Iniciativas
Que reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, recibida del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2024
El que suscribe, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, con el carácter de diputado de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y adiciona las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, conforme con la siguiente
Exposición de Motivos
La corrupción es sin lugar a dudas el mayor lastre que aqueja a nuestro país. Por tal motivo se lleva a cabo de manera constante diversas acciones legislativas y ejecutivas, así como programas y políticas públicas en su contra con la finalidad de erradicarla. Actualmente es el principal enemigo para el desarrollo de nuestro país.
En este sentido, la Secretaría de la Función Pública menciona lo siguiente: “Es un fenómeno transversal en el Estado mexicano que trasciende militancias partidistas, proyectos ideológicos y órdenes de gobierno”.1
Este fenómeno representa la problemática de mayor envergadura desde décadas atrás, ello ha limitado el crecimiento exponencial de nuestro país en todos los ámbitos, respecto a otras naciones. El impacto negativo que ha generado la corrupción se ha encaminado al estancamiento en diversos aspectos como el cultural, social, especialmente económico; por ende, existe una preocupación inminente de la cual surge la necesidad de atenderlo desde los diversos campos de acción del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Es de tal magnitud la gravedad del fenómeno de la corrupción que su combate es uno de los principales ejes rectores de la administración pública federal, como se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que señala:
“Erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso. Con este propósito, el Poder Ejecutivo pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su trabajo”.2
Transparencia Internacional señala a la corrupción como: “el abuso del poder en beneficio propio”,3 según los datos de esta Organización, México ocupa el lugar 138 de 180 países analizados y tiene una puntación de 28 de 100, situación sin duda lamentable ya que en el último año no solamente no decreció, sino que fue en aumento. Ante esto, es necesario generar las acciones necesarias para erradicar la corrupción en todas las esferas públicas y lograr avances significativos que permitan el desarrollo del país.
Sin embargo, aún con el conocimiento de la gravedad de la corrupción en nuestro país, es complicado medir el impacto real en la sociedad y las consecuencias negativas económicas para el país, debido a que el análisis que se realiza para la medición de la corrupción consiste en estadísticas, encuestas y parámetros en las que se mide la percepción o experiencia de corrupción.
Para el combate a la corrupción se han realizado múltiples esfuerzos fallidos, en todos los niveles, por ello, en el año 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, para hacer frente a este fenómeno de la corrupción, en el cual se diseñan, ejecutan y evalúan políticas públicas, con la firme intención de que este sistema sea suficiente para erradicar la corrupción e impunidad que prolifera en México.
El Sistema Nacional Anticorrupción es el conjunto de normas concatenadas entre sí, e instituciones, con la finalidad de erradicar la corrupción bajo los siguientes elementos: prevención, investigación y sanción de faltas administrativas y delitos de corrupción en el ámbito penal.
Así pues, a través de una conjunción de esfuerzos y en aras de combatir este fenómeno que lacera a la sociedad y evita el desarrollo de esta nación, la Secretaría de la Función Pública señala lo que a continuación se describe:
“Es necesario avanzar con rapidez y eficacia hacia la prestación de servicios integrados al público que eviten tramites, ahorren tiempo y gastos, inhiban discrecionalidad y corrupción. Asimismo, se requiere fomentar la dignidad y profesionalización de la función pública y proveer al servidor público de los medios e instrumentos necesarios para aprovechar la capacidad productiva y creativa en el servicio a la sociedad”.4
Asimismo, es importante conocer la problemática y reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción. Una pieza fundamental en el desarrollo del combate a la corrupción es sin lugar a dudas, los servidores públicos. Durante décadas se ha tratado de erradicar este fenómeno, pero ha sido imposible debido a la normalización de la corrupción y su crecimiento exponencial, al grado de incrustarse en la vida cotidiana de la sociedad de manera cultural, es decir, prácticamente se ha institucionalizado, creando una relación estrecha entre sociedad y gobierno, siendo el servidor público la piedra angular de este fenómeno.
Es innegable que cuando existe un acto de corrupción es porque se presenta la participación de servidores o servidoras públicas, cuando estos deben ser quienes se rijan bajo principios fundamentales básicos de carácter ético y moral.
En dichos actos, las personas servidoras públicas, sabedoras de la endeble normatividad actual, actúan contrario a lo establecido en la legislación y llevan a cabo sus acciones bajo tres vertientes: la primera, que no existen consecuencias punitivas reales y significativas; la segunda, el poder que representan frente a la sociedad; tercera, la falta de capacidad y de procedimientos para actuar en consecuencia.
Asimismo, influye el desconocimiento de los principios básicos que deben seguir de manera obligatoria todas las personas servidoras públicas. Lo anterior, tiene como consecuencia que se actué contrario a la normatividad o se efectúen omisiones en perjuicio de la sociedad.
En esta tesitura las instituciones y organismos internacionales en la materia consideran que nuestro país tiene una calificación equivalente a cero en cuanto a integridad, ubicando a México en el último lugar de 31 países y apuntan lo siguiente:
“Los servidores y servidoras públicas del país cuentan con poca imparcialidad al realizar sus funciones y no tienen integrados valores éticos en el ámbito laboral, aunque su labor ofrece resultados relevantes. Lo que sugiere que hay una insuficiencia conductual importante dentro de la burocracia mexicana”.5
Con base en la información antes expuesta, podemos advertir que no es suficiente que los principios, conductas y acciones se encuentren establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,6 en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos7 y en los Códigos de Ética que emita la autoridad administrativa por medio de las Secretarías de Estado o los Órganos Internos de Control, por ello considero que se debe reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción, mediante la homogeneización de los principios, conductas y acciones que deben tener en cuenta las personas públicas, con la finalidad de establecer un parámetro mínimo de actuación que encuentre sustento al mismo tiempo en la Ley del General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Nuestro país señala una serie de principios que se deben aplicar en el servicio público, artículo 5o. de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción8 siendo estos: Legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.
Este mismo artículo, en su segundo párrafo, manifiesta la necesidad de crear y mantener las condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado, así como la actuación ética y responsable de los servidores públicos.
Sin embargo, esto no es suficiente y la implementación de estos principios rectores no ha podido evitar los hechos de corrupción, erradicar este fenómeno o la creación de una cultura de la legalidad.
Constantemente las personas servidoras públicas toman determinaciones contrarias a los principios básicos, por tal motivo, es necesario generar y plasmar los principios rectores básicos en todas las normas relacionadas con la actuación que deben llevar a cabo las personas servidoras públicas, para moldearlas y conducirlas por el camino de la legalidad y principios fundamentales, por ello se propone que se inscriban también en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, como un elemento más que permita, de manera institucional, combatir la corrupción.
Para fortalecimiento de lo anterior, señala Rodolfo Vázquez lo siguiente: “entonces todo este conjunto corresponde a los frenos institucionales contra la corrupción, que caracterizarían a un Estado democrático de derecho”.9
Por todo lo anterior, es de urgente necesidad no dejar ningún cabo suelto y precisar en todos los instrumentos normativos los principios básicos que deben seguir las personas servidoras públicas tanto federales, estatales y municipales, esto conlleva homologar una serie de principios fundamentales que la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya tiene previstos de manera amplia, y que se propone trasladarlos a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de manera tal que se logre reforzar la legislación, con base en principios éticos y reglas básicas de dirección.
Esto es, la propuesta pretende homologar los principios básicos fundamentales de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción con la Ley General de Responsabilidades Administrativas para homogeneizar los principios de esta Ley, trasladándolos a los demás instrumentos normativos, constituyendo principios de conducta, de valores y éticos que fortalezcan el Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta serie de principios estandarizados en las normativas en comento, tienen la finalidad de ser orientadores del límite y control de las actividades ilegales, cuya actuación contraria a los principios tendrá consecuencias disciplinarias.
Por todo ello, es que se pretende ubicar los principios básicos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, debido a la importancia que tiene este instrumento normativo respecto al combate y erradicación de la corrupción. Existe la imperiosa necesidad de establecer una serie de principios y conductas que deben seguir las servidoras y servidores públicos, con la finalidad de generar directrices fundamentales de actuación, para eliminar la normalización de la conducta, garantizando el estado de derecho.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo y adiciona las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.
Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, quienes, para la efectiva aplicación de dichos principios, deberán observar la actuación ética y responsable de cada servidor público, así como las siguientes conductas:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución;
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;
X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad;
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión;
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado; y
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presente decreto no modifica los Códigos de Ética emitidos por las secretarías de Estado u órganos internos de control correspondientes.
Notas
1 Secretaría de la Función Pública, Política Nacional Anticorrupción, consultado en:
http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/PNA-UVSNA-1 -1.pdf
2 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, consultado en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/ 2019
3 Transparency International, Corruption Perception Index 2018, consultado en:
https://www.transparency.org/cpi2018
4 Secretaría de la Función Pública, Política Nacional Anticorrupción, consultado en:
http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/PNA-UVSNA-1 -1.pdf
5 Ídem.
6 Ley General de Responsabilidades Administrativas, consultado en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419. pdf
7 Ley Federal de los Servidores Públicos, consultada en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lfrasp/LFRA SP_abro.pdf
8 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, consultada en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
9 Vázquez, Rodolfo, Corrupción Política y Responsabilidad de los Servidores Públicos, consultado en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2770 /10.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de julio de 2024.
Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción)
Que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, recibida del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2024
El que suscribe, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La evolución de la transparencia en la administración pública en México ha sido un proceso gradual que ha experimentado avances significativos en las últimas décadas.
Este proceso en favor de la transparencia y del combate a la corrupción ha sido difícil y complicado, las y los ciudadanos hemos buscado y luchado por la consolidación de un sistema legal y administrativo que permita el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones y en los servidores públicos.
La democracia y la lucha contra la corrupción han sido el motor para impulsar una cultura de ética e integridad tanto en el sector público como en el privado, estableciendo en la Ley mecanismos que permitan establecer códigos de conducta, sistemas de denuncia de actos de corrupción y políticas de prevención, con el fin de promover una cultura de integridad y lucha contra la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad.
Esta preocupación por combatir la corrupción no es sólo de México sino de todos los países. Diversas organizaciones internacionales, entre ellas la Organización de los Estados Americanos, han emitido lineamientos y normas en la materia.
México ha suscrito diversos acuerdos internacionales en materia de transparencia y combate a la corrupción, entre ellos, la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en 1996: “convencidos de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los bienes producto de estos actos”.1
Dicha convención prevé que los Estados miembros incluyan en sus legislaciones medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer, entre otros:
Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.
Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción.
Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
En consecuencia y como parte de este proceso histórico de lucha, México ha incluido en su legislación diversos mecanismos para el combate a la corrupción, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 6o., Base A:
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
En 2015 se realizaron diversas reformas a la Constitución. Entre ellas, se modificó el título cuarto, “De las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del estado”, incluido el artículo 108, que establece:
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
...
...
...
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.
Esto es, todas las personas que presten sus servicios para los entes públicos y obtengan una remuneración por ello, independientemente del cargo o nivel en que se desempeñen, son considerados como servidores públicos y tienen la obligación ineludible de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
La Constitución prevé también las sanciones a que se harán acreedores quienes omitan con el cumplimiento de dicha obligación, siendo así, el artículo 109, determina las sanciones para los servidores públicos que incurran en responsabilidades y señala en la fracción II: “Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones”.
A fin de establecer disposiciones más detalladas sobre las responsabilidades Constitucionales de los servidores públicos, así como de los procedimientos específicos a seguir en caso de faltas administrativas, se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2016,2 y que entró en vigor en julio de 2017.
En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establecen los mecanismos para prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas y actos de corrupción en el sector público y tiene por objeto “distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación”.
Así, en dicha ley se entiende por “servidores públicos” a “las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Dicha disposición es consecuente, además de lo dispuesto en la Constitución, con lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción, que define como “funcionario público”, “oficial gubernamental” o “servidor público” a cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.3
Siguiendo entonces lo dispuesto por la Constitución, esta ley establece también en el artículo 32, la obligación de dichos servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control. Aunado a la presentación de esta declaración, el artículo 46 de esta ley, establece la obligación de presentar la declaración de intereses para todos aquellos obligados a presentar la declaración patrimonial.
Como se ha mencionado y como se desprende del texto constitucional y legal, existe la obligación general de todos los servidores públicos en todos los niveles de gobierno de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, vistas estas como herramientas fundamentales para la transparencia y la rendición de cuentas.
Recapitulando entonces, la obligación de presentar la declaración patrimonial y la declaración de intereses aplica para todas las personas que desempeñan un empleo cargo o comisión4 dentro de Administración pública (ya sea en el orden municipal, o de alcaldía, estatal o federal).
Poder Legislativo (Cámara de Senadores o Cámaras de Diputados ya sea federal o local).
Poder Judicial (juzgados, salas y tribunales que pertenezcan al ámbito judicial federales y locales).
Organismos autónomos (instituciones que la ley les otorgue autonomía; por ejemplo, institutos electorales o comisiones de derechos humanos).
La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:5
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del: a) Ingreso en el servicio público por primera vez; b) Reingreso en el servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año; y
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I a III arriba mencionadas, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación.
La misma ley establece las sanciones que deberán imponerse en caso del incumplimiento de esta obligación:6
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este artículo, en caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al declarante, las secretarías o los órganos internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público.
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.
Según la normativa7 en la materia, hay dos tipos de declaración patrimonial, la simplificada y la integral, y se establece de manera precisa quienes son las personas servidoras públicas que, conforme a su nivel, deberán presentar la declaración patrimonial y de intereses:
Presentarán declaración patrimonial y de intereses en su totalidad, aquellas personas servidoras públicas que tengan nivel igual a jefe de departamento u homólogo y hasta el nivel máximo en cada ente público y sus homólogos en las entidades federativas, municipios y alcaldías. Decimosegunda.
Aquellas personas servidoras públicas que tengan nivel menor a jefe de departamento u homólogo en los entes públicos y sus homólogos en las entidades federativas, presentarán declaración patrimonial y de intereses, reportando los siguientes rubros:
1. Datos generales.
2. Domicilio del declarante.
3. Datos curriculares.
4. Datos del empleo, cargo o comisión.
5. Experiencia laboral.
6. Ingresos netos del declarante.
7. ¿Te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior? (Sólo en la declaración de inicio y conclusión).
De acuerdo con la ley,8 las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En el caso de municipios que no cuenten con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los órganos internos de control y las secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses.
En el caso de las personas servidoras públicas federales la declaración de situación patrimonial y de intereses se presenta a través del sistema DeclaraNet, que administra la Secretaría de la Función Pública.
Respecto de este sistema, Ernesto Villanueva ha expresado que “uno de los mayores y mejores instrumentos de prevención en la lucha contra la corrupción es el sistema de declaraciones de patrimonio, el cual está orientado al control de las variaciones patrimoniales de los funcionarios públicos, así como a la identificación de potenciales conflictos de interés”.9
Si bien se han logrado importantes progresos, es necesario continuar fortaleciendo las instituciones y promoviendo una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
Presentar la declaración patrimonial en México es un proceso que conlleva una serie de complejidades y desafíos. La declaración patrimonial es un requisito legal que busca transparentar y regular la situación financiera de las personas servidoras públicas, así como prevenir y detectar posibles casos de corrupción o enriquecimiento ilícito.
Una de las principales complejidades de presentar la declaración patrimonial en México radica en la extensa cantidad de información que se debe proporcionar. Los funcionarios públicos están obligados a detallar minuciosamente todos sus bienes, ingresos, deudas y otros activos financieros. Esto implica recopilar documentación relevante, como escrituras, estados de cuenta, comprobantes de ingresos y otros documentos legales, lo cual puede resultar un proceso tedioso y engorroso.
Además, la declaración patrimonial debe ser presentada de manera precisa y completa, sin omitir ningún dato relevante. Cualquier error o falta de información puede generar sanciones legales y poner en entredicho la integridad de la persona servidora pública. Esta responsabilidad añade presión y dificultad al proceso de presentación, ya que se requiere una exhaustiva revisión y verificación de todos los datos antes de su envío.
Si bien, lo más deseable sería que todas las personas servidoras públicas estén actualizadas y familiarizadas con los formatos de la declaración de situación patrimonial y de intereses, así como con los requisitos legales específicos para evitar errores involuntarios que puedan resultar en sanciones, lo cierto es que en todos los entes públicos existen personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, quienes ya sea por discapacidad física o mental, por falta de acceso a equipos de cómputo o debido al desconocimientos en la utilización de estos o en el llenado de los formatos, se ven impedidas para presentar estas declaraciones por sí mismas.
Estas vulnerabilidades afectan a dichas personas servidoras públicas en el cumplimiento de la obligación que les impone la Constitución y la ley en materia de transparencia y combate a la corrupción, teniendo como consecuencia que, al encontrarse en una situación de imposibilidad, incurran en faltas administrativas y puedan ser objeto de las sanciones que la misma ley determina, siendo víctimas de discriminación y viendo violentados sus derechos humanos.
El artículo 1o. de la Carta Magna determina: “Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece” y fija como obligación para todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
De la misma forma, la Carta Magna prohíbe de manera enfática “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias”.
En relación con estas disposiciones constitucionales, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación define discriminación 10 como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.
Ante esto, dicha ley establece11 como obligación para el Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Así, los poderes públicos federales deberán eliminar todos aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán, garantizarán e impulsarán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de las personas particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
Para cumplir esta obligación, cada uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de que el Estado sea parte.12
Aunado a lo anterior, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) define discapacidad 13 como “la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. Esta discapacidad puede ser física, mental, intelectual o sensorial:
Discapacidad física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
Discapacidad mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
Discapacidad sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
En adición a la definición de discriminación señalada en la Ley Federal para prevenir la Discriminación, la LGIPD señala que hay discriminación por motivos de discapacidad, entendida esta como “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.14
En referencia a lo anterior, la misma ley dispone15 de medidas contra la discriminación para prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable. En el caso de las acciones afirmativas positivas, estas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.
En consecuencia, establece como obligación de la administración pública de conformidad con su ámbito de competencia, impulsar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las mujeres, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad.16
Por ello, esta iniciativa tiene como objeto facilitar el proceso de presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de Intereses para aquellas personas servidoras públicas que, por razones de discapacidad, falta de conocimientos en la materia o por incapacidad para acceder a un equipo de cómputo.
Se propone que los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno, a través de sus respectivos órganos internos de control, de manera permanente y particularmente, durante el mes de mayo de cada año destine los recursos humanos y el equipo informático necesario para apoyar a las personas servidoras públicas que, por su condición de vulnerabilidad así lo requieran, en la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
Es necesario mencionar que la normativa establece la obligación para las secretarías, así como para los órganos internos de control de los entes públicos, según corresponda, de establecer mecanismos de difusión, capacitación, asesoría y apoyo para que los servidores públicos conozcan las reglas para la presentación de las declaraciones.17
Además, la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el caso de requerirse apoyo o asesoría para llenar la declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses, tiene a disposición dos direcciones de correo electrónico y teléfonos de apoyo, así como los siguientes medios de contacto: en la Ciudad de México, las oficinas que ocupa la misma SPF; en los estados de la República, los diferentes órganos internos de control en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en las unidades de responsabilidades en las empresas productivas del Estado y en el extranjero, las representaciones diplomáticas y consulares del servicio exterior mexicano.18
No obstante, estos mecanismos no son suficientes para solucionar la problemática a que se enfrentan aquellas personas servidoras públicas que presentan alguna vulnerabilidad por razones de discapacidad o de accesibilidad que les imposibilita a cumplir con la obligación de presentar sus respectivas Declaraciones, puesto que dichos mecanismos implican los mismos problemas, e inclusive incrementan los esfuerzos que deben realizar.
Indudablemente, la presentación de la declaración patrimonial es fundamental para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, a través de este mecanismo se busca garantizar que los funcionarios públicos cumplan con su deber de servir al interés público de manera honesta y responsable, evitando el enriquecimiento ilícito y la corrupción; sin lugar a dudas, la implementación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción y la promoción de la transparencia son fundamentales para cumplir estos compromisos y fortalecer la reputación internacional del país.
La lucha contra la corrupción es uno de los desafíos más significativos y complejos en México y requiere de una combinación de medidas y esfuerzos que contribuyan a la rendición de cuentas, ante ello, nuestro deber como legisladores es fortalecer los procesos en favor del combate a la corrupción; para ello, es necesario garantizar el goce y ejercicio de los derechos de todas las personas, en este caso de quienes trabajan en los entes públicos y se encuentran en una situación de vulnerabilidad, a través de la integración en la ley de los mecanismos y apoyos necesarios que les permitan cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La eliminación de la discriminación en la búsqueda de la protección de los derechos humanos es un objetivo fundamental para promover la igualdad y la justicia en cualquier sociedad. Es esencial contar con leyes y políticas sólidas que prohíban la discriminación en todas sus formas, en el caso de la presente iniciativa, ya sea por discapacidad, accesibilidad, u otras características protegidas. La ley debe garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos humanos para todas las personas, sin excepción.
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Único. Se adiciona un párrafo noveno al artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:
Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
I. a III. ...
...
...
...
...
...
...
...
Los entes públicos a través de sus respectivos órganos internos de control, de manera permanente y particularmente, durante el mes de mayo de cada año, destinarán los recursos humanos y el equipo informático necesario para apoyar a las personas servidoras públicas que, por su condición de vulnerabilidad así lo requieran, en la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los recursos humanos y el equipo informático necesario para la implementación de esta reforma se destinarán de los ya existentes en los respectivos órganos internos de control de cada ente público y conforme presupuesto que les haya sido asignado para el ejercicio fiscal de 2023.
Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de 180 días a partir de la entrada en vigor de éste.
Notas
1 Convención Interamericana Contra la Corrupción. Organización de los Estados Americanos, página 1. Disponible en http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamerica nos_b-58_contra_corrupcion.pdf
2 Decreto por el que se expiden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Diario Oficial de la Federación. Publicado el 18 de julio de 2016. Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445048&fecha=18/07/2016 #gsc.tab=0
3. Ibídem 1, página 2.
4. Guía Práctica de Usuario para la Utilización del Sistema DeclaraNet. Secretaría de la Función Pública. Disponible en https://declaranet.gob.mx/assets/docs/GUIA_PRACTICA_USUARIO_DeclaraNet. pdf
5. Artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
6 Artículo 33, párrafos 5 y 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
7 Normas e instructivo de llenado y presentación del formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Disponible en https://declaranet.gob.mx/assets/docs/NORMAS_INSTRUCTIVO_LLENADO_DECLAR ACIONES.pdf
8 Artículo 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
9 Villanueva, Ernesto. Función pública, declaración patrimonial y transparencia, 2012, página 440.
10 Artículo 1, fracción III, de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación define discriminación .
11 Artículo 2 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación define discriminación.
12 Artículo 3 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación define discriminación.
13 Artículo 2o. fracciones IX a XIII, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
14 Artículo 2o., fracción XIV, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
15 Artículo 4, párrafos segundo y tercero, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
16 Artículo 4, párrafo cuarto, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
17 Disposición decimotercera de las Normas e instructivo para el llenado y presentación del formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Disponible en https://declaranet.gob.mx/assets/docs/NORMAS_INSTRUCTIVO_LLENADO_DECLAR ACIONES.pdf
18 Secretaría de la Función Pública. Disponible en https://declaranet.gob.mx/modulos-de-atencion/index.html
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de julio de 2024.
Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción)
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, recibida del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2024
El que suscribe, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV del artículo 4; se modifica la XIV y se adicionan la XVII y XVIII del artículo 11; se adiciona la fracción XV y se modifica el quinto párrafo del artículo 68; y se adiciona la fracción XVIII, con lo que se recorre la fracción XXIX, del artículo 69 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, conforme con la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los elementos más importantes en la ciencia, la tecnología y la innovación, es el apego a la ética y a los derechos humanos. Desde que la Revolución Industrial demostró en el siglo XIX cuánto puede cambiar el mundo por motivo del avance científico y tecnológico, dichas disciplinas se han enfrentado a una serie de cuestionamientos difíciles, que no siempre se han resuelto de la forma más favorable.
La ciencia, la tecnología y la innovación son en principio tan sólo herramientas ética y moralmente neutras; así como es posible usar un martillo para para construir una casa, o ayudar en el noble oficio de la carpintería, también es posible usarlo para lesionar gravemente o terminar con la vida de una persona; en ambos casos se considera que no fue el martillo, sino la persona quien construyó la casa o causó daño a alguien, ya que el martillo es sólo un objeto inerte e incapaz de actuar de forma autónoma.
Sin embargo, ocasionalmente aparecen avances científicos y tecnológicos que presentan un potencial real para afectar negativamente la vida de muchísimas personas; y dado el avance acelerado que han presentado la ciencia, la tecnología y la innovación, los grandes avances científicos y tecnológicos con usos potencialmente peligrosos seguirán apareciendo, y es nuestro deber como legisladores el estar al tanto de dichos avances y ser conscientes de sus aplicaciones tanto positivas como negativas, además de establecer normativas para poder aprovechar sus beneficios y limitar los perjuicios que dichos avances puedan ocasionar a las personas, ya sea individual o colectivamente.
Un ejemplo bien conocido y que al día de hoy ya ha sido legislado en muchos países, es el genoma humano.1 Cuando éste fue descifrado, en 2003, rápidamente quedó claro que su entendimiento podría abrir puertas para prácticas contrarias a la libertad y a los derechos humanos, tales como identificar de forma única e inconfundible a una persona o a un grupo a través de sus datos genéticos para así tratarlos de forma injusta, negar el derecho a formar una familia a quienes tengan alguna información genética específica en su ADN, o recolectar esa información tan personal sin el consentimiento de su portador. Ante ello, el 16 de octubre de 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura adoptó la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos,2 a fin de impedir a través del derecho internacional la realización de dichos actos.
Sin embargo, pese a que en ese caso la reacción ante los posibles abusos fue rápida y unida, no ha ocurrido así en otros temas, tales como el manejo de datos personales, o más recientemente, en los avances de una tecnología que ha cobrado mucha fuerza gracias a los avances en poder de procesamiento y manejo de datos, la inteligencia artificial (IA).
A la fecha, el mundo ha reconocido y llegado a una opinión unánime respecto a que la IA debe tener como base la ciencia, la tecnología y la innovación, que debe estar apegada a una base ética sólida y al respeto de los derechos humanos, que debe ser usada para mejorar la vida y el trabajo y no empeorarlos, y que debe estar siempre a nuestras órdenes y no nosotros a las órdenes de una máquina. Sin embargo, tampoco se ha logrado llegar a un acuerdo en materias específicas tales como la regulación de la IA, o cómo manejar la responsabilidad civil en esas tecnologías.
En el comunicado de la Comisión Europea “Inteligencia artificial para Europa”3 se define la IA como “sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, [...] capaces de analizar su entorno y pasar a la acción –con cierto grado de autonomía– con el fin de alcanzar objetivos específicos”; es decir, sistemas que, de forma similar a la mente humana, son capaces de tomar decisiones de forma automática y fundamentada, y ejecutar acciones en consecuencia. La inteligencia artificial puede ir desde herramientas sencillas como un simple programa que presente un mensaje como importante, urgente o no importante basado en algunas variables sencillas, hasta herramientas avanzadas tales como la visión por computadora,4 mediante la cual una computadora es capaz de detectar figuras en una fotografía e identificar qué son; en general, se ha dado este nombre a programas, herramientas y sistemas informáticos capaces de llevar a cabo tareas que normalmente sólo una persona podría realizar, tales como detección de correo no deseado o procesamiento de lenguaje humano. En todo momento debemos recordar que la IA, por el simple hecho de estar basada en máquinas inertes incapaces de actuar por sí mismas, no es más que una herramienta; cualquier “decisión” que tome una IA la hará única y exclusivamente porque su código subyacente así lo especifica, y contrario a como se ha descrito en muchas obras de ciencia ficción, la IA es inherentemente incapaz de actuar en contra de su programación.
A pesar de que la IA existe prácticamente desde los inicios de la informática, su gran auge se comenzó a registrar durante la década de 2010-2020, gracias a los avances en poder de procesamiento, capacidad para recopilar y almacenar datos, y gracias también al crecimiento de grandes empresas de base tecnológica capaces de disponer de suficiente dinero, capital humano y datos con los cuales desarrollar inteligencia artificial con fines lucrativos y capaz de brindar servicios que nunca antes se habían considerado posibles o prácticos.
Gracias a la inteligencia artificial gozamos de herramientas útiles en la vida diaria tales como resultados de búsqueda altamente precisos que toman en cuenta el contexto social y los hechos recientes, contenido relevante a nuestros intereses en nuestras redes sociales, sugerencias automáticas de lugares o actividades basadas en nuestro historial de posición geográfica, o fotografías tomadas con celulares con una calidad de imagen comparable con la de una cámara profesional. La IA es incluso capaz de salvar vidas: en Austria se usa para detectar tumores en radiografías con mayor precisión,5 en Estados Unidos de América los automóviles con piloto automático de emergencia ya han prevenido numerosos accidentes viales, y en Dinamarca las llamadas de emergencia al número 112 están conectadas a computadoras capaces de reconocer señales de infarto cardíaco o accidente cerebrovascular en la voz de quienes llaman.
Sin embargo, así como es posible construir una casa o causar daños con un martillo, la IA ha sido ya usada para atentar contra la libertad y los derechos humanos en el mundo. Como ejemplo de ello, tenemos una multitud de formas en las que la IA está siendo actualmente usada en varios países, organizaciones y empresas para detectar automáticamente a personas con opiniones o creencias específicas, con el fin de reportarlas ante las autoridades, negarles servicios por motivo de sus opiniones, o en general tratarlos de forma injusta.
Ante la posibilidad de que ese escenario distópico se expanda a través del mundo, queda claro que la IA es una herramienta muy poderosa que puede mejorar nuestra vida de formas nunca antes imaginadas, pero que también puede menoscabar nuestra libertad y nuestros derechos humanos de formas prácticamente imposibles de enfrentar; y es por esa razón que en otros países ya se han emprendido esfuerzos para establecer leyes y reglamentos respecto al uso de la IA, con el fin de garantizar que la personas que la ponen en servicio lo hagan para salvar vidas, incrementar nuestra productividad y mejorar nuestra calidad de vida, a la vez que en ningún momento pueda ser puesta al servicio de quienes pretendan menoscabar la libertad y los derechos humanos de las personas.
Entre los esfuerzos realizados para establecer un marco normativo de la inteligencia artificial que garantice el respeto a la ética, los derechos humanos y al interés público, destaca los realizados por la Unión Europea (UE), según la cual “el enfoque de la UE respecto a la inteligencia artificial se centra en la excelencia y la confianza, con el objetivo de impulsar la investigación y la capacidad industrial, garantizando al mismo tiempo la seguridad y los derechos fundamentales”.6
De acuerdo con la Comisión Europea, la forma en que nos acercamos a la IA definirá el mundo en el que vivimos en el futuro. Para ayudar a construir una Europa resiliente para la década digital, las personas y las empresas deben poder disfrutar de los beneficios de la IA sintiéndose seguras y protegidas. La Estrategia Europea de IA tiene por objeto convertir a la UE en un centro de excelencia mundial para la IA y garantizar que la IA esté centrada en el ser humano y sea fiable. Este objetivo se traduce en el enfoque europeo de la excelencia y la confianza a través de normas y acciones concretas.7
Así, en la búsqueda de los medios legales que permitan enfrentar aquellas situaciones de riesgo que pudieran surgir a partir del uso y aplicación de la Inteligencia Artificial, la Unión Europea aprobó, en diciembre de 2023, una ley en la materia, misma que deberá ser ratificada en los primeros meses de 2024 y que entrará en vigor a partir de 2026, “salvo algunas disposiciones específicas: las prohibiciones ya se aplicarán después de 6 meses, mientras que las normas sobre IA de uso general se aplicarán después de 12 meses”.8
Respecto a este reglamento, explica la Comisión Europea que “las nuevas normas se aplicarán directamente de la misma manera en todos los Estados miembros, sobre la base de una definición de IA preparada para el futuro”. Siguen un enfoque basado en el riesgo:9
Riesgo mínimo: la gran mayoría de los sistemas de IA entran en la categoría de riesgo mínimo. Las aplicaciones de riesgo mínimo, como los sistemas de recomendación basados en IA o los filtros de spam, se beneficiarán de un pase libre y de la ausencia de obligaciones, ya que estos sistemas presentan un riesgo mínimo o nulo para los derechos o la seguridad de los ciudadanos. No obstante, de forma voluntaria, las empresas pueden comprometerse a adoptar códigos de conducta adicionales para estos sistemas de IA.
Alto riesgo: los sistemas de IA identificados como de alto riesgo deberán cumplir con requisitos estrictos, incluidos sistemas de mitigación de riesgos, alta calidad de conjuntos de datos, registro de actividad, documentación detallada, información clara del usuario, supervisión humana y un alto nivel. de robustez, precisión y ciberseguridad. Los entornos de pruebas regulatorios facilitarán la innovación responsable y el desarrollo de sistemas de IA compatibles.
Riesgo inaceptable: Se prohibirán los sistemas de IA que se consideren una clara amenaza a los derechos fundamentales de las personas. Esto incluye sistemas o aplicaciones de inteligencia artificial que manipulan el comportamiento humano para eludir el libre albedrío de los usuarios, como juguetes que utilizan asistencia de voz para fomentar comportamientos peligrosos de menores o sistemas que permiten la “puntuación social” por parte de gobiernos o empresas, y ciertas aplicaciones de vigilancia policial predictiva. Además, se prohibirán algunos usos de los sistemas biométricos, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de emociones utilizados en el lugar de trabajo y algunos sistemas para categorizar personas o identificación biométrica remota en tiempo real con fines policiales en espacios de acceso público (con excepciones limitadas).
Riesgo de transparencia específico: al emplear sistemas de inteligencia artificial como los chatbots, los usuarios deben ser conscientes de que están interactuando con una máquina. Los deepfakes y otros contenidos generados por IA deberán etiquetarse como tales, y los usuarios deberán ser informados cuando se utilicen sistemas de categorización biométrica o reconocimiento de emociones. Además, los proveedores tendrán que diseñar sistemas de manera que el contenido sintético de audio, vídeo, texto e imágenes esté marcado en un formato legible por máquina y detectable como generado o manipulado artificialmente.
Como podemos observar y debido a que el tema de inteligencia artificial es un tema muy reciente, hoy en día es escasa la normativa en el resto del mundo respecto al uso ético y responsable de la inteligencia artificial. De igual forma, nuestro país no es la excepción: si bien ya hubo una estrategia de inteligencia artificial10 y unos comentarios respecto al desarrollo y uso de sistemas basados en IA en la administración pública federal,11 estos esfuerzos estuvieron limitados al sexenio anterior; y si bien ya tenemos dos leyes generales en materia de protección de datos personales, actualmente no contamos con lineamientos relativos al uso ético de la ciencia y tecnología, que son necesarios para que pueda prosperar cualquier ley respecto al uso ético de la IA. Por tanto, para que sea posible tener leyes concretas que regulen el uso de la IA, es necesario comenzar por garantizar que la ciencia y la tecnología se usen de forma ética y con estricto apego a los derechos humanos.
Esta iniciativa se presentó por vez primera en la LXIV Legislatura, exactamente el 7 de enero de 2021. La aprobó el pleno de la Cámara de Diputados el miércoles 15 de diciembre de 2021.
El dictamen de mérito reformó las fracciones VII y VIII y adicionó una fracción IX del artículo 2; reformó las fracciones VIII y IX y adicionó una fracción X al artículo 5, además de reformarse las fracciones X y XI y adicionarse una fracción XII al artículo 6 de la entonces vigente Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar de la siguiente manera;
Artículo 2.
Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes:
I. a VI. [...]
VIII. Propiciar el desarrollo regional mediante el establecimiento de redes o alianzas para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;
VIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y
IX. Promover el desarrollo de un marco de ética y derechos humanos que rija la política nacional de ciencia, tecnología e innovación.
Artículo 5.
Se crea el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, como órgano de política y coordinación que tendrá las facultades que establece esta ley. Serán miembros permanentes del Consejo General
I. a VII. [...]
VIII. Un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación;
IX. El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; y
X. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. [...]
[...]
[...]
[...]
Artículo 6.
El Consejo General tendrá las siguientes facultades:
I. a X. [...]
X. Definir y aprobar los lineamientos generales del parque científico y tecnológico, espacio físico en que se aglutinará la infraestructura y equipamiento científico del más alto nivel, así como el conjunto de los proyectos prioritarios de la ciencia y la tecnología mexicanas;
XI. Realizar el seguimiento y conocer la evaluación general del programa especial, del programa y del presupuesto anual destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación y de los demás instrumentos de apoyo a estas actividades; y
XII. Establecer lineamientos nacionales en materia de ética y derechos humanos, respecto a la ciencia, la tecnología y la innovación.
No obstante la aprobación del dictamen por el pleno de la Cámara de Diputados, éste no pudo seguir su procedimiento parlamentario en el Senado de la República, ya que la Ley de Ciencia y Tecnología fue abrogada mediante la aprobación de la actual de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023.13
Por lo tanto, se presenta nuevamente esta Iniciativa con las propuestas de modificación y adición ya aprobadas, así como con la propuesta ya también presentada para definir el concepto de “inteligencia artificial”. Se usará la definición del comunicado de la Comisión Europea “Inteligencia artificial para Europa”.14
Se presenta también la propuesta para que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional sea integrada también por la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que en la Ley vigente se contempla la posibilidad de que un representante de esta Institución pueda ser invitado para que participe con voz, pero sin voto. Asimismo, se propone la integración a este órgano de gobierno, de un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación y del secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
En virtud de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación
Único. Se adiciona la fracción XV del artículo 4; se modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XVII y XVIII del artículo 11; se adiciona la fracción XV y se modifica el quinto párrafo del artículo 68; y se adiciona la fracción XVIII, con lo que se recorre la fracción XXIX, del artículo 69 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para quedar como sigue:
Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por
I. a XV. ...
XV Bis. Inteligencia artificial, cualquier sistema que manifieste un comportamiento inteligente, por ser capaz de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos.
XVI. a XXVII. ...
Artículo 11. Son bases a partir de las cuales se formularán, ejecutarán y evaluarán las políticas públicas, las siguientes:
I. a XIII. ...
XIV. La descentralización de las actividades del sector, a través de la colaboración, cooperación y articulación entre los órdenes de gobierno, y del establecimiento de redes o alianzas para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la Innovación; con la finalidad de coadyuvar a la consolidación de las capacidades locales en la materia, así como al desarrollo regional del país;
XVII. a XXVI. ...
XXVII. Promover el desarrollo de un marco de ética y derechos humanos que rija la política nacional de ciencia, tecnología e innovación.
XVIII. Promover el uso de la inteligencia artificial para resolver problemas nacionales fundamentales, contribuir al desarrollo del país, y elevar el bienestar de la población en todos los aspectos, con un estricto apego y respecto a los derechos humanos.
Artículo 68. La Junta de Gobierno estará integrada por la persona titular de la Dirección General, quien la presidirá, y por representantes de las siguientes dependencias y entidades de la administración pública federal:
I. a XIV. ...
XV. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
...
...
...
A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz, pero sin voto, a las personas servidoras públicas, académicas, humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras y, en general, a cualquiera que, por sus conocimientos y experiencia, se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno.
Artículo 69. La Junta de Gobierno, además de las atribuciones que le confieran otros ordenamientos, será competente para
I. a XIV. ...
XV. Aprobar, en su caso, los acuerdos que sean sometidos a su consideración por la persona titular de la Dirección General, en el ejercicio de sus facultades, así como tomar conocimiento de los asuntos que se estimen de relevancia institucional;
XVIII. Establecer lineamientos nacionales en materia de ética respecto a la ciencia, la tecnología y la innovación; y
XIX. Las demás que le resulten aplicables.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Disponible en https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/universal-d eclaration-human-genome-and-human-rights
2 Ibídem 1.
3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Inteligencia artificial para Europa. EUR-Lex. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0237
4 T. S. Huang. (19 de noviembre de 1996). Computer vision: evolution and promise, 1996 CERN School of Computing, CERN-96-08, 21. Disponible en http://cds.cern.ch/record/300250
5 Ibídem 4.
6. Comisión Europea. Con?gurar el futuro digital de Europa. Disponible en https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/european-approach-arA ?cial-intelligence
7 Ibídem.
8. Comisión Europea. La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre la Ley de Inteligencia Arti?cial. Disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6473
9 Ibídem.
10 Gobierno de México. Estrategia de Inteligencia Arti?cial Mx 2018. Disponible en https://perma.cc/USA6-C4P2
11 Gobierno de México. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/a<achment/?le/415644/Consolidado_Come ntarios_Consulta_IA_1_.pdf
12 Disponible en https://www.loc.gov/law/help/arti?cial-intelligence/americas.php#_ftn63
13 Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmhcA/LGMHCTI_orig_08may2 3.pdf
14 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Inteligencia artificial para Europa. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0237
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de julio de 2024.
Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Actas
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, correspondiente a la decimoctava reunión ordinaria, llevada a cabo el martes 23 de julio de 2024
A las 10:26 (diez horas con veintiséis minutos), del martes 23 (veintitrés) de julio de 2024 (dos mil veinticuatro), la presidenta de la comisión, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (PRD), solicitó a la secretaria Diana María Teresa Lara Carreón (PAN), se sirviera brindar el dato del registro de asistencia para esta reunión.
La secretaria Diana María Teresa Lara Carreón (PAN) informó que, de acuerdo al registro, había constancia de la presencia de 21 (veintiún) legisladoras y legisladores, por lo que había quórum.
La presidenta de la comisión, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (PRD), agradeció y anunció que el sistema electrónico de asistencia y votación iba a permanecer abierto para que quienes aún no se registraban, puedieran hacerlo en el transcurso de la reunión.
La presidenta, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (PRD) , solicitó se diera lectura al orden del día propuesto para esta reunión.
La secretaria Diana María Teresa Lara Carreón (PAN), señaló que el orden del día para esta reunión era: Uno . Lista de asistencia y declaración del quórum; Dos. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día; Tres. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del quinto informe semestral de actividades de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Cuatro. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe final de actividades de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXV Legislatura. Cinco. Asuntos generales. Seis. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de las reuniones decimoséptima (correspondiente al veintiséis de octubre de 2023) y la decimoctava que correspondería a esta reunión. Siete . Clausura.
La secretaria Diana María Teresa Lara Carreón (PAN), señaló que está a discusión el orden del día. Al no haber oradores, se consideró suficientemente discutido y lo sometió a votación.
Se abrió el sistema telemático durante 3 minutos para recabar la votación y se indicó que los diputados que no puedieran hacerlo por ese medio, podrían manifestar su voto de viva voz.
Aprobado por 22 (veintidos) votos a favor, 0 (cero) en contra y 0 (cero) abstenciones.
La presidente, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (PRD) , lo declaró aprobado e indicó que se comunique a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e instruye su envío para su publicación e insta a continuar con el siguiente punto.
En el tercer punto del orden del día aprobado, la secretaria Diana María Teresa Lara Carreón (PAN) , por instrucciones de la presidencia, inquiere en votación económica si se dispensó la lectura del quinto informe semestral de actividades de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, habida cuenta que su contenido era de dominio de los presentes.
Aprobado.
La secretaria Diana María Teresa Lara Carreón (PAN) , por instrucciones de la presidencia, indicó que se abría la ronda de intervenciones. Al no haber más oradores, se consideró suficientemente discutido y se sometió a votación.
Se abrió el sistema electrónico durante 3 minutos para recabar la votación y se indicó que los diputados que no puedieran hacerlo por ese medio, podrían manifestarlo de viva voz.
Fue aprobada por 26 (veintiséis) votos a favor, 0 (cero) en contra y 0 (cero) abstenciones.
La presidenta, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (PRD) , lo declara aprobado e indica que se comunique a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e instruye su envío para su publicación e insta a continuar con el siguiente punto.
En el cuarto punto del orden del día aprobado, la secretaria Diana María Teresa Lara Carreón (PAN) , por indicación de la presidencia, inquirió en votación económica si se dispensaba la lectura del informe final de actividades de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dado que se ha divulgado con antelación.
Aprobado.
La secretaria Diana María Teresa Lara Carreón (PAN), por instrucciones de la presidencia, indicó que se abría la ronda de intervenciones. Al no haber más oradores, se consideró suficientemente discutido y se sometió a votación.
Se abrió el sistema durante 3 minutos para recabar la votación, con la admonición de que quienes no puedieran realizarlo por ese medio, podrían manifestar su voto de viva voz.
Aprobado por 28 (veintiocho) votos a favor, 0 (cero) en contra y 0 (cero) abstenciones.
La presidenta, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (PRD) , lo declaró aprobado e indicó que se comunique a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e instruyó su envío para su publicación e instó a continuar con el orden del día.
En el punto cinco, asuntos generales, intervienen Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (PRD) presidenta; Ciria Yamilé Salomón Durán (PVEM) secretaria; Celestina Castillo Secundino (Morena), secretaria; Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (PVEM); Cecilia Márquez Alkadef Cortes, (Morena), Ortega Fonseca, Pedro David, secretario (Morena); Mónica Herrera Villavicencio (Morena), secretaria; Norma Angélica Aceves García, secretaria (PRI); Catalina Díaz Vilchis (Morena); Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM); Diana María Teresa Lara Carreón, secretaria (PAN) y Carlos Madrazo Limón, secretario (PAN) .
En el sexto punto del orden del día aprobado, correspondiente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas derivadas de reuniones anteriores. La secretaria Diana María Teresa Lara Carreón (PAN) , por instrucciones de la presidente, comentó que se trataba de la aprobación de dos actas: la atinente a la decimoséptima reunión ordinaria de la comisión y la correspondiente a esta reunión. Por cuanto a la primera, consultó en votación económica si se dispensaba la lectura.
Aprobado.
La secretaria Diana María Teresa Lara Carreón (PAN) indicó que por cuanto hacía a la segunda acta, se trataba de la que reseñaría esta reunión, por lo que –de aprobarse–, se daría un voto de confianza a la Mesa Directiva de la comisión para su elaboración, en el entendido que se divulgará a todos los integrantes de su contenido para la anuencia. Abrió la ronda de intervenciones. Al no haber oradores, se considera suficientemente discutido y se sometieron a consideración ambos proyectos de acta.
Se abrió el sistema durante 3 minutos para recabar la votación, con la advertencia que quienes no puedieran votar por ese medio, podrían manifestar su voto de viva voz.
Aprobadas por 28 (veintiocho) votos a favor, 0 (cero) en contra y 0 (cero) abstenciones.
La presidenta, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, (PRD) declaró aprobadas ambas actas e instruyó que, una vez que estén redactadas, se hiciera la comunicación a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se procediese a su publicación.
Al no haber oradores y toda vez que tampoco había más asuntos que abordar, la presidenta Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (PRD) , dio por clausurados los trabajos de la reunión, a las 11:37 (once treinta y siete horas) del día de su inicio.
La diputada Catalina Díaz Vilchis (Morena) , por instrucciones de la presidencia, anunció que el sistema telemático quedaba activado para que se registrase la asistencia final o de salida y que quien tuviera problemas para hacerlo, podría anunciarlo de viva voz.
Se dio cuenta del registro de: Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (PRD), presidenta; Norma Angélica Aceves García (PRI), María Ascención Álvarez Solís (Movimiento Ciudadano), Luz Adriana Candelario Figueroa (Morena), Celestina Castillo Secundino (Morena), María Clemente García Moreno (Morena), Mónica Herrera Villavicencio (Morena), Diana María Teresa Lara Carreón (PAN), Mariela López Sosa (PAN), Carlos Madrazo Limón (PAN), Pedro David Ortega Fonseca (Morena), María de Jesús Páez Güereca (PT), Ciria Yamilé Salomón Durán (PVEM), secretarios; Rosa María Alvarado Murguía (Morena), Ana Teresa Aranda Orozco (PAN), Martha Barajas García (Morena), Mónica Becerra Moreno (PAN), Laura Patricia Contreras Duarte (PAN), Carolina Dávila Ramírez (PRI), Catalina Díaz Vilchis (Morena), Berenice Juárez Navarrete (PAN), Cecilia Márquez Alkadef Cortes (Morena), Elvia Yolanda Martínez Cosío (Movimiento Ciudadano), Lorena Méndez Denis (Morena), Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (PVEM), Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM), Martha Robles Ortiz (Morena), Nohemí Salazar López (Morena), María José Sánchez Escobedo (PRI) y Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI).
Firmas del acta de la reunión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables:
A favor: Ana Teresa Aranda Orozco, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Berenice Juárez Navarrete, Brenda Ramiro Alejo, Carlos Madrazo Limón, Carolina Dávila Ramírez, Catalina Díaz Vilchis, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Celestina Castillo Secundino, Ciria Yamile Salomón Durán, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Diana María Teresa Lara Carreón, Janine Patricia Quijano Tapia, Lorena Méndez Denis, Luz Adriana Candelario Figueroa, María Asención Álvarez Solís, María Clemente García Moreno, María de Jesús Páez Güereca, Mariela López Sosa, Martha Barajas García, Martha Robles Ortiz, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Mónica Becerra Moreno, Mónica Herrera Villavicencio, Noemí Salazar López, Norma Angélica Aceves García, Pedro David Ortega Fonseca y Rosa María Alvarado Murguía.
Ausente: Laura Patricia Contreras Duarte.
De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, derivada de la decimonovena reunión plenaria, que tuvo lugar el miércoles 26 de junio de 2024
A las 10:30 horas del miércoles 26 de junio de 2024, en el salón E del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, los integrantes de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad celebran la decimonovena reunión plenaria, con el siguiente orden del día:
1. Registro de asistencia y declaratoria del quórum
La presidenta, Edna Gisel Díaz Acevedo, da la bienvenida a la reunión y solicita a la secretaria que informe del registro y cómputo de asistencia inicial.
Con 15 legisladores presentes, hay quórum. Se declara abierta la reunión, con la asistencia de los
Diputados: Edna Gisel Díaz Acevedo, presidenta; Alfredo Porras Domínguez, Ali Sayuri Núñez Meneses, Ángel Domínguez Escobar, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Klaus Uwe Ritter Ocampo, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Mirza Flores Gómez, Ana Lilia Flores Galindo, Karla Estrella Díaz García, María del Carmen Escudero Fabre, María de Jesús Aguirre Maldonado, Natalia Carolina Álvarez Castro, secretarios; Esteban Bautista Hernández, Esteban Rafael Constantino Magaña, José Luis Báez Guerrero, Luis Enrique Martínez Ventura, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, Diana María Teresa Lara Carreón, Noel Mata Atilano, Adriana Guadalupe Esquinca Gómez.
Quórum inicial: 15.
Quórum final: 23.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
Declarado el quórum reglamentario, por instrucciones de la presidencia la secretaría leyó el siguiente orden del día, acordado por la junta directiva:
1. Registro de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la reunión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo, con modificaciones, de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de protección del ambiente y combate del cambio climático a través del carbono azul.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del sexto informe semestral de labores, correspondiente al periodo 1 de marzo-31 de mayo de 2024.
6. Presentación, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del manual de procedimientos, propuesto por la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados.
7. Asuntos generales:
• De la presidencia de la comisión.
8. Clausura.
La secretaría abre la discusión para aprobar el orden del día. Aceptado por unanimidad y en votación económica.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta referente a la decimoctava reunión plenaria, llevada a cabo el 22 de marzo de 2024
Por unanimidad y en votación económica se dispensa la lectura. Se pasa a la discusión y votación correspondientes.
Para desahogar el siguiente apartado del orden del día, la secretaria somete a discusión el acta correspondiente a la decimoctava reunión plenaria. Aprobada por 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo, con modificaciones, de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de protección del ambiente y combate del cambio climático a través del carbono azul
Por unanimidad y en votación económica se dispensa la lectura. Se pasa a la discusión y votación.
Para desahogar el siguiente apartado, la secretaria somete a discusión el dictamen. Se registra Mirza Flores para hacer uso de la voz en sentido positivo a favor del dictamen.
En su intervención, Flores recalca la importancia de aprobar el dictamen. Menciona que México es el cuarto país con mayor extensión de manglares, los cuales proveen de servicios a la biodiversidad existente, esenciales para la adaptación al cambio climático.
El país tiene gran potencial de propiciar mayor captura de dióxido de carbono mediante la implantación de estrategias de conservación y protección de sumideros de carbono azul.
Confirma el compromiso de Movimiento Ciudadano y menciona los servicios ambientales que tienen los ecosistemas de captación de carbono azul. Recuerda el compromiso firmado por México en la Cop27 con la comunidad internacional a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 35 por ciento en los próximos ocho años, por lo cual es necesario legislar para abonar a la causa.
La presidenta, Edna Díaz, interviene para recalcar, como menciona Mirza Flores, que el dictamen viene del Senado. Si bien tiene algunas modificaciones, resulta muy importante aprobarlo para seguir avanzando en el tema por la relevancia de los servicios ambientales que tienen estos ecosistemas.
Aprobado por 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se remitirá a la Mesa Directiva para que continúe el correspondiente proceso legislativo.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del sexto informe semestral de labores, correspondiente al periodo 1 de marzo-31 de mayo de 2024
Por unanimidad y en votación económica se dispensa la lectura. Se pasa a la discusión y votación correspondientes.
Para desahogar el siguiente apartado, la secretaria somete a discusión el sexto informe semestral. No hay quien haga uso de su palabra, y se pasa a la votación. Aprobado por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
6. Presentación, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del manual de procedimientos, propuesto por la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados
Por unanimidad y en votación económica se dispensa la lectura.
Antes de pasar a la discusión, la presidencia presenta a la licenciada Yanina de la Cruz Posadas, directora general de Control y Evaluación; y al doctor Roberto Ehrman, director de Planeación, Evaluación y Normatividad.
Junto con todo el equipo de trabajo encabezado por el secretario técnico de la comisión, menciona, ellos realizaron una labor extraordinaria y necesaria en todas las comisiones. Les concede el uso de la palabra para que hablen más sobre el trabajo, que es además un tema de dar orden y continuidad, esté quien esté, y formalidad en una convicción de fortalecimiento institucional.
Para empezar, Yanina saluda a todos de parte del contralor interno y hace un reconocimiento a la comisión por haberse dado tiempo y dedicar esfuerzo para mejorar los procesos de apoyo legislativo. Menciona la importancia de estos procesos a fin de avanzar y lo reconoce como un legado para quienes seguirán, con objeto de que tengan un camino más eficiente en su trabajo.
El doctor Ehrman se une a los agradecimientos a la comisión, la presidencia y el secretario técnico, Guillermo Gazanini. Se compone de siete procedimientos, explica, los cuales sirven para fortalecer la institucionalización del trabajo desde un punto de vista parlamentario y llenar la brecha de conocimientos.
Para terminar esta ronda de intervenciones, la presidencia menciona que se siente muy orgullosa de que la comisión sea la sexta en formar parte de las que cuentan con manual de procedimientos.
Mirza Flores continúa felicitando al equipo de la comisión y a la presidencia a lo largo de casi tres años de trabajo colectivo, el cual será un legado para los futuros representantes ciudadanos a fin de que representen al pueblo cuidando el ambiente.
Klaus Ritter expresa su agradecimiento a la presidencia, el secretario y el equipo técnicos por informar en los tres años de legislatura a los integrantes de la comisión en aspectos ambientales.
La diputada Adriana se suma a las felicitaciones y reconoce el liderazgo de la presidenta, Edna Díaz, con todo el equipo de la comisión, por el Grupo Parlamentario del PAN.
Este punto del orden del día se aprueba por 16 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
7. Asuntos generales
El siguiente punto del orden del día se refiere a asuntos generales. En la reunión están presentes como invitadas
• Claudia González Olimón, de la Global Ghost Gear Initiative; y
• Eleonora Aranda, del ICCF.
La presidencia menciona que el observatorio climático, otro legado de la actual legislatura, fue aprobado el 23 de abril y publicado en la Gaceta Parlamentaria. Exhorta a los legisladores de todos los grupos parlamentarios a instalarlo, ya que es relevante. Lo integrarán expertos, y ello permitirá tener correcciones en las futuras legislaturas. Pide el compromiso de sus compañeros para establecer el observatorio.
La diputada Diana Lara se suma a la presidencia para mencionar la importancia del observatorio y extender su agradecimiento a la presidenta, Edna Díaz, así como al equipo técnico, que brindó amplio apoyo a los diputados a lo largo de su periodo legislativo, y en especial durante su participación en la Cop27.
Finalmente, agradece a la Contraloría por su disciplina, paciencia y profesionalismo en encabezar estos procesos, y a las organizaciones de la sociedad civil por estar atenta a los temas ambientales.
Noel Mata agradece el trabajo y la actitud de la presidenta y del equipo técnico, así como el compromiso de la diputada Edna con el ambiente y el equilibrio de la naturaleza. Reconoce que ella motivó mucho los temas ambientales y su compromiso con defender la vida y la libertad.
8. Clausura
Antes de concluir, la presidenta, Edna Díaz, menciona que quiere agradecer al maestro y secretario técnico, Guillermo Gazanini Espinoza, por todo su trabajo y el respaldo brindado a ella y su equipo.
Agradece también a Fidel Serrano por su apoyo, al licenciado Manuel Palomino, a la licenciada Brenda Flores, a la licenciada Melanie Segura, quien acompañó haciendo sus prácticas, y al licenciado Eduardo Andrade, a quien está segura de que le espera un gran futuro. Agradece a la señora Rosy Escalona, a Carmen Rodríguez, a Judith, el apoyo en los sistemas de APRAV, que se han convertido en herramienta de trabajo, y a todo el personal de la Cámara que acompañó durante estos meses y que han hecho posibles estas sesiones en orden y con profesionalismo.
Gracias también a Katia y a todo el personal de apoyo parlamentario, a Diego y al equipo de comunicación, al equipo de eventos y protocolo, y a todo el personal de la Cámara. Agradece a las diputadas hoy presentes, Diana Lara y Ana Lilia, así como a los asesores, siempre presentes en estas reuniones. Nos vemos en la siguiente sesión. Les dejo la tarea del observatorio, el cual es muy importante.
La presidenta da por clausurada la decimonovena reunión plenaria a las 11:29 horas del miércoles 26 de junio de 2024.
Con fundamento en el artículo 160 del Reglamento de la Cámara de Diputados se aprueba la presente acta, de la decimonovena reunión plenaria de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, donde se consigna la resolución de los siguientes asuntos:
Primero. Aprobación del acta de la decimoctava reunión plenaria.
Segundo. Aprobación del dictamen en sentido positivo, con modificaciones, de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de protección del ambiente y combate del cambio climático a través del carbono azul.
Tercero. Aprobación del sexto informe semestral de labores, correspondiente al periodo 1 de marzo-31 de mayo de 2024.
Cuarto. Aprobación del manual de procedimientos, propuesto por la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 26 de julio de 2024.
Votación del acta
A favor: Adriana Guadalupe Esquinca Gómez, Alfredo Porras Domínguez, Ana Lilia Flores Galindo, Diana María Teresa Lara Carreón, Edna Gisel Díaz Acevedo, Esteban Bautista Hernández, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, José Luis Báez Guerrero, Karla Estrella Díaz García, Klaus Uwe Ritter Ocampo, María de Jesús Aguirre Maldonado, María del Carmen Escudero Fabre, Mirza Flores Gómez.
Ausentes: Ali Sayuri Núñez Meneses, Ángel Domínguez Escobar, Esteban Rafael Constantino Magaña, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Luis Enrique Martínez Ventura, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Noel Mata Atilano, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez.
De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, concerniente a la vigésima reunión plenaria, realizada el martes 30 de julio de 2024
A las 11:30 horas del martes 30 de julio de 2024, en el salón B del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, los integrantes de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad celebran la vigésima reunión plenaria, con el siguiente orden del día:
1. Registro de asistencia y declaratoria del quórum
La presidenta, Edna Gisel Díaz Acevedo, da la bienvenida a la reunión y solicita a la secretaria que informe del registro y cómputo de asistencia inicial.
Con 13 legisladores presentes, hay quórum reglamentario. Se declara abierta la reunión, donde se registra la asistencia de los
Diputados: Edna Gisel Díaz Acevedo, presidenta; María de Jesús Aguirre Maldonado, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, José Luis Báez Guerrero, Esteban Bautista Hernández, Constantino Magaña Esteban Rafael, Karla Estrella Díaz García, María del Carmen Escudero Fabre, Adriana Guadalupe Esquinca Gómez, Ana Lilia Flores Galindo, Mirza Flores Gómez, Diana María Teresa Lara Carreón, Alfredo Porras Domínguez, Klaus Uwe Ritter Ocampo.
Quórum inicial: 13.
Quórum final: 14.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
Declarado el quórum, por instrucciones de la presidencia, la secretaría lee el siguiente orden del día, acordado por la junta directiva:
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe final de actividades de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la LXV legislatura.
5. Instalación del Observatorio Climático, creado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 23 de abril de 2024 por la Cámara de Diputados.
6. Clausura de los trabajos de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad:
• Intervención de los grupos parlamentarios.
El orden del día se acepta por unanimidad y en votación económica.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior
Por unanimidad y en votación económica se dispensa la lectura. Se pasa a la discusión y votación correspondientes.
Para desahogar el siguiente apartado del orden del día, el secretario somete a discusión el acta correspondiente a la reunión anterior. Aprobada por 13 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe final de actividades de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la LXV legislatura
Por unanimidad y en votación económica se dispensa la lectura. Se pasa a la discusión y votación.
Aprobado por 14 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se remitirá a la Mesa Directiva para que continúe el correspondiente proceso legislativo.
5. Instalación del Observatorio Climático, creado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 23 de abril de 2024 por la Cámara de Diputados
Para desahogar el siguiente punto del orden del día, la presidenta, Edna Gisel Díaz Acevedo, hace una breve intervención para mencionar el Observatorio Climático. Subraya su aprobación en abril en sesión ordinaria. Sus objetivos específicos eran tener un cuerpo con expertos especialistas para la mitigación y adaptación a la crisis climática en México.
Reitera la importancia de instalar el observatorio, lo cual fue pospuesto por falta de propuestas de expertos de tres partidos: Morena, Verde y del Trabajo, pese a que los coordinadores parlamentarios firmaron el acuerdo.
A fin de que haya registro previo de las propuestas de expertos por los grupos parlamentarios, la presidenta lee la siguiente lista:
- Partido Acción Nacional: Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática México; y Casiopea Ramírez, de Social Fresh Energy Consulting;
- Partido Revolucionario Institucional: Beatriz Olivera, de la organización civil Engenera; y
- Movimiento Ciudadano: Iyari Bandera Cruz, de Reacciona AC, Gemma Santana, fundadora de Sélvame del Tren;
- Partido Revolución Democrática: Eleonora Aranda, ICCF, Francisco Estrada Porrúa, del Programa de Investigación de Cambio Climático.
6. Clausura de los trabajos de la comisión
• Intervención de los grupos parlamentarios
El siguiente punto del orden del día se refiere a la clausura de los trabajos de la comisión. Participan María de Jesús Aguirre Maldonado, Mirza Flores Gómez, Klaus Uwe Ritter Ocampo y Edna Gisel Díaz Acevedo.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado expresa su agradecimiento a los sus compañeros de la comisión por el trabajo realizado a lo largo de estos tres años.
Agradece al Canal de Congreso, equipo técnico y asesores que están atentos a los trabajos desarrollados en la Cámara de Diputados. Menciona la importancia de continuar trabajando para seguir avanzando con relación al cambio climático, un problema que no tiene distinción de colores y supone la mayor amenaza.
Hace votos para que el Senado de la República apruebe las minutas pendientes en la Cámara alta y para que el siguiente gobierno siga avanzando en estos temas.
La diputada Mirza Flores considera importante que los legisladores sigan avanzando en estos temas por el compromiso que tiene México con el mundo por el cuidado del ambiente.
Menciona que el propósito de instalar el Observatorio Climático es contar con expertos que no obliguen, pero que protejan el trabajo que se haga en la Cámara de Diputados y en el país para erradicar prácticas que dañan éstes y trazar el camino para la descarbonización de la economía mexicana.
Hace hincapié en cuán lamentable resulta que los grupos parlamentarios no hayan hecho sus propuestas de expertos, lo cual refleja la discrepancia en los discursos y las acciones de los partidos políticos.
El diputado Klaus Ritter menciona que la comisión tiene el tema importante que se ve en la actualidad. Hace hincapié en el gran trabajo de la presidenta por traer a expertos en cambio climático y a la sociedad civil.
La presidenta, Edna Díaz, cierra este punto del día con un recuento de lo hecho en los cari tres años de vida de la comisión. Resalta la apertura a la sociedad civil y la rendición de cuentas que tuvo la comisión.
6. Clausura
La presidenta da por clausurada vigésima reunión plenaria a las 12:38 horas del martes 30 de julio de 2024.
Con fundamento en el artículo 160 del Reglamento de la Cámara de Diputados se aprueba la presente acta, de la vigésima reunión plenaria, donde se consigna la resolución de los siguientes asuntos:
Primero. Aprobación del acta de la decimonovena reunión plenaria.
Segundo. Aprobación del informe final de actividades de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad correspondiente a la LXV Legislatura.
Tercero. Aprobación del acta de la vigésima reunión plenaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 30 de julio de 2024.
Votación del acta
A favor: Adriana Guadalupe Esquinca Gómez, Alfredo Porras Domínguez, Ana Lilia Flores Galindo, Diana María Teresa Lara Carreón, Edna Gisel Díaz Acevedo, Esteban Bautista Hernández, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, José Luis Báez Guerrero, Karla Estrella Díaz García, Klaus Uwe Ritter Ocampo, María de Jesús Aguirre Maldonado, María del Carmen Escudero Fabre, Mirza Flores Gómez.
Ausentes: Ali Sayuri Núñez Meneses, Ángel Domínguez Escobar, Esteban Rafael Constantino Magaña, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Luis Enrique Martínez Ventura, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Noel Mata Atilano, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez.
De la Comisión Jurisdiccional, atinente a la cuarta reunión ordinaria, celebrada el martes 30 de julio de 2024
A las 15:00 horas del miércoles 30 de julio de dos mil veinticuatro, reunidos en el salón B, primer piso del edificio G, de la Cámara de Diputados, se reunieron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Jurisdiccional, en modalidad semipresencial, para el desahogo de su cuarta reunión ordinaria.
1. Registro de asistencia y declaración de quórum
El presidente de la comisión, diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé, dio la bienvenida a las y los diputados, invitados y público en general que siguen la reunión mediante las plataformas digitales y a los integrantes que se encuentran presencialmente.
Solicitó a la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández fungir como secretaria y dar cuenta del registro de asistencia, quien informó que existía un registro previo de 7 diputadas y diputados de la Comisión Jurisdiccional, por lo que se declaró la existencia de quórum y se dio por iniciada la reunión siendo las 15 horas con 20 minutos.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
El presidente de la Comisión Jurisdiccional pidió a la secretaria dar cuenta del orden del día, e inmediatamente después ponerlo a consideración del pleno en votación económica.
Acto seguido la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández da lectura al orden del día:
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe final de actividades de la Comisión Jurisdiccional de la LXV Legislatura.
4. Clausura de los trabajos legislativos de la Comisión Jurisdiccional de la LXV Legislatura.
5. Asuntos generales.
6. Clausura
La diputada Olimpia Tamara Girón Hernández somete a consideración de la asamblea si es de aprobarse el orden del día, sírvanse manifestarlo en votación económica.
Manifestando mayoría por la afirmativa.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe final de actividades de la Comisión Jurisdiccional de la LXV Legislatura.
El presidente Jaime Humberto Pérez Bernabé pone a consideración de la asamblea el siguiente punto en el orden del día.
En virtud de que el informe final de actividades de la Comisión Jurisdiccional de la LXV Legislatura, fue oportunamente distribuido, la Secretaría consulta en votación económica si se omita su lectura.
La diputada Olimpia Tamara Girón Hernández solicita a las y los diputados votar de manera económica manifestando la dispensa de lectura y confirmando mayoría por la afirmativa.
El presidente de la comisión solicita a la secretaria que proceda a su votación, se instruye abrir el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para que voten las diputadas y diputados presentes y aquellos que concurran de manera telemática a través de la plataforma digital.
La diputada Olimpia Tamara Girón Hernández dio cuenta del resultado de la votación:
Con 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Mayoría por la afirmativa.
El presidente de la comisión, diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, informó que se aprueba el informe final de actividades de la Comisión Jurisdiccional de la LXV Legislatura, remítase a la Mesa Directiva para efectos legales y reglamentarios.
4. Clausura de los Trabajos Legislativos de la Comisión Jurisdiccional de la LXV Legislatura
A continuación, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, informó del trabajo de la Comisión Jurisdiccional y da un mensaje de agradecimiento a los integrantes de la Comisión Jurisdiccional.
Hizo uso de la voz el diputado Leonel Godoy Rangel.
Hizo el uso de la voz la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández.
Siendo las 15:51 horas, se clausuran los trabajos de la Comisión Jurisdiccional de la LXV Legislatura.
5. Asuntos generales
El presidente de la Comisión Jurisdiccional solicitó a la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández consultar a la asamblea en votación económica si se autoriza dar lectura del acta de la presente reunión e inmediatamente después, ponerla a su consideración y su aprobación.
Esto con el fin de dar cumplimiento total y definitivo a la normatividad de esta Cámara.
La diputada Olimpia Tamara Girón Hernández consultó a la asamblea en votación económica si se autoriza dar lectura del acta de la presente reunión e inmediatamente después, ponerla a su consideración y su aprobación para fines del proceso legislativo.
Manifestando mayoría por la afirmativa.
El presidente de la comisión solicita a la Secretaría proceda a su votación e instruye se abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para que voten las diputadas y diputados presentes.
La diputada Olimpia Tamara Girón Hernández dio cuenta del resultado de la votación:
Con 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Mayoría por la afirmativa.
El presidente de la comisión informó que se aprueba por mayoría el acta de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión Jurisdiccional, remítase a la Mesa Directiva para efectos legales y reglamentarios.
6. Clausura
Agotados los asuntos del orden del día y sin otro asunto que tratar, siendo las 16:01 horas se dio por terminada la cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Jurisdiccional.
Votación del acta
A favor: César Augusto Rendón García, Hamlet García Almaguer, Irma Yordana Garay Loredo, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Klaus Uwe Ritter Ocampo, Leonel Godoy Rangel, Olimpia Tamara Girón Hernández, Reynel Rodríguez Muñoz, Rubén Ignacio Moreira Valdez.
Ausentes: Anabey García Velasco, Elizabeth Pérez Valdez, José Elías Lixa Abimerhi, Karen Castrejón Trujillo.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, relativa a la vigésima novena reunión ordinaria, llevada a cabo el miércoles 17 de abril de 2024
En la Ciudad de México, a 17 de abril del 2024, se citó a los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión a su vigésima novena reunión ordinaria, en los salón E del edificio G de este recinto legislativo y de conformidad con lo establecido en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XXXVIII, 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 146, numerales 1 y 2; 156 y 160 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Bajo el siguiente orden del día:
1.- Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4.- Lectura, discusión y votación del dictamen con punto de acuerdo sobre acciones que debe de adoptar la autoridad, en materia hídrica.
5 .- Presentación y votación del primer informe semestral de actividades del tercer año de ejercicio.
6.- Asuntos generales.
7.- Clausura.
Se procedió a pasar lista de asistencia a los presentes, encontrándose los C.C. Diputados:
Presidente
Rubén Gregorio Muñoz Álvarez A
Secretarios
Bautista Bravo Juan Ángel A
Domínguez Escobar Ángel A
Domínguez Rodríguez Roberto Ángel A
Carvajal Hidalgo Alejandro A
Reyes López Valentín A
Cheno Ríos Bernardo A
Godínez Del Río Enrique A
Mata Atilano Noel A
Fernández Hernández Shamir A
Espinosa Eguía Juan Francisco A
Garza Treviño Pedro A
Zarzosa Sánchez Eduardo A
Sánchez Sánchez Christian Joaquín A
Vázquez Romero Shirley Guadalupe A
López Ochoa Mijares Braulio A
Velázquez Flores Jesús Alberto A
Alcantar Ortega Salvador A
Onofre Vázquez Vicente Alberto A
Integrantes
Baldenebro Arredondo Manuel de Jesús A
Borrego Adame Francisco Javier A
Bustamante Castellanos Adriana A
Rabelo Estrada Karla María NA
Cifuentes Negrete Román A
Cruz Mendoza Eufrosina A
Elizondo Guerra Olga Juliana A
Zamora Valdés Casimiro A
Garza Ochoa José Luis A
Delgado Ventura Pablo Gil A
González Lima Juan A
Martínez Espinoza Gabriela A
Mares Cossío Héctor Irineo A
Núñez Meneses Ali Sayuri NA
Moreno Hernández Brígido Ramiro A
Fuentes Ávila Rodrigo A
Peña Flores Gerardo A
Varela López Víctor Gabriel A
Zepeda Martínez Leticia A
A : Asistencia
NA : No asistió
J : Justificación
La lista de asistencia registró un total de 34 diputadas y diputados integrantes de la comisión.
El presidente Rubén Muñón Álvarez solicitó al secretario dar lectura al orden del día y someterlo a votación.
El diputado Noel Mata Atilano informó al presidente de la aprobación del acta por mayoría.
El presidente Rubén Muñoz Álvarez sometió a los integrantes de la comisión el dictamen con punto de acuerdo sobre acciones que debe adoptar la autoridad en materia hídrica y mencionó que dicho dictamen estaba integrado por once proposiciones con punto de acuerdo de diversos legisladores de todos los grupos parlamentarios, sin embargo, la materia de los mismos era similar, por lo que se realizó un solo proyecto de dictamen que es el que se presenta.
El diputado Salvador Alcantar Ortega solicitó que al punto de acuerdo se agregara la situación de crisis que padece el sector hidroagrícola nacional.
El presidente Rubén Muñoz Álvarez solicitó al diputado secretario someter el proyecto de dictamen a la aprobación de los integrantes de la comisión adicionando la propuesta del diputado Salvador Alcantar Ortega.
El diputado Noel Mata Atilano, secretario de la comisión, sometió al pleno de la comisión el dictamen aprobándose por mayoría.
El presidente Rubén Muñoz Álvarez presentó el primer informe semestral de actividades del tercer año de ejercicio y que corresponden al mes de septiembre 2023 a febrero 2024, por lo que, solicitó al diputado secretario someterlo a votación.
El diputado Noel Mata Atilano solicitó abrir el sistema APRAV para someter el informe semestral en comento aprobándose por mayoría.
De la vigésima novena reunión ordinaria, se desprenden:
Acuerdos
Primero: Se aprobó el acta de la sesión anterior
Segundo : Se aprobó el dictamen con punto de acuerdo sobre acciones que debe adoptar la autoridad en materia hídrica.
Tercero: Se aprobó el primer informe semestral de actividades del tercer año.
Votación del acta
A favor: Abel Ramírez Ortiz, Bernardo Ríos Cheno, Braulio López Ochoa Mijares, Brígido Ramiro Moreno Hernández, Casimiro Zamora Valdez, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique Godínez del Río, Francisco Javier Borrego Adame, Gabriela Martínez Espinoza, Héctor Ireneo Mares Cossío, Jesús Alberto Velázquez Flores, José Luis Garza Ochoa, Juan González Lima, Leticia Zepeda Martínez, Noel Mata Atilano, Olga Juliana Elizondo Guerra, Pedro Garza Treviño, Rodrigo Fuentes Ávila, Román Cifuentes Negrete, Rubén Gregorio Rubén Álvarez, Salvador Alcántar Ortega, Shirley Guadalupe Vázquez Romero, Víctor Gabriel Varela López.
Ausentes: Alejandro Carvajal Hidalgo, Ali Sayuri Núñez Meneses, Ana Lilia Flores, Ángel Domínguez Escobar, César Augusto Rendón García, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Eufrosina Cruz Mendoza, Juan Ángel Bautista Bravo, Juan Francisco Espinoza Eguía, Karla María Rabelo Estrada, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Shamir Fernández Hernández, Vicente Alberto Onofre Vázquez.
De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, concerniente a la vigesimoséptima reunión ordinaria, llevada a cabo el viernes 26 de julio de 2024
A las 11:00 horas del viernes 26 de julio de 2024, en la zona C del edificio G, de la Cámara de Diputados, ubicada en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, en la Ciudad de México, se reúnen las y los legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de conformidad con la convocatoria de fecha 24 de julio de 2024, oportunamente remitida y publicada en la Gaceta Parlamentaria, da inicio la vigesimoséptima reunión ordinaria.
Acto seguido, a efecto de dar cuenta del primer punto del orden del día relativo al Registro de asistencia y declaratoria de quórum, el diputado René Figueroa Reyes, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, informa la asistencia de 4 diputadas y diputados de manera presencial, así como 16 diputadas y diputados de manera semipresencial por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En este sentido, el quórum se registró debidamente, por lo que existen las condiciones necesarias para llevar a cabo la reunión ordinaria y que las resoluciones que se tomen se acojan al numeral 4 del artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que señala que la toma de decisiones de cualquier asunto, se necesitará de la mayoría simple, esto es la mitad más uno. Finalmente se precisa que ningún diputado presente objetó, ni solicitó la verificación del quórum leído, por lo que todas las decisiones fueron votadas conforme a la legalidad reglamentaria.
Acto continuo la Secretaría da lectura al orden del día de la vigesimoséptima reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que consistió en el siguiente:
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la vigesimosexta reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
4. Aprobación del informe final de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
5. Asuntos generales.
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la vigesimoséptima reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Una vez leído el orden del día, la Secretaría consultó en votación económica si el mismo era de aprobarse, lo cual fue aprobado por mayoría de integrantes de la Comisión.
Acto seguido la Presidencia da paso al siguiente punto del orden del día en los siguientes términos: “El siguiente punto a tratar es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta relativa a la vigesimosexta reunión ordinaria de la Comisión. En ese sentido se instruye a la Secretaría consultar en votación económica, si es de omitirse la lectura del acta referida.
En virtud de que fue enviada el pasado 22 de julio a los correos institucionales de las y los integrantes de la Comisión y cuenta con las observaciones realizadas por la diputada Inés Parra Juárez”.
En consecuencia, la Secretaría realiza la consulta solicitada, misma que resulta a favor, por lo cual la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 313, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos, a fin de recabar el voto respectivo de las y los integrantes de esta Comisión. Así como el voto de viva voz de las y los legisladores que deseen hacerlo.
Una vez abierto el sistema electrónico de votación, la Secretaría da cuenta con la votación del acta referida. Misma que resultó con 22 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, razón por la cual se aprobó el acta de la vigesimosexta reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Acto continuo, la Presidencia dio paso al siguiente punto del orden del día, en los siguientes términos: “El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a la aprobación del informe final de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mismo que fue remitido a las diputadas y diputados el pasado 22 de julio y del cual no se han recibido observaciones o comentarios al respecto. Me permitirá hacer un breve resumen de lo ocurrido en esta Comisión:
Respecto de las atribuciones parlamentarias y de las derivadas de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se celebraron un total de 33 reuniones de junta directiva; la Comisión de Vigilancia celebró un total de 27 reuniones de carácter ordinario, lo que la coloca dentro de las primeras diez comisiones de la Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados que en más ocasiones se reunió; se llevaron a cabo un total de 9 entregas de informes de auditorías por parte de la ASF de las Cuentas Públicas 2021, 2022, 2023 y 2024; de las cuales derivaron tres series de reuniones con auditores especiales y altos funcionarios de la ASF; tres comparecencias del secretario de la Función Pública; tres entregas de estados financieros auditados por parte de las universidades públicas de todo el país; dos entregas de los estados financieros dictaminados de la Cuenta Pública de los años 2021 y 2022, por parte de la UNAM; un parlamento abierto con titulares de fiscalización de las entidades federativas; y una reunión de trabajo citado por el pleno de la Comisión de Vigilancia con el director general de Seguridad Alimentaria Mexicana.
Se realizaron dos procedimientos de nombramientos: Uno, relativo al procedimiento para nombrar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos, mismo que se llevó a cabo conjuntamente con la Comisión de Transparencia; y segundo, realizamos el procedimiento de nombramiento del titular de la UEC, para el periodo noviembre de 2023 a noviembre de 2027.
Durante los meses de mayo de los años que comprendió la LXV Legislatura, la Comisión realizó la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las Cuentas Públicas de los años 2020, 2021 y 2022.
Y durante la vigesimotercera reunión ordinaria de la Comisión, celebrada el 26 de marzo de 2024, se aprobaron reformas al Reglamento de la UEC, para garantizar la independencia de autoridades investigadoras y sustanciadoras en el ejercicio de las funciones de revisión del actuar de la Auditoría Superior de la Federación.
Respecto del ámbito administrativo y de cumplimiento de la normativa interna de la Cámara de Diputados, además de lo que se reporta en el informe final, se realizó el procedimiento conducente de archivo y remisión de documentos que se encontraban en la Comisión desde el año 2002. Presidencias de la Comisión de Legislaturas anteriores, no lo realizaron; mismos que se han remitido a las instancias correspondientes en la Cámara de Diputados. Y de la asignación de recursos económicos de fondo fijo con que contó la Comisión durante toda la Legislatura, se informa que únicamente se gastó 8 por ciento del mismo, y que se ha informado oportunamente”.
En seguida, la Presidencia dio la palabra a la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien comentó lo siguiente: “Buenos días, compañeras y compañeros diputados, quiero anunciar el sentido de mi voto, de esta simulación, que fue la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; quiero anunciar mi voto en contra. Y usted, presidente, Pablo Angulo, tendrá noticias mías de todas las componendas que hizo con la Auditoría Superior de la Federación, y todas las mentiras que nos vino diciendo, no cumplió muchas cosas, pero ya tendrá noticias mías la próxima semana. Es cuanto presidente. Muchas gracias”.
Posteriormente, la Presidencia dio el uso de la voz al diputado René Figueroa Reyes, quien expresó lo siguiente: “Presidente, reconocer el trabajo que has llevado en esta Comisión, la responsabilidad con la que has actuado de la manera en la que has conducido las sesiones, como bien lo decías, una de las comisiones con mayor eficiencia, con mayor trabajo y que además, pues actuó de manera siempre, con transparencia y buscando a la conciliación en las distintas partes. Mi reconocimiento, presidente, para este informe que entregas y por supuesto hacer extensivo a todos los compañeros de la Comisión, es cuanto muchas gracias”.
Después, la Presidencia dio la palabra al diputado Emanuel Reyes Carmona, quien comentó lo siguiente: “Querido presidente, pues mi intervención únicamente es para anunciar mi voto a favor, reconocer en usted su gran trabajo, su compromiso, su tenacidad, pero sobre todo su institucionalidad. Debo decir que a pesar de que somos de partidos distintos, siempre usted condujo con altura de miras a esta Comisión. Y es necesario entonces reconocer el gran trabajo que usted ha realizado. Lo felicito por esa gran labor que ha realizado. Sabe que cuenta con mi apoyo y nos veremos en el Senado de la República. Felicidades”.
Acto continuo, la Presidencia dio la voz a la diputada Cristina Ruíz Sandoval, quien manifestó lo siguiente: “Gracias, presidente. Me sumo al reconocimiento y a las felicitaciones de mi compañero por el extraordinario trabajo realizado en tu persona al presidir esta Comisión y por supuesto, también lo hago extensivo a todos nuestros compañeros diputados. Muchas felicidades y mi voto es a favor, presidente. Muchas gracias”.
En seguida, la Presidencia dio la palabra a la diputada Maribel Martínez Ruíz, quien expresó lo siguiente: “De igual manera felicitar los trabajos de esta Comisión, acertada siempre tu conducción y bueno agradecer las atenciones recibidas durante el transcurso de la misma. Felicidades para todas y para todos, y anticipó mi voto a favor. Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo”.
En breve, la Presidencia dio el uso de la palabra al diputado Azael Santiago Chepi, quien comentó lo siguiente: “Primero, saludar a todas y a todos los integrantes de esta Comisión. Sin duda, los trabajos realizados durante este periodo legislativo fueron muy importantes, complejos. Muchos escenarios, evidentemente politizados. Con el respeto que se merecen todas y todos, reconocer en tu persona, presidente, la centralidad, la tolerancia, el esfuerzo y sin duda sienta un precedente esta Comisión de Vigilancia para trabajos venideros. Muchas gracias por tu apertura también. Y bueno, nos seguiremos viendo saludar a todas mis compañeras, compañeros; mucho éxito a todo el equipo de trabajo, también agradecerles. A nuestros asesores en Cámara también agradecerles por el trabajo en esta Comisión. También al doctor Palma mientras conocimiento. Un saludo con aprecio y adelante mucho éxito en todas sus tareas. Gracias, presidente y muchas felicidades de nuevo”.
Después, la presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 313, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó a la Secretaría, abrir el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, a fin de recabar el voto respectivo de las y los integrantes de la Comisión, así como la expresión de viva voz correspondiente.
Una vez realizada la votación, la Secretaría da cuenta con el registro de 20 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, por lo cual se aprobó el informe final de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Acto seguido, la Presidencia dio paso al siguiente punto del orden del día, en los términos siguientes: “El siguiente punto del orden del día es el relativo a Asuntos generales, en este rubro informo a ustedes que se recibieron los siguientes oficios. Por parte de la Unidad de Evaluación y Control:
- Informe Trimestral ED20 y ED22, correspondiente a denuncias de la sociedad civil.
- Documento de datos básicos de la Primera Entrega de los Informes Individuales de Auditoría correspondiente al Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2023.
- Anteproyecto de Presupuesto de la UEC para el año 2025, del cual únicamente se da cuenta de su recepción; será la Comisión de Vigilancia de la próxima Legislatura a la que corresponda analizar, discutir y, en su caso, aprobar el mismo.
- Segundo Reporte de Resultados Trimestrales de Actividades DJ07, DJ08 y DJ09, del Programa de Trabajo 2024.
- Informes semestrales de auditorías, seguimientos de auditorías, y evaluaciones técnicas.
- Opinión Técnica de la Cuenta Comprobada de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente al mes de mayo de 2024.
- Informes semestrales de denuncias, inconformidades, entrega-recepción, comités y procedimientos de invitación a cuando menos tres personas de la Auditoría Superior de la Federación.
- Memoria de los trabajos de Análisis del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.
- Fichas Ejecutivas de los Cuadernos Sectoriales de Análisis de la Primera Entrega de los Informes Individuales de la Auditorías, de la Cuenta Pública de 2023.
- Opinión Técnica de la Plantilla de Personal de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a junio 2024.
Por parte de la Auditoría Superior de la Federación:
- Cuenta Comprobada del mes de junio 2024.
Los documentos antes mencionados, fueron socializados con los integrantes de la Comisión.
Finalmente, informo a ustedes que el próximo día 31 de julio, se hará la entrega administrativa de la Comisión, misma que consistirá en la entrega de diez cajas que contienen toda la documentación recibida en esta Legislatura, por lo cual la documentación que llegue a remitirse en el lapso de transición a la próxima legislatura, será recibida por parte de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, la cual será entregada a la Comisión de Vigilancia, una vez sea instalada”.
A la brevedad, la Presidencia dio la voz al diputado Hiram Hernández Zetina, quien comentó lo siguiente: “Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. No quise hacer uso de la palabra en el punto anterior. Pero me permito hacerlo aquí en Asuntos generales. Únicamente para despedir los trabajos de esta extraordinaria e importantísima Comisión de la Cámara de Diputados, en la que, como han expresado voces que me han antecedido en el uso de la palabra, yo coincido en que se vivieron aquí momentos muy importantes para la vida pública de este país. No sólo en los trabajos ordinarios y extraordinarios de esta Comisión, sino además en las diferentes comparecencias que tuvo la misma. Yo en lo personal, me voy con la satisfacción del deber cumplido. Creo que al igual que varios compañeros. Estuvimos siempre señalando los casos más emblemáticos de corrupción de este sexenio. Cuando nos visitaron los funcionarios del Gobierno federal, como fue el caso del secretario de la Función Pública; aquí se habló ampliamente de las corruptelas de los hijos del presidente, de Segalmex, y de otros escándalos, de Manuel Bartlett, de otros escándalos que ha tenido este sexenio, y que siguen sin esclarecerse y que dañan la confianza que tienen las y los mexicanos en las instituciones de este país, y en ese sentido yo quisiera reconocer el trabajo de la bancada del PRI, que siempre estuvo presente y firme en la Comisión de Vigilancia, empezando por quien preside esta Comisión, el diputado Pablo Angulo, así como mis compañeros y compañeras José Luis Garza, Cristina Ruiz, que aquí está presente, Sue Ellen, Carolina Viggiano, que fue integrante de esta Comisión, Marco Antonio Mendoza y me parece que no me falta nadie del Grupo Parlamentario del PRI. En general, felicitar a todas las y los compañeros de los distintos grupos parlamentarios. Pues se generaron momentos de camaradería, hubo momentos de diferencias, hubo momentos en los que no estuvimos de acuerdo. Hubo momentos de debate acalorado, pero creo que siempre se dieron en el marco del respeto y en el marco de la buena conducción. Yo me siento parte de los legisladores que condujeron junto con quien preside esta Comisión, los trabajos de la misma. Así es que yo creo que las cosas se hicieron de la mejor forma posible. Yo fui testigo de cómo se hicieron muchas de las cosas aquí presentes, como la designación del titular de la Unidad de Evaluación y Control, que fue uno de los hitos importantes de esta Legislatura. Y en lo que a mí respecta, yo doy fe de que las cosas se hicieron de forma correcta, apegado siempre a los procedimientos y a la legislación, y que se hizo todo lo posible por sacar los trabajos en tiempo y forma, y darle respeto y espacio a todas las fuerzas, y a toda la pluralidad, y a todas las voces. En lo personal, extiendo mi mano amiga a las y los diputados de todos los colores, esperando nos podamos encontrar en el camino, en donde sea que nos toque estar y extendiéndome siempre como un amigo para cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor en lo que venga, que Dios los bendiga. Es cuanto”.
A continuación, la Presidencia dio la palabra al diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, quien manifestó lo siguiente: “Muchas gracias, diputado, presidente, compañeras y compañeros diputados. Primero felicitarlo, diputado presidente, por su informe final por esa conducción, por ese liderazgo, por ese trabajo para llevar a cabo un buen resultado a esta Comisión de Vigilancia. Esta Comisión sin duda tiene un mandato establecido en el artículo 74 y 79 de nuestra Constitución, que parte fundamental es, sobre todo, revisar el gasto público del país, fiscalizarlo a través de la Auditoría Superior de la Federación, una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. A mí me da muchísimo gusto pertenecer a una Comisión, durante tres años, cumplimos con la encomienda de manera importante, recibiendo los informes individuales, las entregas finales que hizo la Auditoría Superior de la Federación, darle seguimiento a esta Comisión y también a través de la UEC, titular de la UEC, hoy el maestro Palma, porque sin dudas el complementa los trabajos importantes. Yo siempre he dicho que parte de la función de la Cámara de Diputados es sin duda fiscalizar el gasto público del país. En esta Comisión, pues trabajamos de manera imparcial, se legisló pensando siempre en el beneficio de las y los mexicanos, que tengamos conocimiento de cómo se ejerce el gasto público en nuestro país, por eso me da muchísimo gusto saludar a las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, felicitarlos por su entrega, por su esmero, por su tiempo, por su compromiso por nuestro país y por México. Por otro lado, aprovechar compañeras y compañeros diputados, desearle el mayor de los éxitos. Hoy se termina la última sesión de la LXV Legislatura, pero sin duda muchos van a continuar como diputadas y diputados, otros en el Senado y otros en otros lugares, siempre trabajando y sirviendo a México. Les reiteramos, por parte del Grupo Parlamentario de Morena, les agradecemos todo su apoyo, toda su entrega, y también ofrecer una disculpa, si es que en algo, por lo acalorado de la discusión en la Comisión, de repente ofendimos, siempre lo hicimos pensando para mejorar en la fiscalización del gasto público de nuestro país. Reiterarles compañeras y compañeros, el mayor de los éxitos. Felicidades a todas y todos ustedes. Es cuanto diputado presidente, muchas gracias”.
A continuación, la Presidencia dio la palabra a la diputada Esther Berenice Martínez Díaz, quien comentó lo siguiente: “Pues primero que nada felicitar también a todas las compañeras y compañeros de esta Comisión por este gran trabajo realizado; felicitar al presidente por esta institucionalidad, a pesar de las ofensas e insultos de una que otra compañera a gritos. La verdad es que siempre usted lo manejó con mucha institucionalidad y mucho respeto, y también pues invitarlos a seguir trabajando de cualquier trinchera, a dialogar, aquí no se viene a gritar como se hicieron muchas veces; aquí se viene a dialogar y a buscar el bien de las mexicanas y de los mexicanos, y a pesar de ser un partido que está en el Gobierno, felicitarlos porque nosotros sí señalamos lo que estaba mal, no como se hacía, pues en otros gobiernos. Muchísimas gracias”.
Posteriormente, la Presidencia hace uso de la voz en los términos siguientes: “Antes que nada agradecerles a las compañeras y compañeros que han hecho expresiones de reconocimiento a mi persona, al trabajo de la Comisión de Vigilancia. De igual manera, yo reitero siempre mi total y absoluto respeto por el trabajo que han desempeñado todas y todos los compañeros. Me voy con la enorme satisfacción de haber podido conducir una Comisión en la que han participado perfiles muy comprometidos de todas las bancadas que integran esta Cámara de Diputados. Es una Comisión que, como bien se ha manifestado, enciende enormes pasiones, enciende luego muchas veces señalamientos, unos con fundamentos, otros sin fundamentos y lo que siempre les he reiterado ahí los cauces legales e institucionales, para que todo aquel que desea hacer una manifestación, una denuncia, encuentre siempre las vías en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; siempre estaremos abiertos a poder darle conducción a aquellas señalamientos que realizan diputadas y diputados o propios ciudadanos, y reiterarles mi afecto, me voy con muchas amigas y muchos amigos. Desde la trinchera en la que estemos sirviendo a México, siempre podrán contar con un servidor. Lo más importante es México, lo más importante es nuestro país y en la diversidad y en la pluralidad se construye la fortaleza de este amado país de todos nosotros, que es México. Y por lo tanto, de ninguna manera, ninguna de las expresiones de diputadas o diputados, las he tomado de manera personal, siempre insisto, se debe tomar en la vida pública como señalamientos que tienen la finalidad de construir y muchas veces, pues también existirán los señalamientos que tienen como único objetivo posicionar agendas mediáticas; son válidos, cada diputada y diputado tendrá sus propias estrategias, siempre traté de ser respetuoso y de igual manera, como comentó nuestro compañero el diputado Daniel Gutiérrez, si hubo alguna expresión o algún un comportamiento o alguna actitud de parte del presidente de esta Comisión, para alguna o alguno de mis compañeros, pedirles una sentida disculpa, pero decirles que siempre actué y me voy con la conciencia de que mis convicciones se llevaron a cabo y de que estoy convencido de que hoy el trabajo de la fiscalización tendrá que ir mejorando si llegara a buen puerto. Y que hoy hemos establecido entre todas y todos los diputados las bases suficientes para que la próxima legislatura pueda continuar y sin lugar a dudas, el compromiso siempre será el combate a la corrupción. Muchas gracias diputadas y diputados por su tiempo durante estos tres años de esta Legislatura”.
Después, la Presidencia precisa lo siguiente: “Para aprobar la última acta, reitero que la última acta de esta sesión, por procedimiento parlamentario, debido a que hoy es la última sesión que podremos tener; se tomará la literalidad con los estenógrafos que hoy están aquí presentes. Antes, obviamente, se les circulará antes de poderla publicar para que si alguna diputada o diputado desea hacer alguna modificación, como siempre será bienvenido”.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 313, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia solicitó a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, a fin de recabar el voto relativo al acta de la vigesimoséptima reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de las y los integrantes de la Comisión, así como la expresión de viva voz correspondiente.
Una vez realizada la votación, la Secretaría da cuenta con el registro de 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, por lo cual se aprobó el acta de la vigesimoséptima reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Finalmente, el presidente, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, procedió a la clausura de la vigesimoséptima reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Votación del acta
A favor
Diputados: Lidia García Anaya, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, Roberto Antonio Rubio Montejo, Victoriano Wences Real, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Gilberto Hernández Villafuerte, Esther Berenice Martínez Díaz, Maribel Martínez Ruiz, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, José Antonio Zapata Meraz.
Ausentes
Diputados: Anabey García Velasco, Arturo Roberto Hernández Tapia, Azael Santiago Chepi, Cristina Ruiz Sandoval, Edna Gisel Díaz Acevedo, Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco, Guillermo Octavio Huerta Ling, Hiram Hernández Zetina, Inés Parra Juárez, Iván Arturo Rodríguez Rivera, José Luis Flores Pacheco, José Luis Garza Ochoa, Juan Guadalupe Torres Navarro, Laura Imelda Pérez Segura, Luis Alberto Martínez Bravo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Miguel Prado de los Santos, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Paola Tenorio Adame, Raymundo Atanacio Luna, René Figueroa Reyes, Sonia Murillo Manríquez, Sue Ellen Bernal Bolnik.
