Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a pronunciarse en contra de la inclusión de la República de Cuba en la lista de países promotores del terrorismo internacional por partes de los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las peores y más condenables prácticas, que violentan flagrantemente el Derecho Internacional, es el uso de políticas extraterritoriales por parte de un país en contra de otro o de sus ciudadanos, bajo supuestos fines legítimos como lo es el salvaguardar la seguridad nacional o la defensa de los intereses nacionales en una determinada región.

En primer lugar, las políticas extraterritoriales atentan contra la soberanía de los países a las que les son aplicadas, pues se vulnera el principio de que cada Estado tiene control exclusivo sobre su territorio y sus habitantes. La aplicación de este tipo de leyes o normas representa una clara injerencia en sus asuntos internos y una violación a su soberanía, así como al derecho internacional.

Asimismo, cuando estas leyes son implementadas por un Estado poderoso, en términos políticos, económicos y militares, contra otro que no posee las mismas características, más allá de que se aluda a fines legítimos, son un mecanismo de coerción y dominación en materia internacional. De esta forma, si un Estado no cumple con los postulados, unilaterales de otro en temas como democracia o estado de derecho, es recurrente la imposición de este tipo de medidas.

Al respecto, uno de los principales mecanismos de este tipo es la Lista de Países Promotores del Terrorismo Internacional, lista que elabora el Gobierno de Estados Unidos, bajo supuestos criterios unilaterales según los cuales se designa a un país como patrocinador del terrorismo y, por consiguiente, se le imponen una serie de sanciones, como un mecanismo para aislarlas y posicionarse por encima de sus gobiernos y sus habitantes.

La primera lista de estados patrocinadores se creó el 29 de diciembre de 1979 e incluyó entonces a Libia, Irak, Yemen del Sur y Siria. Hay que señalar que, como consecuencia de la designación como Estado Patrocinador del Terrorismo Internacional, se impone una amplia gama de sanciones, que incluyen1 :

• Prohibición de exportaciones y ventas relacionadas con armas;

• Controles sobre exportaciones de artículos de doble uso, que requieren una notificación al Congreso de 30 días para bienes o servicios que podrían mejorar significativamente la capacidad militar del país incluido en la lista de terroristas o su capacidad para apoyar el terrorismo;

• Restricciones a la asistencia exterior estadounidense;

• Requisitos de procesamiento de visas: Se pueden imponer restricciones adicionales al procesamiento de visas para ciudadanos del país designado, como un mayor escrutinio o tiempos de espera más prolongados, y

• Imposición de diversas restricciones financieras y otras: Esto puede incluir la congelación de activos, la prohibición de transacciones financieras con entidades del país designado, o la aplicación de sanciones a empresas que realicen negocios con el país designado.

Para el caso particular de Cuba, el país fue designado como Estado Patrocinador del Terrorismo Internacional en 1982 bajo el argumento de que tiene una larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, entrenamiento y apoyo financiero a guerrillas y personas señaladas como terroristas.2 A partir de ese año, y a lo largo de 33 años, Cuba permaneció en esta lista, con las graves implicaciones que ello representó para la isla y sus habitantes.

No fue sino hasta el año 2015, cuando se dio el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, impulsada por el expresidente Barak Obama, que el Gobierno estadounidense decidió excluir de dicha lista a la isla, aunque ello no duró mucho. En el año 2021, ya finalizando el mandato de Donald Trump, de nueva cuenta el Departamento de Estado, aludiendo supuesta evidencia de que en los años en que Cuba estuvo fuera de la lista apoyó actividades terroristas, se le designó nuevamente y se le incluyó en la citada lista.3

A partir de ese año, el Departamento de Estado, dentro de los Reportes Nacionales sobre Terrorismo, trata de justificar, sin emitir mayores elementos, que Cuba sigue siendo, aunque nunca lo ha sido, un Estado que patrocina el terrorismo. Así, dentro del informa correspondiente a 2022, último publicado por el Departamento de Estado4 , se señalan como elementos para mantener a Cuba en la lista que, en ejercicio de su derecho soberano, el gobierno cubano se ha negado a entregar a supuestos integrantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia a dicho país, aunque no reconocen que, como parte del proceso de negociaciones por la paz, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, acordaron diversos mecanismos para deponer las armas, además de que Cuba fungió como sede de las negociaciones, lo cual contravendría su estatus como país facilitador.

Más allá del tema político que engloba el ser un país dentro de la lista unilateral norteamericana, los impactos hacia las y los cubanos son inhumanas, pues se violan sus derechos simplemente por una decisión unilateral. De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), parte de las consecuencias para las y los cubanos incluyen5 :

• A los cubanos con ciudadanía extranjera que reúnen los requisitos para una exención del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) a Estados Unidos, se les ha cancelado o denegado la exención.

• A los cubanos residentes en la Unión Europea se les han denegado cuentas bancarias o se les han congelado las existentes, ya que su nacionalidad los convierte en clientes de “alto riesgo”.

• Algunas universidades de Estados Unidos tienen prohibido apoyar investigaciones u otros trabajos de cubanos, artistas, escritores, académicos, activistas y periodistas de riesgo que residen en la isla.

• A los grupos religiosos se les han congelado los fondos y bloqueado los envíos de ayuda humanitaria.

• Las personas que intenten hacer una transferencia de dinero por PayPal o Wise a familiares en Cuba pueden ver sus fondos congelados y sus cuentas bloqueadas.

Las relaciones entre México y Cuba se caracterizan por una profunda amistad y una rica historia compartida. Desde sus luchas por la independencia hasta la actualidad, ambos países han mantenido una estrecha colaboración en diversos ámbitos, incluyendo el político, económico, cultural y social. Esta relación se ha visto fortalecida por valores comunes como la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de otros países y la búsqueda de la justicia social.

Dados estos lazos que hermanan a nuestras naciones, la Cámara de Diputados debe condenar enérgicamente la decisión del gobierno de los Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo Internacional. Esta medida es arbitraria e injusta, y no tiene fundamento en la realidad. Cuba ha sido un actor clave en la promoción de la paz y la seguridad en la región, y ha demostrado su compromiso con la lucha contra el terrorismo. La inclusión de Cuba en esta lista es un acto hostil que busca dañar al pueblo cubano y recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero que ya sufre por más de seis décadas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, condena enérgicamente que se mantenga a la hermana República de Cuba en la lista de Países Promotores del Terrorismo Internacional por parte de los Estados Unidos de América, al tiempo que rechaza el uso de políticas extraterritoriales por parte de dicho país, en clara afrenta a la independencia y los derechos de las y los cubanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que se pronuncie, a nombre del Estado Mexicano, en contra de la inclusión de la hermana República de Cuba en la lista de Países Promotores del Terrorismo Internacional por parte de los Estados Unidos de América y que, por medio de los canales diplomáticos correspondiente, haga llegar nuestra condena a las autoridades norteamericanas pertinentes.

Notas:

1. U.S. Department of State. Country Reports on Terrorism 2022. Disponible en: https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2022/

2. U.S. Department of State. Country Reports on Terrorism 2022: Cuba. Disponible en: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/11/Country_Reports_on_Ter rorism_2022-v3.pdf

3. Ídem.

4. Ídem.

5. Nodarse, M y Bare, A. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. El costo humano de la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. 28 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.wola.org/es/analisis/costo-humano-inclusion-cuba-lista-esta dos-patrocinadores-terrorismo/#:~:text=Cuba%20fue%20designado%20de%20nu evo,de%20la%20presidencia%20de%20Trump.

Honorable Congreso de la Unión, a 20 de febrero 2024

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Efemérides

Con motivo del 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

“Comprométete con la noble lucha por los derechos humanos. Harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir”

Martin Luther King

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 26 de noviembre de 2007 proclamar el 20 de febrero de cada año como Día Mundial de la Justicia Social, donde existe el compromiso de promover sistemas económicos nacionales y mundiales basadas en justicia, igualdad, democracia, participación, transparencia, inclusión y rendición de cuentas.

La justicia social se puede alcanzar a través del aumento económico con desarrollo sostenible y utilizando las nuevas tecnologías contra problemas graves como crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión, desigualdad, entre otros, los cuales existen dentro de la sociedad, la economía debe respetar los límites del planeta, con una dependencia del bienestar humano con buenas relaciones sociales y justicia reconociendo el bienestar humano real y sostenible no solo un consumo material.

El acceso a la justicia social implica promover el acceso a la igualdad para garantizar plena participación en la vida de una sociedad, en especial para los que han sido excluidos de manera sistemática por su raza, género, etnia, edad, educación, orientación sexual, nivel socioeconómico, discapacidad física o mental, características de origen o por pertenecer a cierto grupo.

La justicia social está basada en la convicción de que todas las personas tienen derecho a un trato igualitario, a recibir apoyo para la defensa de sus derechos humanos y el reparto igual de los recursos sociales para que tengan acceso a la salud, empleo, alimentación y todas las necesidades para que una persona goce de una vida plena.

La Cuarta Transformación sigue cumpliendo el compromiso hecho con las Naciones Unidas, siempre a favor de las reformas y programas sociales que se han puesto en marcha.

Por ello; el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tenemos como principio rector el servir al pueblo, con lo que lograremos una sociedad justa, equitativa y democrática, desarrollando con esto la capacidad del pueblo a decidir y asimismo a que el fruto del trabajo llegue siempre a quienes lo desarrollan.

Por todo lo anterior y para lograr una plena justicia social en favor de las clases sociales más necesitadas, tenemos el compromiso con la sociedad y con ello impulsar las iniciativas de ley que tiendan a equilibrar las desigualdades sociales y que estén a favor y defensa de las clases obreras, campesinas y populares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero 2024

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel

Inklusion
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