Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6872-III-2, martes 9 de septiembre de 2025

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Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, a la SICT y a la CFE a garantizar la inclusión digital en todos los niveles educativos, a nivel nacional, incluyendo zonas marginadas, a cargo del diputado Alan Sahir Márquez Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a garantizar el servicio público de energía eléctrica a toda la población que habita en la zona metropolitana de Monterrey, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a destinar, priorizar y ejercer, de manera eficiente, transparente y oportuna, los recursos asignados para la rehabilitación y mantenimiento de la red carretera estatal, a cargo de las diputadas Claudia Quiñones Garrido y María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del Ejecutivo federal y de la CFE a modernizar, ampliar y fortalecer la red e infraestructura eléctrica en Baja California Sur, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a garantizar la conservación, mantenimiento y modernización de las carreteras La Paz-Ciudad Constitución y el tramo hacia La Purísima, en el estado de Baja California Sur, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del Ejecutivo federal y estatal a implementar medidas urgentes para atender la crisis ganadera en Baja California Sur, derivada de la prolongada sequía y las condiciones económicas adversas, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a celebrar una sesión solemne por los 100 años de la fundación del Banco de México, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a inspeccionar que los proveedores de servicios aéreos cumplan con lo establecido en la ley respecto a su obligación de informar, a través de medios impresos y electrónicos, de manera clara y visible, los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, a la SICT y a la CFE a garantizar la inclusión digital en todos los niveles educativos, a nivel nacional, incluyendo zonas marginadas, a cargo del diputado Alan Sahir Márquez Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, el diputado Alan Sahir Márquez Becerra, y las y los diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1 fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones para garantizar la inclusión digital en todos los niveles educativos a nivel nacional, incluyendo zonas marginadas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el contexto de un mundo globalizado, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se han convertido en un requisito indispensable para ejercer plenamente los derechos fundamentales, particularmente el derecho a la educación. El término TIC, se utiliza para abarcar cualquier producto o servicio diseñado para almacenar, recuperar, manipular, transmitir o recibir información electrónicamente en forma digital (por ejemplo, computadoras personales, proveedores de servicios en la nube, redes sociales, televisión y radio). Actualmente, la transformación tecnológica, conectividad y dispositivos digitales, no pueden entenderse sin el acceso a la educación de calidad. En ese contexto, la brecha digital en nuestro país representa una barrera estructural para miles de niñas, niños y jóvenes; vulnerando el principio de igualdad sustantiva y limitando el ejercicio de derechos humanos.

Durante la pandemia, las TIC se convirtieron en un desafío, ya que no se contaba con la capacitación de herramientas tecnológicas, ni la capacidad de internet adecuada para no sufrir interrupciones durante las reuniones. Por lo que fue un precedente para la transformación digital implementada para modelos escolares.

En materia internacional, en el objetivo 4, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ?Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos?, nos indica que la financiación de la educación debe convertirse en una prioridad de inversión nacional, así como mejorar la infraestructura escolar básica, adoptando la transformación digital de forma esencial.

Por su parte, la UNESCO también ha colaborado con organismos gubernamentales de más de 60 Estados Miembros para apoyar el desarrollo y la implementación de políticas nacionales de TIC en la educación. En su documento ?Directrices para la elaboración de políticas de recursos educativos abiertos e inteligencia artificial y educación: Guía para las personas a cargo de formular políticas?, en su punto 2.1 ?Promover la inclusión digital en la educación? menciona que todavía existe una brecha considerable en la conectividad móvil o de banda ancha por cable en todo el mundo y que solamente el 37 por ciento de los habitantes de las zonas rurales, en comparación con el 73 por ciento de las zonas urbanas, cuenta con un acceso robusto a internet; mientras tanto, en los países menos desarrollados, las mismas cifras son apenas del 10 por ciento y el 25 por ciento respectivamente. Por lo que asegurar una infraestructura digital robusta y ampliamente disponible es el cometido principal de la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, creada en 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la UNESCO.

No obstante, también existe la Declaración de Qingdao, el cual es un documento que ofrece a miembros de las Naciones Unidas recomendaciones para aprovechar el uso y potencial de las TIC, en materia educativa. En dicha Declaración, los participantes describen cómo aprovechar el potencial de las TIC para alcanzar los objetivos educativos previstos en 2030 y para implantar la nueva visión de la educación expresada por el Foro Global de la Educación, en Incheon/República de Corea. Las recomendaciones recogidas en la Declaración versan sobre acceso e inclusión, recursos educativos abiertos, de calidad, vías de formación permanente, innovación, supervisión y evaluación, rentabilidad, reconocimiento de la formación digital y cooperación internacional.

En el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), plantea que se debe garantizar la inclusión digital de todas las personas, incluidas las más vulnerables, ya que las brechas digitales reflejan y amplifican las desigualdades sociales, culturales y económicas existentes; las cuales afectan especialmente a mujeres, personas con discapacidad, las personas en movimiento, las personas mayores, los jóvenes, las poblaciones rurales y los pueblos indígenas.

Además, en el marco nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, reconoce el derecho de toda persona a recibir una educación de calidad, integral, laica y gratuita. Asimismo, el párrafo tercero del artículo 6 constitucional, garantiza el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo el internet de banda ancha como derecho humano.

De igual manera, en el artículo 6, inciso B, fracción I, establece que el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales, en el que se reconoce la inclusión digital universal. Sin embargo, en la práctica, los avances han sido fragmentarios, desiguales y en muchos casos, insuficientes en diversas materias, como infraestructura, accesibilidad, conectividad y habilidades digitales.

Una de las principales deficiencias radica en la persistente brecha digital entre regiones urbanas y rurales, ya que un porcentaje bajo de escuelas rurales tienen conectividad de banda ancha suficiente para actividades educativas digitales, en contraste con las escuelas urbanas. Esta situación contraviene el mandato de universalidad, revelando una falta de cumplimiento. Aunado a lo anterior, las políticas públicas establecidas, carecen de una ruta clara de metas anuales y sexenales verificables, lo cual impide medir avances concretos, así mismo no se cuenta con indicadores específicos para garantizar su implementación efectiva en entornos escolares. Además, el desarrollo de habilidades digitales sigue siendo inequitativo, no solo en el acceso de estudiantes a dispositivos tecnológicos, también en la capacitación a docentes en herramientas digitales.

Por lo anterior, aunque el marco legal establece un compromiso con la inclusión digital universal, la falta de planeación integral, metas operativas vinculantes, presupuesto etiquetado y evaluación continua, han impedido materializar este derecho en millones de estudiantes del país.

En 2023, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), estimó que había 97 millones de personas usuarias de internet, lo que representó 81.2 por ciento de la población de 6 años o más. El aumento fue de 9.7 puntos porcentuales con respecto a 2020 (71.5 por ciento). En ese mismo año, en el ámbito urbano, 85.5 por ciento de las personas de 6 años o más utilizó internet; en el rural, el porcentaje fue 66.0 por ciento. El crecimiento de personas usuarias de internet en el ámbito rural respecto a 2022 fue de 3.7 puntos porcentuales.

En ese mismo año, el grupo de 18 a 24 años presentó el mayor porcentaje de personas usuarias de internet con 96.7 por ciento. Siguieron los grupos de 25 a 34 años y de 12 a 17 años, con 94.1 y 92.4 por ciento, respectivamente. El grupo de 25 a 34 años aumentó 7.6 puntos porcentuales en relación con 2020, y el de 12 a 17 años, 2.7 puntos porcentuales. Por otra parte, los estados con mayor porcentaje de hogares con internet fueron: Ciudad de México (89.5 por ciento), Baja California (86.4 por ciento) y Quintana Roo (83.6 por ciento). Los porcentajes más bajos se registraron en Guerrero (53.9 por ciento), Oaxaca (53.0 por ciento) y Chiapas (44.3 por ciento). Por lo que el acceso a internet es un medio fundamental como herramienta educativa para ampliar el conocimiento y fomentar la investigación.

En otro sentido, la alfabetización según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia, y la Cultura (UNESCO), es un proceso continuo de aprendizaje y conocimiento de la lectura, la escritura y el uso de los números a lo largo de la vida, y forma parte de un conjunto más amplio de competencias, que incluyen las competencias digitales, la alfabetización mediática y la educación para el desarrollo sostenible; las cuales, van evolucionando a medida que las personas se involucran cada vez más en la información y el aprendizaje mediante las tecnologías digitales. De igual manera, define la alfabetización digital como la capacidad de acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear informaciones mediante la utilización segura y pertinente de las tecnologías digitales para el empleo. Esto incluye competencias como la alfabetización informática, la alfabetización en las TIC, la alfabetización informativa y la educación mediática.

Lo anterior, eliminaría la brecha digital como un indicador de situaciones de pobreza y violación de los derechos humanos, como el derecho de acceso a la red, a la usabilidad de los sitios web, internet y de los entornos digitales, lo que constituye el derecho de alfabetización informática, eliminando desigualdades, disparidades y discriminación. La cobertura en todo el territorio nacional contribuiría a atender el rezago tecnológico y seguir implementando la infraestructura digital y la conectividad de la población educativa.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones para garantizar la inclusión digital en todos los niveles educativos, a nivel nacional, incluyendo las zonas marginadas a:

1.- Establecer programas de conectividad escolar universal, incluyendo las zonas marginadas del territorio nacional, que incluya instalación de internet gratuito en escuelas públicas, así como la distribución de dispositivos tecnológicos básicos como computadoras o laptops.

2.- Implementar un plan de formación docente en habilidades digitales.

3.- Coordinar con gobiernos estatales y municipales la integración de infraestructura de telecomunicaciones para zonas con cobertura deficiente o de difícil acceso.

4.- Publicar un informe anual de avances, con indicadores sobre conectividad escolar, cobertura de dispositivos y capacitación docente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de agosto de 2025.

Diputado Alan Sahir Márquez Becerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a garantizar el servicio público de energía eléctrica a toda la población que habita en la zona metropolitana de Monterrey, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional diputados en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo que exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad a garantizar el Servicio Público de Energía Eléctrica a toda la población que habita en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Consideraciones

1. A partir de los meses de marzo a agosto del año en curso, se dio a conocer por diversos medios de comunicación y redes sociales los cortes de energía eléctrica mejor conocidos como apagones en la Zona Metropolitana de Monterrey y en algunos municipios aledaños, afectando principalmente a los habitantes de los municipios de Monterrey, San Nicolás, Escobedo y Guadalupe. Durante los meses de abril, mayo, junio, julio y en lo que va del mes de agosto, colonias de los municipios antes mencionados siguieron reportando fallas en el suministro de energía eléctrica, sin embargo, los cortes a se han intensificado durante en los meses de mayo al mes de agosto, lo anterior, coincide con la temporada de calor y el incremento en la temperatura lo que provoca un clima mucho más adverso y poco propicio para el desarrollo de las actividades cotidianas. Tanto los sistemas de clima, los refrigeradores y cualquier artículo que requiere para su uso energía eléctrica interrumpen su funcionamiento lo que produce no solo malestar entre la ciudadanía también altera sus actividades cotidianas, como el trabajo o diligencias académicas y los comercios en general, es decir, perturba una gran esfera de las actividades de la población.

El sector económico e industrial es uno de los más afectados, muchas de sus actividades requieren energía eléctrica y la falta o escasez en el suministro genera incertidumbre y la pausa en sus actividades, lo que se traduce en pérdidas económicas.

2. Los nuevoleonenses afrontamos un escenario complejo respecto al acceso de energía eléctrica, recientemente se dio a conocer en un reportaje de Víctor Amaro en el periódico ?El Horizonte? titulado: ?Le quedan a NL tres an?os de energi?a ele?ctrica... ¡o menos! Nuevo León tiene solo 12 por ciento de reserva eléctrica y para 2028 podría no haber margen si no se amplía la red, advierten expertos y el Cenace? donde se señala:

?El estado apenas le queda un 12 por ciento de margen entre la electricidad que se genera y la que se consume. En todo el noreste, ese margen es del 25 por ciento, según fuentes del sector y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Pero el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) proyecta que para 2028 ya no existirá ningún margen, pues la demanda habrá superado la capacidad de generación y transmisión, si es que no se amplía la infraestructura antes de esa fecha. Ante esto, expertos advierten que el estado y la región enfrentarían apagones en todos los sectores, por lo que llaman a encender los focos de alarma. De hecho, Nuevo León ya se encuentra en un rango preocupante, pues se considera nivel crítico tener márgenes de reserva entre el 6 por ciento y el 11 por ciento.

?La situación es apremiante, advierten voces del sector, porque en los últimos seis años no se amplió la capacidad de generación ni de transmisión de energía eléctrica. Para Nuevo León es especialmente retador, porque ya consume la mitad de toda la demanda del noreste y, con la llegada de más empresas a causa del nearshoring, ese consumo se disparará. De acuerdo con fuentes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el estado, en Nuevo León se generan 6,000 megawatts por hora (MW/h) y se consumen hasta 5,300 MW/h, por lo que la reserva es de solo 12 por ciento. En tanto, el Cenace indica que actualmente, en el noreste mexicano, existe una capacidad de generación de electricidad de 13,492 megawatts (MW) y un consumo promedio de 10,236 MW, lo que deja una reserva del 25 por ciento.?

Los 5,300 MW/h que consume Nuevo León representan el 40 por ciento de toda la demanda del noreste. El Prodesen proyecta que para 2028 la demanda máxima en esta región llegará a alrededor de 12,607 MW, lo que implicaría un aumento de aproximadamente 3,300 MW. Esto significa que, si el sistema operado por la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se moderniza o amplía, dentro de tres años ya no habría margen alguno, lo que derivaría en apagones masivos. Eduardo Sánchez, experto y consultor privado en energías renovables, dijo que el sistema eléctrico de Nuevo León está ?prendido con alfileres? y enfrenta un reto descomunal para hacer frente a la creciente demanda energética por la llegada de nuevas empresas.

3- De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO:

?En 2024, México ha padecido una serie de apagones en distintas regiones del país que, en el fondo, más allá de eventos climáticos extremos, reflejan una realidad compleja, donde el Sistema Eléctrico Nacional empieza a tener problemas para satisfacer una demanda creciente. La razón de fondo es la falta de inversión tanto en la capacidad de generación como en las redes eléctricas. Actualmente, en México la demanda crece de forma sostenida, mientras que la oferta no ha aumentado al mismo ritmo, lo que pone en riesgo la seguridad energética del país. Para dimensionar los cambios en la inversión en generación eléctrica durante los últimos años.?

Aunque es natural que los permisos otorgados en fechas recientes todavía no entren en operación por los tiempos propios del desarrollo de los proyectos, como se observa en la siguiente sección, existen diferencias notorias entre la cantidad de nuevos MW autorizados e inversiones estimadas en el periodo 2013-2018 comparado con 2019-2024. Este cambio, sumado al crecimiento de la demanda y la falta de inversión en las redes eléctricas, explica los crecientes problemas del sistema eléctrico nacional para satisfacer las necesidades de consumo en el país.

Entre 2013 y 2024, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas fueron las tres entidades donde se otorgaron más permisos para instalar nueva capacidad de generación eléctrica. Sonora está a la cabeza con 5 mil 375.7 nuevos MW autorizados, seguido de Nuevo León con 5 mil 066.8 y de Tamaulipas con 3 mil 797.7. Por su parte, Guerrero y Colima no recibieron nuevas autorizaciones para instalar capacidad, mientras que Michoacán 23 MW, seguido de Nayarit con 52 MW y Chiapas con 61.3 MW.

Como se puede observar se ha dejado de invertir para buscar garantizar el servicio de energía eléctrica, es decir, el sector no se ha desarrollado de manera sostenible porque no existe inversión para tratar de garantizar la demanda del servicio.

4- Sumando a los problemas de acceso a energía eléctrica y a los apagones, el Servicio Meteorológico Nacional señaló en el Pronóstico de Temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional con fecha 20 de agosto de 2025 que Nuevo León tendrá temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Las altas temperaturas y las lluvias seguirán en gran parte del territorio nacional y para el caso de Nuevo León y su Zona Metropolitana seguirá el incremento en la temperatura conjuntamente con las lluvias. Por lo anterior, es indispensable y urgente garantizar el suministro de energía eléctrica en la Zona Metropolitana de Monterrey donde se presentan los apagones.

5- Los apagones y las constantes interrupciones en el servicio de energía eléctrica afectan los derechos humanos de las personas como el acceso al agua potable, el derecho a la salud y la movilidad solo por mencionar solo algunos, la energía eléctrica forma parte del acceso a estos derechos; es sin duda indispensable para el modo de vida que actualmente tiene la población en el mundo y en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad a garantizar el servicio público de energía eléctrica a toda la población que habita en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la directora de la Comisión Federal de Electricidad a generar una estrategia en conjunto con todos los sectores de la población en el estado de Nuevo León, a fin de mejorar y aprovechar la energía eléctrica de manera eficiente.

Ciudad de México a 9 de septiembre de 2025

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a destinar, priorizar y ejercer, de manera eficiente, transparente y oportuna, los recursos asignados para la rehabilitación y mantenimiento de la red carretera estatal, a cargo de las diputadas Claudia Quiñones Garrido y María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Claudia Quiñones Garrido y diputada María del Rosario Guzmán Avilés, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en su Eje de Bienestar, reconoce la urgente necesidad de reducir las brechas de acceso a servicios básicos e infraestructura entre las regiones del país. Particularmente, en la Estrategia 2.10.1, se establece como prioridad ?dotar a la población mexicana de infraestructura para la movilidad y el transporte público que facilite el tránsito de personas y bienes de manera accesible, sostenible, segura y eficiente?.1

Incluso en los 100 compromisos asumidos por el titular del Ejecutivo federal, el compromiso 81 establece de manera puntual la rehabilitación de 4,000 kilómetros de carreteras federales, mientras que el compromiso 84 plantea la construcción y ampliación de carreteras, caminos y puentes. Esto confirma que la mejora de la infraestructura vial es una prioridad nacional, y que los estados deben alinearse con ese mandato para garantizar su cumplimiento integral.

No obstante, la realidad en distintas entidades del país contrasta con dicha meta. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cerca del 30?por ciento de la red carretera federal no ha recibido trabajos de conservación al menos en los últimos 30 años.2

En el caso del estado de Veracruz, esta situación es crítica y ha generado protestas, pérdidas económicas y un creciente malestar social.

En junio de 2025, ciudadanos del norte del estado bloquearon durante más de 25 horas las carreteras Tlapacoyan?Altotonga, Tlapacoyan?Martínez de la Torre y Tlapacoyan?Teziutlán, exigiendo su rehabilitación inmediata. Más de 200 productores de los municipios de Martínez de la Torre, Papantla y San Rafael participaron en estas acciones, denunciando más de dos décadas de abandono en la infraestructura vial de sus comunidades.3

Habitantes de comunidades como Balsas de Agua, El Diamante y Arroyo Blanco han rechazado los programas de bacheo temporal, exigiendo obras de renovación estructural, en especial ante las lluvias que provocan deslaves y mayor deterioro.4

Las condiciones intransitables han generado un incremento significativo en accidentes viales, daños materiales y pérdidas humanas. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ha advertido que estas condiciones elevan los costos logísticos y afectan directamente el precio de los productos de consumo.6

A pesar de este contexto, el Presupuesto de Egresos 2025 del estado de Veracruz asignó a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) un monto de 4,345 millones 984 mil 275 pesos, lo que representa un aumento significativo respecto al ejercicio anterior. De estos recursos, más de 4 mil millones están etiquetados para inversión pública, lo que equivale al 71 por ciento del total destinado a obras estatales, posicionando a la SIOP como la dependencia responsable de ejecutar el grueso de los proyectos de infraestructura del estado.7

Por ello, resulta indispensable que estos recursos se destinen de manera efectiva, transparente y con visión de largo plazo a las zonas de mayor rezago y afectación, priorizando la rehabilitación de la red carretera estatal como un eje estratégico para el desarrollo económico y social de Veracruz.

La inversión en caminos seguros y funcionales no solo es una exigencia ciudadana, sino también una obligación constitucional y legal de los gobiernos locales. Las carreteras son un componente esencial para garantizar el acceso a servicios de salud, educación, comercio y seguridad. Ignorar esta necesidad es perpetuar desigualdades y limitar las posibilidades de desarrollo de miles de comunidades veracruzanas.

Por lo anterior, someto a esta soberanía el presente punto de acuerdo, en defensa del derecho de las y los veracruzanos a una infraestructura pública digna, funcional y segura.

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Veracruz para que, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), destine, priorice y ejerza de manera eficiente, transparente y oportuna los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos 2025 del Estado, con el fin de garantizar la rehabilitación integral y el mantenimiento urgente de la red carretera estatal, privilegiando los tramos más deteriorados y estratégicos para la movilidad, seguridad y desarrollo económico de la entidad.

Notas:

1 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/plan-nacional-de-desarrollo-2025-2030-391771&ved
=2ahUKEwjCoZOuu5yOAxUJJ0QIHTsRJkIQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw33jarn-oq7LTPeaLzWPrQb

2 https://www.milenio.com/negocios/sict-informo-treinta-por-ciento-de-car reteras-no-tiene-mantenimiento

3 AVC Noticias, Productores bloquean carreteras federales en Veracruz, 10 de junio de 2025.

4 Formato 7, Bloqueo en carreteras del norte de Veracruz por abandono de más de 20 años, 10 de junio de 2025.

5 AVC Noticias, Exigen reparación total de caminos rurales, no más bacheo, 11 de junio de 2025.

6 Imagen de Veracruz, Malas condiciones de carreteras encarecen productos: CANACAR, 6 de mayo de 2024.

7 https://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/Tomo-II-Proyecto-de-Presupuesto-Estatal-2025.pdf

Palacio Legislativo, a de septiembre de 2025.

Diputadas: Claudia Quiñones Garrido (rúbrica), María del Rosario Guzmán Avilés (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del Ejecutivo federal y de la CFE a modernizar, ampliar y fortalecer la red e infraestructura eléctrica en Baja California Sur, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias, diputado federal de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta, respetuosamente, a diversas autoridades del Ejecutivo federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a modernizar, ampliar y fortalecer la red e infraestructura eléctrica en Baja California Sur en beneficio de la población sudcaliforniana, con base en las siguientes:

Consideraciones

Baja California Sur presenta una condición energética singular en el país: es la única entidad federativa cuyo sistema eléctrico opera de forma aislada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Esta situación ha generado históricamente una alta dependencia de plantas termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles como diésel y combustóleo, con elevados costos de generación y fuertes impactos ambientales y de salud pública.

En años recientes, las condiciones climáticas extremas, especialmente las altas temperaturas prolongadas por el cambio climático han provocado un incremento sostenido en la demanda eléctrica, particularmente durante los meses de verano. Como consecuencia, se han registrado apagones constantes, fluctuaciones de voltaje y cortes prolongados del suministro eléctrico que afectan de manera directa a miles de familias sudcalifornianas, poniendo en riesgo su salud, integridad y patrimonio.

A pesar de que en legislaturas anteriores se han planteado soluciones estructurales, como el proyecto de interconexión mediante cable submarino al SEN, dichos planes fueron cancelados o pospuestos, perpetuando la vulnerabilidad energética de la región. Hoy más que nunca, Baja California Sur requiere una respuesta firme y urgente del gobierno federal que priorice la inversión en infraestructura eléctrica resiliente, moderna y sostenible.

Además del problema operativo, se suma una dimensión social crítica: los usuarios del servicio eléctrico en Baja California Sur pagan algunas de las tarifas más altas del país, sin recibir una calidad de servicio correspondiente. La falta de equidad tarifaria, combinada con los efectos económicos derivados de la inflación, ha incrementado la presión sobre las economías familiares y productivas locales.

La modernización de la infraestructura eléctrica en la entidad debe atender tres ejes prioritarios:

-Seguridad energética: mediante la instalación de sistemas de respaldo confiables, modernización de redes de transmisión y distribución, y fortalecimiento del sistema ante eventos climáticos extremos.

-Transición energética: impulsando el desarrollo de proyectos con fuentes renovables (solar, eólica, almacenamiento) que reduzcan emisiones y la dependencia de combustibles fósiles contaminantes.

-Justicia social y económica: garantizando el acceso equitativo, asequible y continuo a la energía eléctrica, como un derecho indispensable para el desarrollo humano y económico.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que, del 1 de mayo al mes de octubre del presente año, aplicará de manera automática el subsidio de verano en las tarifas de consumo doméstico de electricidad en Baja California Sur.

Si bien esta medida representa un alivio temporal para miles de familias que enfrentan las altas temperaturas de la temporada, también ha generado críticas y opiniones encontradas, ya que muchos ciudadanos consideran que resulta insuficiente frente a los constantes apagones, el deficiente servicio y las elevadas tarifas eléctricas que persisten en el estado.

Por lo anterior, se hace un llamado urgente al gobierno federal para que actúe con responsabilidad y visión de Estado ante la necesidad impostergable de mejorar la infraestructura eléctrica de Baja California Sur en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

En virtud, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal, así como a la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que, de manera inmediata y prioritaria, se destinen recursos y se implementen los proyectos de modernización, ampliación y fortalecimiento de la red e infraestructura eléctrica en el estado de Baja California Sur, con el fin de garantizar un servicio eléctrico continuo, eficiente y sostenible para las y los sudcalifornianos.

Lo anterior, en virtud de que la entidad continúa operando como un sistema aislado del Sistema Eléctrico Nacional, lo cual genera una grave vulnerabilidad frente al aumento sostenido en la demanda eléctrica, especialmente durante los meses de altas temperaturas, derivando en constantes apagones, afectaciones a la salud, pérdidas económicas y deterioro en la calidad de vida de la población.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la titular de la Secretaría de Energía (SENER), a la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como al director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a considerar la reactivación de proyectos estratégicos de interconexión ?como el cable submarino? y la transición progresiva hacia fuentes de generación limpias y renovables, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles altamente contaminantes que hoy abastecen la mayor parte de la generación eléctrica en la entidad.

Notas:

1 Subsidio eléctrico en Baja California Sur beneficia a algunos usuarios
https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/local/subsidio-electrico-en-baja-california-sur-beneficia-a-algunos-usuarios-25151392

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de septiembre de 2025.

Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a garantizar la conservación, mantenimiento y modernización de las carreteras La Paz-Ciudad Constitución y el tramo hacia La Purísima, en el estado de Baja California Sur, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias, diputado federal de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que, ejecuten recursos suficientes para que se garantice la conservación, mantenimiento y modernización de las carreteras La Paz ? Ciudad Constitución y el tramo hacia la Purísima, en el estado de Baja California Sur, con base en las siguientes:

Consideraciones

Baja California Sur enfrenta una situación crítica en materia de infraestructura carretera, particularmente en las vías que conectan La Paz con Ciudad Constitución y el tramo hacia La Purísima. Estas rutas son fundamentales para garantizar la movilidad, el comercio, el acceso a servicios básicos, la seguridad y el desarrollo económico en la entidad. No obstante, durante los últimos años han sido relegadas presupuestalmente, lo que ha derivado en su progresivo deterioro y abandono institucional.

Desde la década de 1970, con la construcción de la Carretera Transpeninsular (Federal 1), Baja California Sur ha dependido de esta vía como su eje principal de conectividad. Sin embargo, la falta de infraestructura carretera secundaria y de mantenimiento adecuado ha generado rezagos importantes en los tramos intermunicipales, como el de La Paz - Ciudad Constitución y el ramal hacia La Purísima, los cuales han sido históricamente desatendidos.

En el transcurso de los últimos treinta años, el crecimiento turístico, agrícola y poblacional de la región ha superado con creces la capacidad de respuesta institucional para mantener estas rutas en condiciones seguras y funcionales. El aumento en el tráfico de carga pesada y vehículos particulares, además de los fenómenos meteorológicos recurrentes, han contribuido al desgaste acelerado de las vías.

Actualmente la relevancia estratégica, comercial y la productividad económica hacen de la carretera La Paz - Ciudad Constitución una arteria vital para el traslado de productos agrícolas provenientes del Valle de Santo Domingo, así como para el abasto regional. Esto compromete la competitividad del sector primario, que representa una fuente crucial de empleo e ingresos para miles de familias sudcalifornianas.

Para muchas comunidades rurales, estas rutas son el único acceso posible a hospitales, centros educativos, servicios de seguridad y justicia. Su deterioro incrementa el aislamiento de las poblaciones más vulnerables, y no se diga de nuestro principal motor económico que es el turismo, que de existir conectividad hacia comunidades como La Purísima abre posibilidades de desarrollo turístico alternativo y de conservación ecológica. Mejorar la infraestructura vial en esta zona impulsa el turismo responsable y distribuye mejor los beneficios económicos.

El mal estado actual de estas carreteras ha aumentado de manera significativa el número de accidentes, afectando tanto a transportistas como a ciudadanos comunes. La falta de señalamientos, baches, deformaciones del asfalto y falta de alumbrado han sido denunciados reiteradamente por la ciudadanía.

Durante los ejercicios fiscales recientes, estas obras han sido ignoradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dejando a Baja California Sur sin recursos suficientes para atender sus necesidades básicas en materia de infraestructura carretera, además de que en estas carreteras ya se contaban con claves de hacienda y con recursos asignados, que después desaparecieron, dejando sin conectividad a los sudcalifornianos.

Si esta tendencia continúa en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, no solo se estaría comprometiendo el desarrollo de la región, sino también la seguridad y bienestar de sus habitantes.

Es por ello que resulta urgente y prioritario que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes incluya en su propuesta presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal los recursos necesarios y reactive las claves que ya se tenían listas, para atender estas vías con responsabilidad, justicia territorial y visión de largo plazo.

En virtud, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal, para que ejecuten recursos suficientes para que se garantice la conservación, mantenimiento y modernización de las carreteras La Paz - Ciudad Constitución y el tramo hacia La Purísima, en el estado de Baja California Sur, a fin de evitar su colapso operativo, promover el desarrollo económico regional, mejorar la seguridad vial y garantizar el acceso digno de las y los sudcalifornianos a servicios esenciales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de septiembre de 2025

Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del Ejecutivo federal y estatal a implementar medidas urgentes para atender la crisis ganadera en Baja California Sur, derivada de la prolongada sequía y las condiciones económicas adversas, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias, diputado federal de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo que se exhorta, respetuosamente, a diversas autoridades del Ejecutivo federal y estatal a implementar medida urgentes para atender la crisis ganadera en Baja California Sur derivada de la prolongada sequía y las condiciones económicas adversas, con base en las siguientes:

Consideraciones

La ganadería en el estado de Baja California Sur enfrenta una crisis humanitaria y productiva sin precedentes. En los últimos años, las condiciones de sequía extrema y prolongada han generado un deterioro severo en la actividad ganadera del estado, afectando la capacidad de los productores para alimentar y mantener con vida a su ganado, lo que ha provocado ya la muerte de cientos de cabezas de ganado, con pérdidas millonarias que están asfixiando la economía de los pequeños y medianos productores.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Baja California Sur ha registrado déficits históricos de precipitación, con una reducción del 50 por ciento o más en comparación con promedios anuales, provocando escasez crítica de agua en presas, pozos y abrevaderos naturales. Esto ha ocasionado una sobrecarga en los costos de producción, pues los ganaderos se ven obligados a comprar agua potable y forraje a precios insostenibles, o bien a transportar recursos desde regiones más alejadas.

En un estado donde la ganadería representa no solo una actividad económica sino un elemento fundamental del tejido social de mi estado, esta situación pone en riesgo el sustento de miles de familias rurales. El colapso del sector ganadero no solo significa pérdida económica, sino también el abandono del campo, migración forzada, deterioro ambiental y aumento en la vulnerabilidad alimentaria regional.

Por si fuera poco, actualmente no existe un programa federal vigente y específico que atienda de forma inmediata y focalizada esta problemática, ni mecanismos ágiles para el rescate ganadero en situaciones de emergencia climática como la que se vive hoy en mi tierra sudcaliforniana.

El gobierno federal y el gobierno estatal no pueden permanecer indiferentes ante esta realidad. En su calidad de órgano de representación nacional y garante del bienestar social, debe solicitar con urgencia la intervención de las autoridades federales y estatales responsables de atender esta grave crisis.

Por ello, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y al gobierno del estado de Baja California Sur, para que de manera inmediata, conjunta y coordinada:

1. Diseñen e implementen un programa emergente de apoyo económico directo para los ganaderos de Baja California Sur afectados por la sequía extrema, destinado a la compra de alimento para ganado, adquisición de agua, transporte de insumos, y acciones de mitigación.

2. Declaren zona de desastre agropecuario por sequía a las regiones ganaderas del estado, a fin de activar los recursos extraordinarios y otros instrumentos de apoyo.

3. Establezcan mesas técnicas de trabajo con productores y autoridades locales, para identificar necesidades prioritarias, transparentar los recursos y dar seguimiento a las acciones implementadas.

4. Exploren mecanismos de mediano plazo para la construcción de infraestructura hídrica rural que permita captación, almacenamiento y distribución de agua para actividades ganaderas en regiones recurrentemente afectadas por sequía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de septiembre de 2025.

Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a celebrar una sesión solemne por los 100 años de la fundación del Banco de México, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, y suscrita por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. El Banco de México fue creado mediante un decreto presidencial publicado el 25 de agosto de 1925 en el Diario Oficial de la Federación e inició sus operaciones de manera formal el 1 de septiembre de ese mismo año, constituyéndolo como el banco central de nuestro país. Su creación surgió por la necesidad de ordenar la emisión de moneda, estabilizar la economía y para la modernización del sistema financiero en nuestro país.

La misión del Banco de México ha sido además de la emisión de la moneda nacional, procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso frente a otras monedas y tener finanzas públicas saludables. El banco se ha convertido en una de las instituciones más relevantes para el funcionamiento de nuestro Estado, además de crear confianza de las y los mexicanos en nuestra economía.

Segunda. El Banco de México es un órgano constitucional autónomo, reconocido así desde 1994 en el artículo 28 de nuestra constitución. Su autonomía ha sido decisiva para garantizar que las políticas monetarias se adopten con criterios técnicos, y que no dependan de presiones o coyunturas políticas por intereses de partidos o de mayorías legislativas. En la historia de nuestro país se ha demostrado que esta autonomía ha sido fundamental para enfrentar momentos de crisis internacionales, inestabilidad y presiones inflacionarias.

La conducción responsable de nuestra política monetaria ha generado certeza en los mercados, ha protegido la economía de las y los mexicanos y ha creado un entorno de estabilidad para atraer la inversión a nuestro país lo cual ha generado fuentes de empleo y desarrollo económico.

Tercera.- El banco ha desempeñado funciones esenciales dentro de la operación y modernización de sistemas de pago, lo cual ha garantizado transacciones seguras y eficientes en el comercio local e internacional, esta tarea que podría verse poco visible para las y los ciudadanos, sin embargo utilizada día a día por miles de mexicanos, un claro ejemplo es el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, (SPEI) el cual es una infraestructura creada por el banco para realizar transferencias electrónicas entre diferentes entidades bancarias en nuestro país, el cual funciona las 24 horas y permite enviar y recibir pagos en cuestión de segundos, este SPEI siempre es generado de manera automática después de cualquier transacción electrónica efectuada mediante alguna aplicación bancaria.

Cuarto . - En sus cien años de vida, el Banco de México se ha consolidado como una institución técnica, confiable y reconocida internacionalmente, la cual cuenta con una credibilidad que se ha generado por el profesionalismo y compromiso de cada uno de sus trabajadores, los cuales velan por la economía de nuestro país.

Su fundación no solo constituye un acontecimiento histórico que debe de ser reconocido por esta Cámara, sino que además implica reafirmar la responsabilidad que tenemos como Poder Legislativo de defender su autonomía, en el fortalecimiento de su marco jurídico y en el respaldo de las decisiones técnicas que garanticen la estabilidad económica de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, emita un acuerdo en el que se defina una fecha para que en este año 2025 se celebre una Sesión Solemne con motivo de la conmemoración de los 100 años de la fundación del Banco de México, a fin de reafirmar su importancia histórica e institucional y reconocer su papel fundamental dentro de la estabilidad económica y financiera de nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2025.

Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a inspeccionar que los proveedores de servicios aéreos cumplan con lo establecido en la ley respecto a su obligación de informar, a través de medios impresos y electrónicos, de manera clara y visible, los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Ángel Salim Alle, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 numeral I, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, inspeccione que los proveedores de servicios aéreos informen de manera clara y visible los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo.

Exposición de Motivos

Nuestro país se encuentra posicionado como el sexto país más visitado a nivel mundial, según el Barómetro del Turismo Mundial de la Organización Mundial del Turismo (en adelante OMT), lo cual ha hecho que el número de vuelos tanto nacionales como internacionales tenga un mayor dinamismo en el país, lo que se ha reflejado en el aumento en el número de vuelos y pasajeros trasladados.1

Para darnos una idea de este crecimiento, en 2024 la Secretaría de Turismo señaló que se registraron 119.4 millones pasajeros trasladados en vuelos nacionales e internacionales, lo que representó un aumento de 11 por ciento en vuelos nacionales y 5 por ciento en vuelos internacionales con respecto a 2023.2

En el ámbito nacional, se registraron 61 millones 547 mil pasajeros transportados en vuelos nacionales, siendo Viva Aerobús y Volaris las de mayor participación, que en su conjunto transportaron 43 millones 892 mil pasajeros.

Asimismo, la Agencia Federal de Civil de Aviación resaltó que para 2024 se tuvieron 874 mil vuelos, esta cifra superior representa un aumento de 0.5 por ciento con respecto a los 870 mil vuelos registrados en 2023.3

Dichos datos tienen gran relevancia puesto que, el aumento en la demanda de estos servicios de transporte aéreo ha venido en aumento año con año, trayendo consigo cada vez más una mayor demanda de estos servicios.

Sin embargo, dicho aumento en la demanda de vuelos tanto nacionales como internacionales ha hecho que las aerolíneas excedan sus capacidades logísticas y físicas para atender a los pasajeros, dando como resultado un efecto de malas prácticas por parte de estas compañías aéreas.

Estas malas prácticas se pueden observar desde el cambio de horarios de vuelos sin previa antelación que genera retrasos significativos, cambios de aeronaves que traen como consecuencia modificaciones en los lugares y calidad de los asientos que previamente ya habían sido adquiridos por los consumidores, los cobros injustificados por la documentación de equipaje, la pérdida de conexiones por falta de información, la sobreventa de boletos entre muchos otros casos.

En este sentido, desde 2017 se modificó la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a las aerolíneas a proporcionar a todos sus pasajeros un servicio eficiente y de calidad, así como a respetar e informar a los consumidores de manera veraz, adecuada y clara sus derechos y obligaciones.

Con dicha modificación se establecieron los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo,4 los cuales tienen como objetivo:

I. Información y publicidad: el pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información por parte de la aerolínea, de tal modo que conozca sus opciones y pueda tomar alternativas en caso de requerirlas, incluyendo los derechos del pasajero, las políticas de compensación, los motivos del retraso, demora o cancelación, las medidas de seguridad operacional y poner a disposición del pasajero toda la información relativa para la presentación de quejas o reclamaciones en cada una de las terminales donde opere.

La información y publicidad proporcionada debe ser veraz, comprobable, clara y no inducir a error o confusión, sea a través de sitios web, puntos de atención, mostradores, centrales de reserva, módulos de atención al pasajero y en cada asiento de la aeronave o, en su defecto, en medios impresos con que cuenten a bordo.

II. Tarifas y precios: La aerolínea debe dar a conocer los términos y condiciones aplicables al momento de comprar el boleto.

El costo del boleto debe incluir tarifas, comisiones, impuestos y cualquier otro cargo cubierto. Además de respetar en todo momento tarifas y restricciones, el monto total a pagar debe ser informado de forma clara.

III. Servicios adicionales: La aerolínea puede ofrecer estos servicios al momento de la compra del boleto, tales como seguros, renta de auto, asistencia; sin embargo, no podrá realizar cargos que condicionen la compra del boleto a la contratación obligatoria de servicios adicionales.

IV. Devolución del boleto: Si el pasajero decide no realizar el viaje, puede solicitar a la aerolínea la devolución del precio del boleto, en el lapso de 24 horas siguientes a la hora de su compra.

Transcurrido ese plazo la aerolínea puede determinar las condiciones de la cancelación, mismas que deberán ser en beneficio del pasajero, observando en todo momento los derechos mínimos contenidos en la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

V. Retraso o demora: Las causas o razones del retraso o demora del vuelo deben ser informadas por medios electrónicos o físicos, en el área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero.

Si el retraso o demora es atribuible a la aerolínea, esta debe compensar al pasajero, como mínimo, de acuerdo con lo siguiente:

a) Superior a 1 hora e inferior a 4 horas: proporcionar, como mínimo, descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

b) Mayor o 2 horas, pero menor a 4 horas: en caso de descuento, el mismo no debe ser menor al 7.5 por ciento del precio del boleto.

VI. Demora mayor a 4 horas o cancelación: Si la aerolínea es responsable, el pasajero tiene la opción de elegir:

a) El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje; o,

b) A transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto; o,

c) A transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

VII. Sobreventa: Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave, el pasajero tiene la opción de elegir los beneficios que aplican para el supuesto de cancelación.

La aerolínea puede solicitar voluntarios que renuncien al embarque a cambio de beneficios que no deben ser inferiores a los que aplican para la cancelación, excepto cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas no públicas o se presente fuera del tiempo para documentar el embarque.

Tienen preferencia para abordar personas con discapacidad, adultos mayores, menores no acompañados y mujeres embarazadas.

VIII. Cambio de itinerario: La aerolínea debe informar con al menos 24 horas de anticipación a la salida del vuelo, de manera rápida y expedita, en caso de que se produzcan cambios en el itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otro medio electrónico.

Si el cambio se produce dentro de las 24 horas previas a la salida programada, la aerolínea debe informar al pasajero tan pronto tenga certeza de que ese cambio es inevitable.

IX. Pago de compensación e indemnización: Deben cubrirse en un periodo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación, excepto alimentos, bebidas y hospedaje, los cuales deben cubrirse cuando ocurra el retraso, demora o cancelación.

En 2024 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 699 quejas por parte de los consumidores en contra de diversas aerolíneas, destacando en su mayoría el no informar en la demora o retraso de los vuelos, los cambios de itinerario, los cobros excesivos en equipaje y la falta de información clara y transparente a la hora de realizar su compra.

De acuerdo con información de la prensa mexicana, VivaAerobus obtuvo la mayoría de las reclamaciones, con 236; Aeroméxico, con 208; Tar Aerolíneas, con 75; Volaris, con 60, y Aerolíneas del Estado mexicano, con 16.5

De las quejas presentadas en contra de empresas de transporte aéreo nacionales, Aeroméxico logró concluir 52, concilió 24 y se encuentran en trámite 156; por su parte VivaAerobus concilió 31; mientras en el caso de Volaris fueron 11.

A pesar de ello, siguen existiendo denuncias ante la Profeco por la poca o nula falta de información a los consumidores, lo que repercute no solo en su itinerario de actividades, sino que, esto puede traer consigo una consecuencia económica que afecta solo a los usuarios y no a las líneas aéreas.

En este sentido, el aumento en los vuelos tanto nacionales como internacionales seguirá en aumento, no solo porque México es un gran destino turístico, sino también, por la demanda en las actividades cotidianas de la población, por lo que es esencial que este tipo de afectaciones como la violación de sus derechos de los consumidores y la desinformación a la hora adquirir un vuelo no siga repercutiendo en los viajeros.

Por tal motivo, pongo a consideración de la asamblea el presente punto de acuerdo con el objetivo de solicitar respetuosamente a la Profeco que implemente revisiones a las líneas aéreas para que informe a los pasajeros de manera clara y visible sus derechos, los términos y condiciones del servicio, las políticas compensatorias y cualquier cambio o retraso en sus vuelos, tal como se establece en la Ley Federal del Consumidor y la Ley Federal de Aviación.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumente las medidas de inspección y vigilancia necesarias a efecto de que los proveedores de servicios aéreos cumplan con lo establecido en la ley respecto a su obligación de informar, a través de medios impresos y electrónicos, de manera clara y visible, los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo.

Notas:

1 Secretaría de Relaciones Exteriores. (2024). Consultado de México sexto lugar en arribo de Turistas.
https://embamex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/es/ver-mas-prensa/34-2018/
1630-mexico-sexto-lugar-del-ranking-mundial-en-arribo-de-turistas-internacionales-confirma-omt

2 Secretaría de Turismo. (2025). Consultado de Más de 119 millones de pasajeros se transportaron en vuelos nacionales e internacionales. https://www.gob.mx/sectur/es/articulos/
mas-de-119-millones-de-pasajeros-se-transportaron-en-vuelos-nacionales-e-internacionales-en-2024?idiom=es

3 Secretaría de Turismo. (2024) Consultado de Indicadores de la Aviación Mexicana.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/975588/indicadores-transporte-aereo-diciembre-2024-31012025.pdf

4 Procuraduría Federal del Consumidor (2024). Consultado de Derechos y Obligaciones de los pasajeros de servicio público aéreo. https://www.profeco.gob.mx/politicasaviacion/pdf/
DERECHOS%20Y%20OBLIGACIONES%20VIAJAR%20EN%20AVI%C3%93N%20QR%20(vf).pdf

5 La Jornada. (2025). Consultado de: El año pasado, aerolíneas sumaron 699 quejas: Profeco. https://www.jornada.com.mx/2025/01/13/politica/012n1pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2025

Diputado Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica)