Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6377-IV-1, martes 3 de octubre de 2023
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a hacer públicas las medidas y trabajos preventivos realizados en el municipio de Autlán de Navarro, para evitar el desbordamiento del arroyo “El Jocolote”, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena
Cecilia Márquez Alkadef Cortes, diputada integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco, a hacer públicas las medidas y trabajos preventivos realizados en el municipio de Autlán de Navarro, para evitar el desbordamiento del arroyo “El Jocolote”, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Casas arrastradas por la corriente, siete personas fallecidas y tres más reportadas como desaparecidas y la omisión clara de un gobierno a las diversas llamadas de apoyo, es el saldo hasta el momento del desborde del arroyo “El Jocolote”, en el municipio de Autlán de Navarro.
El desborde se originó tras la intensa lluvia que se registró durante la madrugada, de este lunes 25 de septiembre en la comunidad de “El Jocolote”, la lluvia provocó que el agua arrastrara una importante cantidad de palos, mismos que taponearon el caudal provocando que el agua saliera a las calles arrastrando lo que había a su paso.
El desbordamiento también provocó daños en una escuela secundaria con daños mínimos, así como afectaciones en vialidades y cuatro intersecciones del arroyo.
Actualmente, el arroyo ya no se encuentra crecido, pero continúa con gran afluencia de agua, por eso, hicieron a invitación a los habitantes del municipio y las zonas afectadas a mantenerse al pendiente de las recomendaciones oficiales.
El Gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez informó que también resultaron afectadas vialidades y viviendas.
Claramente el Gobierno del estado no tomó las medidas preventivas para evitar esta tragedia, y tampoco atendió las llamadas de auxilio que los pobladores le manifestaron en diversas ocasiones. No podemos seguir siendo omisos ante esta situación y tampoco permitir que los más vulnerables paguen los costos tan altos por una irresponsabilidad que es meramente del gobierno en Jalisco.
Como diputada federal ocupada, pero aún más ocupada por atender las casusas sociales, someto a consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único : la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco, a hacer públicas las medidas y trabajos preventivos realizados en el Municipio de Autlán de Navarro, para evitar el desbordamiento del arroyo “El Jocolote”.
Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023.
Diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (rúrbica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y a la SRE a integrar a los diputados y sindicatos de Canadá, como representantes de los trabajadores agrícolas temporales mexicanos, en la reunión anual de evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79. numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a integrar a los diputados migrantes de México y sindicatos de Canadá comprometidos con la defensa de los derechos laborales, como representantes de los trabajadores agrícolas temporales mexicanos en la Reunión Anual de Evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-Canadá, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-Canadá, que nació en 1974, se ha convertido no solamente en un tema fundamental en la relación bilateral, sino que, en el contexto global, se mantiene como un modelo de movilidad laboral.
Segunda. En la actualidad, después de la pandemia, el número de trabajadores mexicanos que van a Canadá está nuevamente cerca de los 28 mil trabajadores que venían registrándose hasta el año 2019.
Tercera. El contrato que firman los trabajadores les otorga derechos y les señala obligaciones. También se establecen los roles de las autoridades de ambos países, así como de los empleadores. La realidad es que todo el tiempo hay la posibilidad de introducir mejoras en la administración del programa, sobre todo en el propósito de fortalecer los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
Cuarta. El Capítulo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, define el tema laboral. En el Artículo 23.8 relativo a los Trabajadores Migrantes, se define que las Partes reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales. Por consiguiente, al implementar el Artículo 23.3 (Derechos Laborales), cada Parte asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la Parte. O sea, los trabajadores migrantes son altamente vulnerables por definición.
Quinta. Por su parte, el Artículo 23.7 denominado Violencia contra Trabajadores, las Partes reconocen que los trabajadores y los sindicatos deben poder ejercer los derechos establecidos en el Artículo 23.3 (Derechos Laborales) en un clima que esté libre de violencia, amenazas e intimidación, y el imperativo de los gobiernos para abordar de manera efectiva los incidentes de violencia, amenazas e intimidación contra los trabajadores. Es decir, se consagra tanto la libertad sindical como la libertad de asociación.
Sexta. Por otra parte, el dinámico flujo de trabajadores temporales registrados en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, es un reflejo de los profundos lazos económicos y sociales entre los dos países y de su tradición de cooperación bilateral.
Séptima. Los trabajadores dentro del PTAT necesitan seguir fortaleciendo sus condiciones óptimas de estancia laboral sobre todo en el conocimiento y ejercicio de sus derechos laborales y acceso a organizaciones que los provean con asistencia y asesoría sobre esos derechos, así como representación.
Octava. Autoridades gubernamentales y actores del sector privado, incluyendo empleadores, trabajadores, Sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), pueden tener un papel en brindar información, capacitación, certificación y asistencia en los procesos de reclutamiento, contratación y estancia laboral en Canadá.
Novena. Es precisamente en ese punto que el Sindicato de la Industria de la Alimentación y el Comercio de Canadá, UFCW Canadá, y los diputados federales migrantes, suman sus capacidades y compromisos con la defensa de los trabajadores en América del Norte, especialmente los trabajadores agrícolas temporales.
Décima. UFCW Canadá representa a más 250,000 miembros, entre ellos trabajadores migrantes temporales y a más de 1.3 millones de trabajadores en Norteamérica, en las industrias alimenticia, cárnica y avícola, agrícola, hotelera, de salud y tecnológica.
Décima primera. Desde el 2002, UFCW Canadá y la Alianza de Trabajadores Agrícolas (AWA por sus siglas en inglés) realiza cursos sobre Derechos Laborales, Salud y Seguridad Ocupacional, asiste para que los trabajadores migrantes tengan acceso a beneficios y compensaciones por accidentes laborales, de manera gratuita, a través de 10 Centros de Apoyo en todas las Provincias canadienses.
Décima segunda. Esta situación ha llevado a presentar informes anuales sobre la situación de los derechos laborales de los trabajadores temporales y, con la publicación del Informe especial “La situación de los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá, tres décadas de defensa de la fuerza laboral más explotada de Canadá”, UFCW Canadá está en condiciones de presentar propuestas muy importantes para los gobiernos de México y de Canadá, con el único propósito de que las políticas y programas vinculadas a los trabajadores temporales brinden un mejor ejercicio de sus derechos laborales para beneficio de ellos, sus familias y sus comunidades de origen.
Décima tercera. Las recomendaciones del informe podrían ayudar a mejorar el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), reducir la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas migrantes que trabajan en Canadá y brindarles a los trabajadores migrantes vías de acceso a la residencia permanente. Las 14 recomendaciones del informe se basan en el aporte directo de los trabajadores agrícolas migrantes, así como en los treinta años de defensa de la UFCW de Canadá en nombre de estos trabajadores.
Décima cuarta. En plena colaboración institucional, UFCW Canadá está desarrollando con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores, desde mayo de 2022, un “Programa Piloto para brindar información, capacitación, asistencia, certificación y apoyo a las y los trabajadores temporales mexicanos en Canadá para las temporadas 2022 y 2023”. Se trata de un universo superior a los 120 trabajadores con quienes se han desarrolla diversas actividades en Leamington, Ontario. Al respecto, es conveniente que los resultados de ese Programa sean dados a conocer no solamente a los legisladores y autoridades mexicanas y canadienses sino, de manera particular, que se presente el Informe en la Reunión Anual de Evaluación del PTAT, precisamente para que se retomen medidas relevantes para la mejora de los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas temporales.
Décima quinta. UFCW Canadá y los diputados federales migrantes están convencidos de que una recomendación clave que mejoraría drásticamente las condiciones de trabajo y los estándares de vida de los trabajadores agrícolas migrantes es hacer de la representación sindical un aspecto esencial y fundamental del PTAT.
Décima sexta. Para lograr estos propósitos referidos, es indispensable que las organizaciones sindicales, especialmente UFCW Canadá, y diputados federales migrantes comprometidos con la defensa de los trabajadores agrícolas temporales, tengan voz en la Reunión Anual de Evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), a realizarse en el próximo mes de noviembre de 2023.
Décima séptima. Se trata no solamente de honrar la lucha que hemos dado durante tres décadas las organizaciones sindicales, sino también de honrar el espíritu del Capítulo Laboral del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TMEC) y entender los tiempos globales que llaman y obligan a respetar los derechos humanos.
Por lo tanto, fundado y motivado en lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a integrar a los diputados migrantes de México y sindicatos de Canadá comprometidos con la defensa de los derechos laborales, especialmente UFCW Canadá, como representantes de los trabajadores agrícolas temporales mexicanos en la Reunión Anual de Evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-Canadá.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a integrar a los diputados migrantes de México y sindicatos de Canadá comprometidos con la defensa de los derechos laborales, especialmente UFCW Canadá, como representantes de los trabajadores agrícolas temporales mexicanos en la Reunión Anual de Evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-Canadá.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023.
Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a incrementar el número de módulos itinerantes presentes en el exterior para garantizar la credencialización de la totalidad de la población mexicana residente en el extranjero, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a fin de incrementar el número de módulos itinerantes presentes en el exterior para garantizar la credencialización de la totalidad de la población mexicana residente en el extranjero, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde hace décadas, la importancia del voto de mexicanos desde el extranjero ha sido considerada como un tópico de especial relevancia para el correcto ejercicio de los derechos político-electorales de nuestra nación. Las condiciones socio-económicas del Estado mexicano han generado una diáspora creciente bajo la cual no es del todo posible la ejecución de las mecánicas como están previstas en la Ley. Los derechos a votar, ser votado y de libre afiliación están expresamente expuestos dentro de los marcos legales y jurídicos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las leyes que orbitan alrededor de nuestra Carta Magna, pero en la práctica la extrema burocratización de los trámites y el desconocimiento general de los ciudadanos mexicanos limitan sus alcances potenciales.
Es de vital importancia considerar que los fenómenos de migración de la población mexicana están relacionados con una fuerte corriente de movimiento casi unidireccional: Estados Unidos es por mucho el mayor receptor de migrantes mexicanos. Al ser necesario conocer las ubicaciones geográficas con mayor concentración de población mexicana en el extranjero, emplear al país vecino norte como la principal referencia resulta de gran importancia, aunque no por ello se pretende hacer limitativo el alcance de los mecanismos propuestos en el presente punto de acuerdo. La integración de estrategias para mejores atenciones debe priorizarse, pero eventualmente debe extenderse hasta donde sea que un ciudadano mexicano lo requiera.
La población de mexicanos radicados en el exterior aumenta cada año, paralelamente al deseo de participar de las elecciones que en México se realicen. De entre el total de la población mexicana que vive fuera del país, sin embargo, los números arrojados por la última estadística de participación recabada son demasiado bajos en comparación al total de la población en edad de emitir su voto. Puede tomarse como ejemplo el aumento en la participación de las elecciones federales de 2018, donde se presentó un incremento porcentual en la participación del voto postal desde Estados Unidos de un 160% en comparación con 2012.
Contrariamente a la iniciativa tomada por la población mexicana fuera del país, los eventos relacionados a la credencialización no han prosperado. Las últimas elecciones presidenciales contaron con participación de connacionales desde 109 países, aunque el 97% del total emitieron su voto desde Estados Unidos.
El crecimiento poblacional de mexicanos en el extranjero al día de hoy reporta un total de 11. 9 millones de mexicanos en diversos países del mundo, concentrando el 97% en Estados Unidos. La cifra anterior se basa en los mexicanos censados y los nacimientos registrados de hijos de migrantes en territorio extranjero. De los 11.5 millones correspondientes al total en Estados Unidos, el 70% se encuentran por encima de los 18 años, dejando una población estimada de 8 millones de votantes potenciales. Sin embargo, los reportes de credencialización arrojaron que para 2018 solamente se confirmaron de recibidas 335,940 credenciales para votar de 858,172 solicitudes de trámite, y solamente 98,470 votos según datos del INE. Las cifras anteriores evidencian que, incluso cuando los números de participación aumenten, las acciones del INE no están a la par de la demanda, quedando por mucho alejados de garantizar el acceso pleno de la población mexicana a sus derechos políticos electorales.
Es necesario identificar la fenomenología que deviene en este escenario: se nota que los niveles de participación crecen, pero a un ritmo mucho menor del que se eleva la población migrante y con una notable deficiencia numérica para alcanzar a todos los posibles votantes. Resulta vital observar las acciones tomadas por el INE y aumentar el territorio en que sus facultades se desempeñan, pues es notorio que la falta de difusión, la brevedad de los lapsos en que los trámites se realizan y la imposibilidad de acceder a las oficinas consulares o a los módulos de atención ciudadana en el extranjero frenan la posibilidad de sufragar.
Es necesario plantear la meta de universalizar la credencialización, estableciendo la meta de 8 millones de mexicanos en Estados Unidos como mínimo, para poder después ampliar la atención en embajadas, consulados u oficinas y/o módulos autorizados por el INE en los 109 países registrados.
La cantidad de representaciones consulares y oficinas afines a los trámites de credencialización resultan insuficientes, sumando que la distribución se enfoca particularmente en los estados con mayores concentraciones de población mexicana, como California, Texas, Illinois o Arizona, rezagando a otros estados en los que, si bien el número de connacionales es menor, sería prácticamente inaccesible el trámite por la distancia física que les separa de la oficina consular más cercana; por ejemplo, desde Dakota del Norte un mexicano interesado en obtener su credencial para votar debería desplazarse hasta Saint Paul, Minnesota, en un trayecto superior a siete horas en automóvil. Es cierto que la misma naturaleza migratoria ha poblado mayoritariamente a los estados norteamericanos cercanos a la frontera con México, pero en todas las regiones de Estados Unidos se tiene registros de mexicanos. Para aquellos que radican en zonas cada vez más alejadas de la frontera, la credencialización se dificulta cada vez más.
Aunque la red consular de México en nuestro vecino norte es la más extensa que cualquier país tenga en territorio de otro, integrado por la embajada de Washington, D.C., y 49 consulados en 25 estados, no se ha logrado durante décadas expedir la cantidad de credenciales suficiente para la totalidad de migrantes mexicanos. La posibilidad de tramitar la credencial para votar en las regiones más al norte de Estados Unidos es mucho más baja por la inexistencia de funcionarios y oficinas. Los módulos de atención ciudadana implementados durante los comicios electorales no se difunden con suficiente antelación o se hace con poca profundidad, por lo que un evento de credencialización masiva es necesario.
La instalación de módulos de atención ciudadana en el extranjero puede ser muy similar a la implantación dentro del territorio mexicano y seguirse con protocolos similares siempre que la disposición geográfica o la acepción del derecho internacional lo permitan. De hecho, previamente el INE ha instalado módulos fijos, semifijos y móviles para el ejercicio del voto. Sin embargo, para el funcionamiento permanente de dichos módulos en busca de la credencialización masiva de connacionales, su naturaleza, permanencia y número debe aumentar. Lograr que una cantidad de módulos móviles se vuelvan fijos y/o incrementar la cantidad de módulos itinerantes previo a los procesos electorales debe ser un objetivo planteado a la brevedad posible. La garantía de la participación de la población mexicana durante los procesos electorales debe considerarse siempre, más aun, cuando se aproximen procesos de elección popular importantes. De cara al proceso electoral de 2024, masificar la credencialización se vuelve una urgencia.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Honorable asamblea un respetuoso exhorto hacia el Instituto Nacional Electoral a fin de garantizar el pleno acceso a los derechos político-electorales de la comunidad mexicana residente en el extranjero por medio de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a fin de incrementar el número de módulos itinerantes presentes en el exterior para garantizar la credencialización de la totalidad de la población mexicana residente en el extranjero.
Bibliografía:
- Instituto Nacional Electoral (2018) Resultados del voto de los mexicanos radicados en el Extranjero. Consultado el 01 de agosto de 2023 en https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/elecciones2018
- Instituto Nacional Electoral (2019) Voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2019-2021.
- Tacher, D. (2021) Análisis del Voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el proceso electoral federal 2017-2018.
- USA Census Boureau, (2000) Cartografía censal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a implementar una ventanilla única temporal que agilice y garantice la credencialización de los mexicanos en el exterior, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de implementar una Ventanilla Única Temporal que agilice y garantice la credencialización de las y los mexicanos radicados en el exterior a fin de propiciar una mayor participación dentro de los procesos democráticos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La portabilidad de derechos a las y los mexicanos que residen fuera del territorio nacional conlleva múltiples aristas. Una que resulta fundamental en el reconocimiento de sus derechos plenos es la consideración de sus derechos político-electorales al representar un reto constante para la comunidad radicada principalmente en Estados Unidos; a raíz de la constante demanda de la comunidad al Instituto Nacional Electoral para garantizar su derecho a participar en los procesos electorales internos del país, este ha establecido convenios de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, resultando en un acierto para la atención y salvaguardo de este derecho, sin embargo, aún existen limitantes para su pleno ejercicio, como la credencialización de mexicanos de primera, segunda y tercera generación.
Pese a la constante demanda para la obtención de la credencial para votar desde el extranjero, la mayoría de los mexicanos que se encuentran radicando fuera del país aún no cuentan con ella, esto derivado de lo engorroso que resulta el proceso de trámite, de la falta de citas, de la lejanía de los consulados o la falta de información oportuna para la obtención de la credencial.
El esfuerzo que ha realizado el consulado en colaboración con el Instituto resulta alentador, sin embargo, ante las próximas elecciones 2024 es menester redoblar esfuerzos con la finalidad de facilidad el pleno acceso a la democracia de los mexicanos en el exterior, por lo que resulta esencial la implementación de mecanismos que faciliten la información y que agilicen el proceso de trámite para que más mexicanos ejerzan sus derechos electorales.
A partir de la implementación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para 2018 se registraron 858,172 trámites de credencialización en las embajadas y consulados. Cifra que resulta alarmante ante la estimación de mexicanos de primera, segunda y tercera generación radicados fuera del territorio mexicano. Si bien es cierto que, los consulados han establecido estrategias que garanticen la credencialización de la población radicada fuera del territorio nacional, resulta fundamental la implementación de una Ventanilla Única Temporal que contribuya a la facilitación de trámite y de esta manera generar un mayor número de participación los próximos ejercicios democráticos.
La Ventanilla Única tiene como objetivo contribuir con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto al Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, ya que esta permitirá una atención pronta y expedita para las y los mexicanos que desean garantizar su participación en los procesos democráticos de México, esto en apego a lo establecido en los artículos 35, fracciones I y II, así como del artículo 36, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales sientan las bases de las prerrogativas y obligaciones de las y los mexicanos en los procesos democráticos, aunado a ello el artículo 30 de nuestra carta magna establece los parámetros para el reconocimiento de los derechos constitucionales de cada mexicano, entre ellos, hace el reconocimiento de los mexicanos nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano, es por ello que la ampliación de mecanismos contribuirá en el reconocimiento pleno de la identidad de toda la población mexicana y su plena participación en los procesos democráticos del país disminuyendo gradualmente las barreras democráticas hasta su final eliminación.
La transición democrática del país solo podrá ser efectiva después de asegurar la inclusión de todas y todos los mexicanos sin importar su lugar de residencia. Porque estando dentro o fuera del territorio nacional, los mexicanos siguen siendo mexicanos, por lo que sus derechos son inamovibles e inviolables.
La toma de decisiones para definir el rumbo del país es una responsabilidad que recae en los hombros de cada mexicano y ante tal urgencia es que las partes competentes deben contemplar la facilitación de procesos administrativos a fin de contribuir en una mayor participación democrática que genere bienestar para los ciudadanos.
En este sentido, es que el cuidado de los derechos político-electorales de la población de mexicanas y mexicanos radicados fuera del territorio nacional permitirá generar un indicador de legitimidad democrática y solo de esta manera se podrá afirmarse que México esta logrando la transformación de los procesos democráticos a través de la participación ciudadana desde sus lugares de residencia.
Es claro que la comunidad en el exterior ha expresado su interés por asegurar su participación en los procesos electorales de México, tal fue el caso del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el que hubo una participación mayor en comparación con procesos electorales previos, emitiéndose 98,470 votos para la elección de la Presidencia de la República, representando un 54.14% de participación.1
El proceso democrático para la población que radica fuera del territorio nacional ha presentado avances importantes y constantes y es bajo esta constancia que deben contemplarse mecanismos actualizados, herramientas tecnológicas, ampliación de módulos itinerantes, aperturas de ventanillas únicas en cada consulado que permita agilizar y ampliar el número de personas credencializadas, ya que tomando como antecedente la participación de los mexicanos en el exterior en los procesos electorales federales desde 2006, resalta una participación activa, constante y en incremento conforme han pasado ejercicios, tal el es caso que en las elecciones del 2006 hubieron 40,879 ciudadanos inscritos para votar desde el extranjero y se recibieron 32,621 votos, representando un 79.8% de participación; para las elecciones de 2011 el número de ciudadanos inscritos incremento a 59,115 y el Instituto recibió 40,714 votos, representando un 68.8% de participación y por último para las elecciones de 2018, se inscribieron un total de 181,873 ciudadanos y se recibieron 98,470 votos; este incremento constante permita vislumbrar primeramente la cantidad de mexicanos radicados fuera del país, incluyendo a los hijos de mexicanos nacidos fuera del territorio nacional y en segundo plano deja en claro que la comunidad radicada fuera del territorio nacional tiene un mayor interés por ser reconocidos como parte fundamental de la vida democrática del país.
Derivado del incremento de la población y de su mayor participación en los procesos y mecanismos implementados por el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados es que resulta esencial establecer mecanismos que contribuyan a la garantía de los derechos constitucionales de cada mexicana y mexicano que radique fuera de México y es por ello que a través del presente punto de acuerdo, exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a su vez establezca en cada consulado una ventanilla temporal en la que los ciudadanos en el exterior puedan realizar el trámite de su credencial para votar desde el extranjero y de esta manera facilitar y propiciar una mayor inclusión de la comunidad en los procesos democráticos del país.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Honorable asamblea un respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores con la finalidad de implementar mecanismos que contribuyan a garantizar y agilizar el proceso de credencialización en el exterior, a través de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de implementar una Ventanilla Única Temporal que agilice y garantice la credencialización de las y los mexicanos radicados en el exterior a fin de propiciar una mayor participación dentro de los procesos democráticos.
Nota:
1. Según datos del INE.
Bibliografía :
- INE, Voto de los mexicanos residentes en el extranjero, consultado en https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/historico
- INE, Credencialización de los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero, Informe de Actividades 2015, https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1 22504/20160222-E-1-6-74-4-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- INE, Informe final que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre el número de votos emitidos por las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero en el marco de los Procesos Electorales Locales 2022-2023, clasificado por país de residencia de las y los electores, tipo de cargo a elegir, modalidad de voto utilizada, así como de los votos recibidos fuera del plazo legal, con fundamento en el artículo 345, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, https://www.votoextranjero.mx/documents/52001/1159137/Informe+que+rinde +el+SE_Num+de+VMRE_PEL+2022-2023_040623.pdf/6e2d03aa-1b87-4034-bb6b-e3b 781cf388b
- Beltrán, Y., El voto de los mexicanos residentes en el extranjero (2020), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//36_El%20voto%2 0de%20los%20mexicanos%20residentes%20en%20el%20extranjero_Beltran.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a implementar campañas de difusión sobre la importancia de los procesos de credencialización en el extranjero y los beneficios de la credencial para votar desde el extranjero dentro del territorio nacional, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a fin de implementar campañas de difusión sobre la importancia de los procesos de credencialización en el extranjero y los beneficios de la Credencial para Votar desde el Extranjero dentro del territorio nacional, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El consenso entre políticos y ciudadanos es capaz de programar aspectos nuevos o más profundos a las bases de la participación ciudadana. Por medio de la comunicación constante entre el gobierno y el pueblo, atendiendo a la finalidad base de las políticas públicas, se pueden incluir en la agenda problemáticas no abordadas si la ciudadanía lo demanda. Para ello, la participación ciudadana, en conjunto a los medios de comunicación, deben incidir y actuar con el gobierno al manifestar sus inconformidades o añadir sus puntos de vista al panorama político de un determinado orden gubernamental. La apertura a la opinión ciudadana en las funciones políticas del Estado es crucial para comprender el propósito de la acción y estructura de un Estado entero. La concepción democrática puede solamente alcanzarse cuando la totalidad del pueblo participa de su gobierno; por antonomasia, la expresión del grueso popular para con su Estado-Nación es la emisión del voto. Para homologar la acepción de la democracia, a todas luces se debe incluir al cien por ciento de sus ciudadanos, pues todas aquellas personas con derechos político-electorales son posibles conductores del rumbo de su país. Es por ello que la integración de la agenda migrante y los connacionales radicados fuera del país son de vital importancia para la implementación de un gobierno verdaderamente democrático.
El lenguaje como medio de inserción social es básico y es posible argumentar por ello que el ejercicio de los derechos político-electorales de los migrantes se construye a través de la comunicación. La información y la persuasión constituyen elementos críticos en el establecimiento de la participación migrante para la edificación constante de la democracia a través de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación son generalmente las vías de flujo informativo por las cuáles la ciudadanía se entera de lo que su gobierno hace. Sin estas herramientas informativas, la interacción entre ciudadanos y funcionarios se imposibilita. La inclusión de los migrantes en las decisiones tomadas por su gobierno debe ser abundante, clara y continua, pues la información disponible que los medios de comunicación ofrecen tiene un impacto directo en la preocupación de las masas y su conciencia social, determinando en gran medida la opinión que emitirán sobre aquello que consideren de mayor importancia y, en el caso preciso que ahora nos compete, hacia dónde decantarán su derecho a elegir.
La cobertura mediática en muchas ocasiones, de hecho, condiciona la prevalencia de un asunto dentro de la agenda político-electoral. La relación entre la difusión de los procesos electorales y el ejercicio directo del voto desde el extranjero es indisoluble.
El poder de los medios para concederle importancia a un fenómeno social particular determina la relevancia con que se coloca en las decisiones de todos los órdenes gubernamentales. Los procesos electorales, por tanto, deben ser cubiertos por los medios de difusión disponibles en los países receptores de migrantes mexicanos. Las preocupaciones de funcionarios y servidores públicos deben alcanzar a todos aquellos interesados en participar, ya sea dentro de México o fuera de nuestro territorio.
Si bien es de conocimiento general que la representación popular está determinada por la elección de los ciudadanos mexicanos, se requiere de un enorme esfuerzo para hacer llegar los elementos informativos de las campañas, propuestas y fechas de los procesos electorales por fuera del país, pues la cantidad de mexicanos que radican fuera de México supera los 11 millones. Este número representan cerca del 8% de todos los ciudadanos mexicanos en el mundo, evidenciando que una cantidad enorme de connacionales pueden participar en sus procesos electorales y debe informárseles sobre cómo y cuándo realizar sus trámites de credencialización. Actualmente, el número de credenciales emitidas no es representativo de los posibles votantes radicados fuera del país.
Es necesario establecer campañas de difusión sobre los procesos de credencialización y la importancia de tener la credencial para votar avalada por el INE desde el extranjero, pues existen diversas aristas que representan una cooperación sinérgica entre el gobierno mexicano y la comunidad migrante. El uso principal y más conocido de la credencial para votar es, de hecho, la emisión del sufragio desde el exterior, aplicando desde más allá de nuestras fronteras los derechos políticos-electorales de las y los mexicanos que deseen participar. Sin embargo, es posible obtener beneficios al realizar el trámite de credencialización dese el extranjero.
Por ejemplo, cuando un mexicano solicita ante las autoridades mexicanas pertinentes la emisión de su credencial para votar, sus datos demográficos quedan registrados, ayudando indirectamente a una concepción integral del número real de mexicanos que radican fuera del país, debido a que muchos connacionales indocumentados suelen dejar de lado los trámites en oficinas consulares, embajadas o módulos de atención ciudadana en el extranjero debido al miedo a ser deportados.
Una ventaja adicional del trámite de la credencial para votar es que el proceso no conlleva costo. La credencialización resulta entonces una alternativa asequible para la población migrante, pues no precisa directamente de recursos económicos para su proceso, sirviendo además como una identificación oficial.
Además, las características de la credencial para votar desde el extranjero son homólogas a la nacional: los trámites que puedan realizarse dentro del territorio mexicano aceptan sin distinción cualquiera versión de la credencial para votar siempre que se encuentre vigente.
El problema real para lograr la concientización dentro de la población mexicana migrante o radicada en el extranjero suele ser la falta de difusión. Los programas de divulgación ejecutados por el INE no abordan en su totalidad los diferentes matices y ventajas de los trámites de credencialización.
Como organismo encargado de velar por los derechos políticos-electorales de los mexicanos, el INE tiene como obligación difundir la importancia de que todos los mexicanos, donde sea que se encuentren, poseen su credencial para votar. Hacer visibles las ventajas y la importancia de la credencialización por medio de campañas de difusión resulta hoy en día una necesidad, para lograr concientizar a la población en el exterior sobre las posibilidades y beneficios intrínsecos de la emisión masiva de credenciales para votar desde las oficinas y módulos de atención de México en el mundo.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea un respetuoso exhorto al Instituto Nacional Electoral para establecer campañas de difusión en el extranjero sobre los beneficios de la credencialización de la población radicada fuera del territorio nacional, a través de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a fin de implementar campañas de difusión sobre la importancia de los procesos de credencialización en el extranjero y los beneficios de la Credencial para Votar desde el Extranjero dentro del territorio nacional.
Bibliografía:
- Dorantes, G ., (2008) Opinión pública, medios y construcción de la agenda política. Revista Mexicana de Opinión Pública. Núm. 4. pp. 43-72.
- Instituto Nacional Electoral (2021) Estrategia Integral de Promoción del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero.
- Instituto Nacional Electoral (2020) Voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a incluir a los mexicanos de segunda y tercera generación residentes en el extranjero en la participación de los procesos políticos-electorales y de credencialización por medio de campañas de difusión, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente Instituto Nacional Electoral a fin de incluir a los mexicanos de segunda y tercera generación residentes en el extranjero en la participación de los procesos políticos-electorales y de credencialización por medio de campañas de difusión, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La interculturalidad de todo el territorio de lo que hoy conocemos como América existe incluso desde antes de establecer las fronteras político-estatales de los actuales Estados. La naturaleza social del ser humano ha creado con el paso de los siglos países y culturas que, si bien se diferencian unos de otros por su geografía, son inseparables en lo referente a sus culturas.
Los movimientos migratorios han llevado a millones de ciudadanos nacidos dentro de territorio nacional a extender el lenguaje, la ideología y la ley mexicana por fuera de nuestras fronteras. De hecho, un porcentaje considerable de las personas nacidas en Estados Unidos son hijos de migrantes mexicanos.
La historia de la inmigración de Estados Unidos como país receptor es amplia. De entre la categorización histórica se observan cuatro puntos importantes: la colonización europea entre los siglos XVI y XIX, las oleadas de finales del XIX e inicios del XX, la época de limitación de ingreso de inmigrantes entre los años veinte y los sesentas y por último la aceptación de movimientos migratorios de múltiples orígenes, países y etnias. Hasta este lapso final cobra relevancia la incorporación masiva de la población latinoamericana al territorio estadounidense. Los cambios en las legislaciones, la estructura sociopolítica y los cambios culturales devienen directamente de la inclusión de las primeras generaciones de mexicanos que emigraron.
Existe, debido a estos fenómenos, una caracterización entre la que podemos distinguir entre mexicanos de primera, segunda y tercera generación. Los migrantes de primera generación son aquellos que, nacidos dentro del territorio mexicano, voluntariamente deciden emigrar al extranjero (mayoritariamente a Estados Unidos). Los mexicanos de segunda generación son aquellos que, siendo hijos del grupo migratorio anterior, nacen en el extranjero y pueden acceder por extensión a la nacionalidad mexicana, como dicta el artículo 30 constitucional; los mexicanos de segunda generación pueden ser hijos de padre y madre mexicana o de padre o madre solamente, de forma indistinta. Consecuentemente, los mexicanos de tercera generación son hijos de los de segunda.
La aplicación en la norma actual y las últimas legislaciones establecen que ningún mexicano puede ser privado de su nacionalidad, y que todo hijo nacido de padre o madre mexicanos puede acceder a la nacionalidad mexicana, otorgándoles directamente todos los derechos que por adscripción brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De entre los derechos otorgados a todos los ciudadanos mexicanos, los político-electorales son de vital importancia para el desarrollo de nuestro país. México es el corredor migrante más grande del planeta, uno de los mayores emisores de migrantes y un gran receptor de remesas, demostrando año con año que la población migrante está involucrada desde los aspectos más esenciales de nuestra economía y cultura. Incluso las personas que no tienen lazos de desarrollo directo con nuestro territorio, al ser mexicanos, deben ser consideradas para la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno, pues las repercusiones de los planes y acciones tomadas por los gobernantes electos interfieren en la vida de sus familias: forman parte de un país del que han heredado no sólo la cultura de sus padres sino también todos sus derechos.
El INE tiene como obligación la difusión de la información relacionada a las elecciones internas en México, y el esfuerzo por credencializar a toda la población migrante no debe detenerse solamente al alcanzar esta población objetivo: debe proseguir hasta los mexicanos de segunda y tercera generación. Resulta hasta ahora una labor titánica la credencialización de la población migrantes; si se llegara a incluir en la logística de manera puntual y directa a los connacionales de segunda y tercera generación, la labor sería todavía más amplia. No es ético ni posible olvidarse de la descendencia de nuestra comunidad migrante.
El número estimado de mexicanos de primera, segunda y tercera generación ronda para 2023 los 40 millones de individuos, que más que compartir un estatus migratorio, encierran un asunto generacional al que no se ha prestado importancia. Hasta la fecha no se ha logrado conceptualizar la totalidad de matices que esta amalgama cultural ha labrado entre los migrantes con proyecto de movilización propio y sus hijos que, creciendo en hogares migrantes, suelen desarrollar ciertos lazos con la cultura mexicana y sus intereses colectivos.
Es necesario, por tanto, que el INE establezca dentro de sus recursos, estrategias y medios de difusión un anexo específico que se dirija a los mexicanos de segunda y tercera generación, en busca de fomentar sobre este enorme colectivo la participación en los procesos electorales mexicanos.
Si bien los fenómenos migrantes son antiquísimos, la valoración académica y epistemológica de la descendencia migratoria no ha sido del todo estudiada ni involucrada en materia jurídica o electoral. La necesidad de inclusión de todos los mexicanos va más allá del territorio nacional si se observa la totalidad del fenómeno migrante sin reducir a índices ponderados de remesas o deportaciones una realidad que excede fronteras y sobre la que hay que esclarecer derechos.
Las actuales condiciones de nueva democracia en nuestro país deben llegar hasta donde se encuentre un ciudadano mexicano. El fomento de la autoridad del pueblo sobre las instituciones excede las fronteras porque en principio las condiciones de vida para nuestros antepasados no fueron dignas, y la deuda histórica que arrastra México para resarcir a sus migrantes aún no ha sido saldada. Solamente regresando a los hijos de migrantes mexicanos la autoridad de elegir sobre su historia es que se logrará alcanzar una democracia completa.
El primer paso es facilitar a los mexicanos de primera, segunda y tercera generación las posibilidades, fechas y procesos para emitir su voto. En los actuales procesos administrativos previos a las elecciones de 2024 debe establecerse este derecho como una prioridad y lograr la apertura de consecuentes participaciones en los ejercicios electorales. La forma inmediata de dar pie a estos mecanismos es la visualización de estos sectores de mexicanos olvidados en las campañas de difusión de los procesos electorales y la implementación especial de programas que se enfoquen en la credencialización.
Si el INE implementa la manera, de forma constante y eficaz, de masificar la credencialización no solamente de la población migrante, sino de todos los mexicanos por extensión, la participación ciudadana alcanzará máximos históricos al incluir por primera vez a todos los mexicanos. La aplicación de campañas de difusión, incremento de los módulos de atención ciudadana, agilización de trámites, implementación de ventanillas únicas para credencialización y una nueva organización logística menos burocrática permitirán la inclusión de todos los mexicanos en el exterior, cobijando bajo la ley mexicana a la totalidad de la comunidad migrante y a los mexicanos de segunda y tercera generación.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Honorable asamblea un respetuoso exhorto al Instituto Nacional Electoral para la inclusión de mexicanos de segunda y tercera generación hacia sus derechos políticos electorales, a través de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a fin de incluir a los mexicanos de segunda y tercera generación residentes en el extranjero en la participación de los procesos políticos-electorales y de credencialización por medio de campañas de difusión.
Bibliografía:
- Caicedo, M., (2010) Integración económica y desigualdad: tres generaciones de mexicanos en Estados Unidos. Consultado el 2 de agosto de 2023 en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-2 5032010000200003
- Fernández, E., (2023) Migrantes de segunda y tercera generación: poco visibilizados y estudiados en México. Migrante Noticias.
- Oleaga, J., (2017) La diversidad infantil y juvenil en la CAE. Las mal llamadas segundas generaciones. Consultado el 2 de agosto de 2023 en https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigacion/es/diversidad_infanti l/Diversidad_infantil_juvenil_CAE.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE y a la SRE a implementar mecanismos de búsqueda y adscripción de las y los mexicanos radicados en el exterior, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores con la finalidad de implementar mecanismos de búsqueda y adscripción de las y los mexicanos radicados en el exterior, para garantizar su inclusión en las Listas Nominales de Electores en el Extranjero, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La estructura política y jurídica del Estado mexicano se basa en la máxima de la democracia. Las nuevas transformaciones y los avances generados conforme han cambiado las administraciones son evidentes hasta hoy en día y siempre debe buscarse y fomentarse el valor de la participación ciudadana dentro de la agenda política de los actores políticos en turno.
La agenda política debe cubrir las necesidades más apremiantes de entre las problemáticas que acaecen dentro de nuestro país, y para lograr un balance adecuado entre obligaciones gubernamentales y solicitudes ciudadanas, es necesaria la inclusión de todos los ciudadanos. Cualquier persona en facultad de sufragar debe poder reflejar sus intereses por medio de sus representantes, y la acción que por antonomasia define los principios democráticos en México es el voto.
Ahora bien, en complemento de la democracia, los principios electorales y la inclusión de las problemáticas más comunes en la agenda política del país, debe entenderse como una obviedad la participación ciudadana. Sin embargo, el concepto de ciudadano puede quedar entreverado en múltiples facetas que la burocracia institucional actual no permite dirimir. Existe desde hace décadas una porción de ciudadanos que ha quedado rezagada en lo que a sus derechos político-electorales respecta: la población mexicana radicada en el extranjero.
Las personas mexicanas radicadas fuera del país no pierden el derecho a emitir su voto y ser partícipes de su gobierno. De hecho, las intenciones, quejas y sugerencias por parte de este campo semántico son en gran medida constantes, variadas y necesarias para la mejora en la conducción del país. Sin embargo, sólo una porción por demás escasa del total de personas en posibilidad de votar termina ejerciéndolo. La inclusión de esta población de mexicanos es vital para poder considerar un Estado verdaderamente democrático. Además de las dificultades en los trámites y procesos de credencialización, para que la población en el exterior pueda votar, requiere emitir la solicitud explícita de inclusión en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, como lo señale expresamente en su párrafo primero el Artículo 135 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales. Si se toma en contraste lo mencionado en el Artículo 54 de la misma ley, en donde se enuncia que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene como atribuciones (entre otras) formar, revisar y actualizar el Padrón Electoral, puede reconocerse que es una responsabilidad entera del INE garantizar los mecanismos que permitan el acceso universal al derecho al voto no sólo para los residentes en México, sino a todo connacional que desee participar.
Una de las peculiaridades más visibles en la constante incongruencia entre el derecho a votar y la incapacidad de hacerlo desde fuera del país orbita sobre el requisito principal de solicitar la inscripción al Padrón Electoral y los listados nominales ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Si por cualquier dificultad inherente a la situación de connacionales en el extranjero se coartan los derechos políticos electorales (como distancias, economía o estatus migratorio), es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral velar por el cumplimiento de lo mandatado en el Artículo 35 Constitucional, referente al derecho al voto.
Por lo tanto, la búsqueda y fomento de la democracia debe perseguir su objetivo sin las limitantes geográficas o burocráticas de las fronteras. Es obligación del INE mantener en un estatus actualizado, permanente y de fácil acceso los registros nominales para la posterior participación de la totalidad de mexicanos residentes en el extranjero. Debe trabajarse con obligatoriedad la implementación de mecanismos que garanticen formalmente la inclusión y adscripción a los padrones electorales incluso si no se solicita por parte de los connacionales. Si se trabaja en un marco de completa democracia, el INE debe implementar un sistema de búsqueda y conteo en medida de sus posibilidades para lograr que todos los mexicanos puedan acceder a participar de sus elecciones. El trabajo es arduo, pero solamente con un registro confiable, completo y permanente se logrará legitimar los procesos electorales. El uso de tecnologías de comunicación como métodos para acelerar los procesos de búsqueda puede contribuir enormemente a la localización de mexicanos en el país que se encuentre. El interés en la ejecución del voto se convertiría en una variable a considerar tan sólo posteriormente, pero la obligación del INE por garantizar el proceso debe imperar al interés personal siempre en aras de la democracia. Facilitar la existencia de listas nominales de un modo análogo a como se realiza de manera interna permitiría una fluidez y accesibilidad a la información y a las vías de participación durante los comicios electorales y aumentaría en masa la cantidad de votos que nuestros connacionales envíen de manera postal o electrónico. Si bien es reconocible que la emulación de las elecciones dentro del país no puede ejecutarse con completa precisión, eliminar la preocupación de solicitar por voz propia la inclusión en los padrones electorales aminoraría la carga de los trámites, abriendo puertas para que la población mexicana radicada en el exterior siga en contacto con su país y su gobierno.
Si bien el incremento de solicitudes de adscripción a las listas nominales y los procesos de credencialización han aumentado de forma constante, es posible obviar que conforme se avanza en los pasos para finalmente votar desde el extranjero, los números se reducen de forma alarmante. Por ejemplo, para los procesos electorales del 2018, las credenciales tramitadas, entregadas, activadas y los registros en las listas nominales bajan de casi 700,000 hasta poco menos de 200,000. Esto sin contar que los votos efectivos realizados fueron menos de la mitad de los registrados en las listas nominales. Si comparamos la cifra de votos efectivos con los más de 12 millones de mexicanos en el extranjero, la deficiencia del sistema electoral por fuera del país se hace evidente.
Los procesos de credencialización y solicitud ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores ya han consensado con antelación los registros, citas, seguimientos y envíos de documentación y papelería hasta los domicilios de los interesados, según lo establecido en los acuerdos del INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores en los marcos dictados en el INE/CG1065, el DERFE/01/2016 y el INE/JGE63/2016. Además, el Artículo 355, párrafo primero, de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales indica que los costos derivados de los servicios digitales, tecnológicos, operativos y de promoción deben preverse en el presupuesto de cada institución autorizado previamente, por lo que el impacto presupuestario sería nulo o suficientemente bajo como para considerarse despreciable para lograr una recopilación de datos adecuada y suficientemente robusta. La logística, paralelamente, debe tan sólo trabajarse en función de los datos ya obtenido por las instituciones competentes que trabajen simultáneamente al INE. La implementación de los mecanismos, en forma y tiempo, debe ser responsabilidad del INE, pero también necesita ser apoyada por organismos como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la RENAPO o cualquiera que al solidarizar sus esfuerzos converjan en un sistema más accesible, confiable y eficiente.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea un respetuoso exhorto al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de garantizar la inclusión de las y los mexicanos residentes en el exterior dentro de las listas nominales, a través de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores con la finalidad de implementar mecanismos de búsqueda y adscripción de las y los mexicanos radicados en el exterior, para garantizar su inclusión en las Listas Nominales de Electores en el Extranjero.
Bibliografía:
- Beltrán, G., (2020) Elecciones, justicia y democracia en México. El voto de los mexicanos residentes en el extranjero. TEPJF
- Instituto Nacional Electoral . (2016) DERFE/01/2016. Comisión Nacional de Vigilancia.
- Instituto Nacional Electoral . (2017) INE/CG195/2017
- Instituto Nacional Electoral . (2016) INE/JGE63/2016.
- Tacher, D., (2020) Análisis del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el proceso electoral 2017-2018. TEPJF.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a implementar una Comisión Nacional del Voto en el Extranjero, para garantizar la participación en el extranjero, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral con la finalidad de implementar una Comisión Nacional del Voto en el Extranjero, para garantizar la participación y el diálogo de manera ininterrumpida con la población mexicana radicada en el extranjero, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Ante la creciente necesidad de representación política de grupos vulnerables, se ha tenido a bien en los últimos años implementar medidas que permitan un manejo racional de las problemáticas sociales con mayores incidencias. Siendo México el corredor migrante más grande el mundo, abordar de manera directa las causas y consecuencias de los movimientos migrantes representa trabajar sobre un tópico de incalculable relevancia. La cantidad de migrantes aumenta año con año y las modificaciones en la administración pública presencian cambios bruscos y marcados conforme toman forma los procesos electorales; a sabiendas de que esta fenomenología social va en aumento, la cristalización de objetivos como el acceso a los derechos políticos-electorales mediante la Comisión del Voto de las mexicanas y mexicanos Residentes en el extranjero ha resultado un acierto enorme.
El Reglamento de Comisiones del Consejo General del INE, en su artículo 4o establece dos tipos de comisiones. El primero, de carácter permanente, y uno segundo, de permanencia temporal. La necesidad de volver permanente una Comisión Nacional del Voto en el extranjero está dispuesta desde el reglamento de Comisiones, por lo que es posible su instauración y permanencia, ya que a lo largo del año y entre periodos electorales existe trabajo por realizar y estrategias que formularse, sin la cuestión limitativa de actuar sobre el tiempo de comicios y elecciones.
Las múltiples tareas ejercidas por las Comisiones Temporales de atención al voto de connacionales radicados en el extranjero han incluido durante su historia la coordinación de todas las actividades institucionales para que todos los ciudadanos mexicanos en el extranjero puedan votar, el diseño e instrumentación de las acciones de comunicación y difusión necesarias para promover la participación desde el extranjero y la permanencia del diálogo con la comunidad que reside fuera del país. Los objetivos son loables y, de hecho, su atención se vuelve cada vez más necesaria, por lo que la instauración de una Comisión permanente y que atienda mediante el seguimiento problemáticas a nivel nacional se ha vuelto necesaria.
Sin embargo, la continuidad y breve temporalidad de vigencia con que este tipo de comisión se han integrado y disuelto desde 2006 precisan de un nuevo carácter permanente que disuelva las limitaciones entre los lapsos de su actividad y/o reinstalación. La historia de nuestros procesos electorales ha demostrado la utilidad de dichas comisiones de comunicación y supervisión para el ejercicio del voto desde el extranjero, haciendo de hecho un paso inútil su inhabilitación una vez concluidos los procesos encomendados a sus funciones. Observando de manera detenida, la integración e instalación de Comisiones Temporales del Voto en el extranjero no ha cesado.
Los beneficios de contar con una Comisión de carácter permanente que supervise, analice y coordine conjuntamente las acciones encaminadas a la garantía de los derechos políticos electorales fuera del país (a semejanza de las acciones realizadas de forma interna por los OPL) permite vislumbrar el diseño de políticas y estrategias desde una perspectiva externa, por medio de un diálogo ininterrumpido entre las autoridades electorales mexicanas y los mexicanos residentes en el exterior. La mejora de estrategias, el diseño de instrumentos, el acceso a los padrones y listas nominales, así como las atenciones para los procesos de credencialización deben regularse siempre que se necesite.
Las actividades y tendencias logísticas para la atención del voto extraterritorial deben centrarse en mejorar y profundizar el alcance de los diseños, definiciones, impresiones, producción y distribución de los materiales electorales. En especial encarando las problemáticas de integración a los listados nominales y credencialización. Esta titánica labor no puede quedar relegada en el tiempo, pues cualquier limitante a la planeación creará barreras en detrimento de los ejercicios electorales desde el exterior. A través de una Comisión permanente deben garantizarse mecanismo que evolucionen conforme el tiempo y las circunstancias sociopolíticas de los connacionales cambien, facilitando el sufragio. Incluir la información necesaria para la emisión postal o electrónica del voto durante lapsos ajenos a los procesos electorales fomentará la participación, generando una red sinérgica de comunicación y atención siempre que existan dudas o problemáticas. La orientación a los procesos democráticos dentro del país debe trabajarse también desde las instituciones del gobierno mexicano en el extranjero, y la coordinación entre una Comisión permanente del voto en el exterior, las embajadas, consulados y módulos de atención ciudadana podrán ayudar enormemente a la garantizar el voto de todos los connacionales.
No solo debe extenderse la existencia de la atención prestada por las Comisiones del voto en el extranjero, sino que es de vital importancia que labore de manera conjunta con las secretarías cuyas competencias agilicen la solución de problemáticas migrantes y atienda los sucesos político-electorales con supervisión nacional, fijando sus metas y objetivos conforme las elecciones estatales lo requieran o lo permitan, por medio del diálogo puntual y oportuno para los connacionales radicados en el extranjero.
Las posibilidades para una instauración permanente de una Comisión que atienda las necesidades y procesos para el voto extraterritorial son amplias y sus fundamentos ya se encuentran previstos en los acuerdos celebrados por el INE, el TEPJF y la Secretaría de Relaciones Exteriores, como se ha demostrado en ejercicios electorales anteriores, arrojando buenos resultados y acercando a los ciudadanos mexicanos que viven fuera del país a sus gobiernos locales y federales. Pretender el establecimiento de una Comisión permanente del voto en el extranjero ahorraría la necesidad de disolver y reinstalar nuevas a cada proceso electoral. La rotación de servidores cada determinado periodo electoral bastaría para garantizar la pluralidad y evitar vicios en el sistema electoral.
Es una obligación ineludible para el INE mantener siempre informada a la población mexicana sin importar su lugar de residencia, por lo que la comunicación, información, campañas de difusión y elaboración de materiales deben gestionarse y llevarse a cabo con suficiente antelación, y este proceso integral de cambios solamente se logrará si eventualmente se amalgama la importancia del voto en las actividades diarias de nuestras instituciones electorales y en la vida de todos los mexicanos. El trabajo realizado por el INE es de los más relevantes para la soberanía y democracia del país, por lo que crear la Comisión Nacional del Voto en el Extranjero, con carácter permanente, ayudaría a la importantísima labor de llevar el derecho electoral mexicano hasta cualquier parte del mundo.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea un respetuoso exhorto al Instituto Nacional Electoral con la finalidad de instaurar de forma permanente una Comisión Nacional del Voto en el Extranjero, a través de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral con la finalidad de implementar una Comisión Nacional del Voto en el Extranjero, para garantizar la participación y el diálogo de manera ininterrumpida con la población mexicana radicada en el extranjero.
Bibliografía:
- Instituto Nacional Electoral. (2017) INE/CG195/2017
- Instituto Nacional Electoral. (2016) INE/JGE63/2016.
- Instituto Nacional Electoral. (2019) INE/CG407/2019
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a establecer mecanismos de difusión en el exterior que permitan dar a conocer la importancia de los procesos electorales, su calendarización y trámites para el fomento de una mayor participación desde el extranjero, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a establecer mecanismos de difusión en el exterior que permitan dar a conocer la importancia de los procesos electorales, su calendarización y trámites para el fomento a una mayor participación desde el extranjero, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
México se encuentra en la transformación de viejas usanzas por procesos democráticos que contribuirán al bienestar y a la eliminación de brechas sociales. En este sentido debe destacarse que el esfuerzo realizado por la actual administración se ha enfatizado principalmente en los grupos más vulnerables y la garantía de sus derechos humanos, en apego a lo establecido en nuestra Carta Magna en su primer artículo:
“Artículo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”
Por su parte, el tercer párrafo del primer artículo Constitucional establece que
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Al establecerse los derechos político-electorales como derechos humanos, así reconocido tanto por la Constitución en su artículo 35 como por parte de la ONU a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es que los organismos competentes para garantizar este derecho en específico, deben implementar mecanismos de difusión que funjan como guía para que todos los mexicanos pueden ejercer su democracia.
De manera específica, la población radicada en el exterior ostenta ser una de las poblaciones más vulnerables cuando hablamos de tales democráticos, ya que al no existir un medio de difusión suficientemente abierto, la población suele no participar ante la falta de mecanismos accesibles; cabe resaltar que la comunidad radicada en el exterior en su mayoría se encuentra trabajando jornadas extenuantes, radican lejos de un consulado o simplemente no existen condiciones para realizar tanto el trámite de credencialización, el alta en la lista nominal y el ejercicio de su voto desde se encuentren radicando.
Ante escenarios diversos, es que las autoridades competentes deben implementar modelos de difusión en territorio extranjero siempre en apego a las normativas y al derecho internacional a fin de garantizar el pleno acceso a la información, al trámite y al ejercicio del voto de la población mexicana.
Aunque existen métodos implementados para la difusión, vinculación y comunicación entre las autoridades electorales mexicanas y la población de connacionales, la realidad de los porcentajes de participación ha sido mínima desde que se implementó la posibilidad de votar extraterritorialmente en 2005. Las estrategias de promoción para el fomento del voto no han logrado los resultados deseados.
Para incluir a todos los connacionales en el exterior, se ha vuelto una necesidad básica difundir de manera más amplia, precisa y estratégica los procesos electorales para lograr que la población mexicana residente en el exterior conozca a cabalidad los programas y las fechas, así como la funcionalidad de sus instituciones. Además, el fortalecimiento de una cultura de participación más fuerte permitiría disminuir el abstencionismo, al informar de los beneficios a nivel nacional que otorga un ejercicio más democrático. Reforzar las actividades de las instituciones hasta potenciar sus capacidades y mejorar su alcance servirá para reajustar los niveles de participación.
Los elaborados sistemas de operación dentro de los procesos electorales mexicanos deben ser esclarecidos desde lo más puntual para que los mexicanos en el extranjero conozcan la totalidad de las normas.
Es complicado lograr un comienzo que contenga el peso suficiente desde los votantes extraterritoriales, debido a la evidencia histórica de la poca participación durante los procesos electorales de 2006, 2012 y 2018. Para incrementar estos números, se precisa de manera urgente un nuevo plan estratégico de difusión, que contenga todos los aspectos necesarios para que el universo potencial de votantes de doce millones alcance cifras que sean significativas al contrastarse con los votantes internos.
Un factor determinante a considerar es la posibilidad de fortaleces vínculos entre los gobiernos extranjeros (mayoritariamente en Estados Unidos) e instituciones migrantes tanto para la protección de sus derechos como para poder administrar y proteger las condiciones en que emiten su voto. Si bien la posibilidad de realizar campañas en el extranjero se encuentra limitada por la acepción del derecho internacional y las normas mexicanas, es posible difundir en un marco de seguridad por medio de los agentes políticos involucrados en las elecciones las condiciones y características de la operatividad electoral previo a los comicios electorales a través de giras presenciales que visualicen de manera más cercana las eventualidades de del gobierno mexicano hacia los países desde donde se desee participar.
Los promocionales en medios de difusión como internet, radio, televisión y plataformas digitales deben trabajar de manera conexa, eliminando las limitaciones que prevalecen al momento de brindar la información de los procesos electorales internos a la comunidad mexicana en el exterior. El fortalecimiento de los mecanismos de difusión para los procesos, fechas y trámites debe, sin duda alguna, alcanzar a los millones de mexicanos que viven fuera de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Honorable asamblea un respetuoso exhorto al Instituto Nacional Electoral para establecer mejores mecanismos de difusión en el exterior, por medio de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a establecer mecanismos de difusión en el exterior que permitan dar a conocer la importancia de los procesos electorales, su calendarización y trámites para el fomento a una mayor participación desde el extranjero.
Bibliografía:
- INE (2022) Programa de Educación Cívica para mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero.
- INE (2014) Relatoría del foro “Participación Política de los ciudadanos residentes en el extranjero”.
- Valverde, M., (2018) El voto de los mexicanos en el exterior: resultados y expectativas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a establecer una partida presupuestaria específica que garantice la representación, participación, inclusión y vigilancia de los derechos político-electorales de las y los mexicanos residentes en el extranjero, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a establecer una partida presupuestaria específica que garantice la representación, participación, inclusión y vigilancia de los derechos político-electorales de las y los mexicanos residente en el extranjero, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Todo esfuerzo en la nueva etapa de la vida democrática que está viviendo México conlleva la participación no sólo discursiva de las instituciones competentes. Es por lo que el reto más importante que se tiene en la plena garantía de los derechos políticos electorales de la población residente en el extranjero es la asignación presupuestaria adecuada.
Las condiciones socioeconómicas dentro de nuestro territorio han conducido a una diáspora mexicana a lo largo de décadas. Las necesidades de la población mexicana migrante y radicada en el extranjero han sido, durante sexenios, pasadas por alto. Las situaciones en que nuestros connacionales se desarrollan después de emigrar son, por mucho, adversas, violando en la mayoría de las veces sus derechos más básicos. Es deber del gobierno mexicano hacer realidad la portabilidad de tales derechos por medio de mejores aplicaciones de lo establecido en la ley o modificando los mecanismos que no den los resultados deseados. Por este motivo, una mejor conducción y enfoque de los recursos disponibles es necesaria.
Para que el gobierno mexicano tome las elecciones correctas sobre en qué y cómo enfocar los recursos de que se dispone en materia migratoria, es necesario que de manera democrática la población radicada fuera del territorio nacional se involucre realmente. Si del total de los más de 11.5 millones de mexicanos que viven fuera del país se lograra la participación de aquellos en edad de sufragar, las posturas de los connacionales llegarían fuerte y claro a oídos de todos los servidores públicos en los diferentes niveles de gobierno. Solamente bajo la participación democrática universal se lograría la inclusión completa de la población migrante dentro de la agenda política mexicana y se podría, en consecuencia, trabajar de manera más focalizada sobre las aristas que afectan a los mexicanos residentes en el extranjero con relación a seguridad, salud, educación y derechos políticos-electorales.
Dentro del recurso otorgado a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación, específicamente en el ramo 22, se entregó para el ejercicio 2023 al Instituto Nacional Electoral un total de 20,221 millones de pesos y, sin embargo, ninguna partida se estableció cómo específica para la atención al voto migrante. Existen gastos devenidos de la difusión de los protocolos dados los comicios electorales, la impresión de herramientas, implementación de módulos de atención ciudadana, capacitación de personal, coordinación con embajadas y credencialización que, si bien se han realizado a lo largo de los años, no han conseguido universalizar las cifras del voto extraterritorial o tan siquiera aumentarlo de manera significativa.
Las estrategias tomadas por el INE, como la implementación de ventanillas únicas, módulos itinerantes, Comisiones temporales de atención al voto, capacitaciones de personal y de mexicanas y mexicanos son, de hecho, buenas consideraciones que, sin lugar a duda, dan resultados poco alentadores. Para lograr su fortalecimiento se requiere aumentar los números de casillas únicas, ampliar los lapsos de función y cantidades de módulos itinerantes, conceder carácter permanente a las Comisiones temporales y trabajar de manera constante en difusión, capacitación y estadística; la única manera de lograr dichos objetivos es por medio del trabajo arduo y la reconsideración de las cantidades de recurso económico gastado en todos estos tópicos y cualquier otro que interfiera en la función de los derechos político-electorales y migrantes radicados fuera de territorio nacional.
Es real, también, que la conducción de la actual administración vela por la austeridad y el manejo correcto de los flujos de capital, por lo que no es necesario tan siquiera incrementar las asignaciones del presupuesto, sino tan sólo redirigir aquellas partidas afines al sector nacional migrante. Bajo una consideración integral de las necesidades competentes a los connacionales residentes en el extranjero y la naturaleza de los derechos político-electorales de los mexicanos, el Instituto Nacional Electoral debe distribuir en suficiencia el recurso para cubrir las necesidades más imperantes.
Las medidas de promoción, así como las herramientas necesarias en los tiempos de procesos electorales pueden reajustarse según las condiciones económicas, sociales y políticas actuales. Por esta vía, la participación de todos los mexicanos en el extranjero dará un paso histórico.
Se requiere, de manera urgente, que el Instituto Nacional Electoral considere para futuros ejercicios una partida presupuestaria destinada de forma específica para la atención al voto de la población migrante y radicada fuera del territorio nacional, para abordar todas las problemáticas, mecanismos y situaciones concernientes a la ejecución de los derechos políticos-electorales de nuestros connacionales.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Honorable asamblea un respetuoso exhorto al Instituto Nacional Electoral para establecer una partida presupuestaria para la atención de las y los mexicanos residentes en el extranjero, por medio de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a establecer una partida presupuestaria específica que garantice la representación, participación, inclusión y vigilancia de los derechos político-electorales de las y los mexicanos residente en el extranjero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y a la STPS a establecer una agenda de cooperación con las autoridades estadounidenses e implementar campañas de difusión y atención de las y los mexicanos residentes en el extranjero, a fin de garantizar sus derechos laborales, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el cual la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de establecer una agenda de cooperación con las autoridades estadounidenses e implementar campañas de difusión y atención de las y los mexicanos residentes en el extranjero a fin de garantizar sus derechos laborales, haciendo hincapié en las aristas de la movilidad laboral, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La migración se comprende desde diversas aristas, como lo define el Portal de Datos sobre Migración, reconociendo la transversalidad de este fenómeno desde motivos ambientales, familiares, migración forzosa o desplazamiento forzoso, estudiantes internacionales, migración irregular, niños y jóvenes migrantes, migración mixta, migración en retorno y migración laboral. Está diferenciación ha permitido que organismos internacionales establezcan marcos de colaboración con diferentes países para garantizar los derechos humanos de cada sector.
Recordemos que la población migrante es considerada un grupo vulnerable a partir de lo asentado por la OIM, y bajo este esquema de vulnerabilidad es que diversos mecanismos internacionales y nacionales de los países parte han propiciado la erradicación de problemáticas que violentan a cada migrante.
De manera específica, uno de los escenarios que más ha demandado su pronta atención por parte de la comunidad migrante alrededor del mundo, refiere a las condiciones laborales, ya que independientemente de los motivos de la migración, un factor clave para lograr un desarrollo apropiado de estos sectores vulnerables es el sustento económico traduciéndose en la necesidad de contar con un empleo que permita sobrevivir en condiciones humanas.
Bajo este panorama, México es un país que conoce de primera mano el proceso de la migración, las necesidades, los retos y las problemáticas que implica el desplazamiento de personas a otros países. Al ser México uno de los mayores corredores migratorios, se cuenta tanto con la perspectiva de la garantía de portabilidad de derechos para las y los mexicanos que se encuentran fuera del país como la perspectiva de aquellos migrantes que llegan al territorio nacional y buscan generar condiciones dignas de vivienda, calzado, alimentación, educación, trabajo y salud.
A raíz de este panorama es que debe primero reconocerse el trabajo realizado hasta el momento por las autoridades estadounidenses que han implementado un primer acercamiento de atención para la población mexicana que trabaja en su territorio.
Es fundamental establecer como antecedente que dicha iniciativa resulta de la demanda de condiciones laborales por parte de trabajadoras y trabajadores extranjeros temporales, los cuales han presentado denuncias y quejas por diversos abusos dentro del programa de empleo temporal en el extranjero. A raíz de dichas quejas el Departamento del Trabajo de Estados Unidos implementó una página web que busca informar sobre los derechos laborales que tienen los trabajadores en el territorio norteamericano.
Hoy más que nunca, es necesario que reforzar los lazos diplomáticos existentes entre el gobierno mexicano y el estadounidense, pues existen intereses bilaterales entre ambos países que se relacionan a la fenomenología migrantes. Por un lado, el refugio que encuentran algunos connacionales movilizados a suelo norteamericano bajo las modalidades de empleo regulado por Estados Unidos permiten que se aminore la carga para las personas que en suelo nacional enfrentan dificultades para obtener empleo; por otra parte, la economía estadounidense obtiene trabajadores comprometidos en suficiencia y con frecuente periodicidad.
Las mecánicas regulatorias sobre empleo formal ofertado por nuestro país vecino aseguran la función del trabajador y le garantizar eventualmente un ingreso continuo. Se conoce ya la disposición de las políticas internacionales estadounidenses para lograr que en su mercado laboral participen empleados multinacionales por medio, por ejemplo, de las visas de trabajo tipo H2. Sin embargo, han existido irregularidades por parte de los empleadores a lo largo de este tipo de programas. Se tiene registro de violaciones a los derechos de los trabajadores beneficiarios de estos mecanismos que, cabe recalcar, son en su mayoría mexicanos. La emisión de visas de trabajo H2 desde julio de 2022 hasta junio de 2023 suman un total de 374,422 emisiones para mexicanos, aprobando para 2023 66,000 visas H2B. Contrastando estas cantidades con las denuncias por fraude, discriminación, explotación laboral e incidencias de abuso sexual, se estima que más de 10,000 personas se encontraban en riesgos potenciales o en flagrante violación de sus derechos humanos. El enfoque realizado sobre las personas mexicanas beneficiarias de visas H2 es loable, pero su alcance aún es pequeño para la totalidad de incidentes. En la página emitida por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, se hace hincapié en que todos los trabajadores migrantes poseen derechos y recursos disponibles “independientemente de su condición migratoria”. Partiendo de esta premisa, es posible dilucidar que existe una conglomeración de casos de violación a derechos humanos que no han sido siquiera reconocidos, debido a que los migrantes en condiciones irregulares por generalidad temen las represalias consecuentes tras el sólo hecho de intentar hacer valer sus derechos. La movilidad laboral, tristemente, no hace partícipes solamente a aquellos individuos beneficiados con una visa de trabajo, sino a todos aquellos que de manera indocumentada ingresan, de una u otra manera, al mercado laboral estadounidense. Conjuntamente, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reconoce que la mano de obra hispana es indispensable para su producción, por lo que la colaboración entre gobiernos debe desarrollarse en un marco de respeto, dignidad y mutuo beneficio.
Las facultades y limitaciones desde el poder legislativo crean una necesidad de cooperación entre las Secretarías de Trabajo y Previsión Social, así como la de Relaciones exteriores con los funcionarios del gobierno estadounidense para difundir y esclarecer los derechos que poseen todos los mexicanos por el sólo hecho de ser trabajadores. La atención personalizada y adaptable según las condiciones en que se encuentren los mexicanos por fuera de nuestro país es esencial para eliminar las barreras de desarrollo que todavía se mantienen para con el gobierno norteamericano.
Fijar metas colaborativas servirá, entre muchas otras cosas, para eliminar la inestabilidad laboral de la población migrantes, así como la verificación del pago correspondiente a los salarios medios devengados de una actividad particular mientras se vigila paralelamente el cumplimiento de jornadas, las condiciones de salubridad y los riesgos potenciales. Tener en la mira la ejecución y funcionalidad de los programas para acceso al trabajo regulados y la inserción de los trabajadores indocumentados en las políticas de operación laboral estadounidense mejorará significativamente la calidad de vida de nuestros connacionales. La eliminación del riesgo legal para puede eliminar con el paso de los años las prácticas de contratación desleales, que incluyen el cobro de tasas imputadas a los salarios o la recopilación de información personal delicada, así como el retiro de documentos de identificación del sector regulado.
El contacto internacional debe abordarse de manera sinérgica, tratando de obtener el mayor beneficio para los países emisores y receptores de migrantes sin importar su estatus migratorio en virtud de los derechos humanos. Los abusos de vulnerabilidad pueden perpetuar una serie de inconsistencias laborales que puede y debe ser eliminada por la vía del diálogo, haciendo que tomen el papel que les compete tanto a los trabajadores mexicanos migrantes, a los empleadores y a los gobiernos mexicano y estadounidense. La prevalencia del trabajo migrante no sólo seguirá extendiéndose, sino también profundizándose en los hábitos de la población radicada en Estados Unidos. Las causas de la migración, como la falta de empleo, la dificultad de acceso a la educación o especialización laboral, la desigualdad creciente de ingreso y los cambios demográficos seguirán afectando tanto a emisores como receptores de migrantes, por lo que es indispensables establecer un marco de cooperación intergubernamental para disminuir las tendencias de abuso hacia los trabajadores migrantes y, eventualmente, eliminarlas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de establecer una agenda de cooperación con las autoridades estadounidenses e implementar campañas de difusión y atención de las y los mexicanos residentes en el extranjero a fin de garantizar sus derechos laborales, haciendo hincapié en las aristas de la movilidad laboral.
Bibliografía:
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias y su mecanismo de defensa. Consultado el 25 de septiembre de 2023 de:
https://www.cndh.org.mx/programas/derechos-de-todos-los- trabajadores-migratorios-y-de-sus-familias-y-su-mecanismo-de
- Cornelio, E,. (2019) The Migrant’s right to decente work in Mexico. Barataria, Núm. 25. pp. 103-116. Versión electrónica consultada el 25 de septiembre de 2023 de:
https://www.redalyc.org/journal/3221/322161623008/html/
- El Economista. Por Juárez, B., EU lanza sitio web para informar sobre derechos laborales de jornaleros agrícolas. Consultado el 25 de septiemnre de 2023 de:
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/EU-lanza-s itio-web-para-informar-sobre-derechos-laborales-de-jornaleros-agricolas -20230904-0076.html
- United Nations Global Compact. Trabajadores migrantes. Consultado el 25 de septiembre de 2023 de:
https://bhr-navigator.unglobalcompact.org/issues/trabaja dores-migrantes/?lang=es
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y al IME a replicar la Ventanilla de Atención Integral a Pueblos Originarios e Indígenas de México en el exterior en cada consulado ubicado en EUA, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el que se hace un exhorto respetuoso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior a fin de replicar la Ventanilla de Atención Integral a Pueblos Originarios e Indígenas de México en el Exterior en cada consulado ubicado en Estados Unidos de América, además de implementarse en los consulados móviles para que las comunidades más alejadas a las sedes consulares puedan acceder a los servicios de orientación, apoyo y protección que brinda el gobierno mexicano a través de los consulados, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La población migrante mexicana está compuesta por diversos sectores étnicos, culturales y sociales. Si bien el motivo más común para que los mexicanos se movilicen fuera del territorio nacional es la búsqueda de mejores oportunidades, acotar la pluralidad que reviste los fenómenos migratorios sería un error. Existe una cantidad considerable de migrantes documentados e indocumentados pertenecientes a diferentes clases sociales y, en función de sus necesidades particulares, se enfrentan a desafíos únicos que deben abordarse desde las posibilidades económicas y lingüísticas según el individuo.
Dentro de los grupos de mexicanos migrantes, que se consideran per se grupos vulnerables debido a las condiciones de movilización y estatus migratorio, existen porciones diferenciadas, marcadas dentro de la semántica de la vulnerabilidad como sub grupos con diferentes grados de propensión al riesgo. Por ejemplo, dentro de la población migrantes existen niños, mujeres, adultos mayores o indígenas, que no lograrán desenvolverse del todo incluso si su trayecto finaliza de la manera esperada.
En particular, la población indígena migrante se posiciona como uno de los subgrupos más vulnerables, pues además de las limitantes económicas y los peligros abordados al desplazarse, se enfrentan a la limitación comunicativa de sus lenguas nativas contra el español y el inglés mayoritariamente.
La migración de pueblos indígenas, además, lleva de manera intrínseca una estratificación socioeconómica baja o de pobreza extrema. Las condiciones de desarrollo y el nivel de vida de los indígenas mexicanos crean un escenario que les propicia ser blancos más fáciles del crimen organizado o de la explotación laboral. El marco multicultural de los pueblos indígenas mexicanos debe ser atendido según sus problemáticas, sus necesidades y sus posibilidades.
La principal barrera a la que se expone este sector poblacional es la lingüística. La sola incapacidad de comunicarse a plenitud en sus lenguas originarias con el resto del mundo crea a priori una línea de marginación que no puede ser superada de manera inmediata. El ejercicio de sus derechos, limitados con antelación por la misma naturaleza de su condición mayormente indocumentada, se coarta incluso desde el marco jurídico al no contar con intérpretes o personal capacitado para dar seguimiento a los trámites que tengan lugar. La falta de especialistas y funcionarios capaces de entablar una comunicación efectiva con los migrantes indígenas denota una falencia esencial del sistema legal mexicano. El diálogo intercultural es imposible si un migrante no habla español, agudizando las problemáticas y soslayando el acceso al derecho.
El acercamiento a la población indígena debe realizar en un margen personalizado, desde los puntos de vista culturales de cada individuo que lo requiera. Las causas de la migración indígena también obedecen al desplazamiento forzado y la violencia ejercida por el crimen organizado, además de la insuficiencia de programas de apoyo o la limitación en el alcance de los existentes; la acción institucional denota ciertos grados de indiferencia al no preocuparse por la capacitación constante de los funcionarios para que logren entablar la comprensión requerida en los asuntos migratorios, la atención consular o la asistencia en las deportaciones.
Además de la movilización al extranjero, principalmente a Estados Unidos, los pueblos indígenas se desplazan constantemente dentro del territorio mexicano. La migración desde los pueblos originarios hacia las urbes mexicanas también debe ser considerada por las autoridades locales, con el fin de facilitar a la población en movimiento el acceso al hospedaje, alimentación, salud y seguridad que por ley les corresponde.
Los grupos indígenas que mayormente se desplazan son los zapotecos, chinantecos y mazatecos de Oaxaca, mixtecos de Guerrero, otomíes de Hidalgo, Querétaro, Puebla y Estado de México, nahuas de Guerrero e Hidalgo, totonacas de Veracruz, mazahuas del Estado de México, choles de Chiapas y purépechas de Michoacán. Sin embargo, aun con el constante flujo de personas hacia adentro y fuera del país, no existe aún un protocolo de seguridad y atención al migrante.
Incluso sorteada la incertidumbre del lenguaje, por dentro y fuera del territorio mexicano los grupos migrantes indígenas son objeto de discriminación, pues la diferencia económica y cultural les excluye socialmente.
Se requiere, para la prestación de servicios adecuados a toda la población mexicana indígena migrante, que las autoridades locales de los Estados de la República capaciten personal para fungir como intérpretes y asesores jurídicos, además de diseñar e implementar planes de acción para la atención a esta parte del pueblo mexicano que se encuentra imposibilitada para trabajar, acceder a la salud o la educación, tan sólo porque en su localidad de origen se habla otra lengua o porque persisten niveles de subdesarrollo marcados. La existencia de albergues, políticas de seguridad, planes de movilización y atención a la salud física y psicológica son necesarios.
Del otro lado de la moneda, la atención a migrantes mexicanos pertenecientes a grupos indígenas que han logrado traspasar las fronteras de algún país debe garantizarse por medio de las instituciones mexicanas presentes en dicha nación, como las oficinas consulares o las embajadas. En este espacio, la inclusión de intérpretes de lenguas indígenas cobra mayor relevancia por la creciente necesidad de comprensión fuera del territorio nacional. Además, deben reajustarse los procedimientos para priorizar la atención a estos grupos doblemente vulnerables y garantizar su integridad.
Es por lo anteriormente expuesto que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las autoridades consulares a fin de atender a las comunidades indígenas migrantes, por medio de la implementación de Ventanillas de Atención Integral a Pueblos Originarios e Indígenas de México en el Exterior en cada consulado replicando las implementadas en los consulados de Orlando, Miami, Nueva York, entre otros, de igual manera solicitamos que dicho programa sea implementado en los consulados móviles a fin de garantizar el pleno acceso a las comunidades más alejadas de las sedes consulares, a través de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior a fin de replicar la Ventanilla de Atención Integral a Pueblos Originarios e Indígenas de México en el Exterior en cada consulado ubicado en Estados Unidos de América, además de implementarse en los consulados móviles para que las comunidades más alejadas a las sedes consulares puedan acceder a los servicios de orientación, apoyo y protección que brinda el gobierno mexicano a través de los consulados.
Bibliografía:
- IME, Pueblos Originarios, VAIPOIME, https://ime.gob.mx/vaipoime
- Relaciones Exteriores, Consulados Móviles, https://consulmex.sre.gob.mx/presidio/index.php/consulado/horarios-deat encion
- IME, Gobierno de México presenta nueva Ventanilla de Atención Integral a Pueblos Originarios e Indígenas de México en el Exterior, https://www.gob.mx/ime/es/articulos/gobierno-de-mexico-presenta-nuevave ntanilla-de-atencion-integral-a-pueblos-originarios-e-indigenas-demexic o-en-el-exterior?idiom=es
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implementar programas que atiendan y difundan la importancia de la salud mental para toda la comunidad migrante, garantizando el acceso al servicio de atención psicológica de manera gratuita y humanista, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud para la implementación de programas que atiendan y difundan la importancia de la salud mental para toda la comunidad migrante, contemplando a la migración en tránsito, la de retorno y a la comunidad migrante que reside fuera del territorio nacional, garantizando el acceso al servicio de atención psicológica de manera gratuita y humanista, sin ningún tipo de discriminación de los diferentes sectores poblacionales en retorno, logrando el bienestar mental a través de la colaboración de todas las instituciones de salud, a partir de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o, párrafo cuarto establece que:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud ... La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar , con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”
Por otra parte en la Ley General de Salud, se contempla el derecho al acceso de la Salud Mental, referido en los artículos 3o, 27o, así como en el Capítulo VII, referentes a los esquemas de actuación por parte de los sectores competentes y de las dependencias correspondientes para proveer la Salud Mental a toda la población; aunado a ello en la fracción II BIS, del artículo 3o se establece “la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social .”, por lo que la garantía de derecho no debe ser condiciona y debe efectuarse sin ningún tipo de discriminación hacia las mexicanas y mexicanos.
Es prioridad mencionar que la salud mental es la base fundamental para cualquier ser humano y como individuo, pues de ello depende el desarrollo de sus actividades personales, laborales y sociales dentro de un entorno saludable. Desafortunadamente la visualización de este derecho no ha sido suficiente; el ejemplo más reciente es la constante necesidad de atención psicológica ante los efectos derivados de la pandemia por COVID-19, la cual ha dejado secuelas tanto económicas, sociales y en materia de salud. Este último factor se vio en incremento a partir de las medidas establecidas por el gobierno a fin de salvaguardar la integridad y la salud de toda la población, medidas que consistían en el resguardo en casa limitando el contacto entre personas y propiciando que el único desarrollo social se diera a través de plataformas digitales, provocando un aislamiento social por más de un año, ocasionando efectos negativos de manera general como particular; existieron pérdidas de uno o varios familiares a causa de la pandemia, el cierre de miles de negocios, el despido de millones de personas ante la falta de comercialización y consumos de productos y bienes; todos estos hechos provocaron problemáticas de orden particular al generar e impactos negativos en la salud mental de los niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, quienes presentaron cuadros de depresión, ansiedad, trastornos del sueño, problemas conductuales y adicciones.1
La salud mental debe representar un eje fundamental en la agenda gubernamental de todas la índoles, ya que una mala salud genera un impacto negativo en el orden público a raíz de que las personas que no cuentan con una salud mental estable se ven en una posición desventajosa y con una mayor probabilidad de vivir en pobreza extrema, escasez de recursos financieros, menos oportunidades de empleo, incrementando la posibilidad de consumo de sustancias, problemas de violencia, entre otros problemas sociales. Ante este escenario es que es prioritario comprender la importancia de la Salud Mental como un derecho de las mexicanos y mexicanos.
La salud mental durante la pandemia en México no fue una prioridad. En 2020, cinco mil 197 mil personas fallecieron en el país a causa de algún trastorno mental y del comportamiento y siete mil 896 personas se suicidaron, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En consultas de primera vez en 2019 hubo 39 mil 148 y en 2020 esta cifra disminuyó un 45 por ciento llegando a 21 mil 450 consultas. Si bien en 2021 las primeras cifras aumentaron en 12 por ciento (con 24,100 consultas), todavía falta mucho para garantizar el acceso pleno a este derecho por parte de toda la población.
Inés Hernández, psiquiatra y docente de la UNAM, asegura que “en nuestro país, a veces se retarda un diagnóstico en salud mental de 6 a 10 años a partir del inicio de síntomas2 , esto derivado de la falta de acceso a este servicio de manera gratuita y que suele desestimarse la importancia de esta problemática que aqueja día con día a más mexicanos.
Ante esta escasez de atención a la ciudadanía es que resulta necesario la difusión pública en todos los medios de comunicación de nuestro país sobre los programas relevantes a la salud mental, su prevención y la sensibilidad que demanda la atención de esta, esto a través de la cooperación e integración del sector salud en sus diferentes niveles.
Las unidades sanitarias tienen el objetivo de brindar una atención digna y humana, además de la misión de salvar las vidas sin hacer diferenciación entre los sectores de salud públicos y privados.
Las consecuencias de no brindarse atención a la salud mental pueden ocasionar daño de por vida si no se le brinda atención psicológica posterior. Las personas que recurren al sector salud público son las más vulnerables a una afectación a su salud mental, por una incorrecta atención o por la falta de continuidad.
Se debe hacer énfasis en que el tema de salud mental no sólo implica las discapacidades mentales, sino que está determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales. Por consiguiente, se debe destinar, reconocer y abordar de manera amplia el fomento a la salud mental con la colaboración de las secretarías gubernamentales para realizar intervenciones preventivas en materia como una oportunidad para hacer la problemática más visible a partir de la promoción y la protección, asegurando el acceso a cualquier persona al derecho de la salud mental sin ningún tipo de discriminación, haciendo valer lo establecido en la Ley General de Salud, a partir de las facultades de la Secretaría de Salud y las unidades correspondientes. A raíz de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, resulta fundamental velar por el derecho humano a la salud mental donde todas las mexicanas y los mexicanos puedan acceder a la atención psicológica cuando lo requieran, brindando las herramientas necesarias.
El acceso a la atención psicológica debe ser presencial: se debe tener claro que en el sector salud es indispensable que médicos, enfermeras, y especialistas en su área médica, presten un servicio físico a fin de dar estudios clínicos más certeros, ya que la atención vía remota resulta insuficiente y poco sensible debido a la poca o nula interacción humana entre especialistas y la ciudadanía, principalmente sobre la atención psicológica.
Debido a la poca visualización existente es claro que dentro de los sectores poblacionales existen grupos de mayor prioridad como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres, comunidades indígenas y migrantes.
Actualmente la cifra total de migrantes internacionales se encuentra por arriba de los 280 millones, de los cuales, alrededor del 26% se encuentra en el continente americano; en México se reportó tener 1.2 millones de migrantes internacionales, cifra que ha aumentado exponencialmente desde los años noventa hasta la actualidad (Organización Mundial de la Salud (ONU), 2020).3
A partir de los principios de no discriminación, es fundamental contemplar la garantía del derecho a la Salud Social para todo mexicano, incluyendo a los mexicanos que se encuentran en un proceso de retorno a su país, ya que de manera particular viven y enfrentan una problemática no visualizada, como el Síndrome de Ulises .
El Síndrome de Ulises, también conocido como Síndrome del Migrante, es una afección recurrente que ocasiona estrés y depresión en la población migrante. La realidad vivida en el contexto de separación de la población que se ha movilizado fuera del país incluye daño emocional derivado de la separación forzada de los seres queridos, la falta de oportunidades, los sentimientos de vulnerabilidad al no tener documentación, incertidumbre laboral, lucha constante por la alimentación o el hospedaje, además del miedo a los riesgos que conlleva ser víctima del crimen o el maltrato por parte de las autoridades.
Los tiempos prolongados de viaje o la extrema dificultad por sobrevivir dejan huellas en la salud mental de los migrantes, pues las adversidades pueden durar incluso años.
La ruptura repentina y abrupta de los lazos con familiares, la lengua, la cultura y la tierra de origen desembocan inequívocamente en una serie de malestares psico-emocionales que deben ser atendidos.
Es por lo anteriormente expuesto que se exhorta a la Secretaría de Salud a fin de establecer mecanismos de atención psicológica para la población migrante en retorno, a través del siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para la implementación de programas que atiendan y difundan la importancia de la salud mental para toda la comunidad migrante, contemplando a la migración en tránsito, la de retorno y a la comunidad migrante que reside fuera del territorio nacional, garantizando el acceso al servicio de atención psicológica de manera gratuita y humanista, sin ningún tipo de discriminación de los diferentes sectores poblacionales en retorno, logrando el bienestar mental a través de la colaboración de todas las instituciones de salud.
Notas:
1. https://www.forbes.com.mx/el-70-de-mexicanos-con-problemas-de-salud-men tal-no-recibe-ayuda/
2. https://serendipia.digital/victimas-paralelas/salud-mental-en-la-pandem ia-mexico/
3. https://contexto.udlap.mx/sindrome-de-ulises-predisposicion-en-inmigran tes-latinoamericanos/
Bibliografía:
- Qué es el Síndrome de Ulises y cómo afecta a los migrantes, https://www .bbc. com/mundo/noticias-62251888
- El Síndrome de Ulises: el estrés límite del inmigrante, https://seguridadinternacional.es/resi/html/el-sindrome-de-ulises-el-es treslimite-del-inmigrante/
- Migración y salud mental el síndrome Ulises, https://hiaucb.files.wordpress.com/2014/03/sindrome-de-ulises-final.pdf
- Duelo migratorio extremo: el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple (Síndrome de Ulises), https://www.fundacioorienta.com/es/duelo-migratorio-extremo-el-sindrome del-inmigrante-con-estres-cronico-y-multiple-sindrome-de-ulises/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a atender la queja folio 2023/116921 por las violaciones de derechos humanos suscitadas en el municipio de Quimixtlán, Puebla, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Inés Parra Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente
Exposición de Motivos
Que el día 4 de julio del año en curso, aproximadamente a las 12:30 en el auditorio de la localidad Xacaxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlán del estado de Puebla, se llevó a cabo la elección de un Juez de paz de la localidad, ya qué, se quería destituir al Juez de paz qué se encontraba en funciones en la localidad. Razón por la cual el día 5 de junio del 2023, la población se reunió en Casa Aguayo, en la Dirección General de Gobierno con el Dr. Luis Gerardo Martínez Gómez, quien es asesor de la Dirección General del Gobierno del Estado, el ciudadano Eduardo Rafael Hernández Briones asesor de la misma dependencia, la ciudadana Flor María Rodríguez Morales, Comisionada de la Dirección General de Gobierno del Distrito 05 de la ciudad de libres, Puebla, el ciudadano José Martines Pimentel Presidente Municipal sustituto del Municipio de Quimixtlan, el Licenciado Jhoan Ernesto Luna Colula, asesor jurídico del H. Ayuntamiento, por representación de la comunidad de Xacaxomulco, asistieron los ciudadanos, Juan Sánchez Paz, Cándido Escobar Aguilar y María Felicitas Flores Reyes, donde para dirimir un conflicto que se presentaba por el cambio de Juez de paz de la localidad.
Al tenor de lo anterior, se elaboró una minuta de trabajo en donde se acordó que el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Quimixtlan realizaría una convocatoria para participar en las elecciones para el cargo de juez de paz de la localidad.
Una vez publicada la convocatoria se llevaría a cabo el proceso de elección, el cual como ya echo referencia fue el 4 de julio de 2023, por lo que una vez iniciada la votación se dio lugar al conflicto señalado en la Queja folio: 2023/116921, presentada a la CNDH, en la que se narran los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos en los que dos ciudadanos de la localidad perdieron la vida .
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a atender la Queja con folio: 2023/116921 por las violaciones de derechos humanos suscitadas en el Municipio de Quimixtlán, en el Estado de Puebla conforme a los artículos 2, 3, 4, 6 fracciones I,II, III, IV y V, así como lo demás dispuesto por la LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Notas relacionadas:
- https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/dos-muertos-y-varios-poli cias-retenidos-deja-eleccion-de-juez-de-paz-en-quimixtlan-10323207.html /amp
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023
Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica)
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