Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6945-III-2, miércoles 7 de enero de 2026
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, al CSG, al IMSS, al IMSS-Bienestar y al ISSSTE a implementar acciones integrales para la sensibilización, detección temprana y atención especializada de la acondroplasia en todo el territorio nacional, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramirez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente; someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano de toda persona a la protección de la salud y establece la obligación del Estado de garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, con un enfoque de igualdad sustantiva y no discriminación.
Asimismo, el propio texto constitucional mandata que el Estado adopte medidas específicas para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran las personas con discapacidad, a fin de asegurar el pleno ejercicio de sus derechos y su inclusión en condiciones de equidad. La ley suprema reconoce expresamente los derechos de las personas con discapacidad y establece la obligación del Estado de promover, proteger y asegurar su inclusión social, así como de implementar políticas públicas orientadas a su atención integral.
En este sentido, la atención a condiciones de salud que generan discapacidad o que se asocian a barreras físicas, sociales y estructurales, como es el caso de la acondroplasia, debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, priorizando acciones que reduzcan desigualdades y garanticen un acceso efectivo a los servicios de salud.
Este mandato constitucional se vincula con el principio de progresividad de los derechos humanos, que obliga a las autoridades a adoptar medidas continuas y deliberadas para ampliar el alcance y la calidad de los servicios dirigidos a las personas con discapacidad, evitando retrocesos y reduciendo brechas en el acceso a la atención médica especializada.
En consecuencia, las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deben considerar de manera prioritaria las necesidades específicas de las personas con discapacidad, particularmente cuando estas se derivan de condiciones de salud de baja prevalencia que requieren atención especializada y seguimiento permanente.
La acondroplasia es una enfermedad ósea de origen genético y constituye la forma más común de talla baja desproporcionada hereditaria. Desde el punto de vista clínico, se caracteriza por talla baja desproporcionada con acortamiento predominante de las extremidades, macrocefalia con frente prominente, hipoplasia mediofacial, mano en tridente y alteraciones del esqueleto axial, manifestaciones que pueden identificarse desde etapas tempranas de la vida y que acompañan a la persona a lo largo de su vida.
Las características radiológicas más importantes son huesos largos, cortos y gruesos, falanges cortas y anchas, alas ilíacas cuadradas, estrechamiento de la escotadura sacrociática, distancia interpedicular estrecha en la columna lumbar distal y cuerpos vertebrales cortos, base del cráneo y foramen magnum pequeños.
Al nacer, los pacientes con ACH se encuentran 2.21 y 1.42 por debajo del percentil 50 de las referencias nacionales sin esta patología (niños y niñas, respectivamente). Durante el primer año de vida, la talla disminuye progresivamente, siendo de -4.49 y -4.23 DE a los 12 meses. Al término del desarrollo puberal, la talla es de -5,.2 DE a los 15 años para los niños y de -5.45 DE a los 13 años para las niñas. En la edad adulta alcanzan un puntaje de la talla media expresada en puntaje Z (PZ) de -6.42 y -6.72 por debajo de la talla adulta sin ACH, llegando a talla adulta final promedio en los hombres de aproximadamente 130 cm, con un rango de 120 a 145 cm y en las mujeres de 125 cm, con un rango de 115 a 137 cm.
Se origina por una mutación específica en el gen del Receptor 3 del Factor de Crecimiento de Fibroblastos (FGFR3), localizado en el cromosoma 4p16.3. Aunque su transmisión sigue un patrón autosómico dominante, el 80 por ciento de los casos son esporádicos, producto de mutaciones de novo en familias sin antecedentes de la enfermedad, las cuales se asocian frecuentemente con una edad paterna avanzada (mayor de 35 años). A nivel molecular, el 99 por ciento de los individuos afectados presenta la variante patogénica c.1138G>A,.
A nivel mundial, la prevalencia de la acondroplasia se estima entre 3.72 y 4.60 casos por cada 100,000 nacimientos, lo que corresponde a aproximadamente uno de cada 25,000 nacidos vivos. En la región de América Latina, los estudios indican una prevalencia al nacimiento que varía entre 2.6 y 4.5 por cada 100,000 nacimientos. Sin embargo, en México no existe un censo oficial unificado, dependiendo actualmente de estimaciones institucionales aisladas, lo que resalta la urgencia de establecer un Registro Nacional de Pacientes. Por lo tanto, la ausencia de datos epidemiológicos precisos impide:
- Diseñar políticas públicas de prevención y detección temprana.
- Asignar recursos de salud de manera eficiente.
- Garantizar el acceso equitativo a tratamientos innovadores.
- Visibilizar las necesidades reales de esta población vulnerable.
Las personas con acondroplasia pueden presentar diversas complicaciones médicas asociadas, entre las que se encuentran la estenosis del foramen magno, hidrocefalia, apnea del sueño, infecciones recurrentes de oído, pérdida auditiva, deformidades vertebrales, estenosis espinal y alteraciones en la alineación de las extremidades inferiores. Estas complicaciones pueden generar limitaciones funcionales progresivas, requerir intervenciones quirúrgicas especializadas y demandar un seguimiento clínico continuo. Si bien la capacidad intelectual es normal, las barreras físicas y sociales pueden afectar la autonomía, el bienestar emocional, la participación social y el desarrollo laboral de las personas con acondroplasia, colocándolas en una situación de vulnerabilidad adicional.
La esperanza de vida se encuentra reducida en aproximadamente 10 años en comparación con la población general, debido a secuelas cardiovasculares y neurológicas. Existe un riesgo de mortalidad del 2 por ciento al 7.5 por ciento durante el primer año de vida debido a la compresión cérvico-medular por estenosis del foramen magno (estrechamiento de la base del cráneo) y apneas centrales del sueño.
El diagnóstico de la acondroplasia se basa en la evaluación clínica y radiológica, con confirmación genética mediante estudios de biología molecular. En determinados casos, puede sospecharse durante el periodo prenatal, lo que permite planificar de manera anticipada el seguimiento médico y la atención del nacimiento. Cuando no existen antecedentes familiares, se puede sospechar a partir de la semana 22 de edad gestacional, aunque es difícil de detectar antes de la semana 26. Es recomendable y necesaria una atención prenatal tras la sospecha diagnóstica, para proporcionar la información correcta. Los profesionales responsables de dar la primera noticia y el asesoramiento genético deben estar calificados para hacerlo. Este proceso de comunicación debe llevarse a cabo con profesionalismo, ética y sentido humano.
La evidencia médica destaca que el seguimiento multidisciplinario desde el diagnóstico es fundamental para anticipar, identificar y tratar oportunamente las complicaciones asociadas, así como para promover la autonomía y la calidad de vida de las personas con acondroplasia a lo largo de su ciclo vital.
Por otro lado, la ACH afecta la calidad de vida física, emocional y social de niños y adultos, experimentando trastornos neurológicos y psiquiátricos por desadaptación social y dependencia. Además, los adultos con ACH pueden presentar problemas económicos por menor nivel educativo y falta de oportunidades laborales. Así también, refieren experimentar episodios de falta de respeto y humillación debido a las asociaciones que se hacen con el estereotipo construido sobre ellos.
Los niños y adultos con acondroplasia experimentan una menor calidad de vida a nivel físico, emocional y social. La independencia y la calidad de vida se pueden deteriorar a partir de la cuarta década de la vida. Hasta un 70 por ciento de los pacientes presentarán lumbalgia crónica/neuropatía compresiva espinal con diversos grados de discapacidad. Hasta casi un 50-60 por ciento de los pacientes con acondroplasia presentan problemas de autoestima-ansiedad debido a la desadaptación social y dependencia.
A pesar del reconocimiento clínico de la acondroplasia y de la existencia de conocimientos médicos consolidados, en el Sistema Nacional de Salud persisten retos relacionados con la sensibilización del personal de salud, la capacitación en el primer nivel de atención, la referencia oportuna a servicios especializados y la disponibilidad territorial de modelos de atención integral. Estos retos se acentúan en regiones alejadas de los grandes centros urbanos, donde el acceso a servicios especializados suele ser limitado, lo que puede derivar en diagnósticos tardíos y en un manejo fragmentado de la condición.
Como se ha confirmado, la acondroplasia representa una condición multisistémica compleja que trasciende la simple cuestión de la talla baja. Como se ha documentado, implica riesgos vitales inmediatos a atender (muerte súbita en el primer año de vida en un 2 por ciento a 7.5 por ciento de los casos), complicaciones neurológicas progresivas (estenosis del canal espinal lumbar), deformidades ortopédicas que requieren intervención quirúrgica y secuelas psicosociales que deterioran la calidad de vida desde la infancia hasta la edad adulta.
En primer lugar, es fundamental que la sociedad mexicana, incluyendo profesionales de la salud, reconozca que la acondroplasia no es una rareza estadística, sino una enfermedad que afecta a miles de mexicanos con derecho consagrado en la Constitución a la salud, la dignidad y la inclusión social. La invisibilidad de estos pacientes ha perpetuado la falta de capacitación médica en instituciones de formación de pregrado y postgrado, lo que genera diagnósticos tardíos y complicaciones prevenibles.
El diagnóstico prenatal es posible desde el segundo trimestre y el diagnóstico neonatal es evidente desde el nacimiento mediante características clínicas que todo personal de obstetricia y pediatría debe reconocer. Sin embargo, la falta de protocolos estandarizados en hospitales mexicanos deja a muchos recién nacidos sin el monitoreo neurológico urgente que requieren para prevenir la muerte súbita. La creación de guías clínicas específicas para México y la capacitación masiva del personal de salud son pasos ineludibles.
La complejidad de la acondroplasia demanda un abordaje multidisciplinario que incluya genetistas, pediatras, neurocirujanos, ortopedistas, otorrinolaringólogos, neumólogos y psicólogos clínicos. Actualmente, este nivel de coordinación existe solo en institutos de referencia nacional, dejando a pacientes de estados y municipios sin acceso a diagnóstico y manejo adecuados. La implementación de centros de referencia especializados en displasias esqueléticas en cada región sanitaria es una medida de justicia distributiva.
La acondroplasia es lo suficientemente compleja para no permitir que continúe siendo gestionada de manera fragmentaria, tardía o insensible y exige una respuesta de salud pública que sea integral, temprana y sensible a las necesidades de los pacientes y sus familias.
Por lo anterior, se plantea la necesidad de que la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General y a las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Salud, en el ámbito de sus atribuciones, deberán coordinar acciones orientadas a fortalecer la prevención, el diagnóstico, la atención médica y el seguimiento de las personas con enfermedades de baja prevalencia, como la acondroplasia.
Estas acciones deben desarrollarse conforme a los principios de equidad, progresividad y uso racional de los recursos públicos, así como mediante esquemas de coordinación que permitan homologar criterios de atención y reducir desigualdades territoriales.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.– La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud federal, al IMSS, al IMSS-BIENESTAR y al ISSSTE, a diseñar e implementar programas de capacitación continua dirigidos al personal médico y de enfermería del primer y segundo nivel de atención, enfocados en el reconocimiento clínico temprano de la acondroplasia, la identificación oportuna de signos de alarma neurológicos, respiratorios y ortopédicos; y la referencia inmediata a unidades médicas con capacidad de atención especializada.
Segundo.– La Comisión Permanente exhorta a las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Salud a establecer y fortalecer rutas de atención clínica integral y multidisciplinaria para personas con acondroplasia, que incluyan, al menos: criterios homologados de diagnóstico, seguimiento y referencia; la coordinación entre servicios de pediatría, genética, neurocirugía, ortopedia, neumología, otorrinolaringología y psicología; y la continuidad de la atención desde la infancia hasta la edad adulta.
Tercero. – La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General a analizar y, en su caso, actualizar los criterios técnicos para la evaluación e incorporación de alternativas terapéuticas para el manejo de la acondroplasia, conforme a la normatividad aplicable y a los procedimientos establecidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, garantizando un enfoque de seguridad, eficacia, costo-efectividad y equidad.
Cuarto. – La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a desarrollar e implementar campañas de información y sensibilización dirigidas tanto a la población en general como al personal de salud, orientadas a: prevenir la estigmatización y la discriminación de las personas con acondroplasia, promover el respeto a sus derechos humanos; y fomentar la detección temprana y la atención médica oportuna.
Sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2026.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía y del Senado de la República a crear una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, así como para vigilar la debida reparación integral del daño a las víctimas, a cargo del diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado José Elías Lixa Abimerhi, así como las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos de los ordenamientos aplicables, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición “con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de Senadores la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, así como para vigilar la debida reparación integral del daño a las víctimas”, en razón de las siguientes:
Consideraciones
El 28 de diciembre de 2025, se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en su tramo Z, en el cual hasta este momento se ha dado cuenta del lamentable fallecimiento de 13 personas y por lo menos 98 personas lesionadas de las cuales 36 permanecen hospitalizadas.
La gravedad de este accidente exige una investigación reforzada de los hechos ocurridos, así como de las causas que lo motivaron. Ello, considerando las diversas anomalías y actos de corrupción que se han registrado durante la construcción de los proyectos ferroviarios desde el sexenio anterior.
Para contextualizar dicha situación, se da cuenta de los siguientes hechos:
En marzo de 2024, el medio de comunicación Latinus dio a conocer conversaciones sostenidas entre contratistas a los que se les adjudicaron contratos para realizar el suministro de balasto para las vías del Tren Maya. En ellas resaltan aspectos como la entrega de miles de metros cúbicos de balasto sin certificaciones de calidad, suministrado por Amílcar Olan, amigo de quien fue supervisor honorario de dicha obra, Gonzalo López Beltrán (hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador), puesto utilizado para omitir la debida vigilancia en la construcción. Incluso durante la conversación registrada se da un reconocimiento expreso de los mismos involucrados sobre la mala calidad de los materiales: “Ya cuando se descarrile el tren será otro pedo” se escucha decir a Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que, además, está señalado por el medio Latinus como parte de una red de tráfico de influencias conocida como “El Clan”.
El 25 de marzo de 2024, un vagón del convoy D006 se descarriló a la altura de la estación Tixkokob, mientras que el 19 de agosto de 2025, otro vagón del Tren Maya sufrió un descarrilamiento en la estación de Izamal, ubicada en el Tramo 3 (Calkiní, Campeche-Izamal, Yucatán), durante un trayecto de Mérida a Cancún, sin que se reportaran heridos, pero que representó un nuevo hecho que evidenció la necesidad de activar protocolos de supervisión y seguimiento de las obras, y de lo cual el gobierno parece seguir siendo omiso.
En la cuenta pública de 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló un incremento en el monto contratado de 115 puntos porcentuales, pagos en exceso a contratistas, al igual que precios de materiales y mano de obra por encima de los costos del mercado, por lo que solo en el tramo 1, hubo mil 98 millones de pesos por aclarar. En términos generales, detectó irregularidades por 2 mil 592 millones de pesos en obras del Tren Maya, siendo el pago a sobreprecio a contratistas, materiales y mano de obra, parte de lo que encontró la ASF en su evaluación.
Respecto del Tren Interoceánico, la ASF, el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), incluyendo el Tren Interoceánico, ha sido objeto de múltiples observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en revisiones previas de la Cuenta Pública. De manera general se señalan las siguientes:
Cuenta Pública 2019
Se detectó un probable daño a la Hacienda Pública por más de 4 millones de pesos debido a bonificaciones por derecho de piso sin autorización.
Montos pendientes por aclarar: 4,013,760.20 pesos.
Cuenta Pública 2020
Pagos indebidos por materiales y penalizaciones no justificadas.
Falta de documentación para justificar erogaciones por servicios personales y diferencias en registros presupuestales.
Retrasos y penalizaciones no aplicadas en contratos de locomotoras.
Falta de control en el suministro y facturación de diésel.
Montos pendientes por aclarar: 25,684,551.13 pesos (operación) y 4,736,273.40 pesos (inversiones físicas).
Cuenta Pública 2021
Pagos en exceso por más de 3 millones de pesos en contratos de obra pública debido a inconsistencias en matrices de precios y cobro de materiales no utilizados.
Duplicidad de pagos y facturación de insumos no utilizados.
Montos pendientes por aclarar: 8,003,187.8 pesos.
Cuenta Pública 2022
Pagos en exceso por inconsistencias en precios unitarios y conceptos no previstos en contratos.
Montos pendientes por aclarar: 169,824.8 pesos.
Cuenta Pública 2023
Pagos en exceso por más de 28 millones de pesos debido a inconsistencias en la integración de matrices de precios unitarios en varios contratos de obra pública.
Montos pendientes por aclarar: 28,849,661.6 pesos.
La suma total de estas irregularidades cuantificadas asciende a por lo menos 71.6 millones de pesos, representando un posible daño al erario que no ha sido plenamente aclarado ni recuperado.
Por otra parte, el análisis de la ejecución presupuestal para 2025 revela graves anomalías: el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobó inicialmente 25,122.9 millones de pesos, reducido posteriormente a 3,940.6 millones mediante ajustes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que equivale a una reducción drástica de 21,182.3 millones de pesos menos de lo aprobado por la Cámara de Diputados, con subejercicios notorios en categorías como provisiones para desarrollo regional (0 millones erogados) y operación de cuerpos de seguridad (subejercicio de 113.1 millones). Estos subejercicios indican ineficiencia en la utilización de recursos, posiblemente derivada de falta de planeación o malversación. El proyecto, inaugurado parcialmente en diciembre de 2023 (Línea Z) y noviembre de 2025 (tramo inicial de Línea K), sigue en construcción y rehabilitación, con erogaciones acumuladas estimadas en de 53 a 55 mil millones de pesos hasta la fecha, superando las proyecciones iniciales de 20 mil millones para rehabilitación de vías y de 120 a 150 mil millones para el corredor completo. Reportes independientes confirman sobrecostos del 33 por ciento al 66 por ciento en componentes clave, atribuidos a improvisación y supervisión inadecuada, lo que podría implicar responsabilidades de servidores públicos.
El descarrilamiento del tren ha motivado la aparición de nuevos datos de alerta respecto de la construcción de dicha obra. El mismo medio Latinus, ha dado a conocer nuevos audios y videos en los que se escucha a Amílcar Olán, amigo y operador de los hijos del expresidente Obrador, establecer los precios del balasto y sus acuerdos, así como las ganancias millonarias que ha tenido entre otros, con el suministro de balastro, por ejemplo, con la línea K.1
La respuesta que ha dado el gobierno federal a la atención del descarrilamiento ha incluido la posible contratación de una empresa especializada externa que realice el peritaje correspondiente, según señaló la misma presidenta en sus conferencias mañaneras. Sin embargo, no debe pasarse por alto que aplicó la misma respuesta en el accidente en el que se cayó la línea dorada del Metro de la Ciudad de México en el 2021, cuando era jefa de Gobierno, la cual terminó en demandas hacia la empresa noruega DNV contratada porque, según sus dichos, sus resultados fueron tendenciosos.
Por ello, nuestro deber como representantes de la sociedad redoblar la vigilancia en las acciones que se lleven a cabo para esclarecer los motivos del accidente, además, por la secrecía en la que pretenden atender el tema, ya que como se sabe, recién se ordenó reforzar la vigilancia y se cerraron los accesos a la zona donde descarriló el Tren Interoceánico.
Ante ello, la creación de una comisión de investigación será un paso fundamental para abordar la falta de diligencia que ha existido en la construcción y mantenimiento del Tren Interoceánico, y recabar la mayor cantidad de información posible para atender las causas que provocaron el incidente. Asimismo, permitirá fortalecer las capacidades institucionales mediante el incremento de recursos, con el fin de prevenir e investigar este tipo de accidentes de manera más efectiva.
Debemos exigir la realización de una Investigación independiente y exhaustiva que contribuya a esclarecer los hechos, determinar el estado en que se encuentra funcionando el Tren Interoceánico, determinar las responsabilidades correspondientes y la debida imposición de sanciones, y además evitar que se siga poniendo en riesgo la integridad de los usuarios y de los trabajadores de dicha obra.
Pero, además, como aspecto relevante, debemos coadyuvar como representantes de la sociedad, a ser vigilantes del apoyo a las víctimas y garantizarles la debida reparación integral del daño y a sus familias.
Conforme a dichos de la presidenta de la República en su conferencia de las mañanas, todas las víctimas cuentan con el acompañamiento de una persona del gobierno federal para una atención directa. Sin embargo, también habilitó un número telefónico para la atención de la mismas, lo cual parece ser un contrasentido, pues de existir realmente un acompañamiento directo, no sería necesaria la habilitación de dicho medio de comunicación.
De igual manera, cabe señalar la denuncia que ha sido presentada por algunas víctimas, en espera de obtener la reparación integral del daño que por ley les corresponde, y no dejarlo a la subjetividad con la que el gobierno federal considera que es suficiente resarcir parte de los daños, como lo es por ejemplo, el apoyo económico inicial de 30 mil pesos que se dice se ha otorgado a las familiares para gastos corrientes.
Por ello, una de las funciones que tendrá esta comisión, será servir de apoyo a las víctimas y de acompañamiento para gestionar la debida reparación integral del daño ante la Comisión Ejecutiva de Víctimas, incluso, vigilar los procedimientos correspondientes ante la compañía aseguradora del tren y el cumplimiento de la reparación por parte del Ejecutivo federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la “Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, así como para vigilar la debida reparación integral del daño a las víctimas”.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial es el siguiente:
a. Brindar asesoría jurídica a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrida el 28 de diciembre de 2025, gestionar la debida reparación integral del daño ante la Comisión Ejecutiva de Víctimas, así como vigilar los procedimientos correspondientes ante las instancias competentes y el cumplimiento total de la reparación por parte del Ejecutivo federal.
b. Dar seguimiento a la investigación independiente y exhaustiva que contribuya a esclarecer los motivos que provocaron el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
c. Determinar el estado en que se encuentra funcionando el transporte ferroviario Tren Interoceánico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
d. Vigilar la determinación de las responsabilidades correspondientes y la debida imposición de sanciones a las personas que resulten responsables.
e. Proponer acciones que permitan evitar que se siga poniendo en riesgo la integridad de los usuarios y de los trabajadores de dicha obra.
La Comisión Especial elaborará los análisis, estudios, productos legislativos y demás actos que se deriven por el cumplimiento de su objeto.
Tercero. La duración de la Comisión Especial será por el tiempo necesario en tanto cumpla con su objeto. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta Comisión Especial serán aprobados por el Comité de Administración.
Cuarto. La Comisión Especial estará conformada por un integrante de cada uno de los Grupos Parlamentarios que integran las respectivas Cámaras del honorable Congreso de la Unión. Los grupos parlamentarios informarán a la Mesa Directiva los nombres de las diputadas o diputados que designarán para efectos de integrar la Comisión Especial.
La Junta Directiva de la Comisión Especial estará conformada por una presidenta o presidente y por tres secretarias o secretarios.
La Presidencia expresará la pluralidad interna, por lo que sus informes y manifestaciones deberán ceñirse estrictamente a los acuerdos tomados al seno de la Comisión Especial.
Quinto. Para el cumplimiento de su objeto, la comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, llamando a reunión, cuando lo estime necesario, a las autoridades competentes responsables, de conformidad con el marco normativo aplicable.
Sexto. La Comisión Especial deberá entregar informes semestrales e informe final en términos del artículo 208, numeral 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Notas:
1 “El Clan”: nuevos audios y documentos revelan cómo operaron los hijos de AMLO en el Tren Interoceánico | LatinUS
Sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2026.
Diputado José Elías Lixa Abimerhi (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a implementar un programa piloto nacional orientado a prevenir, detectar y atender el hostigamiento, acoso y abuso de poder ejercido por mandos medios en los centros de trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente un programa piloto nacional orientado a prevenir, detectar y atender el hostigamiento, acoso y abuso de poder ejercido por mandos medios en los centros de trabajo, bajo las siguientes:
Consideraciones
A pesar de los avances logrados en materia de justicia laboral, las trabajadoras y trabajadores en México siguen enfrentando diversos abusos y violaciones a sus derechos humanos laborales que van desde la explotación laboral, bajos salarios y humillaciones hasta el hostigamiento sexual.
Existen casos de trabajadores que se quejan de maltrato, hostigamiento y falta de reconocimiento por parte de sus jefes directos (gerentes o directores), es decir, en la mayoría de estos casos el empleador o empresario no se entera. El problema son los mandos que se sienten poderosos.
Mientras los gerentes o directores presenten resultados para el empleador o la empresa, los malos tratos a las y los trabajadores pasan a segundo plano y regularmente son ignorados. Cuando se presentan estas situaciones la gente que sí trabaja no tiene voz, pero sí pierde dignidad.
La situación se complica para los trabajadores debido a que muchos de estos abusos no se denuncian por miedo a represalias, y esto hace que sea tan grande el temor a retenciones de pagos, cambios de puesto, cambios de turno e incluso un despido, que no se denuncia.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el porcentaje de personas cuyo motivo principal para separarse del trabajo fue el acoso o falta de respeto se incrementó en un 70 por ciento, tan sólo de 2005 a 2019, lo cual evidencia una atmósfera hostil.
Posteriormente, también con base en datos de la ENOE, se informó que al inicio del 2024 se observó un crecimiento de las renuncias por condiciones peligrosas, acoso y por maternidad. Estos tres motivos representaron el 36 por ciento de los 654,852 eventos de abandonos de trabajo reportados entre enero-marzo de este año, y un incremento de 15 por ciento con respecto al 2023. El 3.2 por ciento de todas las renuncias fueron por acoso o discriminación, con un crecimiento anual de 0.8 puntos porcentuales, el tercer incremento más alto al interior de todos los motivos para salir de una empresa.1
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la violencia laboral es una serie de acciones en contra de otro individuo en el entorno laboral, y pueden ser ejercidas tanto por una figura de autoridad como por uno o más compañeros de trabajo del mismo rango.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acoso laboral es una forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de empleados.2 Esta clase de acoso se expresa en una serie de eventos que tienen como objeto intimidar, excluir, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico y laboral profesional.
El Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los centros de trabajo, señala que la violencia laboral contra las mujeres puede ser ejercida por quienes poseen un cargo de director, jefe inmediato, supervisor, encargado de equipo, entre compañeros con el mismo rango laboral y de responsabilidades, pero que propicia este tipo de actos por diversos motivos.3
En este contexto, resultan preocupantes los testimonios publicados por la Red de Mujeres Sindicalistas el pasado mes de diciembre. Las declaraciones son una muestra, según la nota, de los ocho millones de trabajadoras formales que vivieron violencia de género en sus centros laborales durante 2025. Mientras, ni patrones ni gobierno han cumplido con el Convenio 190 de la OIT, que entró en vigor en México el 6 de julio de 2023, un año después de que el país lo ratificara. De lo que ha sucedido, tampoco informa el gobierno federal.4
Se destaca en esta información que: “En tanto, la realidad es alarmante y todavía a 2.7 millones de mujeres las despiden por estar embarazadas, luego de 40 años de que ello fue prohibido. Escasea la inspección en el trabajo, más que antes de 2018, dice el abogado laboralista Manuel Fuentes Muñiz. También es violencia la brecha salarial, la negativa a los ascensos y el hostigamiento, afirma la “Guía para documentar casos de discriminación y violencia laboral contra las mujeres”, de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS)”.
A pesar de que la Ley Federal del Trabajo establece en la fracción XXXI del artículo 132, como obligación de los empleadores, que deben implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil, las dirigentes sindicales trabajadoras participantes en la RMS expresan que hay pocos protocolos y las denuncias se quedan en el despido del o los violentadores. Pocos en lo penal. Hay una cifra negra de violencias porque las mujeres no denuncian por miedo a perder el empleo.
Esta situación se refleja en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, de noviembre de 2025, en las que se señala que 7.9 millones de trabajadoras han experimentado algún tipo de violencia laboral, el 26.9 por ciento de todas las registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La realidad muestra un panorama muy desalentador que obliga a tomar acciones al respecto. No debemos ignorar que la violencia laboral en México es una problemática persistente y alarmante que lastima el desarrollo profesional, afecta el bienestar físico y psicológico de trabajadoras y trabajadores, y perpetúa desigualdades en el lugar de trabajo. Tanto como a la productividad.
En ese orden de ideas, se presenta esta proposición con punto de acuerdo con el objetivo de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social diseñe e implemente un programa piloto nacional orientado a prevenir, detectar y atender el hostigamiento, acoso y abuso de poder ejercido por mandos medios en los centros de trabajo.
Desde nuestros ámbitos de acción debemos trabajar para combatir y detener el acoso, la violencia y el hostigamiento en los centros de trabajo, principalmente el que se presenta por parte de los mandos medios y superiores, sin omitir el que se presenta por compañeras y compañeros.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente un programa piloto nacional orientado a prevenir, detectar y atender el hostigamiento, acoso y abuso de poder ejercido por mandos medios en los centros de trabajo. Este programa piloto deberá contener, al menos, los siguientes elementos:
I. Diagnóstico real y externo del clima laboral.
Que la Secretaría del Trabajo diseñe y aplique, de manera voluntaria, una Encuesta de Clima y Dignidad Laboral, con las siguientes características:
- Aplicación externa a las empresas, a través de terceros acreditados.
- Anonimato verificable, sin uso de correos corporativos, equipos empresariales o direcciones IP institucionales.
- Resultados agregados, sin identificación de personas.
- Enfoque específico en prácticas de hostigamiento, acoso laboral, amenazas, presión indebida y abuso de poder por parte de jefes directos o mandos medios.
II. Mecanismos de escucha y orientación al trabajador.
Que la Secretaría del Trabajo explore la viabilidad de designar enlaces laborales externos, con funciones de:
- Recepción confidencial de quejas y solicitudes de inspecciones laborales.
- Orientación jurídica y laboral al trabajador.
- Canalización temprana de conflictos, antes de su escalamiento.
- Presencia periódica y preventiva en centros de trabajo participantes.
III. Protección preventiva para trabajadores denunciantes.
Que, dentro del programa piloto, se evalúen medidas de protección laboral preventiva para personas trabajadoras que presenten quejas, a fin de evitar:
- Represalias.
- Despidos injustificados.
- Cambios de puesto o condiciones laborales como castigo.
IV. Evaluación integral del liderazgo
Que el programa piloto incorpore criterios de evaluación del desempeño de mandos medios que consideren, además de resultados productivos:
- Rotación de personal.
- Resultados del diagnóstico de clima laboral.
- Indicadores de trato digno y liderazgo responsable.
V. Incentivos y reconocimiento a buenas prácticas.
Que la Secretaría del Trabajo analice mecanismos de reconocimiento público a las empresas que participen voluntariamente y acrediten buenas prácticas laborales, como una vía para promover entornos laborales sanos sin imponer cargas regulatorias inmediatas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, informe a esta soberanía, en un plazo no mayor a 180 días, sobre los resultados del programa piloto, los aprendizajes obtenidos y, en su caso, las recomendaciones para el fortalecimiento del marco normativo laboral.
Notas:
1 Información recuperada de: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/En-2024-crecieron-renunci as-por-acoso-y-condiciones-laborales-peligrosas-20240613-0126.html
2 Definición recuperada de: https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3505#:~:text=Una%20forma%20d e%20acoso%20psicol%C3%B3gico,individuo%20o%20a%20grupos%20de%20empleado s.
3 Información consultada en línea: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539287/Protocolo_Violenc ia_Laboral_0603-1amGMX__1_.pdf
4 Información recuperada en línea: https://rmsindicalistas.mx/2025/12/la-violencia-laboral-en-mexico-afect a-a-ocho-millones-de-trabajadoras/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2026.
Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y a la FG del estado de Oaxaca a agilizar las investigaciones y acciones que correspondan, con motivo del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en el tramo conocido como Curva de la Herradura, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Miguel Ángel Salim Alle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que respetuosamente se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del estado de Oaxaca para que, dentro de su respectivo ámbito de atribuciones, realicen y den celeridad a las investigaciones y acciones que correspondan, con motivo del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en el tramo conocido como “Curva de la Herradura” entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en Oaxaca, con la finalidad de que puedan ser esclarecidos los hechos, se impongan las sanciones correspondientes a las personas responsables, se proteja a las víctimas del descarrilamiento y sean reparados de manera integral los daños causados a los víctimas y a los ofendidos, conforme a las siguientes:
Consideraciones
Durante el sexenio que presidió Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se creó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 14 de junio de 2019 del decreto correspondiente.1
Dentro de las consideraciones del decreto en cita, se señaló que se consideraba prioritario el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y que, por ello, se alentaría y se protegería la actividad económica, específicamente el comercio internacional efectuado entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y de Salina Cruz, Oaxaca; asimismo, se señaló que para incrementar el comercio exterior entre ambos puertos sería necesaria una plataforma logística que permitiera su interconexión a través del servicio ferroviario.
De acuerdo con el sitio en Internet del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec2 dicha interconexión mediante transporte ferroviario se realiza a través del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, mismo que actualmente administra 3 líneas de transporte comercial: la línea FA, la línea K y la línea Z, que se describen a continuación:3
- Línea FA “El Chapo - Palanque” que recorre los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas con un total de 310 km de vía férrea, proveyendo transporte de carga por el Golfo de México, de Coatzacoalcos a la Península de Yucatán.
- Línea K “Ixtepec - Ciudad Hidalgo” que recorre los estados de Oaxaca y Chiapas con 472 km de vía férrea y se plantea que tenga conexión con Guatemala.
- Línea Z “Medias Aguas - Salina Cruz” que recorre de Veracruz hacia Oaxaca y cuenta con 212 km de vía férrea.
El 22 de diciembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el servicio de transporte de pasajeros de la línea Z del Tren Interoceánico; en dicho evento se dio a conocer que el recorrido de la ruta ferroviaria de pasajeros comprende las siguientes 10 estaciones:4
1. Coatzacoalcos, Ver.
2. Jáltipan de Morelos, Ver.
3. Medias Aguas, Ver.
4. Jesús Carranza, Ver.
5. Donají, Oax.
6. Mogoñé, Oax.
7. Matías Romero, Oax.
8. Chivela, Oax.
9. Ixtepec, Oax.
10. Salina Cruz, Oax.
En dicho evento, el entonces presidente López Obrador señaló haría el recorrido siguiente: “...vamos a ir a la estación, histórica estación de Salina Cruz, ahí va a haber la firma de convenios con empresas. Y luego nos embarcamos y ya a Ixtepec, y vamos a seguir hasta Medias Aguas y vamos a llegar a Coatzacoalcos, ese es el primer viaje, y ya luego se abre para que los pasajeros del istmo, de México, del extranjero, puedan usar el tren...”
Se advierte que el entonces presidente realizó su conferencia matutina en Salina Cruz, Oaxaca, abordando el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, para recorrer la Línea Z, comenzando en la estación de Salina Cruz y concluyendo el recorrido en Coatzacoalcos, Veracruz.5
Dos años y seis días después de ese evento, el 28 de diciembre de 2025, en un recorrido que también partió de Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se descarriló en un tramo conocido como “Curva de la Herradura”, entre los poblados de Nizanda y Chivela, en Oaxaca, lo que tuvo como lamentable resultado 14 personas fallecidas y más de 100 personas lesionadas de entre 250 pasajeros que habían abordado el tren.
Este descarrilamiento debe considerarse como sumamente grave no solamente porque había transcurrido muy poco tiempo desde la inauguración de la ruta de pasajeros de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, sino además porque existen diversos señalamientos respecto de la premura para la realización de la infraestructura ferroviaria y la deficiente planeación de los trabajos, tal como lo reportó la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas 263-DE6 dentro del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019; así como falta de evidencia técnica, inconsistencias en costos y fallas en los mecanismos de supervisión de obra, también reportado por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas 129-DE dentro del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2023.7
Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que en la conferencia de prensa del 05 de julio de 2024, el entonces presidente López Obrador expresamente señaló que uno de sus hijos, Gonzalo Alfonso López Beltrán, ocupó un cargo honorífico en el tren interoceánico, y que lo “...ayudaba a ver el avance de las obras, del tendido de las vías, lo de los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz, con los marinos...”8
Esto tiene plena relevancia a la luz del escándalo de la venta de balasto para el Tren Interoceánico que se reveló por las conversaciones telefónicas de Amílcar Olán a las que tuvo acceso el medio Latinus y que fueron revelados en septiembre de 2024, en que detallaba cómo esa persona (cercana a Gonzalo López Beltrán) se involucró en la rehabilitación de vías, en la explotación de bancos de materiales y en la venta de balasto9 .
A la luz de lo expuesto, el descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025 no puede analizarse como un hecho aislado ni como una mera falla operativa. Por el contrario, ocurre en un contexto en el que la Auditoría Superior de la Federación ha documentado deficiencias relevantes en la planeación, supervisión y ejecución de diversas fases del proyecto ferroviario, así como inconsistencias técnicas y administrativas que, en su conjunto, justifican que las autoridades competentes revisen con especial rigor la integridad de los procesos asociados a la infraestructura del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
En efecto, la gravedad de las pérdidas humanas, la proximidad temporal respecto de la inauguración del servicio de pasajeros y la existencia de antecedentes públicos que sugieren riesgos en la conducción y supervisión de las obras, exigen que en este Congreso de la Unión no permanezcamos ajenos a la necesidad de esclarecer los hechos del descarrilamiento con objetividad y exhaustividad.
En ese sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las víctimas reciban protección integral, que los daños ocasionados sean debidamente reparados y que ninguna irregularidad permanezca sin investigación; es por ello que la intervención de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del estado de Oaxaca resultan indispensables para determinar si en la cadena de decisiones, supervisión y ejecución existieron omisiones, negligencias o conductas que pudieran constituir responsabilidad administrativa o penal.
Sólo mediante una investigación imparcial y completa será posible asegurar que hechos tan lamentables no se repitan; por ello, se estima procedente solicitar respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del estado de Oaxaca que actúen dentro de su ámbito de atribuciones para esclarecer el caso y garantizar que no haya espacios para la impunidad.
Por tal motivo, pongo a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del estado de Oaxaca para que, dentro de su respectivo ámbito de sus atribuciones, realicen y den celeridad a las investigaciones y acciones que correspondan, con motivo del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en el tramo conocido como “Curva de la Herradura” entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en Oaxaca, con la finalidad de que puedan ser esclarecidos los hechos, se impongan las sanciones correspondientes a las personas responsables, se proteja a las víctimas del descarrilamiento y sean reparados de manera integral los daños causados a los víctimas y a los ofendidos.
Notas:
1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562774&fecha=14/06/2019 #gsc.tab=0
2 www.gob.mx/ciit
3 https://interoceanico.mx/
4 https://amlo.presidente.gob.mx/22-12-23-version-estenografica-de-la-con ferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador- desde-oaxaca/
5 https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/12/22/politica/realiza-ferrocar ril-interoceanico-primer-viaje-con-pasajeros-4204
6 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/201 9_0263_a.pdf
7 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2023c/Documentos/Auditorias/202 3_0129_a.pdf
8 https://amlo.presidente.gob.mx/05-07-24-version-estenografica-de-la-con ferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/
9 https://latinus.us/mexico/2025/12/29/descarrilamiento-del-tren-interoce anico-cuales-fueron-los-contratos-de-los-hijos-de-amlo-en-esa-obra-1605 61.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2026.
Diputado Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a considerar como sujeto de apoyo al maíz amarillo destinado para consumo humano, a cargo del senador Francisco Javier Ramírez Acuña, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, senador Francisco Javier Ramírez Acuña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a considerar como sujeto de apoyo al maíz amarillo destinado para consumo humano, para su inclusión en el orden del día de la sesión del 7 de enero del 2026; al tenor de las siguientes:
Consideraciones
I. A finales del mes de octubre del 2025, el gobierno de México, junto con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán y ante productores acordaron un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz blanco para cerca de 90 mil productores del Bajío, en ese tenor se comunicó que:
- Se amplía “Cosechando Soberanía”: créditos al 8.5 por ciento anual y seguro agropecuario para proteger a los productores de maíz blanco ante sequía, inundaciones o plagas.
- Se creará el Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, con precios de referencia, reglas claras y venta directa productor–industria, basándose en tres ejes:
- Definir precios de referencia del maíz, para que las y los productores conozcan con anticipación el valor esperado de su cosecha.
- Promover acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores, industria, molinos, entre otros— para reducir la intermediación.
- Establecer reglas claras y conocidas por todas las partes, con un sustento jurídico adecuado.
Esto para proteger el ingreso del campo ante la caída internacional del precio del grano; de acuerdo con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, quien agregó que el objetivo no es solo conseguir un buen precio, sino garantizar que se compre toda la producción nacional.1
Es preciso señalar que este apoyo se divide de la siguiente manera:
Se otorgarán 950 pesos, de los cuales 800 pesos serán aportados por el gobierno federal y 150 por los gobiernos de los estados, por tonelada de maíz blanco2 .
Ahora bien, resulta conveniente considerar la viabilidad de ampliar este apoyo a la producción del maíz amarillo destinado para consumo humano, en virtud de que este tipo de maíz requiere mayor atención por parte del gobierno para el apoyo a sus productores, tomando en cuenta que “México cerró el año 2024 con la peor producción de maíz en una década y con niveles sin precedente en la importación de ese grano, lo que implico la alza en la importación de maíz amarillo por mayor demanda de la agroindustria, se estima que el país es prácticamente autosuficiente en los que respecta a maíz blanco, sin embargo, está lejos de satisfacer las 27 mil 920 toneladas de maíz amarillo que demanda la industria; por tal motivo, estima el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que México importaría maíz amarillo, principalmente transgénico de Estados Unidos, por alrededor de 25 millones 820 mil toneladas, lo que representará un aumento de 9.4 por ciento frente al monto histórico de 23 millones 600 mil toneladas reportado en 2024”.3
II. En relación con lo anterior, cabe mencionar que, “el maíz blanco se cultiva en 32 estados de la República mexicana, mientras que la siembra de maíz amarillo, tomando de ejemplo el ciclo agrícola 2021, se concentró en tres estados: Chihuahua, Jalisco y Chiapas, que en conjunto ocuparon aproximadamente el 71 por ciento de la superficie de siembra y el 78 por ciento de la producción de maíz amarillo.
Para entender mejor la gravedad de la situación resulta útil partir del periodo 2012-2013, donde México importó 5,076 toneladas de maíz amarillo, para posteriormente en el periodo 2021-2022, ascender a 16,290 toneladas, es decir, en tan solo una década las importaciones aumentaron en 320 por ciento.
De igual forma, se sembraron en el ciclo agrícola 2021-2022 un total de 7.093 millones de hectáreas con una producción de 27.00 millones de toneladas de grano de maíz, en su mayoría maíz blanco, esto contribuyó con el 92 por ciento de la producción nacional de grano, lo que demuestra que el maíz blanco es el principal tipo de maíz que se siembra año con año, seguido por la producción de maíz amarillo abarcando el 6.6 por ciento de la superficie en el territorio nacional con un total de 514,445 hectáreas”,4 de lo que se desprende que el maíz amarillo requiere mayor atención y apoyo por parte de productores.
III. En relación a lo anterior, es innegable la caída uniforme en la producción nacional y proporcionalmente el aumento y por consecuencia dependencia de las importaciones de estos cultivos, lo que pone en riesgo no solo a millones de familias de productores sino a la soberanía alimentaria en su conjunto.
En contraste con lo antes mencionado se tenía que para el año anterior “nuestro país tendría que importar el 54 por ciento del maíz y 81 por ciento del trigo para consumo nacional, según analistas del sector; tal es el caso que actualmente México es el mayor importador mundial de maíz y el tercero de soya y sorgo, en ese sentido, de acuerdo con estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), sistematizadas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), se estima que ese año México tendría que comprar 60 por ciento de los granos y oleaginosas que consume.
De igual forma, desde el 2024, el Consejo Nacional Agropecuario advertía que nuestro país se encontraba lejos de alcanzar la autosuficiencia de maíz, pues señalaba que “México consume alrededor de 46 millones de toneladas de maíz, de las cuales produce alrededor de 26.7 millones de toneladas, en su gran mayoría de maíz blanco, con un total de 23.7 millones y el resto de maíz amarillo, con 3 millones aproximadamente, por lo que para poder cubrir el 100 por ciento de las necesidades de consumo de maíz, se requiere importar alrededor de 19 millones de toneladas (varía dependiendo del año), y en ese sentido, México tiene la capacidad de aumentar la producción de maíz a nivel nacional, pero para ello, es fundamental definir una política pública para elevar la producción e implementar programas de apoyo enfocados, no solo a elevar la productividad, sino también que esta se pueda desarrollar de manera sustentable”5 .
La dependencia que tiene nuestro país del mercado extranjero respecto de un cultivo que es un emblema de México es realmente alarmante, en los últimos años desafortunadamente hemos observado cómo esta situación se agrava, si retrocedemos aún más, particularmente al año 2018, vemos que la producción nacional de maíz era de 28 millones de toneladas y se importaban 16.5 millones de toneladas, es decir, había una dependencia alimentaria del 37 por ciento del resto del mundo, pero en 2025 la producción nacional se desplomó a 21.3 millones de toneladas y se tendría que importar 25 millones de toneladas, es decir, el 54 por ciento de nuestras necesidades de consumo.6
IV. Lamentablemente esta tendencia se mantuvo el año anterior 2025, pues mientras el maíz blanco se mantenía en una posición si bien no privilegiada al menos si competitiva, el maíz amarillo se encuentra en una posición de déficit; conviene destacar que, de acuerdo con cifras de la “Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), entre enero y agosto ingresaron al país 16,8 millones de toneladas, volumen que supera en 0,2 por ciento al registrado en el mismo periodo de 2024, asimismo el valor de estas compras ascendió a 3.573 millones de dólares, lo que representa un aumento del 2,4 por ciento respecto al año anterior, siendo precisamente el maíz amarillo lo que constituye la mayor parte de las importaciones, pues debido a la insuficiencia de la producción nacional para cubrir estas necesidades, México depende de las compras externas para abastecer aproximadamente la mitad de la demanda interna”.7
V. Finalmente, concluyo señalando que la importancia del maíz amarillo no debe dejarse en un segundo plano, pues ya sea de forma directa o indirecta está presente en una amplia gama de productos alimenticios destinados para el consumo humano, que forman parte de la alimentación diaria de los mexicanos, de tal forma que no solo cumple una función económica, sino también nutricional y social.
En este sentido, el apoyo brindado al maíz blanco resulta no solo conveniente sino necesario, hacerlo extensivo a los productores de maíz amarillo, para evitar efectos negativos tanto en los trabajadores como en la producción agrícola en general, en aras de fortalecer al campo mexicano, contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria y al mismo tiempo unir esfuerzos para reducir la dependencia alimentaria del extranjero.
Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que en coordinación con el gobierno del estado de Jalisco se extienda a los productores de maíz amarillo del estado, el apoyo económico de 950 pesos por tonelada, integrado por 800 pesos aportados por el gobierno federal y 150 pesos del gobierno estatal, de la misma forma en que actualmente se apoya a los productores de maíz blanco.
Notas:
1 Gobierno de México, los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán y productores acuerdan blindar la comercialización del maíz blanco. (s.f.). Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/agricultura/prensa/gobierno-de-mexico-los-estados-de -guanajuato-jalisco-y-michoacan-y-productores-acuerdan-blindar-la-comer cializacion-del-maiz-blanco#:~:text=*%20El%20Gobierno%20de%20México%20y %20los,referencia,%20reglas%20claras%20y%20venta%20directa%20productor– industria.
2 Más apoyos para el maíz blanco del Bajío. (s.f.). Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/agricultura/articulos/mas-apoyos-para-el-maiz-blanco -del-bajio#:~:text=¿En%20qué%20consiste%20el%20apoyo,hasta%2020%20hectá reas%20o%20menos.
3 Al alza, importación de maíz amarillo por mayor demanda de la agroindustria. (s.f.). La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/02/09/economia/al-alza-importac ion-de-maiz-amarillo-por-mayor-demanda-de-la-agroindustria-2021
4 Universidad Autónoma de Guadalajara. Departamento Académico de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas. (2024, 9 de diciembre). El maíz amarillo como eje de la seguridad y soberanía alimentaria en México. https://www.scielo.org.mx. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S23 95-91692024000100101
5 Lejos de la Autosuficiencia de Maíz – Consejo Nacional Agropecuario. (s.f.). Consejo Nacional Agropecuario – Consejo Nacional Agropecuario. https://cna.org.mx/lejos-de-la-autosuficiencia-de-maiz/
6 Cosechando Soberanía no alcanzará metas: México importará más de la mitad del maíz que consumirá en 2025 • LA ELECCIÓN. (s.f.). LA ELECCIÓN. https://laeleccion.com.mx/2025/04/13/cosechando-soberania-no-alcanzara- metas-mexico-importara-mas-de-la-mitad-del-maiz-que-consumira-en-2025
7 México compra más maíz del exterior: Estados Unidos concentra el suministro. (s.f.). Agrolatam. https://www.agrolatam.com/mercados-latam/mexico-record-importacion-maiz -eeuu-2025
Dado en el Senado de la República, a 7 de enero de 2026.
Senador Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal y a diversas dependencias a implementar de manera urgente el Plan Nayarit por la Paz y la Justicia, con el fin de restaurar la paz, la seguridad y el desarrollo integral en el municipio de Huajicori y la región, a cargo de la senadora Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, senadora Ivideliza Reyes Hernández, integrante del Grupo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Nuestra Carta Magna, en su artículo 21, establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Asimismo, el artículo 2 reconoce la composición pluricultural de nuestra nación y obliga a los tres niveles de gobierno a abatir las carencias y rezagos de las comunidades indígenas.
Huajicori no es solo un municipio en el mapa de Nayarit, es el punto de confluencia que conecta con Durango y Sinaloa. Esta posición estratégica, que debería ser fuente de riqueza forestal y minera, se ha convertido en su mayor tragedia. La disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada ha convertido a la región en una “zona de sombra” donde el Estado ha perdido el control efectivo del territorio.
La gravedad de la situación en Huajicori no es una percepción, sino una realidad documentada por la prensa local y nacional durante el 2024 y 2025:
- Septiembre 2024. Enfrentamiento en el paraje “Las Antenas” deja 11 personas fallecidas. Los cuerpos presentaban indumentaria táctica y armas de alto poder.1
- Diciembre 2024. Se registra una masacre en la comunidad de El Guayabo con un saldo de 14 víctimas mortales, derivado de la pugna por el control de la zona minera y de trasiego2 .
- Abril 2025. Investigaciones periodísticas revelan que la cifra de fallecidos en la zona serrana podría ascender a 180 personas, debido a cuerpos abandonados en barrancos de difícil acceso3 .
- Mayo 2025. Se reporta un ataque directo contra las instalaciones del Palacio Municipal de Huajicori, evidenciando el desafío frontal de los grupos delictivos a la autoridad civil.4
- Octubre 2025. Hallazgo de cinco cuerpos con huellas de tortura y decapitación en el camino que conduce a la comunidad de Santa María Picachos5 .
- Diciembre 2025. Ola de violencia de fin de año deja al menos 6 personas muertas en menos de 48 horas, incluyendo un elemento de la policía municipal en cumplimiento de su deber6 .
El Estado mexicano tiene la obligación constitucional irrenunciable de garantizar la seguridad pública, la integridad física de sus ciudadanos y el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y el libre tránsito. Sin embargo, en el municipio de Huajicori, Nayarit, estas garantías han sido suspendidas de facto por la violencia.
La gravedad de la situación en la zona serrana demanda un cambio de paradigma en la intervención del Estado. No podemos seguir respondiendo a la crisis de Huajicori con operativos reactivos que duran solo unos días y que permiten el retorno de la violencia una vez que las fuerzas federales se retiran. La pacificación de la sierra requiere de una intervención profunda y coordinada bajo una estrategia integral denominada Plan Nayarit por la Paz y la Justicia, tomando como referencia el modelo de intervención territorial aplicado por el gobierno federal en otras entidades del país, el cual debe ser entendido como un modelo de justicia social basado en los siguientes ejes:
- Presencia Permanente. Es imperativa la instalación de una base de operaciones de la Guardia Nacional y la Sedena que no se limite a incursiones temporales, sino que establezca una vigilancia fija y de largo plazo que no se retire tras la primera semana de intervención.
- Rescate y Protección Indígena. Las comunidades indígenas representan el sector más vulnerable de la región; actualmente están siendo asfixiadas por la extorsión, el cobro de piso y el desplazamiento forzado.
- Blindaje de la Política Social. El Estado mexicano debe garantizar que los programas de Bienestar y los apoyos gubernamentales lleguen de manera directa a los beneficiarios, eliminando cualquier tipo de intermediación por parte de grupos que actualmente buscan capitalizar los recursos destinados a los más pobres.
Cuando el Estado actúa con decisión, presencia permanente y coordinación institucional, es posible recuperar territorios y restablecer la paz.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona titular del Poder Ejecutivo federal para que, en coordinación con el gobierno del estado de Nayarit, instruya la creación e implementación inmediata de una estrategia integral denominada “ Plan Nayarit por la Paz y la Justicia” con un enfoque prioritario en el municipio de Huajicori, destinada a la pacificación, el desarrollo social y la protección de los derechos humanos.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional para que establezcan una base de operaciones interinstitucionales de carácter permanente en la zona serrana de Huajicori, garantizando el retorno seguro de las familias desplazadas y el restablecimiento del orden público.
Tercero . La Comisión Permanente exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Bienestar a destinar recursos extraordinarios para la rehabilitación de caminos rurales y la implementación de programas de desarrollo productivo en las comunidades indígenas de la región, como mecanismo fundamental para combatir las causas estructurales de la violencia.
Cuarto. La Comisión Permanente exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que garantice de manera urgente el abasto de insumos médicos y la presencia de personal sanitario en las clínicas de la zona de conflicto.
Notas:
1 El Sol de Nayarit. (2024). “Confirmado: 11 muertos tras enfrentamiento en Huajicori”. Disponible en: www.elsoldenayarit.mx/seguridad/huajicori-antenas-11-fallecidos
2 Reforma. (2024). “Violencia en la Sierra: Masacre en El Guayabo, Nayarit”. Sección Nacional.
3 ConTextos Nayarit. (2025). “Huajicori: El cementerio clandestino entre las quebradas; calculan 180 víctimas”. Reportaje de investigación.
4 NNC.mx. (2025). “Atacan Palacio Municipal de Huajicori; clima de terror persiste en la zona”.
5 Meridiano.mx. (2025). “Horror en Santa María Picachos: Hallan cinco cuerpos decapitados”
6 8 Columnas. (2025). “Cierre de año violento en Huajicori: Asesinan a policía y localizan más cuerpos”. Disponible en: www.8columnas.com.mx/nayarit/huajicori-violencia-diciembre
Cámara de Senadores, a 7 de enero de 2026.
Senadora Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y al gobierno del estado de Nayarit a garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones a las y los trabajadores dicho estado, a cargo de la senadora Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, senadora Ivideliza Reyes Hernández, integrante del Grupo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pago oportuno de salarios, aguinaldos y prestaciones laborales no constituye un beneficio discrecional de la administración pública, sino un derecho fundamental de las y los trabajadores, protegido por la Constitución, la legislación laboral y los tratados internacionales. Su incumplimiento afecta no solo la economía familiar de miles de hogares, sino la estabilidad institucional y la confianza en el Estado.
Los gobiernos estatales están obligados a planear, administrar y ejercer los recursos públicos con criterios de legalidad, eficiencia, disciplina financiera y responsabilidad presupuestaria. Cuando una entidad federativa incurre en retrasos sistemáticos en el pago de nóminas, ello refleja fallas en la gestión financiera o en la priorización del gasto público.
En el caso del estado de Nayarit, se ha documentado públicamente una incongruencia preocupante entre el discurso gubernamental que presume ingresos históricos y una recaudación fortalecida, y la realidad que enfrentan las y los trabajadores estatales, quienes han denunciado reiteradamente la falta de pago de salarios, aguinaldos y prestaciones, particularmente al cierre del ejercicio fiscal (Aristegui Noticias, 2025).
La persistencia del incumplimiento ha provocado protestas, movilizaciones y el anuncio de acciones legales ante instancias federales en contra de funcionarios responsables de las finanzas estatales, lo que evidencia que el problema ha dejado de ser administrativo para convertirse en un conflicto de gobernabilidad financiera, con potencial impacto social y jurídico (El Occidental, 2026).
Las manifestaciones de trabajadores de distintas dependencias confirman que la falta de pago no se limita a un sector específico, sino que afecta de manera transversal a la administración estatal, comprometiendo la operación de servicios públicos esenciales y generando incertidumbre laboral prolongada (Meganoticias Tepic, 2026).
Si bien el gobierno del estado de Nayarit ha anunciado públicamente su intención de cubrir los pagos correspondientes, los hechos demuestran retrasos, pagos parciales y falta de claridad, lo que revela una brecha entre el anuncio político y el cumplimiento efectivo, así como una preocupante opacidad en la información financiera (Meridiano.mx, 2025).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como autoridad rectora de la política fiscal y coordinadora del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, tiene la responsabilidad de dar seguimiento a la sostenibilidad financiera de las entidades federativas, particularmente cuando se encuentran en riesgo derechos laborales y existe incertidumbre sobre la correcta aplicación de los recursos públicos.
Corresponde a esta Comisión Permanente ejercer sus facultades de control político para prevenir daños mayores, exigir rendición de cuentas y proteger los derechos de las y los trabajadores del estado de Nayarit, evitando que una mala administración financiera derive en conflictos sociales, parálisis institucional o violaciones sistemáticas a la legalidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una revisión puntual de la situación financiera del estado de Nayarit, evalúe su capacidad real para cumplir con sus obligaciones laborales y, en su caso, active los mecanismos de coordinación, supervisión o apoyo financiero que resulten procedentes, con el fin de garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones de las y los trabajadores del estado de Nayarit.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Nayarit a cubrir de manera inmediata los salarios, aguinaldos y prestaciones adeudadas a las y los trabajadores del estado, priorizando el respeto a los derechos laborales.
Notas:
1. Aristegui Noticias. (2025, 31 de diciembre). Nayarit | Gobierno presume ingresos históricos mientras maestros exigen pago de salarios. Aristegui Noticias. https://aristeguinoticias.com/3112/mexico/nayarit-gobierno-presume-ingr esos-historicos-mientras-maestros-exigen-pago-de-salarios/
2. El Occidental. (2026, 5 de enero). Nayarit: Interpondrán denuncia ante la FGR contra el secretario de Finanzas por falta de pago a trabajadores. El Occidental. https://www.eloccidental.com.mx/eloccidental/local/nayarit-interpondran -denuncia-ante-la-fgr-contra-el-secretario-de-finanzas-por-falta-de-pag o-a-trabajadores-27527377
3. Meganoticias Tepic. (2026, 2 de enero). Trabajadores de Nayarit protestan por falta de pago de prestaciones. Meganoticias. https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/trabajadores-de-nayarit-protes tan-por-falta-de-pago-de-prestaciones/695769
4. Meridiano.mx. (2025, 3 de diciembre). Cubrirá el estado pagos de fin de año para trabajadores. Meridiano.mx. https://meridiano.mx/2025/12/03/cubrira-el-estado-pagos-de-fin-de-ano-p ara-trabajadores/
Cámara de Senadores, a 7 de enero de 2026.
Senadora Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita información a las autoridades de energía respecto de la operación, producción y costos de la Refinería Olmeca conocida como Dos Bocas, a cargo de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN
Quienes suscribimos, Ricardo Anaya Cortés, Gina Gerardina Campuzano González, Marko Cortés Mendoza, María de Jesús Díaz Marmolejo, Agustín Dorantes Lámbarri, Laura Esquivel Torres, Michel González Márquez, Miguel Márquez Márquez, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Mayuli Latifa Martínez Simón, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Francisco Javier Ramírez Acuña, Ivideliza Reyes Hernández, Verónica Rodríguez Hernández, Gustavo Sánchez Vásquez, Imelda Sanmiguel Sánchez, Lilly Téllez, Enrique Vargas Del Villar, Mario Humberto Vázquez Robles, Raymundo Bolaños Azocar y Susana Zatarain García, senadoras y senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita información a las autoridades de energía, respecto de la operación, producción y costos de la Refinería Olmeca conocida como Dos Bocas.
Consideraciones
La Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, fue anunciada como un proyecto prioritario del gobierno federal concebida como el emblema de un nuevo modelo energético basado en la autosuficiencia y la recuperación del control estatal sobre los hidrocarburos. No obstante, más allá del discurso político que acompañó su anuncio y desarrollo, el proyecto se ha consolidado como uno de los ejemplos más evidentes de cómo la voluntad política puede desplazar a la planeación técnica, financiera y jurídica. Lejos de fortalecer a Petróleos Mexicanos, la refinería representa una carga económica de largo plazo cuya viabilidad nunca fue acreditada conforme a la ley ni a los estándares mínimos de evaluación de inversión pública.
Desde su origen, Dos Bocas mostró deficiencias estructurales en su diseño y ejecución. El presupuesto inicial, estimado en alrededor de ocho mil millones de dólares, se incrementó de manera sustancial hasta superar los catorce mil millones, sin que existiera una explicación técnica sólida que justificara los sobrecostos. Este aumento respondió a decisiones administrativas discrecionales, falta de controles efectivos y esquemas contractuales poco transparentes. Aun con ese nivel de inversión, los escenarios financieros más prudentes indican que los flujos generados por la refinería serían insuficientes para recuperar el capital invertido incluso en horizontes de varias décadas.
Las proyecciones operativas muestran que, bajo condiciones realistas de utilización y márgenes de refinación, los ingresos anuales resultarían claramente inferiores a los costos de operación y mantenimiento. En términos simples, la refinería no solo carece de capacidad para generar utilidades, sino que está diseñada para operar con pérdidas constantes.
Dicho déficit no recaerá exclusivamente en Pemex, sino que terminará siendo absorbido por el erario, trasladando el costo a los contribuyentes.
Más grave aún es que, esta situación no se limita a un problema de mala planeación económica, sino que implica el incumplimiento directo de las normas que regulan el ejercicio del gasto público. La legislación presupuestaria en México exige que todo proyecto financiado con recursos públicos cuente con un análisis costo-beneficio validado por la autoridad competente, a fin de acreditar su rentabilidad social y económica. En el caso de Dos Bocas, este requisito fue omitido. La autorización del proyecto se realizó mediante un acto de carácter político que lo calificó como prioritario, sin que ello sustituyera el dictamen técnico exigido por la ley.
Esta forma de proceder vulnera de manera directa el mandato constitucional que obliga a que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía y honradez. La ausencia de evaluación no fue un error administrativo menor, sino una decisión consciente que permitió avanzar en una obra cuyo impacto financiero negativo era previsible desde el inicio. Bajo esta lógica, la continuidad del proyecto configura supuestos claros de responsabilidad administrativa, al comprometer recursos públicos en una inversión carente de viabilidad comprobada.
El impacto social de esta decisión es significativo. Los recursos destinados a Dos Bocas representan oportunidades perdidas en sectores estratégicos como salud, educación, infraestructura básica o transición energética. En vez de generar bienestar tangible, el proyecto compromete finanzas públicas presentes y futuras, consolidando una carga que se extenderá por generaciones. La deuda asociada a la refinería no concluye con su construcción; se proyecta en el tiempo a través de costos operativos, mantenimiento creciente y subsidios implícitos.
A pesar de las múltiples inauguraciones simbólicas, la refinería no ha demostrado una producción estable, continua ni comercialmente acreditada. No existe información pública consolidada sobre los volúmenes efectivamente refinados, el grado de operación real, la calidad de los combustibles producidos, las fechas de calibración industrial ni los costos asociados al arranque. La discrepancia entre el discurso oficial y la realidad técnica genera incertidumbre sobre su funcionamiento efectivo.
El proyecto presenta señales de inviabilidad financiera derivadas del enorme endeudamiento, de la falta de retorno proyectado, de la baja rentabilidad global del refinado, y de las tendencias internacionales de transición energética, que reducen la competitividad de nuevas refinerías. A ello se suman preocupaciones ambientales derivadas del impacto ecológico en una zona costera vulnerable, riesgos de emisiones y ausencia de evaluaciones ambientales completas y accesibles.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos y a la titular de la Secretaría de Energía (Sener) a rendir un informe detallado sobre los costos finales de construcción, los costos de operación actuales, la producción efectiva y el grado de operación de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero del 2026.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, con relación a diversas acciones, relativas al reciente descarrilamiento de un tren de pasajeros en el Istmo de Tehuantepec, a cargo de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN
Quienes suscribimos, Ricardo Anaya Cortés, Gina Gerardina Campuzano González, Marko Cortés Mendoza, María de Jesús Díaz Marmolejo, Agustín Dorantes Lámbarri, Laura Esquivel Torres, Michel González Márquez, Miguel Márquez Márquez, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Mayuli Latifa Martínez Simón, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Francisco Javier Ramírez Acuña, Ivideliza Reyes Hernández, Verónica Rodríguez Hernández, Gustavo Sánchez Vásquez, Imelda Sanmiguel Sánchez, Lilly Téllez, Enrique Vargas Del Villar, Mario Humberto Vázquez Robles, Raymundo Bolaños Azocar y Susana Zatarain García, senadoras y senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia sobre diversas acciones, relativas al reciente descarrilamiento de un tren de pasajeros en el Istmo de Tehuantepec. Lo anterior, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado domingo 28 de diciembre de 2025, ocurrió el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura del poblado de Nizanda, en el estado de Oaxaca, dejando hasta el momento un saldo de 14 personas muertas y cerca de un centenar de personas heridas.1
Este descarrilamiento sucedió en la Línea Z del Tren Interoceánico, también conocido como Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que es un sistema ferroviario propiedad del gobierno federal, operado por la entidad paraestatal denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V. (FIT), que se agrupa al sector coordinado por la Secretaría de Marina, y que fue uno de los principales proyectos promovidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.2
De acuerdo con el plan del gobierno federal, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec pretende convertirse en una plataforma logística multimodal diseñada para impulsar el bienestar y el desarrollo regional de su área de influencia que abarcará los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, a través de la coordinación de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Chiapas y su interconexión mediante el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y con el establecimiento de Polos de Desarrollo para el Bienestar.3
Entre 2019 y 2024, se destinaron entre 80 y 90 mil millones de pesos a este corredor; de ese total, entre 35 y 40 mil millones fueron asignados específicamente a la rehabilitación de la red ferroviaria.
La longitud intervenida de la red ferroviaria es cercana a los 300 kilómetros, lo que implica un costo medio por kilómetro de entre 20 y 30 millones de pesos. Si bien esta cifra puede parecer elevada al ciudadano común, se trata de un monto relativamente bajo para estándares internacionales, especialmente cuando se considera que no se trata de infraestructura nueva, sino de rehabilitación acelerada de vías preexistentes, sin reconstrucción profunda ni rediseño estructural que reduzca riesgos a largo plazo.
Las obras de construcción y rehabilitación de las vías del Tren Interoceánico están rodeadas de fallas y descuidos. Entre las omisiones se encuentran taludes inestables y durmientes de madera vieja. La Secretaría de Marina pasó todo el 2025 tratando de estabilizar los taludes de la vía del Tren Interoceánico en el tramo de Chivela a La Mata, donde el domingo pasado ocurrió la tragedia.4
Los taludes son las pendientes artificiales que se crean al excavar para construir la vía férrea, y su estabilidad es crucial para evitar deslizamientos de tierra. El problema con los taludes es indicativo de las dificultades que ha enfrentado desde su inicio el proyecto para rehabilitar la Línea Z, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, a la que se agregó un tren de pasajeros, pues el plan original solo era mejorar las vías y el trazo para incrementar la capacidad de los trenes de carga.5
Adicionalmente, el servicio ferroviario opera con trenes usados y reciclados con hasta 50 años de antigüedad. A diferencia del Tren Maya, y de los trenes que construye el actual gobierno, al servicio de pasajeros del Interoceánico se le asignaron máquinas usadas.6
El 27 de enero de 2025, FIT adjudicó directamente a la empresa Locomotoras de San Luis la compra de 13 carros de pasajeros y 11 locomotoras, todos usados, por los que pagó 61 millones de dólares, unos mil 200 millones de pesos. En contraste, para el Tren Maya se compraron 42 trenes nuevos, que costaron 42 mil 500 millones de pesos.7
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también documentó diversas irregularidades en las obras de rehabilitación del Tren Interoceánico. La ASF consideró que la rehabilitación inició sin contar con los estudios, proyectos y el programa de ejecución totalmente terminados, además en sus informes de la Cuenta Pública 2020 y 2023 reveló un posible daño al erario por más de 33.5 millones de pesos, con anomalías que incluyen obras fantasma, anticipos sin ejecutar, rieles más caros que nunca se colocaron, personal inexistente y contratos inflados.8
Como en las otras obras emblemáticas del sexenio anterior, el proyecto del Tren Interoceánico está cobijado bajo el manto de la corrupción, en la que están involucrados los hijos del expresidente López Obrador.
El expresidente confirmó que su hijo Gonzalo López Beltrán, alias Bobby, supervisó directamente obras del corredor interoceánico, actividad que le permitió favorecer a sus amigos del denominado “El Clan”, bajo una red de negocios y tráfico de influencias, para la explotación de bancos de materiales, la rehabilitación de las vías del tren y la venta de balasto, que es la piedra que va debajo del tren y le sirve de soporte.9
Con los elementos anteriores, el Partido Acción Nacional denuncia que este accidente se pudo haber evitado, teniendo como sus dos principales causas la corrupción y la ineptitud, rasgos distintivos de las obras emblemáticas emprendidas en el sexenio anterior. Estos factores ocasionaron una nueva tragedia donde 14 personas lamentablemente perdieron la vida.
Aún permanece en la memoria colectiva el reciente descarrilamiento de una unidad del Tren Maya, suceso en el que se revivió la polémica por un audio en el que se escucha a quien se ha dicho es uno de los proveedores, Pedro Salazar Beltrán, (primo de los hijos del expresidente López Obrador), que también participó en la construcción del Corredor Interoceánico, reconocer que había pactado moches, y con total cinismo se atrevió a decir que “ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”.10
Ante estos hechos, en el PAN alzamos la voz para exigir:
- Que una autoridad independiente investigue con profundidad las causas concretas de la tragedia, y realice una evaluación de la calidad que incluya estándares de seguridad y condiciones en que fue rehabilitada e inaugurada la infraestructura ferroviaria.
- Que se suspenda el servicio ferroviario de este corredor hasta que no se garantice plenamente la seguridad de los usuarios y tripulantes.
- Que se realice una auditoría de costos y contratos, que incluya revisiones acerca del uso de recursos públicos, empresas responsables y posibles sobrecostos.
- Que se determine quién operaba y mantenía la vía, con qué protocolos y si existieron alertas previas, para definir posibles sanciones administrativas, legales o políticas en caso de omisiones o negligencias, conforme a la ley.
Casos como éste nos lastiman y no pueden seguir sucediendo, por lo que toda persona que resulte responsable de esta tragedia debe terminar en la cárcel.
México exige respuestas, apoyo a las víctimas y una investigación transparente y justa de parte de sus autoridades empezando desde la Presidencia de la República.
Ante ello, las y los mexicanos cuentan con Acción Nacional para defender el acceso a la verdad, la rendición de cuentas y garantizar nuestro derecho a la movilidad, con seguridad.
Por todo lo antes expuesto, las y los legisladores del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, acompañando con respeto y solidaridad a las familias en estos momentos de angustia y dolor.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exige al gobierno federal a que se realice una reparación integral del daño y que se brinde atención médica y psicológica a las víctimas, con una indemnización justa e inmediata y se garantice acompañamiento permanente a sus familias.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión demanda al gobierno federal que realice una investigación independiente e imparcial, para conocer a profundidad las causas concretas de la tragedia, que permita deslindar responsabilidades administrativas y penales, así como llevar ante la justicia a los posibles implicados.
Cuatro. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación la realización de una auditoría para evaluar la calidad y las condiciones de operación del Tren Interoceánico, que incluya estándares de seguridad y las condiciones en que fue rehabilitada, inaugurada y operada la infraestructura ferroviaria, así como la revisión de los costos y los contratos asignados de la obra, para conocer el uso y destino de los recursos públicos ante posibles hechos de corrupción.
Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión demanda la suspensión del servicio del Tren Interoceánico hasta que no se garantice plenamente la seguridad de los usuarios y tripulantes.
Sexto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a comparecer ante esta asamblea a los titulares de la entidad Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V. y de la Secretaría de Marina, para que expliquen las condiciones de operación del Tren Interoceánico, la atención a las víctimas y familiares de la tragedia, así como conocer las acciones y obras realizadas anteriormente en el tramo donde sucedió el descarrilamiento.
Notas:
1 https://animalpolitico.com/estados/descarrilamiento-tren-interoceanico- 13-personas-muertas-heridos y Aumentan a 14 las muertes por incidente en Tren Interoceánico
2 https://interoceanico.mx
3 CIIT – Proyectos México
4 https://www.reforma.com/descarrilan-y-matan-omisiones-tecnicas/ar312872 2
5 Ídem.
6 Ídem.
7 Ídem.
8 https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/asf-advirtio -mala-planeacion-en-linea-z-del-interoceanico/ y https://emeequis.com/investigaciones/fraude-en-los-rieles-asf-detecta-m illonarias-irregularidades-en-linea-z-del-interoceanico/
9 https://x.com/CarlosLoret/status/1838806906174840874?s=20
10 “Ya cuando se descarrile va a ser otro p...”: la frase de “El Clan” que resuena tras descarrilamiento del Tren Maya.
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero del 2026.
(Rúbrica)
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