Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a los representantes del Poder Ejecutivo de los tres niveles de gobierno a implantar un programa urgente de bacheo y mantenimiento de caminos y carreteras de su competencia, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Arturo Roberto Hernández Tapia, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracciones I, 62 punto 3, 65 punto 4, 76 fracción IV, 79 fracción II, 82 punto 2, fracción I y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de este Honorable pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La conservación de caminos y carreteras es una contribución crucial del Estado para el crecimiento y desarrollo económico de México y vital para el bienestar de la población. Diseñar políticas y acciones en torno a ello, es de suma importancia para lograr que la nación alcance mejores niveles de prosperidad; además de proveer acceso al empleo, servicios de salud y educativos, entre otros.1

El mantenimiento de la red de caminos y carreteras tiene como objetivo garantizar una movilidad segura y eficaz para conductores y transeúntes. Por ello, resulta prioritario que su mantenimiento sea oportuno y periódico, puesto que con el uso y el tiempo experimenta procesos de desgaste y debilitamiento.

Tanto caminos y carreteras sufren de un deterioro permanente, lo cual se ha exacerbado por los efectos del cambio climático, que ha provocado lluvias atípicas con las consecuentes inundaciones, deslaves, fracturas, hundimientos que han exacerbado su deterioro hasta niveles altamente riesgosos y críticos.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, refiere que dos de cada tres kilómetros de carreteras están en malas condiciones2 , es importante señalar que en el año 2022, se reconocía que solo el 39% de la red (20 mil de los 52 mil km) estaba en buenas condiciones de operación, ese porcentaje en el año 2024 se ha reducido a casi la mitad, es decir solo 10 mil km están en buenas condiciones y 42 mil km presentan condiciones de malas a muy malas de operación.3

Por todo ello es urgente y necesario realizar una inversión en el mantenimiento y conservación de las carreteras y caminos de todo el país, para corregir sus deficiencias, no sólo en cuestión de asfaltado, sino solventar la mala iluminación de muchas vías, la mejora de las señales, de la pintura vial, la conclusión de obras y proyectos, etcétera.4

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes en la materia, refieren lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece:

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal;

XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares;

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 25 en su párrafo tercero y 30 establecen la participación de los estados y los municipios en la conservación, reconstrucción y ampliación de caminos y carreteras.

Artículo 25.-

...

...

Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los estados y municipios la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales ;

Artículo 30.- La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley; ...

Dichos ordenamientos jurídicos establecen los lineamientos primordiales para la planeación, diseño, construcción, mantenimiento y conservación de los caminos, puentes y carreteras que se encuentran en todo el país, a fin de preservar la seguridad de quienes transitan por esas vías.5

En la actualidad la mayor parte del territorio nacional presenta un grave deterioro en sus carreteras y caminos, lo que ha provocado una gran inconformidad social, deterioro de la movilidad, accidentes carreteros con muchas pérdidas humanas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en su Informe Estadístico de Prevención de Accidentes en Carreteras Federales, enero – marzo 2024, señala que los accidentes carreteros ascendieron en dicho periodo a 3,519 con una cifra estimada en daños materiales de $2198,542,087 (Dos mil ciento noventa y ocho millones quinientos cuarenta y dos mil ochenta y siete pesos).

El Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado en repetidas ocasiones, que la reparación y mantenimiento de las carreteras y caminos en todo México son una de las principales exigencias de la ciudanía.

Debemos pensar que el dinero destinado al mantenimiento de las vías es una inversión de futuro, ya que invirtiendo en la conservación de las carreteras se invierte en la mejora de la movilidad, pero también en seguridad y en compromiso con el medio ambiente. Enfocar las acciones de gobierno hacia el mantenimiento de los caminos y carreteras trae múltiples beneficios para toda la población6 , sobretodo la salvaguarda de vidas humanas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación de urgente u obvia resolución del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los representantes del Poder Ejecutivo de los tres niveles de gobierno, a que implementen un programa emergente de bacheo y mantenimiento de caminos y carreteras de su competencia.

Notas:

1. The importance of road maintenance. Disponible en: https://www.worldhighways.com/wh8/wh9/wh10/feature/
importance-roadmaintenance#:~:text=Roads%20make%20a%20crucial%20contribution,
crucial%20in%20fighting%20against%20poverty.

2. https://grupoenconcreto.com/noticias/dos-de-cada-tres-kilometros-de-car reteras-estan-en-malas-condiciones/

3. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/asociacion-mexicana-de-urbanistas-ac/
las-lluvias-agravan-el-mal-estado-de-la-infraestructura-carretera-del-pais/

4. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-05-06-1/assets/documentos/
67-PA_PRI_Dip_Oscar_Jimenez_Carretera_115_Cuautla.pdf

5. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-05-06-1/assets/documentos/
67-PA_PRI_Dip_Oscar_Jimenez_Carretera_115_Cuautla.pdf

6. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-05-06-1/assets/documentos/
67-PA_PRI_Dip_Oscar_Jimenez_Carretera_115_Cuautla.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.

Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las presidencias municipales de Santa Clara Ocoyucan, San Andrés Cholula y Puebla a implantar acciones coordinadas de atención y solución integral de la problemática derivada de las fuertes inundaciones que afectan a los habitantes de la Angelópolis, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las presidencias municipales de Santa Clara Ocoyucan, San Andrés Cholula y Puebla a través de sus Secretarías de Gestión y Desarrollo Urbano, Sistemas Municipales de Protección Civil e Institutos de Planeación respectivamente, a implementar acciones coordinadas de atención y solución integral a la problemática derivada de las fuertes inundaciones que afectan a los habitantes del área conocida como “Angelópolis”; con la finalidad de garantizar las condiciones de habitabilidad, seguridad e integridad de las familias”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que derivado de la temporada de lluvias, se han registrado pérdidas materiales de infraestructura urbana, afectaciones al patrimonio de las familias, comercio, etcétera. Situación que incluso genera riesgos de pérdidas humanas en la zona de Angelópolis.

No obstante que las fraccionamientos habitacionales y comerciales se construyeron bajo un concepto de edificaciones de lujo, las viviendas de Lomas de Angelópolis, integrada por los conjuntos Lomas I, Lomas II Zona Azul, Lomas III “Cascata” y City Lomas Zona Surhan, han sido evidentemente vulnerados por el impacto de los eventos naturales, como diversos medios lo han comunicado, señalando entre las causas la siguiente:

su cercanía con el río Atoyac: (ya) que al subir de nivel y desbordarse esporádicamente, genera inundaciones que no se limitan a las principales vialidades, sino que llegan incluso a los fraccionamientos, afectando viviendas, vehículos y pertenencias en general (...) los servicios de drenaje público, cuya capacidad es rebasada, además de las labores de limpieza y desazolve que deben realizarse de manera constante (...) la planificación y construcción por parte de las inmobiliarias, en las que se debieron tomar en cuenta las eventuales consecuencias de fenómenos naturales, como las lluvias1 .

Por ello, los municipios que integran esta zona comercial, habitacional y financiera se encuentran frente a un notable reto, toda vez que sus capacidades, recursos y sobre todo el curso de los eventos naturales, que son inciertos e impredecibles, hacen notable la necesidad de una estrategia integral e intermunicipal de resiliencia urbana.

En este sentido, cabe resaltar lo que mandata nuestro ordenamiento jurídico respecto de los municipios2 :

Las atribuciones municipales están reguladas a nivel federal por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en materia de planeación pueden citarse la misma Constitución y la Ley de Planeación. En el ámbito estatal, los ordenamientos correspondientes son la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y la Ley Orgánica Municipal. De éstos se desprende el Sistema Estatal de Planeación Democrática orientado a garantizar a la población los elementos necesarios para su desarrollo integral y equilibrado a través de:

Un desarrollo social que satisfaga las necesidades básicas de las mayorías, y eleve el nivel de vida de la población .

Un desarrollo político que fortalezca la democracia a la vez que preserve y consolide las instituciones como elementos del perfecto estado de derecho .

Un desarrollo económico basado en la justicia, libertad y eficiencia, que permita la distribución de la riqueza producida y un nivel de vida digno de todos los habitantes.

Además, refiere la necesidad de abarcar un proceso de desarrollo en los ámbitos administrativo, cultural, y financiero. Con este contenido, el Plan de Desarrollo Municipal, que debe definir objetivos, políticas, metas y estrategias expresados en los planes y programas, instrumentados a través de acciones que serán controladas y evaluadas, debe ser presentado por los Ayuntamientos a través de los presidentes municipales, por el periodo constitucional que le corresponda.

Por su parte, la Ley Orgánica Municipal, establece que el Plan Municipal de Desarrollo y sus elementos son el medio para alcanzar el desarrollo integral del Municipio de una manera más eficaz y deben considerar la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con base en la participación democrática de ésta.

En ese tenor de ideas y en función de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla3 , en su Artículo 78, los gobiernos municipales cuentan con Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, referentes a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás asuntos de su competencia, sujetándose a las bases normativas establecidas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación; con pleno respeto a los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional; se rigen también por un Plan Municipal de Desarrollo y entre sus facultades destaca, para efectos del presente exhorto, lo siguiente:

Artículo 204.- Los Municipios del Estado, podrán asociarse y coordinarse entre sí, o previa autorización del Congreso del Estado, con los Municipios de otras Entidades Federativas, en términos de la legislación aplicable, para impulsar el desarrollo regional, que tenga por objeto :

I. El estudio de problemas locales comunes, así como la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan;

II. La realización de programas de desarrollo común;

III. La coordinación con el Ejecutivo del Estado o con el Ejecutivo Federal;

IV. La constitución y el funcionamiento de Consejos de Participación Ciudadana intermunicipales, para la planeación y ejecución de programas y acciones de desarrollo urbano, vivienda, seguridad pública, ecología y preservación del medio ambiente, salud pública, tránsito y vialidad, nomenclatura, servicios públicos, cultura, deportes, integración familiar, comunicación social y demás aspectos que consideren de interés mutuo;

V. La realización de obras o la adquisición en común de materiales, equipo e instalaciones para el servicio municipal;

VI. La promoción de las actividades económicas;

VII. La elaboración de programas de planeación del crecimiento de los centros de población; y

VIII. Las demás acciones que tiendan a promover el bienestar y progreso de sus respectivas comunidades.

XXXVI. Adoptar las medidas que fueren urgentes, para evitar los riesgos y daños que puedan causar el mal estado de construcciones o de obras de defectuosa ejecución ;

XXXVII. Decretar la demolición de las obras que se ejecuten sin autorización; que pongan en peligro a los habitantes; o que se realicen en terrenos o vías públicas;

XXXVIII. Celebrar Convenios y actos para la mejor administración del Municipio , así como lo previsto en el artículo 206 de este ordenamiento.

La problemática que viven los habitantes de esta zona de Angelópolis que integra parte de los municipios de Santa Clara Ocoyucan, San Andrés Cholula y Puebla , implica un gran reto para los municipios, pues las afectaciones además de daños materiales y en todo caso afectaciones a la actividad económica, social, cultural y recreativa de las comunidades, en el peor escenario coloca en un permanente riesgo la vida e integridad de las personas y de familias completas, por lo que es necesario la intervención pronta y efectiva de los gobiernos locales, de los ayuntamientos a través de sus diferentes áreas competentes para agilizar su atención.

Por todo lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al gobierno del Municipio de Puebla , a través de la Secretaría de Gobernación Municipal, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad y del Instituto Municipal de Planeación de Puebla, a implementar acciones coordinadas de atención y solución integral a la problemática habitacional derivada de las fuertes inundaciones que afecta a las familias y a sus viviendas en el área conocida como “Angelópolis”, con la finalidad de garantizar las condiciones de habitabilidad, seguridad e integridad que les permita el pleno ejercicio del derecho humano a una vida y vivienda dignas.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al gobierno del Municipio de San Andrés Cholula , a través de la Secretaría de Gobernación Municipal y de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable Secretaría de Seguridad Pública, a implementar acciones coordinadas de atención y solución integral a la problemática habitacional derivada de las fuertes inundaciones que afecta a las familias y a sus viviendas en el área conocida como “Angelópolis”, con la finalidad de garantizar las condiciones de habitabilidad, seguridad e integridad que les permita el pleno ejercicio del derecho humano a una vida y vivienda dignas.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al gobierno del Municipio de Santa Clara Ocoyucan , a través de la Secretaría de Gobernación Municipal y de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Servicios Públicos Municipales, a implementar acciones coordinadas de atención y solución integral a la problemática habitacional derivada de las fuertes inundaciones que afecta a las familias y a sus viviendas en el área conocida como “Angelópolis”, con la finalidad de garantizar las condiciones de habitabilidad, seguridad e integridad que les permita el pleno ejercicio del derecho humano a una vida y vivienda dignas.

Notas:

1. Plan de Desarrollo Municipal de Ocoyucan –Puebla 2019-2021, disponible en: https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/2261-plan-de-desa rrollo-municipal-de-ocoyucan-puebla-2019-2021

2. https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/Informa cionFiscal/norm/77.01.ley.org.mpal.pue.pdf

3. https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/Informa cionFiscal/norm/77.01.ley.org.mpal.pue.pdf

Fuentes:

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/colegio-de-ingenieros-civiles-de-mexico/
la-normatividad-en-la-seguridad-de-las-construcciones-desde-la-vision-de-la-gestion-de-los-riesgos/

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2024/9/3/
tormenta-causa-inundaciones-derriba-arboles-en-lomas-de-angelopolis-videos-336066.html

https://gaceta.pueblacapital.gob.mx/images/COREMUN_Octub re_2022.pdf

https://ojp.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/
Reglamento_de_la_Administracion_Publica_del_Municipio_de_Ocoyucan.pdf

https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/
4793-reglamento-interior-de-la-administracion-publica-municipal-del-honorable-ayuntamiento-de-san-andres-cholula-puebla

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.

Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INM a reanudar la pausa prevaleciente hasta hace unos días en la región fronteriza norte de México sobre el cobro del derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas a los extranjeros que entren en territorio nacional mientras no se implante un sistema que facilite y agilice el proceso de ingreso migratorio vía terrestre, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Fernando Jorge Castro Trenti, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración para que reanude la pausa que hasta hace unos días prevalecía en la región fronteriza norte de México sobre el cobro del Derecho de visitante sin permiso para realizar Actividades Remuneradas a los extranjeros que ingresen a territorio nacional hasta que se implemente un sistema que facilite y agilice el proceso de ingreso migratorio vía terrestre al país al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México se ha caracterizado por ser un país de origen y retorno de personas migrantes. Sin embargo, durante la última década se ha convertido en un país de tránsito y destino de poblaciones migrantes extranjeras, así como de un importante destino turístico y comercial a nivel mundial.

El principal corredor migratorio en el mundo es el conformado por México - Estados Unidos, con un tránsito de 10.9 millones de personas migrantes.

México se consolidó como el país con más migrantes económicos en el mundo, en un flujo que ha convertido a la frontera con Estados Unidos en el punto de mayor tránsito de personas que van de un país a otro en busca de empleo, reveló un nuevo informe del Banco Mundial (BM).

Debido al creciente número de turistas y visitantes en la región transfronteriza, en 2015 se estableció el cobro del Derecho de Visitante sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas (DNR) en la región transfronteriza norte de México.

Esta contribución se encuentra consagrada en la Ley Federal de Derechos vigente en nuestro marco jurídico actual, el cual es un ordenamiento fiscal que establece el cobro por parte del Estado, de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce y/o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación.

Esta ley, establece las regulaciones y competencias del sector público otorgando certeza jurídica y coadyuvando a la sistematización y transparencia en el cobro de dichas disposiciones.

El artículo 8o establece las cuotas que deberán pagarse por la recepción, estudio de solicitud y en su caso, expedición de documentos migratorios que acrediten la condición de estancia del extranjero.

Dada la alta movilidad entre México y Estados Unidos, dicha disposición permite regular y monitorear la entrada a territorio nacional de extranjeros que no planean realizar actividades remuneradas, así como contribuir con el mantenimiento de los servicios migratorios del país, mediante los ingresos que se obtienen por la recaudación de los derechos.

Para 2024 este derecho tiene un costo de $717.14 que se aplica a extranjeros que ingresan a México por más de siete días sin realizar actividades remuneradas con fines recreativos, turísticos, culturales o familiares. A menudo son turistas de Estados Unidos, Canadá y otras nacionalidades que viajan a zonas turísticas o ciudades transfronterizas, así como personas que realizan visitas familiares; además de ciudadanos de otros países que permanecen en México por periodos relativamente cortos sin trabajar, así como aquellos que no cuentan con un contrato de trabajo en México o quienes utilizan nuestro país como punto de tránsito hacia otros destinos y que permanecen más de siete días.

El fenómeno socio-económico fronterizo que surge en fronteras como Tijuana-San Diego y Mexicali-Calexico, crea condiciones de alto flujo de personas que diariamente ingresan y egresan a las mencionadas ciudades fronterizas; se estima que cada día aproximadamente 40,000 y 50,000 vehículos cruzan hacia México por esta garita, estimándose un cruce anual en Tijuana-San Diego de más de 50 millones de personas.1

Lo mencionado ha creado la necesidad de ambos países tanto en Estados Unidos de Norteamérica, como de México de implementar una logística migratoria de ingreso que cumpla con parámetros de seguridad nacional, que este reconocida en alguna ley ágil y eficiente para que se realice sin demora innecesaria.

Para el cumplimiento de esta disposición jurídica de la Ley Federal de Derechos en su artículo 8o, las autoridades del Instituto Nacional de Migración que vigilan el ingreso de las personas a territorio mexicano por la vía terrestre, han implementado sorpresivamente el cumplimiento de esta obligación de la noche a la mañana; ello, porque las y los residentes de Tijuana, Baja California, hemos sido testigos de larguísimas filas de personas que tienen que esperar hasta cinco horas de su día, para reingresar vía peatonal a México por ambas garitas de Tijuana, es decir, por el puerto de San Ysidro, así como por Mesa de Otay.

Desde el viernes 20 de septiembre, usuarios de la garita peatonal Este de San Ysidro (Ped East) reportaron filas sumamente largas para ingresar a Tijuana, de más de cinco horas.

Esto debido a que personal de migración comenzó a solicitar el “Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas” (DNR), el cual otorga la facultad de ingresar a territorio mexicano a las personas de nacionalidad extranjera.

Julián Palombo Saucedo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, expuso que en el principio del fin de semana (viernes y sábado) hubo un desplome del 70% de las ventas de los giros turísticos. Puntualizó en que el cobro del permiso siempre había sido más a criterio de cada agente.

La aplicación de esta medida en Baja California tiene un impacto significativo en la economía de las ciudades que dependen en gran medida del turismo proveniente de Estados Unidos, quienes cruzan la frontera por motivos recreativos, de compras o para visitar familiares, este cobro desincentiva a los turistas frecuentes especialmente si perciben este costo como una barrera innecesaria que afecta principalmente a hoteles y restaurantes, centros comerciales, zonas turísticas, pequeños y medianos locales que dependen de clientes provenientes de California; así como a miles de trabajadores mexicanos que diariamente cruzan la frontera.

El cobro que se hace a visitantes extranjeros en la garita peatonal de San Ysidro impacta Baja California de acuerdo con lo señalado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien atribuye “el desconocimiento de la dinámica fronteriza y desatiende el impulso y las políticas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que hablan de que las puertas están abiertas para todos nuestros paisanos, para todos los migrantes; esto impacta al turismo pero también impacta a los ciudadanos que viven en Tijuana y que todos los días cruzan la frontera”.

En este sentido es importante señalar el enorme impulso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a la economía de las zonas fronterizas, esfuerzo que se ve trastocado por la implementación de esta medida. Por lo que promover políticas más inclusivas y adaptadas a esta realidad generará certidumbre entre los residentes, viajeros y trabajadores binacionales.

En este sentido la Ley de Migración, en su artículo 18, fracción I y III, señala:

Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. Formular y dirigir la política migratoria del país, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento, así como las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los Gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil;

II. ...

III. Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional, mediante disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento;

Asimismo, el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Migración, establece:

Artículo 130. La Secretaría, atendiendo, entre otros, al principio de facilitación de la movilidad internacional de personas y de conformidad con los artículos 18, fracciones I y III, 35 y 51 de la Ley, establecerá o suprimirá requisitos o facilidades para el ingreso, permanencia, tránsito y salida de personas extranjeras en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, mediante disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Es por ello que la presente proposición solicita a las autoridades migratorias y recaudatorias de inmediato reanuden la pausa que hasta hace unos días prevalecía en la zona por el pago de este derecho para facilitar el ingreso migratorio de aquellos mexicanos que acrediten su nacionalidad o naturalización, que no entorpezca el flujo vehicular que afecte el retorno a sus casas de los cientos de miles de trabajadores mexicanos que diariamente cruzan las fronteras; así como la integración de una mesa de trabajo con las autoridades federales y locales correspondientes que analicen el impacto y se determine la supresión de dicho cobro.

Esta medida evitaría demoras y molestias ciudadanas, por lo que además debería socializarse para que todas las personas mexicanas como no mexicanas, estén informados al respecto. El uso de trámites digitales en los cruces fronterizos no solo acelera el tiempo de personas y vehículos, también fortalece la seguridad, al verificar la información de los viajeros facilitando la detección de amenazas o irregularidades.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que de inmediato se reanude la pausa que hasta hace unos días prevalecía en la región fronteriza norte de México sobre el cobro del “Derecho de Visitante sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas” a los extranjeros que ingresen a territorio nacional, asimismo se facilite el proceso de ingreso migratorio vía terrestre al país a aquellos mexicanos que comprueben su nacionalidad con cualquiera de los documentos enlistados en el artículo 3o de la Ley de Nacionalidad, sin entorpecer el regreso de miles de trabajadores mexicanos que diariamente cruzan las fronteras.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración y el Servicio de Administración Tributaria integren una mesa de trabajo con los gobiernos estatales y municipales fronterizos, así como con representantes de los poderes legislativos local y federal; Cámaras y Organizaciones empresariales locales, representantes de la sociedad civil y asociaciones de migrantes para analizar el impacto y se determine la supresión del “Derecho de Visitante sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas” en la región fronteriza norte de México.

Nota:

1. Azteca noticias, 2024, Cerca de 50 millones de personas transitan cada año entre Tijuana y San Diego, disponible en: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=chK2LdunQnA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024

Diputado Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal, la SE y la SHCP que se extienda seis años más la vigencia de los decretos de estímulos fiscales de las regiones fronterizas norte y sur, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Fernando Jorge Castro Trenti, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 numeral I, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus facultades, se extienda por 6 años más la vigencia de los decretos de estímulos fiscales de la regiones fronterizas norte y sur, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Al reducir la carga fiscal en las zonas fronterizas, se crean oportunidades para que pequeñas y medianas empresas se mantengan competitivas en el mercado, promoviendo un crecimiento económico sostenido. Este dinamismo no solo impulsa el empleo, sino que también beneficia a los consumidores, que tienen acceso a productos y servicios a precios más accesibles, lo que alivia la presión económica en áreas con menor poder adquisitivo.

Adicionalmente, la implementación de estas políticas fomenta la cohesión social al integrar a las regiones periféricas en la dinámica económica nacional, promoviendo un desarrollo más equitativo. La inclusión de zonas tradicionalmente marginadas en la agenda de competitividad favorece la reducción de las brechas de desigualdad regional, permitiendo que estas áreas participen activamente en el crecimiento económico del país.

En este sentido, los estímulos fiscales no solo responden a una necesidad económica, sino que también contribuyen a un desarrollo social más inclusivo, impactando positivamente tanto a los sectores empresariales como a las familias que dependen de ellos.

La implementación de un impuesto general de importación diferenciado para zonas fronterizas como Baja California, no solo ha sido un cambio fiscal, sino un componente estratégico para estimular la economía local. En cuanto a los estímulos en materia de ISR e IVA, estos han sido diseñadas para aliviar la carga fiscal sobre los pequeños y medianos negocios, lo que ha permitido una mayor inversión en sectores que van desde la industria de la construcción hasta el sector gastronómico. El IVA, en particular, se ha ajustado para favorecer al sector de servicios, estimulando un crecimiento en la oferta y la calidad de los mismos, tal es el caso de los servicios médicos, promoviendo la modernización de clínicas y hospitales, así como la capacitación de personal.

El nacimiento de estas medidas refleja un cambio en la atención gubernamental hacia las demandas de la población. La lucha de los ciudadanos de Baja California por un tratamiento fiscal más equitativo y por el desarrollo de su región ha sido un motor de cambio significativo. El gobierno federal, al percibir la insatisfacción y las necesidades de la población, han comenzado a tomar decisiones más alineadas con los intereses de los ciudadanos, rompiendo con una historia de desatención que ha caracterizado a la región durante años.

En un contexto global, las reducciones arancelarias facilitan la importación de bienes, reduciendo costos y precios para los consumidores y empresas locales, lo cual promueve el comercio y apoyan el desarrollo regional equilibrado, evitando la concentración económica en las zonas centrales del país y permitiendo que sean competitivas. Además, al mejorar el acceso a productos importados, se fomenta la innovación y la diversificación de la oferta en el mercado local, beneficiando a los consumidores con una mayor variedad de opciones. Esto, a su vez, estimula la competencia entre empresas, lo que puede resultar en una mejora en la calidad de los productos y servicios.

Asimismo, estas políticas pueden atraer inversiones en regiones menos desarrolladas, generando empleo y dinamizando la economía local, permitiendo que las empresas locales accedan a insumos y tecnologías más avanzadas, lo que les ayuda a aumentar su productividad y sostenibilidad. En última instancia, la liberalización del comercio puede contribuir a una mayor integración económica, fortaleciendo la cooperación entre países y promoviendo un crecimiento más inclusivo y equitativo.

En tal entendimiento, los estímulos fiscales para la región fronteriza norte y sur forman parte de los programas prioritarios del Gobierno de México1 ; es por ello, que de los Decretos publicados el 30 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, se desprenden beneficios consistentes en la disminución de la carga fiscal referente al impuesto al valor agregado (IVA) relativo a los bienes o servicios que se entreguen o presten en dichas regiones y al impuesto sobre la renta (ISR) de las empresas y personas físicas con actividad empresarial en las citadas zonas fronterizas.

Este beneficio consiste en un crédito fiscal equivalente al 50 % del IVA que, como una facilidad, se aplicará en forma directa sobre la tasa de 16 %, a fin de que resulte una tasa disminuida de 8 %, siempre que el local o establecimiento de la persona contribuyente que la aplique esté dentro de la región fronteriza norte o sur del país y que la entrega del bien o servicio sea dentro de dichas regiones.

En cuanto al ISR, este estímulo consiste en un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, el cual se acreditará contra el impuesto causado en el periodo de que se trate; esto permitirá que las y los contribuyentes, personas físicas y morales, que realicen actividades empresariales en las regiones fronterizas norte y sur, paguen solamente las dos terceras partes del impuesto sobre la renta causado por los ingresos obtenidos por la realización de actividades en dichas regiones.

Conforme a lo informado por el Titular del Poder Ejecutivo federal, el programa de estímulos fiscales en la frontera norte y sur se extenderían hasta finales de su sexenio, debido a los buenos resultados económicos obtenidos anteriormente.2

De acuerdo a datos del Servicio de Administración Tributaria3 , al cierre de junio de 2023, los estímulos fiscales al impuesto sobre la renta (ISR) y al impuesto al valor agregado (IVA) destinados a diferentes regiones del país, ascendieron a 61 mil 368 millones de pesos.

Esto representó 15 mil 4 millones de pesos más que al mismo periodo de 2021 (primer año en que los estímulos Frontera Norte, Sur y Chetumal se aplicaron en conjunto), es decir, un crecimiento de 15.5% en términos reales.

Asimismo, 181 mil 402 contribuyentes recibieron los beneficios en la frontera norte y 11 mil 263 contribuyentes en la frontera sur.

Sin embargo, a días de concluir con la vigencia de varios de estos decretos, distintas cámaras de comercio representadas por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur México), solicitan la extensión de beneficios fiscales en las fronteras, pues explican que los estímulos fiscales son fundamentales para la competitividad de la Región y Zona Fronteriza de 9 estados de la República, promoviendo el crecimiento económico y proporcionando estabilidad a más de 2.5 millones de empresas y negocios familiares. Puntualizando que estos decretos a lo largo de la historia, han fortalecido la capacidad de los comercios establecidos en México frente a sus competidores en los estados fronterizos de Estados Unidos.

Por lo tanto, extender la vigencia de los decretos antes referidos, permitirá fortalecer el tejido social y económico en las regiones fronterizas, consolidando un crecimiento sostenido que genere empleos mejor pagados, impulse la competitividad, y contribuya al bienestar y la estabilidad de las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus facultades, se extienda por 6 años más la vigencia del:

A) “Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte”, publicado el 18 de noviembre de 2022;

B) “Decreto por el que se modifica el diverso de estímulos fiscales región fronteriza norte”, publicado el 30 de diciembre de 2020;

C) “Decreto de la zona libre de Chetumal”, publicado el 31 de diciembre de 2020; y del

D) “Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur”, publicado el 30 de diciembre de 2020.

Notas:

1. Gobierno de México (2021). Beneficios fiscales para las fronteras norte y sur. Disponible en:
https://www.gob.mx/sat/prensa/beneficios-fiscales-para-las-fronteras-norte-y-sur009-2021

2. Capital 21 (2020). Amplían hasta 2024 estímulos fiscales en fronteras. Disponible en:
https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=5862#:~:text=Los%20beneficios%20de%20los%20que,
en%20beneficio%20de%20los%20trabajadores.

3. Gobierno de México (2023). El SAT da a conocer los estímulos aplicados en la región fronteriza durante el primer semestre de 2023. Disponible en: https://www.gob.mx/sat/prensa/el-sat-da-a-conocer-los-estimulos-aplicad os-en-la-region-fronteriza-durante-el-primer-semestre-de-2023-048-2023

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024

Diputado Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica)


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