Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6463-IV-2, martes 13 de febrero de 2024

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a fortalecer los procesos de contratación, adquisición, y distribución de medicamentos a nivel nacional, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a asegurar a todas y todos los educandos el acceso, transito, permanencia, avance académico y una estrategia integral a los grupos y regiones con mayor rezago educativo, o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer que las autoridades escolares sean capacitados en prevención e identificación del abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a realizar las acciones necesarias a fin de establecer una política adecuada proporcionando subsidios o incentivos fiscales a los agricultores para la compra de semillas mejoradas de maíz y trigo, fertilizantes y maquinaria, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a publicar en el DOF el acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2024, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a revisar y reforzar una estrategia adecuada en materia de prevención del suicidio con un enfoque especial de los jóvenes en nuestro país, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a agilizar la publicación para consulta pública de la NOM-016-CRE-2016, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a Capufe a revisar los procesos de cobro de los concesionarios en las carretas federales del estado de Veracruz, a cargo de la diputada Karla Verónica González Cruz, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, al IMSS y a la Ssa del Edomex a realizar las acciones administrativas, presupuestales y necesarias para la rehabilitación de los hospitales regionales del Valle de Ceylán y de la zona oriente del municipio de Tlalnepantla, a cargo de la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua, al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y a la CNPC a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el derecho humano al agua establecido en el artículo 4o. constitucional, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a la FG del estado de Morelos a cumplir con la recomendación 276 /2023 de la CNDH por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16 Morelos, a cargo de la diputada Mariana Mancillas Cabrera, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a coordinarse con las autoridades de las entidades federativas, para acordar con las compañías privadas de telecomunicaciones el retiro y mantenimiento del cableado y equipo aéreo de su propiedad que se encuentra en desuso, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a implementar programas, estrategias y políticas públicas en favor de personas ostomizadas, con el carácter de discapacidad, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Legislativos de los estados de Colima, Estado de México y Tamaulipas, a garantizar los derechos de igualdad y no discriminación a personas indígenas y afrodescendientes, a través de acciones afirmativas que les doten de espacios de representación en los Congresos locales como diputadas y diputados, a cargo del diputado Roberto Valenzuela Corral, del Grupo Parlamentario del PAN

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a fortalecer los procesos de contratación, adquisición, y distribución de medicamentos a nivel nacional, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La reciente inauguración de la Megafarmacia del Bienestar por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha levantado tanto expectativas como interrogantes. Este proyecto, con un costo de más de 2 mil millones de pesos, prometió acabar con el desabasto de medicamentos en el país, ofreciendo un catálogo que aspire a tener “todas las medicinas del mundo” y garantizando entregas en un lapso máximo de 48 horas. Sin embargo, los números iniciales post-inauguración haciendo un análisis realista es desalentador.

Desde su apertura el 29 de diciembre, la Megafarmacia ha registrado 12 mil 541 llamadas en su centro de atención, un volumen que denota una clara demanda y necesidad por parte de la población. No obstante, de este total, solo 164 folios han resultado en la entrega física de medicamentos y apenas 67 folios han sido debidamente surtidos. Estas cifras, son modestas en comparación con el rendimiento diario de una farmacia promedio en la Ciudad de México, evidencian un arranque lento y problemático.

El detalle de las llamadas recibidas revela desafíos adicionales: 6 mil 507 fueron llamadas sin interacción efectiva, y 4 mil 069 carecían de los requisitos necesarios para procesar la solicitud. Esto sugiere deficiencias en el sistema de comunicación y en el proceso de gestión de solicitudes. Asimismo, la disminución en el número de folios atendidos resalta posibles ineficiencias en los mecanismos internos de operación y logística.1

Es entonces, que el gobierno presumió que la Megafarmacia ha surtido 67 medicamentos desde su apertura, es decir, 4 recetas diarias. La Megafarmacia, la sola infraestructura, costó más de 2 mil millones de pesos.

En última instancia, la Megafarmacia del Bienestar debe enfrentar estos desafíos con determinación y responsabilidad, reconociendo que su éxito o fracaso porque impactará profundamente en la salud y el bienestar de millones de mexicanos.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que las autoridades competentes, refuercen una estrategia integral y efectiva que optimice y fortalezca los procesos de contratación, adquisición, y distribución de medicamentos a nivel nacional, a fin de garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de medicamentos esenciales en todo el país, asegurando así el abasto necesario para responder eficazmente a las necesidades de salud de la población mexicana.

Este exhorto se presenta con la convicción de que, a través de la implementación de estas medidas, la Secretaría de Salud fortalecerá significativamente el sistema de salud en México, garantizando el acceso oportuno y equitativo a medicamentos esenciales para todos los ciudadanos, y cumpliendo así con el más alto compromiso de salvaguardar la salud y el bienestar de la población en nuestro país.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para reforzar y garantizar el abasto de medicamentos para la población mexicana, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con sus homólogos en las entidades federativas, refuercen una estrategia integral y efectiva que optimice y fortalezca los procesos de contratación, adquisición, y distribución de medicamentos a nivel nacional, a fin de garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de medicamentos esenciales en todo el país, asegurando así el abasto necesario para responder eficazmente a las necesidades de salud de la población mexicana.

Notas:

1 Alberto Morales, Megafarmacia recibe más de 12 mil llamadas; ha surtido 67 recetas de medicamentos: Birmex, EL UNIVERSAL, consultado por última vez el 22 de enero de 2024 en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/megafarmacia-recibe-mas-de-12-mil -llamadas-ha-surtido-67-folios-de-medicamentos-birmex/

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a asegurar a todas y todos los educandos el acceso, transito, permanencia, avance académico y una estrategia integral a los grupos y regiones con mayor rezago educativo, o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes:

Consideraciones

En México, no asisten a la escuela 2.0 por ciento de los niños y niñas de cinco a 11 años, lo que significa casi 281 mil menores, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).1

El organismo detalló que en México residían 15 millones de niñas y niños de 5 a 11 años, lo que representó 11 por ciento del total de la población, de acuerdo con datos del cuarto trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición, 2022. Precisó que, de los 15 millones infantes en ese rango de edad, 2 por ciento no asistía a la escuela (280 mil 899), de los cuales 56 por ciento corresponde a niños y 44 por ciento a niñas.2

Señaló que en los hogares donde, al menos, residía una niña o niño de cinco a 11 años que no asistía a la escuela, 73 por ciento de las jefas o jefes del hogar ocupados, trabajaban de manera informal. A escala nacional, 7 de cada 10 personas creen que mientras más escolaridad tenga una persona, tendrá mayor posibilidad de mejorar su nivel de vida, la mayoría de la población lo relaciona también con tener mejores oportunidades laborales.3

Asimismo, en México al menos 3.8 millones de niños de tres a 14 años no asisten a la escuela. Se trata, alerta la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), de menores pobres, hablantes de lengua indígena, habitantes de localidades rurales aisladas, con discapacidad, aquellos que trabajan o son adolescentes con hijos.4

Un estudio reciente sobre la atención de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) en escuelas primarias, revela que aún hay centros escolares que imponen barreras o, incluso, niegan la inscripción a estudiantes con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, con condición del espectro, trastorno por déficit de atención e hiperactividad.5

El organismo destaca que, pese a las reformas constitucionales en materia educativa, y a la emisión en 2019 de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, cuyo objetivo es garantizar que todo niño y adolescente acceda al derecho a la educación sin importar las barreras de origen, género o condición, reconoce que estos componentes de la política educativa “no se reflejan actualmente en las escuelas”.

Asimismo, en el informe La USAER en voz de sus docentes. Evaluación diagnóstica del proceso de atención en escuelas primarias, destaca que para impulsar realmente la educación inclusiva en el país, se debe ampliar la cobertura de la USAER; fortalecer su capacidad de incidencia en las escuelas; y establecer un proceso de atención, a través de directrices generales que se apliquen en educación básica.6

Sin embargo, en la actualidad, sólo 14.1 por ciento de los 194 mil 979 planteles públicos de prescolar, primaria y secundaria cuenta con este servicio, del que están excluidas las escuelas indígenas y comunitarias.7

Cabe señalar que, en el ciclo escolar 2019-2020, la educación especial atendió a 614 mil 423 estudiantes de educación inicial, prescolar, primaria y secundaria, de los cuales 88 por ciento recibieron apoyo de USAER, a través de 4 mil 646 unidades de servicio para llegar a 540 mil 939 alumnos.8

De los alumnos atendidos por USAER, indica Mejoredu, 70 por ciento, es decir, 376 mil 911 asisten a la primaria; 82 mil 440 a secundaria, y 81 mil 264 a preescolar.9

La organización Mexicanos Primero denunció que a tres años del cierre de las escuelas por la pandemia de covid 19, el país enfrenta una de sus peores crisis en materia de educación, situación que ha sido desatendida por el gobierno.10

En conferencia de prensa, Katia Carranza, investigadora de Mexicanos Primero explicó que luego de que las escuelas a nivel nacional cerraran por más de 210 días, es decir más de un ciclo escolar completo, se perdió un aprendizaje de manera grave que desencadenó el abandono escolar.11

“El abandono escolar, la pérdida de aprendizajes fundamentales y el rezago educativo han sido de los retos principales... Con nuestro estudio Equidad y Regreso mostramos que, en diciembre de 2021, el 23 por ciento de los niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 10 y 15 años que entrevistamos ya no pudieron comprender un texto de tercer grado, cuando en mayo del mismo año sí lo habían podido hacer, y en matemáticas el 8 por ciento ya no pudo nombrar un dígito de dos números”.

En México la educación pública es gratuita, pero muchos niños, adolescentes y jóvenes enfrentan barreras para acceder a ella, particularmente durante los años previos, donde la covid-19 transformó los métodos de aprendizaje y enseñanza.

Una de las herramientas fundamentales para que los estudiantes puedan acceder es el acceso a la conectividad. Y aunque en los años recientes se ha logrado conectar a más comunidades, todavía una buena parte de los estudiantes carece de servicios de telefonía e internet o de dispositivos que le permitan conectarse.

Más de 49 mil estudiantes de entre 10 y 14 años en condiciones de vulnerabilidad, son atendidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), para iniciar, continuar o terminar la educación primaria.12

Del total, 23 mil 880 son niñas y 25 mil 820, niños; todos reciben los servicios educativos del INEA a través de la vertiente 10-14 para acreditar estudios de nivel básico.

En muchas escuelas todavía se les exige presentar documentación de identidad o de acreditación escolar, cuando el artículo 3° de la Constitución Política Mexicana y la Normativa de Acceso y Control Escolar de la Secretaría de Educación Pública, garantizan del derecho a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su condición. Esto significa que su ingreso a la escuela no puede, ni debe estar condicionado a la presentación de estos documentos. Tampoco se pueden retener sus boletas o certificados de estudios o condicionarlos a la regularización de su situación.

No se debe negar el acceso, permanencia y conclusión de su derecho a la educación a niñas, niños y adolescentes bajo ninguna circunstancia. Para niñas, niños y adolescentes, la escuela es un espacio seguro en muchos sentidos. Asistir a la escuela no sólo les ayuda a recuperar rutinas y dar una sensación de estabilidad. Igualmente, la escuela proporciona un espacio único donde se puede dar acompañamiento psicoemocional, apoyo a través del juego, donde se aprenden habilidades socioemocionales y fundamentales como la lectura y escritura que son criticas para su presente y su futuro.

Es por ello, que presento el presente exhorto a las autoridades educativas, a garantizar que se respeten los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación. La exigencia de documentación de identidad o de acreditación escolar no debe ser una barrera para el acceso a la educación. Las escuelas no pueden ni deben condicionar el ingreso de los estudiantes a la presentación de estos documentos. También deben proporcionar un ambiente seguro que proporcione estabilidad, acompañamiento psicoemocional y el desarrollo de habilidades socioemocionales y fundamentales. Además, se debe trabajar en ampliar el acceso a la conectividad, especialmente para aquellos estudiantes que carecen de servicios de telefonía e internet o de dispositivos para conectarse, ya que se ha convertido en una herramienta esencial para la educación en la era actual.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto, respetuosamente, a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para tomar medidas inmediatas para abordar el acceso a la educación, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Educación Pública a ampliar la cobertura de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), a fin de fortalecer su capacidad de incidencia en las escuelas y establecer un proceso de atención a través de directrices generales aplicables a la educación básica.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades educativas, federal, estatales y municipales, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las acciones conducentes para facilitar el acceso a la educacio?n ba?sica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos acade?micos o de identidad, de acuerdo con lo establecido en la fracción IX del artículo 9 de la Ley General de Educación.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades educativas federal, estatales y municipales, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las acciones necesarias para proporcionar un ambiente seguro que de estabilidad y acompañamiento psicoemocional a las y los educandos; y asimismo, lleven a cabo acciones que refuercen en ellos el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulse la conectividad especialmente para aquellos estudiantes que carecen de servicios de telefonía e internet o de dispositivos para conectarse, a fin de evitar su exclusión del sistema educativo.

Notas:

1 Por Editor_Pxp, Texto íntegro: existen 3.8 millones de menores que no asisten a la escuela debido a barreras técnicas, punto por punto, consultado por última vez el 31 de julio de 2023 en https://www.puntoporpunto.com/reportajes-2/reportajes-en-punto/texto-in tegro-existen-3-8-mllns-de-menores-que-no-asisten-a-la-escuela-debido-a -barreras-tecnicas/

2Ibidem.

3Ibidem.

4Ibidem.

5Por Editor_Pxp, Texto íntegro: existen 3.8 millones de menores que no asisten a la escuela debido a barreras técnicas, punto por punto, consultado por última vez el 31 de julio de 2023 en https://www.puntoporpunto.com/reportajes-2/reportajes-en-punto/texto-in tegro-existen-3-8-mllns-de-menores-que-no-asisten-a-la-escuela-debido-a -barreras-tecnicas/

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Ibidem.

9 Por Editor_Pxp, Texto íntegro: existen 3.8 millones de menores que no asisten a la escuela debido a barreras técnicas, punto por punto, consultado por última vez el 31 de julio de 2023 en https://www.puntoporpunto.com/reportajes-2/reportajes-en-punto/texto-in tegro-existen-3-8-mllns-de-menores-que-no-asisten-a-la-escuela-debido-a -barreras-tecnicas/

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Ibidem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer que las autoridades escolares sean capacitados en prevención e identificación del abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes:

Consideraciones

En México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es el primer país del mundo en abuso sexual de menores, con 5.4 millones de casos por año, y, en el 60 por ciento de los casos el agresor es una persona cercana a la familia, que incluye desde padres, padrastros, tíos y vecinos.1

Además, de acuerdo con Efraín Guzmán García, coordinador nacional de Protección Infantil, menciona que, por cada mil casos de abuso a menores, únicamente cien se denuncian, sólo diez llegan a juicio y únicamente un caso llega a condena, por lo que estas cifras son alarmantes.2

Es entonces, que el hogar se ha convertido en una de las zonas de mayor peligro para los menores: seis de cada diez agresiones se cometen en ese entorno, diversos organismos de derechos humanos, refieren que los abusos y la explotación de menores ocurren lamentablemente en su entorno más cercano, principalmente en casa o en la escuela, los sitios que deberían ser los más seguros para los menores, desafortunadamente son los más peligrosos y la tendencia de esta violencia, lejos de ir a la baja, ha ido creciendo año con año.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esta cifra se eleva a 5 mil de cada cien mil, la tasa de abuso sexual de niñas y niños en México, y es de mil setecientos por cada cien mil, cuando se trata de tocamientos.3

Es entonces, que, en la primera infancia, hasta los cinco años de edad, los agresores suelen ser en un 30 por ciento los padrastros; en un 30 por ciento los abuelos y en un 40 por ciento tíos, primos, hermanos o cuidadores. Se calcula que una de cada cuatro niñas, así como uno de cada seis niños sufre violación antes de cumplir la mayoría de edad.4

Asimismo, de acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Gobernación, desde marzo se registraron más de 115 mil llamadas de emergencia al 911 por incidentes contra mujeres, niñas y niños, por abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.5

Del mismo modo, de acuerdo con el Índice de la UNICEF,6 el promedio de edad de los niños y niñas, la primera vez que sufren abuso, es de 8 años y medio, el 75 por ciento de los infantes que sufren abuso son niñas y el 25 por ciento son niños, lamentablemente el 88 por ciento de los agresores son conocidos de los niños y niñas, el 50 por ciento de los agresores son familiares de los niños y niñas.

Además, de acuerdo con el Segundo Diagnóstico Nacional de Violencia Sexual en México, que realizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),7 se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, de los cuales nueve de cada 10 víctimas son mujeres y en particular cuatro de cada 10 son menores de 15 años de edad, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no revelan que sufrieron violencia sexual, por miedo, vergüenza, culpa o porque no reconocen su victimización.

En 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de 12 a 17 años sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos. En 2020 hubo 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes, de los que 8 mil 876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por: un amigo, un familiar, un desconocido o el ex novio. La mayoría de éstos, por violación sexual o matrimonios arreglados.

Sin duda, la Secretaría de Educación Pública ha hecho caso omiso para impulsar un programa para la Protección Integral de estos menores. Ya que los lugares donde dichos menores se sienten cómodos y a salvo es en la casa, así como en la escuela, pero si en la casa sufren agresión, por ende, su lugar seguro para ellos es la escuela donde pueden desenvolverse más.

Si bien es cierto que nuestra legislación vigente nos menciona los planes y programas que se deben ejercer en las escuelas, así como el hacerles del conocimiento sobre educación sexual, pero si somos un poco más específicos en el artículo 30 de la Ley General de Educación se establece un poco sobre dicho tema, sin embargo, es importante que se establezca que autoridades escolares destinen uno o dos días del calendario para que se hable de violencia sexual y cómo prevenirla, que así mismo personal administrativo y académico sean capacitados en prevención del abuso sexual en los entornos escolares; así como de los procedimientos, protocolos y canales de atención para denunciar este tipo de actos.

Es por ello, que presento el presente exhorto que para que las autoridades competentes, implementen una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer que las autoridades escolares sean capacitados en prevención e identificación del abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes; así como de los procedimientos, protocolos de actuación y canales de atención para denunciar este tipo de actos.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para prevenir e identificar el abuso sexual infantil por las autoridades educativas, a fin de prevenir, disminuir y erradicar este lacerante delito, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer que las autoridades escolares sean capacitados en prevención e identificación del abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes; así como de los procedimientos, protocolos de actuación y canales de atención para denunciar este tipo de actos.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Fiscalías y Procuradurías estatales de las 32 entidades federativas a dar un seguimiento puntal a las carpetas de investigación por el delito de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, ante el lacerante aumento de los casos en este delito.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Secretaría de Gobernación, para asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la adecuada formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de campañas informativas en los medios de comunicación para que se fortalezca la cultura de la denuncia ante cualquier acto de violencia en contra de la niñez mexicana; a fin de prevenir, disminuir y erradicar cualquier forma de violencia contra este grupo de población, y de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de este lacerante problema.

Notas:

1 Blanca Valadez, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, advierte organización, Grupo Milenio 2023, consultado por última vez el 09 de febrero de 2024 en https://www.milenio.com/politica/comunidad/mexico-ocupa-abuso-sexual-in fantil-organizacion

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 UNICEF, Oficina Regional para América Latina y el Caribe (2006a), Children and Violence Report of the National Child Month Committee 1997 Conference, citado en Violence Against Children in the Caribbean Región Regional Assessment,Panamá,UNICEF.

7 Saúl Arellano, Investigador del PUED-UNAM, Urge una política de Estado para la infancia, consultado por última vez el 11 de febrero de 2024 en https://www.saularellano.com/2022/12/08/politica-de-estado-infancia/

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a realizar las acciones necesarias a fin de establecer una política adecuada proporcionando subsidios o incentivos fiscales a los agricultores para la compra de semillas mejoradas de maíz y trigo, fertilizantes y maquinaria, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

Consideraciones

El maíz y el trigo son dos cultivos de gran importancia para la economía de México. El maíz es originario de México y ha sido cultivado desde hace aproximadamente 7 mil años. Este grano es el que genera más valor económico para México, y su importancia se extiende a niveles sociales y culturales, siendo un elemento fundamental en la dieta. En 2021, México produjo más de 27 millones de toneladas de maíz, convirtiéndose en el séptimo productor a nivel mundial. El maíz representa el 88.2 por ciento de la producción nacional de granos y se cultiva en los 32 estados del país.

En México, de acuerdo con analistas y productores, la crisis del maíz y trigo podría generar efecto dominó en la economía, de no recibir apoyos para que puedan vender a precios que hagan rentable la producción, se pondría en riesgo el cultivo de esos granos para el siguiente año y generaría trastornos económicos severos, advierten analistas y productores.1

En mayo, al iniciar la temporada de cosechas, misma que se prolongará a julio de este año, productores de maíz y trigo de Sinaloa, Sonora y Baja California iniciaron una serie de manifestaciones para exigir el apoyo del gobierno para que se fije un precio de garantía de 7 mil pesos por tonelada de maíz y 8 mil la de trigo, con el fin de que sea rentable su negocio y no caer en quiebra y en moratoria de pagos ante bancos y proveedores.2

Por otra parte, especialistas manifiestan que esa situación podría tener efectos adversos en la meta de alcanzar la autosuficiencia alimentaria porque inevitablemente tendrá un impacto en el costo de la canasta básica. “Si los productores de maíz truenan, al año siguiente veremos kilos de tortilla de 40 o 45 pesos y en la Ciudad de México llega a 50, por los costos de flete, almacenamiento y demás”.

Además, si Sinaloa no le aporta al país los seis millones de toneladas de maíz que genera en promedio anualmente, se generaría un problema grave en la economía.

Por su parte, de acuerdo con Álvaro Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora (AOASS), llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a reflexionar sobre la problemática que se viene, pues lo que hoy afecta a los campesinos, pone en juego la producción de maíz y trigo, menciono; “No es exageración, si nos dejan tal cual, no vamos a poder pagar nuestros compromisos financieros, vamos a caer en cartera vencida y para el siguiente ciclo no va a haber quien financie a los productores”.

Es entonces, que está en riesgo la producción de maíz y trigo valuada en más de 166 mil millones de pesos, sin embargo, se trata de un problema económico, político y social porque no solo tiene que ver con el precio al que se pague el maíz, sino la inflación que puede desatar, así como problemas de empleo, entre otros.

Además, debe tomarse en cuenta que los precios de los granos y los insumos como fertilizantes son altamente sensibles a factores como los que representa la guerra en Ucrania, problemas climáticos.

No obstante, no solo es un problema de los estados con agricultura comercial; es un problema de todos los mexicanos por las repercusiones económicas que tendría.

Además, de acuerdo con Sarmiento Gámez, destaco que, debido al aumento del precio internacional de los granos ocurridos durante los últimos cuatro años, los productores de maíz y trigo no resintieron el hecho de que el gobierno federal haya eliminado instituciones e importantes programas destinados a apoyar a los campesinos, pero ahora se hicieron presenten sus consecuencias, ante el escenario adverso que hoy padecen.

El especialista recordó que cuando existía la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), extinguida al principio de la presente administración federal, lo que hacía el gobierno era sentarse con los productores y los compradores para acordar un precio que no pusiera en riesgo la rentabilidad de la producción de granos básicos.

Concretamente lo que hacían era ofrecer apoyos para flete, almacenamiento, pecuario, exportación, entre otros, con lo cual a los compradores les era indiferente comprar el maíz a los agricultores mexicanos que comprarlo en el extranjero. “Ahora lo que hace Segalmex es ignorar a los compradores”.

Por otra parte, mencionó que, al desaparecer Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Nacional), la cual dejó de otorgar préstamos desde diciembre de 2022, “dejó colgados alrededor de 9,000 productores por lo que se vieron obligados a endeudarse”.

Aunque Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) rescató a algunos productores, la mayoría están endeudados con proveedores, semilleras, distribuidores de fertilizantes, centros de acopio, dispersoras, amigos o incluso recurrieron a apalancar sus cultivos mediante tarjeta de crédito.

Es por ello, que se debe hacer un llamado al gobierno federal para que establezca una política adecuada proporcionado subsidios o incentivos fiscales a los agricultores, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural, que en situaciones críticas como las que se viven hoy en los estados con agricultura comercial, el gobierno debe intervenir para buscar una solución.

Además de que influye en la difícil situación que padecen con la desaparición de programas como el de subsidio agrícola y de la desaparición de Financiera Nacional.

Cualquier crisis en la producción de maíz y trigo podría tener un impacto significativo en la economía de México, debido a la importancia de estos cultivos. Aquí hay algunas formas en las que podría suceder:

1. Impacto en la seguridad alimentaria : el maíz y el trigo son dos de los alimentos básicos más importantes en México. Una disminución en la producción de estos cultivos podría llevar a una escasez de alimentos, lo que podría aumentar los precios y afectar la seguridad alimentaria.

2. Impacto en la agricultura y el empleo: si la producción de maíz y trigo disminuye, los ingresos de los agricultores podrían verse afectados, lo que a su vez podría tener un impacto en el empleo en las áreas rurales, donde la agricultura es una fuente importante de empleo.

3. Impacto en la balanza comercial: México exporta trigo cristalino y, en menor medida, maíz. Si la producción de estos cultivos disminuye, esto podría afectar las exportaciones y tener un impacto en la balanza comercial de México.

4. Impacto en las industrias relacionadas: una disminución en la producción de maíz y trigo también podría afectar a las industrias que dependen de estos cultivos, como la industria de alimentos procesados, la industria de la panificación, la industria de la cerveza, entre otras.

5. Impacto en la inflación : la escasez de maíz y trigo podría llevar a un aumento en los precios de estos granos, lo que podría aumentar la inflación. Esto podría tener un impacto en el costo de vida y podría reducir el poder adquisitivo de la población.

Por lo tanto, es importante que México tenga políticas y estrategias efectivas para gestionar los riesgos asociados con la producción de maíz y trigo, incluyendo el cambio climático, las plagas y enfermedades, y las fluctuaciones en los precios internacionales.

Es por ello que presento el presente exhorto para que las autoridades competentes, implementen una estrategia eficaz y realice las acciones necesarias a fin de establecer una política adecuada proporcionando subsidios o incentivos fiscales a los agricultores para la compra de semillas mejoradas, fertilizantes y maquinaria, para que puedan vender a precios que hagan rentable la producción y asegurar que los apoyos lleguen a los agricultores.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para implementar una estrategia eficaz que garantice el apoyo a los agricultores en nuestro país, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que implemente una estrategia eficaz y realice las acciones necesarias a fin de establecer una política adecuada proporcionando subsidios o incentivos fiscales a los agricultores para la compra de semillas mejoradas de maíz y trigo, fertilizantes y maquinaria, para que puedan vender a precios que hagan rentable la producción y asegurar que los apoyos lleguen a los agricultores.

Notas:

1 advierten analistas y productores, El Economista, consultado por última vez el 28 de noviembre de 2023 en https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crisis-del-maiz-y-trigo-podria -generar-efecto-domino-en-la-economia-advierten-analistas-y-productores -20230521-0009.html

2 Ibídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a publicar en el DOF el acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2024, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

Consideraciones

La sequía es un fenómeno que afecta a nivel nacional, sin embargo, en Durango, sus consecuencias son particularmente devastadoras. Las regiones de Durango y Zacatecas enfrentan una de las sequías más severas, con repercusiones significativas en cultivos fundamentales como frijol, maíz, avena, cebada, trigo y calabaza, traduciéndose en pérdidas millonarias para nuestros productores.1

José Ángel Beltrán, dirigente estatal de la Conferencia Nacional Campesina de Durango, alerta sobre un panorama sombrío para la agricultura. La falta de lluvias ha sido tan extensa que lamentablemente Durango no espera cosecha este año.

Las cifras hablan por sí solas: el 90 por ciento de los cultivos de frijol, maíz, avena, cebada y trigo han sido devastados en Durango debido a las escasas precipitaciones desde noviembre del año anterior. Esto implica que solo el 10 por ciento de estos cultivos sobreviven, representando posibles pérdidas superiores a los 3 mil millones de pesos, según líderes del sector agropecuario.

Históricamente, Durango ha sido una región próspera en agricultura, cultivando alrededor de 500 mil hectáreas de productos de temporada. Sin embargo, la drástica disminución de lluvias ha reducido la siembra a apenas 140 mil hectáreas de frijol y 120 mil de maíz.

A pesar de estos esfuerzos, la realidad es alarmante. Del total sembrado, apenas sobreviven entre el 10 y 15 por ciento de las hectáreas de frijol, y la situación podría empeorar si no se reciben las lluvias necesarias en los próximos días. El maíz, por su parte, enfrenta desafíos similares, con plagas como el gusano cogollero amenazando lo poco que queda.

Otros cultivos como la avena, cebada y trigo no han logrado germinar debido a la falta de humedad. Estas pérdidas agrícolas no solo representan un golpe económico para nuestros agricultores, sino que también plantean serios desafíos para la seguridad alimentaria de la región.

Jesús Héctor López, director de desarrollo rural del municipio de Durango, recalca la gravedad de la situación, indicando que, si no se reciben lluvias en las próximas dos semanas, incluso los cultivos que aún sobreviven corren riesgo.

Adicionalmente, la ganadería también está en peligro, con la falta de pasto y agua poniendo en riesgo la salud y supervivencia de los rebaños. Los agricultores de Durango enfrentan costos crecientes al implementar técnicas avanzadas de riego y lidiar con plagas y enfermedades que proliferan debido a la sequía.

José Ángel Beltrán Félix, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), enfatiza la urgencia de la situación en Durango, destacando la crítica situación que enfrentan tanto la ganadería como la agricultura.2

Por otro lado, la presidenta de la Canaco de Durango señala que la sequía también ha afectado la economía local, con una reducción del 30 por ciento en las ventas de comercios rurales.

La sequía en Durango no solo representa un desafío agrícola y económico, sino que también amenaza la seguridad alimentaria de toda la región. Las autoridades deben actuar con rapidez y determinación para mitigar su impacto.

Miles de productores rurales ya están sintiendo las consecuencias de esta prolongada sequía, y la crisis alimentaria en el país se agrava.

Es entonces, que para las declaratorias de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas, cada año la Comisión Nacional del Agua, tiene la facultad para expedir Acuerdos de carácter general, a partir del cual se podrá tomar las medidas necesarias, normalmente de carácter transitorio, para que en situaciones de emergencia, escasez extrema o sobreexplotación, se garantice el abasto de agua para el uso doméstico y público urbano; según lo establecido en el artículo 9 fracción L de la Ley de Aguas Nacionales. En dicho acuerdo, se establecen, entre otras acciones, las Medidas Preventivas y de Mitigación que los Usuarios de las Aguas Nacionales podrán Implementar para hacer un Uso Eficiente del Agua cuando “La Comisión” emita un “Acuerdo de Carácter General de Emergencia por Ocurrencia de Sequía”.

Por lo tanto, para la declaración de emergencia por sequía, corresponde sólo a la Comisión Nacional del Agua su emisión, la cual atiende las cuencas que existen en el territorio nacional y no se realiza con la división política por entidad federativa.

Es entonces que, dado que para 2024 no se ha realizado la declaratoria, se debe sustentar la solicitud de acciones necesaria para mitigar los efectos en todo el país y específicamente en las cuencas que se encuentran en el territorio del estado de Durango, y que incluye el uso agrícola.

En Acción Nacional, abogamos fervientemente por un campo fortalecido. Reconocemos que al impulsar el desarrollo rural no solo combatimos la pobreza en estas áreas, sino que también valoramos y aprovechamos el vasto potencial natural, humano, cultural y social que posee nuestro país. Esta riqueza es uno de los pilares fundamentales de nuestra nación, y es imperativo que respaldemos inquebrantablemente a nuestros campesinos en su noble labor.

Por todo lo anterior, instó al Ejecutivo federal, a través de las autoridades pertinentes, a emitir el acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2024 y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para emitir una declaración de emergencia para los municipios afectados en Durango, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, emita el acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2024 y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar la asignación de mayores recursos y apoyos para el campo en el estado de Durango.

Notas:

1 Editor_Pxp, SEQUÍA causa estragos en CULTIVOS de las regiones de DURANGO y ZACATECAS, Punto por punto portal de noticias, consultado por última vez el 07 de febrero de 2024 en https://www.puntoporpunto.com/secciones/punto-de-encuentro/sequia-causa -estragos-en-cultivos-de-las-regiones-de-durango-y-zacatecas/

2 Por Infoinfusion, Más de 700 mil hectáreas agrícolas afectadas por la sequía en Durango, consultado por última vez el 07 de septiembre en 2023 https://infoinfusion.com/mas-de-700-mil-hectareas-agricolas-afectadas-p or-la-sequia-en-durango

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a revisar y reforzar una estrategia adecuada en materia de prevención del suicidio con un enfoque especial de los jóvenes en nuestro país, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

Consideraciones

El suicidio, esa sombra silenciosa que se extiende por todo el mundo, se ha arraigado profundamente en el tejido de nuestra sociedad. En México, esta realidad sombría se ha intensificado. Las estadísticas recientes pintan un cuadro inquietante: un aumento significativo en las tasas de suicidio, especialmente entre los jóvenes, nos coloca en una encrucijada crítica como nación.

La tasa de suicidio en México, que se ha elevado de 5,3 a 6,3 por cada 100 mil habitantes entre 2017 y 2022, revela una crisis creciente. Estos números, que equivalen a más de 1,629 vidas perdidas en solo cinco años, son un reflejo no solo de tragedias individuales, sino también de problemas sistémicos profundos.1

El suicidio en México no discrimina, pero impacta desproporcionadamente a los jóvenes y a ciertas comunidades, como los indígenas y aquellos en extrema pobreza. Estas cifras desgarradoras nos llevan a cuestionar: ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que nuestros jóvenes se ven empujados hacia esta desesperación?

La depresión, un trastorno mental que afecta a un 5 por ciento de la población adulta a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos recuerda que la depresión puede ser incapacitante, robando a las personas de su capacidad para funcionar en el trabajo, en la escuela y en la familia. En el peor de los casos, puede ocasionar el suicidio.2

Los factores que impulsan a una persona hacia el suicidio son complejos y multifacéticos. En México, los desafíos son únicos: la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado, la pobreza, el desempleo y la falta de educación crean un caldo de cultivo para la desesperanza y el dolor. Estos problemas no solo afectan la salud mental de los individuos, sino que también erosionan el tejido de nuestras comunidades.

Ante esta realidad, la prevención del suicidio en México debe ser una prioridad nacional. Necesitamos derribar las barreras del estigma que rodea a los trastornos mentales y abrir caminos hacia la comprensión y el apoyo. Las campañas de concienciación y educación pública son vitales para cambiar las percepciones y actitudes hacia la salud mental.

El papel de las comunidades y las redes de seguridad social es crucial en este esfuerzo. Los programas de apoyo en escuelas, lugares de trabajo y comunidades pueden ser salvavidas, identificando y apoyando a quienes están en riesgo.

Este creciente problema de suicidio en México es una llamada a la acción. Es imperativo que el gobierno, el sector de la salud, las organizaciones comunitarias y cada uno de nosotros como ciudadanos colaboraremos para desarrollar estrategias efectivas de prevención y tratamiento. Unidos, podemos aspirar a reducir la incidencia del suicidio en México y forjar un futuro donde nuestras comunidades más vulnerables estén protegidas y apoyadas.

Es entonces, que las cifras son verdaderamente alarmantes, porque como ya se mencionó existe un incremento en promedio del 50 por ciento en suicidios en la última década. Tan solo en México hubo 22 suicidios por día en promedio. En Durango, basándonos en una tasa de suicidios de 8.1 por cada 100 mil habitantes y una población de aproximadamente 1,832,650 (según el censo de 2020), se estimaría que hubo alrededor de más de 150 suicidios al año de acuerdo con el Inegi.

Asimismo, la prevalencia significativa entre jóvenes es una de las cinco principales causas de muerte en personas de 10 a 34 años, y es la segunda causa de muerte en jóvenes, especialmente en el grupo de edad de 15 a 29 años. En adolescentes de 10 a 14 años, la muerte por suicidio es la cuarta causa de muerte. En los adolescentes de 15 a 24 años es la tercera causa de muerte, después de los accidentes vehiculares y de los homicidios.

Las causas del suicidio son multifactoriales, implicando una compleja interacción entre factores psicológicos, sociales y biológicos. En México, uno de los factores más críticos es la prevalencia de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, a menudo exacerbados por el estigma social y la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados.

Los factores socioeconómicos también juegan un papel crucial. La pobreza, el desempleo y la falta de educación son factores de estrés que pueden aumentar el riesgo de suicidio. Además, México enfrenta desafíos únicos como la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado, que tienen un impacto psicológico profundo en la población.

El impacto del suicidio va más allá de la pérdida de vidas. Tiene consecuencias devastadoras para las familias y comunidades afectadas, generando un ciclo de dolor y trauma. Además, el suicidio impone una carga significativa en el sistema de salud, tanto en términos de recursos para la atención de emergencias como para la atención a largo plazo de aquellos afectados por intentos de suicidio.

La prevención del suicidio en México requiere un enfoque multifacético. Esto incluye la mejora del acceso a los servicios de salud mental, con un enfoque en la des estigmatización de los trastornos mentales. Las campañas de concienciación y educación pública son fundamentales para cambiar las percepciones y actitudes hacia el suicidio y la salud mental.

El apoyo comunitario y las redes de seguridad social juegan un papel vital en la prevención del suicidio. La implementación de programas de apoyo en escuelas, lugares de trabajo y comunidades puede ayudar a identificar y apoyar a las personas en riesgo.

El aumento en las tasas de suicidio en México es un llamado a la acción para abordar este problema desde múltiples frentes. Es necesario un esfuerzo coordinado entre el gobierno, el sector de la salud, las organizaciones comunitarias y la sociedad en general para desarrollar estrategias efectivas de prevención y tratamiento. Solo a través de un enfoque integral y compasivo podemos esperar reducir la incidencia del suicidio en México y proteger a nuestras comunidades más vulnerables.

Es por ello que presento el presente exhorto para que las autoridades competentes, refuercen una estrategia adecuada en materia de prevención del suicidio con un enfoque especial en la juventud de nuestro país.

Este exhorto subraya la necesidad imperante de una respuesta proactiva y bien articulada que aborde la creciente incidencia del suicidio entre los jóvenes mexicanos. Es fundamental que dichas estrategias no solo se revisen con detenimiento, sino que también se enriquecen y adaptan a la realidad cambiante ya las necesidades específicas de nuestros jóvenes.

En este sentido, instamos a la Secretaría de Salud a colaborar de manera estrecha y coordinada con otras entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, expertos en salud mental y comunidades educativas, para garantizar una implementación efectiva y una cobertura amplia de las iniciativas de prevención del suicidio.

Asimismo, se exhorta a la autoridad competente para que continue continúe con las acciones de implementación y fortalecimiento del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, el objetivo de este exhorto es reafirmar la importancia crítica del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio como un pilar en la estrategia de salud mental de nuestra nación, y garantizar que siga siendo un recurso valioso, efectivo y accesible para todos los mexicanos que puedan beneficiarse de él.

Por último, se hace un llamado a las autoridades de salud y educativas, para que desarrollen e implementen programas integrales de educación y sensibilización sobre salud mental y prevención del suicidio, dirigidos a la población en general, con especial atención en el ámbito educativo, desde el nivel básico hasta el superior.

Este exhorto subraya la necesidad crítica de informar y educar a la sociedad mexicana sobre la salud mental y los desafíos asociados, como el suicidio, desde una edad temprana. Es esencial que estos programas se diseñen para eliminar el estigma que a menudo rodea a los trastornos mentales, fomentar una cultura de apoyo y comprensión, y proporcionar herramientas y conocimientos necesarios para reconocer y responder a los signos de advertencia de la salud mental en crisis.

Instamos a que estos programas sean inclusivos, culturalmente sensibles y accesibles, y que incorporan la participación activa de expertos en salud mental, educadores, estudiantes, padres de familia y otros actores clave de la sociedad. El objetivo de este tercer exhorto es promover una comprensión más profunda de la salud mental y la prevención del suicidio en México, creando así una sociedad más informada, empática y resiliente frente a estos desafíos.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para reforzar y garantizar una implementación de una estrategia adecuada en materia de prevención de suicidios, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con sus homólogos en las entidades federativas, revisen y refuercen una estrategia adecuada en materia de prevención del suicidio con un enfoque especial en los jóvenes de nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud para que continúe con las acciones de implementación y fortalecimiento del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con sus homólogos en las entidades federativas, desarrollen e implementen programas integrales de educación y sensibilización sobre salud mental y prevención del suicidio, dirigidos a la población en general, con especial atención en el ámbito educativo, desde el nivel básico hasta el superior.

Notas:

1 Inegi. Día Mundial para la Prevención del Suicidio (Datos nacionales), comunicado de prensa núm. 542/23 8 de septiembre de 2023

2 OMS (2023). Depresión. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a agilizar la publicación para consulta pública de la NOM-016-CRE-2016, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Héctor Israel Castillo Olivares, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El estado de Nuevo León continúa enfrentando la crisis aguda de contaminación del aire, ocasionada por múltiples factores entre los que destacan la calidad de la gasolina que se produce y distribuye en la Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, localizada en el municipio de Cadereyta Jiménez de Petróleos Mexicanos (Pemex), inaugurada en marzo de 1979, misma que cuenta con 35 plantas de proceso que conforman dos trenes de producción; una planta de tratamiento de aguas residuales y una de tratamiento de aguas negras, con lo que contribuye a la reducción del consumo de aguas claras. La refinería de Cadereyta fue la primera en poner en operación una planta diseñada para reducir el contenido de azufre en las gasolinas de 500 a menos de 30 partes por millón.1

Sin embargo, a 45 años de su inauguración, la refinería en Cadereyta, continúa trabajando con tecnología obsoleta, situación que le imposibilita cumplir con los estándares de calidad en la producción de gasolina Magna UBA; Pemex Diésel UBA; propileno; gas LP; azufre; coque; entre otros petrolíferos, por lo que en el estado de Nuevo León, el 82 por ciento de la gasolina que se consume es importada y de mala calidad, que contamina un 154 por ciento más por cada litro, comparado con Ciudad de México y Guadalajara.2 Esto se debe a que existe una diferencia en la Presión de Vapor Reid (RVP), -la cual se encarga de definir las características de evaporación de las gasolinas-, pues mientras en Nuevo León es de 11.5 libras de presión por pulgada cuadrada (lb/pulg2) en invierno, en Ciudad de México y Guadalajara es de 7.8 lb/pulg2.

De acuerdo con el director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, Alfonso Martínez Muñoz, los combustibles tienen diferentes componentes, que al evaporarse produce lo que se conoce como compuestos orgánicos volátiles (COV), que son precursores de contaminantes como el ozono y partículas PM2.5.3

Asimismo, no podemos perder de vista que la reforma constitucional en materia energética de 2013, que tuvo por objeto la apertura de la industria petrolera, eléctrica y otras fuentes de energía a capital privado, se considera un avance en el proceso de modernización de la industria petrolera, ésta se encuentra estancada desde 2018 al considerarse parte del modelo de rescate de la soberanía energética.

Se considera relevante mencionar los alcances de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de agosto de 2016, por la que se establecen especificaciones de calidad de los petrolíferos como gasolinas, turbosina, diésel automotriz, entre otros, y se obliga al mejoramiento de combustibles, así como la prohibición de distorsiones en el mercado para que todos los proveedores ofrezcan la misma calidad. De manera específica, tratándose de las gasolinas, los laboratorios analizan el cumplimiento del octanaje, niveles de azufre y temperatura adecuados.

Ahora bien, derivado de la reforma de 2013, que se establece la creación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los laboratorios de Pemex y privados especializados en pruebas previstas en la NOM-016-CRE-2016, llevan a cabo el análisis de la calidad de la gasolina; sin embargo, en reiteradas ocasiones, la CRE ha detectado que Pemex reiteradamente incumple con el mínimo de calidad de 87 octanos y que la imparcialidad de los resultados no está garantizada debido a que los laboratorios de la Empresa productiva del Estado, responden a sí misma.

Es decir, la petrolera no solo produce, importa, distribuye y vende la gasolina, también la analiza, por lo que se vuelve juez y parte en el proceso, so pretexto de que las actividades las realizan diferentes subsidiarias.4

Ante el panorama de simulación generalizada por la empresa productiva del estado Pemex y la infraestructura obsoleta y contaminante de la refinería de Cadereyta, Nuevo León; estoy convencido que no es suficiente la implementación de estrategias para la transformación industrial de Pemex, si no se garantiza realmente, el uso de tecnologías y combustibles más limpios y visibiliza la problemática de la contaminación del aire que todos los días afecta sustancialmente la salud, la calidad de vida de las personas que habitan en los 51 municipios de la entidad y, se reconoce como una de las principales causas de muerte.5

Como diputado federal por el Distrito 01 de Santa Catarina y San Pedro Garza García, estoy convencido que Nuevo León, no puede continuar aumentando sus cifras por enfermedades respiratorias y crónico degenerativas a causa de la mala calidad de gasolina que importa y la escasa que se produce en la Refinería en Cadereyta, Jiménez.

Resulta inaceptable para quienes vivimos en Nuevo León, la falta de mecanismos efectivos de verificación, control y supervisión para evaluar la calidad del combustible que diariamente se distribuye en la entidad.

Por lo que es urgente agilizar el actual proceso de actualización y modificación de la NOM-016-CRE-2016, regulación que forma parte del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, derivado del Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad, el 01 de julio de 2020, que abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en términos de lo dispuesto en los artículos 29 y Transitorios Tercero, Cuarto, Octavo y Noveno del citado Decreto, en los siguientes términos:

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CREA-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. (ICS: 75.020 / 75.040 / 75.040 / 75.060 / 75.080).6

Objetivo y Justificación: La Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional, incluyendo su importación, conforme a los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos. En cumplimiento del artículo sexto transitorio de la norma, se instauraron grupos técnicos de trabajo en los que han participado los sectores gubernamental, privado y social para analizar la transición óptima de la Norma considerando el bienestar social, su impacto económico, sobre la salud y el medio ambiente, así como sus efectos sobre motores y vehículos, para su convergencia hacia estándares más avanzados en la materia. Derivado de las reuniones de dicho grupo de trabajo, se revisaron diversos temas de interés, por lo cual se pondrán a consideración aquellas propuestas que mejorarán la aplicación de la Norma.

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2023.

Grado de avance: 10 por ciento.

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2017.

El estado de emergencia en materia de salud pública que enfrenta la población del estado de Nuevo León, demanda de la Secretaría de Economía, dependencia responsable del fortalecimiento del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, agilizar y publicar la regulación técnica obligatoria, con estándares avanzados que contribuyan a mejorar considerablemente la calidad de vida de la población, el cuidado y protección del medio ambiente.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular de la Secretaría de Economía, para que, en el ámbito de sus atribuciones, agilice la publicación para consulta pública de la NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Notas:

1 https://presidente.gob.mx/presidente-supervisa-rehabilitacion-de-refine ria-de-cadereyta/

2 https://www.info7.mx/nuevo-leon/gasolinas-monterrey-contaminan-154-mas- que-otras-urbes/v-4019287

3 Ibídem.

4 https://www.altonivel.com.mx/economia/calidad-de-la-gasolina-pemex/

5 https://www.milenio.com/opinion/alejandro-gonzalez/columna-alejandro-gonzalez/
veneno-gasolina-muertes-contaminacion-aire-monterrey

6 PROGRAMA Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, Diario Oficial de la Federación, 28 de febrero de 2023. https://www.dof.gob.mx/

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 13 de febrero de 2024.

Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a Capufe a revisar los procesos de cobro de los concesionarios en las carretas federales del estado de Veracruz, a cargo de la diputada Karla Verónica González Cruz, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Karla Verónica González Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), a revisar los procesos de cobro de los concesionarios en las carreteras federales del estado de Veracruz, con el objetivo de que se brinde un mejor servicio y mejorar los tiempos de espera para cruzar las casetas, bajo las siguientes:

Consideraciones

El objetivo prioritario número uno del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-20241 es: “Contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, que conecte a las personas de cualquier condición, con visión de desarrollo regional e intermodal”.

De acuerdo a dicho programa, la construcción, la conservación y el mantenimiento de la infraestructura carretera son indispensables para el desarrollo económico y el bienestar social del país. Su relevancia queda manifiesta, ya que el transporte tanto de carga como de pasajeros por vía terrestre, desplaza el 55.6 por ciento de la carga y al 95.7 por ciento de los pasajeros dentro de la distribución modal de viajes.2

Según el diagnóstico que se hace en este programa, “se encontró que el problema público o área de oportunidad más significativa en este sector, es el relativo a que la cobertura y condiciones operativas de la Red Carretera Federal y las Redes Alimentadora y Rural, no permiten la conectividad eficiente entre los diferentes modos de transporte, además de presentar problemas de seguridad vial en el traslado de bienes y personas a lo largo y ancho del territorio nacional, generando un área de oportunidad en el abatimiento de los costos generalizados de transporte, a fin de impulsar el desarrollo económico y la inclusión en todas las regiones, en particular de las zonas aisladas y de alta marginación”.

De esta parte del diagnóstico que se realiza, se desprenden dos estrategias que cabe resaltar, la primera es: “Estrategia prioritaria 1.1 Mejorar el estado físico de la Red Carretera Federal a través de la conservación y reconstrucción para aumentar el bienestar, la conectividad y seguridad de los usuarios de la infraestructura carretera”. De la cual se derivan 10 acciones puntuales de las que destacan:

“1.1.5 Consolidar en Capufe (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos) el nuevo esquema de prestación de servicios de operación y mantenimiento de autopistas, con base en estándares de desempeño”.

“1.1.10 Redefinir mecanismos como contratos APP (Asociación Público Privada) de conservación y MRO’s (Mantenimiento, Reconstrucción y Operación de autopistas), a fin de aplicarlos para el mejoramiento de la Red Carretera Federal libre y de peaje”.

Y la otra estrategia es: “Estrategia prioritaria 1.2 Mejorar la seguridad vial en la Red Carretera Federal para el bienestar de todos los usuarios”. De esta acción se derivan siete acciones puntuales, de las cuales se destacan tres:

“1.2.1 Atender los puntos de conflicto en la Red Carretera Federal”.

“1.2.2 Diseñar e implementar un programa preventivo de seguridad vial en la Red Carretera Federal”.

“1.2.4 Incorporar tecnologías de punta y mejores prácticas internacionales para incrementar la seguridad vial”.

A pesar de las estrategias y las acciones puntuales definidas en el programa sectorial, la realidad, una vez más, muestra que el problema público detectado en el diagnóstico del programa no ha sido resuelto. Los ciudadanos y transportistas que utilizan las carreteras federales y estatales siguen padeciendo las malas condiciones de la infraestructura carretera, la inseguridad y el cada vez más deficiente servicio en las casetas de cobro aunado a los incrementos constantes en las cuotas que deben pagar.

Esta situación ha derivado en accidentes fatales, asaltos a las familias, a los transportistas y filas de varios kilómetros que tienen que padecer los usuarios por el deficiente sistema de cobro en las casetas.

En este contexto, queda de manifiesto que tampoco se está cumpliendo con las disposiciones expresas establecidas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. De acuerdo a las siguientes fracciones del artículo quinto de este ordenamiento, le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere la Ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso; IV. Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes; y VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria, entre otras.

El incumplimiento de los objetivos del programa sectorial y de lo previsto en la ley se ve reflejado de diferentes maneras; al final los más afectados son los usuarios de las carreteras, caminos y puentes que son competencia federal y estatal. Las condiciones de inseguridad que prevalecen en las autopistas del país siguen afectando a las familias, al transporte de carga y al transporte de pasajeros.

Según una nota difundida el 23 de enero de 2024, titulada “Robo a transporte de carga: ¿cuáles son las carreteras más peligrosas?” y que está firmada por Juan Rivas, “la carretera México-Querétaro es una de las autopistas más peligrosas para el transporte de carga. Asimismo, junto con esa vía, las autopistas México-Puebla y la Veracruz-México son las más asediadas por la delincuencia”.3

De acuerdo a la nota citada: “La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) reveló que, en el fin de semana más reciente, éste fue el saldo en esas vías: Como una estadística o una referencia, llevamos 21 robos de lo que es viernes, sábado y domingo. En tres días, si lo multiplicamos por un mes, ¿cuántos robos tendríamos por mes?”. Además, se aclara que también incrementó el nivel de violencia usado por los delincuentes.

Según información dada a conocer en esta nota periodística, los operadores de transporte pesado de carga explican que antes los delincuentes nada más trataban de robar, y ahora no, ahora es homicidio. Ahora van directamente con el operador, y disparan. En ese sentido, su demanda es mayor presencia de agentes de la Guardia Nacional adscritos a carreteras.

Aunado a ello, el día 29 de enero del presente año, se publica otra nota periodística en la que se destaca que: “En los últimos años las carreteras del país se han convertido en una amenaza para los conductores de transporte de carga. Según cifras oficiales, a diario se registran alrededor de 36 asaltos, la mayoría con violencia y sus productos van a parar al comercio informal”.4

Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se menciona que del total de robos que enfrentaron en 2023 los transportistas, 7 mil 862 fueron cometidos con violencia. De acuerdo a este organismo, en el 2023 tres entidades concentraron 82 por ciento de los robos a transporte: Estado de México, con 46 por ciento; Puebla, 28 por ciento y Michoacán, 8 por ciento. Y se destaca que son 10 entidades federativas las que registran el mayor número de robos a transportistas: Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala.

Por otro lado, un problema adicional en las autopistas son las largas filas que se forman por las fallas o deficiencias en los sistemas de cobro de las casetas. Un ejemplo de esta situación son las filas que se forman en la autopista federal 145 D, tramo Cosamaloapan-Acayucan por problemas en el sistema de cobro Identificador Automático de Vehículos (IAVE), el paso por la caseta tarda más de cinco horas, los empresarios de la región sur exigen que se revise la operación de las casetas y se retome la propuesta de crear una secretaría de movilidad. Esta información se difundió en una nota periodística publicada el 16 diciembre de 2023, en el portal de “La Jornada Veracruz”.5

Según dicha información, una falla del sistema de cobro de la caseta provocó un gran caos vehicular en ese tramo, principalmente de unidades de carga pesada que usan los servicios electrónicos del IAVE. De acuerdo con usuarios de esta carretera, las filas llegaban hasta el entronque con La Tinaja, y pasar por la caseta de Cosamaloapan llevaba entre cinco y ocho horas. También se menciona que, de acuerdo al representante de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz delegación zona sur, son constantes los problemas de movilidad en las carreteras y en los municipios, por lo que se tienen que tomar acciones para resolverlos.

Además, este representante resume la problemática de la siguiente manera: “en los últimos meses la circulación por el sureste es complicado, caro y tardado, las condiciones de las carreteras no son adecuadas, los carriles de circulación ya no se dan abasto y hay problemas con los cobros”. La información que se expone en la nota que se cita, deja claro que actualmente la circulación de las carreteras está afectada por las reparaciones de los puentes Coatzacoalcos I y Dovalí Jaime, además de los tres retenes migratorios sobre la carretera federal 180, tramo Villahermosa-Coatzacoalcos.

En relación a los retenes, en opinión del delegado en Coatzacoalcos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el tráfico lo generan estos sitios de control que en temporada decembrina tienden a incrementarse. De acuerdo al delegado, si son aleatorios y en diferentes horarios, podrían tener hasta mejores resultados. Incluso, señaló que en ocasiones en los retenes no llega a haber elementos de seguridad atendiendo, mientras tanto el tráfico y largas fila siguen. Los retenes que actualmente se tienen identificados es sobre la carretera Villahermosa – Coatzacoalcos, a la altura de Agua Dulce y cerca de Nuevo Teapa, municipio de Moloacán, ambos provocan que un viaje de dos horas se vuelva de cinco.6

En otra nota periodística publicada en agosto de 2023, se expone que: “Los retenes establecidos en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa y Acayucan-Cosamaloapan sólo entorpecen la circulación por el sureste y los usuarios de estas carreteras pierden hasta cinco horas por las largas filas; empresarios locales piden que sean eliminados o se tomen medidas para agilizar la vigilancia”.7

Según la nota citada, los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Coatzacoalcos denunciaron que estos retenes son inoperantes, ya que no se ha disminuido la inseguridad en estos tramos ni tampoco el flujo migratorio. Por su parte, el presidente de este organismo en el municipio, reconoció que es importante que se tomen medidas de seguridad en las carreteras, sin embargo, se han vuelto embudos que afectan a todos los empresarios y los ciudadanos que circulan hacia el sureste del país.

Las situaciones descritas, y que se trata de información disponible, son solo algunos ejemplos de lo que sucede a diario en las carreteras del país y no únicamente en las que se encuentran en el estado de Veracruz. Es importante resaltar que, es evidente que no se ha cumplido con los objetivos ni estrategias trazadas en el programa sectorial, lo que ha derivado en serias deficiencias en la construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible.

En este contexto, es un hecho que son diversos factores que están afectando la circulación en las carreteras y, al mismo tiempo, la seguridad de los usuarios y la competitividad del país. Para conectar a las personas de cualquier condición, con visión de desarrollo regional e intermodal que facilite el traslado de bienes y servicios, se requiere más trabajo y acciones inmediatas por parte de las autoridades responsables.

En este orden de ideas, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), a revisar los procesos de cobro de los concesionarios en las carreteras federales del estado de Veracruz, con el objetivo de que se brinde un mejor servicio y mejorar los tiempos de espera para cruzar las casetas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales, y al gobierno del estado de Veracruz, para que revisen y, en su caso, replanteen la forma y estrategias de operación de los retenes carreteros en la entidad, con el objetivo de que sean ágiles y no generen filas de automotores que incrementan el riesgo de asaltos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional, y a las Secretarías de Seguridad Pública estatales, a lograr una mayor coordinación para instrumentar acciones inmediatas dirigidas a reforzar las medidas de seguridad y detener la violencia en las carreteras de México.

Notas:

1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2020). Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024. Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Consultado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565614/Programa_Sectoria l_de_Comunicaciones_y_Transportes_2020-2024.pdf

2 Ibídem, p.11.

3 Información consultada en: https://www.unotv.com/nacional/las-carreteras-mas-peligrosas-por-robo-a -transporte-de-carga-en-mexico/

4 Cabadas, María (2024). Aumentan asaltos a transportistas: reportan 36 al día. El Universal. Consultada en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aumentan-asaltos-a-transportistas /

5 Chiñas, Sayda (2023). Falla en el sistema de cobro IAVE provoca caos vial en Acayucan. La Jornada Veracruz. Consultada en: https://jornadaveracruz.com.mx/estado/falla-en-el-sistema-de-cobro-iave -provoca-caos-vial-en-acayucan/

6 Información consultada en: https://surestesur.com/se-deben-aplicar-nuevas-tecnologias-y-ser-mas-es trategicos-los-retenes-del-sur-de-veracruz-que-provocan-trafico-canacin tra

7 Chiñas, Sayda (2023). IP: retenes en zona sur solo asfixian circulación. La Jornada Veracruz. Consultada en: https://jornadaveracruz.com.mx/estado/ip-retenes-en-zona-sur-solo-asfix ian-circulacion/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 08 de febrero de 2024.

Diputada Karla Verónica González Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, al IMSS y a la Ssa del Edomex a realizar las acciones administrativas, presupuestales y necesarias para la rehabilitación de los hospitales regionales del Valle de Ceylán y de la zona oriente del municipio de Tlalnepantla, a cargo de la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Krishna Karina Romero Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.1

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Pese a que el acceso a los servicios de salud es un derecho garantizado para todas y todos los mexicanos, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señala que el porcentaje de personas con carencia de acceso a los servicios de salud pasó del 16.2 a 39.2 por ciento entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esa situación.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), refiere que cada vez más gente ha tenido que atenderse en consultorios o farmacias privadas asumiendo, por supuesto, el mayor costo que ello implica. Y si bien esta es una situación que afecta el bolsillo de la población en general, las mujeres representaron más de la mitad de quienes dejaron de tener acceso a los servicios de salud desde 2018.

Desafortunadamente pese a que actualmente hay millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, en diferentes estados del país, se tienen hospitales inconclusos, sin equipamiento e infraestructura hospitalaria o en estado de abandono, como el Estado de México, que tiene 10 hospitales abandonados.

Dentro de los hospitales abandonados en la entidad mexiquense se encuentran los Hospitales Regionales del Valle de Ceylán y de la Zona Oriente ubicados en el municipio de Tlalnepantla.

El sismo de septiembre del año 2017 registrado en nuestro país daño muchas viviendas y edificios públicos, entre ellos el Hospital General de Ceylán, el cual con el cierre de ese hospital trajo grandes problemas a los habitantes del municipio de Tlalnepantla y de municipios aledaños.

El Hospital General de Ceylán brindaba servicios de salud a poco más de 550 mil personas; sin embargo, tras las afectaciones del sismo sufrió una falla estructural por lo que tuvo que dejar de dar atención y ante la falta de recursos para poder activarlo, las autoridades estatales anunciaron el Hospital Regional del Instituto de Salud del Estado de México en la colonia Caracoles de la zona oriente del municipio que se encontraba en construcción sustituirá al primero, sin embargo, no ha sido concluido y se encuentra abandonado.

Lo anterior resulta preocupante si se considera que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el 44 por ciento de los habitantes de Tlalnepantla no cuenta con algún tipo de seguridad social y el 29 por ciento carece de accesos a servicios de salud, por lo que resulta fundamental rescatar los hospitales regionales abandonados.

En este sentido, el presente punto de acuerdo tiene por objeto, exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a la Secretaría de Salud del Estado de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones administrativas, presupuestales y demás necesarias para la rehabilitación de los Hospitales Regionales del Valle de Ceylán y de la Zona Oriente del municipio de Tlalnepantla Estado de México, que se encuentran abandonados y así coadyuvar a garantizar el derecho humano a la salud para todas y todos los habitantes de Tlalnepantla y de municipios aledaños.

El estado mexicano tiene la obligación directa de respetar, proteger y satisfacer el derecho a la salud, por lo que se deben de realizar todas las acciones eficaces y conjuntas para garantizar el derecho a la salud, principalmente de los más vulnerables.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Partido Acción Nacional, seguiremos alzando la voz para exigir que se destinen los recursos suficientes para reactivar los hospitales regionales de Tlalnepantla, así como para el equipamiento, medicamentos e infraestructura hospitalaria de todos los hospitales de nuestro país y con ello hacer efectivo su derecho a la salud de todas y todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a la Secretaría de Salud del Estado de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones administrativas, presupuestales y demás necesarias para la rehabilitación de los hospitales regionales del Valle de Ceylán y de la zona oriente del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, que se encuentran abandonados y así coadyuvar a garantizar el derecho humano a la salud para todas y todos los habitantes de Tlalnepantla y de municipios aledaños.

Notas:

1 ¿Cómo define la OMS la salud?; Organización Mundial de la Salud (OMS); disponible en la pág.- web. https://www.who.int/es/about/accountability/governance/constitution; consultado el día 20-12-2023.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

Diputada Krishna Karina Romero Velázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua, al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y a la CNPC a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el derecho humano al agua establecido en el artículo 4o. constitucional, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I; 79 numeral 2 fracción I y demás aplicables del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Organismo de Cuenca Aguas Del Valle de México, así como a la Coordinación Nacional de Protección Civil adscrita a la Secretaría de Gobernación, para garantizar el derecho humano al agua establecido en el artículo 4° constitucional, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Consideraciones

Primero.- El agua, podríamos decir que es el recurso natural más importante no solo para los seres humanos, sino para los seres vivos en general. Gracias a ella, plantas, árboles, frutas y granos crecen. El agua es tan importante para nuestra supervivencia, como para nuestro uso diario. Es igual de importante también para diversas industrias, como la hidroeléctrica o la propia agricultura.

A pesar de su importancia, siempre la hemos visto común y en abundancia, por lo que no nos hemos preocupado por ella. Las generaciones más antiguas la ven como algo infinito. Las de hoy, la ven como algo que si bien no es infinito, es “renovable”. Y en efecto, lo es, siempre y cuando no gastemos más de la que se pueda regenerar en cierto tiempo. No nos hemos preocupado lo suficiente por las generaciones que vienen, ellas serán quienes resentirán las decisiones que respecto del agua, tomemos hoy.

Segundo.- A partir de algunos años para acá, hemos visto cómo varias ciudades en el mundo han llegado a su “Día cero”1 respecto del agua. La causa principal de ello es la sobre explotación o estrés hídrico2 y el poco cuidado que tenemos con el agua.

Ciudades en el mundo como Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Montevideo en Uruguay y varias capitales más, han pasado cerca de su “Día cero”.

En nuestro país, el Valle de México que comprende la capital, la Ciudad de México y el Estado de México, está por padecer la misma catástrofe.

Tercero.- Tanto parte de la Ciudad de México como parte del Estado de México, es decir, la Zona Metropolitana del Valle de México, son suministradas de agua por el Sistema Cutzamala, ubicado en el municipio de Villa de Allende en el Estado de México.

Este sistema, creado y construido por el gobierno federal, es alimentado por varias presas de agua, sin embargo debido a diversos factores, alguno de ellos fuera de nuestras manos, como las sequías y la falta de lluvias, han provocado que cada vez más baje el nivel de agua.

De acuerdo al reporte más reciente de “Almacenamiento en presas del sistema Cutzamala”3 de la Conagua, el sistema de presas cuenta con solo 308,894, 000 m3 de agua de los 782,521,000 m3 que debe tener, esto quiere decir que el sistema Cutzamala está al 39.47 por ciento de capacidad de almacenamiento.

Esto repercute en la vida de millones de personas, habitantes o de la Ciudad de México o del Estado de México. Tan solo vayamos a las Alcaldías que son suministradas por el sistema Cutzamala: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y la Venustiano Carranza.

Tan solo en esta última viven casi medio millón de personas.4 Sumándole a Iztapalapa, la cual es la alcaldía más poblada de la Ciudad, en la cual viven más de 1 millón 800 mil personas,5 da un total de más de 2 millones 200 mil personas. A este número si sumamos la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye municipios como Chalco, Texcoco y otros del Estado de México, en conjunto suma más de 20 millones de habitantes.6

Ellas y ellos sufrirán recortes de agua para poder demorar la llegada del “Día cero”. Tendrán que soportar no realizar actividades personales como su higiene e incluso el no poder laborar si es que su oficio o profesión requiere del agua, verán violado su derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente , salubre, aceptable y asequible.7

Así, es necesario que se realicen acciones contundentes y urgentes para poder prevenir que tan fatídico día llegue. Acciones que se pueden considerar leves como campañas de concientización, hasta incluso, acciones más graves como la racionalización periódica, pero no tan agresiva, del agua para asegurar su uso continuo, y como establece el ya citado artículo 4º de nuestra Constitución, en forma suficiente , salubre, aceptable y asequible, e incluso una declaratoria de desastre natural sustentada en la Ley General de Protección Civil para que se destinen recursos de manera urgente para resolver esta situación. Todo lo necesario para que éste bien y derecho humano establecido, que es el agua, se pueda disfrutar no solo hoy, sino también el día de mañana, nosotros y las siguientes generaciones.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua, así como al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, a que lleve a cabo las acciones necesarias como campañas de concientización o racionalización del suministro de agua, así como la expedición de una declaratoria de desastre natural por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil adscrita a la Secretaría de Gobernación, para asegurar el uso continuo y futuro del agua y así garantizar el derecho constitucional al agua de las y los mexicanos radicados en el área suministrada por el Sistema Cutzamala.

Notas:

1 (...) es el momento en el que una ciudad, región o país se queda sin la suficiente agua como para satisfacer plenamente las necesidades principales para subsistir o desarrollarse. “El día cero: cuando las ciudades se quedan sin agua”. (s/f). The social wáter. Recuperado de: https://thesocialwater.org/el-dia-cero-cuando-las-ciudades-se-quedan-si n-agua/

2 Se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad.“¿Qué es el estrés hídrico?”. (s/f). Zarza, L. Recuperado de: https://www.iagua.es/respuestas/que-es-estres-hidrico

3 Consulta: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/889733/Febrero_2024.pdf

4 Véase: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/
venustiano-carranza-9017?populationType=totalPopulation

5 Véase: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/iztapalapa?redire ct=true

6 Véase: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/valle-de-mexico

7 Párrafo sexto del artículo 4º constitucional

Palacio Legislativo de San Lázaro, a la fecha de su presentación.

Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a la FG del estado de Morelos a cumplir con la recomendación 276 /2023 de la CNDH por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16 Morelos, a cargo de la diputada Mariana Mancillas Cabrera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Mancillas Cabrera, diputada en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta, respetuosament,e al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a la Fiscalía General del estado de Morelos a dar cumplimiento a la recomendación N° 276 /2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil” Morelos (Cefereso 16).

Consideraciones

1. El 15 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación N° 276/2023 por violaciones a los derechos humanos de trece mujeres privadas de la libertad que se quitaron la vida al interior del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 (Cefereso 16), ubicado en Coatlán del Río, Morelos, y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de esa entidad por omisiones y dilaciones en la investigación de dichos casos. Los suicidios, ocurrieron entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023.

2. La CNDH determinó que se presentaron violaciones a los a los derechos humanos “a la protección a la salud -en su modalidad de salud mental y al acceso del más alto nivel posible de salud física y mental-, a la seguridad jurídica y legalidad, a la integridad personal en su enfoque transversal con el derecho a la vida y al derecho a la igualdad y a la no discriminación de quienes perdieron la vida; además de la vulneración al derecho al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia de manera pronta y exhaustiva, en agravio de 18 personas víctimas indirectas.”1

De acuerdo a la Recomendación en referencia y al Comunicado DGDDH/003/2024, los visitadores encontraron que, a pesar de haberles proporcionado atención psicológica y psiquiátrica a seis personas víctimas, la misma resultó ineficiente e insuficiente para detectar las conductas de riesgo suicida que presentaban; mientras que en la situación particular de las otras siete no se les dio ningún tipo de intervención eficaz por las áreas y especialidades mencionadas, puesto que el OADPRS no remitió constancia o documental alguna que acreditara lo anterior, por lo que fue imposible detectar y/o frenar alguna sintomatología de riesgo suicida; además de que se invisibilizó, con perspectiva de género e interseccional, las necesidades de atención a la salud mental que requerían.2

Dentro de las irregularidades y las inacciones que se presentaron por parte del personal de Seguridad y Custodia y del servicio médico para las víctimas se detalla: “se advirtió demora para proporcionarles el apoyo correspondiente por parte de personal de Seguridad y Custodia y del servicio médico, ya que en uno de los casos investigados quienes laboran en Custodia Penitenciaria tardaron más de 20 minutos para asistir a una de las víctimas y en algunos casos se observó la falta al reforzamiento de detección de riesgo suicida oportuno en su comportamiento, debido a que a pesar de brindar atención psicológica, la activación del Protocolo de Detección e Intervención de la Conducta y Riesgo Suicida en Personas Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios Federales hubiera cumplido su finalidad de mitigar los riesgos.”3

Asimismo, se realizó un estudio en materia de Antropología Social, el cual, en términos generales, señaló que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad social, tomando en consideración que 86 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso son madres de niños pequeños y provienen de distintas regiones de México, lo que implica lejanía con sus vínculos vitales y trae como consecuencia el abandono. Asimismo, la falta de atención a la salud física y mental, de atención de riesgo suicida, el encierro prolongado, la obstaculización en la comunicación con el exterior, así como el tratamiento y atención predominante en cuanto a los duelos y estados de depresión, entre otros elementos, influyeron en la determinación de atentar contra su vida.

3. La preocupante situación que vivían y viven las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16, fue ampliamente documentada y expuesta a través de diferentes medios de comunicación antes y después de los suicidios que se presentaron durante el período arriba en referencia; la población penitenciaria en nuestro país es de las más vulnerables y en el caso específico de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad los riesgos y amenazas que enfrentan son muy particulares, en algunos Centros Penitenciarios como el que nos ocupa en esta proposición con punto de acuerdo, existe población embarazada y/ o en periodo de lactancia dentro de este universo de población y de acuerdo al Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): Al cierre de 2022, a nivel nacional, la cantidad de mujeres privadas de la libertad/ internadas que se encontraban embarazadas y/ o en periodo de lactancia fue de 258, de las cuales, 61.2 por ciento se encontraba en periodo de lactancia. Adicionalmente, se registraron 317 mujeres privadas de la libertad/ internadas que tuvieron consigo a sus hijas e hijos menores de seis años. En comparación con lo reportado en 2021, la cantidad de mujeres que se encontraban embarazadas y/ o en periodo de lactancia disminuyó 11.9 por ciento.

4. Respecto al Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil”, Morelos, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 de la CNDH, el Cefereso 16 tiene una calificación de 7.11, la calificación por rubro es la siguiente:

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, durante la supervisión se detectó que es importante prestar atención en los siguientes temas:

I. Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento.

• Deficiencias en los servicios de salud.

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

III. Condiciones de gobernabilidad

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.

IV. Reinserción social de las personas privadas de la libertad

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados.

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.

V. Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores.

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad.

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Conforme al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, los problemas y las enormes dificultades que afrontan las mujeres privadas de la libertad se dejan ver con toda claridad, la identificación de los riesgos a los que se encuentran expuestas las mujeres son muy particulares, estas condiciones forman parte una problemática muy particular que no es atendida y que las coloca en una posición de vulnerabilidad.

5. Como se puede observar en la información expuesta en esta proposición con punto de acuerdo, el suicidio de 13 mujeres en el Cefereso 16, es tan solo una muestra de las malas concisiones de los Centros Penitenciarios en todo el país, lo vulnerables que son las personas que se encuentran en estos espacios y la escasa o nula atención por parte de los tres órdenes de gobierno; es una población por demás olvidada y abandonada. Lo acontecido en el Cefereso 16 no debe repetirse por ningún motivo, las autoridades penitenciarias en este caso el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social debe implementar y aplicar lo recomendado por la CNDH en la N° 276 /2023 donde se establecen al menos diez recomendaciones de manera directa al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado. Por lo anteriormente expuesto hago un llamado urgente a todos los órdenes de gobierno y a los órganos encargados de los Centros Penitenciarios tanto los Ceresos como en los Ceferesos en nuestro país a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad. Basta recordar la frase atribuida a Fiódor Mijáilovich Dostoyevski: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta, respetuosamente, al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a la Fiscal General del estado de Morelos, a dar cumplimiento a la recomendación N° 276 /2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social no. 16 “CPS femenil (Cefereso 16).

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, lamenta el suicido de 13 mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil” Morelos (Cefereso 16).

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a dar cumplimiento a la Recomendación N° 276 /2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el (Cefereso 16).

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Fiscal General del estado de Morelos a dar cumplimiento a la Recomendación N° 276 /2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el (Cefereso 16).

Notas:

1 . - Comisión Nacional de los Derechos Humanos RECOMENDACIÓN N° 276 /2023 recuperado de:
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-2762023 revisión hecha el 2 de febrero 2024.

2 . - Ibídem

3 . - Ibídem

4 .- Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2023/doc/cnsipef_2 023_resultados.pdf revisión hecha el 2 de febrero de 2024.

5 .- Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 recuperado de:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-06/DNSP_2022.pdf revisión hecha el 2 de febrero 2024.

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2024.

Diputada Mariana Mancillas Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a coordinarse con las autoridades de las entidades federativas, para acordar con las compañías privadas de telecomunicaciones el retiro y mantenimiento del cableado y equipo aéreo de su propiedad que se encuentra en desuso, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a partir de las competencias que correspondan, se coordine con las autoridades municipales y de las entidades federativas, para acordar con las compañías privadas de telecomunicaciones el retiro y mantenimiento del cableado y equipo aéreo de su propiedad que se encuentra en desuso; al tenor de los siguientes:

Considerandos

Que, la contaminación visual es cualquier alteración del paisaje natural o artificial cuya percepción afecta negativamente al observador. Es un tipo de contaminación ocasionado por el uso excesivo de diferentes elementos ajenos al ambiente que alteran la estética o imagen de un paisaje, el cual puede ser natural o artificial, afectando las condiciones, la calidad de vida y las funciones vitales de los seres vivos.

La contaminación visual genera un impacto negativo en el medio ambiente. Uno de los principales contaminantes visuales en las ciudades es el despliegue de infraestructura de redes de cableado y de antenas aéreas.

El artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa y la generación de contaminación visual, siendo facultad de las autoridades adoptar las medidas pertinentes para impedir cualquiera de estas.

En razón de lo anterior, el despliegue de infraestructura de redes de cableado crea un verdadero problema de contaminación visual, deteriorando la imagen de la ciudad, obstruyendo su paisaje, vistas urbanas y rurales, así como el entorno en que nos desenvolvemos.

La colocación de esta infraestructura y el empleo de grandes cantidades de cable de cobre, de fibra óptica y plásticos, se realiza de manera desmedida y descontrolada, y en la mayoría de las ocasiones sin recibir mantenimiento, no se brinda algún cuidado y quedan en el olvido en la vía pública a pesar de ya haber cumplido su función.

Este cableado sigue suspendido en el aire por décadas o bien, se van desprendiendo a causa de ambiente y clima, lo que permite que sean arrastrados por otros transportes que brindan servicios y del transporte público, e incluso limitan el paso normal de las calles ya que los transeúntes no saben si se transmite algún tipo de energía en ellos. Teniendo como principal consecuencia, la acumulación de cables sobre los postes, sobre las calles, donde regularmente transitamos y vivimos.

Es más sencillo, y menos costoso, corregir los problemas de desarrollo urbano desde la misma concepción y planeación de las ciudades, sobre todo en las áreas que se encuentran en crecimiento constante.

El cableado se coloca sin planeación, ni apego a una normativa, dejando a su paso un enmarañado cúmulo de líneas que pone en peligro la integridad de las personas e incrementa la contaminación visual, afectando la imagen de sus calles y hogares.

Si bien la regulación de la contaminación visual es competencia de los estados y sus municipios se requiere de una coordinación con el Ejecutivo federal que permita acordar con las compañías de telecomunicación el retiro y mantenimiento del cableado y equipo aéreo de su propiedad que se encuentra en desuso.

Existiendo normas que regulan dicha coordinación como el “acuerdo mediante el cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos para el Despliegue, Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Telecomunicaciones y Radiodifusión”,1 publicado en el DOF, el 15 de enero del 2020, y el acuerdo Núm. A/042/2022 por el que la Comisión Reguladora de Energía ordena la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-018-CRE-2022, Instalaciones eléctricas-Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución-Especificaciones de seguridad,2 publicado en el DOF el 13 de abril del 2023.

Es indispensable que en todos los estados y ciudades del país se implementen las acciones y medidas necesarias para contrarrestar la contaminación visual.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a partir de las competencias que correspondan, se coordine con las autoridades municipales y de las entidades federativas, para acordar con las compañías privadas de telecomunicaciones el retiro y mantenimiento del cableado y equipo aéreo de su propiedad que se encuentra en desuso.

Notas:

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583940&fecha=15/01/2020 #gsc.tab=0

2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5685497&fecha=13/04/ 2023#gsc.tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero del 2024

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a implementar programas, estrategias y políticas públicas en favor de personas ostomizadas, con el carácter de discapacidad, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76 fracción IV y; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

“Una ostomía, o estoma, es una abertura creada quirúrgicamente entre los intestinos y la pared abdominal. Los tipos más comunes de ostomía conectan el intestino delgado (ileostomía o yeyunostomía) o el intestino grueso (colostomía) a la pared abdominal. Las ostomías pueden ser temporales o permanentes.”1

Algunas de las interrogantes que se tiene cuando una persona tiene un proceso quirúrgico de este tipo son. ¿Puedes volver al trabajo después de la colostomía? ¿Se puede andar en bicicleta con una ileostomía? ¿Se darán cuenta todos de que te has sometido a una cirugía de urostomía con sólo mirarte?, entre otras”2

“Un elevado número de personas portadoras de una ostomía, independientemente de la profesión que vinieran desarrollando antes de la cirugía, se les incapacita legalmente para continuar realizando su actividad laboral.”3

Una ostomía permanente conlleva un grado de discapacidad.

Por ejemplo, en España, la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de (Fapoe) ha reclamado la creación de una figura dentro de los hospitales que les ayude a solicitar la incapacidad o el grado de discapacidad que les corresponda tras la intervención quirúrgica que les ha provocado la ostomía, una incisión abdominal por la que expulsan los desechos a través de una bolsa especial pegada al abdomen.”4

“Las personas con discapacidad constituyen la minoría más amplia: se calcula que superan los 1.000 millones de habitantes, es decir, alrededor del 15 por ciento de la población mundial. Para compensar las dificultades que tienen que afrontar en su día a día existen mecanismos como el certificado de discapacidad, que ofrece beneficios y ventajas sociales.”5

Actualmente, en México, a las personas ostomizadas no se les considera como personas con discapacidad cuando con el simple hecho de portar una bolsa de ostomía en su vientre ya implica una condición y por consiguiente se ven limitados en sus funciones, en su mayoría al esfuerzo físico, muchas de esas personas no se les provee de bolsas de colostomía, así como también muchas de esas personas no cuentan con empleos por lo que no tienen los medios para solventar sus bolsas que son costosas.

Además, es necesario generar conciencia en la creación de fuentes de empleo, ya que, en su mayoría al pedir un empleo, los discriminan porque las personas que no tienen conocimiento o no están informados del tema, lo consideran como algo sucio.

Ya nuestra constitución y, en específico, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) establecen que el Estado debe generar las condiciones en las que se promueva, proteja y asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Dicha ley, define discapacidad como la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, y a la discapacidad física, como la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

Como puede verse, la ostomía se puede categorizar como una discapacidad, ya sea temporal o permanente, la cual podría dictaminarse por los expertos correspondientes, para incluso dictaminar una posible incapacidad.

Es importante aclarar la diferencia de discapacidad con incapacidad. La discapacidad se obtiene con un certificado tras una valoración efectuada por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, en tanto que, la incapacidad pueden solicitarla aquellas personas que se vean imposibilitadas para ejercer su trabajo.

Cuando la discapacidad de una persona le impide continuar con su trabajo o con otra actividad laboral, requiere, entonces, se le declare la incapacidad.

Entre los principios que deberán observar las políticas públicas para personas con alguna discapacidad están la justicia social; la igualdad de oportunidades; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la accesibilidad; la no discriminación; la transversalidad, y los demás que resulten aplicables.

El artículo 6 de la LGIPD establece como facultad del titular del Poder Ejecutivo federal el establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, a fin de cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado Mexicano, adoptando medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, e instruir a las dependencias y entidades del gobierno federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas.

Por su lado, el artículo 7 de la LGIPD, señala que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible.

La Secretaría de Salud puede elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en lo que corresponda, programas de educación, capacitación, formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a las personas con discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado;

El artículo 11, señal que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad al trabajo digno y al empleo, en igualdad de oportunidades y equidad, de manera que se les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral, y debe diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a sus competencias laborales, tanto en el sector público como en el privado, de modo que se proteja la capacitación, el empleo digno, la contratación y los derechos laborales, en su caso, de las personas con discapacidad; fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas con discapacidad en el sector público o privado, y promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad.

La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional, y debe de establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad.

El artículo 38 crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de la ley.

El consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente ley y demás ordenamientos.

Entre las atribuciones del consejo, está el promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, así como hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente.

En cuanto a la Ley General de Salud (LGS), se establece que es materia de salubridad general, la prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad.

Artículo 6º de la LGS establece que el Sistema Nacional de Salud debe colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social.

El artículo 174 de la LGS refiere que la atención en materia de prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad comprende:

I. La investigación de las causas de la discapacidad y de los factores que la condicionan;

II. La promoción de la participación de la comunidad en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad;

III. La identificación temprana y la atención oportuna de procesos físicos, mentales y sociales que puedan causar discapacidad;

IV. La orientación educativa en materia de rehabilitación a la colectividad en general, y en particular a las familias que cuenten con alguna persona con discapacidad, promoviendo al efecto la solidaridad social;

V. La atención integral de las personas con discapacidad, incluyendo la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran;

VI. La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de las personas con discapacidad, y

VII. La promoción de la educación y la capacitación para el trabajo, así como la promoción del empleo de las personas en proceso de rehabilitación.

No obstante, lo ya expuesto, la realidad es que las personas con ostomías, que por su propia condición actualizan la hipótesis de una discapacidad y, eventualmente de una incapacidad, no se han visto atendidas por este andamiaje legal.

Por ello, se propone exhortar a diferentes instancias para que impulsen, programas, estrategias y políticas públicas que permitan considerar a las personas ostomizadas, como personas con una discapacidad, y accedan al marco protector del Estado, derivado de su condición.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a impulsar estrategias y políticas públicas para que las personas con ostomías se consideren personas con discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Salud para que promueva, en el marco de sus competencias, la atención y rehabilitación de las personas con ostomías, y que se considere como una discapacidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que promueva el derecho de las personas ostomizadas, al trabajo digno y al empleo, en igualdad de oportunidades y equidad, de manera que se les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral, y debe diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a sus competencias laborales, tanto en el sector público como en el privado.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en lo que corresponda, programas de educación, capacitación, formación y especialización para la salud en materia ostomía, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a las personas ostomizadas una atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado.

Notas:

1 Véase: https://fascrs.org/patients/diseases-and-conditions/a-z/
ostomia#:~:text=Una%20ostom%C3%ADa%2C%20o%20estoma%2C%20es,pueden%20ser%20temporales%20o%20permanentes. Consultado el 21 de noviembre de 2023.

2 Véase: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/colon-cancer/in-depth /ostomy/art-20045825 Consultado el 21 de noviembre de 2023.

3 Véase: https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/la-ostomia-como-causa-de-inca pacidad-laboral-DDIMPORT-040488/ Consultado el 21 de noviembre de 2023.

4 Véase: https://www.20minutos.es/noticia/5179203/0/las-personas-ostomizadas-pid en-que-desde-los-hospitales-se-les-ayude-solicitar-incapacidad-discapac idad/ Consultado el 21 de noviembre de 2023.

5 Véase: https://cuidateplus.marca.com/salud-laboral/2019/03/05/
certificado-discapacidad-requisitos-tramites-solicitarlo-169779.html Consultado el 21 de noviembre de 2023.

Cámara de Diputados, a 7 de febrero de 2024.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Legislativos de los estados de Colima, Estado de México y Tamaulipas, a garantizar los derechos de igualdad y no discriminación a personas indígenas y afrodescendientes, a través de acciones afirmativas que les doten de espacios de representación en los Congresos locales como diputadas y diputados, a cargo del diputado Roberto Valenzuela Corral, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Roberto Valenzuela Corral, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral 1; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por la que, respetuosamente, se exhorta a los Poderes Legislativos de los estados de Colima, Estado de México y Tamaulipas, para que se garanticen los derechos de Igualdad y no discriminación a personas indígenas y afrodescendientes a través de acciones afirmativas que les doten de espacios de representación en los Congresos locales como diputadas y diputados, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los procesos históricos mundiales de los últimos 250 años han modificado sustancialmente las concepciones jurídicas, culturales, políticas, sociales y económicas sobre la igualdad y, por ende, sobre la discriminación de las personas.

En México, a raíz del inicio del proceso de Independencia, José María Morelos y Pavón consideró en la redacción de los Sentimientos de la Nación la abolición de la esclavitud como punto relevante. En la Constitución de Apatzingán se decreta de forma implícita que “se reputan por ciudadanos de esta América, todos los nacidos en ella”. Sin embargo, fue hasta la presidencia de Vicente Guerrero cuando se expide el decreto que abolió la esclavitud del territorio mexicano, el 15 de septiembre de 1829.

Cabe señalar que, en los Estados Unidos de América, la abolición de la esclavitud se decretó hasta 1863, es decir, más de 30 años después, en medio de la Guerra de Secesión, con la Proclamación del 1º de enero, donde se estableció que las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes serían en adelante libres.

Los cambios han sido graduales y han enfrentado severos retrocesos por el reconocimiento de la igualdad de las personas sin menoscabo de ningún tipo de diferencia.

En este sentido, las acciones afirmativas se han convertido en una de las manifestaciones recientes por la igualdad y la no discriminación de las personas, en México y en otras partes del mundo.

El termino acción afirmativa o affirmative action, lo define la Comisión Norteamericana de Derechos Civiles como “cualquier medida más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria, adoptada para corregir o compensar discriminaciones presentes o pasadas o para impedir que la discriminación se reproduzca en el futuro”.1

Así también, el concepto acción positiva o acciones positivas, siguiendo a Giménez Gluck, tiene “como finalidad la de compensar la desigualdad material que los individuos padecen”.2

En ambos casos, se supone la visibilización de sujetos susceptibles de este tipo de acciones, identificados a partir de la pertenencia a grupos históricamente discriminados: es el caso de las mujeres, las personas con discapacidad, las personas indígenas y las personas afrodescendientes.

No obstante, existen grupos que, a pesar de no contar con una historia de discriminación añeja, se constituyen por diversas razones en grupos en situación de desventaja o discriminación, como es el caso de las personas migrantes en tránsito o de las personas que pertenecen a los diferentes grupos de la diversidad sexual.

Las acciones afirmativas se han materializado en México de diversas maneras.3 Una de estas ha sido la asignación de espacios de representación en el Poder Legislativo en el orden estatal y federal para las personas pertenecientes a los grupos señalados anteriormente. En el caso del orden local, se suman personas jóvenes y adultos mayores reconocidas como susceptibles de beneficiarse con acciones afirmativas para ocupar espacios de representación legislativos.

A nivel federal, en la LXV Legislatura se registró el más alto número de curules asignadas a personas de los grupos históricamente discriminados, así como a personas que por sus condiciones actuales se encuentran en situaciones de discriminación.

En la Cámara de Diputados se cuentan actualmente 65 diputadas y diputados electas por acción afirmativa. De estas, 36 son personas indígenas, 8 son personas con discapacidad, 6 son personas afromexicanas, 4 son personas de la diversidad sexual y 11 son personas migrantes o residentes en el extranjero.4

Claramente, las personas indígenas han sido las más beneficiadas con estas acciones en el orden federal. Sin embargo, a nivel local aún hay marcos legales electorales que no las contemplan, específicamente en los estados de Colima, Tamaulipas y Estado de México.5

Considerando adicionalmente que, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Estado, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, así como la prohibición expresa de todo tipo de discriminación que tenga por objeto atentar contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Aunado a lo anterior, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece en su artículo 3º. la obligación de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, de implementar las medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas necesarias para garantizar que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos consagrados en la Constitución.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, respetuosamente, exhorta a los Poderes Legislativos de los estados de Colima, Estado de México y Tamaulipas para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, presenten, analicen y aprueben reformas a sus respectivos marcos normativos en materia electoral y se garanticen los derechos de Igualdad y no discriminación a personas indígenas y afrodescendientes a través de acciones afirmativas que les doten de espacios de representación en los Congresos locales como diputadas y diputados.

Notas:

1 Citado por Mario Santiago Juárez en: Santiago Juárez, Mario. Igualdad y acciones afirmativas. México: UNAM-CONAPRED, 2007, pp. 197.

2 Ibid., pp. 201.

3 Para un mejor reconocimiento de estas prácticas, y la diferencia que existe con respecto a las medidas de nivelación y medidas de inclusión, consúltese Del Pino, Mireya. Catálogo de medidas para la igualdad. México: CONAPRED, 2015.

4 Datos extraídos de: Vázquez, Lorena. Iniciativas para legislar sobre acciones afirmativas para la inclusión de grupos vulnerables en el Congreso de la Unión. Mirada Legislativa No. 227. Ciudad de México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 2022.

5 Ibid., pp. 4.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero del 2024.

Diputado Roberto Valenzuela Corral (rúbrica)