Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6647-III-5, martes 29 de octubre de 2024
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Bienestar y del Inapam, a ampliar el número de residencias de día en el territorio nacional, en beneficio de las personas adultas mayores, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Exposición de Motivos
El envejecimiento es una etapa en la que de manera natural pasa todo individuo, la cual es inevitable, sin embargo, al interior de la sociedad tiene repercusiones a mediano y largo plazo, lo que se refleja en el ámbito laboral, seguridad social, financiero, así como en las políticas públicas que instrumentan los diferentes gobiernos.
Solo que el crecimiento de este sector de la población es una realidad a la que los países ya se están enfrentando, por lo que es importante que exista una política gubernamental enfocada a atender sus diferentes necesidades en forma integral.
Sin duda, a lo largo de su vida las personas adultas mayores han adquirido experiencia y habilidades que pueden contribuir al desarrollo de sus respectivas comunidades, por lo que es necesario que por parte de los diferentes gobiernos existan directrices orientadas a crear esquemas de apoyo que les permita seguir siendo parte activa en la cotidianidad, además de acceder a sus derechos humanos.
Ante tal circunstancia es que durante 1991 la Asamblea General de la ONU, puso en marcha los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de la tercera edad, las cuales establecen como parte de sus derechos fundamentales a la independencia, la participación social, la atención, la realización personal y la dignidad dentro de su entorno social.1
Por ello es qué, en nuestro país se han logrado alcanzar diversos avances en la protección de los derechos de las personas adultas mayores, los cuales han sido reflejados en la Constitución Política, en la legislación de la materia y en la operación de diversas políticas públicas.
De esa forma es que de acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo público descentralizado que dirige la política nacional a favor de las personas adultas mayores, por lo que busca coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de la ley.
En ese sentido, se priorizará el desarrollo integral de las personas adultas mayores a través de la creación de oportunidades que le permitan acceder al empleo u ocupación con una remuneración justa que le permita alcanzar una calidad de vida óptima, lo que reducirá la brecha de desigualdad que padecen, e incluso, puede estar enganchado con inequidades de género cuando la marginación se trate de mujeres.
Al ser diversas las aristas que reviste el desarrollo integral que el Inapam busca que alcancen las personas adultas mayores, es que podrá instrumentar los programas que estimen necesarios para cumplir con su objeto, y de la legislación de la materia, por lo que de acuerdo con la fracción VII del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se establece lo siguiente:
“Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:
VII. Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas adultas mayores; ... “
Como resultado de las atribuciones que ejerce el Inapam es que actualmente operan las residencias de día para personas adultas mayores, mismas que son espacios, de estancia temporal en las que, de lunes a viernes en un horario entre 8 y 15 horas, se les brinda atención gerontológica integral con la finalidad de garantizar su bienestar, así como para acceder en condiciones de igualdad a cada uno de sus derechos humanos en un plano de inclusión e integración a la vida cotidiana.2
Dicha atención consiste en dar alimentación, cuidado de la salud, activación física, estimulación cognitiva y terapia ocupacional, por lo que para acceder a dichos servicios es necesario que cuenten con al menos 60 años, ser de escasos recursos, o que presente una disminución de su capacidad funcional
Aunque dicha atención es gratuita, de acuerdo con el estudio socioeconómico realizado al interesado, se solicitaría una cuota de recuperación mensual.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizada en el segundo trimestre de 2022, se estimó que en México residían alrededor de 17, 958, 707 personas de 60 años y más que son consideradas como adultas mayores, lo que representa el 14 por ciento de la población total del país.3
Ahora bien, de acuerdo con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) realizado por Inegi, existen 4 mil 517 alojamientos en el país, de los cuales 1,020 son casas hogar para personas mayores, donde el 58 por ciento están constituidas como asociación civil, un 14 por ciento como instituciones de asistencia privada (IAP), y un 4 por ciento como sociedad civil, el restante como sociedades mercantiles y asociaciones religiosas, solo que la mayoría de ellas son de carácter privado, los cuales por los altos costos que implican, quedan fueran del alcance de la población de adultos mayores.4
Hoy en día el Inapam cuenta con 6 residencias de día, solo que 5 de ellas se encuentran concentradas en la Ciudad de México y solo 1 se encuentra al interior de la república, concretamente en Zacatecas,5 sin embargo, es evidente que esa oferta gubernamental además de que prácticamente se encuentra concentrada en la Ciudad de México, también resulta insuficiente para atender eficazmente a la población de personas adultas mayores que pudieran requerir de dicha atención en cualquier otra parte del país diferente a las entidades mencionadas.
Ante la concentración e insuficiencia de las residencias de día, es que resulta indispensable que el gobierno federal genere una estrategia de atención a las personas adultas mayores mediante la coordinación de la Secretaría de Bienestar y el Inapam, con la idea de proyectar a mediano y largo plazo, el incremento del número de residencias de día a lo largo del territorio nacional y que de esa forma su cobertura sea vaya ampliando en beneficio de las personas adultas mayores.
Es preciso señalar que entre las atribuciones de la Secretaría de Bienestar se encuentra la de impulsar la atención de los derechos de las personas adultas mayores, tal como se advierte de la fracción IX del artículo 32 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, en los siguientes términos:
“Artículo 32. A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
IX. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de inclusión y atención de los adultos mayores y sus derechos; ...”
Pero como es sabido, para que toda política pública alcance sus objetivos y tenga la capacidad de brindar la atención necesaria y que esos grupos vulnerables a los que se dirige la misma alcancen una calidad de vida óptima, es fundamental que le sean destinados recursos suficientes, razonables y sostenidos para su operación, por lo que para efectos de esta proposición con punto de acuerdo debe considerarse el contenido del último párrafo de la fracción III del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala lo siguiente:
“Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes.
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al desarrollo integral de los pueblos indígenas y comunidades indígenas y la atención a grupos vulnerables , salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados... “
Es claro que, por sus condiciones, las personas adultas mayores están consideradas dentro de los grupos vulnerables, a quienes los 3 órdenes de gobierno tienen la corresponsabilidad de garantizar su acceso a los derechos fundamentales que impacten positivamente en su vida cotidiana, para reducir la brecha de desigualdad de padecen y que compromete su bienestar.
Actualmente existen programas de apoyo a las personas adultas mayores de 68 años a través de los cuales se les entregan recursos que oscilan sobre los $7,200 bimestrales, sin embargo, debe resaltarse que las necesidades de ese sector poblacional no solamente se reducen a dinero, y que incluso esa cantidad puede resultar insuficiente para cubrir la atención integral que verdaderamente satisfaga sus necesidades, sobre todo de aquellas personas cuyas posibilidades económicas sean muy limitadas, que no cuenten con empleo, o incluso que no tengan algún ingreso fijo, o bien, contando con un empleo, este sea bajo condiciones precarias y sin prestaciones.
Ante las complicaciones que existen para que las personas adultas mayores puedan ser empleados, es común que tengan que acudir al sector informal para tener alguna actividad laboral, y por ende, un ingreso, tal como lo advierte Inegi, ya que durante 2022, en México, 70 por ciento de las personas adultas mayores ocupadas trabaja de manera informal.6
Por ello es qué, este exhorto tiene como finalidad que se aseguren las necesidades básicas de las personas adultas mayores y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente a través del fortalecimiento de esta política pública mediante el incremento del número de residencias de día a lo largo del territorio nacional, lo que sin duda será un complemento para los programas de apoyo económico que se ya distribuyen en beneficio de este sector poblacional.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la titular del Ejecutivo federal para que, a través del trabajo coordinado de la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, instrumenten las acciones que sean necesarias para ampliar el número de residencias de día en el territorio nacional, en beneficio de las personas adultas mayores.
Notas:
1 Consultado el 21 de octubre de 2024 en https://undocs.org/es/A/RES/46/91
2 Consultado el 21 de octubre de 2024 en https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/albergues-y-residencias- diurnas-inapam
3 Consultado el 21 de octubre de 2024 en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_AD ULMAY2022.pdf
4 Consultado el 21 de octubre de 2024 en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_result ados.pdf
5 Op.cit, nota número 3.
6 Op.cit, nota número 3.
Dado en el Palacio Legislativo, a 29 de octubre de 2024.
Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Bienestar, a instrumentar una política pública que brinde servicio de guarderías paras las hijas e hijos de las madres trabajadoras, lo que contribuirá al desarrollo integral de dichos menores de edad, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Exposición de Motivos
Tradicionalmente las mujeres habían tenido la responsabilidad del hogar y del cuidado familiar, sin embargo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, se ha reconocido su derecho a la igualdad, lo que ha permitido que paulatinamente se deje la idea de que su único espacio de desarrollo es el doméstico, pues a la fecha su incorporación al ámbito laboral, económico, cultural, social y político es una realidad que debe consolidarse.
Su presencia en la actividad productiva, política y social ha sido fundamental en las últimas décadas no solo para evidenciar la apertura e inclusión que actualmente existe en ese sentido, sino que son condiciones que permiten que las mujeres puedan empoderarse y ser autónomas en la conducción de su vida, por lo que de esa forma se reducen los riesgos de padecer algún tipo de violencia.
A pesar de esos avances, las mujeres continúan enfrentándose a diversas adversidades de manera cotidiana, tal como la posibilidad de que por su propio género resulta natural que en alguna etapa de su vida estén envueltas en alguna situación de maternidad, solo que ello las expone y les genera vulnerabilidad laboral debido a que sus empleadores suelen conducirse bajo ciertas prácticas basadas en que tal condición ocasionaría constantes ausencias debido a sus revisiones médicas mensuales, por el parto, o por los cuidados que deben darle al recién nacido, lo que provocaría que perdieran eficacia y descuiden las labores que desempeñan, motivo por el que es común que esas mujeres pierdan su empleo injustamente.
Para comprender el contexto, debe considerarse que, durante el segundo trimestre de 2024, la población económicamente activa fue de 61 millones (una tasa de participación de 60.2 por ciento), misma que en el mismo periodo de 2023 fue de 60.2 millones, lo que significó un incremento de 737 mil personas.
Por lo que hace a la población económicamente activa femenina osciló sobre los 24.9 millones, lo que implicó un incremento de 436 mil personas más en el mismo periodo del año anterior; así, 46 de cada 100 mujeres en edad de trabajar fueron económicamente activas, con 0.2 puntos porcentuales más.1
Es importante señalar que, dependiendo de las circunstancias personales de esas mujeres, es que pueden pertenecer no solo a un sector de población ocupada, sino también a la subocupada al tener la necesidad de trabajar más tiempo con una ocupación complementaria o un nuevo trabajo con mayor horario.
En ese sentido, durante el segundo trimestre de 2024 la población subocupada en el país fue de 4.4 millones de personas (319 mil menos que en el mismo trimestre de 2023), cifra que representó 7.4 por ciento de las personas ocupadas, tasa inferior a la de un año antes (8.0 por ciento).
En el caso de las mujeres, la población subocupada pasó de 1.8 millones a 1.7 en el mismo periodo del año anterior, por lo que la tasa de subocupación femenina fue de 7.2 por ciento.2
Del mismo modo podemos advertir que es una realidad que las mujeres trabajadoras en muchas ocasiones no pueden conseguir un empleo formal, y deben recurrir a la informalidad, en donde las condiciones de trabajo son precarias, sin seguridad social, y la remuneración puede ser ínfima.
De esa forma es que resulta necesario que los empleadores impulsen políticas o directrices que fomenten la inclusión de las y los trabajadores al interior de las fuentes laborales, tales como la flexibilidad de horarios o aquellas prestaciones que contribuyan para que las madres jefas de familia puedan compaginar sus responsabilidades laborales y familiares sin problema alguno.
No obstante, es necesario que el gobierno federal asuma su rol de garante de los derechos fundamentales, en este caso de las mujeres, debiendo impulsar las acciones con perspectiva de género que contribuyan para que en condiciones de igualdad accedan a las mismas oportunidades que los hombres en el ámbito laboral, como un factor que permitirá su desarrollo integral.
Por ello es que resulta de gran importancia que el gobierno federal diseñe alguna política pública encaminada al establecimiento de guarderías para que niñas y niños entre 1 y hasta los 5 años 11 meses de edad sean atendidos en un espacio adecuado, brindándoles de educación inicial y preescolar para que alcancen un sano desarrollo de acuerdo a su edad, mientras sus madres acuden al desempeño de sus respectivas actividades laborales, teniendo oportunidad para desarrollarse y alcanzar un empoderamiento y autonomía en la conducción de su vida.
Al estar dirigida a mujeres de escasos recursos, es necesario que sea operada por la Secretaría del Bienestar, quien dotaría de un subsidio para que las madres jefas de familia puedan acudir a solicitar el ingreso de sus menores hijas e hijos.
Al operar dicha política pública, la Secretaría del Bienestar daría un subsidio que beneficiaría a las madres que trabajan, pues sus hijas e hijos no solo estarían siendo atendidos adecuadamente al alcanzar su desarrollo en lo que hace a su lenguaje, habilidades sociales, educativas y motricidad, sino que también se abonaría a la mejora de su calidad de vida de ellas y de su familia.
Este tipo de iniciativas gubernamentales no solo cumplen con nuestra legislación, sino también son diversos compromisos internacionales relacionados con los derechos de niñas y niños, así como con aquellos que han recomendado impulsar a la igualdad sustantiva de género en beneficio de las mujeres trabajadoras, como parte de sus derechos fundamentales.
Para que dicha política pública adquiera la capacidad de cambiar positivamente la calidad de vida de las mujeres y de sus familias, es necesario que le sean etiquetados recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que solo de esa forma es como podría cumplir con sus objetivos al brindarle a más mujeres la posibilidad de atender a sus hijas e hijos mientras ellas acuden a sus respectivas fuentes laborales.
Con este tipo de acciones se dotaría a las madres trabajadoras de espacios seguros donde sus hijas e hijos sean cuidados y atendidos para lograr su desarrollo integral, lo que permitirá que en muchos casos esas mujeres logren conseguir empleo o que mantengan con el que cuentan, lo que fortalece los avances logrados en materia de igualdad, empoderamiento y adelanto de las mujeres, además de que con ello generaría una oferta laboral que beneficiaría primordialmente a mujeres que se desempeñen como docentes, personal auxiliar, enfermeras, entre otras, para laborar en esas guarderías.
Actualmente sí las madres trabajadoras desean conservar sus empleos y que sus hijas e hijos menores de 6 años reciban una atención integral para su desarrollo, deben recurrir a las guarderías privadas, cuyas cuotas son altas y elevan los gastos corrientes de las familias, mermando su poder adquisitivo.
Es sabido que actualmente las madres jefas de familia reciben recursos del “Programa de apoyo al bienestar” que asciende a la cantidad de $1,600 pesos bimestrales, los cuales no son suficientes ni para cubrir las mensualidades de las guarderías privadas, ni para solventar la atención integral que requieren las y los menores de edad, además de obstaculizar la posibilidad de continuar laborando.
Impulsar una política pública que establezca guarderías para las hijas e hijos de madres trabajadoras, sin duda representaría subir un peldaño en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y adelanto para las mujeres, en aras de reducir paulatinamente la desigualdad de género en el país, además de ser un complemento para el “Programa de apoyo al bienestar”.
Las y los mexicanos no solo necesitan mayores recursos, sino que también requieren de espacios dignos y seguros en donde se les brinde una atención integral para que sus hijas e hijos tengan un crecimiento adecuado, dando tranquilidad a sus madres o padres al realizar su respectiva actividad laboral.
En este momento en el que va iniciando un nuevo sexenio, y que, de forma histórica, el Poder Ejecutivo estará depositado en una mujer, es que el gobierno que encabeza tendrá la gran oportunidad no solo de reivindicar los derechos fundamentales de las mujeres, sino también de fortalecer los que se encuentren reconocidos, garantizando su acceso a ellos, por lo que deberá tomar las medidas necesarias y destinar los recursos suficientes que permitan reducir la brecha de desigualdad que padecen millones de mujeres, sobre todo las más vulnerables.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría del Bienestar instrumente una política pública que brinde servicio de guarderías paras las hijas e hijos de las madres trabajadoras, lo que contribuirá al desarrollo integral de dichos menores de edad, así como a la igualdad de oportunidades de las mujeres más vulnerables.
Notas:
1 Consultado el 21 de octubre de 2024 en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENOE/EN OE2024_09.pdf
2 Idem
Dado en el Palacio Legislativo, a 29 de octubre de 2024.
Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias de la APF y al Poder Ejecutivo de Campeche a instrumentar un programa de reconstrucción y mantenimiento de carreteras y caminos rurales en dicha entidad, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, diputado Christian Mishel Castro Bello, diputado Emilio Lara Calderón y diputado federal Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal y a la titular del Poder Ejecutivo del estado de Campeche, para la reconstrucción y mantenimiento de carreteras y caminos rurales en el estado de Campeche, considerando las siguientes:
Consideraciones
La muerte de las maestras en Campeche ha puesto de manifiesto un problema estructural que afecta no solo la seguridad vial, sino también el desarrollo y bienestar de la población en el estado.1
Las malas condiciones de las carreteras en Campeche, agravadas por la falta de mantenimiento constante y las inclemencias del clima, representan un peligro constante que expone a los ciudadanos a accidentes fatales.
Este incidente, desafortunadamente, no es un caso aislado, sino un reflejo de una situación generalizada en la región, donde las carreteras se encuentran en condiciones precarias, llenas de baches, sin señalización adecuada y con una infraestructura que ha sido insuficiente para soportar el tráfico diario y las condiciones meteorológicas extremas, especialmente durante la temporada de lluvias.
Los baches y desperfectos en las vías no solo incrementan el riesgo de accidentes, sino que también afectan negativamente el transporte de bienes y servicios, repercutiendo en la economía local y el bienestar de los habitantes.
La infraestructura carretera en Campeche ha enfrentado desafíos significativos debido a la falta de inversión y mantenimiento adecuados. A pesar de que en 2017 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció una inversión histórica de 7 mil millones de pesos para la construcción y modernización de carreteras en la entidad, en años recientes, la atención a estas vías ha sido insuficiente.
En 2024, la situación se ha agravado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Campeche ha enfrentado restricciones presupuestales que han limitado el mantenimiento de las carreteras.
El Director General de la SICT en Campeche, Eduardo Guerrero Valdez, señaló que la red carretera presenta un deterioro considerable, atribuido no solo a la reserva de recursos, sino también a las obras intensivas del Tren Maya, especialmente en el Tramo 7 de Escárcega a Xpujil.
Además, en un estado como Campeche, donde gran parte de la población rural depende de la movilidad terrestre para acceder a servicios básicos como la salud y la educación, unas carreteras seguras son fundamentales.
Las maestras fallecidas, como muchos otros docentes en zonas rurales, realizaban viajes constantes para cumplir con su labor en comunidades alejadas, exponiéndose a peligros en cada trayecto.
Es por ello que la tragedia ha generado un clamor por parte de la sociedad civil, los gremios magisteriales y los habitantes de Campeche para que el gobierno federal asuma su responsabilidad y actúe de manera inmediata.
La demanda principal es que se destinen y etiqueten recursos de manera urgente para la reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento continuo de la red carretera en el estado. La necesidad de etiquetar estos fondos tiene un fundamento claro: asegurar que el dinero destinado para estas obras no se desvíe a otros fines y se utilice exclusivamente para mejorar la infraestructura vial, garantizando que se realicen las obras necesarias con calidad y en tiempo oportuno.
La asignación de recursos etiquetados sería una medida concreta que permitiría planificar proyectos de infraestructura a largo plazo, evitando que las carreteras caigan nuevamente en un estado de abandono. Asimismo, los fondos etiquetados asegurarían una supervisión más estricta de los contratos para la reconstrucción, lo que disminuiría las prácticas de corrupción que muchas veces comprometen la calidad de las obras.
En este contexto, es crucial también recordar que una infraestructura vial adecuada no solo es una cuestión de movilidad, sino también de derechos humanos.
El derecho a una movilidad segura, a poder trasladarse sin arriesgar la vida, es algo que los campechanos, y en particular los trabajadores que dependen de las carreteras como parte de su actividad diaria, merecen. La mejora de las carreteras, por tanto, no es solo un asunto de obras públicas, sino una obligación del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Por lo tanto, se vuelve esencial que el gobierno federal responda a esta demanda ciudadana de manera eficiente, rápida y con una asignación de recursos clara y transparente. De no tomarse medidas inmediatas, la situación de las carreteras en Campeche continuará empeorando, poniendo en riesgo no solo la vida de quienes transitan por ellas, sino también el desarrollo económico y social de la región.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la propuesta de urgente y obvia resolución con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a instrumentar un programa emergente de reconstrucción y mantenimiento de carreteras en el estado de Campeche.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional a considerar en su programa de obras complementarias al proyecto denominado Tren Maya, la reconstrucción de los tramos carreteros que fueron afectados durante la construcción de dicha obra; y en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes implementar su ejecución de forma inmediata.
Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo del estado de Campeche a instrumentar un programa emergente de reconstrucción y mantenimiento de carreteras estatales y caminos rurales en el estado de Campeche para brindar seguridad y protección en su tránsito a su población.
Cuarto: La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del estado de Campeche, se prevean, asignen y destinen los recursos necesarios para el rescate, reconstrucción y mantenimiento inmediato de carreteras en esa entidad federativa para brindar seguridad y protección en su tránsito a su población.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2024.
Notas:
1 https://www.poresto.net/campeche/2024/10/23/-muerte-de-maestras-en-camp eche-causa-indignacion-.html
Diputados: Ariana del Rocío Rejón Lara (rúbrica), Christian Mishel Castro Bello (rúbrica), Emilio Lara Calderón (rúbrica), Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, a la SSPC, a la GN y al Poder Ejecutivo de Chiapas a atender la crisis de inseguridad y violencia que existe en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Considerandos
En los últimos años, el estado de Chiapas se ha transformado en una de las entidades federativas más violentas y peligrosas de México, toda vez que se han observado enfrentamientos de diversos grupos del crimen organizado, poniendo en riesgo a los pobladores.
Esta escalada de violencia se intensificó desde 2021, a raíz del asesinato de Gilberto Rivera Beltrán, hijo de un miembro del Cártel de Sinaloa, lo que desató pugnas internas en la organización y la aparición de otros grupos criminales en la región. Así, los enfrentamientos entre estos grupos y las autoridades han generado un clima de inseguridad en diversas zonas del estado, como Tapachula y la región fronteriza.
En términos de cifras, Chiapas ha visto un aumento constante en homicidios. En 2023 se registraron 500 homicidios dolosos, cifra que subió drásticamente en 2024, cuando tan sólo en los primeros seis meses se documentaron 373 asesinatos, lo que representa un incremento del 45 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Además, los meses de mayo y junio de 2024 fueron particularmente violentos, con hasta 87 homicidios en un solo mes.
Además, el número de desapariciones también ha crecido considerablemente. En 2020 se reportaron 119 casos, cifra que se elevó a 339 para 2023. A la par, los delitos relacionados con el narcomenudeo se duplicaron entre 2019 y 2022.
Este incremento de la violencia ha generado desplazamientos forzados de la población civil en regiones como la Sierra y la Frontera, donde comunidades completas han sido afectadas por bloqueos carreteros y la presencia de grupos armados.
Ante el clima de descomposición social se suma el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez ocurrió el 20 de octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El sacerdote fue atacado cuando salía de oficiar una misa en el barrio de Cuxtitali. Mientras conducía su camioneta, fue interceptado por dos hombres en motocicleta que le dispararon, lo que resultó en su muerte dentro del vehículo.
El padre Marcelo era una figura clave en la región, reconocido por su labor en defensa de los derechos humanos y su mediación en conflictos relacionados con las comunidades indígenas, como los tsotsiles y tseltales.
A lo largo de su carrera, había recibido numerosas amenazas debido a su lucha por la paz y la justicia, así como por su apoyo a los desplazados y comunidades afectadas por el crimen organizado y la violencia. En años anteriores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares debido a los riesgos que enfrentaba.
Aunado a lo anterior, se puede hacer referencia al ataque que el 21 de octubre sufrió Manuel Hernández Aguilar, alcalde del municipio de Chilón mientras transitaba por el poblado de Yaaltón.1
Todas estas situaciones de violencia han derivado en una crisis de gobernabilidad que amenaza con la desarticulación total del Estado y con una posible guerra civil. La situación es tan insostenible que, algunos lacandones se han asociado al crimen organizado, de tal suerte que en la selva descienden avionetas cargadas de cocaína.2 Ante este contexto, el subcomandante Moisés del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, anunció que los municipios autónomos rebeldes zapatistas (MAREZ) se convertirían en gobiernos autónomos locales.3
De acuerdo con un comunicado, se desconoció a la autoridad civil y se determinó que aquellos municipios considerados zapatistas estarían en estado de alarma, así todos los sellos, membretes, cargos de cualquiera de los municipios serían considerados inválidos y por tanto, ninguna persona podía ser considerada autoridad o representante zapatista. Entre los motivos de lo anterior exponen que:
Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos ‘sicarios legales’ o ‘crimen desorganizado’.Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”.4
Es de esta forma que, en la actualidad, cerca de la mitad de los municipios del Estado se encuentran sin control de la autoridad civil y en situación de violencia:
Como se observa en el mapa, cerca de la mitad de los municipios del Estado se encuentran en situación de conflicto, lo cual ha derivado en diversas situaciones de alarma, provocando que la población se vea forzada a dejar sus hogares.
Así, actualmente vemos un incremento en el desplazamiento forzado de familias enteras, algunas incluso se ven forzadas a huir al país de Guatemala. Según datos del Colectivo de Monitoreo de Frontera Sur, en julio de este año se reportó un desplazamiento forzado de 500 personas mexicanas que ingresaron al país vecino.5
Se destaca además que el pasado 7 de junio, cerca de 4 mil pobladores, del municipio de Tila, se vieron obligados a dejar su hogar derivado de la situación de la violencia. Esto representa alrededor del 60 por ciento de la población municipal. Esta situación se dio después de un enfrentamiento entre grupos armados que dejó tres muertos, cuatro heridos, 14 casas y 21 vehículos quemados.6
Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos el desplazamiento forzado es un fenómeno que vulnera diversos derechos humanos porque afecta la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal. Se trata de una situación que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y el proyecto de vida de las personas, no sólo porque dejan sus hogares, sino porque se ven obligados a abandonar todo lo que consideran importantes para ello.7
Es precisamente por lo anterior que resulta fundamental atender el fenómeno de Chiapas y poder asegurar la zona a fin de garantizar el bienestar y la integridad de los pobladores cuyo proyecto de vida se ha visto alternado derivado de la situación de violencia.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la propuesta de urgente y obvia resolución con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, de forma coordinada con el Poder Ejecutivo del estado de Chiapas, implementen mecanismos que garanticen la estabilidad y gobernabilidad en el territorio de esa entidad federativa, así como la seguridad de sus pobladores, especialmente en las regiones conocidas como la Sierra y la Frontera, a efecto de evitar el desplazamiento y la migración forzada ocasionadas por la inseguridad y la ola violencia.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional a brindar seguridad y protección a la población del estado de Chiapas ante el fenómeno de violencia que existe, principalmente en la zona colindante con la frontera con Guatemala y para pacificar dicha zona del país.
Notas:
1 https://www.frayba.org.mx/tema-prioritario/desplazarse-para-salvar-la-v ida-crisis-humanitaria-en-chiapas
2 https://www.nacion321.com/opinion/raymundo-riva-palacio-chiapas-hacia-l a-guerra-civil
3 Mapa de violencia del estado de Chiapas. file:///C:/Users/aleja/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3NA O520I/Mapa%20de%20Violencia%20y%20EZLN.%20Estado%20de%20Chiapas[1].pdf
4 https://aristeguinoticias.com/0611/mexico/ezln-desaparece-sus-actuales- organos-de-gobierno-reconoce-impacto-del-crimen-organizado-en-chiapas/
5 Colectivo de Monitoreo Frontera Sur. Acción Urgente La disputa por el control de territorios en Chiapas y la acción poco efectiva del gobierno mexicano pone en riesgo inminente la vida y la seguridad de miles de familias, 31 de julio del 2024 en: https://www.redjesuitaconmigranteslac.org/_files/ugd/d2c5ad_405f763ca2f 147b29436dff6a5b137c6.pdf
6 Ibidem.
7 Ibidem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2024.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar los derechos laborales y mejorar las condiciones de salud en el estado de Zacatecas, ante la problemática suscitada por trabajadores de la salud y el proceso de transición al IMSS-Bienestar, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, diputada federal de la LXVI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para garantizar los derechos laborales y mejorar las condiciones de salud en el estado de Zacatecas, ante la problemática suscitada por trabajadores de la salud y el proceso de transición al IMSS-BIENESTAR”, considerando los siguientes:
Antecedentes
En días recientes, trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 39, llevaron a cabo una protesta en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Coordinación Administrativa del estado de Zacatecas.
Las y los trabajadores exigen el pago de compensaciones que tradicionalmente se les han otorgado, pero que en la actualidad no se han cubierto debido a la falta de autorización por parte del gobierno federal.
La protesta no solo responde a la demanda de sus derechos laborales, sino también a la profunda crisis que enfrenta el sistema de salud en el estado, evidenciada por la falta de insumos médicos, medicamentos e instalaciones adecuadas para brindar una atención digna a la población.
Este contexto se enmarca dentro del proceso de transición hacia el programa IMSS-Bienestar, el cual busca centralizar los servicios de salud pública, pero que ha enfrentado serios retos de implementación. Los trabajadores señalan que la falta de diálogo con las autoridades federales y estatales ha llevado a que esta transición se vuelva un “desastre”, lo que ha motivado su manifestación pública y pacífica.
Los trabajadores del sector salud no solo reclaman el pago de las compensaciones salariales que históricamente se les han otorgado, sino que también denuncian las siguientes problemáticas:
La escasez de medicamentos esenciales y de insumos médicos ha puesto en peligro la capacidad del sistema de salud para atender adecuadamente a los pacientes. Los más afectados por esta situación son los ciudadanos que requieren atención médica de calidad.
La infraestructura hospitalaria y de centros de salud se encuentra en un estado crítico, lo que impide que los profesionales de la salud puedan desempeñar su labor de manera eficiente y segura.
Los trabajadores del sector salud se ven afectados por la falta de pago de las compensaciones que les corresponden y por las condiciones laborales precarias, lo que vulnera sus derechos y repercute en su bienestar personal y profesional.
La implementación del programa IMSS-Bienestar ha sido ineficaz y desorganizada, lo que ha generado incertidumbre tanto en los trabajadores como en los usuarios del sistema de salud. La falta de un diálogo abierto y constructivo entre las autoridades y los sindicatos ha incrementado el descontento y la tensión en el sector.
Ante esta situación, es urgente que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y otras instancias competentes, intervenga para resolver de manera pronta y efectiva las demandas de los trabajadores de la salud, así como para garantizar que el proceso de transición hacia el IMSS-Bienestar sea ejecutado de manera organizada, respetuosa de los derechos laborales y en beneficio de la población.
Es necesario que las autoridades federales otorguen la autorización para los pagos de compensaciones a los trabajadores del sector salud, así como que se destinen los recursos necesarios para resolver la escasez de medicamentos e insumos en los hospitales y centros de salud.
Asimismo, se requiere un plan integral para mejorar las instalaciones y la infraestructura del sistema de salud, garantizando una atención digna para todos los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito:
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorice de manera inmediata los pagos de las compensaciones adeudadas a los trabajadores del sector salud del estado.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que destine recursos adicionales para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales y centros de salud del estado.
Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal para que se establezca una mesa de diálogo urgente entre las autoridades del gobierno federal, las autoridades estatales y los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 39, para abordar y resolver de manera conjunta los problemas que enfrenta el sector.
Cuarto: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que implemente un plan de acción para la mejora de la infraestructura de salud pública, con el fin de asegurar que las instalaciones sean adecuadas para la atención de los pacientes y el trabajo del personal médico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2024.
Diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica)
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