Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE, a la SRE y al Bancomext a establecer mesas de trabajo interinstitucionales con la participación del sector privado, con el objetivo de agilizar el proceso de negociación y concreción de un TLC México–Corea del Sur, a cargo del diputado César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Cesar Augusto Rendón García, diputado de la LXVI Legislatura y los integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México y Corea del Sur no cuentan actualmente con un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente, a pesar de que las negociaciones se reanudaron en marzo de 2022. El marco actual se limita al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI, 2002) y al Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI, 1995). A pesar de que estos instrumentos han proporcionado seguridad jurídica a la relación bilateral, no son suficientes para desencadenar el potencial económico existente.

En la actualidad, Corea del Sur ocupa el sexto lugar entre los socios comerciales de México, con un intercambio anual que sobrepasa los 23 mil millones de dólares (2023) y una inversión acumulada desde 1999 que excede los 10.5 mil millones de dólares. Su relevancia en sectores estratégicos como el automotriz, electrónico, petroquímico, semiconductores y energías limpias, coloca a este país como un socio clave para el futuro industrial de México.

La eliminación o reducción de aranceles generaría una mayor competitividad en cadenas productivas clave, como la automotriz, autopartes, acero, semiconductores y agroindustria . Además, los gastos logísticos disminuirían y se incrementaría la posibilidad de acceso a productos mexicanos en el mercado de Corea del Sur, sobre todo en lo que respecta a los productos manufacturados y agroalimentarios con valor agregado. Esto generaría posibles ventajas directas de un TLC.

Por otra parte, un TLC contribuiría a fortalecer el atractivo de México como destino de inversión extranjera directa (IED), particularmente en sectores de innovación tecnológica, vehículos eléctricos, baterías y energías renovables. La integración con Corea del Sur también permitiría encadenamientos más profundos con Estados Unidos y Canadá bajo el marco del T-MEC, consolidando a México como hub estratégico en América del Norte.

La colaboración entre las dos partes se fortalecería en términos de investigación, avance tecnológico, digitalización, educación y transmisión de conocimientos. Esto elevaría la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, al integrarlas a cadenas globales de valor mediante programas de certificación, financiamiento y desarrollo proveedor.

Un TLC con Corea del Sur posicionaría a México como socio estratégico en Asia, permitiendo diversificar mercados, reducir la dependencia de pocos destinos comerciales y fomentar la resiliencia económica ante crisis globales. A largo plazo, los impactos beneficiosos en la creación de empleo calificado, el progreso y la innovación regional equilibrados contribuirán al fortalecimiento estructural de la economía mexicana.

El fortalecimiento de la relación económica y comercial con Corea del Sur representa no solo una oportunidad, sino una necesidad para consolidar el crecimiento sostenido de la economía mexicana, elevar la competitividad de sus sectores productivos y garantizar beneficios tangibles para la población en el corto, mediano y largo plazo.

Con base en las consideraciones anteriores, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores con acompañamiento de BANCOMEXT, a que establezcan de manera inmediata mesas de trabajo interinstitucionales con la participación del sector privado, con el objetivo de agilizar el proceso de negociación y concreción de un TLC México–Corea del Sur, garantizando que se incluyan capítulos modernos en materia de cadenas de suministro, innovación tecnológica, medio ambiente, digitalización y desarrollo regional.

Fuentes:

- Secretaría de Economía (México): https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-corea-del-sur-acuerdan-el-inicio-de-negociaciones-para-un-tratado-de-libre-comercio
OEA – SICE: https://sice.oas.org/TPD/MEX_KOR/MEX_KOR_s.ASP

- El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/10/15/corea-del-sur-lista -para-tratado-de-libre-comercio-con-mexico-solo-espera-a-que-amlo-lo-es te/

- El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/A-Mexico-le-urge-un-TLC-con-Co rea-del-Sur-SRE-20230629-0058.html

- Wikipedia – Relaciones Corea del Sur–México: https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Corea_del_Sur-M%C3%A9xico

- Wikipedia – Tratados de libre comercio de México:
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_de_libre_comercio_de_M%C3%A9xico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2025

Diputado César Augusto Rendón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a través del SAT y a la ANAM, a retirar puntos de revisión fronterizos en Baja California Sur en beneficio de la población sudcaliforniana, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias, diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que a través del Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México retiren los puntos de revisión fronterizos en Baja California Sur en beneficio de la población sudcaliforniana, con base en las siguientes

Consideraciones

Baja California Sur enfrenta desde hace años una paradoja administrativa que resulta incongruente con la lógica de la política pública nacional. Sin ser reconocida como región fronteriza ni contar con beneficios fiscales vinculados a dicho estatus, en sus puertos y aeropuertos se mantienen puntos de revisión aduanales y garitas que operan como si lo fuera. Esta condición genera demoras innecesarias, encarece el transporte de mercancías, afecta la competitividad del sector productivo y resta atractivo a un destino turístico cuya economía depende en gran medida de la agilidad con la que circulan personas y bienes.

La permanencia de estos controles es injustificable en un Estado que no ha sido incluido en los decretos federales de estímulos fiscales para las regiones fronterizas norte o sur, decretos que reducen la tasa del IVA al 8% y otorgan créditos en ISR, no han contemplado a Baja California Sur. En otras entidades federativas, la clausura de garitas y filtros adicionales obedeció a la necesidad de impulsar la eficiencia logística y promover la facilitación del comercio; esa misma lógica debe aplicarse en Baja California Sur, donde la geografía peninsular ya impone retos naturales de conectividad y donde cada obstáculo administrativo repercute directamente en los costos de vida de las familias y en la competitividad de las empresas locales. La congruencia en la política pública exige eliminar cargas que no corresponden con la realidad económica ni con el marco fiscal vigente para esta entidad.

El peso del sector terciario en la economía sudcaliforniana es contundente. De acuerdo con el Diagnóstico Situacional del Plan Estatal de Desarrollo, el 65.3% del Producto Interno Bruto del estado proviene de actividades de servicios, turismo y comercio, mientras que las actividades secundarias representan apenas 31.3% y las primarias 3.4%. Cifras de INEGI confirman esta tendencia: en 2023 las actividades terciarias aportaron el 71.5% del PIB nominal, y además tuvieron un crecimiento anual de 2.1%. Este perfil económico revela que cualquier barrera que afecte el flujo logístico, como puntos de revisión aduanal redundantes, se traduce en un impacto inmediato sobre el crecimiento estatal, los precios al consumidor y la generación de empleo.

La dependencia del turismo es aún más clara al observar los datos de movilidad. Entre enero y septiembre de 2023, el aeropuerto internacional de Los Cabos recibió 1 millón 727 mil 401 turistas internacionales por vía aérea, consolidando a la entidad como uno de los destinos más visitados de México. A su vez, en 2022 arribaron 289 cruceros al puerto de Los Cabos, con más de 615,267 pasajeros desembarcados, lo que demuestra el peso del turismo marítimo en la economía regional. Estos números, que reflejan el dinamismo del sector turístico, ponen en evidencia la necesidad de eliminar obstáculos innecesarios en los accesos marítimos y aéreos. Cada demora en una garita, cada trámite aduanal redundante, cada revisión sin valor agregado representa no solo una molestia para el visitante, sino un factor que mina la competitividad del destino frente a otros centros turísticos globales.

La situación actual debe analizarse también en el contexto de la política aduanera del periodo 2018–2024. Durante este sexenio se prometió una transformación para combatir la corrupción y agilizar el comercio exterior, pero la realidad ha sido distinta. Bajo el pretexto de combatir el “huachicol fiscal”, las aduanas fueron sometidas a un proceso de militarización que no resolvió el problema estructural. Las pérdidas fiscales por contrabando de combustibles alcanzaron 809,324 millones de pesos entre 2018 y 2024, pero los controles se intensificaron sin aportar transparencia ni eficiencia. La creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México en 2021 se realizó mediante decreto, sin reforma legal previa, y tribunales colegiados declararon inconstitucional parte de su reglamento al invadir atribuciones legales del SAT, dejando a la ANAM en una condición de inseguridad jurídica permanente. A ello se suma que, al 30 de septiembre de 2024, 32 aduanas se encontraban bajo control de las Fuerzas Armadas con 5,906 efectivos desplegados, en un esquema que, lejos de erradicar la corrupción, ha visto involucrados a mandos militares en redes de contrabando. Lejos de representar una política de simplificación, la estrategia de 2018–2024 se convirtió en un modelo de control centralizado y autoritario, con costos ocultos para los contribuyentes cumplidos y para la economía de estados como Baja California Sur.

EN contraste y mientras que en 2013 y 2014 la Secretaría de Hacienda cerró garitas en Sonora, Chiapas, Coahuila y Tamaulipas para “facilitar el comercio” y “agilizar los flujos turísticos”, en el periodo 2018–2024 no hubo cierres definitivos comparables; por el contrario, los llamados “cierres” fueron parciales o ficticios, trasladando los controles a otros puntos de inspección. Esto confirma que en Baja California Sur no existe justificación alguna para mantener garitas como las de Pichilingue o Santa Rosalía, que funcionan como filtros internos en una entidad no fronteriza y que solo generan sobrecostos, retrasos y una percepción negativa de ineficiencia.

La permanencia de estos puntos de revisión en puertos y aeropuertos de Baja California Sur constituye un contrasentido: se le imponen cargas de región fronteriza, pero se le niegan los beneficios fiscales de una región fronteriza. Esta incongruencia lastima la competitividad, encarece la vida cotidiana de las familias y frena el desarrollo económico del estado. Es por ello que se vuelve urgente una acción correctiva que elimine los filtros adicionales y devuelva al estado las condiciones de agilidad que requiere para consolidar su desarrollo económico.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al secretario de Hacienda y Crédito Público, al titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y a las autoridades migratorias, portuarias y aeroportuarias, para que, de manera inmediata y prioritaria, se ordene la eliminación de los puntos de revisión fronteriza y aduanales actualmente instalados en los puertos y aeropuertos de Baja California Sur, con el fin de garantizar el libre tránsito de personas y mercancías, reducir los sobrecostos logísticos, agilizar el flujo turístico y comercial, y eliminar cargas administrativas incongruentes que afectan el desarrollo económico de la entidad.

Lo anterior, en virtud de que Baja California Sur no es considerada región fronteriza, no goza de los beneficios fiscales asociados a dicho régimen y, sin embargo, continúa sujeta a revisiones y filtros aduanales que generan demoras innecesarias, encarecen los precios de bienes y servicios, afectan la competitividad de las empresas y restan atractivo al turismo, motor principal de la economía estatal.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), para que instruyan, en un plazo no mayor a seis meses, la clausura definitiva de las garitas de Pichilingue y Santa Rosalía, así como de cualquier otro filtro aduanal operativo en la entidad, y se implementen mecanismos de simplificación y facilitación del comercio que aseguren la reducción de tiempos de espera, la eliminación de trámites redundantes y la transparencia en las operaciones aduanales, privilegiando la eficiencia logística y la competitividad de Baja California Sur en los mercados turísticos y comerciales nacionales e internacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2025

Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar gobierno federal, a modificar el decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte e incluya al estado de Baja California Sur, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias, diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno federal para que modifique el decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte e incluya al estado de Baja California Sur, con base en las siguientes

Consideraciones

La política fiscal en México ha reconocido históricamente las particularidades de las regiones fronterizas, implementando esquemas diferenciados en materia de impuestos para fomentar su desarrollo económico y contrarrestar las desventajas derivadas de su ubicación geográfica. Desde la creación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 1978, se establecieron tasas preferenciales para las zonas fronterizas, incluyendo Baja California Sur (BCS).

Dicha ley, publicada el 29 de diciembre de 1978 en el Diario Oficial de la Federación, introdujo una tasa diferenciada del 6% para las regiones fronterizas, mientras que en el resto del país era del 10%. Este esquema fue diseñado para responder a las condiciones únicas de estas zonas, como su proximidad a mercados extranjeros, los altos costos de transporte y su dependencia económica de actividades como el comercio y el turismo.

Sin embargo, con la reforma fiscal de 2014, que homologó la tasa de IVA al 16% en todo el país, y la exclusión de Baja California Sur del Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Norte en 2018, el estado quedó en una posición de desventaja económica. Estas decisiones incrementaron los costos de vida para las familias sudcalifornianas, afectarán la competitividad de las empresas locales y dificultaron la atracción de inversión en sectores clave como el comercio, el turismo y la industria de servicios, para la enajenación, uso o goce de bienes y prestación de servicios independientes, siempre que se cumplieran dos requisitos: el primero, que estas actividades fueran realizadas por residentes en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, o en las Zonas Libres de Sonora, Baja California y Baja California Sur, y el segundo que la entrega de bienes o prestación de servicios se realizara en dichas zonas.

Para el caso de mi estado, Baja California Sur, el aumento de la tasa de IVA a 16% significó un lastre sobre las ya difíciles condiciones de competencia respecto de las empresas del resto del país, pues las personas físicas y morales del estado tienen que añadir siempre a sus costos, altos precios de traslado de mercancías.

El Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Norte que aplica en más de 40 municipios fronterizos de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en materia del Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018, Se emitió con la finalidad de promover el desarrollo de la frontera norte del país, combatir la economía informal, hacer más competitivas a las empresas ubicadas en la zona que colinda con Estados Unidos de Norteamérica, estimular la inversión y fomentar la productividad, además de contribuir a la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado a través de diversas tesis aisladas, en el sentido de que la tasa menor aplicable a las operaciones gravadas por el IVA en la región fronteriza atienden a las distintas condiciones de mercado especiales de la zona, definidas por las características geográficas, naturales, de infraestructura, etc., que distinguen a dicha región del resto del país, por tanto se consideran válidas y no contraponen el sentido de equidad tributaria, establecido en la Constitución, ya que dichas condiciones especiales, derivan en la necesidad de otorgar diferentes consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho.

Sin embargo, la condición insular de Baja California Sur, y su proximidad con los estados fronterizos deja al comercio local en severa desventaja, puesto que se tiene acceso a comprar bienes en el mercado estadounidense, por lo que la sustitución de compras locales por importaciones es una afirmación razonable, esto implica una disminución de consumo local, lo que a su vez tiene repercusiones en el comercio al por menor, lo cual deteriora la dinámica económica local en el Estado.

El encarecimiento de los artículos de consumo es una condición indeseable para cualquier hogar y para cualquier gobierno, no obstante, por tratarse de hogares fronterizos, tienen la posibilidad de importar los bienes que de manera local se encarecen, en su defecto, los oferentes de bienes y servicios locales se ven afectados si el mercado local decide comprar en el exterior bienes que en el pasado compraba en el mercado nacional, en el caso de Baja California Sur, las condiciones geográficas, permiten que se tenga este tipo de efecto.

Después de la entrada en vigor de la reforma fiscal en la que se homologa el IVA en la Frontera con el resto del país, y la exclusión de Baja California Sur del Decreto de Estímulos Fiscales de la Frontera Norte, los bienes que sufrieron un mayor impacto negativo están ligados de manera directa e indirecta a los procesos de distribución de bienes y servicios, tales como el combustible, mantenimiento de vehículo y comunicación, razones por las que es importante tener la tasa del IVA diferenciada en BCS, como en la región fronteriza, aunado a que en el estado, las condiciones geográficas, y la propia irregularidad del territorio demarca las distancias que tienen que recorrerse para llevar productos del centro y sur del país hacia el Estado.

Los legisladores del Partido Acción Nacional sabemos del impacto negativo que esto ha generado en la economía de las familias habitantes de la región sudcaliforniana, por ello, desde el inicio expresamos nuestro rechazo a la propuesta del Ejecutivo federal de homologar las tasas del Impuesto al Valor Agregado, pues como se advirtió generó un impacto totalmente negativo en la exportación, en la economía de las clases bajas y medias, en el turismo y en general en el consumo de bienes y servicios en la región de Baja California Sur, provocando déficit inflacionario, menor inversión, pérdida de fuentes de empleo, entre otros efectos negativos que nos han repercutido.

Por ello, debemos pugnar porque se apliquen las políticas públicas para el regreso de la tasa preferencial de IVA de Baja California Sur como región fronteriza norte, de tal manera que pueda restaurarse el consumo de los hogares, incluso una tasa más baja que la anterior impulsaría los incentivos para consumir e invertir en la región, debido a que los mismos productos podrían abaratarse para los extranjeros.

Incluir a Baja California Sur, en este beneficio consiste en un crédito fiscal equivalente al 50 % del IVA que, como una facilidad, se aplicará en forma directa sobre la tasa de 16 %, a fin de que resulte una tasa disminuida de 8 %, siempre que el local o establecimiento de la persona contribuyente que la aplique esté dentro de la región fronteriza norte o sur del país y que la entrega del bien o servicio sea dentro de dichas regiones.

Esta medida coadyuvará a fortalecer el poder adquisitivo de la población, principalmente la de menores ingresos, sin que la reducción de los ingresos públicos que se deriven de la propuesta afecte los programas de desarrollo, modernización y ampliación de los servicios públicos que se tienen programados. Estos beneficios están orientados a estimular y aumentar la inversión; mejorar y reactivar la economía doméstica regional y, de esta manera, elevar los ingresos con motivo de una mayor actividad económica; multiplicar el número de empleos; atraer al turismo al ofrecer amplia diversidad de servicios y productos de alta calidad; crear condiciones y medios efectivos para atraer la inversión y, con ello, generar riqueza y bienestar para la población, con una visión de futuro basada en lograr una economía sólida y, por ende, incrementar la recaudación fiscal.

En virtud de lo antes expuesto, solícito a esta soberanía se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Titular del Ejecutivo Federal para que modifique el Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, a efecto de que incluya al Estado de Baja California Sur en los beneficios de reducción de IVA al 8% y estímulos en materia de ISR.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía para que considere la inclusión de Baja California Sur en el Programa de Zona Libre de la Frontera Norte o, en su caso, en el programa que se aplique a partir de 2026 con el mismo objetivo, reconociendo las condiciones económicas, insulares y comerciales que comparte con los estados fronterizos, con el objetivo de atraer inversiones, generar empleos de calidad y reactivar su potencial productivo.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, para que lleve a cabo las gestiones necesarias ante el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de que se incorpore a la entidad en el esquema de estímulos fiscales que permita la reducción del IVA al 8%, garantizando así un entorno fiscal competitivo para el desarrollo económico de la región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2025

Con punto de acuerdo, para exhortar la SEP a hacer pública toda la información del protocolo para la prevención primaria y secundaria (detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento) para la erradicación de la violencia sexual en educación básica, a cargo de la diputada Liliana Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Liliana Ortiz Pérez , y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la Secretaría de Educación Pública para que, haga pública toda la información referente a los avances y, en su caso, pendientes en la emisión, actualización y/o armonización del Protocolo para la Prevención primaria, Atención (detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento) y Medidas de no repetición (Prevención secundaria) para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera

El 30 de mayo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo número 17/05/25 por el que se emiten los Lineamientos para la prevención primaria, atención (detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento) y medidas de no repetición (prevención secundaria) para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica” (en adelante “Lineamientos”) de la Secretaría de Educación Pública, que establece los principios, derechos, procedimientos y medidas que deberán adoptar y aplicar las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. La publicación de los Lineamientos atendió a un intenso trabajo realizado por diversas actoras de la sociedad civil organizada con el único propósito de realizar un planteamiento que permitiera garantizar que las escuelas sean, después del hogar, el lugar más seguro para la niñez mexicana.

La lucha por la erradicación de todo tipo de violencia sexual cometida en contra de niñas, niños y adolescentes, debe ser la causa principal de la sociedad y el gobierno.

El daño que este tipo de conductas genera en las víctimas eleva el riesgo de padecer problemas psicológicos y psiquiátricos en la edad adulta, tales como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático e incluso puede desencadenar adicciones como abuso de alcohol o de drogas. También se encuentra asociada con prácticas sexuales de riesgo, revictimización social, intentos suicidas y trastornos de alimentación1 .

Estudios internacionales han demostrado que a largo plazo los efectos de la violencia sexual infantil son más diversos, ya que las víctimas pueden desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático y trastornos de la personalidad, además de problemas de sueño, trastornos alimenticios y dificultades en la construcción de relaciones interpersonales sanas2 . Por otra parte destacan los impactos en la salud física, tales como como enfermedades gastrointestinales, reproductivas, respiratorias y cardiovasculares, insomnio crónico, artritis y alto riesgo de obesidad o morbilidad corporal3 .

Considerando la gravedad de los efectos de los diversos tipos de violencia sexual infantil, se trata de un factor que afecta y condiciona la salud, el desarrollo y el bienestar de las personas a lo largo de su vida, lo cual explica la relevancia y urgencia de dar atención a esta problemática. Lo anterior se fortalece si se toma en cuenta que en México hay pocos elementos empíricos para determinar con exactitud cuál es la dimensión de este problema, ya que las estadísticas de incidencia delictiva y las encuestas relativas al estudio de la niñez no contabilizan los casos de violencia sexual cometida contra personas menores de edad.

Sin embargo, algunos estudios como “Una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los adolescentes”, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), permiten dimensionar el problema de acuerdo con estimaciones internacionales. Dicho estudio establece que en 38 países de ingresos bajos y medianos, cerca de 17 millones de mujeres adultas afirman haber tenido relaciones sexuales por la fuerza en la niñez, mientras que en 28 países de Europa alrededor de 2,5 millones de mujeres jóvenes afirmaron haber sido víctimas de formas de violencia sexual con y sin contacto antes de los 15 años4 .

Entre los escasos datos disponibles que atienden directamente el problema, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2015 del INEGI demuestra que el 12.8% de las mujeres de entre 15 y 17 años sufrió alguna forma de violencia sexual en el ámbito escolar durante 2015. Además, la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) 2014 del INEGI, en las escuelas los tocamientos indeseados son más frecuentes en mujeres entre los 14 y los 17 años de, como lo muestra la siguiente gráfica5 :

La evidencia disponible refleja que los diversos tipos de violencia sexual afectan con particular severidad las mujeres antes de los 15 años y, que a pesar de la falta de datos específicos para determinar con exactitud la edad en la que ocurren los hechos, muchos de estos sucesos ocurrieron durante la niñez. Esto es especialmente grave considerando que durante las fases del desarrollo de la niñez, las habilidades sociales de los niños aún se encuentran en crecimiento, lo cual los hace más susceptibles a ser manipulados o coaccionados por adultos e incluso por sus pares y, consecuentemente, los hace más vulnerables y menos aptos para reconocer y denunciar comportamientos inadecuados6 .

Por ello resulta fundamental el establecimiento de programas de prevención escolar, ya que está demostrado que tienen una alta eficacia para incrementar el conocimiento de niñas y niños acerca de la violencia sexual y les brindan herramientas que les permitan precisamente reconocer y reportar situaciones de riesgo con oportunidad7 . Al respecto, una revisión meta-analítica de 37 estudios con más de 11,000 participantes confirmó que estos programas tienen resultados positivos en dos dimensiones fundamentales: aumentan el conocimiento sobre el abuso infantil y desarrollan en buena medida las habilidades de autoprotección8 .

Esto significa que los programas no solo transmiten información, sino que también modifican la capacidad de los estudiantes para resistir, evitar o denunciar abusos. Particularmente son exitosos los programas que involucran metodologías interactivas, tales como dramatizaciones, juegos o discusiones guiadas, ya que generan un aprendizaje más duradero y aumentan la probabilidad de que los menores de edad recuerden y puedan aplicar las habilidades adquiridas en eventuales situaciones reales9 .

En ese sentido, no es suficiente con implementar programas generales de prevención de violencia sexual infantil en las escuelas, sino que debe garantizarse que cumplan con condiciones mínimas, tales como: ser ajustados a la edad y la capacidad de comprensión de los estudiantes; involucrar la repetición de conceptos y habilidades para reforzar el aprendizaje10 ; contemplar actividades didácticas tales como juegos, dramatizaciones o el uso de materiales como marionetas o cuestionarios dinámicos que estimulen la participación y ayuden a disminuir la ansiedad, y capacitar a los docentes en contenidos y metodologías de prevención, con especial énfasis en su papel como “adultos de confianza” que permita eventualmente a los niños revelar situaciones de riesgo11 .

Los requerimientos generales de los programas de prevención se concatenan con el potencial que tiene la prevención primaria, ya que la labor de difusión de contenidos de prevención de violencia sexual está íntimamente relacionada con la educación sexual integral. De acuerdo con algunos estudios, los programas que no sólo se enfocan en la prevención de la violencia sexual, sino que establecen un enfoque integral que involucra la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual, tienen un potencial particular porque fomentan aspectos como el cultivo de relaciones saludables, la identificación del consentimiento, el respeto y la equidad de género12 .

En su conjunto, programas de prevención y enfoque de prevención primaria ayudan a fortalecer una perspectiva de necesaria difusión social: la necesidad de la transformación del entorno escolar como una comunidad armónica en la cual niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse con total libertad y seguridad. A su vez, este enfoque contribuye a reforzar que la responsabilidad de la violencia sexual recae absolutamente en los perpetradores y nunca en las víctimas.

Expuesta la importancia de la implementación de programas y protocolos para la prevención primaria, atención y medidas de no repetición para la erradicación de la violencia sexual en educación básica, es necesario establecer que los Lineamientos expedidos mediante el Acuerdo de la SEP representan una serie de avances que son importantes desde el punto de vista de la identificación y sanción de la violencia sexual. En primer lugar, establece un catálogo de principios y enfoques transversales que refuerzan y consolidan la idea de que las víctimas deben estar en el centro y que sus derechos y dignidad son prioritarios, por lo cual toda acción debe tender a ayudarles a recuperar el control de sus propias vidas.

Por otra parte, las definiciones de violencia sexual que ofrecen los Lineamientos combinan oportunamente lo establecido por los tipos penales de la materia (abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales no consentidos, cohabitación forzada, corrupción de niñas, niños y adolescentes, estupro, hostigamiento sexual, lenocinio, pederastia, pornografía de menores de edad, violación, violación equiparada, violencia digital, ciberacoso sexual, grooming, sexting y sextorsión), con otros fenómenos relativamente recientes que aún no se encuentran tipificados como delito, así como la identificación de las conductas y aspectos sociales que revisten. Esto es un logro significativo que establece por primera vez un marco unificado en todo el país, que supera el galimatías jurídico de la diversidad de tipos penales, y conductas establecidas en las entidades federativas.

Otro de los aspectos positivos de los Lineamientos es la unificación de las facultades y atribuciones de las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno para el establecimiento de protocolos y la realización de actividades de prevención primaria de la violencia sexual, que permite contar con un marco general de actuación aplicable en todo el país. En el mismo sentido, el establecimiento de una ruta de atención de casos de violencia sexual que involucra criterios para la detección, medidas de intervención y procedimientos para la notificación a autoridades, canalización y seguimiento, permite a padres de familia involucrarse y conocer cómo deben actuar las autoridades en casos de violencia sexual en escuelas de educación básica.

Sin embargo, la riqueza conceptual y procesal de los Lineamientos no puede trascender a la realidad con la simple voluntad de su publicación desde el Diario Oficial de la Federación: desde ese órgano de difusión oficial hasta las aulas existe un largo camino que será imposible recorrer sin voluntad gubernamental. Ese es el problema que plantea la presente proposición: de nada sirve contar con Lineamientos de avanzada que podrían contribuir a erradicar la violencia sexual infantil si no se aplican en la realidad.

Esta es la preocupación que permea desde este documento hacia las curules del Congreso. El Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo establece claramente en el artículo segundo transitorio que las autoridades educativas locales y municipales disponen de un plazo de 90 días hábiles –contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo- para emitir un Protocolo para la Prevención primaria, Atención (detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento) y Medidas de no repetición (Prevención secundaria) para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica, o bien, para llevar a cabo la actualización y/o armonización de acuerdo con el mismo.

Considerando que el Acuerdo fue publicado el 30 de mayo y entró en vigor el 31 de mayo de este año, el plazo de 90 días hábiles otorgado expira el 6 de octubre del presente. Sin embargo, la realidad es evidente: no existen datos de prueba que permitan afirmar que a la fecha exista un grado significativo de avance en la armonización, actualización de los Protocolos a los que se refieren los Lineamientos.

Es de dominio público que constantemente las autoridades incumplen con los plazos que se imponen a sí mismas para realizar armonizaciones como resultado de una reforma legal: sólo basta ver la cantidad de plazos vencidos que existen en este Congreso como resultado de las obligaciones derivadas de las recientes reformas constitucionales. Sin embargo, es inadmisible que esto mismo ocurra y se permita tratándose de un tema tan sensible, delicado y doloroso como la violencia sexual cometida contra niñas, niños y adolescentes.

En ese orden de ideas, resulta pertinente y viable que esta Cámara de Diputados solicite que se rinda un informe pormenorizado de todas las acciones que se han realizado para dar cumplimiento a una obligación legal establecida por la propia Secretaría de Educación Pública en el ejercicio de sus atribuciones. Con el conocimiento de todas esas acciones, será posible conocer qué entidades federativas han cumplido y cuales tienen pendiente la expedición o armonización de sus Protocolos, con el objetivo de que también la sociedad, padres de familia y tutores sepan cuáles gobiernos tienen un verdadero compromiso para combatir esta problemática y cuáles (no) pueden dormir tranquilos sabiendo que hay inacción que se convierte en permisión cómplice de la violencia sexual infantil.

El Acuerdo 17/05/25 fue expedido por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Martín Delgado Carrillo, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 11, 12, fracciones IV y V, 15, 16, 59, 72, fracción II, 73, 74, fracciones III y IV y 113, fracción XXII de la Ley General de Educación y 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Por esa razón, recae en su persona la responsabilidad de dar seguimiento y garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo y en los Lineamientos13 , por lo cual los Lineamientos constituyen una acción prioritaria ante una problemática que “marca para siempre a los niños y las niñas”14 .

No basta con presentar Lineamientos si están destinados a no aplicarse; es fundamental que la Secretaría despliegue sus atribuciones para garantizar que la armonización sea una realidad a la brevedad posible.

No podemos permitir que un asunto medular como la protección de niñas, niños y adolescentes, quede en manos de una simple decisión política. Resulta fundamental y urgente que se informe el estado del cumplimiento de la actualización y/o armonización de los Protocolos en escuelas de educación básica, porque no esperamos que se venza el plazo legal establecido y que las autoridades educativas incurran en incumplimiento.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la Secretaría de Educación Pública para que, haga pública toda la información referente a los avances y, en su caso, pendientes en la emisión, actualización y/o armonización del Protocolo para la Prevención primaria, Atención (detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento) y Medidas de no repetición (Prevención secundaria) para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica.

Notas:

1. Rosario Valdez-Santiago, Aremis Villalobos, Luz Arenas-Monreal, Karla Flores-Celis, Luciana Ramos-Lira, “Abuso sexual infantil en México: conductas de riesgo e indicadores de salud mental en adolescentes”, Salud Pública de México, vol. 62, núm. 6 (noviembre-diciembre 2020), p.662. https://doi.org/10.21149/11924 (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025).

2. Fiona Vera-Gray, “Key messages from research on the impacts of child sexual abuse”, Centre of expertise on child sexual abuse, London Metropolitan University, (marzo 2023), pp. 5-7. https://www.csacentre.org.uk/research-resources/key-messages/impacts-of -child-sexual-abuse/ (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025).

3. Ibíd., pp. 5-6.

4. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “Una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los adolescentes. Datos fundamentales”. UNICEF: Nueva York, 2017.
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/1636/file/Publicación%20%7C%20Una%20Situación%20Habitual.pdf (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025).

5. Martín G. Álvarez Gutiérrez y José Guillermo Castillo Koschnick, “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México”. UNICEF: México, 2019.
https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025).

6. Choe, D. E., Lane, J. D., Grabell, A. S., y Olson, S. L., “Developmental precursors of young school- age children’s hostile attribution bias.”, Developmental Psychology, vol. 49, núm. 12 (2013), pp. 2245- 2256. https://doi.org/10.1037/a0032293 (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025).

7. Pinar Celik, “The effectiveness of school-based child sexual abuse prevention programmes among primary school-aged children: A systematic review”, International Journal of Educational Research Open, vol. 7 (diciembre 2024), pp. 1-3. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100348 (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025).

8. Jeanne Gubbels, Claudia E. van der Put, Geert-Jan J. M. Stams, Mark Assink, “Effective Components of School-Based Prevention Programs for Child Abuse: A Meta-Analytic Review”, Clinical Child and Family Psychology Review, vol. 24 (junio 2021), pp. 553-578.

9. Mengyao Lu, Jane Barlow, Franziska Meinck, y Lakshmi Neelakantan, “Unpacking School-Based Child Sexual Abuse Prevention Programs: A Realist Review”, Trauma, Violence & Abuse. Review Journal, vol. 24, núm. 4, (octubre 2023) pp. 2067-2081. https://doi.org/10.1177/15248380221082153 (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025).

10. Ibíd., p. 2072.

11. Jeanne Gubbels, et al. Op. cit., pp. 573-74.

12. Madeline Schneider y Jennifer S. Hirsch, “Comprehensive sexuality education as a primary prevention strategy for sexual violence perpetration”, Trauma, Violence & Abuse. Review Journal, vol. 21, núm. 3, (julio 2020) pp. 439–455. https://doi.org/10.1177/1524838018772855 (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025).

13. Secretaría de Educación Pública, “Comunicado conjunto 18. Presentan Lineamientos para la erradicación de la violencia sexual en escuelas”. Gobierno de México, 27 de mayo de 2025. https://www.gob.mx/sep/prensa/
comunicado-conjunto-18-presentan-las-secretarias-de-educacion-y-de-las-mujeres-lineamientos-para-la-erradicacion-de-la
-violencia-sexual-en-escuelas? (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025).

14. Ibíd.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de octubre de 2025.

Diputada Liliana Ortiz Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y a la Secretaría de Cultura a realizar de manera conjunta las gestiones necesarias ante el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a efecto de solicitar la incorporación de los Castillos Pirotécnicos Mexicanos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, y las y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor las siguientes

Consideraciones

A decir de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)1 “El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional .

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida .

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados” .

En este contexto, hablaremos sobre la pirotecnia, que tiene sus orígenes en el siglo XI en China, país en donde descubrieron materiales no explosivos que, en su conjunto, se producía un polvo negro que generaba chispas, llamas y humo al contacto con el fuego. China es considerada la cuna de la pólvora.

Es ahí en dónde nace la pólvora y la creación de los primeros fuegos artificiales en forma de dragón de manera artesanal con la finalidad de ahuyentar a los malos espíritus en los ritos y cultos religiosos.

Posteriormente, alrededor de los años 1200, llegó la pirotecnia al continente europeo en dónde los utilizan para sus festividades y avanzando en la perfección de los explosivos, dando color a las detonaciones y proporcionando mayor esplendor al espectáculo con luces de colores. Incluso, en Italia y Alemania se instauran dos escuelas dedicadas al estudio de la pirotecnia con grandes descubrimientos.

En este contexto, la pólvora llega a México en la era de la conquista española y, por el año de 1600 se instaura la primera fábrica en los alrededores de Chapultepec, posteriormente, en 1782 se apertura la Real Fábrica de Pólvora de Santa Fe.

En la actualidad, el 66% de la República mexicana fabrica artificios pirotécnicos en 22 estados, siendo el Estado de México el considerado como la capital de la pirotecnia con el 56% de la producción nacional.

En el caso específico que nos atañe, podemos decir que los Castillos Pirotécnicos Mexicanos representan una de las expresiones culturales más singulares y representativas de nuestro país.

Los Castillos de Pirotecnia son una manifestación única del arte y la tradición mexicana, es un espectáculo que ilumina el cielo en las fiestas populares, representan un legado cultural invaluable que se ha transmitido de generación en generación en nuestro país, que atraen y cautivan a los pobladores, visitantes y turistas que tienen el privilegio de presenciar este gran espectáculo.

Las festividades y celebraciones suelen estar acompañadas de un espectáculo de colores que tiñen el cielo nocturno de todo México y se logra gracias a los castillos pirotécnicos y fuegos artificiales.

Son únicas y auténticas esculturas artísticas con dinamismo de fuego y color, construidas artesanalmente con madera, carrizo y artefactos pirotécnicos, que cobran vida en diferentes formas y figuras durante nuestras fiestas patronales, religiosas y cívicas.

Esta tradición combina cultura, tradición, conocimientos y saberes transmitidos de generación en generación, sin duda, se trata de una creatividad técnica, artística y de colaboración con un profundo sentido comunitario.

En casi todas las comunidades el encendido de los castillos pirotécnicos representa, más que una festividad, el corazón de los habitantes, de sus creencias y la vida misma de los usos y costumbres.

Los castillos pirotécnicos son hechos a mano, montados en estructuras de metal o madera, cohetes con luces de colores y edificados generalmente en los atrios de las iglesias con alturas impresionantes de hasta 35 metros, colocándoles figuras de diferentes tamaños.

El gran valor de los Castillos Pirotécnicos se cimienta en las manos de nuestros artesanos y sus familias, en ese colectivo integrado por grandes artistas. Por ello, es necesario extender este reconocimiento a nivel internacional o los artistas y a esta gran tradición mexicana.

Sus dimensiones son extraordinarias y de calidad internacional con múltiples dimensiones:

• Cultural e histórico, al ser parte inseparable de la identidad festiva y religiosa de los pueblos de México desde hace siglos.

• Artesanal, al conservar artes y oficios, técnicas y conocimientos transmitidos por familias de maestros castilleros de generación en generación.

• Social y comunitario, al fortalecer los lazos colectivos y la participación ciudadana en torno a las celebraciones.

• Único en el mundo, pues México se distingue por la magnitud, complejidad y belleza de estas estructuras, que no tienen paralelo en otras culturas.

Estas grandes obras de arte y creatividad se observan en las conmemoraciones tradicionales, fiestas patronales, días festivos, entre otras celebraciones importantes a lo largo y ancho de todo el país.

Cabe mencionar que, en 2016, el diputado David Sánchez Isidoro presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE y a la Secretaría de Cultura, a fin de proponer ante la UNESCO, el incorporar a la pirotecnia en el listado de expresiones de patrimonio cultural inmaterial. Aprobada con fecha 29 de noviembre de 2016 y publicada en Gaceta del mismo 29 de noviembre de 20162 .

En el texto destaca lo siguiente: “Actualmente, los piro-musicales son espectáculos de enorme impacto que involucran pirotecnia aérea y otros elementos visuales (fuentes, fuego, agua, luces, láser etcétera) que son controlados electrónicamente y sincronizados al compás de música de fondo, logrando una atmósfera perfecta, especial, única e irrepetible ”.

Por todo lo expresado en el documento, estamos convencidos de que la inscripción de los Castillos Pirotécnicos como Patrimonio Cultural Inmaterial no solo dará visibilidad, trascendencia y prestigio internacional a esta tradición, sino que también permitirá fortalecer acciones de salvaguardia, transmisión generacional y seguridad, garantizando la continuidad de esta gran costumbre, sus creadores y su descendencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Cultura para que, realicen de manera conjunta las gestiones necesarias ante el Comité Intergubernamental para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a efecto de solicitar la incorporación de los Castillos Pirotécnicos Mexicanos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Notas:

1. https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003

2. https://sitllxiii.diputados.gob.mx/proposiciones_por_pernplxiii.php?idd ipt=131&pert=7

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2025.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)


Efemérides

Con motivo de los 201 años de la toma de protesta del general Guadalupe Victoria como presidente de México el 10 de octubre de 1824 e inicio de la República, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

“La Independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida” palabras pronunciadas en su toma de protesta como presidente de México del General Guadalupe Victoria el 10 de octubre de 1824.

Cuando se goza de un sistema de libertad real y práctica, cuando reina la igualdad ante la ley y cuando están garantizados los sagrados derechos que pertenecen a la numerosa familia del género humano, los grandes intereses del Gobierno y del pueblo están identificados y juntos conspiran por el bien común y la prosperidad general.

Me declaro admiradora de personajes de ideales liberales, los que han puesto el honor de México por encima de sus intereses personales.

Estoy convencida de que uno de estos seres señeros, lo fue el General Guadalupe Victoria, originario de mi Estado, Durango.

Por este motivo decidí presentar esta efeméride para continuar evocando la importancia de un personaje cuyas acciones forjaron los cimientos del México de hoy.

El 10 de octubre de 1824, se inició una nueva etapa en la historia nacional. El general Guadalupe Victoria asumió la presidencia y con este hecho, la joven nación independiente comenzaba una nueva etapa en la formación del Estado.

Pero este periodo no sólo se caracterizaba por al arribo de la figura presidencial, sino porque días antes, el 4 de octubre, había sido promulgada la Constitución de 1824, hecho que marcaría un cambio trascendente a nivel institucional.

José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, nació el 29 de septiembre de 1786 en la Villa de Tamazula, provincia de Nueva Galicia, hoy Durango, falleciendo en Perote, Veracruz, el 21 de marzo de 1843, pasa con cierta indiferencia ya que se ve opacada por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

El General Guadalupe Victoria es más recordado como el primer presidente del México Independiente (octubre de 1824 - marzo de 1829) que por su actuación pública y su brillante y muy heroica actuación en la lucha insurgente.

Su participación en la guerra de Independencia, convierten a José Miguel en un caudillo valeroso y en un elemento valioso para la causa, lo que pronto le valió el reconocimiento de sus superiores.

Al ser ascendido a coronel, adopta el nombre de Guadalupe Victoria: el primero, en nombre de la virgen Guadalupe que sirvió de estandarte a los independentistas y el segundo nombre: Victoria, como muestra del desmedido anhelo de triunfo.

Ya como teniente general, su excelente organización militar le permite tomar el mando y ganarse el respeto, no solo de su ejército sino también de los realistas, quienes le consideraban un líder peligroso.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, declaraba en su artículo cuarto que la forma de gobierno sería: una república representativa, popular y federal.

Los candidatos con mayor representatividad popular eran Don Guadalupe Victoria y Don Nicolás Bravo. El 10 de octubre de 1824, el General Guadalupe Victoria asumió el cargo de mayor responsabilidad en la joven nación. Al tomar posesión de la presidencia, en su discurso aludió a las dificultades que enfrentaría su gobierno, pero con la firme convicción de consolidar la independencia y la libertad.

Mediante decreto del 8 de abril de 1843, el gobierno mexicano, cuyo presidente era Antonio López de Santa Anna, decidió inscribir con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados, el nombre de “Guadalupe Victoria”, y el 25 de agosto de 1843 el ilustre duranguense fue declarado “Benemérito de la Patria”, esto en reconocimiento a sus servicios a la causa de la independencia.

La historia es una herramienta para conocer la vida de los seres humanos, así como la pluralidad de hechos y símbolos que mujeres y hombres forjaron la identidad nacional. Hay que aprender de los pasajes de la historia y recordar que las adversidades que se nos han presentado como nación, no pueden ser más grandes que las superadas por el General Guadalupe Victoria en la época que le tocó vivir.

Son pocos, verdaderamente pocos, los momentos históricos a los que se tiene la fortuna de asistir o atestiguar. Me siento agraciada, ya que formo parte de una legislatura que decidirá el rumbo de México en los próximos años, pero igualmente por ser parte de una generación que le tocó conmemorar los 201 años de la toma de protesta del General Guadalupe Victoria como primer presidente de México.

Hoy, tal como lo vislumbró Guadalupe Victoria, somos un país de instituciones en donde diariamente construimos ciudadanía, con mujeres y hombres que ejercen sus libertades y derechos.

Somos una sociedad que cree en la equidad, en la justicia y en la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Hoy tal y como lo deseó el Primer Presidente de la Nación, México es un país libre e independiente y una República dueña de su propio destino.

El General Guadalupe Victoria, primer presidente de México y símbolo intachable de instituciones republicanas. Los duranguenses honraremos siempre su gloriosa memoria y hacemos fervientes votos porque los mexicanos sigamos su ejemplo, “cuando la patria lo necesite, lanzar la espada en prenda e ir por ella”.

Es cuanto

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2025.

Diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado (rúbrica)


Inklusion
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