Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sectur, a la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, en coordinación con el SATES, a difundir un informe pormenorizado en donde expliquen la ejecución y destino del recurso recaudado por concepto del 3 por ciento del impuesto sobre el hospedaje en dicho estado, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Merary Sánchez Villegas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- El impuesto al hospedaje es un gravamen de carácter estatal que, considerando los términos de la legislación en cada entidad federativa, grava los servicios de hospedaje, de tal forma que es el huésped quien paga el impuesto y el hotelero se constituye en el retenedor del mismo para enterarlo a la hacienda estatal. Este impuesto se implementa en el entonces Distrito Federal y 8 entidades más en el año de 1996. A medida que el tiempo transcurrió, se fueron incorporando más entidades y en el 2018 ya se tenía la totalidad de las entidades con este impuesto.1

Segunda.- Se lleva a cabo una estandarización de las tarifas promedio por categoría a escala nacional, partiendo de la agrupación de precios promedio en hoteles que publica mensualmente el INEGI para el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Los resultados obtenidos por entidad federativa se comparan con los registros administrativos sobre la recaudación por impuesto al hospedaje que integra el INEGI y se mide en porcentaje la “captación fiscal” que han realizado las unidades de finanzas estatales, de acuerdo con los montos de ingreso estimados con base en los indicadores monitoreados por el Sistema Datatur (Análisis Integral del Turismo).2

Tercera.- El impuesto al hospedaje se ubica en un rango de un 2 a 5 por ciento en la facturación que los hoteles realizan y únicamente gravando lo correspondiente al hospedaje, sin considerar los servicios adicionales que son prestados en los establecimientos como es el caso de alimentos y bebidas, tintorería, etc.

En el caso particular de Sinaloa, la cantidad del impuesto sobre el hospedaje se ubica en 3 porciento.

Cuarta.- El monto del impuesto se determina aplicando a la base gravable a que elude el Art. 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, la tasa del 3%. Este impuesto se cobra al momento de elaborarse la factura correspondiente, y debe enterarse mediante declaración que presentará el contribuyente en los formatos oficialmente aprobados ante las oficinas autorizadas para ello.3

Quinta.- El 14 de julio del 2022, el Gobernador Rubén Rocha Moya instaló el Consejo Consultivo para la Transparencia, el cual se encarga de vigilar la correcta aplicación de los recursos recaudados por el cobro del 3 por ciento del impuesto sobre el hospedaje.4

El Consejo Consultivo congrega a miembros del sector como Presidentes de las distintas asociaciones de hoteles que hay en Sinaloa, y por parte del Gobierno del Estado, al Secretario de Administración y Finanzas; y a la Secretaria de Turismo.

Sexta.- Hasta el año 2023, Sinaloa ha sido la séptima Entidad Federativa que ha tenido mayor ingreso por hospedaje en el País, según el Programa de Monitoreo Hotelero, Datatur y SECTUR 2023.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo (SECTUR) y a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de Sinaloa para que, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria del Estado (SATES), hagan público un informe pormenorizado en donde expliquen la ejecución y destino del recurso recaudado por concepto del 3% del impuesto sobre el hospedaje en dicho Estado.

Notas:

1. SECRETARÍA DE TURIMO. Análisis de los Ingresos y Estimación del Impuesto al Hospedaje en México 2019-2023. Enero 2023. Véase: https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/Analisis_Imp uesto_Hospedaje.pdf

2. Íbidem 1

3. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. Impuesto Sobre Hospedaje. Véase:
https://tramites1.sinaloa.gob.mx/impuestos_estatales/ayudas/ayuda-MARCO2.htm

4. Véase: https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/
impuesto-al-hospedaje-en-sinaloa-un-hoyo-negro-de-615-mdp-8833968.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero del 2024.

Diputada Merary Villegas Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a implementar campañas informativas para la prevención del delito de extorsión a las y los mexicanos trabajadores eventuales en retorno con visa H2A, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el cual la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para la implementación de campañas informativas para la prevención del delito de extorsión a las y los mexicanos trabajadores eventuales en retorno con visa H2A, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las relaciones de colaboración y el esfuerzo mutuo entre nuestro gobierno y el de nuestro vecino norte han fortalecido el crecimiento económico de ambos países de manera bilateral. Tal es así, que la entreverada relación comercial, laboral y económica entre México y Estados Unidos, ha velado por el intercambio de trabajo de manera regular y documentada con diversos programas para la emisión de visas de trabajo temporal. Las oportunidades extendidas bajo los marcos de protección y legalidad de estos mecanismos deben garantizar un proceso de movilización, contratación y retorno eficaz, digno y, sobre todo, seguro. Bajo esta última premisa han llegado a imperar modalidades de extorsión que afectan de manera directa a nuestros connacionales con visas de trabajo.

En este tenor, existen organizaciones que se coordinan para la contratación masiva de mano de obra mexicana, por medio del trabajo conjunto con las autoridades estadounidenses para la emisión de visas de trabajo temporal. Decenas de miles de trabajadores del sector agrícola son contratados para laborar en granjas de diversa naturaleza. Tan sólo en Carolina del Norte, alrededor de diez mil trabajadores mexicanos son recibidos cada temporada bajo la acción y coordinación de la organización “North Carolina Farmers”. En beneficio de estos connacionales, el ingreso al país corre por parte de la empresa o patrón que les contrate. El retorno, gestionado por los granjeros y sus empresas se determina de manera particular bajo la contratación de servicios privados de transporte desde territorio mexicano. El uso de autobuses provenientes de Estados cercanos a nuestra frontera norte es lo más usual. En este preciso punto de inflexión es donde existen el margen para la acción criminal de la extorsión, pues por medio de información filtrada por parte de algunos operativos encargados de la movilidad (posiblemente choferes de autobús, en su mayoría) los sitios de arribo de los trabajadores, así como la hora de llegada, son informados a autoridades locales que requieren de los trabajadores mexicanos en su regreso cantidades de dinero que van desde los 50 hasta los 300 dólares, tan sólo para permitirles arribar. Las identidades de estas autoridades pueden ser variadas, pero sin importar el tipo de servidor o funcionario, es una violación flagrante de la ley. Existen una evidente colusión entre las empresas encargadas del transporte al regreso a México y los inspectores fronterizos: es necesario vigilar de manera urgente la operatividad y emitir sanciones adecuadas para quien sea que incurra en este crimen.

Es bien sabido que los trabajadores mexicanos que fungen como mano de obra para el sector primario estadounidense optan por movilizarse para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, generando una cantidad considerable de dinero que circulará a la posteridad en territorio nacional, creando un efecto sinérgico de bienestar hacia sus comunidades de origen y estimulando la economía nacional. A su retorno, cuentan con cantidades de dinero, ganado legalmente y con esfuerzo, que ciertos sectores de nuestra autoridad no dejan pasar desapercibidas. La lucha de nuestro partido y los ideales plasmados en los valores y convicciones de la presente administración han luchado contra la corrupción desde el día uno, y es tanto una necesidad como un deber moral denunciar estos actos, sea quien sea que los perpetre. Además, la necesidad de movilizarse año con año y temporada por temporada, crea un sistema en red de un delito que no puede ser evitado. La reincidencia de los contratos y la emisión constante de visas presentan cierta dualidad de oportunidad y vulnerabilidad, pues nuestros trabajadores del campo precisan de los ingresos provenientes de estos convenios. A sabiendas de ello, la mala acción de las autoridades y la configuración particular del delito se presentan una vez tras otra, convirtiéndose en un vicio cíclico del que nuestros connacionales son víctimas constantes. Si no se frena a la brevedad este actuar, se acrecentará la problemática y los programas de trabajo temporal dejarán de ser una oportunidad para volverse un abuso sistematizado.

Por ello, es necesaria la colaboración de nuestras autoridades para la vigilancia del retorno y la coordinación con las autoridades estadounidenses para velar conjuntamente por la seguridad de los trabajadores mexicanos temporales.

De igual manera, cabe resaltar la importancia de la implementación de campañas informativas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la red consular ubicada en los Estados Unidos de América (USA) que consta de 53 sedes en todo el país, para exponer la naturaleza de los procesos, vigencias, permisos y sanciones a los trabajadores con visado temporal H2A, para evitar problemáticas o permanencias fuera de los periodos autorizados. La búsqueda de responsables también es prioritaria, pues es inaceptable que quienes deben vigilar y hacer cumplir las leyes sean quienes toman ventaja de los más vulnerables. Nadie se encuentra por encima de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer medidas de atención y vigilancia de manera coordinada con la finalidad de evitar el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos de América con visa de trabajo H2A, así como la implementación de campañas informativas para la prevención del delito de extorsión; a través de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- El Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para la implementación de campañas informativas internas y extraterritoriales para exponer los mecanismos, procesos, vigencias, permisos y sanciones relacionados a la emisión de visas de trabajo temporales H2A.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2024

Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a prevenir el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos con visa de trabajo H2A, durante su retorno a México, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el cual la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de prevenir el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos de América con Visa de trabajo H2A, durante su retorno a México, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las relaciones de colaboración y el esfuerzo mutuo entre nuestro gobierno y el de nuestro vecino del norte han fortalecido el crecimiento económico de ambos países de manera bilateral. Tal es así, que la entreverada relación comercial, laboral y económica entre México y Estados Unidos de América, ha velado por el intercambio de trabajo de manera regular y documentada con diversos programas para la emisión de visas de trabajo temporal. Las oportunidades extendidas bajo los marcos de protección y legalidad de estos mecanismos deben garantizar un proceso de movilización, contratación y retorno eficaz, digno y, sobre todo, seguro. Bajo esta última premisa han llegado a imperar modalidades de extorsión que afectan de manera directa a nuestros connacionales con visas de trabajo.

En este tenor, existen organizaciones que se coordinan para la contratación masiva de mano de obra mexicana, por medio del trabajo conjunto con las autoridades estadounidenses para la emisión de visas de trabajo temporal. Decenas de miles de trabajadores del sector agrícola son contratados para laborar en granjas de diversa naturaleza. Tan sólo en Carolina del Norte, alrededor de diez mil trabajadores mexicanos son recibidos cada temporada bajo la acción y coordinación de la organización “North Carolina Farmers”. En beneficio de estos connacionales, el ingreso al país corre por parte de la empresa o patrón que les contrate. El retorno, gestionado por los granjeros y sus empresas se determina de manera particular bajo la contratación de servicios privados de transporte desde territorio mexicano. El uso de autobuses provenientes de Estados cercanos a nuestra frontera norte es lo más usual. En este preciso punto de inflexión es donde existen el margen para la acción criminal de la extorsión, pues por medio de información filtrada por parte de algunos operativos encargados de la movilidad (posiblemente choferes de autobús, en su mayoría) los sitios de arribo de los trabajadores, así como la hora de llegada, son informados a autoridades locales que requieren de los trabajadores mexicanos en su regreso cantidades de dinero que van desde los 50 hasta los 200 dólares, tan sólo para permitirles cruzar de suelo americano a suelo mexicano en la inspección aduanal vía terrestre. Las identidades de estas autoridades pueden ser variadas, pero sin importar el tipo de servidor o funcionario, es una violación flagrante de la ley. Existen una evidente colusión entre las empresas encargadas del transporte al regreso a México y los inspectores fronterizos: es necesario vigilar de manera urgente la operatividad y emitir sanciones adecuadas para quien sea que incurra en este crimen.

Es útil describir exactamente los detalles de la extorsión que sufren los connacionales trabajadores temporales mexicanos que viajan de regreso a su lugar de origen después de laborar 4-10 meses en territorio americano.

El transporte terrestre es contratado por la organización North Carolina Farmers en Monterrey, Nuevo León. El autobús viaja desde Monterrey, Nuevo León hacia Carolina del Norte y en ese viaje de ida va vacío. Creemos que cuando cruza la frontera entre México y los Estados Unidos de América (USA) se pone de acuerdo con los agentes de aduanas y SAT del lado mexicano para decirles posteriormente la fecha en la que van a cruzar de Estados Unidos de América (USA) hacia México.

Cuando el chofer llega a Carolina del Norte se pone de acuerdo con la Organización para definir la fecha de salida y el número de trabajadores que harán el viaje de regreso a México en el autobús. Pueden ir entre 40-50 trabajadores o pasajeros en el autobús. Cuando salen de Carolina del Norte con el autobús lleno es cuando el chofer se comunica con su contacto dentro de las agencias de aduana y SAT para cometer la extorsión.

Después de 20 horas de recorrido desde Carolina del Norte hacia la frontera de Tamaulipas (México) con Texas (Estados Unidos de América), lo que quieren los trabajadores es llegar a Monterrey, Nuevo León. Cuando llegan a la inspección aduanal por parte de ambas agencias (aduanas y SAT) los detienen y des dicen “No bajen del camión. Les vamos a cobrar entre 50 y 200 dólares por persona por derecho o pago de franquicias” Muchos trabajadores se quejan porque muchos de ellos no traen regalos o compras que excedan los 500 dólares que por ley mexicana tienen derecho a comprar en Estados Unidos como ciudadanos mexicanos. Pero los agentes aduanales no les importan sus argumentos y le dicen “Si uno de ustedes no acepta, pagan todos la espera de 8-10 horas que dura la inspección” Como todos los trabajadores vienen cansados no les queda otra opción y aceptan ser víctimas de la extorsión. Esto debe de detenerse inmediatamente.

Es fundamental resaltar que la mayoría de los mexicanos en retorno que se ven inmersos en esta circunstancia optan por entregar las cantidades señaladas por dichas autoridades con la finalidad de continuar con su retorno, sin embargo, esta condicionante resulta una completa violación a sus derechos y al de sus familias.

Es bien sabido que los trabajadores mexicanos que fungen como mano de obra para el sector primario estadounidense optan por movilizarse para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, generando una cantidad considerable de dinero que circulará a la posteridad en territorio nacional, creando un efecto sinérgico de bienestar hacia sus comunidades de origen y estimulando la economía nacional. A su retorno, cuentan con cantidades de dinero, ganado legalmente y con esfuerzo, que ciertos sectores de nuestra autoridad no dejan pasar desapercibidas. La lucha de nuestro partido y los ideales plasmados en los valores y convicciones de la presente administración han luchado contra la corrupción desde el día uno, y es tanto una necesidad como un deber moral denunciar estos actos, sea quien sea que los perpetre. Además, la necesidad de movilizarse año con año y temporada por temporada, crea un sistema en red de un delito que no puede ser evitado. La reincidencia de los contratos y la emisión constante de visas presentan cierta dualidad de oportunidad y vulnerabilidad, pues nuestros trabajadores del campo precisan de los ingresos provenientes de estos convenios. A sabiendas de ello, la mala acción de las autoridades y la configuración particular del delito se presentan una vez tras otra, convirtiéndose en un vicio cíclico del que nuestros connacionales son víctimas constantes. Si no se frena a la brevedad este actuar, se acrecentará la problemática y los programas de trabajo temporal dejarán de ser una oportunidad para volverse un abuso sistematizado.

Por ello, es necesaria la intervención para otorgar certeza y seguridad a los mexicanos que retornan a México, a partir de la vigilancia constante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de prevenir el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos con Visa de trabajo H2A, durante su retorno a México.

Punto de Acuerdo

Único.- El Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer sanciones adecuadas y promover la vigilancia y el buen desempeño de sus funcionarios, para garantizar el retorno seguro de las y los mexicanos trabajadores eventuales en retorno con visa H2A.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2024

Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INM a establecer medidas de atención y vigilancia de manera coordinada con la finalidad de evitar el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos con visa de trabajo H2A, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el cual la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para establecer medidas de atención y vigilancia de manera coordinada con la finalidad de evitar el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos de América con visa de trabajo H2A, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las relaciones de colaboración y el esfuerzo mutuo entre nuestro gobierno y el de nuestro vecino norte han fortalecido el crecimiento económico de ambos países de manera bilateral. Tal es así, que la entreverada relación comercial, laboral y económica entre México y Estados Unidos, ha velado por el intercambio de trabajo de manera regular y documentada con diversos programas para la emisión de visas de trabajo temporal. Las oportunidades extendidas bajo los marcos de protección y legalidad de estos mecanismos deben garantizar un proceso de movilización, contratación y retorno eficaz, digno y, sobre todo, seguro. Bajo esta última premisa han llegado a imperar modalidades de extorsión que afectan de manera directa a nuestros connacionales con visas de trabajo.

En este tenor, existen organizaciones que se coordinan para la contratación masiva de mano de obra mexicana, por medio del trabajo conjunto con las autoridades estadounidenses para la emisión de visas de trabajo temporal. Decenas de miles de trabajadores del sector agrícola son contratados para laborar en granjas de diversa naturaleza. Tan sólo en Carolina del Norte, alrededor de diez mil trabajadores mexicanos son recibidos cada temporada bajo la acción y coordinación de la organización “North Carolina Farmers”. En beneficio de estos connacionales, el ingreso al país corre por parte de la empresa o patrón que les contrate. El retorno, gestionado por los granjeros y sus empresas se determina de manera particular bajo la contratación de servicios privados de transporte desde territorio mexicano. El uso de autobuses provenientes de Estados cercanos a nuestra frontera norte es lo más usual. En este preciso punto de inflexión es donde existen el margen para la acción criminal de la extorsión, pues por medio de información filtrada por parte de algunos operativos encargados de la movilidad (posiblemente choferes de autobús, en su mayoría) los sitios de arribo de los trabajadores, así como la hora de llegada, son informados a autoridades locales que requieren de los trabajadores mexicanos en su regreso cantidades de dinero que van desde los 500 hasta los 3000 dólares, tan sólo para permitirles regresar a su país (México) por la vía terrestre. Las identidades de estas autoridades pueden ser variadas, pero sin importar el tipo de servidor o funcionario, es una violación flagrante de la ley. Existen una evidente colusión entre las empresas encargadas del transporte al regreso a México y los inspectores fronterizos: es necesario vigilar de manera urgente la operatividad y emitir sanciones adecuadas para quien sea que incurra en este crimen.

Otra manera de extorsión que ha ganado terreno versa sobre la retención de los pasaportes de los trabajadores. Cuando las jornadas laborales se extienden debido a sobrecarga de trabajo, los patrones suelen requerir la presencia de algunos empleados temporales por periodos ligeramente más prolongados. Es importante señalar que los patrones les prometen a los trabajadores temporales que ellos tramitarán ante las autoridades correspondientes la extensión de sus visas de trabajo temporal por el periodo que les piden que acepten. Este periodo de extensión puede ser de 1 semana o hasta 2 meses. El tema principal es que el trabajador temporal confía en que el trámite o solicitud de extensión se lleve a cabo y lo más seguro es que lo haya tramitado el patrón pero el documento que justifica o indica la extensión nunca es recibido por el trabajador. El trabajador cuando aborda su autobús de regreso de Carolina Norte hacia Monterrey, Nuevo León, trae consigo su pasaporte y su visa de trabajo temporal con una fecha vencida o expirada y es ahí cuando sufre la extorsión por tener un visa de permiso de trabajo temporal vencida, pero la realidad es que el patrón nunca le entregó el documento oficial de la extensión de su visa temporal Se tiene la queja de que, al reingresar a México, algunos funcionarios del Instituto Nacional de Migración retienen los pasaportes y solicitan cantidades que van desde los 500 hasta los 3,000 dólares para su devolución.

Es bien sabido que los trabajadores mexicanos que fungen como mano de obra para el sector primario estadounidense optan por movilizarse para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, generando una cantidad considerable de dinero que circulará a la posteridad en territorio nacional, creando un efecto sinérgico de bienestar hacia sus comunidades de origen y estimulando la economía nacional. A su retorno, cuentan con cantidades de dinero, ganado legalmente y con esfuerzo, que ciertos sectores de nuestra autoridad no dejan pasar desapercibidas. La lucha de nuestro partido y los ideales plasmados en los valores y convicciones de la presente administración han luchado contra la corrupción desde el día uno, y es tanto una necesidad como un deber moral denunciar estos actos, sea quien sea que los perpetre. Además, la necesidad de movilizarse año con año y temporada por temporada, crea un sistema en red de un delito que no puede ser evitado. La reincidencia de los contratos y la emisión constante de visas presentan cierta dualidad de oportunidad y vulnerabilidad, pues nuestros trabajadores del campo precisan de los ingresos provenientes de estos convenios. A sabiendas de ello, la mala acción de las autoridades y la configuración particular del delito se presentan una vez tras otra, convirtiéndose en un vicio cíclico del que nuestros connacionales son víctimas constantes. Si no se frena a la brevedad este actuar, se acrecentará la problemática y los programas de trabajo temporal dejarán de ser una oportunidad para volverse un abuso sistematizado.

Por ello, es necesaria la colaboración de nuestras autoridades para la vigilancia del retorno y la coordinación con las autoridades estadounidenses para velar conjuntamente por la seguridad de los trabajadores mexicanos temporales.

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para establecer medidas de atención y vigilancia de manera coordinada con la finalidad de evitar el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos de América con visa de trabajo H2A; a través de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- El Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para establecer sanciones adecuadas a los funcionarios que incurran en el delito de extorsión, así como una mayor transparencia en los protocolos de movilización de los trabajadores mexicanos temporales con visa de trabajo H2A.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024

Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y estatales a coordinar esfuerzos para realizar una “Cruzada Nacional a favor del Agua” que contenga mecanismos de fomento a la recolección del agua pluvial, concientización sobre la importancia del cuidado y racionalización del agua, incentivos para el uso de tecnologías ahorradoras de agua y uso de desalinizadoras, a cargo del diputado Miguel Torruco Garza, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe diputado Miguel Torruco Garza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXV Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 59, 65 numeral 1 y artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las situaciones de mayor relevancia y preocupación que atañe actualmente a nuestro país, y a nuestras autoridades de los 3 órdenes de gobierno es la referente a la escasez de agua, situación que requiere acciones estratégicas con una visión de corto, mediano y largo plazos, en la que se priorice garantizar el suministro del vital líquido para la población de todo nuestro país.

El agua en prácticamente todo el mundo es un bien limitado con un valor ilimitado, toda vez que de su existencia literalmente presenta una relación de vida con numerosos seres vivos, incluyendo obviamente al ser humano. Por esta razón es imperativo el realizar planteamientos con visión a corto, mediano y largo plazos, que sirvan para garantizar el suministro suficiente del vital líquido.

La Conagua señala que México cuenta con una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud, donde destacan 51 ríos principales por los que fluye el 87% del escurrimiento superficial y cuyas cuencas cubren el 65% de la superficie nacional. Por su superficie destacan las cuencas de los ríos Bravo y Balsas, y por longitud destacan los ríos Bravo y Grijalva-Usumacinta. Los ríos Lerma y Nazas-Aguanaval pertenecen a la vertiente interior.1

Desafortunadamente la situación del agua en México no se encuentra en su mejor momento, para ejemplificarlo señalaremos el caso de uno de los sistemas hidrológicos de mayor relevancia en nuestro país, me refiero al sistema Cutzamala.

El informe más reciente emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de este luido mes de enero denominado “Almacenamiento en presas del Sistema Cutzamala 2024”, señala una situación preocupante, el almacenamiento actual de las presas es de 310,002,000 metros cuadrados y la capacidad de almacenamiento es de 782,521,000 metros cuadrados, lo que representa que al día de hoy se encuentra al 39.62% de su capacidad.2

Estimaciones de la propia Conagua señalan lo siguiente: El Valle de México dispone de agua para 147 días, de acuerdo con cálculos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a la escasez de lluvias en la temporada pasada y la intensa sequía que azota la región de la cuenca del río Cutzamala, entre Michoacán y Estado de México.3

Según información del Periódico El Financiero. El Sistema Cutzamala abastece de agua a una cuarta parte del Valle de México, una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo, y las principales demarcaciones que sirve son:

Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan.

Municipios del Estado de México: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Tecamac, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán Temoaya y Lerma.

Este sistema abastece a millones de personas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Servicio Meteorológico de la Conagua señaló en enero del presente año que la situación de la sequía en nuestro país ésta empeorando, se presentan altas temperaturas en enero que ocasiona falta de lluvias y amplias regiones sin poder recargar sus mantos acuíferos. La Conagua señala “la condición de sequía va en aumento en el norte y centro del país, además de que se observaron temperaturas superiores a los 35 grados en las costas del Océano Pacífico en las regiones centro y sur.”4

Una de las localidades que alcanzó temperaturas récord fue Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, que el 18 de enero pasado reportó 39.5 grados.

Para este año se vislumbra una situación complicada, la falta de agua suficiente afecta a la mayor parte del territorio, autoridades de la Conagua han señalado que al inicio de este año más del 81% sufre de algún tipo de sequía, la sequía extrema y excepcional se ha localizado en el noreste, noroeste y centro de México, con un 28.79% del total.

Las cifras arrojan que el 20% de México está registrando unas condiciones anormales de sequía, mientras que el 32.8% tiene rasgos de sequía moderada a severa.5

El artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.6

Es por estas razones que, al amparo de lo establecido en la Constitución Mexicana, surge este punto de acuerdo para tomar acciones inmediatas y definir políticas públicas y/o programas con objetivos definidos y estrategias puntuales que coadyuven a la preservación y buen uso de del recurso acuífero.

Es por esto que someto a la consideración de esta Honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que en plena función de sus facultades y atributos legales coordine una “Cruzada Nacional a Favor del Agua”, para que en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los Gobiernos Estatales y Congresos de las Entidades Federativas del país la cual debe promover, entre otras formas de ahorrar y cuidar el agua, lo siguiente:

a) Mecanismos de fomento a la recolección del agua de lluvia, y considerar la obligatoriedad en los edificios públicos de los 3 órdenes de gobierno.

b) Campañas de difusión a través de los medios de comunicación, radio, televisión y prensa, y a través de las redes sociales, de la importancia del cuidado y racionalización del agua.

c) Incentivos fiscales para que la iniciativa privada instale en sus instalaciones, tecnologías ahorradoras del agua y que en los nuevos edificios del sector público seas obligatorias.

d) Analizar la viabilidad financiera y técnica de la instalación de plantas desalinizadoras de agua de mar.

e) Coordinar la creación de una política nacional del cuidado del agua a través de eliminar el desperdicio de la misma.

Notas:

1. Situación de los Recursos Hídricos. https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/situacion-de-los-recurs os-hidricos

2. “Almacenamiento en presas del Sistema Cutzamala 2024”
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/886887/Enero_2024.pdf

3. Milenio. https://www.milenio.com/politica/comunidad/agua-del-cutzamala-se-agotar ia-en-junio-esta-al-50

4 El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/01/23/sequia-extrema-en-m exico-escasez-de-agua-cdmx-edomex-sistema-cutzamala-reporte-enero-2024- conagua/

5. https://www.foxsports.com.mx/2024/01/31/sequia-en-mexico-2024-8187-del- pais-sufre-de-falta-de-agua-cuales-son-los-estados-mas-afectados/

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024

Diputado Miguel Torruco Garza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales de las 32 entidades federativas a realizar la armonización legislativa en materia de tortura, suscrita por la diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PT y del PRI

Quienes suscriben, diputada presidenta Marisol García Segura (Morena), secretarias y secretarios; diputado Jaime Baltierra García (PT), diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI), diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena), diputada Marisela Garduño Garduño (PT), diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena), diputada María Sierra Damián (Morena), diputado Pedro Sergio Peñaloza Pérez (Morena), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, así como las diputadas y diputados, Adriana Bustamante Castellanos, Jesús Roberto Briano Borunda, Manuel Alejandro Robles Gómez, Cecilia Márquez Alkadef Cortes, Manuela Obrador Narváez, Alma Griselda Valencia Medina, Mario Rafael Llergo Latournerie, Rosangela Amairany Peña Escalante, Noemi Salazar López, Graciela Sánchez Ortiz y Olimpia Tamara Girón Hernández, del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o, numeral 1, fracción I y 79o numeral 2, fracción I del reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

a) La mesa directiva de la Cámara de Diputados hizo del conocimiento a la Comisión de Derechos Humanos la comunicación 1291, en el que se expone el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, por lo que sugiere a esta entidad legislativa una propuesta de acciones para fortalecer las recomendaciones derivadas del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, por tal motivo, se exhorta a los Congresos Estatales para que en ejercicio de sus facultades exclusivas, realicen la armonización legislativa en materia de Tortura.

b) De acuerdo con el mecanismo para la prevención de la tortura en México, en el mes de mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, el conflicto entre el Gobierno federal, Estatal y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, escaló entre quienes se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México1 .

El 3 de mayo de 2006, Frente al mercado del vecino municipio de Texcoco inició un choque entre vendedores de flores de San Salvador Atenco y policías municipales, el conflicto derivó en la realización de un operativo integrado por 1,815 policías estatales y 628 elementos de la Policía Federal Preventiva, en el cual se detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas, aproximadamente 50 de ellas fueron mujeres, de las cuales 31 refirieron haber sido agredidas sexualmente por parte de elementos policiales al momento de su detención y traslado, 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual iniciaron un proceso ante el Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.

De acuerdo con la Cumbre Judicial Iberoamericana, la tortura sexual puede ser entendida como:

La violación sexual o la imposición de dolor físico o sufrimiento emocional de naturaleza sexual a una o varias personas, perpetrada por uno o varios agentes del Estado, o bien, por aquiescencia u órdenes de éstos. Así, es utilizada frecuentemente como una forma de persecución política. La tortura sexual puede abarcar la violación y otras formas de agresión sexual física, incluyendo la violencia física hacia los genitales o los senos y la agresión psicológica sexual que puede consistir en comentarios lascivos o amenazas. Las víctimas de tortura por lo general son reticentes a revelar información acerca de actos de tortura sexual, sin embargo, gracias a que las y los investigadores de este tema hacen preguntas directas acerca de este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos, se ha demostrado que la tortura sexual es bastante común, especialmente aquella que es sufrida por mujeres. Al respecto, cabe señalar que la tortura sexual hacia las mujeres adopta múltiples formas y viene acompañada de la reproducción de estereotipos asociados a los roles de género heteronormativos que conllevan el despliegue de técnicas de humillación diseñadas para aumentar la vulnerabilidad de la víctima por su condición de mujer2 .

c) En ese sentido, actualmente y con el compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y en particular los derechos de las mujeres en México, ha emprendido una serie de acciones para dar cumplimiento a la sentencia “Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México”, la cual reconoce como víctimas sobrevivientes de tortura sexual a Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara ltalia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Como parte de las medidas de no repetición, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha reconocido a la tortura sexual como un delito y como una violación a los derechos humanos que trasciende a la víctima, impacta a las comunidades, rompe redes de apoyo y lacera a las familias, experimentando señalamientos y rechazo por una sociedad mayoritariamente patriarcal3 .

d) Ante el compromiso de nuestro país para cumplir con las medidas dictadas en la sentencia “Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México”, hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018, se reconoció a la violencia sexual como delito, el Gobierno de México creó en septiembre de 2015 un Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres que “contempla la emisión de un dictamen conjunto con recomendaciones sobre los casos revisados, a fin de que las autoridades competentes actúen aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, o reciban asistencia técnica para avanzar en la investigación de tortura sexual”4 .

e) Como parte de la razón de ser de dicho mecanismo, se llevó a cabo el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México, a través de 1,280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en 66 penales distribuidos en las 32 entidades de la república. De dicho estudio se desprenden muchos datos que exhiben la compleja situación en la que se encuentra la violencia sexual en nuestro país.

De acuerdo con ese primer diagnóstico5 :

• 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, en las diferentes etapas del proceso, como el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, traslado y estancia en centro de reclusión y la etapa de juicio.

• El 6.71% de mujeres entrevistadas manifestó desconocer cuál autoridad las detuvo y trasladó al Ministerio Público, ya que las personas que las detuvieron no portaban algún elemento característico de vestimenta que las identificara.

• El 80.78% manifestó que no fue informada de sus derechos, mientras que el 65.15% refirió no haber sido informada del delito por el cuál las detuvieron; indicativo sobre la tendencia a no informar los derechos de la persona imputada o presuntamente responsable; y el tipo de delito por el que se les detiene, lo cual podría configurar en una detención arbitraria.

• En relación con el tiempo transcurrido entre el arresto y la presentación ante el Ministerio Público, el 37% fue de 0 a 3 horas; el 33% de 4 a 24 horas; el 24% de 1 a 7 días; el 2% tardaron en ser presentadas de 1 semana a 1 mes; y el porcentaje restante no proporcionó información. Preocupa el lapso entre la detención y la puesta a disposición ante la autoridad ministerial, lo que viola el principio de inmediatez en la presentación.

• A la pregunta ¿Considera haber sido víctima de tortura sexual durante su detención y traslado al Ministerio Público?, el 25.62% sí considera haber sido víctima de tortura sexual; el 72.50% no considera haber sido víctima de tortura sexual; el 0.93% no contestó; y otro 0.93% se presentó ante el representante social por diversos motivos, tales como: entregarse, solicitar información, presentar una denuncia y comparecer como testigo.

• Con relación a las violencias, el 73% manifestó haber sufrido algún tipo de violencia; de las cuales, el 34% fue psicológica, el 1% solo física y el 65% física y psicológica, con lo cual se advierte que la mayoría de las mujeres padeció ambas violencias.

• Los ataques físicos referidos son los siguientes: patadas el 27.5%; manoseos el 18%; golpes con objetos el 18%; golpes en senos, glúteos o genitales el 16%; desnudez forzada el 14%; violación sexual vía oral, anal o vaginal el 3.5%; e introducción de objetos en cavidades el 3%.

• Los ataques fueron cometidos en los siguientes momentos: durante la detención el 33.48%; traslado hacia el Ministerio Público el 21.90%; en ambos momentos el 44.38%; y en instalaciones policiacas el 0.23%. Los lugares donde más se cometieron fueron en una patrulla o vehículo oficial, un vehículo particular y en un domicilio particular.

• Del análisis sobre la información proporcionada por el total de las mujeres entrevistadas, adicional al 25.62% que consideró ser víctima de tortura sexual, un 12.5% sufrió violencia sexual, sin haberla reconocido como tortura sexual. Asimismo, el 22.26% fue sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el 12.10% a tortura sin violencia sexual y el 27.5% señaló no haber sufrido alguna violencia durante su arresto y traslado.

• De los actos de tortura sexual cometidos en contra de mujeres durante su estancia ante el Ministerio Público, según las entrevistas aplicadas, 13.44% de las mujeres manifestó que las autoridades que ejecutaron en su contra actos de tortura sexual fueron elementos pertenecientes a la Policía Estatal, Policía Municipal, Policía de Investigación, Policía Federal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Médico Legista y otras, de tal información cobra relevancia señalar que las prácticas de la tortura sexual son ejecutadas en su mayoría por las policías que realizan las puestas a disposición ante el Ministerio Público.

• Del total de entrevistas aplicadas, en el 15.39% de mujeres que manifestaron hechos por tortura sexual durante la detención, traslado y estancia ante el Ministerio Público, solo en el 21% se inició la investigación correspondiente, mientras que en el 79% no se realizó.

• El 14.38% del total de mujeres entrevistadas señaló que el Ministerio Público sí recabó su declaración o entrevista con motivo de la tortura sexual, 39% de ellas manifestó que la persona servidora pública realizó comentarios inapropiados o fuera de contexto y 61% que no aconteció tal situación.

• Del 13.59% total de entrevistas aplicadas señalaron si el Ministerio Público realizó pruebas tendientes para documentar la tortura sexual, en el 9% de los casos sí se realizaron, mientras que en el 91% esto no sucedió.

• Para la atención médica por la tortura sexual durante la detención del 14.22% del total de mujeres entrevistadas, el Ministerio Público llevó a cabo acciones en el 11% de los casos; sin embargo, el 89% de mujeres manifestaron no haber recibido atención médica.

• En el 13.98% del universo de entrevistas se manifestó en relación con la atención médica con motivo de la tortura sexual. En este caso, solo el 7% manifestó haberla recibido y 93% no la recibió.

• Del 10.47% del universo total de mujeres entrevistadas, el 74% señaló que el trato recibido por el personal médico se realizó con comentarios inapropiados e incómodos que contribuyeron a la revictimización.

• Por lo que respecta a las acciones emprendidas por el personal de salud ante los hechos de tortura sexual, cabe señalar que, del 100% de entrevistas, el 9.97% señaló que se les negó la atención médica por la tortura sexual o hubo obstáculos para recibirla. Al 71% se le negó u obstaculizó la atención médica, mientras que 29% sí la recibió.

• Dentro del tratamiento médico otorgado por el personal de salud ante los hechos de tortura sexual, 10 mujeres señalaron haber recibido exámenes ginecológicos, pastilla del día siguiente, prueba de embarazo y detección de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

• Del 7.97% de las mujeres entrevistadas, solo al 3% se les permitió la presencia de un familiar o persona de confianza al momento de realizarle los exámenes médicos, en tanto que 97% la autoridad no permitió este acompañamiento.

• El 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual con la finalidad de humillarlas y castigarlas por ser mujeres. Mientras que el 23.59% vivió tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y un 20.70% no refirió haber vivido algún tipo de violencia.

• El 55.70% (713) de las mujeres entrevistadas padecieron tortura, de las cuales se desprende que el 32.18% (412) identificó haberla sufrido, mientras que un 11.64% (149) fueron sometidas a dichos actos sin haberla reconocido como tal. Es decir, de las 1,280 mujeres entrevistadas, el 43.82% (561) sobrevivieron a actos de tortura con connotaciones altamente sexuales.

f) En cuanto a la localización de los casos de tortura, el diagnóstico dividió a nuestro país en cuatro regiones (Occidente, Norte, Sur y Centro). La región Norte se integró por los estados de: El Estado de Baja California encabeza la lista, seguido de Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur y Sonora. La región Centro se integra de los Estados de: El Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala y Oaxaca. Por su parte la región centro-occidente se conformó por los estados de: Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Colima. Mientras que la región sur se integró por los estados de: Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche[6].

Sobre los casos de tortura sexual en las regiones antes mencionadas, el diagnóstico señala que:

• En la región Norte se localizaron 97 casos de tortura sexual, y 33 casos con indicios de tortura.

• En la región centro se identificaron un total de 214 casos de tortura sexual.

• En la región Centro-Occidente se localizaron 99 casos de tortura sexual.

• En la región Sur se encontraron 118 casos de tortura sexual.

Estos datos revelan que la tortura sexual es un mal generalizado en todo el país, por lo que es indispensable que existan medidas de prevención, combate y erradicación a nivel local.

Por las consideraciones anteriores, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos locales de las 32 entidades federativas para que en ejercicio de sus facultades exclusivas realicen la armonización legislativa en materia de tortura.

Notas:

1. Secretaría de Gobernación, “Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra mujeres privadas de su libertad en México”, México, 2022, p. 11

2. Cfr. Einolf, Christopher J., “Why Do States Use Sexual Torture against Political Prisoners? Evidence from Saddam Hussein’s Prisons”, Journal of Global Security Studies, 2018, p. 1 y Centro PRODH et al., Tortura Sexual en México. Contexto, prácticas e impactos, S.E., México, 2015, pág. 14

3. Encinas, Alejandro, “Primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México”, en http://www.alejandroencinas.mx/home/primer-diagnostico-nacional-sobre-t ortura-sexual-cometido-contra-mujeres-privadas-de-libertad-en-mexico/

4. Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México sentencia de 28 de noviembre de 2018 en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf

5. Secretaría de Gobernación, “Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México”, 27 de junio de 2022, disponible en: https://www.gob.mx/segob/documentos/diagnostico-nacional-sobre-tortura- sexual-cometida-contra-mujeres-privadas-de-la-libertad-en-mexico

6. Op. Cit “Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México”

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, el 13 de febrero de 2023.

Diputadas y diputados: Marisol García Segura, Adriana Bustamante Castellanos, Jesús Roberto Briano Borunda, Beatriz Rojas Martínez, Manuel Alejandro Robles Gómez, Cecilia Márquez Alkadef Cortes, Joaquín Zebadúa Alva, Manuela Obrador Narváez, Alma Griselda Valencia Medina, Mario Rafael Llergo Latournerie, Rosangela Amairany Peña Escalante, Marisela Garduño Garduño, Sue Ellen Bernal Bolnik, Noemi Salazar López, Graciela Sánchez Ortiz, Olimpia Tamara Girón Hernández, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, María Sierra Damián, Jaime Baltierra García, Jorge Ángel Sibaja Mendoza (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la GN a hacer presencia en las zonas boscosas de Isidro Fabela, Estado de México, y realizar operativos tendentes a inhibir la acción de los grupos de talamontes que operan en la región, así como a realizar un estudio de factibilidad, para ubicar un cuartel de dicha institución, a cargo de la diputada Ma. Cristina Vargas Osnaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Ma. Cristina Vargas Osnaya , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que de los artículos 123 apartado B, Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 Bis., de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, Fracción 11, de la Ley de la Guardia Nacional; y 19, Fracciones VI y IX, 23 y 24, del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, se encuentran las facultades de la Guardia Nacional, donde se desprende el objetivo y misión de la misma, que consiste según se constata en su página oficial en: “Realizar, en coadyuvancia con los Estados y Municipios, funciones de Seguridad Pública a través de la prevención de los delitos, combate a la criminalidad y el apoyo a la población; para salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, al igual que los bienes y recursos de la nación; a fin de contribuir a la generación y preservación de las libertades, el orden público y la paz social.”1

2. Que, según su esquema de trabajo, la Guardia Nacional se distribuye en Coordinaciones Estatales (una por cada entidad del país) y a su vez, por coordinaciones regionales y al mismo tiempo, el titular de cada coordinación estatal se integra en las denominadas Mesas de Seguridad Estatal en las que interactúan con diversas autoridades.

3. Que el municipio de Isidro Fabela es uno de los 125 que integran el Estado de México y se encuentra localizado en el centro-oeste de dicho territorio, colinda al norte con el municipio de Nicolás Romero; al este con los municipios de Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo; al sur con los municipios de Jilotzingo, Otzolotepec y Temoaya; al oeste con los municipios de Temoaya y Nicolás Romero. Cuenta con una superficie que representa el 0.34 % de la superficie total del estado.2

4. Que la cabecera municipal de Isidro Fabela es conocida como Tlazala de Fabela o como Santiago Tlazala, el cual tiene en su composición geográfica, una gran zona boscosa y su clasificación es rural.

5. Que la comunidad de Santiago Tlazala, se integra actualmente por 847 comuneras y comuneros, dedicados a labores propias del campo, entre las que destacan la silvicultura comunitaria y sustentable, primordialmente de pino, oyamel y árboles navideños.

6. Que, durante muchos años, la comunidad ha atestiguado y ha sido víctima de grupos que se dedican a la deforestación y/o tala ilegal del bosque; sin embargo, en los últimos años, sobre todo en los últimos seis meses, se han incrementado las actividades, haciéndolo de manera más violenta e incluso, cometiendo otra serie de ilícitos para lograr su cometido.

7. Que en fechas recientes, se establecieron reuniones y acuerdos con autoridades estatales, como la Fiscalía, la Policía Estatal y la Secretaría de Gobierno, entre otras; lo cierto, es que no hay acciones encaminadas a brindar seguridad, proteger la integridad de la ciudadanía y preservar el entorno y medio ambiente.

8. Que, como consecuencia, es necesario y urgente que se brinde apoyo, protección y seguimiento a la problemática generada por los grupos de talamontes que operan en la región.

9. Que los comuneros antes referidos, reconocen a la Guardia Nacional como una institución que les brinda confianza, por su servicio a la sociedad, su gestión eficiente, su disciplina y por la integración de mujeres y hombres inquebrantables en el cumplimiento de la ley, que proyectan una identidad propia, basada en valores y virtudes que los acercan a la población, a través del respeto y la confianza mutua.

10. Que derivado de lo anterior, se solicita la presencia de la Guardia Nacional en las zonas boscosas de Santiago Tlazala, con la finalidad de realizar operativos tendientes a inhibir la acción de los grupos de talamontes que operan en la región.

11. Que los comuneros de Santiago Tlazala, están dispuestos a donar una extensión de terreno perteneciente a la comunidad, a fin de que, después de que se realice un estudio de factibilidad, la Guardia Nacional establezca uno de sus cuarteles, específicamente, en el paraje conocido como Llano de la Horca.

Por lo anteriormente expuesto que someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Guardia Nacional, hacer presencia en las zonas boscosas del Municipio de Isidro Fabela, Estado de México y realizar operativos tendientes a inhibir la acción de los grupos de talamontes que operan en la región.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la unión, exhorta de manera respetuosa a la Guardia Nacional a realizar un estudio de factibilidad, para ubicar un cuartel de dicha institución en el Municipio de Isidro Favela, Estado de México.

Notas:

1. Cfr. Guardia Nacional ¿Qué hacemos? Disponible en: https://www.gob.mx/guardianacional/que-hacemos Consultado el 09 de febrero del 2024.

2. Cfr. Municipio de Isidro Fabela, Edo. Méx. Ubicación y extensión. Disponible en: https://isidrofabela.edomex.gob.mx/acerca-ayuntamiento Consultado el 10 de febrero de 2024.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 13 de febrero del 2024.

Diputada Ma. Cristina Vargas Osnaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la GN y a la Secretaría de Seguridad del Estado de México a implementar de manera urgente, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones y programas eficaces que combatan la crisis de inseguridad y ola de violencia creciente en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, a cargo del diputado José Antonio García García, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado José Antonio García García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos señala que, “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. ”

La seguridad pública es una función primordial que deben de brindar los diferentes niveles de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, con el fin de proveer las acciones necesarias para dar seguridad a las y los ciudadanos y a sus familias, garantizándoles una paz justa, sostenible y duradera.1

Respecto a la seguridad pública en el ámbito municipal, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), señala que una de las funciones que mayor importancia tiene el municipio es la de brindar seguridad pública, cuyo ejercicio es una obligación del ayuntamiento. La autoridad municipal debe organizar, prever de medios y equipamiento a las dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población en situaciones de emergencia.2

No obstante, en los últimos meses, en el municipio de Huixquilucan, hemos sido testigos de un aumento alarmante en los índices de violencia, con un incremento significativo en asesinatos, feminicidios, secuestros, extorsiones y robos, entre otros.

En el pasado mes de octubre del 2023 en Paseo Interlomas, perteneciente a la zona residencial de Huixquilucan, un padre y su hijo derivado de un asalto a plena luz del día fueron asesinados al salir de un banco3 y días después un profesor de tenis fue víctima de robo en la localidad de Jesús del Monte, quien murió por la brutal golpiza de los asaltantes.

Y en los últimos días, fue hallado el cadáver de una mujer con signos de violencia en el poblado la Magdalena Chichicaspa4 , mientras que un taxista durante su jornada laboral desapareció y fue encontrado sin vida.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que, en el último año los homicidios dolosos en Huixquilucan aumentaron 25%, dado que durante el año 2023 fueron asesinadas 25 personas, mientras que en el año anterior 2022 se registraron 20 asesinatos.

De igual forma en dicho periodo, ilícitos como el robo a casa habitación con violencia aumentó 3%, el robo a motocicleta 29%, el abuso sexual aumento 11% y el acoso sexual aumento 77%.5

Esta ola de violencia no solo ha sembrado el miedo en los habitantes de Huixquilucan, sino que también ha dejado cicatrices imborrables en el tejido social de nuestro municipio. Los ciudadanos viven con el temor constante de convertirse en víctimas de la delincuencia, o incluso de ser asesinados.

Hoy Huixquilucan se enfrenta a una realidad alarmante, no obstante, a pesar de las manifestaciones que claman por seguridad en nuestras calles, las autoridades municipales han optado por ignorar los llamados de los ciudadanos que piden seguridad. El aumento de homicidios, robos y otros crímenes, es una clara señal de que la situación está empeorando, sin embargo, las autoridades municipales han optado por dar la espalda a aquellos que más necesitan su ayuda.

Es lamentable constatar que el gobierno municipal se encuentra rebasado en sus tareas de seguridad. Mientras tanto, en lugar de abordar esta crisis con seriedad y determinación, se dedica a presumir que Huixquilucan es el municipio más seguro del país. Sin embargo, los hechos y la realidad que enfrentan sus habitantes nos muestran una imagen completamente diferente.

La falta de respuesta por parte de las autoridades municipales son una muestra clara de la falta de compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Huixquilucan.

En virtud de lo anterior, es importante el que se implementen de manera inmediata acciones y programas que combatan esta crisis de inseguridad que está afectando al municipio. Necesitamos el apoyo de la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado para restaurar la paz y la tranquilidad de Huixquilucan.

Es momento de dejar de lado las diferencias políticas y unirnos en un esfuerzo conjunto para enfrentar esta crisis de seguridad. Nuestros ciudadanos merecen vivir en un municipio donde puedan caminar por las calles sin temor y donde sus familias estén protegidas. No podemos permitir que la violencia y el crimen continúen devastando nuestras comunidades.

En virtud de lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Guardia Nacional y a la Secretaría de seguridad del Estado de México, a implementar de manera urgente, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones y programas que combatan la crisis de inseguridad y ola de violencia creciente en el municipio de Huixquilucan Estado de México.

La cooperación entre los distintos niveles de gobierno es esencial para abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta el municipio de Huixquilucan en materia de seguridad, para brindar una respuesta más rápida y eficaz a la ciudadanía, haciendo del municipio un lugar más seguro y vigilado.

En el Grupo Parlamentario del Partido Morena tenemos claro que el respaldo a los municipios por parte de autoridades estatales y federales, en tareas de seguridad, quienes cuentan con la capacidad y los recursos necesarios para contribuir de manera significativa a combatir la violencia e inseguridad, es fundamental para garantizar la seguridad y la tranquilidad que las y los ciudadanos se merecen.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Guardia Nacional y a la Secretaría de seguridad del Estado de México, a implementar de manera urgente, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones y programas eficaces que combatan la crisis de inseguridad y ola de violencia creciente en el municipio de Huixquilucan Estado de México.

Notas:

1. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Definición”, en Seguridad Pública [Actualización: 15 de febrero de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/

2. Guía técnica; El control de gestión municipal, INAP, disponible en la pág. web.- https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1719/2.pdf, consultada el día 07/11/2023.

3. Matan a balazos a dos hombres afuera de la plaza Paseo Interlomas; Periódico Sol de Toluca 18/10/23.

4. Hallan cadáver de mujer en Huixquilucan; Periódico Reforma

5. Incidencia Delictiva; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; disponible en la pág. web. - https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva, consultada el día 09/11/2023.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.

Diputado José Antonio García García (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 12 de febrero, 77 Aniversario del Reconocimiento de las Mujeres a Votar y Ser Votadas en el Ámbito Municipal, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena

Durante la primera mitad del siglo XX, la participación de las mujeres en los procesos electorales fue prácticamente nula, sin embargo, existían activistas cuyo fin principal era el de conseguir el derecho femenino al voto.

Uno de los primeros antecedentes se dio en 1924, cuando el gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, reconoció el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y estatales.

El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el Presidente Miguel Alemán para reformar el artículo 115 Constitucional, que logró que de manera legal se hiciera patente el derecho de la mujer como ciudadana.1

Sin embargo, no fue sino hasta el 12 de febrero de 1947, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto relativo a una adición de un párrafo a la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la participación política de las mujeres como votantes y como candidatas, quedando establecido en el texto constitucional que: “En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas ”.2

Lo anterior, fue el resultado histórico de la lucha de varias generaciones de mujeres por alcanzar la igual y la participación política en los procesos electorales locales, que por años fue un derecho exclusivo sólo para el género masculino.

Esta propuesta legislativa fue el antecedente de la reforma constitucional llevada a cabo el 17 de octubre de 1953, durante el gobierno del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, que otorgaría a nivel constitucional los mismos derechos a las mujeres de votar y ser votadas en las elecciones, pero en el ámbito federal, lo que significó un gran avance en el proceso de democratización del país.3

Actualmente, las mujeres han ganado espacios en cargos de elección popular, sin embargo, aún falta garantizar que exista una participación proporcional.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), actualmente son 552 presidentas municipales y 4 alcaldesas quienes gobiernan en el país, lo que significa que un 22.5 por ciento de los municipios y alcaldías de la República Mexicana tienen al frente de su gobierno a una mujer, las cuales fueron elegidas de forma democrática como resultado de un proceso electoral.4

Esto sin duda refleja el gran avance en el ámbito municipal, que ha obtenido este sector de la sociedad que tienen mayor participación política la cual se ha consolidado a lo largo de los años. Sin embargo, pese a los esfuerzos y reformas electorales para equilibrar su participación, aún es baja la proporción del género femenino en los gobiernos municipales.

Es de resaltar, que son los gobiernos municipales como gobiernos de proximidad, los que deben ser el primer espacio del reconocimiento de la pluralidad, la tolerancia y el respeto de los derechos de las mujeres.

Para poder garantizar una igualdad sustantiva de género es necesario sumar esfuerzos para promover en los municipios el diseño e implementación de políticas públicas locales con perspectiva de género y comprometernos a desarrollar mecanismos para poder superar toda forma de discriminación y obstaculización de las mujeres en el ejercicio de los cargos de elección en los ayuntamientos del país, dejando a un lado ideologías e intereses personales, para poder crear un sociedad inclusiva, en la que exista una real democracia que considere a la mitad de la población, las mujeres.5

Asimismo, llevar a cabo las reformas legislativas y las trasformaciones necesarias que cambien nuestro sistema y que garanticen una vida plena, libre y segura, con las mismas oportunidades para las niñas, adolescentes y mujeres de nuestras comunidades.

Hoy celebramos el 77 aniversario de este memorable suceso, con el propósito de reconocer el legado histórico de mujeres que heroicamente han luchado por la participación y la igualdad política de género.

El grupo parlamentario de Morena refrenda su compromiso de trabajar con todas las mujeres a fin de promover los cambios legales, de política pública y los cambios culturales necesarios que permitan garantizar el bienestar y los derechos humanos de las mujeres y las niñas de México.

Notas:

1. https://www.gob.mx/inafed/articulos/12-de-febrero-de-1947-se-reconoce-a -nivel-municipal-el-derecho-de-las-mujeres-a-votar-y-ser-votadas

2. https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4629783&fecha= 12/02/1947&cod_diario=199133

3. https://memoricamexico.gob.mx/es/memorica/
Temas?ctId=3&cId=NmJmZGMyN2ItZDdmOS00NWI4LWIyMGUtMzcxODQ0NDA0Nzg0&cd=false

4. http://www.snim.rami.gob.mx/

5. https://www.gob.mx/inafed/articulos/conmemoramos-que-hace-65-anos-se-reformo-la-constitucion
-para-reconocer-la-igualdad-de-derechos-para-las-mujeres

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024

Diputada Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica)

Inklusion
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