Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6743-III-1, miércoles 19 de marzo de 2025

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Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a los poderes públicos y a los órganos constitucionales autónomos a implementar acciones afirmativas para incluir a profesionistas indígenas en la titularidad de las dependencias, órganos u entidades cuya atribución sea conocer y atender asuntos sobre los derechos o intereses de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu, en coordinación con el gobierno de Baja California, a realizar estudios de riesgo y gestión integral para las viviendas ubicadas en las orillas del arroyo La Munguía, en Ensenada, y a considerar su reubicación mediante los programas de vivienda social, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, a través de la Conapesca, a instalar una oficina regional en el estado de Yucatán, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Juventud a implementar un mecanismo de reconocimiento a las y los jóvenes que laboran en el Poder Legislativo, ya sea como legisladoras y legisladores, asesoras y asesores o personal administrativo, a fin de motivarlos a seguir contribuyendo al cambio, la transformación y el progreso del país, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

Efemérides

Con motivo del 19 de marzo, Día del Artesano, a cargo del diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morena

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a los poderes públicos y a los órganos constitucionales autónomos a implementar acciones afirmativas para incluir a profesionistas indígenas en la titularidad de las dependencias, órganos u entidades cuya atribución sea conocer y atender asuntos sobre los derechos o intereses de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alfredo Vázquez Vázquez, diputado en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Introducción

En nuestro país existe un entramado normativo de carácter convencional y constitucional que obliga al Estado mexicano a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y en su caso, a la instrumentalización de medidas necesarias (acciones afirmativas) con el objeto de cerrar las brechas de desigualdad. Esta situación se acentúa cuando se trata de mujeres y hombres que pertenecen a un pueblo o comunidad indígena,1 por las condiciones y las limitaciones que presentan para acceder y gozar de sus derechos y servicios básicos para su desarrollo con pertinencia cultural.

La subrepresentación de los pueblos y comunidades indígenas es un fenómeno que ocurre en los ámbitos de la vida pública, de manera particular, en los niveles superiores y jerárquicos de la administración pública federal, en los órganos constitucionales autónomos (INE, CNDH), en los sectores administrativos y otras entidades públicas. Las instituciones del Estado mexicano siguen tomando decisiones por y para los pueblos indígenas, lo que se traduce en una forma de neocolonialismo en pleno Siglo XXI al no permitir la presencia y la participación de los pueblos indígenas en la toma de las decisiones que atañen con sus derechos o intereses.

La ínfima presencia de las y los profesionistas indígenas en los sectores mencionados es una realidad que no debe pasarse por alto, pese a que en la actualidad contamos con una gran población indígena a nivel nacional, y en consecuencia, muchos profesionistas indígenas que ejercen en diferentes áreas del sector público, pero que no son tomados en cuenta para presidir la titularidad de las dependencias de la administración pública, de los órganos autónomos o de cualquier otros espacio de toma de decisiones. Esta falta de oportunidades es multifactorial, desde el racismo y la discriminación, hasta la ausencia de una perspectiva intercultural y de derechos humanos en todos los niveles de la vida pública del Estado mexicano.

En ese sentido, a raíz de la reforma constitucional de septiembre de 2024 que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, ello implica establecer una nueva relación con el Estado mexicano y formar parte activa en el diseño, implementación y evaluación de la política pública con perspectiva intercultural, por lo que las instituciones deben adecuarse a la realidad sociocultural y generar un proceso de diálogo con las culturas, sin asimetrías de poder y de respeto mutuo.

2. El derecho de acceso a las funciones públicas por parte de las profesionistas indígenas en la integración de los poderes públicos y órganos constitucionales autónomos.

La demanda de los pueblos y comunidades indígenas a fin de ser consideradas para integrar y presidir las dependencias o espacios de toma de decisiones en la administración pública federal, en los órganos constitucionales autónomos y en otros poderes resulta legítima y es parte de la deuda histórica que tienen el Estado mexicano con ellos, además, es en ejercicio del derecho de acceso a las funciones públicas que tienen las personas indígenas, cuyo fundamento convencional se encuentra en los artículos 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y;2 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.3

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas y que las condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación.4

En este sentido, para lograr un nuevo diseño institucional y una gobernanza entre los pueblos y comunidades indígenas y el Estado mexicano, es indispensable la inclusión de los profesionistas indígenas en la estructura de los poderes públicos y órganos constitucionales autónomos, con miras a alcanzar el empoderamiento político y la igualdad sustantiva entre las y los indígenas frente al grueso de la población.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a los poderes públicos y a los órganos constitucionales autónomos para que, en el ámbito de sus atribuciones legales, implementen acciones afirmativas para incluir a profesionistas indígenas en la titularidad de las dependencias, órganos y entidades cuya atribución sea conocer y atender asuntos sobre los derechos o intereses de los pueblos y comunidades indígenas.

Notas:

1 Con base en los resultados del Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, se estimó que, de acuerdo con su cultura, 23.2 millones de personas de tres años y más se autoidentificaron como indígenas. De estas, 51.4 % (11.9 millones) fueron mujeres y 48.6 % (11.3 millones), hombres. De los 23.2 millones de personas que se autoidentificaron como indígenas, 7.1 millones (30.8 %) hablaban alguna lengua indígena y 16.1 millones (69.2 %), no. Información disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7519 (08/07/2025).

2 “Artículo 25...c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

3 “ARTÍCULO 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: ...c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

4 Caso Yatama vs Nicaragua, sentencia de 23 de junio de 2005, parr. 200. Disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf (Fecha de consulta: 02/07/2024).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2025.

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu, en coordinación con el gobierno de Baja California, a realizar estudios de riesgo y gestión integral para las viviendas ubicadas en las orillas del arroyo La Munguía, en Ensenada, y a considerar su reubicación mediante los programas de vivienda social, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Fernando Jorge Castro Trenti, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con el gobierno de Baja California, a realizar estudios de riesgo y gestión integral para las viviendas ubicadas en las orillas del arroyo “La Munguía”, en Ensenada y a considerar su reubicación mediante los programas de vivienda social de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

I. El municipio de Ensenada es uno de los siete municipios que conforman el estado de Baja California. Su cabecera municipal es Ensenada, es ampliamente reconocido por la variedad de flora, fauna y climas, siendo una de las regiones más biodiversas de México, además cuenta con distintos institutos de investigación científica del país.

II. Durante los 70 años, la población en México ha crecido poco más de cuatro veces. En 1950 había 25.8 millones de personas; en 2020 la población fue de 126 millones de personas.1 De 2010 a 2020, la población se incrementó en 14 millones de habitantes.

III. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la población de Ensenada es de 443,807 habitantes.2

IV. El rápido crecimiento de la urbanización en el país ha provocado que más del 30 por ciento de la población urbana de las regiones en desarrollo viva en asentamientos informales o barrios marginales, caracterizados por viviendas inadecuadas, falta de servicios básicos como agua potable y saneamiento, y tenencia insegura. Las condiciones de los barrios marginales exacerban la pobreza, perpetúan la desigualdad y socavan la salud y la seguridad públicas.

V. Con el crecimiento urbano, las zonas urbanas se encuentran particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático como fenómenos meteorológicos extremos y olas de calor.

VI. Las inundaciones son los desastres con mayores efectos a nivel mundial. Desde el año 2000, más de 250 millones de personas en el mundo se han visto afectadas.# Algunos han puesto su mirada en los patrones de precipitación anual para explicar por qué parece aumentar cada año, sin encontrar una explicación satisfactoria.

VII. En México, la problemática de inundaciones en varias ciudades es recurrente, sobre todo por la carencia de programas y acciones que permitan mitigar esta problemática. De acuerdo con Emmanuel Zúñiga, investigador adscrito al Instituto de Geografía de la UNAM, en México, más del 65 por ciento de los municipios han sido afectados al menos por un evento de inundación en los últimos 20 años.4

VIII. Ensenada, Baja California registró una gran inundación en 1978,5 la lluvia comenzó el 1 de marzo y se extendió hasta el 4 de marzo, lo que provocó que la presa Emilio López Zamora casi se desbordara; todos los arroyos llenaron de agua y se desbordaron, la ciudad no estaba preparada para soportar una lluvia de esa magnitud. Ensenada no tenía pluviales, muchos de sus arroyos habían sido rellenados con material para construir sobre ellos y cientos de familias habían invadido los cauces para construir casas.

Lo peor parte de esa inundación se registró en la zona del Arroyo la Munguía, quitando la oportunidad de las personas que lo invadían salir de sus viviendas, llevándose todo a su paso, casas, coches y personas.6

IX. Por más de cinco décadas el Arroyo la Munguía ha presentado invasiones lo que ha ocasionado diversas modificaciones en su cauce, en 2007 la Comisión Nacional del Agua en Ensenada reportó que los arroyos Bronce y Munguía son los más afectados por invasiones.7

X. Por la zona de la Munguía corren 6 grandes arroyos, el arroyo que viene del Aguajito, el arroyo que viene de Piedras Gordas, los arroyos que vienen de la Picosita Uno y Picosita Dos, el arroyo de la 89 y el arroyo que viene desde los cañones de la Sierra de Juárez; actualmente los 6 arroyos se encuentran invadidos, llenos de basura y maleza.8

Arroyo la Munguía

XI. Actualmente el arroyo la Munguía se encuentra invadido, hay pocos trabajos de limpieza y nula actividad de desazolve,9 si no se realizan acciones conjuntas e inmediatas para tratar de mitigar los graves problemas medio ambientales que se encuentran presentes, si existe una lluvia tan compleja como la suscitada en 1978, ocurrirá una tragedia.

Se anexan las siguientes imágenes.

XII. Con los efectos de la urbanización se evidencian las profundas desigualdades sociales. Los grupos marginados, incluidos mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores enfrentan de manera desproporcionada barreras para la educación, el empleo, atención médica y sobre todo vivienda. El tejido social de las ciudades llega a padecer mayor tensión a causa de la exclusión.

XIII. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha impulsado el Programa de Vivienda Social, con el objetivo de reducir la carencia de una vivienda adecuada de la población en situación de vulnerabilidad por riesgo, por ingreso o por condiciones sociodemográficas.

XIV. En 2023, el Programa de Vivienda Social benefició a 6,805 mujeres; 4,428 hombres; 2,595 adultos mayores; 264 personas con discapacidad; logrando 3,052 reubicaciones de vivienda,10 tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

XV. En 2024, el Programa de Vivienda Social benefició a 47,182 mujeres; 29,627 hombres; 20,032 adultos mayores; 2,599 personas con discapacidad, logrando 3,260 reubicaciones de vivienda.11

La información se anexa en el siguiente gráfico.

XVI. De acuerdo con información de beneficiarios del Programa de Vivienda Social, Baja California ha podido constatar los beneficios que se han generado por la reubicación de sus hogares, 2022 fue el año con más reubicaciones de vivienda al llegar a 389, cerrando el sexenio con 44 reubicaciones.12 Se anexa la siguiente gráfica para mayor comprensión.

XVII. De acuerdo con la última publicación de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social, la «Reubicación de Vivienda» corresponde a los apoyos que se otorgan para reubicar a una familia que habita en una vivienda que, de acuerdo con una opinión técnica, dictamen de riesgos o documento similar emitido por la autoridad competente, determina que se localiza en situación de riesgo y no es procedente su mitigación. Asimismo, por lo que respecta a las «Líneas de Apoyo de Intervención a la Vivienda: e) Edificación de Conjunto Habitacional para reubicación», en caso de que un conjunto de hogares habite en zona de riesgo, como parte integral de la construcción de vivienda en conjunto habitacional, la Comisión podrá otorgar subsidio para los trabajos de construcción de vivienda nueva, aplicando para esta Línea, los esquemas Subsidio 100 por ciento Conavi y cofinanciamiento sin crédito.

XVIII. Conforme a la publicación anual de los «Lineamientos para el Proyecto Institucional de Relocalización de personas para atención a proyectos o estrategias prioritarias del gobierno federal y/o población asentada en situación de riesgo», de manera enunciativa, más no limitativa, los representantes de asociaciones civiles, entidades del gobierno federal (dígase la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), así como las entidades estatales, municipales, Entidades Ejecutoras, Organismos Ejecutores de Obra, Secretaría del Bienestar mediante la Coordinación General de Programas para el Desarrollo (CGPD) y la misma Comisión Nacional de Vivienda, son algunos de los responsables de proponer la demanda para solicitar, al Comité de Financiamiento y/o la Junta de Gobierno de la Conavi, el otorgamiento de los subsidios correspondientes, con la finalidad de dar celeridad a la atención de personas que se encuentren en situación de riesgo, siempre en favor de las personas beneficiarias del programa. Por lo que dicho programa figura como la opción indicada para los cientos de familias que se encuentran habitando las orillas del Arroyo de la Munguía.

XIX. Para el Ejercicio Fiscal 2025, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ejercerá para el Programa de Vivienda Social 32 mil millones de pesos, un 535 por ciento respecto de lo aprobado en 2024.13

Dentro de las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra el Programa de Vivienda y Regularización, que tiene como objetivo apoyar particularmente a poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores a través de otorgarles una vivienda adecuada.

XX. Dentro de país existen muchas personas en situación de vulnerabilidad, por lo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano debe considerar la situación de riego que padecen las familias de escasos recursos que habitan las orillas del Arroyo la Munguía para ser beneficiados con el Programa de Vivienda Social, y en su caso, implementar la reubicación de las viviendas, para disminuir la situación de riesgo que representa el vivir cerca del cauce de un arroyo.

XXI. El artículo 41, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece como atribución de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano participar en la elaboración de métodos e instrumentos para identificar zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales, para su prevención y mitigación. En este Sentido el artículo 22 del Reglamento Interior de dicha dependencia publicado el 17 de enero de 2025 faculta a la Dirección General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Cambio Climático, entre ellas a promover, coordinar y realizar programas de capacitación y asistencia técnica para la elaboración de estudios en materia de gestión integral de riesgos, con las instancias competentes de los 3 órdenes de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. - La honorable Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que, en coordinación con el gobierno del estado de Baja California y en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo los estudios técnicos y las acciones necesarias en materia de gestión integral de riesgos en las viviendas localizadas en las orillas del “Arroyo la Munguia” en el municipio de Ensenada con la finalidad de prevenir riesgos de desastres y atender a las familias de escasos recursos que habitan en dicha zona.

Segundo. - La honorable Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión Nacional de Vivienda para que, en el marco de los apoyos del Programa de Vivienda Social del gobierno federal, se considere la reubicación de las familias que habitan en las viviendas localizadas a las orillas del “Arroyo la Munguia” en el municipio de Ensenada, con la finalidad de dotar a dichas familias de escasos recursos de una vivienda adecuada.

Tercero. - La honorable Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, al gobierno del estado de Baja California para que, en el marco de los apoyos del Programa Estatal de Vivienda, se considere la reubicación de las familias que habitan en las viviendas localizadas a las orillas del “Arroyo la Munguia” en el municipio de Ensenada, con la finalidad de dotar a dichas familias de escasos recursos de una vivienda adecuada.

Notas:

1 Disponible en https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx#:~:text=Durante%20los%20
%C3%BAltimos%2070%20a%C3%B1os,en%2014%20millones%20de%20habitantes.

2 Disponible https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ensenada-99201#:~:text=En%202020
%2C%20la%20poblaci%C3%B3n%20en,Ensenada%20decreci%C3%B3%20un%20%2D4.93%25.

3 Elisa Domínguez Álvarez Icaza, Ciencia UNAM-DGDC. Disponible en https://unamglobal.unam.mx/global_revista/que-hay-detras-de-las-inundac iones-en-aumento/

4 Ídem

5 Disponible en https://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=33554

6 Ídem

7 Disponible en https://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=10149&

8 Disponible en ARROYO LA MUNGUIA, UNA BOMBA DE TIEMPO!! DI LO ASI... Derecha La Flecha | By Derecha La Flecha | Facebook

9 Disponible en Recorrido por el arroyo de La Munguia | Realizamos un recorrido con el químico César Mancillas por la zona del arroyo de La Munguia y realmente es sorprendente además de alarmante la situación... | By El Zoom de la Información | Facebook

10 Disponible en https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/pvs.aspx

11 Ídem

12 Ídem

13 Disponible en https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/GYPPF25Q/PPEF2025/lurbgnma /docs/15/r15_ppcer.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2025.

Diputado Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, a través de la Conapesca, a instalar una oficina regional en el estado de Yucatán, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Jorge Luis Sánchez Reyes, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la instalación de una oficina regional en el Puerto de Progreso, Yucatán, con finalidad de una mejor y más eficiente administración a favor de los pescadores, a tenor de las siguientes:

Considerando

Que la actividad pesquera y acuícola consiste en dos procesos fundamentales: la captura y a la cría de especies acuáticas, tales como peces, crustáceos, moluscos y otros organismos que habitan tanto en aguas saladas como dulces, con el fin de ser utilizados para el consumo humano. Estos recursos son aprovechados sin necesidad de ser transformados industrialmente, lo que implica un enfoque directo de obtención de alimentos y otros productos naturales provenientes de los ecosistemas acuáticos.

Que la pesca, por un lado, se desarrolla en cuerpos de agua naturales como mares, ríos, lagos y lagunas, y se realiza a través de técnicas que permiten capturar estas especies de manera sostenible, aunque esta actividad puede variar en cuanto a su impacto ambiental dependiendo de las prácticas empleadas. Por otro lado, la acuicultura implica la cría de especies acuáticas en ambientes controlados como estanques, piscinas o jaulas flotantes, ubicadas principalmente en zonas interiores alejadas del mar.

Que ambas actividades no solo cumplen una función crucial al proporcionar alimentos a millones de personas, sino que también representan una importante fuente de empleo y generación de ingresos, especialmente en regiones costeras o rurales. Además, la pesca y la acuicultura tienen un impacto significativo en la economía de muchas comunidades, pues en algunos casos son actividades clave para la subsistencia y la estabilidad financiera de las familias que dependen directamente de ellas.

Que la producción de la pesca y acuacultura en el País de suma importancia, ya que, durante el 2023, México produjo más de 1 millón 900 mil toneladas de especies pesqueras y acuícolas, que representaron más de 42 mil 100 millones de pesos, de acuerdo al registro preliminar de producción y valor económico de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), informó Octavio Almada Palafox.1

Que la Península Yucateca es una de las principales productoras de pesca y acuacultura. En el año 2023 tuvo una producción de 98 mil 310 toneladas de productos pesqueros. De esa cifra, Yucatán aportó el 47.6 por ciento. Esta actividad genera 15 mil empleos directos y al menos 2 mil indirectos.2

Que el estado de Yucatán cuenta con una vasta riqueza en ambas actividades, que es fundamental para la economía y la seguridad alimentaria de la región, por lo que resulta imprescindible contar con una infraestructura que permita una mayor eficiencia en la gestión de los recursos pesqueros y acuícolas.

Que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), es la autoridad encargada de regular las actividades pesqueras en nuestro país, incluyendo la determinación de las temporadas de veda y el otorgamiento de permisos para las actividades acuícolas y pesqueras.

Que el problema radica en que las temporadas de veda suelen ser establecidas de manera general, sin considerar las particularidades regionales de cada área, como los períodos específicos en los que las especies habitan en cada región, así como las condiciones climáticas y ecológicas propias de cada zona. En este contexto, resulta esencial contar con una oficina regional de pesca en Yucatán, que pueda gestionar de manera más precisa y adaptada a las características locales, garantizando una regulación más eficaz y sustentable de los recursos pesqueros en la región.

Que actualmente, los trámites y gestiones relacionadas con permisos y autorizaciones pesqueras en Yucatán se realizan de manera centralizada en oficinas ubicadas en el estado de Sinaloa, lo que genera retrasos y dificultades tanto para los pescadores como para los acuicultores locales, además de limitar un control adecuado sobre las actividades en la región.

Que contar con una oficina regional de pesca permitiría optimizar los tiempos de trámite, facilitando una administración pública más eficaz y eficiente que coordine todas las actividades relacionadas con la pesca en la región. De esta manera, ya no sería necesario desplazarse hasta la oficina central de Conapesca en Sinaloa para realizar todos los procedimientos, lo cual representa un ahorro significativo de tiempo y recursos. Es crucial tener una oficina regional en Yucatán, ya que esto permitiría una gestión más cercana y adaptada a las necesidades específicas de la región, mejorando así la atención y el cumplimiento de las regulaciones de manera más oportuna y efectiva. Por otra parte, eficientaría el proceso de expedición, renovación, altas y cancelación de permisos o concesiones para dichas actividades. Además, se podrían expedir las actas en las que se instruye a los inspectores a realizar sus labores, así mismo se podría monitorear satelitalmente a las embarcaciones que navegan en el Golfo y Caribe.

Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece los Titulares de las secretarías de Estado podrán establecer el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, y que podrán adscribir unidades administrativas a las Subsecretarías y otras unidades de nivel administrativo equivalente, según lo estipulado en el reglamento interior de cada Secretaría.

Que el artículo 2 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, establecen que el Secretario, podrá fijar y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a cargo de la misma. La Ley establece que CONAPESCA tiene la atribución de la de regular, fomentar y administrar los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional; la de proponer, formular, coordinar y ejecutar la política nacional de pesca y acuacultura sustentable, así como los planes y programas que de ella se deriva.

Que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece que las atribuciones en materia de pesca y acuacultura otorgadas a la Federación serán ejercidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, específicamente en su área de pesca. Esta Secretaría tiene la responsabilidad de regular, fomentar y administrar los recursos pesqueros y acuícolas en todo el territorio nacional, así como de proponer, formular, coordinar y ejecutar la política nacional de pesca y acuacultura sustentable, junto con los planes y programas derivados de dicha política.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), que se instale una oficina regional en el estado de Yucatán, con el objetivo de coordinar y gestionar directamente los trámites relacionados con la temporada de veda correspondiente a la zona, así como los permisos y autorizaciones necesarias para las actividades pesqueras y acuícolas en la región.

Segundo. Que esta oficina regional permita un mejor control sobre las actividades pesqueras y acuícolas en Yucatán, adaptando las normativas federales a las características y necesidades específicas de la región, con el fin de promover el uso sustentable de los recursos y garantizar el bienestar de las comunidades locales.

Tercero. Que la instalación de esta oficina facilite la gestión eficiente de permisos, evitando los desplazamientos innecesarios a otras regiones del país, y promoviendo el desarrollo económico y la seguridad jurídica de los pescadores y acuicultores yucatecos.

Cuarto. Que esta solicitud sea atendida con la mayor celeridad, tomando en cuenta los beneficios que aportaría a la sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas de Yucatán, así como al fortalecimiento de la economía regional.

Notas:

1 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 17/01/2024. https://www.gob.mx/conapesca/prensa/
produce-mexico-mas-de-1-millon-900-mil-toneladas-de-especies-pesqueras-y-acuicolas-en-2023?idiom=es#:~:text
=Durante%20el%202023%2C%20M%C3%A9xico%20produjo,)%2C%20inform%C3%B3%20Octavio%20Almada%20Palafox.

2 https://www.gob.mx/agricultura/yucatan/articulos/pescadores-heroes-de-l a-alimentacion-9-de-septiembre

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo de 2025.

Diputado Jorge Luis Sánchez Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Jorge Luis Sánchez Reyes, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal, expedir del Manuel de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece los principios, criterios y normas que rigen el aprovechamiento, conservación y administración de los recursos pesqueros y acuícolas en México. Sin embargo, a pesar de su promulgación, la falta de un reglamento específico ha generado incertidumbre en la aplicación de la ley, afectando tanto a los productores como a las comunidades que dependen directamente e indirectamente de esta actividad económica.

Que el reglamento que actualmente se encuentra en vigor es el Reglamento de la Ley de Pesca, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de Julio de 1999.1 Sin embargo, el 24 de julio de 2007 se expidió una nueva ley, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007,2 cuyo texto sigue vigente. Por lo tanto, el reglamento de 1999 ya no es aplicable a la legislación actual, lo que genera contradicciones normativas y vacíos legales que dificultan la correcta implementación de políticas públicas en materia de pesca y acuacultura sustentables.

Que la falta de actualización del reglamento ha provocado problemas en la gestión de permisos, la regulación de buenas prácticas pesqueras y la supervisión de medidas de conservación ambiental.

Que su expedición es esencial para garantizar la correcta implementación de la ley, dotando de certeza jurídica a los actores involucrados y asegurando el cumplimiento de sus disposiciones en beneficio de la sustentabilidad del sector.

Que el sector pesquero y acuícola en México es fundamental para la seguridad alimentaria, la generación de empleos y el desarrollo económico en diversas regiones costeras y rurales. En este sentido, la modernización del marco normativo es clave para enfrentar desafíos actuales como el cambio climático, la sobreexplotación de especies, la competencia desleal y la incorporación de nuevas tecnologías en la producción.

Que asimismo, la emisión del reglamento permitirá la armonización de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con otras disposiciones legales en materia ambiental, económica y de desarrollo social, asegurando coherencia en la aplicación de políticas públicas y fortaleciendo la gobernanza en la materia.

Que por lo anterior, resulta urgente que el Poder Ejecutivo federal, a través de las instancias competentes, acelere la emisión del reglamento para dotar al sector pesquero y acuícola de un marco jurídico sólido, actualizado y acorde con las necesidades de los productores y comunidades que dependen de esta actividad.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la titular del Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la intención actualizar el reglamento de acuerdo a la legislación actual.

Segundo. Se solicita que el reglamento expedido incorpore un enfoque de sustentabilidad y desarrollo integral del sector pesquero, garantizando la participación de los actores involucrados en su diseño y aplicación.

Notas:

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4714424&fecha=07/01/ 1988#gsc.tab=0

2 https://www.gob.mx/conapesca/documentos/ley-general-de-pesca-y-acuacult ura-sustentables

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo de 2025.

Diputado Jorge Luis Sánchez Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Juventud a implementar un mecanismo de reconocimiento a las y los jóvenes que laboran en el Poder Legislativo, ya sea como legisladoras y legisladores, asesoras y asesores o personal administrativo, a fin de motivarlos a seguir contribuyendo al cambio, la transformación y el progreso del país, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, María Teresa Ealy Díaz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6º, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero . Importancia de la juventud en el ámbito legislativo.

México es un país con una población joven significativa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de 2024, había 31 millones de personas jóvenes que tenían entre 15 y 29 años, un sector que representa el presente y el futuro de la nación. En este contexto, los jóvenes que trabajan en la Cámara de Diputados, ya sea como legisladores, asesores o personal administrativo, desempeñan un papel crucial en la vida política y legislativa del país.

Estos jóvenes no solo contribuyen con su energía, creatividad y conocimiento en los procesos parlamentarios, sino que también representan una generación que busca cambios y transformaciones en la política pública. Muchos de ellos cuentan con formación académica destacada y con experiencia en diversas áreas del derecho, la economía, las ciencias políticas y la administración pública, lo que enriquece el trabajo legislativo y fortalece la toma de decisiones.

A pesar de su valiosa aportación, no existe un mecanismo formal dentro de la Cámara de Diputados que reconozca su esfuerzo y dedicación. Este vacío debe subsanarse con el fin de incentivar su participación y permanencia en la vida política del país, promoviendo así la profesionalización y la consolidación de nuevas generaciones comprometidas con el servicio público.

Segundo . Datos sobre la contribución de las y los jóvenes en el ámbito laboral y político.

De acuerdo con el Informe sobre la Juventud en México 2023, publicado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), la participación de las y los jóvenes en el sector laboral enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la falta de reconocimiento, la escasez de oportunidades de crecimiento y la precariedad laboral. En el sector gubernamental y legislativo, la situación no es diferente: si bien las y los jóvenes desempeñan un papel clave en la generación de políticas públicas, a menudo su trabajo no es visibilizado ni valorado en la medida que corresponde.

Por otro lado, según el Informe del Observatorio de Participación Juvenil 2023, el 62 por ciento de los jóvenes interesados en la política considera que la falta de reconocimiento y oportunidades en las instituciones gubernamentales es un factor desmotivador para su participación activa. En el ámbito legislativo, este fenómeno es preocupante, ya que los jóvenes que actualmente trabajan en la Cámara de Diputados tienen el potencial de convertirse en los futuros líderes y legisladores del país.

Tercero . Beneficios de un reconocimiento a las y los jóvenes en la Cámara de Diputados.

Establecer un mecanismo de reconocimiento para las y los jóvenes que laboran en la Cámara de Diputados no solo representaría un acto de justicia con quienes contribuyen activamente al desarrollo legislativo, sino que también traería beneficios tangibles, tales como:

1. Motivación y permanencia en el servicio público: Reconocer el esfuerzo y talento de las y los jóvenes incentivará su continuidad en el ámbito legislativo y fomentará la profesionalización del sector.

2. Impulso a la participación juvenil en la política: Al visibilizar su labor, se enviará un mensaje positivo a la juventud mexicana, motivando a más personas a involucrarse en la toma de decisiones del país.

3. Fortalecimiento de la Cámara de Diputados: La innovación y la creatividad juvenil pueden aportar nuevas perspectivas a los procesos legislativos, generando propuestas más incluyentes y acordes a las necesidades actuales de la sociedad.

4. Construcción de una cultura institucional de reconocimiento: La Cámara de Diputados puede convertirse en un referente en la promoción de talento joven dentro de las instituciones gubernamentales.

Cuarto . Propuesta de reconocimiento.

Se propone que la Cámara de Diputados implemente un programa de reconocimiento anual a las y los jóvenes que laboran en el recinto legislativo, considerando criterios como la edad (comprendida hasta los 29 años), desempeño, innovación, compromiso y aportaciones destacadas al trabajo legislativo.

Este reconocimiento podría materializarse en los siguientes aspectos:

• Premios o distinciones: Entrega de un reconocimiento oficial a los jóvenes con mayor impacto en el ámbito legislativo.

• Espacios de capacitación y formación: Acceso a programas especializados de desarrollo profesional dentro y fuera de la Cámara de Diputados.

• Publicación de su trabajo: Difusión de los logros y contribuciones de los jóvenes en los medios oficiales de la Cámara, resaltando su impacto en el proceso legislativo.

Quinto . Conclusión.

El reconocimiento a las y los jóvenes que trabajan en la Cámara de Diputados es un paso necesario para fortalecer la participación juvenil en la política y el servicio público. Su capacidad, preparación y compromiso con la transformación del país deben ser valorados y promovidos como ejemplo para las futuras generaciones.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se hace la más atenta invitación a la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Juventud a implementar un mecanismo de reconocimiento a las y los jóvenes que laboran en el Poder Legislativo, ya sea como legisladoras y legisladores, asesoras y asesores o personal administrativo, a fin de motivarlos a seguir contribuyendo al cambio, la transformación y el progreso del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2025.

Diputada María Teresa Ealy Díaz (rúbrica)

Efemérides

Con motivo del 19 de marzo, Día del Artesano, a cargo del diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morena

Hoy, 19 de marzo, se conmemora en México el Día del Artesano, una fecha para reconocer y valorar el trabajo de miles de mujeres y hombres que, a través de sus manos, transforman la materia en piezas que reflejan la identidad, historia y riqueza cultural de nuestras comunidades.

Las y los artesanos son portadores de conocimientos ancestrales que preservan técnicas, símbolos y tradiciones que distinguen a nuestro país en el mundo. Su labor no sólo representa una expresión artística, sino también una fuente de sustento para muchas familias mexicanas.

Desde este recinto legislativo rendimos un justo reconocimiento a quienes, con dedicación y pasión, mantienen vivas nuestras raíces y aportan al desarrollo económico, cultural y social de México. Que esta fecha nos invite a fortalecer las políticas públicas y los programas que protejan y fomenten el trabajo artesanal, orgullo de nuestra nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2025.

(Rúbrica)