lo dispuesto en el artículo trescientos uno, numeral uno, fracción cuarta del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra, a las diputadas y los diputados, para hablar: en contra Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano; en pro Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, de Morena; en contra José Alfonso Rubalcava Jiménez, del Partido Acción Nacional; en pro José Luis Durán Reveles, del Partido Verde Ecologista de México; en contra Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde su curul, interviene el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional, para responder alusiones personales.
En pro Leide Avilés Domínguez, de Morena; en contra Omar Antonio Borboa Becerra, del Partido Acción Nacional; en pro Sergio Mayer Bretón, de Morena; en contra Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional; en pro Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo.
Desde su curul, interviene la diputada y los diputados: Enrique Vázquez Navarro, de Morena; Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional; y Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, todos para responder alusiones personales.
En contra Julia Licet Jiménez Angulo, del Partido Acción Nacional; y en pro Gabriela Georgina Jiménez Godoy, de Morena.
No habiendo más oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general.
Desde su curul, interviene la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, del Partido Acción Nacional, para rectificación de hechos.
Discusión en lo particular
La Presidencia informa a la asamblea que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintitrés, veinticuatro, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, la denominación del Título Séptimo, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, y cincuenta y uno, del proyecto de decreto, así como las disposiciones Transitorias: Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, y trescientos seis del Reglamento de la Cámara de Diputados; instruye a la Secretaría abrir las plataformas digitales para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones y aquellos que concurren de manera telemática, a través de la plataforma digital zoom, procedan a la votación del dictamen, en lo general y en lo particular, de lo no reservado, incluido el texto propuesto por la Comisión.
Presidencia del diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna
En votación nominal, por 368 votos a favor y 101 votos en contra, se aprueba, en lo general y en lo particular, lo no reservado.
En la discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra, para presentar propuestas de modificación, a las diputadas y diputados:
• Petra Romero Gomez, de Morena.
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para responder alusiones personales.
En votación económica se admite a discusión. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada y el diputado para hablar: en contra César Israel Damián Retes, del Partido Acción Nacional;
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para responder alusiones personales.
En pro Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo.
No habiendo más oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutida la propuesta de modificación y de la misma manera, se acepta y se incorpora al proyecto de decreto, para su votación nominal.
• Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Nora Yessica Merino Escamilla, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, interviene la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, para responder alusiones personales.
• Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Ramón Ángel Flores Robles, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• María Angélica Granados Trespalacios, del Partido Acción Nacional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde su curul, interviene el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, para responder alusiones personales.
En votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Vanessa López Carrillo, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, intervienen los diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional; y Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, ambos para responder alusiones personales.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
• José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
Desde su curul, intervienen los diputados: Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional; Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional; y Francisco Javier Farías Bailon, de Movimiento Ciudadano, todos para responder alusiones personales.
• Francisco Javier Sánchez Cervantes, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, interviene el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, para responder alusiones personales.
• Paulina Rubio Fernández, del Partido Acción Nacional, quien solicita la Presidencia moción de ilustración respecto al artículo veintiocho, y treinta y nueve, primer párrafo inciso c) fracción tres del proyecto de decreto. La Secretaría da lectura a los preceptos normativos de referencia. En votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• María Magdalena Rosales Cruz, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Eva María Vásquez Hernández, del Partido Acción Nacional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
Desde su curul, intervienen los diputados: Gibrán Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano, para solicitar moción de orden; y Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, para responder alusiones personales.
• Arturo Roberto Hernández Tapia, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• César Alejandro Domínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
Desde su curul, interviene la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, para responder alusiones personales.
• Jesús Fernando García Hernández, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Presidencia de la diputada
Dolores Padierna Luna
• Ector Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, quien hace entrega a la Presidencia de un documento a efecto de que se inserte integro en el Diario de los Debates.
Presidencia del diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna
En votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Juan Ángel Flores Bustamante, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Ariadna Barrera Vázquez, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, interviene la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano, para solicitar moción de orden.
• Luis Armando Díaz, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Edén Garcés Medina, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, intervienen la diputada y los diputados: Emilio Suárez Licona, Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario; Juan Antonio Meléndez Ortega, Lorena Piñón Rivera, y Emilio Lara Calderón, todos del Partido Revolucionario Institucional, para responder alusiones personales.
• Víctor Samuel Palma César, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo, quien solicita la Presidencia moción de ilustración respecto al artículo veintiséis, párrafos primero y segundo de las Fuentes de información en posesión de particulares. La Secretaría da lectura. Quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, interviene el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional, para responder alusiones personales.
• César Israel Damián Retes, del Partido Acción Nacional, quien solicita la Presidencia moción de ilustración respecto al artículo veintiséis, párrafos primero y segundo de las Fuentes de información en posesión de particulares. La Secretaría da lectura.
Desde su curul, interviene el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo, para responder alusiones personales.
En votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Emilio Ramón Ramírez Guzmán, de Morena.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
Quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Yericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
Desde su curul, intervienen e diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar moción de orden.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
• José Luis Téllez Marín, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar moción de orden.
• Miguel Angel Monraz Ibarra, del Partido Acción Nacional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
• Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
• Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, intervienen la diputada y los diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Lilia Aguilar Gil, Reginaldo Sandoval Flores, del ambos del Partido del Trabajo, todos para responder alusiones personales.
La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.
Desde su curul, intervienen los diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional; y Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, todos para solicitar moción de orden.
• Héctor Saúl Téllez Hernández, del Partido Acción Nacional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• Luis Humberto Aldana Navarro, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
La Presidencia informa a la asamblea que, el diputado Gibrán Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates.
• Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
• María Damaris Silva Santiago, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Arturo Yáñez Cuéllar, del Partido Revolucionario Institucional, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Josefina Anaya Martínez, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Theodoros Kalionchiz de la Fuente, del Partido Acción Nacional, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.
Desde su curul, interviene el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, para responder alusiones personales.
• Raymundo Vázquez Conchas, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
No habiendo más oradores registrados, la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, y trescientos seis del Reglamento de la Cámara de Diputados; instruye a la Secretaría abrir la plataforma digital para el registro de votación hasta por 5 minutos, para que las diputadas y diputados presentes en el Salón de Sesiones y los que concurren de manera telemática, a través de la plataforma digital zoom, procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen, es decir con la incorporación a su texto de la propuesta de modificación aprobada, presentada por la comisión y con las modificaciones aceptadas durante la discusión en lo particular.
En votación nominal, por 324 votos a favor y 117 en contra, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en materia de Seguridad Pública. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y tres, numeral uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que, antes de que se remita el decreto aprobado a la colegisladora, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por la asamblea.
Comunicaciones de los órganos de gobierno
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta a la asamblea con comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita, de conformidad con el artículo treinta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modificar el orden del día de la presente sesión, a efecto de incluir los siguientes asuntos:
Comunicaciones oficiales;
- Acuerdos de los órganos de gobierno;
- Discusión y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes:
- De la Comisión de Seguridad Ciudadana:
• A la iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por la titular del Poder Ejecutivo federal;
• A la iniciativa que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en materia de seguridad pública, presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal
- Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cuarenta y siete Bis cuatro; sesenta Bis; ciento veintidós, y ciento veintisiete de la Ley General de Vida Silvestre, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos Constitucional.
En votación económica y de conformidad con lo que establece el artículo sesenta y cinco, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se autoriza la modificación al orden del día.
Comunicaciones oficiales
En consecuencia, la Presidencia instruye a la Secretaría, dar cuenta a la asamblea con la minuta remitida por la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cuarenta y siete Bis cuatro; sesenta Bis; ciento veintidós, y ciento veintisiete de la Ley General de Vida Silvestre, que devuelve para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos constitucional.
Dispensa de trámites a minuta
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría consulta al pleno, con fundamento en los artículos veintitrés, numeral uno inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; cincuenta y nueve, numeral tres, y ochenta y dos, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. En votación económica, se considera de urgente resolución y se le dispensan todos los trámites.
Discusión de minuta con proyecto de decreto
b) Por consiguiente, el siguiente punto del orden del día, es la discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cuarenta y siete Bis cuatro; sesenta Bis; ciento veintidós, y ciento veintisiete de la Ley General de Vida Silvestre, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.
La Presidencia, informa a la asamblea que la Cámara de Senadores modificó íntegramente el artículo sesenta Bis; adicionó los artículos: cuarenta y siete bis cuatro, ciento veintidós, y ciento veintisiete; así como la modificación de las disposiciones transitorias: Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta; y la adición de una Séptima.
La Presidencia hace del conocimiento de la asamblea que, el presente asunto corresponde a una minuta que remite la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos constitucional, por lo que, la discusión versará únicamente sobre las reformas o adiciones que la colegisladora haya realizado sin poder alterarse de manera alguna los artículos aprobados por ambas Cámaras.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo trecientos uno, fracción tercera del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar postura de su respectivo grupo parlamentario a las diputadas y diputados: Irais Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano;
Presidencia de la diputada
Dolores Padierna Luna
Ariana del Rocio Rejón Lara, del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia del diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna
José Luis Téllez Marín, del Partido del Trabajo;
Presidencia de la diputada
Dolores Padierna Luna
Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México;
Presidencia del diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Diana Estefanía Gutierrez Valtierra, del Partido Acción Nacional; y Azucena Arreola Trinidad, de Morena.
Está a discusión, al no haber oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, y trescientos seis del Reglamento de la Cámara de Diputados; instruye a la Secretaría abrir las plataformas digitales para el registro de votación hasta por 5 minutos, para que las diputadas y diputados presentes en el Salón de Sesiones y aquellos que concurren de manera telemática, a través de la plataforma digital zoom, procedan a la votación del dictamen, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
En votación nominal, por unanimidad de 415 votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cuarenta y siete Bis cuatro; sesenta Bis; ciento veintidós, y ciento veintisiete de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Comunicaciones
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta al pleno con las comunicaciones de la diputada y el diputado, por las que informan la reincorporación a sus actividades legislativas:
• Leticia Barrera Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, partir del veinticinco de junio del año en curso; y
• Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del Partido del Trabajo, a partir del 26 de junio del año en curso.
Clausura de la sesión
La Presidencia levanta la sesión a las 6 horas con 52 minutos del jueves 26 de junio de 2025, y cita para la próxima que tendrá lugar, el lunes 30 de junio de 2025, a las 12 horas, en modalidad semipresencial, precisando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las 9:00 horas, por medio de la aplicación instalada en los teléfonos móviles y en las tabletas de las curules de las legisladoras y los legisladores.
Iniciativas
Con proyecto de decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del bicentenario de la consolidación de la independencia en el mar, presentada por el diputado Sergio Gil Rullán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 11 de junio de 2025
El que suscribe, Sergio Gil Rullán, diputado de la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como los artículos 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al bicentenario de la consolidación de la independencia en el mar, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821 a pesar de la proclamación formal de independencia, no significó la consecución real de ésta última, porque España mantuvo posiciones militares estratégicas en el país, siendo la más significativa la ocupación del castillo de San Juan de Ulúa, en el Puerto de Veracruz. Este hecho no sólo significó una afrenta a la soberanía nacional, sino también representó una amenaza militar real al naciente Estado mexicano.
Ante esta situación, y con la persistente negativa de la Corona Española a reconocer la independencia de México, nuestra nación declaró formalmente el estado de guerra en contra de España en 1823, lo que impulsó la creación de una fuerza naval capaz de enfrentar esta nueva etapa del conflicto en el mar.1
Es en este contexto que nace la Armada de México. Su origen formal se remonta a 1821, año de la consumación de la independencia, sin embargo, su consolidación operativa se logra en 1823, con la conformación de la primera escuadra naval organizada y equipada para enfrentar los restos de la presencia colonial en el país.2
La Armada fue formada casi desde cero, con recursos escasos y con elementos nacionales y extranjeros, muchos de ellos veteranos de otras guerras, como la de independencia de Estados Unidos. Desde su origen, la Armada tuvo una misión clara: defender la soberanía marítima nacional y expulsar a los últimos bastiones coloniales.3
Entre las primeras acciones relevantes de la Armada destacan la organización de la primera escuadra naval mexicana, integrada por las goletas Iguala y Anáhuac, así como otros buques adquiridos y armados con premura. Estas unidades participaron en el sitio naval de San Juan de Ulúa que en acción conjunta con el ejército culminó el 23 de noviembre de 1825 con la rendición de la guarnición española, marcando el final del dominio militar español en México.4
En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto visibilizar y conmemorar este momento histórico mediante la emisión de una moneda conmemorativa alusiva al Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar ocurrida el 23 de noviembre de 1985, en el marco de lo dispuesto por el artículo 2o., inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Ejecutivo Federal, por conducto del Banco de México, a emitir monedas conmemorativas.
La emisión de monedas conmemorativas ha sido una práctica recurrente del Estado mexicano para preservar la memoria histórica y fortalecer la identidad nacional. A lo largo de los años, el Banco de México ha autorizado numerosas emisiones que reconocen hechos históricos, personajes destacados y elementos culturales relevantes. Entre los antecedentes más recientes y relevantes se encuentran:
Las monedas emitidas en 2010 para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana.
La moneda de 2019 por los 500 años de la Fundación de Veracruz.
Las monedas de 2021 por los 700 años de la fundación lunar de México-Tenochtitlán.
La moneda conmemorativa de 2022 alusiva al Bicentenario de la Armada de México.
La moneda de 2023 por los 200 años del Heroico Colegio Militar.
Todos estos casos demuestran que la acuñación de monedas conmemorativas permite visibilizar episodios fundacionales, destacar instituciones emblemáticas y rendir homenaje a las luchas que han definido la conformación de nuestro Estado.
En este contexto, es pertinente reconocer a través de una moneda conmemorativa, el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, pues este episodio histórico representa el cierre efectivo de la dominación colonial y la consolidación de la independencia de la nación.
“...la Independencia, como movimiento social iniciado en 1810, si bien se consumó en 1821 con argumentos políticamente opacos, no se alcanzó en tanto la soberanía y la propiedad territorial como necesaria condición jurídica, fue resuelta en un conflicto militar que se disputó en la mar y en la mar se consiguió. En otras palabras, podemos afirmar que nuestra Independencia se consolidó en el mar.” 5
Como veracruzano, me siento profundamente orgulloso de las gestas heroicas que, a lo largo de nuestra historia, han protagonizado hombres y mujeres que, con valor y coraje, han defendido la soberanía de nuestro país y de nuestro Estado.
Estas hazañas han dado al puerto de Veracruz el honor de ser reconocido como Cuatro Veces Heroico. Entre esos episodios gloriosos destaca, sin lugar a duda, la defensa de San Juan de Ulúa, donde se libró uno de los combates más significativos en el proceso de consolidación de nuestra independencia.
Veracruz fue el epicentro naval de la lucha por la soberanía, escenario estratégico donde la naciente Armada de México enfrentó los últimos intentos del poder colonial español por conservar su presencia militar en nuestro territorio. Gracias al sacrificio y firmeza de aquellos marinos y soldados, se logró finalmente expulsar a las fuerzas realistas y consolidar, desde el mar, la independencia de la nación.
Por ello, propongo conmemorar el bicentenario de la consolidación de la independencia en el mar con la emisión de una moneda conmemorativa. Este reconocimiento permitirá visibilizar la hazaña conseguida hace 200 años por la Armada de México. De igual forma representa un recordatorio constante de que la independencia de México se reafirma y se defiende con las acciones que las y los mexicanos llevamos cada día a favor de nuestro país.
Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta honorable asamblea la siguiente:
Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al bicentenario de la consolidación de la independencia en el mar
Único. Se establecen las características de una Moneda Conmemorativa alusiva al Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Valor nominal: 20.00 (Veinte pesos 00/100 MN).
Forma: Circular.
Diámetro: 30 mm (Treinta milímetros).
Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y una otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:
1. Parte central de la moneda
Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:
a) Contenido: 75 por ciento (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25 por ciento (veinticinco por ciento) de níquel.
b) Tolerancia en contenido: 2 por ciento (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.
c) Peso: 7.355 gramos. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 gramos, (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.
2. Anillo perimétrico de la moneda
Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:
a) Contenido: 92 por ciento (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.
b) Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento (uno. cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.
c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.
Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.15.945 gramos y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 gramos, en más o en menos.
Los cuños serán:
Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.
Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con el sitio naval de San Juan de Ulúa por parte de la Armada de México que culminó con la rendición de la guarnición española el 23 de noviembre de 1825.
Canto: Estriado discontinuo.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México elaborará el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refiere el presente decreto.
Tercero . La moneda a que se refiere el presente decreto se acuñará a los 60 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente artículo.
Cuarto. La Casa de Moneda de México realizará los ajustes técnicos que se requieran, mismas que deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descrita en el presente decreto.
Quinto. El Banco de México será el titular de todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y de la acuñación de las monedas a que se refiere el presente decreto.
Notas
1 Miguel C. Carranza y Castillo, ...Y la Independencia se consolidó en el mar , México, Secretaría de Marina-Armada de México, 2014), páginas 9 y 10.
https://www.semar.gob.mx/unhicun/y%20la%20Independencia%20se%20consolido%20en%20el%20mar.pdf Consultado el 30 de mayo de 2025.
2 Historia de la Armada de México, Gobierno de México, https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/
historia-de-la-armada-de-mexico#:~:text=La%20historia%20de%20la%20Armada,las%20costas%20y%20mares%
20nacionales. Consultado el 30 de mayo de 2025.
3 Miguel C. Carranza y Castillo, ...Y la Independencia se consolidó en el mar, obra citada páginas 9-10.
4 Ibíd. página 27
5 Ibíd. página 248
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de junio de 2025.
Diputado Sergio Gil Rullán (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público . Junio 11 de 2025.)
Que adiciona el inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del viernes 20 de junio de 2025
El suscrito, Ricardo Monreal Ávila , diputado integrante y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La extorsión es un delito que afecta a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de nivel socioeconómico, profesión o lugar de residencia. Desde los grandes empresarios hasta las amas de casa, estudiantes, comerciantes informales y productores del campo, todos pueden ser víctimas de este delito que se ha convertido en un problema estructural.
El impacto de la extorsión es profundo y pluriofensivo. No solo afecta el patrimonio de las personas, al obligarlas a pagar sumas de dinero bajo amenaza, sino que también genera una presión psicológica constante en las víctimas, quienes viven con miedo de ser agredidas físicamente o de que sus seres queridos sufran represalias. Este fenómeno delictivo ha evolucionado hasta convertirse en un mecanismo de control territorial por parte de grupos criminales, quienes imponen cuotas ilegales a comerciantes, empresarios y productores de distintos sectores.1
El costo oculto de la extorsión se refleja en los precios de bienes y servicios.2 Es innegable que muchos de los productos de la canasta básica, como el aguacate y el limón, han sufrido incrementos en su precio debido a las cuotas impuestas por grupos delictivos a los productores y distribuidores. Estas cuotas no solo encarecen los productos, sino que también desincentivan la inversión y afectan la competitividad del mercado, perjudicando a consumidores y productores por igual.3
Uno de los sectores más golpeados es el de las pequeñas y medianas empresas, cuyos propietarios se ven obligados a cerrar sus negocios ante la imposibilidad de pagar el llamado “derecho de piso”. Quienes se niegan a pagar son objeto de actos de violencia que pueden ir desde la destrucción y quema de sus negocios hasta agresiones físicas y homicidios. Este contexto genera un clima de terror e incertidumbre que frena el desarrollo económico y deteriora la calidad de vida de miles de familias mexicanas.4
Los efectos de la extorsión también impactan a los agricultores, quienes no solo enfrentan la amenaza de perder sus cosechas y herramientas de trabajo, sino que también se ven forzados a operar en condiciones de inseguridad. Locatarios de mercados, conductores de transporte público, estudiantes y amas de casa también son blanco de este delito, ya sea a través de llamadas telefónicas intimidatorias o mediante agresiones directas en sus comunidades.
A pesar de estar debidamente regulada a nivel federal en el Código Penal Federal y en la mayoría de los códigos penales de las entidades federativas, la comisión de este delito sigue impactando negativamente la percepción sobre los índices de seguridad en el país.
Para comprender su concepto y naturaleza jurídica, es relevante señalar que la extorsión debe entenderse como la acción destinada a ejercer presión sobre una persona mediante amenazas, con el fin de obligarla a actuar o abstenerse de realizar una determinada conducta, con el propósito de obtener un beneficio ilícito derivado de dicha acción.5 Por su naturaleza, la extorsión se enmarca plenamente dentro del derecho penal.
En este sentido, conforme a una interpretación amplia del Código Penal Federal, en su artículo 390, la extorsión se define como una práctica antijurídica que coacciona a una persona para que realice, omita o tolere algo en contra de su voluntad, con el fin de obtener un lucro para sí mismo o para un tercero, o causar un perjuicio patrimonial a alguien.
Es importante destacar que, según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe)6 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2024, se estima que, durante el año 2023, el 27.5 por ciento de los hogares en México tuvo al menos a uno de sus integrantes como víctima de algún delito. Este dato refleja una vulneración directa a los derechos, la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.
Asimismo, es pertinente señalar que la extorsión se encuentra entre los delitos con mayor incidencia, junto al fraude y al robo o asalto en la vía pública o transporte público. En este contexto, el fraude es el delito que ocurre con mayor frecuencia, con una tasa de 6 mil 962 casos registrados. Le sigue el robo o asalto en la calle o en el transporte público, con un total de 6 mil 526 casos, mientras que la extorsión registra un total de 5 mil 213 denuncias por su probable comisión.
En cuanto a las cifras históricas del delito de extorsión, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) señala que, desde que se tiene un registro claro de este hecho delictivo, se ha observado una tendencia al alza en su incidencia. Mientras que en 1997 se registraron aproximadamente 1 mil casos, para el año 2019 esta cifra alcanzó cerca de 7 mil casos. A pesar de una ligera disminución en los años subsecuentes, la situación sigue siendo alarmante y requiere de una pronta atención mediante las reformas legislativas necesarias.
Con base en lo anterior, cabe mencionar que durante los sexenios de Ernesto Zedillo (1997-2000) y Vicente Fox (2000-2006), el delito de extorsión incrementó un 14 por ciento. En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), este delito alcanzó un máximo histórico con 32 mil 318 casos registrados, lo que representó un aumento del 140 por ciento en las denuncias presentadas y en las carpetas de investigación abiertas.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se registraron 30 mil 131 denuncias y carpetas de investigación relacionadas con el delito de extorsión. Estos dos sexenios, el de Calderón y el de Peña Nieto, fueron los que mostraron la mayor incidencia en la comisión de este delito.7
Es importante señalar que el delito de extorsión ha mostrado fluctuaciones tanto en su disminución como en su incremento notable entre los años 2018 y 2024. En particular, entre 2022 y 2023 se observó un aumento significativo del 15.7 por ciento en su comisión. Este fenómeno pone de manifiesto la relevancia social de contar con una regulación integral que permita una atención y prevención oportunas, contribuyendo al fortalecimiento progresivo del Estado de derecho y a la protección de los derechos de las y los mexicanos.
En cuanto a las entidades federativas con mayor incidencia del delito de extorsión, destacan Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, estado de México, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En estas entidades también se observa un incremento en los delitos de fraude y robo o asalto en la vía pública o transporte público, con un alza en su comisión de entre el 96.7 por ciento y el 97.7 por ciento respectivamente.
Respecto a los efectos, consecuencias y naturaleza del delito de extorsión, es fundamental señalar que dicho ilícito debe abordarse desde diversas perspectivas, debido a su variada tipología. La extorsión directa es la modalidad más común, en la que las personas responsables del delito interactúan de manera personal con la víctima, ya sea acudiendo a su domicilio, lugar de trabajo, escuela o negocio.
Por otro lado, la extorsión indirecta o virtual, cometida a través de medios de comunicación como teléfonos celulares y redes sociales, constituye una modalidad que, de no ser entendida en su totalidad, podría verse amplificada mediante el uso de nuevas tecnologías, como la denominada inteligencia artificial (IA).
Para una mejor comprensión del fenómeno de la extorsión, resulta pertinente enunciar las modalidades con mayor incidencia y relevancia, conforme a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Extorsión indirecta “el premio”: Quien extorsiona contacta, ya sea a través de llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico o por redes sociales a una víctima al azar o de forma selectiva, identificándose como de algún programa de televisión, compañía, fundación o dependencia de gobierno, fingiendo que la víctima se acaba de ganar un premio (condicionando su entrega a que ésta pague una cantidad de dinero, muchas veces a través de depósitos en efectivo, compra de tarjetas de prepago o recargas para el celular).
Extorsión indirecta “el familiar”. Quien extorsiona contacta a una víctima al azar o de forma selectiva (ya sea a través de llamada telefónica, de mensaje de texto, correo electrónico o por redes sociales), identificándose como un familiar o pariente cercano al que han detenido o se ha accidentado, por lo que solicita el depósito de dinero con el fin de resolver el problema. Una vertiente de esta forma consiste en que el victimario hace creer a la víctima que es un tercero (autoridad o testigo) entorno a la detención o el supuesto accidente.
Extorsión indirecta “amenazas”. La víctima es contactada (ya sea a través de una llamada telefónica, de mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales) azarosa o selectivamente por el extorsionador (a) quien, a través de amenazas falsas tendientes a dañarla a ella o algún familiar o pariente, ejerce presión para que aquélla pague cierta cantidad de dinero, entregue bienes materiales, envíe o deposite dinero. El victimario puede hacer creer que pertenece a alguna organización criminal y que está vigilando, o bien, aporta datos generales (nombres y direcciones) sobre la vida cotidiana de la o las víctimas.
Extorsión indirecta “secuestro virtual”. La víctima es contactada ya sea a través de una llamada telefónica, de mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales, azarosa o selectivamente por el extorsionador(a) quien, haciéndose pasar por un familiar, (menor de edad, sobre todo), finge estar secuestrado, acto seguido, éste dicta instrucciones precisas para que aquélla realice el depósito de dinero. En este caso el victimario imita la voz de la víctima secuestrada, utiliza una grabación, o bien, un tercero juega este papel.
Extorsión indirecta “botiquín”. Quien extorsiona se comunica (ya sea a través de llamada telefónica, de mensaje de texto, correo electrónico o por redes sociales) a algún establecimiento comercial señalando que a cierta distancia ha ocurrido un accidente, por lo que solicita un botiquín, el cual es llevado por una o un empleado. En ausencia de éste, los extorsionadores llaman nuevamente al comercio, exigiendo una cantidad de dinero para que la o el empleado sea, supuestamente, liberado.
Extorsión indirecta “adeudos”. La víctima es contactada (ya sea a través de llamada telefónica, de mensaje de texto, correo electrónico o por redes sociales) azarosa o selectivamente por el extorsionador(a) quien, luego de identificarse como alguien muy cercano con la víctima (posee información más o menos precisa), exige a aquélla pagar una deuda adquirida, ya sea a través de depósitos o de cosas de valor.
Extorsión indirecta “negocios”. La víctima es contactada (ya sea a través de llamada telefónica, de mensaje de texto, correo electrónico o por redes sociales) azarosa o selectivamente por el extorsionador(a) quien, luego de hacerse pasar como socio o representante de otra sucursal, exige a aquélla una transferencia rápida de dinero, declarando que existe una emergencia por resolver.
Ciberextorsiones. Comienza con un ataque a la computadora como efecto del ingreso de la víctima a algún sitio de internet con código malicioso, de ahí un hacker accede y encripta diversos archivos mediante un virus. Acto seguido, el extorsionador exige al usuario un rescate a cambio de recuperar sus documentos. Este mismo modus operandi, puede suceder después de robar cuentas de correo electrónico y redes sociales (o información personal), acto desde el cual se solicita un depósito a cambio de que las cuentas sean restablecidas, o bien, la información no sea difundida.
Extorsión directa “derecho de piso pasivo”. Quien extorsiona se presenta directamente en el lugar de trabajo, en el hogar o lugares que frecuenta la víctima, para exigirle cantidades periódicas y así garantizar protección tanto a su integridad personal (y de su familia) como a su actividad comercial. Principalmente esta modalidad sucede tanto con empresas formales como en comercio informal (casas particulares, negocios, comerciantes, restauranteros, industriales, profesionistas, hoteleros, repartidores, choferes de transportes, tianguis, etc.). Es posible que solo sean amenazas, y que al no pagar el o los extorsionadores desaparezcan sin más.
Extorsión directa “delitos conexos”. El extorsionador se presenta directamente en el lugar de trabajo, en el hogar o lugares que frecuente la víctima, para exigirle cantidades periódicas y así garantizar protección tanto a su integridad personal (y de su familia) como a su actividad comercial. Principalmente esta modalidad sucede tanto con empresas formales como en comercio informal (casas particulares, negocios, comerciantes, restauranteros, industriales, profesionistas, hoteleros, repartidores, choferes de transportes, tianguis, etc.). En este caso, el o los extorsionadores pueden cometer delitos conexos para presionar el pago, o para castigar el no pago como, por ejemplo: lesiones, robo, secuestro u homicidio.
Respecto a las consecuencias sociales y económicas del delito de extorsión, es importante señalar que este no solo afecta de manera reiterada a personas físicas, sino que también incide directamente sobre personas morales, especialmente aquellas de menor tamaño, como las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 20248 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el delito de extorsión figura entre los más frecuentes y afecta económicamente a miles de pymes en el país.
Cabe destacar que el delito de extorsión, junto con la comisión de otros delitos como el robo o asalto de mercancías, insumos o bienes, ha tenido un impacto significativo en 1.3 millones de pequeños y medianos establecimientos, lo que representa el 27.2 por ciento de las unidades económicas en México.
En cuanto a su presencia en las entidades federativas, el impacto económico del delito de extorsión ha sido considerable, siendo este delito uno de los más frecuentes en la afectación directa a micro y pequeñas empresas. Esto repercute de manera directa en el crecimiento económico de dichas entidades, generando una percepción negativa sobre la seguridad y minando paulatinamente el Estado de derecho.
En este contexto, es importante destacar que no es posible estimar un crecimiento económico saludable en lugares donde persiste el delito de extorsión, ya que, por su naturaleza, este tiene efectos perjudiciales en la percepción de seguridad de las pequeñas y medianas empresas. En muchas ocasiones, una parte de sus ganancias es ilegalmente retenida por los responsables de este delito. Aunque la cifra es difícil de precisar, se estima que la corrupción le cuesta a nuestro país cerca del 5 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual equivale a más de 500 mil millones de pesos anuales, un dato descomunal que nos orilla a emprender acciones contundentes para hacerle frente.9
Por lo tanto, resulta esencial plantear las bases constitucionales que permitan al Poder Legislativo Federal, en términos de lo dispuesto en los artículos 50, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecer un marco normativo que propicie una legislación general orientada a una atención integral. Esta legislación debería involucrar a los tres niveles de gobierno, promoviendo la concurrencia de facultades y atribuciones para la colaboración y atención específica de este delito.
La necesidad de expedir una ley general en la materia radica, entre otros aspectos, en la disparidad de criterios normativos que actualmente existen entre las entidades federativas y en la falta de una respuesta coordinada a un fenómeno que, por su naturaleza y alcances, requiere de un marco jurídico homogéneo y eficaz.
En la actualidad, cada estado ha desarrollado regulaciones y procedimientos distintos, lo que genera inequidad en la protección de los derechos y dificulta la implementación de políticas públicas integrales. La fragmentación legislativa impide la armonización de los estándares de protección y la eficacia en la aplicación de medidas preventivas y sancionatorias. Además, la ausencia de lineamientos uniformes ha provocado vacíos legales que son aprovechados para evadir responsabilidades y han limitado la actuación de las autoridades en ciertos contextos.
En efecto, estos aspectos han sido identificados en un informe del Observatorio Nacional Ciudadano que realizó un profundo estudio de los 32 códigos penales vigentes en nuestro país, así como del Código Penal Federal encontrando grandes diferencias en las que se incluye la definición del delito, las ambigüedades en su definición, el bien jurídico protegido (no siempre es el mismo), delitos vinculados, penalidades previstas, atenuantes y agravantes. El propio observatorio concluyó la necesidad de una armonización nacional que podría logarse mediante la expedición de una Ley General en la materia.10
Asimismo, el fenómeno en cuestión no se circunscribe a un ámbito exclusivamente local, sino que trasciende las fronteras estatales, impactando diversas esferas de la sociedad y requiriendo la participación conjunta de los distintos órdenes de gobierno. La existencia de criterios dispares dificulta la colaboración interestatal y genera conflictos de competencia que obstaculizan la acción efectiva del Estado en su conjunto. En este sentido, una Ley General permitiría establecer bases mínimas y uniformes de actuación, garantizando una respuesta coordinada, eficiente y proporcional a la magnitud del problema.
Por otro lado, la promulgación de una ley general aseguraría la adecuada implementación de los compromisos internacionales asumidos por México en la materia. La falta de un marco normativo homogéneo ha sido objeto de observaciones por parte de organismos internacionales, que han señalado la necesidad de fortalecer la legislación y los mecanismos de coordinación para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.
La expedición de una ley general no solo armonizaría el marco normativo nacional, sino que también fortalecería la respuesta institucional, optimizaría el uso de los recursos y aseguraría el acceso igualitario a la justicia y a la protección de derechos en todo el territorio nacional. La adopción de un enfoque integral y coordinado es indispensable para atender de manera efectiva este fenómeno, evitando soluciones fragmentadas e ineficaces que perpetúan la desigualdad y la impunidad.
En este sentido, se propone adicionar un inciso a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de conferir al Congreso de la Unión la facultad de legislar de manera más precisa en materia de extorsión, así como de establecer las bases para la creación de una ley general que regule la prevención y atención del delito de extorsión.
Para fortalecer la claridad de la modificación propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73.
I. a XX. ...
XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de extorsión, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
...
b) ...
c) ...
...
...
XXII a XXXII. ...
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo . El Congreso de la Unión deberá, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, expedir la Ley General en materia de prevención, sanción y persecución del delito de extorsión y la atención a víctimas de este delito, estableciendo la concurrencia y la coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, y en lo que corresponda, a las Alcaldías de la Ciudad de México, así como las modificaciones conducentes a la legislación penal.
Tercero. Las personas sujetas a proceso por el delito de extorsión antes de la entrada en vigor del presente decreto deberán continuar su proceso de conformidad con la legislación vigente aplicable.
Cuarto. Los Congresos de las entidades federativas deberán expedir y armonizar sus constituciones y su legislación en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la expedición de la Ley General en la materia.
Quinto. Se aplicarán de manera supletoria las disposiciones contenidas en el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Notas
1 Carmen Morán Breña, “La omertá mexicana: millones de comerciantes pagan el piso a los criminales para vender en las calles”, El País, 01 de enero de 2024, consultado el 2 de abril de 2025 en:
https://elpais.com/mexico/2024-01-02/la-omerta-mexicana-millones-de-comerciantes-pagan-el-piso-a-los-criminales
-para-vender-en-las-calles.html
2 Alejandro Platas-López, Alejandro Guerra-Hernández y Francisco Grimaldo-Moreno, “On the Macroeconomic Effect of Extortion: An Agent-Bases Approach”, The Hournal of Artificial Societies and Social Simulation, 24, no. 1 (2021), https://www.jasss.org/24/1/3.html.
3 “Extorsiones a limoneros de Michoacán: ¿A cuánto está el kilo de limón en CDMX y otros estados”, El Financiero, 17 de agosto de 2024, consultado el 2 de abril de 2025:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2024/08/17/extorsiones-a-limoneros-de-michoacan-a-cuanto-esta-el-kilo-de
-limon-en-cdmx-y-otros-estados/
4 “Queman mueblería en Ecatepec por presunta falta de pago de extorsión”, Milenio, nota de 5 de febrero de 2025, consultado el 2 de abril de 2025 en:
https://www.milenio.com/politica/comunidad/se-incendia-m adereria-en-ecatepec-fue-provocado-por-extorsion; “AMLO: ya se atienden denuncias sobre extorsiones a tiendas Oxxo en Nuevo Laredo”, Milenio, nota de 31 de julio de 2024, consultado el 2 de abril de 2025 en:
https://www.milenio.com/politica/amlo-atienden-denuncias-extorsiones-oxxo-laredo
5 Referencia tomada del Diccionario de la Lengua Española, Extorsión, consultado el 21 de marzo de 2025, disponible para su consulta en: https://dle.rae.es/extorsi por cientoC3 por cientoB3n
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, comunicado de prensa 562/24 publicado el 19 de septiembre de 2024 disponible para su consulta en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/Envipe/ Envipe_24.pdf
7 Instituto Nacional de Ciencias Penales, La extorsión en México, publicado en 2020, disponible para su consulta en: https://www.inacipe.gob.mx/assets/docs/investigacion/opinion/extorsion_ final.pdf
8 Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Encuesta Nacional de Victimización a Empresas (ENVE) 2024, Comunicado de prensa 780/24, publicado el 10 de diciembre de 2024, disponible para su consulta en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENVE/ENVE24.pdf
9 “El impacto de la corrupción de 5 por ciento del PIB, un recordatorio de la urgencia por redoblar la lucha en su contra”, ICC México, 9 de diciembre de 2024, consultado el 2 de abril de 2025,
https://iccmex.mx/posturas/el-impacto-de-la-corrupcion-de-5-del-pib-es-un-recordatorio-de-la-urgencia-por-redoblar-la
-lucha-en-su-contra.pdf
10 “La extorsión bajo el caleidoscopio. Muchas modalidades y pocas políticas públicas”, Observatorio Nacional Ciudadano, México, 2023, p. 9.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, viernes 20 de junio de 2025.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 20 de 2025.)
Que adiciona los párrafos vigésimo cuarto y vigésimo quinto, con lo que se recorren subsecuentemente, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso a sanitarios limpios y seguros en espacio públicos para todas las personas, recibida de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de junio de 2025
La que suscribe, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan los párrafos vigésimo cuarto y vigésimo quinto, con lo que se recorren subsecuentemente, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso a sanitarios limpios y seguros en espacio públicos para todas las personas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad, México sufre la falta de acceso a baños públicos en espacios de uso común, representando una problemática que afecta las necesidades básicas de los ciudadanos en todo el país. La ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas vulnera derechos básicos como la salud y el acceso equitativo al espacio público y la inclusión social. Su ausencia o inaccesibilidad afecta de manera desproporcionada a mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, así como a quienes viven en situación de calle o tienen condiciones médicas que requieren acceso frecuente a sanitarios. La falta de instalaciones adecuadas puede provocar problemas de salud y exclusión social, limitando el bienestar social.
Por otra parte, los estándares internacionales en materia de derechos humanos reconocen la importancia del acceso a instalaciones sanitarias dignas.
Uno de ellos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Organización de Naciones Unidas (ONU); en el objetivo 3, Salud y Bienestar, “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, donde se menciona que una parte significativa de la población mundial carece aún de acceso a servicios sanitarios vitales. Para cubrir esta carencia y garantizar una prestación de atención sanitaria equitativa, es fundamental abordar las disparidades, siendo necesario, prestar atención a determinantes como el acceso a la salud, la dignidad y la inclusión para todas las personas. Por lo que reforzar los sistemas sanitarios es fundamental para una cobertura sanitaria universal.
En la observación general número 14, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, define también las obligaciones que los Estados Parte deben cumplir a fin de hacer efectivo el derecho a la salud en el ámbito nacional. En el contenido normativo de su artículo 12, se establece el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, inciso b), “Accesibilidad”, menciona que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
i) No discriminación;
ii) Accesibilidad física;
iii) Accesibilidad económica (asequibilidad); y
iv) Acceso a la información.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual es un organismo que brinda apoyo financiero y técnico a 26 países miembros en América Latina y el Caribe, del cual México es prestatario; desarrolla procesos para canalizar recursos y experiencias hacia América Latina y el Caribe, promoviendo su desarrollo y maximizando el impacto de iniciativas clave para la región.
El BID establece una serie de lineamientos técnicos, administrativos y operativos para garantizar servicios sanitarios de calidad en espacios públicos en el desarrollo del catálogo “Buenas prácticas para la adecuada prestación del servicio de baños en espacios públicos urbanos”, donde indica que la provisión de baños en el espacio público y la adecuada prestación de este servicio en el entorno urbano resultan fundamentales en el marco de la realización del derecho humano al saneamiento, sin que se dejen de lado las necesidades del ciudadano en el espacio público.
Entre sus principales temáticas destacan:
1. Política y marco regulatorio: El diseño universal y accesibilidad promueve la instalación de baños que sean funcionales para todas las personas.
2. Planificación y acceso a la información : Mediante la gestión y mantenimiento profesional, recomienda establecer protocolos claros de limpieza, horarios de servicio.
3. Cambio de comportamiento : Implantar campañas de cultura a la ciudadanía para el acceso y uso adecuado de baños en espacios públicos.
4. Atención a grupos vulnerables : Grupos vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños sufren particularmente esta carencia, lo que limita su movilidad y participación en la vida comunitaria.
Normativa internacional
Francia
Desde 2006, París implantó 400 aseos públicos repartidos por todos los barrios de la capital, abiertos entre las 6 a 22 horas, excepto las grandes avenidas, en la que se encuentran 150 aseos con acceso libre las 24 horas; todos cuentan con infraestructura de acceso a personas con discapacidad. En el mismo sentido, cuentan con una App disponible para cualquier smartphone que permite encontrar aseos gratuitos y accesibles cerca de la ubicación del usuario. Con iconos verdes y rojos se identifica si los baños se encuentran disponibles y para las personas con movilidad reducida, existe un filtro que identifica cuales son los baños con dicha accesibilidad.
París cuenta con más de 750 baños públicos y orinales. La Alcaldía y su socio JC Decaux renovaron los baños en espacios públicos, como vías, parques y plazas, al renegociar los contratos con los operadores, a fin de disminuir los costos. Asimismo su diseño es afín al desarrollo sostenible y su funcionamiento es más ecológico bajo las siguientes aristas:
a) Se consigue un ahorro de agua del 30 % gracias al reúso de agua del lavado sanitario, la recuperación de agua de lluvia mediante un depósito integrado y la detección de pérdidas de agua;
b) Las instalaciones sanitarias cuentan con iluminación natural a través de una claraboya (ventana abierta en el techo o en la parte alta de las paredes), en la cubierta, un sistema de iluminación de bajo consumo y un detector de presencia para iluminar solo cuando sea necesario;
c) Los materiales se eligen por su desempeño ambiental y sostenible (hormigón, acero, aluminio) y son reciclables al final de su vida útil; y
d) El diseño general fue pensado para reducir el número de intervenciones necesarias, para garantizar su mantenimiento.
La empresa JC Decaux se encarga del mantenimiento de los baños tres veces por semana en cada uno de los baños públicos. Las intervenciones consisten en el suministro de insumos para la higiene como el papel higiénico, jabón, la limpieza, el vaciado del bote de basura, y la reparación de piezas defectuosas. La limpieza exterior se realiza una vez por semana. Asimismo, la Alcaldía de París encargó a empresas concesionarias la gestión de baños en lugares de gran afluencia turística, las cuales deben garantizar el mantenimiento y la oferta de servicios.
En la zona del Rives de Seine, hay actualmente 34 baños, urinarios abiertos y gratuitos. También se agregaron bloques de sanitarios “móviles” durante el período de verano para responder al tráfico del sitio. Este es también el caso de Île Saint Louis, el canal Saint-Martin y el Bassin de la Villette. Además, desde finales de 2019, se han agregado urinarios al aire libre en lugares concurridos.
Japón
En Tokio se busca rediseñar los baños públicos en 17 ubicaciones con el apoyo de 16 arquitectos renombrados del mundo, sus objetivos es que el rediseño se realice a través de colores e infraestructura innovadora. Al igual que Francia, existe la Location Map para observar cuales son los baños públicos más cercanos, así como los que cuentan con acceso para silla de ruedas. Entre los diseños innovadores de estos 17 baños, se destacan por el uso de vidrio inteligente que se vuelve opaco al entrar, garantizando privacidad y seguridad. Estos baños ubicados en los parques Yoyogi y Haru-no-Ogawa y diseñados por el arquitecto Shigeru Ban, en los que solo una vez que el usuario se encuentra dentro del baño, un cambio a luz opaca impide ver al interior de la instalación. Las paredes transparentes permiten saber si el baño está libre y propician el uso adecuado, ya que a simple vista se logra observar el estado del baño. Además, los baños son fácilmente reconocidos por los usuarios durante la noche debido a sus colores pastel, y les dan a los parques una iluminación cálida que enriquece el entorno. La empresa privada de sanitarios TOTO apoya a los diseñadores con recomendaciones sobre el equipo sanitario y su disposición.
Estados Unidos
Ese país cuenta con una estrategia de baños públicos de Chapel Hill, en Carolina del Norte. En 2019, presentaron un kit de herramientas de promoción de baños públicos, destacando el involucramiento de la comunidad acerca del servicio de baños públicos y en la prueba de baños pilotos, el reconocimiento de diseños adecuados de baños públicos, el desarrollo de planes para la sostenibilidad operacional y financiera, el involucramiento de distintos actores de apoyo para la planificación de baños públicos, y la movilización por parte de los residentes, el comercio y los oficiales de gobierno locales. Los baños públicos tienen buenas prácticas como lo es la higiene, aire acondicionado y baños limpios y seguros que operan 24 horas con estándares de accesibilidad y sostenibilidad.
En la resolución del programa piloto 20160623-079, menciona que se pretende acelerar la instalación de baños públicos accesibles para personas con necesidad de sillas de ruedas. Así como identificar la localización de los baños públicos.
Los baños implementados son los Portland Loo, los cuales son un tipo de baño público e individual, desarrollado por la ciudad de Portland Oregón, el cual se utiliza en diversos lugares y es un baño modular y autosuficiente diseñado para ser resistente, seguro, limpio y asequible.
En Nueva York se implantará una política de baños para todos en 2035, aprobado por parte del Ayuntamiento una legislación sobre la construcción de baños públicos por cada 2000 residentes, ya que actualmente solo hay un baño público disponible por cada 7,500 residentes, con la finalidad de disminuir brechas de desigualdad a trabajadores de reparto, ancianos y personas con discapacidad. Con lo anterior, se pretende duplicar el número de baños públicos en la ciudad. Según datos del New York Times, solo hay 1066 baños públicos disponibles para los 8.2 millones de habitantes de la ciudad, por lo que supone un baño por cada 7,800 personas. Esta ley es conocida como Bathroom Bill (Proyecto de Ley del Baño), aumentando el número de baños a 2120 en 10 años.
Además, se presentó en la Cámara en octubre de 2023, la Ley de Acceso a los Baños (Restroom Access Act of 2023). Este proyecto de ley requiere que los minoristas permitan a un cliente usar un baño no público, si el cliente tiene una condición médica elegible (por ejemplo, enfermedad inflamatoria o intestinal) y que requiere acceso inmediato a un baño y se cumplen otras condiciones.
Reino Unido
En ese país hay un programa municipal de baños comunitarios denominado en inglés City’s Community Toilet Scheme que pretende proporcionar baños públicos limpios, seguros, accesibles y gratuitos en ubicaciones más convenientes para residentes y visitantes de Londres. Cuenta con un mapa de baños para su localización y los miembros participantes del programa mostrarán de 1 a 4 pegatinas en su ventana, según las instalaciones; y varias de ellas cuentan con acceso a silla de ruedas y cambiadores de bebes.
Los miembros locales del programa reciben una pequeña remuneración anual de entre 500 y 800 libras para habilitar sus baños al público. La remuneración depende de las instalaciones sanitarias que ofrezcan. También, cuentan con publicidad gratuita en el sitio web de la corporación municipal.
Densidad de baños públicos en los países
La empresa QS Supplies, que es una empresa de Reino Unido que vende artículos para baño, mediante una herramienta, contabilizó la cantidad de baños en diferentes partes del mundo. Posteriormente, utilizaron cifras oficiales de la población para calcular la cantidad de baños por cada 100 mil personas. Algunos de sus hallazgos fueron
Islandia: 56 por cada 100 mil personas. El país con mayor densidad de baños públicos.
Wakefield es la ciudad de Reino Unido con más baños por cada 100 mil habitantes (35) y por cada 100 kilómetros cuadrados (130).
Los estados estadounidenses más pequeños, al igual que los condados más pequeños de Reino Unido, dominan la lista de baños públicos.
Los 6 estados con menos baños per cápita son Luisiana (1.2 por cada 100 mil habitantes), Misisipi (1.2), Kentucky (1.9), Arkansas (2.2), Texas (2.6) y Tennessee (2.8).
A continuación se presenta una gráfica del mayor país con baños públicos y el que menos cuenta con ellos. En la gráfica, se puede observar que los países europeos son los que cuentan con más baños públicos, predominando en la lista Islandia, en segundo lugar Suiza y tercero Nueva Zelanda.
México se encuentra en el número 6 de países que menos cuentan con sanitarios públicos.
Además es importante resaltar que la falta de acceso a baños adecuados tiene consecuencias graves para la salud, como el aumento de enfermedades gastrointestinales; si no se cuentan con servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento. La higiene es un derecho humano, una necesidad básica para el cuidado de la salud y bienestar. Los accesos a servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene tienen consecuencias importantes para asegurar la salud de una población.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 1500 millones de personas siguen sin tener acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o letrinas privados. De ellas, 419 millones todavía defecan al aire libre, por ejemplo en alcantarillas, detrás de arbustos o en masas abiertas de agua.
En 2019, ONU-Agua puso en marcha el Marco Mundial para Acelerar el Logro del ODS 6, “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. En el Día Mundial del Retrete, la OMS y el UNICEF presentaron el informe sobre el estado mundial del saneamiento, en el que se plantea la magnitud del desafío en términos de repercusiones para la salud, cobertura del saneamiento, progresos, políticas e inversiones. Asimismo incluyeron tres mensajes clave, el retrete es un lugar de paz, de protección y de saneamiento, ya que tiene que ser un lugar seguro, mencionando que el saneamiento es un derecho humano y bien público, el cual debe ser crucial para la salud pública y ambiental.
Por tanto, el presente proyecto de decreto tiene como objetivo reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para buscar reconocer el derecho de todas las personas a contar con sanitarios dignos, accesibles y seguros en espacios públicos, como un componente básico del derecho al saneamiento, al espacio público y a la salud. Asimismo, se busca establecer la obligación del Estado de garantizar la existencia y mantenimiento de sanitarios en espacios públicos.
El cuadro que a continuación se presenta, sintetiza en qué consiste el proyecto de decreto que se adicionan los párrafos vigésimo cuarto y vigésimo quinto, recorriéndose subsecuentemente, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta:
Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se adicionan los párrafos vigésimo cuarto y vigésimo quinto, recorriéndose subsecuentemente, al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 4o.
Toda persona tiene derecho a acceder, de manera universal, digna y segura, a sanitarios en espacios públicos. El Estado garantizará este derecho, mediante su provisión, instalación, mantenimiento y supervisión de servicios sanitarios en condiciones de higiene y salubridad.
Ningún establecimiento público o privado que brinde servicios al público podrá negar el uso de sus sanitarios a personas con discapacidad, menores de edad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, ni a quien lo requiera por necesidad urgente .
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones relativas al derecho de acceso a sanitarios en espacios públicos y las responsabilidades por la omisión.
Tercero. El Ejecutivo federal deberá prever en el Presupuesto de Egresos de la Federación un fondo especial para la construcción, mantenimiento y operación de sanitarios públicos, conforme esta reforma.
Cuarto. Las leyes establecerán los mecanismos para garantizar este derecho en el ámbito de sus respectivas competencias.
Sede de la Comisión Permanente, a 25 de junio de 2025.
Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales . Junio 25 de 2025.)
Que adiciona un tercer párrafo al artículo 80 de la Ley General de Mejora Regulatoria, a fin de crear una ventanilla única de orientación ciudadana para mejorar la eficiencia institucional en trámites y servicios, recibida de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de junio de 2025
La que suscribe, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 80 de la Ley General de Mejora Regulatoria, a fin de crear una ventanilla única de orientación ciudadana para mejorar la eficiencia institucional en trámites y servicios; al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La eficiencia en la gestión pública y el acceso efectivo a los trámites y servicios gubernamentales, son pilares fundamentales de una administración moderna y democrática. En la actualidad, uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas al acudir a una dependencia pública es la falta de orientación adecuada sobre la competencia institucional, e información respecto a tramites o servicios, lo que genera pérdida de tiempo, frustración ciudadana, duplicidad de esfuerzos y un deterioro en la confianza hacia las instituciones públicas.
En materia internacional como las impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destaca en su documento Los principios de buenas prácticas de política regulatoria de la OCDE, con el Comité de Política Regulatoria, menciona que la orientación integral en ventanillas únicas, canales digitales y presenciales, es un elemento clave para reducir la frustración institucional y fortalecer la gobernanza democrática.
Creando la ventanilla única, según la OCDE, es una forma de eliminar el papeleo innecesario y crear una interfaz racionalizada y fácil de usar entre el gobierno y los ciudadanos o negocios. De hecho, las ventanillas únicas pueden ser una forma muy efectiva de comunicar los requisitos regulatorios con más claridad.
En materia Nacional, de acuerdo con el “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México” (INE, 2020), uno de los principales factores que deterioran la percepción ciudadana es el mal desempeño gubernamental (25 por ciento). En ese contexto, resulta indispensable que las dependencias públicas implementen mecanismos proactivos y sistemáticos de orientación para garantizar un servicio ágil, accesible y efectivo.
Por consiguiente, la Ley General de Mejora Regulatoria tiene como objetivo promover la transparencia, eficiencia y simplificación en los trámites y servicios del Estado mexicano. No obstante, la normativa vigente aún no contempla de manera expresa la obligación de establecer mecanismos institucionales de orientación ciudadana que permitan canalizar adecuadamente a las personas hacia la oficina o institución competente, cuando se encuentren ante una solicitud o trámite que no corresponde a la dependencia inicialmente acudida.
Sumado a lo anterior, los sujetos obligados, que conforme la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), establece en su artículo 3, fracción XXVII, que son cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, en el ámbito federal, estatal y municipal o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Por lo anterior, todos los sujetos obligados, se comprometen a un trato digno, eficiente y orientado al ciudadano. Para ello, deben contar con herramientas institucionales que permitan no sólo atender de manera correcta las solicitudes dentro de su competencia, sino también garantizar que, en caso de no ser la autoridad competente, el ciudadano sea debidamente canalizado y orientado, evitando la desinformación o el “peregrinaje” institucional.
En el mismo sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el artículo 6, reconoce el derecho a la información, y a su libre acceso plural y oportuna, la cual es garantizada por el Estado, y se tiene acceso de manera gratuita. De igual manera, en el artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública menciona:
(...)
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.
Por eso, el derecho de los ciudadanos a recibir información clara y precisa por parte de sujetos obligados, así como a acceder de manera eficaz a los trámites y servicios públicos es fundamental; ya que en múltiples ocasiones, los ciudadanos enfrentan obstáculos administrativos, debido a la falta de orientación adecuada o a la negativa de canalización a las instancias competentes, cuando su solicitud no corresponde a la dependencia en la que se presentan.
Derivado de lo anterior, los sujetos obligados, requieren establecer mejoras en los procesos, para proporcionar servicios de calidad y que sean eficientes. Fortalecer sus módulos de atención, líneas telefónicas o páginas web, garantizaría una orientación más precisa hacia dónde dirigirse, reforzando la responsabilidad de atender, orientar y canalizar a la ciudadanía para cualquier trámite o información.
Por consiguiente, se requiere de capacitación del personal en materia ética y profesional, de quien labora en las dependencias para fortalecer o en su caso, establecer mecanismos de orientación y canalización adecuada, lo cual generaría primeramente, un conocimiento general y consecuentemente, una coordinación y colaboración entre las instituciones para el bienestar ciudadano.
Con lo propuesto, se reduciría el número de quejas ante negativas de servidores públicos y/o dependencias, fortaleciendo así, la confianza de la población en instituciones gubernamentales. Según datos del Censo Nacional de Gobierno Federal (CHGF) 2023, la cual ofrece información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones de la Administración Pública Federal, en 2022, se recibieron 80,756 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones del personal adscrito a las instituciones de la Administración Pública Federal. Esto representó un aumento de 189.1 por ciento en comparación con los datos de 2021.
Por otra parte, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el Objetivo T2.2, estrategia T2.2.5, menciona:
Establecer mecanismos que promuevan la eficiencia en la atención a la ciudadanía, mediante la integración y coordinación de todos los centros de atención públicos existentes, facilitando el acceso a los servicios y optimizando los procesos para una respuesta más rápida y efectiva.
Además, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, Inegi, 2021), muestra que cerca de 37.2 por ciento de los ciudadanos experimentan dificultades al realizar pagos, trámites o solicitudes gubernamentales, siendo el problema más frecuente, las barreras al trámite, con un total de 83 por ciento a 2021, siendo el principal obstáculo. Esto refleja la urgente necesidad de contar con herramientas institucionales de apoyo y orientación al ciudadano, que permitan atender sus necesidades o dirigirlo eficientemente al área correspondiente.
Pese a que hay diversos medios de contacto para brindar atención a la ciudadanía, como módulos o líneas telefónicas de atención, la información carece de sistematización, como lo estaría haciendo la ventanilla única.
El acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos fundamentales para la protección de los derechos humanos. Estos accesos son indispensables para lograr un gobierno abierto, responsable y responsivo a las necesidades de la ciudadanía, para el libre ejercicio de su derecho humano al acceso a la información.
Por eso implantar tecnologías digitales, como plataformas de información interinstitucionales, mejoraría la eficiencia de los trámites y reduciría la desinformación entre la ciudadanía. Es indispensable que las instituciones gubernamentales refuercen la coordinación interinstitucional, de manera que la canalización de solicitudes no dependa exclusivamente de los ciudadanos, sino que exista un sistema administrativo que facilite la información, tramites y procesos entre dependencias de forma organizada, promoviendo una cultura de atención y servicio público de calidad, reduciendo el número de quejas por falta de orientación o negativas infundadas.
Un sistema eficaz de canalización contribuirá a garantizar el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, promoviendo una administración pública más eficiente y cercana a la ciudadanía.
La presente iniciativa propone reformar la Ley General de Mejora Regulatoria para incorporar como obligación de los sujetos obligados, a establecer mecanismos institucionales de orientación ciudadana que aseguren la canalización efectiva de los sujetos obligados competentes. Esta disposición permitirá el fortalecimiento del principio de atención ciudadana y se avanzaría hacia una gestión coordinada.
Por lo fundado y motivado me permito someter a consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 80 de la Ley General de Mejora Regulatoria, a fin de crear una ventanilla única de orientación ciudadana para mejorar la eficiencia institucional en trámites y servicios, en materia de establecer mecanismos institucionales más eficientes
Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 80 de la Ley General de Mejora Regulatoria, a fin de crear una ventanilla única de orientación ciudadana para mejorar la eficiencia institucional en trámites y servicios, para quedar como sigue:
Ley de Mejora Regulatoria
Artículo 80. ...
En los términos establecidos en este artículo, los sujetos obligados someterán a la autoridad de mejora regulatoria que les corresponda un programa de ventanilla única de simplificación, y ésta emitirá los lineamientos para su implementación.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las entidades federativas contarán con un plazo de medio año para adecuar sus leyes al contenido de éste.
Tercero. En el orden federal, las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a los ejecutores de gasto correspondientes, por lo que no se requerirán de ampliaciones presupuestarias. Las entidades federativas, municipios y alcaldías, en su caso, darán cumplimiento a lo previsto en la presente Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.
Cuarto. La Comisión Nacional publicará los lineamientos del Programa de Ventanilla Única de Simplificación a que se refiere el presente Decreto, dentro de un plazo que no exceda 120 días naturales contados a partir de la publicación de este. Los lineamientos incluirán, al menos, los siguientes elementos que deberán cumplir las ventanillas únicas de simplificación:
I. Proporcionar orientación ciudadana eficiente, canalizando a las personas hacia la dependencia competente.
II. Establecer canales de coordinación interinstitucional efectivos para el intercambio de información con dependencias federales, generando estrategias de colaboración oportuna y transparente;
III. Incorporar estrategias de difusión de información clara, actualizada y comprensible sobre trámites, servicios y competencias institucionales, utilizando diversos medios digitales y físicos, con el fin de reducir la desinformación y facilitar el acceso efectivo a los servicios públicos;
IV. Estar definidas en los manuales internos de la Comisión Nacional, y
V. Desarrollar herramientas digitales y físicas que faciliten el direccionamiento correcto de las personas usuarias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de junio de 2025.
Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad . Junio 25 de 2025.)
Que reforma el artículo 25 y adiciona el artículo 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la creación del fondo para preservar la paz en México, recibida de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de junio de 2025
Quien suscribe, diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General, y 55, fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de Coordinación Fiscal para crear un fondo para preservar la paz en México, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los niveles de violencia en nuestro país han sido des controlables en las últimas dos décadas, en Movimiento Ciudadano hemos presentado diversas propuestas para reducir la incidencia delictiva que se vive de manera generalizada en todo el territorio nacional, sobre todo aquellas que fortalecen a las policías locales, no obstante, es claro que sin un presupuesto sólido no se puede construir cohesión social.
También hemos insistido que se requiere un nuevo pacto fiscal que se base en las realidades y necesidades de cada entidad federativa y de cada municipio, que sirva para que la recaudación y distribución de la riqueza sea mejor para una inversión que impacte de manera positiva en el bienestar de las y los mexicanos.
Ejemplo de ello es la presentación de una iniciativa en el Congreso de Yucatán por parte de Bancada Naranja para la creación de un Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social que ayude a las entidades federativas a fortalecer la paz y el bienestar social en todo México y que desde el Congreso de la Unión retomamos para su presentación.
En dicha exposición de motivos se menciona que “De acuerdo con el Índice de Paz en México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, la paz en México mejoró un 1.4 por ciento de 2022 a 2023. Este es el cuarto año de mejora tras los grandes deterioros ocurridos de 2015 a 2019. En 2023, los cinco indicadores del Índice de Paz en México mejoraron, y el indicador de homicidios registró la mayor mejora.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es un grupo independiente de expertos, no partidista y sin fines de lucro dedicado a cambiar el enfoque mundial hacia la paz como una medida positiva, alcanzable y tangible del bienestar y el progreso humanos, tiene su sede en Sídney, Australia, con oficinas en Nueva York, La Haya, Ciudad de México, Bruselas y Harare; y trabaja con una amplia gama de socios a nivel internacional y colabora con organizaciones intergubernamentales en la medición y la comunicación del valor económico de la paz.
El Índice de Paz en México 2024 es la undécima edición de esta medición que elabora el Instituto ya mencionado, el cual proporciona una medición integral de la paz en México, que incluye tendencias, análisis y estimaciones del impacto económico de la violencia.
El Índice de Paz en México (IPM) se basa en el Índice de Paz Global, la medición más importante de la paz a nivel mundial, elaborado anualmente por el Instituto de Paz y Economía (IEP) desde 2007.
Entre los principales hallazgos de dicho estudio están los siguientes:
1. “El año pasado la paz aumentó en 15 estados y disminuyó en 17.
2. La mejora en 2023 se debió principalmente a una reducción de los homicidios, con una tasa que cayó un 5.3 por ciento, la segunda mayor mejora desde 2015.
3. Colima tuvo la tasa de homicidios más alta del país con 111 muertes por cada 100,000 habitantes. Se trata de la peor tasa de homicidios registrada en el país, superando el récord anterior que estableció también Colima en 2022.
4. En 2023, Zacatecas registró la mayor mejora en materia de paz, mientras que Morelos registró el mayor deterioro.
5. Ambos estados se ubicaron entre los estados menos pacíficos de México en 2023. Los cinco estados menos pacíficos fueron Colima, Baja California, Morelos, Guanajuato y Zacatecas.
6. Yucatán fue el estado más pacífico del país por séptimo año consecutivo. Le siguieron Tlaxcala, Chiapas, Durango y Coahuila.
7. En los últimos seis años, el mayor número de eventos de violencia política se ha registrado en Guerrero, con 128, seguido de Veracruz y Oaxaca.
8. La paz en México se ha deteriorado en un 14.4 por ciento en los últimos nueve años. Sin embargo, en los últimos cuatro años, la paz en el país ha mejorado en un 6.1 por ciento.
9. A pesar de algunos avances positivos, muchos indicadores de delincuencia siguen siendo mucho más altos hoy que en 2015. La tasa nacional de homicidios registró un aumento del 54.1 por ciento entre 2015 y 2023, pasando de 15.1 a 23.3 muertes por cada 100,000 personas.
10. Nueve estados han registrado mejoras en los homicidios desde 2015, mientras que los 23 restantes se han deteriorado.
11. La tasa nacional de homicidios de México ocupa el puesto 14 entre las peores del mundo.
12. Desde 2015, dos tercios de los homicidios han sido resultado de la violencia con armas de fuego. En 2023, un récord del 70.2 por ciento de los homicidios en el país se cometieron con arma de fuego.
13. Desde 2018, más de 2,600 policías han sido asesinados. Esto equivale a una tasa promedio anual de homicidios de policías de 96.8 asesinatos por cada 100,000 agentes, lo que sugiere que ser policía en México es casi cuatro veces más peligroso que ser miembro de la población general.
14. En 2023, se denunciaron más de 12,000 casos de personas desaparecidas, la cifra más alta jamás registrada.
15. La tasa de la delincuencia organizada ha aumentado en un 62.4 por ciento desde 2015. El deterioro fue impulsado por un aumento del 157 por ciento en la tasa de delitos de narcomenudeo.
16. La última década ha visto cambios importantes en las drogas producidas por actores criminales para adaptarse a los patrones de consumo cambiantes en los Estados Unidos. Los opioides sintéticos como el fentanilo se han vuelto cada vez más centrales en sus operaciones.
17. Entre 2019 y 2023, el volumen de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos aumentó en más de un 900 por ciento.
18. Entre 2013 y 2017, los enfrentamientos que involucraron al menos uno de los dos cárteles más grandes del país, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representaron el 38 por ciento de todas las muertes en conflictos entre cárteles, pero entre 2018 y 2022 representaron el 64 por ciento de esas muertes.
19. En 2023, se estimaba que alrededor de seis de cada diez homicidios en el país estaban asociados con crímenes de la delincuencia organizada, lo que equivale a alrededor de 18,000 asesinatos.
20. Los registros de migrantes internacionales no autorizados en México han aumentado en los últimos tres años, alcanzando un récord de casi 800,000 en 2023. Los migrantes no autorizados son particularmente vulnerables a la explotación por parte de grupos de la delincuencia organizada.
21. La tasa de delitos con violencia aumentó un 17.9 por ciento entre 2015 y 2023, impulsada por el deterioro generalizado de las tasas de violencia familiar y violencia sexual. En contraste, las tasas de asalto se deterioraron sólo marginalmente, mientras que las tasas de robo mejoraron en un 19.8 por ciento.
22. Siguiendo en gran medida la paz general, los niveles de miedo a la violencia se deterioraron notablemente entre 2015 y 2018, pero han mejorado gradualmente en los años posteriores. En 2023, el 74.6 por ciento de las personas consideraban inseguro el estado en el que vivían.
23. Colima registró, por mucho, el mayor deterioro de la paz en los últimos nueve años, y sus tasas de delitos cometidos con armas de fuego, crímenes de la delincuencia organizada, delitos con violencia y homicidios se han más que cuadruplicado desde 2015.
24. Después de Colima, los mayores deterioros de la paz se registraron en Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo y Baja California.
25. Tamaulipas ha registrado la mayor mejora general en los últimos nueve años, seguido de Sinaloa, Coahuila, Durango y Guerrero.
26. El impacto económico de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos (USD 245 mil millones) en 2023, lo que equivale al 19.8 por ciento del PIB nacional.
27. El impacto económico de la violencia mejoró por cuarto año consecutivo en 2023, disminuyendo 1 por ciento, o 49 mil millones de pesos, con respecto al año anterior.
28. El impacto económico de la violencia fue casi seis veces mayor que las inversiones públicas realizadas en salud y más de cinco veces superior a las realizadas en educación en 2023.
29. El gasto de México en seguridad pública y el sistema judicial en 2023 fue igual al 0.65 por ciento del PIB, menos de la mitad del promedio tanto para América Latina como para otros miembros de la OCDE.
30. El gasto en seguridad pública disminuyó en un 41.9 por ciento entre 2015 y 2023, mientras que el gasto en el sistema judicial se redujo en un 9.1 por ciento.
31. En 2023, los homicidios constituyeron el 42.5 por ciento del impacto económico de la violencia. Esto fue equivalente a 2.1 billones de pesos (USD 104 mil millones).
32. Una reducción del 5 por ciento en el impacto económico de la violencia equivale al gasto del gobierno federal en transporte en 2023.
33. Los costos de protección alcanzaron su punto máximo en 2019 y cayeron por debajo de los niveles de 2015 en 2023.
34. El impacto económico de la violencia fue de 37,430 pesos por persona en 2023, más del doble del salario mensual promedio en México.
35. Hubo cuatro estados donde el costo económico de la violencia fue sustancialmente superior que en todos los demás. En Morelos, Colima, Guerrero y Zacatecas, el costo representó aproximadamente la mitad del PIB de cada estado.
36. El impacto económico per cápita varió significativamente de estado a estado; desde 12,407 pesos en Yucatán hasta 112,660 pesos en Colima.
37. En 2023, el impacto económico de los delitos con violencia registró el mayor incremento de todos los indicadores del modelo. El gasto gubernamental en el área militar registró el mayor descenso.
38. Desde 2015, 21 estados han registrado deterioros en su impacto económico y cada uno de ellos ha tenido, en promedio, un deterioro del 52.4 por ciento. En contraste, 11 estados han registrado mejoras, con un promedio del 25.1 por ciento en cada uno de ellos.”1
De lo anterior, podemos concluir que, en 2023, el impacto económico estimado de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos en términos constantes de 2023 (USD 245 mil millones). Esto equivale al 15.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México (31.9 billones de pesos).2
En 2023, los homicidios constituyeron el 42.5 por ciento del impacto económico de la violencia. Esto fue equivalente a 2.1 billones de pesos. Que una reducción en la tasa de homicidios disminuye el impacto económico de la violencia en la población en general.
Una reducción del 5 por ciento en el impacto económico de la violencia equivale al gasto del gobierno federal en transporte en 2023.
El impacto económico de la violencia fue de 37,430 pesos por persona en 2023, más del doble del salario mensual promedio en México.
Los incidentes violentos ocasionan costos en forma de daños a la propiedad, lesiones físicas y trauma psicológico.
El miedo a la violencia también altera el comportamiento económico, principalmente al cambiar los patrones de inversión y de consumo, lo que desvía recursos públicos y privados de las actividades productivas hacia medidas de protección.
La violencia y el miedo a la violencia generan pérdidas significativas en forma de déficit de productividad, pérdida de ingresos y gastos irregulares.
Por lo tanto, resulta indispensable mantener y fomentar la paz en el país, y en especial, en aquellas entidades en las que aún se preserva.
Si tomamos como ejemplo al Estado de Yucatán, que lidera las mediciones de seguridad, paz y gobernabilidad en las últimas décadas, podremos darnos cuenta que la calidad de vida, el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el desarrollo económico en general, son resultado inmediato de la paz existente en la entidad.
Situación que ha sido emulada por distintos estados con resultados variados, pero que todos ellos tienen algo en común, tanto los gobiernos de las entidades y los ciudadanos desean Paz y estabilidad económica.
Pero, la única forma de alcanzarla es mediante la asignación de recursos suficientes combinados con un alto desempeño de los gobiernos estatales junto a prácticas objetivas que les permita mantener buenas relaciones con las administraciones federales y municipales.
Así lo menciona el Índice de Paz, que al respecto señala:
“Los estados más polarizados, donde existen marcadas divisiones entre ideologías políticas rivales, tienden a tener instituciones más débiles y una menor cohesión social.
En cambio, las sociedades que pueden mantener un mayor grado de cohesión social y política están mejor equipadas para contener la violencia y fomentar la paz. Este ha sido en gran medida el caso de Yucatán, que consistentemente se ubica como el estado más pacífico del país. Las investigaciones han atribuido el éxito del estado a la capacidad de sus instituciones políticas y de seguridad para mantener relaciones intergubernamentales de cooperación durante las últimas décadas, incluso cuando los partidos en el poder a nivel estatal y federal diferían. La continuidad resultante en el liderazgo de sus fuerzas de seguridad ha contribuido a la permanencia y la cohesión dentro y entre las agencias”3
No obstante, lo anterior, no es un secreto que el desempeño efectivo de las administraciones en las entidades se ven directamente impulsadas por los incentivos fiscales, por ejemplo, las entidades que más se preocupan por recaudar, también son aquellas a las que se les asigna más recursos.
Por ello, a través de esta propuesta también se busca incentivar a las entidades federativas, a destinar tiempo, recursos y personal que les permita desarrollar e implementar mejores prácticas acompañadas de un desempeño eficiente que redunde en el objetivo de obtener paz para sus demarcaciones, logrando como resultado que se le pueda asignar mayores recursos provenientes de la recaudación participable de la Federación.
Esta mecánica no es un invento nuevo, existen varios países que otorgan dinero a sus estados o regiones para incentivar la paz y la estabilidad social, de acuerdo a la información recopilada en el portal web del Fondo Monetario Internacional.
A continuación, se mencionan algunos ejemplos:
1. Colombia: El gobierno colombiano creó el “Fondo de Desarrollo Regional” para financiar proyectos de desarrollo en regiones afectadas por el conflicto armado. El fondo busca promover la paz y la estabilidad en estas áreas.
2. Filipinas: El gobierno filipino estableció el “Fondo de Desarrollo para la Paz y la Estabilidad” para financiar proyectos de desarrollo en regiones afectadas por conflictos. El fondo busca promover la paz y la estabilidad en estas áreas.
3. Sri Lanka: El gobierno srilanqués creó el “Fondo de Reconstrucción y Desarrollo” para financiar proyectos de reconstrucción y desarrollo en regiones afectadas por el conflicto civil.
El fondo busca promover la paz y la estabilidad en estas áreas.
4. España: El gobierno español estableció el “Fondo de Desarrollo Regional” para financiar proyectos de desarrollo en regiones con necesidades específicas, incluyendo la promoción de la paz y la estabilidad social.
4. Canadá: El gobierno canadiense creó el “Fondo de Desarrollo Social” para financiar proyectos de desarrollo social en comunidades con necesidades específicas, incluyendo la promoción de la paz y la estabilidad social.
Por tales motivos, resulta indispensable tomar en cuenta los esfuerzos que las entidades vienen realizando para mantener los niveles de paz y seguridad, puesto que tales esfuerzos no solo redundan en la estabilidad de los estados, sino que también tienen grandes repercusiones en sus economías y en la del país.
Visto de ese modo, esta es una forma certera de incentivar y fomentar los esfuerzos de las entidades federativas en la gestión pública a través de recursos necesarios para preservar el estado de paz y seguridad que hayan logrado.
Paz, que resulta necesaria proteger y preservar, antes que todos esos esfuerzos sean insuficientes y no exista después, ninguna entidad en paz que inspire y sirva de modelo y ejemplo a las demás entidades que aspiran a tales condiciones de vida para sus ciudadanos, tan solo por falta de recursos asignables.
En ese tema, parafraseando a un especialista en consultoría e investigación económica para la toma de decisiones,4 el cual, primero mencionaba que existe un debate muy importante respecto a la efectividad de la política pública para mejorar el bienestar de la población y su vinculación con la calidad del gasto público.
Y este se relaciona a cómo asegurar que los recursos en manos del Estado sean usados de forma eficaz y eficiente por los funcionarios públicos a cargo y que en última instancia están orientados a objetivos concretos y poblaciones beneficiarias bien definidas.
Ésta es, desde mi punto de vista, una de las cuestiones más importantes en el ámbito público, asegurar que los recursos del Estado se gasten de forma eficaz y eficiente en beneficiarios bien definidos.
Asimismo, este especialista señalaba que “Estos son algunos de los temas que aborda Nora Lustig y sus colegas en un artículo del año 2021 elaborado para la Universidad de Oxford y el Fondo Monetario Internacional.”5
Señala que “Los autores parten de reconocer que el gasto público es un instrumento crucial para generar un crecimiento económico inclusivo, desarrollo económico y bienestar social, sobre todo cuando este está orientado hacia la construcción de capital humano (educación y salud). Sin embargo, también reconocen las múltiples fallas que ha tenido y tiene este instrumento, en particular, en países en vías de desarrollo. Entre las más importantes destacan los problemas de cobertura de las redes de protección social y acceso a servicios públicos, la existencia de gasto improductivo, así como programas de lucha contra la pobreza inadecuadamente focalizados.”6
Pero todavía más importante que lo anterior, este especialista plantea una interrogante aún más relevante, ¿es posible mejorar la calidad del gasto público?, y yo les pregunto, ¿es posible mejorar la calidad del gasto público en México y en Yucatán?
La respuesta seguro que es sí. Sí podemos mejorar el gasto público, pero ¿cómo?, he ahí la cuestión, ¿cómo mejoramos el gasto público en beneficio de nuestros ciudadanos?
Al respecto, el especialista señala que: “No hay una respuesta contundente, pero una de las líneas de acción que se popularizó hace aproximadamente 25 años en Inglaterra fue introducir esquemas de incentivos vinculados a indicadores de desempeño.
Es decir, que un gobierno central (usualmente encargado de la estrategia de gasto) premie a un gobierno subnacional (usualmente encargado de la ejecución y gestión) sujeto a ciertas metas de calidad.7
Y, “La evaluación sobre este esquema que hicieron Ben Lockwood y Franceso Porcelli de la Universidad de Warwick mostró que efectivamente este tipo de iniciativas tenía la virtud de incrementar la calidad del gasto, pero no necesariamente la eficiencia.”
“Por ello, los investigadores recomendaban para futuras experiencias complementar metas de cobertura y calidad con aquellas más vinculadas a la eficiencia mirando no solo el resultado alcanzado sino también la forma en que se llega al mismo.”8
Ahora bien, no pasa desapercibido que, en México, la Ley de Coordinación Fiscal contempla en su artículo 25, los Fondos de Aportación Federales, considerados recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece.
De este modo, las aportaciones que hoy se reparten a las entidades federativas premian el desarrollo económico en términos del Producto Interno Bruto, cuya fórmula de repartición generalmente va vinculada con el número de habitantes, pero no siempre es así.
La fórmula general de a mayor número de habitantes mayor probabilidad de generar un PIB más alto no es necesariamente la única forma en la que se asignan las aportaciones, sino que existen fondos en los que se utilizan números de hospitales, cobertura médica, número de escuelas, números de maestros, cobertura de educación, etc.
Sin embargo, en dichos Fondos no se ha considerado el factor de paz y gobernabilidad, y por lo tanto este factor no ha sido tomado en cuenta al momento de la distribución de recursos, siendo que, existen varios estados que generan paz y estabilidad social, como un activo muy importante en la atracción de inversiones, desarrollo y crecimiento económico.
Como ejemplo, podemos mencionar nuevamente a Yucatán, pero también existen otros estados como Tlaxcala y Durango, cuyas prácticas de gestión pública para lograr estabilidad social, se han visto recompensados con crecimiento e inversiones.
Siendo que, al tomar lo anterior como punto de partida, se propone crear un Fondo participable para los estados de la república, que incluya el índice de paz en la distribución de los recursos con base lo siguiente:
1. Incentivo a la Paz: Los estados más seguros recibirán más recursos, fomentando la adopción de mejores estrategias de seguridad.
2. Equidad en la Distribución: Se garantiza que todas las entidades reciban apoyo, pero con un incentivo adicional para las que han logrado mejores condiciones de seguridad.
3. Uso Estratégico de Recursos: Se destinan fondos para la prevención del delito y la cohesión social, contribuyendo a la estabilidad de México.
4. Criterios Objetivos: Se utiliza el Índice de Paz de México como referencia para una distribución justa y medible de los recursos.
De tal modo, que este proyecto premie a los estados que garanticen la seguridad y la paz, asegurando al mismo tiempo que todas las entidades federativas reciban recursos para fortalecer la cohesión social.
Siendo concretos, se propone la creación del Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social (FCPCS), equivalente, en términos de referencia, al 2.5 por ciento del Fondo de Recaudación Federal Participable (RFP), el cual será distribuido entre las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, dando mayores recursos a los estados que presentan mejores niveles de paz, de acuerdo con el Índice de Paz México.
Los recursos del Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social (FCPCS) deberán ser utilizados exclusivamente en acciones para la prevención del delito, fortalecimiento de la seguridad pública y programas de cohesión social en cada entidad federativa.
Dado que el Índice de Paz de México (IPM) asigna valores más bajos a los estados más seguros, la fórmula debe invertir la relación para que los estados con menor IPM (más seguros) reciban una mayor proporción del fondo.
La fórmula propuesta asigna más recursos a los estados con menores valores en el Índice de Paz. Para esto, utilizaremos la inversa del Índice de Paz en México como criterio de ponderación.
Sin embargo, el Índice de Paz en México, como se ha mencionado antes, ha sido tradicionalmente construido por una Organización No Gubernamental, por lo que resulta necesario dotar de facultades al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría o Institución que considere más adecuada, construya un índice de paz propio del estado de mexicano y pueda ser usado para la implementación de la fórmula propuesta.
De esta forma, estados como Tamaulipas, Coahuila, Tlaxcala, Chiapas, Durango, Nayarit, Tabasco, Aguascalientes y Yucatán, entre otros, que han mejorada recientemente en sus índices de Paz, podrán contar con recursos suficientes para mantener, preservar y mejorar los índices de Paz con los que actualmente cuentan, al mismo tiempo que les impone a las demás entidades la obligación de incrementar esfuerzos en su desempeño con la finalidad de que puedan acceder en mayor medida a los recursos participables con motivo del Fondo que se propone sea creado con la presente iniciativa, en caso de mostrar buenas prácticas que resulten en mejoras en sus índices de Paz.”
Por último, señalamos que el Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto equivalente, en términos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable.
Los montos del fondo a que se refiere este artículo se entregarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Estados de manera ágil y directa.
Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta:
Ley de Coordinación Fiscal
En tal virtud, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Por el que se reforma el artículo 25 y se adiciona el artículo 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la creación del fondo para preservar la paz en México
Único. Se reforma la fracción VIII, y se adiciona la fracción IX, ambas del artículo 25; y se adiciona un artículo 47 bis, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 25.- ...
I a VI. ...
VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, y
IX.- Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social.
...
...
...
...
Artículo 47 Bis. - El Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto equivalente, en términos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable.
Los montos del fondo a que se refiere este artículo se entregarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Estados de manera ágil y directa. La distribución del fondo para cada estado i (F?) se realizará de acuerdo con la fórmula siguiente:
1. Parte fija (20 por ciento)
I. Se distribuye de forma equitativa entre los 32 estados.
II. Cada estado recibe: 1/32 parte del 20 por ciento del Fondo (F).
2. Parte variable (80 por ciento)
I. Se asigna en función de 1/IPM, de manera que los estados con IPM más bajo (más seguros) reciban una mayor proporción del fondo.
II. La fracción asignada a cada estado es:
Si un estado tiene un IPM de 1.5 y otro de 4.0, el primero recibirá más recursos porque 1/1.5 es mayor que 1/4.0.
Definiciones:
F= Total del fondo de consolidación (2.5 por ciento del Recaudación Federal Participable).
E = Número total de entidades (32, incluyendo CDMX).
IPM? = Índice de Paz de México del Estado i (un valor más bajo significa más seguro).
Ó(1/IPM) = Suma total de las inversas de los IPM de todas las entidades.
Los recursos del Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social (FCPCS) deberán ser utilizados exclusivamente en acciones para la prevención del delito, fortalecimiento de la seguridad pública y programas de cohesión social en cada entidad federativa, entre los que podrán estar de forma enunciativa más no limitativa las siguientes:
I. Atención a la salud mental en las escuelas;
II. Modernización de los parques para adicionar o reparar espacios deportivos, entendiéndose éstos como aquellos espacios en los parques que cuenten con espacios específicos para las actividades deportivas distintas a los jardines, como pistas, campos, canchas, cuadriláteros, zonas de rampas, etc.;
III. Desarrollo de actividades deportivas;
IV. Desarrollo actividades culturales;
V. Premios e incentivos a la participación destacada en actividades deportivas y culturales;
VI. Crear y consolidar centros de investigación en las universidades públicas y privadas;
VII. Crear y consolidar centros de incubación en las universidades públicas y privadas, y
VIII. Adquisición y operación de sistemas de video vigilancia y prestaciones destinadas a los elementos de las instituciones de seguridad pública.
Transitorio
Único . - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Instituto para la Economía y la Paz, Índice de Paz México 2024, disponible en
https://static1.squarespace.com/static/5eaa390ddf0dcb548e9dd5da/t/66f4e7475d78640d228b11fa/1727326056124/
MPI-ESP-2024-web.pdf
2 INEGI, Producto Interno Bruto por entidad federativa, disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/PIBEF/PIBEF2023.pdf
3 Ibídem.
4 Álvaro Monge Zegarra, en su artículo “Incentivos a la gestión pública”, disponible en
https://www.linkedin.com/pulse/incentivos-la-gesti%C3%B3n-p%C3%BAblica-macroconsult-cmlue/
5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
Comisión Permanente, a 25 de junio de 2025.
Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público . Junio 25 de 2025.)
Que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud sobre el Sistema de Salud para el Bienestar y sectorizar al IMSS-Bienestar en la Secretaría de Salud, recibida del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de junio de 2025
Los que suscriben, Éctor Jaime Ramírez Barba, y diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, para fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud sobre el Sistema de Salud para el Bienestar y sectorizar al IMSS-Bienestar en la Secretaría de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años, el sistema público de salud de nuestro país ha tenido una serie de modificaciones estructurales, en lo que se refiere a su diseño institucional, su marco normativo, su modelo de atención médica, e incluso, en su financiamiento y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno.
En ese sentido, es conveniente hacer una recapitulación del marco jurídico, las reformas a la legislación y los decretos que han sucedido en los últimos años, para analizar la transición entre el Seguro Popular, el Insabi y ahora el IMSS-Bienestar, así como sus desafíos y los ajustes que deben realizarse al marco normativo para la prestación de los servicios de salud para la población sin seguridad social.
El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece lo siguiente: “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
En ese sentido, el artículo 3o., fracciones II y II bis, de la Ley General de Salud (LGS) prevé que es materia de salubridad general la atención médica y la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social.
El artículo 77 Bis 1 de la LGS señala que todas las personas que se encuentren en el país y que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, sin discriminación alguna y sin importar su condición social.
Y el artículo 77 Bis 2 de la LGS precisa que la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias y entidades que conforman el Sistema de Salud para el Bienestar, planeará, organizará y orientará las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, cuando así lo haya pactado con las entidades federativas.
Para lo anterior, el artículo 77 Bis 3 de la LGS indica que el Sistema de Salud para el Bienestar se compone por la Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar, así como las instituciones y organismos que participan en el mismo y, en su caso, de manera concurrente por las entidades federativas.
Asimismo, el artículo 77 Bis 5 de la LGS determina la competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas que no cuentan con seguridad social, por lo que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, establecer y conducir la política nacional en materia de salud para el bienestar, bajo los principios de universalidad, progresividad y calidad en la cobertura para garantizar dicho derecho.
Para lo anterior, mediante un decreto publicado Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de agosto de 2022, se creó el organismo descentralizado IMSS- Bienestar, el cual tiene por objeto brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social, atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados, bajo criterios de universalidad e igualdad, en aquellas entidades federativas con las que celebre convenios de coordinación para la transferencia de dichos servicios. Para tal efecto, se especifica que el IMSS-Bienestar es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica, operativa y de gestión.
De manera posterior, el 29 de mayo de 2023, se publicó en el DOF el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular el Sistema de Salud para el Bienestar, en el que se incorpora la participación y forma de distribución de competencias entre la Secretaría de Salud, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) y las entidades federativas.
Adicionalmente, el 3 de enero de 2024, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud, para consolidar la federalización del sistema de salud para el bienestar, en el cual se establece el mecanismo mediante el cual se asignarán al IMSS-Bienestar, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, en cada ejercicio fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de las entidades federativas que hayan suscrito convenio, es decir, que dichos recursos ya no los administrarán los estados, sino que pasarán directamente al IMSS-Bienestar.
De esta forma, el IMSS-Bienestar es la institución que actualmente se encarga de la prestación de servicios de salud para la población sin seguridad social, en los estados que se han adherido a la federación. En ese sentido, dicha institución debe brindar atención médica a 53.2 millones de personas, lo cual representa 80 por ciento de la población sin seguridad social.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2025, los objetivos de esta institución para este año son los siguientes:
• Garantizar servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social y, el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y suministro de medicamentos.
• Fortalecer las unidades médicas de atención a la salud, con recursos humanos, materiales, suministros y medicamentos.
• Continuar con el proceso de basificación del personal en situación de contrataciones precarias para dotar de certeza y mejorando las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
• Incrementar el número de consultorios, clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar a efecto de ampliar la cobertura y la atención de la población sin seguridad social.
• Impulsar la construcción de consultorios en municipios sin centros de salud, con alta y muy alta marginación.
• Ejecutar acciones de conservación y mantenimiento a la infraestructura hospitalaria para fortalecer la capacidad instalada
En cuanto a su estructura administrativa, de acuerdo con su Estatuto Orgánico, la dirección y administración de IMSS-Bienestar están a cargo de la Junta de Gobierno y de la persona titular de la Dirección General. La Junta de Gobierno es la autoridad encargada de aprobar las normas, programas, estructuras y funciones, además de evaluar las actividades del Director General y de las unidades de IMSS-Bienestar.
La Junta está integrada por el titular del IMSS, quien la preside y tiene voto decisivo en caso de empate; el secretario de Salud; el secretario de Hacienda y Crédito Público; el secretario del Trabajo y Previsión Social; el secretario del Bienestar; cuatro representantes de los órganos normativos del IMSS designados por el director general; y un representante del sindicato mayoritario. También participan como invitados permanentes la persona comisaria pública designada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y el director general de IMSS-Bienestar, quienes asisten con derecho a voz, pero sin voto. Y cuando la Junta lo considere necesario, puede invitar a otras personas, instituciones o dependencias para aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos que se traten, los cuales también asistirán con voz, pero sin voto.
En ese sentido, se advierte que actualmente la Junta de Gobierno del IMSS-Bienestar la preside el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso Zoé Robledo, lo que resulta contradictorio con nuestro sistema normativo y con la rectoría del sistema de salud, ya que esta función debe recaer en la Secretaría de Salud.
De acuerdo con la Ley General de Salud, en su artículo 7, la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:
I. Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal
II. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
III. E incluso, la Secretaría de Salud tiene a su cargo, expresamente colaborar con el IMSS-Bienestar, en lo que respecta a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social.
Y de acuerdo con el artículo 9 de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud es la encargada de coordinar la concordancia de los programas federales en la materia con el de las entidades federativas.
En cambio, de acuerdo con su Reglamento Interno y la Ley del Seguro Social, el IMSS tiene por objeto organizar y administrar el Seguro Social, que es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión.
En ese sentido, el artículo 251 de la Ley del Seguro Social, le da al IMSS la facultad de administrar los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia, adicionales y otros. Es decir, funciones en materia de seguridad social, no solamente de prestación de servicios de salud.
En balance, la creación del IMSS-Bienestar se hizo de manera improvisada, sin el análisis necesario; está claro que no tiene reglas de operación claras, ni personal directivo capacitado para centralizar tal cantidad de recursos y ejercerlos en beneficio de la salud de la población sin seguridad social.
Es evidente, que la dependencia del IMSS-Bienestar al IMSS ordinario, ha restado importancia a la prestación de servicios de salud para la población sin seguridad social. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en el presupuesto del sector salud de 2025, la población con IMSS Bienestar será el grupo más afectado, la cual vería una caída en el gasto por persona de $1,400, lo que contrasta con los aumentos para los derechohabientes del IMSS.
En el presupuesto de 2025, a pesar del aumento de 31.2 mil mdp en el IMSS Bienestar, no es suficiente para compensar los recortes en otros programas que se suman a los recursos destinados a la población sin seguridad social. El recorte en las aportaciones para los servicios de salud que se destinan a los estados y municipios sería de 60 mil millones y la Secretaría de Salud perdió 34 mil millones para atender a la población sin derechohabiencia. En cambio, para el IMSS ordinario hubo un incremento de 16 mil millones.
Además, los profesionales de la salud en todo el país son tratados con injusticia en el marco de la consolidación del IMSS-Bienestar. Los están despidiendo, o contratando como personal nuevo, con salarios más bajos y sin reconocimiento de su antigüedad. Y les está negando estabilidad laboral, exigiéndoles cambios de sede a otros estados o comunidades.
Es evidente que el IMSS-Bienestar no contribuye a crear un sistema público de salud unificado. Por el contrario, genera mayor fragmentación y complejidad en la operación del sistema de salud para la población sin seguridad social, lo que se reflejará en la calidad de atención que reciben los pacientes.
Gran parte de los errores de planeación y consolidación del IMSS-Bienestar, tanto en su parte normativa, como en procesos administrativos, e incluso en la coordinación con las entidades federativas, se debe a que no hay una función de rectoría sobre la institución. Ya que el IMSS ordinario, por sus propias características, es más una institución de seguridad social, que un sistema que pueda coadyuvar en la prestación de servicios de salud para la población sin seguridad social. La Secretaría de Salud, en cambio, es la legalmente facultada para conducir la política nacional en materia de salud.
Ya en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 28 de noviembre de 2024, se publicó en el DOF el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estableciéndose en el artículo 39, fracciones I, VI, VII y VIII, que corresponde a la Secretaría de Salud:
• Elaborar y conducir la política nacional en materia de salud pública, asistencia social, prevención, atención a la salud y salubridad general y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal.
• Planear, organizar, controlar y coordinar el Sistema de Salud para el Bienestar y en coordinación con las dependencias y entidades que lo conforman, llevar a cabo las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas que no cuenten con afiliación a las instituciones de seguridad social
Con ese mismo diagnóstico, es de destacar que el día 3 de abril del 2025, se publicó en Conamer un anteproyecto para modificar el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2022, a fin de que la Secretaría de Salud sea quien presida la Junta de Gobierno de IMSS-Bienestar. No obstante, dicho proyecto no se ha materializado en un decreto.
En ese sentido, estamos de acuerdo con esta modificación, e incluso, consideramos que es necesario modificar la reforma la Ley General de Salud que dio forma al IMSS-Bienestar, con la finalidad de que la Secretaría de Salud sea quien presida su Junta de Gobierno. Con ello, el IMSS-Bienestar debe quedar formalmente sectorizado a la Secretaría de Salud, como un organismo descentralizado. Y adicionalmente, es necesario que desde la ley se defina quienes serán los integrantes de la Junta de Gobierno de la institución.
Esto es fundamental para la prestación de servicios de salud para la población sin seguridad social, ya que la Junta de Gobierno tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
• Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el IMSS-Bienestar, así como emitir el programa institucional correspondiente, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud.
• Analizar y expedir el Estatuto Orgánico en el que se establezcan las bases de organización, facultades y funciones de las distintas áreas que conforman el IMSS-Bienestar.
• Discutir y aprobar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del IMSS-Bienestar que someta a su consideración la persona titular de la Dirección General del IMSS-Bienestar.
• Decidir sobre las inversiones de los recursos del IMSS-Bienestar
• Aprobar sus reglamentos, así como los lineamientos de operación de las acciones que desarrolle el IMSS-Bienestar.
• Aprobar la estructura orgánica básica del IMSS-Bienestar y las modificaciones que procedan.
• Aprobar las estrategias para la formación, capacitación y educación permanente del personal del IMSS-Bienestar;
• Aprobar las condiciones generales de trabajo del personal de base del IMSS- Bienestar.
• Aprobar anualmente, previo informe de la persona comisaria pública, los estados financieros debidamente dictaminados por la persona auditora externa.
En ese sentido, la presente iniciativa tiene los siguientes objetivos:
1. Establecer que Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud.
2. Detallar que la Junta de Gobierno del IMSS-Bienestar se integrará por la persona titular de la Secretaría de Salud, quien la presidirá y tendrá voto de calidad, y las personas titulares de:
I. El Instituto Mexicano del Seguro Social.
II. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
III. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
IV. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
V. La Secretaría de Bienestar.
VI. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;
VII. Un representante del sindicato mayoritario al que estén afiliados los trabajadores.
VIII. Además, se incluirá en este órgano de gobierno a los titulares de las subsecretarías de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, y de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud.
1. Se detalla que las personas integrantes de la Junta de Gobierno, que pertenezcan a la Administración Pública Federal, podrán designar a sus respectivos suplentes con un nivel jerárquico mínimo de director general o su equivalente. Y cuando la Junta de Gobierno lo estime pertinente, podrá invitar a participar en sus sesiones, con derecho a voz, pero sin voto, a representantes de las entidades federativas, otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, a los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía o a cualquiera otra institución pública o privada.
2. La Junta de Gobierno tendrá una Secretaría Técnica, cuya persona titular será nombrada o removida por dicho órgano colegiado a propuesta de quien la presida y deberá ser ajena al organismo, pudiendo ser integrante o no de aquella.
3. Los integrantes de la Junta de Gobierno, así el titular de la Secretaría Técnica, ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación alguna por su participación.
4. La Junta de Gobierno ejercerá las atribuciones establecidas en las disposiciones legales aplicables y, adicionalmente, a establecer las políticas generales del IMSS- Bienestar en concordancia con las políticas sectoriales emitidas por la Secretaría de Salud; aprobar el Programa Institucional del IMSS-Bienestar, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud; establecer los mecanismos de coordinación intersectorial con las demás instituciones del Sistema Nacional de Salud; aprobar los protocolos de atención médica en concordancia con las normas oficiales mexicanas y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud; y evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas institucionales; así como, las demás que se especifiquen en su reglamento interno y en las disposiciones legales aplicables.
5. El organismo Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) se sujetará obligatoriamente a las disposiciones de las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de salud; los protocolos, guías y lineamientos de atención que emita la Secretaría de Salud; las políticas sectoriales en materia de salud establecidas por la Secretaría de Salud; los criterios de calidad y estándares de atención definidos por el Sistema Nacional de Salud; y los mecanismos de evaluación y supervisión que establezca la dependencia coordinadora de sector.
Se establecen mecanismos concretos de coordinación intersectorial que atienden las deficiencias operativas que origina la fragmentación de nuestro sistema de salud. Los protocolos de colaboración y el Comité Técnico Intersectorial responden a las recomendaciones internacionales sobre integración de sistemas de salud.
6. Finalmente, en las disposiciones transitorias se establece un cronograma realista de 18 meses considerando las mejores prácticas internacionales en reformas institucionales.
La propuesta incluye garantías explícitas de estabilidad laboral y continuidad de servicios, atendiendo las preocupaciones sobre el impacto en los más de 270,000 trabajadores del sistema; estas disposiciones reflejan las mejores prácticas en reformas administrativas que preservan los derechos adquiridos.
Se incorporan mecanismos de supervisión parlamentaria mediante informes semestrales al Congreso, fortaleciendo la rendición de cuentas y transparencia en el proceso de implementación. El Comité Técnico de Transición proporciona una instancia específica para resolver conflictos intersectoriales.
La propuesta de sectorización del IMSS-Bienestar bajo la rectoría de la Secretaría de Salud se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y armoniza completamente con el artículo 7 de la Ley General de Salud, que establece la coordinación del Sistema Nacional de Salud a cargo de la Secretaría de Salud; además tiene por objeto fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud sobre el Sistema de Salud para el Bienestar, para garantizar la coherencia de las políticas públicas en materia de salud y optimizar la coordinación intersectorial.
Se anexa cuadro comparativo:
Por anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud sobre el Sistema de Salud para el Bienestar y sectorizar al IMSS- Bienestar en la Secretaría de Salud
Artículo Único. Se reforman los artículos 77 bis 35 y se adicionan los artículos 77 bis 35 A, 77 bis 35 B, 77 bis 35 C y 77 bis 35 D de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 77 bis 35.- Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud con personalidad jurídica y patrimonio propios , encargado de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para la atención integral de las personas que no cuenten con afiliación a las instituciones de seguridad social, en el supuesto de concurrencia con las entidades federativas, con independencia de los servicios de salud que prestan otras instituciones públicas o privadas.
Artículo 77 bis 35 A.- La Junta de Gobierno del IMSS-Bienestar se integrará por la persona titular de la Secretaría de Salud, quien la presidirá y tendrá voto de calidad, y las personas titulares de:
I. El Instituto Mexicano del Seguro Social;
II. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
III. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
IV. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
V. La Secretaría de Bienestar;
VI. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;
VII. Un representante del sindicato mayoritario al que estén afiliados los trabajadores del IMSS-Bienestar, y
VIII. Los titulares de las Subsecretarías de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, y de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud.
Las personas integrantes de la Junta de Gobierno que pertenezcan a la Administración Pública Federal podrán designar a sus respectivos suplentes con un nivel jerárquico mínimo de director general o su equivalente.
Cuando la junta de gobierno lo estime pertinente, podrá invitar a participar en sus sesiones, con derecho a voz, pero sin voto, a representantes de las entidades federativas, otras dependencias y entidades de la administración pública federal, los Poderes Legislativo y Judicial, a los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía o a cualquier otra institución pública o privada.
La Junta de Gobierno tendrá una Secretaría Técnica, cuya persona titular será nombrada o removida por dicho órgano colegiado a propuesta de quien la presida y deberá ser ajena al organismo, pudiendo ser integrante o no de aquella.
Los integrantes de la Junta de Gobierno, así como el titular de la Secretaría Técnica, ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación alguna por su participación.
Artículo 77 bis 35 B.- La Junta de Gobierno ejercerá las atribuciones establecidas en las disposiciones legales aplicables y, adicionalmente, las siguientes:
I. Establecer las políticas generales del IMSS-Bienestar en concordancia con las políticas sectoriales emitidas por la Secretaría de Salud;
II. Aprobar el Programa Institucional del IMSS-Bienestar, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud;
III. Establecer los mecanismos de coordinación intersectorial con las demás instituciones del Sistema Nacional de Salud;
IV. Aprobar los protocolos de atención médica en concordancia con las normas oficiales mexicanas y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud;
V. Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, y
VI. Las demás que se especifiquen en su reglamento interno y en las disposiciones legales aplicables.
Artículo 77 bis 35 C.- El organismo Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) se sujetará obligatoriamente a:
I. Las disposiciones de las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de salud;
II. Los protocolos, guías y lineamientos de atención que emita la Secretaría de Salud;
III. Las políticas sectoriales en materia de salud establecidas por la Secretaría de Salud;
IV. Los criterios de calidad y estándares de atención definidos por el Sistema Nacional de Salud, y
V. Los mecanismos de evaluación y supervisión que establezca la dependencia coordinadora de sector.
Artículo 77 bis 35 D.- Para efectos de coordinación sectorial, se establecen los siguientes mecanismos:
I. Sesiones ordinarias de coordinación entre la Secretaría de Salud y el IMSS- Bienestar, al menos cada tres meses;
II. Comité Técnico Intersectorial, integrado por representantes de ambas instituciones, para la resolución de conflictos operativos;
III. Sistema de información compartido para el intercambio de datos epidemiológicos y de gestión, y
IV. Protocolos de colaboración para la atención de emergencias sanitarias;
V. Mecanismos de evaluación conjunta del desempeño institucional.
Transitorios
Primero. El presente decreto entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el IMSS-Bienestar, elaborará en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, un Plan Integral de Implementación de la Sectorización que incluya:
I. Cronograma detallado de actividades;
II. Análisis de impacto en recursos humanos, materiales y financieros;
III. Mecanismos de garantía de continuidad de servicios;
IV. Protocolos de coordinación intersectorial; y
V. Indicadores de seguimiento y evaluación.
Tercero.- La implementación efectiva de la sectorización se realizará de manera gradual en un plazo de 12 meses posteriores a la aprobación del Plan Integral mencionado en la disposición anterior, conforme a las siguientes etapas:
I. Primera etapa: instalación de la nueva Junta de Gobierno y adecuación de estructuras de coordinación;
II. Segunda etapa: implementación de mecanismos de coordinación sectorial y armonización de políticas; y
III. Tercera etapa: consolidación del modelo de sectorización y evaluación integral.
Cuarto.- Se garantiza la estabilidad laboral de todo el personal del IMSS-Bienestar durante el proceso de sectorización. Los derechos laborales adquiridos, las condiciones de trabajo y los beneficios del personal se mantendrán íntegramente. Cualquier modificación a las condiciones laborales deberá ser consensuada con las organizaciones sindicales correspondientes.
Quinto.- Se crea un Comité Técnico de Transición, presidido por la Secretaría de Salud e integrado por representantes del IMSS, IMSS-Bienestar, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tendrá por objeto supervisar la implementación del presente Decreto y resolver los conflictos que pudieran surgir durante la transición.
Sexto.- El IMSS-Bienestar deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias a su normatividad interna en un plazo de 18 meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de ajustarla a las disposiciones aquí establecidas.
Séptimo.- La Secretaría de Salud remitirá al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el avance en la implementación de la sectorización durante los primeros dos años de vigencia del presente decreto.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de junio de 2025.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Salud . Junio 25 de 2025.)
Que adiciona un capítulo XII denominado “De la Protección Previa a la Repatriación”, a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, recibida del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de junio de 2025
El suscrito, diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII denominado “De la Protección Previa a la Repatriación”, con los artículos 66, 67 y 68, a la Ley del Servicio Exterior Mexicano , al tenor de la siguiente :
Exposición de Motivos
En los últimos años, se incrementó en México un fenómeno migratorio, particularmente en la frontera norte de nuestro país, lo que ha generado un número significativo de casos de repatriación de personas mexicanas desde el extranjero, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad.
Los retornos implican grandes retos para las personas migrantes y para las instituciones, la sociedad civil y las comunidades a las que se reintegran.
En este sentido, es necesario considerar que las personas retornan a México en circunstancias y escenarios muy diversos, por lo que se deben generar políticas públicas para atender el fenómeno del retorno de forma general, así como desarrollar herramientas que permitan la atención de casos individuales.1
Según el Anuario de Migración y Remesas México 2023, más de 12 millones de mexicanos residen en EU y aproximadamente el 45 por ciento se encuentra en situación migratoria irregular.2 Esta condición los hace especialmente vulnerables a procesos de detención, deportación o repatriación (muchas veces forzada) y en su mayoría sin el acompañamiento adecuado por parte del Estado mexicano, aunado a las diversas estrategias de deportados que ha tomado el gobierno de Donald Trump en los últimos meses.
Es en este sentido, que el apoyo a la reintegración en el nivel estructural debe conformarse de acuerdo con las necesidades y prioridades identificadas por los gobiernos y otros actores involucrados en los países y comunidades de retorno. Sin embargo, debe establecerse como una necesidad prioritaria el reforzar la provisión de servicios esenciales y el cumplimiento de los derechos en áreas clave como la educación, la salud, la atención psicosocial, el empleo para las personas en retorno.3
La falta de acompañamiento legal, apoyo médico, psicológico y logístico previo al retorno representa una gran omisión por parte de las autoridades mexicanas frente a sus nacionales en el exterior. Limita seriamente sus posibilidades de reintegración efectiva, al no contar con un diagnóstico adecuado de su situación de salud física y mental, ni con asesoría que les permita entender y ejercer sus derechos durante los procesos migratorios.
La Ley del Servicio Exterior Mexicano establece de manera general las funciones consulares en materia de protección a los mexicanos en el exterior.4 Sin embargo, no contiene disposiciones específicas ni protocolos o medidas que deben cumplirse para los consulados en casos de detención migratoria, procesos de deportación o repatriación. Es notable que esta omisión genera vacíos en cómo se atiende a los migrantes y permite que cada quien actué a su manera, lo que impacta negativamente en sus derechos humanos y también hace que la política exterior de nuestro país sea menos efectiva.
La protección consular previa a la repatriación se sustenta en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, tal como se muestra en el artículo 1ro y artículo 89, fracción X de nuestra Carta Magna:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 5
Artículo 89.
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 6
De esta manera, estos dos artículos forman una base constitucional sólida para exigir que la repatriación de personas mexicanas no sea tratada como un trámite administrativo, sino como un proceso humano complejo que exige acompañamiento integral. El artículo 1° lo garantiza desde el plano interno de los derechos humanos, y el artículo 89, en su fracción X desde el plano internacional y diplomático.
Asimismo, la Opinión Consultiva OC-21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refuerza el deber de los Estados de garantizar asistencia consular efectiva, especialmente en el contexto de la migración y la protección internacional de niñas y niños.7
La Corte establece que los Estados tienen el deber de garantizar asistencia consular a las personas migrantes detenidas o sujetas a expulsión, con especial atención a la niñez y a los derechos del debido proceso.
Aunque México no fue parte directa en la consulta, las opiniones consultivas de la Corte IDH tienen valor jurídico interpretativo obligatorio para todos los Estados miembros que han aceptado su jurisdicción (como México) en tanto interpretan los tratados de derechos humanos.
Ante la eventual repatriación de mexicanas y mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, el gobierno de México tiene listos nueve centros de atención como parte de la Estrategia Efectiva de Recepción, México Te Abraza.8
La oresidenta Claudia Sheinbaum informó que los tres componentes de la Estrategia Efectiva de Recepción, México Te Abraza son:
-Asistencia y protección consular; y con el apoyo de las Agencias de Naciones Unidas y organizaciones garantizar los derechos de los connacionales.
-Recepción y apoyo en los seis estados fronterizos, donde se instalan centros de atención; y
-Reintegración para atender las necesidades básicas mediante jornadas de servicios sociales, así como la incorporación al empleo y a programas de bienestar.9
En este contexto, podemos señalar que el gobierno de México ha actuado mediante una estrategia operativa, sin embargo, existen brechas normativas o vacíos en el marco legal actual. Aunque existen fundamentos legales para proteger y asistir a personas mexicanas migrantes y repatriadas, estos fundamentos están dispersos, son generales y no siempre se traducen en una obligación clara, ni específica, sobre todo en la etapa previa al retorno.
Requerimos asegurar que el Estado mexicano no solo reciba a sus connacionales, sino que los acompañe dignamente desde antes de su retorno al territorio mexicano.
Ante este contexto, como diputados federales tenemos la obligación de crear un marco legal acorde a las necesidades de las personas que voluntaria o involuntariamente regresen a su país, México.
Esta reforma que propongo tendrá un impacto positivo al reducir el criterio propio en la atención consular, prevenir abusos en los procesos de deportación, reforzar la percepción de las comunidades mexicanas sobre el apoyo de su gobierno, así com0 mejorar los estándares internacionales de protección consular.
Asimismo, permitirá a los consulados documentar con mayor precisión las violaciones, generar alertas tempranas, brindar asesoría jurídica oportuna y fomentar el reencuentro familiar. Estas acciones repercutirían directamente en la dignidad y seguridad de las personas migrantes.
La protección consular previa a la repatriación es una deuda pendiente del Estado mexicano. Esta iniciativa responde a esa necesidad con un enfoque normativo, operativo y de derechos humanos. Hacer visible esta etapa del proceso migratorio es el primer paso para garantizar que ningún mexicano en el exterior quede sin el respaldo de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se agrega un cuadro comparativo de la propuesta de reforma de la siguiente forma:
Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se adiciona un capítulo XII denominado “De la Protección Previa a la Repatriación”, con los artículos 66, 67 y 68, a la Ley del Servicio Exterior Mexicano
Único. Se adiciona un capítulo XII denominado “De la Protección Previa a la Repatriación”, con los artículos 66, 67 y 68, a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:
Capítulo XIIDe la Protección Previa a la Repatriación
Artículo 66. Las oficinas consulares del Estado mexicano deberán establecer acciones de protección y acompañamiento a personas mexicanas sujetas a repatriación, con el objetivo de garantizar un retorno digno, informado y seguro.
Artículo 67. El personal del Servicio Exterior Mexicano brindará asesoría jurídica gratuita, acceso a la documentación de identidad necesaria y orientación sobre programas de apoyo en territorio nacional. Estas acciones se priorizarán en casos de personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, indígenas y afromexicanos, mujeres, personas con discapacidad o adultos mayores.
Artículo 68. El personal consular deberá realizar las siguientes acciones, en la medida de sus atribuciones y recursos disponibles:
I. Verificar las condiciones de detención y trato de las personas mexicanas;
II. Identificar necesidades médicas, psicológicas o sociales prioritarias;
III. Facilitar el contacto con familiares o representantes legales;
IV. Brindar orientación legal básica y procurar el acceso a representación jurídica;
V. Coordinar con instituciones locales y organizaciones de apoyo para asegurar un retorno digno;
VI. Documentar los casos atendidos y emitir informes periódicos.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Relaciones Exteriores contará con un plazo no mayor a 180 días naturales para emitir los lineamientos operativos para la aplicación del Capítulo XII adicionado.
Notas:
1 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. (2023). Protocolo de atención para la reintegración de personas migrantes retornadas al estado de Puebla. Consultado en: https://cdhpuebla.org.mx/pdf/interiores-COMPLETO.pdf
2 Consejo Nacional de Población (CONAPO), Fundación BBVA México & BBVA Research. (2023). Anuario de migración y remesas México 2023. Consultado en:
https://www.bbvaresearch.com/wpcontent/uploads/2024/03/Anuario_Migracion_y_Remesas_2023.pdf
3 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. (2023). Protocolo de atención para la reintegración de personas migrantes retornadas al estado de Puebla. Consultado en:
https://cdhpuebla.org.mx/pdf/interiores-COMPLETO.pdf
4 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2018). Ley General de Población. Diario Oficial de la Federación. Consultado en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf
5 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
6. Ídem
7. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2014, 19 de agosto). Opinión Consultiva OC-21/14: Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional (Serie A No. 21). Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf
8 Secretaría de Gobernación. (2025, 21 de enero). Comienza estrategia de repatriación, México Te Abraza, con 9 centros de atención. Consultado en:
https://www.gob.mx/segob/prensa/comienza-estrategia-derepatriacion-mexico-te-abraza-con-9-centros-de-atencion:
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9 Ídem
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 25 de junio de 2025.
Diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores . Junio 25 de 2025.)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de regulación genética y células troncales, recibida del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en la sesión de la Comisión Permanente del viernes 20 de junio de 2024
El que subscribe, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de regulación genética y células troncales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro país, en el año 2011, el Estado mexicano, a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos generó un marco de reconocimiento y protección de los mismos; sobre esta base se justifica la gestión institucional pública en favor de la persona y sus derechos; como parte de este conjunto de derechos humanos, se encuentra el derecho a la salud, el cual es elemento fundamental para acceder a un nivel de vida digno y adecuado.
El derecho a la protección de la salud,1 se considera como un derecho humano y fundamental, derivado de la importancia que representa asegurar el correcto desarrollo individual y social de las personas, por tanto, su acceso debe ser sin discriminación de ningún tipo. Nuestra Constitución señala que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de los ámbitos de gobierno.
A su vez, diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte reconocen como derecho humano la protección y el acceso a la salud, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25,2 en el que establece como derecho humano el acceso a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo XI,3 establece como derecho de toda persona a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.
En el mismo tenor, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12,4 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, además, el Estado a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, debe establecer las condiciones que aseguren a las personas la asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad.
Así como la Observación general No. 145 , sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, que reconoce que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Señala que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente; la efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud o la adopción de instrumentos jurídicos concretos.
En nuestro país, la Ley General de Salud (LGS) reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, señala que las finalidades de este derecho son entre otros, el bienestar físico y mental de la persona, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida y el disfrute de servicios de salud.
El artículo 1o. Bis de la LGS define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, definición que coincide con la definición establecida por la Organización Mundial de la Salud, OMS.
La salud de las personas puede verse ampliamente beneficiada con los desarrollos de la edición del genoma humano, ya que tiene el potencial de hacer avanzar nuestra capacidad para tamizar, diagnosticar, tratar y curar enfermedades; sin embargo, las disposiciones de la ley vigente en esta materia son muy limitadas, por ello, se requiere actualizar nuestra legislación de manera que los avances científicos alcancen su máximo impacto en la salud de la población.
El desarrollo de las nuevas técnicas genéticas permite la obtención de diagnósticos más rápidos y precisos, la aplicación de tratamientos más específicos, así como, la prevención de trastornos genéticos.
Las terapias génicas somáticas, que consisten en modificar el ADN de un paciente para tratar o curar una enfermedad, se han utilizado con éxito para tratar la infección por el VIH, la anemia de células falciformes y la amiloidosis de transtiretina; estas técnicas también podrían mejorar enormemente el tratamiento de diversos tipos de cáncer.
Sin embargo, su uso también detona algunos riesgos, como en el caso de la edición del genoma humano de la estirpe germinal, que supone alterar el genoma de los embriones humanos y podría transmitirse a las generaciones siguientes, con lo que se modificarían los rasgos de los descendientes; por lo que es necesaria y urgente su regulación jurídica.
Si bien los avances en genética han revolucionado la medicina moderna, ofreciendo herramientas para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades con precisión sin precedentes, nuestro país enfrenta una dicotomía entre el aprovechamiento de la innovación científica y protección ética. La falta de regulación en materia genética no solo limita el acceso a terapias avanzadas, sino que exponen a la población a fraudes y desigualdades.
Urge un marco jurídico que equilibre el progreso biomédico o avances científicos con los derechos humanos y la equidad; pero que también garantice la seguridad y transparencia. Además de la necesaria ratificación de tratados internacionales en la materia y la modernización institucional son pasos clave para evitar que México sea un campo de experimentación sin controles.
Actualmente la secuenciación genómica permite diseñar tratamientos adaptados al perfil genético del paciente; con terapias génicas innovadoras como el CRISPR-Cas9 que edita genes con alta precisión tiene potencial para tratar la anemia falciforme o fibrosis química; o la terapia CAR-T, que modifica linfocitos para combatir cánceres hematológicos.
El tamiz neonatal ampliado detecta hasta 67 enfermedades congénitas por ejemplo la fibrosis química en recién nacidos, permitiendo intervenciones tempranas; además, de pruebas genéticas predictivas que identifican riesgos de Alzheimer o cáncer, facilitando seguimientos personalizados. El caso de la controvertida modificación genética en embriones o células germinales que podría eliminar trastornos como la enfermedad de Huntington.
Terapias que son una esperanza en diagnóstico y atención de Enfermedades Raras y neurodegenerativas, por ejemplo, la terapia génica con nusinersen y onasemnogene abeparvovec ha transformado el pronóstico de la atrofia muscular espinal, permitiendo mejoras motoras en el 60 por ciento de los pacientes.
No obstante, como se ha señalado, en nuestro país la regulación genética y de células troncales enfrenta un desfase crítico entre los avances científicos y el marco jurídico vigente. Aunque la medicina genética y las terapias celulares representan una frontera prometedora para el tratamiento de enfermedades, la ausencia de normas específicas, la fragmentación institucional y la falta de supervisión efectiva generan riesgos éticos, clínicos y sociales. La falta de un marco jurídico específico y actualizado, así como los vacíos normativos, entre otros, expone a la población a diversos riesgos.
La genética moderna, impulsada por hitos como el Proyecto Genoma Humano (2003) y las técnicas como CRISPR-Cas9, han transformado la medicina, la agricultura y la bioética. A nivel global, organismos como la UNESCO y la OMS han establecido principios rectores, entre los más relevantes se encuentran los siguientes:
• Declaración Universal sobre el Genoma Humano (1997): Prohíbe la discriminación genética y enfatiza la dignidad humana (UNESCO, 1997).
• Convenio de Oviedo (1997): Prohíbe modificaciones germinales hereditarias y clonación reproductiva (Consejo de Europa, 1997).
La ausencia de una legislación específica permitió vacíos, explotados por clínicas que ofrecen terapias no validadas.
México carece de una legislación específica que regule la edición genética como el CRISPR-Cas9 que permite a los científicos modificar el ADN de forma precisa y eficiente, la edición genética o la clonación terapéutica, la investigación con células troncales y las terapias avanzadas. La Ley General de Salud (LGS) solo aborda aspectos generales como la donación de células troncales progenitoras para usos terapéuticos o de investigación (Art. 321 Bis) y prohíbe su comercialización (art. 327); pero no regula propiamente los usos terapéuticos y experimentales, perpetuando ambigüedades en su manipulación y almacenamiento. La ley vigente aborda de manera general terapias celulares, pero no distingue entre usos somáticos y germinales, ni establece criterios para evaluar riesgos en investigaciones genéticas.
Por otro lado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la encargada de autorizar ensayos clínicos, pero carece de recursos y facultades específicas para supervisar clínicas que ofrecen terapias genéticas no validadas y para inspeccionar bancos de células o sancionar prácticas fraudulentas, lo que permite su proliferación, también de la proliferación de un “turismo médico genético” y tratamientos sin evidencia científica; además, no existe un Registro Nacional de Biobancos, lo que dificulta la trazabilidad de muestras genéticas y fomenta el tráfico ilegal de material biológico.
En nuestro país existen clínicas privadas que ofrecen terapias con células madre sin evidencia científica, aprovechando la falta de supervisión; se ofrecen inyecciones de células mesenquimales para tratar cáncer o enfermedades neurodegenerativas, sin contar con autorización ni ensayos clínicos, estos procedimientos, exponen a pacientes a riesgos de infecciones, tumores y efectos adversos no monitoreados.6
Los bancos privados de cordón umbilical, como Cryo-Cell México, recopilan muestras sin informar claramente sobre usos futuros; o el caso, de los 49 mil perfiles genéticos de desaparecidos que fueron entregados ilegalmente al laboratorio Central ADN, SA de CV, también conocido como ADN México, mismos que se trasladaron indebidamente a España7 ; o la presunción de que datos genéticos son vendidos a empresas farmacéuticas extranjeras, violando la legislación en materia de protección de datos personales establecidos en el artículo 16 constitucional y la Ley General de Protección de Datos Personales.
México es un destino para extranjeros que buscan terapias genéticas no autorizadas en sus países, el conocido como turismo médico, por ejemplo, clínicas en Cancún ofrecen “terapias de rejuvenecimiento” con edición genética, sin respaldo científico.
Por otro lado, el uso terapias genéticas aprobadas genera inequidad en el acceso dada la fragmentación de nuestro Sistema de Salud, en el caso del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas para leucemia, éstas están disponibles principalmente en el sector privado; en contraste, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solo cubre 15 por ciento de estas intervenciones, agravando desigualdades en un sistema de salud fragmentado.
Las consecuencias de la falta de una regulación integral generan riesgos clínicos para los pacientes expuestos a terapias experimentales sin seguimiento farmacovigilancia; además de pérdida de confianza ante el desprestigio de la ciencia médica por publicidad engañosa, y se vulneran derechos por violaciones a la intimidad genética y consentimiento informado. No solo obstaculiza el avance científico, sino que vulnera derechos fundamentales.
Además, México no ha ratificado el Convenio de Oviedo (1997), que prohíbe modificaciones genéticas hereditarias, ni adopta lineamientos de la OMS para investigación con embriones; lo que contrasta con la Unión Europea, donde el Reglamento (CE) No 1394/2007 clasifica productos genéticos como medicamentos, sujetos a evaluación centralizada.
La falta de regulación genética en México genera riesgos sanitarios, inequidad y pérdida de credibilidad internacional.
Casos como terapias no validadas, turismo médico y tráfico de material genético exigen una legislación específica, la ratificación de tratados internacionales y el fortalecimiento institucional; sin ello, el país seguirá siendo un campo fértil para prácticas que vulneran derechos humanos y principios bioéticos.
En las disposiciones de la Ley General de Salud vigente, no distingue entre células troncales hematopoyéticas (ej. médula ósea) y no hematopoyéticas (ej. mesenquimales), ni abordan la edición genética; hay una ausencia de definiciones clave: respecto de términos como “edición germinal”, “datos genéticos sensibles” o “terapias avanzadas” no están formalizados, generando ambigüedades en casos como el uso de células mesenquimales en clínicas no reguladas.
La SCJN ha sentado criterios relevantes, pero limitados, en la Contradicción de Tesis 81/2002, en la cual reconoció que la prueba de ADN en paternidad afecta derechos sustantivos (privacidad, integridad), exigiendo salvaguardas procesales, sin embargo, no aborda el uso comercial de datos genéticos.
La regulación de la genética y células troncales en México requiere un enfoque integral que combine precisión técnica, rigor ético y equidad social. La propuesta de reforma a la Ley General de Salud plantea modificaciones sustantivas y generales para superar omisiones críticas y articular con las políticas públicas que prioricen el acceso universal a los beneficios de la ciencia. Se atender los vacíos normativos actuales, para que la innovación no solo beneficie a unos pocos y los riesgos recaigan en los más vulnerables; además busca armonizar con disposiciones internacionales, recuperar la experiencia de la SCJN en aplicar el principio precautorio para ofrecer bases sólidas y certeza jurídica.
La presente iniciativa busca establece como materia de salubridad general, además de lo ya previsto respecto del genoma humano, la regulación de las terapias genéticas; que incluye la investigación, manipulación y aplicación de técnicas de edición genética en células somáticas y germinales, así como el uso de células troncales con fines terapéuticos o de investigación.
Amplia el alcance y contenido del Título Quinto Bis de la Ley para incorporar además del Genoma Humano, la Regulación Genética; buscando fortalecer la claridad conceptual y seguridad y jurídica de sus disposiciones con definiciones precisas para distinguir entre células troncales hematopoyéticas (uso establecido en trasplantes) y mesenquimales (aplicaciones experimentales), evitando confusiones que hoy explotan clínicas no reguladas.
Se establecen límites a la edición génica prohibiendo toda intervención germinal con fines reproductivos, la clonación humana con fines reproductivos o terapéuticos, y la selección genética de embriones para fines no terapéuticos.
La prohibición de discriminación genética evitara usos eugenésicos o comerciales de datos sensibles, como la selección de embriones por sexo.
Se fortalece la protección de derechos y la bioética estableciendo el consentimiento informado dinámico que implica el derecho a modificarlo o suspenderlo en cualquier momento, adaptado a terapias experimentales, donde riesgos evolucionan de acuerdo con la Declaración de Helsinki de 2013.
Se fortalece la investigación científica en esta área con la participación de los comités de ética en investigación especializados que tendrán la capacidad para evaluar investigaciones en embriones.
La presente iniciativa plantea diversas modificaciones a la Ley General de Salud, que tras su eventual aprobación extenderán y precisarán su contenido y alcance en diversos reglamentos, lineamientos o Normas, con el objetivo de aprovechar el potencial de la genética y proteger derechos fundamentales.
Compañeras y compañeros legisladores, a nuestro país le urge un marco jurídico específico actualizado, que equilibre innovación y ética, garantizando acceso equitativo y vigilancia rigurosa de la edición genética; solo así se evitará que la brecha entre ciencia y regulación se traduzca en inequidad y riesgos para la salud pública.
Por anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de regulación genética y células troncales
Artículo Único. Se reforman la fracción IX Bis del artículo 3o., la fracción VIII del artículo 17 Bis, la fracción II del artículo 41 Bis, la denominación del Título Quinto Bis y los artículos 103 Bis 2, 103 Bis 3, 103 Bis 4, 103 Bis 5, 103 Bis 6 y 103 Bis 7; y se adicionan el segundo párrafo y las fracciones I, II, III y IV al artículo 103 Bis 1, y el artículo 103 Bis 8 con las fracciones I, II y III; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:
I. a IX. ...
IX Bis. El genoma humano y la regulación de las terapias genéticas;
X. a XXVIII. ...
Artículo 17 Bis. ...
...
I. a VII. ...
VIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos y células de seres humanos, salvo lo dispuesto por los artículos 329, 332, 338 y 339 de esta Ley, así como de las clínicas de terapias genéticas;
IX. a XIII. ...
Artículo 41 Bis. ...
I. ...
II. En los casos de establecimientos de atención médica que lleven a cabo actividades de investigación en seres humanos, un Comité de Ética en Investigación que será responsable de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos y de edición genética, formulando las recomendaciones de carácter ético que correspondan, así como de elaborar lineamientos y guías éticas institucionales para la investigación en salud, debiendo dar seguimiento a sus recomendaciones.
...
Título Quinto Bis
El Genoma Humano y la Regulación Genética
Capítulo Único
Artículo 103 Bis 1. ...
Para los efectos de este título, se entenderá por:
I. Edición genética: Técnicas que permiten modificar secuencias específicas del ADN, incluyendo CRISPR-Cas9 y análogas;
II. Intervención somática: Modificación genética en células no reproductivas, cuyos efectos no son heredables;
III. Intervención germinal: Modificación genética en células reproductivas o embriones, cuyos efectos son heredables, y
IV. Células troncales: Células con capacidad de autor renovación y diferenciación, incluyendo hematopoyéticas, mesenquimales y embrionarias.
Artículo 103 Bis 2. El genoma humano su investigación y aplicación terapéutica se regirán por los principios de dignidad humana, no discriminación, beneficencia y justicia distributiva.
Artículo 103 Bis 3. Queda prohibida:
I. Toda intervención germinal con fines reproductivos;
II. La clonación humana con fines reproductivos o terapéuticos, y
III. La selección genética de embriones para fines no terapéuticos.
Artículo 103 Bis 4. Toda investigación o aplicación clínica en edición genética requerirá:
I. Autorización previa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, previa evaluación de riesgos y beneficio terapéutico;
II. Consentimiento informado dinámico, libre, específico y por escrito, en lenguaje accesible, y
III. Evaluación ética por un comité independiente certificado por el Consejo Nacional de Bioética en Genómica.
Artículo 103 Bis 5. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecerá un Registro Nacional de Investigación Genética con al menos los siguientes elementos:
I. Protocolos de ensayos clínicos;
II. Resultados de terapias génicas autorizadas, y
III. Incidentes adversos relacionados con técnicas de edición genética.
Toda investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico y aplicación terapéutica del genoma humano estarán orientadas a la protección de la salud, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad del individuo.
Artículo 103 Bis 6. Los datos genéticos se consideran sensibles y su tratamiento se sujetará a confidencialidad estricta, salvo orden judicial; y estará estrictamente prohibido su uso discriminatorio en el empleo, seguros o acceso a servicios.
Artículo 103 Bis 7. Se crea el Consejo Nacional de Bioética en Genómica, como organismo especializado de la Comisión Nacional de Bioética, con facultades para formular lineamientos sobre investigación y terapias genéticas; así como para supervisar comités de ética institucionales, a que se refiere la fracción II del artículo 41 de esta ley.
Artículo 103 Bis 8. Las sanciones por incumplimiento a las disposiciones de este título incluirán:
I. Multas de 10,000 a 50,000 UMA;
II. Clausura temporal o definitiva de clínicas o laboratorios infractores, e
III. Inhabilitación de 5 a 15 años para profesionales de la salud involucrados.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios contarán con un plazo máximo de 12 meses para expedir la regulación derivada del presente decreto y para implementar el Registro Nacional de Investigación Genética.
Tercero. La Comisión Nacional de Bioética instalará el Consejo Nacional de Bioética en Genómica dentro de 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.
Notas
1 Ver párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.”
2 Para más información ver: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
3 Para más información ver: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
4 Para más información ver: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
5 Para más información ver: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf
6 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/wr/mm7318a3.htm?s_cid=mm7318a3_w
7 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/16/identidad-perdida-a si-se-entregaron-los-datos-geneticos-de-49-mil-personas-desaparecidas/
Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de junio de 2025.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Salud . Junio 25 de 2025.)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, recibida de la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de junio de 2025
Quien suscribe, Paola Michell Longoria López, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Ciudadano de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 29 de febrero de 2016 el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo G/JGA/15/2016, por el que se cambió la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, esto después de que se aprobara una reforma constitucional con la que se le elevó a rango de que entidad federativa, dándole autonomía en su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva.1
La reforma también tuvo el objetivo de fortalecer la identidad de la población citadina y reconocer que, más allá de ser un centro administrativo que alberga los tres poderes de la unión, es también un lugar diverso, cosmopolita, de encuentro cultural, social y político y con una vida económica propia y rebosante.
Cabe señalar que la Ciudad de México es la segunda entidad más poblada de la república con más de 9 millones 209 mil habitantes, la más competitiva y la que más aporta al producto interno bruto (PIB) nacional.2
El sexto punto de los considerandos de dicho acuerdo señala lo siguiente:
“[...] para armonizar las disposiciones normativas, acuerdos, reglamentos específicos, circulares, comunicados, normas técnicas, reglas de operación, lineamientos, criterios, resoluciones, programas, proyectos, instructivos o cualquier otra especie de ordenamiento emitido por este Tribunal con la reforma constitucional, al hacer referencia al Distrito Federal, se deberá entender como hecha a la Ciudad de México.”3
La armonización normativa es una actividad que atañe al Poder Legislativo, consiste en uniformar normas mediante la creación de leyes nuevas o la modificación de las existentes, a fin de hacer compatibles las diferentes disposiciones de un cuerpo legal. Esta es una actividad permanente, ya que, tanto la Constitución como las leyes secundarias, no pueden ni deben permanecer estáticas, sus cambios obedecen a la realidad social, política, histórica e incluso económica en la que se encuentra el país en un momento dado, por lo cual se cuenta con un sistema que permite su modificación.
Es por esto que se debe realizar un trabajo de armonización normativa cada vez que se hacen cambios de fondo a las leyes que, a su vez, impactan en la redacción de otras leyes.
De esta forma, cuando se aprueba una reforma constitucional, es obligación del poder legislativo federal y de los congresos locales armonizar las leyes secundarias y locales, respectivamente, de acuerdo con lo establecido por la reforma en cuestión.
De acuerdo con el doctor Arturo Garita Alonso, actual secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado de la República la armonización normativa es:
“[...] el trabajo legislativo que deben realizar las legislaturas de los Estados, miembros de la federación, a efecto de que la Constitución y las leyes estatales se supediten a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las Leyes Generales o Federales...
[...] tiene como características principales, la estandarización de las normas jurídicas, que produzca la certeza y el entendimiento del sistema jurídico y la simplificación normativa, que facilite el cumplimiento de las normas.”4
De esta forma, la armonización normativa es importante porque contribuye al funcionamiento eficaz y congruente entre la Constitución y las leyes secundarias y locales, evitando que existan conflictos entre leyes e interpretaciones erróneas que puedan obstaculizar la correcta implementación de la ley. Por esta razón, la armonización normativa debe ser obligatoria al momento de elaborar cualquier ordenamiento legal, ya que esto contribuye a mantener el orden jurídico del Estado eficiente.
En este sentido, el hecho de haber cambiado el nombre del Distrito Federal al de Ciudad de México, impacta en todo el ordenamiento legal en donde se encuentre citada la entidad con la denominación anterior, por lo que es obligación de las y los legisladores realizar los cambios pertinentes.
En este sentido es importante advertir que modificar “Distrito Federal” a “Ciudad de México” no implica solamente un cambio de nombre, sino que supone una modificación jurídica y de regulación. Esto es porque en el marco federalista, las ciudades conocidas como “distrito federal” son organizaciones territoriales que reúnen los poderes federales y representan a la federación, pero no son entidades independientes. Así, un distrito federal no es un Estado, más bien se trata de una demarcación geográfica que depende de la federación. De hecho 1928, bajo la iniciativa del presidente Álvaro Obregón se establece que el gobierno de dicha demarcación administrativa sería de la federación. Así “en diciembre de [ese mismo año] se publica la Ley Orgánica del Distrito y de los Territorios Federales, en la cual el presidente queda como encargado de las funciones administrativas por medio de un Departamento del Distrito Federal, creándose al efecto 13 delegaciones”. 5
Es hasta 1940 que se promueve una reforma para comenzar a considerar al Distrito Federal como un ente jurídico. Posteriormente, en 1987 se creó la asamblea de representantes.6 Sin embargo fue con la reforma constitucional de 1993 que se reconoció la personalidad jurídica del Distrito Federal.7
En ese entonces se modificaron “los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107 y 122, así como la denominación del título V, adición de una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 199; derogándose al efecto la fracción XVII del artículo 89 de la propia Constitución de la República.”8
Finalmente, en 2016, se realizó una reforma política que reconoce la independencia del Distrito Federal frente a la federación. Ello significó la creación de una Constitución y el cambio de nombre a Ciudad de México.9
Pese a la importancia que tiene la armonización normativa, y a pesar de que el cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México se hizo desde hace más de ocho años, aún es posible observar que no todas las leyes secundarias se han armonizado en su contenido, entre estas se encuentra la Ley del Impuesto al Valor Agregado.10
El impuesto al valor agregado (IVA) es el segundo ingreso tributario más importante de la Federación, en el primer semestre de 2024, los ingresos por este concepto ascendieron a cerca de 671 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento del 6.6 por ciento en comparación con el año anterior.11
Dada la importancia que esta ley tiene para las finanzas públicas es de la mayor importancia que la redacción de ésta, sea la correcta, a fin de mantener la certeza jurídica. Pues como ya se ha expuesto, el cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México entraña más que un cambio de palabra, implica el reconocimiento de la demarcación como una entidad federativa independiente con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como la posibilidad de construir leyes y generar impuestos.
Así a continuación, se presenta un cuadro comparativo con los cambios propuestos a la Ley del Impuesto al Valor Agregado:
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Artículo Único. Se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 3o.; primer párrafo del artículo 5o.-F; las fracciones IV, XIII, XV del artículo 15, penúltimo y último párrafo del artículo 41 y el primero y segundo párrafo del artículo 42 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:
Artículo 3o. La Federación, la Ciudad de México, los estados, los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquiera otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo primero y, en su caso, pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.
La Federación, la Ciudad de México, los estados, los municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa del 0 por ciento. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta Ley.
La Federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la fracción III del mismo artículo. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley, en los casos en los que la Federación y sus organismos descentralizados reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales. Los estados, la Ciudad de México y los municipios, así como sus organismos descentralizados no efectuarán la retención a que se refiere este párrafo.
Para los efectos de este impuesto, se consideran residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o las morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país, por todos los actos o actividades que en los mismos realicen.
Artículo 5o.-F. Los contribuyentes personas físicas que únicamente obtengan ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles, cuyo monto mensual no exceda de diez salarios mínimos generales del área geográfica de la Ciudad de México, elevados al mes, que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de efectuar los pagos provisionales de forma trimestral para efectos de dicho impuesto, en lugar de presentar mensualmente la declaración a que se refiere el artículo 5o.-D de esta Ley, deberán calcular el impuesto al valor agregado de forma trimestral por los periodos comprendidos de enero, febrero y marzo; abril, mayo y junio; julio, agosto y septiembre, y octubre, noviembre y diciembre, de cada año, y efectuar el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al trimestre al que corresponda el pago. Los pagos trimestrales tendrán el carácter de definitivos.
...
...
Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:
I. a III. ...
IV. Los de enseñanza que preste la Federación, la Ciudad de México, los estados, los municipios y sus organismos descentralizados, y los establecimientos de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, así como los servicios educativos de nivel preescolar.
V a XII. ...
XIII. Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro y circo, cuando el convenio con el Estado o con la Ciudad de México, donde se presente el espectáculo, no se ajuste a lo previsto en la fracción VI del artículo 41 de esta Ley. La exención prevista en esta fracción no será aplicable a las funciones de cine, por el boleto de entrada.
No se consideran espectáculos públicos los prestados en restaurantes, bares, cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos.
XIV. ...
XV. Los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laboratorios y estudios clínicos, que presten los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal o de la Ciudad de México, o de los gobiernos estatales o municipales.
XVI. ...
Artículo 41. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con los Estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir participaciones en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, conviniendo en no mantener impuestos locales o municipales sobre:
I. a VII. ...
Tampoco mantendrán impuestos locales o municipales de carácter adicional sobre las participaciones en gravámenes federales que les correspondan.
La Ciudad de México no establecerá ni mantendrá en vigor los gravámenes a que se refiere este artículo.
Artículo 42. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los impuestos que los estados o la Ciudad de México tengan establecidos o establezcan sobre enajenación de construcciones por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado.
En ningún caso lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá limitativo de la facultad de los estados y de la Ciudad de México para gravar con impuestos locales o municipales la propiedad o posesión del suelo o construcciones, o la trasmisión de propiedad de los mismos o sobre plusvalía o mejoría específica, siempre que no se discrimine en contra de los contribuyentes del impuesto al valor agregado.
...
I. a V. ...
...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Notas
1. Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Publicado el viernes 26 de enero del 2016, en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
2 Producto interno bruto por entidad federativa 2022, Inegi, en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/PIBEF/PIBEF2022.pdf
3. Acuerdo G/JGA/15/2016 por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, Diario Oficial de la Federación, en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5428207&fecha=29/02/ 2016#gsc.tab=0
4. Armonización normativa, Senado de la República, en:
https://micrositios.senado.gob.mx/BMO/files/Armonizacion_normativa.pdf
5. Rabel García, Enrique “La reforma política de la Ciudad de México”, Cuestionario constitucional, no.36 Ciudad de México ene./jun. 2017 en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-9 1932017000100243
6. Ibidem
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Publicado el viernes 26 de enero del 2016, en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
10. Nota informativa. Impuesto al Valor Agregado, 2023-2024, Cámara de Diputados, en:
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2023/notacefp0852023.pdf
11. Nota informativa. Ingresos tributarios, primer semestre 2024, Cámara de Diputados, en:
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2024/notacefp0722024.pdf
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 25 de junio del 2025.
Diputada Paola Michell Longoria López (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público . Junio 25 de 2025.)
Que reforma y adiciona los artículos 11, 159 y 160 de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de tarifas eléctricas, recibida del diputado Sergio Gil Rullán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de junio de 2025
El que suscribe, Sergio Gil Rullán, diputado federal de la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11, 159 y 160 de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de tarifas eléctricas , al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. Planteamiento del Problema
El esquema del cobro del suministro básico de energía vigente de la Comisión Federal de Electricidad se divide en tarifas domésticas de alto consumo y domésticas, en estas últimas se consideran 7 tarifarias a las cuales se les otorga un subsidio y van de la 1 a la 1F y se establecen tomando como referencia la temperatura media mínima en verano (con excepción de la Tarifa 1) y un límite consumo mensual, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Este esquema tarifario refleja que mientras más alta sea la temperatura promedio, el rango de energía subsidiada es mayor, por ello, la tarifa doméstica de menor costo es la 1F porque es la que tiene el límite más elevado de consumo subsidiado.
Esta situación responde al hecho que en los lugares en los que la temperatura es muy calurosa se hace necesario el incremento del uso de aparatos eléctricos como ventiladores o aire acondicionado. Al respecto, se estima que más del 35 por ciento del consumo eléctrico total del sector residencial de México se consume en obtener confort térmico.1 Asimismo, existe evidencia que los usuarios del servicio eléctrico en localidades con clima cálido consumen en promedio el doble que el promedio de los ubicados en clima templado.2
Con la aplicación de la Tarifa 1F se apoya a la economía familiar de las entidades con mayor temperatura porque coadyuva a aminorar la carga económica provocada por el incremento del uso de aparatos de enfriamiento durante las temporadas de climas muy calurosos.
No obstante, el actual sistema para definir las tarifas eléctricas domésticas basada en la temperatura media en verano, no es adecuado porque la sensación térmica percibida por los usuarios no depende únicamente de la temperatura del aire, sino también de la humedad atmosférica, la cual intensifica el malestar térmico (sensación de calor) y eleva el uso de equipos de ventilación o aire acondicionado situación que no es tomada en cuenta por el modelo actual.3
Este tipo de metodología afecta a las entidades federativas que presentan alta humedad y por ende mayor incomodidad térmica, tal como es el caso de Veracruz en el que 80 por ciento de su territorio presenta climas cálidos húmedos con humedad relativa mayor al 70 por ciento.4 Lo que significa que en estas condiciones se presenta una mayor sensación de calor a la que indica el termómetro.
El documento “El concepto de Temperatura Efectiva aplicado a las tarifas eléctricas domésticas en el oriente de México” señala que un sistema bioclimático es más adecuado para determinar la sensación térmica real.
Un sistema bioclimático nos permite conocer la temperatura efectiva porque considera la temperatura y la humedad relativa factores clave para el confort humano, lo que permite reflejar con mayor fidelidad la carga térmica percibida, la cual es distinta a la que señala el termómetro.5
Las Tarifas 1 a la F1 otorgan diversos niveles de subsidio, sin embargo, éstos no distinguen entre usuarios vulnerables y de altos ingresos, lo cual impide una distribución justa de los beneficios tarifarios, por lo que es necesario establecer un esquema de tarifas para personas en situación de vulnerabilidad.
La pobreza energética se refiere a: la situación en la que un hogar no dispone de energéticos modernos o carece de la capacidad económica para cubrir el costo que implica la satisfacción de servicios energéticos básicos. Esto se traduce en impactos sobre el bienestar de las personas, como falta de confort térmico, reducción de la renta disponible para otros bienes y servicios, malas condiciones de habitabilidad, riesgo de impago y desconexión, entre otros. 6
En nuestro país, el 36.7 por ciento de los hogares en México (más de 11 millones) están en pobreza energética. La mayor privación de servicios energéticos ocurre en:
Confort térmico (33 por ciento).
Refrigerador eficiente (21.1 por ciento).
Estufa de gas o eléctrica (16.6 por ciento).7
Como lo señala el documento “Servicios energéticos, pobreza energética y eficiencia energética: una perspectiva desde México” , el costo de los dispositivos para acceder a servicios energéticos, así como la energía necesaria para que estos funcionen son barreras que limitan el tener servicios energéticos en cantidad y calidad suficientes, generando una forma de pobreza energética que no se resuelve con el acceso a energéticos modernos.8
II. Experiencias internacionales
En España el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre regula el mecanismo de financiación del bono social eléctrico y se implementan medidas de protección para los consumidores vulnerables. Esta disposición legal se enmarca en los principios establecidos por la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la cual exige a los Estados miembros adoptar mecanismos eficaces de protección social en el ámbito energético.9
El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, establece el marco regulatorio del bono social eléctrico, el cual consiste en un descuento aplicado a la tarifa eléctrica, orientado a consumidores domésticos que cumplen ciertas condiciones socioeconómicas y se reconocen tres niveles de protección:10
Consumidores vulnerables, quienes acceden a un descuento del 25 por ciento sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
Consumidores vulnerables severos, que por su situación de extrema necesidad reciben un 40 por ciento de descuento.
Consumidores en riesgo de exclusión social, cuyo suministro eléctrico no puede ser suspendido y cuyo consumo es cofinanciado por las Administraciones Públicas y las empresas comercializadoras.
El bono social eléctrico busca garantizar el derecho a la energía eléctrica como un servicio esencial y prevenir la pobreza energética, especialmente en los hogares más vulnerables.
III: Justificación de la Iniciativa
La Ley del Sector Eléctrico (LSE), publicada el 18 de marzo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, señala que el suministro básico de electricidad es una actividad estratégica para el desarrollo nacional y debe proporcionarse al menor costo posible. Dicho suministro sólo podrá realizarlo por la Comisión Federal de Electricidad y las tarifas deberán ser fijadas por la Comisión Nacional de Energía.11
Por otra parte, la fracción XXVIII del artículo 3 de la LSE define el principio de Justicia Energética, entendido como el conjunto de acciones orientadas a reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía, así como a garantizar el acceso equitativo a infraestructura energética confiable, segura, asequible y limpia, con especial énfasis en comunidades marginadas, rurales y pueblos originarios.12
En ese mismo sentido, el artículo 132 de la Ley prevé la posibilidad de instrumentar programas de Justicia Energética con apoyos focalizados, orientados a asegurar el suministro energético adecuado y oportuno a precios asequibles para personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad o pobreza energética. No obstante, la aplicación de estos apoyos está condicionada a la evaluación de la Secretaría de Energía, con opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bienestar, o las que correspondan.13
A pesar de este marco jurídico, la metodología actual para el establecimiento de las tarifas eléctricas no incorpora criterios sociales, territoriales ni bioclimáticos que garanticen la Justicia Energética.
Las tarifas del suministro básico se determinan, en gran medida, en función de la temperatura media mínima registrada durante el verano, sin considerar la sensación térmica real derivada de factores como la humedad relativa, lo cual genera inequidades significativas.
Entidades federativas con climas cálidos húmedos, como Veracruz, presentan condiciones de incomodidad térmica que no se reflejan en las temperaturas promedio, pero sí en el incremento de la demanda de energía para la climatización de los hogares. Sin embargo, al no alcanzar los umbrales térmicos requeridos por el esquema tarifario vigente, las y los veracruzanos no acceden a las tarifas más subsidiadas, como la Tarifa 1F, viéndose forzados a asumir un mayor costo por el uso de energía eléctrica para satisfacer necesidades básicas de confort térmico.
El actual método de fijación de tarifas no distingue entre hogares vulnerables y de altos ingresos, lo que limita su impacto redistributivo y perpetúa situaciones de exclusión energética. Esta problemática se enmarca en un contexto nacional en el que más del 36.7 por ciento de los hogares —más de 11 millones— se encuentran en situación de pobreza energética, enfrentando barreras económicas y tecnológicas para acceder a servicios energéticos adecuados.
En ello radica la importancia y trascendencia de la presente iniciativa porque busca incorporar a la metodología tarifaria un enfoque de Justicia Energética con criterios bioclimáticos, de modo que se garantice el acceso equitativo y eficiente a la energía eléctrica, especialmente en las regiones con mayores necesidades derivadas de su entorno climático y situación socioeconómica.
IV. Objeto de la Iniciativa
La presente iniciativa tiene como propósito establecer que la metodología para la determinación de tarifas eléctricas en el régimen de suministro básico considere variables bioclimáticas, tales como la temperatura media y la humedad relativa, con el fin de reflejar con mayor precisión la carga térmica percibida y garantizar una asignación más justa del subsidio y apoyar a la economía familiar que por las altas temperaturas tienen que aumentar el uso de aparatos electrónicos para alcanzar el confort térmico.
Asimismo, se propone incorporar el principio de justicia energética en el diseño tarifario, mediante la creación de una tarifa social que consiste en cobros diferenciados o descuentos específicos dirigidos a zonas rurales, zonas urbanas marginadas, personas y comunidades en situación de vulnerabilidad o pobreza energética, con ello, se busca atender la problemática relacionada con la pobreza energética.
V. Contenido de la Iniciativa
La presente iniciativa plantea reformas y adiciones a la Ley del Sector Eléctrico (LSE) con el propósito de incorporar el principio de justicia energética a través de la creación de una tarifa social en el cobro de la electricidad para sectores vulnerables y el uso de criterios bioclimáticos en la determinación de las tarifas aplicables al suministro básico, atendiendo tanto a las condiciones climáticas reales como a la situación de vulnerabilidad de diversos sectores de la población.
1. Diseño Tarifario Más Justo e Incluyente
Con el fin de apoyar la economía familiar y promover un esquema tarifario que considere la sensación térmica real y las condiciones sociales de vulnerabilidad, se propone la reforma a la fracción IV del artículo 11 de la LSE. Esta modificación obliga a la Comisión Nacional de Energía (CNE) a emitir regulaciones tarifarias que contemplen variables bioclimáticas —como la temperatura y la humedad relativa— así como descuentos específicos dirigidos a zonas rurales, zonas urbanas marginadas y personas en situación de pobreza energética.
2. Metodologías que Reflejen la Temperatura Efectiva
Con el propósito de actualizar el modelo de cálculo de tarifas del suministro básico, superando la actual referencia basada únicamente en la temperatura media mínima, se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 159 de la Ley. Esta disposición establece que las metodologías para la determinación de tarifas deberán incorporar criterios bioclimáticos que reflejen la la temperatura efectiva, lo cual permitirá diseñar un sistema tarifario más justo y acorde a la diversidad climática de las regiones del país.
3. Establecimiento de una Tarifa Social
Para avanzar en el cumplimiento del principio de justicia energética, se propone la creación de una tarifa social mediante la cual ciertos sectores de la población —como personas de bajos ingresos, comunidades rurales o zonas urbanas marginadas— puedan acceder a descuentos específicos en su tarifa eléctrica, ayudando así a mitigar los efectos de la pobreza energética.
Con este fin, se adicionan un tercer y cuarto párrafo al artículo 159, otorgando a la CNE la facultad de:
Determinar los porcentajes y modalidades de los descuentos aplicables;
Establecer los niveles socioeconómicos elegibles para acceder a dichos beneficios, con base en criterios objetivos y verificables, para lo cual podrá solicitar el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
4. Incorporación de la Justicia Energética como Objetivo Tarifario
Finalmente, con el propósito de integrar la justicia energética como objetivo normativo de la política tarifaria, se propone la reforma a la fracción III del artículo 160 de la LSE. Esta modificación establece que las Tarifas Reguladas para el suministro básico deberán considerar no sólo los costos operativos y de inversión, sino también la necesidad de garantizar el acceso equitativo mediante el otorgamiento de descuentos dirigidos a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad o pobreza energética.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo que muestra las modificaciones específicas al texto vigente:
Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 11 y la fracción III del artículo 160; se adicionan un párrafo segundo, un tercero y un cuarto pasando a ser párrafo quinto el actual párrafo segundo, todos de la Ley del Sector Eléctrico
Artículo Único. Se reforman la fracción IV del artículo 11 y la fracción III del artículo 160; se adicionan un párrafo segundo, tercero y cuarto pasando a ser párrafo quinto el actual párrafo segundo, todos de la Ley del Sector Eléctrico, para quedar como sigue:
Artículo 11. ...
I. a III. ...
IV. Expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se deben sujetar la transmisión, la distribución, la operación de la Suministradora de Servicios Básicos, la operación del Cenace y los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales del Suministro Básico que contemple variables bioclimáticas y descuentos específicos dirigidos a zonas rurales, zonas urbanas marginadas, personas y comunidades en situación de vulnerabilidad o pobreza energética en términos de lo dispuesto en los artículos 158 y 159 de la presente Ley;
IV. a la L. ...
Artículo 159. La CNE debe aplicar las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de las Suministradoras de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La CNE debe publicar las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.
En el cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro Básico se utilizarán metodologías que contemplen variables bioclimáticas.
La CNE establecerá descuentos específicos a las tarifas finales de Suministro Básico dirigidos a zonas rurales, zonas urbanas marginadas, personas y comunidades en situación de vulnerabilidad o pobreza energética.
La CNE establecerá el porcentaje de los descuentos y los niveles socioeconómicos que podrán acceder a estos descuentos para lo cual podrá solicitar el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
...
Artículo 160. ...
I. a II..
Determinar Tarifas Reguladas para la Suministradora de Servicios Básicos que le permitan obtener el ingreso necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento, inversión, depreciación, investigación y los impuestos aplicables para lograr el menor costo posible y la Justicia Energética mediante el otorgamiento de descuentos en las tarifas finales del Suministro Básico dirigidos a zonas rurales, zonas urbanas marginadas, personas y comunidades en situación de vulnerabilidad o pobreza energética.
IV. a VI. ...
Artículos Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La CNE contará con 60 días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto para establecer las tarifas de Suministro Básico conforme lo establecido en el artículo 159 del presente decreto.
Notas
1 El confort térmico es la manifestación subjetiva de conformidad o satisfacción con el ambiente térmico existente. Se puede decir que existe confort térmico o sensación neutra respecto al ambiente térmico, cuando las personas no experimentan sensación de calor ni frío; es decir, cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire son favorables a la actividad que desarrollan. https://issl.carm.es/wp-content/uploads/fd-124.pdf Consultado el 8 de junio de 2025.
2 Odon de Buen, Eficiencia energética en el confort térmico en viviendas de clima cálido en México, Secretaría de Energía, Cuadernos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), Número 5, abril de 2020, p.22 https://www.conuee.gob.mx/transparencia/boletines/Cuadernos/cuadern o5nvociclo.pdf Consultado el 8 de junio de 2025.
3 Adalberto Tejeda-Martínez, Irving R. Méndez-Pérez, Alberto Utrera-Zárate y Luis Rodríguez-Viqueira, El concepto de Temperatura Efectiva aplicado a las tarifas eléctricas domésticas en el oriente de México, Investigaciones Geográficas, Boletín 58 (Instituto de Geografía, UNAM, 2005), p. 114.
https://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/article/view/30050/27929 Consultado el 8 de junio de 2025.
4. Ibíd, p.111.
5 Ibíd.,p. 115.
6 Odón de Buen, Norma Morales, y Juan Ignacio Navarrete, Servicios energéticos, pobreza energética y eficiencia energética: una perspectiva desde México (México: Conuee, 2022), p. 4.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/710897/Cuaderno8_PobrezaEnerg_tica_V140322.pdf Consultado el 8 de junio de 2025.
7 García-Ochoa, Rigoberto, y Boris Graizbord. Caracterización espacial de la pobreza energética en México. Un análisis a escala subnacional. Economía, Sociedad y Territorio 16, núm. 51 (2016), p. 304
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11145317002 Consultado el 8 de junio de 2025.
8 Ibíd, p. 12
9 Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12267-consolidado.pdf Consultado el 18 de junio de 2025.
10 Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-11505-consolidado.pdf Consultado el 18 de junio de 2025.
11 Ley del Sector Eléctrico, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSE.pdf Consultada el 18 de julio de 2025.
12 Ibíd.
13 Ibíd .
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 25 de junio de 2025.
Diputado Sergio Gil Rullán (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Energía . Junio 25 de 2025.)
Que adicionan el inciso j) a la fracción II del artículo 4 y un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como el inciso f) a la fracción I del artículo 8 de la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, recibida del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de junio de 2025
El que suscribe, Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso j) a la fracción II al artículo 4 y un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como el inciso f) a la fracción I del artículo 8 de la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El desarrollo económico de las y los jóvenes emprendedores e innovadores en México se ve limitado por diversos factores estructurales, entre los cuales destacan de manera significativa: la rigidez del mercado laboral y la insuficiencia de esquemas de capacitación orientados al fortalecimiento de habilidades creativas e innovadoras.
En primer lugar, la falta de flexibilidad en el mercado laboral constituye un obstáculo para quienes desean iniciar y consolidar proyectos propios, toda vez que las condiciones actuales no permiten conciliar de manera efectiva el emprendimiento con otras formas de empleo formal o alternativas de generación de ingresos. Esta situación inhibe el surgimiento de nuevos modelos de negocio, particularmente aquellos impulsados por jóvenes que requieren esquemas laborales más adaptables y compatibles con sus procesos de innovación.
En segundo término, persiste una brecha significativa en el acceso a programas de formación y capacitación que promuevan el desarrollo de competencias clave para la innovación, tales como la creatividad, el pensamiento crítico, la solución de problemas complejos y el diseño de soluciones disruptivas. A pesar de los esfuerzos institucionales, dicha oferta sigue siendo limitada, fragmentada y, en muchos casos, desvinculada de las realidades del ecosistema emprendedor.
Ambos factores inciden negativamente en la capacidad de las juventudes mexicanas para integrarse de manera activa y sostenida en la economía del conocimiento, así como para contribuir al desarrollo productivo del país desde la innovación social y tecnológica. Por tanto, resulta indispensable emplear un marco normativo que reconozca estas problemáticas y proponga mecanismos concretos para atenderlas mediante políticas públicas focalizadas, integrales y con perspectiva generacional.
En nuestro país, la población joven constituye un sector demográfico estratégico para el desarrollo social y económico nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), actualmente existen en México aproximadamente 31 millones de personas cuyas edades oscilan entre los 15 y los 29 años, lo que representa una cuarta parte del total de habitantes, es decir, el 25.0 por ciento de la población nacional.
Cerca de 10.8 millones de jóvenes tienen entre 15 y 19 años, lo que representa 35.0 por ciento del grupo de edad; alrededor de 10 millones tienen entre 20 y 24 años (33.0 por ciento); y aproximadamente 9.9 millones se encuentran en el rango de 25 a 29 años (32.0 por ciento). Esta segmentación permite identificar las diferentes necesidades en función de la etapa en la que se encuentran las y los jóvenes.
Sin embargo, a pesar de su peso demográfico y su potencial transformador, las juventudes mexicanas enfrentan múltiples desafíos estructurales que limitan sus posibilidades de desarrollo integral. Uno de los más preocupantes es la desvinculación de este grupo con el sistema educativo: 66.8 por ciento de las personas jóvenes de entre 15 y 29 años no se encuentran actualmente matriculadas en alguna institución educativa, lo cual representa un riesgo significativo para su inclusión social y productiva.
A esta situación se suma un fenómeno persistente que ha afectado al país durante las últimas décadas: la crisis de empleo decente. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020), México ha enfrentado en el último cuarto de siglo serias dificultades para garantizar condiciones laborales dignas, seguras, bien remuneradas y con acceso a derechos laborales plenos, especialmente para la población joven, que enfrenta barreras adicionales para su inserción laboral, tales como la falta de experiencia, la discriminación etaria y la precariedad de los primeros empleos.
Este problema demanda una respuesta integral del gobierno mexicano orientada a generar condiciones que favorezcan la educación continua, la empleabilidad juvenil, el acceso a oportunidades productivas y la participación de las y los jóvenes en la vida económica del país.
La realidad que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en México refleja un panorama complejo y desafiante, particularmente en términos de su sostenibilidad y permanencia en el mercado. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con fecha 7 de marzo de 2022, revelan una preocupante fragilidad en la esperanza de vida de los negocios en el país: aproximadamente el 33.0 por ciento de las unidades económicas cierran operaciones en su primer año de existencia, debido a las dificultades inherentes a su establecimiento y consolidación. Esta tendencia se agrava con el tiempo, ya que, al llegar al quinto año de operación, cerca de 65.0 por ciento de las empresas han desaparecido; al decimoquinto año, la cifra asciende a un alarmante 82.0 por ciento, y tras dos décadas, únicamente 14.0 de los negocios logra mantenerse vigente en el entorno económico nacional.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, las Mipyme comprenden 99.0 por ciento de las unidades económicas en México. Esta cifra da cuenta de su peso abrumador dentro del tejido empresarial nacional. No obstante, su relevancia no se limita a su volumen: estas empresas generan aproximadamente 72.0 por ciento de los empleos formales en el país, lo que evidencia su papel fundamental como generadoras de oportunidades laborales para millones de personas.
Asimismo, la baja demanda de sus productos o servicios, derivada de la falta de vinculación con cadenas de valor más amplias, limita su capacidad de crecimiento y sostenibilidad. Otro factor que impacta gravemente en su operación cotidiana es la creciente inseguridad pública en distintas regiones del país, que no sólo representa un riesgo para la integridad física de las y los emprendedores, sino también para sus activos, operaciones logísticas y capacidad de inversión.
Es de carácter urgente que el Poder Legislativo, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno y los sectores productivos, diseñe e impulse acciones que reduzcan los factores de riesgo y generen condiciones adecuadas para el desarrollo sostenido de estas unidades económicas. Sólo así se podrá asegurar su permanencia, su crecimiento y su contribución activa al desarrollo económico nacional, particularmente en beneficio de los sectores más jóvenes de la población que apuestan por emprender de manera legítima para cubrir sus necesidades.
Por lo expuesto y fundado se propone el siguiente
Decreto
Primero. Se adicionan el inciso j), de la fracción II al artículo 4 y un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 4. Son objetivos de esta ley
II. Promover
a) a i) ...
j) La promoción y fortalecimiento de las Mipyme para los jóvenes emprendedores.
Artículo 7. La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las Mipyme, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
La secretaría promoverá esquemas de financiamiento accesible y sostenible para las Mipyme impulsadas por personas jóvenes, en términos de lo señalado en el párrafo anterior.
Segundo. Se adiciona el inciso f) a la fracción I del artículo 8 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, para quedar como sigue:
Artículo 8. La política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad deberán considerar por lo menos los aspectos siguientes:
I. Políticas de carácter transversal que promuevan, entre otros, los objetivos siguientes:
a) a e) ...
f) Diseñar e implementar políticas públicas que fomenten el emprendimiento juvenil y el crecimiento de las Mipyme como estrategia para potenciar las capacidades productivas y económicas de las y los jóvenes.
II. a VI. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sede de la Comisión Permanente, a 25 de junio de 2025.
Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad . Junio 25 de 2025.)
Actas
De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, correspondiente a la sexta reunión ordinaria, efectuada el miércoles 14 de mayo de 2025
A las 12:30 horas del miércoles 14 de mayo de 2025, se reunieron los integrantes de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, a efecto de realizar la sexta reunión ordinaria de esta Comisión, en los salones C y D del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, recinto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sito en la avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, demarcación territorial Venustiano Carranza en esta Ciudad de México.
1. Lista de asistencia inicial, final y declaratoria de quórum
La diputada Alejandra Chedraui Peralta, presidenta de la Comisión, saludó y dio la bienvenida a los presentes. Después del pase de lista declaró que hasta ese momento se contaba con un registro de asistencia de 12 diputadas y diputados presentes, con lo que se corroboró el quórum reglamentario y se declaró abierta la reunión.
Diputadas y diputados que pasaron asistencia por plataforma : Paloma Domínguez Ugarte, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Mayra Espino Suárez, Teresa Ginez Serrano, Juan Antonio González Hernández, Nubia Iris Castillo Medina, Magaly Armenta Oliveros, Miguel Ángel Sánchez Rivera, Noel Chávez Velázquez, Edén Garcés Medina, Ana Miriam Ferráez Centeno.
Diputadas y diputados que pasaron asistencia de viva voz: Magda Érika Salgado Ponce, Rosalinda Savala Díaz, Ruth Maricela Silva Andraca, Jorge Alberto Mier Acolt, Alejandra Chedraui Peralta.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
La presidenta solicitó a la diputada Rosalinda Savala Díaz, secretaria de la Comisión, dar lectura al orden del día, poniéndose a consideración de los integrantes, bajo los siguientes términos:
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la quinta reunión ordinaria.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la quinta reunión ordinaria
En este punto del orden del día, la presidenta solicitó a la diputada Rosalinda Savala Díaz, secretaria de la Comisión, poner a consideración el acta de la quinta reunión ordinaria; misma que se aprobó por 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Asuntos generales
La presidenta, diputada Alejandra Chedraui Peralta, comentó a los presentes que se habían enviado a los correos de las diputadas y diputados dos invitaciones, la primera para la reunión con el secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas, mismo que se llevaría a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 27 de mayo del presente a las 9:30 horas, y la segunda la invitación, del diputado Fidel Daniel Chimal García, al foro Post Cop 29 , mismo que se llevaría a cabo el 17 de mayo del año en curso a partir de las 9:00 horas.
Asimismo, refirió que se tenía en agenda el foro Las mujeres frente a la acción climática , el 18 de junio del presente, en un horario de 9:00 a 11:00 horas, e invitó a los presentes a enviar sugerencias para fortalecer el programa a más tardar el 22 de mayo del año en curso.
5 . Clausura y cita para la siguiente reunión
Una vez desahogados los puntos del orden del día, a las 12:45 horas, la presidenta, diputada Alejandra Chedraui Peralta, clausuró la sexta reunión ordinaria.
Votación del acta
A favor
Diputados: Alejandra Chedraui Peralta, Nubia Iris Castillo Medina, Noel Chávez Velázquez, María Isidra de la Luz Rivas, Mayra Espino Suárez, Edén Garcés Medina, Juan Antonio González Hernández, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Magda Érika Salgado Ponce, Miguel Ángel Sánchez Rivera, Rosalinda Savala Díaz, Ruth Maricela Silva Andraca, Magaly Armenta Oliveros, Paloma Domínguez Ugarte, Ana Miriam Ferráez Centeno, Teresa Ginez Serrano, Rosa Margarita Graniel Zenteno, Jorge Alberto Mier Acolt.
Ausentes
Diputados: Carmen Patricia Armendáriz Guerra, Federico Döring Casar, José Alberto Benavides Castañeda, Martha Aracely Cruz Jiménez, Zenyazen Roberto Escobar García.
De la Comisión de Cultura y Cinematografía, referente a la quinta reunión ordinaria, celebrada el jueves 24 de abril de 2025
En la Ciudad de México, a las 17:30 horas del jueves 24 de abril de 2025, en el mezanine sur del edificio A, primer piso del Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, con fundamento en los artículos 39, y 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 146, 150, numeral 1, fracción II; 155 y 160 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se reunieron las personas diputadas integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXVI Legislatura, de conformidad con la convocatoria del 15 de abril de 2025.
1. Lista de asistencia inicial y verificación de quórum
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presente las y los
Diputados: Alma Lidia de la Vega Sánchez, Delhi Miroslava Shember Domínguez, Hilda Araceli Brown Figueredo, Melva Carrasco Godínez, Mónica Fernández Cesar, María Fabiola Karina Pérez Popoca, Ana Érika Santana González, José Alejandro Aguilar López, Juan Antonio Meléndez Ortega, Omar Antonio Borboa Becerra, Gissel Santander Soto, Alma Delia Navarrete Rivera, Maribel Martínez Ruiz integrantes de esta Comisión.
Con la asistencia de trece (13) de un total de dieciocho (18) personas diputadas integrantes se contó con el quórum reglamentario, por lo cual la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, presidenta de la Comisión, dio inicio a la quinta reunión ordinaria, solicitando el apoyo de la secretaria, diputada Melva Carrasco Godínez, para que realice la función de la Secretaría en la presente reunión.
2. Orden del Día
La diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez dio la bienvenida a las diputadas y los diputados integrantes, medios de comunicación y asistentes.
A continuación, solicitó a la secretaria de la reunión, dar lectura al orden del día publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al siguiente:
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la cuarta reunión ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:
a) A la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, expediente 947.
b) A la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 2, un segundo párrafo al artículo 4 y las fracciones XII y XIII al artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, expediente 948.
c) A la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a través de su programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a ubicar una tienda de venta y exposición de artesanías indígenas y afromexicanas en las instalaciones de esta soberanía.
d) A la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a destacar y promover la relevancia del proyecto de la Cámara de Diputados denominado Las lenguas toman la tribuna . Para ello se propone valorar y, en su caso, integrar esta iniciativa en las salas tituladas Grandeza y diversidad cultural de México , del Museo Nacional de Antropología, con el fin de visibilizar y reforzar la importancia de las lenguas indígenas como parte fundamental del patrimonio cultural de la nación.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
La Presidencia solicitó someter a consideración de las personas integrantes el mencionado orden del día, la Secretaría consultó a los presentes si alguna diputada o diputado deseaba hacer uso de la voz respecto del punto en comento.
No habiendo quién haga uso de la palabra, se solicita a la Secretaría someter a votación el orden del día para su aprobación; la Secretaría notifica a la Presidencia que queda aprobado por mayoría en votación económica el orden del día.
La Presidencia notifica que ha quedado aprobado el orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta referente a la cuarta reunión ordinaria
La Presidencia solicita a la Secretaría dar cuenta del siguiente punto del orden del día.
La Secretaría da lectura al siguiente punto del orden del día, Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta referente a la cuarta reunión ordinaria.
La Presidencia solicitó someter a consideración de las personas integrantes el acta de la cuarta reunión ordinaria, la Secretaría consulta a los presentes si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz respecto del punto en comento.
La Presidencia, no habiendo quién haga uso de la palabra, solicita a la Secretaría someter a votación el acta de la cuarta reunión ordinaria.
La Secretaría somete a votación de los presentes mediante el sistema APRAV el acta, y notifica a la Presidencia que, con 11 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, se aprueba por unanimidad el acta derivada de la cuarta reunión ordinaria.
La Presidencia notifica que ha quedado aprobada el acta de la cuarta reunión ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen
La Presidencia solicita a la Secretaría dar cuenta del siguiente punto del orden del día.
La Secretaría da lectura al siguiente punto del orden del día, Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a) por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
La Presidencia solicitó someter a consideración de las personas integrantes el dictamen a la iniciativa en mención, la Secretaría consulta a los presentes si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz respecto del punto en comento.
La Presidencia, no habiendo quién haga uso de la palabra, solicita a la Secretaría someter a votación el dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
La Secretaría somete a votación de los presentes mediante el sistema APRAV, el dictamen por el que se desecha la iniciativa y notifica a la Presidencia que, con 12 (doce) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se desecha la iniciativa en mención.
La Presidencia notifica que ha quedado aprobado el dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
La Presidencia solicita a la Secretaría dar cuenta del siguiente punto del orden del día.
La Secretaría da lectura al siguiente punto del orden del día, Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen b) por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 2, un segundo párrafo al artículo 4 y las fracciones XII y XIII al artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
La Presidencia solicitó someter a consideración de las personas integrantes el dictamen a la iniciativa en mención, la Secretaría consulta a los presentes si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz respecto del punto en comento.
La Presidencia, no habiendo quién haga uso de la palabra, solicita a la Secretaría someter a votación el dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 2, un segundo párrafo al artículo 4 y las fracciones XII y XIII al artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
La Secretaría somete a votación de los presentes mediante el sistema APRAV, el dictamen por el que se desecha la iniciativa y notifica a la Presidencia que, con 11 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se desecha la iniciativa en mención.
La Presidencia notifica que ha quedado aprobado el dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 2, un segundo párrafo al artículo 4 y las fracciones XII y XIII al artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
La Presidencia solicita a la Secretaría dar cuenta del siguiente punto del orden del día.
La Secretaría da lectura al siguiente punto del orden del día, Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen c) a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a través de su programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a ubicar una tienda de venta y exposición de artesanías indígenas y afromexicanas en las instalaciones de esta soberanía.
La Presidencia solicitó someter a la consideración de las personas integrantes el dictamen a la proposición en mención, la Secretaría consulta a los presentes si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz respecto del punto en comento.
La diputada Ana Érika Santana González, del Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de México, se pronuncia en favor de la proposición y expone que la designación de un espacio institucional no corresponde a la Comisión de Cultura, sino a la Mesa Directiva. Por lo que propuso que se le notifique a la Junta de Coordinación Política para que pueda apoyar en esta moción.
La presidenta, diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, Morena, realiza la afirmación de que esta Comisión estaría haciendo lo propio con la solicitud a la Mesa Directiva.
La Presidencia, no habiendo quién haga uso de la palabra, solicita a la Secretaría someter a votación el dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a través de su programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a ubicar una tienda de venta y exposición de artesanías indígenas y afromexicanas en las instalaciones de esta soberanía.
La Secretaría somete a votación de los presentes mediante el sistema APRAV, el dictamen por el que se aprueba la proposición y notifica a la Presidencia que, con 11 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se aprueba la proposición en mención.
La Presidencia notifica que ha quedado aprobado el dictamen a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a través de su programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a ubicar una tienda de venta y exposición de artesanías indígenas y afromexicanas en las instalaciones de esta soberanía.
La Presidencia solicita a la Secretaría dar cuenta del siguiente punto del orden del día.
La Secretaría da lectura al siguiente punto del orden del día, Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen d) a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a destacar y promover la relevancia del proyecto de la Cámara de Diputados denominado Las lenguas toman la tribuna . Para ello se propone valorar y, en su caso, integrar esta iniciativa en las salas tituladas Grandeza y diversidad cultural de México , del Museo Nacional de Antropología, con el fin de visibilizar y reforzar la importancia de las lenguas indígenas como parte fundamental del patrimonio cultural de la nación.
La Presidencia solicitó someter a consideración de las personas integrantes el dictamen a la proposición en mención, la Secretaría consulta a los presentes si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz respecto del punto en comento.
La diputada Ana Érika Santana González, del Partido Verde Ecologista de México, se pronuncia en favor de la proposición y expone que la designación de un espacio institucional no corresponde a la Comisión de Cultura, sino a la Mesa Directiva. Por lo que propuso que se le notifique a la Junta de Coordinación Política para que pueda apoyar en esta moción.
La presidenta, diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, Morena, realiza la afirmación de que esta Comisión estaría haciendo lo propio con la solicitud a la Mesa Directiva.
La Presidencia, no habiendo quién haga uso de la palabra, solicita a la Secretaría someter a votación el dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a destacar y promover la relevancia del proyecto de la Cámara de Diputados denominado Las lenguas toman la tribuna . Para ello se propone valorar y, en su caso, integrar esta iniciativa en las salas tituladas Grandeza y diversidad cultural de México del Museo Nacional de Antropología, con el fin de visibilizar y reforzar la importancia de las lenguas indígenas como parte fundamental del patrimonio cultural de la nación.
La Secretaría somete a votación de los presentes mediante el sistema APRAV, el dictamen por el que se aprueba la proposición y notifica a la Presidencia que, con 11 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se aprueba la proposición en mención.
La Presidencia notifica que ha quedado aprobado el dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a destacar y promover la relevancia del proyecto de la Cámara de Diputados denominado Las lenguas toman la tribuna . Para ello se propone valorar y, en su caso, integrar esta iniciativa en las salas tituladas Grandeza y diversidad cultural de México , del Museo Nacional de Antropología, con el fin de visibilizar y reforzar la importancia de las lenguas indígenas como parte fundamental del patrimonio cultural de la nación.
La Presidencia solicita a la Secretaría dar cuenta del siguiente punto del orden del día.
5. Asuntos generales
La Secretaría da lectura al siguiente punto del orden del día, Asuntos generales.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría consulta a los presentes si alguna diputada o diputado desea tratar algún asunto general.
La Secretaría informa que no habiendo diputadas o diputados que deseen hacer uso de la voz, se han agotado los asuntos que tratar.
6. Clausura
La Presidencia, una vez agotados los asuntos por tratar, declara formalmente clausurada la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a las 18:14 horas del jueves 24 de abril de 2025.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2025.
Votación del acta
A favor
Diputados: Alma Lidia de la Vega Sánchez, José Alejandro Aguilar López, Omar Antonio Borboa Becerra, Hilda Araceli Brown Figueredo, Melva Carrasco Godínez, Mónica Fernández Cesar, Juan Antonio Meléndez Ortega, Dora Alicia Moreno Méndez, María Fabiola Karina Pérez Popoca, Ana Érika Santana González, Delhi Miroslava Shember Domínguez, Zoraya Villacis Palacios, Claudia García Hernández, Maribel Martínez Ruiz, Alma Delia Navarrete Rivera, Gissel Santander Soto.
Ausentes
Diputados: Germán Martínez Cázares, Gibrán Ramírez Reyes, Jorge Alfredo Lozoya Santillán, Santiago González Soto.
De la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, correspondiente a la quinta reunión ordinaria, llevada a cabo el martes 8 de abril de 2025
A las 9:15 horas del martes 8 de abril de 2025, en los salones C y D del edificio G, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados en la Ciudad de México, se reunieron las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, conforme a la convocatoria de fecha 1 de abril de 2025, para el desahogo del siguiente
Orden del Día
I. Registro de asistencia y declaración de quorum.
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día correspondiente a la quinta reunión ordinaria.
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictamen referente a iniciativa:
a) En sentido negativo referente a la iniciativa por el que se adiciona un artículo 74 Bis y se reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Proponente: Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, expediente 956.
V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes relativos a proposiciones:
a) En sentido positivo, con punto de acuerdo en materia de acciones afirmativas. Proponente: diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
b) En sentido positivo, con punto de acuerdo en materia de derechos y desarrollo integral de las mujeres indígenas y afromexicanas. Proponente diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
VI. Presentación del director de Vinculación de la Secretaría de Bienestar, para dar a conocer avances del FAIS componente indígena (FAISPIAM).
VII. Asuntos generales.
VIII. Clausura.
La diputada Leide Avilés Domínguez fungió como secretaria de la reunión, que se desarrolló de la siguiente manera:
I. Registro de asistencia y declaración de quórum
Se declaró quórum reglamentario con la asistencia de los siguientes
Diputados: Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, presidenta; Gloria Sánchez López, José Alejandro López Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez, Rosa María Castro Salinas, Alfredo Vázquez Vázquez, Amalia López de la Cruz, Briceyda García Antonio, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, Irma Juan Carlos, Rocío Natali Barrera Puc, Asael Hernández Cerón, Adolfo Alatriste Cantú, María del Carmen Nava García, María de Fátima García León, secretarios; Ciria Yamile Salomón Durán, Claudia Quiñones Garrido, Diana Castillo Gabino, Dora Alicia Moreno Méndez, Genoveva Huerta Villegas, Martha Aracely Cruz Jiménez, Diana Isela López Orozco, Eunice Abigail Mendoza Ramírez, Herminia López Santiago, Leide Avilés Domínguez, Nubia Iris Castillo Medina y Jonathan Puertos Chimalhua.
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día correspondiente a la quinta reunión ordinaria
La Secretaría dio lectura el orden del día y, en votación económica, se aprobó por unanimidad de los presentes quedando como sigue:
Orden del Día
I. Registro de asistencia y declaración de quórum.
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día correspondiente a la quinta reunión ordinaria.
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictamen a iniciativas:
a) Dictamen en sentido negativo relativo a iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 74 Bis y se reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Proponente: Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, expediente 956.
V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes relativos a proposiciones:
a) En sentido positivo, con punto de acuerdo en materia de acciones afirmativas. Proponente: diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
b) En sentido positivo, con punto de acuerdo en materia de derechos y desarrollo integral de las mujeres indígenas y afromexicanas. Proponente diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
VI. Presentación del director de Vinculación de la Secretaría de Bienestar, para dar a conocer avances del FAIS componente indígena (FAISPIAM).
VII. Asuntos generales.
VIII. Clausura.
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior
Se dispensó la lectura del acta, en virtud de que fue previamente socializada y, sin intervenciones en la discusión, en votación nominal, se aprobó por veinticinco votos a favor.
IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictamen referente a iniciativa:
a) Dictamen en sentido negativo a iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 74 Bis y se reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Proponente: Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, expediente 956.
Se dispensó su lectura y, al no existir intervenciones para su discusión, se aprobó en votación nominal con veintiún votos a favor y una abstención.
V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes relativos a proposiciones:
a) En sentido positivo, con punto de acuerdo en materia de acciones afirmativas. Proponente: diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena
Previa exposición de las consideraciones, la Presidencia informó que el proyecto se formuló en sentido positivo.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), como proponente, destacó que tanto indígenas como afromexicanos han sido discriminados en el acceso al servicio público y es necesario visibilizar a los miembros de estas comunidades, que son sumamente capaces para cargos directivos, haciéndolos protagonistas de su propio destino por lo que solicitó el apoyo de todas y todos los diputados para aprobar el punto de acuerdo.
Al no existir más participaciones, se aprobó el dictamen en votación nominal, por veinticinco votos a favor.
b) En sentido positivo, con punto de acuerdo en materia de derechos y desarrollo integral de las mujeres indígenas y afromexicanas. Proponente diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Previa exposición de las consideraciones, la Presidencia informó que el proyecto se formuló en sentido positivo.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), como proponente, destacó que es necesario promover la participación de las mujeres en las asambleas; sin embargo, no puede imponerse como regla ya que puede generar conflictos en las comunidades que tradicionalmente han funcionado de esta manera y aclaró que el punto de acuerdo que presentó trata únicamente de flexibilizar las reglas de operación para que las mujeres puedan acceder al Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (Probipi).
Participaron en la discusión las y los diputados Emilio Ramón Ramírez Guzmán (Morena), Claudia Quiñones Garrido (PAN), Diana Isela López Orozco (Morena), Gloria Sánchez López (Morena), Rosa María Castro Salinas (Morena), José Manuel Hinojosa Pérez (PAN), Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) y Asael Hernández Cerón (PAN).
Al concluir las intervenciones se procedió a la votación nominal y se aprobó con veinticuatro votos a favor.
VI. Presentación del director de Vinculación de la Secretaría de Bienestar para dar a conocer avances del Fais componente indígena (Faispiam)
Se concedió el uso de la voz al maestro Saúl Martínez, director de Vinculación de la Secretaría de Bienestar para exponer y aclarar dudas respecto del FAIS componente indígena Faispiam.
Señaló que, por lo menos el 10 por ciento del Fondo se destinará a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto rezago social.
El recurso se entrega de manera directa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos por parte de la Tesorería de la federación y suma un total de 12 millones 374 mil pesos. En este sentido, se tienen identificadas 14 mil 742 comunidades indígenas en 27 mil 278 localidades; 431 comunidades afromexicanas divididas en 462 localidades y 44 comunidades pluriculturales en 52 localidades.
El periodo de las asambleas será del 1 al 30 de abril y las comunidades deberán elegir dos comités: el de administración, que ejecuta los recursos de la comunidad destinados a las obras de infraestructura y, el de vigilancia, que dará seguimiento a la ejecución de los recursos.
Concluida su intervención, dio inicio la ronda de preguntas por parte de los grupos parlamentarios en las que participaron las y los diputados: María de Fátima García León (Movimiento Ciudadano), José Alejandro López Sánchez (PT), María del Carmen Nava García (PVEM), Asael Hernández Cerón (PAN), Rosa María Castro Salinas (Morena).
La subdirectora de Vinculación de la Secretaría de Bienestar con la Cámara de Diputados, maestra Rosario Muscio, dio respuesta a los cuestionamientos de los legisladores. Se comprometió a hacer llegar los lineamientos del Faispiam a los integrantes de la Comisión, a través de la Presidencia y destacó que en éstos se establece que la Auditoría Superior de la Federación sería la encargada de realizar la fiscalización de los recursos otorgados. Respecto del catálogo de comunidades indígenas y afromexicanas manifestó que se recibieron diversas solicitudes de reconsideración de comunidades que no están contempladas y que están resolviéndose tratando de incluir el mayor número de ellas.
Concluida la intervención de la subdirectora de Vinculación, hicieron uso de la voz las y los diputados Emilio Ramón Ramírez Guzmán (Morena), Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), Gloria Sánchez López (Morena), Amalia López de la Cruz (Morena).
VII. Asuntos generales
No existieron intervenciones en este punto.
VIII. Clausura
Agotado el orden del día, se dio por concluida la reunión a las 11:15 horas.
Aprueban los integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el 23 de junio de 2025, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
Votación del acta
A favor
Diputados: Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, Adolfo Alatriste Cantú, Rocío Natalí Barrera Puc, Rosa María Castro Salinas, María de Fátima García León, Amalia López de la Cruz, José Alejandro López Sánchez, María del Carmen Nava García, Víctor Samuel Palma César, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, Gloria Sánchez López, Leide Avilés Domínguez, Diana Castillo Gabino, Martha Aracely Cruz Jiménez, Diana Isela López Orozco, Herminia López Santiago, Eunice Abigail Mendoza Ramírez, Jonathan Puertos Chimalhua, Ciria Yamile Salomón Durán, Marcela Velázquez Vázquez.
Ausentes
Diputados: Alfredo Vázquez Vázquez, Asael Hernández Cerón, Briceyda García Antonio, Claudia Quiñones Garrido, Dora Alicia Moreno Méndez, Genoveva Huerta Villegas, Irma Juan Carlos, José Manuel Hinojosa Pérez, Nubia Iris Castillo Medina, Venustiano Caamal Cocom.
De la Comisión de Turismo, derivada de la séptima reunión ordinaria, efectuada el jueves 29 de mayo de 2025
A las 9:33 horas del jueves 29 de mayo de 2025, en la sala de juntas de la Comisión de Turismo, edificio G, segundo piso, de la Cámara de Diputados, ubicada en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, se reunieron las y los legisladores integrantes de la Comisión de Turismo de la LXVI Legislatura, para el desahogo del siguiente
Orden del Día
I. Asistencia y confirmación de quórum.
II. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
III. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sexta reunión ordinaria.
IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que emite la Comisión de Turismo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de menstruación digna, presentada por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de Morena.
V. Reunión con el tema Estadística turística , con la doctora Nathalie Véronique Desplas Puel, titular de la Unidad de Información y Política Turística, de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal.
VI. Asuntos generales.
VII. Clausura.
I. Lista de asistencia inicial y confirmación de quórum
La diputada Tania Palacios Kuri, presidenta de la Comisión de Turismo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, da un mensaje de bienvenida a las diputadas y diputados integrantes; al tiempo que instruye a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia. La Secretaría, a cargo del diputado Miguel Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI, informa que existe un registro de asistencia, tanto presencial, como vía remota, de 23 diputadas y diputados, por lo que se declara quórum legal.
Asistencia
Diputados: Tania Palacios Kuri, Magda Érika Salgado Ponce, Beatriz Milland Pérez, Bruno Blancas Mercado, Luis Humberto Aldana Navarro, Anaís Miriam Burgos Hernández, Diana Isela López Orozco, Claudia Lisbeth Moreno Ramírez, Alejandra Chedraui Peralta, Josefina Anaya Martínez, Roberto Sosa Pichardo, David Azuara Zúñiga, Julia Licet Jiménez Angulo, Vanessa López Carrillo, Patricia Galindo Alarcón, José Alejandro López Sánchez, Roberto Armando Albores Gleason, Miguel Alonso Reyes, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, Ciria Yamile Salomón Durán, Francisco Javier Farías Bailón, Tecutli José Guadalupe Gómez Villanueva.
En virtud de ello, la diputada Tania Palacios Kuri, presidenta de la Comisión de Turismo, da por iniciada la sesión.
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
Acto seguido, la presidenta de la Comisión de Turismo, instruye al diputado Miguel Alonso Reyes, dar lectura y someter a consideración y votación de las y los diputados presentes de la Comisión de Turismo, el orden del día, mismo que se aprueba en sus términos por unanimidad.
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sexta reunión ordinaria
La diputada Tania Palacios Kuri, instruye a la Secretaría, a cargo del diputado Miguel Alonso Reyes, dispensar la lectura y someter a consideración y votación de las y los diputados presentes de la Comisión de Turismo, el acta de la sexta reunión ordinaria, tomando en consideración que se distribuyó previamente. Se aprueba el acta en sus términos por unanimidad.
IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que emite la Comisión de Turismo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de menstruación digna, presentada por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de Morena
La diputada Tania Palacios Kuri, presidenta de la Comisión de Turismo, informa a sus integrantes que recibió copia del oficio enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por parte de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de Morena, mediante el cual solicitó el retiró de su iniciativa en materia de menstruación digna.
Dado ello, se informa que queda sin materia de discusión el dictamen considerado en el orden del día.
V. Reunión con el tema Estadística turística , con la doctora Nathalie Véronique Desplas Puel, titular de la Unidad de Información y Política Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal
La diputada Tania Palacios Kuri, instruye a la Secretaría, a cargo del diputado Miguel Alonso Reyes, dar la bienvenida e iniciar con la presentación de la doctora Nathalie Véronique Desplas Puel, titular de la Unidad de Información y Política Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal.
Sobre el particular, la doctora Nathalie Véronique Desplas Puel, expone información sobre los principales aspectos del panorama económico y estadístico del sector turístico en México. Se acuerda distribuir dicha información entre los integrantes de la Comisión de Turismo.
La diputada Tania Palacios Kuri, agradece la exposición a la doctora Nathalie Véronique Desplas Puel, al tiempo que consulta si existen diputados que quieran realizar alguna pregunta. Para tal fin, se registran los diputados Roberto Sosa Pichardo y Luis Humberto Aldana Navarro.
En su oportunidad, el diputado Roberto Sosa Pichardo consulta sobre la factibilidad de que la Comisión de Turismo pueda apoyar a la Secretaría de Turismo en los trabajos de la organización del Mundial de Futbol de 2026.
La doctora Desplas Puel responde que no es su área de competencia, pero lo hará saber a través del enlace de la Secretaría de Turismo, para ver la posibilidad de agendar una reunión para abordar tal asunto.
Por su parte, el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, señala que sería pertinente que las Casas Consulares como la que existe en Cancún puedan replicarse en las sedes mundialistas, concretamente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y que mediante estas Casas Consulares se garantice seguridad a los turistas, con especial atención a las mujeres.
Comenta que la construcción de un cuarto muelle en Cancún está impactando ecológicamente, y dado ello, consulta si la Secretaría de Turismo, puede intervenir al respecto.
En tal sentido, la doctora Desplas Puel responde que de igual manera no es su área de competencia, pero dichas inquietudes las hará saber al área correspondiente.
No se registran más oradores.
VI. Asuntos generales
La diputada Tania Palacios Kuri, consulta a los legisladores presentes si alguien está interesado en participar en el apartado de Asuntos generales. No se registran diputados para tal fin.
VI. Clausura
Se levanta la sesión correspondiente a la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Turismo, a las 10:24 horas del jueves 29 del mes de mayo de 2025.
Votación del acta
A favor
Diputados: Tania Palacios Kuri, Luis Humberto Aldana Navarro, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Bruno Blancas Mercado, Francisco Javier Farías Bailon, Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, Vanessa López Carrillo, Beatriz Milland Pérez, Carlos Ventura Palacios Rodríguez, Iván Peña Vidal, Magda Érika Salgado Ponce, Ciria Yamile Salomón Durán, Roberto Sosa Pichardo, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, Enrique Vázquez Navarro, Roberto Armando Albores Gleason, Josefina Anaya Martínez, Carol Antonio Altamirano, David Azuara Zúñiga, Anaís Miriam Burgos Hernández, Noel Chávez Velázquez, Alejandra Chedraui Peralta, Patricia Galindo Alarcón, Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, Julia Licet Jiménez Angulo, Diana Isela López Orozco, José Alejandro López Sánchez, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Javier Taja Ramírez, María del Rosario Vera.
Ausentes
Diputados: Claudia Lisbeth Moreno Ramírez, Manuel Alejandro Cota Cárdenas.