Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6231-III, jueves 9 de marzo de 2023
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de Querétaro e Hidalgo, a la Conagua y a la Segob a escuchar a habitantes de comunidades indígenas, a fin de cumplir con las demandas acordadas, producto del proyecto hídrico Acueducto II, en Querétaro, así como cumplir con las demandas de personalidades académicas y ambientalistas producto del megaproyecto Acueducto III, a cargo del diputado Otoniel García Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Otoniel García Montiel del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como de las demás aplicables, someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del Estado de Querétaro, e Hidalgo; a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Gobernación a escuchar a habitantes de comunidades indígenas, a fin de cumplir con las demandas acordadas, producto del proyecto hídrico “Acueducto II” en Querétaro, así como cumplir con las demandas de personalidades académicas y ambientalistas producto del mega proyecto “Acueducto III” bajo las siguientes
Consideraciones
El Acueducto II es una mega obra de infraestructura hidráulica, que compone una línea de conducción de 123 kilómetros para el trasvase de agua a la capital del estado de Querétaro, agua extraída de los manantiales del río Moctezuma, a cuatro kilómetros debajo del Cañón del Infiernillo, en el municipio de Zimapán, estado de Hidalgo. Dicho mega proyecto anunciado en el año 2006 y con inicios de construcción en el año 2010 buscaba atacar la sobreexplotación del acuífero del Valle de Querétaro y dotar del vital líquido a zonas del estado de Querétaro sin servicio por el periodo de 50 años, es decir, hasta el año 2060.
Sin embargo, el Acueducto II fue y sigue siendo una obra poco conocida y desinformada para la sociedad en general, incómoda para otros y un excelente negocio para unos cuantos. Así lo menciona el Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis, Luis Enrique Granados Muñoz en su tesis Historia de las gentes y las cosas del Acueducto II de Querétaro. Emulación hidráulica, nobleza y negocios 1 . El objetivo: dejar de extraer agua de al menos 75 pozos del área metropolitana de la ciudad de Querétaro con inversión de la iniciativa privada de 1mil 200 millones de pesos, mientras que por parte del Gobierno federal la cantidad de 800 millones de pesos, deuda que contrató el Estado para el respaldo de la iniciativa privada y a su vez un aumento en las tarifas del agua de un 30.1 por ciento.
Desde el inicio de la construcción del Acueducto, los habitantes de Zimapán, en el estado de Hidalgo, solicitaron al gobierno Estatal de Querétaro y al federal, apoyo para la construcción de una infraestructura que les permitiera acceder a sus recursos hídricos, como condicionante para explotar el acuífero del Infiernillo y conducirla al centro de Querétaro, ya que ellos tenían manantiales de agua, pero no infraestructura para extraerla.
Erik Marte Rivera Villanueva, presidente de Zimapán, declaró al respeto: “Lo único que entregaron fueron 10 pipas que servirían para abastecer agua mientras se tenía la red completa, de las cuales solo el municipio tiene 5 y el resto las maneja la CEA en el estado”, “Sería un problema si no tuviéramos fuentes de abastecimiento, pero sí las tenemos, solamente se requiere invertir en infraestructura”2 .
Sin embargo, las demandas quedaron desatendidas. Autoridades de Hidalgo han declarado que Querétaro no paga el agua que se lleva, motivo por los cuales los habitantes de Zimapán, han amenazado con cortar el suministro al Acueducto en distintas ocasiones.
Durante la construcción y desarrollo de la obra, en distintos puntos del acueducto, ha surgido una serie de conflictos progresivos relacionados con el manejo, contaminación y despojo de aguas. Tales acontecimientos agudizan el contexto de conflictividad hídrica de Querétaro e Hidalgo.
Desde 2012, distintos actores han señalado una mala administración del proyecto por los gobiernos locales, y, en 2017, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) advirtió la disminución de tiempo de vida del acueducto debido a la falta de mantenimiento. Por consecuencia las fuentes de agua de la cuenca en la que se ubican en la ciudad capital no se han podido recargar de manera natural en el tiempo previsto3 .
La sobreexplotación de una de las fuentes que alimentan el acueducto, ubicada en la presa del Infiernillo ha provocado que la disponibilidad del cauce disminuya 1.14 metros por año. La distancia y los problemas de administración, también han provocado que el mantenimiento y la operación de la infraestructura, que potabiliza el agua, aumente en un costo anual de 216 millones de pesos, en promedio4 .
La calidad de agua, de las fuentes que abastecen al Acueducto ha sido cuestionada advirtiéndose en 1999 por investigadores de la UNAM altos índices de contaminación en ellas5 . A pesar de los estudios de la sociedad de Geología Mexicana, que indican que la contaminación por residuos provenientes de la actividad minera no rebasa los límites establecidos por la NOM-141, se han encontrado metales pesados ??y elementos tales como arsénico, plomo y mercurio, infiltrados en los manantiales desde la presa de Zimapán y detectados en los suelos superficiales tanto del municipio como del río Maconí6 .
Al respecto, la CONAGUA emitió diferentes comunicados desde el inicio en operaciones del Acueducto, indicando y reconociendo que en la zona hay casos de cáncer, una enfermedad frecuente en la zona, con origen multifactorial, por lo que no se puede concluir que los casos registrados en Zimapán estén relacionados con la presencia de arsénico7 .
La conflictividad asociada por un lado a la contaminación y despojo, por otro lado, a la continuidad en el abatimiento, degradación y no recuperación de las fuentes locales de agua, hacen evidente que el Acueducto II lejos de solucionar el problema del agua se ha convertido en un agravante que genera deuda ecológica, financiera y social no sólo al Estado de Querétaro, sino también al municipio de Zimapán y comunidades circunvecinas en el estado de Hidalgo.
Acueducto III
Ahora con el nuevo mega proyecto Acueducto III, recientemente el actual gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González ha señalado en diversas ocasiones que el agua sería extraída de la Presa Zimapán o de Tzibanzá, mientras que hasta mayo de este año el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, refirió que la obra empezará a construirse en 2023 con el objetivo de traer agua de la presa Zimapán.
Es importante plantear que en la presa Zimapán ya se está trabajando en el proyecto desde hace seis meses con estudios topográficos, de impacto ambiental, batimetría, trazado, y proyectos constructivos sin tener la venia de la población a través de consultas ciudadanas o campañas de información.
Con base a esto, se han alzado las voces de diferentes legisladores locales como lo es la diputada local de Hidalgo María del Carmen Lozano Moreno, que presentó un acuerdo económico solicitando al gobierno estatal y federal que se revisen los permisos para la construcción del Acueducto III que plantea el gobierno de Querétaro y analice la suspensión de los trámites.
A inicios del este mes de febrero, el gobernador queretano Mauricio Kuri González se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para presentar el proyecto ejecutivo para la construcción del sistema Acueducto III.
Por ello pugnamos para que el Secretario de Gobernación, pueda realizar investigaciones científicas, académicas y reunirse con las comunidades de Hidalgo, con el propósito de escuchar voces nuevas, enriquecer esta mega obra hídrica y en conjunto llegar a conclusiones benéficas para las comunidades tanto para Hidalgo como Querétaro. La ejecución del proyecto total del Acueducto III podría representar una inversión de más de 6 mil millones de pesos y el objetivo que tienen planteado es que su construcción arranque este mismo año.
El pueblo de Zimapán buscamos que antes de que se realice la continuación de este megaproyecto, se garantice el acceso y derecho al agua de las comunidades indígenas y cumplan con las promesas adquiridas por los gobiernos anteriores como lo son la edificación de escuelas, caminos y carreteras; el apoyo con proyectos productivos y sean abastecidos de agua.
En la actualidad, la zona metropolitana de Querétaro “recibe agua potable” a través del Acueducto II; no obstante, la concesión terminará en los próximos años, mientras que se busca que el Acueducto III garantice el suministro de agua por 50 años.
El 6 de marzo del presente año, decenas de habitantes de Zimapán y de diferentes comunidades de la zona se manifestaron en las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua8 ya que se encuentran en contra de la obra Acueducto III, solicitando la revisión de los convenios realizados entre 2010 y 2011 con la construcción del Acueducto II con el que se llevaron el agua del sistema El Infiernillo.
De igual manera buscan que se abran mesas de trabajo con autoridades de la Comisión Nacional del Agua a fin de abordar el trasvase de agua de Zimapán hacia Querétaro.9
Por ello, ante esta tribuna me sumo a las voces de las comunidades indígenas de Zimapán Hidalgo y de la sociedad queretana, para que cuenten con agua potable de calidad, solicitando que se atiendan las necesidades de abastecimiento de agua de ambas demarcaciones, así como el respeto al medio ambiente.
También solicito que se generen investigaciones ante las autoridades correspondientes del proyecto ya que se cuenta con infraestructura del Acueducto II sin embargo las tuberías no funcionan y no han distribuido el vital líquido a las colonias que tienen escasez de agua.
Así mismo, exhorto a que se detengan los trabajos del Acueducto III, hasta que se garantice el suministro de agua en las zonas de ambos estados, dado que el gobierno del estado de Querétaro pretende llevarse seis mil litros de agua por segundo, extraída del acuífero del Infiernillo, en Zimapán, Hidalgo, para usos industriales de este estado.
En virtud y en calidad de las atribuciones que me confiere el ser diputado federal, considero necesario realizar el exhorto correspondiente con proposición de
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos del estado de Querétaro e Hidalgo; a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Gobernación a escuchar a habitantes de comunidades indígenas del municipio de Zimapán y de habitantes del estado de Querétaro, a fin de cumplir con las demandas acordadas, producto del proyecto hídrico “Acueducto II” en Querétaro, así como cumplir con las demandas de personalidades académicas y ambientalistas producto del mega proyecto “Acueducto III.
Segundo. Realizar las investigaciones correspondientes, a fin de saber por qué no está operando el Acueducto II, teniendo ya la infraestructura de tubería, deslindar responsabilidades y ponerla en funcionamiento para el abasto de agua a comunidades indígenas de la zona.
Notas:
1. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GranadosMunozLuisEnrique.pdf
2. https://aldianoticias.mx/2019/04/06/queretaro-no-paga-el-agua-que-se-ll eva-de-zimapan-afirma-alcalde/
3. https://ri-ng.uaq.mx/bitstream/123456789/1401/1/RI007300.pdf
4. https://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-03-2017/se-avecina-crisi s-de-agua
5. https://agua.org.mx/queretaro-acueducto-ii/
6. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-3 3222013000300015
7. https://www.jornada.com.mx/2011/02/18/estados/035n2est
8. https://www.jornada.com.mx/notas/2023/03/06/sociedad/opositores-a-const ruccion-de-acueducto-en-queretaro-protestan-frente-a-conagua/
9. https://www.cronicahidalgo.com/2023/01/10/demandan-dialogo-respecto-a-e xploracion-de-el-infiernillo/
Dado en la Cámara de Diputados, el 9 de marzo de 2023.
Diputado Otoniel García Montiel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INM a que, durante los traslados de las mujeres migrantes en México, se garantice su protección y seguridad, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Ana Laura Valenzuela Sánchez, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXV legislatura del honorable Congreso de la Unión, y diputadas y diputados federales del PAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración (INM); Francisco Garduño Yáñez, a que, a través de la instancia y en el ámbito de sus atribuciones, durante traslados de las mujeres migrantes en México, se garantice protección y seguridad, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:
Antecedentes
La política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que el Estado mexicano sea parte y la Ley de Migración, se plasman en el reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
Según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la causa por la que más migra la población mexicana es por temas familiares; esto representa el 45.8 por ciento del porcentaje de la población de 5 y más años migrante estatal. La segunda causa por la que más migra la población es por cuestiones laborales y representa por el 28.8 por ciento de esta población. Sin embargo, también hay otros problemas por los que migran como la cuestión educativa y la inseguridad delictiva o violencia.1
El traslado de migrantes es un proceso que se lleva a cabo cuando se necesita mover a un grupo de migrantes de un lugar a otro, ya sea dentro del territorio de un país o entre diferentes países. Este proceso puede ser realizado por diversas instituciones o agencias gubernamentales, como el Instituto Nacional de Migración en México, o por organizaciones internacionales y no gubernamentales que se dedican a la protección de los derechos de los migrantes.
En general, el traslado de migrantes puede ser realizado por tierra, mar o aire, y se lleva a cabo con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas migrantes. Este proceso puede ser necesario por diversas razones, como la necesidad de trasladar a migrantes a centros de detención migratoria, a albergues o refugios temporales, o para facilitar su retorno voluntario a sus países de origen.2
Es importante que el traslado de migrantes sea realizado de manera segura y respetando los derechos humanos de las personas migrantes, incluyendo su derecho a la protección contra la violencia, la explotación y el abuso.
Mujeres migrantes
Actualmente la mujer ha adquirido un papel más activo en el fenómeno migratorio y se ha insertado en el mercado laboral para mejorar su calidad de vida, pero esto implica que sean las que más sufren índices de violencia y delitos. Enfrentan desafíos específicos en comparación con los hombres migrantes, así como también a menudo sufren de manera diferente.
Las mujeres envían aproximadamente la misma cantidad total de remesas que los hombres, enviando una mayor cantidad en proporción a sus ingresos, a pesar de que generalmente ganan menos que los hombres, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre marzo de 2015 y marzo de 2020, las entidades con mayor expulsión de mujeres son Jalisco (8.4 por ciento), Ciudad de México (7.5 por ciento) y Michoacán (6.0 por ciento).3
La mayor parte de las mujeres han sufrido violencia. Del total de mujeres de 15 años y más, el 70.1 por ciento ha experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.4
De acuerdo con la Endireh 2021, la prevalencia de violencia (de cualquier tipo a lo largo de la vida) contra las mujeres de 15 años y más en México, muestra que aquellas que experimentan mayor violencia son: las que residen en áreas urbanas (73.0 por ciento); de edades entre 25 y 34 años (75.0 por ciento); quienes cuentan con un nivel de escolaridad superior (77.9 por ciento) y las que se encuentran separadas, divorciadas o viudas (74.0 por ciento).5
La violencia contra las mujeres ha aumentado año tras año. La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 por ciento), seguida de la violencia sexual (49.7 por ciento), la violencia física (34.7 por ciento) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 por ciento).
Mientras que, de octubre 2020 a octubre 2021, 42.8 por ciento de las de mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia, la violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (29.4 por ciento), seguida de la violencia sexual (23.3 por ciento), la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (16.2 por ciento) y la violencia física (10.2 por ciento).
Por todos estos altos índices de delitos que padecen las mujeres. El género femenino sufre más durante sus traslados migratorios. Algunos de los delitos que sufren son:
1. Feminicidios: las mujeres migrantes sufren feminicidios que ocurren por una serie de factores como la discriminación de género, la violencia y por el simple hecho de ser mujer.
2. Violaciones: las mujeres migrantes son violadas por las personas que las guían en su trayecto o incluso por los migrantes que las acompañan.
3. Violencia de género: las migrantes sufren esta violencia con: abuso físico, sexual, psicológico o económico por parte de las personas que las llevan a cruzar la frontera o los mismos migrantes.
4. Robos y secuestros: Las mujeres migrantes pueden ser víctimas de robos y secuestros por parte de bandas criminales como los maras o narcos que operan en las rutas migratorias.
5. Tráfico de personas y de órganos: las mujeres migrantes que pasan por las fronteras a veces son secuestradas para explotación sexual o trata de blancas.
6. Abusos por parte de las autoridades: En algunos casos, las autoridades encargadas de vigilar las fronteras pueden abusar de su poder y maltratar a las migrantes durante el traslado o chantajearlas para poder cruzar la frontera.
En resumen, las mujeres migrantes pueden enfrentar una serie de desafíos durante su traslado, lo que puede afectar negativamente su bienestar físico, emocional y psicológico. Es importante que los gobiernos y organizaciones internacionales trabajen juntos para proteger y apoyar a las mujeres migrantes en todo momento. Es necesario implementar políticas migratorias más humanitarias que garanticen la seguridad y los derechos de las mujeres migrantes.
El Instituto Nacional de Migración (INM) es una institución gubernamental de México encargada de regular y gestionar los flujos migratorios en el país. Fue creado en 1989 y es parte de la Secretaría de Gobernación. Sus funciones son:6
- Controlar y supervisar la entrada y salida de personas del territorio mexicano.
- Regular la situación migratoria de los extranjeros que se encuentran en México, ya sea de manera temporal o permanente.
- Brindar protección y asistencia a los migrantes en situación de vulnerabilidad.
- Realizar programas de integración social para los migrantes que deciden establecerse en México de manera permanente.
- Colaborar con otras instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales para desarrollar políticas y estrategias migratorias.
- Expide documentos migratorios, como visas y permisos de residencia, así como de la coordinación de las autoridades migratorias en las diferentes entidades federativas del país.
Es por ello que vemos que hay muchos delitos que sufren las mujeres migrantes durante su traslado y el Instituto Nacional de Migración tiene la facultad para atenderlo, ya que supervisa la entrada y salida de personas del territorio mexicano y tiene la obligación de brindar protección y asistencia a las mujeres y hombres migrantes en situación de vulnerabilidad. Por eso se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración (INM); Francisco Garduño Yáñez, a que, a través de la instancia y en el ámbito de sus atribuciones, durante traslados de las mujeres migrantes en México, se garantice protección y seguridad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al titular del Instituto Nacional de Migración (INM); Francisco Garduño Yáñez, a que, a través de la instancia y en el ámbito de sus atribuciones, durante los traslados de las mujeres migrantes en México, se garantice protección y seguridad.
Notas:
1 INEGI. (2023). Porcentaje de la población de 5 y más años migrante estatal según su causa. Recuperado el 02 de marzo de 2023 de https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/
2 Estadísticas migratorias (2023). Recuperado el 02 de marzo de 2023 de http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadis ticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2022.pdf
3 INEGI. (2023) Migración internacional. Recuperado el 21 de febrero de 2023 de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PO BLAC21.pdf
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2023. Mujeres. Recuperado el 09 de febrero de 2023 de https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2023. Mujeres. Recuperado el 09 de febrero de 2023 de https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
6 Instituto Nacional de Migración (INM) (2023). Recuperado el 01 de marzo de 2023 de https://www.gob.mx/inm
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2023
Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México a hacer público un informe sobre el estado de salud de la elefanta Ely, suscrita por las diputadas Mariana Erandi Nassar Piñeyro y Melissa Estefanía Vargas Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscribimos, Mariana Erandi Nassar Piñeyro y Melissa Estefanía Vargas Camacho , diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México, a que hagan público un informe detallado sobre el estado de salud de la elefanta Ely, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 5 de marzo del 2023 , la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), a través de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, informó sobre la resolución del juicio de amparo promovido por un grupo de protectoras de animales con relación al caso de la elefanta africana (Loxodonta africana ) “Ely” que habita en el zoológico de San Juan de Aragón desde el 20 de agosto del 20121 . La elefanta fue adquirida desde el año 2012 por el gobierno de la Ciudad de México quien la compró a el circo “Hermanos Vázquez”, donde se encontraba en mal estado, y las activistas demandan que la elefanta, por su avanzada edad, sea liberada del encierro en el que se encuentra y sea trasladada a un santuario en Brasil.
En el informe antes referido, se señala que el juez dio por satisfecho que los cuidados para esta elefanta africana son suficientes e hizo constar que el albergue en el que habita está construido y ambientado acorde a la especie 2 , mencionando además que de acuerdo con la evaluación realizada por el juez, se establece que de ninguna manera es posible asegurar que la elefanta “Ely” haya sido o esté siendo maltratada o sea sujeta de actos de crueldad o que pongan en riesgo su salud, su vida o su integridad. La resolución cita que el trasladar al ejemplar de elefante africano “Ely” no necesariamente constituye una mejora a sus condiciones de vida. Además, el juez sostiene que no existen datos objetivos para poder afirmar que la elefanta africana “Ely” sea objeto de malos tratos, tortura, egoísmo, crueldad o condiciones semejantes que pongan en riesgo su salud, su integridad o su vida; y en cambio existe una gran diversidad de elementos verificables que dan cuenta de condiciones de alojamiento, salud, cuidado, atención, alimentación, medicación, vivienda y esparcimiento 3 .
No obstante lo señalado en la resolución judicial, en reiteradas ocasiones se ha denunciado, por parte de activistas protectoras de animales y en diversos medios de comunicación, que los animales que se encuentran en el zoológico de San Juan de Aragón sufren de maltrato y que además el lugar no cuenta con las instalaciones necesarias para su subsistencia, tal como en un nota del 10 de febrero del año en curso4 , el periódico Crónica reporta que a más de 60 años de su creación, el recinto muestra evidente signos de deterioro, y los animales no poseen las condiciones necesarias para vivir, sino estanques putrefactos y espacios muy reducidos, recordando que a lo largo de los años el zoológico ha estado envuelto en problemáticas como el alto número de especies que perdieron la vida en poco tiempo y denuncias por parte de los trabajadores que exhiben maltrato animal5 .
En la red social Twitter, se han pronunciado diversas personas que muestran fotografías y videos de “Ely” en evidente mal estado, tal como lo es la cuenta @AmigosDeEly , en la que se ha popularizado el hashtag #JusticiaParaEly , recodando además que nuestra propia legislación contempla que el Gobierno federal, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben regular el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales, esto de conformidad con el artículo 87 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, siendo un principio del trato digno el proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie, por todo ello es que no podemos permitir que el Gobierno de la Ciudad de México, escudándose en una resolución judicial, de un carpetazo al tema tan importante de la elefanta “Ely”, y que evadan presentar un informe detallado sobre su estado de salud, y que además no aclaren los motivos por los cuales se niegan al descanso de la elefanta, incurriendo en un evidente maltrato animal , el cual se define, según la Ley General de Vida Silvestre, como todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México, a que hagan público un informe detallado sobre el estado de salud de la elefanta “Ely”, así como también informen los motivos por los que, a pesar de su avanzada edad, aún se exhibe en el zoológico de San Juan de Aragón.
Notas:
1. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. “Informa Sedema resolución del juicio de amparo con relación al caso de la elefanta “Ely”: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-sedema-resoluc ion-del-juicio-de-amparo-con-relacion-al-caso-de-la-elefanta-ely (Consultado el 06 de marzo del 2023)
2. Ídem.
3. Ídem.
4. Crónica. “El Zoológico de Aragón, espacio para el no cuidado animal” https://www.cronica.com.mx/metropoli/zoologico-aragon-espacio-cuidado-a nimal.html (Consultado el 06 de marzo del 2023)
5. Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2023.
Diputadas: Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Melissa Estefanía Vargas Camacho (rúbricas)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Insabi, en el marco del programa IMSS-Bienestar, a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la provisión gratuita y oportuna de medicamentos en los centros de atención a la salud en San Luis Potosí, a cargo del diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La protección de los derechos fundamentales de los seres humanos se ha constituido como uno de los retos más importantes para los gobiernos alrededor del mundo. En nuestro país los derechos humanos han alcanzado especial relevancia, pues a partir de su reconocimiento e inclusión en el orden jurídico se ha buscado mejorar la condición de vida de las y los mexicanos.
El acceso a la salud es uno de los derechos más importantes para las personas ya que constituye la base para establecer condiciones de igualdad en el ejercicio de los derechos sociales, políticos y económicos, así como para el libre desarrollo de la personalidad y como condición básica para el despliegue de las potencialidades humanas.
En nuestro país el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo cuarto establece que “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud”.
En el mismo sentido, gracias al impulso del gobierno del presidente López Obrador y con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, se logró establecer en el texto constitucional, la obligación del Estado de instaurar “un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
Para lograr lo anterior, se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado en la Secretaría de Salud. El artículo cuarto del Estatuto Orgánico del Insabi tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar en coordinación con la secretaría, en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del sistema.
En esta misma lógica, se creó IMSS-Bienestar, un organismo público no sectorizado, con patrimonio propio y autonomía técnica, que garantiza infraestructura, equipamiento y profesionales técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel para cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 constitucional. Se trata de un programa que evolucionó para tener más capacidades para levantar el sistema de salud en el país y garantizar que se brinde atención médica a la población sin seguridad social y en lugares remotos con los mismos estándares que en el IMSS.
En este contexto, diversas entidades del país han firmado convenios con el gobierno federal para la federalización de los servicios de salud que se prestan en sus territorios en aras de garantizar el acceso a la salud de sus habitantes, como es el caso de San Luis Potosí.
En agosto del año pasado el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), firmó con el gobierno de San Luis Potosí el Acuerdo Marco para la Ampliación del Programa IMSS-Bienestar en la entidad, con el objetivo de brindar servicios de salud gratuitos a la población sin seguridad social y contar con personal médico suficiente, medicamentos, equipamiento e infraestructura adecuada.
Si bien lo anterior constituye un esfuerzo sin precedentes, lo cierto es que aún existen algunas falencias como es el caso del abasto oportuno de medicamentos, los cuales son indispensables para garantizar el acceso a la salud.
La propia Ley General de Salud señala que para lograr una efectiva protección de la salud se deberán contemplar servicios básicos como la disponibilidad de medicamentos, tal y como se cita a continuación:
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:
I. a VII. ...
VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;
IX. a XI. ...
De ello podemos advertir que los medicamentos representan un elemento indispensable para lograr que la protección de la salud sea integral; que además de la prestación de los servicios de salud -entendidos como la atención y diagnóstico por parte de un profesional médico-, se garantice un tratamiento adecuado con los medicamentos necesarios para alcanzar niveles óptimos de bienestar físico y mental.
Dicha premisa es retomada en prácticamente todas las leyes y reglamentos aplicables a la materia, dejando claro que para proteger la salud de la población no basta con brindarle atención médica, sino que son también indispensables los medicamentos que garanticen la recuperación de la misma a quienes así lo requieren.
Desafortunadamente, como dijimos, existe evidencia de falta de medicamentos en los hospitales y centros de salud que componen el sistema público de salud. A la fecha, continuamos observando cómo personas con diversos padecimientos siguen acusando la falta de medicamentos, la mayoría de ellos sin condiciones económicas para poder adquirir sus tratamientos por cuenta propia, lo cual los imposibilita para poder atender su enfermedad y poder gozar de un estado óptimo de salud.
Esta situación está afectando a los centros de salud de la región del altiplano en San Luis Potosí y así lo han señalado algunos pacientes y sus familiares. “Es obvio que el problema del desabasto de medicamentos es una realidad, no es un asunto de desacreditar o de estar desinformando y esto adolece en todo Matehuala y la región, no es un asunto de un paciente o de dos, estamos documentando la falta de medicamentos, las quejas ante el IMSS, porque no puede seguir en este tenor”.1
Por su parte, la ciudadanía en general ha remitido quejas por falta de medicamentos y material de curación en diversos hospitales del estado pertenecientes en donde opera el programa IMSS-Bienestar.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Instituto de Salud para el Bienestar a que, en el marco del programa IMSS-Bienestar, lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar la provisión gratuita y oportuna de medicamentos en los centros de atención a la salud donde opera dentro del estado de San Luis Potosí.
Notas:
1 Véase, Protestan en Clínica 10 de Matehuala por falta de medicamentos, Canal 7 SLP, 02 de septiembre de 2022. Disponible en: https: //canal7slp.tv/2022/protestan-en-clinica-10-de-matehuala-por-falta-de-m edicamentos/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2022.
Diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a hacer pública la información del supuesto espionaje realizado por elementos de la Sedena; asimismo, a la FGR a iniciar las investigaciones correspondientes de las víctimas o involucrados de espionaje del malware Pegasus, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:
Exposición de Motivos
Antecedentes
I. El pasado 8 de agosto de 2022 en conferencia matutina se originaron las primeras declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador respecto a la presentación de la iniciativa para cambiar la adscripción de la GN:
“Presidente Andrés Manuel López Obrador: Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera de mis atribuciones. Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno en el gobierno puede ser por decreto, puede ser una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios.”
Para el día 26 de agosto de 2022, en la conferencia matutina, el presidente declaró:
“Entonces, para que se incorpore la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa —que lo que queremos es que sea una rama de la Secretaría de la Defensa, con la idea de que perdure y que sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública— bueno, esa propuesta requiere de una reforma constitucional.”
“Entonces, sin reforma constitucional, voy a enviar el día primero una iniciativa de ley integral para que en los márgenes legales se pueda lograr este propósito.”
El pasado 29 de septiembre de 2022, conforme a datos del reportaje del sitio de noticias Latinus, el Grupo Guacamaya hackeó sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y obtuvo seis terabytes de información con comunicaciones y documentos sobre temas como seguridad, contratos de obra pública y la salud del propio presidente. La Sedena sufrió un ciberataque que expuso presuntos correos y documentos sobre operativos de seguridad, así como contratos del Ejército.1
Para la primera entrega sobre información filtrada se hicieron públicos documentos sobre la salud del presidente López Obrador; las medidas tomadas por el Ejército en octubre de 2019, durante el llamado ‘Culiacanazo’, cuando se dio un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en Sinaloa para obligar la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”; y una carta entre el secretario de la Marina y el secretario de la Defensa Nacional, en donde se muestran diferencias en torno a sus criterios de seguridad sobre el Aeropuerto Internacional de la CDMX.
Asimismo, se difundió que en la información obtenida, que equivale a 36 millones de documentos PDF y 1.5 millones de fotos o 3 mil horas de video,2 se tienen informes de inteligencia sobre líderes criminales y políticos, transcripciones de intervenciones telefónicas, informes extraoficiales sobre víctimas mortales en operativos militares y datos sobre presencia militar en diversas actividades a lo largo del país.3
II. Conforme a datos publicados por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) R3D el pasado 2 de octubre de 2022, la investigación “Ejército Espía” reveló que al menos dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos fueron espiados con el malware Pegasus entre 2019 y 2021.4
Asimismo, se describe que la investigación mostró documentos que comprueban y señalan que el Ejército adquirió en 2019 un “sistema de monitoreo remoto de información” a Comercializadora Antsua, cuya empresa tiene los derechos exclusivos para vender licencias de Pegasus y realizó pagos por cerca de 140 millones de pesos. A cinco meses de la revelación, el Ejército ha mentido y ocultado sistemáticamente los contratos con la proveedora de Pegasus, además de negar su participación en los hechos, lo anterior y como lo hemos venido manifestando durante los últimos meses atenta en contra de la transparencia de rendición de cuenta, ya que ha sido una constante el clasificar información que es de interés para la sociedad.
Asimismo, que una agencia militar secreta espió con Pegasus al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, con pleno conocimiento y participación del Alto Mando, para interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas.5
En este sentido vale la pena señalar que, en los días posteriores al enfrentamiento, el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos recibió información de que una persona había reconocido a su hijo como una de las víctimas. Se trataba del padre de Damián Genovez Tercero, un migrante de Chiapas de apenas 18 años, desaparecido desde el 24 de junio.6
En los días siguientes, otra persona identificó a otra de las víctimas como Ángel Núñez, un mecánico de 27 años, que había desaparecido el 27 de junio. Otro familiar reconoció a una tercera víctima como Arturo Garza, estudiante de Ingeniería de 19 años, quien había sido secuestrado por el crimen organizado. De acuerdo con los testimonios de los propios familiares de las víctimas ponían en tela de juicio la versión oficial del Ejército. El padre de Arturo Garza relató incluso que su hijo iba a ser liberado, tras pagar una suma por su rescate, el mismo 3 de julio, día del enfrentamiento.
En meses pasados, el periódico El Universal mostró un vídeo grabado por la cámara que porta en el cuerpo uno de los elementos del ejército mexicano. En dichas imágenes puede observarse el ilegítimo uso de la fuerza por parte de los soldados, así como la ejecución extrajudicial de al menos una persona. El mismo día, el presidente López Obrador ordenó en su conferencia mañanera que se investigara el caso. La respuesta del Ejército fue espiar ilegalmente a Raymundo Ramos.
Respecto al uso de la fuerza la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala en el Manual del Uso de la Fuerza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Acción de Inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, estableció lo siguiente:
“3. Principios Aplicables al Uso de la Fuerza
A. ...
B. El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.
a. Oportunidad, cuando se utiliza en el momento en que se requiere, se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y en general, la afectación de los derechos de los habitantes.
c. Racionalidad, cuando su utilización es producto de una decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas armadas ; lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza por no poder recurrir a otro medio alternativo...
Aunado a lo anterior en un análisis forense actualizado de Citizen Lab de la Universidad de Toronto comprobó que el teléfono de la propiedad de Raymundo Ramos fue infectado con Pegasus en diferentes ocasiones entre el 16 de agosto de 2020 y el 2 de septiembre de 2020. Desde la filtración de documentos del colectivo Guacamaya demostró cómo el Ejército se dedica a realizar espionaje, en este caso el de Raymundo Ramos con el conocimiento del Alto Mando.
De acuerdo con una tarjeta informativa que fue reservada y elaborada por la inteligencia militar el 2 de septiembre de 2020 bajo el nombre “Actividades Raymundo Ramos ”, describe las conversaciones que sostuvo Raymundo Ramos con diversos periodistas de el Periódico Universal, Televisa y del País, entre el 16 de agosto y el 26 de agosto; es decir, exactamente durante las fechas en que el análisis forense de Citizen Lab concluyó que el teléfono de Raymundo Ramos estaba infectado con el programa de Pegasus.
Desde hace varios años se ha expuesto que el “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” es el mismo objeto contractual que la Sedena utilizó en contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto para adquirir licencias del malware Pegasus a través de la empresa Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V. Es decir, que las mismas prácticas se operaban desde la administración del PRI y la utilización desde el Cisen y la extinta Procuraduría General de la República. En pocas palabras, una práctica que se opera desde las altas esferas del poder de la administración pública federal.7
Incluso, ya desde 2013 a 2019 la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló deficiencias o vulnerabilidades relativas a la seguridad digital hacia la Sedena, así como en el área de tecnologías de información. Además, se encontró que 18 de 20 controles tenían deficiencias y vulnerabilidades en materia de seguridad nacional, entre ellas:
- Deficiencias en los controles de ciberdefensa para la infraestructura de hardware y software de la secretaría, relacionadas con las directrices, infraestructura y herramientas informáticas en esta materia, que podrían afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, poniendo en riesgo la operación de la Sedena.
- Entre otras irregularidades graves, la Auditoría Superior de la Federación detectó falta de control en la configuración segura para hardware y software en dispositivos móviles, computadoras portátiles, estaciones de trabajo y servidores, evaluación continua de la vulnerabilidad y solución, así como protección de correo electrónico y navegador web.
- No se cuenta con evidencia documental acerca de las actividades realizadas por la Sedena para verificar que los minutos que reportaba el proveedor fueran los utilizados por la secretaría.
- El administrador del contrato no elaboró, revisó o aprobó los dictámenes y oficios de aceptación parcial para ninguna de las partidas del contrato.8
Lo anteriormente descrito resulta preocupante no sólo por la afectación a las instituciones en materia de seguridad nacional o que vulneren la información que en todo caso pudiera ser mal utilizada para afectar el orden y la paz pública de nuestro país, además de quedar en evidencia de que existe hasta la fecha una omisión por parte de las autoridades de las recomendaciones que se han hecho de se utilizan a las instituciones para la vigilancia y espionaje de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, prácticas recurrentes del viejo régimen priista de espiar y vigilar a quienes les incomodaban en el gobierno en turno.
Asimismo, de toda la información contractual, financiera y forense disponible, la investigación concluye que el Centro Militar de Inteligencia opera ilegalmente el malware Pegasus en México desde la época priista del expresidente Enrique Peña Nieto y dichas prácticas se siguen dando en la actual administración con las Fuerzas Armadas.
Una nueva evidencia presentada ya desde hace varias semanas por Animal Político y la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3d señala que la Sedena utilizó una estructura militar secreta de espionaje ilegal, con pleno conocimiento del Alto Mando, para obstaculizar el esclarecimiento de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército. A pesar de todas las pruebas, el Ejército sigue negándose a colaborar con las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre el espionaje con Pegasus.9
El espionaje en nuestro país es considerado como un delito por la intervención de las comunicaciones, donde las víctimas de dichos abusos interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República y señalan que desconocen los avances de la investigación por el espionaje realizado de manera arbitraria, incluso casos presentados desde 2017.
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:
“Artículo 16 . Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento . En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastara? con que quede constancia de ellos en cualquier medio que de? certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo”.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente debera? fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”.
Asimismo, el artículo 177 del Código Penal Federal establece lo siguiente:
Artículo 177.- A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.
La Secretaría de la Defensa Nacional es una dependencia del Poder Ejecutivo federal, con la misión de organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con objeto de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior y coadyuvar con el desarrollo nacional. Además, hemos señalado lo preocupante de continuar con militarizar actividades de autoridades civiles como han sido la Guardia Nacional, las aduanas, actividades de infraestructura y en recientes días de los aeropuertos y el espacio aéreo.
Por tal razón, quienes integramos la Bancada Naranja creemos necesario la intervención del Ejecutivo federal y de la Fiscalía General de la República antes los supuestos delitos de espionaje perpetrados desde la Secretaría de la Defensa Nacional hacia periodistas, activistas de derechos humanos, defensores de medio ambiente y personas que han sido víctimas de asesinato por elementos de las Fuerzas Armadas y que contradicen a la información que se da a la opinión pública de excederse en el uso de la fuerza y convertirla en letal. Asimismo, hacemos un enérgico llamado a que se dejen de realizar prácticas tan lastimosas e ilegales de espionaje hacia las y los ciudadanos mexicanos desde hace varias administraciones, pero especialmente durante la administración priista a la constante violación de comunicaciones privadas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. - La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones legales, haga pública la información del supuesto espionaje realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus facultades y sus respectivas competencias, inicie la investigaciones correspondientes de las víctimas o involucrados de espionaje con el malware Pegasus y, en su caso, se determinen las sanciones penales en contra de los implicados.
Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la República para que haga pública la información de las denuncias presentadas por espionaje, respetando la secrecía de los procesos, así como informe oportunamente el estatus y el avance de las denuncias presentadas por las víctimas de espionaje.
Notas:
1 Hackean al Ejército: Latinus revela documentos sobre seguridad, contratos y salud de AMLO, Animal Político, 29 de septiembre de 2022, recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2022/09/hackean-ejercito-latinus-documen tos/
2 Loret Capítulo 96, Latinus, 29 de septiembre de 2022, recuperado de: https://latinus.us/2022/09/29/loret-capitulo-96/
3 https://m-x.com.mx/al-dia/que-es-el-grupo-guacamaya-y-que-datos-sensibl es-filtro-de-la-sedena
4 Ejército Espía, r3d mx,Pegasus, consultado de: https://ejercitoespia.r3d.mx/
5 Idem
6 idem
7 Idem
8 Hackeo: desde 2021 ASF reprobó a SEDENA por deficiencias graves en ciberseguridad, EMEEQUIS, 30 de septiembre de 2022, recuperado: https://m-x.com.mx/al-dia/hackeo-desde-2021-asf-reprobo-a-sedena-por-de ficiencias-graves-en-ciberseguridad
9 La Sedena obstaculiza la investigación sobre el espionaje realizado con Pegasus en este sexenio, Animal Político, 8 de marzo de 2023, recuperado de: https://www.animalpolitico.com/seguridad/sedena-frena-investigacion-esp ionaje-pegasus
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2023.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los tres órdenes de gobierno a colaborar en las mejoras necesarias para el estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Antolín Guerrero Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que suscribe, Antolín Guerrero Márquez, diputado en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a escrutinio de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero.- México siempre había tenido un gobernante absoluto, desde los tlatoanis aztecas hasta los presidentes priístas, pasando por los virreyes y los caudillos del siglo antepasado; hasta ahora, nuestro país nunca había experimentado un equilibrio de poderes real.
El arribo del siglo XXI trajo a México consigo la llegada de la democracia, por primera vez en la historia los mexicanos podemos elegir libremente a quien queremos que nos gobierne.1
Segundo .- El republicanismo surge en su forma moderna de las doctrinas enciclopedistas del siglo XVIII, encarnadas más claramente en las revoluciones norteamericana y francesa, tomando como bases de su definición ideológico política, la separación de poderes y la soberanía popular, contra la visión en aquella época casi universalmente extendida de la soberanía como privilegio del monarca2 .
Tercero .- En materia de derechos humanos, es el Gobierno de la República el que representa a México frente a los organismos internacionales, pero son los tres órdenes de gobierno los que tienen la responsabilidad y la obligación de trabajar de manera articulada y avanzar conjuntamente en el tema3 .
Cuarto.- El estado de San Luis Potosí oficialmente llamado “Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí”, es uno de los treinta y un estados que, junto con la Ciudad de México, conforman México, su capital y ciudad más poblada es la homónima San Luis Potosí, está ubicado en la región centro norte del país, limitando al norte con Nuevo León y Tamaulipas, al este con Veracruz de Ignacio de la Llave, al sur con Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, y al oeste con Zacatecas, fue fundado el 3 de noviembre de 1592.
Se divide en 58 municipios, aparte la capital los municipios con mayor difusión y más importantes es Matehuala, Tamamsopo, Río Verde, Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Cerro de San Pedro, Vanegas, Cerritos, San Vicente, Tancuayalab, Charcas4 .
Quinto.- Es un estado rico por sus paisajes y naturaleza, además de contar con una gran biodiversidad, donde existe un contraste con exuberantes valles y bosques salpicados por bellas cascadas.
San Luis Potosí se encuentra en un área geográfica con poblaciones que, por condición etaria, de sexo y de pertenencia étnica, viven en situación de pobreza, ausencia de seguridad social, servicios básicos, carencia alimentaria, rezago educativo, así como violaciones sistemáticas que obstaculizan el ejercicio de sus derechos humanos5 .
Sexto .- Derivado a la pluralidad y democracia en México existen ideologías diversas, con distintos partidos políticos en sus diferentes órdenes de gobierno, en el estado de San Luis Potosí, son distintos los retos y problemas a enfrentar, a través de la política se necesita mantener el equilibrio a todos niveles de gobierno.
Por ello la importancia del trabajo en conjunto creando lazos y puentes, en el mismo bien en común, sus habitantes, quienes son los que requieren de la participación en armonía y justa.
Séptimo .- A partir de la administración del actual presidente del 2018, se están modificando las leyes para una implementación para los pueblos indígenas, y los pobres, teniendo la primicia en este sector de la sociedad, no pueden existir, la individualidad y los protagonismos, se necesita y se exige tener la obligación de trabajar juntos.
Por lo anterior, someto a consideración de las y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los Tres Poderes de Gobierno Federal, Local y Municipal, a colaborar en las mejoras necesarias para el estado de San Luis Potosí
Notas:
1. https://epikeia.leon.uia.mx/old/numeros/09/epikeia09-los_sistemas_de_go bierno.pdf
2. https://epikeia.leon.uia.mx/old/numeros/09/epikeia09-los_sistemas_de_go bierno.pdf
3. https://www.gob.mx/segob/prensa/los-tres-ordenes-de-gobierno-responsabl es
4. https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
5. https://educiac.org.mx/fortalecimiento-de-la-sociedad-civil-en-san-luis -potosi-para-el-desarrollo-local/
Dado en la Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2023.
Diputado Antolín Guerrero Márquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Bienestar a que informe a la ciudadanía sobre el cambio de sus oficinas de atención al público de los ayuntamientos de Epitacio Huerta y Ciudad Hidalgo, Michoacán, a cargo de la diputada Berenice Juárez Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputada Berenice Juárez Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el proyecto de proposición con propuesta de acuerdo por medio del cual y con base en las fiscalizaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación durante los años de operación del programa: Se le exhorta y solicita, respetuosamente, a la Secretaría del Bienestar a que regrese la oficina de Bienestar a las oficinas de los Ayuntamientos de Epitacio Huerta y Ciudad Hidalgo, Michoacán. Además, de investigar y rendir un informe por escrito a la ciudadanía sobre el estatus de las oficinas alternas que se han utilizado en edificios privados. Bajo las siguientes:
Consideraciones
Los servicios públicos son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que brindan a la ciudadanía acceso a necesidades básicas, como atención médica, educación y seguridad. Cuando los servicios públicos se alojan en edificios privados, la prestación de estos servicios puede volverse restringida y menos accesible para el público en general, en particular para aquellos que no pueden pagarlos o que sus condiciones físicas hacen complejo el acceso a estos. Esto podría dar lugar a un acceso desigual a los servicios esenciales, lo que socavaría los principios de igualdad y equidad que son fundamentales para las sociedades democráticas.
Además, cuando los servicios públicos se alojan en edificios privados, a menudo están sujetos a los intereses y prioridades del propietario u operador del edificio privado, lo que puede no estar alineado con el interés público. Esto podría conducir a cortes o reducciones en la calidad del servicio, ya que la entidad privada puede priorizar sus propias ganancias sobre la provisión de servicios públicos adecuados.
Además, la transparencia y la rendición de cuentas de los servicios públicos pueden verse comprometidas cuando se alojan en edificios privados. En las oficinas públicas, por lo general, existe un mayor control y escrutinio, así como procedimientos establecidos para el manejo de quejas y asuntos relacionados con la prestación de servicios. Esto ayuda a garantizar que la provisión de servicios públicos sea justa, transparente y responsable ante el público.
Mantener los servicios públicos en las oficinas públicas es importante porque garantiza que estos servicios sean accesibles, transparentes y rindan cuentas al público. Esto ayuda a promover la igualdad, la justicia y la confianza en las sociedades democráticas y protege el interés público.
Respecto a los casos mencionados en los municipios de Epitacio Huerta y Ciudad Hidalgo, Michoacán, la comunicación a la ciudadanía sobre el cambio repentino de ubicación de los servicios de la Secretaría de Bienestar no fue informado a la ciudadanía.
La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son componentes críticos de los servicios públicos efectivos y confiables.
La transparencia requiere que el público tiene acceso a la información sobre cómo se prestan los servicios públicos y cómo se toman las decisiones. Esto incluye acceso a información sobre presupuestos, políticas y procedimientos, así como informes periódicos sobre el desempeño de los servicios públicos. La transparencia ayuda a generar confianza en el servicio público, ya que permite a los ciudadanos responsabilizar a los proveedores por sus acciones y decisiones.
Rendición de cuentas implica que los proveedores de servicios públicos son responsables de sus acciones y decisiones. Esto incluye ser responsable de garantizar que los servicios públicos se brinden de manera justa, eficiente y eficaz, y que satisfagan las necesidades del público. Los proveedores de servicios públicos deben estar abiertos a comentarios y quejas, y deben establecerse procesos para abordar cualquier problema que surja.
El acceso a la información es importante porque ayuda a garantizar que el público tenga la información que necesita para tomar decisiones informadas sobre los servicios que utiliza y los proveedores en los que confía. Esto incluye información sobre la calidad de los servicios, costos y opciones para proveedores alternativos. Cuando el público tiene acceso a información precisa y actualizada, está mejor equipado para tomar decisiones informadas sobre sus servicios públicos.
En resumen, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son importantes para garantizar que los servicios públicos sean confiables, efectivos y respondan a las necesidades del público. Ayudan a generar confianza pública en la provisión de servicios públicos y aseguran que estos servicios se brinden de una manera justa, eficiente y de interés público.
Hay varias razones de peso por las que los espacios diseñados para atender a las personas necesitadas y las poblaciones minoritarias deben estar equipados con las condiciones necesarias para brindar un apoyo efectivo:
Dignidad y respeto: Brindar a las personas necesitadas y a las poblaciones minoritarias espacios equipados para satisfacer sus necesidades ayuda a demostrar dignidad y respeto por su situación. Esto puede incluir contar con los recursos apropiados, como asientos y áreas privadas, para garantizar que las personas se sientan cómodas y seguras al acceder a los servicios.
Accesibilidad: los espacios diseñados para atender a las personas necesitadas y las poblaciones minoritarias deben ser accesibles, lo que significa ser accesibles física y programáticamente para todas las personas, independientemente de su capacidad. Esto puede incluir características como rampas, ascensores y baños accesibles, y puede ayudar a garantizar que todos tengan el mismo acceso a los servicios.
Inclusividad: los espacios diseñados para satisfacer las necesidades de las personas necesitadas y las poblaciones minoritarias deben ser inclusivos y acogedores para todos, independientemente de su edad, raza, etnia, género, orientación sexual u otras características personales. Esto puede ayudar a promover un sentido de comunidad y pertenencia, y puede alentar a las personas a acceder a los servicios que necesitan.
Calidad de los servicios: cuando los espacios diseñados para atender a personas necesitadas y poblaciones minoritarias están equipados con las condiciones necesarias, puede tener un impacto positivo en la calidad de los servicios prestados. Por ejemplo, contar con la tecnología adecuada, como computadoras y acceso a Internet, puede ayudar a los proveedores de servicios a trabajar de manera más eficiente y eficaz, lo que genera mejores resultados para los clientes. Incluyendo su cercanía tanto física como colaborativa con otras entidades prestadoras de servicios públicos.
Salud y seguridad: Brindar espacios que estén equipados para satisfacer las necesidades de las personas necesitadas y las poblaciones minoritarias también puede ayudar a garantizar la salud y la seguridad.
En conclusión, los espacios diseñados para atender a las personas necesitadas y las poblaciones minoritarias deben tener las condiciones necesarias para brindar un apoyo efectivo porque ayuda a garantizar la dignidad, el respeto, la accesibilidad, la inclusión, la calidad de los servicios y la salud y seguridad de todas las personas. Esto puede ayudar a mejorar los resultados y el bienestar general de estas poblaciones y puede promover una sociedad más equitativa y justa.
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta a la persona titular de la Secretaría del Bienestar a que informe a la ciudadanía sobre el cambio de sus oficinas de atención al público de los Ayuntamientos de Epitacio Huerta y Ciudad Hidalgo, Michoacán.
Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 9 del mes de marzo del año 2023.
Diputada Berenice Juárez Navarrete (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y a la Conagua a diseñar e implementar un nuevo programa emergente de apoyo a las y los pequeños productores ganaderos del estado de Nuevo León, que les ayude a combatir la fluctuación de precios dentro de este sector, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Juan Francisco Espinoza Eguía , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el marco de la celebración del Día Nacional de la Ganadería que se conmemora el día 6 de marzo de cada año, se reconoce la loable actividad que desarrollan miles de personas en el territorio nacional y que gracias a su trabajo los hogares y las familias mexicanas cuentan con la posibilidad de adquirir un producto de alta calidad.
De acuerdo con propios datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en nuestro país se producen y comercializan poco más de 25 millones de toneladas de productos cárnicos anualmente, por lo que México es la 6a economía a nivel global con mayor producción de carne.
Para lograr este lugar, dentro del territorio nacional, están identificados más de 80 mil personas que dependen directamente de este mercado y aproximadamente poco más de 35 mil personas son beneficiarias de este mercado de forma indirecta.
De forma más particular y materia de este exhorto, en Nuevo León se tiene registro de poco más de 20 mil personas ocupadas que se dedican a las actividades pecuarias y cuyo valor asciende a los 9 mil 231 millones de pesos aproximadamente.
Adicionalmente, las actividades pecuarias contribuyen con el 63.9% del valor del sector primario en Nuevo León, lo cual la posiciona como una industria de gran relevancia por encima de la actividad agrícola y pesquera; teniendo mayor participación en la producción de bovino y carne de ave.
Asimismo, vale destacar que el sector ganadero mexicano, no es exclusivo de consumo interno, por el contrario, los productos cárnicos son de calidad de exportación, estando justo a niveles como el de Estados Unidos, Brasil o China.
Prueba de lo anterior es el incremento que este sector tuvo en 2022, cuando se alcanzó una cifra récord de poco más de 2.5 millones de toneladas exportadas, lo que representa un incremento del 4% respecto al año anterior.
Las cifras y récords son el reflejo de una industria desarrollada que, pese a las inclemencias económicas globales, ha sabido como mantenerse a flote y seguir ofreciendo productos de alta calidad tanto al interior como al exterior de México.
No obstante, pese a que, en México, existe una industria ganadera robusta la realidad es que no todos quienes participan dentro de este mercado, cuentan con las mismas posibilidades y oportunidades para ser competitivos entre pares y no verse afectados por grandes productores que influyen fuertemente en los precios en este rubro.
Para esto, se ha observado que en pequeñas células económicas ganaderas que cuentan con 20 cabezas o menos, las afectaciones vienen por mismos integrantes de la misma cadena de valor como es en las “engordadoras”, donde al pequeño productor se le llega a pagar cada vez menos por cada unidad que pone en venta, lo que significa que el precio de compra para los pequeños dueños de ganado ni siquiera llega a cubrir gastos de operación y mantenimiento de los animales.
Adicionalmente, otro factor que afecta e influye en el sistema de precios de este sector es el cambio climático y me refiero principalmente al estado de sequía que sufren las entidades federativas del norte del país como Nuevo León, donde la escases de agua es un problema recurrente que afecta el desarrollo del mercado ganadero y crea conflictos donde el más perjudicado es y será el pequeño productor.
Debido a la extrema situación de sequía miles de productores sobre todo de Nuevo León, tuvieron que adaptarse o simplemente afrontar las graves pérdidas que generó el vacío de las presas y la falta de lluvias que afectaron profundamente la producción pecuaria.
El problema del agua sumado a la situación inflacionaria actual de México, son dos factores claves que están demoliendo la producción de alimentos sobre todo en el norte del país, donde la combinación de estos dos problemas revienta el mercado de consumo y generan desequilibrios importantes entre la población que forma parte de este sector.
De acuerdo con un artículo de la Universidad Autónoma de Nuevo León “Exige escasez de agua en Nuevo León modificar cuidado del ganado”, publicado en abril de 2022, los ganaderos nuevoleoneses llegan a invertir en cada unidad pecuaria entre el 65% y el 75% de sus recursos en la alimentación de los animales; por lo que, si consideramos que cada animal de al menos 500 kilos de peso, requiere de poco menos de 20 kilos de alimento y cerca de 60 litros de agua, cada año con una situación extrema de sequía reduce las condiciones de producción y afecta tanto la disponibilidad, como la calidad y sobre todo el costo de producción y por tal el precio de consumo.
De esto último, y aunado a los problemas de escases de agua e incremento en los precios, para este 2023 y desde el 2022, con la llegada del nuevo Paquete Económico para estos mismos años, resultó por demás sorpresivo que no se contemplara ningún monto o asignación de recursos para programas especializados en sector pecuario que combatan la fluctuación de precios y protejan la estabilidad económica de las personas que dependen de este mercado.
Por el contrario, se ha observado una clara tendencia a ir disminuyendo los fondos asignados para el campo y la protección del Sistema Alimentario en México, o simplemente realizar variaciones menores que no significan algún cambio profundo que ayude a fortalecer el campo.
Esta situación no es exclusiva del sector ganadero, esta es una realidad que están sufriendo distintos mercados y sectores que actualmente ante las variaciones tan agresivas el sistema de precios y la escasez de agua afecta directamente a cientos de miles de familias del campo mexicano.
En este sentido, en cada sector e industria económica de México, afectados en el último año por las variaciones en los precios y la falta de agua, siempre los más perjudicados son los pequeños productores, quienes, debido a la falta de acción por parte del Ejecutivo federal, ven mermadas sus posibilidades de desarrollo.
Por tal motivo, resulta preocupante que, al 4o año de Ejercicio del Ejecutivo federal, todos los programas y acciones que se anunciaron desde un principio para apoyar al campo incluido el sector ganadero, solo se quedaron en buenas promesas que no resultaron en ninguna acción concreta.
Abandonar a la gente a su suerte, principalmente en áreas como la producción de alimentos es una decisión errada que no solo afecta a la población que vive de este mercado, si no a todas y todos los mexicanos que día a día consumen productos nacionales que vienen desde nuestros campos.
Resulta entonces necesario hacer un ejercicio de reflexión sobre el estado que guardan los mercados primarios en nuestro país principalmente aquellos asociados al Sistema Alimentario Mexicano.
Derivado de este ejercicio, es que debemos optar por promover y exigir la aplicación de nuevos programas especializados y desarrollados específicamente para sectores estratégicos como el ganadero, que se están viendo fuertemente afectados por la inflación descontrolada que mantiene el Gobierno de nuestro país y la situación de sequía que ha afectado gravemente a los estados del norte como es el caso de Nuevo León. Es momento de generar acciones contundentes que protejan al que menos tiene.
No se trata de aplicar acciones de control de precios sobre los productos ganaderos, por el contrario, se trata de que, desde el Ejecutivo federal se ofrezcan a las familias de este sector, las herramientas necesarias para poder competir y ganar posición dentro del mercado interno como externo.
Asimismo, se deben reforzar las inversiones en materia de mantenimiento y creación de nueva infraestructura hidráulica, que permita aprovechar mejor las lluvias, captar más agua y aprovechar la existente para evitar sequías como las del último año.
La inversión que hoy se haga desde las autoridades del más alto nivel en favor del desarrollo de este sector ganadero resultará en el mediano y largo plazo en un factor determinante para seguir avanzando en la construcción de un México más seguro, próspero y lleno de oportunidades para las y los ganaderos.
Esta es una deuda que tenemos con el campo de México y de Nuevo León, quienes exigen de sus representantes que hagamos valer su voz al más alto nivel para lograr atender las necesidades y preocupaciones que afectan su vida y atentan contra el desarrollo familiar y nacional.
Desde la bancada del Grupo Parlamentario del PRI, exigimos la atención por parte del Ejecutivo federal que desarrolle e implemente nuevos programas de apoyo al sector de pequeños productores ganaderos para garantizar un mercado más justo y con menos barreras de entrada para beneficio de quienes participan en él y bajo condiciones seguras de acceso al agua.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de este pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para qué de acuerdo con sus atribuciones y competencias diseñe e implemente un nuevo programa emergente de apoyo a las y los pequeños productores ganaderos para combatir la fluctuación de precios dentro de este sector.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que implemente y ejecute un programa emergente atención a pequeños productores ganaderos para afrontar la situación de sequía que afecta al Estado de Nuevo León y que ha tenido implicaciones severas en el desarrollo del sector pecuario en este estado.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, el 9 de marzo de 2023
Diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua y al Congreso local a solicitar a la autoridad correspondiente una consulta para conocer la opinión pública sobre la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos respecto de la zona horaria o el horario estacional que deba aplicarse, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Daniel Murguía Lardizábal , integrante del Grupo Parlamentario del Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes
Consideraciones
1. La Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos que abrogó la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2022, y su posterior reforma publicada el 29 de noviembre del 2022, eliminó la figura del “horario de verano”, mismo que a lo largo del tiempo demostró estar rebasado.
El “horario de verano ” fue configurado inicialmente como una propuesta que generaría un importante ahorro de energía y que se tradujo en un ahorro sólo de 537 gigawatts por hora, a diferencia de los 943 gigawatts1 en consumo de energía eléctrica en el año de 1996, primera anualidad donde se aplicaba el horario de verano quedando distante de las ventajas que se enarbolaban.
2. En su artículo 6, la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, estableció la posibilidad y se cita:
Artículo 6. Para el caso de que una entidad federativa pretenda adoptar una de las zonas horarias o los horarios estacionales a los que se refiere la presente Ley, el Congreso local correspondiente podrá enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa por la que se modifica la zona horaria o el horario estacional que deba aplicarse a la entidad o municipio.
Con el recurso referido con antelación, la mayoría de los integrantes del Congreso local o la persona del titular del Ejecutivo local de la entidad federativa, pueden someter a opinión de la ciudadanía la zona horaria o el horario estacional que deba aplicarse, de conformidad a criterios específicos.
3. Fue el Congreso de Chihuahua que con base a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, envió el 8 de noviembre del 2022, envió una propuesta de modificación al Congreso de la Unión para su eventual aprobación con “el propósito de que los municipios fronterizos del Estado de Chihuahua se rijan bajo el huso horario correspondiente al Horario Estacional en la Frontera Norte”2 .
La propuesta de modificación fue avalada por ambas Cámaras y contó con la opinión positiva de la Secretaría de Gobernación. Acto que demostró la correcta aplicación de lo mandatado en el Capítulo Tercero, respecto de las modificaciones a los husos horarios en las Entidades Federativas y Municipios, de la multicitada Ley.
4. Dado lo anterior, este próximo 12 de marzo de los corrientes, habrá cambio de horario en el Chihuahua, sin embargo, esta situación ha generado una gran polémica en redes sociales, medios de comunicación y entre la ciudadanía en general. Por lo cual consideremos pertinente pregúntele directamente al soberano cuál es su sentir respeto al horario estacional.
La consulta popular es un instrumento directo que el ejecutivo ha utilizado para conocer la opinión de las y los cuídanos en temas que interés común.
5. Cabe mencionar que el artículo 36 en su párrafo siete de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, señala lo que a letra dice:
“La organización, dirección y vigilancia de las elecciones y demás procesos que requieran consulta pública en el Estado, estarán a cargo de un organismo público denominado Instituto Estatal Electoral, que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propios; se compondrá de un órgano de dirección superior denominado Consejo Estatal y los órganos distritales y municipales” .
6. El gobierno de la cuarta transformación en el 2018 realizó una consulta para que la ciudadanía decidiera la continuación de la construcción del aeropuerto de Texcoco; en 2019 realizó una consulta a los pueblos originarios de Oaxaca y Veracruz para la construcción de la obra del Istmo de Tehuantepec; también se consultó la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en Baja California; en 2019 también se consultó a la ciudadanía si era pertinente construir la Refinería de Dos Bocas y por último, una de las más importantes fue la consulta para determinar si se enjuiciaba a los expresidentes3 .
Así pues, las consultas han sido parte de la trasformación del país, han demostrado ser un instrumento eficaz que recoge el sentir de la ciudadanía, por eso, en el tema de Husos Horarios el que suscribe considera pertinente realizar este ejercicio en el estado de Chihuahua.
Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua y/o al Congreso Local a que, con fundamento en el párrafo siete del artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, solicite a la autoridad correspondiente una consulta para que levante la opinión de los habitantes del Estado en comento, sobre la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos respecto de la zona horaria o el horario estacional que deba aplicarse, mismo que es competencia de las y los chihuahuenses.
Notas:
1. Fin de Horario de Verano.. [en línea], [consultado el 7 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.vertigopolitico.com/nacional/politica/notas/fin-del-horario -de-verano
2. Envía Congreso propuesta para Husos Horarios en la zona Fronteriza del Estado de Chihuahua. H. Congreso de Chihuahua [en línea], [consultado el 7 de marzo de 2023]. Disponible en:
https://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleNota.php?id= 7197
3. Las 5 consultas de AMLO y Morena [en línea], [consultado el 7 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/las-5-consultas-de-amlo-y-morena/ Marzo 2023
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al 9 de marzo de 2023
Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condenan los despidos, amenazas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos que las autoridades de Pemex han cometido en contra de los médicos residentes adscritos a sus unidades médicas, suscrita por los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN; y Frinné Azuara Yarzábal y Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba del Grupo Parlamentario del PAN, Diputada Frinné Azuara Yarzábal del Grupo Parlamentario del PRI y Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik del Grupo Parlamentario del PRI, integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
En los últimos años, los médicos residentes en instituciones de salud públicas han enfrentado el atraso en los pagos de sus becas, complementos de beca y prestaciones, incluido el aguinaldo, lo que ha evidenciado la falta de claridad en la figura jurídica del médico residente y la situación vulnerable que enfrentan.
A los hechos señalados anteriormente, se suma también el evidente abuso, maltrato, discriminación, acoso y hostigamiento que se genera dentro del campo de la educación médica, particularmente durante la residencia médica. Este fenómeno es frecuente y afecta los derechos humanos y la dignidad de los residentes. Consecuentemente se reduce la capacidad de aprendizaje y la eficiencia de la educación médica de especialidad, afectado a la prestación de servicios de salud y a la población que acude a ellos.
Diversos estudios1 han documentados el maltrato en programas de residencia, entre los que destaca por su frecuencia el psicológico, seguido del académico y el físico; entre los principales responsables de estas conductas se encuentran principalmente los residentes de jerarquía superior, junto con los jefes de servicio, además de los directivos de las instituciones. Entre las consecuencias que generan sobre los residentes, se encuentran el síndrome de Burnout, la depresión, el estrés, la ansiedad e incluso casos de suicidio, los cuales deterioran su desempeño profesional y calidad de vida.
El médico residente, según la Ley Federal del Trabajo, es “El profesional de la medicina con Título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una Unidad Médica Receptora de Residentes, para cumplir con una residencia”. La residencia médica se refiere al “conjunto de actividades que deba cumplir un Médico Residente en periodo de adiestramiento; para realizar estudios y prácticas de posgrado, respecto de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una Unidad Médica Receptora de Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas”.
De esta manera, las residencias médicas están reguladas por la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA3-2022, Educación en salud, para la organización y funcionamiento de residencias médicas en establecimientos para la atención médica, misma que data del 16 de junio del 2022.2
Dicha norma tiene como finalidad garantizar, a través de la organización y funcionamiento de las residencias médicas, la formación óptima de los médicos especialistas sin menoscabo de la seguridad de los pacientes ni de la calidad de la atención a la salud de la población.
La NOM-EM-001-SSA3-2022 establece que los médicos residentes deben:
• Recibir educación de posgrado en un ambiente de respeto a sus derechos humanos, equidad e igualdad, de acuerdo con los programas académico y operativo, bajo la dirección, asesoría y supervisión del profesor titular y adjuntos, el jefe de servicio, los médicos adscritos y personal institucional designado para tal efecto;
• Contar permanentemente con la asesoría del personal médico de la unidad médica receptora de residentes y demás personas designadas para tal efecto, durante el desarrollo de las actividades diarias y en las guardias;
• Recibir una constancia de la institución de salud donde se realice la residencia médica al concluir satisfactoriamente cada uno de los ciclos establecidos en el programa académico;
• Recibir el diploma de la institución de salud donde sea realizada la residencia médica por concluir satisfactoriamente la especialidad médica, siempre y cuando se hubieran cumplido todos los requisitos que para tal efecto se establezcan en los programas académico y operativo, con base en los registros existentes en la unidad administrativa competente;
• Recibir asesoría para actividades de investigación en salud, bajo la coordinación del profesor titular de la especialidad médica, de conformidad con las disposiciones aplicables;
• Obtener permiso para asistir a eventos académicos extracurriculares, cuando a juicio del profesor titular de la especialidad médica tengan relación con los programas académico y operativo, de acuerdo con la normativa interna de la institución de salud en la que se realiza la residencia médica;
• Tener acceso a las áreas de descanso y aseo personal destinadas para ello;
• Recibir las remuneraciones y prestaciones establecidas por la institución de salud y la unidad médica receptora de residentes, según corresponda
• Disfrutar de dos periodos vacacionales por año de diez días hábiles cada uno, de conformidad con lo señalado en el programa operativo;
• Recibir alimentación durante la jornada regular y las guardias, de acuerdo a la normativa interna de la institución de salud en la que se realiza la residencia médica;
• Recibir asistencia médica, quirúrgica y farmacológica conforme a la normativa de la institución de salud en la cual realiza la residencia médica;
• Entre otros derechos y obligaciones.
No obstante, existen vacíos legales de la figura jurídica del médico residente y para la protección de sus derechos. La problemática que enfrentan los médicos residentes es delicada, pues hoy en día tienen una mayor carga asistencial producto de las necesidades de atención médica de la población, lo que origina una disminución evidente de las horas de estudio y de descanso que crea condiciones precarias para el aprendizaje.
La administración federal considera a los internos, pasantes y residentes como mano de obra que resuelve a bajo costo la carencia de personal en las instituciones de salud, factor que han contribuido a perpetuar las inequidades en la distribución y otorgamiento de plazas, así como en la contratación de médicos generales y especialistas en el sector público.
Efectivamente, a partir de la legislación vigente se genera incertidumbre y abusos para los médicos residentes, y por ende, no funcionan los mecanismos para que presenten quejas o denuncias y tampoco están definidas instancias para defenderse de una violación a sus derechos.
En 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resolvió una contradicción de tesis de amparos, indicando que existe una relación laboral entre el residente y la unidad médica en la que realiza dicha residencia.
“Médico residente de una especialidad. Su baja ordenada por los funcionarios de la unidad médica a la que está adscrito, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.3 La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado “Trabajos especiales”, Capítulo XVI, intitulado “Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad”, de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del “residente” con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de “alumno”, ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular.”
Sin embargo, en la práctica los médicos residentes ven vulnerados sus derechos, incluídos aquellos que tienen que ver con sus pagos y compensaciones, incluido el pago del aguinaldo y bonos, a los que, por derecho, son acreedores.
Un ejemplo lamentable de dicha situación se ha presentado a finales del 2022 en las unidades médicas de Pemex:
Médicos residentes de hospitales de Pemex iniciaron un paro de labores debido a que recibieron un pago de aguinaldo incompleto, de acuerdo con información recopilada por Animal Político, “los 870 residentes tuvieron que haber recibido de 12 a 14 mil pesos, dependiendo el grado en el que estén, pero solo les pagaron 2 mil 500 pesos, denunció René Palacios, uno de los representantes de la movilización y quien realiza la especialidad de urgencias médicas en el Hospital Central Norte de Pemex, en la Ciudad de México”.4
De acuerdo con lo documentado por el medio de comunicación, las autoridades les dijeron que la disminución del aguinaldo está estipulada en el nuevo contrato, por lo que éste se les está pagando “en abonos chiquitos” a lo largo del año. Ante esto, conformaron el Frente Nacional de Médicos Residentes de Pemex y se unieron en paro de labores, ?que ellos llaman asamblea general permanente?, es decir, permanecen en las instalaciones del hospital, por lo regular en un auditorio, haciendo actividades académicas, pero sólo atienden urgencias en las que pueda estar en riesgo la vida de un paciente.
En entrevista con Animal Político, René Palacios contó que en marzo ellos firmaron un contrato “bajo presión”, sin leerlo y sin poder revisarlo de manera adecuada ni poder obtener una copia. De no firmar, se les amenazó con darlos de baja o suspender los pagos. “Únicamente se nos dijo que había que firmar un nuevo contrato porque el anterior tenía errores y no nos dimos cuenta que bajaba el concepto de aguinaldo”, declaró.
“Las autoridades del sistema de salud de Petróleos Mexicanos argumentaron que dicha disminución se realizó para atenuar la cantidad de ISR que se tributaba, además de justificar que se aumentó el salario percibido, cuando en términos reales la cantidad de salario neto percibido por los residentes es la misma”, de acuerdo con el Frente Nacional de Médicos Residentes”.
En ese contexto, el Frente Nacional de Médicos Residentes Pemex,5 emitió el siguiente comunicado el 19 de diciembre de 2022 :
Además de la demanda del pago justo de aguinaldo, los residentes denunciaron amenazas y hostigamiento del personal de Pemex que intentó controlar las manifestaciones.
De acuerdo a la información que ha documentado el periódico la Jornada, “además de las bajas remuneraciones, los médicos residentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) han tenido que aguantar jornadas extenuantes de trabajo, sometidos incluso a insultos, humillaciones, malos tratos y un hostigamiento constante, que han derivado en cuadros de depresión e intentos de suicidio, según cuentan quienes han pasado por estas situaciones. En distintas entrevistas, los jóvenes que continúan con su formación profesional en los dos hospitales de la empresa estatal en la Ciudad de México y de quienes se omite su nombre por temor a represalias, aseguran que en promedio laboran de 80 a 100 horas a la semana, de las cuales al menos 36 son continuas, cuando les corresponde realizar una guardia, incumpliendo, señalan, con la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-001-SSA3-2022 que regula su labor. Pese a que se establece que las unidades médicas deben contar con áreas de descanso y aseo personal, después de dos años de especialidad no tengo ni siquiera dónde bañarme o descansar, asegura una joven quien desde hace dos años realiza un internado en el hospital Central Sur de Pemex. Durante su larga estancia en los nosocomios, refieren, pasan la mayor parte del tiempo sin comer ni dormir”.6
En días recientes, el portal expansión publicó que, “Autoridades de los Servicios de Salud de Pemex cancelaron el contrato de 28 médicos residentes que protestaron en diciembre de 2022 en demanda del pago justo de aguinaldo. Tras las manifestaciones, la paraestatal realizó al menos tres mesas de negociación con los profesionales de la salud; sin embargo, al no alcanzar acuerdos, los residentes demandaron legalmente a Pemex para exigir el pago justo del aguinaldo. En represalia, la paraestatal ya no renovó el contrato de los médicos, aseguró Miguel Rodríguez, uno de los voceros de la Coalición Nacional de Médicos Residentes de Pemex, movimiento que lideró las protestas del año pasado.“Derivado de las protestas de diciembre, no se logró conciliar con la empresa y, al final de cuentas, tuvimos que tomar medidas legales en contra de la misma. Eso fue alrededor del 25, 26 de enero”, detalla el residente en entrevista. El 27 de febrero de 2023, un mes después de interponer la demanda y a punto de iniciar el nuevo año de la residencia el 1 de marzo, la jefatura de Enseñanza de los Servicios de Salud de Pemex les informó que no “había llegado la renovación de su contrato”. Aunque las especialidades médicas suelen durar más de tres años, en Pemex otorgan contratos anuales a los residentes, explicó Rodríguez: “Se nos comentó que nuestro contrato no había llegado y que, por lo tanto, no se iba a renovar y que, por parte de la empresa, ya no éramos parte, que la relación laboral había terminado”. A decir del residente Miguel Rodríguez, Pemex no les ofreció razones para no renovar su contrato y, entre los cesados, se encuentran los tres representantes de la coalición y otros galenos que participaron en las manifestaciones o en las negociaciones. Otro motivo para sostener que es una represalia es que, en un primer momento, no se renovó el contrato a 34 médicos, pero algunos solucionaron el problema, por lo que, a la fecha, han confirmado el cese de 24 residentes. En el caso de Miguel Rodríguez, le informaron a él y a cuatro residentes de urgencias que no les renovarían su contrato porque no habían aprobado el curso. Sin embargo, a través de su universidad, que es el Instituto Politécnico Nacional (IPN), los residentes comprobaron a Pemex que contaban con calificaciones aprobatorias.”
Por lo anterior, condenamos los abusos, amenazas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos que las autoridades de Pemex han cometido en contra de los médicos residentes adscritos a sus unidades médicas y demandamos una pronta solución a lo requerido por el Frente Nacional de Médicos Residentes, a fin de que le sean otorgadas la remuneraciones que les corresponden.
Exigimos a las autoridades en materia de salud y educativas que garanticen que la profesionalización de quienes se desempeñan como residentes médicos sea en un ambiente de respeto a sus derechos humanos.
Por ello, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena los despidos, abusos, amenazas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos que las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) han cometido en contra de los médicos residentes adscritos a sus unidades médicas y demanda una pronta solución a lo requerido por el Frente Nacional de Médicos Residentes de Pemex, a fin de que le sean otorgadas las remuneraciones que les corresponden por concepto de salario y complementos, incluido el aguinaldo.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, a dar cumplimiento de manera inmediata a las exigencias planteadas por el Frente Nacional de Médicos Residentes de Pemex, a fin de que le sean otorgadas las remuneraciones que les corresponden por concepto de salario y complementos, incluido el aguinaldo, además de reinstalar a los trabajadores despedidos injustamente.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, a actualizar los contratos de los médicos residentes adscritos a las unidades médicas de dicha institución conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-001-SSA3-2022, a fin de garantizar que se respeten sus derechos humanos, laborales, de asistencia, profesionales y de formación educativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2023.
Diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Frinné Azuara Yarzábal, Sue Ellen Bernal Bolnik.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Conanp para que atienda la conservación, restauración y defensa de las áreas naturales protegidas, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Marco Antonio Mendoza Bustamante , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) ha definido a las áreas protegidas como “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y administrado, a través de medios legales u otros similarmente efectivos, para lograr la conservación de la naturaleza con sus servicios ecosistémicos asociados y valores culturales”1 .
En México, de acuerdo al artículo 44, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que “la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables”2 .
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), administra actualmente 185 ANP de carácter federal que representan 90,958,374 hectáreas y apoya 382 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 623,090.49 hectáreas.3
Los objetivos de las ANP son preservar ambientes naturales representativos del país y los ecosistemas más frágiles para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como, salvaguardar la diversidad genética de las especies, asegurar la preservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y proteger todo aquello ubicado en los alrededores de zonas forestales en donde se origine el ciclo hidrológico en cuencas.
El valor de las ANP cobra relevancia al considerar que varios compromisos climáticos globales adquiridos por México incluyen defender los recursos naturales de la deforestación y la pérdida de cobertura arbórea.
Pese a lo anterior, la mayoría de las ANP enfrentan problemas de deforestación, contaminación por residuos sólidos, descargas de aguas residuales y malas prácticas ganaderas, entre otras, lo que pone en riesgo a las poblaciones de esas zonas, ya que contar con ecosistemas sanos disminuye la amenaza de desastres por inundaciones, marejadas, ciclones, incendios forestales y sequías.
La crisis que enfrentan las ANP no es un asunto menor, ya que de su protección y defensa depende en gran medida, la conservación del patrimonio natural de nuestra Nación, la cual, auxilia en la reducción de posibles catástrofes ambientales. El descuido de las ANP atenta contra los derechos humanos de las comunidades y población en general.
Actualmente, México invierte sólo el 0.02% del PIB a sus ANP, pasando de un máximo histórico de $74.12 pesos por hectárea protegida, a una cifra actual de $9.56 pesos por hectárea, es decir 87% menos, siendo ésta una cantidad insuficiente.4
El presupuesto autorizado a CONANP en 2022 fue el más bajo de los últimos años. La Comisión está “en inoperancia” debido a un recorte del 75?% de su presupuesto corriente. Actualmente, se observa el cierre de las oficinas, el personal de campo no tiene gasolina para hacer recorridos, no hay capacidad para la defensa legal, no hay dinero para acciones de recuperación de especies y tampoco ampliar las ANP que permitan cumplir los compromisos internacionales que México ha asumido frente al cambio climático y a las extinciones globales.
Adicionalmente a lo anterior, las ANP enfrentan la amenaza del crimen organizado, investigaciones académicas consideran que los grupos delictivos se encuentran interesados en extraen recursos valiosos de estas áreas o ecosistemas cercanos para venderlos en el extranjero; mientras, “recurren a la violencia para detener a quien interfiera con sus macro redes de criminalidad internacionales”.5
En este orden de ideas, se considera que se debe prestar una urgente atención a la relación entre el medioambiente, específicamente a la conservación de las ANP.
Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a consideración del pleno de esta Honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en el ámbito de sus atribuciones atiendan la conservación, restauración y la defensa de las Áreas Naturales Protegidas.
Notas:
1. Áreas protegidas https://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot
2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Al Ambiente https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/ 148.pdf
3. Áreas Naturales Protegidas decretadas http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/datos_anp.htm
4. Crisis en la CONANP: Un texto para principiantes https://wildlandsnetwork.org/news/crisis-en-la-conanp-un-texto-para-pri ncipiantes
5. ¿Qué pasa con las Áreas Naturales Protegidas y el crimen organizado en México? https://medioambiente.nexos.com.mx/que-pasa-con-las-areas-naturales-pro tegidas-y-el-crimen-organizado-en-mexico/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de marzo de 2023.
Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del gobierno federal a informar a la ciudadanía de las acciones que han realizado para coadyuvar con el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de diciembre de 2018 a febrero de 2023, a cargo de la diputada Sofia Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Sofía Carvajal Isunza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del H. Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El Congreso Constituyente de 1917 al promulgar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció como un derecho fundamental la libertad de expresión, tal y como hasta la fecha lo establece el artículo 6o Constitucional. Por otra parte, en el artículo 7o se reconoce la libertad de imprenta, que garantiza el derecho a difundir ideas y publicarlas sin que ninguna autoridad pueda previamente censurar dichas comunicaciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su tesis XXII/2011 ha señalado que la libertad de expresión guarda una estrecha relación con la libertad de imprenta o de publicar ideas:
“Si bien es de explorado derecho que la libertad de expresión goza de una posición preferencial frente a los derechos de la personalidad, es importante destacar que las libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo, a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción. Al respecto, la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de legitimidad democrática. Así, las ideas alcanzan un máximo grado de protección constitucional cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas se persigue fomentar un debate público.”
El periodismo es una actividad profesional que consiste precisamente en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico.
En agosto de 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En dicho informe se señaló que de acuerdo con la propia Secretaría de Gobernación, la Sociedad Civil, diversos organismos internaciones, así como las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se requiere fortalecer el mecanismo ante la ausencia de un ambiente propicio y seguro para defender los derechos humanos y ejercer el periodismo en México.
Si bien contamos con una Ley Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que cuenta con herramientas para garantizar su cumplimiento, el Estado mexicano ha sido omiso en su cumplimiento. De conformidad con el artículo 8 de la Ley en mención, el mecanismo deberá presentar públicamente informes anuales sobre la situación nacional en materia de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas con datos desagregados y con perspectiva de género. Sin embargo, se encuentran pendiente de publicación los informes anuales correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ubicó en 2021 a México en el sexto puesto de su índice de Impunidad Global de asesinatos contra informadores, solo por debajo de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán.
Durante el año pasado, se incrementaron dramáticamente el número de asesinatos y crímenes cometidos contra periodistas, convirtiendo el ejercicio de su profesión en un riesgo para su integridad o, incluso, sus vidas.
El 10 de febrero del 2022 en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, asesinaron al periodista Heber López Vásquez de 39 años, director de la página local RCP Noticias en Oaxaca dentro de su vivienda.
Un día antes del asesinato de Heber López, en la misma entidad, fue atacado otro periodista, José Ignacio Santiago, el cual mientras recopilaba información para un artículo, fue atacado por un grupo armado.i
En Tijuana, el 17 de enero de 2022, Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista, fue asesinado frente a su casa mientras se encontraba adentro de su coche, cuando se disponía a salir para trabajar. El fiscal de Baja California, Hiram Sánchez destacó en una rueda de prensa que había sido una agresión directa.ii
Cinco días más tarde, también fue asesinada su colega, Lourdes Maldonado, después de haber dirigido un homenaje a su compañero Margarito Martínez, el 23 de enero del 2022. El crimen se cometió dentro del fraccionamiento donde vivía.iii
En el Estado de Veracruz, dos días antes del asesinato de Margarito Martínez, fue asesinado José Luis Gamboa Arenas, quien fue atacado a puñaladas en el puerto de Veracruz, días después de haber realizado una nota en redes sociales sobre temas de inseguridad y protección en Veracruz por el cobro de uso de suelo, señalando a los responsables.iv
Diecisiete reporteros fueron asesinados en lo durante el año 2022. El intento de asesinato contra el periodista Ciro Gómez Leyva fue quizás uno de los grandes puntos de inflexión que puso nuevamente en el foco los peligros de ejercer la profesión en México. Desafortunadamente, somos el país latinoamericano más mortífero del mundo para los periodistas. La mayoría de las víctimas son periodistas locales que escriben sobre corrupción o la violencia del narco lejos de la Ciudad de México.
Durante el 2022 México registró más reporteros asesinados que en países en guerra como Ucrania, donde Reporteros sin Fronteras contabilizó ocho muertes, o en Siria, tres. Según el balance de esta organización, México concentra en lo que va del año el 20% de las muertes violentas de periodistas en todo el mundo y su letalidad está muy por encima que de la de otras naciones de su entorno, como Brasil o Colombia.
Ahora bien, por lo que respecta al 2023, han pasado tres meses de este nuevo año y México continúa siendo un país peligroso para las personas periodistas, principalmente en los territorios con crimen organizado, en donde quienes ejercen esta profesión son totalmente vulnerables. En lo que va de este año tres periodistas han sido asesinados, Abisai Pérez Romero de Hidalgo, Ramiro Araujo Ochoa de Baja California y Carlos Acosta de la Ciudad de México.v
Esta situación se agrava, cuando dimensionamos el nivel de impunidad en la persecución de estos delitos; desde 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en México, inició 3,419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores, y de ellas, en solo 28 se habían logrado sentencias contra los responsables. Menos del 1% respecto al total de casos.
En 11 años, la FEADLE registró 94 asesinatos de periodistas, y hasta diciembre de 2021 solo tenía el registro de 6 sentencias por el delito de homicidio en contra de informadores, descartando en el 70% de los casos investigados que existiera vínculo con el trabajo periodístico.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a informar a la ciudadanía sobre las acciones que han realizado para coadyuvar con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde diciembre de 2018 y hasta febrero de 2023.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a informar a la ciudadanía sobre las quejas o denuncias de situaciones riesgo que hayan sido presentadas por periodistas de diciembre de 2018 hasta febrero de 2023, así como a presentarles un plan emergente con acciones concretas que coadyuven en la disminución y erradicación de delitos cometidos contra periodistas.
Notas:
i. El País, Atacado a balazos un periodista en Oaxaca en México, en cualquier momento te pueden acallar , consultado el 16 de febrero del 2022, obtenido de https://elpais.com/mexico/2022-01-27/atacado-a-balazos-un-periodista-en -oaxaca-en-mexico-en-cualquier-momento-te-puede-acallar-la-delincuencia -o-la-autoridad.html
ii. El País, La despedida Feroz al 4-4 de Tijuana , consultado el 16 de febrero del 2022, obtenido de https://elpais.com/mexico/2022-01-19/la-despedida-feroz-al-4-4-de-tijua na.html
iii. Política Expansión, Periodista Lourdes Maldonado es asesinada en Tijuana , consultado el 16 de febrero del 2022, obtenido de https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/24/la-periodista-lourdes-m aldonado-es-asesinada-en-tijuana
iv. INFOBAE, Luis Gamboa Periodista de Veracruz murió en un hospital tras resultar herido en un presunto asa lto, consultado el 16 de febrero del 2022 obtenido de https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/16/jose-luis-gamboa-peri odista-de-veracruz-murio-en-un-hospital-tras-resultar-herido-durante-un -presunto-asalto/
v. SDP Noticias, ¿Cuántos periodistas han sido asesinados durante el 2023? Consultado el 7 de marzo de 2023 en https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/190725-Dia gnostico-Mecanismo-FINAL.pdf
Dado en el salón de sesiones del H. Congreso de la Unión, a 9 de marzo de 2023.
Diputada Sofía Carvajal Isunza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades en materia de salud a tomar medidas para la realización del derecho a la salud de personas con enfermedades raras, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Brasil Alberto Acosta Peña , integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud y Presidente del Consejo de Salubridad General Jorge Alcocer Varela, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Zenteno Santaella a tomar medidas para la realización del derecho a la salud de personas con enfermedades raras, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho humano a la salud es de gran importancia en el esquema completo de los derechos pues, para poder ejercer los demás, es fundamental e indispensable contar con este derecho.
En el marco jurídico internacional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo XI de la Declaración establece que “toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada [...] y a la asistencia médica”.
En el mismo sentido, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, en su artículo 10 establece que “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. El Protocolo también establece la obligación del Estado para garantizar este derecho y la adopción de las medidas necesarias para el mismo fin.
Estas medidas incluyen, por supuesto, la extensión de los beneficios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado, a la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole.
Al mismo tiempo el párrafo cuarto del artículo 4o de la Constitución consagra lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud . La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
Como se dijo al principio, el derecho a la salud es indispensable para el ejercicio y consecución de los demás derechos humanos por parte de las personas. Y la garantía del acceso a la salud es determinante para que las sociedades puedan funcionar de manera correcta y las personas puedan avanzar y determinar en sus proyectos de vida. Tal como se encuentra establecido en los tratados internacionales, y de manera velada en la Constitución, el bienestar físico del cuerpo, así como el emocional y psicológico, sanos favorece que los seres se desarrollen social y personalmente de manera efectiva.
En el mismo sentido, de acuerdo a un análisis integral, es decir, tomando en cuenta el derecho constitucional y convencional, del derecho de la salud, podemos asegurar que es posible exigir al estado que cumpla con las obligaciones de garantizar el derecho, aplicar un principio de no discriminación, obligación de adoptar las medidas necesarias para el goce del derecho a la salud para todas las personas, con igual importancia, ofrecer los recursos, presupuestales, materiales, humanos y cualquier otro necesario para la protección del derecho.
Sumado a lo anterior, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana, han tomado en consideración para el cumplimiento del derecho los componentes de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las prestaciones médicas1 . Contando con que en las medidas que adoptan para cumplir esas obligaciones, se busque la satisfacción de esos componentes del derecho. En este punto la CIDH resalta los componentes de aceptabilidad y calidad, obligando al Estado a garantizar que los establecimientos y servicios de salud sean respetuosos con la ética médica, con enfoque de género cuando se requiera y estar dirigidos a mejorar la salud de las personas2 .
Bajo la misma línea de interpretación, al analizar el Caso Gonzáles Lluy y otros Vs Ecuador, la Corte estableció que los Estados deberían regular y fiscalizar a los prestadores de servicios de salud para que tanto infraestructura, servicios y bienes sean adecuados desde un punto de vista científico médico, es decir, que haya calidad en el servicio, incluyendo al personal médico con una perspectiva de derechos humanos.
La Comisión ha acompañado a la Corte en estos estándares en materia de acceso a la salud para todas las personas, y con esto la pretensión de este punto de acuerdo es que bajo los mismos estándares se incluya a las enfermedades raras. Es decir, que este tipo de enfermedades cuenten con una cobertura sanitaria eficaz y suficiente. Esto incluye que el Estado vigile y atienda las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad que, como sabemos, son los que más padecen la falta de un servicio eficaz del Estado.
Ahora bien, el Estado mexicano, como hemos demostrado más arriba, está vinculado por el derecho nacional e internacional a hacer valer el derecho a la salud y los derechos con los que se encuentre vinculados para poder acceder a él, por lo que deberá además regular que las entidades privadas prestadoras de servicios de la salud, en búsqueda de rentabilidad no anulen el goce de los derechos protegidos en el bloque de convencionalidad adoptado por México.
De acuerdo con la Organización Mundial de la salud, así como en la Ley General de Salud de nuestro marco jurídico, las enfermedades raras son definidas como aquellas enfermedades que tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes.
En México, de acuerdo con el consejo de Salubridad General (CSG) son reconocidas 20 enfermedades raras, algunas de ellas son Síndrome de Turner, enfermedad de Pompe, Hemofilia, Espina Bífica, Fibrosis Quística, Galactosemia, entre otras.
Según la reciente investigación de Olivia del Carmen Chávez3 , en México se registran más de 7 millones de personas con enfermedades raras, de las cuales sólo el 10 por ciento cuenta con respaldo científico y poco más de 400 personas tienen un tratamiento científico de alto costo, esto debido a que hay una baja demanda, novedad, prevalencia, y por falta de investigación.
De acuerdo con su estudio, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras refiere que existen dificultades, deficiencias y restricciones para el acceso efectivo a los tratamientos de estos padecimientos para atender a pacientes con este tipo de enfermedades.
El hecho de que no se cuente con especialistas, censos ni centros de atención para personas con este tipo de enfermedad hace que muchas de ellas encuentren violentado su derecho a la salud, entre diagnósticos erróneos y tratamientos inservibles para su padecimiento.
Así pues, pese a que el derecho a la salud abarca con suficiencia a las personas que padecen alguna enfermedad rara, tanto en el plano nacional como internacional, no existe cobertura correcta para lograr la garantía de este derecho.
Atendiendo a las diversas peticiones médicas que se han hecho públicas, así como a las recomendaciones que en el marco de convencionalidad que rigen los DDHH en México, este punto de acuerdo tiene la finalidad de que las principales autoridades de salud de nuestro país tomen cartas en el asunto, así como se lleven a cabo estrategias y mecanismos para detectar y tratar las enfermedades raras, incluida la posibilidad y estudio para que se incluyan más enfermedades raras de las que actualmente se reconocen.
Bajo la misma tesitura, es decir, al amparo de los principios antes mencionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, las instituciones del Estado deben tomar las medidas para:
1. Incluir servicios de atención medica integral, es decir, que respondan a las necesidades físicas y mentales.
2. Financiar los servicios del numeral anterior, así como las investigaciones para el avance en el tratamiento de las enfermedades raras.
3. Combatir la estigmatización y abandono de los servicios para las personas con enfermedades raras, incluyendo la especulación del sector farmacológico.
4. Fortalecer mecanismos para que los profesionales de la salud garanticen el derecho de información al paciente, así como una visión que reduzca los prejuicios al respecto.
5. Implementar políticas públicas que fortalezcan al sector salud en su atención a las enfermedades raras.
6. En estas medidas se deberá usar un enfoque de derechos humanos y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
La siguiente petición concerniente a este punto de acuerdo es para que el Consejo de Salubridad General que, de acuerdo con su propia información, que luego fue eliminada sin explicación alguna, una de las medidas más importantes que debe tomar el sector de salud para poder garantizar el acceso al derecho a las personas con este tipo de enfermedades es la elaboración de un censo nacional de enfermedades raras.
Resulta lamentable que dicho censo se haya cancelado al poco tiempo de haberse anunciado, ya que desde el 2018 sólo se cuenta con 20 enfermedades raras reconocidas en el país, pero a ciencia cierta no se sabe si existen otras enfermedades que no se han actualizado. El censo aportaría las posibilidades de crear un Registro Público de Pacientes con Enfermedades Raras que, a su vez, funcionaría como un a medida de planificación para atender a quienes tienen un diagnóstico, y así también poder mejorar su calidad de vida. Así mismo, ayudaría a que conociéramos qué patologías existen en México, en dónde están y cuántas son, para poder tomar acciones al respecto.
Tener información precisa es necesario para planear y ejecutar políticas públicas en la materia que sean realmente eficientes.
Finalmente, precisamos que el sistema de salud amplíe la cobertura de sus hospitales para que en al menos en cada entidad federativa haya un hospital o clínica donde atenderse una enfermedad rara ya que, por viajar a alguna ciudad para atenderse puede costarle la vida a algunos pacientes.
En la actualidad, 16 estados del país aún no cuentan con servicios de salud para personas con alguna enfermedad de este tipo.
Como se puede ver la garantía de este derecho corre peligro de no realizarse si el Estado continua, como hasta ahora, en la omisión de sus responsabilidades, es tiempo de dar un paso a un sistema de salud más digno para todas y todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al Secretario de Salud Jorge Alcocer Varela, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Zenteno Santaella a tomar medidas para la realización del derecho a la salud de personas con enfermedades raras de acuerdo con los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Segundo: Se exhorta al Consejo de Salubridad General a que, en el término más breve posible, se retomen las acciones pertinentes para ejecutar el Censo Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras.
Tercero: Se exhorta al Secretario de Salud Jorge Alcocer Varela, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Zenteno Santaella a que de manera coordinada con sus instituciones habiliten clínicas en cada entidad de la República para el tratamiento de enfermedades raras.
Notas:
1. https://www.oas.org/es/cidh/actividades/discursos/2021/09_15_AntoniaUrr ejola.pdf
2. Ibídem
3. https://www.uv.mx/prensa/general/mexico-registra-mas-de-siete-millones- de-personas-con-enfermedades-raras/
Fuentes
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
https://www.oas.org/es/cidh/actividades/discursos/2021/0 9_15_AntoniaUrrejola.pdf
https://www.rarediseasesinternational.org/wp-content/upl oads/2021/12/ES-FINAL-International-Press-Release-UN-Resolution.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo del 2023
Diputado Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica)
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