Acuerdos
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, COMO OPINIÓN ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL PROGRAMA IMSS OPORTUNIDADES, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, AL FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, Y UN FONDO PARA EL APOYO A LOS SISTEMAS DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Con fundamento en las facultades establecidas en los artículos 39 y 45, numeral 6 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social, ha acordado solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, en la elaboración del dictamen correspondiente al Proyecto Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 (PPEF 2006), se incluyan modificaciones al gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Programa IMSS Oportunidades, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), se incluya una partida especial para constituir el Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas y una partida especial para constituir un Fondo para el Apoyo a los Sistemas de Pensiones de las Entidades Federativas, conforme a las siguientes
Consideraciones
A. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
El IMSS ha reconocido la insuficiencia de recursos e infraestructura para atender los servicios médicos obligación del Instituto, situación que se agrava en el caso del Gasto Médico de Pensionados (GMP) del Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), derivado del envejecimiento de la población y el mayor peso de las enfermedades crónico-degenerativas.
La magnitud de las necesidades de los servicios significa que para el Instituto es fundamental contar con recursos para la inversión en equipo, tanto para reemplazarlo cuando la obsolescencia o la funcionalidad lo ameritan, como para incorporar tecnologías emergentes capaces de ofrecer beneficios a la salud de la población e incrementar la eficiencia operativa reduciendo costos en la atención. No disponer de ellos significa continuar con un rezago que en el tiempo ha sido un factor determinante del deterioro en la oportunidad y calidad de atención a los derechohabientes.
El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social de junio de 2005 encuentra rezagos en el número de consultorios para medicina de familia y en camas de hospitales de segundo nivel. También estima que, ignorando las necesidades de crecimiento futuro, para abatir el rezago acumulado en infraestructura, se requeriría invertir de forma inmediata más de 45 mil millones de pesos (es decir, 13 veces más el presupuesto de inversión de 2004). Con independencia de los recursos para atender el rezago histórico, debe haber un ritmo de inversión sostenido y estable para evitar futuros rezagos conforme crece la población derechohabiente, calculado aproximadamente en 4 mil 800 millones de pesos por cada medio millón de derechohabientes que se afilien al IMSS a partir de 2007.
El Informe aporta diversos datos al respecto. Se sabe que 41 unidades destinadas a resolver la demanda del tercer nivel tienen en promedio 27 años de antigüedad; que una de cada 5 de las Unidades Médicas de Alta Especialidad no está en buenas condiciones; que se requieren sustituir 601 ambulancias con una antigüedad mayor de 10 años y dar mantenimiento a 646 unidades con antigüedad de 5 a 10 años (la vida útil de estas unidades es de 5 años: para prever el deterioro futuro, se tendría que reponer 1 de cada 5 anualmente, con un costo de 117 millones de pesos); que uno de cada 5 de los equipos relevantes tiene una antigüedad mayor a 15 años.
En un balance global, se encuentra que en el primer nivel faltan 268 consultorios; en el segundo, faltan 5,352 camas censables, 456 camas no censables del programa de corta estancia y 3,540 equivalentes de cama en Unidades Médicas de Alta Especialidad, y faltan 2,601 camas censables de tercer nivel. Además se requiere la remodelación de 1,020 unidades de medicina familiar y 173 hospitales.
En la reunión de trabajo realizada por esta Comisión en Ixtapan de la Sal los días 24 y 25 de agosto de 2004, que tuvo el objetivo de abordar de manera integral la problemática que enfrentan los principales institutos de seguridad social en el país, así como identificar analizar y proponer alternativas para su tratamiento. En una de las mesas de trabajo se tocó el tema "Recursos para atención médica: infraestructura médico-hospitalaria, equipamiento, abasto de medicamentos, insumos y materiales de curación, recursos humanos" del IMSS.
De acuerdo a la información vertida por la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto en dicha sesión, los requerimientos presupuestales más urgentes del Instituto para 2005 ascendían a 7 mil 385.5 millones de pesos adicionales. Al no haberse atendido y actualizándolos a valor presente, esta cifra equivaldría hoy a 7 mil 666.1, distribuidos de la siguiente forma:
Una fuente para obtener estos recursos adicionales es fijar una meta de reservas del Instituto que sea congruente con las necesidades del servicio. En el artículo 5º del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, se fijó una meta de 9 mil 406 millones de pesos, y a pesar de los requerimientos urgentes del gasto en servicios médicos, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se propone destinar a las reservas del Instituto la cantidad de 35 mil 446.6 millones de pesos. De acuerdo a la información disponible, este incremento se explica principalmente por una recaudación de ingresos mayor en 31 mil 153.3 millones de pesos y un recorte al gasto en servicios generales (básicamente conservación y mantenimiento) por 8 mil 233.1 millones de pesos y una nula inversión física.
Por otra parte, el gasto programable para el IMSS sería de 209 mil 820.4 millones de pesos, igual en términos reales al aprobado en 2005, por lo que los mayores ingresos de la Institución no repercutirán en más recursos para la atención a la salud, sino en la constitución de reservas equivalente a 276.9 por ciento más reservas que las del año en curso. Al cierre de 2004, las reservas del Instituto ascendieron a 68 mil 488 millones de pesos y al 30 de junio de 2005, acumulaban 77 mil 955 millones de pesos. La meta de reservas propuesta por el Ejecutivo para 2006, equivale al 45.5 por ciento del total de las reservas acumuladas por el IMSS desde 1998, aspiración incongruente ante las carencias que el propio Instituto reconoce.
En consecuencia, una meta de reservas menos pretenciosa, equivalente a la meta aprobada para 2005, nos parece lo más consecuente. Por un lado, para que el IMSS mantenga el crecimiento de recursos para prevenir contingencias futuras y, por otro lado, para contar con recursos suficientes para atender las necesidades de salud de la población derechohabiente.
En consecuencia, la primer propuesta es reducir la meta de reservas de 35 mil 446.6 a 9 mil 406 millones de pesos millones de pesos; lo que aportaría recursos adicionales al Instituto por 26 mil 040.6 millones de pesos, que se distribuirían de la forma siguiente:
7 mil 666.1 millones de pesos para atender los requerimientos presupuestales para atención médica: infraestructura médico-hospitalaria, equipamiento, abasto de medicamentos, insumos y materiales de curación, recursos humanos;
8 mil 233.1 millones de pesos para no reducir el gasto en mantenimiento y conservación de infraestructura;
5 mil 395.4 millones de pesos para no recortar el gasto en servicios de guardería, que registra en el Proyecto una caída de 59.3 por ciento en términos reales, y
4 mil 746.0 millones de pesos, para inversión física.
Con los 26 mil 040.6 millones de pesos adicionales, el gasto programable del IMSS ascendería a 235 mil 861.0 millones de pesos, que significaría un incremento de 12.4 por ciento en términos reales respecto al presupuesto aprobado en 2005.
La meta de reservas para 2006, quedaría en 9 mil 406.0 millones de pesos, es decir, un crecimiento de 12.1 por ciento respecto a junio de 2005, manteniendo un ritmo de crecimiento congruente con el mandato establecido en la Ley del Seguro Social de garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga el IMSS, derivadas del pago de beneficios y de la prestación de servicios y con la atención a los requerimientos de atención a la salud de sus derechohabientes.
B. En el caso de IMSS Oportunidades
Un aspecto que resulta imperativo atender es el caso del programa IMSS Oportunidades. El proyecto de presupuesto destinado al mismo asciende a 4 mil 689.3 millones de pesos, lo que significa una reducción de 2.7 por ciento en términos reales en relación a 2005.
De aprobarse esta propuesta del Ejecutivo, se estaría limitando la posibilidad de capacitación institucional, gestión, movilización y capacitación a la comunidad en materia de salud y se afectaría la infraestructura del programa, al no prever recursos para gasto de capital, cuando apremian trabajos de remodelación y adecuaciones en unidades médicas, reposición de mobiliario, equipo médico y vehículos.
Para restituir lo correspondiente a insumos para la salud, desarrollar la capacitación institucional y a la comunidad, y mantener en condiciones de operación la infraestructura física y reposición de vehículos, se requerirían 600 millones de pesos adicionales a lo presupuestado por el Ejecutivo.
Con este incremento, el gasto de IMSS Oportunidades ascendería a 5 mil 289.3 millones de pesos y sería 9.8 por ciento mayor que el de 2005.
C. En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
En la reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Social, celebrada en Ixtapan de la Sal referida en el apartado anterior, se abordó el tema "Recursos para atención médica: infraestructura médico-hospitalaria, equipamiento, abasto de medicamentos, insumos y materiales de curación y recursos humanos", con una presentación por parte de la Dirección General del ISSSTE.
De acuerdo con el diagnóstico presentado, los retos que tienen los servicios médicos de la Institución se traducen en contar con infraestructura suficiente en el primer nivel de atención para atender el 100 por ciento de la demanda de servicios médicos; contar con los recursos humanos necesarios, sobre todo en el primer nivel de atención y con recursos presupuestales para la sustitución de personal de retiro voluntario y renovar el equipo médico obsoleto (más de 25 mil equipos mayores tienen una antigüedad superior a 18 años).
Lo anterior se traduce también en garantizar el surtimiento completo de recetas; disponer de suficientes recursos presupuestales para conservación y mantenimiento de inmuebles y equipo médico, para frenar el deterioro y dar servicios oportunos para la atención de especialidades.
La infraestructura institucional tiene más de 20 años de antigüedad, lo cual representa un área crítica de la mayor prioridad para los siguientes años. Para garantizar una atención médica de calidad se requiere, de acuerdo a la visión de la Dirección General del ISSSTE, la construcción y equipamiento de 187 unidades médicas del primer nivel de atención, para sustituir al 30 por ciento de las actualmente subrogadas (417) y el 100 por ciento de las rentadas (62); construcción y equipamiento de ocho centros regionales de diagnóstico tipo CLIDDA y de ocho clínicas regionales de especialidades: oftalmología, ortopedia, oncología y otorrinolaringología, así como la construcción y equipamiento de cuatro hospitales generales.
Para la institución, es necesario fortalecer las unidades del primer nivel de atención para cumplir con el estándar de un médico por cada 3 mil derechohabientes. Los servicios médicos del Instituto requieren de 12 mil 659 plazas (3 mil 856 médicos; 3 mil 840 enfermeras; 1 mil 364 paramédicos y 3 mil 599 de personal de apoyo en salud).
Por otra parte, según lo expuesto por los representantes de la Institución, por cada peso no utilizado oportunamente en el mantenimiento y conservación del equipamiento médico se genera un deterioro, que demanda una inversión por reposición equivalente a tres veces más. La infraestructura física existente requiere para su adecuado funcionamiento y conservación una mayor inversión.
Durante los últimos ocho años, se ha registrado un déficit superior a los 1 mil 290 millones de pesos, que genera una presión inmediata en materia de inversión a realizar para atender la reposición de cuando menos el 10 por ciento del patrimonio en uso.
Las fallas en el funcionamiento de instalaciones y equipos dispuestos para el otorgamiento de servicios médicos, provocan diferimientos, gastos mayores de operación, subrogaciones, así como quejas y demandas.
En suma, estas condiciones limitan una atención médica que cumpla con las premisas para una atención médica que sea
Oportuna: que dé acceso a los servicios en el momento que lo requiere el derechohabiente;
Completa: disponibilidad de equipo y tecnología actualizada, de insumos para el diagnóstico y el tratamiento, y de medicamentos en cantidad y calidad, y
Cálida: un equipo de salud profesional que otorgue atención al derechohabiente de forma digna.
Para dar este tipo de cobertura, el ISSSTE estimó para 2005 en 8 mil 722 millones de pesos sus requerimientos presupuestales, a valor presente, esos requerimientos se estiman en 9 mil 081.7 millones de pesos, de acuerdo al siguiente cuadro:
De aplicarse esta reasignación, el gasto programable de la Institución sería de 82 mil 477.1 millones de pesos, cifra superior en 16.8 por ciento al presupuesto aprobado en 2005.
D. En el caso del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)
El presupuesto previsto para el ISSFAM en 2006 es de 2 mil 545.2 millones de pesos, cantidad superior en 7.9 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2005.
De este total, el 38.2 por ciento se destina a salud (836.2 millones de pesos) y el 61.2 por ciento a seguridad social (1 mil 523.6 millones de pesos). En términos reales, el gasto en salud del ISSFAM se incrementa 16.3 por ciento respecto a 2005 y el gasto de seguridad social aumenta 3.2 por ciento. Por su parte, los proyectos de inversión crecen 45.1 por ciento.
A pesar del incremento al presupuesto médico éste sigue sometido a presiones por la transición demográfica y epidemiológica, al avance en la tecnología médica, que hace más costosa su compra y mantenimiento, a mayores exigencias por parte de los usuarios del servicio y al alto costo de la medicina en el medio privado, lo que hace que cada día aumente más la demanda de los servicios médicos institucionales.
Asimismo, las recientes reformas a la Ley del ISSFAM, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2003, amplían la cobertura de sus beneficiarios pero imponen una mayor carga presupuestal al Instituto. Concretamente, nos referimos a aspectos como los siguientes:
El artículo 38, que consideró con derecho a pensión a los hijos varones hasta los 25 años (antes era hasta los 18) y al cónyuge de la mujer militar (antes no teñían derecho), lo que les permite gozar del servicio médico gratuito;
El artículo 142, que considera el derecho al servicio médico a los hijos de los militares en activo y retirados, hasta los 30 años (siempre y cuando estén estudiando), los padres del militar (antes sólo después de los 55 años, o en caso de inutilidad) y el cónyuge de la mujer militar sin limite de edad, y
El artículo 153, que establece que los pensionistas tendrán derecho al servicio médico gratuito (antes lo tenían que solicitar y aportar 5 por ciento de sus pensiones).
Además, existen transferencias de recursos del fondo médico para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 85 y siguientes de la Ley del ISSFAM, para el pago del Seguro Colectivo de Retiro.
Esta prestación se cubre con la prima pagada por cada militar de 3 por ciento del total del haber y sobrehaber mínimo vigente mensual y con la cuota complementaria de 0.5 por ciento sobre el total de los haberes mensuales de todos los militares en activo, a cargo de las secretarías de las Defensa Nacional y de Marina.
El monto de esta prestación va de 16 a 50 meses de haber y sobrehaber mínimo vigente conforme al último grado militar y de manera progresiva según los años de servicio. Tienen derecho a este seguro los militares con 20 años de servicio efectivo que soliciten su retiro, los que se retiren por cumplir la edad límite en el grado que ostenten y con 20 años de servicio y los militares inutilizados en actos dentro del servicio o a consecuencia de ellos y los militares inutilizados en actos fuera del servicio.
A los militares que no alcancen a cubrir tales requisitos, les son devueltas sus aportaciones más 20 por ciento adicional, bajo determinadas condiciones. Como ha venido sucediendo, el pago de estas prestaciones resulta una presión a las finanzas del ISSFAM.
Esta Comisión considera que para apoyar la seguridad social de las fuerzas armadas deberían destinarse 300 millones de pesos adicionales al ISSFAM para mejorar los servicios médicos, en especial para abasto de medicamentos.
La reasignación propuesta significaría que el gasto programable del ISSFAM sería 20.6 por ciento mayor al del año en curso.
E. En el caso del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas
En los presupuestos de los años 2002 y 2003, se incluyó un Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas, para abatir el pasivo de estas instituciones de educación superior en materia de seguridad social.
Este Fondo operó sobre la base de convenios con cada institución para enfrentar la carga financiera de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas por un monto de 1 mil millones de pesos en cada ejercicio respectivo presupuestal, lo que derivó en impactos altamente positivos.
Según cálculos de SEP-ANUIES, el monto final de la reducción de los pasivos fue de 147 mil 786 millones de pesos. En 2002, participaron en estos procesos 20 universidades que recibieron apoyos; 14 que realizaron modificaciones a sus esquemas acordados bilateralmente; 4 establecieron fondos para operar los sistemas; una estableció un esquema de transferencia de obligaciones al ISSSTE y una acordó un esquema de retención de aportaciones.
En 2003, 7 iniciaron su proceso de reforma, 4 propusieron por segunda vez acciones para resolver su problema de pensiones y 15 reportaron resultados de las reformas emprendidas.
A pesar del alto impacto positivo de la medida adoptada en 2002 y 2003, en la posición actuarial y financiera de los regímenes pensionarios, en los años posteriores no se volvió a considerar esta propuesta. Por lo que, a juicio de esta Comisión es fundamental incluir una partida de 1 mil 500 millones de pesos para destinarlos a este fin, en la medida en que las instituciones participantes en este programa han logrado la reducción de los pasivos de sus sistemas de pensiones y jubilaciones en comparación con la inversión realizada para lograrla.
F. En el caso de un Fondo para el Apoyo a los Sistemas de Pensiones de las Entidades Federativas
La Comisión de Seguridad Social, en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) realizó el pasado 28 y 29 de julio del año en curso el Foro Sistemas de Seguridad Social en los Estados: Problemática de los Regímenes de Pensiones, en el que intervinieron los responsables de institutos de pensiones de 20 entidades federativas.
Las conclusiones del Foro indicaron que existe en esta problemática un conjunto de elementos que son comunes: su carácter público; el ser predominantemente sistemas de reparto o de beneficio definido, en los que la constitución de reservas es excepcional o es muy reciente y que en casi en todos los casos hay valuaciones actuariales o financieras recientes, lo que indica el reconocimiento de que son sistemas que tiene problemas. Además, enfrentan problemáticas que son similares a casi todos los sistemas de pensiones: los retos de la transición demográfica y epidemiológica, el incremento de pensionados que rebasa al de los activos, la falta de fuentes de ingreso suficientes para enfrentar las obligaciones y el hecho de constituir un elemento de presión a las haciendas estatales.
Esta Comisión considera que, aunque ya está prevista la atención a esta necesidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación de años anteriores, a través del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (PAFEF), ésta no ha sido atendida. El destino de estos recursos se rige por el artículo 57 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, que establece que uno de estos puede ser el "apoyo para sanear y reformar los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales".
Sin embargo, por no ser recursos etiquetados, los gobiernos de las entidades federativas no han retomado este objetivo, destinando de forma preponderante los recursos del PAFEF, que en 2005 ascendieron a 17 mil millones de pesos, a la inversión en infraestructura y a la amortización de la deuda pública. En consecuencia, se propone etiquetar un monto específico del PAFEF para apoyar las reformas para el fortalecimiento de los regímenes de pensiones de los estados, hasta por 5 mil millones de pesos, tomando como base la experiencia del fondo aplicado a los sistemas de pensiones de las universidades. Este apoyo permitirá atender la problemática generada en los sistemas de pensiones de las entidades federativas.
Por las anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Seguridad Social solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluir en el Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente a 2006:
Acuerdo
Primero. Disminuir de la meta de reservas establecida en el artículo 6 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cantidad de 26 mil 040.6 millones de pesos. Esos recursos adicionales se destinarían a atender los requerimientos presupuestales para atención médica: infraestructura médico-hospitalaria, equipamiento, abasto de medicamentos, insumos y materiales de curación, recursos humanos (7 mil 666.1 millones de pesos); gasto en mantenimiento y conservación de infraestructura (8 mil 233.1 millones de pesos); gasto en servicios de guarderías (5 mil 395.4 millones de pesos) y a inversión física (4 mil 746.0 millones de pesos).
Segundo. Destinar a la partida del programa IMSS Oportunidades, contenida en el Ramo 19 Aportaciones a la Seguridad Social, 600 millones de pesos adicionales para la adquisición de insumos para la salud, desarrollar capacitación institucional y capacitación a la comunidad y mantener en condiciones de operación la infraestructura física y reposición de vehículos del programa.
Tercero. Destinar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una cantidad adicional de 9 mil 081.7 millones de pesos, para distribuirse de la siguiente manera: 1 mil 423.1 millones de pesos para infraestructura; 2 mil 541.8 millones de pesos para contratación de personal de salud: 4 mil 073.4 millones de pesos para equipamiento; 837.1 millones de pesos para abasto de insumos médicos y 206.3 millones de pesos para conservación y mantenimiento.
Cuarto. Esta Comisión considera que para favorecer la seguridad social de las fuerzas armadas deben destinarse 300 millones de pesos adicionales al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para apoyar los servicios médicos, en especial en lo referente al abasto de medicamentos.
Quinto. Incluir una partida por 1 mil 500 millones de pesos destinada a constituir el Fondo de Apoyo Extraordinario a Universidades Públicas, para apoyar la realización de proyectos formulados por las universidades públicas estatales e instituciones afines, que incidan en la solución de los problemas originados por sus sistemas de pensiones y jubilaciones.
Sexto. Incluir en el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas una partida etiquetada para sanear y reformar los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales, por una cantidad de 5 mil millones de pesos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre del año dos mil cinco.
Diputados: Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez, Ma. Cristina Díaz Salazar, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Oscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán, Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica en abstención), Carlos Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL, RELATIVO A LOS AHORRADORES EN PROCESO DE PAGO EN LOS ESTADOS DE GUANAJUATO, MORELOS, QUERÉTARO Y OAXACA, CON RELACIÓN AL DENOMINADO FIDEICOMISO PAGO
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XV, 45 numeral 6 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, esta Comisión señala los siguientes:
Antecedentes
Primero.- El pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social aprobó el once de noviembre de dos mil cuatro, una proposición con punto de acuerdo que a la letra dice:
"PRIMERO: La Honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Honorables Congresos de los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos, a efecto de que revisen, ajusten e incluyan una partida especialmente etiquetada en el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio relativo al dos mil cinco, con el objeto de liberar recursos suficientes para el pago de quince mil ahorradores defraudados de las diez cajas de ahorro auditadas por los Gobiernos de dichas Entidades Federativas.
SEGUNDO: La Honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Gobernadores de los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos, para efecto de que formalicen respectivamente los convenios autorizados por el Comité Técnico y estén en posibilidades de cumplir con lo establecido por la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (fideicomiso pago)."
La anterior proposición se emitió a raíz del memorial de particulares que suscribió el licenciado José Luis Sánchez Martínez, Secretario General del Consejo Nacional de Ahorradores y la comisión de ahorradores afectados en los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Durango y Michoacán, quienes señalaron que el problema inició en veintiséis Estado de la República, motivo por el cual, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre del dos mil, la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (fideicomiso pago), con el objeto de fortalecer el esquema financiero de las sociedades de ahorro y préstamo y apoyar a los ahorradores de las sociedades de las cuales se hayan comprobado su insolvencia y hayan sido objeto de los trabajos de auditoria contable.
Asimismo, manifestaron en el memorial de particulares que los titulares de los veintiséis Estado de la República suscribieron los primeros convenios de colaboración con el fideicomiso pago, según lo establecido por la Ley que creó dicho fideicomiso, pagando en el año dos mil uno y dos mil dos aproximadamente a unos ciento cuarenta mil ahorradores defraudados en esta primera fase, dejando fuera a más de cien mil ahorradores por no cumplir con los requisitos señalados en la ley en cuestión, motivo por el cual se le hizo reformas para efecto de que se incluyera a los ahorradores defraudados que no se les había pagado.
Segundo.- Mediante los oficios con número CFCyES/-161104-628, todos de fecha dieciséis de noviembre del año próximo pasado, el Diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, notificó a los diputados locales y gobernadores de los Estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Durango y Michoacán, respectivamente, que el pleno de esta Comisión de la LIX legislatura de la Cámara de Diputados, los había exhortado en términos del antecedente anterior.
Tercero.- El diez de enero de dos mil cinco, el Diputado Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, solicitó información a través de los oficios CFCyES/100105-015, a los diputados locales y gobernadores de los Estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Durango y Michoacán, respectivamente, para que informaran al pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social si se incluyó en el proyecto del presupuesto de egresos correspondiente al dos mil cinco, una partida para el pago a los ahorradores defraudados en dichas Entidades Federativas y como consecuencia si los gobernadores habían suscrito los convenios respectivos que señala la ley que creó el fideicomiso pago.
Cuarto.- La Oficialía Mayor del Honorable Congreso del estado de Oaxaca dio respuesta al oficio descrito en el punto anterior, quien informó a través de su similar número 37, de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil cuatro, que el asunto se había turnado para su atención y estudio a la Comisión Permanente de Presupuesto, Programación y Cuenta Pública.
El Secretario de Gobierno del estado de Querétaro, informó al Diputado Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social respecto al exhorto, mediante el oficio ST/SG/007/2005, de fecha veintiuno de enero del dos mil cinco, que tenían conocimiento que los diputados locales realizaron un esfuerzo en la Comisión de Planeación para poder adecuar una partida para tales efectos, empero que no había sido posible efectuarlo y que el fideicomiso pago asignara de manera directa el recurso sin la aportación estatal, máxime que se tiene conocimiento que en otros Estados no se realizó aportación alguna.
El veinticinco de enero del año en curso, a través del oficio SGSLP/(RÚBRICA)/1er./D.P./503/05, suscrito por el Secretario General de Servicios Legislativos y Parlamentarios del honorable Congreso del estado de Morelos, acusó de recibido el oficio señalado en el antecedente anterior.
El Secretario de Finanzas del estado de Oaxaca, informó a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, mediante oficio número UICEP/-0018/2005, de fecha veinticinco de enero del presente año, que existe una previsión presupuestal por la cantidad de uno punto dos millones de pesos, para atender necesidades del programa citado, cantidad que se asignará a la Secretaría de Economía del estado, una vez que ésta envíe los antecedentes del convenio de colaboración que se suscribirá con el fideicomiso pago.
Quinto.- Mediante oficio número CFCyES/290305-143, de fecha veintinueve de marzo del año en curso, el Diputado Federal Francisco J. Saucedo Pérez, Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, solicitó información al licenciado Guillermo Barnes García, Comisionado del fideicomiso pago, para que señalara cual de los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Durango y Michoacán, habían suscrito el convenio de colaboración y el estado actual que prevalecía en el resto de los Estados de la República con relación a los convenios que quedaban pendientes de suscribir.
Sexto.- A través del oficio número FAFOSCAP/CFP/-020/2005, de fecha siete de abril del año en curso, suscrito por el licenciado Guillermo Barnes García, Comisionado del fideicomiso pago, dio respuesta al oficio señalado en el punto que antecede, señalando lo siguiente:
1. El Comité Técnico del Fideicomiso aprobó para su suscripción los Convenios con los Estados de Michoacán (15 de diciembre de 2003) y Durango (20 de mayo de 2003). Me permito informarle con beneplácito la suscripción del Convenio con el estado de Michoacán el día 30 de noviembre de 2004, mismo que por motivos presupuestales se había rezagado. El Gobernador del estado mostró su compromiso con el programa y su solidaridad con los ahorradores, y estableció un programa de depósitos, que le permitirá en unos cuantos meses alcanzar su aprobación total. Una vez que se cuente con la aportación total completa se iniciará el proceso de pago.
El Convenio con el estado de Durango se encuentra aún pendiente de suscripción, sin embargo, a raíz del cambio del ejecutivo estatal, el nuevo Gobernador ha manifestado su interés en suscribir el Convenio próximamente y resolver en definitiva el problema en esta Entidad Federativa.
2. En relación a la situación de los Convenios con los estados de Oaxaca, Querétaro, Guanajuato y Morelos, me permito informar a la Comisión que usted atinadamente preside, que después de diversas comunicaciones de nuestra parte, aún no ha sido posible establecer los acuerdos que permitan contar con los Convenios que se puedan someterse a aprobación por parte del Comité Técnico de este Fideicomiso, lamentablemente, estas entidades Federativas han estado renuentes a participar en esta etapa del programa de apoyo a ahorradores.
De igual forma, el licenciado Guillermo Barnes, en alcance a su oficio señalado en el presente antecedente, de fecha seis de junio del año en curso, señaló lo siguiente:
1. Durante el 2005 el Fideicomiso Pago ha suscrito Convenios de Colaboración para pago a ahorradores con las siguientes entidades Federativas: Michoacán, Colima, Hidalgo, Nuevo León, Durango y Tabasco.
2. A la fecha, queda pendiente aún de suscribir el Convenio de Colaboración con el estado de Jalisco, mismo que fue aprobado por el Comité Técnico de este Fideicomiso en el mes de mayo de 2003.
3. Existen diversas Entidades Federativas, que por diversas razones, no han estado interesadas o no han podido participar en la segunda etapa del programa de pago a ahorradores de acuerdo con la Ley del fideicomiso aprobada en diciembre del 2002. Estas entidades Federativas son: Morelos, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Sinaloa.
4. A la fecha se ha venido avanzando con la negociación con el Estado de Oaxaca y esperamos próximamente tener la posibilidad de presentar el Convenio al Comité Técnico de este Fideicomiso para su aprobación y posterior firma.
Séptimo.- Cabe precisar, que el día veinticinco de mayo del año dos mil cinco, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, dictó un acuerdo por el cual se constituyó un grupo de trabajo plural de diputados federales, para efecto de llevar a cabo una reunión con el Gobernador Constitucional del estado de Jalisco; diputados integrantes del Honorable Congreso de dicha Entidad Federativa y el licenciado Guillermo Barnes García, Comisionado del Fideicomiso Pago.
Sobre el particular, el grupo de trabajo de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, se presentó el primero de julio del año en curso en el Estado de Jalisco, en la que se llevó a cabo las reuniones programadas con los distintos actores al problema de los ahorradores en dicha Entidad Federativa.
Al respecto, el acuerdo principal al que se llegó, fue en el sentido que el Gobernador del estado de Jalisco se comprometía a suscribir el convenio de colaboración que había sido aprobado por el Fideicomiso Pago.
Octavo.- El veintisiete de julio del año en curso, comparecieron en las oficinas de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el licenciado José Luis Sánchez Martínez y otros veintisiete representantes de ahorradores, quienes informaron que los gobernadores de los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca, han hecho caso omiso al exhorto que aprobaron por mayoría los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de Quincuagésima Novena Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados.
Asimismo, solicitaron mediante ocurso que se forme un grupo de trabajo de diputados federales para que asistan a los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca para llevar a cabo una reunión con diputados locales y servidores públicos de dichas Entidades Federativas, para efecto de poder encontrar a la brevedad posible una solución a la problemática de los ahorradores y puedan resarcir sus ahorros mediante la suscripción de los convenios respectivos.
Consideraciones
Primero.- La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social estima conveniente señalar que los gobernadores constitucionales de los estados de Michoacán y Durango, suscribieron respectivamente en el presente año los convenios de colaboración aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago, quienes mostraron su compromiso con el programa y solidaridad con los ahorradores de dichas Entidades Federativas, según información proporcionada por el Comisionado del Fideicomiso Pago, mediante diversos oficios de fecha siete de abril y seis de junio, ambos del año en curso.
Asimismo, se encuentran en la misma tesitura los gobernadores de los estados de Colima, Hidalgo, Nuevo León y Tabasco, quienes demostraron su interés y apoyo a los ahorradores de dichos estados de la República mediante la suscripción de los convenios de colaboración entre la federación y éstas.
De igual forma, se desprende de la información suministrada por el Secretario de Finanzas del estado de Oaxaca a través del oficio UICEP/0018/2005 y del Comisionado del Fideicomiso Pago, que existe disposición por parte del gobernador de atender las necesidades del programa de pago de los ahorradores, en virtud de existir los recursos que le correspondería al Estado aportar para resolver el problema.
Ahora bien, a raíz de la visita que tuvo el grupo de trabajo que constituyó la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social al estado de Jalisco y de los compromisos contraídos con el gobernador en que a la brevedad suscribiría el convenio de colaboración aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago; única y exclusivamente faltaría de establecer los acuerdos que permitan contar con los convenios respectivos para su posterior aprobación por parte del Comité Técnico del Fideicomiso Pago, respecto al memorial de particulares que dio origen al presente acuerdo, siendo los estados de Guanajuato, Morelos y Querétaro.
Segundo.- Esta Comisión considera conveniente señalar la etapa en la que se encuentran las distintas entidades Federativas que no han establecido los acuerdos necesarios para la elaboración de los convenios de colaboración y en su oportunidad su aprobación por parte del Comité Técnico del Fideicomiso Pago.
Al respecto, el estado de Querétaro auditó a tres cajas de ahorro, quedando pendientes de pago cuatro mil ciento noventa ahorradores, del que estimó el Fideicomiso Pago la cantidad que deberá de aportar la entidad Federativa de seis punto dos millones de pesos, a razón de dichas auditorias y el padrón autorizado.
Con relación al estado de Guanajuato, se han auditado tres cajas de ahorro, de las cuales quedan pendientes de pago ocho mil noventa y siete ahorradores, de los que se incluyen a los ahorradores con saldo inferior a ciento noventa mil pesos que no acudieron a registrarse durante la primer etapa, por lo que se estima que el estado deberá aportar siete punto cuatro millones de pesos.
Respecto al estado de Morelos, su gobierno realizó auditoría a una caja de ahorro, en la que quedarían un mil ciento dieciséis ahorradores pendientes de pago, los que incluyen ahorradores de la primera etapa que no se registraron, por lo que la Entidad Federativa tendría que aportar seiscientos ochenta y dos mil pesos.
Por último, en el estado de Oaxaca quedan pendientes de pago respecto a la segunda fase, ochocientos ochenta y cinto ahorradores de los que incluyen a aquellas personas que no se registraron en la primera etapa, por lo que el gobierno debería de aportar uno punto dos millones de pesos.
Por lo anterior, se deja en completo estado de indefensión a los ahorradores de dichas Entidades Federativas, ya que desde el año dos mil dos en que se reformó la Ley que creó el fideicomiso pago, en la que se aumentó el monto consistente en ahorros superiores de $190, 000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.), ya transcurrió más de tres años, sin que a la fecha se les haya pagado cantidad alguna.
Con base a todo lo anterior, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social considera pertinente constituir un grupo de trabajo plural de la propia Comisión, integrada por diputadas y diputados federales y equipo técnico, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de establecer los acuerdos necesarios para la elaboración de los convenios de colaboración y en su oportunidad su aprobación por parte del Comité Técnico del Fideicomiso Pago, sin ánimo de invadir la esfera de competencia de los poderes ejecutivo y legislativo de dichas Entidades Federativas.
Por tal motivo, el grupo de trabajo plural que se constituya, deberá rendir un informe en la próxima sesión plenaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, del avance y/o problemas que se hayan generando, precisando que dicho grupo de trabajo se extinguirá una vez que haya dado cumplimiento al objeto de su creación.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social estima conveniente emitir el siguiente:
Acuerdo
Primero.- Se constituye un grupo de trabajo especial de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Quincuagésima Novena Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrado por diputadas y/o diputados de cada grupo parlamentario que forman parte de esta Comisión y el equipo técnico necesario, con el objeto de llevar a cabo una reunión con los gobernadores de los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca; diputados integrantes del honorable Congreso de dichas Entidades Federativas y el licenciado Guillermo Barnes García, Comisionado del Fideicomiso Pago.
Segundo.- Gírense atentos oficios a los gobernadores constitucionales de los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca; a diputados integrantes de los honorables Congresos de dichas Entidades Federativas y al licenciado Guillermo Barnes García, Comisionado del Fideicomiso Pago, para efecto de llevar a cabo una reunión en conjunto, respectivamente y se pueda obtener la solución del problema concerniente al pago de los ahorradores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintiocho días del mes de septiembre de dos mil cinco.
Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), José Juan Bárcenas González (rúbrica), Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra, Lisandro Áristides Campos Córdova (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría, Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), María Concepción Fajardo Muñoz, David Ferreyra Martínez, José García Ortiz, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, César Amín González Orantes (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), José Julio González Garza (rúbrica), Benjamín Fernando Hernández Bustamante, Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Miriam Marina Muñoz Vargas, José Alfonso Muñoz Muñoz, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Aníbal Peralta Galicia, Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE AUMENTEN LOS RECURSOS AL FONDO NACIONAL DE APOYOS PARA LAS EMPRESAS EN SOLIDARIDAD EN APOYO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XV, 45 numeral 6 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 58, 60, 65, 66 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, esta Comisión señala los siguientes:
Antecedentes
Primero.- Mediante ocurso de fecha cinco de septiembre de dos mil cinco, suscrito por el licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de la República Mexicana, envió a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que sea examinado, discutido y aprobado el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal dos mil seis.
Segundo.- La Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados determinó turnar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el proyecto señalado en el antecedente anterior, para efecto de su estudio y dictaminación.
Consideraciones
Primero.- La Comisión de Fomento Cooperativa y Economía Social estima conveniente precisar que las políticas públicas implementadas por el Gobierno Federal para superar las causas y los efectos de la pobreza, de acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno dio como resultado lo siguiente:
El número de mexicanos en situación de pobreza alimentaría se redujo de 24.2 a 17.3 por ciento, lo que significa que 5.6 millones de personas superaron esta condición.
El porcentaje de personas con recursos insuficientes para el desarrollo de sus capacidades disminuyó de 31.9 a 24.6.
El porcentaje de personas por debajo del umbral de desarrollo de patrimonio pasó de 53.7 a 47.
No obstante este comportamiento descendente no significa que la pobreza esté cerca de ser erradicada; lo anterior se evidencia ante la desigualdad y rezago existente en regiones, entidades federativas y localidades del país, así como en grupos de población que por sus características y situación, inhiben su desarrollo e incorporación en la economía formal, los cuales necesariamente requieren de impulso.
Por lo anteriormente señalado, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social arriba a la conclusión que uno de los mecanismos más idóneos para separar la pobreza es incorporar cada vez más, a los sectores pobres de la población a programas que dinamicen y fortalezcan la economía social.
Segundo. Por otro lado, esta Comisión manifiesta que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad es un órgano desconcentrado y es responsable de ejecutar el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y Fondo de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, conocidos como FONAES; los que tratan de dar cumplimiento en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
Al respecto, en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil seis, se asignó para el programa denominado Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) un monto de 358.9 millones de pesos con relación al Ramo Administrativo 10 Economía, sujeto a que se dicten las reglas de operación que correspondan.
Ahora bien, el FONAES trata de basar su participación en proyectos de inversión productiva que sean viables y sustentables, impulsando la formación de capital productivo y el facultamiento empresarial para desarrollar habilidades y capacidades de los beneficiarios para que sean competitivos en los mercados, sin que dicho capital sea para rescatar carteras vencidas o pagar pasivos.
De igual manera, promueve la captación y revolvencia de los apoyos de capital otorgados a los beneficiarios de éstos, a través del fomento de la constitución voluntaria y consolidación de las empresas sociales de capitalización.
En efecto, según lo establecido en las reglas de operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, existen tres tipos de apoyos, los cuales consisten en: formación de capital productivo; facultamiento empresarial y apoyos a la población objetivo a través de fondos y fideicomisos, siendo que el primero de los mencionados se divide en: capital de trabajo solidario; capital social de riesgo; apoyo para capitalización al comercio, la industria y servicios; comercializadora social; impulso productivo de la mujer y apoyo para capitalización productiva, todos con características distintas.
Sin embargo, ninguno de los apoyos señalados con anterioridad contempla el fomento a que se constituyan sociedades cooperativas; motivo por el cual, se requiere impulsar a éste tipo de sociedades mediante los apoyos de formación de capital productivo y desarrollo social.
Para efecto de lo anterior, se requiere modificar las reglas de operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad y se incorporen como sujetos beneficiarios a las sociedades cooperativas a través de los apoyos señalados, para que el FONAES se encuentre facultado para brindar un trato preponderante como empresa social y tratar de agrupar a personas físicas con una misma actividad para inferir en que se constituyan como sociedades cooperativas.
Asimismo, se requiere aumentar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil seis, por un monto de cien millones de pesos, que corresponde un aumento del veintisiete punto ochenta y seis por ciento del total de lo que se le pretende asignar.
Ahora bien, el diez por ciento de los cien millones de pesos, sería destinado para que el FONAES los ejerza para gastos de operación, a fin de cumplir con las reglas correspondientes.
Por todo lo anterior, se requeriría hacer lo conducente para efecto de contemplarlo en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil seis, en virtud que los esfuerzos individuales productivos tienen alta probabilidad de fracaso y esta Comisión considera que la suma de esfuerzos es la más idónea para superar la pobreza de manera considerable, a través de la figura "cooperativa", que tiene como premisa sumar e incorporar esfuerzos para el desarrollo colectivo.
Tercero. Por último, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social sustenta el presente acuerdo en base a la siguiente reflexión:
Hoy en día, las empresas globalizadas que compiten en el mercado internacional, responden a una estrategia de intensificación productiva. Esta se compone de tres elementos: tecnologías más intensivas que reducen la participación de la mano de obra directa, economías de escala que hacen más eficiente el aprovechamiento de insumos y flexibilización del trabajo para adecuar la oferta a la demanda solvente.
Ahora bien, en la actualidad se importa maíz, trigo, arroz, fríjol, leche, aceite y se exporta mano de obra y la tendencia de ingresos de la economía está dejando de ser la venta de hidrocarburos y el turismo, siendo sustituida por las remesas de los braceros que se encuentran laborando en el extranjero, por lo que no parece posible recuperar el mercado interno, ni el empleo productivo.
Por lo anterior, es necesario identificar qué unidades de producción pueden orientarse al mercado nacional, al mismo tiempo que respondan a una lógica de empleo y no sólo a una lógica de competencia y acumulación de ganancias.
Sin embargo, a excepción de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Economía, a través del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad, que específicamente cuentan con una estrategia de promoción cooperativa, el resto de las instituciones las apoya del mismo modo en que también promueve empresas familiares o del sector privado.
Cabe precisar, que diversos contingentes de trabajadores que, debido a problemas laborales o por el cierre unilateral de sus centros de trabajo, se han visto arrojados a las filas del desempleo, vienen considerando la posibilidad de recuperar sus unidades productivas dando paso a la formación de cooperativas de producción, los casos más destacados son los de Euzkadi en El Salto, Jalisco y de DINA Camiones y National Castings en el estado de Hidalgo (nueva SIDENA), en donde las negociaciones entre la representación empresarial y los trabajadores, con la intermediación del Gobierno del estado y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, están llegando a un punto de consenso en torno a ofrecer como salida legal a dichos conflictos, la reapertura de tales empresas bajo administración cooperativa.
Así, a pesar de que durante muchos años se promovió una política cooperativa paternalista y corporativa, en el que hubo programas erráticos y dispendiosos en el sector, el cooperativismo ha sobrevivido. Hoy existen más de dos millones de cooperativistas afiliados a las cooperativas de ahorro y préstamo. Existen también empresas modelo como Cruz Azul, que ha gestado todo un complejo industrial en torno suyo y que ha consolidado una ciudad bajo lógicas solidarias; y Pascual, que empezó como un sindicato en resistencia y hoy se yergue como una de las tres principales industrias de bebidas en el país.
Es difícil dar cuenta de sus dimensiones, pero es indudable el importante papel que juegan en la economía social; ahora si bien el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (FONAES), actualmente de manera explícita, promueve y financia cooperativas no tiene las dimensiones ni los recursos para fondear casos como Euzkadi, Ciudad Sahagún o una empacadora de mariscos de las cooperativas de pesca en Sonora, por citar algunos ejemplos.
Por ello, consideramos imprescindible apoyar económicamente al FONAES en cuyo marco los créditos otorgados deberán ser recuperables, bajo los criterios establecidos en el considerando segundo del presente instrumento y se estaría dando cumplimiento, por una parte, a lo establecido en el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente, mediante el cual se instruye a los gobiernos federal, estatal y municipal para apoyar, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo y por la otra, a las disposiciones contenidas en la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo referente a la Promoción de las Cooperativas, recientemente suscrita por nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social aprueba el siguiente:
Acuerdo
Primero.- El Pleno resuelve constituir un grupo de trabajo, con el mandato que asista a las sesiones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a solicitar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil seis (2006), se aumente por un monto de cien millones de pesos los recursos al Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, dependiente de la Secretaría de Economía, en términos del considerando segundo del presente instrumento.
Segundo.- Gírese atento oficio al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados para informar el presente acuerdo.
Tercero.- Gírese atento oficio al Secretario de Economía para efecto de informar el presente acuerdo e informe si es o no viable desde el punto de vista de dicha dependencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco.
Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), José Juan Bárcenas González (rúbrica), Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra, Lisandro Áristides Campos Córdova (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría, Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés Esteva Melchor, María Concepción Fajardo Muñoz, David Ferreyra Martínez (rúbrica), José García Ortiz, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, César Amín González Orantes (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), José Julio González Garza, Benjamín Fernando Hernández Bustamante, Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Miriam Marina Muñoz Vargas, José Alfonso Muñoz Muñoz, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Aníbal Peralta Galicia (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica).
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE EXHORTA AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO VICENTE FOX QUESADA, A ENVIAR A ESTA SOBERANÍA LOS PLANES Y PROYECTOS RELATIVOS A LA RÁPIDA RECUPERACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suyo el punto de acuerdo que presentó el diputado Francisco Rojas Gutiérrez a nombre de diversos diputados, por lo que somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al C. Presidente de la República para que a la brevedad, informe a esta H. Cámara respecto a las medidas que su gobierno tomará en los siguientes aspectos:
1. Reponer al patrimonio de Pemex que ha continuado disminuyendo durante la presente Administración y que actualmente significa el 3.4% de su activo, lo que representa en la práctica una quiebra técnica.
2. Asumir la deuda en que hicieron incurrir a PEMEX a través de los Pidiriegas para financiar el gasto público y que asciende a más de 50 mil millones de dólares.
3. Complementar el nuevo régimen fiscal, dado que el paquete presentado por el Congreso, es apenas un primer paso.
4. Conciliar con el Congreso un ajuste al marco regulatorio para darle autonomía de gestión a la empresa paraestatal.
5. Presentar planes y proyectos a fin de aumentar aceleradamente nuestras reservas que, en su período han caído 26%, mediante exploración en aguas profundas y rehabilitación de campos maduros o abandonados.
6. Presentar de inmediato el proyecto de una nueva refinería con capacidad para refinar nuestros crudos pesados y que se podría financiar con el déficit comercial de productos petrolíferos de un sólo año (2,900 millones de dólares en 2004).
7. Anunciar qué planes existen para conciliar las necesidades de gas de la industria eléctrica y las capacidades presentes y futuras que tiene Pemex para explorar y explotar ese combustible.
8. Remitir el programa de ahorro de energía y de uso de fuentes alternas.
9. Detallar en qué consiste la política de precios del Sector Energético y explicar de qué manera se ordenará y racionalizará la política de subsidios, cuyo control y destino no está claro.
10. Explicar en qué consiste la política de precios de exportación y por qué no se ha aprovechado el cierre de refinerías en la Costa del Golfo de México para dar mantenimiento a instalaciones marítimas, en lugar de seguir acumulando inventarios o tener que ofrecer descuentos adicionales al precio de crudo.
11. Explicar meticulosamente los planes inmediatos de mantenimiento de la red de ductos.
12. Referir qué proyectos existen sobre la rehabilitación, transformación e inversión en los complejos petroquímicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2005.
Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.)
Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. José González Morfín
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Proposición con puntos de acuerdo, para que el C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox, envíe a esta representación popular los planes y proyectos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional
Exposición de Motivos
Las iniciativas de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución, de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en Materia de Gas Natural no Asociado al Petróleo, y de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía que el Ejecutivo envió a esta Cámara el día 20 del pasado mes, apuntan al desmantelamiento de Petróleos Mexicanos.
Transitar de un régimen de exclusividad a uno prioritario, donde concurran los sectores público, social y privado en la realización de las actividades de gas natural no asociado al petróleo implica riesgos de controversias políticas y jurídicas, ya que el término de "gas no asociado" es genérico y, por tanto, impreciso a la hora de definirlo jurídicamente y de operar los yacimientos, ya que éstos, en México, generalmente contienen cantidades significativas de líquidos del petróleo, lo que podría implicar otra violación constitucional.
Además, oculta la necesidad de capitalizar a la empresa paraestatal y auspiciar un cambio en su régimen fiscal, de efectuar las modificaciones necesarias al marco legal a fin de que ella alcance la autonomía de gestión y darle la posibilidad de que obtenga la tecnología que requiere para su desarrollo.
En la medida en que Pemex siga siendo contemplado por el Gobierno Federal como si se tratase de un organismo recaudatorio, las ineficiencias y rezagos se irán acumulando. No es la incorporación del sector privado la solución para incrementar la exploración y explotación del gas natural no asociado al petróleo; el régimen de concesiones y asignaciones que se propone, evade contemplar una verdadera reforma energética que fortalezca a la industria petrolera nacional.
Si se le quiere otorgar a Pemex mayor capacidad para invertir en el conocimiento de nuestras reservas naturales, en la extracción de crudos de mayor calidad, en la transformación industrial y la comercialización para obtener mayores beneficios, es preciso que el gobierno tome las medidas adecuadas para que el organismo lleve a cabo sus actividades con parte de los beneficios que genera. No es posible que casi todas las inversiones se realicen con deuda.
Si el gobierno no mejora su capacidad recaudatoria y no lleva a cabo las modificaciones fiscales que le permitan aumentar considerablemente sus ingresos tributarios, estaremos mermando la posibilidad de contar en el futuro con la soberanía energética que es el objetivo fundamental de Pemex para que podamos crecer y desarrollarnos a un ritmo que asegure mejor calidad de vida para la mayoría de la población.
Habrá que preguntarse por qué, a pesar de los altos precios del petróleo, Pemex necesita de la inversión privada para llevar a cabo sus actividades de exploración, explotación, mantenimiento de la red de ductos, transformación a petrolíferos y petroquímicos de alta calidad y bajo costo; dónde están los miles de millones de dólares adicionales a lo presupuestado; qué se ha hecho con el dinero que genera la empresa paraestatal más importante de país. Ahora se pretende calificar a la industria petrolera nacional de ineficiente, sin tomar en cuenta que ha sido la columna vertebral de la economía mexicana en los últimos años. Lo razonable es fortalecer las finanzas de Pemex y otorgarle autonomía de gestión, pero por lo que vemos se camina en sentido contrario, porque en las iniciativas enviadas se le atribuye a la Secretaría de Energía la facultad de asignar o licitar las concesiones a los particulares que pretendan invertir en la actividad que dejaría de ser exclusiva de Pemex.
Por qué no se propone una reforma energética a fondo, que fortalezca al Estado y a la paraestatal, que asegure la salud financiera de Pemex y le permita al organismo desarrollar todo su potencial. Se nos quiere hacer creer que reformas como las que contienen las iniciativas que se enviaron el pasado septiembre corrigen insuficiencias de Pemex. Hay que entrarle a fondo a la reforma energética sin que ello implique la destrucción de los activos que son propiedad de la nación. Pemex genera un considerable volumen de riqueza para el país. El gobierno ha desaprovechado los cuantiosos recursos excedentes que le ha entregado la actividad petrolera. Las reformas deben ir por otro lado. Pareciera que existe consigna para que Petróleos Mexicanos desaparezca como entidad pública de la actividad nacional.
De otra manera, no es explicable el lamentable estado en que esta administración ha mantenido a Pemex. El costo de operación subió considerablemente lo que mal habla de lo acertado de la planeación y de la eficacia de sus directivos. Nunca como ahora Pemex ha tenido recursos para la inversión, aun cuando éstos sean de deuda; sin embargo, las reservas van en caída libre, sin ningún proyecto importante que contemple la perforación en aquellas zonas en donde existe la posibilidad de encontrar mantos importantes.
Cada día dependemos más del gas importado, habida cuenta de que no se expande la producción de gas y aumenta considerablemente la demanda doméstica y la de los generadores independientes de energía eléctrica que ya aportan, en plantas de ciclo combinado, casi la tercera parte de la electricidad que consumimos. Lejos de enfrentar el problema a través de la reorganización de esta actividad en el organismo, ahora el gobierno desea continuar el desmantelamiento de Pemex, mediante asignaciones y concesiones a particulares para acabar con la exclusividad que la Constitución confiere al organismo para realizar esas tareas.
Esta Administración ha ido de error en error en el manejo de la principal empresa del país. A través de los llamados contratos de servicios múltiples se trató de sustituir la exclusividad de Pemex en la exploración del gas no asociado; no obstante, el intento falló por claras muestras de inconstitucionalidad y el rechazo enérgico de la mayor parte de la opinión pública.
Con la creación de la figura Pidiregas se captó deuda que ha crecido exponencialmente y no ha servido para mejorar las instalaciones petroleras. A mayor abundamiento, ni siquiera se han realizado los trabajos de mantenimiento de ductos para garantizar la seguridad de las comunidades que atraviesan los trabajadores que los manejan y de las propias instalaciones a que están conectados.
Esta administración ha tenido más de nueve mil millones de dólares al año para inversión, cifra nunca vista en Petróleos Mexicanos. A pesar de ello, las reservas disminuyen, no se ha concretado ningún proyecto importante que modernice a nuestras refinerías y evite la creciente importación de gasolinas; tampoco ha habido ningún avance en la rehabilitación de nuestros complejos petroquímicos; lejos de ello, están pensando en venderlos como chatarra, aun cuando sigamos importando considerables volúmenes para abastecer la demanda nacional. No hemos avanzado tampoco en mejorar la comercialización de nuestros productos porque no se piensa en el interés nacional sino en cómo deshacernos de los complejos más importantes de América Latina.
Presumen que la iniciativa privada hará mejor que Pemex las labores que éste ha venido desarrollando, pero ¿aguantaría la empresa privada un régimen fiscal como el que se le impone al organismo? ¿Los particulares permitirían que las decisiones importantes para la marcha de su negocio se tomaran en instancias distintas a las de sus intereses? ¿Estarían dispuestos a sujetarse al dictado de la autoridad sin margen de acción para defender su inversión?
Tal parece que las iniciativas enviadas el pasado día 20 son una cortina de humo para ocultar el hecho de que se está heredando una crisis energética al próximo gobierno y culpar de ello, como siempre, a los legisladores.
Las reformas propuestas evaden los verdaderos problemas:
La falta de una profunda reforma fiscal;
La carencia de una reforma energética de fondo;
La ausencia de una promoción masiva e intensa de ahorro de energía y el aprovechamiento óptimo de todas las fuentes de energía que no sean gas;
La falta de planeación y coordinación en el Sector Energético; y
El mito de que la salvación se encuentra en contratar empresarios cuya gestión y resultados hubieran ameritado despidos o sanciones en empresas como Dupont o Turbinas Solar.
Por lo expuesto anteriormente, venimos a presentar a este Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al C. Presidente de la República para que a la mayor brevedad informe a esta Representación Nacional de las medidas que su gobierno tomará para:
1. Reponer el patrimonio de Pemex que ha continuado disminuyendo durante la presente administración y que actualmente significa el 3.4% de su activo, lo que representa en la práctica una quiebra técnica.
2. Asumir la deuda en que hicieron incurrir a Pemex a través de los Pidiregas para financiar el gasto público y que asciende a más de 50 mil millones de dólares.
3. Complementar el nuevo régimen fiscal, dado que el paquete presentado por el Congreso es apenas un primer paso.
4. Conciliar con el Congreso un ajuste al marco regulatorio para darle autonomía de gestión a la empresa paraestatal.
5. Presentar planes y proyectos a fin de aumentar aceleradamente nuestras reservas que en su periodo han caído 26%, mediante exploración en aguas profundas y rehabilitación de campos maduros o abandonados.
6. Presentar de inmediato el proyecto de una nueva refinería con capacidad para refinar nuestros crudos pesados y que se podría financiar con el déficit comercial de productos petrolíferos de un solo año (2,900 millones de dólares en 2004).
7. Anunciar qué planes existen para conciliar las necesidades de gas de la industria eléctrica y las capacidades presentes y futuras que tiene Pemex para explorar y explotar ese combustible.
8. Remitir el programa de ahorro de energía y de uso de fuentes alternas.
9. Detallar en qué consiste la política de precios del sector energético y explicar de qué manera se ordenará y racionalizará la política de subsidios, cuyo control y destino no está claro.
10. Explicar en qué consiste la política de precios de exportación y por qué no se ha aprovechado el cierre de refinerías en la costa del Golfo de México para dar mantenimiento a instalaciones marítimas, en lugar de seguir acumulando inventarios o tener que ofrecer descuentos adicionales al precio de crudo.
11. Explicar meticulosamente los planes inmediatos de mantenimiento de la red de ductos.
12. Referir qué proyectos existen sobre la rehabilitación, transformación e inversión en los complejos petroquímicos.
13. Exponer los proyectos de la paraestatal sobre la remediación de suelos y conservación del medio ambiente en zonas petroleras.
14. Justificar el exceso de trabajadores de confianza en Pemex y el aumento de los costos de operación, que han crecido casi 30% en los últimos 4 años.
15. Exhibir proyecto sobre el mejoramiento del servicio médico de los trabajadores de Pemex, así como los tiempos de sus diversas fases.
16. Programar la preservación, el desarrollo y el incremento de los recursos humanos, técnicos y profesionales de la empresa.
17. Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológicos en el sector petrolero para disminuir la dependencia externa de la empresa, que la ha afectado seriamente durante las dos últimas administraciones.
Firmas de diputados de la fracción parlamentaria del PRI de la Comisión de Energía que apoyan la proposición con puntos de acuerdo para que el C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox, envíe a ésta representación popular los planes y proyectos para la rápida recuperación de la Industria Petrolera Nacional:
Pablo Pavón Vinales, Víctor Alcerreca Sánchez, Francisco Rojas, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Sergio Posadas Lara, Raúl Pompa Victoria, José Adolfo Murat Macías, Francisco Herrera León, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Héctor Gutiérrez de la Garza, Francisco Suárez Dávila (rúbricas).
DE LA CONFERENCIA PARA LA PROGRAMACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, CALENDARIO LEGISLATIVO PARA EL RESTO DEL ACTUAL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LIX LEGISLATURA
Informes
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, SEMESTRAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE DE 2005
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LIX Legislatura rinde su cuarto informe semestral de labores:
Reuniones de la Comisión
El 14 de julio de 2005, los integrantes de la Comisión sostuvieron una reunión de trabajo con el arquitecto Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, en la que se abordaron los siguientes temas:
Estado que guardan las reservas para la distribución de señales de televisión, en términos del artículo 22 del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos.
Criterios para la distribución de las señales del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Canal 11, Canal 22, Aprende TV y transmisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su caso, el Canal del Poder Ejecutivo Federal, en los casos en que el Ejecutivo Federal sólo tenga derecho a uno o dos canales de reserva.
Proyecto de canal de televisión por cable de la Presidencia de la República.
Reunión de trabajo de las Comisiones de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía
El 5 de abril de 2005, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía celebró una reunión de trabajo con la Comisión de Gobernación, a efecto de poner a su consideración los trabajos realizados por la Subcomisión de Análisis en Materia de Agencias de Noticias, en torno a la iniciativa de Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
Esta iniciativa fue resultado de ocho meses de trabajo de la Subcomisión de Análisis en Materia de Agencias de Noticias, en los que sostuvo reuniones con el sindicato de trabajadores de esa Agencia, con los directivos de la misma, académicos y directores de agencias internacionales. De este modo, se elaboró la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reforma el párrafo tercero del artículo 3° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y expide la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, presentada en sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2004, y turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía.
En la reunión que se cita, se presentaron a los integrantes de la Comisión de Gobernación los elementos esenciales de la iniciativa de referencia, como se indica a continuación:
Se crea un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía técnica y de gestión, para sustituir a la actual Agencia Notimex, que opera como empresa de participación estatal mayoritaria. Esta reforma implica modificar también la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Las funciones del organismo que se crea en la Iniciativa consistirán en actuar como agencia del Estado mexicano; instalar, operar y, en su caso, explotar organismos de radiodifusión u otro tipo de entidades; recibir y administrar los ingresos generados por los servicios que preste y actuar como órgano de consulta en materia informativa.
La Junta de Gobierno de la Agencia estará integrada por siete vocales propietarios con derecho a voz y voto; tres de ellos representando, respectivamente, a las Secretaría de Educación Pública, Gobernación y Relaciones Exteriores, y cuatro más provenientes del Consejo Consultivo de la Agencia. El Director General podrá asistir a las sesiones de la Junta, con voz pero sin voto.
La Junta de Gobierno será la autoridad suprema de la Agencia y tendría a su cargo, entre otras funciones, la aprobación del Reglamento de sesiones y el Estatuto Orgánico de la Agencia; asimismo, establecerá las políticas generales para la conducción de la misma.
El Consejo Consultivo será un órgano de opinión y asesoría, integrado por un número no menor de diez ni mayor de trece ciudadanos provenientes de los sectores privado, social y académico, que durarían cuatro años en su cargo, pudiendo ser ratificados por un período igual; tres integrantes del Consejo serán trabajadores de la Agencia.
Para el nombramiento del director general, se adopta el modelo del Instituto Federal de Acceso a la Información, donde el titular Ejecutivo Federal designa al Director General, y la Cámara de Senadores puede objetar dicho nombramiento; durante los recesos de la Cámara, la objeción puede ser formulada por la Comisión Permanente.
La Dirección General de la Agencia someterá su informe anual a consideración de la Junta de Gobierno, el que será remitido al Congreso de la Unión.
Se introduce la figura del Defensor de la Audiencia, como interlocutor entre la Agencia y los usuarios, con lo que se garantiza su plena autonomía. El Defensor de la Audiencia -que será el único puesto de nueva creación dentro de la estructura actual de Notimex- percibirá la misma remuneración fijada para el cargo inmediato inferior al de Director General. Su función consistirá en atender quejas y sugerencias de los usuarios de la agencia, actuando con la más completa independencia y autonomía; además, deberá rendir semestralmente su informe de actividades ante la Junta de Gobierno. Con esta figura se pretende crear una especie de ombudsman de la comunicación, encargado de aplicar un código de ética dentro de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
Se garantiza el derecho a la información consagrado en el artículo 6º de la Constitución General, y se salvaguardan los derechos profesionales de los periodistas que laboran en la Agencia, con apego a lo establecido en el artículo 7º de la Ley Fundamental.
Se prevé la figura de la cláusula de conciencia, para garantizar que los periodistas puedan negarse motivadamente a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios rectores de la Agencia.
Se incluye la regulación del secreto profesional, para el caso de que los periodistas no puedan revelar sus fuentes.
En cuanto al régimen laboral, las relaciones de trabajo entre la Agencia y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado "A"del artículo 123 constitucional.
La vigilancia y control de la Agencia estarán a cargo del Contralor Interno y de los titulares de las Direcciones o áreas de Responsabilidades de Auditoría, designados por el titular de la Secretaría de la Función Pública, en los mismos términos en que se encuentra previsto para cualquier otro organismo o entidad de la Administración Pública Federal.
Subcomisión de Análisis en materia de Agencias de Noticias
La Subcomisión de referencia ha sostenido las reuniones que a continuación se indican:
Abril 13, 2005. Se realizó la presentación y análisis del anteproyecto de dictamen elaborado por la Subcomisión, relativo a la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción XXVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reforma el párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y expide la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, acordando los integrantes de la Subcomisión que los comentarios al dictamen se irían incorporando al documento para su posterior estudio.
Abril 19, 2005. Se sostuvo una reunión de trabajo con el Lic. Ricardo García Cervantes, entonces Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, a propósito de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción XXVII del artículo 27 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reforma el párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y expide la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
El objetivo de la reunión en comento fue conocer la opinión de la Subsecretaría en torno a la Iniciativa que propone transformar a Notimex en una Agencia de Estado, y cuyo análisis ha dado lugar a diversas reuniones con miembros del Sindicato de Trabajadores de esa Agencia, Directivos de la misma, especialistas y representantes de agencias internacionales.
Septiembre 20, 2005. Se celebró una reunión de trabajo con funcionarios de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación y de la Agencia de Noticias Notimex, cuyo propósito fue analizar las propuestas de modificación al anteproyecto de dictamen elaborado por la Subcomisión de Análisis en Materia de Agencias de Noticias, relativa a la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción XXVII del artículo 27 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reforma el párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y expide la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
Otras actividades
Junio de 2005. Con el propósito de estimular la producción del cine mexicano y proyectar su potencial como opción cultural y de inversión de clase mundial, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en coordinación con la Comisión Nacional de Filmaciones, el Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, el Gobierno del Estado de Guanajuato, la Sociedad General de Escritores de México y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, participó en la convocatoria del "Pitching between two worlds", (Jornadas para la coproducción cinematográfica con Asia y Oceanía).
El objetivo de las jornadas fue lograr un contacto directo entre proyectos cinematográficos mexicanos, y fondos, productoras y distribuidoras, nacionales y extranjeras, para la exploración de posibilidades de coproducción. Como parte de los trabajos de colaboración de este órgano legislativo en las Jornadas antes mencionadas los días 11 y 12 de junio de 2005, se llevó a cabo la publicación de la convocatoria correspondiente en medios impresos.
Julio 7, 2005. Con el ánimo de conocer el estado actual que guardan las reservas de señales en los sistemas de televisión restringida, a propósito de la información difundida en el sentido de que el Ejecutivo Federal pretende llevar a cabo la instalación de un Canal para su uso exclusivo en dichos sistemas, los Diputados integrantes de esta Comisión, miembros de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo, suscribieron una Carta Abierta al Secretario de Comunicaciones y Transportes - publicada en medios impresos-, en la que expresaron sus inquietudes sobre ese tema y la necesidad de llevar a cabo una reunión entre legisladores y funcionarios federales, en la que se aclararan las interrogantes al respecto.
Estado actual de las Iniciativas y Puntos de Acuerdo recibidos para su estudio y dictamen
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º, numeral 3, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, a continuación se detallan los asuntos turnados a esta Comisión:
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA GIRA DE TRABAJO A TRES PAÍSES DE SUDAMÉRICA (CHILE, ARGENTINA Y REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY), REALIZADA DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2005
Antecedentes
Con base en el Programa Anual de Trabajo 2005, la Comisión de Seguridad Social en su reunión plenaria ordinaria celebrada el 19 de abril de 2005, aprobó la realización de una gira de trabajo internacional a varios países de Sudamérica bajo las consideraciones y objetivos siguientes:
Consideraciones
Dada la relevancia que el tema de las pensiones ha cobrado en la agenda política nacional, particularmente en el caso de los trabajadores de sector público, y preocupados por la situación que viven los institutos de seguridad social en México, la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social propuso un mayor acercamiento a las experiencias que distintos países han tenido en la reforma de sus instituciones, así como a la sistematización que diversos organismos internacionales han realizado al respecto. El Pleno de la Comisión consideró la necesidad de conocer de cerca y con los actores involucrados las experiencias que en la materia se han tenido en diversos países de Sudamérica, para enriquecer los debates, reflexiones y análisis que en esta Cámara se tendrán frente a la problemática que viven nuestros institutos de seguridad social, particularmente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Para tal efecto, se programó una gira de trabajo internacional a Chile, Argentina y Uruguay para sostener reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales, parlamentarios, organismos internacionales, organizaciones de trabajadores y empresariales, y gestores privados de fondos de pensión.
Objetivos
1. Conocer las experiencias de reforma que estos países impulsaron para fortalecer sus sistemas de pensiones, así como sus instituciones de seguridad social. Lo anterior, dada la relevancia que dichos modelos de reforma han tenido a nivel internacional.
2. Evaluar, conjuntamente con las autoridades del ramo en cada país, la situación previa a la reforma, el desempeño que han tenido los sistemas desde su adecuación y el impacto que han tenido las crisis económico-financieras, así como los cambios económicos de la región y su impacto en el sector laboral.
3. Conocer las estrategias políticas para reformar la seguridad social en cada país, así como los esquemas de transición que se instrumentaron y sus resultados.
4. Conocer las estrategias de reforma en la seguridad social de los trabajadores públicos, y sus diferencias con las reformas a los sistemas de seguridad social de los trabajadores del sector privado
5. Conocer las estimaciones de los costos fiscales que estas reformas han tenido en otros países, así como el impacto en la cobertura y calidad de los servicios.
6. Abrir un canal directo de comunicación con los actores que han diseñado, conducido, analizado y evaluado los distintos caminos de reforma, que permita nutrir el debate y enriquecer las referencias que se tienen en México.
Integración de la delegación
La delegación estuvo integrada por los diputados y diputadas siguientes: Miguel Alonso Raya (PRD), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (PRI), Lucio Galileo Lastra Marín (PAN), Alfonso Rodríguez Ochoa (PRI), José Mario Wong Pérez (PRI), Migue Ángel Llera Bello (PAN), Rocío Sánchez Pérez (PRD), y Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT).
Desarrollo y contenido de la agenda de trabajo
Santiago de Chile, lunes 30 de mayo de 2005
I. Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Visita protocolaria con el señor Yerko Ljubetic Godoy, Ministro del Trabajo y Previsión Social
Esta reunión de carácter protocolar contó con la presencia del Sr. Yerko Ljubetic Godoy, Ministro del Trabajo y Previsión Social (MTPS) y del Sr. Guillermo Larraín Ríos, Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, dependiente de este Ministerio. A pregunta del Señor Ministro, el diputado Miguel Alonso Raya, Presidente de la Comisión de Seguridad Social, presentó un panorama general sobre el sistema de seguridad social mexicano destacando los aspectos de su organización, cobertura, beneficios y las diferencias entre sistemas; los problemas de universalidad, inequidad y financiamiento que enfrenta la seguridad social en México; la reforma de 1995 al sistema de pensiones de los trabajadores del sector privado afiliados al IMSS, y el debate actual sobre la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado afiliados al ISSSTE. Por su parte, el Ministro Ljubetic, señaló que la ventaja del tema de la seguridad social es que no es un tema exclusivo de un solo país, sino que es una preocupación especialmente para el conjunto del Continente, es un tema en el que Chile está permanentemente en el debate, son los mismos problemas típicos de la realidad laboral y social latinoamericana: los temas relativos a los trabajadores independientes, trabajadores por cuenta propia, y a la estructura de los sistemas.
II. Reunión conjunta: Subsecretaría de Previsión Social, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, Superintendencia de Seguridad Social, e Instituto Nacional de Normalización Previsional
II.1 Subsecretaría de Previsión Social
Presentación: Superintendencia de Seguridad Social
Tema: El Sistema de Pensiones en Chilei
La presentación del Superintendente de Seguridad Social, Javier Fuenzalida, se desarrolló a partir de la exposición general de siete grandes temas: 1) La estructura organizacional del MTPS; 2) Los Sistemas de Pensiones en Chile; 3) Causas de la reforma previsional de 1980; 4) Condiciones para la implementación del sistema de pensiones de capitalización individual; 5) Bases constitucionales que garantizan el derecho a la seguridad social; 6) Modificaciones legales en materia de seguridad social y 7) Desafíos de la protección social.
1. Estructura organizacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)
El MTPS desarrolla las políticas laborales y las de previsión social, que atienden las Subsecretarias de Trabajo y la de Previsión Social.
La Subsecretaría de Previsión Social es la encargada de las políticas públicas de seguridad social. De esta Subsecretaría dependen la Superintendencia de Previsión Social, que tiene a su cargo la administración, regulación, pago de los beneficios del sistema de reparto antiguo y del bono de reconocimiento directamente a través del Instituto de Normalización Provisional (INP), recientemente se ha hecho cargo también de las materias de la reciente Ley de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP), que es el organismo encargado de la vigilancia normativa e interpretación de la norma del nuevo sistema de previsión social basado en la capitalización individual vigente desde 1981. Por su parte la Subsecretaría del Trabajo, se encarga de la fiscalización del sistema de trabajo, más específicamente, de los accidentes y enfermedades profesionales cuya administración recae en sociedades mutualistas privadas.
2. Sistemas de pensiones
En forma genérica, en Chile existen dos sistemas de pensiones: 1) El antiguo sistema que opera bajo un mecanismo financiero de reparto, prestaciones definidas, contribuciones indefinidas, administrado por el Estado a través del Instituto de Normalización Previsional (INP) y 2) El nuevo sistema que opera bajo el mecanismo de capitalización individual, prestaciones indefinidas, contribuciones definidas y de administración privada de los fondos a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), no obstante que las distintas directrices y normas son de orden público.
La reforma previsional de 1980, contempló la libre opción a uno u otro sistema para los trabajadores anteriores a la reforma, siendo el sistema de capitalización individual de carácter obligatorio para los nuevos trabajadores o nuevas contrataciones a partir de la entrada en vigor de la reforma.
3. Causas de la reforma previsional de 1980
Entre ellas se destacaron las siguientes: a) el aumento de las expectativas de vida; b) la falta de relación entre los costos y beneficios del sistema de reparto y c) la diversidad de regímenes constituidos por una multiplicidad de cajas de previsión: bancarios, profesores, médicos, etcétera.
4. Condiciones para la implementación del sistema de pensiones de capitalización individual
a) Existencia de un mercado de capitales que permita el desarrollo y la inversión de los fondos de pensión: aproximadamente para el año 2010 estos fondos van a representar el 25% del PIB en Chile; b) existencia de una industria aseguradora dados los distintos esquemas de opciones de pensión; c) creación de un mercado regulatorio, y d) principio de subsidiaridad consagrado en la Constitución Política del Estado.
Principio de subsidiaridad. La Constitución Política de 1980 cambia la filosofía y establece que el Estado se va a preocupar por lo que el mercado no puede hacer, se trata pues, de una concepción de política económica. De hecho, el nuevo sistema de pensiones basado en la capitalización individual fue la base de la política económica.
5. Bases constitucionales que garantizan el derecho a la seguridad social
La Constitución Política del Estado establece como bases que garantizan el derecho a la Seguridad Social en la República de Chile: a) Acción del Estado dirigida a garantizar acceso al goce de prestaciones básicas y uniformes; b) Administración por instituciones públicas o privadas; c) La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias y d) El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la Seguridad Social. Todas éstas son normas de derecho público.
La Constitución Política de la República de Chile señala, en su artículo 62, que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.
6. Desafíos de la Protección Social y de la seguridad social
Los desafíos fueron expuestos como interrogantes y temas pendientes que deben discutirse y evaluarse en el contexto del sistema de pensiones de capitalización individual:
La cobertura del sistema de pensiones de capitalización individual: existencia de un alto porcentaje de trabajadores independientes o en la informalidad que no se incorporan al sistema.
El paulatino envejecimiento de la población que lleva al aumento de la esperanza de vida, las diferencias respecto a las edades para pensionarse y su relación con la acumulación de fondos durante la vida laboral del trabajador: en Chile, en el sistema de capitalización individual, los hombres pueden pensionarse a los 65 años y las mujeres a los 60, por lo que se viene reflexionando en la necesidad de equiparar a todos a 65 años.
El aumento de la esperanza de vida es un tema más transversal y vigente, porque fue una de las bases para modificar de manera radical el sistema en los años 80, y este problema, que no sólo sigue vigente en Chile sino en varios países, tampoco se soluciona con la capitalización individual, porque en la medida en que la esperanza de vida aumenta, el periodo que la persona tiene para acumular dinero en su cuenta y durante su vida activa no es suficiente para pagar los beneficios desde el momento que se pensiona por el resto de su vida.
Otro elemento importante en Chile y presente en Latinoamérica, son las características actuales del mercado de trabajo en permanente dinamismo: nuevas modalidades de empleo; empleos con mayor interrupción, por cambio de unidades productivas o distintos empleos, lo que conduce a que existan mayores tiempos de no cotización, por lo que debe buscarse adecuar el sistema de pensiones al ritmo del mercado de trabajo.
Nivel de suficiencia de los beneficios: ¿cuál es la calidad de las pensiones que van a recibir las personas afiliadas al sistema?, tanto de las que son mixtas bajo el nuevo sistema (que incluyen el pago por parte de las finanzas nacionales de un bono de reconocimiento más la capitalización individual) y de las que son exclusivamente vigentes en el nuevo sistema (capitalización individual).
Falta de información: el sistema de capitalización es un sistema eminentemente individual, la persona requiere mantenerse informada respecto al sistema, sobre todo porque hay una multiplicidad de decisiones que tiene que tomar el trabajador tanto en su vida activa como cuando se pensione, en cuyo caso el Poder Ejecutivo tiene el gran desafío de otorgar la información necesaria para que el trabajador tome su decisión informada.
Inequidades de género en pensiones: hay inequidades propias del mercado de trabajo, pero la mujer trabajadora enfrenta más interrupciones del trabajo, en los mismos cargos ganan menos en relación a los hombres, sus expectativas de vida son más amplias pero cotizan menos (registran una menor densidad de cotizaciones).
Morosidad en los pagos de la retención que los empleadores efectúan de los salarios de los trabajadores: al respecto ya existe un proyecto de ley que busca resolver este problema ampliando el número de tribunales que van a poder hacer la cobranza de los fondos provisionales y también se le otorga una nueva facultad al trabajador para que solicitar la acción de los tribunales para poder recuperar sus cotizaciones, y finalmente
El tema de los costos de administración: las comisiones que están cobrando las administradoras son o no proporcionales a las remuneraciones de los trabajadores, al monto de la cuentas; además de que el mercado está ejerciendo su función en el sentido de que los trabajadores no eligen las administradoras más baratas. Al respecto se plantea resolver el tema de lo que cobran las AFP en términos del salario.
El diputado Lucio Galileo Lastra Marín (PAN) preguntó ¿cómo se trataron los derechos adquiridos al pasar del antiguo sistema de pensiones al nuevo de capitalización individual? Por su parte, la diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz (PRI) preguntó ¿qué estaban haciendo como autoridad para regular los fondos de pensión frente a la estimación de que los mismos representarán en el año 2010 el 75 por ciento del PIB bajo el manejo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP)? y ¿cómo en el largo plazo pueden garantizar la pensión en un mercado inestable?
En su intervención el Sr. Javier Fuenzalida, manifestó que el Decreto de Ley 3.500 de 1980, que dio lugar al nuevo sistema de pensiones, estableció los mecanismos para que los trabajadores tuvieran un derecho de opción. A quienes optaron por el nuevo sistema, se les otorgó un Bono de Reconocimiento conforme a una fórmula; por ley este documento genera una rentabilidad de 4% más el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las siguientes interrogantes se trasladaron para ser despejadas en las siguientes presentaciones.
II.2 Subsecretaria de Previsión Social
Presentación: Superintendencia de Seguridad Social
Tema: El Sistema de Seguridad Social en Chile2
La exposición estuvo a cargo del Sr. Guillermo Ortiz de la Superintendencia de Seguridad Social, con los temas siguientes: 1) Una visión integral de la seguridad social; 2) Los roles del Estado; 3) El sistema de pensiones: de Reparto, de Capitalización Individual y de Pensiones Asistenciales y 4) El aporte del Estado a la seguridad social chilena, 2000-2002.
1. Una visión integral de la seguridad social
La seguridad social en Chile comprende pensiones, salud común, salud laboral, protección familiar y bienestar social. El gobierno ha compartido su responsabilidad con los gestores privados bajo un esquema de cobertura integral, coordinación, complementaridad, responsabilidad social y uso de recursos públicos.
2. Roles del Estado
Rol fundacional: debe instituir el sistema de seguridad social (contingencias, beneficiarios, etcétera).
Rol de dirección: señalar la orientación de la seguridad social en su sentido político y las prioridades que corresponderá atender preferentemente.
Rol normativo: exclusivo y excluyente, que perfecciona constantemente el sistema de seguridad social.
Rol controlador: fiscalizar entes gestores por la vía administrativa, en aspectos jurídico, técnico y financiero, y limitado, control de conveniencia o de oportunidad.
Rol jurisdiccional: resolver toda contienda o litigio de cualquier orden con motivo de la aplicación de las normas de Seguridad Social.
3. Sistema de pensiones
Sistema de pensiones de reparto
Administración: Cajas de previsión, entes gestores de administración estatal, se formaban según las características comunes de la labor realizada, llegaron a ser hasta 33 cajas. Con la reforma de 1980 las cajas se fusionaron en el Instituto de Normalización Previsional (INP)
Afiliados: a diciembre de 2004, estaban registrados 157,327 cotizantes activos y 819,022 pensionados. Cada caja conservó su propia normativa, es decir, los beneficios no fueron fusionados.
Las tres principales cajas son: Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas; Caja de Previsión de Empleados Particulares, y el Servicio de Seguridad Social, que concentran el 90% de los afiliados y el 10% restante se encuentran en otras 30 entidades de previsión social.
Beneficios: pensiones de vejez, de antigüedad, por expiración obligada de defunciones, de invalidez total o parcial, de sobrevivencia, y beneficios complementarios (desahucios, indemnizaciones por años de servicios, rebaja y/o liberación de imposiciones, seguros de vida, etcétera).
La subsistencia del sistema de reparto, a pesar de que formalmente se cerró en 1980, se debe a tres aspectos: a) la administración de las ex Cajas de Previsión fusionadas en el INP (883,861 beneficiarios a 2005); b) el Bono de Reconocimiento pagado a los ex afiliados de las Cajas de Previsión Social y c) las Cajas de Previsión de las Fuerzas Armadas y de Orden, que a 2005 tienen 158,479 pensionados.
Sistema de pensiones de capitalización individual
Administración: El sistema de capitalización individual es administrado por sociedades anónimas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que tienen como objeto exclusivo la administración de un fondo llamado Fondo de Pensiones que es diferente al patrimonio de la sociedad anónima, es decir, si quiebra la sociedad anónima, en teoría, los fondos de los trabajadores estarían a salvo. En 2005 operan 6 AFP, de las cuales 3 concentran el 75% de afiliados y cotizantes y el 70% de los fondos.
Otras características de las AFP: no pueden otorgar otros beneficios que los legales; deben contar con un capital mínimo equivalente a 5.009 Unidades de Fomento (UF), que aumenta con el número de afiliados; el Fondo es patrimonio independiente del de la AFP; pueden cobrar comisiones por administración y son controladas por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Cobertura: el sistema de capitalización individual es obligatorio para los trabajadores dependientes que tienen un empleador y es voluntario para los trabajadores independientes, en este último caso, una vez afiliados los independientes no podrán renunciar a la afiliación pero pueden cotizar si lo desean, lo que refleja un problema: de un total de 7 millones de afiliados a las AFP sólo 3 millones cotizan, o sea el 42% de los afiliados y el 5% de los afiliados son trabajadores independientes y cotizantes. Esta cifra de 7 millones está aumentando por las amas de casa que han cotizado alguna vez, estudiantes que ya están trabajado, personas fallecidas que no han sido dadas de baja, en realidad la relación afiliado/cotizante es aún mayor, en todo caso debe anotarse que estos grupos cotizan porque les da derecho a tener servicios gratuitos de salud pública.
Afiliación: es la relación jurídica entre un trabajador y el sistema de pensiones, que origina los derechos y obligaciones legales, en especial el derecho a las prestaciones y a cotizar; la afiliación de los trabajadores independientes es opcional, pero una vez realizada es permanente, y la calidad de afiliado es distinta a la de cotizante o imponente, esta calidad detenta quien está actualmente efectuando cotizaciones.
Prestaciones (pagadas en el mes). Modalidades:3 Renta Vitalicia (324,045); Retiros Programados (200,097), y Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida (6,132). Pensiones: Vejez (136,111); Vejez Anticipada (223,702), Invalidez (39,647) y Sobrevivencia (147,418).
Régimen de Pensión Mínima de Vejez: los trabajadores que registran al menos 20 años de imposiciones, tienen derecho a la garantía estatal de pensión mínima que se paga mensualmente, al cierre de diciembre de 2004; su monto está diferenciado por edades: pensionados menores de 70 años (134 dólares, US$); mayores de 70 y menores de 75 años (US$ 146), y mayores de 75 años (US$ 153). Situaciones: a) En caso que la pensión se otorgue como retiro programado o renta temporal, la garantía estatal de pensión mínima sólo opera una vez que se agoten los fondos del afiliado, y b) En caso de que se contrate renta vitalicia, la ley exige que exista un monto inicial superior a la pensión mínima, pero si después el monto mínimo excede al monto de la pensión, opera la garantía estatal de pensión mínima por la diferencia necesaria para completar el monto mínimo.
En el caso de los sistemas de capitalización individual, cuando se agotan los recursos de la cuenta individual, si se esta pensionado, la AFP va pagando la pensión de acuerdo a los recursos que se tienen en la cuenta, si éstos llegaran a agotarse, el Estado garantiza una pensión de 153 dólares.
Monto promedio de las pensiones en los dos sistemas
En el régimen de capitalización individual, el monto promedio de las pensiones de vejez corresponde a US$ 243,5 (incluyendo pensiones de vejez por edad legal y anticipada), y en el régimen de reparto ascienden a US$ 174, por lo que el monto promedio de este tipo de pensión se ubica en US$ 211,2 (ponderado de acuerdo con el número de pensionados en cada régimen). El Ingreso Mensual Promedio es de 432 dólares.
Pensiones asistenciales
Definición: es un beneficio no contributivo de carácter asistencial que consiste en una prestación pecuniaria mensual. Se implantó en 1975, después de un fuerte Plan de Ajuste del Gobierno de Pinochet que generó una inflación muy alta y aumentó la pobreza. No implica la contribución de la persona, el requisito para el postulante es la demostración de carencia de recursos para sobrevivir, en consecuencia, llega al grupo más pobre de la sociedad. Su pago está diferenciado por edad y es incompatible con otra pensión. Su financiamiento es totalmente con recursos fiscales (Fondo Nacional Pensiones Asistenciales, PASIS).
Beneficiarios: inválidos mayores de 18 años, con dos terceras partes o más de pérdida de la capacidad de trabajo; adultos mayores de 65 años de edad y deficientes mentales.
Montos de las pensiones (a diciembre de 2004): hasta 70 años $ 67 dólares (US$); entre 70 y 75 años US$ 70, y más de 75 años US$ 73. Al respecto, se mencionó que el gobierno democrático hace un gran esfuerzo considerando que a pesar de que la pensión asistencial es algo mínimo, ésta permite alcanzar un nivel de dignidad a las personas.
Beneficios adicionales: asignación familiar, asistencia médica y asignación por muerte.
Requisitos: carencia de recursos y residencia de 3 años continuos en el país.
Gestor: El Instituto de Normalización Previsional es la entidad encargada del pago de estas pensiones. En enero de 2005, se pagaron mensualmente 681 mil pensiones asistenciales. Entre 1995 y 2003, el gasto aumento en 149% al pasar de 74,472,136 a 184,461,816 pesos chilenos.
4. Aporte del Estado a la Seguridad Social Chilena, 2000-2002
Entre 2000-2002, los ingresos por fuente de financiamiento son los siguientes; el Estado participa en el financiamiento de la seguridad social con el 33,96%; las cotizaciones previsionales 32,89%; producto de inversiones (rentabilidad del sistema de AFP) 19,87% y otros ingresos (multas, intereses) 13,28 por ciento.
De las cotizaciones previsionales, el 93% corresponde a cotizaciones de los trabajadores y el 7% a cotizaciones de los empleadores.
Por tipo de egresos como porcentaje promedio total, las prestaciones monetarias representan el 53,37%; prestaciones en especie el 23,43%; otros egresos 16,99%, y los gastos de administración el 8,21%.
El aporte del Estado a la seguridad social entre 2000-2002 representó el 7,54% del PIB, es decir, US$ 5.637 millones promedio anual.
El aporte de Estado respecto al total de ingresos de cada régimen en términos promedio representa: Asignación Familiar 100%; Subsidio Familiar (SUF) 100%; PASIS (pensiones asistenciales) 100%; Cesantía4 96,7%; Indemnización 40,7%; Pensiones 34,3% y Enfermedad Común 28,5%.
Para el mismo periodo, la participación por régimen en el aporte del Estado total de US$ 5.637 en términos promedio anual, representa: Pensiones 71% (US $4.002 millones promedio anual); Enfermedad Común 18,2%; PASIS 5,3%; Asignación Familiar 2,9%; SUF 1.3%; Indemnización 1,1% y Cesantía 0,2%.
El aporte del Estado al régimen de pensiones aumentó en 1,83% promedio anual entre 2000-2002, lo que representa US$ 4,002 millones promedio anual.
Aporte del Estado al Régimen de Pensiones de capitalización individual, al cierre de 2002
El aporte del Estado al Régimen de Pensiones de Capitalización Individual que incluye el Bono de Reconocimiento y el pago de Pensiones Mínimas, representó el 1,1% del PIB en promedio para el periodo 2000-2002 (US$ 850 millones). Según estimaciones, dicho egreso equivaldrá al 3% del PIB en el año 2015, considerando un crecimiento entre un 5 y 6% anual.
El aporte del Estado al Bono de Reconocimiento aumentó en 8,25% promedio anual para el periodo 2000-2002, en tanto que, el aporte al pago de Pensiones Mínimas aumentó en 17,24% promedio anual.
II. 3 Subsecretaria de Previsión Social
Presentación: Instituto de Normalización Previsional
Tema: Seguridad Social en Chile: el Sistema Antiguo5
La exposición estuvo a cargo del Instituto de Normalización Previsional, con los siguientes temas: 1) Primeras entidades previsionales; 2) Sistema previsional antiguo; 3) Reforma provisional y 4) Misión del Instituto de Normalización Previsional.
1. Primeras entidades previsionales
El sistema antiguo estaba constituido por la existencia de una multiplicidad de Cajas de Previsión de tres sectores: el sector obrero (Servicio de Seguro Social), sector particular (Caja Empart, CCU, Gildemeister, Hochschild, Salitre, Hípica, CBP, Caprebech, Gasco) y sector público (Emos Empleados, Emos Obreros, Ferrocarriles, Canaempu Público, Canaempu Periodista, Municipales de Santiago, Municipales Empleados, Municipales Obreros, Triomar, Capremer, Camuval).
2. Sistema previsional antiguo
Características, riesgos protegidos y beneficio
Afiliación: obligatoria según categorías de ocupación.
Normativa: diversa y compleja.
Sistema financiero: de reparto.
Administración: descentralizada a través de entidades denominadas Cajas de Previsión.
Fiscalización: Superintendencia de Seguridad Social.
Riesgos protegidos: enfermedad, invalidez, vejez, muerte, cesantía, cargas familiares.
Beneficios: pensiones (jubilación, montepíos, viudez, orfandad); indemnizaciones, desahucios, asignaciones familiares, subsidios por cesantía, enfermedad, accidente, asignación por muerte, préstamos para vivienda, recreación, programas de servicios sociales.
3. Reforma previsional
1979: Decreto de Ley Nº 2.448, establece el fin de pensiones prematuras y homologación de la edad de vejez.
1980: DL Nº 3.500, crea el nuevo Sistema de Pensiones de Capitalización Individual.
1980: DL Nº 3.501, las cotizaciones previsionales pasan a ser todas del empleado.
1980: DL Nº 3.502, crea el Instituto de Normalización Previsional.
1983: Se cierra el ingreso a Cajas de Previsión.
1988: Fusión de Cajas de Previsión en el Instituto de Normalización Previsional.
4. Misión del Instituto de Normalización Previsional
Participar activa e integralmente en el Sistema de Seguridad Social para contribuir a un desarrollo con equidad, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores a lo largo de su ciclo laboral, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad y en situación de pobreza extrema. Desarrollando procesos internos impecables, con un avanzado componente tecnológico y con altos estándares en la calidad de atención, eficiencia y seguridad.
Áreas de negocio: previsión, prevención, protección, recaudación y pago.
Bono de reconocimiento: traspaso de fondos provisionales por cambio de imponentes al nuevo sistema
El DL 3.5000 establece que el reconocimiento de los periodos cotizados en el antiguo sistema, serán traspasados para las personas que opten por el nuevo régimen mediante un bono de reconocimiento.
Definición: El Bono de Reconocimiento es un instrumento expresado en dinero, representativo de los períodos de cotizaciones que registren en las instituciones del sistema antiguo o de reparto los imponentes que se incorporan al nuevo sistema de pensiones de capitalización individual.
Valor: monto reajustable de acuerdo al IPC, y devenga un interés del 4%, capitalizable anualmente y cuenta con garantía del Estado.
Exigibilidad: sólo puede hacerse efectivo cuando el afiliado cumpla la edad necesaria para pensionarse por vejez, cuando fallezca o cuando se invalide.
Transabilidad: los afiliados que se pensionen anticipadamente por vejez pueden transferir sus bonos, por endoso, a la compañía de seguros en la que contraten una renta vitalicia o mandatar a su AFP para que transe el bono en la Bolsa de Comercio. La transferencia anticipada del bono supone para el afiliado obtener un valor inferior al expresado en él.
Según estimaciones con datos de abril de 2004, para el periodo 2004-2032 el mayor número de bonos de reconocimiento por liquidar por causal de vejez será en el año 2017 (50.232), en tanto que, el gasto mayor se observará en el año 2010 (US$ 1.221 millones), en cuyo caso no se considera el costo por las causales de invalidez y sobrevivencia (sólo vejez). El gasto proyectado del Bono de Reconocimiento para 2005 en millones de dólares es de US$ 1.235, que representa 28% del presupuesto total del Instituto de Normalización Previsional (US$ 4.438 millones).
II.4 Subsecretaria de Previsión Social
Presentación: Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones
Tema: El Sistema Chileno de Pensiones6
La exposición estuvo a cargo de Solange Berstein, Jefa de la División de Estudios de la Superintendencia de AFP, con seis temas: 1) Dimensión de los fondos de pensiones; 2) Inversiones; 3) Comisiones, 4) Cobertura; 5) Evaluación de futuros beneficios y 6) Comparación con el sistema antiguo.
1. Dimensión de los Fondos de Pensiones
Los recursos acumulados al mes de abril de 2005 en el sistema de pensiones de capitalización individual ascendieron a 60 mil millones de dórales que representan 60% del PIB. Se estima que para el año 2016 ese porcentaje rondará entre el 70 y 75%, considerando una tasa rendimiento del 6% anual. Según estimaciones, el sistema llega a su madurez en el año 2010 a partir del cual se observará una tendencia decreciente, la acumulación de fondos empieza a decrecer alrededor de los 40 años, es decir, en ese momento la mayoría de la población que este afiliada será joven, 39 años el promedio.
Se apuntó que existe una preocupación por parte de las autoridades porque se observa una alta concentración de los fondos administrados en pocos participantes, que se desearía que hubiesen más participantes en el mercado, por lo que se están estudiando reformas pendientes para descentralizar las funciones y eliminar barreras a la entrada de nuevas administradoras. En estos momentos más que hacer cambios profundos, cambios radicales a la legislación, se está buscando avanzar como autoridad a dar incentivos para que se descentralicen algunas actividades como la recaudación; se proponen, asimismo, bajar las economías de escala haciendo que los participantes más pequeños les eficiente participar y les sea posible competir en el mercado.
2. Inversiones y rentabilidad
La rentabilidad histórica real anual es de 10.2 % para el periodo 1982-2005, neto de comisiones de 9.4 por ciento.
La regulación de las inversiones considera: i) instrumentos elegibles establecidos por ley; ii) clasificación de riesgo; iii) límites de inversión; iv) mercados autorizados; v) custodia de títulos; vi) regulación de conflictos de intereses; vii) rentabilidad mínima; viii) valorización de los instrumentos e ix) inversiones en el exterior.
i) Instrumentos elegibles establecidos por Ley. Cinco años después del inicio del sistema (1981) se permitió invertir en acciones. Por otra parte, actualmente se invierte entre 27 y 30% en inversión extranjera.
ii) Clasificación de riesgos. En el año 2002 se implementó el multifondo con cinco fondos de pensiones que responden a una composición distinta de carteras o portafolios. Cuando el afiliado no escoge un portafolio determinado se le asigna un fondo en particular, a la gente más joven se le asigna un fondo más riesgoso y en la medida en que va aumentando la edad se le va cambiando a fondos más seguros pensando en que tenga una mayor estabilidad para que el fondo de su pensión no fluctúe tan fuertemente con el desempeño del mercado financiero. Con ello el riesgo pasa a ser controlado, sin embargo, consideran que la forma de controlar el riesgo no es la más apropiada hasta ahora y hacia el futuro porque la rentabilidad es clave en la determinación de la pensión futura en un régimen de capitalización individual. En la medida en que se tenga mayor rentabilidad, las pensiones se impactan fuertemente. Por ello, todo lo que se tenga que hacer para que esas rentabilidades se alcancen es muy importante y esto a futuro es un desafío, porque es muy probable que el pasado no se vuelva repetir con una rentabilidad de 10.2% anual porque había oportunidades de inversión que no se van a repetir en el futuro
iii) Límites de inversión. Regulación actual de las inversiones:
Tipos de límites
Límites por instrumentos
Límites por grupo de instrumentos
Límites por emisor
Límites por grupo de emisores (grupos económicos)
Límites por emisores relacionados
Existen 94 límites distintos por tipo de fondo, más los coeficientes y factores.
Se trata de una compleja regulación que tiene varios costos: pérdida de eficiencia en el manejo de los recursos que se administran; mayor dificultad para adecuarse a los cambios del mercado y la economía; costos de diversificación y, por lo tanto, maximización de rentabilidades,7 además la estructura de límites de inversión presenta inconsistencias, y se aprecian límites que no resultan eficaces, es decir, no son restrictivos.
Por lo que, primero, se tiene que avanzar hacia una estructura de límites más flexible, segundo, se tiene que medir el riesgo de las pensiones y, tercero, que las Administradoras de Fondos de Pensiones se responsabilicen de sus políticas especificas, de sus decisiones de inversión.
iv) Mercados autorizados. No se permite transar entre el mismo banco, las bolsas tienen que ser autorizadas por la banca central.
v) Custodia de títulos. Es un depósito central de valores.
vi) Regulación de los conflictos de intereses. Sobre el tema existe todo un capítulo en el DL 3.500
Es importante que las AFP tomen decisiones de inversión de acuerdo con las necesidades de retorno y riesgo. Desde la óptica de la Superintendencia, es muy arriesgado si a las administradoras se les pone a priori en el desarrollo de determinado sector, porque en el fondo el objetivo de las administradoras de fondos es asegurar una pensión a sus afiliados, y eso como consecuencia automáticamente está generando desarrollo financiero y va a desarrollar a aquellos sectores que sean más rentables. Las políticas de inversión deben ser pensadas para lograr la mejor combinación de rentabilidad y riesgo, no para el crecimiento del país porque se puede jugar algo peligroso con el dinero de los futuros pensionados.
3. Comisiones
El DL 3.500 autoriza el cobro de comisión fija, sobre un porcentaje de la remuneración imponible o una combinación de ambas, y no se autoriza el cobro de comisión sino se cotiza. No existe regulación sobre precios. En promedio las AFP cobran el 20% de la remuneración imponible misma que asciende a: 12.4 %, de la cual 10% corresponde a la prima de Vejez y 2.4% a la prima de Invalidez y Sobrevivencia.
En el año de 1997 sucedió un episodio conocido como "guerra comercial" entre las administradoras, hubo una fuerte competencia comercial, no obstante, en lugar de que bajaran los precios éstos observaron un crecimiento (por los costos implicados para regalos para atraer a los clientes). Por ello, se requiere bajar las economías de escala para agregar nuevos competidores y promover mayor competencia en la industria.
El sistema chileno es caro porque la rentabilidad de las administradoras es alta, más alta que la de las instituciones financieras, ello da la idea de que podría haber más competitividad en este mercado, reflejándose en mejores precios. Un problema es que el trabajador que no elige AFP, la empresa lo registra en la AFP que tenga más gente inscrita y no necesariamente en la más barata.
4. Cobertura
Comparado con el resto de países latinoamericanos, Chile registra una relación de cotizantes/activos en las AFP de las más altas en el sistema de capitalización individual, sin embargo, existe un problema de cobertura.
La cobertura medida, por un lado, como Cotizantes AFP/Fuerza de Trabajo Ocupada y, por otro lado, como Cotizantes/PEA (15-65 años), ha crecido marginalmente pero aún es baja. Lo que implica un riesgo, que puede derivar en que un 30% de la PEA no tendrá pensión alguna o que muchos tendrán pensión pero serán bajas.
El tiempo que los trabajadores están obligados a cotizar (20 años) no coincide con las densidades (de cotizaciones) observadas, según estimaciones con base en la Encuesta de Protección Social 2002, el comportamiento de la Vida Potencialmente Activa refleja lo siguiente: en el caso de los hombres, los trabajadores con contrato registran un 60% del tiempo potencial que efectivamente estuvieron cotizando.
Habrá gente que tendrá una pensión inferior a la mínima, que va a registrar poca cotización y por lo tanto al final de su vida activa no va a tener una pensión suficiente, pero además no tendrá derecho a garantía estatal, en su caso, serán candidatos a pensiones asistenciales siempre y cuando sean pobres. Otro caso, existe un porcentaje de personas que está en el sistema, que alguna vez cotizó o que tiene pocas cotizaciones, por lo tanto no tendrá derecho a una pensión en este sistema. Menos del 10% de las personas (7%) tienen derecho a pensión mínima, lo que significa que contribuyó por 20 años pero dado que su salario no fue suficientemente alto termina su vida activa sin una pensión equivalente a la mínima, por lo que requerirá del aporte del Estado para alcanzar la mínima que en este momento es de 130 dólares mensuales. En este caso la situación no sería muy grave si es que se obtuvo una rentabilidad real anual de 10.2%, porque ahora los que tengan 20 años cotizando se autofinanciaran una pensión equivalente a la mínima. La pensión mínima en el fondo es una garantía de rentabilidad para las personas que están en este sistema, si la rentabilidad es muy mala y el trabajador registra 20 años de cotizaciones el Estado le garantiza la pensión. Finalmente el sistema está sujeto a la variabilidad del mercado laboral y esto no depende del modelo de seguridad social sino de las condiciones del país.
Otra particularidad que tiene la pensión mínima, y es importante rescatar al hablar de gasto, es que después de 20 años si los fondos son suficientes el trabajador financia íntegramente con su fondo su pensión hasta que dicho fondo se agote, pero después entra la garantía estatal. Por lo tanto, si se miden las historias y se advierte los fondos acumulables de la gente que va a tener acceso a la garantía estatal, esa gente esta financiando un buen número de años, o sea, la gente que contribuye por 20 años en promedio se autofinancia 11 años; en el caso de los hombres (65 años de edad para jubilarse), dada su expectativa de vida, se estaría autofinanciando más de la mitad de lo que se espera que ellos vivan y la otra mitad la financia la garantía estatal. El caso de las mujeres es más dramático porque cotizan menos y se jubilan 5 años antes (60 años de edad), en promedio financian 11 años pero su expectativa de vida es más alta, por lo tanto, si el hombre tiene una sobre vida después de pensionado de 18 años y la mujer de 28 años, obviamente su fondo no va a financiar 28 años y el Estado tendrá que pagar la garantía mínima por un mayor número de años.
5. Evaluación de futuros beneficios
Factores que afectan las pensiones hoy: i) los bonos de reconocimiento están calculados sobre la base de bajos salarios y alto desempleo de la década de los setenta, a esto se le conoce como "daño previsional" que el gobierno está pensando mejorar; ii) la subcotización a los empleados públicos durante los años ochenta disminuyó su saldo acumulado, y iii) el alto desempleo durante la década de los ochenta impidió que muchos trabajadores gozaran de las altas tasas de rentabilidad del sistema observadas en esos años.
6. Comparación con el sistema antiguo
Hacer una comparación con el sistema de pensiones antiguo no es fácil por las distintas tasas de cotización, los requisitos para obtener pensión y las distintas formulas de cálculo de los beneficios. Una diferencia sustancial es que en el sistema antiguo aportaban los trabajadores y los empleadores, con la reforma previsional la contribución del trabajador para vejez se ubica en 10% de su ingreso imponible y sin aporte del empleador. En términos de los requisitos, para obtener una pensión se exigían 65 años igual que en el sistema actual, pero en anterior había pensiones por antigüedad. En el antiguo régimen, una persona que tuviera menos de 800 semanas de cotización en el caso de los hombres y de 520 en el caso de las mujeres, no tenía derecho a pensión mínima garantizada.
Lunes 30 de mayo de 2005
III. Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Los representantes de la CUT en su intervención señalaron que el sistema de AFP es un fraude, porque fue concebido en una época de dictadura militar y fue impuesto a los trabajadores, a quienes no se les dio la posibilidad de decidir el cambio o la continuación del sistema anterior. A partir de mayo de 1981 ningún trabajador ha podido optar, todo ha sido impuesto. Es un sistema impositivo dictatorial, tanto que los trabajadores no tienen la posibilidad de vigilar lo que pasa con su dinero, les cobran altas comisiones por administrar sus fondos, y el empleador no aporta nada toda la carga es para el trabajador.
En relación a la reforma laboral, la CUT reconoció que hubo discusión en el Parlamento y se lograron avances importantes, mayores libertades sindicales, mayor libertad de organización, pero eso fue a costa del sacrificio de no tener negociación directa con la empresa ni tener derecho a huelga. Señalaron la posibilidad de que este año entre un proyecto de reforma al sistema de pensiones, pero sostienen que la derecha va a operar en función de que pasen aquellas cuestiones que afecten de manera importante al sistema. Para la Central, la diferencia con México es enorme porque se tiene un sistema pluripartidista, lo cual no ocurre en Chile con existencia de coaliciones, en México se ha hecho la reforma previsional y se sigue trabajando en ello en el marco de un Estado democrático. En Chile el problema es que se impuso la reforma y no hubo ninguna posibilidad de oponerse, ni de revisar experiencias internacionales, se vivió un periodo en el cual la previsión era tripartita, pero en 1981 en adelante son los trabajadores los únicos que realizan aportes provisionales. Pero lo que es aún peor, los patrones retienen el descuento de la remuneración pero no la enteran al sistema, lo cual es un robo para el trabajador, por esto uno de los cambios que se están impulsando es que se pueda demandar al empleador, las normas laborales en Chile se violan todos los días porque no hay fiscalizadores.
Por otra parte, manifestaron que para que el Estado pueda abrir espacios de empleo tiene que hacerlo con la autorización del Parlamento, pero la derecha se opone porque desde su visión el motor de la economía chilena es el sector privado, no el Estado. En ese marco, los chilenos pasaron por la política de los péndulos, o sea, antes todo lo manejaba el Estado y ahora todo lo maneja el sector privado, y lo hacen de acuerdo con la competencia; se trata de una economía de mercado que compite con el hambre de la gente porque la gran mayoría gana un salario mínimo, y en el sector público se le explota porque no se le paga seguridad social al ser contratado por honorarios en un cargo permanente. En Chile, advirtieron, hay una deuda de la democracia y es que no se ha mejorado en nada, la diferencia es que la "gente que nace pobre muere pobre". La propuesta de la Central es que si se logró ganarle a la dictadura, pueden ganarle al sistema para tornarlo democrático. Señalaron que lo que existe es un Estado exclusivamente subsidiario, es decir, cuando el sector privado no ve rentabilidad en algo entonces tiene que hacerlo obligatoriamente el Estado. En cambio desde su visión, el Estado chileno debe ser un Estado permanente, por lo tanto debe ser un Estado que debe preocuparse no sólo por las generaciones actuales sino por las generaciones futuras, esa es su visión como trabajadores, como dirigentes sindicales.
El sistema anteriormente recibía aporte patronal, bajo el nuevo sólo aporta el trabajador, lo que evidentemente lleva a que los salarios más bajos tengan poca posibilidad de tener un fondo importante al término de su vida laboral, la gente que gana un salario mínimo durante toda su vida va a tener una pensión difícil, o bien, no va acumular los recursos necesarios para ello. El sistema de pensiones de capitalización individual tiene hoy día en problemas al Estado, porque muchas personas que se están pensionando no están alcanzando la pensión mínima, por lo cual el Estado tiene que aportar la garantía estatal.
Se calcula que en 10 años va a salir el grueso de la gente del nuevo sistema, debido al "daño previsional" que se les ocasionó a los trabajadores sobre todo a los trabajadores públicos, se está discutiendo una iniciativa para paliar ese "daño previsional". El sistema de pensiones privado se vendió afirmando que el trabajador iba a cotizar menos, que las pensiones iban a ser mejores, que los fondos previsionales se iban a invertir en el crecimiento económico, que lo que dejaran de cotizar los empleadores se traduciría en más empleo y que el gobierno iba a gastar menos.
Los trabajadores no tienen participación en los directorios de las AFP, la industria está cada vez más concentrada, muchas administradoras se han fusionado para hacer más peso en el sistema provisional y lo que partió como diversificado ahora se encuentra concentrado principalmente en inversionistas extranjeros.
De acuerdo con la CUT, este sistema no cumplió con su mayor expectativa que era mejorar las pensiones y ofrecer una vida más digna para los trabajadores, por el contrario salen con pensiones muy bajas y, por ejemplo, en el sector público los trabajadores prefieren quedarse porque no es obligatorio retirarse del empleo, esperando mejores condiciones hasta que se emita un posible acuerdo con el Estado referente a una compensación por el "daño provisional" que se les generó en los años 80 (subestimación de los bonos de reconocimiento recibidos). Por otra parte la CUT advirtió que el Sistema de Salud chileno es aún peor que el sistema provisional, sobre todo para las mujeres. Se tiene un sistema en que el trabajador debe elegir entre el esquema público FONASA (Fondo Nacional de Salud) o el esquema privado ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional). En Chile se tiene la salud que se puede pagar. En el caso de las ISAPRES, funciona como libre mercado, el trabajador elige cotizar en el plan que le interesa, por supuesto, es un sistema al cual accede la gente que tiene una buena remuneración y hasta hace poco este sistema recibe un subsidio público. En el caso de las mujeres el tema es muy grave, sus planes son muy caros porque tienen que financiar su parto ("derecho de maternidad" o "derecho de útero") y la atención del niño, lo que se traduce en una cotización superior a las de los hombres.
La CUT señala que ha denunciado con mucha fuerza la discriminación de este sistema chileno, en el que las mujeres son doblemente discriminadas, aportan 5 años menos (jubilan a los 55 años de edad y los hombres a los 60 años) y sus salarios son 30% menores en el mismo puesto, lo que en un sistema de capitalización individual significa que tendrán menores saldos en sus cuentas al momento de su retiro para financiar una mayor expectativa de vida, por ello, en el futuro la mayoría de las mujeres serán pobres.
En general, cotizar por la renta mínima (pensión mínima) no se va a cumplir. Se ofreció que la tasa de reemplazo sería entre 70% y 80% y hoy ésta se ubica por debajo del 40 por ciento de la renta de los trabajadores. La otra promesa fue que los empleadores al dejar de cotizar crearían más empleo, lo cual no se ha verificado porque en el año 83 se llegó a una tasa de desempleo del 30 por ciento. Se dijo que el gobierno gastaría menos porque no tendría que subsidiar pensiones y que ahorraría más, al respecto un estudio de Alberto Arenas demuestra que gasta más por el pago de las pensiones mínimas y del bono de reconocimiento Por ello está en el centro de la discusión hacer reformas profundas y no solo de maquillaje, trasformarlo en un sistema de seguridad social y si es social quiere decir que no sólo se base en el ahorro obligatorio del trabajador sino que haya una aporte del empleador, porque el Estado ya contribuye subsidiando a todos los trabajadores que no alcanzan a conseguir rentas mínimas. La comisión en el sistema de AFP es muy regresiva porque es una tasa fija y para las cuentas bajas es muy alta en proporción al sueldo. Esto es algo que se está discutiendo mucho pero aún no existe la intencionalidad de corregirlo.
Observamos, señaló la CUT, que varios países envían misiones a Chile para conocer las "bondades" del sistema chileno, y si se mira solamente como cifras económicas el negocio es muy bueno el dinero lo administran agentes externos donde los trabajadores no tienen ninguna participación en los directorios de las administradoras. La Central advierte que si bien es cierto que los sistemas de reparto tienen problemas, es nefasto transitar hacia un sistema de capitalización individual puro como único pilar.
La CUT manifestó que los sistemas de reparto están en crisis, pero hay un tema más de fondo ¿cómo asegurar una pensión justa, ya no digna? En el año 1980 esta reforma tiene su fundamento en una concepción de Estado distinta, antes pensábamos cómo reformar para asegurar una pensión justa a los trabajadores, defendiendo los derechos, a principios de los 80 se produce una reforma del Estado chileno que establece que no debe haber más un Estado de bienestar, un Estado asegurador de los derechos sino un Estado subsidiario, entendiéndose que es el propio trabajador quien tiene que capitalizar su pensión, ya no como un derecho que le asegura el Estado y ello fundamentó el establecimiento de un sistema enteramente privado e individual. En Chile no existe previsión mixta, sólo pensión privada y lo que existe de reparto solidario es lo que quedó del anterior sistema para quienes optaron quedarse.
Las promesas que se establecieron con el nuevo sistema de pensiones no se cumplieron: no hay más ahorro del gobierno, las pensiones no son mejores y no creció el empleo. Por ello, la CUT ha presentado una demanda contra las AFP por la publicidad engañosa. Los Tribunales tendrán que fallar.
El Presidente Ricardo Lagos reconoce que el sistema provisional chileno está colapsado que debe haber una reforma profunda al sistema actual, pero las lógicas de esta discusión deben ser políticas y de Estado, porque se insiste en la necesidad de un pilar solidario y de reparto dentro del sistema provisional, no se está demandando que se cierren los fondos privados sino que estos existan para quien quiera acceder a él. La Central Unitaria de Trabajadores demanda una reforma profunda al sistema de pensiones con las siguientes características:
Un sistema mixto de capitalización y solidario en los beneficios.
Con cobertura universal.
Con pensiones suficientes.
Con menor gasto para el Estado.
Una reforma al sistema de pensiones que signifique:
Participación de los trabajadores en las decisiones de inversión de sus fondos.
Pilar solidario: que el Estado juegue un rol preponderante en la obtención de una pensión con un mínimo suficiente.
Sistema Mixto: capitalización y solidario al momento del beneficio.
Que exista una aportación patronal.
Multar al patrón cuando no entere lo retenido.
Regular los porcentajes de inversión interna y externa.
Una Administradora de Fondos de Pensiones estatal.
En su intervención el diputado Miguel Ángel Llera Bello (PAN) pregunto ¿si existe alguna penalización a las AFP por pérdidas? En su repuesta los representantes de la CUT, señalaron que a la fecha existe una deuda previsional de 600 millones de dólares, debido a que se permite que el empleador retenga las cotizaciones de los trabajadores, pero el hecho es que retiene pero no entrega. El sistema de AFP es un fraude, se impuso en una dictadura, a partir de 1981 ningún trabajador podía optar. Los trabajadores no vigilan como se administran sus fondos. Por ello la CUT se ha planteado la "reforma de la reforma". El Presidente Lagos señaló que estaba de acuerdo, pero el tema es ¿cómo lograr una mayoría parlamentaria para esto? Hay una deuda de la democracia chilena: la discusión central es ¿qué Estado queremos? Esta es la visión de la CUT y es una visión plural de su directorio.
Martes 31 de mayo de 2005
VI. Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
Presentación: Andras Uthoff, Jefe de la Unidad de Estudios Especiales
Tema: Opiniones sobre el Modelo Chileno de Pensiones
La reunión se desarrolló a partir de una serie de intercambios entre Andras Uthoff, Jefe de la Unidad de Estudios Especiales de CEPAL y la delegación de diputados mexicanos, así como de una breve intervención de Alicia Bárcena, Secretaría Ejecutiva Adjunta de la CEPAL.
Andras Uthoff, señaló inicialmente que el modelo chileno de pensiones no se ajusta a las condiciones del mercado laboral, pero esto tampoco se daba con el modelo anterior. Frente a ello, el diputado Lucio Galileo Lastra Marín Lastra (PAN) preguntó ¿si la solución está dentro de la seguridad social? De acuerdo con Uthoff dada la estructura de los mercados de trabajo en América Latina, es necesario pensar en un modelo con un componente contributivo y un componente de alivio a la pobreza, preguntarse ¿a quienes en el mercado de trabajo se quiere cubrir, y a qué otros sectores avanzar? La pregunta de cómo formalizamos el empleo informal, no está resuelta en la mayoría de los países. ¿Qué pasa?, se dice que este sistema tiene que ahorrar para la vejez, que se tienen otros gastos, pero que ese ahorro no se debe tocar. Ahí está el conflicto, para estas personas que requieren liquidez ("conflicto de liquidez"). Se está pensando en una reforma de la reforma.
El diputado Alfonso Rodríguez (PRI) señaló que el problema que se presenta a los gobiernos al hacer una reforma es su costo, y preguntó ¿qué efectos sociales y políticos han afrontado? Andras Uthoff señala una primera lección, en el sistema de reparto el fondo de reserva era para pensiones, pero los fondos se usaron mal, es lo que en la literatura se llama el "riesgo político", y en el nuevo sistema el dinero esta bien resguardado, pero en Argentina la crisis de 2001 afectó al fondo.
Si se toma la decisión de reformar se enfrenta una deuda con otra deuda, lo que implica una decisión política. Por otro lado, ¿existen alternativas de endeudarse con el fondo de pensiones? ¿qué ha pasado?. En Chile el nuevo sistema de pensiones ha desarrollado su mercado de capitales, en sus portafolios las AFP tienen papel del Banco Central. En Bolivia los derechos de los trabajadores son altos (beneficios), se están gastando el 8% del PIB. En Chile el costo de la reforma es alto, por lo que tiene que ajustar su presupuesto.
¿Qué alternativas ha habido? En Argentina se están planteando un Modelo Mixto de tres pilares: reparto, capitalización individual y ahorro voluntario. En Brasil en el sistema antiguo existe un problema vinculado a la subdeclaración de ingreso en toda la carrera contributiva y en los últimos años declaraban ingresos altos, por ello se han propuesto avanzar hacia un Modelo Nocional, es decir, ordenar el sistema de reparto definiendo los beneficios en función de las contribuciones (caso similar a países como Suecia, Italia y Alemania). El concepto Nocional está relacionado con la pregunta ¿cómo se van a capitalizar los aportes?, el criterio es aplicando la disciplina de las cuentas individuales.
En su intervención Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva Adjunta de CEPAL, señala la importancia del Poder Legislativo en la toma de decisiones. La pregunta central es que se plantean es ¿cómo puede acompañar el desarrollo económico la política macroeconómica? En la CEPAL están centrados en cinco grandes temas: la estabilidad macroeconómica, el tema social, el desarrollo sostenible, el comercio y la integración sostenible, y la migración.
La estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica dejó de ser un asunto de un partido, hoy es considerado como un "bien público". ¿Qué tipo de coordinación debe hacer entre países que se están asociando?
El tema social. Tiene que ver con cohesión social y protección social. Deben evaluarse las debilidades y fortalezas de la política social. Hay más problemas en la política social que en la política macroeconómica, porque hay menos continuidad y su financiamiento es más inestable. ¿A quien beneficia el gasto social?, cuando se observa que una buena parte se va a seguridad social, es decir, se cubre al que está en el sector formal. El modelo chileno no es un éxito, deben mirarse también las base políticas. El corazón de la política económica debe ser la política social.
Desarrollo sostenible. Un desarrollo más equitativo y más justo, para ir de una política extractiva a una que agregue al capital natural: construir capital social.
Comercio e integración hemisférica. La CEPAL sostiene que puede ayudar a administrar los tratados. En la parte comercial se está tratando de bajar aranceles y subsidios a los productos agrícolas.
En su intervención el diputado Miguel Alonso Raya (PRD), solicita la cooperación del organismo para colocar el tema en el Parlatino, en una visión conjunta, es decir, "el pacto fiscal con previsión social".
Ante la interrogante de ¿qué se puede rescatar?, Andras Uthoff señala al menos tres orientaciones:
Avanzar hacia un modelo de cuentas definidas pero no bajo capitalización individual, pueden ser en forma actuarial.
Cualquier fondo de reserva se debe proteger.
Cómo incluir financiamiento solidario.
Al respecto el diputado Lastra Marín (PAN) señala ¿cómo se puede blindar este modelo ante la transición demográfica? Uthoff advierte que con aumentos en la productividad, incrementando la masa de cotización de los asalariados e introduciendo cambios paramétricos. Avanzar hacia un Modelo Nocional, es decir, un sistema de pensiones de reparto con contribución definida, porque la reforma, su transición, terminó favoreciendo a los que no son pobres.
Uthoff plantea que reformas paramétricas también están presente en el sistema de capitalización individual, cuando las compañías de seguros venden distintos periodos de rentas vitalicias por los cambios en la esperanza de vida.
Concluyó señalando la importancia de pensar en cuatro componentes en la agenda del tema:
Qué institucionalidad vamos a crear.
Solidaridad definida por el establecimiento de la pensión asistencial.
Contribución definida.
Ajustes paramétricos.
V. Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones, AG
Presentación: Fernando Ávila Soto, Gerente de Operaciones
Tema: Opiniones del Modelo Chileno de Pensiones8
La presentación a cargo del Sr. Fernando Ávila, Gerente de Operaciones de la Asociación de AFP, se desarrollo con la siguiente agenda: 1) Principales características del sistema; 2) Últimos perfeccionamientos y 3) Desafíos.
1. Principales características del Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones
Libertad de elección.
La libertad de elección se ejerce en la elección y cambio de AFP; en la elección de multifondos; cuánto cotizar y cuándo y cómo jubilar.
Separación patrimonal. La ley obliga a la separación del patrimonio de la AFP y del Fondo de Pensiones que administra.
Rol del Estado. El Estado define el marco regulatorio, de control y garantiza un subsidiario en el primer pilar (pensión mínima).
Beneficios. Los beneficios son vejez, invalidez y sobrevivencia; para jubilar se ofrece más de una alternativa, en los extremos está el retiro programado que se contrata con la AFP y la renta vitalicia que se contrata con una compañía de seguros, o bien se puede hacer una combinación de ambas alternativas.
Comisiones. Se permite el cobro de comisiones por flujo y fija sobre saldo, la ley prohíbe el cobro de comisiones por cuenta inactiva. El costo mensual para un cotizante promedio es de 2.26% (0.90% comisión sobre el seguro de Invalidez y sobrevivencia, 1.36% comisión sobre el seguro de vejez y 0.16% comisión fija). Dicha coste de administración representaba en 1982 el 4.87 por ciento.
Los trabajadores pueden escoger un multifondo (antes los ahorro se invertían en un sólo fondo). La gente más joven tiende a invertir mucho más en renta variable. Se crearon 5 multifondos, el trabajador puede escoger en cada AFP entre 5 multifondos por seis AFP existentes, existen 30 diferentes fondos.
La ley da facilidades para que los trabajadores ahorren por encima del 10% obligatorio, a través de ahorro previsional voluntario (APV).
Como edad referencial las mujeres pueden jubilar a los 60 años de edad y los hombres a los 65 años. Como cambio relevante, es compatible ser jubilado y continuar trabajando.
Se ha encontrado una correlación directa entre periodos de caída del empleo y jubilación anticipada, porque una persona de 45 años que queda desempleada busca ingresos.
Al cierre de 2004, 7.1 millones de trabajadores se encontraban afiliados a las AFP, de los cuales 3.6 millones eran cotizantes.
Por sectores los fondos se encuentran invertidos en: eléctrico (5,1%); telecomunicaciones (2,0%), sanitario (0,7%); recursos naturales (5,2%); Inmobiliario (7,3%); infraestructura (2,3%); servicios (2,8%); fondos de inversión (3,0%); financiero (22,8%); extranjero (27,2%); estatal (18,7%) e industrias varias (2,7%).
Los límites de inversión en el extranjero pasaron inicialmente de 10%, a 15% y hoy se puede invertir hasta el 30% . Los fondos acumulados a diciembre de 2004 ascienden a 60.798,51 millones de dólares.
Para el mismo periodo, como porcentaje del Fondo de Pensiones las inversiones están dirigidas a: Estado (18,67%); Bancario (29,68%); Extranjero (27,24%) y Empresas (24.41%).
La rentabilidad anual acumulada como promedio anual (1981-dic. 2004) se ubico en 10,24 por ciento.
2. Últimos perfeccionamientos
Multifondos
Desde agosto de 2002 las AFP ofrecen cinco opciones de Fondos de Pensiones para invertir el ahorro previsional, lo que se conoce como Multifondos. Sus objetivos son dar una mayor flexibilidad y participación a los afiliados en la construcción de sus pensiones, y permitirles contar con más opciones para invertir sus ahorros previsionales, y así mejorar el monto de sus pensiones futuras. Los afiliados pueden optar libremente entre los cinco multifondos a excepción de: afiliados hombres y mujeres que les falten 10 años para pensionarse no podrán elegir el fondo A (máximo 80% en renta variable), y afiliados pensionados no podrán optar por fondos A y B (máximo 80% y 60% en renta variable, respectivamente).
Características
Cada trabajador podrá traspasarse libremente entre los Fondos, hasta dos veces al año sin costo;
La estructura y valor de las comisiones es igual para todos los tipos de Fondos de una misma AFP;
Se permiten que las AFP y los afiliados suscriban contratos para asignar recursos entre dos Fondos y acordar traspasos futuros de fondos, y
El tipo de Fondo seleccionado en cada cuenta del afiliado puede ser el mismo o distinto (cuenta de capitalización individual, cuenta de capitalización individual voluntaria, cuenta de ahorro voluntario, y depósitos convenidos).
Para elegir un fondo se considera la edad, preferencias personales, y otros ingresos.
Ahorro Previsional Voluntario (APV)
Busca estimular a las personas a aumentar su ahorro en la cuenta individual para incrementar el monto de su pensión, adelantar la edad de jubilación, y cubrir lagunas previsionales. A diciembre de 2004, las cotizaciones voluntarias ascendieron a US$ 566,31 millones. El APV se efectúa cotizando voluntariamente en la cuenta individual por sobre la cotización obligatoria (que asciende a 10% de la remuneración imponible y con un tope de 60 Unidades de Fomento, UF) en forma mensual o esporádica. Entre los últimos cambios están:
Permitir retirar el APV para fines distintos a los previsionales, pagando impuestos.
Autorización a los bancos, compañías de Seguros, administradoras de fondos mutuos, de inversión, de la vivienda y otras instituciones para administrar el APV y los depósitos convenidos.
Beneficio tributario del APV a trabajadores independientes.
Permitir retirar los depósitos convenidos como excedente de libre disposición.
Las cuentas de ahorro voluntario pueden permanecer en un Fondo distinto a aquel en que se encuentra la cuenta de capitalización individual, sin restricciones.
3. Desafíos
Para la Asociación de AFP los desafíos son:
i) Aumentar la cobertura: trabajadores independientes (con garantía de pensión mínima gradual).
ii) Masificar el aporte provisional voluntario (tercer pilar).
iii) Mejorar la cultura y responsabilidad previsional.
Más específicamente, el Sr. Fernando Ávila, plantea que el reto mayor es aumentar la cobertura de los trabajadores independientes, para ello proponen un esquema de pensiones graduales: hacia abajo y hacia arriba. Advierte que los requisitos para calificar a la Pensión Mínima son 20 años de cotizaciones, en tanto, que los trabajadores independientes aportarán sólo la tercera parte de su vida laboral por lo que no esta incentivado a entrar al sistema, por ello la Asociación propone una Pensión Mínima Gradual, para limpiar los desincentivos a los trabajadores independientes. A su vez proponen que por cada peso cotizado a la cuenta individual el gobierno aporte otra cantidad igual.
Buenos Aires, Argentina
Jueves 2 de junio de 2005
I. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Presentación: Dr. Alfredo H. Conte-Grand, Secretario de Seguridad Social
Recepción y saludo
Presidió la reunión de presentación de Alfredo Conte-Grand, Secretario de Seguridad Social y de Juan H. González Gaviola, Superintendente de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Alfredo Conte es autor del Libro Blanco, a partir del cual se instala el tema de la reforma del sistema provisional argentino, en su intervención describió el funcionamiento y características generales del Sistema Previsional de Argentina y la forma en cómo afectó la reforma previsional de 1994.
En la República de Argentina el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) cubre las siguientes contingencias:
Vejez, invalidez y muerte a través del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Ley Nº. 24.241);
Desempleo, a través del Seguro Nacional de Empleo (Ley Nº 24.103);
Cargas de familia a través del Sistema de Asignaciones Familiares (Ley Nº. 24.174);
Riesgos del trabajo y enfermedades profesionales, a través del Sistema de Riesgos del Trabajo (Ley Nº 24.557);
Enfermedad Ley Nº. 19.032 (Servicios médicos asistenciales de los jubilados y pensionados) y Ley Nº. 23.660 y Nº. 23.661 (Seguro Nacional de Salud).
Esta cobertura integral alcanza prácticamente a la totalidad de los trabajadores en relación de dependencia, en el caso de los trabajadores autónomos solo se encuentran comprendidos obligatoriamente en el subsistema previsional, es decir, tienen cobertura de vejez, invalidez y muerte.
Las contingencias de riesgos de vejez, invalidez y muerte se encuentran obligatoriamente comprendidas en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP-Ley Nº 24.241), que está compuesto por dos regímenes bien diferenciados:
Régimen Público de Reparto (RPR)
Administrado por el Estado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que es un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Seguridad Social. Es un régimen de reparto asistido, basado en el principio de solidaridad, que consiste en una fórmula mediante la cual se establecen los montos que necesita recaudar el sistema en función de las prestaciones que deban pagarse y de los gastos que ello demande. Las sumas recaudadas por el Estado entre los trabajadores y sus empleadores constituyen parte de los fondos para el pago de las diversas prestaciones, a los que se suma la financiación del Estado. La fórmula tiene en cuenta factores tales como: la cantidad de población activa y pasiva (tasa de sostenimiento) y el monto total de las remuneraciones abonadas, de las prestaciones por abonar y de los gastos que ello demande.
Régimen de Capitalización Individual (RCI)
A cargo de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que tienen por función administrar los aportes personales de los trabajadores afiliados a las mismas, acreditarlos en sus cuentas de capitalización individual (CCI), invertirlos de acuerdo a normas reglamentarias que establecen las pautas de admisibilidad y límites, y abonar los beneficios propios del régimen. Está regulado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP). Se financia mediante el mecanismo de capitalización individual, que consiste en la acumulación de los aportes del trabajador en actividad y el producto de las restas de estos aportes. Las prestaciones que otorga el RCI son: prestación básica universal; prestación compensatoria; prestación adicional por permanencia; jubilación ordinaria; jubilación por edad avanzada; retiro por invalidez, y pensión por fallecimiento del afiliado en actividad activo o jubilado.
Ambos regímenes cubren a la totalidad de los trabajadores en relación de dependencia o autónomos del país, con excepción de aquellos que pertenecen a la plantilla de los Estados provinciales o municipales, los profesionales afiliados a cajas previsionales específicas de la actividad en las provincias, el personal militar de las fuerzas armadas y de seguridad, el personal policial y los menores de 18 años.
Los trabajadores al incorporarse a la fuerza laboral tienen la opción de optar entre el RPR o el RCI. Si no ejercieran la opción, son asignados como afiliados a alguna de las AFJP habilitadas. Los trabajadores pueden optar libremente por cualquiera de las AFJP autorizadas y, cumpliendo con los requisitos de la ley, traspasarse a otra de su elección.
Al exponer la forma en cómo afectó la reforma previsional de 1994, e Dr. Conte-Grand señaló que se transitó de un régimen de reparto a un régimen mixto en el marco de una economía volcada en un proceso de privatizaciones, abierta y con paridad uno a uno, modelo que termino con la crisis de 2001. En ese momento el Ministro de Empleo actual, el Dr. Tomada, y el propio Conte-Grand estuvieron al frente del Plan de Emergencia, consistente en un subsidio al jefe de familia desocupada, cuyo cálculo a cubrir antes de la crisis era de 600 mil personas y en dos meses de la crisis se disparó a 2 millones 300 mil personas, con un subsidio de US$ 50 que tenían más poder de compra. En la crisis este programa amortiguó el reclamo social, ahora esto refiere a uno de los retos que tienen, que es salir de este gran subsidio social.
Los dos sistemas de jubilaciones y pensiones, público y privado, se empezaron a caer en pedazos con la crisis financiera de 2001. El público pagando prestaciones muy bajas, el año mismo de la crisis se logró regularizar los pagos. Por su parte las inversiones de las AFJP fueron más allá de la reglamentación, e invirtieron en el default. El 70% de los fondos de jubilaciones y pensiones están invertidos en títulos de gobierno, lo que no ha permitido mantener en equilibrio el sistema. La cartera de inversiones se ha convertido en un sistema de reparto, porque está diferida su cotización a 40 años.
El Subsecretario Conte-Grand fue contundente al señalar que se manejó mal el esquema de transición de la reforma provisional: el costo de transición se queda sin financiamiento para el pago de pensiones; el déficit se va hasta el año 2014, que se estimó en 60 mil millones de dólares, y se rebajaron los aportes patronales. Todo este déficit generó un endeudamiento muy grande, se llegaron a emitir papeles al 18%, las AFJP fueron las tomadoras de estos títulos. Se cambiaron todas estas tenencias de 12% a 4% deflactado al IPC. Además no se cumplieron las expectativas ofrecidas con la reforma:
No se generó más empleo.
El costo operativo del sistema en la práctica no ha bajado: las AFJP se quedan con el 40% del aporte del trabajador.
La competencia ha encarecido los precios, no ha generado los efectos benéficos de otros sectores.
El proyecto de ley contemplaba que la única diferencia de la AFJP pública es que debería tener una garantía de rentabilidad real (mínima). Se proponía que para incentivar el mercado debería haber una administradora con rendimiento real garantizado (devolviendo el fondo menos el gasto operativo), pero este artículo fue modificado.
Existe una desconfianza generalizada, la gran mayoría de la gente que está en el sistema de capitalización individual, es porque si no elige entre el RPR y el RCI se canaliza a una AFJP por sorteo. Por ello no hay nada de voluntario. Por lo demás la ley salió con una gran publicidad destructiva en contra del Estado.
II. Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
Presentación: Sr. Horacio Canestri ,Gerente
Esta reunión de trabajo con la participación de Alfredo Conte-Grand y Juan H. González Gaviola. Horacio Canestri, gerente de la Unión de AFJP, señaló que el sistema y las AFJP tienen 11 años de vida, que todo es perfectible y que están en una coyuntura para producir ciertos cambios, entre los que mencionó como desafíos a corto plazo los siguientes:
i) Cobertura. Se tiene un problema de cobertura ligado al aumento de la informalidad de los mercados de trabajo;
ii) Inversiones. Han ingresado al canje de deuda que el gobierno ha ofrecido, por estos días se desata la limitación para que funcione el área de inversiones más normalizada por este canje.
iii) Costos. No obstante que el sistema es nuevo, las comisiones netas del seguro de invalidez y muerte están en 1.30% anual sobre el fondo administrado, el problema mayor se ubica en el costo del seguro de invalidez y muerte porque sus beneficios son muy elevados y encarecen su costo, y
iv) De canalización de inversiones. El reto es financiar la economía real, algo han hecho pero todavía subsiste parte de la legislación que obligaba a la convertibilidad atada a la inflación, lo cual es una traba para la inversión sino tienen una cobertura de capital a valores constantes.
Al respecto, Conte-Grand mencionó que el país todavía estaba pasando por un problema bancario, conocido como el "corralito" (retención de los depósitos de la gente) que aún no se ha normalizado, las empresas todavía están invirtiendo lo que tenían fuera del sistema bancario.
El gerente de la Unión de AFJP, Horacio Canestri, refiere que hay otro punto crucial relacionado con los niveles de aportación al régimen de capitalización individual (RCI). La tasa de aportación históricamente estuvo en 11% pero por el periodo de crisis se redujo a 5%, después se propuso llevarla programadamente hasta el 11% pero se ha quedado en un nivel de 7% que es insuficiente para salarios de sustitución buenos (tasa de reemplazo). Los patrones aportaban antes de la crisis el 16%, hoy aportan el 10 por ciento.
En su intervención el diputado Lucio Galileo Lastra Marín (PAN), pregunta ¿cómo han evolucionado las comisiones? El Superintendente de AFJP, Juan H. González Gaviola, señala que la comisión se cobra sobre el aporte. Las comisiones llegaron a ser de entre 3.30% y 3.50% del salario, es decir, alrededor de 30% del aporte, hoy se ubican en 2.50% del salario, y la comisión neta del seguro de invalidez y muerte representan el 1.2% del salario, es decir, 20% del aporte. Las comisiones en Argentina son sumamente libres.
El diputado Alfonso Rodríguez Ochoa (PRI) interviene preguntando ¿cuáles son las mayores experiencias obtenidas en materia de comisiones, inversiones y concentración? El Gerente de la Unión de AFJP, destaca que en la actualidad existen 12 administradoras que compiten por precios y rentabilidad. Se produjo un proceso de concentración importante de 25 administradoras pasaron a 12, y próximamente operarán 11. Advierte que se proponen no tener concentrado el riesgo país, pero la economía requiere inversión, por ello se está pensando en una mayor diversificación. Sería un proceso de ida y vuelta: ayudar a la sociedad y conseguir mejores rentabilidades. En su turno el Superintendente de AFJP, menciona que éstos son mercados "miopes a los precios", al ser obligatorios los aportes se ven como un impuesto. El mercado en general en lugar de bajar precios los sube.
El diputado Miguel Alonso Raya (PRD), interviene señalando que se tienen elementos comunes entre países: aumento de la informalidad de los mercados de trabajo y, en materia de seguridad social, se requiere garantizar las pensiones.
El doctor Conte-Grand apunta para finalizar, lo siguiente:
Nuestros países no tienen una fórmula para el desafío de la informalidad.
Nuestros países tienen que superar el modelo Beveridge, es decir, avanzar hacia una nueva reforma para adaptar el régimen a las nuevas realidades del mercado de trabajo.
Buscar que el déficit se financie con el menor costo posible.
Si existen necesidades de inversión cubrir localmente y después invertir en el exterior.
III. Unión Industrial de Argentina (UIA)
Reunión de trabajo con la dirigencia de la Unión Industrial de Argentina, entidad más representativa del empresariado nacional
Se contó con la presencia de los señores Luis González Estévez, Director Ejecutivo UIA, Juan Carlos Mariani, Diego Newton, de Política Social, y del Sr. Uriburo, integrantes del directorio de la Unión. Inicialmente el diputado Miguel Alonso Raya (PRD) señaló la necesidad de reflexionar nuevos acuerdos sobre la viabilidad del Estado que buscamos como Nación, en México ha habido más tratados comerciales, pero ello no se ve reflejado en el empleo. Se trata de buscar un camino que permita conciliar intereses desde lo fiscal hasta reformas de política social.
La reunión se desarrolló en el marco de un intercambio de preocupaciones comunes a las dos naciones, entre ellas las siguientes:
La necesidad de abarcar a todos aumentando la cobertura de la seguridad social.
El sistema de fuentes de financiamientos a la seguridad social es un problema común que sufren tanto los trabajadores informales como los registrados.
El aumento de la cobertura no puede descansar en los empleadores y trabajadores, el Estado debe aportar recursos fiscales, porque cada vez hay mayores necesidades que deben ser atendidas.
En el caso de Sudamérica, se presenta el problema de la extraterritorialidad de la seguridad social por el Mercosur, por lo que deben buscarse pautas comunes para atender el fenómeno de trabajadores migratorios. Lo difícil es crear un programa de prestaciones comunes, evitando el fraude que puede generarse con países limítrofes.
En el caso de Argentina después de una actitud de incertidumbre, el empresariado apoya la actitud responsable y madura del Gobierno con los organismos financieros internacionales.
La directiva de la UIA mostró gran interés en conocer el esquema de aportes tripartitos a la seguridad social en México.
Se destacó la importancia de los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la reconstitución de las cadenas productivas, pero también frente al crecimiento del trabajo informal en las dos economías y como detonadoras de cadenas productivas.
Una preocupación común es el crecimiento del empleo y el fortalecimiento de los salarios de los trabajadores.
Un problema de la cobertura de la seguridad social es que no atendió y no esta atendiendo a quienes quedan fuera, frente a ello deben buscarse esquemas de aportación para incorporar a la economía informal porque esto es un problema a futuro que tendrá que afrontarse.
Sobre el tema del seguro de desempleo existente en la legislación argentina, la Unión sitúa su preocupación más que en esta protección o en lugar de subsidios, en la necesidad de aplicar políticas que resuelvan el empleo vía grandes empresas y Pymes, en el caso de Argentina con la severa crisis financiera de 2001 el programa Pymes generó una contención social.
La globalización es un fenómeno de la mundialización y no todo es negativo dependiendo cómo se aborde.
Frente a la compleja problemática de ambas naciones, la salida es la construcción de grandes acuerdos con la corresponsabilidad de la empresa y del Estado.
No es correcto dejar fuera del camino a nadie por la exclusión social, por ello la importancia de los programas subsidiarios de recursos para combatir la pobreza, pero debe fortalecerse más la generación de empleo y encontrar esquemas para la incorporación de la economía informal.
IV. Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Presentación: Dr. Sergio Tomás Massa, Director Ejecutivo de ANSES
En esta reunión estuvo también presente el señor Guillermo Zuccotti, Secretario General de una representación de trabajadores en la ANSES. En su participación el doctor Sergio Massa, Director Ejecutivo de ANSES, señala que esta institución no recauda, no presta servicios de sanidad y no define políticas. La ANSES es un organismo descentralizado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y atiende el Régimen Público de Reparto y a los trabajadores en activo.
Adicionalmente el ANSES ha incorporado nuevos beneficios vinculados a la obligación del Estado con la llamada "reparación de daños" de la Argentina para los trabajadores en activo:
El seguro de desempleo.
Derecho de asignación familiar para contingencias del trabajador (matrimonio, carga familiar).
El sistema de jubilaciones y pensiones de Argentina es de naturaleza mixto, conviven dos sistemas: el régimen público de reparto paga los beneficios anteriores y posteriores a la reforma de 1994, es decir, las pensiones en curso de pago y el bono de reconocimiento, en consecuencia, entre el 80% y 85% del salario de retiro de los trabajadores sigue siendo de componente público.
El doctor Massa advierte cuáles son los errores a no cometer en el caso de optar por un sistema mixto:
No establecer un sistema "corral", es decir, es un error permitir que el trabajador elija entre uno y otro régimen de jubilaciones y pensiones (reparto solidario o capitalización individual).
La cuenta individual puede funcionar para los trabajadores de altos ingresos.
En el caso del Seguro de Invalidez y Muerte, tiene una tasa de sustitución del salario que triplica el valor de los salarios y lo esta pagando quien hoy está haciendo aportes.
El costo de transición de la reforma debe prever claramente el financiamiento de la transición, estableciendo un margen de discrecionalidad para el Estado frente a los problemas de fluctuabilidad financiera brusca.
En el tema de la cobertura, es claro que el sistema no resolvió la incorporación del trabajador medio o bajo, la reforma de 1994 en Argentina paso los aportes de 20 años a 30 años y la edad para jubilar de 60 a 65 años; es decir, se restringieron primero las condiciones de acceso y después se hizo la reforma: entre 1994 a 2002, se amplió el nivel de exigencia y el mercado de trabajo entró en una situación de desempleo. Esto debe tomarse en cuenta porque es riesgoso.
El sistema de seguridad social distribuye la riqueza, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen esta capacidad?
El mercado de capitales debe ser parte de la economía real y la inversión de los fondos de jubilación y pensión en títulos públicos lo que hace es cambiar la deuda de un lado a otro, pero además aumenta la deuda total del gobierno.
Para financiar el déficit público se usó el ahorro de los trabajadores, lo que debe hacerse es financiarlo con impuestos.
El Director Ejecutivo de ANSES manifiesta que después de lo sucedido en Argentina, las anteriores críticas son una conclusión práctica no política. Que en Argentina todos, desde la derecha y hasta la izquierda radical, plantean una prestación universal financiada con tributos o impuestos, y que cualquier reforma futura tiene que tomar esto en cuenta.
Finaliza apuntando que cada realidad económica, cada realidad política es distinta en cada país. El problema para Argentina es que la reforma previsional se ató a compromisos con organismos financieros internacionales que tuvo como base un estudio previo del Banco Mundial. Concluye diciendo que si bien el "mundo es el que es", que el "capital es el que es", no debe olvidarse la función social del Estado.
Lic. Guillermo Zuccotti,
Secretario General de una representación de trabajadores en la ANSES
Guillermo Zuccotti, mencionó que el gran problema de la seguridad social son los cambios en el mercado de trabajo. La seguridad social se nutre del mercado de trabajo. La seguridad social es una herramienta de distribución del ingreso. Hay una lógica latinoamericana de una realidad de los últimos 10-15 años de reformas de primera, segunda y tercera generación que han afectado los mercados de trabajo que, a su vez, han afectado la seguridad social.
Se pregunta ¿qué pasó con la porción de los ingresos que los trabajadores han perdido? El 51% de los trabajadores en Argentina son informales, sin aportaciones a la seguridad social, pero todos son trabajadores aunque no sean formales. ¿Y qué paso con los beneficios de los trabajadores?, perdemos cobertura y perdemos beneficios. Las proyecciones en Argentina es que la cobertura va a seguir cayendo y el problema es que la manta tiene un solo largo, si tapamos la cabeza descubrimos los pies y viceversa, entonces ¿quién debe cubrir a los que no tienen protección?
Señaló que el tema de las opciones de cambio de régimen para los trabajadores tenga discusión. Es una responsabilidad del Estado, porque el mercado tiene una serie de imperfecciones, la libertad de lección es relativa, habría que ser experto en finanzas corporativas, pero los mercados de capitales son sensibles a muchas cosas. Advierte que la jubilación no es comprarse un pantalón, es algo más serio. Los trabajadores no están libres de elegir su destino, las circunstancias y rigideces del mercado restringen la libertad. Por lo tanto, es el Estado quien debe tener la potestad de establecer el sistema que mejor le vaya a la gente en la Argentina. Hacer una apertura social más grande para discutir estos temas y no ir de la mano del dogma para ampliar la protección social a los argentinos.
Todos deben estar integrados al proceso de reforma, para expresar las necesidades de todos en el proceso, participando en igualdad de condiciones y con información. Para finalizar, Zuccotti reivindicó que, como movimiento obrero tienen vocación de participar en estos temas (CGT), en los procesos de reforma y comprometerse, aún en la disidencia.
V. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Resumen: Dr. Carlos A. Tomada, Ministro
Dr. Alfredo Conte-Grand, Secretario de Seguridad Social
En las conclusiones el Secretario de Seguridad Social, doctor Alfredo Conte-Grand, expresó que el Ministro de Economía había opinado que la reforma previsional de 1994 podría considerarse prácticamente un fracaso, al respecto Conte-Grand refiere no compartir ese diagnóstico por tres cuestiones fundamentales:
Primera, porque en la reforma de 94 no se tomó en cuenta al evolución del mercado de trabajo y de la sociedad, y no existían los grados de informalidad de la actualidad.
Segunda, no reconoció la evolución que iba a tener la sociedad, por ejemplo, en el caso de la familia nuclear hay más divorcios, familias con un solo hijo, aspectos que no están considerados en la legislación.
Tercera, la reforma se basó en la idea de Beveridge de los aportes sobre la nómina y el problema que tenemos es de la densidad de cotizaciones: la gente no cubre los 30 años de cotizaciones obligatorias.
Por lo tanto, plantea que una idea que están pensando impulsar es un régimen que reconozca el mercado de trabajo, que otorgue prestaciones graduales en función con lo que el individuo aporte, o sea, una "cuenta virtual": que un individuo tenga una cuenta que si da una cantidad razonable para vivir bien sino recibiría un aporte solidario.
Las opciones no han dado resultado en ningún país, los traspasos son costosos y son los que más aumentan las comisiones. El otro tema central para Conte-Grand, es que tampoco la reforma provisional cumplió sus promesas:
No ha habido efecto del régimen de capitalización individual sobre la economía real.
Se ha dado el llamado "efecto manada", todas las administradoras van por las mismas inversiones.
Que el afiliado iba a supervisar su cuenta porque se trataba de su fondo, con el desempleo esto no ha sido así.
Las inequidades no desaparecen, existe un perjuicio para la mujer porque se les maneja con una tasa de mortalidad para una sobrevivencia mayor.
Lo anterior no quiere decir que no pueda ser instrumentado un régimen mixto, se puede recurrir a una capitalización mixta y colectiva.
Advierte, que no podrían afirmar que la reforma previsional de 94 ha sido una maravilla, cuando el 60% de la cobertura se les cae en 25 años en niveles de 25 por ciento. La cobertura aumenta con una prestación baja o, en su defecto, la mayoría de la gente cae en la prestación mínima. Conte-Grand apuntó lo siguiente:
"Que la idea es construir un régimen público donde funcionen las transferencias y un régimen privado para quienes puedan ahorrar. Determinar bien la función y rol de cada régimen, que considere que ha pasado en nuestras economías. Nosotros nos proponemos encontrar un régimen moderno y adaptado a lo que pasa. Esto lo estamos trabajando desde hace tiempo, pero aisladamente. Lo que estamos esperando para lanzar un proyecto es que termine el periodo de canje (conocido como "default"). Esperamos empezar las discusiones bien y profundamente, tendríamos un proyecto "tipo" a fines de este año. Estos son los tiempos que manejamos hoy. Aquí no va a intervenir para nada el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional, en su caso, tal vez en los aspectos técnicos, porque ya intervinieron en la reforma de 94. Esta es la opinión del Presidente Néstor Kirchner, tal que en la Carta de Intención no se acepto ningún condicionamiento en esto y no se va aceptar en su renovación"
El diputado Miguel Alonso Raya (PRD), pregunta como evalúan el Informe del Banco Mundial titulado La promesa de seguridad de los ingresos en la vejez en América Latina (Keeping the Promise of Old Age Income Security in Latin America) presentado en junio de 2004 en Colombia. En su respuesta Conte-Grand señala que, en efecto, existe una suave autocrítica pero que tienen un ego conceptual básico: su objetivo es cómo eliminar la pobreza de los ancianos, mientras que para ellos lo que se busca es un régimen contributivo fuerte con flexibilización a la entrada, encontrar fórmulas para que el individuo pague con flexibilidad (p.e., los trabajadores estacionales van a pagar con el ciclo y esto se les va a imputar a la nómina de todo el año). Luego, por abajo, levantar a los pobres con un complemento asistencial y, por arriba, un componente de ahorro individual. Pero centralmente un modelo que garantice una prestación que tenga que ver con los ingresos.
En su turno el Ministro Carlos Tomada, expresó que cuando reciben delegaciones les dicen que es bueno que vengan a Argentina para enterarse de lo que no deben hacer, apuntando las siguientes conclusiones:
i) En Argentina destruimos el sistema de reparto y luego debilitamos el sistema de capitalización. El objetivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es diseñar una reforma con unas características imprescindibles en su diseño y elaboración que recobren la credibilidad de los argentinos.
ii) Al mismo tiempo tenemos otros problemas comunes a los países de la región, encontrar normas que se correspondan con las estructuras de los mercados de trabajo y de ocupación. Con proyecciones que partan de supuestos ciertos y realistas y no del mundo que deseamos, que soñamos.
iii) Para este gobierno es absolutamente imprescindible una reforma previsional e iniciar un debate sobre la seguridad social, no sólo porque es una parte vital del presupuesto, sino porque hoy atraviesa una serie de instituciones que incluye a los trabajadores en su tránsito para su vida laboral activa: legislación sobre desempleo, sobre riesgos del trabajo.
iv) Esto es un desafío que nos preocupa mucho en este intercambio que también para nosotros es importante. Ojalá pudiéramos aspirar a un sistema de seguridad social como el europeo, pero debemos nutrirnos de las virtudes y defectos de nuestros sistemas en la región. Seguimos siendo tributarios del Modelo Europeo que es depositario de justicia social, pero tenemos que mirar a nuestras sociedades que están estructuradas de otra forma, no para copiar esos modelos sino para sortear los defectos, los errores.
Montevideo- República Oriental del Uruguay
Viernes 3 de junio de 2005
I. Banco de Previsión Social (BPS)
Presentación: Autoridades del BPS
La reunión contó con la asistencia de los señores Luis Cásares, Director del BPS, Walter Ariel Ferrari, Director Representante de los Afiliados Activos, y Arturo Fernández, Director Representante de los Afiliados Pasivos, quienes abordaron cuatro grandes temas: 1) Características básicas del sistema de seguridad social de Uruguay; 2) Evaluación del sistema de seguridad social y desempeño del sistema de cuentas individuales; 3) Creación del organismo estratégico permanente, coordinador del proceso de reforma y actualización de la Seguridad Social en el marco del nuevo Gobierno del Presidente Tabaré R. Vázquez Rosas, y 4) Propuestas de reforma consideradas al sistema de seguridad social.
1. Características básicas el sistema de seguridad social
El sistema de seguridad social uruguayo (SSSU) cubre los riesgos de invalidez, vejez y supervivencia (riesgos IVS), así como los riesgos de desempleo, enfermedad común, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las cargas de familia.
La cobertura del SSSU está ligada al mercado formal de trabajo, tanto en calidad de asalariados como de trabajadores por cuenta propia y empleadores. Sin embargo, existe desde 1919, un programa de prestaciones no contributivas por vejez e invalidez, de cobertura selectiva bajo prueba de ingresos, dirigido a la población en situación de "carencia de recursos".
El Banco de Previsión Social (BPS) administra directamente la mayor parte del sistema de seguridad social del país por los riesgos atendidos, el número de personas asistidas, la cuantía de las prestaciones servidas, y los recursos que recauda de las contribuciones a la seguridad social.
Campo de aplicación y estructura del sistema
El BPS es un ente autónomo, administra los programas de cobertura de los riesgos IVS (primer pilar para quienes están comprendidos en el sistema mixto), desempleo, enfermedad común, maternidad y cargas de familia. Comprende tanto a los trabajadores por cuenta propia y empleadores, como a todos los asalariados (públicos o privados), a excepción de cinco regímenes especiales: empleados bancarios, notarios y empleados de notarías, profesionales universitarios y personal de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior.
El régimen general de prestaciones IVS, vigente desde el 1º de abril de 1996, aplicable a los afiliados al BPS se define como un régimen mixto conformado por dos pilares: uno de solidaridad intergeneracional complementado, en ciertos casos, con un pilar de ahorro individual obligatorio.
Pilar de Solidaridad Integeneracional
La gestión del primer pilar de solidaridad intergeneracional está a cargo del BPS, sus características son:
Opera bajo un régimen de reparto puro.
Se financia con aportaciones sobre salarios, tributos específicamente afectados y asistencia financiera del Gobierno Central, cuando sea necesaria para lograr el equilibrio financiero.
Las prestaciones son de naturaleza definida y relativamente proporcional al salario de cotización del afiliado.
La afiliación es obligatoria.
Prestaciones no contributivas de vejez e invalidez
El primer pilar está complementado por un modelo con un objetivo redistributivo, dirigido a los sectores de la sociedad de menores ingresos no integrados en sectores estructurados del mercado de trabajo, que garantiza prestaciones no contributivas de vejez e invalidez, bajo las siguientes características:
Régimen de reparto.
Financiación fiscal y no con aportaciones sobre la masa salarial.
La prestación es de naturaleza asistencial.
La prestación es uniforme.
La adscripción es selectiva, está sujeta a examen de ingresos, sólo acceden a la prestación aquellas personas en situación de significativa carencia de recursos.
Pilar Complementario de Capitalización Individual
La cobertura del primer pilar está complementada por un segundo pilar de carácter privado, cubre riesgos invalidez, vejez y supervivencia (IVS) con carácter complementario y su afiliación es obligatoria, sus características son:
Régimen de capitalización individual.
Aportación definida para el caso de vejez, y prestación definida para los riesgos de invalidez y supervivencia.
Financiamiento con aportes personales sobre salarios con tope de cotización.
Prestación proporcional al nivel de las aportaciones y la rentabilidad de inversiones.
Afiliación es obligatoria.
Este segundo pilar de cobertura de los riesgos IVS está a cargo de las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP) y de empresas aseguradoras constituidas como sociedades anónimas, ambas de libre elección por parte del afiliado. Las AFAP administran los fondos acumulados durante la vida activa en cuentas individuales y las segundas pagan las prestaciones. El control de estas entidades está a cargo del Banco Central del Uruguay. La recaudación de las cotizaciones destinadas a estas instituciones está centralizada en el Banco de Previsión Social.
La afiliación a este segundo pilar es obligatoria para los afiliados que, a la fecha de entrada en vigencia del mismo, fueran menores de 40 años de edad y para todos los que ingresen al mercado de trabajo dentro del ámbito de afiliación al BPS en el futuro.
El primer pilar alcanza a todos los afiliados al BPS, cualquiera sea su nivel de ingresos. El segundo pilar alcanza, obligatoriamente, a los afiliados menores de 40 años de edad al 1º de abril de 1996 que perciban ingresos que superen un determinado nivel y por el tramo en que lo superen. Los afiliados mayores de dicha edad a la fecha indicada pueden optar por incorporarse al nuevo sistema. Quienes no hagan uso de esa opción quedan incorporados exclusivamente en el régimen de solidaridad intergeneracional o reparto, en una modalidad de transición.
Financiamiento
Financiamiento de los programas contributivo. Para el BPS la aportación patronal es de 12,5% en la actividad privada y entre 19,5% y 24,5% en la actividad pública, de la nómina.
La aportación obrera es de un 15% de los ingresos brutos, excepto en el sector rural, que se sitúa en el 10% o el 13% de los ingresos brutos, según la categoría ocupacional del trabajador.
El aporte patronal se destina íntegramente al régimen de solidaridad intergeneracional a cargo del BPS, en tanto que los aportes del trabajador se destinan a este régimen cuando correspondan a un monto imponible de $5,000 a valores de mayo de 1995, y al régimen de ahorro individual obligatorio cuando correspondan a una cuantía imponible superior.
Financiamiento de las prestaciones no contributivas. Los programas de desempleo, asignaciones familiares y maternidad, así como las pensiones por vejez e invalidez sujetas a examen de ingresos, son no contributivas, por lo que su financiación está a cargo de los recursos fiscales que recibe el BPS.
Recursos fiscales. La comunidad nacional en general, a través del Estado, contribuye con una cuota parte de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (el producido por 7 de los 23 puntos de la tasa básica de dicho impuesto), específicamente afectado a favor del BPS, así como con la asistencia financiera necesaria para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos del sistema. Estos recursos se destinan a la financiación de las prestaciones no contributivas y a cubrir el déficit de los programas contributivos.
Financiamiento de los accidentes de trabajo. La financiación de estas prestaciones está a cargo exclusivamente de aportaciones de los empleadores sobre la nómina, según siniestralidad.
2. Evaluación del sistema de seguridad social y desempeño del sistema de cuentas individuales
Señalaron que el punto de partida es un estudio profundo de la Seguridad Social porque en el Uruguay ésta se encuentra en un situación precaria, por una parte, el "déficit" del BPS en pensiones en 1990 fue de 0,8% del PIB y hoy está cercano al 5%, por otra parte, de acuerdo con estudios realizados, desde 1997 con la nueva Ley de Seguridad Social la cantidad de trabajadores que cotizan o la "densidad de cotizaciones" ha caído al pasar de 84% en 1997 a 57% en el 2003. Esto fue colocado como un problema sustancial porque quiere decir que habrá gente que no se va a jubilar y lo habrá de atender la seguridad social.
3. Creación del organismo estratégico permanente para la reforma y actualización de la Seguridad Social
Con el nuevo gobierno nacional del doctor Tabaré R. Vázquez Rosas se crea un organismo estratégico permanente, coordinador del proceso de reforma y actualización de la Seguridad Social integrado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República y el Banco de Previsión Social (BPS).
4. Propuestas de reforma consideradas al sistema de seguridad social
En la propuesta alternativa la representación de los trabajadores parten del principio de que la seguridad social debe ser un derecho humano fundamental, la reforma la consideran sobre todo como un proceso gradual, progresiva y responsable, basada en el diálogo y la rigurosidad técnica. Proponen una reforma estructural de todo el sistema hacia uno nuevo basado en tres pilares:
i) Pilar básico asistencial financiado con impuestos.
ii) Pilar contributivo con cobertura al 100% de los trabajadores y financiado con contribuciones tripartitas.
iii) Pilar de capitalización individual para los trabajadores de altos ingresos (cuya cobertura no sería mayor al 10%), no lucrativo y con participación de los involucrados.
El objetivo es construir un modelo de seguridad social inspirado en una concepción integral, bajo los principios de universalidad, redistribución, solidaridad intra e intergeneracional, participación, protección, financiamiento progresivo con aportación tripartita y cuyo fin esencial no sea el lucro.
I. Ministerio de Desarrollo Social
La reunión se llevó a cabo con la Ministra de Desarrollo Social, Mariana Arismendi, quien expuso los aspectos relevantes del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) establecido por el nuevo gobierno del Presidente Tabaré Vázquez. La Ministra señaló que en el Uruguay todas las políticas sociales están dispersas, una de las tareas del PANES es atar todas las políticas sociales del Estado. Las políticas sociales son concebidas como políticas universales, no como a veces se entienden como políticas para la gente pobre, se habla de educación, de la salud y del trabajo.
De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística de tres millones de habitantes un millón vive en la pobreza, es decir, uno de cada tres habitantes. Es gente que en los últimos 6-7 años a caído en situación de pobreza, de los cuales alrededor de 100 a 150 mil (40 000 hogares) están en la indigencia. Son cifras importantes para un país pequeño como Uruguay, en razón de esta compleja problemática el PANES se implanta como un conjunto de programas articulados entre sí tendientes a ayudar a resolver los problemas de alimentación, salud, ingreso, educación, trabajo y vivienda de miles de hogares y personas que viven en condiciones de pobreza extrema, crítica, para aquellos quienes desde hace mucho tiempo no pueden ejercer sus derechos y para quienes desde 2000-2002 han caído en situación de indigencia y que no cubren sus necesidades mínimas. El conjunto de programas articulados del PANES son: Plan Alimentario Nacional; Programa Emergencia Sanitaria; Programa Ingreso Ciudadano; Programa de Educación en Contextos Críticos; Programa Trabajo por Uruguay; Programa de Atención a Asentamientos Precarios; programa de Atención a Tugurios y Pensiones, y Programa Alojamiento a las Personas en Situación de Calle.
Es un plan dirigido a los desocupados en general, es un plan dirigido a hogares en los cuales su ingreso está en el límite de ingresos que establece la indigencia, pero no sólo se toma en cuenta el ingreso si no también las condiciones de vivienda, de alimentación, de salud. Más específicamente, el programa está dirigido a los hogares y personas que se encuentran en extrema pobreza con dificultades para asegurar la alimentación diaria necesaria, especialmente a las niñas y niños, a los adolescentes, a las jefas y jefes de hogar, a los adultos mayores y a personas con discapacidad.
III. Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado de la República de Uruguay
Reunión con los Senadores Eduardo Ríos, Susana Dalmás, Leonardo Nocolini y Carlos Ramela
El senador presidente Eduardo Ríos da la bienvenida a la delegación de diputados mexicanos, quienes de inicio plantean las inquietudes del viaje por diversos países de Sudamérica. La diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz (PRI), hace referencia a la posible reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los problemas que enfrenta; el diputado Lucio Galileo Lastra Marín (PAN) refiere la situación que enfrentan distintos sistemas como el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS, los sistemas de pensiones del Poder Judicial, de los ex presidentes de la República, los petroleros, la banca de desarrollo, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como la necesidad de atender la situación financiera que enfrentan. El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT), también interviene sobre la posible reforma al ISSSTE, refiere la importancia de conocer las experiencias de los países sudamericanos a fin de encontrar alternativas de mayor justicia. El diputado Miguel Alonso Raya (PRD) propone hacer un esfuerzo para ver qué se puede construir de forma conjunta, como es, llevar el tema al Parlatino de tal forma que el tema de las pensiones se debata de manera permanente y refiere que por lo que han visto en los países visitados, no hay reformas de una vez y para siempre, que es necesario construir consensos y que la situación en México refiere instituciones dispersas, baja cobertura, inequidades en los montos que otorgan los distintos sistemas, la necesidad de revisar el papel del Estado, además del problema de financiamiento.
Respecto a la evaluación de la reforma que se realizó al sistema de pensiones en Uruguay, el senador Eduardo Ríos manifestó que las valoraciones han dependido de la visión política de las fuerzas políticas que integran el Parlamento, por lo que ha sido difícil lograr unanimidades en el tema. No obstante, la reforma generó una discusión muy amplia y todavía se piensa en su mejoramiento. El senador Ramela, refiere que durante este periodo de gobierno no se descarta la posibilidad de introducir algunos ajustes para dar mayor protección a los trabajadores, procurando que su financiamiento garantice una jubilación justa y decorosa, mantener la justicia y solidaridad del sistema y la relación que existe con el mercado de capitales. La senadora Dalmás, refiere el papel histórico de la seguridad social como mecanismo que dio cobertura a una etapa del desarrollo económico y el bienestar conjunto de la sociedad; por ello la insistencia en la universalidad, intentando mejorar la ecuación fiscal, pero sin perder de vista los problemas. Por ello, en su opinión, es que se instrumentó un sistema mixto. Asimismo, refiere dentro de la problemática que ha visto, que las administradoras de fondos no han hecho las inversiones que se mencionaron; se pregunta qué va a pasar cuando las aseguradoras empiecen a pagar las pensiones, dado que la mayor parte se ha retirado del país y ahora esos compromisos recaen en el Banco de Seguros del Estado; el impacto que ha tenido la disminución de cotizantes y el crecimiento de la informalidad; la carga que la seguridad social representa para la sustentabilidad de muchas empresas y los saldos que dejó la discusión de la reforma, entre ellos, el tipo de administradoras que se crearon y las opciones que se cancelaron. Por lo que sugiere que es necesario evaluar la reforma, teniendo en cuenta los principios básicos e impulsando las correcciones que sean necesarias. El senador Nicolini refiere la participación fiscal que el sistema de seguridad social representa para el Estado uruguayo y que llega al 40% del presupuesto del país y por ello, la necesidad que tienen de revisar la situación incluyendo distintos aspectos con son la expectativa de vida, la migración, el papel de la seguridad social en el sistema político, la responsabilidad de contar con una renta básica por ciudadano y las distintas formas de inclusión social. Finalmente, el senador Ríos abunda en el desfinanciamiento como la realidad tangible del sistema, el impacto de la precarización del trabajo, el empobrecimiento de los países, el papel del Estado, que debe reservase para sí los lugares estratégicos, las reformas necesarias para garantizar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y promover el crecimiento.
Conclusiones
1. A diferencia de lo que vivimos en México, donde han sido el Gobierno y los Institutos de seguridad social quienes han tenido que colocar el tema de las pensiones sobre la mesa, aunque en algunos casos con la influencia de organismos internacionales, en Sudamérica se vive una situación contraria. Hay una preocupación general por el tema, la problemática que se enfrenta y las consecuencias sociales de los sistemas de capitalización individual. Las personas, en promedio, tienen un mayor conocimiento de los sistemas y de la problemática que enfrentan, asimismo, la información que en promedio manejan, también es más específica.
2. La problemática que observan en los sistemas, refiere principalmente las tasas de reemplazo, el vínculo entre sistemas de pensiones y mercado de trabajo y las implicaciones sociales de los requisitos de calificación. Estos son los principales aspectos que están presentes entre las constantes de las demandas, debates, análisis y propuestas de modificación a los sistemas. En especial, por el peso que en los sistemas de aportaciones definidas tiene la informalidad, la precarización del empleo y el desempeño de estos sistemas de capitalización individual.
3. En la parte técnica se habla, por ejemplo, de los efectos de la subestimación del Bono de Reconocimiento en Chile que se otorgó a los trabajadores en los años ochenta que optaron por migrar al nuevo sistema de capitalización individual, a lo que le llaman "daño previsional". De los ajustes necesarios en edades y tiempo de cotización en Uruguay y el peso de los trabajadores en el sistema.
4. En los tres países visitados, tanto las autoridades como los trabajadores se muestran críticos al desempeño de los sistemas de cuentas individuales. Incluso al grado de calificarlas como insuficientes y analizar las reformas que se requieren, en algunos casos, señalando con toda claridad las reformas mixtas como un opción a considerar en el futuro.
5. En los tres países se reconoció que la realidad económica, política y social es distinta en cada país, por lo que no puede haber una receta única para reformar los sistemas de seguridad social, y que en los procesos de reforma no debe olvidarse la función social del Estado.
Un aspecto que resaltó de la visita, fue la problemática que viven los sistemas basados en cuentas individuales. Entre las críticas que se encontraron en el caso de Chile destacan:
Los problemas para evaluar los beneficios futuros:
1. Los bonos de reconocimiento se calcularon sobre la base de salarios bajos y alto desempleo de la década de los ochenta, a esto se le conoce como "daño previsional" que el gobierno está pensando mejorar;
2. La subcotización a los empleados públicos durante los años ochenta disminuyó su saldo acumulado, y
3. El alto desempleo durante la década de los ochenta impidió que muchos trabajadores gozaran de las altas tasas de rentabilidad del sistema observadas en esos años.
Los desafíos, que en el caso chileno, consisten en:
1. La cobertura del sistema de pensiones de capitalización individual y su relación con las nuevas modalidades de empleo en Chile.
2. Paulatino envejecimiento de la población que lleva al aumento de la esperanza de vida. Las mujeres se retiran a los 60 años y los hombres a los 65 años de edad, por lo que se viene reflexionando en la necesidad de equiparar a todos a 75 años. En ambos casos, se mencionó que las características del mercado laboral, que está en permanente dinamismo, llevan a la necesidad de adecuar la estructura de la seguridad social.
3. Nivel de Suficiencia de los beneficios: ¿Cuál es la calidad de las pensiones, tanto de las que son mixtas bajo el nuevo sistema (que incluyen el pago por parte de las finanzas nacionales de un bono de reconocimiento más la capitalización individual), y de las que son exclusivamente vigentes en el nuevo sistema (capitalización individual).
4. Falta de información. La persona requiere tener información, sobre todo por la serie de decisiones que tiene que tomar en toda su vida laboral.
5. Ausencia de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en el sistema e industria de administración e inversión privada de los fondos de pensión.
6. Inequidades de Género en pensiones. Hay inequidades propias del mercado laboral, pero la mujer trabajadora enfrenta más interrupciones del trabajo, sus expectativas de vida son más amplias, registran una menor densidad de cotizaciones.
7. Morosidad en los pagos de la retención que los empleadores efectúan de los salarios de los trabajadores. Al respecto se señaló que existe ya un proyecto de ley que busca resolver este problema, ampliando el número de tribunales para recaudar, entre otras medidas.
8. Costos de administración del nuevo sistema de pensiones. Al respecto se plantean resolver o zanjar el tema de lo que cobran las AFP en términos del salario.
Postura y críticas de los trabajadores hacia el sistema:
1. La gente no está alcanzando la pensión mínima.
2. Los empleadores no efectúan aportes al sistema.
3. En 10 años va a salir el grueso de la gente y el problema del daño previsional no se ha atendido.
4. Los trabajadores no tienen participación directa en los directorios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
Para las autoridades de Argentina son varios los factores que marcaron el fracaso de la reforma provisional del año1994:
1. No se tomó en cuenta al evolución del mercado de trabajo y de la sociedad, no existían los grados de informalidad observados en la actualidad;
2. No reconoció la evolución que iba a tener la sociedad, por ejemplo, en el caso de la familia nuclear, se registran más divorcios, familias con un sólo hijo, y son aspectos que no están considerados en la legislación, y
3. La reforma se basó en la idea de Beveridge de los aportes sobre la nómina y el problema es de densidad de cotizaciones: la gente no cubre los 30 años de cotizaciones obligatorias.
Los desafíos en el corto plazo del nuevo sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones son:
1. La cobertura por el aumento de la informalidad de los mercados de trabajo;
2. La diversificación y canalización de inversiones para financiar la economía real, y
3. La disminución de las comisiones del sistema que, netas del costo del seguro de invalidez y vida, se ubican en 1.30% anual sobre el fondo administrado.
Para la Subsecretaria de Seguridad Social, el reto es construir un régimen público donde funcionen las transferencias y un régimen privado para quienes puedan ahorrar, determinando claramente la función y rol de cada régimen. Se trata de arribar a un régimen moderno y adaptado a la realidad del país. Las discusiones ya se han iniciado y se espera tener un proyecto "tipo" a fines de 2005, en el que no intervendrán el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional puesto que ya lo hicieron en la reforma de 1994. Esta es la opinión del Presidente Néstor Kirchner, que ha quedado de manifiesto en la Carta de Intención, en la que no se aceptó ningún condicionamiento en este tema y no se aceptará en su renovación.
De la visita a Uruguay destacan varios aspectos:
Primero, el reconocimiento por parte de las autoridades del Banco de Previsión Social de la necesidad de partir de un estudio profundo de la seguridad social dada las condiciones precarias en la que se encuentra, por una parte, el déficit del BPS en pensiones y, por otra parte, la constatación de la caída en la densidad de cotizaciones observada desde el año de 1997 con la nueva Ley de Seguridad Social, esto último se ha colocado como un problema central porque en el futuro habrá muchos trabajadores que no alcanzarán la jubilación.
Segundo, el Acuerdo Nacional logrado con el nuevo gobierno encabezado por el Presidente Tabaré R. Vázquez Rosas, para crear un organismo estratégico permanente para la coordinación del proceso de reforma y actualización de la Seguridad Social integrado por los Ministerios de Trabajo y de Economía, el Banco de Previsión Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República.
Tercero, la propuesta alternativa de reforma al sistema de seguridad social de la representación de los trabajadores parte del principio de que la seguridad social debe ser un derecho humano fundamental. La plantean como proceso gradual, progresivo y responsable, basada en el diálogo y la rigurosidad técnica. Proponen una reforma estructural de todo el sistema hacia uno nuevo basado en tres pilares:
Pilar básico asistencial financiado con impuestos.
Pilar contributivo con cobertura del 100% de los trabajadores, financiado con contribuciones tripartitas.
Pilar de capitalización individual para los trabajadores de altos ingresos, no lucrativo y con participación de los trabajadores.
Su objetivo es construir un modelo de seguridad social inspirado en una concepción integral, bajo los principios de universalidad, redistribución, solidaridad intra e intergeneracional, participación, protección, financiamiento progresivo con aportación tripartita, y cuyo fin esencial no sea el lucro.
Material documental
Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Memoria Anual 2004, Santiago de Chile, 36 pp.
CEPAL, Revista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, abril 2005, Santiago de Chile, 176 pp.
- Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2003-2004, Santiago de Chile, 368 pp.
- Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2004, Santiago de Chile, 484 pp.
- La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, 2004, Santiago de Chile, 162 pp.
- Balance Preliminar de las Economías, 2004, Santiago de Chile, 169 pp.
Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAFP), Memoria Anual 2004, Santiago de Chile, 36 pp
- Inversiones de los Fondos de Pensiones, Memoria Seminario Internacional, Santiago de Chile, 264 pp.
Superintendencia de Seguridad Social, Financiamiento y Asignación de Recursos de la Seguridad Social en Chile periodo 2000-2002, Estudio sobre el sistema de Seguridad Social Chileno, Santiago de Chile, 162 pp.
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Informe de la Seguridad Social, Cuarto Trimestre de 2004, Buenos Aires, Argentina, 75 pp.
- Carta Compromiso con el Ciudadano, septiembre 2004, Buenos Aires, Argentina, 60 pp.
- Informe de Gestión de la Administración Nacional de la Seguridad Social, febrero 2002-febrero 2004, Buenos Aires, Argentina, 83 pp.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Libro Blanco de la Previsión Social, Buenos Aires, Argentina, mayo 2003, 192 pp.
- El Futuro de la Previsión Social en Argentina y el Mundo: Evaluación y Desafíos, Seminario Internacional, 20 de abril de 2004, Buenos Aires, Argentina, 82 pp.
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), Boletín Estadístico Mensual abril 2005, Buenos Aires, Argentina, 42 pp.
Notas:
1. Ver presentación formato Power Point "El Sistema de Pensiones en Chile", Subsecretaría de Previsión Social, 2005.
2. Ver presentación en Power Point titulada "Sistema de Seguridad Social en Chile", Superintendencia de Seguridad Social, abril 2005.
3. A partir de agosto de 2004 se incorporó la modalidad de Retiros Programados con renta Vitalicia Inmediata.
4. A partir de 2002 se incorpora al Régimen de Cesantía el Seguro de Cesantía, que incluye ingresos por cotizaciones previsionales.
5. Ver presentación formato Power Point titulada "Seguridad Social en Chile: Sistema Antiguo", Instituto de Normalización Previsional.
6. Ver presentación en formato Power Point titulada "El Sistema Chileno de Pensiones", Solange Berstein, Jefa de la División de Estudios de la Superintendencia de AFP.
7. Estudio Berstein-Chumacero (2004), estiman que los costos en términos de diversificación serían en promedio de un 10% del valor del Fondo.
8. Ver presentación en formato Power Point titulada "Sistema de AFP", Fernando Ávila Soto, Gerente de Operaciones de la Asociación Gremial de AFP.
Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2005.
Diputados: Miguel Alonso Raya (PRD), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (PRI), José Mario Wong Pérez (PRI), Lucio Galileo Lastra Marín (PAN), Alfonso Rodríguez Ochoa (PRI), Miguel Ángel Llera Bello (PAN), Rocío Sánchez Pérez (PRD), Francisco A. Espinosa Ramos (PT) (rúbricas)
(Recibido por la Junta de Coordinación Política el 21 de septiembre de 2005.)
Actas
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CORRESPONDIENTE A SU DECIMOCTAVA REUNIÓN PLENARIA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2005
Presidencia de la diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán
Siendo el día diez del mes de agosto del año dos mil cinco, se llevo a cabo la XVIII Reunión Plenaria de la en donde la diputada Presidenta Jacqueline G. Argüelles Guzmán, agradeció la asistencia a dicho reunión y como primer punto se llevo a cabo la verificación del quórum, y con una asistencia de quince diputadas y diputados, la Presidencia declaro abierta la sesión.
Asistencia:
Dip. Jacqueline G. Argüelles Guzmán
Dip. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
Dip. Roberto Aquiles Aguilar Hernández
Dip. Ernesto Alarcón Trujillo
Dip. José Luis Cabrera Padilla
Dip. Pascual Sigala Paez
Dip. Raúl Rogelio Chavarría Salas
Dip. María del Rosario Herrera Asencio
Dip. Mario Ernesto Davila Aranda
Dip. Adrián Chávez Ruiz
Dip. Maria Guadalupe García Velasco
Dip. Nancy Cárdenas Sánchez
Dip. Raúl Leonel Paredes Vega
Dip. Alfredo Bejos Nicolás
Dip. Regina Vázquez Saut
Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres
Dip. Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez
Dip. Jacobo Sánchez López
Como segundo punto se dio lectura al orden del día por parte del diputado secretario José Luis Cabrera Padilla, la cual incluía como primer punto, la lista de asistencia y verificación de quórum; como segundo punto la lectura y aprobación en su caso del orden del día; tercer punto la lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el 8 de febrero de 2005; cuarto punto los dictámenes a discusión, siendo el primero a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que verifique el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 relativa a lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final en la planta de la Promotora Ambiental del Sureste SA de CV PASA.; segundo a la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dictamine sobre los casos de delfines encontrados muertos en la laguna de términos; tercero a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que en el ámbito de las respectivas competencias realicen visitas de inspección y/o verificación a la empresa Fiemex SA de CV; cuarto a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat y a la Profepa para que instrumenten medidas urgentes, a fin de evitar más daños ecológicos y proteger a la fauna del Lago de Guadalupe en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, quinto a la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad a tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de elementos químicos, tóxicos y a resarcir el daño causado a las tierras de producción agrícola y a la salud de los residentes del Valle de Mexicali, emitidos por la Planta Geotérmica de Cerro Prieto. Quinto punto del orden del día a tratar fue el informe de actividades de octubre de 2003 a junio de 2005, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el sexto punto, fue el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Auditoría Extraordinaria a los recursos asignados a la Comisión Nacional del Agua, CNA y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat; y por último el séptimo punto a desarrollar seria el abordar los asuntos generales de la comisión; dicha orden del día fue aprobada en votación económica para desarrollar en sus términos.
Acto seguido y como tercer punto se aprobó el acta de la sesión realizada el día 08 de febrero de 2005.
Pasando al siguiente punto del orden del día se inició a la discusión de los proyectos de dictamen de la comisión y que previamente se habían turnado a cada uno de los diputados integrantes para su estudio.
En primer término fue la votación para su discusión del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que verifique el cumplimiento de la norma oficial NOM 004-SEMARNAT-2002 relativa a lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final de la planta de la Promotora Ambiental del Sureste SA de CV, y estando la mayoría por la afirmativa, se sometió a discusión, por lo que se procedió a abrir el registro de oradores y toda vez que no hubo registro para observaciones al mismo, se votó y por mayoría fue aprobado en sus términos
El diputado Víctor Alcerreca, en uso de la palabra solicitó que se leyeran los resolutivos de los dictámenes, ya que aunque se aprobarán en sus términos, pudiesen tener la oportunidad de reflexionar alrededor del sentido del mismo. Por lo que la diputada Presidenta procedió a dar lectura a los resolutivos del primer dictamen. Siendo estos los siguientes:
"Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a verificar, que la operación de la planta Promotora Ambiental del Sureste SA de CV, cumple en todos sus puntos con lo establecido en las NOM-024-SSA1-1993, NOM-004-SEMARNAT 2002 y NOM-133-SEMARNAT- 2000; y en caso de encontrar deficiencias o anomalías iniciar los procedimientos administrativos y legales para sancionar, o en su caso, retirar los permisos de alojamiento y tratamiento de los residuos sólidos peligrosos a esta compañía.
Segundo: Se exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación, y en su caso, consignar a los responsables de presuntamente desechar lodos residuales (tóxicos) y enterrar Bifenilos Policlorados (PCB?s) en los terrenos contiguos de la planta Promotora Ambiental del Sureste SA de CV (Pasa)
Tercero: Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Salud, a través de una institución académica debidamente acreditada realicen las investigaciones y estudios necesarios a fin de establecer los niveles de contaminación existentes en la Promotora Ambiental del Sureste SA. de CV, ubicada en la ranchería Anacleto Canabal, Tercera Sección, dentro del corredor industrial Loma de Caballo, Estado de Tabasco; donde se presume, se encuentran materiales y equipos que contenían BPC?s y se determine el impacto a las comunidades y al medio ambiente, entregando los resultados de los mismos a la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Cuarto: Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el marco de sus atribuciones solicite a la empresa Promotora Ambiental del Sureste SA de CV. la remediación del daño ambiental y de salud causado en la localidad a través de la integración y puesta en marcha de un programa de atención y recuperación de salud de la población y de un programa de rescate ambiental, el cual deberá ser cubierto por la misma empresa".
Solicitando el uso de la palabra el diputado Jacobo Sánchez, pidió que se hiciera una modificación al punto de acuerdo en su segundo resolutivo, en donde indicaba que se exhortara a la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación y en su caso consignar a los responsables de presuntamente desechar lodos residuales, ya que él estimaba que como Comisión se les estaba exhortando a que ellos iniciaran una investigación, y que para él, debería de ser iniciar los procedimientos legales porque eso es lo que le corresponde hacer a la Procuraduría y es lo que a ellos como diputados les correspondía hacer, exhortarlos, para que en su caso se consignen a los responsables. Por lo que proponía el cambio de "iniciar una investigación y, en su caso, consignar" a "iniciar los procedimientos legales" que variaba mucho de lo que actualmente decía el texto del resolutivo.
El diputado Adrián Chávez, solicitó, un cambio en la redacción, para que quedara "y en su caso deslindar las responsabilidades"
La diputada Jacqueline Argüelles, preguntó si las dos modificaciones consistían únicamente en cambiar el resolutivo segundo del punto de acuerdo y tomar lo dicho por el diputado Jacobo Sánchez que proponía cambiar: "Iniciar una investigación", por iniciar los "procedimientos legales", así como añadir la propuesta del diputado Adrián Chávez y agregar al texto "deslindar las responsabilidades correspondientes". Por lo que la diputada Presidenta Jacqueline Argüelles solicitó al secretario técnico licenciado Luis Eduardo Gómez su intervención como área técnica.
El licenciado Luis Eduardo Gómez García, le preguntó al diputado Jacobo Sánchez, si lo que quería era que quedara "Los procedimientos legales y en su caso consignar?", e informó que el procedimiento legal que puede llevar a cabo la Procuraduría General de la República era el de iniciar una averiguación previa por un delito ambiental y en su caso consignar, que sería el deslinde de la responsabilidad. Por lo que, el área técnica si buscaba poner la palabra consignar, porque precisamente ese era el objetivo, la consignación de los presuntos responsables. Y abundó diciendo que sí existe por parte de alguna empresa algún otro tipo de responsabilidades, se está solicitando a Profepa y a la Secretaría de Medio Ambiente deslinden las mismas, de acuerdo a la sanción administrativa que haya, pero en este caso el resolutivo segundo sí debía de decir "consignar" porque es lo único que puede hacer la Procuraduría General de la República en este caso, iniciar una averiguación previa, fundamentarla, motivarla, encuadrarla a los elementos del tipo y consignar en su momento a los presuntos responsables. Solicitando en ese sentido, y si les parecía bien que se quedara consignar.
Por lo que la presidencia solicitó, si estaban de acuerdo, sometieran a votación la última propuesta de ambos diputados con la redacción que había propuesto el secretario técnico. Sometida a votación dicha propuesta, se aprobaron por mayoría las modificaciones al resolutivo segundo del primer punto de acuerdo.
El siguiente punto del orden del día fue la votación para la discusión del dictamen a la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dictamine sobre los casos de delfines encontrados muertos en laguna de términos, y habiéndose votado por la afirmativa, se procedió a su discusión, dando lectura al único resolutivo de dicho punto de acuerdo, que a la letra decía "ÚNICO: No es de aprobarse el presente punto de acuerdo toda vez que el asunto que lo motivó ha quedado resuelto"
Dando la diputada Presidenta Jacqueline Argüelles, una breve explicación del por que del sentido negativo de dicho resolutivo, en el sentido de que ya habían sido aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados dos puntos de acuerdo en el mismo sentido, uno con fecha 11 de agosto de 2004 y otro del 3 de diciembre de 2004; asimismo informó que con fecha 10 de febrero de 2005 se había recibido un informe detallado referente al sacrificio de delfines procedente del Senado de la República, incluyendo el estado que guardan las diversas averiguaciones previas. Por último informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no era una autoridad facultada para realizar estudios de investigación de prospección sísmica, además de que la utilización de dicha actividad de exploración por parte de Petróleos Mexicanos no requiere de estudios de impacto ambiental previos a su autorización.
Una vez dada la explicación anterior se abrió el registro de oradores, y toda vez que no hubo oradores se procedió a su votación, y habiendo votado la mayoría por la afirmativa, se aprobó en sus términos dicho dictamen.
Continuando con el orden del día, se procedió a la votación para la discusión del dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realicen visitas de inspección y/o verificación a la empresa Fiemex, SA de CV, siendo aprobada su discusión y no habiendo oradores anotados para realizar observaciones al respecto, previa lectura de su único resolutivo el cual quedó de la siguiente manera "Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para que a través de la Comisión Nacional del Agua lleve a cabo los muestreos y análisis de las descargas de aguas residuales realizadas por la empresa Fiemex, SA de CV, con el objeto de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles, establecidos para los parámetros señalados en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, remitiendo los resultados de ese estudio a esta soberanía, y en caso de detectarse violaciones a la misma, se dé conocimiento a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se apliquen las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal sobre Metrología y normalización y demás ordenamientos jurídicos aplicables"; se procedió a la votación del mismo, el cual fue aprobado por mayoría en sus términos.
Como siguiente punto del orden del día, se sometió a votación para su discusión el dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat y a la Profepa para que instrumenten medidas urgentes, a fin de evitar más daños ecológicos y proteger a la fauna de Lago de Guadalupe en el municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México, aprobada por mayoría su discusión y toda vez que no hubo consideraciones en relación al mismo, previa lectura de sus resolutivos, se prosiguió con su votación, y con la mayoría por la afirmativa fue aprobado en sus términos.
Quedando los resolutivos de la siguiente manera:
"Primero; se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que a través de la Comisión Nacional del Agua lleve a cabo los muestreos y análisis de las descargas de aguas residuales en el Lago de Guadalupe, con el objeto de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos para los parámetros señalados en la Norma Oficial Mexicana, NOM-001-SEMARNAT-1996, debiendo remitir los resultados de este estudio a esta soberanía y en caso de detectarse violaciones a la misma, se dé conocimiento a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus respectivas competencias se inicien las investigaciones necesarias y en su caso auditorias ambientales a efecto de aplicar las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), a realizar las gestiones necesarias para terminar las obras construcciones del colector sur del Lago de Guadalupe, iniciada en 1997, para lograr sanear el citado embalse.
Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Salud, al municipio de Cuautitlán Izcalli, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a verificar que las instalaciones que se ubican en la calle Campestre del Lago número 4 de la colonia Lago de Guadalupe en el municipio referido, cuentan con los permisos respectivos de uso de suelo y de registro ante salud y asimismo cumplen con las obligaciones en materia ambiental y fiscal, para poder operar como laboratorio de productos químicos, informando a esta soberanía sobre los resultados de estas inspecciones. Asimismo y en caso de encontrar anomalías, iniciar los procedimientos legales y administrativos a efecto de complementar los ordenamientos jurídicos aplicables.
El siguiente dictamen a discusión del orden del día fue a la proposición con punto de acuerdo para que se exhortara a la Comisión Federal de Electricidad a tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de elementos tóxicos y a resarcir el daño causado a las tierras de producción agrícola y a la salud de los residentes del Valle de Mexicali; emitidos por la planta Geotérmica Cerro Prieto, aprobada la discusión del mismo se dio lectura a los resolutivos, los cuales quedaron de la siguiente manera:
"Primero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa), para que instrumente medidas urgentes y verifique en el cumplimiento la normatividad ambiental en torno a las actividades industriales y de servicios y al aprovechamiento de los recursos naturales por parte de la Geotermoeléctrica, Cerro Prieto, ubicado en el municipio de Mexicali, Baja California Norte, en el Valle de Mexicali.
Segundo; Se exhorta a la Secretaría de Salud para que verifique, emita y haga llegar a esta soberanía y a la Profepa, un diagnóstico para determinar si la operación de la planta Geotermoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en Cerro Prieto, Mexicali, cumple con lo establecido en la NOM-024-SSA1-1993, y si alguno de los elementos químicos emitidos por la Geotermoeléctrica, Cerro Prieto, tales como litio, cadmio, arsénico, ácido sulfhídrico, boro, amoniaco y Sílice residual, pudieran estar sedimentados en las tierras de producción agrícolas contiguas a dicha planta o bien se hayan depositadas a cielo abierto."
Abierto el registro de oradores, el diputado Víctor Manuel Alcerreca, hizo la aclaración que en el segundo párrafo decía "y si alguno de los elementos químicos", pero que ni el ácido sulfhídrico ni el amoníaco son elementos químicos, sino productos químicos, por lo que sugería el cambio.
Por lo que una vez realizada la aclaración, se procedió a la votación del dictamen, el cual fue aprobado por la mayoría con las correcciones señaladas.
Una vez discutidos y votados los dictámenes, se procedió a la revisión del informe de actividades de la Comisión correspondiente al periodo comprendido de octubre de 2003 a junio de 2005, el cual también se encontraba anexado en las carpetas y como siguiente punto del orden del día a tratar; del mismo la diputada Presidenta Jacqueline Argüelles, informó que se quedaba en espera de que mandaran sus observaciones para incorporarlas y poderlo mandar a impresión. Y propusieron como tiempo límite para hacer llegar las observaciones al informe, a mediados del mes de septiembre, fecha en que se tenía programada la próxima reunión plenaria de la Comisión.
El diputado Víctor Alcérreca, propuso que el término para entregar observaciones, fuera más breve, con la finalidad de que en la Mesa Directiva, no lleguen otros informes antes y califiquen a los integrantes de la comisión de morosos, por lo que solicitó se diera menos tiempo para su revisión.
La diputada Presidenta Jacqueline Argüelles estando de acuerdo preguntó a los demás diputados si estaban de acuerdo, y sugirió como fecha límite la última semana de agosto, para poder iniciar el Periodo ya con la entrega del informe.
El diputado Pascual Sigala Páez, estuvo de acuerdo con la sugerencia del diputado Alcérreca y la propuesta de la presidenta, con la solicitud de que los informes estuvieran a la brevedad posible en las oficinas de cada uno de los diputados integrantes de la Comisión.
Con las sugerencias realizadas se votó como plazo máximo la última semana de agosto, y estando la mayoría por la afirmativa, quedó establecida dicha fecha.
El penúltimo punto del orden del día fue el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la auditoría extraordinaria a los recursos asignados a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En donde el diputado Roberto Marrufo, expresó que efectivamente en dicho informe se encontraban los resultados o el informe final de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la auditoría que había solicitado la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala conjuntamente con el Senado al ejercicio fiscal del 2003.
Agregó que era claro que la situación en la Cuenca Lerma-Chapala era desastrosa y que no ha habido quien ponga orden, ni mucho menos en los recursos; situación por la cual en la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala consideraron que era necesario solicitar una auditoría de desempeño a la Auditoría Superior de la Federación, informando que dicha auditoría llevó un año para consumarla, y de los resultados él en especial quería señalar alguno de ellos.
El órgano fiscal tuvo el objetivo muy concreto de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las acciones realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para recuperar, conservar y manejar de manera integral los recursos hídricos de la Cuenca Lerma-Chapala, así como los mecanismos de coordinación con las entidades federativas, los municipios y los sectores social y privado.
Añadió que teniendo como base la experiencia y la evidencia de que las acciones biofísicas y socioeconómicas de la región continúan manteniéndola al borde del desorden ambiental, más grave en los últimos tiempos; la falta de voluntad de autoridades federales encargadas de su rescate, la falta de coordinación de la Comisión Nacional de Agua con autoridades estatales, municipales, sector social y privado, y la falta de un programa de manejo para la Cuenca, era de esperarse que la auditoria de referencia arrojara resultados alarmantes y adversos a los programas prioritarios para la misma.
En la revisión practicada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua arrojó como resultados que no se contó con un programa de manejo integral para la Cuenca Lerma-Chapala, se ejerció únicamente el 52% del presupuesto autorizado, el diagnóstico de la Cuenca Lerma-Chapala emitido por Semarnat e incluido en el programa maestro para su recuperación y sustentabilidad, no fue oficializado.
No se establecieron de manera oficial los datos que determinan los aspectos biofísicos y socioeconómicos que delimitan la Cuenca Lerma-Chapala como lo son: superficie, número de municipios, población, número de acuíferos y corriente de agua, entre otros.
Se detectaron transferencias de recursos a otros proyectos totalmente ajenos a la Cuenca Lerma-Chapala, como cubrir el crédito al salario, al Impuesto sobre la Renta, administración de recursos para cubrir demandas judiciales por daños y perjuicios a usuarios, recursos para el programa de separación voluntaria de servidores públicos, entre otros.
Indicó que en el Programa K-030 Cuenca Lerma-Chapala se autorizó un presupuesto de 446 millones de pesos, de los cuales el 47%, o sea, 213 millones de pesos se transfirieron a otros proyectos totalmente ajenos a la Cuenca Lerma-Chapala. Explicó que en cuanto al aprovechamiento de los recursos en México se evidencia que la extracción y aprovechamiento es superior a su capacidad de carga, ya que las cifras denotan un déficit de 522.1 metros cúbicos por año y en el caso de aguas subterráneas, de 271. Por lo que las acciones que hasta ahora había implementado Semarnat y la Comisión Nacional del Agua no habían sido suficientes para mejorar, conservar y dar sustentabilidad al recurso.
Adicionalmente, en el año 2003 la Comisión Nacional del Agua destinó recursos por 148 millones 315 mil pesos de sus programas normales de operación para actividades de la Cuenca Lerma-Chapala, sin embargo, dicho organismo no contaba con información que permitiera conocer el impacto de los resultados en las acciones realizadas con dichos recursos.
Agregó que así podría enumerar un gran número de acciones, pero con lo que hasta ese momento había mencionado, se podían dar cuenta que muchas de las observaciones realizadas por el órgano auditor, tanto a la Secretaría de Medio Ambiente como a la Comisión Nacional del Agua y sus respectivas gerencias estatales, denotaban una falta de claridad y orden, no sólo para diseñar sino también para implementar las políticas públicas en el sector hidráulico. Lo que llevaba a evidenciar que el manejo integral de los recursos hídricos del país, y en particular los de la Cuenca Lerma-Chapala, no habían sido ni serian prioritarios para las autoridades del Poder Ejecutivo de la actual administración; por lo que pregunto a los diputados que como podían enfrentar el problema de la Cuenca Lerma-Chapala si en la práctica la Comisión Nacional del Agua, organismo que tiene la directriz en el marco integral del mismo y Semarnat corresponsable del manejo sustentable de los demás recursos de la región y del país solamente habían mostrado falta de planeación y no habían mostrado transparencia.
Hizo el comentario de que era vergonzoso que la mayoría de las observaciones que promovieron, 22 acciones, de las cuales 14 son recomendaciones tanto a Semarnat como a la Comisión Nacional del Agua van encaminadas al cumplimiento de la ley. Dijo que no era posible que los encargados de aplicar y hacer cumplir la ley sean los principales transgresores de las mismas".
Por lo que solicitó a la presidencia que hiciera llegar a sus demás compañeros diputados dicho documento, y agregó que era lamentable, porque mientras los diputados peleaban porque hubiese mayor presupuesto a las diferentes dependencias, concretamente a Semarnat y en algunos casos hasta etiquetados, se canalizaban dichos recursos hacia otros rubros y no para lo que habían sido asignados. La problemática de la situación de la Cuenca Lerma-Chapala dijo, es grave, ya que es una de las más contaminadas, es la más contaminada de México y del mundo, por lo que necesitaban ponerse a trabajar y solicitó que también las autoridades lo hicieran coordinadamente porque la misma auditoría les estaba diciendo que no había coordinación entre ellos, no había programa maestro, no se oficializaba y había una serie de irregularidades.
Solicitando el diputado Marrufo, que consideraran para el próximo presupuesto del 2006 un rubro especial, dentro ya sea del PEC, o en una partida especial un presupuesto mayor para la Cuenca Lerma-Chapala, conjuntamente con la Comisión de Recursos Hidráulicos y con la propia de la Cuenca Lerma-Chapala para poder hacerlo.
Terminó diciendo que el rescate de la Cuenca era a 25 años, y que tendría un costo de aproximadamente entre 25 mil y 35 mil millones de pesos, con proyecto multianual; pero solicitó que se verificaran dichos recursos para que se encaminaran y se utilizaran, y no que quedaran sin utilizar. Señaló que esta vez, sobre dicho recurso, se dejaron de utilizar 14 millones, como si sobrara el dinero.
En uso de la palabra el diputado José Luis Cabrera, dijo que era lamentable el que en dicho proyecto o programa de saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala, se encontrara con un informe en donde se apreciaba que se pudo ejercer el recursos para lo que fue destinado, y que ascendiera a cerca de un 50%. Y agregó que no era un problema único, sino que tal parecer era un tema recurrente, ya que se había enterado de otros programas que no habían sido aplicados y que también existía. Añadió que actualmente también existía el problema de los cañeros, no solamente por la publicación de la ley, sino también porque no habían sido destrabados los recursos que tienen que ver con el campo, y pregunto cuales serian los argumentos que hay para poder destinar un mayor presupuesto, porque de alguna manera no habían sido aplicados los que se destinaron, los ya aprobados y no habría argumento para que se pudiese incrementar, tal parecería que pudiera ser de esa manera. Por lo que solicito, se hiciera una reflexión al respecto y presionar a las autoridades para que dichos recursos se aplicaran en tiempo y forma, ya que era parte también de las facultades que tenían como diputados y que podían darle seguimiento a dicho asunto.
Asimismo propuso y ya como asuntos generales, que se difundiera a través de los diferentes medios los trabajos que se habían realizado en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como lo había hecho por ejemplo la Comisión de Desarrollo Social, por mencionar alguna o lo relacionado a las Comisiones relacionadas al campo. Ya que el creía que sería oportuno publicarlo para que también la ciudadanía tuviese conocimiento que en la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se estaba realizando el trabajo que les correspondía y que se podía aprovechar el informe de actividades del 2003-2005 para rescatar algunos puntos del mismo y publicarlos.
La diputada Presidenta Jacqueline Argüelles, manifestó con respecto a la intervención del diputado Marrufo, que le parecía muy importante el informe que él había proporcionado, relativo a la auditoría de la Cuenca Lerma-Chapala, y que el mismo ya lo habían hecho público en la Comisión especial para analizar la situación de dicha Cuenca Lerma-Chapala y que realmente era alarmante que existiera un subejercicio de más del 50% del presupuesto, cuando ellos como diputados, el año pasado habían destinado 7 mil millones adicionales para la Comisión Nacional del Agua.
Ya que se habían sacrificado otras áreas de la propia Semarnat para darle al rubro del agua la cantidad más fuerte y finalmente se fue a controversia, en donde todavía no se había podido destrabar los recursos para ninguna de las áreas actuales protegidas, para poner un ejemplo más de lo que se trabajó en el presupuesto el año pasado. Y dijo que servia mucho la información que el diputado Marrufo hacia llegar, y que quería hacerlo oficial, y que si eran tan amables de esperar, a que la Comisión les hiciera entrega oficial de dicho documento para que todos los diputados integrantes estuviesen enterados de lo que el diputado Marrufo había trabajado y que le parecía sustancial para la próxima discusión de presupuesto y al seno de las siete Comisiones Unidas poder trabajar el presupuesto de manera más realista y poder sensibilizar a la propia CNA y Semarnat las cuáles eran las áreas donde podrían ejercer recursos de manera más ágil y no tener que estar trabajando todavía a estas alturas del año para que bajen los recursos.
Explicó con referencia a lo que comentó el diputado Cabrera que estaban trabajando ya en un spot de la propia Comisión de Medio Ambiente tanto en televisión como en radio, y que se aprovecharía la campaña institucional de la propia Cámara de diputados para poder difundir todo el trabajo que se ha realizado al interior, ya que era muy importante que la ciudadanía conociera cuál es el trabajo que se ha venido realizando y cuáles son las acciones que en pro del medio ambiente ha realizado la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El diputado Adrián Chávez informó que en el marco de lo que se estaba planteando con CNA y en vísperas del Informe de Gobierno y posteriormente de la Glosa, donde seguramente vendría el Secretario de Medio Ambiente a la Cámara a discutir los temas respectivos de su cartera, parte de lo que estaba en la controversia constitucional, hacia cuatro semanas, que Hacienda había informado de un recorte que hicieron al presupuesto ya reconocido por ellos, ya sin problemas de interpretación de cifras, de 24 mil millones de pesos del Presupuesto Especial Concurrente, del PEC, y que esos 24 mil millones de pesos los habían prorrateado entre distintas secretarías y entendía que a Semarnat le tocaron poco más de 2 mil millones de recorte. Y parte de ese recorte entendía, que 600 millones eran para áreas naturales protegidas, además de lo que correspondía a CNA, que era la mayor proporción.
Y que ellos como fracción habían denunciando dicha situación en los medios donde habían podido hacerlo, pero le parecía que en víspera de la Glosa del Informe, era muy importante tener dichos elementos bastante presentes, precisamente porque les era muy complicado armar un proyecto de presupuesto coherente si en primer lugar hay observaciones por parte del Ejecutivo que se convierten en controversias constitucionales y posteriormente de facto realiza modificaciones al presupuesto para que quede como el Ejecutivo lo quería originalmente. El Ejecutivo originalmente quería un presupuesto de carácter bastante restrictivo y lo que no pudo meter por parte de la controversia, lo había metido en la modificación de estos 24 mil millones de pesos.
Explicó que el decreto de presupuesto permitía que se pudieran hacer modificaciones hasta el 10% y hasta menos del 10% sin avisar a la Cámara y que esos 24 mil millones de pesos entendía que eran el 9.4%; por lo que entonces se cuidaron en hacer el recorte de tal manera que se pudieran hacer modificaciones sin que tuvieran que informar a la Cámara de Diputados y así como diputados no tuvieran nada que plantear, pero finalmente son elementos bastante necesarios para tomar en cuenta rumbo a la glosa, rumbo a la elaboración del próximo presupuesto y que también ubicaran que es muy complicado darle recursos a quien no se los quiere gastar, darle recursos a quien no sólo no se los quiere gastar, sino realiza todos los movimientos y utiliza todos los medios a su alcance para establecer subejercicios o para dejar el gasto inoperante del presupuesto.
Previa solicitud del uso de la palabra el diputado Alfredo Bejos Nicolás, indicó que independientemente de lo expresado por sus compañeros diputados, el creía que era válido y necesario el exhorto por los subejercicios, no tanto por que lo hayan aprobado o porque lo hayan solicitado el Poder Ejecutivo y luego de alguna manera mañosa esté logrando que los recursos no se ejerzan, sino porque estaban convencidos y así lo habían discutido en muchas ocasiones, de que había actividades y de que había funciones de la propia Semarnat, de la CNA y de la Profepa que no se cumplen. Abundo en que tenían que definir qué era lo que se requería y asignar los recursos; y en segunda instancia vigilar que se apliquen, porque si de manera graciosa el Poder Ejecutivo en su proyecto para el siguiente año le daba opción a esas dependencias de tener un presupuesto mejor, nada resuelve si al final de cuentas la propia Hacienda les recorta para pasarlo para otros rubros.
Señaló que eran actividades totalmente mañosas, que eran actividades y medidas que tomaba Hacienda para escatimar, para salir con un presupuesto de cierta magnitud y luego ubicar recursos donde quisiera; por lo que el creía que era válido el exhorto y necesario que durante el ejercicio anual le dieran seguimiento a qué se hace con los recursos, y que además valía la pena comentar, que en la discusión del Presupuesto del año pasado las modificaciones propuestas por la Cámara de diputados, fueron prácticamente concensadas con el propio Ejecutivo, estando de acuerdo con el anterior Secretario de Medio Ambiente, Ingeniero Cárdenas, que como diputados habrían de hacer una recomposición del Presupuesto presentado por el Ejecutivo con la anuencia de las distintas dependencias de la propia Semarnat, de Profepa, de CONANP, del Instituto Nacional de Ecología y que tristemente no se habían podido respetar dichos acuerdos.
Sugirió que valdría la pena platicar en breve con el secretario e ingeniero José Luis Luege Tamargo, para poder establecer una serie de reuniones al seno de la Comisión, para ir conociendo obviamente su proyecto de trabajo como nuevo secretario al frente de la Semarnat y de igual manera ir trabajando el propio presupuesto con las inquietudes de los señores legisladores y con las propuestas que la Secretaría pudiese tener.
Terminó diciendo que al inicio de la reunión había hecho entrega del proyecto para el saneamiento del Parque Nacional "El Chico", la cual era un área natural protegida, y que había sido la primer área protegida decretada en México y en América Latina, y que actualmente había un decaimiento forestal del Parque Nacional, por lo que quería hacer la invitación a los integrantes de la Comisión, para poder visitar el Parque Nacional "El Chico", el cual no se encontraba muy lejos, que se está deteriorando y que valdría la pena recorrer para tomar en cuenta ese proyecto y poder hacer algo por dicha área protegida.
A lo que la diputada Presidenta Jacqueline Argüelles dijo que harían llegar a los 30 integrantes de la Comisión la propuesta para agendar una visita a dicho lugar. Dando por terminada la sesión, agradeció la asistencia de las y los diputados.
Diputados: Jacqueline G. Argüelles Guzmán, Presidenta; Francisco Javier Lara Arano, secretario; Roberto A. Aguilar Hernández, secretario; Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, secretario; José Luis Cabrera Padilla, secretario (rúbricas)
DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO, REFERENTE A LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE SU MESA DIRECTIVA, REALIZADA EL MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2005
La decimocuarta reunión de trabajo de la Mesa Directiva de la CIIPAB, inició a las 8:30 horas del 28 de septiembre de 200, con la asistencia de los siguientes diputados integrantes de la Mesa Directiva de la CIIPAB:
Dip. Manuel Pérez Cárdenas, Presidente.
Dip. Alfonso Ramírez Cuellar, secretario.
Dip. Víctor Ernesto González Huerta, secretario.
El diputado Salvador Vega Casillas, secretario, anticipó que no asistiría.
Durante la decimocuarta reunión, los diputados integrantes de la Mesa Directiva de la CIIPAB adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Que en la Memoria del Foro sobre protección al ahorro bancario -Una perspectiva internacional-, efectuado los días 7 y 8 de marzo del 2005, se incluya, por cada uno de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM los respectivos comentarios en 2 o 3 cuartillas máximo.
2.- Realizar un foro sobre la venta de la cartera de créditos derivada de las operaciones del Fobaproa y que actualmente el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) administra y enajena. El foro se realizará en un día que estará comprendido entre el 16 y el 19 de noviembre del 2005.
3.- Respecto al asunto del escrito firmado por el licenciado Gerardo Yamamoto Villavicencio, el cual fuera turnado a la CIIPAB por la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados mediante turno No. LIX/3052, folio 008139, recibido el 1 de agosto de 2005, se acordó desahogarlo considerando que la parte sustantiva del escrito lo constituye la solicitud de que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados dictamine la propuesta de iniciativa de modificación a la LPAB (que se adicione el artículo 62 Bis), sometida al Pleno de la Cámara de Diputados el 14 de abril del 2005 por el diputado Jesús Martínez Álvarez, y considerando también, para su desahogo, las aclaraciones que el IPAB haga en respuesta a la solicitud que le hiciera la CIIPAB mediante oficio número CIIPAB/2005/297.
4.- Invitar al secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), licenciado Mario Alberto Beauregard Álvarez, a reunirse con la Mesa Directiva de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (CIIPAB) el día miércoles 5 de octubre del 2005, a las 8:30 a.m., a fin de tratar, entre otros, el tema de las revisiones a la gestión, a la legalidad y de identidad de objeto de existencia y legitimidad de la cartera del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (Revisiones GEL).
Leída que fue por los integrantes de la Mesa Directiva, firman la presente acta de la decimocuarta reunión de conformidad:
Diputados: Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Presidente; Alfonso Ramírez Cuellar (rúbrica), secretario; Víctor Ernesto González Huerta (rúbrica), secretario; Salvador Vega Casillas (rúbrica), secretario.
Lista de asistencia a la decimocuarta reunión de trabajo de la Mesa Directiva de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (CIIPAB), a celebrarse a las 8:30 horas del día 28 de septiembre del 2005.
Dip. Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica)
Presidente.
Dip. Alfonso Ramírez Cuellar (rúbrica)
Secretario
Dip. Víctor Ernesto González Huerta (rúbrica)
Secretario.
Dip. Salvador Vega Casillas
Secretario
