Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6642-III-4, martes 22 de octubre de 2024
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a remover a los delegados estatales de los Programas para el Bienestar, para lograr mejor eficiencia, rendición de cuentas y transparencia, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México para remover a los delegados estatales de los Programas para el Bienestar, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, establecen que, en las prácticas contrarias a la rendición de cuentas y la transparencia, como la corrupción, constituyen obstáculos para el logro de mejores condiciones de vida de la población, generando mayor exclusión de los grupos en condiciones de vulnerabilidad para el acceso a servicios públicos y a una participación política amplia. Ante esta situación, el proyecto promueve prácticas de gobierno abierto, participación ciudadana, transparencia y anticorrupción. El PNUD asiste a los gobiernos para que fortalezcan sus instituciones públicas, apoyando a los países a combatir la corrupción e impulsar la participación inclusiva para que nadie se quede atrás.
Dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) el objetivo número dieciséis “paz, justicia e instituciones sólidas” se menciona que algunas regiones del mundo tienen niveles estables de paz y buen gobierno, mientras que otras se encuentran en situación permanente de conflicto, violencia e ingobernabilidad. La corrupción perjudica la democracia y el estado de derecho, llevando a violaciones de derechos humanos y permite prosperar prácticas indebidas dentro de las instituciones.
Con la certeza de que la honestidad y la rendición de cuentas son indispensables para todo gobierno democrático, y con el entendido, de que fomentar la transparencia y luchar contra la corrupción son condiciones fundamentales para promover la inversión e impulsar la competitividad de las economías, México se ha comprometido internacionalmente a tomar las medidas apropiadas y necesarias al respecto. Por ello, ha firmado tres convenciones internacionales: Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (Oea) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac).
Dentro de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se tiene como finalidad promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, también apoya la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos y; promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Siendo aplicada de conformidad con sus disposiciones a la prevención, investigación y enjuiciamiento de la corrupción. Por lo que, cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción procediendo con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico.
Para poder contribuir dentro del marco instituciones eficaces, responsables y transparentes es importante que los servidores públicos sean removidos para brindar más oportunidades logrando mayor profesionalización. Evitando los siguientes escenarios dentro del marco gubernamental:
1. Estancamiento y promoción de la innovación: permanecer demasiado tiempo en un mismo puesto puede llevar al estancamiento en las ideas y la falta de innovación. Remover a los servidores públicos permite la entrada de nuevas perspectivas, ideas y enfoques que pueden mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos.
2. Evitar la corrupción: la permanencia prolongada en un mismo cargo puede facilitar la creación de redes de poder informales o prácticas corruptas. Por lo que, cambiar periódicamente a los funcionarios reduce el riesgo de que se formen relaciones inadecuadas o se perpetúen prácticas irregulares.
3. El cambio continuo ayuda a evitar que los servidores públicos se vuelvan demasiado cómodos o complacientes en su cargo. Al saber que serán evaluados o reemplazados, se puede fomentar una mayor rendición de cuentas y mejorar la transparencia en la gestión pública.
4. Resistencia al clientelismo: Cambiar consecutivamente a los servidores públicos puede reducir la posibilidad de que se establezcan relaciones clientelistas o favores políticos, ya que se dificulta la creación de vínculos prolongados entre funcionarios y actores externos.
Remover a los servidores públicos y nombrar a otros puede fomentar una administración más dinámica, ética y eficiente, alineada con las necesidades cambiantes de la sociedad y del entorno político. Designando a la rendición de cuentas y la transparencia por ser los pilares fundamentales en cualquier democracia moderna, ya que garantizan el uso eficiente y ético de los recursos públicos. En México, estas prácticas son esenciales para fomentar la confianza ciudadana, prevenir la corrupción y mejorar la gestión pública.
Permitiendo también que los funcionarios adquieran nuevas habilidades, experiencias y conocimientos en diferentes áreas de la administración. Esta variedad de experiencias fortalece su capacidad de tomar decisiones más informadas y aumenta su valor dentro del sistema público, asegurando una administración más eficiente y preparada.
El marco legal que regula el cambio periódico de los servidores públicos está diseñado para asegurar que las permutaciones en los puestos sean transparentes, basados en méritos y conformes a las necesidades de la administración pública. La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal establece un sistema basado en méritos y capacidades que garantiza que la selección y permanencia de los servidores públicos se realice de manera justa y equitativa.
Esta ley se complementa con mecanismos de evaluación del desempeño, que permiten identificar cuándo es necesario realizar cambios en un cargo específico, ya sea por un bajo rendimiento o por la necesidad de ocupar el puesto con alguien con competencias más específicas. De esta manera, el marco legal también actúa como un freno ante posibles abusos de poder o arbitrariedades en la remoción o nombramiento de funcionarios, ya que establece procesos claros y transparentes para llevar a cabo estas decisiones.
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los servidores públicos están obligados a cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones. La remoción, en este contexto, asegura que estos principios no se vean comprometidos por la permanencia de individuos en un mismo puesto, lo que podría dar lugar a prácticas que los contravengan.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) tiene una importancia crítica en la prevención de prácticas indebidas, como la ya mencionada; corrupción, el abuso de poder y las redes clientelares. Presentándose como un marco regulador clave, diseñado para fortalecer los principios de ética, integridad y responsabilidad en el servicio público. Esta ley, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene un impacto directo sobre la remoción y nombramiento de los servidores públicos al establecer las obligaciones, sanciones y mecanismos de control que regulan su actuación.
En este sentido, la remoción puede verse como una medida preventiva para evitar que los servidores públicos caigan en prácticas indebidas. La permanencia prolongada en un mismo puesto aumenta el riesgo de que se desarrollen conductas contrarias a las obligaciones establecidas por la LGRA, como el favoritismo o el tráfico de influencias. Al trasegar y nombrar a los servidores públicos, se reduce la posibilidad de que estos construyan redes informales que socaven la transparencia y la ética en la administración pública. Además, que se establecen los mecanismos de control que se encuentran directamente relacionados con la rotación de los servidores públicos. Uno de ellos es la evaluación del desempeño, un proceso que permite monitorear la calidad del trabajo de los servidores públicos y determinar si cumplen con sus obligaciones. Las evaluaciones periódicas son fundamentales para identificar a aquellos funcionarios que no están alineados con los principios de la ley, y que por lo tanto podrían ser removidos de puesto.
Sin embargo, la remoción debe ser cuidadosamente gestionada dentro del marco legal para garantizar que no comprometa la continuidad de los programas gubernamentales y que se realice de manera justa y transparente. En última instancia, la combinación de la remoción y el cumplimiento estricto de la LGRA fortalece la confianza pública en las instituciones y contribuye a una administración pública más justa y efectiva.
Por lo tanto, remover y nombrar nuevos delegados en el Programa de Bienestar es importante para evitar que la eficiencia de los programas sociales se vea comprometida por algún interés personal de algún delegado y su alineación con los objetivos del gobierno no se cumpla de manera completa.
Los programas sociales, como el Programa de Bienestar, están sujetos a cambios de prioridades políticas o estrategias del gobierno en turno. Remover y nombrar nuevos delegados permite garantizar que estos funcionarios estén alineados con las nuevas directrices y metas de la administración actual. De este modo, los delegados pueden adaptar las políticas sociales de acuerdo con las prioridades del gobierno federal.
Cambiar a los delegados puede introducir nuevas perspectivas y enfoques que mejoren la gestión de los recursos y la implementación de los programas. Esto puede ayudar a identificar problemas, corregir deficiencias y optimizar los procesos, asegurando que los apoyos lleguen de manera más eficiente a los beneficiarios.
Cada estado o región puede tener diferentes necesidades sociales o económicas. La designación de nuevos delegados permite seleccionar a personas con mejor conocimiento o habilidades específicas para abordar los retos de esa región en particular. Esto es crucial para asegurar que los programas sociales se implementen de manera efectiva y que lleguen a los grupos vulnerables.
El cambio de delegados puede ser un gesto simbólico para renovar la confianza pública en los programas de bienestar. Si hay percepción de ineficiencia o corrupción en una región, la remoción del delegado puede enviar un mensaje de que el gobierno está comprometido con mejorar los resultados y garantizar que los programas funcionen de manera transparente.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Bienestar para que se remuevan a los delegados de las 32 entidades federativas, encargados de los Programas para el Bienestar para lograr una mejor eficiencia, rendición de cuentas y transparencia dentro de la implementación de las políticas sociales que reflejan las prioridades del Gobierno federal en cada estado.
Bibliografía
1. DOF (1917) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
2. DOF (2022). Ley General de Responsabilidades Administrativas. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
3. PNUD (2024). Gobernanza efectiva y democracia. Disponible en:
https://www.undp.org/es/mexico/nuestro-enfoque/gobernanz a-efectiva-y-democracia
4. DOF (2006). Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Inegi a coordinar un muestreo que permita conocer cuántas niñas y niños migrantes sin sus padres o tutores se encuentran en México, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada María Isidra de la Luz Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las y los niños migrantes en nuestro país enfrentan múltiples problemas debido a su condición de vulneravilidad, la falta de protección adecuada y las dificultades inherentes al proceso migratorio por la movilidad.
Suelen estar expuestos a peligros como el secuestro, la trata de personas, el trabajo infantil forzado, y el abuso sexual. Estos riesgos aumentan cuando los niños viajan solos o con adultos que no son sus familiares.
Muchos niños migrantes no pueden asistir a la escuela debido a la necesidad de trabajar para comer, las barreras lingüísticas, o la necesidad de moverse constantemente. A menudo, no tienen acceso a un sistema educativo que responda a sus necesidades específicas.
La falta de acceso a servicios médicos, los traumas emocionales asociados a la separación de sus familias o la exposición a violencia afectan gravemente la salud física y mental de los niños migrantes. El estrés postraumático, la ansiedad y la depresión son comunes.
Aunque México ha firmado acuerdos internacionales para proteger los derechos de las y los niños migrantes, en la práctica, muchos de ellos carecen de la protección necesaria. Pueden ser detenidos en centros migratorios, a veces en condiciones insalubres y junto a personas adultas, lo que viola sus derechos.
Los niños migrantes centroamericanos, a menudo enfrentan actitudes xenófobas y discriminación en las comunidades mexicanas a las que llegan, lo que dificulta su integración social.
La separación familiar, los constantes desplazamientos y la falta de estabilidad pueden generar una sensación de desarraigo en los niños migrantes. La pérdida de sus raíces culturales y la dificultad para adaptarse a nuevas realidades afectan su sentido de identidad y pertenencia.
Muchos infantes migrantes son detenidos por las autoridades mexicanas, lo que interrumpe su viaje y, a menudo, resulta en deportación. Esto no solo viola sus derechos humanos como menores de edad, sino que también los expone nuevamente a los riesgos en sus países de origen.
Los sistemas de protección social en México, como la atención psicológica, el alojamiento seguro y la alimentación adecuada, no siempre están disponibles para los niños migrantes, dejándolos en condiciones de vulnerabilidad.
Faltan políticas inclusivas políticas que aseguren el acceso a servicios básicos como educación y salud, independientemente del estatus migratorio. Tenemos ausencia de refugios y de atención especializada para menores no acompañados o familias migrantes.
Nuestras autoridades requieren capacitación constante y las comunidades deben entender que se deben proteger los derechos de las y los niños migrantes para evitar la xenofobia y discriminación.
El problema del desarraigo tiene consecuencias particulares sobre las y los niños migrantes, en especial aquellos no acompañados o que fueron separados de sus padres o tutores.
Por ello, las autoridades del sector deberían contemplar una respuesta diferenciada para este importante sector poblacional, sobretodo, por la fragilidad de su entorno que puede derivar en la comisión de delitos.
Conforme a datos del INEGI, los datos más actuales son de 2023, pero no reflejan la especificidad que se requiere para conocer el universo de población infantil migrante a atender, los datos históricos en INEGI datan del 2010 y se encuentran otros datos relacionados de fechas 2015 y 2018, que resultan inaplicables al caso concreto.
La estadística actual, es referente a la población de 5 años y más, que cambió su lugar de residencia habitual desde un municipio o delegación, entidad federativa o país de origen, a otro de destino que arroja los siguientes datos:
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó en 2023, que 1,298 niñas y niños no acompañados o separados, que se encontraban en riesgo, fueron atendidos por sus oficinas.
La organización no gubernamental Aldeas Infantiles, señala conforme a un informe del 2016, que1 :
• Más de 40,000 mil niños, niñas y adolescentes han sido enviados a Estaciones Migratorias mientras viajaban a México y Estados Unidos.
• El Instituto Nacional de Migración ha detenido a 46,804 menores de 18 años de edad (30,178 niños y 16,626 niñas).
• El 94.6 % de los niños, niñas y adolescentes que migran son de Guatemala, El Salvador, y Honduras.
• La mayoría busca la reunificación familiar con su padre y/o madre, después de amenazas o violencia por parte de pandillas en sus países de origen.
Se deben garantizar los derechos humanos de las y los niños migrantes, así como, de los refugiados en atención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.
En razón de lo expuesto, es urgente la coordinación entre el INEGI y el INM para aplicar un muestreo estadístico que nos ayude a obtener información confiable de la población de niñas y niños migrantes en México que se encuentran sin padre, madre o tutor, para su atención y seguimiento.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Honorable soberanía, el análisis y en su caso, aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que coordinadamente realicen un muestreo que permita conocer cuántas niñas y niños migrantes sin madre, padre o tutor se encuentran en México y, con ello, generar una base de datos fiable para que la Administración Pública Federal, establezca políticas públicas en beneficio de esta población.
Nota:
1. Tomado de https://www.aldeasinfantiles.org.mx/conocenos/datos-y-estadisticas el 3 de octubre del 2024.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre del 2024.
Diputada María Isidra de la Luz Rivas (rúbrica)
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