Iniciativas
QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA BEATRIZ COLLADO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 4 DE JUNIO DE 2008
La suscrita, diputada federal Beatriz Collado Lara, de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los programas sociales son acciones de gobierno que tienen por fin último mejorar la calidad de vida de los mexicanos, asegurar el pleno ejercicio de su libertad personal, en un entorno de convivencia humana y de respecto a la naturaleza que multiplique las oportunidades de progreso material, favorezca el desenvolvimiento intelectual y propicie el enriquecimiento cultural de cada uno de los ciudadanos del país. Por desgracia, no siempre se respecta el fin de los programas, desviando los objetivos por los que fueron creados.
Es de reconocer que los programas, acciones, obras, servicios y todas las actividades que tienen que ver con la función pública están expuestos permanentemente al riesgo de ser manipulados con fines político-electorales.
En correspondencia con ello, desde el gobierno federal y el Congreso de la Unión se han implantado diferentes medidas de prevención, con la intención de lograr los fines sociales para los que fueron creados, y así seguir protegiendo a los grupos campesinos, indígenas, las mujeres, ancianos, niños, en toda aquella población que tiene desventaja para salir adelante, de los intereses particulares de algunos representantes o funcionarios públicos.
Hay que tener en cuenta que los programas públicos son financiados con recursos que provienen de las contribuciones de la población, a través de éstos se otorga un subsidio federal que debe ser usado sin fines político-electorales o partidistas. Sin embargo, existen quienes sin el mayor escrúpulo desvían dichos recursos hacia otros fines, ante este fenómeno el gobierno federal y la Cámara de Diputados, buscando establecer los mecanismos necesarios para erradicar ésta práctica.
Por ejemplo, se estableció en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2008, en su artículo 17, fracción V, el tipo de publicidad que las dependencias y entidades que ejecuten un programa social deberán incluir, de manera clara, visible y audible, la leyenda siguiente:
Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública encabeza otro esfuerzo interinstitucional denominado "blindaje electoral", que consiste en acciones encaminadas a que todos los recursos públicos y programas sociales se gestionen de forma transparente, sin fines político-electorales.
También, a través de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, promueve la firma de acuerdos de coordinación para establecer bases para el fortalecimiento de acciones de prevención, atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de delitos electorales en el contexto de cada proceso electoral en los estados, con la participación de la PGR a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Las anteriores, muestran algunas de la muchas acciones emprendidas para erradicar este fenómeno, pero debemos fortalecerlas mediante normas claras y contundentes.
Compañeras y compañeros legisladores: el problema se hace más evidente en aquellos programas en que confluyen recursos de los tres órdenes de gobierno, ya que en los convenios de coordinación o concertación que firman los gobiernos, sólo establece que su ejecución se sujetará a lo que dicten las reglas de operación respectivas; sin hacer referencia alguna sobre su publicidad y difusión de manera que no se respeta la imagen, logotipo, información relacionada con dichos programas.
En los últimos años se ha vuelto una práctica común modificar la identidad gráfica de los programas para hacerlos acorde con los colores institucionales de las administraciones gubernamentales en turno, y en el exceso de los despropósitos, se introducen elementos ajenos tales como el nombre de pila de algún funcionario o personaje político o peor aún algún eslogan partidista, entre muchos otros.
Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa pretende contribuir con el uso adecuado de los recursos públicos dirigidos a los que más lo necesitan. Busca salvaguardar los nobles fines del desarrollo social y cerrar el paso a la delincuencia electoral.
La búsqueda de una vida mejor y más digna para todos, no puede tolerar tergiversaciones que vulneren en sí misma a la vida democrática de la Nación, que nos exige de una estricta honestidad en el manejo de los recursos públicos.
La adición que se propone incorporar al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social pretende que los distintos ámbitos de gobierno respeten la imagen, logotipo y todo lo relacionado con la publicidad con que se reconoce los programas sociales, de manera que éste no sea usado con fines publicitarios de promoción personal o políticos por los funcionarios de gobierno, y para que nos permita alcanzar el objetivo de estructurar una verdadera política social de Estado que mantenga la coherencia y homogeneidad necesarias para erradicar la pobreza.
En consecuencia, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social
Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 28. ...
La imagen, logotipo y todo lo relacionado con la publicidad e información de los programas mencionados en el párrafo anterior no deberá modificarse bajo ninguna circunstancia. Esta disposición se incluirá en los convenios que se celebren entre los ámbitos de gobierno, y los de éstos con organizaciones civiles y privadas para la instrumentación de dichos programas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de junio de 2008.
Diputada Beatriz Collado Lara (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Junio 4 de 2008.)
QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 Y A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, RECIBIDA DE LAS SENADORAS ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ Y CLAUDIA CORICHI GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 4 DE JUNIO DE 2008
La suscritas, senadoras Rosalinda López Hernández y Claudia Corichi García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La cooperación entre Estados constituye uno de los pilares fundamentales de la política internacional de nuestro tiempo.
Ya sea en forma de asistencia oficial para el desarrollo, cooperación científica y tecnológica o ayuda material y asesoramiento táctico, la cooperación proveniente del exterior juega un papel cada día más importante en la estrategia de desarrollo de los Estados nacionales.
De manera particular, nuestro país forma parte de diversos e importantes esquemas de colaboración e intercambio en todos los ámbitos. Destaca, por supuesto, nuestra pertenencia a distintos organismos y agencias internacionales, así como la estrecha relación que mantenemos con algunos de los países y regiones donantes más importantes a nivel mundial.
En este contexto, es menester reconocer que la cooperación internacional constituye una valiosa herramienta que le permite a nuestro país captar recursos económicos y en especie provenientes de otros países y sujetos privados internacionales, a efecto de canalizarlos a la promoción del bienestar de los mexicanos.
Desafortunadamente, pese a la importancia de la cooperación internacional para un país como México, nuestro marco jurídico aún no incluye una regulación que nos permita estimular y dar certidumbre a los bienes y recursos provenientes del extranjero.
De igual forma, carecemos de procedimientos elementales y no contamos con una distribución de competencias que nos permita aprovechar al máximo la ventana de oportunidad que representa la cooperación internacional en todas y cada una de sus modalidades.
Un ejemplo claro de lo anterior es la discusión inherente a los fondos que el Congreso de Estados Unidos de América prevé otorgar a nuestro país, en aras de fortalecer la capacidad del Estado mexicano para hacer frente al fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y otras tantas manifestaciones de la delincuencia organizada.
Hasta el momento, el Poder Legislativo de nuestro país no tiene una idea precisa del contenido y los alcances de la iniciativa Mérida, derivada de una solicitud de ayuda del gobierno mexicano frente al fracaso de la estrategia nacional contra el narcotráfico.
Sin embargo, en México aún no sabemos cuál es el diagnóstico del Ejecutivo federal que motivó dicha solicitud de ayuda. Tampoco conocemos con precisión el monto y la naturaleza de los recursos solicitados.
Y como es de esperarse, también desconocemos cuál sería la asignación de dichos recursos e ignoramos la responsabilidad de las distintas dependencias gubernamentales que eventualmente estarán involucradas en el ejercicio de éstos.
Así las cosas, mientras en el Congreso de Estados Unidos de América tiene lugar un intenso debate, en México el Poder Legislativo se encuentra absolutamente al margen de toda decisión.
En diciembre pasado la senadora Rosario Green presentó una propuesta de ley sobre cooperación internacional que busca ordenar y desarrollar el marco jurídico que regula este importante ámbito de nuestras relaciones con otros países y entes internacionales. La iniciativa de referencia ya fue aprobada por el pleno del Senado y la minuta se encuentra a consideración de la Cámara de Diputados.
Sin duda, contar con una ley de esta naturaleza ayudará a nuestro país a aprovechar al máximo los beneficios y las oportunidades que nos brinda la ayuda proveniente del exterior.
Sin embargo, compañeras y compañeros legisladores, paralelamente persiste la necesidad de perfeccionar los instrumentos legales a nuestro alcance para promover la rendición de cuentas y fortalecer la facultad de fiscalización del poder legislativo sobre todas aquellas donaciones en especie que reciba y ejerza el gobierno federal.
Por ello, el objetivo de la presente propuesta no es otro que el de adicionar un nuevo párrafo al artículo 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de establecer expresamente que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá informar al Congreso de la Unión sobre la recepción y utilización de donativos en especie provenientes del exterior que reciban las entidades y dependencias a que se refiere esta ley.
Actualmente, dicha ley sólo establece que las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la Tesorería de la Federación, sin establecer disposición alguna para las donaciones en forma de equipo tecnológico, aeronaves, armamento, adiestramiento, capacitación y asistencia técnica.
Finalmente, para asegurar que la reforma sea integral, proponemos adicionar la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, con objeto de incorporar como obligación del Poder Ejecutivo la de incluir en los informes trimestrales a los que se refiere el artículo 23 de dicha ley el monto, la naturaleza y el destino de los recursos y las aportaciones que reciba el gobierno mexicano por concepto de donaciones.
Lo anterior, con el único objetivo de transparentar y garantizar el principio de publicidad sobre la utilización de los ingresos y donaciones provenientes del exterior. Bajo los términos anteriores, compañeras y compañeros legisladores, ponemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Artículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 81. ...
...
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá informar al Congreso de la Unión sobre la recepción y utilización de donativos en especie provenientes del exterior que reciban las entidades y dependencias a que se refiere esta ley.
Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, para quedar como sigue:
De la información, transparencia y evaluación de la eficiencia recaudatoria, la fiscalización y el endeudamiento:
Artículo 23. ...
...
Se incluirán también los recursos financieros, las donaciones y las aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, así como de particulares e instituciones privadas mexicanas y extranjeras que se deriven de los esquemas de cooperación internacional de los que forme parte el gobierno mexicano.
...
Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 4 de junio de 2008.
Senadoras: Rosalinda López Hernández (rúbrica), Claudia Corichi García.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 4 de 2008.)
QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARICELA CONTRERAS JULIÁN Y ECTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, Y DEL PAN, RESPECTIVAMENTE, Y RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 4 DE JUNIO DE 2008
Los suscritos, diputados Maricela Contreras Julián y Ector Jaime Ramírez Barba, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y Acción Nacional respectivamente, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa que adiciona la fracción IX y un párrafo al artículo 115 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el país se ha detectado que el sobrepeso y la obesidad son un problema latente de salud pública.
Para 2000 se estimaba que la población de niños de entre 5 y 17 años con sobrepeso era cercana a 155 millones y que, de éstos, 45 millones eran obesos en el mundo. En el caso de nuestro país, actualmente se calcula que 7 de cada 10 mexicanos sufren este padecimiento, en especial los niños y los adolescentes.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el control de obesidad y de sobrepeso, así como del resto de las enfermedades crónicas no transmisibles, representa una situación de alarma, y se recomienda como la principal estrategia la prevención.
Un estudio sobre la violencia contra los niños encomendado al experto independiente Paulo Sérgio Pinheiro, de Brasil, en colaboración con la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la OMS, presentado a la Asamblea General el 11 de octubre de 2006, mostró que los niños en México padecen violencia durante la infancia y que está estrechamente asociada con conductas que ponen en riesgo la salud y la vida, como el hábito de fumar y el abuso del alcohol y de otras drogas, así como la inactividad física y la obesidad.
Esas conductas influyen en algunas de las principales causas de enfermedad y muerte, como el cáncer y la depresión, el suicidio y problemas cardiovasculares, por lo que se emitieron recomendaciones generales y concretas a todos los Estados, con el propósito de dar respuestas y prevenir esta problemática.
Por otra parte, hay muchos factores asociados a la obesidad infantil, como la industrialización, la migración interna de zonas rurales hacia las ciudades y la migración internacional, los cuales favorecen el consumo de alimentos de alto contenido energético, agravada con la disminución de la actividad física y ejercicio.
La Clínica de Obesidad en el Hospital Infantil de México Federico Gómez asegura que la obesidad puede causar graves daños emocionales durante la niñez, como trastornos de la personalidad, depresión y ansiedad, además de problemas físicos, entre los que destacan alteraciones óseas en la cadera, problemas respiratorios, apnea y asma, pero la tendencia es que entre los menores de 5 años de edad la obesidad se mantenga en 25 por ciento de los casos; entre los niños de 8 años perdura hasta en 40 por ciento, pero lo más grave es que de quienes son obesos en la adolescencia, 80 por ciento lo seguirá siendo durante la vida adulta.
Ello menoscaba el derecho de cada niño a la alimentación, consagrada en los tratados internacionales y en la legislación nacional específica dirigida a la infancia, ya que se pretende garantizar que la alimentación y los programas de nutrición sean apropiados, es decir, que deben proporcionar al infante los nutrimentos necesarios para su desarrollo.
Sin embargo, alrededor de este entorno, la educación nutricional ha quedado en manos de las empresas productoras de alimentos procesados, por lo que detrás de la mala alimentación de niños y de adolescentes prevalecen los intereses económicos, pues la comida chatarra es un gran negocio y la población infantil representa un cliente fácil de captar.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 arrojó los siguientes datos:
Prevaleció de manera alta el sobrepeso en hombres, con 42.5 por ciento, en contraposición con las mujeres, que es de 37.4 por ciento.
El índice de obesidad es mayor en las mujeres, con 34.5 por ciento, respecto a los hombres, que es de 24.2 por ciento.
A esos datos hay que agregar los problemas en otros grupos de edad, especialmente en niños y adolescentes, ya que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años asciende a 4.1 millones de escolares, es decir, 4 de cada 10 niños y en adolescentes de 12 a 19 años en nuestro país, lo que representa 5.7 millones de esta población, es decir, 3 de cada 10 jóvenes. De seguir la tendencia, se calcula, para 2010 5 de cada 10 niños y adolescentes padecerán de sobrepeso o de obesidad.
El Consejo Nacional de Población proyectó que para finales de 2007 prácticamente 57 millones de mexicanos, hombres y mujeres y de todas las edades, tendrían problemas de sobrepeso o de obesidad.
Estudios recientes realizados por la Fundación Mexicana para la Salud, AC, señalan que el sobrepeso y la obesidad infantiles tienen diversos factores de responsabilidad, ya que se deben a la conjunción de diversos elementos tanto sociales que ejercen una influencia sobre el individuo, como la programación genética y biológica, elementos que predisponen a los niños y a los adolescentes a ganar más peso.
Aunque las influencias biológicas contribuyen a la aparición de la obesidad, los mismos estudios afirman que el ambiente modula su manifestación y forma de presentación; incluso, cuando ya se tiene conocimiento sobre nutrición saludable, se hace una selección de alimentos que tiene mejor sabor y menor precio, y que en muchos casos son poco nutritivos, por ello los niños con obesidad no tienen control sobre el tipo de alimento y el tamaño de las porciones, y su tendencia es consumir alimentos de mayor contenido en calorías y en cantidades excesivas.
Lo aquí señalado debe llamar la atención de los legisladores con la finalidad de adecuar el marco legal y aportar herramientas para combatir el sobrepeso y la obesidad, poniendo especial atención en la población que oscila entre 5 y 19 años de edad.
En el Programa Nacional de Salud 2007-2012 se señalan como un síndrome metabólico con carácter de epidemia el sobrepeso y la obesidad, que van en aumento y que provocan alarma en este sector: "el sobrepeso y la obesidad son dos de los principales factores de riesgo a que se enfrentan la población mexicana y el sistema de salud. Su prevalencia en adultos se incrementó de 34.5 por ciento en 1988 a 69.3 en 2006. El sobrepeso y la obesidad se asocian con varias de las principales causas de muerte en el país, como la diabetes, las enfermedades cardio y cerebro-vasculares, y el cáncer de mama".
De acuerdo con los datos aquí citados, la obesidad y el sobrepeso en México son un tema que adquiere gravedad y se convertirán en un padecimiento crónico en pocos años si no se atienden desde ahora, pues afectan a todos los grupos de edad. Por ello se requieren acciones inmediatas, las que incluyen la promoción de la actividad física y el control del consumo de alimentos de baja calidad nutricional.
De ahí que en la presente iniciativa se proponga adicionar en el Capítulo VII, "Nutrición", de la Ley General de Salud lo referente a la prevención del sobrepeso y de la obesidad, así como la obligación de las autoridades sanitarias de normar y promover lo referente a programas y actividades para el control de esa problemática.
También propone facultar a la Secretaría de Salud para elaborar y coordinar un programa nacional de nutrición, control de peso y obesidad, con especial atención en niños y en adolescentes. Además, dicha coordinación será con las entidades federativas y con el Consejo de Salubridad General establecido en la propia ley.
Por lo expuesto, ponemos a consideración el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona la fracción IX y un párrafo al artículo 115 de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se adicionan la fracción IX y un párrafo al artículo 115 de la Ley General de la Salud, para quedar como sigue:
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
IX. Elaborar y coordinar un programa nacional de nutrición, control de peso y obesidad, con especial atención en niños y en adolescentes.
Para la ejecución del programa a que se refiere la fracción IX del presente artículo, la Secretaría de Salud se coordinará con la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General.
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Cámara de Diputados destinará los recursos necesarios a la Secretaria de Salud para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente decreto.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de junio de 2008.
Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), Ector Jaime Ramírez Barba.
(Turnada a la Comisión de Salud. Junio 4 de 2008.)
QUE ADICIONA LAS FRACCIONES XI, XII, XIII Y XIV AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA NELLY ASUNCIÓN HURTADO PÉREZ, EN NOMBRE PROPIO Y DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PAN, Y DEL PRD, RESPECTIVAMENTE, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 4 DE JUNIO DE 2008
Las suscritas, diputadas Maricela Contreras Julián y Nelly Asunción Hurtado Pérez, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la iniciativa que adiciona las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres en México, ha tenido numerosos avances con la firma y ratificación de instrumentos internacionales sobre la materia, como lo son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); la Plataforma de Acción de Beijing; la cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer y la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, entre otros.
El proceso de armonización de estos importantes documentos, dio como resultado, entre otros, la aprobación y entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene el objetivo de garantizar que las mujeres y niñas accedan al derecho que tienen de vivir una vida libre de violencia.
Este ordenamiento, también establece las bases de coordinación entre las dependencias e instancias de la administración pública federal, así como entre los gobiernos estatales y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
Un instrumento importante previsto en dicha ley es la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que tiene como finalidad la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para atender esta problemática, estableciendo la obligación para que la federación y las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, lleven a cabo las acciones de coordinación necesarias que permita por un lado, la armonización legislativa, y por el otro, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el país.
En la integración de este sistema, participan algunas dependencias e instancias de la administración pública federal, a las cuales se les encomiendan ciertas actividades para cumplir con los objetivos de la ley.
Sin embargo, debido al trabajo conjunto que hemos realizado en el quehacer legislativo con el Instituto Nacional de las Mujeres, quien funge como Secretaría Ejecutiva del sistema al que hemos hecho referencia, y debido a que la problemática de la violencia de género se manifiesta en otras áreas donde no tienen injerencia las instituciones que conforman dicho sistema, consideramos necesario la incorporación de otras entidades y dependencias para que esta desafortunada problemática del país, pueda atenderse de manera integral.
De ahí que se propone incluir en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, previsto en el artículo 36 de la ley citada a las siguientes instancias:
Secretaría de Relaciones Exteriores
Con la entrada en vigor de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, se cuenta con un instrumento que maneja esta problemática con una visión para combatirla de manera global, no sólo tipificando y penalizando el delito, sino introduciendo además acciones y medidas de prevención, protección y asistencia a las víctimas, así como capacitación del personal de las instituciones involucradas con el tema.
No es ninguna novedad que la trata de personas es un negocio lucrativo que afecta principalmente a niños, niñas y mujeres, constituyendo una violación sistemática a sus derechos humanos, lesionando su integridad física y psicológica, poniendo incluso en peligro su vida.
Esta conducta delictiva se manifiesta contra las mujeres en agresiones sexuales y físicas y se enmarca en el tráfico de personas que realizan las redes de delincuencia organizada, dentro y fuera del país. De ahí que en un estudio del Departamento de Estado estadounidense sobre esta problemática, ubica al país como un lugar de fuente, destino y tránsito para el tráfico de personas con fines de explotación sexual o trabajo forzado, destacando que existe un significativo número de mujeres, niñas y niños mexicanos que son traficados internamente para explotación sexual, que en su mayoría son extraídos de zonas rurales pobres, para colocarlos en áreas urbanas, fronterizas o turísticas mediante falsas ofertas de empleo; y son expuestos a maltratos, amenazas y obligados a una vida de prostitución.
De acuerdo con el reporte, la mayoría de las víctimas del tráfico de personas llegan de Centroamérica, con destino final en México o en Estados Unidos, y un número menor de víctimas llega de Sudamérica, el Caribe, Europa oriental y Asia; de igual forma, señala que hay redes de organizaciones criminales que realizan un tráfico de niñas y mujeres de México hacia Estados Unidos de América para su explotación sexual.
A este fenómeno, hay que agregar la violencia que enfrentan las mujeres migrantes que cruzan la frontera sur y norte del país.
Por lo que la incorporación de la Secretaría de Relaciones al sistema que hacemos mención, es fundamental para proteger los derechos humanos de las mujeres en este rubro.
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Se propone la incorporación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de avanzar en la protección de los derechos laborales de las mujeres, mediante el establecimiento de mecanismos que garanticen el acceso a un empleo en condiciones de igualdad.
La creciente participación de mujeres en el mundo laboral, ha evidenciado aún más el panorama adverso que enfrentan las mujeres, ya que no existe un marco jurídico que garantice plenamente sus derechos y se enfrenten al hostigamiento laboral, o bien, a una serie de conductas que configuran la violencia institucional y laboral.
Es importante mencionar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 11 establece lo que se entiende por violencia laboral, al mencionar que constituye la misma la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género.
Sin embargo, y a pesar de que se considera como una modalidad de violencia contra las mujeres, la instancia que atiende esta materia a nivel federal que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no está dentro del sistema al que hemos hecho referencia.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Se propone también la incorporación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de que atienda a las mujeres y niñas indígenas que son víctimas de violencia, las cuales son un sector de la población con mayor marginalidad que, al ser víctimas de violencia, se pone en riesgo su integridad física, que deriva incluso en la muerte.
Datos arrojados por la propia comisión destacan que del total de población femenina en el país, se integra por poblaciones de mujeres indígenas, las cuales se encuentran dispersas por todo el territorio nacional y que carecen de legislación adecuada y eficiente que les permita hacer valer sus derechos.
Por lo anterior, con la inclusión al sistema nacional se estaría buscando que la las decisiones adoptados al interior de este órgano, vayan dirigidas especialmente a mujeres y niñas indígenas, y así tomar acciones en cuanto a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia que se comete en su contra.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
La incorporación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), responde a lo establecido en los artículos 38, fracción X, 47 fracción IV, 49 fracción XIX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a la conformación del banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres previsto en el artículo 44, fracción III de la citada ley.
Lo anterior permitiría al INEGI colaborar con las tareas de las autoridades y los organismos públicos a efecto de desarrollar acciones para apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales.
Con ello se lograría tener una base de datos sobre los casos de violencia contra las mujeres, así como su forma de atención en todas sus modalidades y tipos.
Así pues, con la incorporación al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y del Trabajo y Previsión Social, además de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se logrará cumplir cabalmente con los objetivos y líneas estratégicas de la política nacional en la materia.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Artículo Único. Se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 36. ...
XI. Secretaría de Relaciones Exteriores;
XII. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
XIII. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y
XIV. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de junio de 2008.
Diputadas: Maricela Contreras Julián (PRD) rúbrica, Nelly Asunción Hurtado Pérez (PAN).
(Turnada a la Comisión de Equidad y Género. Junio 4 de 2008.)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 4o. DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA YURIXI LEYVA PIÑÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 4 DE JUNIO DE 2008
La que suscribe, diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
México tiene un arreglo constitucional de facto que no halla correspondencia en el texto actual de la Constitución, por ello se trabaja en la reforma del Estado con la finalidad de adecuar el marco legal a la realidad política de nuestro Estado. En el tema de régimen de Estado y gobierno un aspecto fundamental es el del fortalecimiento del Poder Legislativo.
A partir de la elección intermedia de 1997 la conformación plural del Congreso de la Unión, en particular de la Cámara de Diputados, ha ocasionado una modificación en el predominio del Poder Ejecutivo federal frente a los otros Poderes de la Unión, durante los tiempos en que nuestra forma de gobierno fue esencialmente presidencial, toda vez que el adecuado funcionamiento de esta forma de gobierno implica que el presidente mantenga en el Legislativo mayoría de su mismo partido político.
Esta situación ha provocado que desde entonces la relación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo haya tenido momentos de tirantez y desencuentro, que incluso ha requerido la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir conflictos en torno a las atribuciones presupuestales de la Cámara de Diputados, y las de expedir reglamentos por parte del presidente de la república.
En los hechos nuestro sistema político ha adquirido mayores elementos de naturaleza parlamentaria. Ahora el Congreso de la Unión es un poder en el que la negociación y la construcción de acuerdos adquieren una gran relevancia para concretar reformas, sean estas a propuesta del Ejecutivo o de integrantes del propio Legislativo, que paulatinamente han ido predominando, por lo cual se requiere del mayor tiempo posible con la finalidad de concretarlos.
En estos momentos el Congreso de la Unión sesiona ordinariamente seis meses y medio, y de manera excepcional hasta siete meses en el año de inicio de mandato del Ejecutivo federal, o más en casos de periodos extraordinarios. Se sesiona ordinariamente poco más de medio año, mientras que la Comisión Permanente lo hace cinco meses y medio. A pesar de que la normatividad establece que las comisiones legislativas habrán de sesionar de manera ordinaria al menos una vez al mes, durante los periodos de receso con frecuencia las reuniones de comisión no cuentan con quórum para desahogar los asuntos de su competencia.
En una mirada retrospectiva encontramos que en la Constitución de Cádiz, vigente en el que hoy es territorio mexicano, las Cortes sesionaban en un solo periodo de tres meses a partir del 1 de marzo, prorrogable dos meses más, para un total potencial de cinco meses.
En la Constitución federal de 1824 se establecía un solo periodo de tres meses y medio, del 1 de enero al 15 de abril, prorrogable hasta el 15 de mayo, también para un total de cinco meses.
La Constitución de 1836 mandataba sesionar en dos periodos, el primero del 1 de enero al 31 de marzo, y el segundo del 1 de julio hasta agotar los asuntos relativos al Presupuesto de Egresos y a la Cuenta Pública, dando un total de alrededor de cuatro meses. Sin embargo, el primer periodo podía prorrogarse a abril, mayo y junio, llegando de tal suerte a sesionar hasta siete meses.
Las bases orgánicas de 1843 establecían también dos periodos, el primero del 1 de enero al 31 de marzo, y el segundo del 1 de julio al 1 de octubre. En total siete meses.
La Constitución de 1857 disponía también sesionar en dos periodos un total de cinco meses, del 16 de septiembre al 15 de diciembre el primero, y del 1 de abril al 31 de mayo el segundo.
La Constitución de 1917, en su texto original, disponía que el Congreso sesionaría en un solo periodo de cuatro meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Con la reforma de 1986 se retomó el esquema de dos periodos de sesiones y una duración conjunta de cinco meses, el primero del 1 de noviembre al 31 de diciembre y el segundo del 15 de abril al 15 de julio. Otra reforma, en 1993, dispuso que el primer periodo iniciaría el 1 de septiembre y no podría prolongarse más allá del 15 de diciembre, exceptuando el año de inicio de la administración federal, en el que podría extenderse hasta el 31 de diciembre, y el segundo periodo cubriría del 15 de marzo y no más allá del 30 de abril, en total cinco meses, con la posibilidad de cinco meses y medio en año de inicio del Ejecutivo federal.
Finalmente, en 2004 se reformó la Constitución para establecer el calendario actual, en el que el segundo periodo inicia el 1 de febrero y no podrá prorrogarse más allá del 30 de abril, para el total ya mencionado.
En un contexto internacional encontramos que en países con regímenes semiparlamentarios o parlamentarios la duración de los periodos varía. El Bundestag alemán tiene un sistema de asamblea permanente que se reúne y sesiona cuando soberanamente así lo determina el cuerpo colegiado. En el Reino Unido el Parlamento sesiona casi el año entero, con un calendario flexible y con días no laborables predeterminados. En Italia sesionan entre ocho y nueve meses en dos periodos que inician a partir del primer día hábil de febrero y del primer día hábil de octubre, respectivamente. En España las Cortes Generales sesionan también en dos periodos un total de nueve meses, el primero de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio. En Francia, con una forma de gobierno semipresidencial, el Parlamento sesiona alrededor de nueve meses, del primer día hábil de octubre al último día hábil de junio.
Las Cámaras de Diputados y de Senadores argentinas sesionan nueve meses, del 1 de marzo al 30 de noviembre. En Chile el Congreso Nacional sesiona del 21 de mayo al 18 de septiembre, casi cuatro meses. El Congreso Nacional de Brasil sesiona nueve meses en dos periodos, del 15 de febrero al 30 de junio y del 1 de agosto al 15 de diciembre. La Asamblea Legislativa de Costa Rica sesiona seis meses en dos periodos, del 1 de mayo al 31 de julio y del 1 de septiembre al 30 de noviembre.
En la presente iniciativa propongo que el Congreso de la Unión sesione ordinariamente en un solo periodo de sesiones, del 1 de septiembre al 31 de mayo de año siguiente. El calendario de sesiones y la frecuencia y regularidad de éstas serán determinados por el pleno de cada Cámara, así como por sus órganos de gobierno.
El tiempo para concretar acuerdos y plasmarlos en disposiciones legales se amplía significativamente, al pasar de seis meses y medio en la actualidad a nueve meses con esta propuesta, de suerte que el Congreso sesionaría tres cuartas partes del año. Además, conforme a las disposiciones constitucionales recién aprobadas, el receso del Congreso coincidiría con el segundo y último mes de campañas para la renovación de la Cámara de Diputados en la elección intermedia, y con el tercero y último mes de campaña en año de elecciones generales.
La misma situación sería aplicable en los casos de compactación de elecciones locales a una sola fecha en el año. Y coincidiría completamente con los meses de julio y agosto, en los que se llevan a cabo la jornada electoral y los diferentes cómputos: distritales y de circunscripción para la integración de la Cámara de Diputados, estatales y de lista nacional para la integración de la Cámara de Senadores, y de presidente de la república. También habría concluido en su mayor parte el proceso de impugnaciones al proceso electoral con las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es decir, el Congreso de la Unión estaría en receso en tiempos en que los acuerdos políticos serían difíciles de alcanzar por el contexto de la lucha electoral.
Se mantiene la institución de la Comisión Permanente, con antecedentes que se remontan al siglo XIII, en las Cortes Reales de Aragón, conservando íntegramente lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución, pero que sólo funcionará tres meses: junio, julio y agosto, cuya sede y mesa directiva la acordarán los legisladores o las Juntas de Coordinación Política.
De esa manera, el Congreso Mexicano mantiene intactos los tiempos legales respecto de la apertura del periodo, y en consecuencia también la sesión de recepción del informe que presenta el presidente de la república respecto de la situación que guarda la administración pública.
También se mantienen los tiempos establecidos para la presentación del paquete económico y la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados.
Al sesionar ordinariamente más tiempo, se fortalece el trabajo de comisiones de manera indirecta, toda vez que las posibilidades de que funcionen al cumplir el quórum aumentan. Sin embargo, el fortalecimiento del sistema de comisiones, de las atribuciones y facultades de éstas requiere aún reformas específicas relativas a esa materia en particular.
Consecuentemente, se suprimen tanto del artículo 65 como del 66 de la Constitución y del numeral 1 del artículo 4o. de la Ley Orgánica las referencias a más de un periodo de sesiones.
Del artículo 66 de la Constitución y del numeral 2 del artículo 4o. de la Ley Orgánica se suprime el enunciado que hace referencia a la prórroga en el año en que el presidente de la república inicie su encargo.
Finalmente se modifica el segundo párrafo del artículo 66 de la Constitución, y el numeral 3 del artículo 4o. de la Ley Orgánica; en ambos casos se suprime el enunciado que faculta al presidente de la república a resolver el término de las sesiones antes de la fecha indicada. Será aquí atribución exclusiva del Congreso de la Unión poner término anticipado al periodo de sesiones ordinarias.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita legisladora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Primero. Se reforma el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar el periodo de sesiones ordinarias.
En el periodo de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, la discusión y la votación de las iniciativas de ley que se le presenten, y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.
En el periodo de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 66. El periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del año siguiente.
Las dos Cámaras deberán acordar para poner término al periodo de sesiones ordinarias antes de la fecha indicada.
Artículo Tercero. Se reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o.
1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar el periodo de sesiones ordinarias.
2. El periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del año siguiente.
3. Las dos Cámaras acordarán, en su caso, el término de las sesiones antes de la fecha indicada.
4. (...)
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el año legislativo siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de junio de 2008.
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 4 de 2008.)
