Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6488-III-2, miércoles 20 de marzo de 2024
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Profepa a realizar un estudio de riesgo e impacto ambiental e implementar acciones que garanticen el derecho a la salud y al medio ambiente con trabajos de remediación de residuos tóxicos en la empresa Química Central de México, SA de CV, a cargo de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La empresa Química Central de México S.A. de C.V. fue construida en el estado de Guanajuato en 1978. La compañía se dedicaba a la fabricación de productos químicos básicos como sulfato básico de cromo, líquido y sólido y dicromato de sodio, utilizados en la industria curtidora y de calzado de la ciudad León.
Después de 36 años de operación, en fecha 4 de junio de 2014, la Profepa clausuró de manera permanente a la empresa Química Central de México, S.A. de C.V., ubicada en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, por diversas irregularidades entre las que destacaba el almacenamiento de residuos peligrosos a cielo abierto sin las condiciones de seguridad que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, cuantificando un total de dos pasivos ambientales conformados por 340 mil toneladas de residuos tóxicos dentro y fuera de sus instalaciones.
Durante la visita de inspección efectuada por la Profepa en 2014, se observó que la empresa no cumplió con sus obligaciones para el tratamiento y/o disposición final de 104 mil toneladas de residuos peligrosos con cromo hexavalente o alúmina,
mismas que fueron enviadas para su tratamiento a la empresa Arges AmbientaL de México, S.A. de C.V.1
La clausura fue condicionada al cumplimiento de diversas medidas tendientes al retiro de la totalidad de toneladas de residuos peligrosos que por muchos años estuvieron depositados inadecuadamente, así como a caracterizar el sitio en donde fueron depositadas y en su caso, realizar las actividades de remediación, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.
Por ello la Subprocuraduría de Inspección Industrial de la Profepa, precisó que uno de los pasivos era de alrededor de 300 mil toneladas de desechos tóxicos ubicados al interior de las instalaciones de la empresa; y el segundo de 40 mil toneladas que ilegalmente fueron enterradas en derecho de vía de ferrocarriles, a 1.5 kilómetros de la planta.
Es importante mencionar que además de la clausura y sanción correspondiente, Química Central debía remover las 300 mil toneladas de residuos peligrosos, y realizar un estudio de caracterización de los sitios donde se encuentran los pasivos ambientales para identificar si los suelos se encuentran contaminados, de conformidad a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; el Reglamento de esta ley; y la Norma Oficial Mexicana 147-SEMARNAT-2004.2
En dicho sentido, si bien es cierto que la imposición de remover los residuos contaminantes recae en la persona moral denominada Química Central de México, es responsabilidad de las autoridades federales su seguimiento, verificación y atención del proceso de remediación, de conformidad a lo establecido en las estrategias del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, cual contempla dentro de sus objetivos prioritarios el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas a través de acciones para remediar sitios contaminados3 , señalando lo siguiente:
“(...)
Los sitios contaminados en México poseen una variedad de riesgos en la salud de las personas y en el ambiente. El contacto con contaminantes puede dañar la salud de la población, en este caso la de la población aledaña a sitios contaminados. Es difícil calcular el número de habitantes que pueden ser afectados por sitios contaminados ya que establecer los efectos negativos relevantes en la salud es muy complejo (por ejemplo, presencia de múltiples substancias y combinación de distintas formas de exposición a ellas). El PNUMA (2017) señala que la contaminación puede tener impactos negativos de manera desproporcionada en mujeres y hombres, y particularmente en las personas pobres y vulnerables como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad, afectando su derecho a la salud, agua, alimento, vida, casa y desarrollo.
Por lo anterior, si la contaminación de suelo ocurre debe realizarse su remediación. La remediación se define como un conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos.
(...)”
Por su parte, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas tienen derecho a la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, estableciendo la obligatoriedad del Estado mexicano de salvaguardar ambas potestades; además, el artículo séptimo fracciones I, VIII y XIX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, señala las facultades de la federación en materia de remediación de sitios contaminados, especificando lo siguiente:
(...)
Artículo 7.- Son facultades de la Federación:
I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y municipios, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
(...)
VIII. Regular los aspectos ambientales relativos al transporte de los residuos peligrosos;
IX. Verificar el cumplimiento de la normatividad en las materias de su competencia e imponer las medidas correctivas, de seguridad y sanciones que en su caso correspondan; (...)
Los pasivos ambientales y los incumplimientos a la legislación ambiental representan un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño y deterioro grave a los recursos naturales del lugar y a la salud pública, por lo anterior, se hace un llamado a las autoridades federales en la materia, para que en el ámbito de su competencia realicen un estudio del riesgo ambiental para determinar el impacto ecológico ocasionado en el aire, el suelo y los mantos acuíferos, pues a la fecha persiste la problemática poniendo en riesgo la salud y la vida de las y los ciudadanos que viven en la zona, quienes han solicitado en múltiples ocasiones el auxilio de las autoridades federales para que por su conducto se realicen los trabajos de remediación de los residuos tóxicos.
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que realicen un estudio de riesgo e impacto ambiental e implementen acciones que garanticen el derecho a la salud y al medio ambiente con trabajos de remediación de residuos tóxicos en la empresa Química Central de México S.A. de C.V. ubicada en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato y lo informen a la opinión pública.
Notas:
1 https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6032/1/mx.wap/
clausura_profepa__instalaciones_de_quimica_central_de_mexico_en_guanajuato.html
2 https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6032/1/mx.wap/
clausura_profepa__instalaciones_de_quimica_central_de_mexico_en_guanajuato.html
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681183/PNRSC-2021-2024.p df
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2024.
Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SSPC, con motivo de los altos índices delictivos que se presentan en carreteras federales del país, a cargo de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La violencia y la inseguridad que se vive en México ha alcanzado niveles nunca antes vistos en los últimos años, actividades cotidianas como un viaje en automóvil, transporte privado o el traslado de bienes por la vía terrestre se han visto menguadas por la creciente incidencia delictiva en las carreteras y vías de comunicación federales de nuestro país, la situación es alarmante pues no solo se atenta contra el derecho constitucional de la libertad de tránsito, sino que también genera condiciones desfavorables para el comercio y la inversión en México.
En dicho sentido, la atribución de salvaguardar la integridad de las personas, así como su patrimonio en las carreteras federales y vías generales de comunicación, recae directamente en la Guardia Nacional tal y como se establece en el artículo 9, fracción II, inciso a) de la Ley de la Guardia Nacional, misma que establece lo siguiente:
“Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I. ...
II. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en:
a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares;
...”
La negligencia y la omisión de la Guardia Nacional como autoridad responsable de garantizar la seguridad pública, así como la prevención de la comisión de delitos en las carreteras federales; y la ausencia de estrategias en materia de política criminal, han propiciado el aumento de la incidencia delictiva, así como la desconfianza y miedo de la población con las autoridades por su falta de preparación, resaltando la obligación del Estado mexicano de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas de conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2023 la incidencia delictiva en carreteras aumentó 4.6 por ciento, de los cuales 86 por ciento de los hechos ocurrieron con violencia, generando pérdidas económicas de hasta 7 mil millones de pesos en alimentos y abarrotes sustraídos.1
Por su parte, el medio El Economista, dio a conocer cifras de las Asociación Nacional de Transporte Privado, señalando que durante 2023 los reportes de estos delitos fueron en aumento en carreteras federales con un índice del 33.71 por ciento, lo que representó un crecimiento del 3.9 por ciento respecto del año 2022, habiéndose iniciado 4,667 carpetas de investigación por robo a transportistas, por lo que en promedio se cometieron 388 atracos al mes durante el año 2023.2
Asimismo, la Cámara Nacional del Autotransporte de carga señaló que, si bien no cuentan con un registro estadístico sobre la muerte de conductores de autotransportes de carga en carreteras a causa de actos de violencia, se tiene un aproximado de hasta 150 operadores que han sido privados de la vida, siendo alarmante la violencia con la que se están cometiendo dichos ilícitos.
La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital, determinó que durante el primer trimestre del año 2024 la carretera federal 45 México – Querétaro fue la más peligrosa, siendo los estados de Guanajuato, Querétaro y Puebla los más afectados en sus sistemas de logística terrestre.4
Esta situación no solo afecta a las empresas transportistas y a sus operadores, sino que incide directamente en la vida de miles de familias mexicanas cuyo sustento depende directamente del gremio de transportistas, quienes se han visto obligados a renunciar a sus empleos para no poner en riesgo sus vidas, así como la de las personas que transitan por los tramos carreteros federales de dichas entidades y el resto del país.
Por lo anteriormente expuesto, se hace un llamado a las autoridades competentes en la materia para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el sector privado, identifiquen las zonas de mayor incidencia delictiva en las carreteras federales y refuercen las acciones de prevención y seguridad que se requieran para garantizar la libertad de tránsito y salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio.
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en uso de sus facultades y atribuciones, la Guardia Nacional implemente acciones para la eficiente prevención y persecución de delitos cometidos en las carreteras federales del país.
Notas
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-299 891?state=published
2 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Autopistas-peligrosas-En-Mexic o-cada-horaocurren-dos-asaltos-contra-transportistas-20240128-0007.html
3 https://canacar.com.mx/servicios/juridico/boletin-juridico-seguridad-no rmatividad/
4 https://www.adn40.mx/mexico/autopista-mexico-queretaro-estos-conductore s-corren-mas-riesgo-carretera
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2024.
Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Sacmex y a la Conagua a realizar acciones que garanticen el derecho de vía y limitar invasiones en el río Eslava, a cargo de la diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Diana María Teresa Lara Carreón, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al coordinador general del Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex) y al Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a realizar acciones que garanticen el derecho de vía y limitar invasiones en el río Eslava, al tenor de los siguientes
Consideraciones
La Ley de Aguas Nacionales indica que un río es una “corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras corrientes, o un embalse natural o artificial, o al mar”.
En la actualidad, la lucha por la protección de los recursos naturales que otorgan permanencia a la especie humana se ha intensificado. Cada vez un mayor número de integrantes de la población nacional va adquiriendo conciencia de la relevancia que posee el cuidado de ríos, cuencas, mares, lagunas y todo depósito de vital líquido, que constituya fuente vida para nuestra especie y para toda especie que habite el planeta tierra.
La presión que los grupos sociales, los organismos no gubernamentales e internacionales han ejercido sobre los gobiernos de los tres niveles de gobierno, ha generado la transformación de las agendas políticas, de tal manera que el tema del medio ambiente se ha convertido en un componente obligado de cualquier plan de gobierno; principalmente en aquellas regiones ricas en recursos naturales y acuíferos.
La región de la Magdalena Contreras es el vivo ejemplo de un sitio en el que se concentran diversas especies de flora y fauna que se reproducen y subsisten rodeados de ríos que aún continúan su lucha en contra de la extinción; con la peculiar característica de encontrarse enclavados en una zona muy cercana a la urbe metropolitana de la Ciudad de México. En dicha demarcación existen dos ríos principales, el río Magdalena y el río Eslava.
La Ciudad de México se sitúa en una cuenca que a lo largo de los años ha sufrido muchos cambios generados principalmente por la urbanización de su territorio. “Precisamente, la cuenca del río Eslava es una parte importante del remanente de vegetación en la ciudad: abarca aproximadamente 2400 hectáreas del suelo de conservación. Esta cuenca se inserta en las delegaciones Magdalena Contreras (85 por ciento) y Tlalpan (15 por ciento) del Distrito Federal. Colinda al noroeste con la cuenca del río Magdalena y al sur con el Estado de México.”1
El río Magdalena y el río Eslava comparten la característica de ser fuentes superficiales de agua con buena calidad, pero que se encuentran constantemente amenazados por el crecimiento irregular de la urbe y las grandes descargas de aguas residuales y depósitos de basura que se han esparcido a lo largo de sus cauces.
El 85 por ciento de la cuenca del río Eslava se inserta en la demarcación territorial de la Alcaldía de La Magdalena Contreras y el 15 por ciento en la Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México y es un gran proveedor de servicios ecosistémicos.
Resulta imperativo contar con un plan de gobierno que tome en serio la problemática que se ha desarrollado en los territorios y suelos de conservación que rodean la zona metropolitana.
El crecimiento urbano irregular ha puesto en riesgo grave los servicios ecosistémicos. De tal suerte que la calidad del aire, el clima, las especies naturales, el agua para consumo humano, las fuentes de combustible y energía se van extinguiendo paulatinamente; sin que existan evidencias de que la acción gubernamental o comunitaria esté generando la reversión de la puesta en riesgo.
Es urgente generar medidas de política pública que permitan la protección de especies animales y vegetales de tal manera que puedan prosperar en un ambiente en el que se pueda mantener la diversidad biológica. La mancha urbana y los asentamientos urbanos irregulares van ganando terreno día tras día; reduciendo de manera evidente los terrenos tradicionalmente dedicados a las actividades de producción agrícola. Donde había parcelas ahora hay casas; donde pasaba el cauce del río, ahora existen grandes extensiones de tubería para drenaje rodeadas de basura y escombro.
La instalación de viviendas a orillas del río Eslava se ha constituido en un riesgo para la integridad del río, pero también para las personas que han decidido situar sus viviendas en ese lugar, que como lo han señalado los vecinos de la colonia Pedregal de San Nicolas, a través de su Comisión de Participación Comunitaria (Copaco), existen casas que están invadiendo el cauce del río, inclusive limitando el derecho de vía a los lugareños y la seguridad de las personas.
Con base en lo aquí expuesto, se ha considerado necesario exhortar al gobierno federal para que tome las medidas de política pública para la protección del cauce. Por ello, la suscrita pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al coordinador general del Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex) y al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a realizar acciones, en el ámbito de sus facultades, las acciones necesarias para proteger el cauce del río Eslava, el derecho de vía y que eliminen la invasión de territorio del margen del cauce del río Eslava.
Notas:
1 Chávez Cortés, Marta Magdalena. Valoración del entorno natural de la cuenca del río Eslava,
D.F.Espiral (Guadalaj) vol 22no. 62Guadalajara ene./abr.2015. versión impresa ISSN 1665-0565.
Dado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de marzo de 2024.
Diputada Diana María Teresa Lara Carreón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a integrar y publicar el informe sobre el avance y los resultados de la Profeco obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado José Luis Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6º numeral 1, fracción I; y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
El 12 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que es el documento rector que determina el rumbo del gobierno o es el documento en el que el gobierno de México, a través de consultas públicas explica los objetivos y estrategias prioritarias durante el sexenio.1
El 29 de septiembre de 2020 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se da a conocer el programa institucional 2020-2024 de la Procuraduría Federal del Consumidor donde se precisa que en congruencia con el eje III “Economía” del referido Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el quehacer de la Procuraduría Federal del Consumidor se orienta a empoderar al consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado, fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población; que se debe impulsar el empoderamiento del consumidor a nivel nacional, disminuir los costos de transacción a través de mecanismos que garanticen la protección efectiva de los derechos de los consumidores y fortalecer la capacidad institucional para proteger a los consumidores sin dejar a nadie atrás.2
Dentro del PND se advierten o derivan los siguientes programas:
1. Programas sectoriales: especifican los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades de las dependencias del sector administrativo de que se trate.
2. Programas institucionales: los elaboran las entidades paraestatales y se sujetan a las previsiones contenidas en el programa sectorial correspondiente. Se ajustan a lo previsto en la Ley de Planeación sin perjuicio de lo dispuesto, en lo conducente, por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y, en su caso, por las disposiciones que regulen su organización y funcionamiento.
3. Programas regionales: se refieren a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el PND, y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa.
4. Programas especiales: se refieren a las prioridades del desarrollo integral del país, fijados en el PND o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.3
A efecto de establecer los elementos y características que deberán contener los programas sectoriales, especiales, regionales, e institucionales que deriven del Plan; dar a conocer el procedimiento a través del cual las dependencias y entidades deberán someter a dictamen o, en su caso, aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los programas a su cargo que deriven del Plan, y determinar los criterios para el seguimiento de los programas derivados del plan con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los Criterios para Elaborar, Dictaminar, Aprobar y dar Seguimiento a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
En el título “Seguimiento de los programas derivados del Plan” dentro de los criterios referidos, indica que las dependencias y entidades responsables de los programas deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su publicación en el DOF; que estas dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en cuya ejecución participen y de reportar sus avances; de establecer mecanismos de coordinación entre las unidades administrativas participantes en su ejecución; además dichas dependencias deberán informar anualmente a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la secretaría, las acciones que llevarán a cabo para dar cumplimiento a los objetivos prioritarios de los programas y alcanzar las Metas de bienestar; y, en lo que toca a la materia del presente punto de acuerdo deberán también, integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en el cumplimiento de los objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas en los programas.
Sin embargo, a la fecha no se han publicado los “Avances y resultados 2023” de la Profeco.4
La importancia de dicho informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior permite dar seguimiento a los programas derivados al Plan Nacional de Desarrollo y verificar el cumplimiento a los mismos.
Por ello, la importancia del presente:
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a integrar y publicar el informe sobre el avance y los resultados de la Procuraduría Federal del Consumidor obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Notas:
1 https://www.planeandojuntos.gob.mx/
2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601406&fecha=29/09/ 2020#gsc.tab=0
3 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
556729/ANEXO_1_Vinculacion_de_las_Estructuras_Programaticas_con_el_PND_2019-2024_y_sus_Programas.pdf
4 https://www.gob.mx/busqueda?utf8=%E2%9C%93#gsc.tab=0&gsc.sort=&gsc.q=
PROCURADURIA%20FEDERAL%20DEL%20CONSUMIDOR.%20AVANCES%20Y%20RESULTADOS%202023
Dado en el salón de sesiones el día 20 de marzo de 2024.
Diputado José Luis Báez Guerrero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a realizar la investigación y la persecución ante los tribunales de los delitos cometidos en esa entidad federativa en contra de periodistas, comunicadores y medios de comunicación, a cargo de la diputada Karla Verónica González Cruz, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Karla Verónica González Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz para que, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, realice de forma adecuada y eficiente la investigación y la persecución ante los tribunales de los delitos cometidos en esa entidad federativa en contra de periodistas, comunicadores y medios de comunicación, bajo las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo al Informe Anual 2022 de Article 19 “Voces contra la indiferencia”, en ese año esta organización registró 696 ataques contra la prensa, convirtiéndose así, en el año más violento para la labor periodística desde que inició el registro de agresiones, en 2007.1
En la exposición de su informe, Article 19, mencionó que las agresiones contra periodistas alcanzan una frecuencia de una cada 13 horas, donde la mayoría son cometidas por autoridades. De los casos documentados, 296 (42.53 por ciento) fueron perpetrados directamente por actores del Estado, es decir, cuatro de cada diez.
Se menciona que, en el panorama nacional, las cinco entidades federativas con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en ese orden. Además, el informe revela que, a lo largo del gobierno del presidente López Obrador, los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso. En 2022, al igual que en los últimos tres años, las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron: intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos.
La organización Article 19 también registró que, durante 2022, en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo federal vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil. De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal.
Por otro lado, la misma organización presentó su informe 2023 titulado: Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿cambio o continuidad? En este informe, publicado el primero de marzo de 2024, la organización da a conocer una versión resumida de la violencia que vivió la prensa durante 2023.2 Enseguida se presenta la información más destacada publicada en este importante documento:
En este informe, Article 19 muestra datos que reflejan que la violencia en contra de la prensa y los medios de comunicación no se detiene. Para 2023 registró 561 agresiones contra la prensa, lo que significa que, en México, en promedio, se agrede cada 16 horas a una persona periodista o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor. Esta cifra incluye la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, y los asesinatos de cinco periodistas con un posible vínculo a su labor periodística: Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla), Luis Martín Sánchez Íñiguez (Nayarit), Nelson Matus Peña (Guerrero), Jesús Gutiérrez Vergara (Sonora) e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua).
En el documento se destaca un dato muy preocupante, con base en “documentación de organizaciones internacionales sobre libertad de expresión, fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, con los asesinatos aquí registrados, se seguiría colocando a México como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023”. Esta situación debe impulsar acciones, por parte de todas las autoridades competentes, encaminadas a combatir y desaparecer la violencia contra la prensa y los medios de comunicación, con lo que además de proteger la integridad física de estos profesionales y sus familias, se estaría contribuyendo a hacer efectivos los derechos de acceso a la información y libertad de expresión.
Al responder a la pregunta: ¿Cómo se agredió a la prensa?, en el informe se incluyen las tres categorías de agresiones más documentadas en el 2023: 1) intimidaciones y hostigamientos; 2) el uso ilegítimo del poder público, principalmente a través de la estigmatización y el acoso judicial; así como 3) las amenazas tanto en la esfera física como digital. Las cifras de estas tres categorías de agresiones representan el 58.82 por ciento del total de hechos violentos que fueron registrados en ese año.
Además, se destaca que, la intimidación y el hostigamiento se posicionaron como los actos más comunes en contra de periodistas y medios de comunicación, con 124 casos documentados, o 22.10 por ciento del total. Las intimidaciones pueden ser casos tanto en línea como en el espacio físico en donde, a través de comunicaciones o actos, se busca generar temor a la prensa para que ésta deje de cubrir o publicar.
En lo que respecta al uso ilegítimo del poder público, se ubicó como la segunda agresión más frecuente durante 2023, con 106 casos documentados (18.89 por ciento). Esta tipología de agresión representa una tendencia al alza que Article 19 ha registrado desde el primer semestre del 2022. Existen principalmente dos procesos de preocupación para la organización: la estigmatización desde la tribuna pública y los procesos de acoso judicial.
Article 19 ha documentado el acoso judicial desde el año 2016. De acuerdo con el informe, en 2023 se iniciaron 22 procesos judiciales contra periodistas en los ámbitos administrativos, civiles, electorales e inclusive penales, el equivalente a que cada mes en promedio se inicien 1.8 procesos judiciales en contra de periodistas por las investigaciones que realizan. En tercer lugar, la categoría de amenazas acumuló 100 casos (17.83 por ciento). Aunque 38 casos de las amenazas ocurrieron en línea, la gran mayoría se presenta directo en cobertura, o en los propios domicilios de periodistas.
La información que se presenta respecto a quien ejerció la violencia contra la prensa muestra que esta tiene un origen diverso, desde funcionarios públicos y partidos políticos, pasando por particulares hasta integrantes de grupos delictivos. Desafortunadamente, 2023 no resalta un cambio sustancial en estas tendencias, pues el Estado mexicano sigue siendo el principal agresor de la prensa, con 287 casos de violencia documentada (51.16 por ciento del total). Le siguen particulares con 95 casos (16.93 por ciento), y después grupos de delincuencia organizada, con 57 casos (10.16 por ciento), finalizando con 25 casos de agresiones provocadas por partidos políticos (4.46 por ciento).
Por otro lado, se informa que 29 de las 32 entidades federativas documentaron agresiones contra la prensa en 2023. Sólo los estados de Hidalgo, Querétaro y Zacatecas no documentaron alguna agresión. Por el contrario, los cinco estados con más agresiones fueron Ciudad de México, con 115 agresiones, Guerrero con 48, Puebla con 39 casos, Guanajuato con 38 casos, y Veracruz con 36.
La Ciudad de México en 2023 continúa siendo la entidad con mayor número de agresiones, posición que mantiene desde hace diez años. Esta ciudad concentra un total de 115 agresiones, lo que es alrededor del 20 por ciento del total en el país; se menciona que gran parte de las agresiones documentadas en la capital provienen de los actos de estigmatización directa del Ejecutivo federal, principalmente desde las conferencias matutinas o mañaneras. Por otro lado, el estado de Guerrero ocupó el segundo lugar con 48 ataques, que representan el 9 por ciento del total; en este caso, la organización destaca que dicha entidad haya pasado del sexto lugar en 2022 a la segunda posición en tan solo un año.
De acuerdo con el informe, el estado de Puebla fue el tercer lugar con 39 casos (7 por ciento), en el 2022 era el séptimo estado con mayor número de ataques. La mayoría son intimidaciones y hostigamientos; en este escenario, cabe resaltar los actos y comunicaciones intimidatorias, así como el bloqueo informativo como el subtipo de agresiones más comunes. En el caso del estado de Guanajuato, pasó de tener 26 agresiones en 2022 a 38 agresiones registradas en 2023 (7 por ciento). Para la periodista Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso, el aumento de los embates contra periodistas en la entidad responde a una diversidad de factores.
En lo que se refiere a Veracruz, se menciona que esta entidad se consolidó como el quinto estado más violento para periodistas con 36 agresiones contra la prensa. Resaltan los ataques físicos y que se registraron tres de los seis casos de desplazamiento interno documentados en 2023. La entidad se mantiene como una de las más peligrosas contra periodistas y medios de comunicación. De hecho, se ha mantenido así desde el año 2009, como uno de los diez estados con mayores índices de violencia contra la prensa en México.
Además, en el estado de Veracruz, la organización Article 19 encontró que el efecto cascada de la estigmatización por parte de las autoridades ya se ha vuelto una práctica común, particularmente en contra de mujeres periodistas, por parte de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz. Esta organización documentó casos donde principalmente las reporteras cubrían notas de derechos humanos de las mujeres, violencia de género, así como corrupción y política.
Article 19 informa que, Denisse López, reportera de Nmás y Televisa Veracruz, Sarah Landa, de Meganoticias, y cuatro periodistas más cuyos nombres se reservan por seguridad, reportaron que en entrevistas y en conferencias públicas, el gobernador les denostó, les acusó de que “su objetivo era desinformar”, les ha negado responder a preguntas, entre otros actos. Lo anterior, con connotaciones sexistas y machistas que vulneran de forma diferenciada a las comunicadoras de Veracruz.
El informe de Article 19 concluye exponiendo que la violencia contra la prensa es un fenómeno complejo el cual involucra múltiples actores, y que varía en cada región del país. Resalta que los mecanismos de criminalidad compleja, donde convergen poderes económicos, públicos y criminales, y en los que la prensa enfrenta todo tipo de ataques (inclusive letales); no fueron mínimamente desarticulados ni llevados a cuentas ante las instancias de justicia durante la presente administración.
Termina reiterando que el 2024 se perfila como un año particularmente difícil para la labor periodística. Como ha sido documentado por Article 19, en los procesos electorales se materializan grandes tensiones políticas en las cuales periodistas y medios de comunicación se encuentran vulnerables. Ejemplo de esto es que, en el año 2018, prácticamente dos de cada cinco agresiones contra periodistas ocurrieron en el marco de su cobertura electoral.
Un dato que no se debe ignorar y que debe mover a la acción: el año 2023 no presenta ningún cambio a lo que se ha documentado en los últimos dos sexenios. La organización Article 19 lo ha documentado desde 2017, los periodistas que cubren la corrupción y política son quienes más están en riesgo, como se demuestra con los 299 casos documentados, o 53.30 por ciento del total. Por su parte, la seguridad y justicia, con 132 casos (23.53 por ciento), se coloca en segundo lugar. Estas dos categorías de cobertura siguen siendo las de mayor riesgo en México, al representar el 76.83 por ciento del total.
Es por todo lo anterior, que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, condena las amenazas y agresiones cometidas en el estado de Veracruz en contra de periodistas, comunicadores, y medios de comunicación.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz para que, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, realice de forma adecuada y eficiente la investigación y la persecución ante los tribunales de los delitos cometidos en esa entidad federativa en contra de periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a los titulares del gobierno federal y de las entidades federativas a implementar acciones que garanticen el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de periodismo de periodistas, comunicadores y medios de comunicación durante el desarrollo del proceso electoral federal y concurrentes 2023-2024.
Notas:
1 Article 19 (2023). Voces contra la indiferencia: informe anual 2022. Información recuperada de: https://articulo19.org/vocescontralaindiferencia/
2 Article 19 (2024). Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿cambio o continuidad? Información recuperada de: https://articulo19.org/violencia-contra-la-prensa-en-mexico-en-2023/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2024.
Diputada Karla Verónica González Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a que, de manera coordinada, con sus homólogos en las entidades federativas, incrementen y fortalezcan las campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano, a cargo de la diputada María Elena González Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada María Elena González Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
Las infecciones por el Virus del Papiloma Humano (VPH) constituyen un fenómeno extendido en México, afectando aproximadamente al 80 por ciento de la población, con un impacto particularmente notable en el 90 por ciento de las mujeres mexicanas a lo largo de sus vidas. Aunque la mayoría de estas infecciones suelen resolverse de manera autónoma, las variantes de alto riesgo del VPH, si no se abordan adecuadamente, pueden inducir transformaciones celulares prolongadas que, eventualmente, se agravan y derivan en cáncer. Por consiguiente, la detección precoz y la intervención temprana son cruciales para prevenir la evolución de estas alteraciones en cáncer cérvico uterino, resaltando la importancia de medidas preventivas y terapéuticas efectivas en la salud pública.1
Asimismo, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 2021, se registró 1,155 nuevos casos y 1,059 defunciones debido a esta enfermedad, correspondiendo a una tasa de incidencia de 2.26 por cada 100,000 habitantes y una tasa de mortalidad de 5.23 por cada 100,000, evidenciando la necesidad crítica de mejorar las estrategias de prevención y tratamiento.2
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), a través de los Servicios de Salud Pública, informa que como parte de la “Campaña de Mitigación del Rezago de Esquemas de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 2023”, se han aplicado 152 mil 346 vacunas gratuitas a niñas de 11, 12 y 13 años, al corte del 29 de enero.3
Por consiguiente, en el contexto de la “Campaña de Mitigación del Rezago de Esquemas de Vacunación contra el VPH 2023”, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) ha logrado un avance significativo a través de sus Servicios de Salud Pública, administrando sin costo 152,346 vacunas contra el Virus del Papiloma Humano a niñas de 11, 12 y 13 años hasta el pasado 29 de enero.4
En este contexto, desde el inicio de la campaña en septiembre de 2023, que se extiende hasta 2024, se han alcanzado 4,177 escuelas primarias y secundarias en las 16 jurisdicciones sanitarias, abarcando tanto instituciones públicas como privadas. Este esfuerzo está orientado primordialmente a la prevención de la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres jóvenes, enfocándose especialmente en aquellas que aún no han comenzado su vida sexual.
Asimismo, dentro de los lineamientos generales de la campaña 2023 para mitigar el rezago en los esquemas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), se establece que, ante la escasez global de vacunas, se dará prioridad a la inmunización de adolescentes entre 12 y 16 años. Esta medida busca maximizar el impacto en la salud pública y proteger eficazmente a este grupo de edad crítico.
Consecuentemente, desde 2022, el grupo asesor de expertos independientes de la OMS creó un sistema alternativo en donde se propone la aplicación de una sola dosis debido a la preocupante disminución de inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a nivel mundial. Entre 2019 y 2021, la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el VPH se redujo de un 25 por ciento a un 15 por ciento. Teniendo como consecuencia que, en comparación con 2019, el número de niñas que en 2021 no recibieron la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) aumentó en 3,5 millones, con esta nueva propuesta se espera una optimización del calendario de vacunación del VPH para que los países tengan la oportunidad de ampliar el número de niñas que pueden vacunarse.
Por ende, en México, la cobertura del programa de detección temprana de cáncer cervicouterino no ha logrado superar el umbral del 70 por ciento, lo que ha limitado significativamente la reducción de la mortalidad asociada. Por lo tanto, más allá de mantener las campañas de vacunación, se vuelve imperativo enfocar esfuerzos en la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) y del cáncer cérvico uterino. Es esencial revisar y actualizar las estrategias actuales, adoptando nuevas prácticas que permitan una detección más efectiva del cáncer cervicouterino. Esto se basa en evidencia que indica que las pruebas de detección de VPH identifican 9 de cada 10 casos de lesiones precancerosas, en contraste con el Papanicolau, que detecta 4 de cada 10 casos.
Además, en 2020, el cáncer cervicouterino se posicionó como el segundo tipo de cáncer más frecuente y la segunda causa principal de muerte entre las mujeres en México, registrando aproximadamente 9,439 casos nuevos y 4,335 fallecimientos. Esto equivale a una tasa de incidencia de 12.6 y una tasa de mortalidad de 5.7 por cada 100,000 habitantes. Alarmantemente, solo la mitad de las mujeres con resultados positivos en pruebas de detección precoz (indicativas de un alto riesgo de cáncer) proceden a realizarse una colposcopía para confirmar su diagnóstico y recibir tratamiento. La falta de seguimiento en las citas de colposcopía representa una deficiencia crítica en el programa de detección, ya que, sin un seguimiento completo, la evolución hacia el cáncer se vuelve prácticamente inevitable.
En este sentido, es crucial reconocer que será importante considerar:
• En México, el cáncer cérvico uterino resulta en la muerte de aproximadamente 4,000 mujeres anualmente.
• Las estrategias de intervención contra el VPH no deben limitarse exclusivamente a las campañas de vacunación.
• Se hace imperativo revisar y mejorar los métodos de detección para el VPH y el cáncer cérvico uterino, adaptándolos a las necesidades actuales.
• Aunque la vacunación de niñas y adolescentes es fundamental, es igualmente importante extender la cobertura a mujeres mayores de 21 años, individuos inmunodeprimidos y personas con VIH.
• Existe un déficit en la divulgación de información relacionada con la detección del VPH y el cáncer cérvico uterino, lo que impide que este alcance a todas las mujeres.
• Deberían establecerse infraestructuras adecuadas para que las mujeres con diagnósticos positivos puedan acceder y seguir adecuadamente los tratamientos y estudios subsecuentes.
• La escasez global de vacunas contra el VPH exige la implementación de estrategias para contrarrestar la insuficiencia de recursos y abordar los casos de alto riesgo de manera efectiva.
Es por ello, que presento el presente exhorto para que las autoridades competentes, incrementen y fortalezcan las campañas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), asegurando que se extienda la cobertura a poblaciones vulnerables y en riesgo. Esto incluye no solo a niñas y adolescentes sino también a mujeres mayores de 21 años, personas inmunodeprimidas, y aquellos con VIH, es imperativo también asegurar la disponibilidad de la vacuna a nivel nacional, especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas, y adaptar las estrategias de vacunación a las recomendaciones más recientes, incluida la administración de una sola dosis cuando sea aplicable.
Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para incrementar y fortalecer las campañas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) asegurando que se extienda la cobertura a poblaciones vulnerables y en riesgo, por lo que me permito proponer, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con sus homólogos en las entidades federativas, incrementen y fortalezcan las campañas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), asegurando que se extienda la cobertura a poblaciones vulnerables y en riesgo. Esto incluye no solo a niñas y adolescentes sino también a mujeres mayores de 21 años, personas inmunodeprimidas y aquellos con VIH, es imperativo también asegurar la disponibilidad de la vacuna a nivel nacional, especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas, y adaptar las estrategias de vacunación a las recomendaciones más recientes, incluida la administración de una sola dosis cuando sea aplicable.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con sus homólogos en las entidades federativas, implementen programas educativos integrales sobre la salud sexual y reproductiva, que incluyan información precisa y actualizada sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), la importancia de la vacunación, y la detección temprana del cáncer cérvico uterino. Estos programas deben dirigirse a estudiantes, padres de familia y docentes, y deben ser diseñados para superar los estigmas y mitos asociados con el Virus del Papiloma Humano (VPH) y las enfermedades de transmisión sexual.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías Conahcyt y a los Institutos Nacionales de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, fomenten y financien investigaciones sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el cáncer cérvico uterino en México, con el fin de desarrollar estrategias de prevención, detección y tratamiento más efectivas y adaptadas a la realidad mexicana. Además, se les pide colaborar en la creación de programas de formación y actualización para profesionales de la salud, para garantizar que la detección y el manejo de las infecciones por Virus del Papiloma Humano (VPH) y los casos de cáncer cérvico uterino se realicen de acuerdo con las mejores prácticas y evidencia científica disponible.
Notas:
1 Diagnóstico sobre el contagio del Virus del Papiloma Humano en las mujeres del municipio de Chimalhuacán, Estado de México. (2013) Instituto Nacional de las Mujeres
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/EdoMex/MEX_MA16_DX_VP H_12.pdf
2 Instituto Mexicano del Seguro Social, Epidemiología del cáncer cervicouterino, Gobierno de México, consultado por última vez el 05 de marzo de 2024 en
https://www.gob.mx/imss/articulos/epidemiologia-del-cancer-cervicouterino?idiom=es#
:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%20para%202020%20el,y%204%20mil%20335%20muertes.
3 SEDESA, APLICA SEDESA MÁS DE 152 MIL VACUNAS CONTRA VPH EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (2024) Secretaría de Salud de la Ciudad de México, consultado por ultima vez el 05 de febrero de 2024 en
https://www.salud.cdmx.gob.mx/boletines/05feb2024-aplica -sedesa-mas-de-152-mil-vacunas-contra-vph-en-la-ciudad-de-mexico
Secretaria de Salud debe transparentar estadísticas sobre VPH en la Ciudad de México (2023). María del Carmen Nava Polina .https://www.mariadelcarmennavapolina.mx/secretaria-de-salud-debe-trans parentar-estadisticas-sobre-vph-en-la-ciudad-de-mexico/
Virus del Papiloma Humano. (2022) Biblioteca Nacional de Medicina https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html
Medrano. R. (2022) Epidemiología del Cáncer Cervicouterino. Instituto Mexicano del Seguro Social https://www.gob.mx/imss/articulos/epidemiologia-del-cancer-cervicouteri no?idiom=es
Campaña de Mitigación del Rezago de Esquemas de Vacunación Contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) , 2023 . Lineamientos Generales. PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL
(2023). Secretaría de Salud. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/852406/LINEAMIENTOS_VACU NA_VPH_2023.pdf
León. L, Torres. L. (2021) Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino en México. Instituto Nacional de Salud Pública
https://insp.mx/assets/documents/webinars/2021/CISP_Canc er_Cervical.pdf
La OMS actualiza las recomendaciones sobre el calendario de vacunación contra el VPH. (2022). Organización Mundial de la Salud (OMS) https://www.who.int/es/news/item/20-12-2022-WHO-updates-recommendations-on-HPV
-vaccinationschedule#:~:text=La%20recomendaci%C3%B3n%20de%20un%20esquema,el%20VPH%20a%20nivel%20mundial
4 SEDESA, APLICA SEDESA MÁS DE 152 MIL VACUNAS CONTRA VPH EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (2024) Secretaría de Salud de la Ciudad de México, consultado por ultima vez el 05 de febrero de 2024 en https://www.salud.cdmx.gob.mx/boletines/05feb2024-aplica-sedesa-mas-de- 152-mil-vacunas-contra-vph-en-la-ciudad-de-mexico
Secretaria de Salud debe transparentar estadísticas sobre VPH en la Ciudad de México (2023). María del Carmen Nava Polina .https://www.mariadelcarmennavapolina.mx/secretaria-de-salud-debe-trans parentar-estadisticas-sobre-vph-en-la-ciudad-de-mexico/
Virus del Papiloma Humano. (2022) Biblioteca Nacional de Medicina https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html
Medrano. R. (2022) Epidemiología del Cáncer Cervicouterino. Instituto Mexicano del Seguro Social https://www.gob.mx/imss/articulos/epidemiologia-del-cancer-cervicouteri no?idiom=es
Campaña de Mitigación del Rezago de Esquemas de Vacunación Contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) , 2023 . Lineamientos Generales. PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL
(2023). Secretaría de Salud. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/852406/LINEAMIENTOS_VACU NA_VPH_2023.pdf
León. L, Torres. L. (2021) Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino en México. Instituto Nacional de Salud Pública
https://insp.mx/assets/documents/webinars/2021/CISP_Cancer_Cervical.pdf
La OMS actualiza las recomendaciones sobre el calendario de vacunación contra el VPH. (2022). Organización Mundial de la Salud (OMS) https://www.who.int/es/news/item/20-12-2022-WHO-updates-recommendations-on-HPV
-vaccinationschedule#:~:text=La%20recomendaci%C3%B3n%20de%20un%20esquema,el%20VPH%20a%20nivel%20mundial.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de marzo de 2024.
Diputada María Elena González Rivera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condena la violenta actuación y el uso excesivo de la fuerza por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas en contra de participantes de la marcha realizada en el marco de la conmemoración de “Día Internacional de la Mujer” el 8 de marzo de 2024, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El tema de la seguridad pública está en el centro del debate nacional. En el ámbito social, la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y crítica constantes. La seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera urgente, eficiente y oportuna por el Estado mexicano.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 en el artículo 21, párrafo noveno establece:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
Como se puede apreciar en el párrafo anterior, es deber del Estado procurar una seguridad pública efectiva y de manera responsable.
Lamentablemente este aspecto está fuera de la realidad, muy por el contrario de lo que vivimos en el día a día en lo que se refiere a seguridad pública, siendo aún más lamentables los hechos ocurridos el pasado 8 de marzo en el estado de Zacatecas, en el que quedó al descubierto el indebido actuar de los cuerpos policiacos zacatecanos en la marcha que conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, en dónde fueron lastimadas y arrestadas más de una docena de mujeres, incluidas menores de edad.
Ante los actos evidentemente violentos sucedidos en la capital zacatecana, la sociedad se pregunta: ¿cómo podemos depositar nuestra confianza en las autoridades de seguridad cuando actúan de esa manera en contra de la ciudadanía? Mientras que la percepción de inseguridad que azota el estado es la más alta a nivel nacional, ahora habrá que cuidarse de los elementos policiacos.
Aunando a lo anterior, los acontecimientos fueron divulgados por varios medios de comunicación, por ejemplo, el periódico proceso publicó;
Zacatecas, Zac. (apro). - Policías estatales antimotines usaron gas lacrimógeno, extintores, golpearon y detuvieron a algunas de las mujeres participantes en la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
Entre las mujeres detenidas y agredidas hay reporteras y fotoreporteras, que daban cobertura a la marcha del 8M que había trascurrido pacíficamente, pero casi al finalizar en la explanada de la plaza de armas, frente a Palacio de Gobierno, se dieron actos de violencia entre las mujeres policías antimotines y algunas participantes.
Miles de mujeres, algunas acompañadas por sus menores hijos, marcharon desde las 2:00 de la tarde por las calles del centro histórico de la ciudad de Zacatecas hasta llegar a plaza de armas, frente a Palacio de Gobierno.
En los comercios y sucursales bancarias se colocaron maderas para proteger ventanales, y el gobierno estatal dispuso de un operativo de seguridad, colocado maderas y vallas metálicas para proteger los edificios de la cátedra y Palacio de Gobierno.
Las miles de mujeres, que portaban pancartas y gritaban consignas contra la violencia machista, se concentraron frente a Palacio de Gobierno, resguardado por policías estatales antimotines.
Casi al finalizar la marcha, un grupo de jóvenes mujeres tiraron una de las vallas colocadas en la puerta principal de Palacio de Gobierno, en reacción los policías antimotines, hombres y mujeres, las encapsularan para detenerlas mientras empujaban con los escudos a las demás manifestantes.2
Sin duda alguna, fue terrible lo que vivieron las mujeres zacatecanas el pasado 8 de marzo de 2024, el actuar del gobierno del Estado y de las corporaciones policiacas es a todas luces reprobable.
Es lamentable que el gobierno morenista de David Monreal violará el derecho a la libre manifestación y, en lugar de proteger a las participantes, las y los agentes las agredieron gravemente sin importar su edad, ni su género; máxime en la conmemoración de los derechos y no violencia en contra de las mujeres.
Todo esto nos conduce a examinar detenidamente si realmente las organizaciones de seguridad estatales están debidamente capacitadas, si cuentan con los conocimientos básicos y equipamiento apropiado para la protección de la ciudadanía, si existen protocolos de actuación, si los sistemas policiales y de justicia del gobierno zacatecano son los adecuados.
Aun cuando la Ley de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas3 establece las facultades para expedir protocolos de acción en diversos artículos, por ejemplo:
Artículo 9
El Secretario ejercerá sus atribuciones por sí o por conducto de las áreas administrativas y policiales adscritas a la Secretaría.
Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y las demás que le atribuyan las leyes, le competen las siguientes atribuciones:
I y II. ...
III. Expedir los acuerdos, circulares, protocolos, instructivos y bases, conducentes al buen despacho de las funciones de la Secretaría;
IV a XVI. ...
Artículo 100
La Secretaría, para efectos de esta Ley y sin perjuicio de aquellas establecidas en los demás ordenamientos (sic) aplicables, tendrá las siguientes obligaciones:
I. Emitir protocolos especializados en los que se contengan directrices específicas para los distintos casos en que se deba emplear el uso de la fuerza, atendiendo a los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para la implementación de los operativos para tales fines;
II. Formular manuales de evaluación, control y supervisión del uso de la fuerza;
III al XII. ...
...
Si bien es cierto existe una normativa específica que permite el diseño de bases y protocolos para el debido actuar policial, los hechos acontecidos dejan en claro que no existen, que los mandos correspondientes no conocen, ni han leído la ley que les compete, que deberían conocer a detalle y que hoy por hoy es obsoleta para los titulares y encargados de la seguridad en Zacatecas
En este contexto, se debe poner énfasis en su actuación en los delitos del fuero común que han crecido exponencialmente, sin demeritar los delitos de alto impacto del fuero federal.
En torno al adiestramiento en seguridad pública, la Secretaría de Gobernación en 2016 publicó que:
La capacitación es uno de los principales ejes para contar con instituciones policiales instruidas, donde las personas que las integran son conscientes de la importancia de trabajar con procedimientos homologados de actuación; es decir, que apliquen los mismos criterios en todo el país.
Además, la capacitación de las y los policías es necesaria para apuntalar que en todo momento se deben respetar los derechos humanos, garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Las personas que integran las instituciones policiales deberán contar con todos los elementos para realizar diligencias de investigación de los delitos bajo la conducción del Ministerio Público.4
Si bien es cierto, son diversos los actores que conforman los mandos de seguridad, se considera pertinente asumir responsabilidades con acciones conjuntas y decisivas ante la visible falta de conocimientos, capacitación y acción por parte de los grupos policiales que intervinieron en los hechos del pasado 8 de marzo en el estado de Zacatecas. Es un hecho que la precepción de inseguridad de la población se le atribuye a los cuerpos policiacos y judiciales de los 3 órdenes de gobierno, sin embargo, el gobierno estatal es el encargado de la seguridad ciudadana de las y los zacatecanos.
Queda claro entonces que la ineficiencia y la responsabilidad de la inseguridad en el estado de Zacatecas se debe a la falta de interacción entre gobiernos, a la falta de capacitación, entrenamiento y protocolos de seguridad que les permitan actuar de manera adecuada ante los hechos previstos y en apego irrestricto al derecho.
Es en este contexto, el estado de Zacatecas debe brindar una seguridad pública efectiva, que garantice la integridad de las y los ciudadanos, no podemos olvidar que la seguridad ciudadana es un bien público que conlleva a la defensa efectiva de los derechos humanos.
No podemos caer en los mismos actos reprobables del pasado 8 de marzo de 2024, dónde las mujeres zacatecanas defendían sus derechos, y que se convertirá en un acto que estará marcado en la historia por el indebido actuar del gobierno zacatecano y de los cuerpos policiales a su cargo, que actuaron de manera prepotente, con lujo de violencia y violando los derechos humanos de las afectadas, simplemente una actuación ineficiente e irresponsable.
Al referirnos a la seguridad ciudadana, no solamente implica la reducción del accionar delictivo, sino el compromiso del Estado de adoptar una serie de estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de la población y, para lograrlo, se necesita de una mejor policía, con mayor capacitación, más equipamiento, así como protocolos de seguridad e inteligencia adecuados.
Es importante subrayar que el presente exhorto no es un reclamo, más bien está dirigido a profesionalizar y dignificar la labor policial, que las y los agentes ganen de nuevo el respeto que merecen, que regrese la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad, que se especialicen en su trabajo, que tengan acceso a más beneficios, con becas para ellos y sus familias a través de mayor educación y calidad en el servicio público. Que no sucedan de nuevo hechos como los vividos.
En este tenor, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México5 publicó lo siguiente:
Ciudad de México, 27 de agosto de 2018.- La situación de inseguridad presente en México supone desafíos importantes para el gobierno tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal. En ese sentido, uno de los más grandes retos en materia de seguridad ciudadana, es el fortalecimiento instit ucional, ya que las experiencias recientes en el país nos han demostrado que ante instituciones se propicia una situación de vulnerabilidad que en algunos casos ha llegado hasta la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública.
Las instituciones policiales son las que más se identifican con la necesidad de fortalecimiento de su personal, las cuales, si bien es cierto, son las autoridades más visibles en materia de seguridad, no son las únicas responsables del éxito o el fracaso de las políticas de seguridad en el país.
Sin embargo, reconocemos que la fortaleza de las instituciones policiales incidirá positivamente en la mejora de las condiciones de seguridad de México, de ahí la necesidad de fortalecer la materialización del desarrollo policial que comprende, además, la carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario.
En ese contexto, resulta necesario emprender acciones para llevar a cabo la dignificación policial y, específicamente, el respeto y materialización de sus derechos laborales.
Es por todo lo anterior, que pongo a consideración el siguiente;
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura condena la violenta actuación y el uso excesivo de la fuerza por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas en contra de participantes de la marcha realizada en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” el 8 de marzo de 2024.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas del estado de Zacatecas, a investigar la comisión de diversos delitos y la violación de derechos humanos por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa en contra de participantes de la marcha realizada en el marco de la conmemoración de “Día Internacional de la Mujer” el 8 de marzo de 2024.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas a efecto de que integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa sean capacitados de acuerdo a estándares nacionales e internacionales en materia de uso de la fuerza, perspectiva de género, protección de los derechos humanos, entre otros, y de conformidad con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Notas:
1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
2 https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/3/8/marcha-del-8m-termina-en-e nfrentamiento-policias-golpean-detienen-participantes-325299.html Alonso Chávez, 8 de Marzo de 2024.
3 https://www.congresozac.gob.mx/64/ley&cual=200
4 https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-es-necesario-capacitar-a-las -personas-que-integran-la-policia-en-el-nuevo-sistema-de-justicia-penal
5 https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/agosto-2018/derechos-y-dignifi cacin-de-los-policas.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2024.
Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guerrero a informar a la opinión pública sobre cuántas escuelas están sin actividades a causa de la violencia, a cargo de la diputada Yesenia Galarza Castro, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Yesenia Galarza Castro, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Guerrero para informar a la opinión pública sobre cuántas escuelas están sin actividades en la entidad a causa de la violencia, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
La violencia en México, especialmente en el estado de Guerrero, es un fenómeno multifacético con raíces profundas en la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades, la corrupción y la presencia de grupos criminales. Guerrero ha sido históricamente afectado por conflictos relacionados con el narcotráfico, la disputa por el control territorial y la presencia de grupos del crimen organizado.
La ubicación estratégica de Guerrero como corredor para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas ha contribuido a la proliferación de la violencia en la región. La falta de presencia estatal efectiva en algunas áreas ha permitido que los grupos criminales operen con relativa impunidad, lo que ha llevado a un aumento en la violencia, incluidos homicidios, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados.
La inseguridad en el estado de Guerrero ha tenido un impacto significativo en el sistema educativo. Los altos niveles de violencia han generado un ambiente de miedo y estrés para estudiantes, maestros y padres, afectando la asistencia a clases y el rendimiento académico. Además, la falta de seguridad ha llevado al cierre de escuelas en áreas conflictivas, privando a los niños de su derecho a la educación. La violencia también ha provocado la migración de profesionales de la educación, exacerbando la escasez de personal capacitado. En resumen, la inseguridad en Guerrero ha obstaculizado el acceso a una educación de calidad y ha perpetuado el ciclo de pobreza y marginalización en la región.
La violencia y la percepción de riesgo han llevado a una disminución en la asistencia escolar. Tanto estudiantes como docentes enfrentan el temor de transitar por áreas afectadas por la violencia, lo que ha resultado en una menor asistencia a clases.
En algunas áreas especialmente afectadas por la violencia, las autoridades escolares se han visto obligadas a cerrar temporal o permanentemente las escuelas. Esto priva a los niños y jóvenes de su derecho fundamental a la educación y contribuye a la marginalización de estas comunidades.
La violencia también ha provocado el desplazamiento forzado de familias enteras, lo que a menudo resulta en la interrupción de la educación de los niños y jóvenes afectados. La falta de estabilidad y la pérdida de redes de apoyo social dificultan aún más el acceso a la educación en estas circunstancias.
Las autoridades educativas suspenden las clases en áreas consideradas de alto riesgo debido a la seguridad de los estudiantes y el personal docente. Esta medida busca proteger a la comunidad educativa de posibles enfrentamientos armados o incidentes violentos.
La migración de profesionales de la educación debido a la inseguridad ha llevado a la falta de personal docente en algunas escuelas. Cuando no hay suficientes maestros para cubrir las clases, las autoridades pueden verse obligadas a suspender las actividades educativas.
Para abordar este problema, se requiere una acción coordinada que incluya medidas para mejorar la seguridad en las comunidades afectadas, garantizar el acceso a la educación en entornos seguros y abordar las causas subyacentes de la violencia. Asimismo, es fundamental fortalecer la presencia estatal en áreas vulnerables y promover la reconstrucción del tejido social a través de programas educativos y de prevención del delito.
Recientemente se han presentado diferentes ataques armados a la población, que han obligado a la suspensión de actividades en distintas escuelas, como en el caso de Chilpancingo o Taxco, solo por mencionar algunos casos de los más emblemáticos, donde la violencia contra transportistas obligo a la suspensión de clases, pero hay muchos municipios y regiones del estado en donde todos los días sufren algún acto de violencia y en donde los directivos escolares se ven en la imperiosa necesidad de suspender clases de manera permanente.
Lamentablemente la información fluye de manera limitada, mucha de ella como resultado de periodismo de investigación, pues es a través de los medios de comunicación como la ciudadanía llega a enterarse de las medidas que se han llegado a tomar en algunas regiones del estado para suspender clases, pero ya no se tiene mayor información de la reanudación de actividades y mucho menos de que escuelas y en que regiones aún continúan con suspensión de actividades escolares.
Para tener un diagnostico claro de la afectación que ha dejado esta situación para la educación en Guerrero, se requiere dar, a la opinión pública, información clara y oficial, sobre cuantas escuelas han tenido que suspender clases en el estado de Guerrero, cuantas han reanudado sus actividades de manera normal y cuantas continúan con la suspensión de clases.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Guerrero a informar a la opinión pública, a través de sus medios oficiales de comunicación, sobre cuántas escuelas están sin actividades en la entidad a causa de la violencia.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Guerrero a llevar a cabo las acciones necesarias para generar y proporcionar las condiciones suficientes de seguridad en el entorno de los planteles educativos, a fin de que quienes han sido privados de su derecho a la educación a causa de la violencia, retomen sus estudios de manera inmediata.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2024.
Diputada Yesenia Galarza Castro (rúbrica)
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