Iniciativas
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA ÁVILA SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2005
María Ávila Serna, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a las Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y Equidad y Genero para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
Exposición de Motivos
Sembremos una acción
y cosecharemos una costumbre.
Sembremos una costumbre
y cosecharemos un hábito.
Sembremos un hábito
y cosecharemos un carácter.
Sembremos un carácter
y cosecharemos un destino.
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
La educación es una de las claves de la evolución de la sociedad y de casi todos los aspectos de la vida de las personas. Su fin primordial es el proporcionar de manera sistematizada las armas y herramientas que permitan a los seres humanos elevar su calidad de vida y enfrentar los problemas a los que se ven expuestos diariamente.
La educación promueve valores, creencias y actitudes que alientan a todas las personas a defender sus propios derechos y los de los demás. Igualmente, desarrolla la conciencia de que todos compartimos la responsabilidad común de hacer de los derechos una realidad en todas las sociedades.
La educación contribuye de manera esencial a la prevención de abusos y representa una importante inversión en el intento por conseguir una sociedad justa en la que los derechos de toda persona sean valorados y respetados.
El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que cubre aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; por ello puede considerarse como un derecho clave pues permite el ejercicio y disfrute de varios derechos humanos; es decir, todos los derechos pueden disfrutarse de mejor manera si las personas han recibido una educación mínima.
La educación que una persona posea y la información que reciba sobre los riesgos y los cuidados que debe tomar para conservarse sano tiene mucho que ver con el nivel de salud que poseerá a lo largo de toda su vida. Cuando los seres humanos somos educados para cuidar nuestra salud desde edades tempranas, y antes de que aparezcan conductas de riesgo, podemos mejorar en un margen importante nuestra calidad de vida.
A través de la creación e implementación de estrategias y metodologías vinculadas con el proceso educativo en el campo de la salud se pueden trasmitir valores, conocimientos, actitudes y acciones que tengan como fin primordial preservar la salud integral del individuo y de la sociedad, contribuir a realizar diagnósticos oportunos y correctos, y estimular y promover el autocuidado y la prevención de los problemas de salud.
Educar para la salud no consiste únicamente en ofrecer información sobre los problemas de salud o sobre el peligro de ciertas conductas, sino en fomentar actitudes críticas, autónomas y solidarias que permitan analizar los problemas, acceder a la información adecuada, reflexionar sobre los valores que lleva implícita cada acción, asumir responsabilidades y aprender a tomar decisiones.
Construir una cultura de salud desde los primeros años de enseñanza es el fin, el medio es la educación. La salud abarca varios ámbitos pero creemos que invirtiendo esfuerzos en dos de ellos podemos tener una mayor injerencia en el tipo de salud que queremos tener a lo largo de nuestra vida.
Uno de ellos es en el de crear, mediante la enseñanza, conciencia sobre la preservación de la salud, que incluye la enseñanza de la nutrición e higiene, profundizando su conocimiento y cuidado como forma de prevención de las enfermedades, vicios y adicciones.
Si bien es cierto que en el seno de las familias es en donde aprendemos la mayor parte de los principios, actitudes, normas de comportamiento social, y hábitos que rigen nuestra conducta; la escuela y la educación que reciben las niñas y los niños en ella determina también en buena forma el camino de lo aprendido en casa. En cuestiones sanitarias, la escuela se convierte en un lugar de suma importancia para que las personas puedan conocer y tener más información acerca de ciertos hábitos o vicios que de no ser corregidos a tiempo pueden poner en peligro la salud, e incluso, la vida de las personas.
Llevar una vida saludable es una de las principales prioridades que las personas se trazan a lo largo de su vida. Tener higiene en nuestros hábitos cotidianos y una buena nutrición son medidas fundamentales para cumplir este fin. A lo largo de la vida de los seres humanos, cada uno debe desarrollar una actividad física e intelectual acorde con su edad; debe mantener su peso y tamaño, y reparar continuamente su organismo ante las múltiples agresiones externas que significan las enfermedades, los accidentes, los esfuerzos, el embarazo, la lactancia en la mujer, etcétera.
El crecimiento, el mantenimiento, la actividad y la reparación se logran con la incorporación de materiales externos que conocemos como alimentos. El estado óptimo de la salud es el resultado de un equilibrado bienestar físico y mental. Está condición guarda estrecha relación con la nutrición cotidiana. Por ello bueno parte de nuestra salud será directamente proporcional a la alimentación y la higiene que tengamos.
Una buena alimentación se traduce, la mayoría de las veces, en una buena salud. Sin embargo, la omisión de alimento nos conduce a uno de los problemas más cotidianos que enfrentan las sociedades: los desordenes alimenticios. En México y en el mundo, los problemas relacionados con la conducta alimentaria van en aumento, a los viejos problemas de la obesidad y la desnutrición se agregan nuevos trastornos que afectan principalmente a la población adolescente y juvenil.
Los trastornos o desordenes alimenticios, se caracterizan por una relación impropia con el alimento, o una grave desviación de los hábitos alimentarios, que afectan la salud física y emocional de una persona, perjudicando su desempeño social y profesional. Además de los alimentos intervienen también una serie de factores muy complejos, que incluyen desórdenes personales y emocionales, presiones familiares y una cultura donde se contraponen la abundancia de alimentos y la obsesión por ser muy delgado. Las variantes principales de los trastornos de la ingesta incluyen: anorexia, bulimia, ingesta compulsiva, y dismorfia corporal.
Los trastornos de la alimentación, sobre todo la anorexia, la bulimia y la dismorfia corporal, se presentan en la adolescencia como parte de la crisis del desarrollo. Según cifras, el 90% de los casos de desordenes alimenticios se presentan en las mujeres. El 1 por ciento de la población mundial sufre de anorexia o bulimia, y es la tercera enfermedad más frecuente entre los adolescentes, después del asma y la obesidad. En México no hay cifras exactas sobre la situación de este mal, pero se sabe que en Estados Unidos es la segunda enfermedad crónica más común en las mujeres adolescentes. Generalmente se presenta entre los 10 y los 25 años, aunque puede afectar a cualquier grupo de edad.
La contraparte de la anorexia es la obesidad. Ésta puede definirse como un exceso de grasa que condiciona la salud de la persona. En nuestro país las mujeres en edad reproductiva (12-49 años) y los niños menores de 5 años son dos grupos con alta prevalencia de obesidad. La obesidad está asociada a 300 mil muertes por año. En México más de 50 millones de personas padecen actualmente un problema de salud por obesidad, el 50% de las niñas y niños mexicanos sufren de problemas de sobrepeso y el 24.5% padece obesidad. Aproximadamente un 80 por ciento de los adolescentes obesos lo seguirán siendo durante el resto de su vida. La obesidad contribuye entre otras causas a incrementar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial entre las más importantes.
Otro de los grandes riesgos a los que las personas nos vemos enfrentadas y que podría atacarse a través de la educación es el de las adicciones. La prevención de las enfermedades y adiciones es una tarea que no debemos dejar de lado ya que se han convertido en un problema nacional. Las tendencias de los últimos años nos indican que, en nuestro país, la conducta adictiva va en aumento con todos los conflictos que conlleva, por ejemplo, problemas de salud, accidentes, violencia y desintegración familiar.
Debemos formar personas que por decisión y control propio prescindan libremente del uso de drogas, con firme disposición a cuidar su salud física y mental mediante una cultura de prevención. La educación puede ofrecer alternativas y desarrollar en la comunidad, las habilidades que le permitan reforzar conductas positivas, formas de vida saludables, fortalecimiento de la voluntad, toma de decisiones acertadas y encaminadas a lograr un proyecto de vida armónico.
Los cimientos de la prevención son la educación y la información. Para decidir libremente es necesario estar bien informado, por lo tanto, a las niñas, niños y adolescentes se le debe proporcionar suficientes elementos de criterio de lo que se debe hacer cuando se encuentre ante situaciones relacionadas con las drogas con el fin de enseñarles a tomar posturas críticas ante situaciones peligrosas.
La salud incluye no solamente la enseñanza de la nutrición e higiene como forma de prevención de las enfermedades, vicios y adicciones sino también la enseñanza de la educación sexual y reproductiva. La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano.
La salud sexual y reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la persona en todo lo relativo al aparato genital y sus funciones. Va mucho más allá de la ausencia de enfermedades y de la planificación familiar. Consiste en la posibilidad de llevar una vida sexual satisfactoria al considerar los distintos factores que determinan los comportamientos sexuales, tales como las relaciones de poder entre los géneros o el papel de las instituciones en las estrategias de reproducción.
Los derechos sexuales y reproductivos se vinculan directamente con muchos derechos humanos. Uno de ellos es el derecho a la información y a la educación. Toda persona, hombre o mujer, desde temprana edad tiene derecho a ser educada y debe tener igual acceso a información oportuna y adecuada sobre los servicios y métodos de regulación de la fecundidad, enfermedades de transmisión sexual y todo lo que se relacione con su vida sexual y reproductiva. Esto implica que todas las personas deben ser educadas y preparadas para asumir con responsabilidad las consecuencias de su conducta sexual y reproductiva.
Las niñas y los niños, así como las y los adolescentes, tienen derecho a que se les brinde información y se les vincule a programas de prevención de embarazos no deseados, maltrato, abusos y todo lo relacionado con el ejercicio de su sexualidad.
A pesar de los avances en la salud de los mexicanos, y específicamente en los derechos reproductivos y sexuales, a nivel nacional en la República Mexicana, la mortalidad femenina sigue siendo el talón de Aquiles de nuestro sistema de salud. El fallecimiento de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio es un problema no resuelto. Pese a los avances registrados a la fecha, las tasas de muerte materna se han mantenido sin variaciones durante la década de los años noventa y principios del siglo XXI. A pesar de los distintos programas impulsados durante los últimos trece años, México no escapa a la inmovilidad de las tasas de mortalidad materna. La tasa estimada para el 2003 era de 6.0, la cual es la misma del año 1990.1
Igualmente, se mantienen las causas de mortalidad materna registradas desde 1985: toxemia, hemorragias del embarazo, parto y puerperio; todos los tipos de aborto; sepsis del puerperio y complicaciones en los abortos. Todas ellas en conjunto representan el 68% del total de las defunciones maternas.2 Se estima que en México se embarazan un promedio de 2.5 millones de mujeres al año, de las cuales alrededor de 370 mil son atendidas por personal no calificado. El porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes menores de 20 años, ha aumentando a partir del año de 1997 llegando en el 2002 a 17.2.3
En México se diagnostican anualmente más de 50 mil pacientes con cáncer y los más frecuentes en las mujeres son el cáncer del cuello de la matriz y el de la glándula mamaria, enfermedades totalmente evitables, y que aún así constituyen la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las mujeres de 25 años y más. Diariamente se registran alrededor de 12 muertes por esta causa, lo que representa una verdadera inquietud de género e injusticia social.
El sida es otra de las enfermedades que tienen que ver de manera directa con los derechos sexuales y reproductivos y que se ha convertido en una gran preocupación a nivel nacional. Para junio del 2004, según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida, existían en nuestro país 76, 311 casos de sida acumulados. Eso significa que entre noviembre del 2003 y junio del 2004, es decir en 8 meses, hubo 4,785 nuevos casos. Haciendo un cálculo con estas cifras, en un año se registran en México 7, 177.5 nuevos casos de sida, aproximadamente entre 20 y 25 personas se infectan diario en nuestro país. Según varias investigaciones, la transmisión sexual es la causante del 89.7% de los casos acumulados de sida en México.
De acuerdo con la Encuesta de Salud Reproductiva de los Estudiantes de educación Secundaria y Media Superior y pese al avance en la difusión del uso del condón, el conocimiento del sida y los métodos anticonceptivos, el 31.3% de los jóvenes de entre 13 y 19 años de edad, revelaron que en su primera relación sexual no emplearon ningún método preventivo. Además del total de jóvenes, el 6.5% evidenciaron su desconocimiento sobre el sida, ya que aseguraron que la enfermedad "se podía curar fácilmente con tratamiento"
Existen también en nuestro país otros problemas que vulneran constantemente los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en muchos lugares todavía subsiste la figura del llamado "débito conyugal" que es la obligación de prestar servicios sexuales al cónyuge o al compañero. De igual forma convivimos con la práctica cotidiana y silenciosa del abuso sexual infantil y el tráfico de niñas y niños para que sean prostituidos. Cifras oficiales señalan que en México 16 mil menores son sometidos a abuso al ser prostituidos o utilizados en la pornografía.
La violencia de género es otro aspecto que vulnera los derechos sexuales y reproductivos. La vida de mujeres de todas las edades se ve amenazada de manera cotidiana por diversas formas de violencia y privación, que van desde la violación sexual hasta formas de abuso como la violencia doméstica, la prostitución forzada, y los asesinatos de mujeres. En general la violencia de género, tanto en el ámbito de lo doméstico como en el ámbito de lo público, se ejerce efectivamente con el fin y el resultado de limitar el derecho de las mujeres y de las personas más indefensas a decidir sobre su propio cuerpo.
La discriminación por orientación sexual y por forma de unión de la pareja también vulnera los derechos. En nuestra cultura el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y reproducción ha sido un privilegio de algunas parejas, y las demás personas sufren discriminación de hecho y de derecho por su situación marital, orientación y preferencias sexuales.
De acuerdo al panorama anterior, es de suma importancia que tanto las mujeres como los hombres, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país sepan y estén informados sobre los derechos reproductivos y sexuales que tiene cada uno para que éstos, en la medida de lo posible, no se vean violados o vulnerados por otras personas. Si una niña o un niño aprende desde los primeros años de escuela a identificar los riesgos y daños a la salud, podrá establecer las acciones adecuadas para evitar una enfermedad, adicción o vicio y para decidir libremente acerca de su sexualidad y reproducción, todo ello con el fin de proteger su salud.
En nuestro país la Ley General de Educación establece que uno de los fines de la educación impartida por el Estado es el de:
"?desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios."
Sin embargo, en la actualidad hablar solo de planeación familiar, paternidad responsable y mencionar la frase "rechazo a los vicios" nos aleja de la realidad que vivimos los mexicanos. La planificación familiar y la paternidad responsable no abarca, por más que queramos, el significado ni el alcance de los derechos sexuales y reproductivos y la importancia que éstos tienen en la vida de las personas.
Las niñas, niños y adolescentes deben asumir una posición activa en relación al cuidado de su cuerpo y las acciones que deben o no tomar para hacerlo. Ello se logra enseñándoles desde pequeños los riesgos que corren durante toda su vida o en determinadas etapas. El cuidado de la alimentación e higiene, la prevención de los vicios y posibles adicciones y el conocimiento del propio cuerpo pueden cambiar el rumbo de la salud en una persona. La educación es el medio para ello.
Una buena salud, es un recurso importante para el progreso social, económico e individual de cada ser humano y constituye un aspecto de la calidad de vida. En la actualidad los factores políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y biológicos pueden intervenir a favor o en detrimento de la salud de las mujeres y de los hombres. Por ello la promoción de la salud mediante la educación es de suma importancia ya que significa el proceso de capacitar a la población para que aumente el control de su propia salud y la mejore.
Dado que la educación es uno de los instrumentos de la promoción de la salud y de la acción preventiva que ayuda a las personas a adquirir conocimientos, sobre los problemas de salud y sobre los comportamientos útiles, y es una herramienta eficaz para la prevención de enfermedades y para que cada persona conozca a fondo no solo cómo planificar una familia, sino sus derechos reproductivos y sexuales, creemos que es importante promover una educación que contribuya a formar individuos críticos, autónomos y creativos, capaces de responsabilizarse de su salud.
Debemos asumir, como sociedad, la responsabilidad que enfrentamos ante los nuevos retos en el ámbito de la salud. La educación es un arma y un factor determinante para combatir los actuales riesgos: violencia, dependencias, trastornos del comportamiento alimentario, enfermedades crónicas, transmisión de enferme-dades sexuales, drogadicción, accidentes, discriminación, entre otros.
Por todo lo anterior la diputada del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente
Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación.
Artículo Único.- Se reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7o.
La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. a IX.
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, que incluye la enseñanza de la nutrición e higiene, profundizando su conocimiento y cuidado como forma de prevención de las enfermedades, vicios y adicciones; y la promoción mediante la enseñanza del conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y la planificación familiar, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto de la dignidad humana;
XI. a XII.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de octubre de 2005.
Notas:
1 Tasa por 10 000 nacimientos estimados por el Conapo. Daniela Díaz Echeverría. Presupuesto Público y Mortalidad Materna: Seguimiento al Programa Arranque Parejo en la Vida, Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC, México, DF, 2003.
2 Las principales causas se vinculan directamente con las condiciones socioeconómicas de las mujeres afectadas y el acceso a y calidad de una atención médica oportuna.
3 Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
Dip. María Ávila Serna (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Octubre 20 de 2005.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2005
El diputado Javier Orozco Gómez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro país algunas autoridades, en su mayoría las relacionadas con la administración pública federal se encargan de tener bajo su responsabilidad bienes que pertenecen a la nación, de los cuales algunos son asignados a particulares únicamente mediante concesión o permiso conservando así el Estado su legitima titularidad, pues de esta forma se contemplan dentro de la constitución o en leyes especificas que regulan ciertas materias y de esta forma cada uno de los bienes de la nación en diversas materias, sirviendo como un ejemplo lo relacionado con el espectro electromagnético dentro de la materia de radio y televisión .
Las comunicaciones en general, y la radio y televisión en particular, tienen hoy en el mundo una importancia vital. Tanto es así que esas actividades han llegado a darle un nombre a nuestra época o quizá a la "edad" que atravesamos. Y así como para caracterizar el rasgo distintivo de las principales etapas del desarrollo de la humanidad se habla de la edad de bronce o de la edad del hierro por el rol constitutivo que en todas las actividades humanas tuvo la innovación tecnológica que significó el descubrimiento y la utilización de aquella aleación y de ese metal, nuestro tiempo ha sido caracterizado como el tiempo de la sociedad mediática o de la información.
Hoy no existe área en la cual los medios de comunicación no cumplan un papel principal: no sólo están presentes en la distribución de la información, llevándola desde cada lugar a todos los rincones del mundo, sino también en la cultura, en la educación, en la política, en el mercado, en la seguridad pública y la seguridad del Estado y, más recientemente, en la conformación de una sociedad global comunicada a nivel mundial mediante el sistema de Internet. El desarrollo y normal funcionamiento de los modernos sistemas de comunicación dependen de la normal y ordenada utilización del espacio radioeléctrico, espacio que es patrimonio de la nación en general, administrado, protegido y vigilado por el Estado, y cuya utilización se pone al alcance de los particulares mediante concesión o permiso, para el mejor cumplimiento del bien común.
El espectro electromagnético es un recurso escaso y finito, pero que carece de fronteras y su utilización ilegal causa severos daños a la industria de las radiotransmisiones.
La asignación de porciones del espectro electromagnético, tanto en lo concerniente a las emisiones de radio (AM y FM), como en lo que atañe a las emisiones de televisión (VHF, UHF y MMDS), es efectuada por la autoridad competente, en base a criterios de compatibilidad, que se encuentran establecidos en las leyes de la materia, convenios y memorándums de entendimiento, que nuestro país ha suscrito con organismos gubernamentales de países vecinos, que se aplican para permitir una armónica coexistencia entre los diferentes emisores autorizados a realizarlas y para garantizar su correcta recepción por parte de sus destinatarios.
En lo concerniente a las radiodifusoras, por ejemplo, la autoridad reguladora del espectro divide la banda del servicio en canales y asigna un canal a cada concesionario o permisionario, en función de una planificación establecida de acuerdo con criterios de compatibilidad con los requisitos establecidos en las leyes de la materia.
De ese modo se evita el riesgo de que se produzcan interferencias entre las señales que emiten cada permisionario o concesionario.
Por otra parte, la autoridad competente debe verificar que los mismos cumplan con las normas de servicio correspondiente, cuyos parámetros básicos son: Canal asignado; Ubicación del equipo transmisor; Potencia autorizada; Sistema de radiación y sus especificaciones técnicas; Horario de funcionamiento; Nombre, clave o indicativo; y Término de su duración.
Cuando todos estos criterios se cumplen, se aseguran de manera armónica el derecho del radiodifusor a brindar un servicio adecuado en toda el área de cobertura que le ha sido asignada y el derecho del usuario a acceder sin problemas a un servicio de calidad.
La radiodifusión ilegal o clandestina es una práctica altamente difundida en nuestro país, y ello obedece a dos razones fundamentales.
La primera está constituida por la enorme facilidad con que es posible llevarla a cabo, pues basta con que una persona o entidad adquiera u obtenga por cualquier medio un transmisor y una antena, para que pueda comenzar a emitir una señal de radio, aunque no cuente para ello con la correspondiente concesión o permiso y aunque esa señal interfiera o perturbe la señal emitida por un radiodifusor concesionado o permisionado e incluso las señales que emiten los canales de televisión.
Y la segunda razón que alienta la radiodifusión ilegal o clandestina está constituida por el hecho de que esa actividad únicamente encuentra sanción en la Ley General de Bienes Nacionales, que por su propia naturaleza las autoridades no toman en cuenta para poder ejercer una acción legal en contra de quienes violan el artículo 150 de la citada ley.
De manera que dicha actividad no solamente constituye una forma de competencia desleal desde el punto de vista comercial, en relación con la que llevan a cabo los radiodifusores debidamente concesionados o permisionados por la autoridad competente, puesto que nada pagan por el uso del espectro, perjudicando al erario, que deja de percibir el cobro correspondiente, y también al usuario, cuya señal de radio o televisión se ve interferida por el accionar del radiodifusor clandestino, y además, es llevada a cabo con total impunidad.
El desarrollo de la radiodifusión y otras comunicaciones en base a la emisión de señales electromagnéticas o de otra índole apropiadas para transportar información, y la indudable importancia social y económica de la misma, ha generado también el desarrollo de conductas antisociales que perturban e impiden, mediante emisiones no autorizadas, que los usuarios reciban adecuadamente las señales de emisores que han ajustado su comportamiento a las normas administrativas y leyes aplicables pertinentes. Ello causa además un grave e injustificado perjuicio económico tanto a los emisores que financian su actividad con la publicidad que comercializan, es decir las estaciones comerciales que requieren de concesión; y los que requieren señales o datos necesarios para su actividad o de terceros, estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios que solo requieren permiso.
La violación a las reglas que establece la Ley Federal de Radio y Televisión de estas conductas, por la específica modalidad operacional que las caracteriza, no se encuentran comprendidas en ninguno de los tipos penales que hacen referencia a las vías de comunicación en nuestro Código Penal Federal vigente.
Nuestro Código Penal Federal contiene, en su Título V, las disposiciones relativas a los "Delitos en Materia de Vías de Comunicación y Correspondencia" y, dentro de este título, en su capítulo I, los "Ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia". Entre ellos se encuentra los artículos 166.- Al que quite, corte o destruya las ataderas que detengan una embarcación u otro vehículo; 167.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa: I.- Por el solo hecho de quitar o modificar sin la debida autorización: uno o más durmientes, rieles, clavos, tornillos, planchas y demás objetos similares que los sujeten; II.- Al que destruya o separe uno o más postes, aisladores, alambres, máquinas o aparatos, empleados en el servicio de telégrafos; III.- Al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo; VI.- Al que dolosamente o con fines de lucro, interrumpa o interfiera las comunicaciones, alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transfieran señales de audio, de video o de datos; 168.- Al que, para la ejecución de los hechos de que hablan los artículos anteriores, se valga de explosivos; por su parte el artículo 168 bis establece que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien sin derecho: I. Descifre o decodifique señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de programas, o II. Transmita la propiedad, uso o goce de aparatos, instrumentos o información que permitan descifrar o decodificar señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de programas. Pero la tutela a la comunicación que prevén los artículos citados no incluye la protección a las emisiones de radiodifusión sonora o televisiva, solo la interrupción e interfencia de comunica-ciones, alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transfieran señales de audio, de video o de datos. Por ello es que el afirmar que en materia de radiodifusión no resultan ser aplicables los artículos citados del Código Penal Federal. La Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 103 y 104 bis comprenden un régimen especial propio del derecho administrativo y ajeno al derecho penal, que solo puede imponer una sanción de carácter administrativa, y solo la Ley General de Bienes Nacionales contempla como delito e impone una sanción de prisión de dos a doce años y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal contra quienes usen, aprovechen o exploten un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente, pero en la practica este delito no es perseguido pues las autoridades pierden de vista este ilícito y no realizan ninguna acción legal en su contra y son toleradas aun cuando violan estas disposiciones.
Con este proyecto se intenta cubrir ese vacío legal que no permite denunciar y sancionar de una forma efectiva a aquel que usa ilegalmente, aprovecha o explota la utilización del espacio radioeléctrico bien que pertenece a la nación, por parte de aquellos usuarios que desean o necesitan recibir las señales emitidas regularmente por las personas concesionadas o permisionadas legalmente a hacerlo. El tiempo que ese análisis y debate requieran ha de mantener el vacío legal señalado, con el consiguiente perjuicio para la normalización del espectro y el peligro generado por la posibilidad de que continúe la proliferación de radiodifusoras clandestinas mientras el mismo se desarrolla.
Con la presente adición que se presenta habrá de eliminarse el vacío legal señalado y así poder combatirse, con el carácter de obligatoriedad para las autoridades que tengan bajo su cargo el otorgamiento de concesiones, permisos o autorización o que por disposición de otra ley se les imponga hacerlo, de denunciar a las personas que ilegalmente usan, aprovechan o explotan un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación causando daño a los usuarios y las personas debidamente concesionadas, permisionadas o autorizadas a esa utilización.
Todo lo expuesto debe servir como ejemplo de los posibles abusos que particulares realizan sobre bienes de la nación, y del resultado y consecuencias que esto acarrea, por lo que es preciso que quede claro que las autoridades deben de velar por la protección y debida utilización de estos bienes y la debida sanción que todos aquellas personas que abusen de los mismos.
Por todo lo antes expuesto, se pone a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:
Decreto por que se adiciona un segundo párrafo al artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales
Artículo 150.-..........
Será responsabilidad de las autoridades de la Administración Pública Federal competentes de otorgar concesión, permiso o autorización sobre un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, o de aquellas que en cualquier materia les corresponda vigilarlo o administrarlo, realizar la denuncia correspondiente por el ilícito que se describe en el párrafo anterior.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de octubre de 2005.
Dip. Javier Orozco Gómez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Octubre 20 de 2005.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2005
Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Juventud y Deporte, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley, con base a la siguiente
Exposición de Motivos
La importancia del deporte es incuestionable en cualquier sociedad. El desarrollo social integral implica indudablemente el cultivo de la salud física. La actividad física, ya sea como juego, ejercicio, deporte ó recreación no sólo es componente de la salud individual sino también una forma de expresión de sociabilidad. El deporte nos enseña a reconocer al que gana y respetar al que pierde; nos enseña a trabajar en equipo, hacer disciplinados y a reconocer que el esfuerzo y la confianza son elementos que mejoran la condición humana.
La situación en México es complicada para los que practican actividades físicas regularmente, empeora para los deportistas de alto rendimiento y es desastrosa para las personas con capacidades diferentes que practican algún deporte; a lo largo de la carrera de un deportista hay que sortear dificultades propias de la falta de una plena cultura deportiva que se traducen en la ausencia de lugares adecuados para practicar el deporte o la falta de estímulos económicos par poder seguir practicando las actividades.
En el Partido Verde Ecologista de México tenemos como prioridad fundamental respetar y apoyar las particularidades de cada deporte y de cada deportista, lamentablemente si hacemos un análisis desde el punto de vista legislativo, identificamos que pese a ser considerada la Educación Física como parte integral del desarrollo del ser humano, vemos que no hay un verdadero compromiso de apoyo para al deporte adaptado y lo cual termina afectando los pocos planes y programas existentes, así como la participación de los involucrados y el seguimiento de las actividades.
Debido a todo esto, se hace necesaria y urgente la instauración de un Marco Jurídico para el deporte adaptado y de esta forma enriquecer la vida comunitaria. Un verdadero compromiso legislativo con el deporte adaptado, será el que permita adecuar la regulación deportiva a que por un lado, incentive a nuestros destacados deportistas y les ofrezca instalaciones adecuadas y un trato digno como el que merecen, y por otro lado, permita la continuidad y organización de las políticas deportivas, para mejorar el rendimiento de todos los deportistas mexicanos.
En el Partido Verde Ecologista de México creemos que con un esfuerzo conjunto lograremos que el deporte en el país cumpla con una filosofía que cultive los valores universales y sea benéfico para el desarrollo del deporte. Debemos buscar los consensos necesarios para llevar acabo una política deportiva en la que se procure que todos los mexicanos con capacidades diferentes tengan acceso a la práctica deportiva, y para que cada vez haya una mayor presencia en el deporte de los diversos sectores de la sociedad.
El deporte es un derecho público que debe formar parte central de los programas de Educación y Desarrollo Social del gobierno, así como también de las prioridades de los partidos, por ende, no pueden ser catalogados como una tarea de segundo orden, por abajo de otras prioridades materiales en un Estado.
Es importante partir de la idea de que en el deporte no hay lugar para banderas políticas ó ideológicas. El deporte para los atletas con capacidades diferentes debe ser un compromiso que nos unifique a todos.
La prioridad de esta iniciativa será el fomentar la construcción de infraestructura deportiva que cubra las necesidades del deporte adaptado. Nos preocupa que actualmente existan disciplinas deportivas que carecen de infraestructura para el desarrollo de sus actividades y que termina por afectar el desempeño de quienes lo practican.
Las políticas públicas a favor del deporte adaptado deben ofrecer el desarrollo de una cultura física a través de planes y programas, mediante una práctica continua y sistemática, que permita alcanzar un nivel de vida sana y de competitividad, privilegiando la calidad y la equidad, con una atención eficiente, comprometida y sensible a las necesidades de nuestros deportistas.
Se debe fomentar la cultura física en la población, a partir de la masificación de actividades físicas, recreativas y deportivas, sin embargo, es urgente buscar la utilización máxima de las instalaciones deportivas del país, así como la construcción de nuevos centros deportivos de calidad y con programas específicos para atender las diferentes necesidades de los deportistas.
Indudablemente, es de gran importancia impulsar un marco jurídico moderno acorde con las necesidades deportivas de nuestro país y buscar un beneficio integral para el deporte nacional, llevándolo hacia mejores niveles. Todo ello, encaminado a incrementar la cobertura y mejoramiento de la práctica del deporte
Sensibilizados por lo anterior lo anterior, el diputado Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se permite someter ante el pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte
Artículo Primero.- por el que se reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue:
Artículo 29. ...
De la fracción I a la XXIII...
XXIV. Fomentar la construcción, conservación, adecuación y mejoramiento de instalaciones deportivas para la práctica del deporte adaptado.
XXVI. Las demás que esta ley u otras disposiciones determinen.
Transitorio
Primero.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de octubre del 2005.
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte. Octubre 20 de 2005.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2005
Alejandro Agundis Arias, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.
Antecedentes
Una breve revisión de lo que pasa en el mundo nos muestra que el daño ambiental en el territorio es una constante actual, que resulta de una permanente agresión a la atmósfera, a los bosques, a los océanos, a los y a la biodiversidad en general, que en conjunto sustentan nuestra existencia.
Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) auspicio el estudio internacional Millennium Ecosystem Assessment, en donde se advierte que "más de la mitad de los ecosistemas terrestres están dañados por la intervención humana, lo que entraña un riesgo enorme para el bienestar, no sólo del resto de las especies terrestres, sino también para la especie humana: aparición de nuevas enfermedades, pérdida de la calidad del agua, aparición de las llamadas "zonas muertas" a lo largo de las costas, el colapso de los bancos de pesca y cambios climáticos regionales".
A nivel general, en este informe se hacen cuatro conclusiones generales:
La primera de ellas es que, en los últimos 50 años, los seres humanos han cambiado y deteriorado los ecosistemas de forma más rápida que en cualquier otro periodo de la historia, con la intención de satisfacer las crecientes demandas de alimento, agua, madera, fibra y combustible. Asimismo, desde 1945, se ha destinado a la agricultura una cantidad mayor de nuevas tierras que lo que se había hecho desde 1800 hasta entonces, y, desde 1985, se usó más de la mitad de todos los fertilizantes sintéticos a base de nitrógeno producidos desde el inicio de su fabricación en 1913. Como consecuencia de este uso masivo, se ha producido una significativa pérdida de la diversidad de la vida en el planeta. Hoy por hoy, entre el 10 y el 30 por ciento de los mamíferos, las aves y los anfibios estén en peligro de extinción.
La segunda de las conclusiones señala que, aunque la explotación de los ecosistemas ha llevado en algunos casos a una mejora de determinadas producciones, como la de cereales, carne, pescados de piscifactorías, etc., otras han agotado sus propios recursos ya que no alcanzan ni de lejos las necesidades de demanda actuales. Es el caso de la pesca de captura y del agua dulce, una pérdida que no sólo afecta a nuestra época sino que, sobre todo, disminuirá significativamente los recursos de futuras generaciones.
La tercera de las conclusiones señala el riesgo que supone el hecho de que esta degradación afecte a la salud del hombre: por ejemplo, la deforestación aumenta el número de agentes patógenos, como los de la malaria y el cólera, y aumenta el riesgo de nuevas enfermedades.
Por último, el informe concluye que la recuperación y la explotación sostenible de los ecosistemas requeriría cambios políticos e institucionales de gran envergadura, que hoy por hoy no están en marcha.
A nivel nacional, todas estas afectaciones y consecuencias están latentes. Problemas como el derrame de hidrocarburos, la contaminación y afectación de recursos por actividades humanas, agropecuarias, acuícolas, industriales, mineras, extractivas, sobre especies protegidas y los desarrollos inmobiliarios en ecosistemas frágiles, son un ejemplo de actividades que tienen un impacto significativo en el ambiente y los recursos. Son en estas áreas donde se han identificado esquemas para poder proteger y lograr la reparación del daño ambiental y en su caso, la restauración y/o la compensación de los servicios y valores ambientales afectados.
No obstante el grave problema ambiental que enfrentamos, el discurso de protección y desarrollo sustentable que tanto se ha trabajado, no es algo que en la práctica se aplique. Es aún poco interés por la cuestión ambiental que la principal empresa paraestatal, ha recibido casi 500 multas en lo que va de la presente administración por actividades altamente riesgosas para el ambiente. Por su conducta irresponsable, que ha destruido incontables ecosistemas, se puede considerar que Pemex está en deuda con la nación y no existe multa que alcance para reparar un daño que se ha ejercido.
En el derecho internacional, prevalece el principio de quien contamina paga,1 generando responsabilidades, tanto de pago como de reparación del daño, a las personas o actores que generan externalidades negativas al ambiente. En nuestra legislación mexicana, la ley marco de protección ambiental, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), ha incorporado este principio, generando sanciones administrativas a los infractores de la normatividad ambiental y disponiendo la obligación de toda aquella persona que dañe o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad para asumir la responsabilidad por tales afectaciones y llevar a efecto la reparación del daño causado.
Es así que el artículo 15 de la LGEEPA establece los principios que deberán observarse para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente.2 Esta medida, si bien no esta estipulada como una sanción administrativa, al ser un principio rector de la política nacional ambiental, es vinculatorio y por tanto obligatorio.
La instancia encargada de sancionar las prácticas causantes de la degradación ambiental es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien tiene entre sus responsabilidades la de realizar acciones y substanciar procedimientos administrativos a efecto de comprobar el cumplimiento de la normatividad en materia de medio ambiente y recursos naturales. A grandes rasgos, las actividades de la Profepa se centran en dos acciones: una de revisión meramente administrativa de trámites y requisitos, y otra es cuando inicia actuaciones y procedimientos para comprobar la magnitud de eventos contra el ambiente y en consecuencia iniciar procedimientos en contra de infractores de la normatividad ambiental, que hayan causado daños o afectaciones al ambiente o ecosistemas debido a sus actividades u obras.
En la práctica cotidiana, la aplicación del mandato legal señalado en el párrafo anterior enfrenta diferentes problemas una vez que un daño ambiental ha sido causado. En primera instancia, existe el riesgo de que, una vez causado el daño, el particular infractor se encuentre sin recursos para llevar a efecto la reparación del daño y para realizar las medidas técnicas, de urgente aplicación, correctivas y de cualquier otra índole, pudiendo dejar sin cumplir tales cargas y convertirlas en créditos fiscales incobrables.
La ex procuradora de recursos naturales, Diana Ponce Nava asegura que "algunas otras dificultades se centran en la falta de cumplimiento inmediato de las medidas de urgente aplicación o correctivas; falta de criterios y desconocimiento del Poder Judicial para determinar el daño ambiental causado y del riesgo de no cumplirse las medidas técnicas, de urgente aplicación y correctivas".3
Con el fin de otorgar la mayor protección y en el afán de evaluar, dictaminar, minimizar o neutralizar los alcances del daño o las afectaciones a los bienes y servicios ambientales, la Profepa dicta y hace cumplir medidas técnicas, correctivas, de urgente aplicación y de seguridad que se centran en principio en llevar a efecto una protección integral al ambiente y a los recursos naturales, respecto de aquellas afectaciones causadas y para poder asignar un valor económico a los daños causados a los bienes y servicios afectados para buscar su reparación, restauración y compensación.
La legislación ambiental en nuestro país necesita adecuarse a este enfoque de la reparación del daño ambiental y en su caso a la revaloración de las medidas de restauración y/o de compensación como mecanismos efectivos de poder resarcir al ambiente cuando se ha originado un daño.4
En la actualidad, las sanciones que estipula la ley, de acuerdo con el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, equivalen a multas de 20 a 50 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal; clausura temporal o definitiva, total o parcial; arresto administrativo de 36 horas; decomiso y suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones.
No existe sin embargo, alguna disposición específica sobre la forma o mecanismo para asegurar la reparación del daño o en su caso la correspondiente compensación o la restauración que proceda.
Al amparo del artículo 57 fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo vigente, en relación con el artículo 168 de la LGEEPA, la Profepa ha celebrado diversos convenios de restauración y/o de compensación de daños ambientales.
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 57 fracción VI, destaca que se signará el convenio de las partes siempre y cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico, ni verse sobre materias que no sean susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público con el alcance, efectos y régimen jurídico, específico como en cada caso prevea la disposición que lo regula, en tanto que en la LGEEPA, en el artículo 168 apunta que durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, el interesado y la dependencia federal, a petición del primero, podrán convenir la realización de acciones de restauración o compensación de daños necesarias para la corrección de las presuntas irregularidades observadas.
Por restauración, de acuerdo con las disposiciones vigentes de la LGEEPA, se entiende el conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.
Por compensación se entiende la aplicación de recursos a proyectos ambientales y ecológicos tendientes a resarcir los daños e impactos ambientales ocasionados al medio ambiente y a los recursos naturales por una obra o actividad.
Los convenios que la PROFEPA ha venido firmando con diferentes infractores por diversas acciones que han causado daños sensibles a diferentes ecosistemas tienen por objetivo justamente el de lograr restaurar y/o compensar los daños a los bienes y servicios ambientales en la esfera de competencia de esa Procuraduría.
En el caso de la Ley de Aguas Nacionales, en su titulo séptimo sobre prevención y control de la contaminación de las aguas y responsabilidad por daño ambiental, capitulo II responsabilidad por el daño ambiental; en los artículos 96 bis y 96 bis1 se determinan las acciones que se darán para que se cumpla con la reparación del daño ambiental.5 Aunado a esto, el artículo 119 enlista las infracciones a la ley. Es en este artículo, que las fracciones I, XIV, XVII, hacen referencia a acciones que contaminan el ambiente, tales como: descargas de aguas residuales; arrojar o depositar cualquier contaminante; ocasionar daños ambientales considerables o que generen desequilibrios en materia de recursos. Estas infracciones son castigadas con sanciones administrativas, estipuladas en el artículo 120; no obstante y en concordancia con el artículo 91 bis 1,estas fracciones también deberían de contemplar el pago por la reparación del daño ambiental que generan, por lo cual debe de agregarse un párrafo en dicho artículo obligando a que las personas físicas o morales a asumir dicho pago sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan.
Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados, respetuosamente someten a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto: Por el que se modifica el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales.
Artículo Primero: Por el que se modifica el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:
Artículo 120. Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativamente por "la autoridad del agua" con multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general vigente en el distrito federal en el momento en que se cometa la infracción, independientemente de las sanciones estipuladas en la ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente, ley de bienes nacionales y ley federal de metrología y normalización y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia:
I-III. ...
........
........
........
Independientemente de lo dispuesto en el presente artículo, las personas físicas o morales que incurran en lo estipulado en las fracciones I, XIV, XVII, deberán asumir el pago del costo de la reparación del daño ambiental ocasionado, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan.
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 29 días del mes de septiembre del 2005.
Notas:
1 Dicho principio tiene como objetivo cambiar algunos de los hábitos usuales, e incluir en el precio final de un producto no sólo los costes de producción, sino también los costes relacionados con el mantenimiento y uso sostenible de los recursos, es decir, todos los costes derivados de la prevención de la contaminación, de la reducción de los efectos negativos y de la restauración del medio ambiente.
2 Artículo 15, fracción IV: "Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, esta obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales".
3 Ponce Nava, D. El empleo de seguros y fianzas, en la reparación, restauración y/o compensación del daño ambiental. INE. http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/409/nava.html?id_pub=409
4 Idem, Ponce Nava.
5 Articulo 96 Bis. "la autoridad del agua" intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley.
Artículo 96 Bis 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar el daño ambiental causado, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño, o cuando no fuere posible, mediante el pago de una indemnización fijada en términos de ley por autoridad competente.
"La Comisión", con apoyo en el organismo de cuenca competente, intervendrá para que se instrumente la reparación del daño ambiental a cuerpos de agua de propiedad nacional causado por extracciones o descargas de agua, en los términos de esta ley y sus reglamentos.
Dip. Alejandro Agundis Arias (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Octubre 20 de 2005.)
Actas
DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO, DE SU DECIMOQUINTA SESIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2005
Siendo las 10:00 horas del día miércoles 29 de junio del 2005, se lleva a cabo la decimoquinta sesión ordinaria de la Comisión Especial del Sur-Sureste en el salón E del restaurante Los Cristales, estando presentes: el diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja (Presidente), diputado Francisco Chavarría Valdeolivar (secretario) y como integrantes los diputados Rogelio Rodríguez Javier, Ángel Pasta Muñuzuri, y Belizario Iram Herrera Solís.
Orden del Día
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión anterior.
4.- Presentación del informe de actividades de la Comisión Especial Sur-Sureste (diciembre 2004-junio 2005).
5.- Asuntos generales
6.- Clausura de la reunión.
El Diputado Presidente Ángel Alonso Díaz-Caneja, da la bienvenida a los diputados asistentes al tiempo que declara que no hay quórum legal. En ese sentido la sesión adquiere el carácter de informativa.
Acto seguido somete a la consideración de los diputados el informe de actividades de la Comisión Especial Sur-Sureste (diciembre 2004-junio 2005), y de igual modo da a conocer que el informe anual de actividades de la Comisión será el día 7 de octubre.
En relación al numeral 5 del orden del día, el diputado Belisario Iram Herrera Solís pregunta al Presidente, si la Comisión tiene la facultad de gestionar recursos para proyectos carreteros locales. El Presidente contesta que la Comisión está apoyando únicamente proyectos que sean de desarrollo regional.
Asimismo, se comunicó que en la siguiente sesión de la Comisión estarán presentes los miembros del Consejo Técnico de Infraestructura del Sur-Sureste, conformado por los secretarios de obras públicas de los nueve estados de la región los cuales presentarán los principales proyectos carreteros susceptibles de ser impulsados en el PEF 2006.
Siendo las 11:00 horas del día 29 de junio el diputado Presidente clausura la sesión y cita para la decimosexta sesión ordinaria, la cual tendrá verificativo el miércoles 27 de julio del 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de julio de 2005.
Diputados: Ángel Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Presidente; Francisco Herrera León (rúbrica), secretario; Jesús Vázquez González (rúbrica), secretario; Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), secretario; Rogelio Rodríguez Javier, Juan Antonio Gordillo Reyes, Belisario Iram Herrera Solís, Roger David Alcocer García (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández, Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Juan García Costilla, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Jesús Martínez Álvarez.
DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO, DE SU DECIMOSEXTA SESIÓN ORDINARIA, ACAECIDA EL MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2005
Siendo las 11:00 horas del día miércoles 27 de julio del 2005 se lleva a cabo la decimosexta sesión ordinaria de la Comisión Especial Sur-Sureste en la zona C del restaurante Los Cristales, estando presentes por parte de la Comisión: el diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja (Presidente), diputado Francisco Chavarría Valdeolívar (Secretario) y como integrante el diputado Roger David Alcocer García; además de que se contó con la presencia de los miembros del Consejo Técnico de Infraestructura del Sur-Sureste, del licenciado Mario Ruiz Cornejo, director general adjunto de Proyectos de Inversión A de la SHCP, así como del ingeniero Agustín Melo Jiménez, director de Evaluación de Proyectos de la SCT.
Orden del Día
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación de las Actas de las sesiones anteriores.
4.- Palabras de bienvenida y exposición de motivos a cargo del diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja, Presidente de la Comisión Especial Encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.
5.- Intervención del arquitecto Jesús Tapia Mayans, Presidente del Consejo Técnico de Infraestructura Carretera del Sur-Sureste.
6.- Sesión de preguntas y respuestas.
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la reunión.
El diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja, Presidente de la Comisión, da la bienvenida a los diputados integrantes, a los Secretarios de Obras Públicas de los nueve estados de la región y a Funcionarios Públicos Federales; así mismo, declara que no hay quórum, por lo que la sesión adquiere el carácter de informativa.
Acto seguido comenta que la Comisión Especial Sur-Sureste está en la disposición de apoyar en la medida de sus posibilidades al desarrollo general de la región, además de que siempre ha trabajado en conjunto con el Consejo Técnico de Infraestructura priorizando los proyectos que detonen el crecimiento de la región.
El arquitecto Jesús Tapia Mayans, Presidente del Consejo Técnico de Infraestructura del Sur-Sureste, agradece los apoyos de la Comisión Sur-Sureste y comenta que el propósito de la reunión será informar lo que se ha realizado con miras al presupuesto del 2006, así como analizar los Proyectos que quedan pendientes en el 2005.
Asimismo, comunica a la Comisión que los criterios que adoptó el Consejo Técnico de Infraestructura para la priorización de los proyectos del 2006 son: las políticas de registro que tiene el gobierno federal como la evaluación socioeconómica, el expediente técnico, que sea prioridad estatal, la factibilidad inmediata, además ver si es una obra en proceso.
Se da lectura en orden de importancia a las 74 obras priorizadas para la región sur sureste con el fin de que se puedan incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Pasando al siguiente punto de la orden del día, cada unos de los secretarios de obras públicas de los estados presenta los proyectos prioritarios de infraestructura carretera de su entidad y explica la importancia de cada una de ellas.
En la sesión de preguntas y respuestas, los secretarios comentaron que todos los años se enfrentan con la incertidumbre de los recursos que se puedan disponer y ejecutar; y que muchas veces los recursos se liberan en el segundo semestre del año, lo que entorpece la eficacia al aplicarlos.
El diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja, Presidente de la Comisión Sur-Sureste, concluye la reunión recalcando 4 puntos importantes.
1.- Que la Comisión Especial Sur-Sureste estará trabajando por conseguir el mayor número de recursos para el Desarrollo de la región.
2.- Que la Comisión realizará las gestorías necesarias ante las Secretarías de Hacienda y Comunicaciones y Transportes, con el fin de conocer el motivo de las reducciones presupuestales en los proyectos aprobados para el 2005.
3.- Que la Comisión Sur-Sureste gestionará que los recursos de los proyectos aprobados se liberen en tiempos oportunos.
4.- Que los diputados integrantes de la Comisión apoyarán la propuesta de modificación reglamentaria para los derechos de vía, a petición del Consejo.
Siendo las 14:30 horas del día 27 de julio se clausura la sesión y cita para la decimoséptima sesión ordinaria, la cual tendrá verificativo el miércoles 31 de agosto del 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2005.
Diputados: Ángel Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Presidente; Francisco Herrera León (rúbrica), secretario; Jesús Vázquez González (rúbrica), secretario; Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), secretario; Rogelio Rodríguez Javier, Juan Antonio Gordillo Reyes, Belisario Iram Herrera Solís, Roger David Alcocer García (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández, Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Juan García Costilla, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Jesús Martínez Álvarez.
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SU DECIMOSEXTA REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA, REALIZADA EL MARTES 21 DE JUNIO DE 2005
En el salón B del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las diecisiete horas con diez minutos del día 21 de junio del año 2005, el diputado presidente Miguel Alonso Raya da inicio a la Décima Sexta Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, contando con la presencia de los diputados Roberto Javier Vega Galina, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Lucio Galileo Lastra Marín, Manuel Pérez Cárdenas (ausencia justificada), José Mario Wong Pérez, María Cristina Díaz Salazar, Marco Antonio García Ayala, David Hernández Pérez, Armando Neyra Chávez, Alfonso Rodríguez Ochoa, Oscar Martín Ramos Salinas, Pablo Anaya Rivera, Martín Carrillo Guzmán, Roberto Colín Gamboa, Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Ángel Llera Bello, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián, Rafael García Tinajero Pérez, Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jiménez y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, por lo que hay quórum.
El diputado presidente procede a la lectura del orden del día y lo somete a consideración del pleno.
Aprobado.
El diputado presidente pone a consideración del pleno el acta de la Décima Quinta Reunión Plenaria Ordinaria, celebrada el día 19 de abril de 2005. Se somete a votación.
Aprobada.
Continuando con el Orden del Día, toma la palabra el diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez para presentar los dictámenes elaborados por el Grupo de Trabajo Número Dos de la Comisión. En primer lugar, presenta las consideraciones del dictamen, en sentido negativo, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez a nombre del Diputado Iván García Solís (PRD) en sesión de la Comisión Permanente del miércoles 11 de agosto de 2004. Se somete a votación.
Aprobado en el sentido propuesto.
En segundo lugar, presenta las consideraciones del dictamen, en sentido negativo, de la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD) en sesión de la Cámara de Diputados el 14 de septiembre de 2004. Se somete a votación.
Aprobado en el sentido propuesto.
En tercer lugar, las consideraciones del dictamen, en sentido negativo, a la iniciativa que reforma el artículo 304 y adiciona un artículo 304 E a la Ley del Seguro Social, presentada por los diputados Elizabeth Yáñez Robles y Manuel Ignacio López Villarreal (PAN) en sesión de la Cámara de Diputados del 29 de septiembre de 2004. Se somete a votación.
Aprobado en el sentido propuesto.
En cuarto lugar, las consideraciones del dictamen, en sentido positivo, a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar el número de guarderías infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Tamaulipas, presentada por el diputado José Julián Sacramento Garza (PAN) en sesión de la Cámara de Diputados del 30 de noviembre de 2004. El diputado Roberto Colín Gamboa (PAN) señala que el resolutivo no refiere que la prestación de servicios será por particulares, por lo que solicita que la redacción haga referencia a ello. El diputado presidente propone que la redacción haga referencia a que la prestación se dará en los términos establecidos en la propia Ley del Seguro Social. Se acepta la propuesta y se somete a votación.
Aprobado en el sentido propuesto y con la modificación.
El diputado presidente da la palabra al diputado Marco Antonio García Ayala para que presente los dictámenes elaborados por el Grupo de Trabajo Número Tres de la Comisión, mismo que en primer lugar, presenta las consideraciones al dictamen, en sentido negativo, a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para que respete los derechos humanos tanto de sus agremiados como de los derechohabientes de la institución, presentada por la diputada María Antonieta García Sanjinés (PAN), en sesión de la Cámara de Diputados del 28 de septiembre de 2004. Se somete a votación.
Aprobado en el sentido propuesto.
En segundo lugar, presenta las consideraciones al dictamen, en sentido positivo, a la Iniciativa que reforma el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Luis Maldonado Venegas (Convergencia) en sesión de la Cámara de Diputados del 7 de diciembre de 2004. Toma la palabra el diputado Tomás Antonio Trueba Gracián (PAN) y señala que dado que no se presentan estimaciones del costo que tendría la aprobación de esta reforma, debería votarse en sentido negativo, sin embargo, en virtud del loable objetivo que persigue, propone se regrese al grupo de trabajo para volverla a discutir una vez que se tengan las estimaciones del impacto económico y financiero que tendría de aprobarse. El diputado secretario Lucio Galileo Lastra Marín (PAN), respalda lo dicho por el diputado Trueba y agrega que además del impacto económico y la carga presupuestal que representa, la reforma beneficia a los trabajadores de mayores ingresos que son lo que tienen un mayor sobresueldo, no a los de menores ingresos que es a quienes se debería beneficiar. El diputado Marco Antonio García Ayala (PRI), precisa que ya en la Ley Federal del Trabajo está definido el salario, que la aprobación de la iniciativa sería un acto de equidad y justicia para los trabajadores que no reciben esta prestación de acuerdo a la Ley; que la Ley en comento precisa con toda claridad en los artículos quinto y sexto cuáles son las percepciones y quienes son los trabajadores beneficiados; asimismo, precisa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó los aspectos a considerar en caso de ser aprobada. El diputado Rafael García Tinajero Pérez (PRD) señala que la iniciativa debe votarse en positivo, dado que ya está en la Ley la definición del salario que debe considerarse para la prima vacacional y que además existe jurisprudencia en el mismo sentido. El diputado Roberto Colín Gamboa (PAN), coincidiendo con lo señalado por el diputado Lastra, afirma que se trata de una propuesta inequitativa dado que beneficiaría a los funcionarios de primer nivel, por lo que propone antes beneficiar a los jubilados con pensiones bajas y a los trabajadores con sueldos bajos. El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (PAN), señala que el país ha sufrido un proceso de deformación de los salarios, producto de la inflación, que es necesario corregir; que este tipo de reformas no se pueden financiar con la estructura fiscal que ahora se tiene y por ello, propone no apoyar el dictamen dado que no cuenta con el sustento fiscal y financiero que se requiere. La diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz (PRI), manifiesta su desacuerdo con los argumentos emitidos, señalando que ya existe la jurisprudencia que todos los trabajadores pueden invocar para gozar de la prestación en los términos del Ley, que los institutos de seguridad social no están en quiebra y que la tarea de legislar no debe depender de la opinión de funcionarios y directores de los institutos. El diputado Roberto Vega Galina (PRI) señala estar de acuerdo con el sentido del dictamen y manifiesta que no se debe culpar a los trabajadores de la situación que enfrentan las instituciones de seguridad social, dado que también tienen responsabilidad los directores y las anteriores administraciones. El diputado Roberto Colín Gamboa (PAN) señala que los responsables de la aprobación serán los diputados y reitera que antes se debería beneficiar a los trabajadores de los niveles salariales más bajos y a los jubilados. El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (PAN) respalda lo dicho por el diputado Colín en términos de la iniquidad que implica la propuesta, así como la responsabilidad de legislaturas y administradores anteriores sobre la insolvencia financiera de las instituciones, por lo que considera que el dictamen no debe aprobarse. El diputado Marco Antonio García Ayala (PRI), ante la preocupación de que la iniciativa beneficie a los trabajadores de mayores ingresos, reitera que los artículos quinto y sexto de la misma Ley señalan a los beneficiarios y el artículo octavo a los excluidos, por lo que no se está frente a ese escenario. El diputado Rafael García Tinajero Pérez (PRD), manifiesta que hay dos posturas en el debate de las cuestiones salariales, una que busca abaratar las condiciones en que los trabajadores venden su fuerza y otra que busca rescatar ese valor, por lo que hay críticas que no se emiten frente a reformas de tipo financiero. El diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD) señala que aunque iba a votar en contra del dictamen, después de la precisión del diputado García Ayala va a votar a favor. El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT), afirma que la modificación no dista mucho de lo que establece la Ley, que el aumento no sangra a las finanzas públicas y que no se puede estar regateando tanto el apoyo a los trabajadores. El diputado Lucio Galileo Lastra Marín (PAN) propone que se estime cuál sería el impacto de la medida, no sólo para la Secretaría de Hacienda sino el beneficio para los trabajadores de cada nivel salarial, para ver si efectivamente se beneficia a los de menores ingresos. El diputado Roberto Colín Gamboa (PAN) propone que no se vote el dictamen y que en la siguiente sesión, ya con los estudios de los beneficios que generaría la reforma, se apruebe. El diputado presidente Miguel Alonso Raya somete a votación la propuesta de posponer la votación del dictamen y regresarlo al Grupo de Trabajo para que se incorporen los elementos del debate realizado.
Aprobado. Se regresa al Grupo de Trabajo.
El diputado Marco Antonio García Ayala presenta las consideraciones al dictamen, en sentido negativo, a la Iniciativa que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán (PVEM) en sesión de la Cámara de Diputados del 10 de febrero de 2005. Se somete a votación.
Aprobado en el sentido propuesto.
Como siguiente punto del orden del día, el diputado presidente informa de los asuntos turnados a la Comisión de Seguridad Social. Uno: el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, Tomo Informe Ejecutivo, remitido por el contador público Arturo González Aragón, Auditor Superior de la Federación, el 18 de abril 2005. Dos: el Análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003 (III), Sectores: educación superior, instituciones de educación superior, salud, comité nacional Provida y entidades paraestatales no coordinadas (IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE, y STyF-ISSSTE), remitido por el diputado Salvador Sánchez Vázquez a esta Comisión. Tres: Iniciativa de Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, remitida a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, para su discusión y en su caso aprobación. Se turna a los Grupos de Trabajo para el análisis y elaboración de una propuesta de dictamen. Cuatro: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentado por el diputado Pablo Anaya Rivera y Martín Remigio Vidaña (PRI), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2005. Se turna a los Grupos de Trabajo para el análisis y elaboración de una propuesta de dictamen. Quinto: Informe Trimestral sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al primer semestre del 2005. Sexto: Iniciativa de decreto para reformar y adicionar los artículos 6º y 217 de la Ley del Seguro Social, remitida por el Congreso del estado de Zacatecas a esta Comisión. Se turna a los Grupos de Trabajo para el análisis y elaboración de una propuesta de dictamen. Siete: informe de los indicadores de resultados del sistema de protección social en salud, correspondientes al primer trimestre del 2005. Ocho: Acuerdo del Congreso del estado de Baja California Sur, mediante el cual se adhiere al del Congreso del estado de Chihuahua, por el que se pronuncian a favor de que en el momento procesal oportuno la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consensúe la propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE, con la dirigencia sindical y agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Y nueve: escrito de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual manifiestan su rechazo a la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE. Asimismo, el diputado presidente refiere que respecto a los dos últimos asuntos, la Junta Directiva en reunión celebrada el miércoles 25 de mayo del año en curso aprobó las respuestas, mismas que fueron remitidas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 8 de junio de 2005.
Continuando con el orden del día, el diputado presidente informa al Pleno las reuniones de trabajo aprobadas por la Junta Directiva de la Comisión en su reunión celebrada el 11 de mayo: con el Auditor Superior de la Federación que, como se acordó en la Junta Directiva, se solicitó a través de la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación y de la que aún no se tiene fecha; con el presidente de la Consar, a realizarse en la primera semana de agosto para evaluar el tipo de inversiones y los resultados que se han tenido; y con el Consejo Técnico del IMSS, en fecha aún por definir.
Como punto número siete del orden del día, se informa del Estado que guarda la problemática sobre retiros indebidos del SAR-ISSSTE 92 y los depósitos cruzados.
Continuando con el orden del día, el diputado presidente informa los avances en la organización del Foro sobre Sistemas de Pensiones en los Estados que se realizará los días 28 y 29 de julio en el ex templo de San Agustín, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. Asimismo, de la propuesta para la organización de un foro sobre la problemática de las jubilaciones y pensiones que enfrentan las universidades públicas, que se propone realizar en el puerto de Veracruz.
No habiendo quien haga uso de la palabra para algún asunto adicional, el diputado presidente anuncia que se han agotado los asuntos en cartera y da por concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos. Firman al calce por la Junta Directiva.
Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Presidente; Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), secretarios.
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SU DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA, REALIZADA EL MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2005
En el salón Libertadores del Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del día 27 de septiembre del año 2005, el diputado presidente Miguel Alonso Raya da inicio a la Décima Séptima Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, contando con la presencia de los diputados Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Lucio Galileo Lastra Marín, José Mario Wong Pérez, María Cristina Díaz Salazar, David Hernández Pérez, Armando Neyra Chávez, Alfonso Rodríguez Ochoa, Martín Carrillo Guzmán, Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Ángel Llera Bello, Tomás Antonio Trueba Gracián, Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jiménez y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, por lo que se verificó el quórum.
El diputado presidente procede a la lectura del orden del día y lo somete a consideración del pleno.
Aprobado.
El diputado presidente pone a consideración del pleno el acta de la Décima Sexta Reunión Plenaria Ordinaria, celebrada el día 21 de junio de 2005. Se somete a votación.
Aprobada.
Continuando con el Orden del Día, el diputado presidente pone a consideración del pleno los proyectos de opinión de la Comisión respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública, ejercicios 2002 y 2003. Sobre el mismo punto, agrega que la Junta Directiva de la Comisión en su reunión del 20 de julio de 2005, acordó un plazo de 10 días para recibir observaciones. No habiendo comentarios, somete a votación la opinión de la Comisión respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública, ejercicio 2002.
Aprobada.
De igual forma, somete a votación la opinión de la Comisión respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública, ejercicio 2003.
Aprobada.
Como tercer punto del orden del día, el diputado presidente informa que el viernes 30 de septiembre vence el periodo para que los grupos parlamentarios hagan llegar a la presidencia las prioridades legislativas para el presente periodo de sesiones, a fin de que se puedan turnar a los grupos de trabajo o, de ser el caso, el equipo técnico de la Comisión elabore los proyectos de dictamen respectivos.
Como cuarto punto del orden del día, en relación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, en materia de seguridad social, el diputado presidente informa que ya se han distribuido las "notas preliminares" y los cuadros comparativos que elaboró el equipo técnico de la Comisión. En tal sentido y con el objetivo de que en la siguiente reunión plenaria se pueda aprobar una opinión de la Comisión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre el tema, se acuerda que los grupos parlamentarios hagan llegar sus opiniones en el transcurso de la semana, a fin de que el Equipo Técnico integre el documento respectivo.
Como siguiente punto del orden del día, el diputado presidente informa de los asuntos turnados a la Comisión y que incluyen los "Acuerdos de la Administración Pública Federal", firmados el 11 de mayo de 2005, relativos a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 84, fracción III, 130, 132, 137, 138, fracciones I, II, III y IV, y 144 de la Ley del Seguro Social; el artículo 68 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización de la Ley del Seguro Social, y los artículos 5, fracción V, y 75, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por las diputadas María de Jesús Aguirre Maldonado y Marcela Guerra Castillo (PRI), el miércoles 25 de febrero de 2004; y a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 84 y un segundo párrafo al artículo 130 de la Ley del Seguro Social, y se reforman las fracciones III y IV del artículo 75 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la diputada Martha Patricia Martínez Macías (PAN), el 26 de marzo de 2002. Copia del oficio del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual da respuesta al oficio enviado el 3 de febrero de 2005 por los miembros del Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo Sección 32 (SNTE), e informan no estar facultados para realizar la propuesta que solicitan, remitido por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados el 03 de junio de 2005. El informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2004- 2005, remitido por el Dr. Santiago Levy Algazi, Director General IMSS y recibido en sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el miércoles 06 de julio de 2005. Escrito del Dip. Roberto Vega Galina, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, mediante el cual exhorta a los Poderes de la Unión para que se restablezca una mesa de genuina negociación y entendimiento, renovando la interlocución oficial con los trabajadores de dicho sector, en relación a la situación crítica que vive el Instituto Mexicano del Seguro Social, remitido por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados el 28 de julio de 2005. Comunicación del Congreso del Estado de Morelos por el que se adhiere al Acuerdo del Congreso del Estado de Sonora, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las modificaciones pertinentes en relación con lo dispuesto por los artículos 82, fracción I y 85 del Reglamento de la Ley del Seguro Social, en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización; recibido en sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el miércoles 27 de julio de 2005. Informe Trimestral sobre la Composición Financiera de las Inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al 2º trimestre de 2005, remitido por el Dr. Santiago Levy Algazi, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, recibido el miércoles 03 de agosto de 2005. Informe Semestral sobre la Situación que Guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo Enero-Junio de 2005, remitido por el Lic. Mario Gabriel Budebo, Presidente de la Consar, recibido en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del miércoles 07 de septiembre de 2005. Iniciativa que reforma los artículos 8, 9, 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI) el 12 de septiembre de 2005. Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI), el 13 de septiembre de 2005. Proposición con punto de acuerdo, para solicitar la comparecencia del Director General del Infonavit ante Comisiones Unidas de de Vivienda y Seguridad Social para que informe el estado que guardan los Conjuntos Habitacionales que se construyeron con la llamada Línea 1, presentada por la diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (PAN), el martes 13 de septiembre de 2005. Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el artículo 286 K de la Ley del Seguro Social, y deroga el artículo segundo transitorio del Decreto que reforma y adiciona los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2004, presentada por el diputado Roberto Javier Vega Galina (PRI), el jueves 22 de septiembre de 2005. Las iniciativas y puntos de acuerdo se turnan a los grupos de trabajo de la Comisión para su análisis.
Cómo sexto punto del orden del día, referente a la programación de reuniones ordinarias y de trabajo de la Comisión, el diputado presidente señala que en los materiales de la reunión se incluyó una propuesta de calendario. Al respecto, se acordó que el 5 de octubre se realice la Reunión de Trabajo con el Consejo Técnico del IMSS para evaluar la reforma a los artículos 277 D y 286 K, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2004, y para el análisis del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Junio 2005. El 18 de octubre, la Reunión de Trabajo con el Director General del ISSSTE, en relación a la Denuncia de Hechos presentada por el ISSSTE en los estados de Durango y Coahuila sobre los retiros indebidos del SAR-ISSSTE 92, y sobre la problemática de la duplicidad de cuentas en el sistema. Y finalmente, el 26 de octubre la Reunión de trabajo con el Vocal Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Fovissste, en relación con la problemática de colonos de Unidades Habitacionales en Gómez Palacio, Durango y Celaya y San Miguel de Allende, Guanajuato, quienes recibieron créditos otorgados bajo convenios de cofinanciamiento. Sobre los asuntos restantes, se acuerda que se incluirán en una nueva propuesta.
En asuntos generales, se acuerda que el martes 25 de octubre se programe la presentación del libro "Actualidad y Futuro de los Sistemas de Pensiones".
No habiendo quien haga uso de la palabra para algún asunto adicional, el diputado presidente anuncia que los temas restantes serán agendados en la siguiente reunión ordinaria y da por concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con cinco minutos. Firman al calce por la Junta Directiva.
Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Presidente; Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), secretarios.
