Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6412-III-4, jueves 23 de noviembre de 2023
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a investigar y, en su caso, sancionar el aumento de precios a diversos productos de la canasta básica en Guerrero, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El pasado 24 de octubre la costa del estado de Guerrero fue golpeada por el huracán Otis, ciclón tropical que, hasta la fecha, es considerado el más fuerte que ha tocado tierra en la historia de nuestro país.
Como consecuencia del impacto de dicho fenómeno meteorológico, varias poblaciones costeras fueron devastadas, dejando destrucción en el 80 por ciento de los hoteles y en más de 250 mil viviendas, daños en 120 hospitales y clínicas, así como innumerables embarcaciones de todos los tamaños.1
Dentro de las poblaciones más afectadas se encuentra el puerto de Acapulco, que es el más importante del estado de Guerrero y uno de los principales destinos turísticos de nuestro país; Acapulco cuenta con una población -según datos oficiales- de 779,566 habitantes, siendo el 52.3 por ciento mujeres y 47.7 por ciento hombres,2 quienes en su mayoría resultaron afectados tras el paso de Otis.
Cálculos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) revelan que las pérdidas catastróficas ocasionadas por Otis, tanto económicas como aseguradas, ascienden a 288,000 millones de pesos, concentradas en daños en el 80 por ciento de los hoteles de la ciudad, 16 mil viviendas y 20 mil vehículos, lo anterior sin contar los daños a carreteras y a la infraestructura pública.
De igual forma, según la firma de análisis de riesgo especializada en desastres naturales y guerras Enki Research, se estima que las pérdidas económicas tras el paso del huracán Otis son superiores a 15 mil millones de dólares.3
Derivado de estos hechos, en días pasados, el gobierno federal presentó un plan inicial de reconstrucción con un monto de inversión superior a los 61 mil millones de pesos para las zonas afectadas. Asimismo, se dieron a conocer diversas acciones que van desde el pago por adelantado de las pensiones, la prórroga por seis meses para el pago de Infonavit, la exención del pago la luz hasta el mes de febrero de 2024, la entrega de una canasta básica semanal para 250 mil familias durante los próximos tres meses y la duplicación del número de becas para educación básica.4
Si bien las ayudas y apoyos otorgados tanto por el gobierno como por la sociedad civil son necesarios para que la población pueda tener acceso a una pronta recuperación y normalización de sus actividades, también resulta importante no dejar de lado las tareas de verificación a actividades que pueden resultar ilícitas o abusivas en contra de la población.
Ante el desabasto de algunos productos o la simple imposibilidad de acceder a ellos, miles de guerrerenses hoy se enfrentan a un nuevo reto que implica el incremento injustificado de precios en diversos productos.
Por ello, es igualmente necesario que, además de las acciones de rescate y apoyo, se consideren las de verificación de los precios, sobre todo de los productos de la canasta básica, ya que son cada vez más frecuentes las denuncias que señalan el aumento de estos; incrementos que se sitúan entre un 30 y un 50 por ciento, principalmente en la Ciudad de Chilpancingo, a donde miles de habitantes de las zonas afectadas por el huracán Otis llegaron para abastecerse de víveres.
Uno de los productos que han incrementado su precio es, por ejemplo, el huevo, pues hoy un cartón alcanza hasta los 125 pesos cuando su precio normal ronda los 60 pesos. Igualmente, el precio de productos como la harina y el azúcar aumentaron 20 pesos por kilogramo en comparación al precio promedio a nivel nacional.
En concordancia, habitantes de la entidad denunciaron que en el mercado de Chilpancingo el frijol aumentó de 28 a 48 pesos el kilogramo; el arroz de 18 a 32 pesos el kilogramo y el azúcar aumentó de 30 a 40 pesos el kilogramo, situación que ya afecta no sólo a quienes van de fuera a abastecerse de dichos productos, sino incluso a los propios habitantes de la capital del estado.
En una situación como la que atraviesa gran parte del estado de Guerrero, cualquier aumento de precios, además de inhumano, conlleva graves consecuencias para las comunidades afectadas, especialmente para aquellas personas con recursos limitados, ya que puede dificultar el acceso a alimentos básicos, pues además de afectar a la ya golpeada economía de los habitantes de municipios afectados por Otis, se está generando la existencia de compras de pánico por parte de foráneos y locales, lo que produce desabasto en los centros comerciales y supermercados.
Esta problemática ha sido documentada por diversos medios tanto nacionales como locales, tal y como se puede ver a continuación:
El Financiero en su edición del 30 de octubre señala en una de sus notas en la sección de Estados lo siguiente: “Huracán ‘Otis’ en Acapulco: Así crecieron los precios de la canasta básica en Guerrero:
Por su parte el sitio N+ señaló en su portal el día 31 de octubre lo siguiente: “Denuncian Aumento de Precios en Productos Básicos en Chilpancingo tras paso de Otis”: 5
En el mismo sentido el sitio Aristegui Noticias señaló el 30 de octubre: “Huracán Otis: Se disparan los precios de productos en Guerrero”: 6
De lo anterior, podemos advertir que ante la situación de emergencia que atraviesa parte importante de la entidad, existen algunos sectores que han aprovechado para abusar de la población ante su estado de necesidad.
En este contexto, consideramos pertinente hacer un respetuoso exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que lleve a cabo las acciones tendientes a investigar y, en su caso, sancionar el aumento de precios a diversos productos de la canasta básica en el estado de Guerrero y con ello proteger y defender los derechos de las y los consumidores que hoy se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad.
Lo anterior, toda vez que la Profeco es la autoridad encargada de representar al consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado, fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población.7
Por lo aquí expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo acciones tendientes a investigar y, en su caso, sancionar el aumento de precios a diversos productos de la canasta básica en el estado de Guerrero.
Notas:
1 Véase: “Afectados por huracán Otis marchan en la capital mexicana para exigir más recursos”, Voz de América, consultado el 7 de noviembre de 2023. Disponible en: https://www.vozdeamerica.com/a/afectados-huracan-otis-marchan-hacia-cap ital-mexicana-/7343799.html
2 Véase: “Acapulco de Juárez” Data México, consultado el 7 de noviembre de 2023. Disponible en: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/acapulco-de-juare z#population-and-housing
3 Véase: “Las pérdidas económicas por ‘Otis’ en Guerrero rondan los 15.000 millones de dólares” El País consultado el 7 de noviembre de 2023. Disponible en: https://elpais.com/mexico/economia/2023-10-26/las-perdidas-economicas-p or-otis-en-guerrero-rondan-los-15000-millones-de-dolares.html
4 Véase: “El gobierno declara zona de desastre a 47 municipios de Guerrero tras el paso de ‘Otis’”, El país, consultado el 7 de noviembre de 2023. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2023-11-02/el-gobierno-declara-zona-de-desast re-a-47-municipios-de-guerrero-tras-el-paso-de-otis.html
5 Véase: “Denuncian Aumento de Precios en Productos Básicos en Chilpancingo tras paso de Otis”. N+, consultado el día 13 de noviembre de 2023. Disponible en: https://www.nmas.com.mx/estados/huracan-otis-denuncian-aumento-de-preci os-en-productos-basicos-en-chilpancingo/
6 Véase: “Huracán Otis: Se disparan los precios de productos en Guerrero” Aristegui Noticias, consultado el 13 de noviembre de 2023. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/3010/mexico/huracan-otis-se-disparan-los- precios-de-productos-en-guerrero/
7 Véase: ¿Qué hacemos? Procuraduría Federal del Consumidor, consultado el 7 de noviembre de 2023. Disponible en: https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de noviembre de 2023.
Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la Ssa a implementar campañas de concientización, sensibilización y prevención del bullying escolar, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
I. El bullying es una forma de violencia que se produce entre iguales, en la que una persona o un grupo de personas ejercen maltrato físico, verbal o psicológico sobre otra, de forma repetida y con la intención de causar daño.
En Puebla, el bullying es un problema grave que afecta a miles de estudiantes. Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el ciclo escolar 2021-2022 se registraron mil 386 casos de bullying en escuelas públicas y privadas del estado. Asimismo, en el 2023 han existido situaciones que ponen en riesgo la integridad física y moral de los menores. Entre los últimos casos más sonados está el de las alumnas de la secundaria Manuel Ávila Camacho que golpearon a una compañera, arrastrándola y apaleándola por varios minutos, dicha acción incluso quedó evidenciada en videos que fueron difundidos por internet.
De igual manera, hace unos meses, el joven Santiago Zayas, de 17 años de edad, fue agredido con un cuchillo afuera de su domicilio por su compañero de clases de la preparatoria de la Universidad de América Latina de Puebla; se menciona que su agresor lo acosaba por ser afrodescendiente. De este modo, se demuestra que las agresiones abarcan a víctimas de diversos rangos de edad, especialmente los menores de edad.
II. Legislar para prevenir, identificar, investigar, sancionar y erradicar el bullying garantiza que los derechos y el bienestar de los menores estén protegidos. Tal como establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos los menores tienen derecho a recibir educación en un entorno seguro y libre de acoso.
Es por esto que la concientización respecto al bullying es esenciales para prevenir daños psicológicos y físicos en las víctimas debido a que el acoso puede tener consecuencias en la salud, tanto física como emocional, de los afectados.
De este modo, tomar acciones respecto a la prevención y concientización del bullying contribuye a la creación de un ambiente escolar seguro y positivo donde los estudiantes se sientan protegidos y motivados para aprender, ya que un entorno libre de violencia es crucial para el desarrollo personal.
Es de vital importancia considerar que el bullying puede contribuir a la deserción escolar debido al miedo y la ansiedad que genera.
Según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en lo que va de 2023 el acoso escolar se ha incrementado, ya que los casos crecieron 347 por ciento en el periodo de enero a febrero de 2023, en comparación con el mismo lapso de 2022.
Sabemos que la violencia o maltrato escolar puede presentarse en distintas formas: psicológico, emocional, físico, sexual, verbal, mediante tecnologías de la información y comunicación, etcétera. Las conductas generadoras de violencia, de acuerdo con su tipo, pueden ocasionar repercusiones en mayor o menor grado en las niñas, niños y adolescentes; en muchos de los casos, las conductas pasan desapercibidas o se encuentran normalizadas en los entornos escolares.
Es imperante que el tema de la violencia escolar siga siendo un objetivo que debe de ser atacado con información a través de campañas que concienticen a los niños, niñas y adolescentes, así como a sus padres y cuidadores, de lo que es la violencia y adónde y con quién puede acudir cuando se enfrenten a ella.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública a implementar y, en su caso, fortalecer las campañas de concientización, sensibilización y prevención del bullying escolar en todos los niveles educativos.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a implementar campañas que permitan identificar y atender a niñas, niños y adolescentes que presenten afectaciones a la salud mental derivadas del bullying.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de noviembre de 2023.
Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a mantener un estricto seguimiento hacia las empresas que ofrecen cualquier tipo de servicios de arrastre y salvamento, y de depósito de vehículo respecto a la actualización de las disposiciones administrativas y requisitos vigentes, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
I. Tras la publicación del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, el incumplimiento de los plazos establecidos para atender a las disposiciones administrativas y requisitos para la expedición de los permisos puede resultar en actividades ilícitas por parte de las empresas que ofrecen esta clase de servicios; es por ello que, con las regulaciones en este sector, se busca proteger el interés público, la seguridad vial y la integridad de los servicios ya que no cumplir con los plazos puede poner en riesgo estos objetivos, afectando a la sociedad en general.
Es por este bien común que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debe imponer las sanciones administrativas correspondientes a las empresas que no cumplan con los plazos establecidos en el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos.
II. La falta de cumplimiento puede generar desconfianza entre los usuarios y las autoridades, de este modo, la pérdida de credibilidad puede afectar la reputación de las empresas y su capacidad para atraer clientes y colaboradores.
A su vez, la falta de cumplimiento crea inseguridad jurídica tanto para las empresas como para los clientes por lo que se pueden generar disputas legales, conflictos y una falta de certidumbre sobre las responsabilidades y derechos de todas las partes involucradas en estas situaciones.
III. Las empresas que no cumplen con las disposiciones administrativas y requisitos para la expedición de los permisos pueden obtener una ventaja competitiva indebida al eludir los costos o requisitos que asumen las empresas que sí cumplen.
Lo anterior puede generar un ambiente de competencia desleal que perjudica a todas aquellas empresas que sí cumplen con la normatividad vigente.
Asimismo, operar fuera de las regulaciones establecidas puede generar serios riesgos operativos. Esto incluye, como se mencionó con anterioridad, la posibilidad de enfrentar problemas legales, desconfianza y daños a la reputación y la interrupción de las operaciones debido a acciones regulatorias.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a mantener un estricto seguimiento hacia las empresas que ofrecen cualquier tipo de servicio de arrastre, de arrastre y salvamento, y de depósito de vehículos respecto a la actualización de las disposiciones administrativas y requisitos vigentes en el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos para la expedición de los permisos.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de noviembre de 2023.
Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a revisar el adecuado funcionamiento del servicio de postes y teléfonos de emergencia, así como la correcta operación de los centros de atención telefónica a los que estos se encuentran conectados, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
I. Los postes y teléfonos de emergencia proporcionan a los conductores y pasajeros que transitan por las carreteras del país un medio rápido y directo para solicitar asistencia en caso de accidentes, averías o cualquier otra emergencia que pudiera presentarse durante su trayecto.
Esto facilita la respuesta de los servicios de emergencia como la policía, ambulancias o servicios de rescate. En algunas áreas remotas o con cobertura de telefonía móvil limitada, los teléfonos de emergencia conectados directamente a los servicios de asistencia pueden ser la única opción de comunicación inmediata en caso de una eventualidad.
Aunque estamos acostumbrados a tener la posibilidad de estar comunicados en todo momento gracias al avance de la tecnología en materia de telecomunicaciones, puede ser que nos encontremos en una situación de emergencia y que no tengamos disponible nuestro teléfono, o bien, éste se quede sin batería o por algún motivo no haya cobertura. Justo en estos casos es importante tener la posibilidad de usar los postes para pedir auxilio y darles la relevancia que se merecen.
II. Al proporcionar puntos de contacto directo con los servicios de emergencia, se reduce el tiempo de respuesta ante situaciones críticas.
Esto es crucial para brindar asistencia médica oportuna o para abordar situaciones peligrosas en las carreteras del país.
III. Los conductores que no están familiarizados con el área pueden beneficiarse de la presencia de postes y teléfonos de emergencia, ya que proporcionan recursos accesibles para obtener ayuda o información sobre la ubicación. Asimismo, los teléfonos de emergencia y la señalización clara también son beneficiosos para viajeros internacionales que podrían no estar familiarizados con el sistema de asistencia local. Estos contribuyen a la seguridad de todos los usuarios de las carreteras del país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a revisar el adecuado funcionamiento del servicio de postes y teléfonos de emergencia, así como la correcta operación de los centros de atención telefónica a los que estos se encuentran conectados.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a instalar las señalizaciones correspondientes respecto a la ubicación de los postes y teléfonos de emergencia en todas las carreteras de la República Mexicana, especificando el kilómetro exacto en el que se encuentran.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de noviembre de 2023.
Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a mantener un puntual seguimiento respecto a la aplicación de las tarifas vigentes en el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos por parte de las empresas que ofrecen cualquiera de estos servicios en México, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
I. El establecimiento de tarifas proporciona un marco claro y transparente para los costos asociados con la prestación de servicios, en este caso particular los servicios de arrastre, de arrastre y salvamento y depósito de vehículos. De este modo, se busca proteger a los propietarios de vehículos de posibles abusos o tarifas excesivas, garantizando que los precios sean justos y previniendo prácticas comerciales desleales; al tener tarifas establecidas, se contribuye a mantener el orden y la regulación en el sector.
Esto ayuda a prevenir la competencia desleal entre proveedores de servicios y garantiza que todos los participantes del mercado operen bajo reglas similares. Sin tarifas reguladas, existe el riesgo de que se presenten abusos por parte de las empresas que brindan estos servicios, ya sea a través de la imposición de tarifas excesivas o de prácticas poco éticas.
De este modo, el establecimiento de tarifas y el respeto a las mismas proporciona seguridad jurídica y económica tanto a los proveedores de servicios como a los consumidores.
Un claro ejemplo de los problemas que causa el no respetar las tarifas establecidas surgió en la región sur del estado de Chihuahua, donde un trabajador señaló que el momento de realizar un salvamento o un arrastre se presta para que los dueños y concesionarios de grúas apliquen a su criterio a los costos por el uso de su maquinaria, lo cual resulta ser una afectación para quien solicita el servicio.
Es así que, con la existencia de tarifas establecidas, se contribuye a la transparencia al proporcionar una comprensión clara de cómo se determinan los costos de los servicios.
Esto beneficia tanto a los proveedores como a los consumidores al eliminar la opacidad en la fijación de precios y es especialmente relevante en situaciones de emergencia o accidente cuando las personas pueden encontrarse más vulnerables.
II. En situaciones donde se requiere el arrastre y depósito de un vehículo debido a un accidente o violación de las normas de tránsito, las tarifas claras y reguladas facilitan los procesos legales.
Esto evita confusiones y disputas sobre los costos asociados; por otro lado, al tener tarifas establecidas, los proveedores de servicios pueden centrarse en mejorar la calidad de los mismos, en lugar de competir únicamente en función de los precios. Esto beneficia principalmente a los consumidores, al garantizar que reciben servicios de calidad a un precio justo. Asimismo, sirve para proteger los intereses públicos al evitar abusos que podrían afectar la movilidad y seguridad de las personas en general.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a mantener un puntual seguimiento respecto a la aplicación de las tarifas vigentes en el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos por parte de las empresas que ofrecen cualquiera de estos servicios en la República Mexicana.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de noviembre de 2023.
Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)
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