Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6642-III-2, martes 22 de octubre de 2024
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a garantizar durante el año 2025 la implementación de las estrategias y programas institucionales que permitan cubrir y cumplir con las metas, objetivos y acciones en materia de reactivar la operación del Programa de Estancias Infantiles en todo el territorio nacional, a cargo del diputado Fidel Daniel Chimal García, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Fidel Daniel Chimal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I; 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la siguiente: proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus atribuciones, garantice durante el año 2025 la implementación de las estrategias y programas institucionales suficientes que permitan cubrir y cumplir con las metas, objetivos y acciones en materia de reactivar la operación del Programa de Estancias Infantiles en todo el territorio nacional, para beneficiar a los hijos de las madres trabajadoras, lo anterior de conformidad con lo siguiente:
Consideraciones
El Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras (PEI) surgió en el 2007 como una propuesta para contribuir a la mejora de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de madres, padres solos y tutores, en situación de carencia o pobreza, que se encontraran trabajando, buscando empleo o estudiando, mediante la cobertura e impulso de los servicios de cuidado y atención infantil.
De acuerdo a la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) el programa había demostrado que: 1) en cuanto a su impacto, existió un aumento del 18 por ciento en la probabilidad de que la madre, padre o tutor contará con un empleo, el 93.9 por ciento de los beneficiarios consideraban que mejoró su calidad de vida y más del 96 por ciento percibían un desarrollo motriz, en lenguaje y en las habilidades de socialización de sus hijos; 2) desde el 2007 se había beneficiado a 1, 825, 394 madres y padres solos y se habían atendido a 2, 174, 425 niñas y niños en poco más del 50 por ciento de los municipios del país; 3) al corte del ejercicio fiscal 2017, el programa había atendido un total del 39.88 por ciento de su población objetivo; 4) como se muestra en la figura 1, desde su origen el programa operó, en promedio, con un 3.3 por ciento del presupuesto asignado al ramo correspondiente. Sin presentar un incremento significativo que comprometiera la operación presupuestal de este u otro sector.
Figura 1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Coneval
No obstante, se ordenó su cancelación. En su lugar, el 28 de febrero del 2019, se promulgó el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019. Mismo que en su mayoría, conforme a su diagnóstico y diseño, resulta idéntico al PEI con la salvedad de que establece su operación vía transferencias directas a los beneficiarios, incrementa el monto del apoyo en un 50 por ciento e inhabilita el impulso de los servicios de cuidado y atención infantil como esquema de seguridad social.
Estos cambios, aunque aparentemente marginales, tienen una importancia significativa para el tratamiento del problema si se considera que: 1) dejar de motivar los servicios de cuidado y atención infantil como esquema de seguridad social, en un contexto en el que la carencia por acceso a la seguridad social persiste en el 50 por ciento de la población, tiende a reducir la probabilidad de que madres, padres solos y tutores puedan permanecer en un empleo; 2) el porcentaje de la población atendida pasó de 39.88 por ciento en el 2017 a 27.21 por ciento en el 2021 y 21.44 por ciento en el 2022, lo cual no termina de reflejar un beneficio en los ahorros hechos tras recortar presupuesto del programa por la desaparición de los impulsos a los servicios de cuidado y atención infantil.
En consecuencia a su desaparición, el modelo del programa ha sido adoptado por gobiernos locales de la Ciudad de México para garantizar, entre otros, el derecho al trabajo, al cuidado, a la alimentación y nutrición y a la vida digna.
Entre las Alcaldías que lo han puesto en marcha se encuentra: Benito Juárez, con el “Apoyo a Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral de la Niñez”; Tlalpan, con el “Programa Social Estancias Infantiles-Tlalpan”; Álvaro Obregón, con el “Programa Social Estancias Infantiles-Álvaro Obregón”; Miguel Hidalgo, con el “Apoyo a Estancias Infantiles MH”; Coyoacán, con la “Acción Social: Espacios de Desarrollo Para el Beneficio de Niños y Niñas de la Demarcación, Coyoacán Contigo”; Cuajimalpa, con la “Acción Social: Fortalecimiento a Estancias Infantiles”.
La adopción del modelo en el orden local no refleja únicamente su viabilidad, sino que también demuestra que los servicios de cuidado y atención infantil, como esquema de seguridad social para contribuir al acceso y permanencia en el mercado laboral, son una demanda vigente que no debe perderse de vista en la agenda pública.
Este punto de acuerdo se someterá a votación y, en caso de ser aprobado, se enviará a las instancias correspondientes para su seguimiento y acción.
Por lo antes expuesto, solicito se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único: La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus atribuciones, garantice durante el año 2025 la implementación de las estrategias y programas institucionales suficientes que permitan cubrir y cumplir con las metas, objetivos y acciones en materia de reactivar la operación del Programa de Estancias Infantiles en todo el territorio nacional, para beneficiar a los hijos de las madres trabajadoras.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 octubre 2024
Diputado Fidel Daniel Chimal García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implementar programas para padres de familia sobre la prevención de la delincuencia juvenil, en todos los planteles de educación básica a nivel federal, a cargo de la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, la implementación de programas para padres de familia sobre la prevención de la delincuencia juvenil, en todos los planteles de educación básica a nivel federal, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La delincuencia juvenil es una problemática que hoy en día, es un fenómeno social que ha despertado preocupación en todo el mundo, ya que, implica la participación de menores en actividades delictivas, siendo un reflejo de las complejas dinámicas sociales, económicas y familiares que influyen en la vida de los jóvenes.
A medida que la sociedad se enfrenta a los desafíos de la modernización y el cambio cultural, la comprensión y abordaje de la delincuencia juvenil se han vuelto esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de las futuras generaciones. y durante su desarrollo, los jóvenes son especialmente vulnerables a influencias negativas que pueden llevarlos a cometer delitos.1
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llevó a cabo en 2022 la segunda edición de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal. Esta edición tuvo como objetivo obtener información estadística detallada sobre las características sociodemográficas de los adolescentes involucrados en el sistema de justicia penal, así como su situación jurídica.
Además, la encuesta abordó aspectos relacionados con los delitos cometidos, los procesos legales, las medidas cautelares aplicadas, los mecanismos y salidas alternativas utilizadas, y la ejecución de sanciones, tanto privativas como no privativas de la libertad.
Para el levantamiento de la Enasjup 2022, entre agosto y septiembre de 2022, se visitaron 45 centros de internamiento en las 32 entidades federativas que concentraron la totalidad de la población de adolescentes en el Sistema Integral de Justicia Penal, a nivel nacional, 3 413 personas se encontraban en el Sijpa. De ellas, 56.5 por ciento, cumplía una medida de sanción en externación y 30.2 por ciento, una de internamiento.2
Como lo podemos analizar en la encuesta, la delincuencia juvenil es un fenómeno complejo y multifacético, influenciado por una combinación de factores individuales, familiares, sociales y económicos. Comprender estas causas es crucial para abordar el problema de manera efectiva y prevenir la participación de los jóvenes en actividades delictivas.
Uno de los factores determinantes en la delincuencia juvenil es el entorno familiar, ya que la desintegración y los conflictos dentro del hogar pueden desestabilizar a los jóvenes, llevándolos a buscar aceptación en grupos antisociales, de manera que, la falta de control y supervisión por parte de los padres dificulta que los adolescentes desarrollen un sentido claro de normas y límites, lo que facilita su inclinación hacia conductas delictivas. Además, la exposición a la violencia intrafamiliar fomenta comportamientos agresivos que los jóvenes tienden a replicar en su interacción social.
Por otra parte, el ámbito educativo está estrechamente vinculado con la delincuencia juvenil, conllevado a la deserción escolar y el bajo rendimiento académico son indicadores claros de vulnerabilidad, ya que la falta de educación reduce las oportunidades futuras y puede llevar a los jóvenes a buscar alternativas en entornos delictivos.
En respuesta a estos desafíos, la ONU estableció las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como las “Directrices de Beijing,” adoptadas por la Asamblea General en 1985. Estas directrices ofrecen un marco integral de principios y recomendaciones para prevenir la delincuencia juvenil, destacando la importancia de un enfoque preventivo que involucre a la familia, la comunidad y el sistema educativo, así como la necesidad de proteger los derechos humanos y promover oportunidades positivas para los jóvenes. Estas directrices ofrecen un marco para la formulación e implementación de políticas y programas destinados a prevenir la delincuencia juvenil y promover el bienestar de los jóvenes. A continuación, se presentan los aspectos clave de estas directrices.3
Considerando lo anterior, la prevención de la delincuencia juvenil es una responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado; en este contexto, la creación de programas dirigidos a los padres de familia se presenta como una estrategia fundamental para abordar este desafío, atendiendo al artículo 3, de la Ley General de Educación, el cual establece lo siguiente: “El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, los pueblos indígenas y afromexicanos, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.”
La inclusión de dichos programas tiene como objetivo proporcionar a los padres de familia las herramientas necesarias para criar a sus hijos en un ambiente de respeto, valores y seguridad, por lo que, invertir en la formación y el apoyo a los padres no solo disminuye el riesgo de que los jóvenes se involucren en actividades delictivas, sino que también fortalece la construcción de una sociedad más justa y equitativa, convirtiéndose, en definitiva, una inversión en el futuro de nuestras comunidades y en el bienestar de las generaciones a futuro.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo.
Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, la implementación de programas para padres de familia sobre la prevención de la delincuencia juvenil en todos los planteles de educación básica a nivel federal.
Notas:
1 (S/f-b). Cepal.org. Recuperado el 21 de agosto de 2024, de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b0fed7d7-8e1c- 4846-be04-25e8f1dd1f75/content
2 de Prensa Núm., C., & de Marzo de, 29. (s/f). ENCUESTA NACIONAL DE ADOLESCENTES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (ENASJUP) 2022. Org.mx. Recuperado el 21 de agosto de 2024, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASJUP /ENASJUP2022.pdf
3 (S/f). Ohchr.org. Recuperado el 21 de agosto de 2024, de https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/united-nati ons-guidelines-prevention-juvenile-delinquency-riyadh
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024.
Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, por medio de la SEP y las dependencias e instituciones correspondientes, otorgue estímulos y se perfeccionen programas que favorezcan a la educación de la mujer indígena, a cargo de la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por medio de la Secretaria de Educación Pública y las dependencias e instituciones correspondientes, otorguen estímulos y se perfeccionen mediante las políticas públicas los programas que favorezcan a la educación de la mujer indígena, así como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La educación es uno de los pilares fundamentales para el progreso y desarrollo, tanto de las personas como de las sociedades; no se limita únicamente a transmitir conocimientos y habilidades, sino que enriquece la cultura, fomenta el espíritu crítico, fortalece los valores y contribuye a definir nuestra identidad como seres humanos.
En el ámbito social, la educación es esencial para promover la movilidad social, abrir el acceso a empleos de calidad, elevar el nivel cultural de la población y generar más oportunidades, especialmente para los jóvenes. Además, refuerza los valores cívicos que cohesionan las sociedades, impulsa el avance democrático y fortalece el Estado de derecho.1
La educación es primordial para todas las personas, sin embargo, en las mujeres ha demostrado ser una de las fuerzas más poderosas y transformadoras para el desarrollo integral de las sociedades, con impactos profundos en los niveles económico, social y cultural. No obstante, a pesar de los avances, muchas mujeres siguen enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso a una educación de calidad. Estas barreras, como la pobreza, las normas culturales restrictivas, la discriminación de género, la violencia y la falta de infraestructuras educativas adecuadas, son aún más pronunciadas para las mujeres indígenas.
La intersección entre el género y la identidad étnica agrava la exclusión, ya que, además de enfrentar desigualdad por su condición de mujeres, sufren discriminación por pertenecer a comunidades indígenas. Esta doble discriminación perpetúa la marginación, obstaculiza el acceso equitativo a la educación y profundiza las desigualdades sociales, frenando el avance hacia una sociedad más inclusiva y justa.
De acuerdo con datos obtenidos de la CNDI en el ámbito de las comunidades originarias existen 636 720 mujeres monolingües, frente a 371 083 hombres, y este rezago educativo se acrecienta conforme avanza el nivel de escolaridad: así vemos que el porcentaje de niñas que concluyó el ciclo de educación primaria es de 64.3 por ciento, mientras el de los niños es de 68.1 por ciento y en la secundaria únicamente el 31.7 por ciento de las jóvenes concluyó el ciclo, frente al 35.9 por ciento de los varones.2
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la obligación del Estado mexicano de garantizar e incrementar los niveles de educación de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros, mediante la conclusión de la educación superior, además de propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación.
Lo anterior, establecido en su artículo 2, Apartado B, fracción II, establece, las autoridades tienen la obligación de, “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior”.
Así mismo, en el artículo 2, Apartado B, establece lo siguiente, “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones...”3
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública y las dependencias e instituciones correspondientes, otorguen estímulos y se perfeccionen mediante las políticas públicas los programas que favorezcan a la educación de la mujer indígena, así como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Notas:
1 (S/f). Cme-espana.org. Recuperado el 12 de septiembre de 2024, de https://cme-espana.org/2019/03/08/dia-internacional-de-la-mujer-la-educ acion-como-herramienta-de-igualdad/#:~:text=La%20educación%20de%20niñas %20y,y%20favorecer%20el%20crecimiento%20económico.
2 Sistema de Indicadores de Género: - Instituto Nacional de las Mujeres -. (s/f). Gob.Mx. Recuperado el 12 de septiembre de 2024, de http://estadistica-sig.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?men u1=2&IDTema=2&pag=1
3 de la Federación el, C. P. en el D. O. (s/f). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Gob.mx. Recuperado el 12 de septiembre de 2024, de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024.
Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implementar áreas de psicología educativa en los planteles de educación básica a nivel federal, así como el fomento de la integración familiar, a cargo de la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, la implementación de áreas de psicología educativa en los planteles de educación básica a nivel federal, así como el fomento de la integración familiar en los programas psicológicos que se establezcan, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La educación es esencial para el desarrollo integral de los individuos y de la sociedad en su conjunto, de manera que proporciona conocimientos, habilidades y valores fundamentales, promoviendo la igualdad de oportunidades y facilitando la movilidad social.
Contar con un plan de educación sólido es fundamental para formar el capital humano indispensable para el desarrollo económico del país, impulsando la innovación y fortaleciendo la competitividad a nivel mundial. Sin embargo, es crucial que los planes de educación básica no se enfoquen únicamente en la adquisición de conocimientos, deben integrarse con el fomento de una adecuada salud física, nutricional y mental del alumno.
La salud mental es definida por la OMS como, “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidades”1 Por lo que, la salud mental, es fundamental para el bienestar general, ya que influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos, afectando nuestra capacidad para manejar el estrés, mantener relaciones interpersonales saludables y desempeñarnos eficazmente en la escuela y el trabajo.
A partir de la investigación realizada sobre los problemas de la educación en México, por Guevara y Macotela, observaron con qué habilidades lingüísticas y pre-académicas ingresan los niños a primer grado de primaria, estudiando una población de clase sociocultural baja. Se trabajó una muestra de 100 alumnos, donde 50 tenían antecedentes de preescolar y 50 habían ingresado sin prerrequisitos escolares. Su segundo objetivo fue comparar a las sub-muestras de alumnos. En este estudio se encontró que el contexto social donde se desarrollan tiene un papel importante para definir el nivel de habilidades con que ingresan a primaria.2
En vista de estos obstáculos que se enfrenta la sociedad, uno de los ámbitos de trabajo más relevantes en psicología es el papel de apoyo a la población de educación básica, donde los psicólogos, junto con padres, maestros y supervisores, se esfuerzan por mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
La labor del psicólogo educativo no se limita al individuo, sino que abarca grupos enteros en formación. Implica la aplicación de herramientas teóricas y metodológicas de la psicología para abordar los desafíos educativos, con el fin de comprender y mejorar de manera integral los procesos educativos, trascendiendo así el ámbito estrictamente escolar.
Así mismo, los psicólogos educativos son clave en la detección temprana de trastornos mentales en niños y adolescentes, ya que, al estar en contacto directo con ellos en entornos escolares y familiares, pueden observar cambios en su comportamiento y rendimiento académico.
Con el objetivo de trabajar en colaboración con otros profesionales de la salud y la educación para evaluar y abordar las necesidades individuales de los jóvenes, integrando información y apoyo de diversas fuentes, cuyo objetivo es la detección precoz de algún trastorno, que permita una intervención temprana y efectiva, previniendo el agravamiento de los síntomas y proporcionando apoyo tanto a los niños afectados como a sus familias.
Cuando los psicólogos educativos identifiquen signos de trastornos mentales, que requieren una evaluación más profunda o un tratamiento especializado, derivan a los niños o adolescentes a servicios de salud mental especializados. Estos servicios pueden incluir consultas con psiquiatras, psicólogos clínicos u otros profesionales de la salud mental que tienen experiencia en el diagnóstico y tratamiento de trastornos específicos; la derivación a estos servicios permite una evaluación más completa de la situación del joven y la implementación de un plan de tratamiento intensificado que aborde sus necesidades específicas de salud mental.
Al implementar un área de psicología o un psicólogo educativo, en cada plantel de educación básica a nivel federal, se estaría salvaguardando los derechos de los niños y adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, tercer párrafo, el cual establece, “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano”3
Así mismo, se establece el derecho a la salud mental, en la Ley General de Salud, en el artículo 72, segundo párrafo, establece: “Toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, la expresión de género, la filiación política, el estado civil, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”4
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único . - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, la implementación de áreas de psicología educativa en los planteles de educación básica a nivel federal, así como, el fomento de la integración familiar en los programas psicológicos que se establezcan.
Notas:
1 Salud mental: fortalecer nuestra respuesta. (s/f). Who.int. Recuperado el 11 de junio de 2024, de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-stren gthening-our-response
2 Psicología, A. en. (s/f). 9. El papel del psicólogo en el ámbito educativo. Alternativas.me. Recuperado el 11 de junio de 2024, de https://alternativas.me/19-numero-31-agosto-2014-enero-2015/70-9-el-pap el-del-psicologo-en-el-ambito-educativo
3 (S/f). Gob.mx. Recuperado el 11 de junio de 2024, de http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/3.pdf
4 Diario Oficial, de la F. el. (s/f). LEY GENERAL DE SALUD. Gob.mx. Recuperado el 11 de junio de 2024, de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024
Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a la SSPC a implementar acciones coordinadas en materia de seguridad que permitan salvaguardar la vida e integridad de los usuarios de carreteras y caminos federales del país, a cargo de la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de implementar acciones coordinadas en materia de seguridad que permitan salvaguardar la vida e integridad de los usuarios de carreteras y caminos federales del país, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La inseguridad en las carreteras de México es un problema creciente que afecta a ciudadanos, turistas y transportistas, reflejando no solo la violencia e impunidad generalizadas en el país, sino también las deficiencias en infraestructura y la ausencia de políticas efectivas para garantizar la seguridad vial.
Entre las causas más importantes de esta problemática se encuentra la presencia del crimen organizado, cuyos grupos criminales aprovechan las carreteras para cometer delitos como asaltos, secuestros y extorsiones, generando un clima de temor y afectando la movilidad y la economía de diversas regiones.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023, el 70 por ciento de la población expresó satisfacción con las autopistas de cuota, mientras que solo el 33 por cientos manifestó estar conforme con las carreteras sin cuota.1
Sin embargo, dentro de los aspectos evaluados, la seguridad fue el rubro con la calificación más baja en ambos tipos de carreteras, lo más alarmante es que la percepción de seguridad ha disminuido notablemente entre 2015 y 2023, especialmente en las autopistas de cuota, que, en teoría, deberían ofrecer mayores garantías de protección para los usuarios.
Un ejemplo claro de la inseguridad en las carreteras mexicanas es la autopista Arco Norte, donde diariamente se cometen delitos graves como secuestros exprés, robos, asaltos, extorsiones e incluso agresiones sexuales. Esta situación es especialmente crítica en el tramo que atraviesa el estado de Hidalgo, específicamente entre Tula y Atotonilco de Tula, una zona que se ha convertido en un foco rojo para la delincuencia vial.2
Así mismo, otro claro ejemplo de la inseguridad en las carreteras mexicanas es la Carretera Federal 57, con una longitud de 1,295 km, carretera mexicana que recorre gran parte de México, desde la frontera con los Estados Unidos en Piedras Negras, Coahuila, hasta la Ciudad de México, siendo de las más importantes del país.
Debido a esto, Querétaro ocupa el sexto lugar en robo de carga, con incidencia principalmente en la carretera 57 a la altura de Chichimequillas en El Marqués y la zona antes de Palmillas en San Juan del Río.
De los incidentes más recientes ocurrió en mayo de este año, cuando un intento de asalto en la autopista dejó a dos mujeres heridas de bala en el tramo que cruza los límites de Tlaxcala e Hidalgo.3 Este tipo de sucesos no solo generan un clima de miedo entre los usuarios, sino que también evidencian la falta de control y de respuesta eficaz por parte de las autoridades para frenar la violencia en una de las vías más importantes de México, frecuentada tanto por automovilistas particulares como por transportistas.
Aunque se tiende a presentar la inseguridad vial como un problema de carácter nacional, un análisis más detallado muestra que su impacto varía considerablemente según la región.
Al desagregar los datos por entidad federativa, se revela que las percepciones más elevadas de inseguridad se concentran en las regiones centro, occidente y sureste del país. Estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco y Veracruz son ejemplos de puntos críticos, donde la presencia del crimen organizado y las deficiencias en la infraestructura vial complican la situación.
En el centro de México, que abarca el Estado de México y Ciudad de México, el denso tráfico comercial y urbano contribuye a un aumento en los delitos, como robos y secuestros en carretera. Por otro lado, en el occidente, en estados como
Michoacán y Jalisco, la violencia asociada a los cárteles y la lucha por el control de rutas de transporte son factores que agravan la inseguridad. El sureste del país, siendo una región estratégica por su conexión con las rutas hacia Centroamérica, también presenta altos niveles de inseguridad, debido principalmente a la debilidad institucional y a la escasa presencia de fuerzas de seguridad en las áreas rurales4 .
Por lo fundamentado, es crucial que las autoridades mexicanas asuman un papel más activo en la protección del pueblo de México mediante la creación de una estrategia integral de seguridad pública. Esta estrategia debe facilitar una coordinación eficaz entre los distintos niveles de gobierno, involucrando a actores sociales clave en la promoción de un cambio en las políticas públicas de seguridad.
Solo a través de una colaboración multisectorial será posible no solo combatir la inseguridad de manera efectiva, sino también prevenirla a largo plazo. Esto permitirá salvaguardar lo establecido en el artículo 70 BIS, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que señala: “La Secretaría y la Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán en la vigilancia, verificación e inspección de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado.”5 Esta cooperación asegurará que las políticas de seguridad vial sean implementadas de manera coherente y eficaz, garantizando tanto la protección de los usuarios como el cumplimiento de la ley.
Así mismo, hacemos referencia a lo que nos dice el primer párrafo del artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y que a la letra dice “La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.”
La implementación de estas medidas debe ser transparente y medible, permitiendo que los resultados sean visibles y, lo más importante, que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único . – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de implementar acciones coordinadas en materia de seguridad que permitan salvaguardar la vida e integridad de los usuarios de carreteras y caminos federales del país.
Notas:
1 (S/f). Org.mx. Recuperado el 13 de septiembre de 2024, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/EstSegP ub/ENCIG_23.pdf
2 Pérez, J. G. (2024, enero 23). Autopista Arco Norte: La carretera donde son comunes robos y asaltos. La Silla Rota. https://lasillarota.com/hidalgo/estado/2024/1/23/autopista-arco-norte-l a-carretera-donde-son-comunes-robos-asaltos-466483.html
3 Rincón, E. (2024, mayo 13). Intento de asalto en Arco Norte deja dos mujeres heridas; no hay detenidos. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/nacional/intento-asalto-arco-norte-mujeres -heridas-no-hay-detenidos/1651733
4 Koschnick, J. G. C. (s/f). El estado de la seguridad en las carreteras del país: una revisión. Com.mx. Recuperado el 13 de septiembre de 2024, de https://seguridad.nexos.com.mx/el-estado-de-la-seguridad-en-las-carrete ras-del-pais-una-revision/
5 Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial, de la F. el. (s/f). LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. Gob.mx. Recuperado el 13 de septiembre de 2024, de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCPAF.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024.
Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a tomar acciones urgentes y fortalezcan las estrategias de seguridad pública, para contrarrestar la ola de violencia e inseguridad que está viviendo el estado de Zacatecas, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El tema de la seguridad pública está en el centro del debate nacional. En el ámbito social, la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y críticas constantes. La seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera urgente, eficiente y oportuna por el Estado mexicano.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 en el artículo 21, párrafo noveno establece:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
Como se puede apreciar en el párrafo anterior, es deber del Estado proveernos de una seguridad pública efectiva y de manera responsable. Lamentablemente este aspecto está fuera de la realidad y muy contrario a lo que vivimos en el día a día en materia de seguridad.
En estos tiempos se torna difícil la convivencia pacífica y se generan entornos de violencia los que se perciben desde los núcleos familiares y que se puede advertir en las calles en sucesos cotidianos como los delitos contra el patrimonio, específicamente robos y asaltos, comercialización de droga al menudeo, el pandillaje juvenil; situaciones que incrementan el temor y la inseguridad de los ciudadanos que esperan de parte del Estado una tutela realmente efectiva.
El Inegi, en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, reportó que el 73.8 por ciento de los habitantes de Zacatecas percibía la inseguridad como su mayor preocupación. En 2023, la misma encuesta reflejó que la percepción sobre la inseguridad se mantuvo en un 71.5 por ciento, lo que demuestra que, pese a los esfuerzos realizados, el temor y la sensación de vulnerabilidad continúan siendo altos entre la población. Además, datos del Inegi más recientes revelan que el 84.7 por ciento de los zacatecanos considera que el estado sigue siendo inseguro, esta cifra coloca a Zacatecas entre los estados más afectados por la violencia, situándose como el estado en el tercer lugar en percepción de inseguridad.
Aunado a lo anterior, la siguiente gráfica ilustra la evolución de la percepción de inseguridad que tiene los zacatecanos:
Es preocupante que, en Zacatecas, la percepción de inseguridad en este año ha aumentado, lo que subraya la ineficiencia del gobierno actual ante dicha problemática y es de gran urgencia la implementación de medidas eficientes y eficaces para mejorar la seguridad pública que está padeciendo las y los ciudadanos zacatecanos.
De acuerdo a lo anterior diversos reportes y medios de comunicación nacionales han documentado un aumento en los delitos de alto impacto en el estado, aunado a ello el Heraldo de México publicó;
Un fuerte despliegue policiaco, apoyado por el Ejército y Guardia Nacional, se mantiene durante la madrugada de este 25 de septiembre en la capital de Zacatecas, luego del ataque armado a una vivienda.
Vecinos de la colonia Alma Obrera reportaron al sistema telefónico de atención a emergencias 911 la irrupción de un comando delictivo al interior de una vivienda en la calle Limón, a la cual prendieron fuego.
Dentro de la vivienda, las autoridades localizaron a cuatro mujeres en el suelo; tres de ellas, de entre 20 a 25 años de edad, ya no contaban con signos vitales, por lo que se acordonó el lugar como escena del crimen.
Una cuarta víctima, aparentemente menor de edad, fue auxiliada por heridas de arma de fuego y por las quemaduras provocadas por el incendio. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, las autoridades investigan si la vivienda era utilizada para actividades delictivas.
Tras este ataque armado se implementó un patrullaje en las inmediaciones, ya que vecinos reportaron que los agresores pudieron haber huido por los techos, sin embargo, no se ha informado sobre la ubicación o detención de alguna persona relacionada con este hecho de violencia.2
Otra sorprendente y escalofriante noticia ocurrió en la Feria Nacional de Zacatecas, de acuerdo al universal publicó lo siguiente;
Una explosión dejó un saldo de 14 heridos la madrugada de este lunes afuera del estadio “Carlos Vega Villalba”, cuando se realizaba el concierto de los artistas de regional mexicano, Julión Álvarez y Alfredo Olivas, con cuyo evento se dio el cierre de actividades de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza).
La versión oficial que han emitido las autoridades del gobierno estatal refieren que se trató de una explosión por acumulación de gas en un tanque de un puesto de comida, sin embargo, esta versión ha generado dudas entre la población, ya que varias de las víctimas que tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica reportan lesiones en diversas partes del cuerpo por esquirlas.
Esta explosión ha generado confusión y hasta temor entre la ciudadanía, ya que algunos de los asistentes han referido en las redes sociales que se escuchó un fuerte estruendo a las afueras del estadio que generó pánico entre la gente que estaba cerca de la zona cero de la explosión, cuyo lugar de inmediato fue acordonado y empezaron a despejar el área por parte de diversas corporaciones, entre ellas, militares.3
Y no podemos dejar desapercibido lo que ocurrió el pasado 26 de septiembre del presente año, de acuerdo al universal;
Reportan hallazgo de tres cuerpos con vestimentas tácticas en Villanueva, Zacatecas.
El personal de Servicios Periciales se encuentra en el lugar de los hechos para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cadáveres.
La mañana de este jueves se reportó el hallazgo de tres cuerpos en la comunidad de San Tadeo en el municipio de Villanueva, quienes portaban vestimentas tácticas.
Este hecho fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, al referir que se tuvo conocimiento por un reporte recibido a través del Sistema de Emergencia 911, en el que se alertaba del hallazgo de tres personas sin vida en dicha comunidad.
Al lugar se desplegaron diversas corporaciones, así como personal de Policía de Investigación, quienes confirmaron que se trataba de tres cuerpos del sexo masculino, mismos que se encuentran en calidad de no identificados y con vestimenta tipo táctica.
El personal de Servicios Periciales se encuentra en el lugar de los hechos para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cadáveres, para su traslado al Servicio Médico Forense e iniciar las diligencias de ley.4
Es insólito lo que están viviendo las y los zacatecanos, estos eventos recientes, se están volviendo cada vez más frecuentes y más caóticos, subrayan la gravedad de la situación de inseguridad en Zacatecas y resaltan el mal manejo del gobierno ante todos los hechos ocurridos, donde la violencia ha alcanzado niveles críticos. Cada día surge un nuevo incidente de inseguridad que demuestra la insuficiencia del actual plan de seguridad pública en el estado.
Todo esto nos conduce a examinar detenidamente los sistemas policiales y de justicia de los tres niveles de gobierno, poniendo énfasis a los delitos del fuero común que han crecido exponencialmente, sin demeritar los de alto impacto del fuero federal.
Si bien es cierto, son diversos los actores que conforman los mandos de seguridad, se considera pertinente asumir acciones conjuntas y decisivas ante la visible falta de acción por parte del Estado. Es un hecho que la precepción de inseguridad de la población se le atribuye a los cuerpos policiacos y judiciales de los 3 órdenes de gobierno. La ineficiencia y la responsabilidad de la inseguridad se debe a la falta de interacción entre gobiernos, a la falta de capacitación, entrenamiento y equipo adecuado para contrarrestar la violencia que azota al país.
Es en este contexto, el Estado debe brindar una seguridad pública efectiva para garantizar la integridad de los ciudadanos, no se puede olvidar que la seguridad ciudadana es un bien público y conlleva a la defensa efectiva de los derechos humanos.
Al referirnos a la seguridad ciudadana, esta no solamente implica la reducción del accionar delictivo, sino el compromiso del Estado en adoptar una serie de estrategias que permitan una mejora en la calidad de vida de la población y para lograrlo se necesita de la capacitación y equipamiento de las y los policías tanto federal, estatal, como municipal para contrarrestar la violencia del país.
Por lo anterior, resulta necesario hacer un llamado al Ejecutivo del estado de Zacatecas para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adopten medidas inmediatas y contundentes para combatir la inseguridad. Es necesario reforzar los operativos en las zonas más afectadas, mejorar la inteligencia policial y asegurar que los cuerpos de seguridad cuenten con los recursos indispensables para hacer frente a las amenazas que representan los grupos delictivos.
En virtud de la gravedad de la situación y con el fin de salvaguardar la paz, la vida y la integridad de los zacatecanos, someto a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas y al titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, para que, de manera coordinada y urgente, instrumenten las acciones y estrategias necesarias dirigidas a combatir la creciente ola de violencia e inseguridad que afecta a la población de la entidad.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de fortalecer las estrategias de seguridad en el estado de Zacatecas, con el objetivo de disminuir la inseguridad y proteger a la ciudadanía zacatecana.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que de manera coordinada instrumenten las acciones necesarias a efecto de reforzar los operativos en las zonas más afectadas del estado de Zacatecas, mejorar la inteligencia policial, y asegurar que los cuerpos de seguridad cuenten con los recursos indispensables para enfrentar las amenazas de los grupos delictivos.
Notas:
1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
2 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2024/9/25/asesinan-tres-mujeres -prenden-fuego-casa-en-zacatecas-640522.html
3 https://www.eluniversal.com.mx/estados/explosion-en-feria-nacional-de-z acatecas-deja-14-heridos-autoridades-sostienen-que-fue-por-acumulacion- de-gas/
4 https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-hallazgo-de-3-cuerpos-c on-vestimentas-tacticas-en-villanueva-zacatecas/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024
Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH y al gobierno de la Ciudad de México a garantizar el ejercicio de los derechos establecidos y protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en ordenamientos con carácter convencional, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 3, numeral 20; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición “con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al gobierno de la Ciudad de México para que se garanticen el ejercicio de los derechos establecidos y protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en ordenamientos con carácter convencional y que asisten a las diputadas y diputados integrantes de esta soberanía, en razón de las siguientes:
Consideraciones
Los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia y sin su cabal respeto automáticamente es anulada. De su pleno conocimiento y protección jurídica, depende la existencia de un Estado de derecho.
Hasta antes del inicio de la administración del presidente López Obrador, contábamos con sólidas instituciones y nuestra democracia era más fuerte porque las autoridades de todos los órdenes de gobierno acatábamos nuestra obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en todas y cada una las actuaciones que realizábamos.
Lamentablemente, el derecho a la libertad de expresión de que gozábamos en este país ha sido conscientemente debilitada hasta el grado de su represión mediante la intimidación a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones o integrantes de Poderes constitucionalmente reconocidos que se atrevieron a criticar o cuestionar acciones y omisiones de autoridades federales o estatales afines al oficialismo, revertir con apego a la ley sus decisiones o exigir que cumplieran con el principio de transparencia y rendición de cuentas.
Incluso, para esos efectos se recurrió a instituciones del Estado como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera en el ámbito federal; o la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de otras entidades federativas, en el orden local.
Así como se demostró que diversas instancias gubernamentales actuaron con la intención de limitar o anular la libertad de expresión, otras instituciones incurrieron en la omisión o renuncia de sus facultades y atribuciones que tenían como consecuencias los mismos efectos, tal es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Desde que se le otorgó rango constitucional y posteriormente autonomía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se constituyó como una institución fuerte y confiable que cumplía a cabalidad con la importante función que tiene a su cargo; velar por el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos de todas y de todos.
Pero con la designación de su actual titular, María del Rosario Piedra Ibarra, dicho organismo solamente ha fungido como una institución más al servicio del gobierno federal.
Como es del conocimiento público, el pasado 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”.
El procedimiento legislativo relativo a ese decreto, así como sus efectos jurídicos, han sido objeto de múltiples críticas, expresiones y manifestaciones por parte de diversos sectores sociales y académicos, incluyendo personas integrantes del Poder Judicial federal y, por obvias razones, por personas legisladoras federales tanto de la Cámara de Diputados como de senadores de la anterior legislatura y de la actual sexagésima sexta.
Las críticas, expresiones y manifestaciones han sido con motivo de las diversas violaciones de los derechos humanos que evidentemente se desprenden del decreto de reforma del Poder Judicial y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debió, en acatamiento de sus obligaciones, impugnar ante el órgano jurisdiccional correspondiente para que declarara la invalidez de ese decreto.
En pleno ejercicio de sus derechos, tanto como persona como en su carácter de personas legisladoras, diputadas y diputados federales realizamos el pasado 12 de septiembre una protesta simbólica en la vía pública que circunscribe las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de señalar las violaciones de los derechos humanos que conlleva la entrada en vigor del decreto de reforma del Poder Judicial y para exigirle a esa autoridad cumpliera con sus obligaciones.
En ningún momento se dañó, pintó, maltrató, ensució o se hizo uso indebido de la fachada de las instalaciones usadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o de otro inmueble público y, menos aún, se limitó o impidió la realización de labores o funciones de las personas que trabajan en esa comisión.
No obstante lo evidente de lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recurrido a instancias de justicia cívica con la intención de anular o limitar derechos como la libertad de expresión y de manifestación y, con motivo del carácter que nos asiste, anular o limitar el derecho establecido en el artículo 61, párrafo primero, constitucional.
Esto es, Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acusación en contra de diputadas y diputados federales ante el supuesto incumplimiento de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México ante el Juzgado Cívico 01 de la Magdalena Contreras y a través de la ciudadana Flor Elvia García Dávila, directora de lo consultivo.
Lo anterior, se trata de una clara violación de los derechos señalados anteriormente y se encuentra al límite de un claro acto de represión cometido por autoridades de la Ciudad de México y lamentable e irónicamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ninguna autoridad puede evitar que, como personas servidoras públicas, cumplamos nuestra obligación constitucional de proteger los derechos humanos de las y los mexicanos, y limitar nuestro derecho a manifestar libremente nuestras opiniones y a no ser reconvenidas por ellas, más aún, cuando estas manifestaciones las realizamos de manera pacífica.
Con estas acciones, la CNDH incumple con su propia recomendación 74/2021, suscrita por su actual presidenta Rosario Ibarra de Piedra, en la que expresamente señala que :
“La libertad de expresión no es una concesión del Estado, sino un derecho fundamental, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información, por lo que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, debe estar prohibida.”
De igual manera, el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos señala que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
Es de importancia, para el debido cumplimiento de nuestra función legislativa, que el pleno de la Cámara de Diputados y su Presidencia, así como la sociedad mexicana tengan conocimiento de lo grave que es la utilización de autoridades federales y locales para anular o limitar el ejercicio de los derechos que nos asisten, cuyas acciones incluso van en contra de lo reiterado en diversas ocasiones por el gobierno federal en el sentido de que por ningún motivo se utilizarán las instituciones del Estado para reprimir la libre manifestación y expresión de ideas.
Debe recordarse que la relatoría de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha reiterado que, sin una efectiva libertad de expresión, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se crea el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.
Los métodos inquisitoriales en los que incurre el gobierno en contra de toda persona, persona funcionaria pública, organización civil, partido político o institución que la critique, cuestione, o exija que actué cumpliendo la ley, de ninguna manera pueden ser replicadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que es el organismo constitucionalmente establecido para la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
La actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que sólo pretende anular o limitar el ejercicio de diversos derechos que nos asisten se presenta en el contexto de la probable reelección de su actual titular, María del Rosario Piedra Ibarra.
En razón de lo anterior, las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en los términos siguientes:
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura, condena enérgicamente la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al reprimir la libertad de expresión y la exhorta para que su actuación no anule o limite el ejercicio de los derechos humanos establecidos y protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en ordenamientos con carácter convencional que son parte del marco normativo del Estado mexicano.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura, exhorta al gobierno de la Ciudad de México a abstenerse de utilizar a las instituciones para coartar la libertad de expresión y manifestación previstas en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la conmina a promover mecanismos para garantizar que las y los ciudadanos puedan expresarse con pluralidad de ideas y opiniones con el propósito de fortalecer la vida democrática de la sociedad.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024.
(Rúbrica)
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