Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6510-II-1, martes 23 de abril de 2024
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Iniciativas
Que adiciona el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Janeth Yareli Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Janeth Yareli Sánchez Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 2, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III Bis al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Reconocer la violencia en una etapa temprana y atender eficazmente el maltrato infantil en forma preventiva, visibilizando un proceso de diagnóstico es un punto importante para la construcción de agendas enfocadas a la atención efectiva de esta problemática.
El ambiente de violencia en México tiene un impacto fuerte entre las niñas, niños y adolescentes, se manifiesta en un entorno de tolerancia de la violencia que se ejerce en contra de esta población, la violencia no se reduce a los daños físicos, estos no siempre son concluyentes, sino que son una parte mínima (no por eso menos importante) del entramado que conduce al escenario violento en que se encuentran.
La última década es decisiva para evidenciar que la población mexicana infantil y juvenil está afectada directamente por el escenario de criminalidad, violencia e impunidad que afecta nuestro país. El UNICEF-Coneval informa que el 51.1% de niñas y niños están en situación de pobreza, el 33.2% de niños entre 6 y 11 años tienen obesidad infantil, más de cuatro, millones de adolescentes no asisten a la escuela, y 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes se dan en la escuela y la vía pública.
Uno de cada 2 niñas, niños y adolescentes ha sufrido alguna agresión psicológica por un algún miembro de su familia. 1 de cada 15 niños y niñas ha recibido alguna forma de castigo físico severo (jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes fuertes) como método de disciplina. La escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años; mientras que el hogar es el tercer lugar en donde los niños están expuestos a la violencia. 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años ha sufrido algún tipo de agresión en el hogar. Las niñas y adolescentes son las más afectadas, ya que 7 de cada 10 fueron víctimas de agresión en sus hogares.
Conforme al artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años; y adolescentes, las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de 18 años.1
La problemática en torno a la atención psicológica en niñas, niños y adolescentes que enfrentan dificultades emocionales, conflictos familiares, problemas de salud mental y abuso sexual es compleja y preocupante.
En primer lugar, todavía hay un estigma asociado a la salud mental en general, lo que dificulta que las familias busquen ayuda profesional cuando sus hijos están experimentando dificultades emocionales. Además, la falta de información y educación sobre la importancia de la salud mental en la infancia y adolescencia también contribuye a que muchos casos no reciban la atención necesaria.
Por otro lado, la falta de recursos y accesibilidad a servicios de salud mental especializados para las niñas, niños y adolescentes es un problema común en muchas comunidades. Muchas veces, las familias no cuentan con medios económicos para tener a terapias o tratamientos adecuados, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de los menores afectados.
En el caso específico de las víctimas de abuso sexual, es necesario destacar que se trata de una problemática especialmente delicada que requiere una atención especializada y un abordaje integral por parte de profesionales de la psicología. Muchas veces, las secuelas psicológicas del abuso sexual en la infancia pueden manifestarse de manera tardía o en forma de trastornos emocionales graves, por lo que es fundamental detectar y tratar estos casos a tiempo.
La atención psicológica en niñas, niños y adolescentes que enfrentan dificultades emocionales, conflictos familiares, problemas de salud mental y abuso sexual es un tema urgente que requiere de una mayor sensibilización, recursos y políticas públicas que garanticen el bienestar emocional y psicológico de la población infantil y adolescente. Es fundamental que se promueva un enfoque preventivo y de intervención temprana, así como el fortalecimiento de redes de apoyo y colaboración entre profesionales de la salud mental y otras instituciones que trabajen en pro de la protección de los derechos de la niñez.
En 2011, México incorporó explícitamente el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4o. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.2
Estar mentalmente sano durante la infancia significa alcanzar los indicadores del desarrollo y los indicadores emocionales, así como también aprender destrezas sociales saludables y cómo enfrentar los problemas que puedan presentarse. Los niños que son mentalmente sanos tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar, la escuela y sus comunidades.
Los trastornos mentales en las niñas, niños y adolescentes, se describen como cambios serios en su forma habitual de aprender, comportarse o manejar las emociones, lo cual causa angustia y problemas en las actividades diarias. Ocasionalmente, muchos niños presentan temores y preocupaciones o muestran comportamientos disruptivos. Si los síntomas son serios y persisten e interfieren con las actividades en la escuela, la casa y al jugar, puede que al niño le diagnostiquen un trastorno mental.
Tener salud mental no es simplemente la ausencia de un trastorno mental. Los niños que no tienen un trastorno mental podrían diferenciarse en cuán bien se encuentran, y los niños con el mismo trastorno mental diagnosticado podrían mostrar fortalezas y debilidades diferentes en la forma en que se están desarrollando y sobrellevan las situaciones, y tener una calidad de vida diferente. Considerar la salud mental como un proceso continuo y la identificación de trastornos mentales específicos son maneras de entender cuán bien se encuentran los niños.3
La importancia de la atención psicológica para la salud integral:
La atención psicológica es crucial para la salud integral porque el bienestar mental tiene un impacto directo en la calidad de vida. La atención psicológica puede ayudar a prevenir y tratar trastornos mentales, mejorar la resiliencia emocional, fortalecer las habilidades de afrontamiento y promover relaciones saludables.4
La salud mental es otro desafío importante. En las niñas niños y adolescentes pueden experimentar problemas como la ansiedad, la depresión y los trastornos de la alimentación. La falta de apoyo y comprensión de su entorno puede dificultar su búsqueda de ayuda.
Otro consejo importante es buscar apoyo en familiares, amigos o profesionales de la salud mental. Contar con alguien que escuche y brinde apoyo puede marcar una gran diferencia en la superación de los problemas emocionales. Además, es recomendable participar en actividades grupales o terapias donde se puedan compartir experiencias y aprender estrategias de afrontamiento.
Algunos de los beneficios que podrán tener las niñas niños y adolescentes:
1. Protección de los derechos de la niñez: Todos las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente seguro y saludable, y a recibir la atención psicológica adecuada para superar las dificultades que enfrentan.
2. Prevención de consecuencias negativas a largo plazo: Las experiencias traumáticas en la infancia pueden tener efectos negativos en la salud mental y el bienestar emocional de las niñas, niños y adolescentes, en el futuro. Brindarles apoyo psicológico temprano puede prevenir problemas de largo plazo.
3. Favorecer el desarrollo integral: La atención psicológica adecuada puede contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, ayudándoles a superar sus dificultades emocionales y a aprender a manejar de forma saludable sus emociones y conflictos familiares.
4. Reducción del riesgo de re victimización: Las víctimas de abuso sexual u otros delitos pueden estar en riesgo de sufrir nuevas victimizaciones si no reciben el apoyo necesario. Una buena propuesta de atención psicológica puede ayudar a reducir este riesgo.
5. Contribuir a la construcción de una sociedad más justa y empática: Al brindar atención y apoyo psicológico a las niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, se está contribuyendo a crear una sociedad más solidaria, empática y justa, en la que todos los individuos tengan la oportunidad de desarrollarse de manera plena y saludable.
El objetivo de la atención psicológica a niñas, niños y adolescentes que enfrentan dificultades emocionales, conflictos familiares, problemas de salud mental y víctimas de violencia es proporcionarles herramientas y estrategias para poder afrontar y superar estas situaciones de forma saludable y positiva.
Además, se busca brindarles un espacio seguro y de confianza donde puedan expresar sus emociones, sentirse escuchados y apoyados, y recibir el apoyo necesario para procesar y sanar las experiencias traumáticas que han vivido.
La atención psicológica también tiene como objetivo promover el bienestar emocional, social y psicológico de las niñas, niños y adolescentes, fortalecer su autoestima, mejorar sus habilidades de afrontamiento y resolución de conflictos, y favorecer su desarrollo personal y social de forma integral. En definitiva, se busca contribuir a su salud mental y a su calidad de vida en general.
Es importante mejorar la propuesta de la problemática de la atención y apoyo psicológico a niñas, niños y adolescentes que enfrentan dificultades emocionales, conflictos familiares.
Con estas adecuaciones a la Ley de Asistencia Social se pretende, como objetivo principal de la iniciativa, que el Estado promueva programas para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo el derecho a la salud y a la protección contra la violencia a través de apoyos psicológicos para los mencionados que enfrentan dificultades emocionales, conflictos familiares, problemas de salud mental y víctimas de violencia, abuso sexual o cualquier delito.
A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la iniciativa, se presenta el cuadro comparativo siguiente:
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona la fracción III-Bis al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social
Único. Se adiciona la fracción III Bis al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:
Artículo 12. ...
I. y II. ...
III. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la representación jurídica y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social;
III. Bis. La atención y apoyo psicológico a las niñas, niños y adolescentes que afronten dificultades emocionales, conflictos familiares, problemas de salud mental y víctimas de violencia, abuso sexual o cualquier delito.
IV. a XIV. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/907542/LGDNNA.pdf
2 La Constitución y el papel de niñas, niños y adolescentes en el texto actual, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, www.gob.mx
3 https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/spanish/basics.html
4 https://significadosweb.com/concepto-de-atencion-psicologica-definicion -y-que-es/#
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.
Diputada Janeth Yareli Sánchez Cruz (rúbrica)
Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Bernardo Ríos Cheno, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Bernardo Ríos Cheno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I, numeral I, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 7 y 8 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México, las altas temperaturas, la falta de lluvias y los fenómenos climáticos han sido un factor que ha afectado directa y gravemente al sector agrícola, generando pérdidas económicas y de producción.
Para 2024 se prevé que la sequía seguirá siendo un problema recurrente, que impactará de manera significativa en la producción de cultivos, tales como frijol. Chile, maíz, tomate y la caña de azúcar, entre otros.
De acuerdo con datos publicados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, “el maíz es el cultivo más afectado por la sequía, ya que su producción ha disminuido en 20 por ciento” en comparación con los años anteriores.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha señalado que “la sequía ha afectado a más de 1 millón de hectáreas de cultivos en el país en los últimos años”.
Se considera que, estos fenómenos se han venido incrementando, debido al cambio climático, que ha alterado las condiciones ambientales y con ello se ha aumentado la frecuencia e intensidad de las sequías en todo el mundo.
El efecto de la sequía repercute directamente en los precios de los alimentos, y con ello, el encarecimiento de la canasta básica, por lo cual, se considera que debe ser atendida de manera prioritaria por el gobierno de México, generando estrategias inmediatas que prevengan y en su caso mitiguen los efectos de la sequía en el sector agropecuario.
La situación se agrava aún más si se considera que la pandemia ha afectado gravemente la economía del país, dejando a muchas familias en una situación vulnerable.
Para entender el problema, debemos saber que la sequía es un fenómeno, cuya característica primordial, es la falta de lluvia durante un periodo prolongado de tiempo, es decir, que el nivel de las lluvias es inferior a la demanda de agua requerida por la vegetación para crecer y desarrollarse, lo que trae como consecuencia la reducción de la producción de alimentos y la disminución de la calidad de los cultivos, aunado a bajos niveles de agua para el consumo humano.
El Ejecutivo federal, en atención del problema de sequía, ha declarado emergencia en varias regiones del país e implantado medidas para mitigar sus efectos.
Las medidas implantadas incluyen la aplicación de programas de apoyo a los productores agrícolas, como la entrega de semillas, fertilizantes y otros insumos para la producción de alimentos, a efecto de mitigar los efectos de la sequía, evitando además el encarecimiento de la canasta básica.
Si consideramos que el sector agrícola nacional, en la mayoría de los casos carece de infraestructura y tecnología adecuada para la producción agrícola, es decir, que la mayoría de los productores nacionales aun no cuentan con herramientas y maquinaria moderna para optimizar sus procesos de producción, lo que los hace menos competitivos frente a otros productores nacionales e internacionales.
Aunado a la falta de herramientas, maquinaria y los altos precios del alimento para el ganado, los pequeños agricultores se enfrentan al problema de la sequía, situación que por sí sola genera un aumento en los costos de producción.
De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Colima, Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima registran índices de sequía extrema.
El campo mexicano evidencia diversas problemáticas sociales, ambientales y económicas que provocan que el sector esté rezagado en muchos sentidos. Esto, a su vez, representa un obstáculo para satisfacer la enorme demanda de alimentos de la población nacional. México es el décimo país más poblado, con una cifra que en 2020 alcanzó 127.8 millones de personas. De ellas sólo 23 por ciento vive en áreas rurales. Alcanzar la seguridad alimentaria ha sido y continúa siendo un reto, pues 20.4 por ciento (25.5 millones) de la población presenta algún tipo de carencia relacionada con la pobreza por falta de acceso a la alimentación.1
Según el Monitor de Sequía en México, a mediados del año pasado 74.5 por ciento de la superficie del país presentaba niveles anormalmente secos o con algún grado de sequía y a inicios de este año mil 613 municipios estaban en sequía severa, extrema o excepcional. Según la ONU, las sequías se duplicarán para 2050.2
La agricultura en México es un sector importante de la economía del país tanto histórica como políticamente, a pesar de que ahora represente tan sólo un pequeño porcentaje de PIB de México (3,6 % en 2015). («Porcentaje PIB». Banco Mundial. 2015. Consultado el 8 de junio de 2017). La diversidad de tipos de suelo, climas y ecosistemas a lo largo y ancho del territorio nacional representa una amplia baraja de opciones para la producción agrícola, lo que hace de México un país en donde existen condiciones idóneas para cultivar una gran variedad de productos de todo tipo.
El país cuenta con una extensa variedad de frutas y verduras que se cultivan diariamente, pero el proceso después de la cosecha, la venta y el comercio de los cultivos mexicanos, es un motor de la economía.3
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de 2017, México cuenta con 32.4 millones de hectáreas destinadas a la cosecha, de las cuales 21 por ciento cuenta con riego y el restante 79 depende de las lluvias para mantener en pie la cosecha.
Otro dato aportado por la Encuesta Nacional Agropecuaria es que 19.5 por ciento de la superficie que cuenta con riego es propiedad mayoritaria de grandes productores, mientras que el resto es propiedad de pequeños y medianos productores. Sólo 21 por ciento del campo mexicano cuenta con riego, 79 por ciento depende de las lluvias.
Un dato de suma importancia es que el PIB per cápita relacionado con el sector agropecuario durante 2018 y 2019 aumentó un total de 2 por ciento, mientras que las actividades industriales cayeron -? por ciento y los servicios aumentaron sólo 0.5.
Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2018, el sector agropecuario representa 10 por ciento del PIB, pues la agricultura es la actividad económica que genera mayor valor, con 70 por ciento del sector primario.4
Como se ha mencionado, ante la escasez y falta de agua se genera que los cultivos se sequen y mueran, lo que puede tener consecuencias graves para los agricultores y las comunidades que dependen de la agricultura para su subsistencia, por lo que, el gobierno de México ha declarado emergencia en varias regiones del país debido a la sequía, y ha implementado medidas para mitigar sus efectos.
Iniciativas del gobierno mexicano 5
En México, el gobierno ha implementado una serie de medidas para apoyar a los agricultores afectados por la sequía. Estas medidas incluyen:
1. Distribución de semillas y fertilizantes a los agricultores afectados por la sequía, a fin de ayudarles a remplazar los cultivos perdidos.
2. Programas de apoyo financiero para los agricultores, incluyendo créditos y subsidios, para ayudarles a hacer frente a las pérdidas causadas por la sequía.
3. Implantación de tecnologías más eficientes para el uso del agua, como el riego por goteo, para ayudar a los agricultores a maximizar el uso del agua disponible.
4. Promoción de prácticas agrícolas sostenibles, como la rotación de cultivos y el uso de abonos orgánicos, para ayudar a reducir la dependencia de los agricultores del agua subterránea.
Resulta importante destacar, que estas iniciativas van dirigidas a áreas rurales y remotas, donde la infraestructura de agua y riego es limitada o inexistente, sin embargo, la implementación de programas de apoyo a los productores agrícolas, como la entrega de semillas, fertilizantes y otros insumos necesarios para la producción de alimentos, es vital para mantener la producción del campo mexicano y mantener la economía nacional.
En vista de lo señalado se exponen los siguientes
Considerandos
Debido a que la sequía puede llegar a tener un impacto devastador en la agricultura de nuestro país, debido a la necesidad imperante de agua, pues es el factor decisivo para que las plantas puedan crecer y desarrollarse, y con ellos se dé el ciclo de producción de alimentos y cultivos.
Por ello, en principio, se propone adicionar un párrafo al artículo 7 de la Ley Agraria, en el cual se propone el establecimiento de estrategias integrales de corto, mediano y largo plazo para prevenir y mitigar los efectos de la sequía en el sector agropecuario nacional, teniendo como justificación, el garantizar que el campo mexicano cuente con los elementos, programas y herramientas necesarias para lograr una adecuada producción y con ello, prevenir que no exista incremento en la canasta básica. Para ello, el Ejecutivo federal deberá establecer estrategias integrales de corto, mediano y largo plazos para prevenir y mitigar los efectos de la sequía en el sector agropecuario, con objeto impedir el encarecimiento de alimentos provocada por la sequía en el país. Asimismo, deberá otorgar apoyo a los productores, como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:
También se propone adicionar un párrafo al artículo 8 de la Ley Agraria, con el objetivo de reforzar el planteamiento anterior, para que, dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo federal en lo relativo a la planeación para el desarrollo integral del campo mexicano, establezca programas de apoyo a los productores agrícolas, como la entrega de semillas, fertilizantes y otros insumos necesarios para la producción de alimentos, para apoyar a pequeños y medianos productores y pobladores del campo que se vean afectados por los efectos de la sequía, con el objeto impedir el encarecimiento de la canasta básica, el planteamiento a que se hace referencia se detalla en el cuadro comparativo que se acompaña:
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7o. y 8o. de la Ley Agraria
Único. Se reforman los artículos 7o. y 8o. de la Ley Agraria, para quedar como sigue:
Artículo 7o. El Ejecutivo federal promoverá y realizará acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes.
El Ejecutivo federal deberá establecer estrategias integrales de corto, mediano y largo plazos para prevenir y mitigar los efectos de la sequía en el sector agropecuario nacional.
Artículo 8o. En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo federal, con la participación de los productores y pobladores del campo a través de sus organizaciones representativas, formulará programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo integral del campo mexicano.
El Ejecutivo federal establecerá estrategias y otorgará apoyos, para impulsar a productores y pobladores del campo que se vean afectados por los efectos de la sequía, con el objeto impedir el encarecimiento de la canasta básica.
El Ejecutivo federal podrá, si así se determina y previos estudios, implementar medidas emergentes que conlleve la creación de programas de apoyo a los productores agrícolas, como la entrega de semillas, fertilizantes y otros insumos necesarios para la producción de alimentos, a efectos de mitigar los efectos de la sequía.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://agriculturasostenible.mx/agricultura-mexico/
2 https://expansion.mx/opinion/2024/02/14/escasez-de-agua-un-problema-ane jo
3 https://tecscience.tec.mx/es/divulgacion-ciencia/la-agricultura-el-moto r-de-nuestra-economia/
4 Ídem.
5 https://www.distribuidornacional.com/la-sequia-golpea-al-agro-mexicano/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.
Diputado Bernardo Ríos Cheno (rúbrica)
Que reforma los artículos 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 30 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Bernardo Ríos Cheno, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Bernardo Ríos Cheno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I, numeral I, del artículo 6 y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 58, fracción VI, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 30, fracción XII, de la Ley General de Educación, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El consumo de drogas y sustancias psicoactivas ha tenido un preocupante incremento en los últimos años a nivel mundial. este aumento ha alcanzado ya a países que eran considerados como meros territorios de producción y tránsito, pero que actualmente ya son parte del mercado de consumo, por lo que las políticas antidrogas que habían venido aplicando sus respectivos gobiernos se han tenido que modificar ya no solo para hacer frente a la producción y trasiego sino también para prevenir y atender su consumo.
De acuerdo con datos del Informe Mundial sobre las Drogas de 2023, presentado el 26 de junio de ese año por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la estimación mundial de personas que se inyectaron drogas en 2021 fue de 13.2 millones, 18 por ciento más de lo estimado anteriormente. A escala mundial, más de 296 millones de personas consumieron drogas en 2021. Ello supone un aumento de 23 por ciento respecto a la década anterior. En tanto, el número de personas que padecen trastornos por consumo de drogas se ha disparado hasta 39.5 millones, lo que supone un aumento de 45 por ciento en 10 años.1
El referido informe destaca cómo las desigualdades sociales y económicas impulsan, entre otras consecuencias, la devastación ambiental y los abusos contra los derechos humanos causados por las actividades económicas ilícitas relacionadas con las drogas; el incremento de otras actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y la paralización de actividades económicas lícitas, además del creciente predominio de las drogas sintéticas.
En tanto que la demanda de tratamientos para trastornos relacionados con las drogas continúa en gran medida insatisfecha. En 2021, sólo una de cada cinco personas que padecía trastornos relacionados con las drogas seguía un tratamiento para su consumo, y las disparidades en el acceso a tratamientos entre regiones son cada vez mayores.
La población juvenil es la más vulnerable al consumo de drogas y la más afectada por los trastornos derivados de su consumo en varias regiones. En África, 70 por ciento de las personas en tratamiento tienen menos de 35 años.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destaca en su informe que la salud pública, la prevención y el acceso a los servicios de tratamiento deben ser prioritarios en todo el mundo, o los desafíos relacionados con las drogas dejarán atrás a más personas. El informe subraya además la necesidad de que las respuestas policiales estén a la altura de los ágiles modelos de negocio de la delincuencia y de la proliferación de drogas sintéticas baratas y fáciles de comercializar.2
En el informe de 2022 señaló que en el país, los estimulantes de tipo anfetamínicos se habían vuelto la principal droga causante de tratamiento. Los datos arrojados por el informe de ese año demostraron que entre 2010 y 2020 el consumo de sustancias psicoactivas aumentó en 26 por ciento. En 2020, 284 mil personas adultas las usaron al menos una vez, en su mayoría hombres, destacando el aumento del consumo de cannabis y anfetaminas.
En términos de demanda, señala el informe, los estimulantes de tipo anfetamínico se han vuelto la principal causa de tratamiento en México. En cuanto a opioides, se precisó que, si bien la heroína era la de mayor uso en México en 2020, el uso de ese tipo de sustancias no es común en el país: 0.1 por ciento de la población reporta haber consumido. Sin embargo, se detecta mayor consumo en el norte del país.
Al respecto, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Gady Zabicky Sirot, señaló en su momento que el gobierno mexicano impulsa la descriminalización de los usuarios de sustancias y aborda su consumo como un problema de salud pública.3
Dentro de las estrategias que instituciones nacionales e internacionales han propuesto para prevenir y evitar el consumo de drogas y sustancias psicoactivas se encuentra un reforzamiento de las actividades de prevención y concientización entre la población escolar, principalmente entre la población en el rango de edad entre los 10 y los 16 años, aunque esta sugerencia no se limitó a ese rango de edad y abarcó también a niñas y niños menores de los 10 años y adolescentes mayores de 16. en este sentido, la propia UNODC, publicó en 2004 Escuelas, educación de base escolar para la prevención del uso indebido de drogas, material elaborado de manera conjunta entre expertos, profesores y estudiantes.4
En dicho material, la oficina de Naciones Unidas señala que la prevención del uso indebido de drogas gira en torno a tres elementos principales que son: estrategias de reducción de demanda, estrategias de reducción del suministro y estrategias para mitigar las consecuencias negativas sociales y de salud del consumo de drogas.
En la implantación de esas estrategias, señala el organismo de Naciones Unidas, las escuelas ayudan en la difusión de información de suma importancia no solo entre la comunidad estudiantil, sino también entre el entorno familiar de los estudiantes, situación que, en esencia, debe permear en la comunidad en la que se encuentra el centro educativo y ello debería influir positivamente en la toma de conciencia de la magnitud del problema del tráfico y consumo de drogas y los impactos negativos entre la población, en especial la más vulnerable, como las niñas, los niños y los adolescentes.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, al participar en la difusión de los derechos de la infancia y la adolescencia, entre los que se encuentra el 33, “protección contra las drogas ilegales”, a partir del cual las niñas, los niños y los adolescentes deben ser protegidos no sólo del consumo de drogas ilegales sino, también, de ser utilizados en el tráfico de drogas,5 colabora con instancias gubernamentales nacionales con recomendaciones y sugerencias relativas al establecimiento de planes y estrategias para prevenir el consumo de drogas, a través de campañas de difusión y concientización de la gravedad del problema, en especial para niñas, niños y adolescentes, que son de los sectores más vulnerables no solo para incurrir en el consumo de drogas ilegales, sino también de ser reclutados por las bandas criminales.
En su oportunidad, en el año 2011, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional contra las Adicciones, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones y los Centros de Integración Juvenil, implementaron el programa “Escuela Segura”, que consistió en una estrategia integral desarrollada a nivel primaria y secundaria en todo el país y que tuvo, entre sus objetivos, la encomienda de difundir información en las aulas para informar a los educandos de los efectos nocivos de las drogas, tanto legales como ilegales, de las afectaciones en la salud y en los entornos sociales de los estudiantes (familia, amistades, escolar), de los riesgos de participar en actividades relacionadas con el tráfico y distribución de drogas ilegales y de incorporarse a los grupos criminales dedicados a dichas actividades.6
En 2017, la Comisión Nacional contra las Adicciones publicó las “Guías preventivas para niñas, niños, adolescentes, padres y maestros”, integradas por nueve cuadernillos de trabajo, cuyas actividades y estrategias están orientadas a desarrollar competencias y habilidades específicas en cada grupo de edad. Los materiales incluidos en las mismas, buscaban incidir y entrenar a niños y adolescentes en el desarrollo de hábitos saludables y en el enfrentamiento de las presiones asociadas al consumo de sustancias. Al tratarse de herramientas activas, la dinámica de implantación se orientó en incidir en diversos frentes, por ello involucraron el trabajo con niños, adolescentes, padres y maestros, en busca de un impacto desde una perspectiva integral: familia-escuela-sociedad.7
Todo lo anterior, demuestra la importancia de la educación y el trabajo en los planteles educativos en una estrategia integral de prevención del consumo de drogas ilegales y sustancias psicoactivas, en especial en lo relativo a evitar que las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad se “enganchen” en el consumo de drogas y sustancias psicoactivas o, en otro escenario igual de preocupante, se incorporen a los grupos de la delincuencia organizada, situación que en los últimos años se ha convertido en una de las principales causas de deserción escolar, en especial entre jóvenes de secundaria y nivel medio superior.8
Por ello resulta apremiante fortalecer el papel del centro educativo en una estrategia integral de prevención de adicciones y de concientización de los efectos nocivos de la producción, consumo y tráfico de drogas ilegales y sustancias psicoactivas.
Por tal motivo se propone esta iniciativa de reformas de las Leyes Generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de Educación, a efecto de reconocer el importante papel del sistema educativo nacional en enfrentar el aumento del consumo de drogas ilegales y sustancias psicoactivas, así como en su producción y tráfico.
Finalmente, y en atención a lo desarrollado, se presentan los siguientes:
Considerandos
Visto lo anterior, resulta evidente la necesidad de armonizar el marco normativo relativo a los planes y programas de estudio a efecto de que se incluyan en estos, como elemento esencial, el difundir entre los educandos información necesaria que fortalezca la prevención del consumo de drogas ilegales y sustancias psicoactivas, así como los efectos nocivos.
Se estima que con la reforma en materia de la presente iniciativa, al precisarse en el artículo 58 fracción VI de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que la educación que se les imparta debe prevenir el delito y las adicciones a las drogas y sustancias psicoactivas, mediante el diseño y ejecución de programas y la incorporación, en los planes de estudio, de contenidos que destaquen la importancia de la prevención, se acota la obligación del Estado mexicano para incorporar, en los planes de estudio correspondientes, actividades que reconozcan la importancia de la prevención.
Por lo que se refiere al 30, fracción XII, de la Ley General de Educación, cuya reforma es materia de la presente iniciativa, se propone acotar que en los planes y programas de estudio se deberá dar énfasis y especial importancia a la prevención del consumo de drogas y no solo de sustancias psicoactivas, así como de fortalecer el conocimiento y comprensión de las causas del consumo y adicción a las drogas y sustancias psicoactivas, sino también sus riesgos y consecuencias.
Por lo anterior se plantea la reforma de las Leyes General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de Educación, descrita en el siguiente cuadro comparativo para facilitar la comprensión de la importancia del planteamiento que nos ocupa:
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforman los artículos 58, fracción VI, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 30, fracción XII, de la Ley General de Educación
Primero. Se reforma el artículo 58, fracción VI, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines:
I. a V. ...
VI. Prevenir el delito y las adicciones a las drogas y sustancias psicoactivas, mediante el diseño y ejecución de programas y la incorporación, en los planes de estudio, de contenidos que destaquen la importancia de la prevención;
VII. a X. ...
Segundo. Se reforma el artículo 30, fracción XII, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo con el tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:
I. a XII. ...
XII. La prevención del consumo de drogas y sustancias psicoactivas así como, el conocimiento y comprensión de sus causas, riesgos y consecuencias;
XIII. a XXV. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Fuente: https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/junio-2023/el-informe-mundial-sobre-las-drogas-2023
-de-unodc-advierte-sobre-crisis-convergentes-a-medida-que-los-mercados-de-drogas-ilicitas-siguen-expandindose.html
2 Ídem.
3 Fuente: https://www.gob.mx/salud/conadic/prensa/mexico-atiende-el-consumo-de-sustancias-psicoactivas
-con-un-enfoque-de-salud-publica-conadic?idiom=es#:~:text=En%20el%20Informe%20se%20indica,
consumo%20de%20cannabis%20y%20anfetaminas.
4 Fuente: https://www.unodc.org/pdf/youthnet/handbook_school_spanish.pdf
5 Fuente: https://unicef.org.co/libro/Libro_Derechos_Unicef.pdf?_gl=1*1rwiho7*_ga*MTQ3NzExMTM3Ni4x
NjgwODI3OTUw*_ga_6M7F9SLR7L*MTY5MzE3Nzg0MS4xLjEuMTY5MzE3ODE2OC4wLjAuMA..*_ga_ZEPV2PX419*
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6 Fuente: https://healtheducationresources.unesco.org/sites/default/files/resourc es/21432_mpfpaes.pdf
7 Fuente: https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/conadic-presenta- guias-preventivas-para-ninos-ninas-adolescentes-padres-y-maestros-10856 6
8 Fuente: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-6 2662021000100149
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.
Diputado Bernardo Ríos Cheno (rúbrica)
Que reforma el artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Claudia Lizeth Palos García, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Claudia Lizeth Palos García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 1, fracción I, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones V y VII del artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Debido a su prevalencia el autismo es considerado de interés mundial. Esta situación ha puesto en alerta a gobiernos nacionales y ahora prácticamente en todos los continentes se han emitido leyes sobre el tema.
Estos esfuerzos han permeado en naciones de América Latina. En el caso del país, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que entró en vigor en abril de 2015. En ella se puntualiza que corresponde al Estado (federación, estados y municipios) asegurar el respeto y ejercicio de los derechos que asisten a las personas con la condición del espectro autista (TEA). El artículo 1 dice a la letra: “Las disposiciones de la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general en toda la república”.
Según la OMS 1
Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas. Se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación.
Otras características que presentan son patrones atípicos de actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones.1
Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.1
El autismo suele influir en la educación y las oportunidades de empleo. Además, impone exigencias considerables a las familias que prestan atención y apoyo. Las actitudes sociales y el nivel de apoyo prestado por las autoridades locales y nacionales son factores importantes que determinan la calidad de vida de las personas con autismo.1
Las características del autismo pueden detectarse en la primera infancia, pero, a menudo, el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde.
Las personas con autismo presentan a menudo afecciones comórbidas, como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y comportamientos problemáticos, como dificultad para dormir y autolesiones.1
El nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas.1
Epidemiología
Se calcula que en el mundo, 1 de cada 100 niños tiene autismo.2 Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia del autismo en muchos países de ingresos bajos y medianos es hasta ahora desconocida.
Causas 3
La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos los genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda tener autismo.
Numerosas investigaciones realizadas con distintos métodos a lo largo de muchos años han demostrado que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola no causa autismo. Los estudios que se interpretaron como indicativos de tal relación eran erróneos, y algunos de los autores tenían prejuicios no declarados que influían en la información que daban sobre su investigación.3
La evidencia también demuestra que otras vacunas infantiles no aumentan el riesgo de autismo. Una amplia investigación sobre el conservante tiomersal y el aditivo aluminio, que forman parte de los componentes de algunas vacunas elaboradas con patógenos inactivados, llegó a la firme conclusión de que estos componentes de las vacunas infantiles no aumentan el riesgo de autismo.3
Evaluación y atención 3
Desde la primera infancia y durante toda la vida, una amplia gama de intervenciones puede optimizar el desarrollo, la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas con autismo. El acceso oportuno a intervenciones psicosociales tempranas basadas en las evidencias puede mejorar la capacidad de los niños con autismo para comunicarse eficazmente e interactuar socialmente. Se recomienda incluir el seguimiento del desarrollo infantil en la atención sistemática a la salud de la madre y el niño.3
Una vez diagnosticado el autismo, es importante que se les ofrezca al niño o adolescente con autismo y a su familia información y servicios pertinentes, derivación a especialistas y ayudas prácticas de acuerdo con sus necesidades y preferencias y con la evolución de estas.3
Las necesidades de atención de salud de las personas con autismo son complejas y requieren una serie de servicios integrados, que abarcan la promoción de la salud, la atención y la rehabilitación. Es importante la colaboración entre el sector de la salud y otros sectores, en particular los relacionados con la educación, el empleo y la asistencia social.3
Las intervenciones dirigidas a las personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo deben diseñarse y realizarse con la participación de personas que presenten esos trastornos. La atención debe ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social para lograr mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo.
La OMS, respecto a los derechos humanos de que las personas con la condición de espectro autista deben disfrutar como todo ser humano, menciona lo siguiente:
Derechos humanos 4
Todas las personas, incluidas las que padecen autismo, tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Sin embargo, las personas con autismo a menudo son objeto de estigmatización y discriminación, que incluye la privación injusta de atención de salud, educación y oportunidades para participar en sus comunidades.4
Las personas con autismo tienen los mismos problemas de salud que el resto de la población, pero pueden tener además otras necesidades asistenciales especiales relacionadas con el autismo u otras afecciones comórbidas. Pueden ser más vulnerables a padecer enfermedades no trasmisibles crónicas debido a factores de riesgo como inactividad física o malas preferencias dietéticas, y corren mayor riesgo de sufrir violencia, lesiones y abusos.4
Igual que el resto de los individuos, las personas con autismo necesitan servicios de salud accesibles para sus necesidades de atención de salud generales, en particular servicios de promoción, prevención y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. Sin embargo, en comparación con el resto de la población, las personas con autismo tienen más necesidades de atención de salud desatendidas y son también más vulnerables en caso de emergencia humanitaria. Un obstáculo frecuente radica en los conocimientos insuficientes y las ideas equivocadas que tienen los proveedores de atención de salud sobre el autismo.4
Planteamiento del problema
Las personas que se sufren algún grado de la condición del trastorno del espectro autista (TEA), en el caso de México, son distintos también los grados de vulnerabilidad que les aquejan, pues no solo son los padecimientos y degradación de la funcionalidad o discapacidad que ésta condición les afecta ya que se presentan múltiples afecciones en su fisiología y salud mental y conductual que van desde algunos problemas leves en su capacidad cognitiva como el déficit de atención leve, hasta alguna discapacidad intelectual o déficit de atención graves o de alto grado de dificultad en su manejo, pero también los hace doblemente vulnerables las circunstancias en las que en muchos casos llegan a coincidir esta condición con la carencia de recursos, sobre todo económicos y si a esto se le suma que en muchos casos las personas que padecen de esta condición, viven en lugares muy apartados como aquellas zonas rurales en donde difícilmente existen servicios públicos de salud, entonces..., como es de esperarse, simplemente su vida y la de sus familias se torna francamente difícil porque lo más seguro, es que no existan servicios especializados cerca de ellos.
Esta circunstancia tiene que ver con la falta de inversión histórica en infraestructura y formación de profesionales en servicios públicos en la materia debido a varias causas y con efectos catastróficos, de las que se pueden mencionar: el hecho de que de por sí, no existen suficientes profesionales capacitados y especializados en el manejo del TEA desde su diagnóstico hasta su tratamiento integral que incluya a sus familias, y tampoco la infraestructura hospitalaria que acoja con la suficiente capacidad y conocimiento todos los casos de personas con TEA que requieran de atención y en muchos casos, prescripción médica de medicinas para su atención.
Por ello es necesario que desde el Poder Legislativo federal se propongan soluciones que permitan establecer disposiciones para que se garantice la existencia de infraestructura y capacitación adecuados para la atención de miles de personas que sufren por algún grado de la condición del trastorno del espectro autista en el país.
Antecedentes 5
En la página oficial del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad obra la siguiente información relevante en la materia:
El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas instauró este día, con la invitación a realizar acciones para sensibilizar y concienciar a más personas sobre las condiciones del espectro autista.5
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 160 niños presenta esta condición y la incidencia se incrementa 17 por ciento al año. Cada año se diagnostican más niños con autismo que con sida, cáncer y diabetes juntos.5
El único estudio que existe en México, impulsado por Autism Speaks (2016) estima que 1 de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1 por ciento de la población infantil. Sin embargo, la incidencia en la vida adulta y el conocimiento de su situación en la adolescencia se desconocen.5
La OMS publicó en 2019 la siguiente información:
• Uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista (TEA).
• Los TEA comienzan en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta.
• Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.
• Las intervenciones psicosociales basadas en evidencias, como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres, pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social, y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las personas con TEA y de sus cuidadores.
• Las intervenciones dirigidas a las personas con TEA deben acompañarse de medidas más generales que hagan que los entornos físicos, sociales y actitudinales sean más accesibles, inclusivos y compasivos.
• Las personas con TEA sufren estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Su acceso a los servicios y al apoyo es insuficiente a escala mundial.
Caracterización de la problemática
Como ejemplo de la problemática que se expone en la presente iniciativa, me permito mencionar las circunstancias y el estatus prevaleciente en la materia en Zacatecas, de donde soy originaria y represento en el Congreso de la Unión, no sin antes decir que las mismas circunstancias se pueden apreciar y comprobar en otras entidades federativas:
De acuerdo con un estudio analítico sobre las capacidades de atención de los casos de personas con Trastorno del Espectro Autista que se llevó a cabo con la finalidad entre otras cosas, probar que efectivamente no se está cumpliendo la ley local para la atención y protección a las personas con la condición del espectro autista del estado y municipios de zacatecas, se realizó una investigación bibliográfica documental del documento Infraestructura disponible para la atención de los trastornos del espectro autista en el sistema nacional de salud: informe final, el cual fue resultado de la colaboración de los 32 estados de la república con la coordinación de la Secretaría de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, publicado en diciembre de 2018.
Los rubros evaluados fueron: disponibilidad de recursos humanos para la atención de personas con TEA, equipamiento en las unidades para estudios de apoyo al diagnóstico, presencia de instrumentos clínicos para el diagnóstico de TEA en las unidades al igual que pruebas para evaluación de áreas del desarrollo, disponibilidad de medicamentos psicotrópicos para el tratamiento de las comorbilidades, disponibilidad de protocolos para el diagnóstico de TEA o detección de desviaciones en el desarrollo socio-comunicativo de niños, así como la existencia de grupos de apoyo para familiares de pacientes con TEA o, pláticas informativas acerca de TEA y verificar si existe capacitación del personal en temas relacionados con TEA y el registro de casos atendidos en las unidades.
A partir del Instrumento de Evaluación de Sistemas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005) se desarrolló el cuestionario a fin de evaluar la infraestructura disponible para la atención de los trastornos del espectro autista. Este proceso inició en septiembre de 2017 y finalizó en octubre de 2018 (doctora Patricia Zavaleta Ramírez, diciembre de 2018), con las siguientes conclusiones:
Del estudio revisado y tomado como precedente se realizó un análisis exploratorio de la información vertida por las entidades federativas en el cuestionario de infraestructura para la atención de los TEA, se detectó la existencia de dos tipos de unidades: las que cuentan con recurso mínimo para la atención de los casos y aquellas que tienen recursos especializados. Por lo anterior se decidió caracterizar el tipo de equipamiento existente en las unidades médicas por entidad federativa conforme a estos dos grupos (doctora Patricia Zavaleta Ramírez, diciembre de 2018).
Para el análisis del recurso humano se consultó la base de datos del Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud de la Dirección General de Información en Salud (2017) y se complementó con la información obtenida de los cuestionarios de infraestructura que se envió a los estados.
Resultados y conclusiones
En el estudio analizado como referente se solicitó información para 14 mil 216 unidades médicas del sector salud. Se recibió información de 7 mil 571 (53 por ciento) unidades. Destaca el IMSS, por ser la institución cuya información alcanza 80 por ciento de sus unidades; seguido de la Secretaría de Salud, con información de 54 por ciento de sus unidades. Además, se incluyó información de 51 unidades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. De éstas, 21 son centros de rehabilitación y 12 educación especial y centros de rehabilitación integral; 5 unidades básicas de rehabilitación y 27 unidades municipales, así como 76 unidades del ISSSTE.
Con la investigación realizada se comprueba que ni el país ni Zacatecas ni otras entidades federativas están preparados aún para cumplir las disposiciones normativas y legislativas que aunque son grandes y loables esfuerzos para la atención y protección a las personas con la condición del trastorno del espectro autista, aún no es suficiente y en ese camino debemos abundar con el fin de lograr la solución acorde a las legítimas demandas de este sector poblacional del país.
Si bien es un camino largo por recorrer, en el análisis al documento revisado podemos observar que, en cuanto a infraestructura se encuentra la mayor ventaja, es el capital humano en donde se encuentran deficiencias, ya que no se había apostado por la educación y capacitación continuas del personal de salud en el estado. Siendo los padecimientos del espectro autista, aún desconocidos para la mayoría de ellos.
Esta retroalimentación es fundamental para reconocer las debilidades del Estado y que de forma directa o indirectamente, está siendo permisivo y está perpetuando las irregularidades en la atención médica de este sector tan vulnerable, y definitivamente violentando sus derechos fundamentales (Tania, 2022).
Marco legal
Como se ha mencionado, México como parte de su compromiso con la satisfacción de las necesidades de su población para estar a la altura de las demandas legítimas y circunstancias que cada día son más dinámicas y acorde a las convenciones y tratados internacionales que prevén asuntos relacionados con el bienestar de su pueblo, en el año 2015 fue promovida, aprobada y promulgada la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Tuvo como objetivo principal impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro del TEA para proteger sus derechos y necesidades fundamentales, a través de la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, y la sociedad en general.
Con la promulgación de esa ley general se previó el marco jurídico que permitiera implementar acciones coordinadas en materia de salud, educación, capacitación, empleo, deporte y recreación, logrando la inclusión de estas personas a la sociedad.6
En el artículo 10 de dicha ley general se enumeran y reconocen los derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista o de sus familias.
El artículo 1o. de la Carta Magna dispone: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece...”
Asimismo, señala: “Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...”
Y establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas...”
Por lo expuesto se propone reformar las fracciones V y VII del artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, donde se establezcan de forma clara las disposiciones para que, como derechos de las personas con la condición del espectro autista, se consideren tanto la infraestructura suficiente como el personal profesional capacitado para su atención y tratamientos adecuados.
A continuación se presenta el cuadro comparativo correspondiente, con fines de claridad para el proceso de revisión a que haya lugar:
Por lo motivado y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforman las fracciones V y VII del artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista
Único. Se reforman las fracciones V y VII del artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para quedar como sigue:
Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes:
I. a IV. ...
V. Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del sector público federal, de las entidades federativas y municipios, así como contar con terapias de habilitación. Para lo cual, el Estado en sus tres niveles de gobierno, garantizará la existencia y suficiencia de infraestructura adecuada en todo el territorio nacional;
VI. ...
VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias. Para ello, el Estado por medio de la red hospitalaria del sector público federal, de las entidades federativas y municipios, garantizará la existencia y suficiencia de los medicamentos y la capacitación especializada para el personal que intervenga en la atención adecuada de las personas con la condición del espectro autista;
VIII. a XXII . ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-dis orders
2 “Global prevalence of autism: a systematic review update”, Zeidan, J.; y otros, en Autism Research, marzo de 2022.
3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-dis orders
4 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-dis orders
5 https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo?idiom=es#
:~:text=El%20d%C3%ADa%2002%20de%20abril,las%20condiciones%20del%20espectro%20autista
6 https://www.gob.mx/salud/prensa/se-promulga-ley-general-para-la-atencio n-y-proteccion-a-personascon-la-condicion-del-espectro-autista
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.
Diputada Claudia Lizeth Palos García (rúbrica)
Que reforma el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Olga Sarabel Montelongo Dimeo, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Olga Sarabel Montelongo Dimeo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 56 la ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El mercado laboral ha estado acompañado de mecanismos que discriminan y separan a ciertos grupos de la sociedad sin importar las aptitudes y fortalezas de los individuos. Dentro de los mercados de trabajo algunos perfiles ocupacionales evidencian discriminación laboral, lo cual sucede cuando un grupo poblacional, que difiere de otras personas por procedencia étnica, sexo, por discapacidad, raza y orientación sexual, presenta tasas de desempleo mayores o está limitado a tener empleos de baja categoría y escasa remuneración; por consiguiente, se les dificulta alcanzar ciertos niveles jerárquicos en el sector formal, aunque estén calificados para ello y lógicamente sus salarios son bajos. Por su parte, la discriminación ocupacional es la tendencia de que los individuos se empleen en diferentes ocupaciones por pertenecer a un grupo en específico (mujeres, indígenas, negros, etc.), separados unos de otros en la estructura ocupacional, lo cual significa la exclusión de estas personas por grupos sociales.
A menudo, la causa de discriminación, acoso y exclusión del mercado laboral es la percepción de no conformidad con la heteronormatividad (la creencia social de que lo “normal” es ser heterosexual), y también de las ideas preconcebidas sobre la apariencia y el comportamiento que supuestamente han de tener una mujer y un hombre. Con frecuencia, una mujer que es percibida como “masculina” o un hombre que es percibido como “afeminado” en su comportamiento o apariencia son víctimas de discriminación o acoso. En muchos casos, los trabajadores y las trabajadoras lesbianas, gays y bisexuales declararon haber sido objeto de preguntas invasivas sobre su vida privada y haber tenido que justificar por qué no eran heterosexuales.
Los efectos de esta discriminación y violencia se materializan en las experiencias cotidianas, desde el proceso de reconocimiento de su orientación sexual e identidad de género, hasta sus oportunidades de desarrollo personal y ejercicio de derechos a formar una familia y a expresarse libremente o en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo y el acceso a la justicia, entre otros.
El país ha presentado avances importantes en los años recientes para ser una nación verdaderamente incluyente, por ejemplo, podemos señalar las reformas en materia de equidad de género o aquellas que garantizan el acceso a puestos de poder de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI+. Pero lo que en el discurso puede parecer una realidad, en la práctica todavía se queda corto: Hoy día, solo tres de cada diez empresas son incluyentes en México.
La comunidad LGBTT+1 es uno de los grupos que más ha remado contracorriente ante los pocos espacios laborales incluyentes. En México, la discriminación y el acoso laboral son las razones por las cuales 1 de cada 2 personas no tuvo apertura sobre su orientación sexual en su último empleo, de acuerdo con la última encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual y género. Aunque la diversidad e inclusión tienen distintos enfoques para cada organización. Por ejemplo, 60 por ciento concentrará sus acciones en la equidad de género, otro 54 busca la forma de ser más incluyente en materia de edad y sólo 34 por ciento dirige esfuerzos al respeto de la orientación sexual.
En materia de política pública, el país cuenta con la Norma 025,2 “para la igualdad y no discriminación”, un mecanismo de adopción voluntaria para distinguir a los centros de trabajo tanto públicos como privados que cuentan con acciones internas para un espacio laboral igualitario. Aunque recientemente más empleadores han buscado certificarse, el padrón se integra sólo por 460 compañías y organismos públicos y civiles de entre los 1.9 millones de empresas y negocios que hay en el país.
La diversidad sexual3 es una expresión de género fundamental en la sociedad, pues promueve la inclusión, el respeto y la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Presento a continuación algunas consideraciones sobre la importancia de la diversidad sexual en la sociedad:
1. Derechos humanos: Reconocer y respetar la diversidad sexual es un imperativo desde el punto de vista de los derechos humanos. Todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho fundamental de vivir su vida libremente, sin discriminación ni persecución sintiéndose siempre incluidos dentro de una sociedad que les reconoce.
2. Inclusión social: La diversidad sexual enriquece nuestra sociedad al promover la inclusión y la aceptación de todas las personas, sin importar su orientación sexual. Fomentar la igualdad de oportunidades y el respeto hacia las personas LGBT+ contribuye a construir una sociedad más justa y equitativa.
3. Visibilidad y representación: La visibilidad de la diversidad sexual en los medios de comunicación, la cultura y la política es crucial para combatir la discriminación y los estereotipos. La representación de personas LGBT+ en diferentes ámbitos de la sociedad ayuda a desafiar los prejuicios y promueve una mayor aceptación y comprensión.
4. Salud y bienestar: Reconocer y apoyar la diversidad sexual es fundamental para garantizar la salud y el bienestar de las personas LGBT+. La discriminación y el rechazo pueden tener un impacto negativo en la salud mental y física de las personas LGBT+, por lo cual es importante crear entornos seguros y libres de discriminación.
5. Enfoque educativo: Es esencial incluir la diversidad sexual en los programas educativos desde una edad temprana. Promover la educación sexual incluyente y abordar la diversidad sexual en las aulas ayuda a generar una sociedad más respetuosa, tolerante y consciente de la diversidad.
6. Avance social: La aceptación de la diversidad sexual impulsa el avance social. A medida que la sociedad se vuelve más incluyente, se rompen barreras y se promueve el respeto y la igualdad, lo que beneficia a todas las personas, independientemente de su orientación sexual.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el ámbito laboral se discrimina más.
Algunos datos sobresalientes en el rubro de discriminación son
Son los centros laborales donde más ocurren actos de discriminación ; esto equivale a 52 por ciento de las denuncias.
Por ejemplo, a más de 3 mil 500 personas se le negó el derecho al trabajo por un motivo basado en la discriminación y no en sus habilidades o potencial para desempeñar el puesto.
En estos 10 años “se han registrado 8 mil 113 quejas y reclamaciones calificadas como presuntos actos discriminatorios, de las cuales se ha identificado que las tres principales causas de discriminación en una década han sido por discapacidad, con mil 778; condición de salud, mil 358; y apariencia física, 988”.
El 70 por ciento de los actos discriminatorios (5 mil 705) fue atribuido a personas particulares; y 30 (2 mil 408), a personal servidor público o poderes públicos federales.
Para fortalecer e impulsar estrategias, se propone impulsar esta iniciativa como una acción afirmativa que busca corregir de manera acelerada una desigualdad y no discriminación histórica que han sufrido las personas, porque todas las personas somos diversas e iguales en derechos humanos.
Derivado de lo anterior me permito presentar una tabla comparativa a fin de otorgar mayor claridad, por lo que pongo a consideración de esta soberanía la siguiente
Propuesta
Por lo expuesto y fundado someto a consideración del Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el articulo 56 a la Ley Federal del Trabajo
Único. Se reforma el artículo 56 de la Ley Federal de Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre las personas en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la constitución política de los estados Unidos Mexicanos y esta ley y deberán ser proporciónales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Estudio de PageGroup.
2 NMX-R-025-SCFI-2015. La presente norma mexicana establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y tamaño, integren, implanten y ejecuten en sus procesos de gestión y de recursos humanos prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores. Su finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestran la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación. Los centros de trabajo del sector público, privado y social, de cualquier tamaño, rama económica o giro que se encuentren en la República Mexicana, así como la clasificación utilizada para fines de la certificación.
3 Se utiliza el concepto diversidad sexual para remarcar la condición de ser diverso, para sugerir una distancia respecto de “la norma”, que es la heterosexualidad. En consecuencia, este concepto abarca las sexualidades “plurales, polimorfas y placenteras”, como la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y lo trans (término que engloba a diferentes identidades y expresiones de género. Se refiere a la diversidad de personas cuya identidad de género no coincide con la asignada al nacer), ya sea como identidades esencializadas o como prácticas sexuales sin carácter identitario. Se considera que la categoría de diversidad sexual es relativa y está abierta al cambio y a la inclusión de nuevas identidades de acuerdo con el momento histórico y el contexto cultural específicos. Véase Weeks, Jeffrey, Sexualidad, México, Paidós, 1998.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.
Diputada Olga Sarabel Montelongo Dimeo (rúbrica)
Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de incremento de pena por delito cometido por funcionarios públicos, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena
María Guadalupe Román Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Una característica de nuestros tiempos es el avance de la tecnología, la cual ha permitido un mayor desarrollo en todos los sectores de nuestra vida cotidiana, sin embargo, estos avances también han sido utilizados para vulnerar los derechos de las personas como lo es el derecho a la identidad.
Identidad es definida por la Real Academia Española como el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”.1 Las ciencias sociales, principalmente la psicología y la sociología, la entienden como “la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos...”2
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)3 ha señalado que la identidad “es el conjunto de rasgos que caracteriza a un individuo o una colectividad frente a las demás personas”. Ello denota una de las características principales de todo ser humano, ser único e irrepetible, por lo tanto, de acuerdo con la misma CNDH, la identidad de una persona se basa “en el conocimiento de su origen; tiene que ver, en particular, con sus antecedentes familiares. Esto implica que debe tener un nombre, un apellido y una nacionalidad”.
La importancia de la protección de este derecho radica en que en el pleno goce de este permite el acceso a otros derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la educación, así como el goce de otros derechos como la inclusión en la vida económica, cultural y política de su país, a la intimidad y a tener sus propias creencias religiosas, de pensamiento y de opinión, por citar algunos ejemplos. Dada dicha importancia, tanto para las personas como para las naciones, la identidad ha sido considerada como un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto de San José.
El párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce este derecho: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos...” Además, el segundo párrafo del artículo 16 establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de estos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros”. De los citados artículos se desprende que es deber del Estado proteger la identidad de cada persona.
Para hacer valer este derecho, el marco legal define los datos personales constitutivos de la identidad. Así, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de julio de 2010, señala en el artículo 3:
V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”.
Publicada en el DOF el 26 de enero de 2017, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece en el artículo 3:
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;
X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.
Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef)4 señala que la identidad de las personas está constituida por “los datos personales: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo información financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona”.
Como se estableció en párrafos anteriores, el uso de las nuevas tecnologías ha permitido que podamos ser víctimas del robo de información crítica o sensible por parte de terceros para la comisión de hechos ilícitos, así el robo de identidad o usurpación de identidad ha sido considerado el delito de esta era ya que, quien lo comete, utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar productos y servicios financieros a nombre de la víctima, cometiendo, de esta manera fraudes u otro tipo de delitos, por lo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha definido este ilícito como “un crimen que consiste en la obtención ilícita de información personal de un individuo y empleada para cometer actos fraudulentos o de engaño, generalmente para conseguir un beneficio económico”.5
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales6 define al robo de identidad como “la apropiación de la identidad de una persona, para hacerse pasar por ella y asumir su identidad frente a terceros públicos o privados, a fin de obtener ciertos recursos o beneficios a su nombre”.
De acuerdo con Cincel, compañía de soluciones en materia de seguridad digital,7 en el país los casos más comunes de robo de identidad se ven reflejados en
• “Fraude financiero, con tarjetas de crédito, creación de cuentas bancarias o solicitud de préstamos.
• Fraude con servicios, en telecomunicaciones, con la apertura de cuentas de telefonía móvil o fija, o de servicios públicos como electricidad, agua o gas, todo con la identidad de otra persona.
• Fraude gubernamental, ya sea ante el fisco, presentando una declaración falsa para obtener reembolsos indebidos o solicitando prestaciones de seguridad social.
• Fraude médico, que se da empleando datos de otra persona para obtener servicios, medicamentos o realizar reclamos de seguros.
• Fraude con empleo, sobre todo si una persona cuenta con antecedentes penales.
• Phising o estafas en redes sociales, cuando los delincuentes envían correos falsos que parecen ser de instituciones legítimas para obtener datos personales, o bien haciéndose pasar por amigos o familiares pidiendo dinero.
• Fraudes inmobiliarios, cuando con datos falsos se solicitan préstamos hipotecarios o se venden propiedades que no les pertenecen.
• Robo de identidad criminal, cuando el delincuente da el nombre y datos de otra persona al ser detenido o investigado por la policía.
• Fraude con documentos, cuando se crean pasaportes, licencias o tarjetas de identidad usando datos e imágenes robados”.
De acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México[1], las técnicas más usadas para el robo de identidad apoyadas en la tecnología figuran
• Phishing. Consiste básicamente en enviar correos electrónicos de manera masiva con información que hacen pensar al usuario que proviene de páginas confiables (generalmente instituciones financieras u organizaciones serias) pero cuyo contenido posee vínculos a páginas falsas que buscan obtener de forma ilícita información confidencial.
• Pharming. En él se envía un correo electrónico a la posible víctima, al abrirlo se instala un malware que altera el contenido de ciertos archivos del sistema, de tal forma que al intentar acceder a páginas web, por ejemplo de un banco, la redirige hacia portales fraudulentos sin que el usuario se dé cuenta de ello.
• Dumpster diving. Es una técnica empleada por los delincuentes que consiste en hurgar en los botes de basura y recolectar información, ya sea personal o de alguna empresa: estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito o débito, nombres, direcciones, teléfonos, suscripciones, recetas médicas, promociones, es decir, cualquier documento que permita conocer con mayor profundidad a la virtual víctima.
• Clonación. Consiste en utilizar un dispositivo denominado skimmer, que duplica la información contenida en una tarjeta bancaria. Los malhechores instalan hábilmente estos aparatos en cajeros automáticos sin que los usuarios lo noten a primera vista. Cuando se desea sacar dinero, la tarjeta se introduce en la ranura del cajero sin saber que previamente es leída por el skimmer. Algunos delincuentes son tan sofisticados que, incluso, colocan cámaras de video cerca del teclado para grabar el NIP de la víctima o enciman plantillas idénticas a los teclados para registrar esta clave. En los restaurantes o establecimientos comerciales es más sencillo, pues cuando los clientes pagan, se llevan la tarjeta a una terminal alejada de su vista, la deslizan sobre el skimmer, obtienen así la información deseada y, finalmente, realizan el cargo como si nada hubiese ocurrido”.
Lo anterior cobra mayor importancia debido a que este ilícito se ha incrementado en México: de acuerdo con la Condusef,9 de enero a septiembre de 2021 se registraron 49 mil 871 quejas por robo de identidad contra los bancos, lo que representó un incremento de 54 por ciento respecto al mismo periodo del año previo. Además, señaló que ese acto ilícito representó pérdidas por 653 millones de pesos.
La Asociación de Bancos de México10 señaló que los casos de robo de identidad, a través de la suplantación de páginas digitales de las instituciones financieras se ha incrementado, siendo las personas adultas mayores quienes han sido más vulnerables ya que representan el 35% de los casos registrados.
Por lo anterior resulta necesario que el Estado, en su conjunto, emprenda acciones encaminadas a combatir el robo de identidad con el fin de garantizar el pleno goce del derecho a la identidad y proteger el patrimonio de las personas. Por ello, la presente iniciativa tiene como objeto establecer en el Código Penal Federal el tipo penal correspondiente a este ilícito.
Anexo el cuadro comparativo correspondiente a fin de ilustrar el contenido de la presente propuesta:
Por lo anterior se propone ante esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal
Único. Se reforman la denominación del capítulo IV del libro vigésimo segundo del libro segundo, así como los artículos 391 y 392 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Libro Segundo
Titulo Vigésimo Segundo
Delitos en contra de las personas en su patrimonio
Capítulo IV
De los Delitos en contra de la Identidad de las Personas
Artículo 391. Comete el delito de robo de identidad el que, por cualquier medio, obtenga datos personales o financieros de otra persona sin su consentimiento, con el objeto de obtener algún beneficio para sí o para otros en perjuicio del primero.
A quien cometa este delito se le impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y hasta quinientos días multa sin prejuicio del concurso de otros delitos que resulten.
Artículo 392. Las penas señaladas podrán ser incrementadas hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por funcionarios públicos o funcionarios de las instituciones financieras.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 RAE. Identidad, https://dle.rae.es/identidad
2 Wikipedia, “Identidad (ciencias sociales)”, https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(ciencias_sociales)
3 CNDH (2018). “El derecho a la identidad de las personas y los pueblos indígenas”, https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/20-DH-id ent-Pueblos-Indigenas.pdf
4 Condusef, 7 de noviembre de 2016, “¿Sabes qué es el robo de identidad?”, https://www.gob.mx/condusef/articulos/recomendaciones-para-prevenir-el- robo-de-identidad
5 Vélez, Cuauhtémoc. Instituto de Ingeniería UNAM. Robo de identidad,
https://www.iingen.unam.mx/es-mx/AlmacenDigital/CapsulasTI/Paginas/robodeidentidad.aspx
6 INAI, Ejercer mis derechos, https://micrositios.inai.org.mx/marcocompetencias/
?page_id=371#:~:text=Robo%20de%20identidad-,Es%20la%20apropiación%20de%20la%20identidad%
20de%20una%20persona%2C%20para,o%20beneficios%20a%20su%20nombre
7 Ramos, David (6 de noviembre de 2023). “Mucho ojo con la usurpación de tu identidad...”, en El Universal, https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mucho-ojo-con-la-usurpacion-de-t u-identidad/
8 Vélez, obra citada.
9 Hernández, Antonio (15 de febrero de 2022). “Crecen 54 por ciento quejas por posible robo de identidad”, en El Universal, https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crecen-54-quejas-por-posible-rob o-de-identidad/
10 Condusef, 1 de julio de 2022, “Robo de identidad al acecho”, en https://revista.condusef.gob.mx/2022/07/robo-de-identidad-al-acecho/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.
Diputada María Guadalupe Román Ávila (rúbrica)
Que reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Antolín Guerrero Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Antolín Guerrero Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
Derivado de las necesidades del planeta, y en lograr un futuro sin afectaciones con fenómenos, crisis y desastres en la naturaleza, se requiere de una cultura y educación con visión humana y consciente a los recursos primarios y naturales, que exista un respeto a los ecosistemas, la flora, fauna, ríos, mares y ambiente.
En el mundo los países que son más sustentables y ambientalistas como Suiza derivado en el cuidado medioambiental, forma parte de su cultura, sus habitantes son incapaces de tirar basura o perjudicar el ambiente. Cada acción del gobierno contempla la reducción de la huella de carbono, y tienen bajísimos niveles de contaminación del aire, excelente calidad en sus aguas y optimización constante de recursos naturales.
Australia es gran protector de su ecosistema. Su objetivo principal estriba en que toda la energía utilizada provenga de fuentes 100 por ciento renovables y actualmente producen suficiente como para suministrar a 70 por ciento de los hogares del país con energías renovables y están enfocados en expandir proyectos hidroeléctricos, parques eólicos y celdas solares.
Luxemburgo es uno de los países con mejores políticas medioambientales, 20 por ciento de su territorio está catalogado como espacio protegido y es el primer país con transporte público gratuito, con el propósito de reducir la congestión de las carreteras y las emisiones del tráfico.
En Singapur con eficaces medidas de cuidado ambiental con el uso de energías renovables y la combinación de campañas de sensibilización pública y medidas de sanciones hacen la diferencia, las autoridades emiten decenas de miles al año por tirar basura, una multa mínima es de 217 dólares.
Por ello, en México debemos tener una visión política y educación ambientalista, las cifras de los efectos e impactos ambientales en nuestro país son alarmantes, y con ellos las afectaciones económicas para reparar daños serán mayor.
Dentro de los cinco problemas más importantes en cada estado incluyen la deforestación en el sur de México, la contaminación del agua en algunas zonas urbanas, la pérdida de biodiversidad en áreas protegidas, la gestión inadecuada de residuos sólidos y la degradación de suelos en regiones agrícolas.
En el informe sobre la Brecha de Emisiones de 2019 resaltan las decisiones del gobierno mexicano en las energías limpias y la mitigación, ante el Acuerdo de París como compromiso.
México adoptó, y estableció en la Ley General de Cambio Climático reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 50 por ciento de los niveles de 2000 para 2050, y tener deforestación cero para 2030.
La importancia de implantar de manera obligatoria en la educación superior los programas y proyectos relacionados con el ambiente es fortalecer y enriquecer éste. En México hay 7 carreras relacionadas con el ambiente. En la participación de ciencias sociales, ofertan esta licenciatura, entre otras, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).
En ingeniería ambiental se encuentran la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para biología, las licenciaturas son la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UV Universidad Veracruzana y la UAM, que cuenta con la opción de biología ambiental.
La carrera de producción sustentable son las universidades bajo diversos nombres; por ejemplo: alimentación sustentable, en la UAEH; agrotecnia sustentable, en la UAS; o desarrollo regional sustentable, como se imparte en la Uagro.
En la carrera de recursos hídricos está la Uagro (ecología marina), la UABC (oceanología), la UNAM (manejo sustentable de zonas costeras) y la UAM (ingeniería en recursos hídricos).
Para energías renovables, las licenciaturas se encuentran en la UNAM, la UAEM, la UASLP y la Uagro, con el nombre de Energías Limpias.
Por tal efecto, la necesidad de contar con universidades que amplíen las carreras en de manera nacional, conforme a las circunstancias de cada territorio en sus necesidades, para que exista una investigación científica y tecnológica y se lleve de manera obligatoria ante un aprovechamiento en el ambiente, y tenga consciencia a nivel de estudios superiores.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Artículo Único. Se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 39. Las autoridades competentes fomentarán y promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, protección del ambiente, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.
Asimismo, propiciarán la participación comprometida de los medios de comunicación masiva en el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable.
La secretaría, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, de manera obligatoria desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales.
La secretaría, mediante diversas acciones, promoverá la generación de conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los elementos de los ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución y transformación de los mismos, a fin de contar con información para la elaboración de programas que fomenten la prevención, restauración, conservación y protección del ambiente.
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Notas
1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
2 https://www.bluelightenergy.cl/conoce-los-paises-mas-sustentables-del-m undo/
3 https://greentology.life/2023/09/18/identifican-5-problemas-ambientales -en-cada-estado-mexicano/#:
4 https://es.mongabay.com/2020/01/los-desafios-ambientales-de-mexico-para -el-2020/#:~:text=
5 https://blog.unitips.mx/carreras-relacionadas-con-el-medioambiente
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 22 de abril de 2024.
Diputado Antolín Guerrero Márquez (rúbrica)
Que reforma el artículo 119 de le Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Miguel Buenrostro Martin, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Luis Miguel Buenrostro Martin, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y otras disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 119 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La educación es uno de los derechos que históricamente se ha encontrado en pugna con el fin de alcanzar su máxima garantía. Muestra de ello es el proceso de transformación que ha sufrido el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las correspondientes legislaciones en materia educativa, para garantizar el derecho humano a la educación.
De acuerdo con el Doctor en Derecho Mario Melgar Adalid, es posible destacar cinco etapas de la educación durante el México Independiente: El periodo de la enseñanza libre (1821-1856); La pedagogía del movimiento de Reforma (1857- 1917); La corriente revolucionaria y la educación socialista (1917-1940); La educación al servicio de la unidad nacional (1940-1982) y El periodo de la crisis y la necesidad de la modernización educativa (1982-1993).1
Cada una de estas etapas mantiene una vinculación directa con el proceso de desarrollo que vivía nuestro país, de modo que para establecer una estrategia de política pública en materia educativa debía atenderse a su respectiva realidad.
Mientras que en 1821 el objetivo principal de la educación estaba en sentar las bases del liberalismo y la ideología triunfadora en la batalla por la identidad política del país; durante 1857 surgen los principios de la educación básica para que sea gratuita, obligatoria y laica, a fin de lograr la unificación educativa nacional.
Para 1917 no se intentó retroceder con las conquistas alcanzadas, todo lo contrario, la lucha estuvo encaminada en consolidar un sistema educativo de carácter plural, social y popular.
Este derecho coincidía con otra serie de derechos sociales que se demandaban durante la época, tal como al trabajo y la tenencia de la tierra como principio de soberanía, los cuales serían considerados como los principios básicos de la ideología revolucionaria.2
En la actualidad, luego de la reforma educativa implementada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Constitución ha tomado un perfil progresista en la implementación de una educación de corte humanista. Tal como se indica dentro del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Por lo que se tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, promoviendo la honestidad y los valores.
De la reforma educativa lograda en 2019, se desprenden principios constitucionales encaminados a garantizar una educación que no solamente se base en la técnica si no que propicie la transformación social encaminada a lograr la reconstrucción del tejido social, cuya ruptura ha sido una de las causas que originan los altos índices de violencia en el país.
Pese a ello, no se dejó de lado la inclusión de áreas del conocimiento que habrán de incluirse en los planes y programas de estudio, destacando la enseñanza de las matemáticas, el civismo, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país y las extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, la promoción de estilos de vida saludables, el cuidado al medio ambiente, entre otras.
Ello cobra relevancia dentro del Sistema Educativo Nacional porque se ha cambiado la orientación de la enseñanza, a fin de incluir conocimientos necesarios para que el desarrollo de los educandos se apegue a las nuevas realidades. Tal es que el caso de la enseñanza en materia de tecnología, dónde incluso dentro de la Ley General de Educación se habla del empleo de tecnologías de la información y el aprendizaje digital mediante el manejo de lenguajes y herramientas de sistemas informáticos.
O el caso de la educación física y el deporte que tienen como objetivo el mejoramiento de la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad. Además de propiciar los estilos de vida saludables para prevenir y contrarrestar el sobrepeso y la obesidad entre los educandos. Puesto que vale la pena recordar la delicada situación en la que se encuentra nuestro país en este tema, mismo que fue evidenciado durante la pandemia, gracias a que el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, trayendo consigo una pandemia de diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Para ello es necesario que el Estado mantenga una inversión constante y tendiente a incrementar en cada uno de los ejercicios fiscales. La educación es base para el progreso social, económico y cultural de cualquier sociedad, por lo que es fundamental que este rubro cuente con los recursos suficientes para cumplir con los proyectos tendientes a desarrollar el sistema educativo. Para ello, la legislación en la materia considera que la asignación presupuestal deberá ser de 8 por ciento del PIB nacional.
Este presupuesto se compone por los siguientes ramos presupuestarios: 11, “Educación”; 25, “Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos”; 33, “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”; 38, “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”; y 7, “Defensa nacional”.
Del análisis de la tabla anterior, es posible dar cuenta del compromiso que este Gobierno ha asumido por implementar una mejor estrategia en educación para garantizar su obligatoriedad, universalidad, inclusividad, gratuidad y laicidad; priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Gracias a la política de austeridad y el combate a la corrupción se han garantizado aumentos constantes en cada ejercicio fiscal, permitiendo la inversión en proyectos prioritarios encaminados a mejorar la calidad educativa.
De acuerdo con información del gobierno federal, la Escuela es Nuestra es un programa que promueve la participación de la comunidad escolar, donde participan estudiantes, padres, madres y autoridades educativas, para decidir el uso de los recursos destinados a dignificar las condiciones de los espacios educativos públicos. Siendo posible elegir entre el establecimiento del horario extendido, servicio de alimentación, equipamiento y rehabilitación o ampliación de las condiciones físicas del plantel.
En la actualidad se ha beneficiado a 113 mil planteles con este programa.
Durante los gobiernos neoliberales la privatización se convirtió en una constante y la educación superior no fue la excepción. Mientras aumentaba el número de rechazados en universidad públicas, la apertura de universidades privadas se mantenía en aumento. Por ello, el gobierno de la cuarta transformación implantó el programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, cuyo objetivo es abrir opciones de formación académica para jóvenes y adultos injustamente excluidos de la educación superior.
Para ello se han creado 145 planteles en México, considerando al menos dos planteles por entidad federativa y estableciendo como prioridad a Chiapas y Oaxaca por la desigualdad en que viven sus habitantes. Por esa razón se ha implantado otra política pública encaminada a garantizar la universalidad de la educación, las becas universales.
Durante 2023 se entregaron becas a 12.5 millones de alumnas y alumnos desde educación básica hasta superior, lo que significó una inversión de 80 mil millones de pesos. Impactando en el acceso y permanencia, dado que de cada 100 niñas y niños que ingresaban en primaria en 2018, sólo 66 estudiantes llegaban a educación media superior; actualmente ingresan 84 en bachillerato.3
Mientras, el índice de abandono escolar alcanzó su mínimo histórico, con 8.7 por ciento, en el ciclo escolar 2022-2023, en comparación con el de 14.2 presentado en el ciclo escolar 2018-2019.
Podemos considerar estos beneficios como ejemplo de lo que puede lograrse si se mantienen aumentos en la inversión a educación. En retrospectiva, el presupuesto asignado durante los sexenios anteriores se caracterizó por su insuficiencia y en su aplicación se presentaron deficiencias e irregularidades que merecen una crítica fundamentada.
Esta falta de compromiso financiero se tradujo en infraestructuras educativas deterioradas, escasez de materiales didácticos y una brecha persistente en la calidad de la enseñanza entre las zonas urbanas y rurales. Además, la insuficiente inversión en la formación y capacitación del personal docente resultó en una fuerza laboral poco preparada para abordar las necesidades educativas que la realidad del país demandaba.
Este desinterés de los gobernantes en fortalecer la educación pública refleja una falta de visión de largo plazo y un descuido hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. En consecuencia, se pierde la oportunidad de mejorar la calidad en la formación de la población mexicana que en su mayoría se encuentran en una edad productiva capaz de mejorar su calidad de vida.
En la siguiente tabla se hace evidente el aumento que ha recibido la educación pública en comparación con los gobiernos privatizadores:
Pese a los importantes avances obtenidos, hay pendientes que permitirán potenciar el sistema educativo de nuestro país. Identificó esa situación la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien se encamina a ser la primera Presidenta de México y en su campaña electoral ha presentado una estrategia educativa que incluye el crecimiento de la educación superior y la vinculación de la ciencia con sectores productivos prioritarios.
Además de mantener y aumentar programas como las becas para estudiantes y el fortalecimiento de todos los niveles educativos.
Cobran relevancia las universidades públicas que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo educativo de un país, puesto que ofrecen acceso a la formación superior de la población independientemente de su situación socioeconómica.
Estas instituciones no solo fomentan la movilidad social al brindar oportunidades de aprendizaje a estudiantes de diversos orígenes, sino que también son centros de investigación crucial para el desarrollo científico, tecnológico y cultural de la Nación. Además, suelen ser clave en la generación de conocimiento que beneficia a la sociedad en su conjunto, por lo que debe democratizarse la educación superior para contribuir al progreso y bienestar del país.
Por esa razón, una de las prioridades del Estado será la inversión en universidades públicas para garantizar que la educación superior sea accesible para todas las personas, promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Además de mantener la calidad académica y la infraestructura de estas instituciones, asegurando la oferta de programas educativos competitivos que cuenten con recursos adecuados para impulsar proyectos de investigación.
Se logrará así el desarrollo económico y social del país, mediante la generación profesionales altamente capacitados, formados en conocimientos especializados que propicien la solución a problemáticas actuales mediante la innovación.
En la siguiente tabla se expone el presupuesto destinado a algunas instituciones de educación superior durante los gobiernos de la privatización de la escuela superior y el actual, que busca su universalidad:
Gracias a la inversión en estas instituciones es posible cubrir sus gastos operativos y el pago a personal docente, además de asegurar recursos para investigación, becas y programas comunitarios, propiciando un impacto positivo en la sociedad.
En la siguiente tabla advertimos la importancia que tienen las aportaciones federales que recibe la UNAM, cuyos recursos ascienden aproximadamente a 90 por ciento de su presupuesto:
La asignación de recursos para la investigación científica es de vital importancia en cualquier sociedad que aspire a su desarrollo y progreso. Siendo la investigación científica la que impulsa el avance del conocimiento humano, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo económico, social y tecnológico.
En primer lugar, la investigación científica es la base para la generación de nuevas tecnologías, productos y procesos que pueden mejorar la calidad de vida de la población y aumentar la competitividad de las industrias nacionales en un mercado globalizado. Además, resulta esencial para abordar los desafíos y problemáticas actuales, tal como el cambio climático, la salud pública, la seguridad alimentaria y la energía sostenible.
Asimismo, la inversión en investigación científica fomenta la formación de capital humano altamente calificado, atrayendo a talentos nacionales e internacionales. Fortaleciendo la capacidad de innovación y la creación de empleo en sectores de alto valor agregado.
En resumen, destinar recursos a la investigación científica es una inversión estratégica que no solo contribuye al avance del conocimiento, sino que también impulsa el desarrollo socioeconómico y el bienestar general de una sociedad.
Sin embargo, México está atravesando por una situación complicada en lo que se refiere a inversión para investigación científica y tecnológica, por lo que cobra relevancia la propuesta realizada al tenor de esta iniciativa, para garantizar que se asigne un presupuesto determinado con aumentos por cada año.
La siguiente tabla expone la realidad del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología:
Ante esta situación, la doctora Claudia Sheinbaum se ha comprometido a hacer de México una potencia científica y de la innovación. Debiendo apoyar las ciencias básicas, naturales, sociales y a las humanidades, para vincularlas con los sectores prioritarios que darán solución a las necesidades que persisten entre la población.
Planteamiento que coincide con la intención de la presente iniciativa, cuyo objetivo es establecer la Ley General de Educación la obligatoriedad de asignar 12 por ciento del producto interno bruto nacional, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato, para desarrollo del sistema educativo, así como la asignación de 3 por ciento de este monto para el desarrollo de la educación superior, científica, humanista y tecnológica.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el presente
Decreto por el que se reforma el artículo 119 de la Ley General de Educación
Único. Se reforma el artículo 119 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 119. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor al equivalente de 12 por ciento del producto interno bruto del país. De este monto, se destinará al menos 3 por ciento del producto interno bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior.
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Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Con la entrada en vigor del presente decreto, durante la discusión realizada en la Cámara de Diputados para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación inmediato, deberá cumplirse lo establecido en esta disposición y para ello se realizarán los reajustes presupuestales correspondientes.
Tercero. Los congresos de las entidades federativas, en un plazo no mayor de 270 días, deberán realizar las adecuaciones legales en materia de financiamiento a la educación para garantizar en el ámbito estatal lo establecido por este decreto.
Cuarto. Con la reasignación del presupuesto destinado a educación deberá privilegiarse que se destinen recursos para la dignificación salarial de maestras y maestros, el desarrollo de infraestructura educativa para la innovación y la inversión en ciencia y tecnología educativa.
Notas
1 Mario Melgar Adalid y Otros, Ochenta años de vida constitucional en México, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.
2 Tena Ramírez Felipe. Leyes fundamentales de México 1808-1992, decimoquinta edición, México, Porrúa, 1992.
3 Becas de la 4T para estudiantes reducen abandono escolar, publicado el 1 de febrero de 2024 y leído el 5 de abril del mismo año en https://lopezobrador.org.mx/2024/02/01/becas-de-la-4t-para- estudiantes-reducen-abandono-escolar/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2024.
Diputado Luis Miguel Buenrostro Martín (rúbrica)
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