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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 57 DE LA LEY DEL ISSSTE, PRESENTADA POR EL SENADOR ROBERTO PEREZ DE ALVA BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA SESION DEL JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2000
Exposición de Motivos
En los últimos años, el costo del cambio estructural para la modernización de la economía ha sido alto, afectando el nivel de ingresos de la población y acentuando una inequitativa distribución de la riqueza. Los recursos de los que dispone el Estado no han crecido al mismo ritmo al que lo han hecho los retos a enfrentar. Así, las demandas de la sociedad, en especial las de los sectores de menores recursos, se han cubierto de manera parcial ocasionando, al mismo tiempo, que los rezagos y las asignaturas pendientes se acumulen y se constituyan en problemas cada vez mayores.
Las enormes disparidades en los niveles de ingresos de las familias mexicanas representan uno de los problemas más importantes a atender dentro de la agenda nacional. En la actualidad, un 2.1% de la población recibe el 51% del ingreso nacional mientras que otro 80.2% de los mexicanos reciben sólo el 17.5%.
Para los mexicanos la vivienda es considerada un factor fundamental del bienestar nacional en la medida en que constituye su principal patrimonio, entendido éste como producto del ahorro, dándoles arraigo, seguridad, sentido de pertenencia e identidad. La casa es el lugar donde se forma y crece la familia, por lo que constituye una de las condiciones primordiales para elevar su nivel de vida. Por esto, una de las demandas sociales elementales, que constituye además un derecho Constitucional, plasmado en los artículos 4 y 123, es el de la vivienda.
Sabemos que el problema habitacional no es una cuestión aislada, sino el resultado de un conjunto de factores socioeconómicos y de carácter institucional que tienen que ver con la manera como se ha concebido e instrumentado las políticas públicas en la materia. En las condiciones actuales, no existe en nuestro país la capacidad de respuesta para abatir el rezago acumulado ni mucho menos para atender la demanda proyectada para el corto, mediano y largo plazo. La realidad nos muestra que los esfuerzos institucionales han sido insuficientes ante un problema que adquiere dimensiones cada vez mayores. Somos conscientes de que para atenderlo se requiere de una política de vivienda integral, con visión de largo plazo, que logre incidir en aspectos financieros, institucionales, legislativos, tecnológicos y de mercado. Una política de Estado que parta de reconocer con objetividad los rezagos para prever con precisión los requerimientos futuros de vivienda ante el vertiginoso crecimiento de la población en nuestro país. Una política incluyente que involucre a los diversos grupos sociales -trabajadores, empresarios y gobierno- para que asuman con responsabilidad sus respectivos compromisos, con plena conciencia del significado e impacto de la problemática de la vivienda, en especial, en los grupos sociales menos favorecidos.
En este sentido, esta Iniciativa de Ley lleva implícito un claro propósito de atender con objetividad y responsabilidad el rezago de la vivienda en México, centrando su atención en la problemática particular de la vivienda para los trabajadores tanto del sector privado como de aquellos al servicio del Estado. Encuentra su sustento en el principio de justicia social que históricamente ha defendido nuestro partido y que constituye un axioma elemental de las plataformas de gobierno de las principales fuerzas políticas del país1. Significa una acción de congruencia con nuestra plataforma política y una muestra del sólido compromiso que se tiene con los trabajadores de México. Reconoce, al mismo tiempo, la responsabilidad, la solidaridad y el sentido social del sector patronal que da cohesión y solidez a las relaciones de las fuerzas productivas nacionales. Busca además contribuir en la construcción de un marco normativo e institucional que dé solidez y viabilidad a la política nacional en la materia. Pero lo más importante, representa una posibilidad real de abatir el creciente déficit de vivienda para los trabajadores en México, con una visión de futuro, sustentable, responsable, objetiva, rentable y con claro compromiso social.
I. DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y DEMANDA DE VIVIENDA EN MÉXICO
México ha crecido a un ritmo acelerado en la segunda mitad del siglo que termina. Hoy, según los resultados preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, nuestro país tiene una población de 97?022,621 personas de las cuales alrededor del 70% vive en localidades urbanas. Si bien es cierto que la tasa de crecimiento poblacional ha ido paulatinamente disminuyendo en los últimos 20 años, las proyecciones de población estiman que para el año 2030 habitarán 129 millones de habitantes en el territorio nacional2. Este escenario demográfico, enmarcado en las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país, representa un reto enorme para el Estado y sus instituciones en cuanto a su capacidad de respuesta a las crecientes y cada vez más complejas demandas de la sociedad, en particular, las relacionadas con la vivienda.
El parque habitacional en México actualmente asciende a 21?948,060 unidades lo que equivale a un promedio de 4.42 habitantes por vivienda, resaltando el hecho de que el 57% de las familias residen en viviendas que cuentan con 2 o menos habitaciones, que menos del 10% de este parque está hipotecado y sólo el 15% es vivienda rentada. La población demandante de vivienda se sitúa entre los 20 y 44 anos, segmento que representa el 38.6% de la población mexicana, es decir, 37?450,731 personas y que además constituirá el grupo de crecimiento demográfico más dinámico en los próximos 30 años.
Las características más relevantes de la dinámica demográfica en cuanto a su impacto en la demanda actual y futura de vivienda son el descenso en la tasa de crecimiento de la fecundidad global, el aumento de la esperanza vida y la reducción del tamaño de la familia hasta alcanzar, en el 2030, un número promedio de 2.9 ocupantes por vivienda3. Bajo un escenario demográfico como el planteado anteriormente se puede decir que el requerimiento del número total de viviendas ascenderá a 44.7 millones en el 2030, es decir, 222.75 millones más de las existentes, pensando que para este año existirán 45.5 millones de hogares mexicanos4.
En los últimos años, la producción de vivienda en México ha estado caracterizada por la importante presencia de la auto-construcción que representa entre el 50% y el 65% de todas las nuevas casas construidas en nuestro país cada año. Este tipo de viviendas suele estar vinculado al surgimiento de asentamientos irregulares, a elevados costos de construcción y de equipamiento de servicios básicos y a peligrosos niveles de riesgo para las familias que las habitan. Por esto, lejos de que las viviendas auto-construidas generen plusvalía y se constituyan en un patrimonio familiar, estas se ven ancladas a la pobreza por generaciones.
El programa HABITAT de las Naciones Unidas, recomienda producir 10 viviendas por cada mil habitantes en países en vía de desarrollo. Según las estadísticas, México apenas aparece con una producción anual de 1.7 viviendas por cada mil habitantes, en contraste con Estados Unidos que produce 9, Chile con 8, Costa Rica con 7.5 y Colombia con 6.
En la actualidad, los mexicanos enfrentamos en materia de vivienda tres grandes retos:
1. Eliminar el déficit de 4.2 millones de viviendas5, de las cuales 1.1 millones serían viviendas nuevas y 3.1 millones serían mejoras sustanciales a viviendas deterioradas. Este déficit se consideraba en 1995 de 2.8 millones6.
3. Rehabilitar el 1% del parque habitacional cada año.
Para entender la magnitud del problema, basta decir que de las nuevas necesidades de vivienda estimadas en 700 mil unidades por año, el 5% son de vivienda media y residencial, el 32% corresponden a vivienda de interés social9 y el 63% son vivienda popular10.
Dada esta composición de la demanda, resulta evidente la importancia que adquiere el financiamiento como un esquema para potenciar la capacidad de compra de las familias, en especial, la de las más pobres. Para que un mercado exista se debe de contar con un cliente con el deseo (necesidad) y la capacidad de compra de un producto. En México, la necesidad de vivienda es evidente, pero la capacidad de compra ha sido un elemento ausente desde hace muchos años, más si consideramos que el producto llamado vivienda tiene un costo de entre 2 y 3 veces el ingreso promedio anual de las familias mexicanas. La capacidad de financiamiento, más que las variables de mercado y de demanda, determinan, para el caso de la vivienda, el tamaño y el poder de compra del mercado.
Vale la pena señalar que de 1995 a la fecha, los organismos de financiamiento (INFONAVIT, FOVI, FOVISSSTE y FONHAPO) otorgaron 1?330,148 créditos mientras la banca, en este mismo periodo, otorgó 32,000 créditos, es decir, sólo el 2.4% de la oferta de financiamiento para vivienda. En el 2000, dichos organismos alcanzaron de nueva cuenta los niveles de operación que tenían en 1994, tras la severa crisis por la que atravesó nuestra economía, de 300 mil créditos otorgados. Esta situación nos permite afirmar que, aún cuando existen tareas importantes a realizar para hacer más eficiente su desempeño, estos organismos siguen representando una opción viable y sobre todo fehaciente para consolidar e impulsar el sistema de financiamiento habitacional en México.
II. LAS INSTITUCIONES DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Una larga trayectoria ha recorrido la norma que estableció la obligación de los patrones de proporcionar habitación a sus trabajadores. Esta norma da origen, tras un largo y complejo debate, al Instituto encargado de operarla, bajo la idea de que lo que el Constituyente de 1917 quiso es que los trabajadores tuvieran un hogar decoroso para convivir con sus familias, entendiendo que una prima mensual no podía hacer, por sí misma, surgir habitaciones de la tierra en un acto de magia.
El INFONAVIT es el organismo encargado de administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, según lo establece el artículo 138 de la Ley Federal del Trabajo. Nace en 1972 como un organismo fiscal autónomo que no recibe fondos del Gobierno Federal. Sus recursos provienen de las aportaciones que hacen los patrones correspondientes al 5% de los salarios de sus trabajadores, con un tope de 10 SMDF. Estas aportaciones de ninguna manera pueden considerarse como un impuesto, como suele señalarse, sino como una prestación que forma parte del sistema de seguridad social de los trabajadores.
En sus 28 años de vida ha permitido que cerca de 10 millones de mexicanos disfruten de una vivienda, otorgando créditos a más de 2 millones de trabajadores. En los últimos 26 años, 40% de las viviendas de interés social fueron financiadas por esta institución. El total de los créditos otorgados en este periodo equivale a la edificación de las ciudades de Guadalajara y Monterrey.
Actualmente el Instituto participa con cerca del 55% de la oferta, alcanzando un volumen de operación que equivale a la tercera parte de las nuevas necesidades de vivienda que se generan en México anualmente. Los montos de sus créditos van desde 120 SMDF hasta 220 SMDF11 con una tasa de entre 4% y 9% según el salario del trabajador. Vale la pena destacar que el INFONAVIT ha logrado reducir el tiempo de espera para el derechohabiente ubicado en el último lugar de la fila para acceder a un crédito, de 200 años en 1994 a 50 años en la actualidad, situación que muestra que aún cuando el avance es considerable, todavía queda mucho por hacer.
Los retos que enfrenta actualmente el INFONAVIT están enmarcados por la necesidad de operar, al mismo tiempo, como una hipotecaria social de excelencia y como una institución financiera de calidad. Para hacerlo es fundamental aumentar los rendimientos reales de la subcuenta de vivienda (los cuales fueron del 2% en términos reales durante 1999), acentuar los esfuerzos para reducir la cartera vencida, mejorar la distribución regional de los créditos, mejorar la calidad de los servicios que presta el Instituto, disminuir los gastos totales por crédito otorgado (GAOV) e incorporarse a una nueva estrategia nacional de desarrollo del mercado de vivienda. Es importante también aumentar la capacidad para llegar a los trabajadores con ingresos de menos de 2 salarios mínimos quienes representaban el 21% durante el periodo 1972-1997 y hoy sólo tienen el 15% del total de créditos otorgados aún cuando representan el 42% de la demanda potencial de vivienda12.
Pero lo más importante de todo es generar la capacidad de respuesta a la creciente demanda de vivienda popular y de interés social en nuestro país. En este sentido, un problema central que enfrenta el Instituto está relacionado con sus ingresos. La ley ata los ingresos del INFONAVIT a la evolución de los salarios mínimos y al crecimiento del empleo formal, mientras el mercado de capitales exige rendimientos reales en función de la evolución de la inflación. Esto significa un reto financiero sumamente complejo para la institución hipotecaria más importante del país que exige revisar las definiciones elementales de la política nacional de vivienda.
El INFONAVIT estima que para el periodo 2000-2010 tendrá ingresos totales a valor presente por 459 mil millones de pesos, lo que significa 42 mil millones de pesos promedio anual. De estos ingresos 54% corresponderán a aportaciones patronales, 40% a recuperación de créditos y 6% a otros ingresos. Las aportaciones patronales pasarán de representar el 64% de los ingresos en 1998 a un 50% en el 2010. La recuperación de cartera incrementará su participación en los ingresos totales del 28% al 45%.
Cabe señalar que el INFONAVIT ha venido ejerciendo una doble función. Por un lado, destina una gran parte de sus recursos al otorgamiento de créditos, por el otro, al estar inmerso en el sistema de pensiones, se ve obligado a contemplar la asignación de recursos para la devolución del fondo de la Subcuenta de Vivienda a los trabajadores que se encuentran en los procesos de retiro, cesantía y vejez; además, existe la obligación de otorgar rendimientos positivos a los recursos que se encuentran en la subcuenta individual de cada trabajador. Todo lo anterior implica una doble responsabilidad que será difícil de sostener en el mediano y largo plazo, siendo las dos funciones incopatibles.
El FOVISSSTE, por su parte, se crea en 1972. Sus recursos provienen de las aportaciones del 5% del salario de los trabajadores al servicio del Estado que se rigen por el apartado B del artículo 123 Constitucional. Los créditos que otorga se destinan a la adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda, así como al pago de adeudos, enganches y escrituración. Los montos son en promedio de 160 SMDF, pero alcanzan un tope de hasta 320 SMDF, a una tasa de entre 4% y 6%. El saldo insoluto se incrementa en relación con el salario mínimo. En la actualidad cuenta con casi 2 millones de trabajadores derechohabientes y contribuye con cerca del 6% de los créditos otorgados13 por los distintos organismos, es decir, con 18,000 créditos en 1999 y con cerca de 23,000 en el 2000. Los créditos otorgados por este instituto en su historia corresponden a la edificación de los estados de Colima y Durango.
Actualmente, el Instituto tiene ingresos por alrededor de 10.5 mil millones de pesos de los cuales 5 mil millones son por concepto de aportaciones, 4 mil millones son por intereses y 1.5 mil millones son por recuperación de cartera.
En 27 años de operación el FOVISSSTE ha transitado por todas las opciones disponibles de financiamiento a la vivienda. Estos cambios en las políticas crediticias constituyen en la actualidad una gran carga financiera para Fondo de la Vivienda. Según el Plan Estratégico de la Institución, el reto central a enfrentar es el lograr operar una política financiera y una política de crédito, buscando invertir en las mejores condiciones las reservas y disponibilidades financieras y continuar avanzando en la disminución de las cargas financieras derivadas del cofinanciamiento con instituciones bancarias en épocas de crisis.
Si bien entendemos la importancia de estos puntos, nosotros creemos que el reto central debería definirse como el contar con la capacidad de respuesta a la demanda de vivienda de los trabajadores al servicio del Estado por encima de acrecentar las reservas financieras. De hecho, en 1995, sólo el 27.6% de los ingresos de FOVISSSTE (58% de los ingresos por aportaciones) se destinaron al financiamiento de créditos hipotecarios mientras que en el 2000 se destinará el 33.6%. Al 31 de Agosto del 2000 las reservas y disponibilidades fueron de 25,018 millones de pesos. Sin embargo, el monto de créditos ejercidos por la institución para el año 2000 fue de 3,634.5 millones de pesos14.
III. ESCENARIO DE OFERTA DE VIVIENDA
Si realizamos un análisis del escenario de oferta de vivienda financiada previsible constataríamos que a partir del 2001 el INFONAVIT podría financiar anualmente en los siguientes 30 años, bajo condiciones óptimas de operación y con niveles de ingresos similares a los actuales, alrededor de 250 mil créditos, el FOVISSSTE alrededor de 23 mil, los demás organismos -FOVI, VIVAH, FOVEMI, BANOBRAS, FIVIDESU, Institutos Estatales- de vivienda podrían contribuir con otros 133 mil (principalmente de FOVI con 60 mil) y otros intermediarios (banca comercial) con 40 mil. Esto nos muestra que la brecha anual de demanda de vivienda popular y de interés social no satisfecha, en el mejor de los escenarios, sería de cerca de 300 mil viviendas. Este problema no puede resolverse, bajo ninguna circunstancia, con medidas parciales o con buenas intenciones.
La idea de aumentar el número de créditos a través de mecanismos como la bursatilización, el cofinanciamiento y el ahorro voluntario representan esquemas importantes, pero de ninguna manera suficientes. La realidad es que si no se cuenta con los recursos suficientes para implementar mecanismos de financiamiento viables, estos serán simplemente una utopía y el déficit de vivienda en nuestro país será cada vez más grave. Por esto, el reto fundamental es el incrementar, progresiva pero substantivamente, los ingresos de los trabajadores a través de sus subcuentas de INFONAVIT y de FOVISSSTE, de manera que se pueda atender con eficacia la creciente demanda de vivienda para trabajadores en México, mejorando, con el paso del tiempo, sus niveles de ingreso.
Ante la situación descrita anteriormente, resulta evidente que los recursos con que cuentan estas instituciones son definitivamente insuficientes ante el tamaño de la responsabilidad y de los retos que tendrán que enfrentar en los años por venir. Nuestra posición es responsable y comprometida: aumentar gradualmente del 5% al 10% las aportaciones patronales, tanto del sector privado como del sector público, a los fondos de vivienda para los trabajadores. Este incremento se distribuirá temporalmente: durante el primer y segundo año será de medio punto porcentual y en los cuatro años restantes de 1% anual, evitando así que la medida genere inestabilidad en las variables macroeconómicas y en el aparato productivo nacional, aspectos que también son de prioridad nacional.
Esto significaría, ante los supuestos de este ejercicio, que el déficit de 8.22 millones podría ser cubierto por los demás organismos en el mismo periodo de treinta años, en la medida en que el INFONAVIT habrá cubierto el 62.75% de la demanda mientras que en la actualidad contribuye a cubrir sólo el 33% de las necesidades de vivienda proyectadas para los próximos 30 años.
En un ejercicio similar podríamos pensar que el Fovissste podría contribuir, con las reformas propuestas, otorgando en 30 años 1 millón 314 mil créditos, pasando a cubrir el 5.8% de la demanda, cuando en la actualidad sólo cubre el 3.6% de la misma.
Así, los demás organismos e intermediarios financieros tendrían la responsabilidad de atender el 31.45% de la demanda (4.57 millones de viviendas) cuando actualmente cubren cerca del 23% (lo que representa el 37.7% de la oferta), por lo que será indispensable diseñar mecanismos que les permitan responder con eficacia a las exigencias del mercado abierto de vivienda en México. Mientras, el INFONAVIT y el Fovissste aumentarían su capacidad de financiamiento en un 90.1% y 61.1% respectivamente, el resto de los organismos e intermediarios tendrían que aumentar su capacidad en un 36.7%.
Bajo esta lógica, consideramos que con esta iniciativa, el déficit en la oferta de vivienda podría ser cubierto en un periodo de 30 años, normalizando, a partir de entonces, la capacidad de respuesta a la demanda que habrá de presentarse en el futuro.
IV. IMPACTOS ECONÓMICOS DE LA INICIATIVA
Lejos de que esta medida pueda desestabilizar al aparato productivo nacional y las variables macroeconómicas19, el incremento gradual de las aportaciones patronales para el financiamiento de la vivienda generarían cuando menos dos grandes impactos favorables para el conjunto de la economía.
1.- Desarrollar el sector endógeno de la economía con grandes efectos de encadenamiento y multiplicadores hacia todo el aparato productivo nacional, ya que la industria de la vivienda requiere de insumos nacionales, genera altos requerimientos de mano de obra y un mínimo de requerimientos de divisas.
Así, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 56 se emplean para la compra de materiales y servicios que ofrecen 37 de las 72 ramas industriales del país20. Este factor ubica a la construcción entre las actividades intensivas en consumo intermedio y contribuye con el 7% de su total nacional así como con el 50.1% de la formación bruta de capital. La contribución de esta industria al PIB nacional en los últimos cinco años ha sido de 4.5% y, en particular, el sector de la vivienda contribuye con el 1.6%, es decir, con el 35.5% del valor total de producción de la industria de la construcción21, pensando que el parque habitacional tiene un valor de 7 billones de pesos.
La construcción de una vivienda de interés social genera 5.54 empleos directos e indirectos. Simplemente, en los últimos 3 años, el INFONAVIT contribuyó a generar más de 2.5 millones de puestos de trabajo en la fase de construcción. Esto equivale a cerca de 285 mil empleos permanentes en promedio anual, es decir, 35% del empleo total formal en la industria de la construcción. Adicionalmente, esto ha contribuido a la generación de casi 400 mil empleos indirectos permanentes por año22. La derrama fiscal federal que implicaría la construcción de 750 mil viviendas sería de alrededor de 22 mil millones de pesos.
Asimismo, el problema habitacional es uno de los aspectos determinantes para el equilibrio entre capital y trabajo. Por esto, el creciente déficit de viviendas representa un obstáculo importante para el desarrollo de los sectores económicos del país, ya que éste incide indirectamente en los niveles de productividad.
2.- Aumentar los niveles de ahorro interno de la economía como base del financiamiento sano y sostenido de la inversión productiva y del desarrollo económico.
Hay que señalar que el que haya sido posible disminuir el nivel de la deuda externa del sector público en los últimos años se debe, por una parte, a la férrea disciplina fiscal en la que ha estado sustentado el programa económico de la actual administración y, por otra, a que el Gobierno Federal ha podido financiar la totalidad del déficit fiscal en el mercado de deuda interno, con lo que el país se ha vuelto menos dependiente del ahorro externo. En este sentido, la ausencia de un monto suficiente de ahorro interno de la economía mexicana y, por lo tanto, su dependencia del ahorro externo, sobre todo en monedas duras, ha sido una de las razones que explican las crisis económicas recurrentes que en los últimos lustros ha experimentado el país.
Así, para promover en los próximos años un crecimiento económico alto y sustentable con tasas de entre 5 y 7% anual, es decir, por arriba de las tasas de crecimiento de la población para permitir un mejoramiento del ingreso per cápita, se requiere aumentar los coeficientes de ahorro-inversión con respecto al PIB.
Esto implica aumentar la tasa de ahorro interno que es actualmente del 20.3% al 25% del PIB con políticas de fomento al ahorro tanto para las empresas, las personas, como del gobierno, para poder financiar una tasa de inversión del 28% del PIB que haga posible dicho crecimiento y depender mínimamente del ahorro externo.
Así, el incremento gradual en las aportaciones patronales a los fondos de la vivienda vendría a fortalecer el nivel de ingreso de los trabajadores incrementando su masa de ahorro privado de las personas y/o trabajadores que en el mismo caso de los fondos de pensiones actuarían como un "ahorro forzoso" que por medio de instrumentos financieros especializados, vendrían a incrementar sus rendimientos y canalizarse al sector de la vivienda con los beneficios económicos señalados con anterioridad. En términos generales, las aportaciones patronales a los fondos de ahorro representan el 0.5% del PIB nacional y las destinadas al fondo de vivienda el 0.37% del PIB23. El incremento en las aportaciones que se proponen al fondo de la vivienda permitiría que éstas se incrementaran al 0.74% del PIB y las aportaciones patronales en general al 0.87% del PIB.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscribimos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVIII Legislatura, someten a esta soberanía, por su digno conducto, la presente
INICIATIVA DE REFORMA LEGAL A LOS ARTÍCULOS 136 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y AL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Artículo a reformar: Ley Federal del Trabajo, Capítulo III "Habitaciones para los trabajadores", Artículo 136
Texto actual: Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio.
Texto modificado: Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el diez por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio, apegándose al incremento gradual establecido en el artículo transitorio correspondiente.
TRANSITORIO
Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán hacer sus aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, sujetándose a la cronología y gradualidad siguiente:
2. A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2002, la aportación será del 6%.
3. Del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2003, aportarán el 7%.
4. A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2004, la aportación será del 8%.
5. Del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2005, aportarán el 9%.
6. A partir del 1 de enero del año 2006, las empresas deberán aportar el 10% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio.
Texto actual: Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta ley cubrirán al Instituto, como aportaciones el equivalente al 17.75% del sueldo básico de cotización de los trabajadores.
Dicho porcentaje se aplicará de la siguiente forma:
VI. 5.00% para constituir el Fondo de la Vivienda;
VII.
Texto modificado: Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta ley cubrirán al Instituto, como aportaciones el equivalente al 22.75% del sueldo básico de cotización de los trabajadores, apegándose al incremento gradual establecido en el artículo transitorio correspondiente. Dicho porcentaje se aplicará de la siguiente forma:
VI. 10.00% para constituir el Fondo de Vivienda;
VII.
TRANSITORIO
Para dar cumplimiento a esta obligación, las dependencias y entidades públicas sujetas a este régimen deberán hacer sus aportaciones al Fondo de la Vivienda, sujetándose a la cronología y gradualidad siguiente:
2. A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2002, la aportación será del 6%.
3. Del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2003, aportarán el 7%.
4. A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2004, la aportación será del 8%.
5. Del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2004, aportarán el 9%.
6. A partir del 1 de enero del año 2006, las dependencias y entidades públicas sujetas a este régimen deberán aportar el 10% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio.
Notas:
1 La justicia social es un concepto que aparece explícitamente en las plataformas electorales, en los programas de gobierno 2000-2006 y en los programas legislativos 2000-2003 del Partido Revolucionario Institucional, de- la Alianza por el Cambio y de la Alianza por México.
2 Conferencia magistral del Dr. José Luis Ávila Martínez, Director de Estudios Socioeconómicos y Regionales del Consejo Nacional de Población, en la Reunión Nacional de la Vivienda, 1999, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
3 Esta percepción sobre la tendencia decreciente en la tasa de formación de hogares es coincidente con lo planteado en el Programa de Vivienda 1995-2000, en donde se señala, en la página 6, que "Se espera que el número de miembros por hogar siga disminuyendo al reducirse el número de hijos por familia y elevarse la proporción de hogares unipersonales o formados por parejas sin hijos".
4 Conferencia magistral del Dr. José Luis Ávila Martínez, Director de Estudios Socioeconómicos y Regionales del Consejo Nacional de Población, en la Reunión Nacional de la Vivienda, 1999, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
5 Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social.
6 Perspectivas del INFONAVIT, Dirección General de Planeación, INFONAVIT, agosto de 1999.
7 Sexto Informe de Gobierno, Poder Ejecutivo Federal, Anexo, Página 283, Septiembre de 2000.
8 Nueva Cultura Laboral, 1995-2000. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
9 Se consideran viviendas de interés social aquellas que van desde los 100 SMDF hasta los 300 SMDF, mientras que la vivienda popular es aquella por debajo de los 100 SMDF, lo que equivale a 110,000 pesos.
10 El INFONAVIT, organismo fundamental para la política de desarrollo social, INFONAVIT, Agosto de 2000.
11 Cabe señalar que para acceder al crédito tope del INFONAVIT el trabajador debe ganar por lo menos 4.5 salarios mínimos.
12 El INFONAVIT, organismo fundamental para la política de desarrollo social, INFONAVIT, Agosto de 2000.
13 Este nivel de contribución se ha mantenido estable desde hace 5 años. Coordinación de Economía y Estadística, CMIC, 2000.
14 Resultados y Perspectivas del Plan Estratégico FOVISSSTE 2000.
15 Calculamos que con 50 mil viviendas anuales aunadas al aumento de la producción de viviendas para cubrir la demanda anual, se podría abatir el rezago acumulado de vivienda nueva (1.1 millones) y avanzar de manera significativa en el abatimiento del déficit actual (4.2 millones) en un horizonte de largo plazo.
16 No se incluye el déficit acumulado al 2000.
17 La capacidad de financiamiento está calculada con base en el 64 por ciento del monto de créditos otorgados en el 2000, en función de que las aportaciones patronales representan este mismo porcentaje respecto a los ingresos totales del INFONAVIT: 160 mil créditos equivalen al 64 por ciento de los 250 mil que podría, en teoría, financiar el instituto.
* Sólo por concepto de aportaciones patronales.
18 No se incluye en el cálculo del déficit el rezago acumulado, sino solamente el déficit generado por la demanda anual promedio.
19 El incremento gradual de las aportaciones patronales al INFONAVIT representaría en términos reales un impacto en el costo de producción de las empresas de entre 0.2% y 1% (según la intensidad de mano de obra de cada rama de actividad) a partir del 2006 mientras que en el primer año sólo significaría un incremento respecto al costo de producción de entre 0.02% y 0.1%.
20 Las ramas económicas involucradas son: Hierro y Acero, Comercio, Otros Productos de Minerales No Metálicos, Cemento, Transporte, Aserraderos, Triplay y Tableros, Canteras, Arenas, Grava y Arcilla, Maquinaria y Equipo No Eléctrico, Otros Productos Metálicos, Petróleo y Derivados, Otros Servicios, Metales No Ferrosos, Servicios Financieros, Otros Productos Químicos, Servicios Profesionales, Equipos y Aparatos Eléctricos, Productos Metálicos Estructurales, Productos de Madera y Corcho, Alquiler de Inmuebles, Productos de Hule, Papel y Cartón, Vidrio y Producto de Vidrio, Maquinaria y Aparatos Eléctricos, Electricidad, Muebles Metálicos, Productos de Plástico, Otros Minerales No Metálicos, Otros Productos Textiles, Comunicaciones, Química Básica, Servicios Médicos, Otras Manufacturas, Mineral de Hierro, Restaurantes y Hoteles, Jabones, Detergentes y Cosméticos, Resinas Sintéticas y Fibras Artificiales y Minerales Metálicos No Ferrosos.
21 La Vivienda en México, Situación Actual y Perspectivas, SEDESOL, 2000.
22 El INFONAVIT, Organismo Fundamental para la Política de Desarrollo Social, Agosto de 2000.
23 Sexto Informe de Gobierno 2000, Poder Ejecutivo Federal, Septiembre de 2000.
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