Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6358-IV, miércoles 6 de septiembre de 2023
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar al IFT, en coordinación con la Segob, a generar acciones para la protección de las infancias en el entorno digital, a fin de evitar que puedan acceder a contenido nocivo para su sano desarrollo, a cargo de la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Alma Anahí González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Internet es la tecnología disruptiva de comunicación del siglo veintiuno, hoy, viajamos ultra rápido por la web a un mundo virtual, a través de la cual, interactuamos infinitamente.
Así es que una de las acciones más comunes en el internet es acceder a las redes sociales, millones de usuarios ingresan a sus perfiles digitales como parte de una rutina diaria que nos permite estar en comunicación y enterarnos de los contenidos que ofrece el mundo informático.
Navegar en las redes sociales conlleva riesgos; muchos de los usuarios se encontrarán material potencialmente ofensivo o agresivo de forma tan peligrosamente simple y cotidiana que, en muchas ocasiones puede trasladarse del mundo virtual al físico y sufrir daños irreparables, en México, según datos del Inegi (2021) 17.7millones de personas que utilizaron internet, a través de diferentes dispositivos electrónicos, sufrieron algún tipo de ciberacoso en el 2021.1
Esta problemática afecta de manera alarmante a adolescentes y niños, quienes suelen ser un blanco fácil para las interacciones peligrosas en redes sociales.
En México, 50 por ciento de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet, en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y 94 por ciento usan internet o una computadora.2 Las autoridades federales han advertido un incremento considerable de crímenes digitales, violencia en internet y tráfico de pornografía infantil durante los meses de confinamiento.
Al hablar del consumo de contenidos digitales por parte de las audiencias infantiles, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) edición 2022, que levanta el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se menciona lo siguiente:
• El uso de las redes sociales entre los menores de edad ha tenido un crecimiento considerable, pues se pasó de un 39 por ciento en 2017 a un 69 por ciento en 2022.
• En cuanto a las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas por las niñas y niños se encuentran WhatsApp con 66 por ciento, YouTube con 55 por ciento, TikTok con 49 por ciento, Facebook con 34 por ciento y Zoom con 17 por ciento.
• Respecto del consumo de contenidos audiovisuales por internet, la ENCCA 2022 refiere que el 65 por ciento de las niñas y niños encuestados aseguró consumir contenidos en internet, siendo Youtube la plataforma preferida para realizar esta actividad. Además, el tiempo promedio de visionado de este tipo contenidos fue de 2.6 horas al día.3
Lo anterior demuestra que las y los menores se desarrollan en un entorno de amplia comunicación en el que, desde cualquier lugar público o privado pueden acceder a diversas páginas web o medios sociales, ya que, en la actualidad, el mundo virtual forma parte importante de su mundo social. Si bien la facilidad para acceder a las redes sociales ha generado el aumento exponencial de usuarios fundado y motivado en el derecho humano de acceso a la información, el conocimiento y la educación, es igualmente cierto que, en la praxis, existe una vulneración del sistema de la cual se aprovecha el cibercrimen para atacar a usuarios menores de edad cuando se internan en esos espacios de interacción digital y virtual.
Hoy los menores de edad están a un clic de ver material sexual sin buscarlo, ciberacoso, grooming, happy slapping, sexting, sextorsión e imágenes de asesinatos, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de datos apócrifos, mensajes de odio, difusión de pornografía sin consentimiento, que son algunas de las formas de violencia digital.
Por su parte las organizaciones ChildFund México y Early Institute aseveraron que la violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes va en aumento, según los resultados de una encuesta aplicada a poco más de 2 mil 800 menores, el 11 por ciento ha recibido en redes sociales, contenidos de carácter sexual sin consentimiento previo.
Además, señalaron que, en el caso de las mujeres, este tipo de acciones aumentó a 15 por ciento, mientras que en los hombres fue de 7 por ciento.4 Victoria Fuentes, directora de ChildFund México, expuso que, según el Consejo de Derechos Humanos de ONU, en 2020 el 70 por ciento del material de abuso sexual infantil que se distribuía por internet se generó en el país.
Este citado “Estudio sobre violencia digital contra la niñez. Dirigido a madres, padres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes de 5 a 15 años de edad,” realizado en 2022, documenta que el 29.74 por ciento de las infancias y adolescentes pasa alrededor de dos horas en internet y redes sociales, sin embargo, aumenta al mismo ritmo del tiempo que navegan en la red.5
Aunque la mayoría de la violencia virtual documenta las agresiones de tipo sexual, debemos poner atención en que cada vez es más común que los menores se encuentren expuestos a observar imágenes sobre cuerpos sin vida o desmembrados, videos sobre linchamientos, asesinato de animales en redes sociales, hechos amenazantes, racistas o llenos de odio, y retos peligrosos que se vuelven tendencia, por algún acto de exposición de su vida pública, esto se ha convertido en un ciclo interminable de violencia digital que puede llevar a la repetición de patrones de violencia y actitudes de intolerancia que a menudo se asumen como parte normal de la vida diaria.
Las notas de violencia que circulan día con día no terminan de conmocionarnos cuando surge una más, tal es el caso de lo ocurrido hace algunos días, tras el lamentable crimen de cinco jóvenes en Lagos de Moreno Jalisco, en donde rápidamente se hizo viral una imagen que muestra los jóvenes desaparecidos amordazados, golpeados y con rastros de sangre, aunado a un terrible video en el que se ve a uno de los chicos siendo obligado a golpear a su amigo.
La alta exposición de este tipo de contenidos sin lugar a duda trae consigo consecuencias de salud pública y de alteración de la paz social.
Los actos de violencia digital son muy diversos y hacen tanto daño como la violencia física o emocional, “las personas que presencian violencia en su entorno familiar, en la escuela, en la comunidad y en las redes sociales, tienen una mayor probabilidad de involucrarse en actos violentos, tanto dentro como fuera de su hogar” haciendo que estos actos sean “aceptables”.
Internet sin controles, es un medio por el cual, el cibercriminal pretende transformar a gran escala la naturaleza y la humanidad, quiere normalizar la violencia, la pornografía y la pedofilia, desde la política, la economía, la sociedad, la cultura, la religión e incluso llevar al rebaño humano hacia el nivel genómico, lo que hoy se conoce como el transhumanismo, los niños son el sector objetivo.
Además de lo anterior, la doctora Riana Elyse Anderson, profesora asistente en el Departamento de Comportamiento de Salud y Educación para la Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Michigan, afirma que la exposición a contenido violento puede generar estrés, ansiedad y miedo hacia cierto tipo de personas o situaciones que presionan la psique del usuario.6
Por otra parte, es de repetición en los hechos que aquellos que han sido víctimas de violencia en el pasado, son propensos a repetir los mismos patrones que sufrieron anteriormente.7
Actualmente el Estado mexicano cuenta con un andamiaje legal robusto de protección a las infancias, plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además nuestro país es parte de diversos tratados internacionales de donde sobresale la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se obliga a los estados parte, a establecer acciones que salvaguarden los derechos fundamentales de los menores, lo que se articula con los preceptos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En función de lo anterior, ninguna forma de violencia hacia la infancia es tolerable y es deber del Estado mexicano salvaguardarlos del entorno de violencia y evitar que la información soez, llegue a los jóvenes y niños, teniendo como obligación, proteger su desarrollo humano, cívico y cultural.
Es por lo anteriormente expuesto y en función de lo anteriormente descrito, que se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero : La honorable Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se generen acciones para la protección de las infancias en el entorno digital; a fin de evitar que puedan acceder a contenido nocivo para su sano desarrollo, tal es el caso de contenido sexual, imágenes sobre cuerpos sin vida o desmembrados, videos sobre linchamientos, asesinato de animales en redes sociales, hechos amenazantes, racistas o llenos de odio, y retos peligrosos.
Segundo : La honorable Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación se difundan campañas haciendo conciencia sobre evitar compartir imágenes con contenido violento, sexual, o de burla, que afecte a otra persona, así como promover el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, especialmente entre los más jóvenes.
Notas:
1 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/
Por-que-las-redes-sociales-nos-acostumbran-a-la-violencia-20230610-0001.html
2 https://www.unicef.org/mexico/mantener-seguros-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y- adolescentes-en-internet
3 https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/
el-uso-de-las-redes-sociales-entre-los-menores-de-edad-paso-de-39-en-2017-69-en-2022-revela-informe
4 https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/14/sociedad/
en-aumento-violencia-sexual-digital-contra-nn-en-mexico-alertan-ongs/
5 https://www.radioformula.com.mx/nacional/2023/2/14/
alarma-por-violencia-digital-de-cada-10-ninas-ninos-adolescentes-fue-victima-de-sexting-en- 2022-749193.html
6 https://www.revistacentral.com.mx/bienestar/como-nos-afecta-ver-imagene s-videos-violentos
7 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/
Por-que-las-redes-sociales-nos-acostumbran-a-la-violencia-20230610-0001.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de septiembre de 2023
Diputada Alma Anahí González Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Bienestar y a la SFP a asistir a una reunión de trabajo ante la Comisión de Bienestar de esta soberanía, con la finalidad de conocer las acciones realizadas por la denuncia del posible desfalco de más de 6 mil 68 millones de pesos a través de programas sociales, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Federal Ana Laura Valenzuela Sánchez, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXV legislatura del honorable Congreso de la Unión y diputadas y diputados federales del PAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y al titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, a asistir a una reunión de trabajo ante la Comisión de Bienestar, con la finalidad de conocer las acciones realizadas por la denuncia del posible desfalco de más de 6,068 millones de pesos a través de programas sociales de la Secretaría de Bienestar, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:
Antecedentes
Según informes, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, por un posible desfalco de más de 6,068 millones de pesos a través de programas sociales de la Secretaría de Bienestar. Las acusaciones han causado alarma y preocupación entre la ciudadanía, ya que ponen en evidencia un posible uso indebido de recursos públicos. Los supuestos delitos a los que incurrió la Secretaría de Bienestar son: delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
Supuestamente, las irregularidades están registradas en las publicaciones de la Auditoría Superior de la Federación de las Cuentas Públicas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Entre estos desfalcos están: pagos y cobros indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales, desvío de recursos públicos de los programas sociales, no acreditación de la entrega de recursos públicos a beneficiarios y deficiencias en los registros de beneficiarios que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros en cuanto a su uso y destino.
Es necesario exhortar a la titular de la Secretaría del Bienestar, la C. Ariadna Montiel Reyes a asistir a una reunión de trabajo ante la Comisión de Bienestar con la finalidad de conocer las acciones realizadas por la denuncia del posible desfalco de más de 6,068 millones de pesos a través de programas sociales de la Secretaría de Bienestar, así como a emitir un informe público sobre dicho tema. De igual forma, se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, C. Roberto Salcedo Aquino, a que informe públicamente a la sociedad respecto de las acciones realizadas para determinar las presuntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Secretaría del Bienestar que han participado en el posible desfalco a través de programas sociales.
La finalidad de la propuesta consiste en crear espacios informativos respecto del posible desfalco y brindar información adicional, asimismo para aclarar los hechos y proporcionar una explicación detallada sobre cómo se manejaron los recursos públicos en los programas sociales en cuestión. La reunión es una oportunidad para que los funcionarios demuestren su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, lo que contribuirá a restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.
El desfalco de la Secretaría de Bienestar provoca una pérdida de recursos, que se traduce en una reducción de los programas sociales que ofrece. Esto afecta a millones de personas que dependen de estos programas para cubrir sus necesidades básicas. A nivel social, el desfalco genera desconfianza y malestar entre los beneficiarios de los programas sociales, ya que se perjudica la imagen de la Secretaría y dificulta la implementación de futuros programas sociales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y al titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, a asistir a una reunión de trabajo ante la Comisión de Bienestar con la finalidad de conocer las acciones realizadas por la denuncia del posible desfalco de más de 6,068 millones de pesos a través de programas sociales de la Secretaría de Bienestar.
Honorable Cámara de Diputados, a 6 de septiembre de 2023.
Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a reconsiderar el decreto publicado en el DOF el pasado 15 de agosto de 2023, por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y convocar a una mesa diálogo que contemple la participación de la industria de bicicletas en México, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 24 de abril de 2023, los diputados Jorge Álvarez Máynez, Salomón Chertorivski y Braulio López Ochoa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa que busca incentivar el uso de la bicicleta y de vehículos no motorizados con el fin de impulsar la movilidad sustentable entre la ciudadanía y contribuir a la mejora de la calidad del aire, la protección del medio ambiente y la salud.
Dicha propuesta busca modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para eliminar el impuesto por la adquisición de bicicletas, bicicletas eléctricas, triciclos, patines, patinetas o cualquier otro vehículo de propulsión humana o de impulso eléctrico o asistido que utilice cualquier otro tipo de energía o asistencia, que proporcione una potencia continua normal igual o menor a 1 KW (1.34HP).
Asimismo, busca reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para hacer 100% deducible los gastos realizados por la compra de bicicletas, bicicletas eléctricas, triciclos, patines, patinetas o cualquier otro vehículo de propulsión humana o de impulso eléctrico o asistido que utilice cualquier otro tipo de energía o asistencia, que proporcione una potencia continua normal igual o menor a 1 KW (1.34HP), en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en la fracción que antecede.
Y por último, propone reformar la Ley del Cambio Climático para que dentro de los objetivos de las políticas públicas para la mitigación se incluya el fomento del uso de la bicicleta tradicional y de vehículos no motorizados, mediante subsidios gubernamentales.
Dicha iniciativa tiene como primicia que la movilidad desempeña un papel importante en la sociedad y sobre todo en las urbes y que México enfrenta retos que son derivados del tráfico, los altos costos de movilidad y la contaminación que resulta uno de los temas importantes que tienen que atender los gobiernos frente a la crisis de cambio climático.
Por lo tanto, tener un acceso asequible a las bicicletas representa una ventaja en la movilidad de la ciudadanía, porque 91% de los mexicanos consideran que es un transporte que reduce el carbono y otro 90% asegura que ayuda a reducir el tráfico, según el estudio de “Ciclismo en todo el mundo” de Ipsos1 .
De igual manera México se encuentra suscrito a tratados internacionales como el acuerdo de París2 donde el país se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%, por lo que incentivar el uso de la bicicleta es una acción que puede ayudar al cumplimiento de este objetivo, aunado a la implementación de acciones, estrategias y políticas en materia de movilidad sustentable que ayudan a fortalecer el cumplimiento de tratados internacionales y a mitigar los daños producidos al medio ambiente.
En la Bancada Naranja hemos buscado en todo momento incentivar el uso de modelos de movilidad más sustentable mediante incentivos fiscales, políticas públicas, estrategias, programas y proyectos integrales, que además ayuden a prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire mediante un enfoque de promoción a la movilidad activa o no motorizada y la micromovilidad eléctrica y con eso reconocer que el respirar aire limpio representa uno de los elementos vitales para los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud y a una movilidad más eficiente y saludable.
Sin embargo, el pasado 15 de agosto de 2023, contrario a lo propuesto por la Bancada Naranja, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un Decreto, el cual plantea modificar temporalmente los aranceles de diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022 y sus modificaciones posteriores, dentro de las cuales se aumenta el impuesto del 15% al 25% en Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor, y para cuadros y horquillas, y sus partes que anteriormente se encontraban exentos, ahora su impuesto será del 25%.
Al respecto, la industria ha expresado su inconformidad, debido a que aseguran que estas modificaciones al impuesto perjudica a las empresas que ofrecen bicicletas y otros productos relativos a la movilidad sustentable, así como a las personas que adquieren dichos productos, por lo que exigen mediante redes sociales la revocación que dicho decreto, así como a crear espacios de colaboración empresarial y que se tome en cuenta a un sector más amplio de la industria para tomar decisiones tan importantes como lo son los aranceles de importación, que si bien son necesarios para regular la entrada de productos al país, necesitan tener en cuenta todos los matices de la industria y no perjudicar a la mayoría por defender a unos cuantos.
De lo anterior, cabe destacar que en México, el 17.1 por ciento de su población cuenta con una bicicleta, lo que significa que está por encima de países latinoamericanos cuya penetración está entre el 13 y 14 por ciento, según un estudio de la consultora Euromonitor International.
Asimismo, el estudio asegura que desde 2014 las ventas de bicicletas en México se incrementó 43.4 por ciento, lo que equivale a un promedio anual de 10 por ciento.
Por su parte, un análisis de Market Data México refleja que son aproximadamente 3,000 empresas que operan en la venta de bicicletas a nivel nacional, mismo número de empresas que se verían afectadas por el Decreto publicado en el DOF.
Por otro lado, de acuerdo a datos de Bike House, en los años de pre pandemia, al año se vendían en México, un promedio de 600 mil bicicletas, sin embargo, durante la pandemia, este promedio aumentó en un 21%, y actualmente el mercado de bicicletas en México vende cada año alrededor de 2 millones de unidades, mismo número de usuarios que resultarían beneficiadas con la propuesta de la Bancada Naranja, y a su vez afectadas por el Decreto que modifica la Ley de Impuestos Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Es así que mientras la propuesta de Movimiento Ciudadano busca incentivar y aumentar la compra de bicicletas, bicicletas eléctricas, triciclos, patines, patinetas o cualquier otro vehículo de propulsión humana o de impulso eléctrico, el Decreto en el DOF prevé que con lo planteado se provoque una disminución en la compra de bicicletas, velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor.
Otra diferencia abismal es que la iniciativa de Movimiento Ciudadano elimina el IVA en la adquisición de los productos antes mencionados, y propone que dicha adquisición se pueda hacer 100% deducible de los gastos realizados, el Decreto firmado por el Presidente de la República aumenta el Impuesto de Importación y de Exportación a empresas que ofrecen bicicletas y otros productos relativos a la movilidad sustentable, lo que generaría un aumento en el precio final de dichos productos, además de no contemplar algún tipo de subsidio o apoyo para empresas dedicadas a ofrecer bicicletas y otros productos relativos a la movilidad sustentable, que se verán afectadas económicamente por este decreto, para seguir produciendo bicicletas y otro tipo de vehículos no motorizados que incentivan el uso de modelos de movilidad más sustentable.
Por último, mientras la propuesta de Movimiento Ciudadano busca prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire mediante un enfoque de promoción a la movilidad activa o no motorizada y la micromovilidad eléctrica y con eso reconocer que el respirar aire limpio representa uno de los elementos vitales para los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud y a una movilidad más eficiente y saludable, el Decreto representa un retroceso en la mitigación del cambio climático, al aumentar los impuestos a las bicicletas y vehículos no motorizados, asimismo, refleja una acción contraria a aquellos instrumentos, acuerdos y tratados internacionales en materia ambiental que integran el marco jurídico en relación con el cuidado del ambiente de los cuales forma parte México, mismos que contemplan el incentivo al uso de la bicicleta como una estrategia central para mejorar el medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo federal a reconsiderar el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 15 de agosto de 2023, por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y convoque a una mesa de diálogo que contemple la participación a la industria de bicicletas en México, usuarios, sociedad civil y expertos en materia de economía, medio ambiente y movilidad, para reformular la modificación planteada de aumentar los aranceles relativos a Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor, así como para cuadros y horquillas, y sus partes establecidos en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, con la finalidad de impulsar la movilidad sustentable y contribuir a la mejora de la calidad del aire, la protección del medio ambiente y la salud.
Notas:
1. IPSOS “Ciclismo en todo el mundo ”. IPSOS. Recuperado de: https://www.ipsos.com/es-pe/el-ciclismo-en-el-mundo
2. IMCO. México ratifica el acuerdo de París sobre el cambio climático. Recuperado de: https://imco.org.mx/
mexico-ratifica-el-acuerdo-de-paris-sobre-el-cambio-climatico/#:~:text=%C2%BFA%20qu%C3%A9%
20se%20comprometi%C3%B3%20M%C3%A9xico,Fuente%3A%20Conexi%C3%B3n%20COP.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2023.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a implementar una campaña de atención y políticas públicas para controlar las afectaciones causadas por el virus del dengue en la salud de los habitantes de estados del sureste del país, a cargo de la diputada Laura Lynn Fernández Piña, del Grupo Parlamentario de PRD
La que suscribe, diputada federal Laura Lynn Fernández Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numeral 2, fracciones III a VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema. La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos. El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, en el hemisferio sur la mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año, en cambio, en el hemisferio norte, los casos ocurren mayormente en la segunda mitad. Este patrón de comportamiento corresponde a los meses más cálidos y lluviosos.
En las Américas, el vector principal responsable de la trasmisión del dengue es el mosquito Aedes aegypti.1
¿Qué es el Dengue?
El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad.
El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo. Es común en regiones tropicales y subtropicales como Centroamérica, Sudamérica y lugares donde se estanca el agua.
Existen tres manifestaciones diferentes de la enfermedad, que son:
Fiebre de dengue, fiebre hemorrágica, shock hemorrágico.
Los síntomas del dengue, conocido comúnmente como “trancazo” o “fiebre quebrantahuesos”, aparecen después de un periodo de 4 a 7 días. Se presentan como:
Fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso (en la frente), dolor de ojos (que se incrementa al moverlos), erupción en la piel (parecida al sarampión), náuseas, vómito, insomnio, comezón, falta de apetito, dolor abdominal.
En casos graves, hemorragia, convulsiones a causa de la fiebre, deshidratación severa.
Las medidas de prevención pueden ser usa ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, no exponerse a la picadura de los moscos, usar repelente contra mosquitos, usar un pabellón o tela que cubra tu cama por completo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, evitar que se acumule basura, no dejar recipientes donde se acumule agua, lavar constantemente contenedores de agua, así como tinacos y cisternas, utilizar larvicidas en contenedores para eliminar larvas de mosco, usar insecticidas especiales para eliminar el mosco en su fase adulta.
El tratamiento a seguir es seguir las recomendaciones del médico, tomar abundantes líquidos, no exponerse a piquetes de mosco pues podrían transmitir la enfermedad a otras personas, guardar reposo y no automedicarse.
Los riesgos en casos graves, el dengue puede complicarse convirtiéndose en dengue hemorrágico, cuando se presentan sangrados tanto internos como externos. O en shock hemorrágico, cuando la sangre no fluye a los órganos principales del cuerpo, lo que puede causar la muerte.2
No queda duda que esta enfermedad debe ser considerada como prioritaria desde sus orígenes, es decir atender las causas que la originan para mitigar la propagación del mosquito causante de la misma y posteriormente su contagio al ser humano, debe ser prioridad.
Sin embargo, desafortunadamente dentro de esta administración la salud no ha sido prioritaria y por el contrario ha sido todo un desastre, y para ejemplo el desabasto de medicamentos para los niños con cáncer, la desastrosa conducción y atención de la pandemia causada por el virus del SARS-CoV2, que tiene en luto a todo México tras la muerte de más de 800 mil Mexicanos.
De tal suerte que, hago votos que tras haber vivido tan desagradables experiencias el sistema de salud y sus autoridades ya están preparadas para enfrentar estas y otras contingencias venideras, y justo estamos en una que ya se encuentra en desarrollo, pero aún es tiempo para hacer lo correcto mitigar sus efectos, toda vez que en el México nos encontramos en plena temporada de lluvia y por ende la reproducción del mosquito transmisor del dengue.
Cabe mencionar que esta enfermedad no es nueva en nuestro país los primeros casos se registraron en los años setenta, siendo los estados más afectados por sus características geográficas los del sur-sureste, sin embargo en los últimos años se habían implementado programas y políticas públicas eficientes y oportunas que mitigaban su propagación.
Eslogan como “lava, tapa, voltea y tira”, son fundamentales sin embargo a falta de políticas públicas que informen a la sociedad respecto de los medios de prevención y las afectaciones que provoca, esta enfermedad se está propagando de manera preocupante en este año 2023.
El 26 de agosto se celebra el día internacional contra el Dengue y México no tiene buenos resultados que presumir, a pesar de que el titular del Ejecutivo y encargado de la salud de la sociedad está consciente de este padecimiento, sin embargo, fiel a sus malas prácticas no ha hecho nada para prevenirlo y mucho menos mitigar las afectaciones que ya está causando, lo anterior se expone para mejor comprensión con los siguientes datos obtenidos del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal.
Vigilancia Epidemiológica Semana 33, 2023
Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 33 del 2023.
Casos por entidad federativa de enfermedades transmitidas por vector hasta la semana epidemiológica 33 del 2023.
Se reasigna un caso del Estado de México a Quintana Roo y otro de Nayarit al estado de Morelos.3
A manera de resumen de la información anterior, para la semana 33 en el año de 2022 hubo en el acumulado de contagios hubo 3 mil 134, para el mismo periodo, pero del presente año 2023 hay un acumulado de 11 mil 23 contagios, un incremento de cuatro veces lo visto el año pasado, es claro que algo se está haciendo muy mal, sobre todo en estados como Chiapas, Quintana Roo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán, donde hay muchos contagios y todo parece indicar que irán en aumento.
Por lo que las campañas de fumigación y la distribución de larvicidas que se colocan en los contenedores de agua por parte de la Secretaría de Salud son fundamentales, y sin mencionar que la distribución y obtención de medicamentos cuando se presenten contagios en la población debe ser prioritaria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, para implementar de forma urgente campañas de atención y políticas públicas para controlar las afectaciones causadas por el virus del dengue en la salud habitantes de estados del sureste del país como Quintana Roo, así como iniciar de manera urgente campañas de fumigación y distribución de larvicidas que contengan al mosquito que contagia dicha enfermedad y garantizar el abasto de medicamentos para la población que está contagiada.
Notas:
1 https://www.paho.org/es/temas/dengue
2 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/dengue
3 https://www.gob.mx/salud/documentos/
boletinepidemiologico-sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica-sistema-unico-de-informacion-261547?idiom=es
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2023.
Diputada Laura Lynn Fernández Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE, a través de la SHCP, a suscribir la Declaración de Cartagena de Indias e instruir su participación en la plataforma de cooperación ministerial que emane que dicho mecanismo, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Manuel Vázquez Arellano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La desigualdad es un fenómeno que impacta negativamente en el ejercicio pleno de derechos para millones de personas en todo el mundo y, muy especialmente en América latina. Según información de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), en América latina, el quintil más pobre (es decir, el 20 por ciento de los hogares con menores ingresos) capta, en promedio, un 5 por ciento de los ingresos totales, con participaciones que varían entre menos del 4 por ciento (en Honduras, el Paraguay y la República Dominicana) y el 10 por ciento (en el Uruguay). En contraste, la participación en los ingresos totales del quintil más rico promedia el 47 por ciento, con un rango que va del 35 por ciento en el Uruguay al 55 por ciento en el Brasil.1 La calamidad que representa la desigualdad en nuestro continente, agudizada por la influencia de las políticas neoliberales implementadas a lo largo de las últimas tres décadas, exige a gobiernos de todas las latitudes emprender acciones para combatirla, a fin de garantizar la inclusión y el bienestar de toda su población.
Sin embargo, las estrategias para evaluar su dimensión, tradicionalmente asociadas a la aplicación de encuestas en los hogares, parecen no reflejar la gravedad de la problemática. Así lo ha planteado el estudio realizado por Verónica Amarante y Juan Pablo Jiménez, oficiales de asuntos sociales y de asuntos económicos de la División de Desarrollo Económico respectivamente, de la CEPAL, en donde se sugiere que el uso de los registros fiscales de las administraciones tributarias puede ofrecer una fotografía más detallada sobre la concentración de la riqueza en nuestros países. Al respecto, los autores señalan que “disponer de información proveniente de registros tributarios puede ampliar en forma significativa el alcance de los estudios sobre distribución de ingresos en los países de la región, lo que permite analizar en detalle los ingresos altos, aun con las limitaciones referentes a problemas de evasión, elusión, exenciones y cambios en las alícuotas impositivas”2
En tal contexto, el pasado 26 y 27 de julio de 202, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia organizó, en la ciudad de Cartagena, con el apoyo de los gobiernos de Brasil y Chile, la primera Cumbre Fiscal Regional hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, mediante la que se convocó a las naciones de América latina ha fomentar más y mejores canales de diálogo e intercambio de conocimientos que conduzcan a una tributación progresiva y más justa, que combata la evasión fiscal y movilice los recursos necesarios para garantizar servicios públicos de calidad, universales y sostenibles.3
El encuentro de alto nivel, que contó con el apoyo de la CEPAL para su realización, logró reunir a autoridades de los Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas de 16 países de la región, así como líderes políticos y representantes de organismos internacionales, regionales y de la sociedad civil y permitió la confluencia de experiencias, saberes y preocupaciones para conformar una plataforma permanente de cooperación y coordinación que permita una discusión incluyente y transparente de los temas de tributación internacional, para fortalecer la voz de la región en el debate global de política tributaria.4
De la reunión se desprendió la firma de la Declaratoria de Cartagena de Indias, en donde los países firmantes expresaron su compromiso para compartir experiencias, establecer posiciones comunes y encontrar soluciones no vinculantes que sirvan para elaborar políticas tributarias de acuerdo a los desafíos de la región. En el mismo documento se establece la tarea de construir de manera participativa y consensuada, un espacio de integración de las y los Ministros de Hacienda, Economía y Finanzas para fomentar el diálogo con el objeto de orientar a que las políticas tributarias internacionales y regionales propendan a ser incluyentes, equitativas, sostenibles ambiental y socialmente favorables al crecimiento, la reducción de las desigualdades y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.5
El documento llama también a los países firmantes a contribuir con análisis, intercambios y orientaciones técnicas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerando en ello las experiencias internacionales y las necesidades de la región y de cada país, así como la voz y el aporte de la academia, la sociedad civil, el sector empresarial y los organismos multilaterales para compartir su conocimiento, aportar ideas e identificar los problemas que quedan sin resolver y potenciales soluciones en materia de tributación. De esta forma, se han cimentado las bases para constituir una instancia permanente de coordinación tributaria entre los países de Latinoamérica y el Caribe que se transforme en un espacio de discusión sobre temas tributarios que afectan a los países de la región.
En materia de gobernanza, Colombia fue el país designado para ejercer la presidencia pro tempore del nuevo organismo durante los próximos 12 meses, mientras que la CEPAL asumirá la Secretaría Técnica de la plataforma de cooperación. Al respecto, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, afirmó, durante los debates desarrollados en la Cumbre, que “es fundamental pensar y diseñar la política fiscal de manera tal que compatibilice los requerimientos de estabilidad de corto plazo con los del crecimiento y el bienestar de largo plazo. La región requiere de una profunda revisión de sus pactos fiscales, sobre la base de marcos de sostenibilidad de las finanzas públicas pero centrados en una combinación de aumento de los ingresos permanentes, y mejora en la calidad y asignación del gasto. Ambos elementos son esenciales para poder avanzar en la transformación de los modelos de desarrollo hacia modelos que sean más productivos, inclusivos y sostenibles”.
Sin lugar a dudas, la creación de un mecanismo interministerial regional, en el que están implicados los gobiernos de 12 países latinoamericanos, dedicado a fomentar la progresividad tributaria y capaz de reconocer la importancia de los principios de los derechos humanos en la transformación de la política fiscal constituye un logro sin precedentes. Más aún, la consolidación de una plataforma regional de cooperación tributaria en la que los países de la región podrán acordar posiciones de negociación unificadas que tengan mayor peso en las discusiones tributarias globales ofrece una luz de esperanza para alcanzar acuerdos en materia de tributación mínima global de las empresas multinacionales que fortalezcan las finanzas públicas de las naciones de América latina y el Caribe, de cara a grandes desafíos compartidos, como la garantía del derecho una educación y salud de calidad, la ampliación en el acceso a la seguridad social, la protección del ambiente y la construcción de paz.
Es importante reconocer que el espacio permitió que representantes de múltiples organizaciones de la sociedad civil, entre las que destaca Oxfam Internacional, presentaran una lista de 10 recomendaciones sobre la justicia fiscal, para que los países participantes en la Cumbre las tomaran en cuenta para implementar reformas en los sistemas tributarios en sus propios marcos jurídicos que garanticen cambios reales para mejorar la vida de las poblaciones. El documento ofreció un balance importante sobre la forma en que las crisis que atraviesa el continente (de reproducción social y cuidados, política, económica, sanitaria, social, y climática) agudizan las desigualdades. Las recomendaciones para las reformas tributarias para la región fueron:
1. Incorporar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y en asuntos ambientales como principios generales que guíen e informen la toma de decisiones tributarias.
2. Promover la progresividad y la equidad de los sistemas tributarios de la región.
3. Promover reformas de la tributación corporativa, en especial de las empresas multinacionales, que consideren y protejan los intereses de la región.
4. Tomar medidas orientadas a incrementar la transparencia fiscal.
5. Promover tributos que busquen la protección del ambiente, especialmente con relación a la transición energética y la respuesta a la crisis climática.
6. Revisar beneficios tributarios con criterios de transparencia y equidad, eliminando los privilegios y priorizando los beneficios que generan crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y justicia social.
7. Fomentar una gobernanza tributaria global verdaderamente inclusiva y respetuosa de la soberanía nacional.
8. Incorporar enfoque de género en la política fiscal.
9. Descolonizar los estándares sobre tributación y transparencia internacional.
10. Asegurar la participación genuina de la sociedad civil en la nueva plataforma.
Dada la importancia estratégica que implica consolidar los mecanismos de cooperación que se han desprendido de la Cumbre, consideramos que los dos años siguientes son claves para llegar a posturas regionales robustas a favor de una tributación global más justa que realmente beneficie a México, así como al resto de los países de América latina y el Caribe. En tal sentido, alertamos que, si bien es cierto que el Estado mexicano estuvo presente, a través de su Cancillería, en la Cumbre, éste aún no se ha unido a la lista de ocho países que han firmado la declaración.
Respecto a lo señalado anteriormente, es vital apuntar que la responsabilidad de analizar y suscribir la pertinencia de éste acuerdo recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Reiterando la importancia de éste espacio de cooperación internacional, reconocemos que es crucial que la SHCP firme y se integre a la plataforma regional, pues todo apunta a que será un espacio fundamental para que nuestro país asuma un liderazgo regional de largo plazo en materia de fiscalidad progresiva. Ser parte de dicha plataforma permitiría a México tener una mayor influencia en el diseño de las políticas tributarias globales, especialmente en el marco de las discusiones sobre una posible convención tributaria en las Naciones Unidas.
Por todo lo anterior, considerando el potencial que implica encauzar reformas tributarias centradas en gravar la extrema riqueza que existe en nuestro país, a fin de dotar a la hacienda pública de recursos públicos adicionales que ayuden a consolidar el pleno ejercicio de derechos, el desarrollo sostenible de México, el combate efectivo a la pobreza y la reducción de las brechas de desigualdades para todas y todos los mexicanos, es que considero de vital importancia establecer que la SHCP suscriba la Declaración de Cartagena de Indias y se incorpore a la plataforma de cooperación que de dicho mecanismos surja a fin de iniciar un proceso amplio de análisis y discusión que evalúe la oportunidad y pertinencia de emprender acciones que conduzcan a una nueva reforma tributaria que apunte a reducir dramáticamente las brechas de desigualdad que aún persisten en nuestro país.
Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de México, Rogelio Ramírez de la O, a suscribir la Declaración de Cartagena de Indias, derivada de la Primera Cumbre Ministerial de Latinoamérica y el Caribe para una Tributación Global Incluyente, Sostenible y Equitativa, celebrada el 27 y 28 de julio de 2023, e instruya la participación de ésta dependencia en la plataforma de cooperación ministerial que emane que dicho mecanismo.
Notas:
1 Comisión Económica para América latina y el Caribe, “Panorama Social de América latina”, (Santiago de Chile: Publicación de las Naciones Unidas, 2013) http://repositorio.cepal.org/handle/11362/35904.
2 Verónica Amarante y Juan Pablo Jiménez, “Desigualdad, concentración y rentas altas en América latina”, En Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre altas rentas en América latina, ed. Juan Pablo Jiménez, (Montevideo: Centro de Estudios Fiscales/CEPAL, 2015) https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/37881/S1420 855_es.pdf.
3 Alfredo Marimon, “Nace una plataforma de cooperación fiscal para América latina”, Noticias ONU, 27 de julio de 2023, https://news.un.org/es/story/2023/07/1523042.
4 Comisión Económica para América latina y el Caribe, “CEPAL apoya primera cumbre regional para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa”, Noticias CEPAL, 26 de julio de 2023, https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-apoya-primera-cumbre-regional-t ributacion-global-incluyente-sostenible-equitativa.
5 Comisión Económica para América latina y el Caribe, “Autoridades de 16 países aprueban la creación de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América latina y el Caribe”, Comunicado de prensa, 27 de julio de 2023,
https://www.cepal.org/es/comunicados/autoridades-16-paises-aprueban-la-creacion-la-plataforma-regional-cooperacion-tributaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2023.
Diputado Manuel Vázquez Arellano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Ssa, y a la Cofepris, a implementar las acciones necesarias para atender el desabasto de medicamento en los hospitales psiquiátricos a nivel nacional, suscrita por los diputados Carmen Rocío González Alonso y Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Carmen Rocío González Alonso, y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera enérgica al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y la Cofepris, para que, en el ejercicio de sus facultades, implementen con urgencia las acciones necesarias para atender el desabasto de medicamento en los hospitales psiquiátricos a nivel nacional, para el tratamiento de las enfermedades de trastorno mental, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como «un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad».1
De acuerdo con dicho organismo internacional, en 2019, casi 1, 000 millones de personas se veían afectadas por un trastorno mental. Asimismo, esto reflejaba que el 14 por ciento eran adolescentes.
Los pacientes con trastornos mentales suelen suicidarse, lo que representa una de cada cien muertes y el 58 por ciento de ellos ocurrían cuando el paciente tenía menos de 50 años de edad. Por otra parte, de acuerdo con la OMS, la esperanza de vida de los pacientes que presenta algún trastorno mental grave tienen una esperanza de vida de 10 a 20 años.2
El trastorno mental tiene que ver con abusos sexuales, acoso, intimidación e incluso por el consumo de sustancias ilícitas, los cuales les puede provocar depresión y otros trastornos, que, al no ser tratados de manera adecuada puede llevar al paciente al suicidio o presentar comportamientos autodestructivos.3
Las desigualdades sociales y económicas también son un factor importante que ha llevado a los individuos a empeorar su salud mental. También el más reciente suceso sanitario por pandemia Covid-19, aumentó los casos de pacientes con trastornos de ansiedad y depresión, al grado de llegar hasta un 25 por ciento a nivel mundial.4
Ante dicho aumento de casos de pacientes con algún trastorno mental, llevó a que más del 90 por ciento de los países implementarán acciones para incluir la atención a la salud mental y el apoyo psicosocial a sus planes de respuesta postpandemia.
La OMS asegura que las personas jóvenes y mujeres son los más afectados, pues ha subrayado que el riesgo de suicidio y comportamientos autodestructivos, afecta en mayor parte a este grupo de personas.5
Por ello, dicho organismo considera indispensable la necesidad de que los Estados parte cuenten con los instrumentos necesarios para ofrecer tratamientos a aquellos pacientes que sean diagnosticados y que ya padecen de algún trastorno mental.
Ahora bien, desde el contexto latinoamericano, no hay una cifra aproximada, que refleja el número total de la población que padece de problemas de trastorno, pero de acuerdo con datos de 2015, publicados por el Banco Mundial (BM), arrojan que la población que vive en América Latina, el 5 por ciento de la población adulta sufre de depresión y la mayoría de estas personas no busca atención o recibe tratamiento. Lo anterior, derivado de la falta de instituciones médicas mentales, así como no contar con los medicamentos necesarios para el tratamiento.
Las pérdidas humanas por depresión en América Latina, según datos del BM (2015), superaban las 63 mil personas que se quitaban la vida durante los años previos al estudio. Asimismo, dicho organismo señala que, aun cuando el problema de la depresión como un trastorno mental leve, este provoca al individuo problemas en su vida diaria, el trabajo y las relaciones personales.6
Por otra parte, el BM señala que este problema de salud afecta la productividad del individuo y de la de su país:
“Es un tema que afecta a mucha gente, y tiene un impacto importante sobre la productividad”, señala Roberto Iunes, economista del Banco Mundial. “Mucha gente pierde tiempo de trabajo o produce menos”. Agrega que se habla muchas veces del impacto sobre la productividad de los problemas “físicos”, pero muy poco de la salud mental.7
En el mismo orden de ideas, la organización manifiesta su preocupación en aquellos países en el que solo se asigna el 2 por ciento del presupuesto en salud para atender las enfermedades producto de los trastornos mentales. También dentro de los problemas que visualiza la organización, es la poca atención que se le da a las personas de escasos recursos, quienes en ocasiones no cuentan con centros médicos psiquiátricos cercanos de su residencia y si tiene el acceso a ellos el otro reto es la disponibilidad de los medicamentos para su tratamiento.
En el contexto nacional, de acuerdo con datos del censo de 2020, publicados por el INEGI, identificó la cantidad de un millón 590, 583 de personas con algún tipo de problema o condición mental. De este número, el 54 correspondía a hombres y el 46 por ciento de mujeres.8
Bajo la misma lógica, uno de los retos que tienen estos pacientes a los que se les ha diagnosticado o ya padecen alguna enfermedad que atenta contra su salud mental, que a su vez buscan las atenciones necesarias para su tratamiento, se ven superadas por diversos factores; 1) El poco presupuesto público que se asigna para atender el problema de salud; 2) La falta de hospitales psiquiátricos y, en caso de existir, falta de personal especializado para atender y dar el tratamientos adecuado al paciente; y 3) la falta de medicamentos.
En este contexto, México no ha invertido lo suficiente para atender la situación. De acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP), durante el periodo 2013 – 2021, el país sólo asigno 2.1 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Salud (SSA) para atender este subsector. Durante 2021, el gobierno destino 3, 031 millones de pesos para atender los problemas de salud derivado de los trastornos mentales, lo que representó solo el 2.1 por ciento del presupuesto para la SSA y 0.1 por ciento menos que lo designado en 2020.9
Bajo esta tesitura, en la actualidad el país pasa por un severo problema para proporcionar los medicamentos adecuados para la atención de los problemas de salud mental.
Este problema no se veía desde 2016, cuando del abasto de medicamentos estaba cerca de 98 por ciento en las instituciones de salud públicas, sin embargo, en 2022, el abasto cayo hasta el 64 por ciento, esto derivado de la pandemia, en la cual se concentran en controlar, dejando de lado otras enfermedades como el caso que se aborda aquí.
Asimismo, el gobierno federal se ha excusado que, ante tal falta de medicamentos para atender el problema multicitado de salud, se debe a que la farmacéutica Psicofarma estaba concentrando todos los medicamentos psiquiátricos para el sector público. Además, señaló que, desde hace poco más de un año, la empresa comenzó a incumplir con la entrega de fármacos, por lo que la Secretaría de la Función Pública la vetó como proveedora del Gobierno Federal.
Asimismo, han señalado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al realizar dos visitas de inspección a la farmacéutica, encontraron diversas anomalías e irregularidades que no cumplían con los criterios de calidad suficientes. Ante ello, la Cofepris implementó medidas de suspensión parcial de actividades y el aseguramiento de materia prima y medicamentos controlados hasta que la empresa solventara las observaciones, con el objeto de reanudar las actividades.
Ante tal situación, diversas instituciones y organizaciones civiles que ayudan en el tratamiento de las enfermedades que debilitan la salud mental de la población, se han pronunciado para que el Gobierno Federal realice las acciones pertinentes para abastecer a las instituciones y hospitales psiquiátricos con los medicamentos necesarios para tratar a los pacientes, al respecto tenemos lo siguiente:
“Con fecha del 21 de febrero del 2023, en la Ciudad de Chihuahua, el Colegio de Psiquiatría de Chihuahua, emitió un comunicado que reprueba el comportamiento de las diferentes Instituciones que se han visto involucradas ante el desabasto de medicamentos psiquiátricos y las responsabiliza de la mala regulación, distribución y el ineficiente acceso a estos medicamentos.
Es por ello que se pide la pronta solución ante este tema, ya que es un asunto urgente para miles de personas que dependen de este tipo de medicamentos, ya que de suspender su medicación pueden sufrir recaídas, episodios psicóticos e incluso llegar hasta el suicidio.”
“El Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso (Cisne México), se ha unido también al reclamo para dar una pronta solución ante este tema, toda vez que son más de 30 medicamentos, como lo son los hipnóticos, ansiolíticos, estabilizadores del Estado de ánimo, antidepresivos, etc. Que se encuentran fuera del mercado. Algunos de estos son de uso indefinido, lo cual ha generado mucha preocupación por parte de los médicos encargados de pacientes con enfermedades mentales, ya que estas patologías son difíciles de controlar sin la ayuda de estos medicamentos.”
“El día 20 de febrero del 2023, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, se sumó a las acciones tomadas para resolver la escasez de medicamentos de uso psiquiátrico y neurológico. Recalcando la importancia que tiene la salud mental de todas personas.”
“Del mismo modo, el Colegio de Psiquiatría de Jalisco, A.C y la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, han manifestado su inconformidad ante la escasez de medicamentos especializados en psiquiatría. Mencionado que la interrupción de estos medicamentos pone en riesgo a la población en diferentes etapas de su desarrollo.”
“La Asociación Psiquiátrica Mexicana AC. Ha expresado su más grande preocupación, haciendo un llamado a las autoridades competentes en este tema, solicitando su acción urgente para resolver en el menor tiempo posible los escases de medicamentos de prescripción especializada en todo el país.”
Bajo esta tesitura, necesaria es la respuesta del Gobierno Federal para atender la situación que amerita intervención de la Secretaría de Salud y la Cofepris, cuyas instituciones son las encargadas de la administración, revisión y compras consolidadas de los medicamentos que adquiere la federación para suministrar a las unidades médicas; desde las unidades del primer nivel de atención, hasta los hospitales de tercer nivel de atención.
De conformidad en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de mayo de 202210 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, artículo 72, la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional.
Así, de conformidad con el Artículo 72 Bis del mismo decreto, el propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.
Además, el Artículo 74 Ter, establece que la población usuaria de los servicios de salud mental tendrá derecho a un diagnóstico integral e interdisciplinario y a un tratamiento basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado de acuerdo con la evolución del paciente, que garantice el respeto a su dignidad de persona humana y sus derechos humanos.
Por otro lado, vale la pena señalar que, pese a un amparo a favor de Psicofarma, la COFEPRIS, ha frenado la entrega de fármacos para tratar padecimientos mentales como los mencionados anteriormente. En este sentido, la federación debería de estar trabajando en nuevas opciones para contrarrestar el desabasto de los diversos medicamentos para combatir los trastornos mentales.
Lo anterior, toda vez que no solo representa un problema para el gobierno federal y las instituciones médicas del país, sino que también se traduce en aspectos negativos para los pacientes y sus familias, como el aspecto económico y las recaídas que pueda tener el paciente, así como los efectos que produce la enfermedad que padece el paciente.
El Gobierno Federal al no actuar de manera rápida y eficaz, vulnera el derecho a salud, los cuales se concentran íntegros en el artículo 4° constitucional, párrafo cuarto. Además, vulnera lo estipulado en los artículos 27 fracción VII, 74 Bis y 74 Ter de la Ley General de Salud.
Por las razones anteriormente expuestas, se somete a la consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera enérgica al titular del Ejecutivo Federal y a las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para que, en el ejercicio de sus facultades, ejecuten con urgencia las medidas necesarias para suministrar de medicamentos para atender la salud mental y las adicciones en todas las unidades médicas, desde las unidades del primer nivel de atención, hasta los hospitales de tercer nivel de atención, toda vez que la falta de los medicamentos violenta el derecho a la salud plasmado en el artículo 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera enérgica al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Cofepris, informe a la Opinión Pública sobre las acciones y planes para atender el desabasto de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades de la salud mental y las adicciones.
Notas
1 Por qué la salud mental debe ser una prioridad al adoptar medidas relacionadas con el cambio climático. (2022, 3 junio). https://www.who.int/es/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-prio rity-for-action-on-climate-change
2 La OMS subraya la urgencia de transformar la salud mental y los cuidados conexos. (2022, 17 junio). https://www.who.int/es/news/item/17-06-2022-who-highlights-urgent-need- to-transform-mental-health-and-mental-health-care
3 Ibídem
4 La pandemia de Covid-19 aumenta en un 25 % la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo. (2022, 2 marzo). https://www.who.int/es/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers- 25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide
5 Ibidem
6 Banco Mundial. (2015, 13 julio). La mala salud mental, un obstáculo al desarrollo de América Latina. World Bank. https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/07/13/bad-mental-heal th-obstacle-development-latin-america
7 Ibídem
8 «En México se ignora a ocho de cada 10 personas con algún problema o condición mental». (2022, 3 abril). El Economista. Recuperado 29 de marzo de 2023, de https://www.eleconomista.com.mx/politica/
En-Mexico-se-ignora-a-ocho-de-cada-10-personas-con-algun-problema-o-condicion-mental-20220401-0064.html
9 Ibídem
10 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652074&fecha=16/05/ 2022#gsc.tab=0
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a, 05 de septiembre de 2023.
Diputada Carmen Rocío González Alonso (rúbrica)
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias federales y del estado de Colima a investigar el probable uso indebido de recursos públicos con fines electorales en favor de la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I. El medio LatinUS presentó un reportaje en el que de manera anónima personas funcionarias del Gobierno de Colima aceptaron realizar gestiones y proselitismo en favor de Claudia Sheinbaum Pardo en Jalisco, a fin de beneficiar a dicha aspirante en la encuesta del partido político Morena para elegir a la persona “Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación Nacional” misma que, en los hechos, será la persona candidata de Morena para el Proceso Electoral Federal 2023-2024 a la Presidencia de la República.
A continuación se presenta una transcripción de dicho reportaje a fin de brindar mayor claridad:
Como es posible advertir en el reportaje anteriormente expuesto, altos funcionarios públicos pertenecientes a la Administración Pública local del Estado de Colima, específicamente a las Secretarías de la Juventud, de la Educación, la de Bienestar, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, la Comisión Estatal del Agua, el DIF, el Instituto para la Atención de Adultos Mayores y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, han utilizado sendos recursos públicos a su cargo para posicionar de manera indebida y anticipada a la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo ante el electorado.
II. Cabe señalar que dentro del SUP-RAP-403/2021 la Sala Superior determinó que se había acreditado la existencia de un “mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, que beneficiaron al partido político Morena.”1 En aquel asunto se resolvió que al 54% de los trabajadores del municipio de Texcoco se les descontó el 10% de su sueldo, al 5% de los trabajadores se les retuvo un porcentaje inferior al 10% de su salario, y al 4% de los trabajadores se les retuvo un porcentaje superior al 10% de su nómina. En total se advirtió la existencia de 472 personas trabajadoras que presentaron solicitud de retención de salarios sin que fuera posible identificar el concepto de las referidas retenciones. En el caso en concreto se advierte un esquema de financiamiento ilegal y de uso indebido de recursos públicos similar al entonces utilizado por la ciudadana Delfina Gómez Álvarez en el municipio de Texcoco, Estado de México y estudiado en aquel asunto.
Asimismo, de los hechos denunciados puede advertirse que las retenciones salariales de las personas trabajadoras del Gobierno de Colima tienen la finalidad de posicionar de manera favorable y anticipada ante el electorado a la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo de cara al próximo proceso electoral federal 2023-2024 en donde la referida ciudadana ha referido en sendas ocasiones su interés por participar como candidata a la Presidencia de la República.
En efecto, es claro que en este caso, existe el riesgo de que las personas funcionarias públicas denunciadas continúen participando en esquemas de financiamiento ilegal que vulneren los derechos de las personas trabajadoras así como el principio constitucional de equidad en la contienda dentro del proceso electoral federal 2023-2024.
Además, las conductas denunciadas evidencían el uso indebido de recursos públicos con fines electorales por parte de la Gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno, con el propósito fundamental de beneficiar electoralmente a la C. Claudia Sheinbaum Pardo. De igual forma, el uso de recursos públicos con fines electorales representa una grave violación al principio constitucional de equidad en la contienda en razón de que se utilizan recursos financieros, materiales y humanos con tal de beneficiar a una persona aspirante a la Presidencia de la República.
IV. Marco jurídico
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala expresamente que todas las personas servidoras públicas tienen que utilizar los recursos públicos a su cargo de manera imparcial. A la letra dicho artículo señala lo siguiente:
“Artículo 134 . (...)
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
(...)”
De igual manera, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima establece la obligación de todas las personas servidoras públicas de respetar el principio de imparcialidad contenido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la letra dicho artículo dispone lo siguiente:
“Artículo 4. El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado corresponde a una persona denominada Gobernadora o Gobernador, titular de dicho Poder y mando superior de la Administración Pública del Estado, quien tiene las atribuciones y deberes previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, esta ley y demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.
Asimismo, deberá observar el principio de imparcialidad establecido en los artículos 134 de la Constitución federal y 136 de la Constitución del Estado, en cuanto a la aplicación de recursos públicos que estén bajo su responsabilidad .”2
Asimismo, cabe señalar que dentro del SUP-REP-163/2018, la Sala Superior determinó que la obligación constitucional contenida en el artículo 134 de la Carta Magna mandata que todas las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno deben de utilizar de manera imparcial los recursos públicos que tienen a su cargo ya sean estos humanos, materiales o económicos.
De igual manera, la Sala Regional Especializada dentro del expediente SRE-PSD-3/2023 determinó lo siguiente:
“En esta línea, ha señalado que quienes tienen funciones de ejecución o de mando enfrentan limitaciones más estrictas, pues sus cargos les permiten disponer de forma directa de los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta la administración pública. Además, por la naturaleza de su encargo y su posición relevante y notoria, tienen más posibilidad de influir en la ciudadanía con sus expresiones.
Las restricciones a las personas titulares del Poder Ejecutivo en sus tres ámbitos de gobierno, desde esta perspectiva, garantizan los principios de imparcialidad, neutralidad, objetividad, certeza e independencia que deben regir en el ejercicio de la función electoral, así como la libertad del sufragio. Ello, puesto que no puede cumplirse con la obligación constitucional señalada si no se establecen limitaciones a la participación activa de aquellas personas en los procesos electorales.
De esta manera, el uso de recursos públicos, humanos, financieros o materiales debe apegarse a las exigencias que el principio de equidad impone en el marco de las competencias electorales.” 3
En este sentido, la utilización parcial de recursos públicos por parte de personas servidoras públicas con la intención de beneficiar a determinados partidos políticos y/o personas aspirantes dentro de una contienda electoral implica una grave violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como a la legislación electoral.
V. Por su parte, de acuerdo con empleados de la administración del Gobierno de Colima de la gobernadora Indira Vizcaino, estos debían realizar aportaciones en efectivo, las cuales equivalen al 5% de sueldo de manera quincenal.4
Según medios de comunicación, por lo menos a empleados de confianza de seis dependencias se les quitó parte de su sueldo desde noviembre de 2021; además, también se les obligaba a participar de manera activa en mitin y repartir propaganda de los candidatos a la presidencia del partido de Morena.5
Por ejemplo, trabajadores de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima afirmaron que tenían que dar dinero en efectivo a un funcionario que fungía como particular de la dependencia, así como a la directora de Artes Y Humanidades y al coordinador de Museos y Bibliotecas.6
Asimismo, los trabajadores indicaron que los servidores públicos que les pedían dinero de su salario, llevaban registro de pago de quiénes y cuánto dinero entregaban. Por si fuera poco, si se negaban a cooperar o asistir a algún evento eran despedidos.7
Si se realiza una estimación del monto recaudado, por estos servidores públicos, con los dos mil trabajadores de confianza que laboran en el gobierno de Colima, se tienen recursos aproximados por cerca de 14 millones de pesos en los últimos 18 meses que han estado extorsionando a dichos empleados.8
Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría extraordinaria para el Gobierno de Colima a fin de indagar el probable uso indebido de recursos públicos del Estado de Colima con fines electorales, en favor de la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima a realizar una auditoría extraordinaria para el Gobierno de Colima, a fin de indagar el probable uso indebido de recursos públicos del Estado de Colima con fines electorales, en favor de la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno de Colima haga público un informe en el cual se detalle las razones, concepto y monto de las retenciones de las personas trabajadoras del Gobierno de Colima.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación sobre el probable uso indebido de recursos públicos del Gobierno del Estado de Colima con fines electorales, en favor de la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
Quinto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima a abrir una investigación acerca de las aportaciones de dinero en efectivo que presuntamente, tuvieron que realizar, de manera forzada, los trabajadores de confianza de diversas dependencias de la administración del Gobierno de Colima.
Notas:
1. Sala Superior. (2022). SUP-RAP-403/2021. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recuperado de: https://www.te.gob.mx/buscador/
2. Dirección de Proceso Legislativo. (2021). Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima. Periód
3. Sala Regional Especializada. (2023). SRE-PSD-3/2023. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recuperado de: https://www.te.gob.mx/buscador/#_ftn46
4. “Denunciaron al gobierno de Colima por presuntamente dar “moches” a la campaña de Sheinbaum”, Infobae, 2023Recuperado de: https://www.infobae.com/mexico/2023/08/02/denunciaron-al-gobierno-de-co lima-por-presuntamente-dar-moches-a-la-campana-de-sheinbaum/
5. Ibidem.
6. Ibidem.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2023.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a integrar una mesa de trabajo en conjunto con esta soberanía, a fin de evaluar el estado de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los grandes contribuyentes e implementar acciones que favorezcan el combate a la evasión y elusión fiscal de este sector, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Manuel Vázquez Arellano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hace casi un año, el 28 de septiembre de 2022, durante la conferencia matutina celebrada diariamente en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una lista de entre 20 y 30 empresas nacionales y extranjeras que figuran como grandes contribuyentes en México y que, sin embargo, se han rezagado en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, las cuales presentan adeudos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por alrededor de 100 mil millones de pesos.1
Aquella ocasión, el mandatario detalló que su administración se encontraba evaluando la situación junto con quien entonces fungía como directora general del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, así como de su titular de la Administración General Grandes Contribuyentes, Antonio Martínez Dagnino, a fin de implementar una estrategia que condujera a la recaudación de los montos adeudados, cruciales no sólo para mantener finanzas públicas sanas, sino para profundizar la política social dirigida a los sectores que más lo necesita, evitando con ello la contratación de nueva deuda pública.
A propósito de la estrategia, refirió que ésta comenzaría con el diagnóstico de las razones por las que estos grandes contribuyentes han incumplido con el pago de sus impuestos, anticipando distintas acciones en función de cada caso. Respecto a los nombres de las empresas enlistadas, el presidente obvió señalarlos a fin de contar con la certeza del contexto y circunstancias que dieron origen a la evasión de sus obligaciones fiscales. La estrategia anunciada aquel día coincidía con el reporte de una caída en términos reales de los ingresos tributarios de un tres por ciento en comparación al mismo periodo del año anterior.
Durante la conferencia en cuestión, el titular del Ejecutivo federal señaló que la resistencia de grandes corporaciones a cumplir con sus obligaciones fiscales estaba fuertemente vinculada al esquema de privilegios del que fueron beneficiarias en sexenios anteriores, en donde la condonación de impuestos no sólo se normalizó, sino que incluso llegó a legalizarse, descontando sus impactos en el erario y en las políticas públicas. En el mismo orden de ideas, acusó a las empresas que se resisten a aceptar el cambio de paradigma que implica la Cuarta Transformación y que intentan perpetuar la evasión mediante artilugios legales, como los juicios de amparo.
El presidente informó en aquella ocasión que uno de los vehículos bajo el cual operaba el esquema de defraudación fiscal que operó en otras administraciones era el vínculo perverso que se había tendido entre empresarios y funcionarios públicos al interior del SAT. Al respecto, destacó el caso de Claudio X. González, quien había logrado incumplir con sus obligaciones fiscales gracias a que había colocado a funcionarios del SAT en despachos particulares.
La problemática de la evasión y elusión fiscal en nuestro país no es un asunto menor. De acuerdo con el estudio “Evasión por contrabando en minería”, elaborado en 2022 por el SAT y la Universidad Autónoma Chapingo, se identificó una evasión por el impuesto sobre la renta (ISR) asociado a la exportación a través de la modalidad de subvaluación por un monto de 22 mil millones de pesos durante el periodo 2015-2021. Por su parte, el estudio “Evasión por contrabando en la industria textil”, realizado el mismo año, identificó una posible evasión por parte de la industria textil a causa de subvaluaciones de importaciones por un monto equivalente a 3 mil millones de pesos para el mismo periodo.2 Otro estudio de las mismas caracterizados, realizado en 2021, identificó afectaciones al erario por entre 20 mil y 43 mil millones de pesos a causa de deducciones a instituciones de banca múltiple por pérdidas de créditos incobrables en el periodo 2015-2019.3
Ya en junio de 2021, Raquel Buenrostro señalaba en conferencia de prensa que el SAT había calculado que la evasión y elusión del ISR por parte de grandes contribuyentes en sectores como los de servicios financieros y de seguros, minería, industria manufacturera y comercio a gran escala alcanzaba un monto anual de 700 mil millones de pesos. Este monto es tan alto que representa el 3 por ciento del PIB anual nacional.4
Durante la conferencia señalada anteriormente, la ex titular del SAT indicó que, mediante deducciones indebidas e interpretaciones legales fraudulentas, los grandes contribuyentes han sido capaces históricamente de reducir su tasa efectiva de ISR hasta menos del 2 por ciento, sin contemplar devoluciones. De hecho, si se consideran las devoluciones, habría casos de empresas con tasas negativas, es decir, en donde el gobierno federal está prácticamente subsidiando su operación en México. Esta situación es insostenible.
Por otro lado, en su reciente informe “¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México”, Oxfam México advierte que, hasta 2021, en nuestro país las grandes empresas pagaban tasas efectivas de ISR entre 1 y 8 por ciento del total de ingresos, muy por debajo del 30 por ciento que establece la ley. Además, señala que hasta 400 mil millones de pesos en beneficios empresariales en México son transferidos anualmente a paraísos fiscales.5
Como se plantea, la evasión y elusión fiscal merma de manera significativa los ingresos del país y menoscaba las capacidades del Estado para desarrollar plenamente y eficazmente sus funciones, incluida el desarrollo de la política social, la construcción de infraestructura pública o la inversión en servicios educativos, afectando con ello a los hogares más pobres. Por si esto no fuera suficiente, las estrategias utilizadas por los grandes evasores, quienes en muchas ocasiones prefieren trasladar sus ingresos a paraísos fiscales con el objetivo de no pagar ningún impuesto, obligan a que la mayor proporción de la recaudación provenga de impuestos regresivos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales afectan a las y los más pobres, quienes los pagan en mayor medida como proporción de sus ingresos totales.
Al respecto, en recientes declaraciones, directivos de Oxfam México han alertado que nuestro país pierde hasta 10 mil millones de dólares por la fuga de capitales a paraísos fiscales por parte de grandes empresas y corporaciones, una cifra que ha sido equiparada al presupuesto anual operativo de 137 hospitales de alta especialidad.6
En el pasado, estas acciones se desarrollaron con la anuencia, facilitación e incluso complicidad de las autoridades federales, que no sólo permitieron este tipo de artilugios, sino que ofrecieron condonaciones históricas que implicaron graves afectaciones al erario. Al respecto, el SAT ha hecho público que, entre el periodo 2007-2018, que comprende los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, las condonaciones otorgados significaron que las arcas dejaran de recibir 413 mil 258 millones de pesos. En términos comparativos, la condonación de impuestos en el periodo de referencia equivale a dos veces el presupuesto anual para el sector salud aprobado para el ejercicio fiscal 2023.7
En la misma venia, las cifras que brinda el SAT respecto a los contribuyentes catalogados como incumplidos por contar con adeudos firmes, exigibles, no localizados, cancelados o de los que cuenten con sentencia condenatoria por delito fiscal, arroja una fotografía importante sobre la dimensión del fenómeno de la condonación de impuestos que contenían las autoridades fiscales en nuestro país al menos hasta 2018. Por ejemplo, al cierre de la administración de Enrique Peña Nieto el SAT reportó entre las empresas con créditos fiscales firmes a las siguientes:
Ante esta situación, desde 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se comenzaron a implementar medidas para fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del sector empresarial y cubrir los cargos tributarios pendientes. Así, en mayo de 2019, el Ejecutivo federal firmó un decreto por el cual dejó sin efectos al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que otorgaba al titular del Ejecutivo federal la facultad de condonar impuestos, cerrando con el ciclo de prácticas que hasta ese momento había distinguido el actuar de gobiernos anteriores al eximir, total o parcialmente, del pago de impuestos a grandes contribuyentes y deudores fiscales.
Vale la pena recordar, a propósito de lo anterior, que durante las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto se condonaron impuestos a 153,530 contribuyentes por una suma inédita de 400 mil 902 millones de pesos. De este monto, el 54 por ciento (es decir, 213 mil millones) se concentró sólo en 108 contribuyentes del sector privado.8
En agosto del mismo año, el presidente López Obrador remitió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma el primer párrafo del artículo 28 constitucional para eliminar la figura de la condonación de impuestos en el país, con la que se buscaba poner fin a la práctica de otorgar condonaciones de forma discrecional y sistemática a grandes deudores vinculados al poder público. Esta reforma sería finalmente dictaminada y aprobada el 11 de diciembre de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Federación el 6 de marzo de 2020.
La anterior modificación legislativa sería acompañada con una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales presentada en 2019 por el Ejecutivo federal para tipificar como delitos graves a la defraudación fiscal y falsificación de facturas, además de imponer la prisión preventiva oficiosa para este tipo de casos. Sin embargo, en noviembre de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación daría un revés a esta iniciativa y declaró la eliminación de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales.
Finalmente, es importante reconocer los resultados alcanzados mediante la política de negociación impulsada desde la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, por quien ahora funge como titular de la institución, para persuadir, convencer y responsabilizar a grandes empresas deudoras de cubrir con el pago de sus impuestos sin la necesidad de judicializar los procesos. Con base en esta estrategia, en 2020 diversas compañías de enorme relevancia, que incluyen a la filial de Walmart en México y Centroamérica y la multinacional Femsa, pagaron cientos de millones de dólares en impuestos pendientes tras una serie de acuerdos con el gobierno mexicano, cubriendo adeudos por un monto 35 mil 849 millones de pesos. Otras de las empresas que se “pusieron al corriente” con el SAT fueron América Móvil (con 8 mil 290 millones de pesos), Minera Fresnillo (con 4 mil 900 millones de pesos), BBVA (con 3 mil 200 millones de pesos), Grupo Modelo (con 2 mil millones de pesos) e IBM (con 669 millones de pesos).9
Desafortunadamente, estas acciones aún no han sido suficientes para subsanar el fuerte impacto que deja a las finanzas públicas la evasión y elusión fiscal de grandes contribuyentes. De hecho, el propio SAT ha alertado respecto a una contracción en la recaudación de grandes contribuyentes en un 8 por ciento anual en los últimos años.10 Aunque esta es una situación comprensible dada el escenario atípico que impuso a la hacienda federal la pandemia covid-19, es importante insistir en mejorar las estrategias de recaudación de grandes contribuyentes, a fin de evitar que el peso de la tributación recaiga en la clase trabajadora, especialmente de los estratos medios, como ocurre actualmente. Para lograr este objetivo, es vital que todas las instancias con facultades y competencias en la materia converjan esfuerzos para presionar a los grandes deudores a cubrir sus créditos fiscales.
En tal sentido, el Poder Legislativo, y en particular la Cámara de Diputados federal, constituida por la manifestación de la voluntad popular y representante, por tanto, de la demandas y preocupaciones plurales del pueblo mexicano, tiene un papel principal en la defensa de los intereses de la ciudadanía, entre los que se incluye el análisis de la viabilidad y desempeño de las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, de conformidad con la fracción VII, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el apartado H del artículo 72 constitucional, al señalar que el análisis y discusión de proyectos de leyes que versen sobre impuestos y contribuciones deben forzosamente iniciar en la Cámara de Diputados, nos recuerda el valor del examen de ésta cámara en tales asuntos.
Con ello en mente, reconociendo la experiencia y sensibilidad que distingue a la Cámara de Diputados como única instancia responsable del ejercicio de diagnóstico, discusión y dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de revisión de la Cuenta Pública, a fin de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades y dependencias de la administración pública federal y los demás Poderes de la Unión, así como del valor de la capacidad de incidencia, concertación y comunicación social con la que cuentan los representantes parlamentarios, es que considero de vital importancia establecer un mecanismo de encuentro y colaboración entre el Poder Legislativo y el SAT a fin de conocer con precisión la dimensión del fenómeno de la evasión y elusión entre grandes contribuyentes y perfilar acciones que contribuyan al combate de estas prácticas.
Está propuesta está fundada en los derechos de diputadas y diputados previstos en el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en particular los referidos en las fracciones VIII, X y XVIII, en materia de solicitudes de información de cualquier instancia federal, participación en procesos parlamentarios para los que se encuentren facultados y participación en foros y reuniones, así como de la atribución de las comisiones legislativas para la creación de grupos de trabajo, previsto en el artículo 153 del citado ordenamiento. Asimismo, encuentra eco en las atribuciones del Sistema de Administración Tributaria previstas en el artículo 7 de la ley que le norma, en particular lo considerado en su fracción VI respecto a la facultad de proporcionar información a otras instancias e instituciones públicas que contribuya a evitar la evasión y elusión fiscales.
Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a convocar e integrar en conjunto con ésta soberanía una mesa de trabajo a fin de evaluar el estado de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los grandes contribuyentes e implementar acciones para fortalecer el combate a la evasión y la elusión de este sector.
Notas:
1 Andrés Manuel López Obrador, “#ConferenciaPresidente | Miércoles 28 de septiembre de 2022”, Gobierno de México, 28 de septiembre de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=uYrCGodxteo
2 Servicio de Administración Tributaria, “Informa el SAT los resultados de los estudios de evasión fiscal realizados en 2022”, Prensa SAT, 17 de marzo de 2023, https://www.gob.mx/sat/prensa/el-sat-informa-los-resultados-de-los-estu dios-de-evasion-fiscal-realizados-en-2022-009-2023?idiom=es#:~:text=Los %20resultados%20se%C3%B1alan%20que%20el,de%20pesos%20en%20dicho%20perio do
3 Servicio de Administración Tributaria, “Informa el SAT los resultados de los estudios de evasión fiscal realizados en 2021”, Prensa SAT, 21 de junio de 2022, https://www.gob.mx/sat/prensa/informa-el-sat-los-resultados-de-los-estu dios-de-evasion-fiscal-realizados-en-2021-030-2022?idiom=es
4 Zenyazen Flores, “El SAT detecta evasión y elusión de ISR por 700 mil mdp en grandes contribuyentes”, El Financiero, 14 de junio de 2021, https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/14/el-sat-detecta-evas ion-y-elusion-de-isr-por-700-mil-mdp-en-grandes-contribuyentes/#:~:text =El%20Servicio%20de%20Administraci%C3%B3n%20Tributaria,por%20mayor%20y% 20por%20menor
5 Oxfam México, “¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México.”, Oxfam México, 20 de enero de 2022, https://oxfammexico.org/davos2023/
6 Redacción AN / RVC, “¿LATAM necesita detener evasión fiscal; México pierde 10,000 mdd: Oxfam”, Aristegui Noticias, 27 de julio de 2023, https://aristeguinoticias.com/2707/dinero-y-economia/latam-necesita-det ener-evasion-fiscal-mexico-pierde-10000-mdd-oxfam/
7 Redacción La Jornada, “Condonaron Calderón y Peña Nieto 413 mil mdp en impuestos”, La Jornada, 16 de febrero de 2021, https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/16/politica/condonaron-caldero n-y-pena-nieto-413-mil-mdp-en-impuestos/
8 Ana Gabriela Rojas, “AMLO: los millonarios y empresarios que se beneficiaban de la condonación de impuestos que AMLO eliminó por decreto”, BBC News, 21 de mayo de 2019, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48345009
9 Forbes Staff, “BBVA, Femsa y Walmart se cuadran ante el SAT: pagan 35,000 mdp de impuestos atrasados”, Forbes México, 10 de septiembre de 2020, https://www.forbes.com.mx/negocios-bbva-femsa-y-walmart-se-cuadran-ante -el-sat-pagan-35000-mdp-de-impuestos-atrasados/
10 Santiago Renteria Nolasco, “Recaudación a grandes contribuyentes cayó 8 por ciento anual: SAT”, El Economista, 28 de febrero de 2023, https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-a-grandes-contribu yentes-cayo-8-anual-SAT-20230227-0084.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2023.
Diputado Manuel Vázquez Arellano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a informar a la opinión pública y difunda en su página web toda la información referente al gasto programado y ejecutado en conservación y mantenimiento que ha realizado durante el periodo 2018-2023, a cargo de la diputada Karla Verónica González Cruz, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Diputada Karla Verónica González Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos para que, a la brevedad posible, informe a la opinión pública y publique en su página de Internet, toda la información referente al gasto programado y ejecutado en conservación y mantenimiento que ha realizado durante el periodo 2018-2023, incluyendo montos efectivamente ejercidos en cada una de las acciones y obras, y las instalaciones de la empresa productiva del Estado en las que se han llevado a cabo, bajo las siguientes
Consideraciones
Los accidentes relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex) han sido una constante durante la presente administración, entre los que sobresalen incendios y accidentes laborales. De acuerdo con la información difundida en diversos medios de comunicación, por ejemplo, en una nota publicada el 20 de julio de 2023 en el sitio de Internet expansión.mx, se advierte que los accidentes registrados durante la primera mitad del actual sexenio ya superan en un 46 por ciento el número total de eventualidades registradas durante todo el periodo de la pasada administración, según una base de datos construida a través de solicitudes de transparencia, se han documentado un total de 185 accidentes en las instalaciones de Pemex, desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2021, estos incluyen fugas, incendios y explosiones.1
Sin embargo, según una nota periodística publicada desde mayo 30 de 2022, ya se conocía que el índice de frecuencia de accidentes en las instalaciones de Pemex durante el primer trimestre de 2022, se ubicó en 0.42 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, una cifra 56 por ciento mayor a la registrada el mismo trimestre del año previo, la cual a su vez es un 86 por ciento más alta en comparación al 2020.2
En la misma nota, se menciona que trabajadores de la empresa productiva del estado han advertido desde el año pasado (2021) que la falta de mantenimiento es la causa de los constantes accidentes en las instalaciones de la petrolera, así como la falta de plazas, lo que ha provocado que algunos trabajadores tengan que realizar turnos de más de 24 horas.
Por otro lado, el 13 de julio de 2023, se publicó una nota titulada: “Accidentes en Pemex duplican su frecuencia y gravedad, mientras que presupuesto para mantenimiento se redujo”, firmada por Frasua Esquerra.3 En esta nota se menciona que, cada trimestre Pemex reporta el índice de frecuencia y el índice de gravedad, dos indicadores que permiten conocer, como sus nombres lo indican, la frecuencia y la gravedad de los accidentes que ocurren al interior de la empresa.
La información que se proporciona en esta nota resulta relevante toda vez que se dan a conocer datos relacionados con el incremento en estos dos índices. Las definiciones de estos índices resultan importantes; en lo que respecta al índice de frecuencia, es el número de accidentes con lesiones incapacitantes por millones de horas-hombre de exposición al riesgo en el periodo considerado.
Un accidente incapacitante es, de acuerdo con Pemex, un suceso repentino e inesperado que produce una lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte, inmediata o posterior, en ejercicio o con motivo de trabajo. Mientras que las horas-hombre de exposición al riesgo son el número de horas laboradas por todo el personal en el interior de las instalaciones o fuera de éstas. Con base en datos de Pemex, se da a conocer que la frecuencia de los accidentes ha venido presentando un aumento constante a partir del segundo trimestre del 2021.
Se menciona que, mientras que al comenzar el 2021 Pemex reportó 0.23 accidentes incapacitantes por millón de horas hombre trabajadas, dos años después, para el primer trimestre del 2023 la empresa reportó 0.58 accidentes incapacitantes por millón de horas hombre trabajadas. Lo que representa un aumento de 152 por ciento en la frecuencia de los accidentes en tan solo dos años. Durante el 2019 y el 2020 el índice de frecuencia de accidentes en Pemex mantuvo un índice acumulado de 0.24, para el 2021 éste se reportó en 0.36, lo que representó un aumento del 50 por ciento en un año. En el 2022 este índice anual fue de 0.49, lo que representó un aumento del 36 por ciento con respecto al año inmediato anterior, un 104 por ciento con respecto al 2020.
Cabe señalar que también se citan datos relevantes de los reportes trimestrales e informes anuales de Pemex. Por ejemplo, en el caso de sus dos últimos reportes trimestrales –cuarto trimestre del 2022 y primer trimestre del 2023–4 la empresa petrolera ha reportado un índice de frecuencia de 0.58. Esta cifra representa ya un aumento de 142 por ciento con respecto a lo registrado en el 2020.
Respecto a su Informe Anual 2022, Pemex menciona que en ese año “Pemex Logística tuvo el incremento más importante tanto en el número de lesionados como en el índice de frecuencia”. El informe indica que las causas principales de las lesiones fueron la operación de maquinaria, la carga y manipulación de objetos y las caídas.5
En lo correspondiente al segundo indicador, que es el índice de gravedad, se refiere al total de días perdidos por millones de horas-hombre de exposición al riesgo en el periodo considerado. En este caso, se hace hincapié que los días perdidos son los días de incapacidad médica por lesiones a consecuencia de accidentes de trabajo, más los días de arrastre, más los días de indemnización por incapacidad parcial o total, permanente o muerte.
En los últimos dos años este indicador, que evalúa la gravedad de los accidentes, también ha aumentado considerablemente. Los datos que se presentan enseguida, sin duda son preocupantes: “Mientras que del 2018 al 2020 este índice mantuvo un promedio de 15 días perdidos por millón de horas-hombre, en 2021 el índice se elevó a 19 y para el 2022 la cifra aumentó casi al doble, llegando a los 29 días”.
Además, se menciona que si se toma en consideración el último año de actividad —los últimos cuatro trimestres reportados por Pemex— se encuentra un índice de gravedad promedio de 34 días. Esta cifra representa un aumento de 126 por ciento con respecto a los 15 días promedio que se reportaron del 2018 al 2020.
Por otro lado, según el Plan de Negocios 2019-2023, Pemex estableció como meta que para el 2021 el índice de frecuencia de accidentes sería de 0.22, pero ese año fue de 0.36, la diferencia fue del 63 por ciento. Para el 2022, ese índice sería de 0.21, sin embargo, ese año la cifra fue de 0.49. Una diferencia de 133 por ciento, cifra que corresponde a más del doble de la que se presentó en el 2021. La meta estimada para el 2023 era de 0.20, sin embargo, en el primer trimestre del 2023 el dato se ubicó en 0.58. Lo que muestra una diferencia del 190 por ciento con respecto a la meta de seguridad establecida por Pemex.6
Desafortunadamente para los trabajadores y sus familias, las poblaciones aledañas a las instalaciones de Pemex y para el país, el incremento en estos dos indicadores mencionados se refleja en los hechos; estos son algunos de los accidentes más catastróficos:7
18-enero-2019. Ducto Tuxpan-Tula (Tlahuelilpan, Hidalgo). La explosión en una toma clandestina causó la muerte de 137 personas.
10-diciembre-2020. Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa (Cadereyta, Nuevo León). Una acumulación de gas en las instalaciones provocó dos explosiones.
21-febrero-2020. Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex (Villahermosa, Tabasco). Una explosión en el área de compresores ocasionó un incendio.
20-julio-2020. Ducto en Poza Rica, Veracruz. Una explosión en la colonia La Barita, en Veracruz, dejó cinco lesionados.
4-enero-2021. Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime (Salina Cruz, Oaxaca). Se registró una explosión y un incendio en la Planta Primaria Uno de la refinería.
25-febrero-2021. Complejo Petroquímico La Cangrejera (Coatzacoalcos, Veracruz). Un incendio en un turbogenerador sacó de operación algunas plantas.
7-abril-2021. Refinería Lázaro Cárdenas (Minatitlán, Veracruz). Una explosión e incendio dejó siete lesionados y el complejo fuera de operación por algunas semanas.
20-abril-2021. Complejo Petroquímico Pajaritos (Coatzacoalcos, Veracruz). Un ducto de gas natural a alta presión explotó en el complejo.
20-abril-2021. Complejo Petroquímico Morelos (Veracruz). Una falla de un turbogenerador de energía eléctrica dejó cuatro trabajadores lesionados.
14-junio-2021. Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime (Salina Cruz, Oaxaca). Una explosión en la casa de bombas de la refinería obligó al desalojo de cerca de poblaciones cercanas.
2-julio-2021. Plataforma satélite KU-C en el activo Ku-Maloob-Zaap. Una fuga de gas y una tormenta eléctrica generaron un incendio en medio del Golfo de México.
22-agosto-2021. Plataforma E-Ku-A2 en Ku Maloob Zaap. Un incendio en una plataforma procesadora de gas dejó 125 pozos fuera de producción, que en total sumaron unos 421,000 barriles de crudo diarios. El restablecimiento de la operación tardó nueve días y dejó al menos cinco fallecidos.
23-febrero-2023. Planta Combinada Maya de la Refinería Lázaro Cárdenas (Minatitlán, Veracruz). Un incendio ocasionado por el escurrimiento de producto sobre una superficie caliente en el equipo E-10040 A dejó a tres trabajadores fallecidos y dos lesionados.
El mismo día, hubo un siniestro en el equipo de perforación PM-119 en la Cavidad Tuzandepetl-331 ubicada en Veracruz. Debido a esto, cinco trabajadores de Pemex perdieron la vida y siete resultaron heridos.
23-mayo-2023. Planta Combinada de la Refinería Lázaro Cárdenas (Minatitlán, Veracruz). Un incendio ocasionado por un cambio de temperatura en el área de Cambiadores de calor en la planta U-100 dejó a al menos tres trabajadores lesionados.
21-junio-2023. Helicóptero desplomado (costas de Ciudad del Carmen, Campeche). Un helicóptero de Pemex, operado por Heliservicio con matrícula XA-EHI, cayó frente a Ciudad del Carmen. La aeronave prestaba servicio a la empresa paraestatal al momento del accidente, en el que fallecieron al menos dos personas.
4-julio-2023. Derrame de crudo en el Golfo de México. Imágenes satelitales capturadas por el geógrafo Guillermo Tamburini revelaron un derrame de crudo en el Golfo de México que podría extenderse por un área de más de 400 kilómetros. Después de que el derrame acaparó los reflectores, Pemex admitió la existencia de una fuga de hidrocarburos en el activo Ek Balam, pero manejó cifras mucho menores a las citadas por las organizaciones.
7-julio-2023. Plataforma Nohoch-Alfa (Golfo de México, Sonda de Campeche). Una explosión ocasionó un incendio en la plataforma marina Nohoch-Alfa del activo de producción marina Cantarell, ubicado en la Sonda de Campeche. El incidente dejó dos trabajadores fallecidos y uno más desaparecido.
Cabe resaltar que este último siniestro, contrajo la producción de crudo por 700 mil barriles, un aproximado de casi el 45 por ciento del total que se extrae a nivel nacional. Esto es equiparable con la extracción, por ejemplo, de la Región Marina Noroeste (787 mil barriles diarios). La pérdida por dicho incendio, ascendió a los 850 millones de pesos, lo que entorpece aún más las obligaciones financieras tan onerosas que tienen vencimiento en el presente año a cargo de Pemex.
A pesar de esta larga lista de accidentes en las que desgraciadamente se han perdido vidas humanas, en el 2021, una investigación periodística publicó que “La ASEA, que se creó en 2015 tras la reforma energética, tiene como función regular y supervisar las instalaciones y actividades de las compañías que forman parte del mercado de hidrocarburos, en temas relacionados con medio ambiente y seguridad. Pero pese a su función, el organismo ahora dirigido por Ángel Carrizales no ha sancionado a la compañía estatal desde hace más de tres años, de acuerdo con datos obtenidos por Expansión a través de Transparencia.”8
Efectivamente, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ASEA), fue creada para la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de: I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. Lo anterior, según el artículo primero de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (LANSIPMASH).
Sin embargo, de acuerdo a la investigación periodística mencionada, “El regulador ha sancionado a Pemex con 9.1 millones de pesos por violaciones a la legislación ambiental y por irregularidades en sus procesos industriales. Pero todas las multas han sido interpuestas de 2015 –el año de la creación del organismo– a 2017. Tras ese año, la ASEA no ha tomado ninguna otra medida para multar a la petrolera estatal”.
En ese sentido, se trata del órgano que debe identificar y regular el riesgo en las actividades del sector hidrocarburos, para promover la protección de las personas y del equilibrio ecológico. Por ello, la participación de esta Agencia es necesaria para que, con base en las atribuciones que le confiere su ley de creación, contribuya con las medidas necesarias para disminuir las consecuencias negativas en el ambiente y la salud humana, pero también para que garantice la seguridad industrial y operativa en las instalaciones de Pemex.
En caso contrario, haciendo uso de las atribuciones previstas en su ley, está obligada, entre otras, a “Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector y; a Imponer medidas de seguridad, de apremio o sanciones que resulten aplicables conforme a la legislación correspondiente” (artículo 5, fracciones III y XI, respectivamente, de la LANSIPMASH).
De acuerdo a un análisis realizado por Jesús Carrillo, Director de Economía Sostenible, del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C (IMCO) “Nunca sobra hacer explícito lo siguiente: los derrames petroleros, los incendios y cualquier accidente en Pemex representan, antes que nada, un riesgo para sus trabajadores. En cualquier empresa, pero todavía más en una de carácter público, lo más valioso son los empleados y su seguridad debe ser la prioridad más alta —cuando así es, las compañías gastan en mantener y conservar sus instalaciones. A la vez, los accidentes en Pemex implican un riesgo para sus activos. Por lo tanto, el aumento sostenido en los índices de frecuencia y gravedad es una pésima noticia tanto para los trabajadores como para el gobierno, y para todas las personas que contribuimos con nuestros impuestos a financiar a la petrolera nacional”.9
Es por todo lo anterior, que se estima necesario que las y los mexicanos conozcan cómo está ejerciendo su dinero una de las empresas productivas del estado que más ha recibido apoyo por parte del Gobierno federal, Pemex; sobre todo de qué manera lo ha ejercido durante un periodo en el que se han incrementado los accidentes en sus instalaciones, derivando en consecuencias fatales para los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al director general de Petróleos Mexicanos para que, a la brevedad posible, informe a la opinión pública y publique en su página de Internet, toda la información referente al gasto programado y ejecutado en conservación y mantenimiento que ha realizado durante el periodo 2018 - 2023, incluyendo montos efectivamente ejercidos en cada una de las acciones y obras, y las instalaciones de la empresa productiva del Estado en las que se han llevado a cabo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, para que informe a la opinión pública y publique en su página de Internet, toda la información relacionada con las medidas de seguridad, de apremio o sanciones que ha impuesto a Petróleos Mexicanos derivadas de los diversos accidentes que han sucedido en sus instalaciones durante el periodo 2018 – 2023.
Notas
1 Consultado en: https://expansion.mx/empresas/2023/07/20/pemex-accidentes-que-esta-pasa ndo
2 Consultado en: https://oilandgasmagazine.com.mx/2022/05/
trabajadores-de-pemex-exhiben-falta-de-mantenimiento-en-instalaciones/
3 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/
accidentes-en-pemex-duplican-su-frecuencia-y-gravedad-mientras-que-presupuesto-para-mantenimiento-se-redujo
4 Consultado en: https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx
5 Consultado en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2023/04/asun_4564230_ 20230427_1682604381.pdf, pág. 92.
6 Consultado en: https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_to tal.pdf, pág. 113.
7 Datos recuperados de: https://expansion.mx/empresas/2023/07/20/pemex-accidentes-que-esta-pasa ndo
8 Consultado en: https://expansion.mx/empresas/2021/09/07/asea-regulador-ambiental-sin-sanciones-pemex-2018#
:~:text=La%20ASEA%2C%20el%20regulador%20ambiental%2C%20lleva%20tres%20a%C3%B1os,
agosto%20en%20el%20yacimiento%20de%20Ku%20Maloob%20Zaap.
9 Consultado en: https://imco.org.mx/por-que-los-accidentes-en-pemex-aumentan-si-gasta-m as-en-mantenimiento/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 06 de septiembre de 2023.
Diputada Karla Verónica González Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Infonavit a retomar y establecer mecanismos para la recuperación de viviendas en situación de abandono, así como crear los lineamientos necesarios para su reasignación a familias, en Nuevo León, a cargo del diputado Andrés Pintos Caballero, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado Andrés Pintos Caballero, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a retomar y establecer mecanismos para la recuperación de viviendas en situación de abandono, así como crear los lineamientos necesarios para su reasignación a familias en el Municipio de García en el Estado de Nuevo León, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país el derecho al acceso a una vivienda se encuentra tutelado por del Artículo 4o. párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a letra dice:
Artículo 4...
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”
Es por ello qué, en el año 1972 se funda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el 21 de abril del mismo año se promulga la Ley del Infonavit,1 sin embargo, hasta el día de hoy no se ha logrado cumplir con este objetivo, por diversas razones, como la falta de planeación y los costos de las viviendas, además de las dificultades que pueden presentar las familias al momento de realizar sus pagos, generando el abandono de dichas viviendas.
Es por ello qué el gobierno mexicano tiene la responsabilidad y la obligación de establecer las políticas, programas, acciones y apoyos necesarios para brindar una vivienda digna y adecuada para las familias mexicanas, solo así se estará dando cumplimiento al artículo 11 numeral 1 de la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Artículo 11.
1.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
Por su parte, la Ley de Vivienda en su artículo 2o que es reglamentada por el Artículo 4o de la Constitución Política en materia de vivienda, establece la definición de vivienda la cual dice:
Artículo 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.
Derivado de la pandemia que atravesamos por el Covid-19 este derecho se vio aún más afectado por la inestabilidad financiera y la pérdida de empleo así como otros vieron una disminución en sus salarios, no solo en nuestro país, sino en el mundo.
En el caso de México, muchas personas al no poder pagar sus hipotecas optaron por volver a vivir con familiares o alquilar viviendas más baratas y, por tanto, abandonar sus hogares.
El propósito de la mayoría de las familias es tener una vivienda adecuada, y al ver consolidado este objetivo, llega la satisfacción más grande y el poder conservar su patrimonio es esencial, pero está en muchas ocasiones se ve truncada, ya que lamentablemente, quienes compraron su casa acabaron abandonándola por diversas situaciones.
En el caso de Nuevo León, a enero del 2023 existen un total de 61 mil 699 viviendas en cartera vencida, de acuerdo con la delegación estatal del Infonavit, mismas que son susceptibles de ser aprovechadas para dotar de vivienda a gente de escasos recursos.2
En una sociedad como la mexicana en la cual aún existen diversas carencias, es fundamental poner especial atención a zonas como es el municipio de García Nuevo León, donde la falta de servicios de movilidad efectivos para los residentes de estas comunidades por la inexistente atención de gobiernos anteriores ha obligado a sus habitantes a abandonar sus hogares.
Ante esta situación, José Manuel Valdez Gaytán Director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León ha puesto manos a la obra para buscar soluciones, para los habitantes de este municipio el cual tiene una creciente número de habitantes3 , sumándose a los esfuerzos del Gobernador de la entidad por mejorar el servicio público de pasajeros de todos los neoleoneses y evitar que esta situación continúe agravándose.
“Tan solo en este municipio se reportan 35 mil 579 viviendas abandonadas de un total de 157 mil 771, lo que representa un 22 por ciento”4 Si bien estas cifras no reflejan con precisión el número total de viviendas abandonadas, nos dan una idea de la magnitud de la situación que se enfrenta y la necesidad de intensificar acciones encaminadas a abordar el problema que tenemos que solventar.
No omito mencionar que actualmente, las viviendas recuperadas por Infonavit son subastadas a un pequeño sector empresarial, dejando desprotegidas a las familias mexicanas que requieren de un hogar, ante esto y al ver la situación tan compleja que atraviesan municipios como García de viviendas en situación de abandono, es indispensable que estas sean reasignadas a las familias desprotegidas como prioridad, para que puedan lograr un patrimonio, a través de créditos accesibles como lo ha sugerido el mismo Presidente de la República.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable asamblea las siguientes proposiciones con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en coordinación con el Instituto de la Vivienda de Nuevo León a retomar y establecer mecanismos para la recuperación de viviendas en situación de abandono, así como crear los lineamientos necesarios para su reasignación a familias en el Municipio de García, en el Estado de Nuevo León.
Notas:
1. Infonavit, El Instituto, disponible en: https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/
el-instituto/el-infonavit/acerca-de-nosotros/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8
zizdwNDDycTQz9LHy8TQ0CDQK83Q28DAyDPQz1C7IdFQE0QU1x/
2. La Jornada, Reporta Infonavit cerca de 62 mil créditos vencidos en Nuevo León. La Jornada, disponible en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/23/estados/reporta-infonavit-cerca-de-62-mil-creditos-vencidos-en-nl/
3. Municipio de García, Plantean soluciones al problema de movilidad en García, disponible en:
https://www.garcia.gob.mx/desarrollo-urbano/plantean-soluciones-al-problema-de-movilidad-en-garcia%EF%BF%BC/
4. Reporte Índigo, Crecimiento desordenado provoca problemas urbanos en Nuevo León, disponible en:
https://www.reporteindigo.com/reporte/crecimiento-desordenado-provoca-problemas-urbanos-en-nuevo-leon/
Ciudad de México, México, a 6 de septiembre de 2023.
Diputado Andrés Pintos Caballero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la Segob, al INE y a la FGR a proponer y ejercer la facultad de atracción respecto del descubrimiento con base en los reportes del “Colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos”, en el que se hallaron restos humanos en un rancho, en Reynosa, Tamaulipas, así como a otorgar las garantías mínimas para el resguardo la conservación de la vida y la protección y continuación del ejercicio del libre periodismo de la ciudadana Martha Olivia López, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Susana Prieto Terrazas, integrante de la LXV Legislatura Federal del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
El nombre de Auschwitz representa en la actualidad la barbarie y la depravación máxima en la que puede caer el ser humano. Las imborrables imágenes que salieron a la luz tras la liberación de este campo de exterminio nazi por el Ejército Rojo, solo nos permiten atisbar la superficie de un infierno terrible que los supervivientes no han dejado de pedir: “que nunca se olvide, para que no se repita jamás.”
Los soldados soviéticos que llegaron al campo aquel 27 de enero de 1945, encontraron 370,000 trajes de hombre, 837,000 vestidos de mujer, 44,000 pares de zapatos y 7,7 toneladas de cabello humano, que, según cálculos de la época, corresponderían a unas 140 mil personas. Como apunta el politólogo y periodista Germán Padinger a través de infobae, “se calcula que 1,3 millones de personas fueron enviadas a Auschwitz entre 1940 y 1945, y al menos 1,1 millones fueron asesinados allí, según los datos del Museo Estadounidense Conmemorativo del Holocausto. Se calcula que, durante la guerra, en todos los campos de concentración y de exterminio seis millones de personas fueron asesinadas por los nazis por el mero hecho de ser judías, mientras de once millones más murieron por pertenecer a otras minorías, incluyendo civiles, soldados soviéticos y polacos capturados en combate.
Cuando los soldados soviéticos entraron en Auschwitz, los recibió un hedor insoportable. Frente a ellos, solo vieron montones de zapatos, algunas personas en condiciones infrahumanas viajando sin rumbo, cadáveres en el suelo y niños atemorizados en barrancones gritando “¡No somos judíos!”.
Lo más desgarrador y lamentable, fue el descubrimiento de un crematorio, del que había huellas de reciente destrucción por los nazis en su huida, y a su lado, había huesos, pilas de zapatos y ropa que llegaban a medir varios metros de altura.
A la mente ejecutora de ese centro de concentración y exterminio, se le identificó como María Mandel, a quien se le llamó La “Bestia” Antijudía de Auschwitz.
La humanidad conformó entonces entre uno de sus objetivos para que jamás volviera a suceder algo así, la Organización de las Naciones Unidas, con la clara idea de la prevención de conflictos armados y la reducción en el uso de armas de destrucción masiva, así proscribiendo la conducta de los gobiernos como la represión y el genocidio contra sus gobernados, y más adelante definió la desaparición forzada.
El Estado mexicano adoptó en sus normas internas los tipos penales mencionados, y para ilustración entendemos que dentro del artículo 6 del Estatuto de Roma se establece que, para que un acto sea calificado como genocidio se requiere que sea perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, no pudiendo avanzar en este punto sin hacer referencia de lo que se considera La Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, sobre el tipo, “Como toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, lo que sustrae a la víctima de la protección de la ley.” (Aprobada por la asamblea general en su resolución 47/133 de dieciocho de diciembre de 1962).
Se hace énfasis que en muchos de los casos están ligados el genocidio y la desaparición forzada ya que ambos comparten como elemento común que son perpetrados por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobiernos o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. Considerándose como exposición de motivos, que las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad. Pidiéndose concretamente a los gobiernos garantizaran que las autoridades u organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, y aquellas encargadas de la seguridad tuvieran responsabilidad jurídica por los excesos que condujeran a tales conductas ilícitas. Ver resolución 33/173 de 29 de diciembre de 1978.
En este contexto, encontramos la nota de diversos medios públicos, del descubrimiento de un lugar de exterminio, nos referimos a los reportes del “Colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos”, en el que se hallaron restos humanos en un rancho, el cual se ubica en el ejido La Retama en Reynosa, Tamaulipas. Puntualizando que de ser ciertos los hechos del hallazgo, se considera que la forma en su comisión los constituye en delincuencia de alta peligrosidad en su ejecución de exterminio de los restos humanos por su la finalidad de que no se puedan determinar las víctimas en su número e identificación.
Así mismo la periodista Martha Olivia Lopez, indicó como primicia de nota, que en dicho lugar se ubican cocinas clandestinas y fosas, al parecer más de una tonelada de restos óseos, y que el lugar con antelación al hallazgo estaba resguardado permanentemente por ciertos y determinados órganos de vigilancia y funciones de seguridad pública denominados en el Estado de Tamaulipas como los Gopes, (Grupos de Operaciones Especiales). Por cierto, grupo policiaco estatal unico con funciones en el estado y municipios. Es decir, concentra las generales atribuciones de operación en las funciones de seguridad pública en todo el estado.
Otro dato, fue que, en este hallazgo se encuentran indicios que vinculan el exgobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, ya que instaló en el mismo una empresa de energía eólica. Llamándose la atención también que el Frente Amplio por México, encabezado ahora por la senadora Bertha Xochitl Galvez Ruiz, esta lo ha designado para que se encargue de las funciones propias de seguridad pública. Cargo que se advierte sensible por su naturaleza, por ello, la generada preocupación en razón que es público y sabido por diversos medios que el señalado enfrenta diversos asuntos de corte penal por los que se le imputa una ilegal actuación durante el encargo en el desempeño de sus funciones públicas.
Entre esos asuntos destaca el desahogo de la sesión instructora llevada a efecto ante esta honorable Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2021, en la que se recibió la exposición del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo en aquel entonces del doctor Santiago Nieto Castillo, para proponer el desafuero que finalmente resultó procedente del gobernador de Tamaulipas francisco Javier Cabeza de Vaca, a quien se le acusó de haberse hecho de diversos inmuebles en México y los Estado Unidos, usando para ello a empresas que alguna vez estuvieron ligadas con el Cartel de Sinaloa, en cuya presentación se listo al lugar del hallazgo materia de este punto de acuerdo. A lo anterior y bajo el producto legislado por esta soberanía, Ley Nacional de Extinción de Dominio1 y su estructura de presunciones para considerar la afectación de los bienes, se debe destacar que entre otros, la fracción V del numeral 7, que hace mención como principio básico: “la utilización de bienes para la comisión de hechos ilícitos por un tercero si un dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por medio o tampoco hizo algo para impedirlo se presumirá responsable para los efectos de la pérdida de dominio,”. Lo cual deberá analizarse con detenimiento por las autoridades de la Fiscalía General de la República, para que esta proceda en los términos del artículo 21 del Pacto de la Federación. Materia entre otros de esta propuesta de punto de acuerdo.
Finalmente son de considerarse los reclamos públicos que el exgobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca ha realizado a la comunicadora Martha Olivia Lopez, a quien consideramos deben dársele las garantías del ejercicio de su actividad como periodista.
No se omite que el retardo en la facultad de atracción, trae como consecuencia que en muchos de los casos exista un fracaso en la conclusión de la investigación.
El fracaso más común es la colusión de los funcionarios que administran e imparten justicia en los estados, más la inobservancia del principio de lo inmediato en la indagatoria, bajo la razón: “las huellas de los ilícitos perpetrados desaparecen al estar expuestas a las inclemencias del tiempo”.
No es desapercibido para quien formula este punto de acuerdo, que en diversas ocasiones es utilizada la tribuna de esta honorable soberanía, atribuyendo la destrucción del sistema de seguridad pública implementada actualmente en el presente gobierno, sin considerar una crítica que analice las políticas anteriormente ejercidas, sujetos que nos deben una explicación del caso del Pozolero, Santiago Meza López, confesó de deshacerse de al menos trescientos cuerpos en el lugar Ojo de Agua, en la zona oeste de la ciudad fronteriza de Tijuana, y que tal conducta fue por la encomienda que recibió del Cartel de Sinaloa. Tampoco han dado explicación de si eran conscientes de las actividades ilícitas que realizaba el ingeniero Genaro García Luna, quien en Estados Unidos ha sido encontrado culpable penalmente por haber participado con el Cartel de Sinaloa, o el famoso plan por el que el Chapo consiguió armas del Operativo Rápido y Furioso, auspiciado por el expresidente Felipe de Jesús Caderón Hinojosa, el cual introdujo a partir del año 2009 alrededor de dos mil quinientas armas a México, las cuales iban a ser rastreadas hasta llegar a manos de narcotraficantes, con fracaso rotundo, resultado todos esos hechos de un grave incremento en la violencia del país.
No queremos más centros de exterminios tipo Auschwitz, ni más Bestias como la conocida Maria Mandel en el gobierno de nuestra nación.
Se advierte por quien propone punto de acuerdo, que la ciudadana Martha Olivia Lopez, por los antecedente mencionados, además de actualizarse en su contra los injustos previstos para la protección de los periodistas como aquellos que atentan contra la libertad de expresión, además está sufriendo un daño moral en términos de lo establecido por nuestro Código Civil Federal en su artículo 1916 Bis, y que por su naturaleza deben ser de conocimiento de la Fiscalía General de la República por su naturaleza y competencia de la federación, solicitándole desde ahora la atracción directa del caso.
Por lo tanto, se propone a consideración de esta honorable soberanía de representantes del pueblo, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral, a efectos de que norme un acuerdo con su respectiva emisión, y tomando en cuenta las manifestaciones de reclamo del exgobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, en contra de la periodista Martha Olivia Lopez quien consideramos no debe ser coartada por amenaza de la realización de la actividad de periodismo que lleva a cabo como su actividad profesional y para la subsistencia de vida.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a efecto de que ordene bajo sus atribuciones legales, se otorguen las garantías de protección a los periodistas, y si ya fueron otorgadas un reforzamiento de las mismas en particular a las que se refieren en favor de la ciudadana Martha Olivia Lopez, por amenazas públicas recibidas por el exgobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca para que inhiba su actividad como periodista, en base de su derecho de opinión, crítica, expresión e información previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Considerándose en forma extensiva la solicitada protección al grupo de la población de civiles denominado “Colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos”.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente al Fiscal General de la Federación, usando la facultad que la ley le concede para que la decrete sobre la indagatoria de los hechos torales de este punto de acuerdo por su importancia nacional y porque hay fundada sospecha e indicios que personas en el poder como son los funcionarios y las procuradurías estatales pueden obstruir la investigación alterando las pruebas u otras conductas lesivas contra la buena administración de justicia.
Notas:
1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNED.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre del 2023.
Diputada Susana Prieto Terrazas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a reinstalar las placas conmemorativas a la memoria de quienes acordaron la elaboración y colocación del Gran Tintero Legislativo en el patio central de esta honorable Cámara de Diputados, así como del autor de la pieza escultórica, a cargo de la diputada Yesenia Galarza Castro, del Grupo Parlamentario del PAN
Yesenia Galarza Castro, diputada federal integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62 numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El Tintero Plateado es uno de los símbolos de mayor representación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, representa los ideales universales de justicia y democracia. La pieza original se encuentra en el museo legislativo y una réplica, que es la que se utiliza en el salón de sesiones de esta honorable Cámara de Diputados.
Fue mandado a realizar por el entonces presidente de México, general Porfirio Díaz, y en sus inicios funcionaba para que el presidente de la cámara firmara los acuerdos de los diputados.
Las características del tintero son, un águila con las alas abiertas que descansa en el centro sobre una columna; en los costados, la representación o imagen de dos diosas griegas, por un lado, Nike, diosa de la victoria, sostiene una corona de olivo; por el otro, Temis, diosa de la justicia, tiene una espada en su mano derecha, teniendo una medida de 47 cm de base por 35 cm de altura.
El 30 de noviembre de 2017, mediante acuerdo del comité de administración, y en el marco del centenario de los festejos de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se “autoriza la realización de la escultura denominada “Gran tintero Plateado” para el festejo del centenario de la Constitución Política de 1917”.
En dicho acuerdo se expone que, en sesión celebrada por la Junta de Coordinación Política, el 23 de octubre de 2017, en asuntos generales se presenta el plan de trabajo de dicho Órgano de Gobierno para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, el cual es aprobado por unanimidad.
En dicho plan de trabajo se contempla la realización de dicha obra escultórica ya mencionada, además de otros proyectos para el festejo de la Constitución de 1917, siendo la justificación la siguiente:
“... una escultura reproduzca el Gran Tintero Plateado, símbolo del Poder Legislativo y obra del Platero Domitilo Margarito Pérez, creada entre 1881 y 1882 ..., cuyas dimensiones serían de 2.90 metros de alto, por 4.5 metros de largo, en fundición de bronce, a cargo del escultor Francisco Javier Velázquez Menchaca.”
Además de los festejos por el que se realiza esta obra monumental, también es importante que se realice y se encuentre en la Cámara de Diputados, ya que esto representa el trabajo de quienes a través de las legislaturas han querido dejar constancia de los esfuerzos para la conservación y reforzamiento de la memoria legislativa, su importancia, así como el valor, dentro y fuera del recinto legislativo.
La afluencia de visitantes en la Cámara es importante, sobre todo en los periodos ordinarios, siendo los principales visitantes estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, aunque los grupos de visitantes son muy diversos y provenientes de todo México, que vienen a observar el funcionamiento y los trabajos de las legisladoras y los legisladores en el salón de Pleno. Pero también tiene recorridos por todo el recinto legislativo, principalmente en el museo legislativo y los lugares estratégicos donde se tienen piezas artísticas, como murales, grabados y esculturas que señalan la importancia y la historia del poder legislativo en México.
Incluso cada obra artística permanente en la Cámara de Diputados tiene una placa conmemorativa o alusiva, donde se señala la legislatura en la que se colocó, los diputados de los Órganos de Gobierno que acordaron su realización y el autor de la pieza.
Ante las constantes remodelaciones que actualmente se realizan en esta Honorable Cámara de Diputados es que se han quitado varias de las placas conmemorativas o alusivas a dichos eventos, así como el de los autores de las obras, no reinstalándose todas, lo que ocasiona que los visitantes a este recinto queden con dudas sobre quien o quienes realizaron las obras y quienes mandaron a realizar dichos trabajos. No respetando al o los autores respecto a su derecho de dejar constancia de la concepción, técnica o modo en que se realizó su trabajo.
Por ello es importante señalar que las placas conmemorativas pretenden:
“... ensalzar un momento, una ocasión o a una persona, es habitual intentar «fijarlo» a través de un detalle conceptual como puede ser una placa conmemorativa, un premio o incluso trofeos que anclen y señalen el momento.”
Además:
“Las placas conmemorativas también pueden ayudar a preservar la memoria y el legado de una persona o un evento en particular. Pueden ser una forma duradera de recordar a alguien o algo que ha sido importante para ti, para una organización o una comunidad.”
Así pues, la presente obra conocida como el Gran Tintero Legislativo, nutre el contenido y el legado histórico del Palacio Legislativo, pues es un símbolo que forma parte del ceremonial parlamentario, pero también se hace necesario tener memoria de las diputadas y los diputados que acordaron la realización y colocación de esta obra, además de conocer y reconocer al autor que la realizo.
Por lo antes expuesto, a usted ciudadano presidente de la Mesa Directiva, solicito se tenga por presentado la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a reintegrar y reinstalar las placas conmemorativas a la memoria de quienes acordaron la elaboración y colocación del Gran Tintero Legislativo en el patio central de esta honorable Cámara de Diputados, así como del autor de la pieza escultórica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a los 6 días del mes de septiembre del 2023.
Diputada Yesenia Galarza Castro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua y al ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a fortalecer las políticas públicas en materia de saneamiento de los Ríos Amarillo y Fogótico, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, María Elena Limón García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes
Consideraciones
Chiapas es un estado de nuestra república mexicana y se encuentra ubicado en la región suroeste del país, cuenta con una población de 5,543,828 habitantes,1 representando al 4.4% de la población nacional, siendo la séptima entidad más poblada por detrás del Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato. Cuenta con ciento veinticinco municipios,2 el 51% de ellos son rurales en comparación con el 49% urbano.
San Cristóbal de las Casas, es uno de los municipios de la entidad, es el mayor centro urbano de la región de Los Altos de Chiapas. Cuenta con una población de 215, 874 habitantes ,3 de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), convirtiéndolo en el tercer municipio más poblado de la entidad, detrás de la capital Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.
San Cristóbal de las Casas, se fundó el 31 de marzo de 1528, cuenta con una presencia étnica y una rica tradición colonial que lo han catalogado como uno de los destinos favoritos por los turistas extranjeros. Antes de la llegada de los españoles, el valle de San Cristóbal tenía el nombre de Hueyzacatlan que en náhuatl significa “junto al zacate grande ”. En 2003 se incorporó al programa Pueblos Mágicos,4 asimismo, en 2015 la Red de Ciudades Creativas de la Unesco otorgó a San Cristóbal de las Casas el título de Ciudad Creativa de la Artesanía y Arte Popular.5
San Cristóbal de las Casas colinda con los municipios de San Juan Chamula y Tenejapa y aproximadamente el 80% del suministro de agua a estos tres municipios proviene del macizo volcánico Huitepec-Tzontehuitz.6 Los Altos de Chiapas tiene una topografía accidentada donde se localizan las dos montañas más importantes de la región superiores a los 2,500 metros de altitud: el volcán Huitepec (2,750 msnm) “montaña de colibríes o espinas ” y Tzontehuitz (2,910 msnm) “montaña de árboles con musgo ” en náhuatl, son las dos montañas más importantes de la región. Debido a su altitud, las lluvias procedentes del Atlántico, Pacífico y Mar Caribe depositan en esta región grandes volúmenes de agua, la cual se infiltra hacia la vertiente interna del valle formando cinco escorrentías principales: río Fogótico, río Chamula, río Amarillo, río San Felipe y arroyo Navajuelos.7
El río Amarillo es una corriente superficial de tipo perenne perteneciente a la Subcuenca “Río Alto Grijalva”, en la Región Hidrológica no. 30 “Grijalva Usumacinta ”.8 Nace al nororiente de San Cristóbal de las Casas y que recorre 13 km en dirección sur, a través de la micro cuenca del Peje de Oro o la Garita, y 48 km en sentido oriente a poniente, en la porción norte de la misma ciudad, entrando por la colonia Molino de los Arcos.
Recorrido por colonias y fraccionamientos de la ciudad:
• Molino de los Arcos
• Peje de Oro
• 31 de marzo
• Molino Utrilla
• San Juan de Dios
• El Carmen
• Santa Cecilia
• Sonora
• Nueva Esperanza
• 14 de septiembre
• Ampliación 5 de mayo
• Fraccionamiento 5 de Mayo
• El Tívoli
• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
• Tlaxcala (confluye con el río Chamula y el arroyo Ojo de Agua)
Después de este punto, continúa su recorrido por las colonias:
• Mexicanos
• Molino a La Isla
• Santa Cecilia
• La Merced
• San Ramón
• Unidad Deportiva
• Santa Martha
• Sector Salud
• Montes Azules
• Relicario
• El Santuario (concluye su recorrido por la superficie urbana)
Se introduce en el Túnel de avenamiento en confluencia con el río Fogótico a la altura del Puente Morelos, que se ubica al margen de las colonias Santa Martha y Ciudad Real en San Cristóbal de las Casas.9
Antecedentes de la gestión de agua y saneamiento en la Ciudad
En el año 1898, la Federación asumió el manejo local del agua en la región, para el año 1902 se construyó una pequeña red de drenaje que benefició el desarrollo urbano, sin embargo, las aguas negras eran depositadas en el caudal del río Amarillo lo que se considera como el inicio de la contaminación de dicho cuerpo de agua.10
En los años treinta comenzó el aumento de población, la infraestructura se extendió, pero con la situación derivada del desplazamiento y del movimiento zapatista en 1994, muchas personas se asentaron a la orilla de la ciudad ocasionando que los servicios básicos, acceso al agua y drenaje fueran insuficientes.11
Las primeras inundaciones que se presentaron en la ciudad fueron en 1921, pero fue hasta 1973 que se presentó una gran inundación, el 4 de septiembre de ese año el presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, visita San Cristóbal de las Casas para ver los estragos de las inundaciones.
Por petición del gobernador doctor Manuel Velasco Suárez y con solicitud planteada por el presidente municipal Amado Figueroa Avendaño; para la construcción del túnel de avenamiento, es que el presidente Echeverría autorizó 140 millones de pesos para su construcción.12
El túnel mide 4.28 metros de largo con 4.40 metros de ancho, dentro del proyecto se tomaron en cuenta a los sumideros13 Santa Rosa, La Laja, El Salvaje, El Embudo, Agapito, Mercedario, Santa María y el Abuelo .
En 2014 el Organismo Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua realizó un recorrido de inspección en cinco puntos de descarga localizados en la ciudad.14
Descarga No 1. De origen público urbano en la colonia Santa Cecilia.
...sin tratamiento de aguas residuales, medidor, bitácora de control de volúmenes descargados ni permiso de descarga otorgado por la Conagua , cuya descarga se vierte sobre la margen izquierda del río Amarillo, de donde se obtuvieron muestras simples y compuestas de agua, ... para su caracterización de acuerdo a la NOM-001. En los resultados de las pruebas se indicó que los valores del parámetro relativo a Grasas y Aceites era de 29.42 mg/l rebasando los límites máximos permisibles que establece la NOM de referencia.
Descarga No 2. De origen público urbano en la colonia Nueva Esperanza.
...sin tratamiento de aguas residuales, medidor, bitácora de control de volúmenes descargados ni permiso de descarga otorgado por la Conagua , cuya descarga se vierte sobre la margen derecha del río Amarillo, de donde se obtuvieron muestras simples y compuestas de agua ... para su caracterización de acuerdo a la NOM-001. En los resultados de las pruebas se indicó que los valores de los parámetros relativos a Grasas y Aceites y Sólidos Suspendidos totales (SST), eran de 27.00 mg/l y 260.00 mg/l rebasando los límites máximos permisibles que establece la NOM de referencia.
Descarga No 3. De origen público urbano en la colonia Nueva Esperanza.
...sin tratamiento de aguas residuales, medidor, bitácora de control de volúmenes descargados ni permiso de descarga otorgado por la Conagua , cuya descarga se vierte sobre la margen derecha del río Amarillo, de donde se obtuvieron muestras simples y compuestas de agua ... para su caracterización de acuerdo a la NOM-001. En los resultados de las pruebas se indicó que los valores de los parámetros relativos a Grasas y Aceites y Sólidos Suspendidos totales (SST), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Coliformes Fecales , eran de 31.26 mg/l, 240.00 mg/l, 223.00 mg/l y = 2400 NMP/100 ml, rebasando los límites máximos permisibles que establece la NOM de referencia.
Descarga No 4. De origen público urbano en la colonia 14 de septiembre.
A la altura de la avenida del Caminero, se reciben las aguas de las colonias El Cerrito, 14 de septiembre y del mercado San José Castillo Tielmans.
...sin tratamiento de aguas residuales, medidor, bitácora de control de volúmenes descargados ni permiso de descarga otorgado por la Conagua , cuyas descargas se vierten sobre la margen izquierda del río Amarillo, de donde se obtuvieron muestras simples y compuestas de agua, ... para su caracterización de acuerdo a la NOM-001. En los resultados de las pruebas se indicó que los valores de los parámetros relativos a Sólidos Sedimentables (SS), Sólidos Suspendidos totales (SST), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Coliformes Fecales , eran de 3.00 mg/l, 360.00 mg/l, 295.00 mg/l y = 2400 NMP/100 ml, rebasando los límites máximos permisibles que establece la NOM de referencia.
Descarga No 5. De origen público urbano en la colonia El Mirador del Santuario.
..amparada con el permiso número 6CHS100688/30HOGE94 otorgado por la Conagua con una vigencia de 20 años contados a partir del 6 de octubre de 1994, pero no cuenta con tratamiento de aguas residuales, medidor ni bitácora de control de volúmenes descargados, cuya descarga se vierte sobre la margen izquierda del río Amarillo, de donde se obtuvieron muestras simples y compuestas ... para la caracterización de acuerdo a la NOM-001. En los resultados de las pruebas se indicó que los valores de los parámetros relativos a Grasas y Aceites y Coliformes Fecales , eran de 49.10 mg/l y = 2400 NMP/100 ml, rebasando los límites máximos permisibles que establece la NOM de referencia.
De acuerdo con el Informe Panorama Sociodemográfico de Chiapas 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio cuenta con 52,666 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 94.7%15 cuenta con drenaje a la red pública municipal, pero se ha demostrado que los diversos puntos de descarga de aguas residuales se realizan directamente al río Amarillo y Fogótico, ya que no cuenta con Planta de Tratamiento .
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2020, emitió la Recomendación 72/2020 sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de los ríos Amarillo y Fogótico, por las descargas de aguas residuales municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.16
Nuestra Carta Magna tiene previsto en su artículo 4o el derecho a un medio ambiente sano.
Artículo 4. ...
...
...
...
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos , estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Asimismo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en sus artículos 5, 7 y 8 , las atribuciones y obligaciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir la contaminación de agua, suelos y atmosfera, incluyendo la implementación de medidas necesarias a efecto de reducir al máximo la generación de descargas de aguas residuales y de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como, para el manejo y disposición final adecuada de los mismos.
De igual manera, en sus artículos 117, fracción IV, 119 Bis y 120 se establece:
Artículo 117.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes criterios:
I. III. ...
IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y
Artículo 119 BIS .- En materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios a través de sus organismos públicos que administren el agua, por lo que de conformidad con la distribución de competencias establecida en esta Ley y conforme lo dispongan sus leyes locales en la materia:
I.- El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado;
II.- La vigilancia de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, así como requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no cumplan con éstas, la instalación de sistemas de tratamiento;
III.- Determinar el monto de los derechos correspondientes para que el municipio o autoridad de la entidad federativa respectiva, pueda llevar a cabo el tratamiento necesario, y en su caso, proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar, y
IV.- Llevar y actualizar el registro de las descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren, el que será integrado al registro nacional de descargas a cargo de la Secretaría.
Artículo 120.- Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o local:
I. Las descargas de origen industrial;
II. Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas;
III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias;
IV. Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no renovables;
V. La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas;
VI. Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos; y
VII.- El vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, en cuerpos y corrientes de agua.
Por otra parte, en 2015 los líderes mundiales adoptaron 17 objetivos globales para proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años y México suscribió estos 17 objetivos.
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento
Meta 6.6 De aquí a 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua , incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
El 4 de marzo de 2018 se llevó a cabo el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Con el objetivo de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos humanos a vivir en un medio ambiente sano, acceso a la justicia en asuntos ambientales y al desarrollo sostenible; dentro de este acuerdo internacional, México firmó el 27 de septiembre de 2018 y es un estado parte desde el 22 de enero de 2021.17
En su artículo 8 se establece que los Estados deberán asegurar en su legislación nacional el acceso a instancias judiciales y administrativas para controvertir cualquier decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente, para lo cual en su párrafo 3 señala que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada Parte, contará con:
a) órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental;
b) procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos;
c) legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional;
d) la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente;
e) medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba;
f) mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan; y
g) mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.
Cabe mencionar, dentro de los programas presupuestarios de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) , a cargo de la Comisión Nacional del Agua.
El programa tiene como objetivo la asignación de recursos federales provenientes del pago de derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, concatenado con el diverso 277-B, fracción I de ese mismo ordenamiento, con la presentación de una solicitud y un Programa de Acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento. 18
De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación,19 dentro de los requisitos necesarios para ser beneficiario de este recurso, las Entidades federativas, municipios, organismos paraestatales, paramunicipales, así como las empresas concesionarias que presten el servicio de alcantarillado y saneamiento en sustitución de las anteriores, deberán presentar una solicitud de adhesión al Prosanear .
En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 72/2020 sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de los ríos Amarillo y Fogótico, por las descargas de aguas residuales municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Dentro de las Recomendaciones efectuadas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los miembros del ayuntamiento tendrán que realizar las gestiones necesarias ante la Conagua , en términos de las Reglas de Operación delos años 2021, 2022 y 2023 del Programa Agua Potable, Drenaje y tratamiento, o bien, del diverso de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) a efecto de solicitar apoyo económico para la ejecución de los estudios y proyectos de construcción, rehabilitación o incremento de capacidad productiva, así como para la óptima operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Sin embargo, mediante el portal de Transparencia, el organismo operador de San Cristóbal de las Casas no realizó ninguna gestión para ingresar al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) en los años 2020, 2021, 2022 y 2023.
Se desconocen las razones por las cuales no se han realizado las acciones necesarias para ingresar al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear), siendo que en el Párrafo Tercero del Artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas20 se establece:
Artículo 4.- ...
....
El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en caso de una resolución vinculatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de instrumentos internacionales vinculantes, de las recomendaciones aceptadas por sus autoridades , o de aquéllas derivadas de procedimientos de amigable composición, que impliquen una reparación del daño, deberán contemplar en la integración de sus presupuestos respectivos, un fondo destinado para el cumplimiento de la reparación del daño de las víctimas de violación de los derechos humanos. En caso de que los recursos no sean utilizados en el ejercicio correspondiente, serán acumulables para el ejercicio inmediato siguiente.
Es necesario que el Ayuntamiento integre dentro de su presupuesto un fondo dedicado a la gestión y hacer todo lo posible para ser beneficiario del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) y con ello dar cumplimiento a la Recomendación 72/2020 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y contribuir al saneamiento de los ríos Amarillo y Fogótico en beneficio de los habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Los sancristobalenses necesitan una planta de tratamiento de aguas residuales y es necesario que los tres órdenes de gobierno fortalezcan sus políticas públicas y coordinen acciones necesarias para dar cumplimiento a nuestro artículo cuarto constitucional en materia de derecho humano a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua, así como el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos .
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos en implementar un nuevo trato por la naturaleza, uno donde se realicen acciones para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, así como impulsar acciones legislativas que permitan diseñar herramientas que protejan el agua y a la biodiversidad.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los miembros del ayuntamiento para que incluyan dentro de su presupuesto los recursos necesarios para ser beneficiarios del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) y con ello fortalecer políticas públicas en materia de saneamiento de los ríos Amarillo y Fogótico en beneficio de los habitantes de San Cristóbal de las Casas.
Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua a coordinar acciones de capacitación, seguimiento y verificación a los miembros del ayuntamiento y al organismo de operador de agua potable del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas para que puedan ser beneficiarios del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear).
Notas:
1. Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en:
https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/poblacion/
2. Panorama sociodemográfico de Chiapas 2020. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197780.pdf
3. Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en:
https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/poblacion/
4. Secretaría de Turismo. Disponible en https://www.gob.mx/sectur/articulos/san-cristobal-de-las-casas-chiapas
5. SIC México. Sistema de Información Cultural. Disponible en https://sic.cultura.gob.mx/
ficha.php?table=otra_declaratoria&table_id=49#:~:text=San%20Crist%C3%B3bal%20de%20las%
20Casas,Informaci%C3%B3n%20Cultural%2DSecretar%C3%ADa%20de%20Cultura&text=Al%20otorgar%
20la%20Unesco%20este,Crist%C3%B3bal%20de%20las%20Casas%2C%20Chiapas.
6. ¿De dónde viene el agua para San Cristóbal de Las Casas? Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal. Disponible en: http://sapam.gob.mx/site/de-donde-viene-el-agua-para-san-cristobal-de-l as-casas/
7. La Reserva Ecológica Huitepec. Enriquez P. / Rangel J.
8. Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos de aguas nacionales superficiales de las subregiones hidrológicas Alto Grijalva, Medio Grijalva y Bajo Grijalva de la Región Hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta. Diario Oficial de la Federación 05 de abril de 2010.
9. Proyecto de impacto ambiental, Comisión Nacional del Agua. Disponible en
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/chis/estudios/2014/07CH2014H0005.pdf
10. Recomendación 72/2020 Comisión Nacional de Derechos Humanos
11. Comité de Cuenca del Valle de Jovel.
12. Exposición Inundaciones históricas en San Cristóbal de Las Casas. Disponible en:
https://chiapas.quadratin.com.mx/municipios/san-cristobal/presentan-exposicion-inundaciones-historicas-san-cristobal/
13. Avenamientos naturales por donde las aguas fluviales y ríos desfogan el agua.
14. Recomendación 72/2020 Comisión Nacional de Derechos Humanos
15. Informe Panorama Sociodemográfico de Chiapas 2020. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197780.pdf
16. Recomendación 72/2020 Comisión Nacional de Derechos Humanos
17. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Disponible en https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-l a-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos
18. Gobierno de México. Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear).
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-saneamiento-de-aguas-residuales-prosanear-111416
19. Diario Oficial de la Federación 31/05/2018. INSTRUCTIVO para la presentación y seguimiento del Programa de Acciones de Infraestructura, Operación y Mejoramiento de Eficiencia de Saneamiento, conforme al artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, para la asignación de recursos del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear).
20. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0002.pdf? v=NDM=
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2023.
Diputada María Elena Limón García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a atender las diversas problemáticas derivadas del suministro eléctrico en los diversos estados del norte, así como atender las solicitudes de prórroga para evitar el corte de suministro de electricidad a familias de escasos recursos, a cargo de la diputada Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Carmen Rocío González Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad a atender las diversas problemáticas derivadas del suministro eléctrico en los diversos estados del norte, así como atender las solicitudes de prórroga para evitar el corte de suministro de electricidad a las familias de escasos recursos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El estado de Chihuahua se ha caracterizado por tener un clima extremoso donde debido a la extensión del mismo distintas zonas alcanzan, en temporada invernal, temperaturas que fácilmente puede descender debajo de los cero grados centígrados y en el verano se han registrado temperaturas máximas que van desde los 39 grados centígrados hasta los 51.5 grados centígrados.
De acuerdo con los últimos informes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante el 2021, los municipios chihuahuenses de Urique y Batopilas alcanzaron una temperatura récord de 49.5º C, y 47.4º C en el termómetro respectivamente, los cuales las convierten en dos de las temperaturas más altas registradas no solo a nivel nacional, sino mundial; durante este 2022, aun sin que llegue el verano, Ciudad Juárez, ubicado en la frontera norte del país con Estados Unidos, ha presentado temperaturas que oscilan los 50 grados centígrados, además de que la región centro sur del estado, integrada por los municipios de Delicias, Rosales, Meoqui, Julimes y Saucillo, presentaron temperaturas máximas de 42 grados centígrados y sensación de 45, lo que ha convertido a este año en uno de los más calientes que se han presentado.
El calor exige al cuerpo humano un esfuerzo más allá de sus límites, y puede cobrar víctimas mortales. En situaciones de calor extremo y humedad alta, la evaporación se reduce y el cuerpo debe trabajar más para mantener una temperatura normal.
Dado estas condiciones climáticas, en la población chihuahuense se presentan distintas afectaciones que van desde una salmonelosis, deshidratación, diarrea, golpe de calor inclusive hasta la muerte, asimismo viene con contrariedades para el bolsillo, ya que las familias consumen más energía eléctrica, puesto que durante los meses de más calor, muchos aparatos tienen que mantenerse encendidos gran parte de tiempo, o trabajar a mayor potencia, principalmente el refrigerador y el aire acondicionado.
Por otra parte, en los últimos días, la demanda máxima de electricidad sobrepasó una cifra inédita de 51.368 MW, por hora, según las cifras del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Por la tarde del martes 20 de junio, este órgano desconcentrado emitió una alerta por un margen de reserva operativa menor al 6% cuando los expertos afirman que un sistema eléctrico en óptimas condiciones debe tener un margen de reserva de, al menos, un 10%, lo que significa que opero en estado de emergencia.
Bajo esa lógica, también se han presentado diversos problemas con el suministro eléctrico, pues no solo afecta a la población particular, sino también a la iniciativa privada. Carlos Hernández, vicepresidente de Energías Renovables de la Comisión Nacional de Energía de la patronal Coparmex, señala que los apagones registrados en distintos puntos del país, se han dado debido a las altas temperaturas, así como de la falta del mejoramiento de la infraestructura para proporcionar el servicio de manera correcta. Por lo que respecta a los estados del norte, los constantes apagones han afectado a más 4.7 millones de usuarios.
Estas afectaciones en el suministro electivo han causado el descontento de la población sobre todo porque la mayoría de las actividades requieren del uso del servicio eléctrico; el descontento ha llevado el sector manufacturero de Nuevo León ha alzar la voz ante la intermitencia de la electricidad que afecta sus operaciones. La directora de Index en el estado de Nuevo León, Zelina Fernández, reconoce que existe preocupación en la industria manufacturera por la alta demanda de energía eléctrica debido a las altas temperaturas.
Las constantes averías en el suministro eléctrico en los estados del norte, no solo se traducen en pérdidas económicas que afectan a los particulares y al sector privado, sino que también se traducen en afectaciones en materia hídrica. Esto, derivado de que en algunas localidades de los estados del norte, utilizan bombas para la extracción de agua o para alimentar el sistema hídrico y de esta manera abastecer del líquido a la población, sin embargo, estas máquinas requieren de energía eléctrica para su funcionamiento, pero debido a los constantes apagones y otros factores que afectan el buen funcionando del suministro eléctrico, dichas bombas quedan inoperantes, por tanto afectan el servicio de agua potable para diversas localidades del norte del país. Tal es el caso que sucede en Chihuahua, donde las bombas de los pozos que están a cargo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), no están abasteciendo agua a la ciudad debido a los apagones constantes derivados del servicio eléctrico que proporciona la CFE, y cuya problemática se han intensificado debido a las altas temperaturas.
Ahora bien, también la ciudadanía ha reclamado a la CFE la falta de empatía para no realizar cortes al servicio, toda vez que derivado de la situación de la onda de calor que afecta a diversas entidades del país, pero sobre todo a los estados del norte, que de por si el clima ya es hostil, muchas familias se han visto afectadas de manera económica, sobre todo si las empresas que generan empleos tiene problemas para seguir con la producción o la actividad a la que se dediquen, así como los constantes apagones que impiden seguir produciendo, estos efectos también afectan de manera directa a los trabajadores, pues ven afectada sus percepciones económicas, pero sobre todo para aquellas familias de escasos recursos, que ante tal situación son los más afectados.
En este sentido, ante tales afectaciones a la población en general, así como a otros servicios básicos para la subsistencia de la población, es que se requiere de la intervención de la empresa productiva del Estado para regularizar los diversos apagones que se han presentado en diversas entidades del país, derivado de la mala planeación y falta de inversión, que se agrava con la onda de calor que padecemos en todo el país.
No pasamos por alto que al inicio del actual Gobierno Federal quedó establecido el compromiso de disminuir las tarifas eléctricas en la zona norte del país, al igual que mantener el subsidio especial y sobre todo de aumentarlo, sin embargo, a la fecha, los chihuahuenses pagan el doble que por ley deberían pagar en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, pues los gobiernos han sido omisos en reclamar a la paraestatal que se nos fije la tarifa 1F, que con base en la escala de temperaturas regionales es la que debería tener el estado, actualmente se tiene la tarifa 1B en los hogares, la cual no obedece a lógica de la CFE debido a que se aplica para ambientes con temperaturas máximas de 28 grados centígrados, sin embargo las temperaturas sostenidas en verano en Chihuahua superan los 36 grados.
La tarifa 1F es de uso exclusivamente doméstico y para cargas que no son consideradas de alto consumo, para localidades donde la temperatura media mensual en verano sea como mínimo de 33 grados centígrados, sin embargo y a pesar de que varios municipios de la entidad sobrepasan este promedio, lo cierto es que la extrema volatilidad del clima en nuestra entidad obliga a un alto consumo de energía en general, ya que la gran mayoría de las familias, comercios, escuelas, oficinas y lugares de reunión cuentan con apoyo tecnológico para combatir estas inclemencias y en busca de la prevención de enfermedades y hasta en un sentido de cohesión y convivencia social.
La forma en que se determina la tarifa eléctrica que deberá de aplicarse en cada una de las entidades federativas se rige a través del “Acuerdo por el que se establece las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos” en el cual se desprende que el Factor de Ajuste Mensual que se aplicará a los cargos de las tarifas finales de energía eléctrica de suministro básico a usuarios domésticos 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, sin embargo, los criterios establecidos en dicho acuerdo resultan un tanto desproporcionados e inequitativos ya que no toma en consideración diversos factores para poder beneficiar a los Estados con tarifas más baratas en la distribución de la electricidad, tales como las condiciones climáticas extremas que durante todo el año tienen algunos municipios de nuestra entidad, alcanzando fácilmente los 40 grados centígrados durante el verano, con una sensación térmica mucho más elevada, mientras que en invierno alcanzan valores de hasta -15ºC, dependiendo del municipio.
El maltrato por parte del Gobierno Federal que ha sufrido nuestro Estado y su población al no otorgarle esta tarifa ha sido de consecuencias cada vez más desastrozas, tanto en la salud como en la economía de las familias chihuahuenses, pues este gobierno no toma en cuenta las condiciones tan extremas que se presentan en nuestra entidad, que obliga a la población a realizar un consumo excesivo de energía eléctrica para mantener fresco o calentar sus hogares, situación que no han sufrido estados como Sonora y Sinaloa, los cuales vienen gozando del esta tarifa desde hace años; mientras que nuestra entidad de manera insistente ha solicitado dicho apoyo, a través del Gobierno Estatal y el mismo Congreso local, siendo negado hasta el momento a pesar de contar con las mismas características en temporada de altas temperaturas y con la diferencia de ser más extremoso en temporadas de frio invernal.
Por lo anterior, necesaria es la intervención de la CFE para poder mitigar los diversos problemas derivados del servicio de suministro eléctrico, sobre todo para los estados del norte que, ante un clima tan extremo, se han visto afectados en los últimos días por la onda de calor que ha elevado las temperaturas por arriba de lo normal.
Asimismo, desde el Congreso de la Unión se han realizado diversos exhortos de manera respetuosa a la CFE para atender la problemática aquí señalada, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta favorable de la institución encargada del suministro eléctrico en el país.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que se replanteen los mecanismo por los cuales se fijan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico y, en consecuencia, se modifique el Acuerdo 123/2017 por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, con la finalidad de que se ajusten los cobros de las tarifas a partir de considerar las condiciones climáticas particulares del Estado de Chihuahua, para establecer una tarifa accesible en el consumo de energía de los chihuahuenses.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad, a realizar un Plan Emergente en aras de prever, atender y corregir a la brevedad las diversas fallas en el suministro eléctrico que se han venido presentando en diversos estados de la república, el cual ha generado apagones masivos que afectan a la población en general.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad, para que en la medida de sus posibilidades pueda dar prorroga a las diversas solicitudes que solicitan, pero sobre todo a aquellas familias de bajos recursos, así como a la población en general que se ha visto afectada por los diversos desperfectos en el suministro eléctrico.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad, para que siga otorgando el subsidio al costo del servicio doméstico de la energía eléctrica, con el objeto de seguir apoyando a las familias que así lo requieran.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2023.
Diputada Carmen Rocío González Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las SSP de Querétaro y San Luis Potosí a fortalecer las estrategias, planes y soluciones para cumplir con la salvaguarda de la seguridad de la ciudadanía, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad el fenómeno de la inseguridad pública, en la percepción de la sociedad, es el principal problema de México; es por ello que la seguridad de cualquier Estado debe abordarse como un fenómeno multidimensional, multifactorial y de atención inter e interinstitucional, ya que las variables que originan estos fenómenos son amplias y diversas.1
Esta situación se fundamenta en los ya cotidianos actos delictivos donde es afectada cualquier persona, no respetando estrato social, sexo y/o edad, efectuándose en cualquier lugar y en diferentes situaciones de la vida diaria.
La delincuencia en todas sus formas y clasificaciones se ha extendido a lo largo del territorio nacional, afectando también dentro del Estado de Querétaro y San Luis Potosí. Actualmente el Estado de Querétaro según INEGI (2021) a través de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 58.7% de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja en su entidad federativa hoy en día.
Durante 2021, las estimaciones de la ENVIPE señalan que en Querétaro se registraron 26 mil 457 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, tasa por encima del promedio nacional (24 mil 207) y de la tasa en 2020 (24 mil 978) para el caso Querétaro, donde hay más posibilidades de que ser víctima de un delito.2
A su vez, en el Estado de San Luis Potosí, el 59% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día su entidad federativa.
De igual manera en dicho Estado, el 26.2% de los hogares en tuvo al menos una víctima de delito, también la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en el estado de San Luis Potosí fue de 23 mil 877 hombres y 21 mil 243 mujeres teniendo como costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de cuatro mil 462.9 mdp.3
Sin embargo, estos índices solo muestran los registros que se han obtenido conforme a denuncias de diversos actos delictivos, sin tomar en cuenta los que no se denuncian y que la población del Estado de Querétaro y San Luis Potosí vive día con día. Lo cual no quiere decir que sea un Estado que no deba velar por la seguridad común, pues es evidente que hay incrementos de la inseguridad pública, lo que provoca en la sociedad una sensación de angustia y terror colectivo, ya que en todo acto delictivo se daña el patrimonio familiar, pero más aún, se lacera la integridad física y emocional de los individuos.
Cuando al interior de un municipio o estado comienzan a acumularse variables como pobreza, desigualdad, debilidad institucional, falta de oportunidades, presencia del crimen organizado nacional o trasnacional, entre muchas otras, se generan contextos propicios para que la violencia e inseguridad prosperen.4
Con lo anterior se reafirma que los ciudadanos de la entidad consideran a la inseguridad pública como un gran problema en donde el gobierno estatal, como primera instancia encargado de la seguridad pública, debe poner atención y darle solución, además de considerarlo como uno de sus principales objetivos como gobierno para que de esta manera se favorezca la tranquilidad social.
De este modo, el pasado mes de abril y mayo de 2023 se hizo un énfasis en los diferentes periódicos del país sobre los secuestros ocurridos en el municipio de Matehuala San Luis Potosí.
Los focos rojos se encienden en San Luis Potosí, estado conectado por la carretera federal 57, en donde el pasado 4 de abril quedó al descubierto la inseguridad que se vive cuando 23 personas que se dirigían de Guanajuato a Saltillo fueron secuestradas sobre esta carretera, en Matehuala.5
Seguido de esto el 16 de mayo del 2023 un grupo de migrantes y dos choferes fueron secuestrados cuando viajaban a bordo de un autobús en el tramo de la carretera federal 57, a la altura de Matehuala, San Luis Potosí. Siendo rescatados solo 49 de los 52 migrantes y dos choferes.6
La inseguridad que se vive en San Luis Potosí es evidente y las victimas que más lo padecen son los conductores de carga, migrantes, empresarios y turistas.
En este contexto, un periódico digital relató que el pasado 11 de agosto del presente año en la carretera 57 direcciones Querétaro – San Luis Potosí a la altura del municipio de Matehuala ocurrió un asalto en un horario en el que la vía estaba altamente concurrida, tal como quedó registrado en un video que captó la atención en redes sociales.
El video muestra a dos sujetos presuntamente armados quienes inicialmente estaban del lado contrario; los asaltantes, quienes aparentemente llevaban rifles, fueron captados amagando a un hombre, posiblemente conductor de un tráiler. El hecho ocurrió ante decenas de personas que estaban detenidas en el tráfico, incluidos los tripulantes de una camioneta de Gestión Integral de Riesgos.7
Con lo anterior, se reafirma que el incremento de la delincuencia es un problema muy serio que requiere soluciones efectivas y eficaces, ya que no se concibe el desarrollo de las personas en un ambiente hostil, puesto que se requiere de tranquilidad para el trabajo, el estudio, la recreación, la convivencia; es decir, todos los campos de desarrollo de la persona.
Finalmente, las diferentes instancias oficiales que brindan seguridad se han visto superadas por la ola delictiva y parecen no poder con ello, y esto debido a que no operan intensivamente conforme a las leyes en materia de seguridad, por lo que es preciso comenzar a crear códigos, reglamentos estatales, conjuntos de actitudes, instituciones y estructuras para buscar el bien común para los ciudadanos y sobre todo se creen y sostengan sociedades pacíficas para el mejor manejo de la situación y así poder llegar a una paz positiva.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo Estatal de Querétaro y San Luis Potosí, para que, con base en sus atribuciones legales, a través de la Secretaría de Seguridad Pública fortalezcan las estrategias, planes, soluciones para cumplir con la salvaguarda de la seguridad de la ciudadanía e incidir en la disminución de los índices de la delincuencia en la carretera 57.
Notas:
1. Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. (2019) Violencia e inseguridad en México, fenómenos complejos y multidimensionales. En línea. Disponible en: https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:MX/inseguridad+en+mexico/#vid /violencia-inseguridad-mexico-fenomenos-847008309
2. Aguiar González, Daniel. (2023) Inseguridad, problema que más preocupa a la población queretana. Disponible en: https://www.eluniversalqueretaro.mx/opinion/carlo-daniel-aguilar-gonzal ez/inseguridad-problema-que-mas-preocupa-a-la-poblacion-queretana/#:~:t ext=Durante%202021%2C%20las%20estimaciones%20de,v%C3%ADctima%20de%20un% 20delito%2C%20en
3. Luis David (2023) Panorama de la seguridad en San Luis Potosí. Líder Empresarial. Disponible en: https://www.liderempresarial.com/panorama-de-la-seguridad-en-san-luis-p otosi/
4. Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. (2019) Violencia e inseguridad en México, fenómenos complejos y multidimensionales. En línea. Disponible en: https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:MX/inseguridad+en+mexico/#vid /violencia-inseguridad-mexico-fenomenos-847008309
5. Gómez Alberto. (2023) Estalla inseguridad en la 57, tramo SLP-Nuevo León está en la mira. Revista Transportes. Disponible en: https://www.tyt.com.mx/nota/estalla-inseguridad-en-la-57-tramo-slp-nuev o-leon-esta-en-la-mira
6. Milenio Digital (2023) ¿Cómo fue el secuestro del grupo de migrantes en Matehuala, SLP? Esto sabemos. Milenio. Disponible en: https://www.milenio.com/estados/secuestro-de-52-migrantes-en-matehuala- slp-esto-sabemos
7. Terreros Brenda. (2023) Con video denunciaron asalto a automovilistas en carretera Querétaro-SLP. Infobae. Disponible en: https://www.infobae.com/mexico/2023/08/12/con-video-denunciaron-asalto- a-automovilistas-en-carretera-queretaro-slp/
Dado en el Honorable Congreso de la Unión, a 6 de septiembre de 2023.
Diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a implementar las medidas y políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a agua segura para todas y todos los mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, María Elena Limón García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes
Consideraciones
El innegable cambio climático provocado por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero a lo largo del mundo, han provocado el deterioro de los ecosistemas y puesto en jaque la sostenibilidad de la sociedad a largo plazo.
Lo que los científicos han dado en llamar el Antropoceno1 , es precisamente un periodo geológico en el cual la actividad humana, desde la revolución industrial, ha sido capaz de modificar el clima debido a que las mayores concentraciones de gases como el Dióxido de carbono, el metano, el dióxido de azufre y otros como los clorofluorocarbonos, atrapan el calor solar en la atmósfera y no permiten que el mismo escape del planeta, con lo que se viven olas de calor inusitadas en diferentes partes del mundo.
México no es la excepción y baste recordar que el año 2022 se rompieron varios récords de temperaturas en diferentes partes del país, siendo en muchos casos el año más cálido del que se tenga registros.
Los aumentos de la temperatura tanto a nivel global como a nivel local, tienen sendos efectos en los patrones de lluvia alterando los ciclos naturales y provocando al mismo tiempo y de manera paradójica; aguaceros torrenciales y sequías extremas, afectando de manera negativa a las personas y a las actividades económicas.
El Año 2022 fue uno de los años más secos en la región que conforma el sureste de los Estados Unidos de Norteamérica y el Norte de México. Ciudades como Hermosillo en Sonora, característicamente desértica y la Zona Metropolitana de Monterrey, que alberga a 6 millones de personas, sufrieron los mayores estragos por recortes impuestos por las autoridades locales.
De acuerdo con un estudio publicado por Nature Medicine, investigadores españoles y franceses han estimado que las altas temperaturas causaron en 2022 más de 60 000 muertes en Europa. Los países con mayores mortalidades fueron Italia, Grecia, España y Portugal.2 Asimismo, se sumaron los reportes de diversas agencias climáticas europeas el inicio del año 2023, indicando los registros de altas temperaturas para enero, en ciertos casos se refieren hasta 2° Celsius en promedio, por arriba del mismo mes del año 2023 . Se alcanzan estaciones alpinas sin nieve y esto se verá reflejado en menos lluvia disponible para afluentes y embalses. Esta referencia sirve para considerar que el fenómeno climático se puede repetir en 2023 y deteriorar nuevamente las expectativas de producción en el país.
Es de notar que México tiene una disparidad geográfica entre la disponibilidad de agua, la distribución de la población y las actividades económicas: mientras que el norte y centro y noroeste del país habita el 77% de la población, y se genera el 83% del PIB, únicamente se tiene el 33% del agua renovable4 ; en el sur, habita el 23% de la población, y se genera el 17% del PIB, pero cuenta con el 67% del agua renovable.
De acuerdo con información de México ante el cambio climático ,5 en los últimos 50 años, las temperaturas promedio en el país han aumentado aproximadamente 0.85°C por arriba de la normal climatológica, además las temperaturas mínimas y máximas presentan una tendencia hacia un incremento de noches cálidas y una disminución de noches frías en todo el país. Se espera que entre 2015 y 2039 el promedio de la temperatura anual en el país haya aumentado 1.5°C y 2°C en el norte del territorio.
En cuanto a la agricultura, los cambios de temperatura como en precipitación se prevén bajo rendimiento en cultivos importantes de los cuales se encuentran: maíz, caña de azúcar, sorgo, trigo, arroz, soya (5-20% próximas décadas y 80% para finales de siglo). A finales del siglo, estados como Jalisco, Estado de México, Nayarit, Morelos, Michoacán, Guerrero y Colima, podrían perder entre 30 y 40% de sus rendimientos de producción de maíz de temporal.6
La tendencia hacía un mundo cada vez más cálido no parece revertirse a pesar de los diferentes esfuerzos y llamados a la acción que la comunidad científica internacional ha elevado a partir de la evidencia clara y concreta de que vivimos una emergencia climática. Por ello es importante reconocer en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2023, que existen diferentes metas que pretenden erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos7 .
Especialmente el ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento busca que las personas tengan garantizado el acceso a agua en condiciones de salubridad y otros aspectos relacionados con este valioso líquido ya que su escasez y baja calidad o contaminación, provoca diferentes efectos adversos en la salud de las personas y se compone de diferentes metas como son:
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
Al mismo tiempo, nuestra carta magna en su artículo 4o señala a la letra que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines .”8
En 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los resultados y recomendaciones de la evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático,9 dentro de las recomendaciones se menciona que el reto más grande ha sido la difusión y obtención de información de las entidades federativas, ya que dicha información en ocasiones carece de identidad institucional, fecha de publicación, fecha de entrada en vigor, autoría, entre otras deficiencias.
Aunado a lo anterior, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que es indispensable diseñar las herramientas que pongan a México del lado correcto de la emergencia climática y garantizar para todas y todos, el acceso al vital líquido en condiciones adecuadas de abastecimiento y sanidad. Es, además, un nuevo trato por la igualdad, que nos permita transitar, sin ambigüedad, ni regateos, hacia un estado de bienestar donde se respete el derecho humano al agua de todas las personas.
Cabe destacar que los primeros reportes de la CONAGUA sobre el estado que guarda el almacenamiento de agua en las presas del país al arranque de este 2023, es 6% inferior al mismo nivel observado en enero de 2022. La Comisión Nacional del Agua refiere las 210 principales presas del país iniciaron el año con 82 mil 395 millones de metros cúbicos de agua menos que el año pasado10 . Esto puede poner en jaque a millones de habitantes de zonas metropolitanas y a la producción agropecuaria del país, por referir algunos de los efectos.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la CONAGUA, para que en el ámbito de sus competencias lleve a cabo las medidas y políticas públicas necesarias que, frente al cambio climático, garanticen el acceso a agua segura para todas y todos los mexicanos, así como la realización de campañas de difusión e información sobre la concientización del uso del agua y su uso racional.
Notas:
1. https://www.wwf.org.mx/quienes_somos/planeta_vivo/antropoceno/
2. Nature Medicine. Mortalidad relacionada con el calor en Europa durante el verano de 2022. https://www.nature.com/articles/s41591-023-02419-z
3. https://news.un.org/es/story/2023/01/1517727
4. El agua es un recurso natural renovable, es decir que puede ser obtenido a través de procesos naturales tal como el ciclo hidrológico del cual alguna de ésta agua es depositada en acuíferos con periodos de renovación largos por lo que se les considera no renovables. El agua renovable se debe analizar desde tres perspectivas: la distribución temporal, la distribución espacial y el área de análisis. El agua renovable per cápita de un país resulta de dividir sus recursos renovables entre el número de habitantes. Según este criterio para 2014 México se encontraba en el lugar 92 de los 200 países con información disponible. http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php?s=agua%20renovable
5. https://cambioclimatico.gob.mx/impactos-del-cambio-climatico-en-mexico/
6. Ídem
7. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-so stenible/
8. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
9. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549585&fecha=05/02/ 2019#gsc.tab=0
10. https://www.imagenradio.com.mx/territorio-mexicano-inicia-el-2023-con-8 0-de-sequia?amp
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2023.
Diputada María Elena Limón García (rúbrica)
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