Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6872-III-5, martes 9 de septiembre de 2025
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y a la GN a establecer una estrategia y fortalecer la vigilancia en las carreteras del estado de Nuevo León, a fin de garantizar la seguridad de transportistas, viajeros y habitantes, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Considerandos
Las carreteras son fundamentales para poder conectar a nuestras poblaciones y comunidades de nuestro país. En ellas se recorre México de norte a sur y de oriente a poniente, a la vez que también permite el tránsito comercial y el desarrollo económico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2023 se registró un total de 58 millones 199 mil 293 vehículos circulando en el país, de los cuales, el 90 por ciento ha utilizado alguna vez algún tramo carretero.1
A pesar de la importancia que las carreteras representan para la movilidad del país, éstas actualmente enfrentan un grave problema de seguridad, tanto es así que en 2024 se registró un total de 12,462 denuncias por robo de autotransporte, lo que significa que en promedio se produce un asalto carretero cada 45 minutos.2
Esta situación de inseguridad ha comenzado a generar un problema grave en la movilidad de las personas, pues muchas tienen la necesidad de desplazarse, pero cada vez cuentan con menos medios para hacerlo, pues temen usar las carreteras del país.
A decir verdad, según una encuesta de Consulta Mitofsky, existe una preocupación creciente en torno a la inseguridad, pues el 66 por ciento de las personas encuestadas percibe las carreteras como muy peligrosas.3
Esta situación es todavía más problemática en el estado de Nuevo León en donde se han presentado graves problemas de violencia e inseguridad afectando a los pobladores. De hecho, la carretera federal 85, en el tramo que va de Monterrey a Nuevo Laredo es considerada una de las carreteras más peligrosas del país, pues actualmente existe un enfrentamiento territorial entre organizaciones criminales que buscan el control de dicho tramo para el trasiego de drogas ilícitas.4
Por si fuera poco, esta es a su vez uno de los tramos más importantes para el desarrollo económico de México porque concentra el 40 por ciento del comercio terrestre entre Estados Unidos y México.5 Sin embargo, a pesar de su importancia cada vez se transita menos porque se ha convertido en un centro de desapariciones de personas, así como lo advierte la investigación “La Lógica de las desapariciones en la carretera federal 85, en los últimos años se ha observado un incremento exponencial de desapariciones en el tramo que va de Monterrey a Nuevo Laredo:
[...] entre finales de 2020 y julio de 2021, la CNB calculaba en 71 aproximadamente el número de personas desaparecidas en esta vía. En noviembre de 2021 el colectivo de buscadoras “Todos somos uno” conformada para buscar a sus desaparecidos en esta carretera reportaba que en los 11 meses del año habían desaparecido en la vía alrededor de 163 personas, la mayoría en el recorrido en Tamaulipas. Para finales de 2023 algunos medios señalaban que por lo menos las desapariciones en esta carretera eran de alrededor de 200 personas de las cuales muy pocas habían sido encontradas.6
Ante esta situación, así como diversos fenómenos de inseguridad que se han desarrollado en distintos puntos carreteros del estado fronterizo de Nuevo León, se ha generado una percepción de inseguridad que debe ser atendida de manera inmediata, pues este estado es la capital del Estado es uno de los centros urbanos más importantes de México y cuenta con uno de los cruces fronterizos más importantes del país.
En este respecto, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) en 2024 el 53 por ciento de los habitantes se sintió inseguro en las carreteras, lo que las transforma en uno de los espacios públicos percibidos con mayor inseguridad.7 En el estado de Nuevo León se observó que el 53 por ciento de los habitantes de los principales municipios metropolitanos consideraron sus carreteras como muy inseguras.
El 53.1 por ciento de los adultos encuestados en los principales municipios metropolitanos de Nuevo León afirmaron sentirse inseguros al circular por carreteras. Este temor supera incluso a otros sitios tradicionalmente considerados peligrosos, como los cajeros automáticos o el transporte público, en varios municipios de la región. En San Pedro Garza García la percepción de inseguridad en las carreteras llegó a ser de hasta el 64.4 por ciento.8
Por lo anteriormente expuesto resulta fundamental fortalecer la vigilancia en las carreteras a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que las usan, ya sean para el tránsito de mercancías o para el desplazamiento de personas.
Así, el presente punto de acuerdo busca exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional para establecer una estrategia y fortalecer la vigilancia y protección en las carreteras de Nuevo León a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas.
Por estas razones se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional a establecer una estrategia coordinada para fortalecer los operativos de vigilancia permanente en las carreteras del estado de Nuevo León, especialmente en la carretera 85 tramo Monterrey-Nuevo Laredo.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional a garantizar la seguridad de las personas en las carreteras del estado de Nuevo León.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comandancia de la Guardia Nacional a incrementar y organizar el número de elementos y patrullas en la zona de conflicto.
Notas:
1 Inegi. “Parque Vehicular”, recuperado el día 20 de julio del 2025 en: https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/
2 https://www.tyt.com.mx/nota/cada-42-minutos-atacan-a-un-operador-en-las -carreteras-de-mexico-durante-2024
3 https://www.mitofsky.mx/post/inseguridad-en-carreteras-una-preocupacion -creciente-para-los-mexicanos-marzo-2025
4 González Veloz, Adriana, Las lógicas de las desapariciones en la carretera federal 85 (Monterrey-Nuevo Laredo) https://adondevanlosdesaparecidos.org/2025/06/30/las-logicas-de-las-desapariciones-en-la-carretera-federal-85-monterrey-nuevo-laredo/
5 González Veloz, Adriana, Las lógicas de las desapariciones en la carretera federal 85 (Monterrey-Nuevo Laredo) https://adondevanlosdesaparecidos.org/2025/06/30/las-logicas-de-las-desapariciones-en-la-carretera-federal-85-monterrey-nuevo-laredo/
6 Ibidem.
7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENSU/EN SU2024_07.pdf
8 https://minutocero.news/inseguridad-en-carreteras-de-nl-preocupa-a-ciud adanos/
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE, a establecer ventanillas y mecanismos de atención y apoyo a usuarios del estado de Coahuila, a fin de revisar que los procesos de cobro y fijación de tarifas se ajusten realmente a los consumos de energía eléctrica realizados, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las recientes denuncias por cobros excesivos de electricidad en Coahuila han generado una profunda indignación entre los ciudadanos. Familias que anteriormente pagaban entre $1,300 y $1,500 por bimestre ahora enfrentan facturas que superan los $7,000, sin haber realizado cambios significativos en su consumo energético. Una usuaria de Sabinas reportó un incremento de $1,500 a $7,779 en su recibo, a pesar de que actualmente viven menos personas en su hogar y han reducido el uso de electrodomésticos. Otro caso similar involucra a una persona que, sin contar con aparatos de aire acondicionado y con hábitos de consumo moderados, recibió una factura de $5,073, cuando anteriormente pagaba alrededor de $1,300.1
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha atribuido estos aumentos a las altas temperaturas, argumentando que el mayor uso de ventiladores y aires acondicionados eleva el consumo y, por ende, la tarifa. Sin embargo, muchos usuarios afirman no haber utilizado dichos aparatos y, aun así, enfrentan cobros desproporcionados. Además, la CFE ha implementado un sistema de tarifas escalonadas que penaliza el consumo excesivo, llegando a cobrar hasta $3.685 por kilovatio hora en la tarifa excedente.2
La situación se agrava con reportes de cortes de energía injustificados. En diversas localidades de Coahuila, usuarios han experimentado suspensiones del servicio debido a supuestos adeudos originados por errores en las lecturas de los medidores. Estas lecturas, realizadas “al tanteo” durante meses, han derivado en cobros acumulados que la CFE exige pagar en una sola exhibición, sin ofrecer prórrogas ni soluciones claras.3
La falta de transparencia y la negativa de la CFE a reconocer y corregir estos errores han llevado a quejas formales y protestas. En respuesta, es necesario que la CFE genere canales de apoyo a los usuarios a fin de revisar los procesos de cobro y la fijación de tarifas, en necesario de la Comisión garantice la legalidad y la transparencia en el servicio.
Es inaceptable que en pleno siglo XXI, ciudadanos que cumplen con sus obligaciones enfrenten abusos por parte de una empresa estatal que debería velar por el bienestar de la población. La CFE debe atender las inquietudes de los usuarios sobre todo de los que menos tienen, así como garantizar un servicio justo y transparente para todos.
Cabe señalar que el punto de acuerdo originalmente fue propuesto por el diputado Oscar Fernando Torres Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI, mencionando que la comisión dictaminadora no se pronunció al respecto de la presente proposición.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca ventanillas y mecanismos de atención y apoyo a los usuarios del estado de Coahuila, para revisar que la fijación y cobro del suministro de energía eléctrica se ajuste realmente a los consumos realizados, y así garantizar la legalidad y el debido cobro, sin excesos, del servicio de energía eléctrica en el estado de Coahuila.
Notas:
1 Ciudadanos se Quejan Por Cobros Excesivos en sus Recibos de Luz
https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/sabinas/ciudadanos-se-quejan-por-cobros-excesivos-en-sus-recibos-de/309247?utm_source=chatgpt.com
2 En aumento inconformidades contra CFE por cobro de energía excesivos. https://plumaslibres.com.mx/2024/07/23/en-aumento-inconformidades-contr a-cfe-por-cobro-de-energia-excesivo/?utm_source=chatgpt.com
3 Por errores de la CFE, cortan energía a usuarios por supuestos adeudos.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2024/por-errores-de-la-cfe-cortan-energia-a-usuarios-por-supuestos-adeudos.html?utm_source=chatgpt.com
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de septiembre de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS, al Infonavit y al SAT a otorgar facilidades y evitar el cobro de cuotas y contribuciones a proveedores con quienes Pemex tiene adeudos, equivalentes al monto total de su deuda, suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscribimos, diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Christian Castro Bello, Ariana Rejón Lara, Emilio Lara Calderón, Hugo Gutiérrez Arroyo y Erubiel Lorenzo Alonso Que, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Considerandos
Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa pública del Estado mexicano fundada el 7 de junio de 1938 que se encarga de la exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de petróleo y gas natural. Desde su creación y hasta la fecha, la empresa ha contado con diversas modificaciones que buscan mantener su rentabilidad; una de las más importantes fue la reforma de finales del 2013 que tuvo el objetivo de abrir la empresa a la participación de la iniciativa privada a fin de hacerla más competitiva y redituable.1
Con lo anterior se buscó una apertura petrolera que proyectó una inversión de 62 mil millones de dólares a fin de alcanzar una producción mínima estable de dos millones y medio de barriles diarios durante 20 años.2 En torno a lo anterior, una gran cantidad de empresarios nacionales e internacionales se vieron atraídos por la oportunidad e invirtieron su capital confiando en la estabilidad y seriedad de la propuesta estatal, esto trajo importantes dividendos para la industria nacional y, por ende, al desarrollo del país.
Sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se viró hacia una nueva política energética que generó un mayor gasto interno sin antes haber contado con análisis de factibilidad, lo cual derivó en un mayor endeudamiento, que afectó la capacidad de pago de la paraestatal, lo que lastimó a las pequeñas y medianas empresas de proveedores de servicios. Tan es así que Pemex ha enfrentado una serie de desafíos financieros significativos que han resultado en un aumento considerable de sus adeudos.3 De esta forma, al inicio de diciembre de 2018, Pemex tenía una deuda con proveedores de 149,263 millones de pesos+4 y para diciembre de 2023, esta cifra había aumentado a 402,872 millones de pesos, casi triplicando la deuda inicial.
Al inicio de la actual administración se promovió una reforma en la que buscaron establecer un nuevo régimen fiscal para la empresa pública,5 con esta reforma se buscó reducir la carga fiscal a fin de que la empresa tuviera mayor liquidez sin embargo, estas acciones no han permitido mejorar la situación de la deuda, pues parte de la problemática es la gestión de la empresa, no hay dependencia operativa, ni financiera y sigue funcionando con apoyo del gobierno, lo que trae como resultado que las deudas se sigan acumulando y que la falta de pago a acreedores sea cada vez mayor. Así, para el 31 de marzo del 2025, la deuda de la empresa ya era de 2.05 billones de pesos, lo representa un 21.6 por ciento mayor a lo reportado en el mismo periodo del año anterior (31 de marzo del 2024).
Además de los incrementos en la deuda, se observa una disminución en la producción de gas y petróleo de hecho en el primer trimestre del 2025, la producción de Pemex y sus socios (sin contar condensados) cayó por debajo de los 1.4 millones de barriles diarios, alcanzando su nivel más bajo para un primer trimestre desde el 2011. Por lo que se refiere al gas natural, también se observó que la producción cayó en un mínimo no visto en los últimos 15 años.
Es evidente que la empresa presenta graves problemas operativos y financieros, los cuales a su vez se reflejan en la falta de pago a sus acreedores. Hoy Pemex entró en una crisis de impago sin presentes, pues debe más de 400 mil millones de pesos a sus proveedores. Esto ha generado que miles de empresas nacionales e internacionales se vean en la necesidad de detener sus operaciones.6
La situación es tan grave que hasta el Consejo de Fuerza Laboral y Tecnología Energética (EWTC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos realizó una solicitud dirigida a la presidenta de México en la cual piden que la empresa pública salde su deuda de 1.8 mil millones de dólares (alrededor de 33.7 mil millones de pesos) que tiene con proveedores de servicios petroleros estadounidenses. Se destaca que entre las empresas trasnacionales más afectadas por este impago es Baker Hughes.7
Esta situación se complica si advertimos las recientes denuncias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) quienes denunciaron a Pemex de cometer actos de corrupción. De acuerdo con las declaraciones de la organización, diversas autoridades de la empresa han exigido moches a cambio de la liberación de sus pagos. Esta situación es especialmente grave para las pequeñas y medianas empresas que dependen de los servicios que prestan a Pemex pues, por un lado, ante la falta de facturación y pago, se encuentran en una situación financiera compleja, y por el otro se ven ante la difícil situación de extorsión por parte de funcionarios quienes condicionan el pago a que un porcentaje de la factura les sea entregados.8
Así hoy, y de acuerdo con un comunicado de la Coparmex, hoy empresas medianas y pequeñas de Ciudad del Carmen, Tapachula, Hidalgo, Irapuato, Tamaulipas, Oaxaca, Reynosa, Tabasco, Tampico y Veracruz enfrentan una crisis que compromete su supervivencia. Esto es muy grave porque cada factura pendiente significa un sueldo menos que se pueda pagar o una nueva pérdida de empleo.
Una de las zonas con mayor crisis es la de Ciudad del Carmen, pues la gran mayoría de las empresas y negocios dependen de la empresa Pública, de hecho, el Consejo Hombres y Mujeres de Negocios de Ciudad del Carmen, A.C., ya ha señalado diversos puntos importantes que deben atenderse urgentemente para evitar una crisis económica en la ciudad.
El organismo señala que el monto de la deuda acumulada a proveedores y contratistas, muchos de ellos radicados en dicha ciudad, tienen entre 12 y 6 meses con facturación y Codificación de Pagos y Descuentos (Copade) ante Pemex, sin posibilidad de pago, esta deuda asciende a 97 mil millones de pesos.9
Pero, además, el organismo señala que existe en igual o mayor número de meses de obras y suministros de bienes que no se han podido facturar y menos cobrar. Esta situación les impide a los proveedores de servicios hacer uso de herramientas financieras como el programa de cadenas productivas de Nacional Financiera.
Esto representa un gran problema para las empresas porque los servicios que ya se encuentran facturados constituyen una deuda que es reconocida por Pemex, pero no les ha pagado; adicionalmente también se advierte otra problemática porque quienes no cuentan con el Copade no han podido facturar y temen que esta deuda no sea reconocida y por ello no puedan cobrar.
Este atraso histórico en sus pagos de Pemex ha llevado a las empresas al borde de la quiebra, afectando además a sus empleados, porque al no contar con los fondos necesarios para subsistir, las empresas no pueden continuar manteniendo los gastos mínimos de su nómina como los salarios y los pagos al SAT, IMSS, Infonavit, Fonacot, entre otros.
En torno a lo anterior a fin de evitar despidos y permitir que las pequeñas y medianas empresas continúen funcionando, es necesario que las instancias de gobierno generen estímulos y exenciones de pagos a servicios tributarios y de seguridad social en tanto no se regulariza la situación de Pemex.
Asimismo, tampoco pueden continuar haciendo los pagos correspondientes a las autoridades estatales, municipales y de administración portuaria, por lo cual, además, les impide poder participar en proyectos o licitaciones, lo que deriva en pérdida de competitividad de las empresas ante otras que se encuentran en mejores condiciones financieras. La situación rompe con el piso parejo en el ámbito empresarial, poniendo en riesgo a la industria nacional, particularmente a pequeñas y medianas empresas.
Todo ello ya ha tenido consecuencias graves para la clase trabajadora con despidos masivos en el sector, afectando la estabilidad financiera y la calidad de vida de las familias que dependen de los ingresos en este sector, de hecho, el Servicio Estatal de Empleo en Campeche reportó más de 8 mil puestos perdidos en la industria petrolera en Ciudad del Carmen.10
En resumen, los adeudos de Pemex han crecido exponencialmente afectando tanto a la empresa estatal como a sus proveedores y contratistas. Si bien la presidenta anunció que se busca un plan para resolver el problema, la situación sigue siendo crítica, pues como advirtió la Coparmex el pasado 10 de julio que Pemex debe 404 mil millones de pesos, aún después de haber pagado el 20 por ciento de la deuda correspondiente a 147 mil millones de pesos este año.11
Todo ello exige una acción seria que se centre en redirigir las finanzas de Pemex para abordar los problemas financieros y así garantizar la estabilidad y sostenibilidad de la empresa.12 Hoy se corre el enorme riesgo de pérdida de mano de obra calificada y especializada, lo que podría constituir una debacle de la industria en la región, una de las más importantes del país.
Ante esta situación el empresariado se encuentra muy preocupado por la incapacidad de pago de la empresa y la situación de crisis en la que se encuentra.
Más preocupados están en tanto que, si bien se observan importantes pérdidas, se desconoce a ciencia cierta cuál es el estado financiero real. Tanto el gobierno anterior como el actual se han manejado en una completa opacidad al respecto, lo que ha generado incertidumbre entre los proveedores. Es por lo anterior que todas estas empresas han solicitado el apoyo para que se establezca una fecha específica de pago, esto a fin de generar certidumbre.
Resulta imperante resaltar que la nueva Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos establece en su artículo 107, fracción III, inciso a) que la empresa tiene la obligación de no contratar servicios más allá de su capacidad de pago.
En este orden de ideas, se advierte que en un Estado de derecho es fundamental atender los compromisos y contratos adquiridos a fin de garantizar una certeza jurídica para todos y todos los mexicanos. Por ello, es fundamental conocer la situación real de la deuda y transparentar la situación de una empresa que parece estar en crisis. Asimismo, es esencial que la empresa estatal cumpla con sus obligaciones de deuda, a fin de garantizar la certeza jurídica hacia las empresas participantes y la credibilidad financiera de la institución.
Es preciso destacar que la presente propuesta considera las inquietudes derivadas del Foro “Voces para una Economía Mejor” realizado por la Fundación Colosio AC, bajo la coordinación de Miguel Ángel Sulub Caamal, el pasado 23 de agosto de 2025 en Ciudad del Carmen. En dicho espacio de expresión se escuchó la voz de la representación de la Asociación de Hoteles y Moteles, del Consejo de Mujeres y Hombres de Negocios, de pequeños comerciantes, y de ciudadanos interesados en la problemática que hoy se vive derivado del incumpliendo de pagos de Pemex hacia sus proveedores y que tiene un impacto en la economía carmelita.
Por ello, el presente punto de acuerdo pretende exhortar a la empresa pública para que comience a cumplir con sus obligaciones a la vez que se genere un plan para sanear las finanzas públicas de Pemex.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente propuesta con:
Punto de Acuerdo
Primero : La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que otorgue prórrogas en el pago de cuotas obrero-patronales de los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025, exente el pago de recargos y actualizaciones, suspenda los procedimientos administrativos de ejecución en curso, y cancele los embargos a cuentas bancarias en apoyo a las personas físicas y empresas de Ciudad del Carmen que siendo proveedoras de bienes y servicios de Petróleos Mexicanos tienen cuentas por cobrar que no les han sido pagadas, para así evitar su quiebra y desaparición, y que miles de personas pierdan su empleo y con ello el ingreso que permite el sustento de sus familias. Lo anterior, hasta en tanto Pemex no les cubra los adeudos existentes.
Segundo : La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para que otorgue prórrogas en el pago de cuotas obrero-patronales de los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025, exente el pago de recargos y actualizaciones, suspenda los procedimientos administrativos de ejecución en curso, y cancele los embargos a cuentas bancarias en apoyo a las personas físicas y empresas de Ciudad del Carmen que siendo proveedoras de bienes y servicios de Petróleos Mexicanos tienen cuentas por cobrar que no les han sido pagadas, para así evitar su quiebra y desaparición, y que miles de personas pierdan su empleo y con ello el ingreso que permite el sustento de sus familias. Lo anterior, hasta en tanto Pemex no les cubra los adeudos existentes.
Tercero : La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que otorgue prórrogas en el pago del Impuesto Sobre la Renta y de Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025, exente el pago de recargos y actualizaciones, suspenda los procedimientos administrativos de ejecución en curso, y cancele los embargos a cuentas bancarias, en apoyo a las personas físicas y empresas de Ciudad del Carmen que siendo proveedoras de bienes y servicios de Petróleos Mexicanos tienen cuentas por cobrar que no les han sido pagadas, para así evitar su quiebra y desaparición, y que miles de personas pierdan su empleo y con ello el ingreso que permite el sustento de sus familias. Lo anterior, hasta en tanto Pemex no les cubra los adeudos existentes.
Cuarto: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al director general de Petróleos Mexicanos a elaborar un plan de pagos que permita cumplir los compromisos existentes con sus proveedores.
Notas:
1 La reforma energética (2013-2014) a la luz de la nueva legislación sobre los impactos sociales de los proyectos. Foro int vol.60 no.2 Ciudad de México abr./jun. 2020 Epub 14-Ago-2020
2 https://www.lapoliticaonline.com/mexico/energia-mx/caen-las-inversiones -privadas-hidrocarburos/
3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/pemex-triplica-deuda-con-proveedo res-sexenio/1663222?form=MG0AV3
4 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/adeudos-de-pemex-a-proveedores-c asi-se-triplican-con-amlo/?form=MG0AV3
5 Dictamen de las De las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de marzo del 2025.
6 https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/PEMEX-DEBE-MAS-DE-400-MIL-MDP-A-PROVEEDORES-A-CUAN_3alat/
7 Ibidem.
8 https://www.proceso.com.mx/economia/2025/7/10/
pemex-exige-moches-para-liberar-pagos-proveedores-coparmex-354636.html
9 https://www.proceso.com.mx/economia/2025/7/10/
pemex-exige-moches-para-liberar-pagos-proveedores-coparmex-354636.html
10 https://diario.mx/nacional/2025/jul/19/agoniza-ciudad-del-carmen-por-de udas-de-pemex-1076130.html
11 https://diario.mx/nacional/2025/jul/19/agoniza-ciudad-del-carmen-por-de udas-de-pemex-1076130.html
12 https://mvsnoticias.com/entrevistas/2024/11/4/
pemex-la-herencia-de-perdidas-que-enfrenta-el-nuevo-sexenio-segun-pedro-tello-663902.html?form=MG0AV3
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de septiembre de 2025.
Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Christian Castro Bello, Ariana Rejón Lara, Emilio Lara Calderón, Hugo Gutiérrez Arroyo, Erubiel Lorenzo Alonso Que (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para exhortar al AICM, SA de CV, sectorizada a la Semar, a resolver los problemas de infraestructura y seguridad aérea que presenta el AICM “Benito Juárez”, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Considerandos
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” fue inaugurado oficialmente el día 19 de noviembre de 19521 con el objetivo de detonar el desarrollo económico del país y promover la modernización que México requería. Con el paso de los años, este aeropuerto se convirtió en el más importante de México y uno de los más transitados de América Latina.
Por lo que se refiere a México, éste es el aeropuerto más transitado del país; de hecho, en promedio atiende a más de 90 mil pasajeros nacionales, aunque la cifra puede variar según se trate de una temporada alta o baja. A nivel internacional es un punto de interconexión de vuelos que vienen de Europa hacia América Latina, facilitando las interconexiones entre América Latina y Norteamérica.2
Por lo que se refiere al comercio, este aeropuerto también es importante porque él dispone del 35 por ciento de la carga aérea de mercancía que se moviliza por todo el país.
A pesar de su gran importancia, el AICM enfrenta diversas problemáticas, entre las que destaca el sobrecupo, la infraestructura envejecida y la falta de mantenimiento, lo cual ha provocado graves problemas en la operatividad. De hecho, el pasado 11 de agosto se suspendieron operaciones debido a una fuerte tormenta que inundó las salas y las pistas de aterrizaje complicando la operatividad, de tal forma que los aviones no fueron capaces de despegar o aterrizar.
Adicionalmente, el 13 de agosto se presentó una falla en los sistemas de comunicación, conocidos como Frequentis, que obligaron a detener la operación de los despegues, por razones de seguridad.
Por si fuera poco, recientemente se dio a conocer que el aeropuerto no cuenta con radar meteorológico,3 el cual permite localizar precipitaciones, calcular trayectorias y estimar tipos de precipitaciones. Además, este radar genera datos en los que permiten conocer la estructura de las tormentas y cómo actuar con ellas.
La falta del radar es grave porque en la actualidad se ha transformado en una tecnología que permite tomar decisiones críticas en materia de seguridad aérea. Los radares, permiten identificar y evitar zonas graves de tormenta y garantizar la seguridad de las y los pasajeros, pues advierte condiciones meteorológicas peligrosas y las evita. La crisis del 11 de enero en buena medida pudo evitarse con estos instrumentos, sin embargo, al desconocer la situación de la tormenta, se generó una parálisis total que afectó a las personas usuarias del aeropuerto.
Este radar también funciona para detectar viento y permitir la toma de decisiones sobre el despegue y el aterrizaje, de tal forma que la falta de uno constituye un potencial riesgo para las personas usuarias.
Es importante destacar que cuando una persona utiliza un servicio aéreo paga un impuesto denominado Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) el cual tiene por finalidad obtener ingresos suficientes para el mantenimiento del aeropuerto y para el pago y actualización de infraestructura necesaria para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas.
En México anualmente se recauda alrededor de 14 mil millones de pesos anuales por concepto de TUA,4 los cuales deberían ser destinados para mejorar las condiciones del aeropuerto de la CDMX. Sin embargo, esto no sucede así, pues esos ingresos se destinan al fideicomiso usado para pagar intereses de la deuda derivada de la construcción cancelada del aeropuerto de Texcoco.5
Ya desde 2015 se había detectado la necesidad de crear un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, de ahí que se iniciaron los procesos de licitación para la construcción de un nuevo aeropuerto ubicado en Texcoco, Estado de México. A pesar de ello, en 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de cancelar el proyecto, lo que derivó en distintas demandas de incumplimiento y en la obligación del Estado de pagar la deuda generada por la cancelación.
Así, desde 2019 y hasta la fecha, los ingresos destinados para la mejora de infraestructura del aeropuerto Benito Juárez han sido utilizados para indemnizar el incumplimiento de las obligaciones contractuales lo cual ha tenido como resultado un deterioro progresivo del principal aeropuerto del país. Hoy, el deterioro no sólo se centra en falta de limpieza o envejecimiento de instalaciones, sino que, además, implica la falta de insumos y materiales fundamentales para poder operar de manera segura, como es el caso de los radares meteorológicos.
Es de destacarse que en el contenido de los resolutivos de la presente propuesta se toma en consideración lo señalado en la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal publicado el 14 de agosto de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.
Por ello, es necesario resolver la problemática a la brevedad y comenzar a invertir en la seguridad y el desarrollo adecuado del AICM, por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V., sectorizado a la Secretaría de Marina, a resolver los problemas de infraestructura y seguridad aérea que presenta el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V., sectorizado a la Secretaría de Marina, para que adquiera un radar meteorológico a fin de garantizar la seguridad de las personas usuarias.
Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Agencia Federal de Aviación Civil, y en el marco de sus atribuciones, garantice que el TUA sea utilizado para el mantenimiento y mejora de infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”.
Notas:
1 https://www.aicm.com.mx/aicm/acerca-del-aicm/antecedentes-historia
2 https://klog.co/blog/aeropuerto-de-la-ciudad-de-mexico-historia-e-impac to-en-el-comercio-mexicano
3 Piloto ‘ventila’ que AICM no tiene radar meteorológico: ‘En otros aeropuertos saben dónde pasar, aquí no’ – El Financiero
4 https://forbes.com.mx/al-ano-se-destinan-14-mil-mdp-del-tua-del-aicm-pa ra-pagar-los-intereses-del-fallido-aeropuerto-de-texcoco/
5 Ibidem.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX a realizar la restauración y el mantenimiento de la escultura de Miguel Ramos Arizpe, ubicada en la plaza del mismo nombre, frente a la calle Eduardo Molina, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Rubén Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Considerandos
José Miguel Rafael Nepomuceno Ramos Arizpe, conocido como el padre del federalismo mexicano, fue un destacado político y jurista mexicano que formó parte del Congreso Constituyente de 1823 y 1824.1 Desde muy joven incursionó en la política nacional y a la edad de 35 años (1810) fue elegido diputado representante de las Provincias Internas de Oriente, de tal forma que partió a Europa cuando la lucha independentista inició.2
Ramos Arizpe fue elegido diputado representante de las Provincias Internas de Oriente y a finales de 1810 partió hacia Europa, mientras la lucha por la independencia iniciada por Miguel Hidalgo se empezaba a extender por el virreinato de la Nueva España. Desde sus primeras experiencias en las Cortes de Cádiz, Ramos Arizpe se distinguió por ser defensor de la libertad, la igualdad y el buen gobierno. Ante todo, reclamó que gobierno español había mantenido a las provincias descuidadas, así, frente a la falta de escuelas escribió: “la educación pública es uno de los primeros deberes de todo gobierno ilustrado, y sólo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de sus derechos”.3 Durante su estancia como representante de las provincias en Europa, Ramos Arizpe propuso la creación de diputaciones, ayuntamientos, tribunales de justicia, consulado de comerciantes, escuelas y la apertura de puertos comerciales. Si bien es cierto que algunas de sus propuestas fueron incluidas en la Constitución de Cádiz en 1812, para 1914 el rey de España Fernando VII, las derogó. A la par que también apresó a los diputados que promovieron las reformas más liberales.4
En 1922, Ramos Arizpe llegó a México y en 1823 fue nombrado diputado constituyente. Durante esta labor se distinguió por ser uno de los más grandes defensores del federalismo mexicano como una alternativa para mantener la estabilidad y unidad de la nación. Esto es porque después del fracaso del Imperio de Agustín de Iturbide, diversos territorios del país deseaban declararse independientes.5
Bajo esa convicción participó en la elaboración de la Constitución de 1924 y contribuyó a forjar los cimientos de nuestra nación. Es precisamente por lo anterior que su figura es símbolo de identidad nacional, de ahí que sus restos fueran trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Su figura es tan importante para la patria que existen diversas esculturas y bustos de él ubicados en diversos estados de la República.
Desafortunadamente, las esculturas que se han hecho del ilustre coahuilense no siempre reciben el cuidado y mantenimiento que requieren, de hecho, algunas se encuentran claramente deterioradas por el tiempo.
Este es el caso de la escultura ubicada en la Plaza Cívica Miguel Ramos Arizpe que se encuentra entre las calles Eduardo Molina y Astilleros, en la alcaldía Venustiano Carranza, pues ésta se encuentra deteriorada y pintada.
Es precisamente por lo anterior que el presente punto de acuerdo busca exhortar a la alcaldía para que pueda darle mantenimiento a la estatua y proceder a limpiarla. Lo anterior se considera importante, no sólo por la escultura en sí misma, sino también porque se trata de un espacio cívico que permite recordar nuestras raíces y nuestro origen como patria independiente.
Así por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la alcaldía de Venustiano Carranza de la Ciudad de México, para que realice la restauración y el mantenimiento de la escultura de Miguel Ramos Arizpe que se ubica en la plaza del mismo nombre frente a la calle de Eduardo Molina.
Notas:
1 https://www.cndh.org.mx/noticia/
miguel-ramos-arizpe-el-comanche-padre-del-federalismo-mexicano-y-precursor-del-derecho
2 https://constitucion1917.gob.mx/es/inehrm/Miguel_Ramos_Arizpe_y_el_fede ralismo_mexicano
3 Miguel Ramos Arizpe, Discursos, memorias e informes, nota bibliográfica y acotaciones, Vito Alessio Robles, segunda edición, México: UNAM, Coordinación de Humanidades, 1994.
4 https://constitucion1917.gob.mx/es/inehrm/Miguel_Ramos_Arizpe_y_el_fede ralismo_mexicano
5 https://constitucion1917.gob.mx/es/inehrm/Miguel_Ramos_Arizpe_y_el_fede ralismo_mexicano
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena, a través de la GN, a fortalecer la vigilancia de la carretera 57 en el tramo de Nuevo León, a fin de garantizar la seguridad de transportistas, viajeros y habitantes, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Rubén Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Considerandos
La carretera federal 57 es una de las más importantes y transitadas del país, tiene una longitud total de mil 295 kilómetros y va desde la ciudad de México hasta Piedras Negras, atravesando los estados de Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León.
Esta carretera es considerada la principal vía de tránsito de mercancías y personas del país, incluso se estima que en la carretera diariamente circulan alrededor de 150 mil vehículos.1 De igual forma esta carretera concentra cerca del 50 por ciento del comercio terrestre nacional, pues es la principal vía de acceso y de interconexión entre el sur de México y los Estados Unidos de América.
A pesar de la gran importancia que esta carretera representa para el país, actualmente se ha transformado en un foco de violencia e inseguridad. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Transporte privado en 2023 se reportaron 2 mil 209 carpetas de investigación, lo que representó un incremento en el robo de autotransporte, en un 10.8 por ciento en comparación el mismo periodo del 2022, en donde se reportaron 1,993 incidencias.2 Asimismo, en lo que va del 2025 se ha reportado un incremento del 30 por ciento en robos.3
Esta situación es especialmente grave en el tramo carretero que se encuentra en el estado de Nuevo León, el cual se ha transformado en un foco de violencia que atenta contra la seguridad y el bienestar de los usuarios.
De hecho, como ya se ha referido en otros puntos de acuerdo relacionados con la carretera 57, en la zona donde colindan los estados de San Luis Potosí y Nuevo León se observa una intensa actividad delictiva que no se reduce al robo de transporte de carga, sino que se ha detectado la operación de organizaciones del crimen organizado que incurren en delitos como tráfico de personas, trata y desapariciones.
Así, en febrero del 2022 se encontraron a 135 indocumentados que estaban siendo trasladados hacia el estado de Nuevo León; posteriormente en agosto de ese mismo año, a la altura del kilómetro 14+500 del tramo Matehuala-San Roberto, se localizaron 47 migrantes que se encontraban encerrados en la caja de un tráiler.4
Además, en noviembre de ese mismo año se rescató de la caja de un tráiler a 123 personas, de las cuales 34 eran niñas, niños y adolescentes.
Por si fuera poco, el pasado 10 de agosto del 2025 comenzó a circular en redes sociales un video en donde personas con armas exclusivas del ejército detuvieron una camioneta y bajaron a la fuerza a la persona que conducía. Los actos revelan un posible secuestro.
Esta situación no es extraña, de hecho, de acuerdo con medios de comunicación locales, en el tramo referido en promedio se reportan 10 alertas por semana entre accidentes y presencia de personas armadas atacando algún vehículo.5
Todo lo anterior constituye un grave problema de seguridad que requiere de una atención eficaz y eficiente por parte de la Guardia Nacional, no sólo porque las personas usuarias están en constante riesgo, sino también porque se vulnera una de las columnas vertebrales del comercio internacional del país. Esta carretera, y sobre todo el tramo exhortado, es un punto de desapariciones y de tráfico de migrantes que no puede seguir impune. De ahí la necesidad de establecer mecanismos de vigilancia que garanticen la seguridad de la zona.
Por estas razones se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, a través de la Guardia Nacional, promueva operativos de vigilancia permanentes en la carretera 57 en el tramo ubicado en el sur del estado de Nuevo León.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, a través de la Guardia Nacional, garantice la seguridad de las personas que se encuentra cercanas a la carretera 57 en el tramo que se ubica al sur del estado de Nuevo León.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Guardia Nacional para que, a través de la Dirección General de Seguridad en Carreteras, se autorice el incremento de elementos y patrullas en la zona de conflicto.
Notas:
1 https://planoinformativo.com/1038049/carretera-57-motor-de-desarrollo-e conomico/
2 Asociación Nacional de Transporte Privado. Estadísticas de robo al transporte de carga. 2023.
https://www.antp.org.mx/archivos/indicadores/agosto2023/SeguridadPatrimonial_22_de_agosto_2023.pdf
3 https://cltproteccion.mx/inseguridad-en-la-carretera-57/
4 https://lasillarota.com/nacion/2023/4/6/carretera-federal-57-el-terror- de-traileros-migrantes-funcionarios-422932.html
5 En el tramo San Luis Potosí–Monterrey (Nuevo León), se reporta un promedio de 10 alertas y siniestros viales por semana, entre accidentes y presencia de personas armadas que atracan vehículo
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Mesa Directiva del Senado de la República a realizar el cómputo de votos y aprobaciones remitidas por las legislaturas locales y, en consecuencia, a realizar la declaratoria de reforma constitucional del primer párrafo de la fracción VI del apartado A y a adicionar un tercer párrafo a la fracción IV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional que le corresponde y dar continuidad al proceso legislativo en beneficio de las y los trabajadores, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Rubén Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Este mes de septiembre se cumplen 11 meses de la omisión legislativa más grave que se ha visto en el Congreso en los últimos años, una violación procedimental que vulnera el principio de legalidad y traiciona la voluntad mayoritaria del federalismo representado en los Congresos Locales, me refiero a la omisión del Senado de la República de dar declaratoria de constitucionalidad del proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción VI, del apartado A, y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios, cuya aprobación por el Congreso federal y en la mayoría de los Congresos Locales se realizó desde el año pasado y que por motivos presupuestales el Senado se rehúsa a dar el trámite que constitucionalmente le corresponde.
Este hecho constituye un grave precedente, pues introduce discrecionalidad y obstrucción en un procedimiento que, por mandato constitucional, debe limitarse a una función meramente verificativa. Con ello, se pone en riesgo la integridad del mecanismo del constituyente permanente y, en consecuencia, la validez misma del ejercicio del poder de reforma constitucional.
El artículo 135 de nuestra Carta Magna establece el procedimiento que habrá de seguirse, tratándose de reformas a la Constitución, el cual es particularmente riguroso, dado que implica modificar el marco normativo fundamental del país. La Constitución establece que para aprobar una reforma constitucional es necesario:
• La aprobación por las dos terceras partes de los miembros presentes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
• La ratificación por la mayoría de los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México.
• La emisión de la declaratoria de reforma constitucional por parte del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso.
La Declaratorias de Reforma Constitucional tiene un papel fundamental, ya que constituye la fase final dentro del procedimiento de reforma constitucional, reflejando la voluntad de la mayoría de los Congresos estatales y garantizando la legalidad y legitimidad de los cambios a la Carta Magna.
Las declaratorias de reforma constitucional, en esencia, es el pronunciamiento por medio del cual la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, del Senado o de la Comisión Permanente informan que una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión alcanzó el aval de la mayoría de las Legislaturas estatales de la Federación, previo cómputo de las declaratorias que hayan remitido éstas, como lo establece el artículo 135 de la Constitución, a fin de poder enviar la reforma al Ejecutivo federal para su publicación y culminar su proceso legislativo.1
El procedimiento de declaratoria de reforma constitucional no está reglamentado en lo que se refiere a que Cámara, la de Diputados o la de Senadores, será la que realice la primera declaratoria de reforma constitucional, una vez recibidas las comunicaciones de las legislaturas locales en donde manifiestan su aprobación, respaldo y aval a la minuta de reforma constitucional que les fue remitida.
En consecuencia, la práctica parlamentaria que se ha utilizado para hacer este cómputo y declaratoria durante los periodos ordinarios de sesiones, es que la Cámara que remite la minuta de reforma constitucional a los congresos locales para su respectiva aprobación, aval o respaldo, es la misma que realiza el cómputo y la declaratoria de reforma constitucional de forma inicial, y efectuado lo anterior lo comunica a la otra Cámara para que repita el procedimiento y, cumplido este, se turna el proyecto de decreto al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En este contexto, el Congreso de la Unión aprobó recientemente, el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción VI del apartado A, y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios.
Esta Reforma constitucional contiene dos objetivos fundamentales:
– La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia; y
– Que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ($16,777.68).
Esta Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar en sesión ordinaria del 24 de septiembre de 2024 dicha reforma,2 por unanimidad de 478 votos a favor, incluyendo el respaldo del Grupo Parlamentario del PRI. Por su parte, el Senado de la República en su Sesión Ordinaria del 9 de octubre del 2024, aprobó dicha minuta3 por unanimidad de 125 votos, incluyendo el respaldo del Grupo Parlamentario del PRI.
Como parte del Proceso Legislativo, este proyecto de decreto se remitió a las Legislaturas Locales para su análisis, discusión y eventual aprobación. En la página del Senado de la República, se ha hecho de conocimiento público que sólo 16 legislaturas han aprobado al día de hoy la reforma constitucional en comento, las cuales son las siguientes:4 1) Baja California 2) Campeche 3) Chiapas 4) Ciudad de México 5) Durango 6) México 7) Michoacán 8) Morelos 9) Puebla 10) San Luis Potosí 11) Sinaloa 12) Tabasco 13) Tamaulipas 14) Tlaxcala 15) Yucatán y 16) Zacatecas.5
A la fecha, la página del Sistema de Información Legislativa, que depende de la Secretaría de Gobernación, hace constar la aprobación de dicha reforma por 31 Congreso Locales6 .
Resulta claro y de conocimiento público que la reforma constitucional en materia de salarios ha sido validada por la mayoría de los Congresos Estatales, los cuales han demostrado de manera clara y documentada que emitieron y enviaron oportunamente sus votos aprobatorios, en estricto apego a los requisitos establecidos en el artículo 135 de la Constitución, que regula el procedimiento para la modificación de nuestra Carta Magna.
El Reglamento del Senado de la República establece en su artículo 225 lo siguiente:7
“Artículo 225
1. Cuando el Senado como Cámara revisora en el proceso legislativo de reformas a la Constitución, aprueba un proyecto el presidente procede de la siguiente forma:
I. Envía el texto del proyecto a cada una de las legislaturas de los estados, anexando al expediente los antecedentes y demás elementos de información necesarios para su examen;
II. Recibe de cada Legislatura estatal, los decretos correspondientes, conforme se vayan pronunciando respecto de la aprobación o no del proyecto;
III. Aprobado el proyecto por un mínimo de dieciséis legislaturas estatales, realiza el cómputo correspondiente, informa al pleno y formula la declaratoria;
IV. Integra un expediente el cual suscribe conjuntamente con un secretario de la Mesa Directiva del Senado y recaba la firma del presidente y un secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de acuerdo con los artículos 23 y 67 de la ley; y
V. Hecho lo anterior, emite de inmediato la declaración de haber sido aprobadas las reformas, para la remisión del decreto al titular del Poder Ejecutivo federal, a efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
2. En los recesos, las notificaciones que recibe el presidente del Senado, en el supuesto señalado en el párrafo anterior, las remite de inmediato al presidente de la Comisión Permanente para los efectos que corresponde.”
Es responsabilidad del Congreso de la Unión cumplir cabalmente con su papel en el proceso de reforma constitucional, lo que implica emitir en tiempo y forma las Declaratorias de Reforma Constitucional
A pesar de ello, la Mesa Directiva del Senado de la República ha frenado intencional y arbitrariamente la conclusión del proceso legislativo, al reconocer únicamente 16 votos aprobatorios, ignorando deliberadamente el registro oficial que da cuenta de 31 votos válidamente emitidos por los Congresos estatales.
Esta negativa injustificada constituye una obstrucción al procedimiento constitucional, al rehusarse a dar cuenta de los votos recibidos, bloqueando la emisión de la declaratoria de validez y, en consecuencia, impidiendo su remisión al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor. Se trata, sin duda, de una maniobra política que vulnera el principio de legalidad y traiciona la voluntad mayoritaria del federalismo representado en los Congresos locales.
La conducta de la Presidencia de la Mesa Directiva, al negarse a emitir la declaratoria de reforma constitucional, no sólo vulnera los derechos de miles de trabajadores al impedirles acceder al derecho constitucional a un salario digno —ya aprobado por el poder reformador—, sino que también se erige en un acto de opacidad y discrecionalidad administrativa dentro del Senado de la República. El hecho de omitir dar cuenta de la totalidad de los votos recibidos, pese a existir constancia legal de su emisión en registros oficiales, configura una falta grave en materia de transparencia y una omisión inadmisible por parte de los funcionarios responsables de la recepción y publicación de dichos votos aprobatorios.
La declaratoria de constitucional pudo realizarse también durante el periodo de receso toda vez que el acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, aprobado el 4 de junio de 2025, en su Capítulo V establece el Procedimiento de Declaratoria de Reforma Constitucional, el cual establece lo siguiente: Artículo 31.
1. El procedimiento para que la Comisión Permanente realice el escrutinio y emita la declaratoria de reforma constitucional se llevará a cabo en sesiones presenciales o semipresenciales, conforme a lo siguiente:
I. La Mesa Directiva recibirá de las legislaturas de las Entidades Federativas los votos del proyecto de reforma constitucional o, en su caso, de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores.
II. A partir de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, la declaratoria de reforma constitucional se inscribirá en el orden del día.
III. En sesión plenaria, la Secretaría realizará el escrutinio correspondiente e informará al pleno el resultado del mismo.
IV. Con las y los asistentes en el Salón de Sesiones puestos de pie, la Presidencia formulará la declaratoria correspondiente.
V. La Presidencia y una Secretaría autorizarán con sus firmas el decreto respectivo, el cual se remitirá al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
2. Los votos que se reciban con posterioridad a la declaratoria de aprobación se harán del conocimiento del pleno de la Comisión Permanente y de cada Cámara y, se integrarán al expediente correspondiente para la constancia de lo resuelto por la Legislatura de que se trate.
3. Al término del procedimiento anterior, durante la misma sesión, los grupos parlamentarios podrán referirse a la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional. La Mesa Directiva organizará el orden y duración de las intervenciones respectivas.
Como se puede observar, la Comisión Permanente contaba con normas claras y precisas para realizar el procedimiento que el Senado de la República se ha negado a realizar.
La declaratoria prevista en el artículo 135 constitucional es un acto formal y obligatorio mediante el cual se notifica oficialmente a la nación que el texto constitucional ha sido modificado conforme al procedimiento establecido. No se trata de una decisión política, ni de un acto sujeto a discrecionalidad o deliberación alguna; es, estrictamente, un acto de verificación que depende únicamente del cumplimiento de los requisitos formales.
Sólo una vez que ambas Cámaras —o, en su caso, la Comisión Permanente— emiten dicha declaratoria, puede considerarse que existe un decreto de reforma constitucional válido. Es a partir de ese momento que procede su envío al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por tanto, la reforma constitucional no puede entrar en vigor por el simple hecho de haber sido aprobada por las Cámaras del Congreso de la Unión y por la mayoría de los congresos locales. La emisión de la declaratoria y su posterior publicación son requisitos indispensables para su validez y vigencia jurídica. Cualquier obstrucción en esta etapa no solo vulnera el procedimiento constitucional, sino que constituye una negación arbitraria del mandato reformador y una afectación directa al Estado de derecho.
Otro aspecto de enorme relevancia en torno a la omisión de emitir la declaratoria de validez de esta reforma constitucional, y que no puede pasar desapercibido, es su impacto directo en la economía de las y los ciudadanos, particularmente en sectores estratégicos del servicio público. Esta omisión no es meramente formal; tiene consecuencias materiales y presupuestales concretas. Al impedir la entrada en vigor de disposiciones que garantizarían un salario digno a maestras y maestros de educación básica, elementos de seguridad pública, personal médico y de enfermería, entre otros, se perpetúan condiciones salariales precarias que afectan directamente su calidad de vida y su capacidad de consumo, repercutiendo a su vez en la economía nacional.
En este contexto, resulta indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con las dependencias responsables de implementar las medidas derivadas del decreto de reforma, informen al Congreso de la Unión sobre el impacto financiero que está generando dicha omisión. Este análisis debe incluir tanto las implicaciones presupuestales por no haber iniciado el ajuste progresivo de salarios, como las previsiones que se deberán considerar en caso de que la reforma entre en vigor en el próximo ejercicio fiscal.
Dicho informe cobra aún mayor urgencia ante la inminente remisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026. Es responsabilidad del Ejecutivo federal considerar en su diseño los efectos de una reforma constitucional ya aprobada por el Constituyente Permanente, así como de transparentar si su omisión responde a limitaciones técnicas o a decisiones políticas contrarias al mandato constitucional.
Es responsabilidad del Congreso de la Unión cumplir cabalmente con su papel en el proceso de reforma constitucional, lo que implica emitir en tiempo y forma las Declaratorias de Reforma Constitucional. Cualquier demora injustificada podría ser interpretada como un obstáculo al ejercicio pleno de la democracia y al fortalecimiento institucional del país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero .- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Mesa Directiva del Senado de la República a realizar el cómputo de votos y/o aprobaciones remitidas por las legislaturas locales y, en consecuencia, a realizar la Declaratoria de Reforma Constitucional del primer párrafo de la fracción VI del apartado A y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios, con la finalidad de dar continuidad al proceso legislativo que corresponde, y así concretizar el beneficio previsto para las y los trabajadores que considera dicha reforma constitucional.
Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con carácter de urgente, considere el impacto económico y presupuestal de la declaratoria de validez de la reforma constitucional al primer párrafo de la fracción VI del Apartado A y la adición de un tercer párrafo a la fracción IV del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios, así como las medidas y previsiones que correspondan en el contenido del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
Notas:
1 Seguimiento a Reformas Constitucionales: https://www.senado.gob.mx/66/seguimiento_a_reformas_constitucionales# Fecha de consulta, 26 de marzo de 2025
2 Sistema de Información Legislativa- SEGOB. VOTOS APROBATORIOS (31)
https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Reformas_CL/VOTO_EM_4.pdf. Fecha de consulta, 26 de marzo de 2025
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de septiembre de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la Secretaría de Cultura a agilizar la liberación de los pagos de las y los trabajadores por honorarios de Canal 11, Canal 22 y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (Canal 14) y del Instituto Mexicano de la Radio, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Rubén Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Considerandos
La figura de persona física con actividades empresariales, comúnmente conocida como prestador de servicios especializados, se refiere a una modalidad fiscal en la que una persona realiza actividades laborales y expide factura a cambio de una remuneración. Si bien esta figura está creada para vender un servicio específico (consulta médica, asesoría legal, etc.) diversas instituciones públicas o privadas la utilizan para evitar contratar empleados.
Esto es porque al no ser considerada una relación subordinada, las personas no tienen ninguno de los derechos y obligaciones que se derivan de una relación laboral. Es así como en distintos giros lo utilizan como un medio para evitar cumplir con las obligaciones laborales.
Es de destacar que las televisoras del Estado Mexicano, (Canal 11, Canal 14 y Canal 22), así como el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) suelen utilizar esta figura para contratar diseñadores, productores, redactores o guionistas, entre otros, con el fin de desarrollar contenidos.
En términos estrictos, se debería de permitir un horario libre y pagar a contra factura, es decir se entrega un servicio y emite un pago por el mismo.
Lamentablemente, la realidad dista mucho de la obligación legal, pues las y los trabajadores (conocidos comúnmente como freelance) se encuentran sujetos a un horario laboral de oficina y a una actividad subordinada. Es decir que se les exigen todas las obligaciones de un servidor público, pero sin otorgar ninguna de las prestaciones de ley.
La situación es todavía más problemática porque recientemente se dio a conocer que existen graves problemas en la liberación de los pagos de estos trabajadores.
En distintas redes sociales las y los freelance de canal 11, 14, 22 y del Imer advirtieron que 800 trabajadores llevan más de 30 días de haber expedido su factura de pago y todavía no se los han libertado, además se les sigue exigiendo trabajar y cumplir con un horario sin que exista un ingreso de por medio.
Uno de los mensajes advierte lo siguiente:
Fuente: https://e-ntorno.com/afecta-retraso-en-pago-a-cientos-de-trabajadores-d e-canal-11-22-e-imer/
De acuerdo con las autoridades, la falta de pago se debe a problemas generados a partir de la migración de información que se hizo tras la conformación de la plataforma de Compras MX.
La nueva Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público aprobada el pasado dos de abril, entre otras cosas, promovió una modificación en la que estableció que los prestadores de servicios tienen la obligación de ingresar a la nueva plataforma para subir su informe de actividades y la factura correspondiente. Una vez hecho esto, la Secretaría de Educación Pública y la de Cultura deben revisar los informes, emitir los vistos buenos y posteriormente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza el pago.
El artículo 27 de la nueva ley refiere lo siguiente:
Artículo 27. Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate.
En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la dependencia o entidad, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento.
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos.
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones requerirá de la autorización escrita de la persona titular de la dependencia o entidad, o aquella persona servidora pública en quién esta delegue dicha atribución, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización.
La delegación a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá recaer en persona servidora pública con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades.1
De acuerdo con el artículo referido la instancia pública deberá emitir un dictamen en el que justifique la necesidad del servicio, pero para que se proceda con la contratación y con los pagos, la erogación es realizada por la Secretaría de Hacienda, pues el artículo 23 de la misma ley establece que dicha instancia será la encargada de realizar los procedimientos de contratación. Actualmente, Canal 11 es un organismo descontado de la SEP y el canal 22 un desconcentrado de la Secretaría de Cultura. En torno a lo anterior, por su naturaleza jurídica es una instancia que cuenta con autonomía técnica y de gestión, pero no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio, pues se subordina de manera directa a la secretaría del sector al que pertenece.
En torno a ello, las instancias pueden realizar las investigaciones, pero éstas deben ser enviadas y aprobadas por la cabeza de su sector, es decir la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura. Estas a su vez y derivado de la nueva ley, deberán realizar la solicitud de contratación a la Secretaría de Hacienda quien ahora controla el proceso de todas las contrataciones del Estado.
Esto último se debe a que la iniciativa tuvo el objetivo de concentrar el poder y los medios de pago de los servicios del Estado. Este proyecto buscó tener un mayor control en el pago de servicios, pero no se tomó en cuenta que muchas de las instancias públicas contratan a personas como si fueran prestadores de servicio, generando una burocracia excesiva en la liberación de sus pagos y afectando sus derechos laborales.
Nosotros en el PRI advertimos el error de aprobar la reforma, precisamente porque la secretaría anticorrupción queda facultada para decidir a quién vende, a quién compra y cómo paga, eliminado las posibilidades de las paraestatales y los organismos desconcentrados de cumplir con los pagos de factura, e indirectamente afectando a todas y todos los trabajadores del estado que se encuentran contratados bajo la modalidad de personal de servicios especializados.2
La situación acontecida en Canal 11, canal 22 y en el Imer devela que el Estado utiliza la Ley de Adquisiciones para contrata como un servicio a personas que utiliza y trata como empleados, eludiendo las obligaciones laborales y dejando a los trabajadores en un estado de total indefensión, pues no se consideran empleados. Además, por si fuera poco, con la reforma, se han generado procesos burocráticos de retrasos de pagos de factura tratando a un empleado como proveedor.
Además de ello, todo ello, las televisoras enfrentan grandes retos pues Canal 22 experimentó una reducción del 29 por ciento de su presupuesto con relación a 2024, pasando de 203.7 millones a 143.8. Por lo que se refiere a canal 11 y según denuncias de los trabajadores se ha generado una situación de abuso y acoso laboral que dificulta el trabajo, pues no se les paga y además se les maltrata.
Cabe señalar que esta misma situación está sucediendo con personal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, órgano descentralizado de la Secretaría de Cultura.
A su vez, Canal 14, cuya denominación formal es Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, es un organismo decentralizado de la administración pública federal no sectorizado, al igual que el Instituto Mexicano de la Radio.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Cultura respectivamente para que, en el ámbito de sus atribuciones, agilice la liberación de los pagos de las y lo s trabajadores de honorarios de Canal 11, así como del Canal 22 y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, acelere los trámites para la liberación de los pagos de las y los trabajadores de honorarios de Canal 11, Canal 22 y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano para que, en el ámbito de sus atribuciones, agilice la liberación de los pagos de las y los trabajadores de honorarios de Canal 14.
Cuarto: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto Mexicano de la Radio para que, en el ámbito de sus atribuciones, agilice la liberación de los pagos de las y los trabajadores de honorarios.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que, en coordinación con los directores generales de Canal 11, Canal 22 y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, regularicen la situación laboral de las empleadas y empleados, particularmente los de honorarios, en estricto respeto de los derechos laborales establecidos en el artículo 123, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para que no sean considerados proveedores en vista de sus responsabilidades, horarios y actividades laborales.
Sexto. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que, en coordinación con los directores del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y el Instituto Mexicano de la Radio, regularicen la situación laboral de sus empleadas y empleados, particularmente los de honorarios de estos organismos descentralizados no sectorizados, en estricto respeto de los derechos laborales establecidos en el artículo 123, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para que no sean considerados proveedores en vista de sus responsabilidades, horarios y actividades laborales.
Notas:
1 Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de abril de 2025.
2 De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana, de la Ley de la Economía Social y Solidaria y de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 353 votos en pro y 100 en contra, el miércoles 2 de abril de 2025.Publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 16 de abril de 2025.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a realizar las investigaciones correspondientes respecto de las denuncias realizadas por trabajadoras y trabajadores del gobierno federal quienes han advertido que, bajo amenazas laborales y presiones administrativas en sus centros de trabajo, han sido obligados a comprar boletos para el sorteo de la lotería nacional “México con M de Migrante”, asimismo se exhorta a las dependencias de la APF a abstenerse de realizar dichos actos, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputada Graciela Ortiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a lo siguiente:
Consideraciones
En los últimos días, diversos medios de comunicación han documentado la operación de una red instrumentada desde el gobierno federal que obliga- bajo amenazas laborales y presiones administrativas- a las y los servidores públicos a comprar boletos de la Lotería Nacional de la serie denominada “México con M de Migrante”. Este mecanismo institucionalizado para imponer la compra de boletos de dicho sorteo vulnera los derechos de las y los trabajadores, lastima su economía familiar y atenta contra la estabilidad laboral de miles de funcionarios públicos. Estas prácticas deben ser investigadas y sancionadas con todo el peso de la ley. De ninguna forma se puede permitir que la asistencia pública sea financiada mediante cuotas impuestas a trabajadores del Estado.
El sorteo con “México con M de Migrante” fue anunciado por la Lotería Nacional el 25 de julio durante la conferencia mañanera de la Presidencia de la República. Olivia Salomón, titular de la Lotería Nacional comentó que: “Este Gran Sorteo Especial es un homenaje en honor a las y los migrantes. Es nuestra forma de decirles: México los reconoce, México los honra, México los abraza. Ustedes son parte de nuestra identidad y de nuestro futuro” .1 Para esta serie se emitieron 4 millones de boletos y el sorteo se realizará el 15 de septiembre previendo una recaudación de 800 millones de pesos los cuales se pretende que después de pagar los premios, los recursos serían destinados a fortalecer la atención y protección de las y los hermanos migrantes en Estados Unidos, mediante apoyo consular y legal.
De conformidad con la página oficial es el “primer sorteo con causa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que está destinado a apoyar a las y los paisanos migrantes, como un gesto simbólico y para fortalecer el mensaje de que México abraza a sus héroes y heroínas, quienes han dejado su tierra, pero siguen construyendo a la distancia la grandeza de su país”.2
La importancia de este sorteo es de la mayor relevancia nacional, toda vez que las y los migrantes mexicanos, en el contexto actual, requieren de todo el apoyo y respaldo institucional. Sin embargo, mediante una investigación realizada por Antonio López Cruz,3 publicada en el Universal, se hicieron visibles las denuncias de trabajadores del gobierno que confirman que están siendo obligados a comprar boletos de lotería para dicho sorteo.
En dicho reportaje se exhibe una circular oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la cual la Coordinación de Servicios Administrativos informa que se han entregado boletos de la Lotería Nacional los cuales deben ser distribuidos y colocados entre las Coordinaciones Normativas que integran la unidad, en dicha circular se menciona que “Le agradeceré el apoyo y envío total del efectivo correspondiente a los 50 boletos a más tardar el lunes 1 de septiembre del presente año a esta Unidad”.4 Otra dependencia de la cual se tienen documentos oficiales que respaldan los dichos de las y los trabajadores es la Secretaría de Bienestar, cuyos trabajadores han denunciado que los están haciendo comprar dos billetes de Lotería y les han solicita la compra de otros 8 billetes antes del 15 de septiembre, además de que tienen que regresar los billetes comprados y de no hacerlo se le amenaza con descuentos de salarios o hasta la permanencia en el lugar de trabajo.
Dicho asunto fue abordado por la presidenta de la República, quien rechazó que se esté obligando a los funcionarios y empleados a comprar boletos de la rifa, durante su mañanera, mencionó que la Lotería Nacional ha invitado a los servidores públicos a que compren su cachito, pero nunca de manera obligatoria.
“Nadie está obligado. Recuerden todas y todos que compren su ‘cachito’ de lotería porque está dedicado a las y los migrantes. Lo que se recaude es para apoyar a nuestros consulados para que puedan tener todavía mayores apoyos nuestros compatriotas allá en Estados Unidos. Lo que ha hecho la Lotería pues es invitar a los funcionarios, a los servidores públicos a que compren su ‘cachito’, pero nunca lo haríamos de forma obligatoria”.5
Sin embargo, es importante advertir que esto no es un hecho aislado, sino esta mecánica de imponer a los servidores públicos la compra de boletos de lotería fue vista en el sexenio pasado, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, realizó la rifa del avión presidencial. En esa ocasión se documentaron presiones internas en dependencias para la compra de “cachitos” obligando a las y los trabajadores a participar. En esa ocasión circularon también documentos oficiales y en la mañanera el presidente de la República negó los hechos afirmando que todo eso se realizaba de manera voluntaria.6
Otro caso documento fue en 2022, con la venta del libro “A la mitad del Camino” del expresidente, en esa ocasión Animal Político, mediante una investigación confirmó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Sedatu, solicitaban a los empleados la compra de dicho libro.
En dicha investigación se estableció que “Consultadas por este medio, la STPS y la Sedatu afirmaron que adquirir los libros es una decisión voluntaria de los servidores públicos, pero trabajadores entrevistados consideran que la “invitación” es un acto de presión que hay que cumplir “voluntariamente a fuerza”, de acuerdo con sus declaraciones. También señalaron que, en el tiempo que llevan en el servicio público, nunca se les había hecho una petición de esta naturaleza.”7
Con este contexto, las nuevas denuncias sobre el sorteo “México con M de Migrante” se confirma la reiteración del esquema de “invitaciones” que, en la práctica son un medio de coacción que atenta contra las y los trabajadores del gobierno federal.
Las denuncias realizadas por las y los trabajadores del gobierno federal no pueden quedar en el aire, como si presionar a las y los empleados para participar en este tipo de sorteos no fuese un acto ilegal que atenta contra sus derechos laborales. Las y los trabajadores deben ser escuchados y deberían iniciarse las investigaciones correspondientes para garantizar que efectivamente estos hechos no estén sucediendo. No hacerlo implica opacidad y una tolerancia institucional a prácticas que pueden constituir delitos y faltas administrativas.
De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 37, fracción XLIII, faculta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a:
XLIII.- Conocer e investigar las conductas de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal y de particulares que puedan constituir responsabilidades , así como substanciar los procedimientos correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; aplicar las sanciones por faltas administrativas no graves y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa , así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y, en general, ejercer las atribuciones que en materia de responsabilidades corresponden a la autoridad investigadora, a la autoridad substanciadora y a la autoridad resolutora, en términos de las disposiciones aplicables;
Adicionalmente, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estas conductas pueden configurar faltas administrativas graves —entre otras, cohecho (art. 52) y abuso de funciones (art. 57)—, sujetas a investigación con sanciones que incluyen destitución e inhabilitación.
Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Aunado a lo anterior, es importante advertir que el artículo 49 de dicha ley, establece en su fracción III lo siguiente:
Artículo 49. Incurrirá en falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
III.- Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 93 de la presente ley;
En ese sentido, la propia ley establece como obligación de las y los servidores públicos el denunciar instrucciones o encomiendas contrarias al servicio público, de modo que es evidente que dichas acciones pueden ser denunciadas y sancionadas en términos de la ley.
Honorable asamblea
Las y los servidores públicos son una pieza fundamental para la gobernabilidad democrática, el Estado no puede de ninguna forma instrumentar mecanismos que obliguen a las y los trabajadores a participar en sorteos para la beneficencia pública, mucho menos, puede ser omiso ante las denuncias y pruebas presentadas en los medios de comunicación donde, mediante circulares oficiales se ha demostrado que existen actos administrativos tendientes a imponer la compra de dichos boletos.
Estas denuncias no pueden quedarse en el aire o en un dicho en la mañanera, requiere realizarse una investigación exhaustiva sobre este asunto que permita aplicar la ley y garantizar a las y los trabajadores su estabilidad económica y el respeto de sus derechos laborales.
Lo que está en juego no es un sorteo ni una causa —que por cierto compartimos—, sino el principio básico de que en México nadie puede ser coaccionado desde el poder público para financiar, con su salario, objetivos institucionales. Que no se confunda: apoyar a nuestras y nuestros migrantes es una convicción nacional; imponer la compra de boletos a las personas servidoras públicas jamás será un camino legítimo. La solidaridad no se decreta a costa del salario de las y los trabajadores, ni la política pública puede sostenerse sobre cuotas disfrazadas de voluntariedad.
Nuestro deber es claro: poner un alto a cualquier práctica que vulnere la dignidad en el trabajo, la economía familiar y el Estado de derecho. No pedimos privilegios; exigimos legalidad. Exigimos que se investigue sin dilación, que se proteja a quienes denunciaron, que haya sanciones ejemplares para quienes ordenen, permitan o encubran estas conductas y que se establezcan garantías de no repetición. Porque ningún salario público debe convertirse en caja chica de proyectos gubernamentales, ni la jerarquía administrativa puede usarse como mecanismo de presión.
Desde la oposición tendemos la mano para construir soluciones serias: promoción voluntaria y transparente, reglas claras, canales de denuncia confidenciales sin represalias, y controles internos que impidan cualquier abuso. Pero también decimos con firmeza que mirar hacia otro lado sería complicidad. Por respeto a las y los trabajadores y a la ley, esta soberanía debe pronunciarse con claridad y actuar en consecuencia.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes respecto de las denuncias realizadas por trabajadoras y trabajadores del gobierno federal quienes han advertido que bajo amenazas laborales y presiones administrativas en sus centros de trabajo, han sido obligados a comprar boletos para el sorteo de la Lotería Nacional denominado “México con M de Migrante”, y en su caso, imponer las sanciones administrativas correspondientes a los servidores públicos que están realizando estas prácticas que atentan contra los derechos laborales de las y los servidores públicos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las personas titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a abstenerse de establecer, ordenar, promover o tolerar cualquier práctica que obligue, presione o induzca a las personas servidoras públicas a adquirir boletos de la Lotería Nacional u otras rifas, bajo cualquier modalidad (cuotas, “metas”, listas, descuentos por nómina o similares), debiendo cancelar de inmediato cualquier instrucción vigente en ese sentido y garantizar por escrito que la negativa de las y los trabajadores no tendrá repercusión laboral alguna.
Notas:
1 Lotería Nacional para la Asistencia Pública. (2025, agosto 27). Lotería Nacional y Gobierno de Morelos unen fuerzas para apoyar a las y los paisanos con el Sorteo “México con M de Migrante”. Gobierno de México.
https://www.gob.mx/lotenal/articulos/loteria-nacional-y-gobierno-de-morelos-unen-fuerzas-para-apoyar-a-las-y-los-paisanos-con-el-sorteo-mexico-con-m-de-migrante
2 Ibidem
3 López Cruz, A. (2025, agosto 30). Obligan a burócratas a comprar cachitos, acusan. El Universal.
4 Ibidem
5 La Jornada - Rechaza Sheinbaum que se obligue a burócratas a comprar boletos de lotería
6 AMLO: no se obliga a burócratas a comprar “cachitos” para rifa del avión presidencial
7 Obligan a empleados federales a comprar el libro ‘A la mitad del camino’ de AMLO - MTP Noticias
Cámara de Diputados, a 4 de septiembre de 2025.
Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría Anticorrupción Buen Gobierno a garantizar que ningún servidor público de la APF sea obligado a comprar o vender boletos de la Lotería Nacional ni de ningún otro sorteo, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En las últimas semanas, diversos medios de comunicación han documentado denuncias de trabajadoras y trabajadores de dependencias federales que aseguran estar siendo presionados para adquirir boletos de la Lotería Nacional, particularmente del sorteo denominado “México con M de Migrante”, cuyo objetivo es recaudar 800 millones de pesos.
Trabajadores del gobierno denuncian que están siendo obligados a comprar boletos de lotería para el sorteo del 15 de septiembre “México con M de Migrante”, por el que el gobierno federal prevé recaudar 800 millones de pesos.
Empleados de diversas dependencias federales acusan ser víctimas de extorsión, pues los obligan a comprar cachitos a cambio de conservar su empleo.1
Dicho sorteo fue anunciado el 25 de julio en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se informó que la Lotería Nacional emitió 4 millones de boletos. Tras ello, comenzaron a llegar oficios a las dependencias de gobierno, dirigidos a directores de área, a quienes se les obliga a vender al menos 50 boletos a través de mandos medios.
Uno de ellos, llegó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la coordinación de servicios administrativos. La coordinación a la que llegó dicha circular, a cargo de Carlos Flores Garza, está adscrita a la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, quienes, según las denuncias, están obligando a comprar los boletos.
Otra dependencia de la que se tiene constancia que se está obligando a los empleados a comprar boletos es la Secretaría de Bienestar.
“Son dos billetes que nos están haciendo comprar a la fuerza cada 15 días a los mandos medios y altos, estamos condicionados a guardar el secreto y nos están diciendo que antes del sorteo tenemos que haber comprado ocho billetes de a 200 pesos, y los tenemos que regresar el día 12 de septiembre, es un robo”, declaró un mando superior de dicha dependencia.
Los trabajadores que denunciaron compartieron fotos de los cachitos que han comprado, pero ocultando el folio, pues sus jefes también llevan registro de ello, afirman.
De los 800 millones de pesos que se prevé recaudar en el sorteo, se contempla el pago de un acumulado en premios por 424 millones. La presidenta afirmó el 25 de julio de este año, que con lo recaudado “se fortalecerá el apoyo a los migrantes mexicanos a través de los consulados de México en Estados Unidos”; sin embargo, los denunciantes señalaron que gran parte de esos recursos “son para invertirlo en los comités de Morena”.
La Lotería Nacional históricamente se ha sostenido mediante la participación voluntaria de la ciudadanía. Sin embargo, la práctica de coaccionar a servidores públicos a comprar o distribuir billetes no solo contraviene este principio, sino que constituye un acto de abuso de autoridad.
Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Inegi, 2022), en México existen 4.7 millones de personas ocupadas en el sector público, de las cuales alrededor del 80 por ciento percibe ingresos de hasta tres salarios mínimos. Esto significa que la gran mayoría de burócratas federales, estatales y municipales enfrentan ya de por sí dificultades para sostener a sus familias en un contexto de carestía e inflación acumulada de más del 20 por ciento entre 2018 y 2023.2
A esto se suma que, de acuerdo con la ENIGH 2022, el gasto promedio trimestral de los hogares mexicanos en transporte, alimentos y vivienda se ha incrementado en más de 15 por ciento en los últimos cinco años, lo que ha reducido aún más el margen disponible para gastos discrecionales. Pretender que las y los trabajadores del Estado absorban un gasto forzoso para financiar sorteos es, por tanto, una medida que erosiona su poder adquisitivo y los coloca en una posición de vulnerabilidad.3
Más grave aún es que la intimidación laboral atenta contra el artículo 123 Constitucional, que reconoce los derechos de los trabajadores del Estado y establece que las relaciones laborales deben desarrollarse bajo condiciones de igualdad, sin discriminación ni coerción.
La Organización Internacional del Trabajo ha emitido un informe titulado “El costo de la coacción”, en el que analiza las elevadas cargas económicas y sociales que genera el trabajo forzoso y las prácticas coercitivas. El documento pone en evidencia que estas formas de presión, que incluyen tanto el abuso físico como el psicológico o económico, tienen consecuencias devastadoras no solo para las personas afectadas, sino también para el tejido institucional y para la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
Este informe es pertinente porque opera con un enfoque claro: cualquier imposición bajo amenaza de sanción laboral es, en esencia, una forma de coacción. Obligar a trabajadores del Estado a comprar boletos de lotería, bajo presión o intimidación, encaja precisamente en este tipo de comportamiento denunciado por la OIT como “costoso y contrario a los principios del trabajo decente”.4
En un país donde la percepción de corrupción en el sector público sigue siendo alta, donde México ocupa el vergonzoso lugar 140 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional,5 estas prácticas solo profundizan la desconfianza ciudadana hacia el gobierno.
Además, resulta incongruente que en un contexto de inflación acumulada de aproximadamente 20 por ciento entre 2018 y 2023 y con el poder adquisitivo de la clase trabajadora cada vez más deteriorado, se recurra a mecanismos de presión para financiar actividades que deberían sostenerse de manera voluntaria, transparente y sin afectar el ingreso de las familias.
Estas malas prácticas constituyen un retroceso en materia de derechos laborales, pues atentan contra la libertad, la dignidad y la seguridad económica de las y los servidores públicos, quienes no deben ser tratados como clientes cautivos de programas o sorteos gubernamentales. El principio del buen gobierno exige erradicar cualquier forma de coacción o abuso de autoridad que vulnere la confianza ciudadana en las instituciones.
El Estado tiene la obligación de proteger a sus trabajadores, no de explotarlos ni de amenazarlos. Obligar a comprar cachitos de lotería bajo presión constituye un abuso que debe ser investigado, sancionado y erradicado.
Por todo lo anterior, resulta impostergable que desde el Poder Legislativo se envíe un mensaje claro: la dignidad de los trabajadores del Estado no está en venta ni en rifa. Obligar a comprar cachitos de lotería bajo presión constituye un abuso que debe ser investigado, sancionado y erradicado.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI, comprometido con la defensa de la dignidad laboral, la transparencia y el ejercicio democrático del servicio público, exhortamos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a garantizar que ningún servidor público de la Administración Pública Federal sea obligado a comprar o vender boletos de la Lotería Nacional ni de ningún otro sorteo organizado por el gobierno, establecer mecanismos de denuncia anónima y segura para las y los servidores públicos que se vean coaccionados a participar en estas prácticas, así como sancionar administrativa y penalmente a quienes utilicen su cargo para intimidar, presionar o condicionar la relación laboral a la compra de boletos de lotería u otras actividades no relacionadas con el desempeño de sus funciones.
En el PRI lo decimos fuerte y claro: la chamba en el Estado no se rifa, se respeta. Defendemos a las y los trabajadores, defendemos sus derechos y levantamos la voz contra la intimidación y el mal gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a garantizar que ningún servidor público de la Administración Pública Federal sea obligado a comprar o vender boletos de la Lotería Nacional ni de ningún otro sorteo organizado por el gobierno; a establecer mecanismos de denuncia anónima y segura para las y los servidores públicos que se vean coaccionados a participar en estas prácticas; y a como sancionar administrativa y penalmente a quienes utilicen su cargo para intimidar, presionar o condicionar la relación laboral a la compra de boletos de lotería u otras actividades no relacionadas con el desempeño de sus funciones.
Notas:
1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/obligan-a-burocratas-a-comprar-ca chitos-acusan/
2 https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/
3 https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/
4 https://www.ilo.org/es/publications/el-costo-de-la-coacci%C3%B3n
5 https://elpais.com/mexico/2025-02-11/mexico-cae-al-peor-puesto-de-su-hi storia-en-el-combate-a-la-corrupcion.html
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de septiembre del 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Lotería Nacional y al Servicio Postal Mexicano a realizar la emisión de un billete y estampilla postal, en el marco de la celebración de los 100 años del movimiento infantil y juvenil Scout en México en 2026, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Movimiento Scout es un referente mundial de educación no formal para la niñez y la juventud. Su origen se remonta a 1907, cuando Robert Baden-Powell realizó el primer campamento experimental en Brownsea Island (Reino Unido), experiencia que dio lugar a la publicación de Scouting for Boys en 1908 y a la rápida expansión del escultismo por el mundo.1, 2, 3
La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS/WOSM) define su misión como “contribuir a la educación de los jóvenes, mediante un sistema de valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor...”. Esta misión y sus principios—deber para con los demás, con uno mismo y con lo trascendente—se concretan en el Método Scout, cuyos elementos incluyen la Promesa y la Ley, el aprendizaje por la acción, la vida en pequeños grupos (sistema de patrullas), la progresión personal, el marco simbólico, el contacto con la naturaleza y el acompañamiento adulto.4, 5
En México, el escultismo se consolidó institucionalmente en agosto de 1926, cuando los Scouts de México fueron reconocidos en la IV Conferencia Internacional Scout (hoy Conferencia Scout Mundial). Desde entonces, la Asociación de Scouts de México, A.C. (ASMAC) es la Organización Scout Nacional miembro de WOSM.6
Durante un siglo, el escultismo ha contribuido a la formación de miles de niñas, niños y jóvenes en nuestro país, promoviendo el desarrollo del carácter, el liderazgo, el servicio comunitario, el cuidado del ambiente y la ciudadanía activa. La ASMAC describe su labor educativa como un complemento a la educación formal, mediante actividades al aire libre y de participación social; además, señala que en México existen más de 700 Grupos Scouts distribuidos en todo el territorio nacional.
En cuanto a cifras de membresía, la OMMS comunica datos globales (más de 60 millones de personas entre jóvenes y voluntariado en 176 organizaciones nacionales), sin desagregación pública y permanente por país; no obstante, la evidencia institucional sobre la extensión territorial (700+ grupos) y las actividades regulares de servicio respaldan la presencia significativa y continua del escultismo en la comunidad mexicana.7
Entre las actividades emblemáticas en México se encuentran programas de educación para la vida al aire libre, proyectos de servicio y acciones de impacto social alineadas a la misión mundial; todo ello bajo políticas de entornos seguros y la metodología reconocida por WOSM.
A la luz de estos antecedentes, resulta procedente reconocer y difundir el legado del escultismo en México mediante la emisión de un billete conmemorativo por parte de Lotería Nacional y un timbre postal por parte de Correos de México, instrumentos culturales que históricamente han celebrado efemérides cívicas, científicas y sociales relevantes. Ambas instituciones cuentan con vías formales para solicitudes de emisiones conmemorativas, lo que hace viable la propuesta legislativa: Lotería Nacional establece requisitos para sorteos y billetes conmemorativos; por su parte, Correos de México publica su programa de emisiones y lineamientos operativos para evaluar solicitudes.
Conmemorar los 100 años de los Scouts de México (1926–2026) mediante estos soportes tiene valor educativo y social, ya que: Visibiliza un siglo de formación cívica y liderazgo juvenil con impacto comunitario; Fomenta el orgullo y la identidad en torno a prácticas de servicio, voluntariado y respeto a la naturaleza, coherentes con los principios y método scout reconocidos internacionalmente; Se alinea con la tradición nacional de emisiones conmemorativas que difunden patrimonio y memoria colectiva.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Lotería Nacional para que realice la emisión de un billete de lotería, en el marco de la celebración de los 100 años del movimiento infantil y juvenil Scout en México en el año 2026.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Servicio Postal Mexicano para que realice la emisión de una estampilla postal, en el marco de la celebración de los 100 años del movimiento infantil y juvenil Scout en México en el año 2026.
Notas:
1 Historia del Escultismo https://www.scout.org/who-we-are/scout-movement/scoutings-history?utm_s ource=chatgpt.com
2 Isla Brownsea: Escultismo experimental, 1-8 de agosto de 1907 https://www.scouts.org.uk/about-us/our-history/our-online-exhibitions/t he-early-days-of-scouting/brownsea-island-trialling-scouting/?utm_sourc e=chatgpt.com
3 El primer campamento scout https://scoutingmagazine.org/issues/9909/d-wwas.html?utm_source=chatgpt .com
4 QUÉ ES EL PROYECTO EDUCATIVO? https://scouts.org.mx/proyecto-educativo/?utm_source=chatgpt.com
5 Section Methods
https://gps.scout.org/wp-content/uploads/2020/11/Step7-Section-Methods-Chapter.pdf?utm_source=chatgpt.com
6 ESCULTISMO EN MÉXICO https://scouts.org.mx/scouts-en-mexico/?utm_source=chatgpt.com
7 Creando experiencias de aprendizaje transformadoras para jóvenes, en todas partes.
https://www.scout.org/?utm_source=chatgpt.com
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de septiembre de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
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