Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6743-III-2, miércoles 19 de marzo de 2025
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a transparentar entregando en tiempo y forma su informe público anual sobre los avances y resultados de sus gestiones, e implementar estrategias claras y efectivas que permitan reducir los tiempos de resolución, a cargo de la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas y a la Fiscalía General de la República, a transparentar entregando en tiempo y forma su informe público anual sobre los avances y resultados de sus gestiones, así como, a implementar estrategias claras y efectivas que permitan reducir los tiempos de resolución.
Consideraciones
Las fiscalías tienen un papel esencial en la garantía del acceso a la justicia, la seguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho; debido a que, su labor principal consiste en investigar delitos, reunir pruebas y presentar a los responsables ante los tribunales, contribuyendo así a la reducción de la impunidad.
Además, de la protección de los derechos de las víctimas, asegurando que reciban acompañamiento, asesoría y seguimiento durante todo el proceso legal.
Ahora bien, la Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 11 establece que la Fiscalía General estará integrada por Fiscalías Especializadas. Por su parte, el artículo 12 de la misma ley nos establece que las personas titulares de dichas Fiscalías tendrán diversas facultades, por ejemplo, en su fracción VI que a la letra dice: “Presentar un informe público anual sobre los avances y resultados de su gestión, dichos informes deben ser añadidos al informe que la persona titular de la Fiscalía General de la República presentará ante el Congreso;” y en su artículo 20 fracción III también hace referencia a los informes de actividades anuales que por parte del titular de la Fiscalía deberán ser presentados.
Sin embargo, en México, la ineficacia de las fiscalías ha socavado este derecho fundamental. La falta de resultados en la resolución de casos, el rezago en la atención de denuncias y la impunidad resultante han debilitado la credibilidad de estas instituciones, dejando en el abandono a miles de víctimas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 93.2 por ciento de los delitos en el país no se denuncian o no derivan en una investigación efectiva, lo que evidencia una profunda crisis en la procuración de justicia.1 Entre las principales causas de este rezago se encuentran la falta de personal capacitado, la burocracia excesiva y la corrupción dentro de las propias instituciones.
Como consecuencia, muchos casos quedan estancados debido a la ineficiencia en la recolección de pruebas, la demora en los peritajes y la falta de seguimiento a las investigaciones. Esto ha generado un círculo vicioso en el que los delincuentes continúan operando sin temor a ser castigados, mientras que las víctimas enfrentan múltiples obstáculos para acceder a la justicia.
Con lo anterior, queda clara la percepción de la ciudadanía sobre la ineficacia de las fiscalías, siendo una situación alarmante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), la mayoría de las víctimas optan por no denunciar, ya sea por miedo a represalias o porque consideran que la autoridad no actuará.2 Este fenómeno, conocido como “cifra negra”, refleja la falta de confianza en el sistema de justicia y perpetúa la impunidad en el país.
Además, la corrupción dentro de las fiscalías es un factor clave en la falta de resultados. Casos en los que los expedientes desaparecen, las pruebas se manipulan o los agentes del Ministerio Público se ven involucrados en actos de colusión con criminales han debilitado la credibilidad de estas instituciones. Mientras no existan mecanismos efectivos de supervisión y sanción, la corrupción seguirá minando la eficiencia de las fiscalías.
La crisis en las fiscalías no solo afecta a las víctimas de delitos, sino que pone en riesgo la estabilidad y el desarrollo del país. La falta de resolución de casos, la corrupción y la desconfianza ciudadana han generado un sistema de justicia que no cumple con su función primordial: garantizar el Estado de derecho.
Tomar cartas en este asunto es de suma urgencia, las fiscalías deben implementar medidas concretas para mejorar su desempeño, garantizar resultados efectivos y restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. La justicia no puede seguir siendo una promesa incumplida ni una deuda pendiente con las víctimas directas e indirectas. Nuestra Constitución, en su artículo 17, es clara al respecto: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.”3
El incumplimiento de este principio fundamental no solo vulnera el derecho de las víctimas, sino que debilita la estructura misma del Estado de derecho. La impunidad no puede seguir siendo la norma; es momento de exigir una transformación profunda en la procuración de justicia en México, una fiscalía eficiente no solo esclarece delitos, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y promueve una sociedad más justa.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno, la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único . - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas y a la Fiscalía General de la República, a transparentar entregando en tiempo y forma su informe público anual sobre los avances y resultados de sus gestiones, así como, a implementar estrategias claras y efectivas que permitan reducir los tiempos de resolución.
Notas:
1 (S/f). Edu.mx. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de https://revista.ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2024/12/Estudios-de-la-Se guridad-Ciudadana-Vol-10-2024.pdf
2 (S/f-b). Org.mx. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENVIPE/ENVIPE_24.pdf
3 de la Federación el, C. P. en el D. O. (s/f). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Gob.mx. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2025.
Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)
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