Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6226-II, jueves 2 de marzo de 2023

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Iniciativas

Que adiciona diversas disposiciones a las Leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y General de Protección Civil, en materia de control y vigilancia de pirotecnia, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona los artículos 34 y 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma y adiciona los artículos 9°, 102 y 124 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT
Que reforma y adiciona el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD
Que adiciona un artículo 57 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona un artículo 313 Bis al Código Penal Federal, suscrita por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de delitos de alto impacto, a cargo del diputado Alán Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 258 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT
De decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del bicentenario del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
Que reforma el artículo 3o. de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Javier Casique Zárate, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo décimo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el DOF el 15 de mayo de 2019, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PT
Que reforma el artículo 684-G de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN
Que deroga los artículos 62 y 64 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PRI
Que adiciona el artículo 218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PT
Que adiciona los artículos 64 y 68 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por la diputada Sonia Murillo Manríquez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Que deroga el octavo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma diversas disposiciones de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT
De decreto por el que se declara el 14 de septiembre “Día Nacional de la Anexión de Chiapas a México por Voluntad Libre y Soberana de su Pueblo”, a cargo del diputado Ismael Brito Mazariegos, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona el artículo 31 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por la diputada Sonia Murillo Manríquez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma los artículos 38, 39 y 40 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de sanciones, a cargo de la diputada Esther Berenice Martínez Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona el artículo 418 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma y adiciona el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona los artículos 7o. y 30 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona el artículo 107 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 35 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona el artículo 171 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martín Sandoval Soto, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo de la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 17 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona el artículo 135 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma los artículos 353-B y 353-E de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma los artículos 7 y 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena

Iniciativas

Que adiciona diversas disposiciones a las Leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y General de Protección Civil, en materia de control y vigilancia de pirotecnia, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como a la Ley General de Protección Civil.

Exposición de Motivos

La pirotecnia es parte de la cultura mexicana, además, dicho sector da empleo a más de 200 mil familias en México. No obstante, con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los accidentes asociados a la pirotecnia dejaron 391 muertos y mil 801 heridos entre 2003 y 2019,1 es decir, en promedio, anualmente la pirotecnia ocasionó la muerte de al menos 24 personas y dejó más de 112 heridos.

Por ejemplo, de acuerdo con reportes periodísticos, durante los festejos de inicio del año 2023, ocurrieron al menos 15 accidentes en Guerrero, entre ellos, el incendio de un vehículo en el municipio de Eduardo Neri, así como incendios en lotes baldíos y viviendas de los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Técpan, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso y Buena Vista de Cuellar.2

Para contrarrestar los riesgos, se requiere el fortalecimiento de las medidas de prevención contra accidentes, así como los mecanismos de coordinación entre las dependencias que tienen atribuciones en la materia.

En tal sentido, la iniciativa que presento consiste en reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para establecer que, en el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales de artificios pirotécnicos, la Secretaría de la Defensa Nacional se apoyará de las autoridades de protección civil de estados y municipios.

En correspondencia, se propone reformar la Ley General de Protección Civil para establecer que es facultad de los sistemas estatales y municipales de protección civil coadyuvar con la Secretaría de la Defensa Nacional en el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales de artificios pirotécnicos. Lo anterior debido a que los artificios de pirotecnia son de uso civil y están relacionados con las tradiciones y costumbres de la población mexicana.

De la misma forma, se plantea establecer en la Ley General de Protección Civil, la obligación del Ejecutivo federal de emitir la norma oficial mexicana que regule los riesgos asociados a la pirotecnia. Cabe destacar que desde 2006 existe en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad (antes Programa Nacional de Normalización) la propuesta de emitir dicha norma, sin que a la fecha se haya concretado.

Esta iniciativa busca respetar las celebraciones tradicionales populares y festividades religiosas de este país, pero a la vez promueve la implementación de medidas de seguridad para evitar tragedias.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como a la Ley General de Protección Civil, en materia de regulación de pirotecnia

Artículo Primero: Se adiciona un párrafo tercero al artículo 37 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y se recorren los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 37. Es facultad exclusiva del Presidente de la República autorizar el establecimiento de fábricas y comercios de armas.

...

En el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales de artificios de pirotecnia, la Secretaría de la Defensa Nacional se apoyará de los sistemas estatales y municipales de protección civil.

...

Artículo Segundo: Se adiciona la fracción X al artículo 7, así como un artículo 77 Bis a la Ley General de Protección Civil

Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo federal en materia de protección civil:

I. - IX. ...

X. Emitir y mantener actualizada la Norma Oficial Mexicana para gestionar los riesgos asociados a la pirotecnia, así como realizar las respectivas evaluaciones de la conformidad.

Artículo 77 Bis. Las Unidades Estatales y Municipales de Protección Civil deberán coadyuvar con la Secretaría de la Defensa Nacional en el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales de artificios pirotécnicos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación de la Secretaría de Economía, deberá emitir la Norma Oficial Mexicana para gestionar los riesgos asociados a la pirotecnia, contando para ello con 365 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?__rval=1&urlredirect=/deja-pirotecnia-391-muertos-entre-2003-y-2019/ar2080751

2 https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/
inicia-el-ano-con-incendio-en-viviendas-y-accidentes-de-autos-en-guerrero-9406130.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 34 y 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona lo incisos a) a d) a la fracción VI del artículo34; y adiciona los párrafos primero a tercero a la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A escala mundial, el sector del transporte consume alrededor de 51 por ciento de petróleo (48 millones de barriles por día, MBD, frente al consumo actual de 93 MBD.1 Se espera que sin innovación tecnológica significativa o intervención política este aumento continuará y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con el transporte se duplicarán para 2050.2

En México, el sector transporte emite 25 por ciento de los GEI, en particular el sector automotor contribuye con 22 por ciento de las emisiones de GEI, esto como consecuencia de la alta dependencia a los combustibles fósiles, los propios subsidios a los combustibles fósiles, el aumento constante en las tasas de motorización, así como al crecimiento horizontal y de baja densidad de las ciudades mexicanas que promueve el uso de modos de transporte ineficientes y altamente contaminantes, provocando efectos negativos sobre la calidad del aire y en la salud de la población.3 Los vehículos de motor de combustión interna, especialmente los que funcionan con diésel, contribuyen a la contaminación del aire con compuestos tóxicos y por ende a millones de muertes prematuras en todo el mundo cada año.

Por ejemplo, los niveles de contaminación del aire en la zona metropolitana del valle de México superan alrededor de 3 veces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En este caso, las emisiones vehiculares son las responsables de 60 por ciento de la contaminación por ozono y partículas.

Para contrarrestar el efecto contaminante de los vehículos, se han implantado programas que restringen la circulación de vehículos (Hoy no Circula) y de verificación vehicular, así como normas de emisiones tanto de vehículos nuevos como en circulación. En cuanto a la verificación vehicular, vinculada a la normatividad de emisiones, el Centro Mario Molina ha realizado una evaluación y ha encontrado los siguientes resultados:4

• Las pruebas de verificación no se realizan de manera homogénea debido a diferencias o vacíos técnicos entre los centros de verificación.

• Los ciudadanos evitan la restricción mediante la adquisición de otro vehículo.

• La puesta en marcha de los planes logró bajar los niveles de ciertos contaminantes; sin embargo, estos resultados positivos presentan limitaciones en el largo plazo, por lo cual requieren medidas complementarias.

• Cerca de 45 por ciento de los vehículos con holograma cero y más de 80 por ciento de los que tienen holograma dos rebasan los límites permitidos por la normatividad actual, lo que evidencia un problema grave de corrupción en los centros de verificación.

Aunado a lo anterior, el crecimiento constante del parque vehicular, junto con tasas bajas en la renovación vehicular, abonan considerablemente a la problemática. El parque vehicular en 2000 era de 15 millones lo que representaba una tasa de motorización de 160 vehículos por cada mil habitantes, este indicador pasó a más de 400 en 2020, con un parque vehicular de más de 51 millones de autos.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (Cop26), México suscribió la declaratoria del Pacto de Glasgow por la Electromovilidad, el cual tiene como objetivo la eliminación de los vehículos de combustión interna para 2035 en mercados específicos y que 100 por ciento de los nuevos automóviles en venta sea de 0 emisiones en todo el mundo para 2040.

Los vehículos eléctricos, son una solución para crear un sistema de transporte menos contaminante y con mayor seguridad y eficiencia energéticas. En comparación con el sistema de transporte actual, que está dominado por vehículos con motor de combustión interna (de gasolina y diésel), los vehículos eléctricos producen cero emisiones del tubo de escape.

Más aún, el uso generalizado de vehículos eléctricos no solo es útil para la reducción de las emisiones de CO2 en el sector del transporte, sino que también favorece el ajuste de la estructura energética por el aumento de la proporción de energía procedente de combustibles no fósiles. Por lo tanto, muchos países consideran a los vehículos eléctricos como sus industrias emergentes estratégicas y establecen sus objetivos para promover la adopción a gran escala de los vehículos eléctricos. Por ejemplo, en 1993 se formó el Acuerdo de Implementación para la Cooperación en Tecnologías y Programas de Vehículos Híbridos y Eléctricos (IA-HEV, por sus siglas en inglés), su finalidad fue recopilar las políticas relevantes de sus 18 miembros, lo que dio como resultado el establecimiento de planes para promover el desarrollo de vehículos eléctricos en función de incentivos financieros y de soporte tecnológico e infraestructura de carga, como hicieron Electric Vehicle Everywhere Grand Challenge Blueprint, en Estados Unidos, y Next-Generation Vehicle Strategy 2010, en Japón.5

La transición de vehículos de gasolina y diésel a vehículos eléctricos de batería es una opción prometedora para descarbonizar el transporte de pasajeros en todo el mundo, dado que los vehículos eléctricos tienen ventajas destacadas para reducir las emisiones de CO2 y aliviar la dependencia del consumo de combustibles fósiles en el sector del transporte. Sin embargo, el costo de los automóviles eléctricos representa un reto para la descarbonización del parque vehicular, dado que aún se requiere que las economías de escala logren paridad de precios con los vehículos de combustión interna. Por ello, es fundamental aplicar políticas e instrumentos que tiendan, transitoriamente, a mitigar el problema de costo, tanto para clases medias y populares, como para empresas. Esto redundará en la aceleración de proceso de transición, y en una reducción más rápida de emisiones de CO2.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, a fin de cumplir la meta del Pacto de Glasgow al año son fundamentales políticas públicas que incentiven el mercado de automóviles eléctricos.6 Conforme a datos obtenidos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la demanda de vehículos ligeros híbridos y eléctricos en el país representó 2.6 por ciento de las ventas totales en 2020 y aumentó a 4.6 en 2021, cuando a escala nacional se vendieron 47 mil 79 vehículos ligeros híbridos y eléctricos.

A pesar de que la adopción de vehículos eléctricos ha aumentado en los últimos años y aunque los vehículos eléctricos tienen costos de operación menores que los vehículos de combustión interna, aún es difícil para los consumidores adquirirlos, a pesar de que representen beneficios sociales y ambientales considerables. Así entonces, para mejorar la aceptación de los vehículos eléctricos, muchos gobiernos en todo el mundo han aplicado incentivos financieros y fiscales para estimular la adquisición de vehículos eléctricos.

La política de incentivos establecidos puede orientarse hacia los consumidores y hacia los fabricantes. En primer lugar, para los consumidores, se han implementado créditos fiscales, reducción de impuestos, exención de impuestos o subsidios directos a la compra, menores precios de electricidad, o estacionamiento gratuito. En segundo lugar, algunos gobiernos han adoptado incentivos financieros o fiscales para los fabricantes, como la reducción del impuesto sobre las ventas, o subsidios directos para la producción de vehículos eléctricos.7

Ciertos países europeos han implantado políticas complementarias a los incentivos fiscales y subsidios directos. Por ejemplo, Noruega proporcionó estacionamiento gratuito, y acceso a carriles para autobuses, e instaló 3 mil 200 estaciones de carga gratuitas (es decir, electricidad gratuita) para los consumidores, lo cual es atractivo debido a elevados impuestos a las gasolinas.8

La transición hacia la electromovilidad en México requiere la implantación de una política pública integral que considere adecuar el marco jurídico y fiscal para impulsar incentivos fiscales, crediticios e incentivos al uso.

En México, los incentivos fiscales vigentes para el uso de vehículos híbridos y eléctricos incluyen

• Descuento de 20 por ciento en casetas de cobro y segundos pisos de Ciudad y estado de México.

• Tarifa preferencial de electricidad para estaciones de recarga domiciliaria.

• Instalación gratuita de medidores para estaciones de recarga domiciliaria.

• Exención de pago del ISAN.

• Exención de pago del impuesto a la tenencia en los estados que aplican dicho impuesto.

• Deducibilidad de hasta 250 mil pesos para personas morales.

• Otros incentivos al uso de vehículos con tecnologías híbrida o eléctrica.

• Exentos de verificación vehicular en zona CAMe (vehículos eléctricos, eléctricos conectables e híbridos).

• Renovación de la flota de taxis: bono de chatarrización por cada unidad entregada para ser sustituida, por concepto de enganche de los vehículos nuevos, 100 mil pesos para vehículos híbridos o eléctricos.

Si bien pueden ser importantes, estos incentivos han mostrado limitaciones para promover el mercado de vehículos eléctricos. Tienen áreas de oportunidad para que el mercado de automóviles eléctricos. Diversos estudios demuestran, que, para familias de ingreso medio que adquirieron vehículos eléctricos de gama baja, la presencia de incentivos fiscales y subsidios fue determinante en su decisión de compra, mientras que las familias con niveles de ingreso alto que adquirieron vehículos eléctricos de gama alta o de lujo la presencia de incentivos y subsidios no influyeron en sus decisiones de compra.9 Ello muestra la importancia de focalizar incentivos en personas y familias de ingresos medios.

México es el sexto país en la producción de vehículos, y este sector representa economías estratégicas en términos de contribución al PIB, en empleo y exportaciones. El contexto comercial del TMEC ha sido un detonador de la industria automotriz nacional. La electrificación es un enorme reto de viabilidad y expansión a largo plazo de le industria automotriz de México, que requiere del desarrollo de nuevas cadenas de valor, nuevas tecnologías y nuevas estrategias comerciales, energéticas y de infraestructura. Este marco implica diseñar incentivos correctos relevantes para contribuir a la transición y desarrollo de una nueva industria automotriz mexicana en la era de la electrificación.

Por tanto, en México, es fundamental reforzar y profundizar los incentivos para la adquisición y uso de vehículos eléctricos, tanto para personas físicas y familias, como para empresas. Lo anterior, con el objetivo de acelerar la transición hacia la electrificación del parque vehicular, reducir emisiones de CO2, reducir emisiones que deterioran la calidad del aire, y de lograr un efecto más relevante en familias y personas de ingresos medios, y también, en empresas pequeñas, medianas y grandes. Igualmente, es vital configurar incentivos para promover el desarrollo y adaptación de la industria automotriz mexicana a las nuevas realidades de la electrificación. En este sentido, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Para dar mayor claridad a la propuesta que se presenta, se incluye el siguiente cuadro comparativo

Decreto

Único. Se modifica y adicionan los incisos a) a d) a la fracción VI del artículo34; y se adicionan los párrafos primero a tercero a la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 34. Los porcentajes máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien, son los siguientes:

I. a V. ...

VI. Tratándose de automóviles y configuraciones vehiculares:

a) 25 por ciento para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas, remolques con motor de combustión interna.

b) 50 por ciento en automóviles eléctricos importados con un peso igual o menor a 1 500 kilos.

c) 100 por ciento en automóviles eléctricos ensamblados en México con un peso igual o menor a 1 500 kilos.

d) 100 por ciento en transporte colectivo y de carga eléctrico.

VII. a XV. ...

Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

I. ...

II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 175 000.00 pesos, tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de motores de combustión interna.

En las inversiones en automóviles eléctricos importados, con un peso menor o igual a 1 500 kilos, el deducible será de cincuenta por ciento a personas físicas y morales.

En las inversiones en automóviles eléctricos ensamblados en México, con un peso menor o igual a 1 500 kilos, el deducible será de 100 por ciento a personas físicas y morales.

En las inversiones en transporte colectivo eléctrico, el deducible será de cien por ciento.

III. a VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para dar cumplimiento a los compromisos internacionales sobre electromovilidad de los cuales México es parte, el Ejecutivo federal establecerá los mecanismos necesarios para la eliminación de la venta de vehículos ligeros de combustión interna al año 2035, y para que 100 por ciento de los nuevos automóviles en venta sean cero emisiones para el año 2040.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sustanciará y resolverá los procedimientos presupuestarios a que da lugar el presente proyecto en términos de las disposiciones vigentes en la Ley de Ingresos de la Federación siguiente a la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente reforma.

Notas

1 Eficiencia energética y movilidad en América. Cepal,
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36798/1/S1420695_es.pdf

2 Lew Fulton, Pierpaolo Cazzola y François Cuenot. “IEA Mobility Model and its use in the ETP 2008”, en Energy Policy, volumen 37, asunto 10, 2009, páginas 3758-3768.

3 INECC. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero,
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero

4 Evaluación Integral de los Programas de Verificación Vehicular de la ZMVM-2010, http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2012/11/19a.-Evaluaci%C 3%B3nIntegralPVVOZMVM_fin.pdf

5 Muntwyler, U. The Implementing Agreement IA “Hybrid- and Electric Vehicle” of the International Energy Agency the international cooperation programme with a new record of member countries. World Electr. Veh. J. 2012, 5, 1011-1016, https://doi.org/10.3390/wevj5041011

6 “México anuncia el incremento de sus compromisos climáticos en la Cop”, Imco.

7 Electric vehicles: tax benefits & purchase incentives in the 27 member states of the European Union (2022), https://www.acea.auto/fact/overview-electric-vehicles-tax-benefits-purc hase-incentives-in-the-european-union-2022/

8 Norwegian Parliament extends electric car initiatives until 2018, http://www.avere.org/www/newsMgr.php?action=view&frmNewsId=611& section=&type=&SGLSESSID=tqiice0pmjdclt7l4q0s3s1o27

9 Tal, G.; y Nicholas, M. (2016). “Exploring the impact of the federal tax credit on the plug-in vehicle Market”, en Transportation Research Record, 2572(1), 95-102; y Hardman, S.; y Tal, G. (2016) “Exploring the decision to adopt a high-end battery electric vehicle: role of financial and nonfinancial motivations”, en Transportation Research Record, 2572(1), 20-27.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre (rúbrica)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 estableció la obligatoriedad del Estado Mexicano de garantizar todos los derechos a las y los ciudadanos, desde el principio de máxima protección y de progresividad. Ello significa que, en México, los derechos no pueden restringirse, sino que, por el contrario, únicamente deben ser ampliados; atendiendo a los estándares internacionales.

Esto significó un cambio de paradigma en la conformación del Estado, pues, ante todo, el gobierno tiene la obligación de promover y garantizar la efectiva protección de los derechos de todas las personas. Así, entre los derechos que deben ser atendidos y garantizados desde un marco de máxima protección se encuentra el del derecho a la salud, el cual se encuentra previsto en el artículo 4 de la Constitución, párrafo tercero que a la letra refiere:

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Este derecho, considerado uno de los ejes fundamentales del Estado de bienestar, implica una serie de obligaciones para el Estado, entre las que se encuentra, la posibilidad de contar con un servicio de salud accesible, oportuno, aceptable, asequible y con atención de calidad. Se trata de garantizar el bienestar de las personas a través de la conformación de servicios que permitan atender de manera integral y gratuita las necesidades fundamentales de todos los ciudadanos.

Con base en tales principios, el Seguro Social actualmente atiende a 11.6 millones de beneficiarios, los cuales, tienen derecho a la atención médica. En este sentido, si bien es cierto que se han generado esfuerzos importantes por atender la salud física de las personas, lo cierto es que México sigue estando muy rezagado en materia de salud mental. Según datos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, actualmente, cerca del 30 por ciento de la población nacional se encuentra afectado por trastornos mentales; sin embargo, apenas una de cada cinco recibe tratamiento. Esto es porque existen diversos prejuicios que dificultan su efectiva atención.

Así, al abordar las causas de la deficiencia en materia de salud, tenemos que atravesar por rubros que nos hablan de barreras y discriminaciones. El entorno económico del individuo, la exposición a la violencia y hasta la situación migratoria impactan de manera directa en su estado de salud. Y no sólo eso, sino que también es necesario establecer una policía pública que permita señalar a la salud mental como una necesidad en el marco de la salud en México, “del presupuesto en salud en México, sólo se destina alrededor del 2 por ciento a la salud mental, cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que se invierta entre el 5 y el 10 por ciento. Además, el 80 por ciento del gasto en salud mental se emplea para la operación de los hospitales psiquiátricos, mientras que se destina muy poco a detección, prevención y rehabilitación”.1

Diversos instrumentos internacionales como la declaración de Caracas, La Declaración de Madrid y los Principio Básicos para la Atención de la Salud Mental nos definen el concepto. En México el Artículo 72 de la Ley General de Salud se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

Cuando se padece una enfermedad de salud mental, es crucial saber que hay alguien que te puede ayudar y claro tener un sistema sostenido que provea de medicamentos, ayuda terapéutica para que los efectos del tratamiento prescrito sean eficaces. El mundo es desigual cuando no se cuenta con ello.

En el caso específico de niñas, niños y adolescentes, por su condición de etapa formativa, se debe procurar por todos los medios disponibles aminorar los factores de riesgo que puedan afectar a su capacidad para desarrollar todo su potencial en la edad adulta.

Entre el 10 y 20 por ciento2 de los jóvenes en el mundo, el monstruo de la depresión y el suicidio los persigue; en México, según el Inegi, el suicidio es la tercera causa de muerte entre niños de 10 a 14 años y también en el bloque de 15 a 24 años3 y ello es motivo bastante, para que los tomadores de decisiones nos volquemos hacia su prevención.

Nuestros compañeros de la Legislatura LXIV, en febrero de este mismo año,4 realizaron un trabajo fuerte en torno al tema de salud mental, que incluye parlamento abierto con expertos y usuarios de los servicios de salud de alta especialidad; sin embargo, al final la bancada del presidente hizo lo que con todos los asuntos que se llevaron a parlamento abierto: oídos sordos; y terminaron aprobando solos, un dictamen que deja derrotada la idea de tener un sistema de nacional para procurar la salud mental de los mexicanos, porque va contra los derechos humanos y porque no asigna un solo peso para su operación.

Sin embargo, retomando la idea que dio origen a la reforma arriba planteada, es que nos permitimos proponer elevar a rango constitucional la creación del Sistema de Salud para el Bienestar Mental y establecer la obligación anual de proporcionar recursos económicos suficientes para su implementación, operación y mejora constante.

Al desarrollo de esta iniciativa, estamos pensando en un sistema de salud mental que apoye a principalmente a las familias que lidian día a día con problemas tan graves como estos:

• Trastornos mentales agudos o crónicos agudizados;

• Enfermedad psiquiátrica severa, con riesgo de daño a sí mismas o a otras personas;

• Trastornos del comportamiento como de conducta, emocionales y psicóticos agudos, sin abuso ni dependencia a sustancias adictivas y;

• Patología dual, es decir, que tienen un trastorno mental y uno del comportamiento (conductual, emocional y/o psicótico agudo), además de que presentan abuso o dependencia a sustancias adictivas.

Cuando hablamos de salud mental, no hay ninguna enfermedad fácil. Actualmente, en nuestro país, solo existe un hospital psiquiátrico especializado en la atención a niñas, niños y adolescentes, Hospital Psiquiátrico Infantil Doctor Juan N. Navarro, en Ciudad de México; ¿Es eso suficiente?

Los números son claros, hasta antes de la pandemia, en la región de las Américas entre el 19 y el 24 por ciento de la población adulta sufría algún trastorno mental, en México el 6.4 por ciento de la población padecía depresión, lo que la hace la enfermedad mental más común entre los mexicanos; todos estos datos se multiplicaron frente a la zozobra del covid-19.

Independientemente de los números, ¿Necesitamos un Sistema específico para el cuidado de la Salud Mental que asegure el acceso a servicios y medicamentos apropiados? Un día al cuidado de un adolescente con tendencias suicidas, un día en la contención de un niño con trastorno oposicionista desafiante, un día en el seno de una familia con padres determinados a las sustancias adictivas, un día al resguardo de un abuelo con demencia, un solo día al cuidado de un adulto joven con esquizofrenia; ¿Qué tal, ser tú mismo quién lo padezca? Busquen ahí, y encontraran la respuesta.

Una vez expuestas las múltiples razones que sustentan nuestra propuesta, es que determinados que sea nuestro artículo 4o. Constitucional el que ampare en su contenido la especificación de un Sistema de Salud Mental que, siendo distinto al sistema de salud tradicional, sea una herramienta que ayude al estado mexicano a garantizar el pleno goce de este derecho fundamental para el ser humano.

Los invito a que seamos valientes y aceptemos que nuestros adultos jóvenes, adolescentes y niños están dando, nos guste o no, una batalla contra las enfermedades mentales y sus causas. Apoyémoslos.

Por lo que todo ello armonizado, se propone la siguiente modificación al Texto Constitucional:

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se modifica el cuarto párrafo del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud física y mental . La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un Sistema de Salud Física y un Sistema de Salud Mental para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El honorable Congreso de la Unión, tiene un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto a fin de que emita las modificaciones legales que permitan materializar lo aquí ordenado.

Tercero. El Ejecutivo federal tiene un plazo de hasta 180 días para que emita las disposiciones reglamentarias que permitan proveer en la esfera administrativa lo ordenado por el presente decreto.

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán ser contemplados y actualizados anualmente agregándolos al presupuesto autorizado de los ejecutores del gasto correspondientes.

Notas

1 http://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_18-0 07.pdf

2 OMS, Salud Mental del Adolescente. Disponible para su consulta en la dirección electrónica: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-h ealth

3 Inegi, Características de las defunciones registradas en 2020. Disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/
DefuncionesRegistradas2020_Pre_07.pdf

4 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Votaciones, 17 de febrero del 2021. Disponible para su consulta en el siguiente enlace: http://gaceta.diputados.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de marzo de 2023.

Diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 9°, 102 y 124 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación en materia de incentivos para maestras y maestros que presenten su servicio en escuelas que pertenezcan a las localidades aisladas, en zonas urbanas marginadas, y de alta conflictividad social, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Debemos tener presentes las palabras de Nelson Mandela: “es a través de la educación que la hija de un campesino puede llegar a ser médico, que el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la mina, que el descendiente de unos labriegos puede llegar a ser presidente de una nación.”1

La educación es la mejor herramienta de transformación social. Es el cimiento primordial y compromiso necesario de una nación consigo misma. La educación, no solo nos dará acceso a una sociedad más preparada, garantizará la libertad de un pueblo que a través del aprendizaje encontrará la manera de conocer y promover valores de convivencia social: respeto, honestidad, igualdad. Lo que invariablemente permeará en la construcción de un estado de bienestar.

Dentro de la educación, el Estado mexicano juega un papel trascendental, pues tiene la obligación de garantizar una educación de calidad a todas las niñas, niños y adolescentes del país. A comparación de gobiernos anteriores, donde se privilegió la política monetaria sobre la educación, en este gobierno, encabezado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, el estandarte es claro, no dejar a nadie atrás. Por lo que la educación es el eje medular del cambio. Hoy la transformación es notable. Prueba de ello es la implementación de las Becas Benito Juárez y Becas Bienestar donde se privilegia que el Estado dote de posibilidades a estudiantes mexicanos en el camino de su trayectoria escolar.

Pese a los esfuerzos, los estragos producto de gobiernos neoliberales, siguen presentes. Con la reforma educativa implementada en el año 2013, el beneficio fue solo para unos cuantos. Las desigualdades estructurales se alargaron y las brechas entre centros educativos incrementaron, dejando en total desamparo las escuelas de comunidades aisladas, zonas urbanas marginadas, escuelas rurales y de comunidades indígenas. Con la reforma, la educación pasó de ser un derecho a ser un privilegio.

Para que la educación funcione es necesario repasar los tres elementos vitales para ella. Están las y los estudiantes quienes nutren las aulas con su alegría, energía y sus ganas de aprender, pero para ello necesitan de la guía de docentes, quienes germinarán la semilla del aprendizaje y fomentarán los principales valores sociales a sus alumnas y alumnos. Para que la educación pueda ser exitosa, tienen que existir las condiciones de infraestructura para hacer efectiva la enseñanza. Desafortunadamente, como se desarrollará en líneas posteriores, dos de estos elementos no están atendidos en su totalidad.

Todas las personas tienen que gozar de un futuro cierto que sea garantizado por una educación que no se convierta en el privilegio de pocos. No podemos permitir que la situación económica de las familias dictamine cuando una niña o niño tiene que dejar la escuela. A mitad del camino, el gobierno debe continuar fortaleciendo los mecanismos legislativos para establecer la igualdad de oportunidades.

Es prioritario que el derecho humano a la educación sea atendido para todas las personas anteponiendo a las comunidades ya mencionadas, quienes son las principales víctimas de las barreras que fomentan la desigualdad. Es momento de garantizar una educación de calidad a todas las personas, pues ello amplificará las oportunidades de un verdadero cambio social. Encaminemos nuestro trabajo para que toda mexicana y mexicano reciba una educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Situación de desigualdad en centros educativos

Como menciona Oxfam México,2 nuestro país se encuentra dentro del 25 por ciento de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. La riqueza de los mexicanos más ricos en 2017 fue de 116 mil millones de dólares, esto significa que las 10 personas más ricas de México acumulan la misma riqueza que el 50 por ciento más pobre del país. Esta desigualdad impacta en todos los ámbitos de la vida, ya sea económico, social, familiar y por supuesto, escolar.

Dentro del ámbito escolar la desigualdad se ve reflejada en su infraestructura pues mientras existen centros donde hay espacios destinados a activades deportivas y recreativas, existen también escuelas donde no se tiene siquiera un patio. También hay centros donde las clases se imparten con el uso de tecnologías, donde la luz, agua y acceso a servicios de transporte están garantizados. Lamentablemente en nuestro país persisten centros escolares que no cuentan con la debida infraestructura para su buen funcionamiento. Tristemente a la problemática de la infraestructura se suma el tema de la falta de docentes que permitan que el conocimiento y aprendizaje se vea realizado.

Las escuelas en zonas marginadas atraviesan una desigualdad social que trae consigo el carente desarrollo de la educación. Con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).3 México tiene índices muy altos en cuanto a deserción escolar, esto gracias a factores que van desde el poco personal docente, hasta las condiciones deplorables de las aulas y escuelas en general, factores que estamos llamados a combatir por un porvenir con bienestar para las próximas generaciones.

Los problemas de las escuelas en las zonas marginadas van desde no tener servicios públicos, hasta el difícil recorrido para llegar a ellas, pues buena parte de las comunidades aisladas se ubican, por ejemplo, en zonas montañosas donde el trayecto para llegar a sus escuelas es de hasta tres horas, informa la Revista Mexicana de Investigación Educativa.4

Hace ocho años se realizaba una nota periodística que buscaba visibilizar el camino de Saúl para llegar a la escuela,5 un niño que cursaba su primer año de secundaria. Saúl, tenía muchos sueños y buscaba salir adelante, pero su reto era gigantesco pues debía pararse a las cinco de la mañana para poder llegar caminando a su escuela puntual a las ocho. Tres horas de recorrido puede considerarse como un trayecto inhumano, pues a la distancia y el tiempo, habría que sumar la inseguridad que esto le conllevaba.

Como Saúl, existen miles de niñas niños y adolescentes que debido a la desigualdad tienen que realizar acciones extraordinarias para poder acceder a una educación. Debemos actuar y cambiar la vida de esta población, cuyo único sueño es obtener los conocimientos y aprendizajes para una mejor calidad de vida.

Como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación,6 la educación es un elemento clave para el progreso sostenible, es decir, que su pleno ejercicio garantizará a las generaciones futuras la solvencia de sus necesidades a través de ella. Su reconocimiento es fundamental para gozar de los beneficios y poder aspirar a convertirnos en un país donde cada día se eliminen las brechas de desigualdad.

El rol de las maestras y maestros en la educación

Enseñar es dejar huella en la vida de las personas, invariablemente, todas y todos tenemos a ese alguien que ha impactado con sus palabras, acciones y enseñanzas nuestra vida. La realidad demuestra que la mayoría de mexicanas y mexicanos encuentran en las maestras y maestros las personas que más influencia les han permeado, pues es justamente con ellos donde inicia la creación de vínculos.

Pero no todos corren la misma suerte. En las escuelas establecidas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, de alta conflictividad social, rurales y en pueblos de comunidades indígenas las y los estudiantes ven limitado su derecho a la educación por la falta de maestras y maestros.

Entre las principales causas de falta de personal docente en estos centros educativos podemos señalar su sueldo insuficiente e inestable, pues derivado de múltiples factores, el sueldo tiene que dividirse, ya sea en hogares, medios de transporte, material educativo, protección y seguridad, solo por mencionar algunas, lo que deja prácticamente una nula ganancia en el bolsillo de las maestras y maestros.

A lo anterior hay que señalar el compromiso del docente por su vocación, pues debe abandonar su hogar con el objetivo de impartir educación en los lugares más recónditos y necesitados de ella, no basta con apegar el mal sueldo a su vocación, pues somos sabedores que las personas docentes también tienen otros gastos, tampoco se puede señalar su compromiso o responsabilidad, pues desafortunadamente sin las condiciones económicas, es extremadamente complicado que un maestro o maestra pueda enseñar y promover las cualidades entre su estudiantado.

Por tanto, es menester de las autoridades educativas como del Estado mexicano, brindar una educación de calidad por maestras y maestros que se encuentren bien remunerados, pues a través de los incentivos salariales podremos posibilitar e incrementar la oportunidad para que los centros cuenten con personal docente preparado, capacitado y comprometido con la sociedad y ello produzca un ambiente educativo y laboral de calidad.

Las autoridades educativas tienen que difundir los beneficios de la educación, pero también es su obligación garantizar que las y los docentes, como pilares del sistema educativo, tengan una garantía laboral, beneficiándose de un salario que es el reflejo de su labor social por llevar educación a la gente de las comunidades más lastimadas por la desigualdad en nuestro país.

Respecto las comunidades indígenas, la Universidad Nacional Autónoma de México,7 señala que las poblaciones indígenas en el ámbito educativo presentan los porcentajes más bajos de participación. Esto, gracias a que no hay maestras ni maestros preparados para solventar una educación capaz de subsanar las necesidades presentadas por este sector poblacional. Necesidades como un personal docente apto para brindar una educación bilingüe para que las alumnas y los alumnos desarrollen sus capacidades sin limitaciones.

El Estado Mexicano tiene el compromiso de brindar una educación justa para todas las comunidades, es por ello que el enfoque de una educación inclusiva permitirá subsanar las necesidades particulares que presentan estas comunidades. Es importante mencionar que los incentivos al personal docente van más allá del reconocimiento, pues estos sirven para que las y los maestros no se sientan detenidos al llevar a cabo su vocación en dichas zonas, sobre todo, para que vean una oportunidad de crecimiento laboral ayudando a las escuelas que más necesitan de sus servicios y conocimientos. Con información del diario Contralínea, 8 los incentivos tienen la calidad de ser permanentes y los aumentos van del 35 al 41 por ciento del sueldo, mismo que está incorporado al aguinaldo, a la prima vacacional, a la seguridad social; asimismo, a los docentes que laboren en zonas de alta pobreza se les da un monto aún mayor.

El Banco Interamericano de Desarrollo9 señala que una de las formas de retención laboral es el incremento de incentivos, y si no los garantizamos no podemos regularlos para hacerlos eficaces. Por ejemplo, las escuelas rurales del estado de Chiapas carecen de instalaciones sanitarias y electricidad; sin embargo, algunas escuelas pertenecen al Programa de Educación Comunitaria, que tiene como uno de sus objetivos fortalecer los incentivos de las y los docentes para que permanezcan en servicio, pero fortalecer incentivos, penosamente, no los hace exigibles.

Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),10 precisa que el impacto de la pandemia ha generado una reducción de ingresos y altos niveles de inseguridad económica en las familias que puede derivar en que más de 300 mil niñas, niños y adolescentes abandonen la escuela para trabajar. Estos hechos visibilizan que las becas de ayuda para la educación de los vulnerables no son suficientes, entonces reforcemos el desarrollo educativo de las zonas marginadas a través de condiciones dignas de aprendizaje, con incentivos garantizados para el personal docente, pues el futuro de este país está en las manos de las maestras y los maestros.

Si alguien piensa que es injusto que el salario de las maestras y los maestros se vea beneficiado, las consecuencias no son tan difíciles de identificar, con lo anteriormente escrito se puede deducir que al no tenerlos en aulas exista:

1. Deserción escolar;

2. Futuro incierto de las niñas, niños y adolescentes;

3. Aumento de infantes en las calles;

4. Aumento de trabajo infantil forzado;

Es de suma importancia para el Estado mexicano que el abandono escolar disminuya. Interesa que el derecho a la educación esté garantizado. Que las niñas y los niños se reincorporen a una educación de calidad comandada por maestras y maestros a quienes se les dé más que el reconocimiento a su labor, y también interesa que sea a través de la educación la llave del cambio.

Es claro que una niña, niño y adolescente que no tiene posibilidades de continuar sus estudios aumenta su vulnerabilidad ante una sociedad desigual. El Estado debe encontrar mecanismos que garanticen el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación haciendo que las y los profesores de escuelas que pertenecen a comunidades marginadas, hagan exigible su seguridad económica para que a su vez se haga exigible el derecho a la educación de este grupo en situación de vulnerabilidad.

Es tiempo de que cambiemos la situación educativa del país para evitar que las barreras sociales y económicas de comunidades marginadas determinen el futuro de las y los estudiantes, que estas barreras no limiten el desarrollo entero de esta nación que ve en todas las niñas, niños y adolescentes un futuro prometedor que es uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación.

Es obligación del Estado fomentar los beneficios que tiene la educación a través de mecanismos eficaces que erradiquen las barreras estructurales que limitan el correcto desarrollo de las y los estudiantes. Dos de ellas son garantizar los incentivos económicos a las y los docentes que tienen el compromiso social de la educación con México y, a su vez, asegurarse que el recurso destinado a la educación priorice a las escuelas más necesitadas.

Garanticemos condiciones óptimas para que la labor docente se pueda llevar a cabo sin las limitaciones de las zonas más vulnerables y marginadas, pues el frente de este gobierno no piensa consentir la desigualdad que fomentaron los gobiernos que antecedieron, sensibilizando y exponiendo lo que fue ignorado.

Para mayor claridad sobre nuestra propuesta presentamos el siguiente cuadro comparativo del texto vigente y nuestra propuesta de reforma:

Por lo anteriormente expuesto presento el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación

ÚNICO. – Se reforma la fracción VII del artículo 9, se reforma y adiciona el artículo 102 y se reforma y adiciona el artículo 124, todos ellos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:

I. a VI....

VII. Garantizar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, en zonas urbanas marginadas, y de alta conflictividad social, rurales, en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

VIII. ... a XIII. ...

Artículo 102. Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales, en pueblos y comunidades indígenas y afomexicanos , tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades.

(...)

Artículo 124. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concerten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deberán realizar para reducir y superar dichos rezagos.

Se privilegiará en todo momento aquellas escuelas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, de alta conflictividad social, rurales y en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Transitorios

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para los ejecutores de gasto correspondientes, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Tercero. – La Secretaría de Educación Pública en un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, establecerá las reglas y lineamientos para la implementación de los programas de incentivos a las y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, en zonas urbanas marginadas, de alta conflictividad social, rurales, en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Notas

1 Nelson Mandela. Nelson Mandela by himself, Barcelona, Plataforma Editorial, 2011.

2 Oxfam México, México justo: políticas públicas contra la desigualdad, disponible en: https://www.oxfammexico.org/historias/m%C3%A9xico-justo-pol%C3%ADticas- p%C3%BAblicas-contra-la-desigualdad-, (fecha de consulta 17 de enero de 2023).

3 INEGI, Presenta resultados de la encuesta para la mediación del impacto Covid -19 en la educación (Ecovid-ED) 2020, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemE con/ECOVID-ED_2021_03.pdf, (fecha de consulta 17 de enero de 2023).

4 Revista de Investigación Educativa Mexicana. Las escuelas rurales en zonas de pobreza y sus maestros, disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/140/14000105.pdf, (fecha de consulta 17 enero 2023).

5 Azteca Noticias, Niño pobre camina dos horas para ir a la escuela, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=e-hIBImhaFo, (fecha de consulta 19 de enero de 2023).

6 SCJN, Derecho a la educación, nuevas interpretaciones, disponible en:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/
DERECHO%20A%20LA%20EDUCACI%C3%93N.pdf (fecha de consulta 20 de enero de 2023).

7 UNAM, Plan Educativo Nacional. Educación Indígena, disponible en:
http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_06/Text/06_03a.html (fecha de consulta 18 de enero de 2023)

8 Contralínea, SEP da Incentivos económicos a 24 mil docentes, disponible en: https://contralinea.com.mx/sep-da-incentivos-economicos-a-24-mil-docent es/, (fecha de consulta 18 de enero 2023).

9 Banco Interamericano de Desarrollo. México prueba nuevas formas de retener maestros, disponible en: https://www.iadb.org/es/noticias/mexico-prueba-nuevas-formas-de-retener -los-maestros-en-las-zonas-rurales (fecha de consulta 19 de enero de 2023).

10 Ciencia UNAM-DGDC, Aumento de abandono escolar y trabajo infantil a consecuencia del coronavirus, disponible en: http://ciencia.unam.mx/leer/1120/aumento-de-abandono-escolar-y-trabajo- infantil-consecuencia-del-coronavirus, (fecha de consulta 20 de enero de 2023).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los anexos transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación son documentos complementarios que se elaboran cada año junto con el proyecto de presupuesto federal y que contienen información detallada sobre diversas materias que cruzan a varias dependencias y entidades del gobierno federal.

Los anexos transversales incluyen información sobre temas como la política de inversión pública, el gasto en programas y proyectos prioritarios, la política de deuda pública, los criterios de política económica, la política de remuneraciones de los servidores públicos, entre otros. En general, proporcionan información relevante para la toma de decisiones sobre el presupuesto federal y su ejecución, y permiten una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

En torno a la práctica de la programación, presupuesto y ejecución de los gastos de la federación, se encuentra plasmado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.1

De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia fiscal o tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como los de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.

Siguiendo esta misma línea, el artículo 74 fracción IV, de la Constitución, manifiesta examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.2

Este mismo precepto de rendición de cuentas y evaluación de los resultados, se replica en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; dada la importancia del ejercicio eficiente del presupuesto público.

Conforme al Artículo 1° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determina que la presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.3

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

En el artículo 2o., en relación a los Anexos Transversales, se menciona que se entiende a estos como anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático.4

Se entiende como Clasificador por Objeto del Gasto al instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio.

El artículo 4° comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto:

I. El poder Legislativo

II. El poder Judicial

III. Los entes autónomos

IV. Los tribunales administrativos

V. La presidencia de la República

VI. Las dependencias, y

VII. Las entidades

Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público.

En el artículo 23 se establece que, en el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de estas. Asimismo, la Secretaría deberá elaborar los calendarios de presupuesto, en términos mensuales, de los Anexos Transversales a que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u), y v) de esta Ley y deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación.5

Conforme al artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión información mensual y trimestral en los siguientes términos:

I. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate conforme a lo previsto en esta Ley.

Entre los informes trimestrales, destacan: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión.

Los informes trimestrales deberán presentarse con desglose mensual e incluirán información sobre situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren los artículos 110 y 111 de esta Ley.6

Dichos informes deberán contener como mínimo:

a) La situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios y la evaluación del sector financiero y del sector externo;

b) La situación de las finanzas públicas

c) Un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre incluyendo los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda pública interna y externa. Se incluirá también un informe de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento financieros y de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

d) La evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo

e) Los montos correspondientes a los requerimientos financieros del sector público, incluyendo su saldo histórico

f) La evolución de los proyectos de inversión en infraestructura que cuenten con erogaciones plurianuales aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos

II. Informes mensuales sobre los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, 30 días después del mes de que se trate.

La información que la Secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna. En caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan.

Para tener en cuenta los montos de las erogaciones públicas destinadas a estos fines; se muestran a continuación los presupuestos asignados para los Anexos Transversales del periodo de 2020 a 2023:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la metodología para la elaboración del Anexo 13: Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se considera porcentajes y cuotas de los programas presupuestarios en la proporción que contribuyen a las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Los recursos que se incluyen que se incluyen son auto declarados por las ejecutoras y dependencias del gasto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es en el artículo 22 del Decreto del PPEF 2023, que se determinan las acciones que deben llevar a cabo los programas incorporados en el anexo 13:

““Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se pueden identificar de forma diferenciados los beneficios para mujeres y hombres”.

Actualmente, solo las Unidades Responsables que participan en el anexo 13, deben rendir cuentas de manera específica en sus informes trimestrales, lo cual recoge el artículo 111 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta disposición debe de extenderse a las demás Unidades Responsables que ejercen el gasto público y que participan en los demás anexos transversales.

Con base en lo mencionado anteriormente, se debe reformar el artículo 111 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para contar con el ajuste en donde se enmarquen los criterios sobre los recursos que se ejercen por anexos transversales con el fin de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.

Se propone reformar el cuarto párrafo del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de incluir una metodología de evaluación del gasto público comparable y aplicable a los Anexos Transversales. Para ilustrar mejor la propuesta legislativa, se presenta en el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo que hasta aquí se ha expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 111. La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas.

[...]

El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar una metodología en los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los que se presente la evolución del gasto público, que permita hacer comparaciones y evaluar los resultados del ejercicio inmediato anterior en los Anexos Transversales a los que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de esta Ley.

[...]

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo Federal reformará los Reglamentos correspondientes dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente decreto.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente.

2 Ibídem.

3 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Texto Vigente.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Exposición de Motivos

La historia de la humanidad está fuertemente ligada a la búsqueda de fuentes de energía para su supervivencia y su posterior desarrollo. La evolución de dicha búsqueda ha llevado a la humanidad a los procesos de desarrollo y modificación de su ambiente y la utilización de los medios a su alcance para la obtención de energía de los más diversos, esto contempla desde la energía utilizada por animales que tiraban de una carreta hasta los procesos de tecnología, que logran almacenar la cantidad suficiente de energía eléctrica que impulsa un automóvil.

Las diversas formas de energía que han acompañado a la humanidad para los procesos de producción y de la vida misma han sido múltiples y variadas, de las cuales la energía eléctrica ha sido desde hace décadas particularmente indispensable.

La revolución y evolución que ha representado para la humanidad el descubrimiento y utilización de la energía eléctrica han sido de tal magnitud que hoy día es difícil imaginar la vida de las personas sin dicha energía.

En nuestro país la generación y el uso de la electricidad inicia con carácter industrial en 1879 con la construcción de una planta termoeléctrica de 1.8 kilovatios, instalada en una fábrica de textiles en la ciudad de León, Guanajuato.

El 24 de agosto de 1937 se publica la ley que crea la Comisión Federal de Electricidad como una dependencia oficial con el objeto de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener, con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.

Para una mejor explicación de los antecedentes del marco jurídico del sector eléctrico, se puede dividir su evolución en cinco etapas:

• La nacionalización del servicio público de la energía eléctrica, de 1960 a 1991.

• El inicio de la participación privada en actividades que no constituyen servicio público, de 1992 al 2013.

• La apertura de la industria y el fin del monopolio, a partir de la reforma constitucional de 2013.

En México, la extracción, transformación y comercialización de los energéticos está en manos del Estado a través de un marco jurídico que los administra con el objeto de preservarlos y de hacer que los beneficios que de ellos se obtengan se destinen fundamentalmente a la mayoría de la población.

El Estado mexicano ha mantenido una política definida en la industria eléctrica, desde el año de 1926, con el Código Nacional Eléctrico y con la Ley para el Funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de 1949, que instrumentó la legislación, permitiendo el uso exclusivo de este servicio.

Sin embargo, fue hasta 1960 cuando se elevó a rango constitucional la facultad del Estado para ser el único dueño de esta industria, mediante la compra de la totalidad de las acciones de las empresas, así como la liquidación de las 19 filiales de la CFE y de la Mexican Light and Power Company, nacionalizándose, así, la industria eléctrica.

Mediante la modificación Constitucional, se integró la siguiente redacción “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

A raíz de la nacionalización decretada en 1960, México organizó el suministro de electricidad como servicio público integrado verticalmente desde la generación hasta la venta, al tiempo que se estableció la exclusividad del Estado en la prestación del servicio.

La negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dio pauta para ampliar las posibilidades de generar electricidad con fines distintos al servicio público,1 pero también aprovechar los nuevos mecanismos de financiamiento. El marco jurídico fue modificado para permitir la pequeña producción, la cogeneración, la producción independiente y la inversión extranjera. Se aprobó también la propiedad privada de las redes de transmisión con fines de autoabastecimiento e intercambios con el extranjero.

Diversos ordenamientos fueron ajustados posteriormente, primero, para permitirle a la CFE apoyarse en empresas y capital privado para cumplir con el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE)2 segundo, para permitir a los generadores privados vender sus excedentes a la CFE o colocarlos entre los usuarios finales a través de sociedades de autoabastecimiento, figura que antes no existía en la ley y, tercero, para permitir el uso de la red por parte de particulares y hacer viable el autoabastecimiento remoto.

A partir de los cambios en la legislación eléctrica, la CFE comenzó a expandir el parque de generación dando preferencia a las centrales de ciclo combinado operadas con gas natural pertenecientes a productores independientes.

Con esta reforma, los agentes privados podrían producir, exportar e importar electricidad: “La negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fue la oportunidad para iniciar la desregulación y liberalización de la generación eléctrica en México.

Entre los acuerdos alcanzados se estableció que las empresas estadounidenses y canadienses podrían en México adquirir, establecer u operar plantas de generación de tres tipos: para autoabastecimiento; para aprovechar el calor de los procesos industriales (cogeneración) y para vender toda la electricidad producida a CFE (productores independientes)”.3

Desde una perspectiva económica, la historia del mercado eléctrico de México se puede condensar en cuatro etapas consecutivas que se traslapan.4 En la primera, desde sus inicios -a finales del siglo XIX- hasta 1910 el mercado funcionó con el impulso de capital de origen básicamente mexicano, y el extranjero sólo como complemento.

En esta primera etapa las centrales generadoras estaban mezcladas tanto en el origen del capital como en cuanto a las tecnologías de generación.

La segunda, de alrededor de 1910 hasta 1940, se caracterizó por el retiro del capital mexicano de la industria eléctrica y la penetración de capital extranjero proveniente sobre todo de la canadiense Mexican Light and Power Company (incorporada en Toronto en 1902) y la American and Foreign Power Company.

La tercera etapa, de 1940 a 1972, fue la contracción o el retiro de la inversión privada y su reemplazo por capital del gobierno mexicano (recursos públicos), por un lado, y la expansión en términos de cobertura territorial y la integración vertical de las centrales eléctrica del país, por el otro.

La cuarta etapa, de 1972 a finales del decenio de los noventa, se caracterizó por la creciente consolidación de dichas centrales mediante una serie de modificaciones legislativas; una política expansiva de gasto e inversión para satisfacer la demanda de electricidad que había superado el ritmo de crecimiento económico en general y la electrificación de grandes zonas remotas del país.

Empero, en 1992 se introdujeron algunas reformas regulatorias para permitir una mayor participación del capital privado en el sector eléctrico, las cuales anunciaban una nueva fase caracterizada por una creciente participación privada en el mercado eléctrico.

De 1992 a 2013 El marco jurídico aplicable, en especial la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, excluía a las empresas privadas del suministro de energía eléctrica pública, es decir, estas empresas no estaban autorizadas para vender electricidad a un consumidor final en un mercado abierto. La ley hacía de esta actividad del dominio exclusivo de dos grandes empresas públicas: la Comisión Federal de Electricidad, que genera más de 90 por ciento de la demanda de electricidad de México, y Luz y Fuerza del Centro, una compañía de gran dimensión especialmente transmisora y distribuidora que opera en la ciudad de México y zonas aledañas. Ambas empresas estaban incorporadas en lo que se denomina Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Las dos empresas públicas fueron las responsables del tema eléctrico en el país hasta el momento de la extinción de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro. En octubre de 2009 el presidente Felipe Calderón promulgó el decreto de extinción de la empresa, lo que tuvo como consecuencia la desaparición de la misma. Ante dicho suceso la empresa para estatal CFE, se convirtió en la empresa del dominio exclusivo de la electricidad en el país, hasta 2013 en que se reformó la constitución para incluir una serie de lineamientos que trajeron como consecuencia la modificación del marco jurídico y del sector eléctrico en el país

Derivado de la reforma de 2013 el marco jurídico se modificó, permitiendo la participación de los particulares en algunos de los procesos de la industria eléctrica. Procesos definidos de acuerdo con el glosario de términos eléctricos de la Secretaría de Energía (SENER) como:

• Generación: Producción de energía eléctrica por el consumo de alguna otra forma de energía (e.g. viento, sol, gas, vapor, calor geotérmico, movimiento del agua, etcétera).

• Transmisión: Es la conducción de energía eléctrica, desde las plantas de generación o puntos de interconexión (punto donde se entrega energía entre dos entidades), hasta los puntos de entrega para su distribución.

• Distribución: Es la conducción de electricidad, desde el/los puntos de entrega de la transmisión, hasta los puntos de suministro a los usuarios.

• Comercialización: Es el conjunto de actos y trabajos para proporcionar energía eléctrica a cada usuario.

Con la LIE, dos de estas actividades se abrieron a la participación privada: la generación y comercialización de la electricidad. El resto, catalogadas como áreas estratégicas, permanecen como actividades exclusivas del Estado.

Esto es, con la reforma, la industria eléctrica dividió sus cuatro principales actividades, de manera que se realicen de manera independiente entre ellas. Por ello, fue necesario reorganizar y redefinir a los jugadores y las reglas del mercado. Así, la estructura de la industria quedó definida por las siguientes categorías:

• Generadores

• Operador, regulador y productos del mercado

• Comercializadores

• Usuarios

Uno de los principales argumentos de la iniciativa fueron la necesidad de modificar el marco legal y de producción de la Energía para cumplir con ciertos compromisos internacionales. La implementación de la Reforma Energética trajo consigo la modificación del marco legal en materia de energía de amplias magnitudes se crearon nueve leyes y se modificaron doce.5 Dichas modificaciones y leyes de nueva creación obedecieron a responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos relacionados con el medio ambiente, lo que ha tenido por consecuencia la creación de un marco regulatorio en materia de energías limpias e incorporando mecanismos enfocados a la disminución de emisión de contaminantes, mediante la progresiva incorporación de diversas fuentes de generación de electricidad,6 con la finalidad de construir un aprovisionamiento más eficiente más accesible y de menor costo.

La modificación del marco y la búsqueda de la diversificación de los mecanismos de procesos obedeció, cuando menos en el planteamiento, a la ruta de la construcción de La seguridad energética entendida como: La seguridad energética es la capacidad de una economía para garantizar la disponibilidad de energéticos de manera sostenible y oportuna, con precios que no afecten negativamente el desempeño económico.7

Sin embargo, las reformas y las leyes en vigencia aún no han logrado construir los mecanismos reales de apropiación del derecho humano a la electricidad. El sector eléctrico en México enfrenta grandes retos. El precio de la electricidad es elevado y no es competitivo. En comparación con Estados Unidos, las tarifas promedio son 25 por ciento más altas, aun con el subsidio, sin el cual resultarían 73 por ciento más caras. Ello constituye un freno a la economía mexicana, ya que la electricidad es un insumo esencial para la actividad industrial, comercial y de servicios.8 Circunstancia que nos pone en lejanía con algunos de los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derechos Humanos.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada el 25 de septiembre de 2015 por todos los estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, recoge en la declaración final de la Cumbre de Desarrollo Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 se compone de 17 objetivos, 169 metas, así como de una declaración política, medios de seguimiento, revisión e implementación de estos. Para efectos de la presente es necesario centrarnos en el número 7:

“Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.”

• Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos

• Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía

• Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

• Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante

• Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo9

Suscribir dichos tratados obliga a nuestro país a construir mecanismos e instituciones que hagan efectivos estos derechos; en el caso de la Energía Eléctrica corresponde a la CFE como empresa productiva del Estado (que es una persona moral de derecho público controlada por el gobierno federal) desarrollar la actividad estratégica del Estado, mediante la implementación de planes programas y mecanismos en pro de cumplir dichos objetivos del milenio, dentro de los cuales encontramos con particular atención la necesidad de preservar el medio ambiente.

En el marco jurídico existente para México, la Ley de Transición Energética es el instrumento que platea los lineamientos de sustentabilidad particularmente lo referente al sector eléctrico, dentro de este instrumento encontramos definiciones referentes a los conceptos de Energías limpias, energías renovables y la transición energética

Energías limpias

La Ley de Transición Energética define en su artículo tercero numeral XV, “Energías Limpias: Son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad definidos como tales en la Ley de la Industria Eléctrica;”

La Ley de la Industria Eléctrica. En su artículo tercero fracción XXII. Define a las energías limpias como “Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan”.

El “Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en materia de renovables”, define a las energías renovables como todo tipo de energía procedente de fuentes solares, geofísicas o biológicas que se renuevan mediante procesos naturales a un ritmo igual o superior al de su utilización.

La Ley de Transición energética en su artículo tercero fracción XVI. Define a las Energías Renovables, como Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes. Se consideran fuentes de Energías Renovables las que se enumeran a continuación:

a) El viento;

b) La radiación solar, en todas sus formas;

c) El movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya existentes, con sistemas de generación de capacidad menor o igual a 30 MW o una densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, superior a 10 watts/m2;

d) La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: de las mareas, del gradiente térmico marino, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal;

e) El calor de los yacimientos geotérmicos, y

f) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos.

Debemos entender Transición energética a la transición energética como el proceso necesario para transformar los usos, comprensión y entendimiento de la gestión energética en todas las personas.

Lo fundamental es percibir que “configurar una matriz energética que no considere que a las energías renovables son importantes para esa transformación pone en riesgo a todas las personas empezando por los bienes públicos globales como son el clima, la biodiversidad y la salud “.

Se deben sustituir los combustibles fósiles, para detener la emisión de gases de efecto invernadero, que ayudará al planeta en un tema como el cambio climático, perder menos biodiversidad, controlar la deforestación, la acidificación de los océanos y contribuir el bienestar de todas las personas en el mundo, especialmente las más vulnerables.

El avance de las economías y el desarrollo de la tecnología a nivel mundial ha transformado los mercados principalmente el energético, las modificaciones en materia de consumo de petróleo que ha realizado EUA han impactado de manera directa a nuestro país en las últimas décadas, lo anterior junto a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en materia de mitigación del cambio climático tiene a nuestro país frente a un reto en materia de energía eléctrica.

El sector eléctrico en México enfrenta grandes retos. El precio de la electricidad es elevado y no es competitivo. En comparación con Estados Unidos, las tarifas promedio son 25 por ciento más altas, aun con el subsidio, sin el cual resultarían 73 por ciento más caras. Ello constituye un freno a la economía mexicana, ya que la electricidad es un insumo esencial para la actividad industrial, comercial y de servicios.

Nuestro país no solo ha suscrito convenios en materia de mitigación de cambio climático. También forma parte de del Convenio OIT 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), y las posteriores reformas constitucionales de 2001 y 2011 que en materia de derechos indígenas; reconocen, los derechos humanos, la segunda, les reconoció a varios de estos derechos, el rango constitucional entre ellos, el derecho a la propiedad y posesión de la tierra, con sus modalidades, así como el uso preferente de sus recursos naturales.

Como podemos observar el marco secundario en materia energética tiene diversos mecanismos que coadyuva en la constricción de objetivos de desarrollo humano y en el avance de derechos en materia de energía y medio ambiente, sin embargo, la brecha existente en materia de la efectividad y progresividad de los derechos humanos en relación a la energía eléctrica aún es grande.

El 99 por ciento de las viviendas habitadas del país tiene electricidad; de ellas, el 0.25 por ciento utilizan como fuente alternativa la energía solar, ya sea de forma exclusivamente o en sistema bidireccional o híbrido (solar y de red pública). De las personas sin accesos a electricidad se calcula que, el 60 por ciento pertenecen a comunidades indígenas. El 1 por ciento de las viviendas en el país no tienen acceso a energía eléctrica, 352,000 hogares, o cerca de un 1.2 millones de personas. Se calcula que entre el 12 por ciento y el 24 por ciento de los ingresos de los sectores más pobres del país son destinados a aliviar la ausencia del servicio eléctrico.

Lo anterior nos obliga a plantear las modificaciones que abonen en el cumplimiento del objetivo de garantizar para toda la población el acceso a una energía suficiente y asequible, dando prioridad a las necesidades de las comunidades, los hogares y las personas marginadas.

Es indispensable reconocer que el reto es modificar el marco constitucional para incluir y reforzar los planteamientos de las leyes secundarias existentes y buscar a su vez garantizar el acceso a la energía renovable y sostenible. Tenemos la responsabilidad de impulsar una transición hacia una sociedad baja en carbono para limitar los impactos del cambio climático sobre las futuras generaciones.

Por lo anterior propongo una modificación constitucional que garantice el derecho humano a la electricidad.

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo que se dispone en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona tres párrafos al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4 ...

...

Toda persona tiene derecho al acceso a energía eléctrica asequible, fiable, sostenible y moderna para consumo personal y doméstico en forma suficiente. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de las energías, priorizando las energías limpias y renovables.

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo de energías sustentables, priorizando las energías limpias y renovables.

El Estado, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 de esta constitución, garantizará el acceso a la energía eléctrica mediante la red de transmisión y distribución.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todas las disposiciones legales que contravengan al presente Decreto se entienden como derogadas.

Notas

1 Arellanes Jiménez, Paulino Ernesto. (2014). El Tratado de Libre Comercio de América del Norte: antes, durante y después, afectaciones jurídicas en México. Revista IUS.

2 Kelly, Guillermo (1994), “Marco legal y regulatorio del servicio público de energía eléctrica en México”, en Daniel Reséndiz (coordinador), El sector eléctrico en México, México, Fondo de Cultura Económica,

3 Víctor Rodríguez Padilla (1999), “Impacto de la reforma económica sobre las inversiones de la industria eléctrica en México: el regreso del capital privado como palanca del desarrollo”. Comisión Económica para América Latina. Serie de reformas económicas. Santiago de Chile

4 Ortega Lomelí, La evolución constitucional de la energía a partir, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Primera edición: 2016

5 Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Ley de Energía Geotérmica, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, Ley Minera, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Deuda Pública, Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal

6 García, Guillermo (2018), “La regulación, factor esencial en un mercado liberalizado”, Energía a debate, núm. 85, Mundi Comunicaciones, SA de CV, Ciudad de México, México, <, Ciudad de México, México, https://www.energiaadebate.com/blog/3107/ >, 5 de junio de 2018.

7 Navarrete, J.E. (2008), “Seguridad energética, ¿para quién?”, La Jornada, 29 de mayo.

8 Gobierno de la República, Explicación ampliada de la reforma energética, México, Gobierno de la República, 2014, página 19, disponible en: https://www.gob.mx/sener/documentos/explicacion-ampliada-de-la-reforma- energetica

9 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fondo ODS), https://www.sdgfund.org/es/objetivo-7-energ%C3%ADa-asequible-y-sostenib le

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica)

Que adiciona un artículo 57 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura Cámara de la Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 57 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país existe la necesidad de brindar justicia a personas víctimas de acoso sexual y laboral. Para lograr este propósito el camino a seguir debe ser el perfeccionamiento normativo a fin de garantizar que exista jurídicamente la conducta que se rechaza y que se castigue mediante un debido proceso.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su capítulo de faltas que se consideran graves, carece de una vía directa para determinar al acoso sexual o laboral, en tanto y como referente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo advierte claramente en su artículo 13, comprendiendo otras conductas como el hostigamiento sexual, violencia laboral y docente, describiendo obligaciones para los tres órdenes de gobierno en cuanto a reivindicar, erradicar, crear procedimientos administrativos claros y precisos, atención especializada y sobre todo, implementar sanciones administrativas para superiores jerárquicos o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja.

Es así que esta iniciativa propone crear una nueva falta administrativa grave referente al acoso laboral o sexual, comprendiendo todas las hipótesis normativas y los vínculos jurídicos con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La problemática en materia de acoso es grave dentro de la esfera del servicio público, especialmente si nos referimos a los de naturaleza educativa, pues en todos los casos se están vulnerando bienes jurídicos tutelados como la integridad física, psicológica, sociológica, sexual, el bienestar y la dignidad de las víctimas.

Bajo esta perspectiva resulta necesario actualizar la ley, adicionando un precepto a la norma para proteger de manera específica y amplia del acoso cometido por personas servidoras públicas en perjuicio de ciudadanos, especialmente a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de su derecho educativo lo que se logrará describiendo la falta y sus elementos específicos.

Conforme a la información que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada el 30 de agosto de 2022: En México, 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 por ciento), seguida de la violencia sexual (49.7 por ciento). En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia (45.6 por ciento), seguido de la relación de pareja (39.9 por ciento), la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 muestra que, de las mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela, 32.3 por ciento experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida como estudiante, en tanto que 20.2 por ciento experimentó violencia de octubre de 2020 a octubre de 2021. La violencia física (18.3 por ciento) fue la de mayor prevalencia a lo largo de la vida escolar, en tanto que la violencia sexual (13.7 por ciento) fue la más experimentada en los últimos 12 meses.1

En materia del sistema de justicia penal, diverso a la esfera de responsabilidades administrativas, se destaca en una nota de febrero de 2021, que: “En cinco años, sólo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia. Víctimas principalmente mujeres, denunciaron casi 145 mil ataques sexuales de 2014 a 2018, pero más de 95 por ciento no se ha resuelto, lo que propicia impunidad”.2

Lo anterior subraya la necesidad de la presente reforma a fin de fortalecer dentro de la esfera pública la justicia administrativa efectiva para este tipo de conductas cuyo impacto es reprobable cuando se comete a cargo de personas que se le encomienda el servicio a la sociedad.

En Baja California, en el año 2022, los casos registrados de incidentes totales en la entidad de naturaleza sexual fueron de 2 mil 52, esto conforme a la estadística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuya fuente está vinculada a la Fiscalía General del Estado.3

Se requiere entonces de ser específicos y concretos para que las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras de faltas administrativas tengan una herramienta para hacer valer la justicia administrativa en salvaguarda de las víctimas y en combate a la impunidad.

Se trata de proteger a quienes conforme a sus condiciones son más vulnerables y estos son especialmente las niñas, niños y adolescentes en su etapa educativa, cuyas incidencias en acoso causan un impacto profundo, dañino y colateral en sus vidas. Pero también, hay que reconocer que la conducta de acoso se presenta en el entorno laboral y, no necesariamente puede ser la falta administrativa relativa al abuso de funciones, sino directamente un daño o lesión en la integridad, bienestar y/o dignidad de la víctima.

Como referente el acoso en su dimensión de violencia es uno de los elementos del tipo penal de feminicidio, de aquí que regularlo como falta administrativa grave constituye un precedente de coadyuvancia con el régimen penal dentro de la cultura preventiva.

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente:

“Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar , del sujeto activo en contra de la víctima...”.

El acoso también tiene regulación en la Ley Federal del Trabajo, cuya consecuencia directa es la terminación de la relación laboral, la excepción de instancia en el procedimiento conciliatorio y como conducta da lugar a multa.

Asimismo, el 21 de junio de 2019 fue aprobado en Ginebra, Suiza, el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo, definiendo al acoso como el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.

La Norma Oficial Numero 0365 establece que el acoso es un acto que daña la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador. Consistente en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como: descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de su autoestima.

Como contexto que favorece la oportunidad de esta reforma, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de abril de 2020, se reformó el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para incorporar que, se considerará abuso de funciones cuando se incurra en alguna de las conductas descritas de violencia política contra las mujeres previstas por el artículo 20 Ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En armonía con el contenido del párrafo anterior, resulta indispensable que transitemos hacia la mejora en el capítulo de faltas administrativas graves de la ley materia de la presente iniciativa ahora en la dimensión sancionadora de la conducta de acoso.

La adición materia del presente instrumento legislativo contiene y propone las siguientes características:

Como base genérica y armónica con el contenido de la ley, la falta grave que se adiciona es susceptible de cometerse por persona servidora o servidor público, siendo las hipótesis conductuales:

• Que preste sus servicios en institución educativa y por cualquier medio y/o circunstancia dañe o cause lesión en la autoestima de las alumnas o alumnos mediante actos de discriminación debido a su género, edad o condición social, académica, limitaciones y/o características físicas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades.

• Que en el ejercicio de su condición y/o poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar realice conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Se comprenderá como elemento para esta falta, cualquier tipo de desigualdad, riesgo o indefensión de la víctima independientemente de su género, no obstante, se realice en uno o varios eventos.

• Que se incumpla con los deberes y obligaciones de protección y/o resguardo a la integridad física y/o psicológica de cualquier integrante de la comunidad escolar y/o laboral, tanto al interior, como en el entorno de estas.

• Que se omita salvaguardar derechos o incumpla con las obligaciones contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Que, teniendo la obligación de iniciar y dar seguimiento a la investigación administrativa, respecto de las conductas previstas en este decreto, las omita, oculte o retarde sin causa justificada y conforme a esta ley.

• Asimismo, se establece que las autoridades previstas en esta ley, en ejercicio de sus funciones, deberán aportar los datos y elementos que adviertan y que hagan presumir una probable responsabilidad penal ante las autoridades competentes, tratándose de las conductas de acoso que fueren parte de sus actuaciones.

Es nuestra responsabilidad mejorar y actualizar el marco jurídico en vigor para retribuir a los ciudadanos en sus anhelos de justicia efectiva y garantizar que ninguna falta, conducta o delito quede sin previsión legal, por tanto, impune.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones señaladas, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 57 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo Único. Se adiciona el artículo 57 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 57 Bis . Incurrirá en acoso la persona servidora o servidor público que:

I. Preste sus servicios en institución educativa y por cualquier medio y/o circunstancia dañe o cause lesión en la autoestima de las alumnas o alumnos mediante actos de discriminación debido a su género, edad o condición social, académica, limitaciones y/o características físicas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades.

II. Quien en el ejercicio de su condición y/o poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar realice conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Se comprenderá como elemento para esta falta, cualquier tipo de desigualdad, riesgo o indefensión de la víctima independientemente de su género, no obstante, se realice en uno o varios eventos.

III. Al que incumpla con los deberes y obligaciones de protección y/o resguardo a la integridad física y/o psicológica de cualquier integrante de la comunidad escolar y/o laboral, tanto al interior, como en el entorno de estas.

IV. A quien omita salvaguardar derechos o incumpla con las obligaciones contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

V. Al que, teniendo la obligación de iniciar y dar seguimiento a la investigación administrativa, respecto de las conductas previstas en las fracciones anteriores la omita, oculte o retarde sin causa justificada y conforme a esta ley.

Las autoridades previstas en esta ley, en ejercicio de sus funciones, deberán aportar los datos y elementos que adviertan y que hagan presumir una probable responsabilidad penal ante las autoridades competentes, tratándose de las fracciones previstas en este artículo.

Artículos Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . Las entidades federativas deberán armonizar sus ordenamientos en un plazo no mayor a 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (30 agosto 2022) ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES (ENDIREH) 2021
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf

2 Ángel Arturo (04 febrero 2021) En cinco años, solo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia https://www.animalpolitico.com/2021/02/5-cada-100-denuncias-abuso-sexua l-violacion-sentencia)

3 Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (2022), Incidencia Delictiva registrada ante la Fiscalía General del Estado. http://www.seguridadbc.gob.mx/Estadisticas/2022/inci_Estado.pdf?id=1553 245068

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (rúbrica)

Que adiciona un artículo 313 Bis al Código Penal Federal, suscrita por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Krishna Karina Romero Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 313 Bis del Código Penal Federal, en atención de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal, el cual es un problema multifactorial, que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales.1

Los suicidios representan un grave problema a nivel mundial, convirtiéndose cada uno de ellos en una tragedia que se traduce en dolor y sufrimiento que afecta gravemente no sólo a los individuos, sino también a las familias y las comunidades.

A escala mundial, la OMS indica que cada año alrededor de 703 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El suicidio supone la cuarta causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.2

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que los suicidios aumentaron 16 por ciento de 2019 a 2021 en el país: pasaron de 7 mil 223 a 8 mil 351, respectivamente, en el periodo.3

Durante 2021, a escala nacional, cada día 23 personas perdieron la vida a causa del suicidio, cifra que supone que la tasa de suicidios en México se ubique en 6.1 por cada 100 mil habitantes.

Por grupo poblacional, señala el Inegi, en 2021 el suicidio se convirtió en la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Presentaron mayores tasas de suicidio en personas de 15 a 29 años Chihuahua, Yucatán y Campeche, con 26.4, 23.5 y 18.8 suicidios, respectivamente, por cada 100 mil jóvenes.4

Abundando en datos de dicho Instituto, se tiene que existe un aumento notable en suicidios de mujeres en los últimos años, donde sobresalen las mujeres de 15 a 29 años, dado que la tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes en este sector poblacional aumentó de 2016 a 2021en 45 por ciento: pasó de una tasa de 3.3 a 4.8 suicidios en dicho lapso.

El principal método usado por la población de mujeres para cometer suicidio es el ahorcamiento, estrangulación o sofocación (84.8 por ciento); el segundo, el envenenamiento por disolventes, gases o plaguicidas, con 7.2; y el disparo, 2.2.

Diversos especialistas señalan que parte de la inducción de los suicidios en mujeres en muchas ocasiones están ligados a la desesperación por el maltrato y la violencia de género que sufren, siendo este un problema que poco se ha visualizado.

La violencia contra las mujeres, refiere ONU Mujeres, es una forma de discriminación que impide su acceso a oportunidades, vulnera y socava el ejercicio de sus derechos fundamentales y tiene consecuencias en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres, así como un impacto en el desarrollo de los países que lastima a la sociedad en su conjunto.

Lamentablemente, la violencia contra las mujeres en el país atraviesa por su peor momento: de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional en Seguridad Pública (SESNSP), en 2022 los delitos contra las mujeres crecieron más de 50 por ciento en comparación con el año anterior, cuando el acoso sexual aumento 56 por ciento, el hostigamiento sexual 38, la trata de personas 27, la violencia de género 32 y el abuso sexual 21.5

Las llamadas de emergencia al 911 en 2022, donde se pidió auxilio a las autoridades por algún incidente de violencia contra las mujeres, tuvieron la cifra más alta de que se tenga registro: más de 339 mil; es decir, cada día se registraron ese dicho año 928 llamadas por agresiones a mujeres.

La muerte por suicidio en mujeres puede ser el resultado del sufrimiento de una grave violencia estructural, al convertirse en la única salida ante los diversos tipos de violencia que padecen, en la cual el agresor, al no ser quien materialice el delito puede quedar impune.

Al respecto, países como El Salvador y Chile han avanzado en su legislación para sancionar a quien induce, obliga o presta ayuda a una mujer para privarse de la vida por razones de género tras haber sufrido cualquier tipo de violencia, denominando a dicha conducta como suicidio feminicida.

El Salvador fue el primer país que legisló e incluyó en su Código Penal la figura de suicidio feminicida por inducción o ayuda, la cual entró en vigor en 2012; sentó así un primer precedente a este tipo de delito.

El suicidio feminicida representa una acción de privación de la vida por autoinducción, adherido a la violencia en contra de las mujeres por razones de género; varios de los elementos que lo caracterizan son la presencia del crimen sexual, abuso de poder, ausencia de redes familiares y falta de acción de los órganos de gobierno para atender los focos rojos.6

De igual forma, el suicidio feminicida ha sido definido como el “acto deliberado de la mujer de matarse, que es conducida por un hombre en un contexto de un continuum de violencia de género, en condiciones de dominación, discriminación y desigualdad”.7

La Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de que los Estados miembros, como México, actualicen su legislación y fortalezcan las acciones integrales de prevención, protección, atención, investigación, persecución, sanción y reparación para garantizar el derecho de todas las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, publicó en 2019 la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio), en la cual propone sancionar la figura de suicidio feminicida por inducción o ayuda, dentro de su artículo 8o. como se describe a continuación:

... Artículo 8. Suicidio feminicida por inducción o ayuda

Cualquier hombre que induzca u obligue a una mujer al suicidio o le preste ayuda para cometerlo, será sancionado con la pena prevista para la inducción o colaboración en el suicidio aumentada de un tercio a la mitad cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. Que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia de género del actor contra la víctima;

b. Que el agresor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima...8

En nuestro país, entidades federativas como Jalisco y Yucatán también han hecho esfuerzos normativos dentro de su legislación penal para castigar este tipo de conductas poco visibles que lastiman y vulneran la integridad y los derechos de las mujeres.

Como se observa, el suicidio feminicida es una problemática actual, real e inminente que lastima a las mujeres y que debe ser sancionada, a fin de evitar que los agresores que orillan a las mujeres a quitarse la vida queden impunes.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa busca adicionar el artículo 313 Bis al Código Penal Federal, a fin de tipificar el delito de suicidio feminicida, castigando a quien induzca u obligue a una persona del género femenino al suicidio o le preste ayuda para cometerlo por razones de género con sanciones de hasta 15 años de prisión.

Considerar la figura de “suicidio feminicida” dentro del Código Penal Federal contribuirá a visibilizar y a tener una mejor precisión de esta problemática social que se encuentra detrás de su terminología. Por cada suicidio consumado hay al menos 20 intentos de suicidio no letales, por lo que resulta imperante inhibir este tipo de conductas y garantizar justicia a las mujeres víctimas de violencia.

Por último, resulta importante señalar que la presente propuesta contribuye a cumplir el Objetivo 3, “Salud y bienestar”, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, respecto a la meta 3.4, la cual plantea reducir en un tercio la mortalidad por suicidio, a fin de preservar la vida y salud de las y los ciudadanos.

Como legisladores debemos de contribuir a adoptar todas las medidas posibles para garantizar la mayor protección de la integridad y vida de las mujeres.

Por lo expuesto se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 313 Bis al Código Penal Federal

Único. Se adiciona el artículo 313 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 313 Bis. Comete el delito de suicidio feminicida, quien induzca u obligue a una persona del género femenino al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Que el suicidio fuera precedido por cualquier forma o modalidad de violencia por razones de género del actor contra la víctima; y

II. Que el agresor se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, generada por las relaciones preexistentes o existentes entre ellos.

La persona que cometa el delito de suicidio feminicida, será sancionada con prisión de seis a quince años de prisión.

Si la ayuda se prestare hasta el punto de ejecutar el responsable la muerte, la sanción será la que corresponda al delito de feminicidio, según las circunstancias y modos de ejecución.

Si el suicidio no se lleva a efecto, pero su intento produce lesiones, éstas serán consideradas como lesiones calificadas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Prevención del suicidio, OMS. Disponible en https://www.paho.org/es/temas/prevencion-suicidio. Consultado el 15 de enero de 2023.

2 Suicidio, datos y cifras, OMS. Disponible en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide Consultado el 15 de enero de 2023.

3 Estadísticas a Propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Inegi. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_SU ICIDIOS22.pdf Consultada el 15 de enero de 2023.

4 Ibídem.

5 Incidencia delictiva, SESNSP. Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva Consultada el 15 de enero de 2023.

6 Somosa Ibarra, K. (2021). “Suicidio feminicida y tentativas de feminicidio. Argumentos”, en Estudios Críticos de la Sociedad, 1(96), 161-178, https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/2021961-07

7 “Aproximación al delito de suicidio feminicida por inducción o ayuda regulado en El Salvador”, Alma Mirella Vega Guzmán, en Revista Penal México, ISSN 2007-4700, número 18, 2021. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5250874

8 Organización de los Estados Americanos y ONU Mujeres, Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Muerte Violente de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio), aprobada en la decimoquinta reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, celebrada del 3 al 5 de diciembre de 2018 en Washington, DC. Disponible en http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/leymodelofemicidio-es.pdf Consulta: 20 de enero de 2023.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputada Krishna Karina Romero Velázquez (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de delitos de alto impacto, a cargo del diputado Alán Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Alan Castellanos Ramírez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la población por lo tanto siempre está en el centro de debate de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el Gobierno Mexicano. Desde el ámbito social la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y criticas constantes debido a que día a día la problemática crece y las estrategias emprendidas resultan insuficientes.

La seguridad pública desde la perspectiva de nación se subdivide en dos vertientes; una relacionada con la seguridad de los ciudadanos, en términos de que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona1 y la segunda asociada con la protección de los derechos civiles de individuos y grupos sociales que pueden ser afectados, en este caso, por la política de seguridad nacional implementada.

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Por ello, un Estado de derecho tiene a bien generar las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.2

En contraste, ante la realidad de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos. A efecto de poder contar con una visión integral para contrarrestar esta problemática.

Ahora bien, en el sistema de gobierno federal mexicano, las entidades que forman parte de la federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa.

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica. Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es fundamental para la eficacia de las normas que los componen y, en última instancia, del Estado de Derecho, una norma ambigua, con lagunas o contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el bien común.

En concordancia, en nuestro país se han manifestado múltiples acontecimientos relacionados con la inseguridad pública. No obstante, en los últimos años se han implementado diversas estrategias y acciones de gobierno para hacer frente a la crisis que atraviesa el país desde hace varios años, tales como la creación de la Guardia Nacional, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el establecimiento de acuerdos regionales de cooperación con América del Norte, la constante participación de México como miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos, entre otros.

Este compromiso ha favorecido la expedición de diversas leyes en materia de combate a la corrupción, delitos relacionados con las actividades de la delincuencia organizada y reconocimiento de fenómenos delictivos trasnacionales, así como con relación a la sanción y combate a las violaciones graves a los derechos humanos dentro del sistema de procuración de justicia y en las actividades relacionadas con la seguridad pública, etc.

Sin embargo, el alza constante en la incidencia criminal, la mutación de los fenómenos delictivos, particularmente las actividades relacionadas con la delincuencia organizada, el narcotráfico, y la dificultad para garantizar la seguridad en los diversos ámbitos de las responsabilidades gubernamentales, así como la falta de capacidad de respuesta por parte de las instituciones de seguridad pública han llevado a la determinación, en el más alto nivel de la República a recurrir al uso de la Fuerza Armada permanente para atender funciones seguridad pública.

En virtud de la naturaleza extraordinaria de esta participación, se han generado situaciones preocupantes de deterioro del tejido social, particularmente con relación a la confianza de la sociedad respecto de las capacidades del poder público en los tres órdenes de gobierno y en el ejercicio de sus funciones, destacadamente en las instancias a cargo de las atribuciones policiales y de la impartición de justicia.

Lo anterior resulta ser medible a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), misma que se define como la información relevante para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de seguridad y victimización.3

En dicho sentido se muestra a continuación la distribución del porcentaje de la población de 18 años y más, según la percepción de la inseguridad en su entidad federativa.

Principales resultados:4

• En septiembre de 2022, 64.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad.

• Durante septiembre de 2022, 70.5 por ciento de las mujeres y 57.2 por ciento de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad.

• Las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron: Fresnillo, Irapuato, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Ciudad Obregón y Colima con 94.7, 91.3, 90.8, 90.7, 90.1 y 86.6 por ciento, respectivamente.

Asimismo, señaló lo siguiente:5

• En México, durante 2021, el número de víctimas de delincuencia de 18 años y más se estimó en 22.1 millones de personas. La tasa de prevalencia delictiva fue de 24,207 víctimas por cada 100,000 habitantes, cifras estadísticamente superiores a las estimadas en 2020.

• En 2021, 29.0 por ciento de los hogares del país tuvo, como mínimo, a una o uno de sus integrantes como víctima del delito, porcentaje estadísticamente mayor al de 2020.

• De los delitos, 93.2 por ciento no tuvo una denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación.

• En México, el tema de inseguridad se posiciona como la mayor preocupación de los mexicanos con 61.2 por ciento seguido por el aumento de precios y el desempleo, arrojando 39.6 y 32.1 por ciento, respectivamente; las inquietudes continúan con la salud (32 por ciento), pobreza (24.8 por ciento), escasez de agua (23 por ciento), corrupción (22.5 por ciento), falta de castigo a delincuentes (19.9 por ciento), educación (18.9 por ciento), narcotráfico (17 por ciento) y desastres naturales (4.8 por ciento).

• La encuesta también arrojó que Zacatecas es una de las demarcaciones en las que su población experimenta una sensación de inseguridad, acumulando 90.9 por ciento; seguido por 90.6 por ciento de los habitantes del Estado de México; y Guanajuato con 87.4 por ciento. Asimismo, el acumulado nacional representa 75.9 por ciento, mostrando un aumento de 0.3 por ciento con respecto al 2021.6

Estos datos son reflejo de los graves rezagos en la procuración e impartición de justicia que existen en el país; bajo esta perspectiva la ciudadanía tiende a un aumento constante en la falta de confiabilidad en policía estatal, ministerial, judicial o de investigación, municipal y de tránsito, así como la falta del respeto al sistema federal y la ausencia de una estrategia integral de respuesta a los fenómenos delictivos desde su origen y no sólo desde la resistencia ejercida por los perpetradores.

Lo anterior deja de manifiesto la necesidad de establecer los medios y procedimientos necesarios para la correcta colaboración y cooperación entre las

diversas instituciones de seguridad pública del Estado Mexicano, a fin de permitir la posibilidad de hacer frente a la realidad de las conductas antisociales y, en particular, a los problemas que, de conformidad con sus condiciones, enfrentan cada una de las regiones del país.

Aunado a lo anterior coexisten tratos violentos, degradantes o inhumanos ejercidos por las fuerzas encargadas de la seguridad pública de nuestro país:

En 2019, el Gobierno de México aceptó 262 recomendaciones de la Tercera Evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, con el fin de contribuir a la prevención de violaciones a los derechos humanos, así como en la promoción de los más altos estándares internacionales de derechos humanos.7

Los ejes temáticos en los que el Gobierno trabajará para atender las recomendaciones son:

1) Reducción de la inequidad social y defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad;

2) Libertad de Expresión;

3) Estado de derecho, desaparición forzada y combate a la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes y

4) Paz y seguridad.

Asimismo, para orientar las políticas a nivel nacional se trabajará en tres ejes:

1) Impulsar un mecanismo de coordinación eficaz en los tres poderes y órdenes de gobierno;

2) Propiciar un diálogo sostenido con las organizaciones de la sociedad civil y

3) Desarrollar mecanismos de cooperación con otros Estados que, por medio de asistencia técnica, contribuyan a la construcción capacidades, así como allegarse de las mejores prácticas que resulten en un beneficio tangible para la población.8

Sin embargo, el Estado Mexicano se muestra una vez más por organismos internacionales como un país en donde se violan los derechos humanos de los ciudadanos, principalmente por el personal de las aéreas de seguridad pública y de las fuerzas castrenses.9 Siendo algunos de los derechos humanos aplicables a la función policial, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad y a la seguridad personal, garantías procesales y a la protección de la honra y dignidad, seguridad pública, y legalidad.

De ahí que, México, debido a la violencia y la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, otorgó a las fuerzas armadas garantizar la seguridad pública, obteniendo como consecuencia los siguientes impactos:10

• Hasta septiembre de 2022, el Ejército mató a 5,335 civiles, según datos gubernamentales.

• Desde 2018, el número de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército y la Guardia Nacional ha registrado un aumento constante. En 2021, la Comisión recibió 940 denuncias de ese tipo, la mayor cifra en ocho años.

• Entre quienes habían confesado algún delito, el 38 por ciento manifestó haberlo hecho sólo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado.

• El abuso policial y militar, las tácticas de tortura y la impunidad en los delitos son parte del panorama de los derechos humanos en México. Policías, fiscales y soldados utilizan habitualmente la tortura para obtener confesiones y cometen otros abusos contra personas señaladas por delitos. El sistema de justicia habitualmente no asegura las garantías de debido proceso.

• Una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16 por ciento de las investigaciones se “resuelven” (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implica que las autoridades resolvieron poco más del 1 por ciento de todos los delitos cometidos en 2021, según el organismo oficial de estadísticas.

• La organización indicó que es frecuente que policías y fiscales usen la tortura para obtener confesiones. En la encuesta más reciente a personas encarceladas que realizó el organismo oficial de estadísticas en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señalaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos.

• En un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional con fecha del 9 de noviembre de 2021 hay reportados 308 militares acusados, procesados o sentenciados de violar los derechos humanos.11

• Los niveles de delitos violentos han alcanzado picos históricos durante la presidencia del Licenciado Andrés Manuel López Obrador. En 2021, se registró una tasa de 28 homicidios cada 100,000 personas.

• Miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 105,000 se consideraban desaparecidas.

• En 2021, el gobierno informó que se habían producido aproximadamente 3,700 asesinatos de mujeres. De este total, la cuarta parte se consideraban feminicidios, es decir, asesinatos perpetrados contra mujeres por su género.

• Varios estados votaron para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2022. Al mes de noviembre, se encontraba permitido en los 32 estados. En cinco estados (Nuevo León, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua y Guanajuato), los gobernadores han decidido que los funcionarios deben celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque la legislatura del estado no ha reformado el código civil para reconocer la práctica.12

Estas son algunas cifras derivadas de la política de seguridad implementada en nuestro país, asimismo, las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Incluso, algunos jueces aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba, detenciones que son realizadas por policías o militares en algunos casos vestidos de civil y pasamontañas, encapuchados, de manera arbitraria, sin orden judicial y sin que haya flagrancia.

Como resultado de la sustentación, el Comité contra la Tortura ha emitido documentos en donde se señalan recomendaciones al Estado Mexicano con la finalidad de prever acciones para la prevención de la tortura en México.

Las recomendaciones abarcan los siguientes rubros: Definición y tipificación del delito de tortura, salvaguardias legales fundamentales, denuncias de tortura y detención arbitraria, arraigo penal, desapariciones forzadas, impunidad y violencia contra la mujer, protección de defensores de derechos humanos y periodistas, confesiones obtenidas bajo coacción, impunidad por los actos de tortura y malos tratos, uso del Protocolo de Estambul en la investigación de actos de tortura y malos tratos, reforma del sistema de justicia militar, condiciones de detención, justicia penal juvenil, detención administrativa de solicitantes de asilo y migrantes no documentados, instituciones psiquiátricas, jurisdicción universal, reparación, formación y difusión del informe de observaciones.13

Bajo este contexto es preciso señalar que el respeto a los derechos humanos derivado del andamiaje legislativo desde los Tratados Internacionales de los cuales México forma parte hasta lo establecido en los marcos jurídicos locales se deben respetar y llevar a cabo con total plenitud en los tres niveles de gobierno. Para ello, la función pública atribuida a los policías tiene como principales objetivos mantener la seguridad y el orden en lugares públicos; hacer respetar las leyes y proteger a los ciudadanos y sus bienes de peligros y actos delictivos.14

Los tratados internacionales de derechos humanos no mencionan de forma explícita a la policía, ni sus principales objetivos. Se suele hacer referencia a los policías como agentes de imposición de la ley, que tienen el deber de mantener la ley y están obligados por la ley. La policía suele desconocer el derecho internacional y se rige por lo dispuesto en la legislación nacional.

No obstante, las funciones se derivan de diversos principios de derechos humanos pertinentes para la actividad policial. La resolución por la que se adoptó el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley afirma que la policía debe ser receptiva a las comunidades a las que sirve.

El artículo 1 afirma: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”.15

En el comentario de este artículo se aclara: “En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata”.

En consecuencia, «todas las personas» debe interpretarse como no discriminatorio; «actos ilegales» debe interpretarse como todas las «prohibiciones previstas en la legislación penal», e incluye además los realizados por personas «que no pueden incurrir en responsabilidad penal».16

El artículo 21 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder obliga a los Estados a aplicar políticas de prevención del delito.

El mantenimiento del orden público es una función policial explícita que se menciona en varios principios. En general, es razonable esperar que la acción policial orientada a los derechos humanos abarque, como mínimo, estas tres funciones: prevenir y detectar el delito; mantener el orden público; prestar asistencia a las personas que lo necesitan. En otras palabras: la ciudadanía tiene derecho a estos tres servicios.17

Bajo este señalamiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos marca que las obligaciones de los policías son las siguientes:18

• Desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, disciplina, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos y sus garantías, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, así como de los instrumentos internacionales en la materia.

• Servir con respeto, diligencia y honor a la sociedad, salvaguardar la vida e integridad física, así como los bienes de las personas, permitiendo el libre ejercicio de sus derechos, preservando el orden y la paz pública.

• Prestar el auxilio que le sea posible a quienes estén amenazadas(os) de un peligro personal y, en su caso, solicitar los servicios médicos de urgencia cuando dichas personas se encuentren heridas o gravemente enfermas, así como dar aviso a sus familiares o personas conocidas de tal circunstancia.

• En los casos de detenciones de delitos cometidos en flagrancia, presentar inmediatamente ante el Ministerio Público a quienes son presuntos(as) responsables.

• Abstenerse de realizar la detención de personas sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales previstos para ello.

• Desempeñar con honradez, responsabilidad y veracidad el servicio encomendado, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción, sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente.

• Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas que determinen las leyes.

• Abstenerse de cometer actos de agresión física o verbal, intimidación o cualquier otro que lesione la dignidad de las personas.

• Al momento de la detención de una persona, informarle a ésta sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de su deber, destinándolo exclusivamente al desempeño de sus funciones.

• No utilizar su credencial o uniforme para obtener privilegios personales.

• Usar en todo momento la persuasión verbal antes de emplear la fuerza y las armas.

• En toda detención debe conducirse dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, así como velar por la vida; la dignidad, y la integridad física, psicológica y patrimonial del detenido y de la víctima.

• Abstenerse de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su custodia.

En consecuencia, la función policial debe actuar estrictamente con respeto y garantía de los derechos humanos.

Bajo esta tesitura, el principio de seguridad jurídica emana del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,19 que sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le faculta en la ley, debiendo, circunscribir su actuación en las leyes respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las acciones correspondientes que conforme a derecho le son asignadas.

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización y perfeccionamiento del marco jurídico, sin embargo, no se debe perder de vista que el marco jurídico, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades federativas.

Como es sabido, la seguridad pública o ciudadana es una función reservada al Estado, por eso, se señala que es un monopolio del que únicamente los entes de la Administración Publica se pueden hacer cargo. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo noveno de su artículo 21, dispone:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”20

En este orden de ideas, el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, habla de las políticas que el Estado está obligado a desarrollar. En dicho numeral se lee lo siguiente: “El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.”

Asimismo, en su artículo 5 fracción XII, establece que deberá existir un programa rector que encamine a la profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia,21 en consecuencia, corresponde a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública tiene por objeto impulsar la coordinación de acciones en materia de seguridad pública, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública de la Federación y las entidades federativas; así como implementar las acciones y estrategias para combatir los delitos que más afectan a la población, promover el desarrollo policial y atender los asuntos materia de su competencia de acuerdo con la Ley y del Programa Nacional de Seguridad Pública.22

Derivado de lo anterior, esta iniciativa prevé establecer a partir de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública el diseño, elaboración e implementación responsable de protocolos y procedimientos de actuación a fin de atender la perspectiva de género, protección de menores y grupos en situación de vulnerabilidad, con el propósito de efectuar el pleno respeto a los derechos humanos.

Con ello, la Policía deberá garantizar procedimientos que permitan establecer las aptitudes éticas, morales, físicas y psicológicas para ejercer sus funciones. Todo esto, bajo la premisa de que el uso de la fuerza es la última instancia para el restablecimiento de la convivencia o el orden público. Por eso, los funcionarios deberán recibir una capacitación constante profesional, continua, completa y verificada incluyendo herramientas para evitar el uso de la fuerza en las actuaciones referentes a su misionalidad.

Dicha capacitación, deberá estar basada en derechos humanos, no discriminación, perspectiva de género, protección de menores, y población en situación de vulnerabilidad, cultura ciudadana, negociación y solución de conflictos, adiestramiento en el empleo de armas menos letales, y evaluación sobre el uso de la fuerza, diferenciado, escalonado y gradual.

Por lo anterior, el que suscribe comprometido con el interés superior de la seguridad pública de la ciudadanía y con plena formación de las instituciones policiales propone la siguiente reforma, ilustrada con el cuadro comparativo que se describe:

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Único. Se adiciona una fracción XXV, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 18, se reforma la fracción IV del artículo 29, se adiciona una fracción XIV del Apartado B, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 39 y se reforma la fracción II, asimismo, se adiciona una fracción IX, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 48, todos ellos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 18. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

I. a XXIII. ...

XXIV. Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública;

XXV. Fomentar la colaboración con autoridades locales de seguridad pública en el diseño, elaboración e implementación de protocolos y procedimientos de actuación en materia de delitos de alto impacto y,

XXVI. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.

Artículo 29. Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

I. a III. ...

IV. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales, cualquiera que sea su adscripción, integrando la defensa de los derechos humanos, la perspectiva de género, protección de menores y grupos en situación de vulnerabilidad;

V. a XIX. ...

Artículo 39. La concurrencia de facultades entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades competentes:

I. a V. ...

B. Corresponde a la federación, a las entidades federativas y a los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. a XIII. ...

XIV. La elaboración e implementación de un Programa Integral de Defensa de Derechos Humanos, perspectiva de género, protección de menores y grupos en situación de vulnerabilidad.

XV. y XVI. ...

Artículo 48. En materia de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales, la Secretaría tendrá la facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta ley lo siguiente:

I. ...

II. Los aspectos e índices de medición que contendrá el Programa Rector;

III. a VII. ...

VIII. La revalidación de equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su competencia;

IX. El diseño, elaboración e implementación de protocolos y procedimientos de intervención en materia de delitos de alto impacto, así como la capacitación en materia de derechos humanos y su defensoría.

X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: La o las comisiones del H. Congreso de la Unión que lleven a cabo la dictaminación, en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberán acompañar al dictamen correspondiente, la valoración del impacto presupuestal respectivo, para su análisis y posible adición en el Presupuesto de Egresos de la Federación subsecuente.

Tercero. Las erogaciones que las dependencias y entidades de la administración pública federal deban realizar para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto, se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria aprobada para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Cuarto. Los gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios, tendrán un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para realizar las adecuaciones legales, reglamentarias y demás disposiciones jurídicas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

Notas

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos. “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”. Disponible en:

https://www.cidh.oas.org/countryrep/Seguridad/seguridadv .sp.htm

2 Cámara de Diputados. CEDIP. “Seguridad pública”. Disponible en:
http://archivos.diputados.gob.mx/Transparencia/articulo70/XLI/cedip/B/CEDIP-70-XLI-B-seguridadpublica-4-2018.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Subsistema de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia”. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2022/

4 Comunicado de Prensa. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana Tercer Trimestre de 2022. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ensu/en su2022_10.pdf

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 septiembre, 2022 Principales Resultados”. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf

6 Ibídem

7 Gobierno de México. Secretaría de Relaciones Internacionales. Comunicado No. 063 “El Gobierno de México acepta 262 recomendaciones de la Tercera Evaluación del Mecanismo del EPU del Consejo de Derechos Humanos”. Disponible en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-acepta-262-recomendaciones-de-la-tercera-evaluacion-del
-mecanismo-del-epu-del-consejo-de-derechos-humanos?idiom=es#:~:text=El%20Gobierno%20de%20M%C3%A9xico%
20reconoce,est%C3%A1ndares%20internacionales%20de%20derechos%20humanos.

8 Ibídem

9 Escalante-López, Sonia. “Los derechos humanos y función policial en la seguridad pública”. Prospectiva Jurídica, México, UAEM, año 7, número 14, julio–diciembre 2016. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/9094-49-31650-1-10-20171027%20(1).pd f

10 Human Rigths Watch. Informe Mundial 2023. México. Disponible en: https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/mexico#:~:tex t=Al%20menos%20105%2C000%20personas%20est%C3%A1n,personas%20siguen%20de sapareciendo%20cada%20a%C3%B1o.

11 Periódico EL PAÍS. “Tengo miedo de que me hagan daño”: los correos del Ejército mexicano desvelan decenas de abusos sexuales en la institución”. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-10-02/tengo-miedo-de-que-me-hagan-dano-l os-correos-del-ejercito-mexicano-desvelan-decenas-de-abusos-sexuales-en -la-institucion.html

12 Human Rigths Watch. Informe Mundial 2023. México. Disponible en: https://www.hrw.org/es/world-report/2021/
country-chapters/mexico#:~:text=justicia%20penal%20ordinaria.,Tortura,de%20agentes%20del%
20Ministerio%20P%C3%BAblico.

13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer Informe de Recomendaciones. “Capítulo V Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país o temáticos”. Disponible en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieforos_5.pd f

14 Artículos de investigación. “La función policial desde la perspectiva de los derechos humanos y la ética pública”. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-2 1472019000200251

15 Organización de las Naciones Unidas. “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/code-conduc t-law-enforcement-officials

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entender la Labor Policial “Recursos para activistas de derechos humanos”. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25244.pdf

17 Ibídem

18 Comisión Nacional De Los Derechos Humanos. “Principales derechos y deberes de las y los elementos policiales en el ejercicio de sus funciones”. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/41-DH-Policiales.pdf

19 Artículo 16, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

20 Artículo 21, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

21 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf

22 Estatutos de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/173938/Estatutos_de_la_CNSSP.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica)

Que reforma el artículo 258 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 258 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar de manera efectiva el derecho al voto en las casillas especiales, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

A tenor de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los diversos tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, el Estado tiene el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; el voto, como derecho fundamental, es la herramienta imprescindible de la vida democrática. Tenemos la imperiosa necesidad de velar por su más amplia protección y alcance; no limitarlo tal como sucedió el pasado 6 de junio del 2021, donde la participación ciudadana de miles de personas que no pudieron acudir a su distrito electoral, y quienes pretendían emitir su voto a través de las casillas especiales, resultó vulnerada, limitada y, en algunos casos, hasta restringida.

Pese a que, en la pasada elección intermedia, se registró la mayor participación de los últimos 20 años, con un porcentaje aproximado al 52 por ciento,1 hubo una serie de escollos que intervinieron en la fluidez del proceso electoral. Aunque la población ha encontrado en las votaciones la manera de participar en el devenir político, económico y social, el Estado aún no ha podido generar las políticas, ni los instrumentos necesarios para garantizar la participación de manera efectiva.

El camino no ha sido fácil, en esta democracia evolutiva hay una gran cantidad de situaciones con amplio margen de mejora; los defectos de nuestro sistema electoral se visibilizan, precisamente, el día de las elecciones, en consecuencia, una vez conocidas las deficiencias, se tiene la oportunidad de atenderlas para que, eventualmente, mejoremos y fortalezcamos nuestros ejercicios democráticos. Pequeñas acciones generan grandes cambios; la historia nos lo ha demostrado, seguimos avanzando sobre la vía del reconocimiento integral de los derechos político-electorales y la participación ciudadana.

Historia del voto en México

A diferencia de Europa, que registró nacer a la democracia ateniense, una de las más importantes en la historia de la humanidad, en México la democracia ha ido evolucionando de manera gradual. Nuestra democracia no puede entenderse sin la sociedad que ha levantado la voz, que ha salido a la calle a exigir el reconocimiento de sus derechos político-electorales y ha conseguido, eventualmente, ganar espacios. En la conquista de sus derechos, como decía el escritor estadounidense, Isaac Asimov, “Es el cambio, el cambio continuo, el cambio inevitable, el factor dominante de la sociedad actual”.

Para hablar de la historia del voto en México, retomando las ideas del historiador José Manuel Villalpando,2 tendríamos que remontarnos a los tiempos post independientes, cuando al amparo de la Constitución de 1824, los hombres mexicanos sufragaron por vez primera a través de votaciones indirectas; posteriormente, en las Constituciones de 1836 y 1843, con alta influencia conservadora –y hasta discriminatoria–, pues en las elecciones se limitó el ejercicio del voto para delimitarlo a los hombres mayores de edad, que supieran leer y escribir y que tuvieran ingresos de más de cien pesos al año; años más tarde, en la Constitución de 1847 se estableció de manera definitiva el primer acercamiento al “voto universal”. Un voto para cada hombre, sin distinción de su procedencia, raza, creencias o condición social.

Fue nuestra Carta Magna de 1917, que hasta el día de hoy nos rige, la que dio origen al constitucionalismo social, mismo que establece que la máxima ley de un pueblo no sólo debe fijar la base organizativa del Estado y reconocer las garantías individuales, sino también ser garante de los derechos sociales, económicos y culturales de las clases populares3 y, en el tema electoral, siguiendo la premisa de Francisco I. Madero: “Sufragio efectivo, no reelección”, se estableció la votación universal directa, prescindiendo de los electores intermedios que eran votados, y que éstos a su vez elegían a los gobernantes.

Sin embargo, aunque se dieron pasos firmes en el reconocimiento de los derechos, había una ausencia notable al momento de las elecciones: la participación y voto de las mujeres. Fue hasta 1953, dentro del periodo de Adolfo Ruiz Cortines, entonces presidente de México, que se promulgaron las reformas constitucionales para que las mujeres mexicanas gozaran de la ciudadanía plena, y en consecuencia, podrían participar en los procesos electorales: votar y ser votadas.

Bien lo dijo Hermila Galindo, una férrea luchadora social, feminista y que se convertiría finalmente en la primera mujer congresista federal en México:4 “Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligación con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos”. Aplicada la reforma mencionada, el Artículo 34 Constitucional quedó así:

“Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir”.

Posteriormente, en 1969, a raíz del movimiento estudiantil del año 68, el gobierno mexicano consideró oportuno reducir a 18 años la mayoría de edad, con este cambio se abría la oportunidad de una mayor participación por parte de la población para emitir su voto, con ese hecho se abrió una serie de luchas internas por mejorar los procesos democráticos del país, en los que hubo muchas peleas partidistas y sociales.

Tras una serie de irregularidades, propiciadas por instituciones endebles, como la sucedida en la elección presidencial de 1988, fue necesaria la creación de un organismo autónomo que organizara las elecciones; así nació el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990.6 Hasta ese momento las elecciones eran realizadas por el gobierno a través de la Comisión Federal Electoral, encabezada por la Secretaría de Gobernación. El IFE se encargaba de organizar las elecciones federales de México, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente de México, Diputados Federales y Senadores que integran el Congreso de la Unión.

En 2014, con la reforma constitucional política-electoral, aprobada por el honorable Congreso de la Unión, se rediseñó sustancialmente nuestro régimen electoral, por lo que el IFE pasó a ser el Instituto Nacional Electoral (INE). En esta transición, uno de los cambios sustanciales fue que su objetivo principal era la homologación de los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.

Así, en la actualidad, el INE es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con plena autonomía, que contribuye al desarrollo de la vida democrática y asegura a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales además de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. Es y debe de ser el guardián de la democracia.

Que este breve recuento histórico sirva para hacer especial énfasis a la corta vida de la democracia mexicana –pues nació hace menos de 200 años– y, aunque paulatino, al fortalecimiento de las instituciones, a la progresividad de este derecho y a su interdependencia con algunos otros.

Cada derecho conquistado ha sido el resultado directo de un sinnúmero de exigencias por parte de la población. Se tiene la imperiosa necesidad de seguir sobre este cauce, en donde la voluntad del pueblo sea el eje rector de nuestro estado democrático. Ya lo decía Octavio Paz, “una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos”.

Hay mucho camino por recorrer y muchas acciones por emprender. El hacer efectivo nuestros derechos no puede de ninguna manera verse como un privilegio. Con la llegada de un gobierno que tiene como eje medular el fortalecimiento de la participación es prioritario que avancemos en la construcción y fortalecimiento de ella. Todos los derechos para todas las personas.

El voto como un derecho humano.

El voto es la herramienta imprescindible de la vida democrática. La democracia, a su vez, es la expresión de la voluntad colectiva. Se complementan simbióticamente de tal modo que uno no podría subsistir, de manera funcional, sin el otro. Así, dentro del gran enramaje jurídico tenemos que el voto es un derecho ampliamente reconocido por nuestra norma suprema, así como diversos tratados internacionales. En el ámbito nacional, nuestra Constitución Política, en su artículo 35o., consagra a favor de las y los ciudadanos un conjunto de derechos de índole político-electoral. A la letra señala que:

Artículo 35o. Son derechos del ciudadano:

Votar en las elecciones populares;

Por su parte, la legislación secundaria también establece las prerrogativas que como ciudadanas y ciudadanos tenemos. En el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales se hace referencia a los derechos político-electorales del ciudadano, en el artículo 4° se establece que:

Artículo 4o.

1.- Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

Por otra parte, además de ser un derecho es también una obligación, y el Estado vulneró doblemente su deber de generar los espacios propicios para la participación efectiva de sus gobernados. La propia Constitución lo señala en su artículo 36, en su fracción III, que establece que:

Artículo 36o. Son obligaciones del ciudadano de la República:

...

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;

Asimismo, en el ámbito internacional, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se constituyó en el año 1948, establece en su artículo 21 la participación en los sufragios como medio de expresión de su voluntad, de la siguiente manera:

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Tengamos presente que la democracia es históricamente considerada la forma más justa de gobierno y que en la democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa cambios; es por eso que las personas son el eje medular del Estado; lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 39:

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

El cúmulo de todas estas disposiciones normativas, tanto de aplicación local como internacional, reconocen el derecho al voto, la más importante forma de participación democrática; de ese tamaño es el compromiso que se tiene para blindar su efectiva aplicación. Por lo tanto, es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, respetar, promover, proteger y garantizar los derechos político- electorales, que son derechos humanos.

Atendiendo a las leyes, se deben redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho de la población a participar en los procesos electorales de sus representantes populares y cualquier otra elección, a través de mecanismos altamente efectivos tales como las casillas especiales, aunque con áreas susceptibles de mejora, pretenden que la participación del elector sea garantizada.

Historia e importancia de las casillas especiales

Según el Sistema de Georreferencia de casillas especiales,6 para la elección de 2006, con el objeto de fomentar y facilitar la participación de la ciudadanía en las elecciones federales, la legislación electoral de nuestro país a través del Instituto Federal Electoral contempló la instalación de diversos tipos de casillas:

Las casillas básicas y contiguas. La ley señala que en cada sección electoral se debe instalar una casilla básica para atender hasta a un máximo de 750 ciudadanos. En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal sea mayor, se instalarán tantas casillas contiguas como sean necesarias. Para garantizar la certidumbre del funcionamiento de este tipo de casilla, en ella sólo podrán votar los inscritos en la lista nominal de la sección electoral correspondiente.

Las casillas especiales, que se instalan para recibir los votos de los ciudadanos que se encuentran transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. La ley previó en ese entonces la posibilidad de que los Consejos Distritales instalen hasta cinco casillas especiales en cada distrito. En este tipo de casillas los electores en tránsito podrán votar solamente por algunos puestos de elección popular.

Por su naturaleza, las casillas especiales no cuentan con una lista nominal de electores. En su lugar y para garantizar que únicamente las y los ciudadanos con plenos derechos puedan ejercer su voto en ellas, los presidentes de las casillas especiales deben revisar los siguientes dos elementos:

1. Que la credencial de elector que presente el ciudadano no esté marcada por haber ejercido su voto en esa jornada electoral; y

2. Que la credencial de elector no se encuentre en los registros de robo al IFE (ahora INE), los detectados como duplicados, los de ciudadanos que fueron suspendidos en sus derechos políticos por resolución judicial y, por primera vez, de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que solicitaron votar por correo certificado.

Para el buen funcionamiento de las casillas especiales durante el proceso electoral federal del 2 de julio de 2006, el IFE aprobó las siguientes medidas:

• Las casillas especiales contaron con 750 boletas para cada tipo de elección;

• Cada casilla especial contó con una computadora portátil para revisar si los electores en tránsito podían votar o no.

Debemos reforzar a las casillas especiales, un mecanismo que parcialmente favorece la accesibilidad al voto para las personas que no están cerca de su distrito electoral, no debemos limitarlo. Creando las condiciones necesarias puede proveer a la sociedad de una mayor participación en la toma de decisiones político-electorales.

Elecciones del 2021, la problemática con las casillas especiales

El pasado 6 de junio, miles de personas del electorado acudieron a las urnas con la intención de emitir su voto; sin embargo, dentro de la gran afluencia hubo quienes no pudieron hacerlo. La inconformidad por parte de las y los asistentes que no emitieron su voto en la casilla especial se atribuye a que el INE no proporcionó la información necesaria para especificar quiénes podrían hacerlo.

Las declaraciones de las personas electoras fueron contundentes: “Por cuestiones económicas no pude regresar a mi casa y vengo a votar aquí para participar en el cambio de mi país”, dijo el ciudadano Ricardo en una entrevista realizada por Milenio7 el día de la votación. Las y los ciudadanos, quienes acudieron con intención de votar, pasaron muchas horas en las largas filas, algunos sin comer, otros desprotegidos ante los intensos rayos del sol, todos de pie, con una sola intención: participar libremente en este ejercicio democrático para influir en el futuro del país.

La página https://ubicatucasilla.ine.mx/ sólo mostró la leyenda: “Si te encuentras lejos de tu domicilio acude a alguna casilla especial”, seguido de una lista de casillas con la denominación “S1”, que atenderían los votos de los ciudadanos que estuvieran fuera de la sección electoral correspondiente a su domicilio. Entonces, acudieron a la cita ciudadanos provenientes de todas las entidades federativas del país. No contaban con que estas casillas tienen el deber de atender conforme a las delimitaciones de circunscripción y de distrito siguientes:8

• Otra sección en el mismo Distrito.(Por el principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional);

• Otro Distrito en la misma Entidad.(Por el principio de Representación Proporcional);

• Otra Entidad en la misma Circunscripción.(Por el principio de Representación Proporcional).

Señala El Economista que: “Debido a esta regla, los ciudadanos provenientes de otros estados no eran recibidos, provocando una gran molestia, pues acusaron una gran falta de información sobre el manejo de las casillas especiales, al tiempo que ningún funcionario de casilla lograba dar indicaciones claras sobre las alternativas para poder votar en esta jornada electoral.”9

En este sentido, sólo las y los ciudadanos que pertenecen a ésta, la cuarta circunscripción (Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Tlaxcala y Puebla), podían emitir su voto en dichas casillas especiales.

Desafortunadamente, este ejercicio electoral mostró fehacientemente las deficiencias de nuestro sistema. Hubo una restricción de derechos que limitó la participación de quienes, con todo ánimo de influir en las decisiones colectivas, no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Personas que de una circunscripción distinta se vieron impedidas a acceder a la poca información que propagó el Instituto Nacional Electoral; personas que, a pesar de ser de la misma circunscripción, pero de diferente distrito electoral tuvieron que esperar más de 6 horas para sufragar; personas, todas ellas, que asistieron con una sola convicción: participar en el devenir político, económico y social de nuestro país. Personas con ánimo de cambio. Personas con voz y que no tuvieron voto.

Objetivo de la iniciativa

Las casillas especiales en estas elecciones intermedias mostraron grandes fallas, mismas que deben ser subsanadas para reconocer y atender el derecho al voto universal. Las personas tienen el derecho de participar en los ejercicios democráticos; el Estado tiene el deber de asegurar las condiciones idóneas para que esto suceda.

De la problemática expuesta surge una serie de acciones necesarias para hacer eficiente la figura de las casillas especiales, una figura que de facto pretende hacer asequible el derecho al voto y que aún no lo ha conseguido.

El Instituto Nacional Electoral, en estricto sentido, debe difundir por los medios idóneos la información bajo el principio de máxima publicidad, esta información debe de ser pública, completa, oportuna y accesible; ajustarse a las necesidades específicas del destinatario. Es necesaria la claridad en la difusión de la información, que no haya duda de qué es un distrito electoral, qué es una circunscripción y los ámbitos de aplicación de cada una de estas.

Una vez segmentada y difundida la información, las y los ciudadanos que acudan a emitir su voto podrán hacerlo de una manera organizada y consciente, provocando, eventualmente, la fluidez del proceso. Aun así, el Estado debe propiciar las condiciones para que ésta se haga de manera rápida y eficiente.

En puntos con alta afluencia, tales como el caso de la Ciudad de México, que en este periodo electoral contó con escasas casillas especiales, hacen falta o más boletas o más casillas. En consecuencia, la ley debe ser clara: establecer un mínimo número de casillas especiales en cada distrito electoral. Que el elector tenga mayor oportunidad de escoger a qué punto dirigirse a emitir su voto según sus condiciones materiales. No podemos seguir limitando un derecho tan necesario como lo es el derecho al voto.

Como representante popular es menester que atendamos las necesidades de la población. La participación de todas y de todos es el mejor medio y camino para crear un sistema democrático fuerte y, sobre todo, representativo.

Con el fin de simplificar el análisis de la reforma propuesta, se presenta la siguiente tabla comparativa:

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente

Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 258 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. – Se reforma y adiciona el artículo 258 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo. 258.

1. ...

2. ...

3. En cada distrito electoral deberán instalarse mínimo 5 casillas especiales. El número y ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad poblacional, y a sus características geográficas y demográficas y, deberá difundirse por los medios idóneos bajo el principio de máxima publicidad garantizando con ello el derecho al voto de la ciudadanía . La integración de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con ciudadanos que habiten en la sección electoral donde se instalarán, en caso de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados de otras secciones electorales.

Transitorios

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Programa de Resultados Electorales Preliminar (PREP), disponible en: https://centralelectoral.ine.mx/2021/06/08/sabias-que-las-elecciones-de l-6-de-junio-tuvieron-una-alta-participacion-ciudadana/ (fecha de consulta 20 de enero de 2023).

2 José Manuel Villalpando, Historia del derecho al voto en México, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1VXpyrNY7Gk&t=2414s, (fecha de consulta 21 de enero de 2023).

3 Archivo General de la Nación, “#Constitución1917 Un siglo de constitucionalismo social”, disponible en: https://www.gob.mx/agn/articulos/constitucionde1917-cien-anos-de-consti tucionalismo-social-la-constitucion-de-1917?idiom=es (fecha de consulta: 21 de enero de 2023).

4 El País, Hermila Galindo, pionera feminista y primera candidata a diputada federal, disponible en https://elpais.com/internacional/2018/06/02/mexico/1527930330_055710.ht ml (fecha de consulta 22 de enero de 2023).

5 Central electoral, ¿Sabías que antes de la creación del IFE el gobierno se encargaba de organizar las elecciones federales?, disponible en: https://centralelectoral.ine.mx/2020/02/05/sabias-antes-creacion-ife-el -gobierno-se-encargaba-de-organizar-elecciones-federales/ (fecha de consulta 24 de enero de 2023).

6 Sistema de Georreferencia de casillas especiales, disponible en: https://portalanterior.ine.mx/
archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DERFE/DERFE-DistritosElectorales/
DERFE-ProductosGeoElecDesc-docs/SistGeorefCasillasEsp.pdf (fecha de consulta 20 de enero de 2023).

7 Milenio, Largas filas en casilla emergente de alcaldía Benito Juárez, CdMx, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=5N6g5HnQ95w (fecha de consulta 21 de enero de 2023).

8 Casillas Electorales, disponible en: https://ayuda.ine.mx/2021/informate/votaciones/casillas-electorales (fecha de consulta 24 de enero de 2023).

9 El Economista, Elecciones 2021 en CDMX: exigen más boletas en casilla especial de Benito Juárez Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Elecciones-2021-en-CDMX-exigen -mas-boletas-en-casilla-especial-de-Benito-Juarez-20210606-0135.html, (fecha de consulta 20 de enero de 2023).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica)

De decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del bicentenario del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, numerales I y II, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se fijan las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario del Estado Libre y Soberano de Jalisco, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los Diputados Provinciales de Guadalajara reunidos en Sesión Extraordinaria el 16 de junio de 1823, aprobaron erigir la provincia en Estado soberano federado con los demás de la grande Nación Mexicana, con el nombre de Estado Libre de Xalisco, consiguiendo en ese momento oficial el nacimiento de la primera entidad federativa y como el primer estado como tal en el país.1

A lo largo de la historia de nuestro país, Jalisco ha presenciado momentos importantes que nos han definido como nación tanto en el plano histórico, económico, político y cultural. Desde la proclamación de la liberación de la esclavitud en América2 por Don Miguel Hidalgo y Costilla, estableciendo las bases y la posibilidad de Estados Libres y Soberanos dentro de un pacto Federal; pasando por las históricas palabras de Guillermo Prieto quien el 14 de marzo de 1858, sostuviera: ¡Levanten las armas, los valientes no asesinan”, con las que Benito Juárez sobrevivió y continuó con la Guerra de Reforma; el levantamiento de la rebelión cristera en Huejuquilla el Alto; los murales de José Clemente Orozco; la Feria Internacional del Libro en Guadalajara; la dominancia en las Olimpiadas Nacionales; la atracción de inversión extranjera y turismo, entre otros.

Hoy más que nunca, es de fundamental importancia recordar las palabras de Prisciliano Sánchez, primer Gobernador Constitucional de Jalisco y padre del Federalismo, donde en el Pacto Federal de la Anáhuac dejó plasmada la idea de la libertad de decisión y la libertad de organización, en ese mismo manifiesto plasmó un sentimiento que se lleva en el corazón de las y los jaliscienses y de las y los mexicanos desde hace más de 200 años: el querer “vivir bajo un gobierno equitativo y protector de sus derechos imprescriptibles, garantizado por una constitución liberal, justa y benéfica”.3

Jalisco es tierra de tradición historia, trabajo, logros e innovación. El primer Estado en la historia de México es hogar del Tequila y del Mariachi, pero también es el hogar de una lucha por una participación entre iguales desde las bases de la sociedad hasta el pacto federal. La importancia de conmemorar los 200 años de Jalisco como Estado es un hecho que le llena de orgullo al país y hace resaltar el largo camino que se ha llevado para lograr llegar a un Estado plural, incluyente, progresista e independiente, poniendo a las personas al centro y sus derechos al frente.

Objetivo de la iniciativa

La iniciativa que se presenta busca conmemorar los 200 años de la constitución del Estado de Jalisco como uno de los primeros estados libres y soberanos de la naciente Republica de los Estados Unidos Mexicanos. Los puntos referidos con anterioridad, sirven para ejemplificar y son razones contundentes para someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para la creación de una moneda conmemorativa del Bicentenario de la constitución del estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario del Estado Libre y Soberano de Jalisco

Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del bicentenario de la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

I. Valor nominal Veinte pesos.

II. Forma: Dodecagonal.

III. Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros)

IV. Composición: La moneda será? bimetálica y estará? constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará? compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará? integrado como sigue:

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno. cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

3. Peso total Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

IV. Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de esta moneda será? el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta del gobierno del Estado de Jalisco. Dicho motivo deberá? relacionarse con el bicentenario del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno de Jalisco enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente decreto, la cual deberá incluir la leyenda “Bicentenario del Estado Libre y Soberano de Jalisco”.

En caso de que el gobierno de Jalisco no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá? al Banco de México realizar el diseño de que se trate.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá? empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha de entrega del diseño señalado en el artículo segundo transitorio del presente decreto.

Cuarto. Corresponderá? a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga el gobierno de Jalisco en los términos de este decreto pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de ese artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Corresponderá? al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado de la acuñación de las monedas.

Notas

1 Enrique Ibarra Pedroza, El Nacimiento de Jalisco 1808-1825. El Colegio de Jalisco. Pg 132.

2 Archivo General de la Nación, #AGNRecuerda la abolición de la esclavitud emitida por José María Morelos y Pavón. https://www.gob.mx/agn/articulos/agnrecuerda-la-abolicion-de-la-esclavi tud-emitida-por-jose-maria-morelos-y-pavon

3 Prisciliano Sánchez, 1823 El Pacto Federal de la Anáhuac Prisciliano Sánchez; Julio 28 de 1823. https://www.diputados.gob.mx/Asesor-Legislativo/docs/7.Constituciones/D ocumentos/l.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Olga Luz Espinosa Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Esta iniciativa encuentra su sustento constitucional en el inciso f) de la fracción II del artículo 3 constitucional:

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación;

Dice la constitución: “eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación”, eso es exactamente lo que se pretende con esta reforma legal a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De conformidad con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la educación inclusiva es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Asimismo, este ordenamiento concibe a los ajustes razonables, como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

En este sentido, la ley que se estudia señala que una de las facultades del Ejecutivo federal es garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena y autónoma, en los términos de la presente ley, y esta reforma plantea que la Secretaría de Educación Pública ponga especial atención con respecto de los perfiles que laboran en las escuelas inclusivas y en las de educación especial.

De acuerdo con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,1 en su artículo 24, numeral 2, dispone:

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados parte asegurarán que:

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

Del mismo modo, y de manera clara y contundente, la Convención obliga al Estado Mexicano a:

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

Efectivamente, el Estado mexicano está obligado emplear a maestros que estén cualificados en lengua de señas o Braille, y sobre todo en la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

Gran diferencia resulta “la toma de conciencia sobre la discapacidad” para laborar en un plantel en el que se encuentran educandos con necesidades educativas especiales.

Y lo establece una disposición del orden del derecho público internacional, como lo es una Convención de la Organización de las Naciones Unidas que, por decir de los últimos criterios del Máximo Tribunal Constitucional, tienen el nivel de una disposición constitucional.

Ahora bien, ¿qué ha observado el Comité de las Naciones Unidas con respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia educativa que contrajo nuestro país frente a este organismo internacional?

En su Recomendación 48,2 el Comité llama al Estado parte a:

a) Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la educación —primaria, secundaria y superior—, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares .

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura3 señala la importancia de una política educativa inclusiva. Este organismo apunta que el analfabetismo representa un problema de rezago educativo y contribuye a la exclusión y falta de oportunidades. De las personas con discapacidad y/o con algún problema o condición mental de 15 años y más (6 269 277), 19 por ciento (1.2 millones) no sabe leer ni escribir, porcentaje casi cuatro veces mayor a lo que se representa en la población sin discapacidad. Por sexo, 707 mil mujeres con discapacidad son analfabetas.

De acuerdo con UNICEF,4 en comparación con los niños sin discapacidad, los niños con discapacidad tienen:

24 por ciento menos de probabilidades de recibir una atención temprana y receptiva

42 por ciento menos de probabilidades de tener conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética

25 por ciento más de probabilidades de sufrir emaciación y un 34 por ciento más de probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento

53 por ciento más de probabilidades de sufrir síntomas de infección respiratoria aguda

49 por ciento más de probabilidades de no haber asistido nunca a la escuela

47 por ciento más de probabilidades de no asistir a la escuela primaria, un 33 por ciento más de probabilidades de no asistir al primer ciclo de secundaria y un 27 por ciento más de probabilidades de no asistir al segundo ciclo de secundaria

51 por ciento más probabilidades de sentirse infeliz

41 por ciento más probabilidades de sentirse discriminado

32 por ciento más de probabilidades de sufrir castigos corporales graves

Por ello, este organismo recomienda a los países a colaborar con las personas con discapacidad para eliminar las barreras físicas, de comunicación y de actitud que las mantienen al margen de la sociedad , y garantizar la inscripción de los nacimientos.

En el mismo sentido, el reporte Estado Mundial de la Infancia 2013: Niñas y niños con discapacidad,5 indicó que los niños con discapacidad tienen una menor posibilidad de ir a la escuela, recibir buena atención de salud, y son los más vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación.

Con el objeto de motivar la presente iniciativa se recabarán algunos casos de violencia escolar contra alumnas y alumnos con discapacidad, en la que la ausencia de la intervención de la autoridad educativa propicio daños a las y los niños con discapacidad:

a) En la alcaldía Azcapotzalco, las autoridades de la demarcación llevaron a cabo la consulta ¿Me escuchas? 2022, donde los menores expresaron que lo que más les preocupa es la violencia, el maltrato, la contaminación y el cuidado al medio ambiente.

b) Vibeke Jensen, directora de la División de Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible de la UNESCO,6 declaró que la violencia escolar en todas sus formas, incluida el acoso, constituye una violación grave al derecho de la niñez y adolescencia. Agrego que “Para un niño con discapacidad, el acoso es una experiencia traumatizante”.

Maria Njeri, embajadora de buena voluntad de UNESCO testimonió que “Desafortunadamente, recuerdo que los demás alumnos sabían muy poco de mí y de mi situación, entonces se burlaban todo el tiempo y hacían comentarios desagradables sobre mí. Me encontraba aislada en mi propio pupitre, alejada de los demás y encerrada en el aula, siendo siempre el blanco de sus burlas. Los docentes no eran mejores. Me castigaban a menudo porque no podía seguir correctamente las clases. Creo que, si la escuela y los docentes me hubieran presentado de la manera adecuada, todo hubiera sido más fácil para mí”.

Se adjunta comparativo para mejor comprensión de la reforma que se promueve

Por los argumentos manifestados; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados se propone el siguiente

Decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 12 de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo Único.- Se adiciona la fracción IV Bis al artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. a IV. ...

IV Bis. Asignar en cargos directivos en los planteles de educación inclusiva y especial a personas que cumplan con perfiles capacitados para aplicar planes y programas dirigidos a educandos con necesidades especiales. Así como implementar ajustes razonables en todas las acciones educativas que permita acceder, permanecer y concluir los grados o similares en el Sistema Educativo Nacional.

V. a XIV. ...

Artículos Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaria de Educación Pública modificará en un plazo no mayor a los noventa días posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, todas las disposiciones reglamentarias que permitan su adecuada aplicación.

Tercero. Una vez concluido el plazo establecido en el artículo transitorio anterior, la Secretaría iniciará un proceso de revisión de los actuales directivos de las escuelas materia del presente decreto.

Cuarto. Los recursos asignados en el ejercicio en el que entre en vigor el presente decreto se podrá modificar, en función con la aplicación de las medidas que la Secretaría determine.

Quinto.- Los derechos laborales de las y los directivos se respetarán con conforme a la ley aplicable.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/9432/internacional_conve ncionDeLosDerechosDeLasPCD.pdf

2 https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/G1419180.p df

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Pe rsDiscap21.pdf

4 https://www.yotambien.mx/actualidad/las-privaciones-de-millones-de-meno res-con-discapacidad-en-mexico-segun-unicef/

5 https://expansion.mx/salud/2013/06/18/los-ninos-con-discapacidad-aun-son-excluidos-en-mexico-segun-unicef#
:~:text=El%20reporte%20Estado%20Mundial%20de%20la%20Infancia%202013%3A,
a%20la%20violencia%2C%20el%20abuso%20y%20la%20explotaci%C3%B3n.

6 Niños y niñas con discapacidad, las mayores víctimas del acoso escolar: UNESCO. Disponible en: https://mexico.un.org/index.php/es/155230-ninos-y-ninas-con-discapacida d-las-mayores-victimas-del-acoso-escolar-unesco

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 2 de marzo de 2023.

Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II; 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, 76, 77, 78 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Las solicitudes de asilo político en México han alcanzado niveles históricos, al igual que las de refugio. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala para el año 2021:

“El número de solicitudes de asilo en México batió su récord en marzo con más de 9 mil peticiones. En lo que va de 2021, el número de peticiones ha aumentado más de 30 por ciento respecto al año pasado.

Desde enero, se han registrado 22 mil 606 solicitudes, según los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que recoge un comunicado de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Esto representa un aumento de 31 por ciento respecto a 2020 y de 77 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019.

El aumento refleja la tendencia ascendente antes de la pandemia, que comenzó en 2014, y que continúa mientras el país expande su capacidad para procesar las solicitudes de asilo e integrar a las personas refugiadas.

Entre 2014 y 2019, el número de solicitudes de asilo registradas en México aumentó de 2137 a 70 mil 302, un incremento de más de 3 mil por ciento.

(...)

La mayoría de las peticiones están relacionadas con la violencia que afecta a cientos de miles de personas en ciertos lugares de Centroamérica, incluidas amenazas, reclutamiento forzado, extorsión, violencia sexual y asesinatos.

64 por ciento son del triángulo norte de Centroamérica. De ellos, 51 por ciento proviene de Honduras, 8 por ciento de El Salvador y 5 por ciento de Guatemala. Los cubanos y haitianos son 11 por ciento cada uno y los venezolanos 6 por ciento. 22 por ciento de todos los solicitantes son niños y la mayoría llega sin familiares ”, explicó Aikaterini Kitidi, portavoz de la Agencia (ONU Noticias, 2021)”.

Para el año 2022, se tienen los siguientes datos:

“Un récord de 58 mil 642 personas solicitaron refugio en México durante la primera mitad de 2022, lo que significa un aumento de 14.88 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021, según un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) disponible este lunes.

Con estos datos, México rompió el récord histórico para un periodo similar de 51 mil 654 solicitudes de migrantes que buscaron asilo en el país en el primer semestre de 2021.

De todas las solicitudes de este año, fueron resueltas sólo 17 mil 924, de las que 10 mil 732 tuvieron resolución positiva, esto es 60 por ciento.

Sólo en junio de este año la Comar recibió 9 mil 740 peticiones de este tipo, mientras que en el mismo mes de 2021 habían sido 10 mil 307 y en 2020 apenas mil 227.

La cifra de estos seis meses de 2022, además, equivale a 98 por ciento de los 59 mil 841 solicitantes de refugio contabilizados en todo el sexenio anterior (2012-2018), según Andrés Ramírez, titular de la Comar.

Durante 2021, solicitaron la condición de refugiado en México personas procedentes de 110 países, mientras que en lo que va del año 2022 hicieron la misma solicitud personas de 105 países.

En las 58 mil 642 personas solicitantes en el primer semestre de 2022, las nacionalidades que más abundan son hondureños (13 mil 750), cubanos (10 mil 791), haitianos (8 mil 230), venezolanos (7 mil 196), nicaragüenses (4 mil 616), salvadoreños (3 mil 373), guatemaltecos (2 mil 176), brasileños (mil 411), colombianos (mil 168) y senegaleses (985).

De todo el país, la oficina de la Comar que recibió más solicitudes fue la de Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, con 39 mil 241. La siguiente en número de peticiones fue la de la Ciudad de México, con 7 mil 106.

En todo 2021, México recibió un récord de más de 130 mil solicitudes de asilo, según la Comar (SWI swissinfo.ch, 2022)”.

Como se puede apreciar, los datos proporcionados por la ONU indican que un número bastante elevado de los solicitantes de asilo son de menores de edad que viajan sin familiares, esto es una quinta parte del total.

Por ello, el Estado mexicano debe tomar medidas precisas y urgentes para proteger a los menores de edad solicitantes de refugio, asilo político o de protección complementaria.

Texto normativo propuesto

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante el pleno de esta soberanía el siguiente

Decreto que reforma el artículo 3 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo del artículo 3 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para otorgar la más amplia protección por parte del Estado mexicano a menores en contexto de movilidad, de la siguiente manera:

Artículo 3. La presente ley tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las bases para la atención a los solicitantes y asistencia a los asilos y refugiados que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos y propiciar la interculturalidad.

Los niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad que soliciten asilo político, la condición de refugiado o protección complementaria, que pisen territorio nacional, obtendrán la más amplia protección del Estado mexicano a la luz del interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

- ONU Noticias. (13 de abril de 2021). Las solicitudes de asilo en México baten su récord en marzo. Obtenido de ONU Noticias: https://news.un.org/es/story/2021/04/1490802

- SWI swissinfo.ch. (04 de julio de 2022). La cifra de solicitantes de asilo en México rompe récord y crece casi 15 %. Obtenido de SWI swissinfo.ch: https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-m%C3%A9xico_la-cifra-de-solicitantes
-de-asilo-en-m%C3%A9xico-rompe-r%C3%A9cord-y-crece-casi-15—/47726580#:~:text=%
2D%20Un%20r%C3%A9cord%20de%2058.642%20personas,(Comar)%20disponible%20este%20lunes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Javier Casique Zárate, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Javier Casique Zárate, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente “iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona un tercer párrafo a la fracción VIII del artículo 5o., de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal”, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho al libre tránsito se encuentra garantizado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual puntualmente establece que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

Por su parte, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del Artículo 2, los cuales constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

De conformidad con el artículo 5 del mismo ordenamiento, es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

Durante la primera semana de febrero, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció un aumento de 7.82 por ciento a los cobros en casetas, que refleja el nivel en el que la inflación cerró en 2022. Estos nuevos precios entrarán en vigor el próximo miércoles 1 de marzo del presente año.

Es necesario mencionar que, si bien es cierto, Caminos y Puentes Federales tiene un programa especial de descuentos para personas que necesitan moverse en estas autopistas de manera diaria ya sea por su trabajo o por motivos académicos, 1 también es verdad que este aumento a las cuotas de peaje golpea en el bolsillo de toda la población que ocupa de estos servicios y de quienes aprovechan los fines de semana, vacaciones o “puentes” para poder viajar a otros destinos.

No hay que dejar de subrayar que el turismo fue uno de los sectores más perjudicados por la pandemia de COVID-19. La crisis sanitaria que muchos comercios y prestadores de servicios tuvieran que cerrar y cientos de familias mexicanas que vivían de este sector se quedaran sin sustento ya que no había llegada ni salida de turistas.

De acuerdo el “Outlook Turístico” emitido en diciembre de 2021 por el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, el turismo, además de ser uno de los motores económicos de México, es uno de los principales generadores de divisas para nuestro país. 2 Junto con las remesas, representa cada año la entrada de miles de millones de dólares a territorio nacional, por lo que, para las mujeres, las comunidades rurales, los pueblos indígenas y muchas otras poblaciones históricamente marginadas, el turismo ha representado un vehículo de integración, empoderamiento y generación de ingresos.

En nuestro país, considera como mejores temporadas para vacacionar las fechas marcadas como vacaciones de acuerdo al calendario escolar que emite la Secretaría de Educación Pública, que son de mediados de diciembre a principios de enero, en semana santa y de julio y agosto. Durante estos días, los estudiantes y maestros tienen el 50 por ciento y 25 por ciento de descuento respectivamente en la compra de un boleto de autobús para viajar al interior del país. Estos descuentos se limitan a 8 estudiantes y 2 docentes por autobús. Además, deberán presentar la credencial que acredite que son estudiantes o docentes de escuela SEP.

El objetivo de esta iniciativa es incentivar el turismo en sus diferentes niveles en razón de que es una las actividades más importantes del país, por lo que es viable se realicen descuentos en el peaje para el servicio de autotransporte de pasajeros, el servicio de autotransporte de turismo y el transporte privado de todo el país y que esto quede plasmado en ley.

A fin de otorgar mayor claridad, se expone el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta Honorable soberanía, la siguiente iniciativa de proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción VIII del artículo 5o., de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 5o. ...

...

I a VII. ...

VIII. ...

Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles.

Durante las temporadas vacacionales y días de asueto de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, se aplicará descuento del 20 hasta el 50 por ciento en el peaje para el servicio de autotransporte de pasajeros, el servicio de autotransporte de turismo y el transporte privado.

IX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota

1 http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=696434

2 https://www.anahuac.mx/mexico/cicotur/sites/default/files/2022-01/Outlo ok_Anahuac_dic21.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Javier Casique Zárate (rúbrica)

Que reforma el artículo décimo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el DOF el 15 de mayo de 2019, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Victoriano Wences Real, diputado federal a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo segundo transitorio del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 15 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto correspondiente a la reforma educativa impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y apoyada por las fuerzas políticas que respaldan la Cuarta Transformación de la vida pública nacional. Se trató de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que, entre otros propósitos buscaba echar abajo la reforma educativa impulsada en el sexenio anterior, por la cual se profundizaban las directrices de privatización y alienación social de la educación. En efecto, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se realizó una reforma educativa de tipo neoliberal que acotaba la educación pública, debilitaba aún más el compromiso social de la educación, promovía la competencia y el individualismo, a la vez que restaba presencia del Estado y la sociedad en el proceso educativo.

La reforma constitucional en materia educativa de 2019 ratifica la idea fundamental de que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; es evidente que, con esta reforma, se incluye que la educación inicial y la educación superior serán impartidas por el Estado en las mismas condiciones que los otros niveles educativos, es decir, de forma obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Otros aspectos relevantes de la reforma de 2019 son que las maestras y los maestros son reconocidos como agentes fundamentales del proceso educativo y la trasformación social. Que la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.i

Para los efectos de la presente Iniciativa, respecto a la mencionada reforma educativa de 2019, es importante destacar lo relativo al tema de la educación inicial. Como se dijo, en virtud de dicha reforma, se reconoce en el artículo 3o. constitucional que la educación inicial constituye un nivel educativo que integra el conjunto de la educación básica, y que será impartida por el Estado de forma obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Se establece que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. De forma adicional, se incluye la disposición de que el Ejecutivo federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial. Lo anterior, de acuerdo con la estructura del artículo 3o. constitucional, se enmarca en la idea de que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.ii

En el artículo décimo segundo transitorio del referido decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, se establece una disposición relativa a la educación inicial, en los siguientes términos:

“Décimo Segundo. Para atender la educación inicial referida en el artículo 3o., el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de su entrada en vigor de estas disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, en la cual se determinará la gradualidad de su impartición y financiamiento.”iii

Como puede observarse, este artículo transitorio establece que la impartición de la educación inicial se implementará con base en una gradualidad que se establecerá en la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) que el Ejecutivo federal emitiría en el plazo establecido. Como se abundará más adelante, la ENAPI no contempla un calendario para la impartición gradual de la educación inicial. La presente iniciativa identifica el problema que consiste en que la ENAPI no incluye plazos definidos para que, de forma gradual y progresiva, el Estado logre el 100 por ciento de cobertura del servicio de educación inicial y cumpla con el mandato constitucional de garantizar el derecho fundamental a la educación a niñas y niños de 0 a 3 años de edad.

La ENAPI tiene como objetivo “desarrollar una política nacional para garantizar a niñas y niños menores de 6 años, el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo integral y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia, atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas y géneros, así como a la diversidad inherente a cada persona. Para lograr dicho objetivo se establecerán los mecanismos institucionales para que en México todas las niñas y niños de 0 hasta antes de los 6 años, cuenten con las intervenciones y seguimiento necesario para lograr su pleno desarrollo integral y la garantía de sus derechos, además de establecer objetivos comunes de orden estratégico, marcos metodológicos y líneas de intervención programáticas y presupuestarias compartidas, y responsabilidades desde una perspectiva de integralidad, complementariedad y coordinación intersectorial y de órdenes de gobierno.”iv

La ENAPI concibe la atención a la primera infancia desde una perspectiva integral, con base en una educación para la vida. Para lograr su objetivo considera los siguientes principios rectores: 1. Interés superior de la niñez; 2. Enfoque de derechos; 3. Universalidad; 4. Equidad; 5. Trayecto de vida; 6. Igualdad y no discriminación; 7. Inclusión; 8. Pertinencia cultural; 9. Integralidad y complementariedad; 10. Intersectorialidad; 11. Coordinación; 12. Corresponsabilidad y participación; 13. Territorialidad; 14. Transparencia y rendición de cuentas; 15. Uso de evidencia, seguimiento y evaluación.v

A partir de una política integral, la ENAPI incorpora cuatro componentes interrelacionados del desarrollo integral de niñas y niños para que desarrollen su potencial físico, cognitivo y psicoafectivo: Salud y nutrición; Educación y cuidados; Protección; y Bienestar. En el componente de Educación y cuidados, la educación inicial se contempla como una de las principales líneas de acción que busca, entre otros, los siguientes resultados.

• Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios públicos, sociales y privados de educación inicial en todas las modalidades, con enfoque de derechos, inclusión, pertinencia cultural y equidad de género.

• Focalización de la población de niños y niñas con mayor grado de vulnerabilidad para brindarles distintas modalidades de educación a ellos y sus familias.

• Fortalecimiento de los programas de educación inicial en zonas rurales, indígenas y migrantes.

• Fortalecimiento de la infraestructura física, equipamiento y materiales para los servicios públicos de educación inicial.

• Fortalecimiento de la formación inicial y continua y de procesos de capacitación adecuados al perfil y función de la diversidad de agentes educativos.

• Mejora de las condiciones de trabajo de los agentes educativos:

• Programas para que los prestadores de servicio social y de prácticas profesionales se incorporen a los esquemas de impartición de educación inicial.

• Desarrollo e implementación de programas de orientación a madres y padres de familia en temas relacionados con las prácticas de crianza y la educación.

• Monitoreo de la calidad de los servicios educativos que ofrecen educación inicial.

• Detección y canalización oportuna de niñas y niños con problemas en su desarrollo.

• Creación y fomento de redes de apoyo a la educación inicial.

El objetivo, los principios rectores y las líneas de acción de la ENAPI en materia de educación inicial, antes descritos, permiten dimensionar el tamaño del desafío, y sobre todo, la importancia y el significado de los beneficios que conlleva. La ENAPI considera que los primeros años de vida constituyen una ventana de oportunidad irrepetible para promover los aprendizajes que serán fundamentales para la vida de las niñas y los niños. Con base en los estudios de numerosos especialistas nacionales y extranjeros, la ENAPI establece que los procesos de desarrollo y las experiencias que ocurren en la Primera Infancia determinan la arquitectura básica del cerebro. En este periodo, el cerebro se desarrolla rápidamente, creando de 700 a 1,000 nuevas conexiones neuronales por segundo, una velocidad que nunca se volverá alcanzar en el transcurso de la vida humana. Las conexiones sinápticas que se forman en esta etapa temprana son la base de la neuroplasticidad que determina la capacidad que tendrán las niñas y los niños para adquirir nuevos aprendizajes durante el transcurso de su vida, adaptarse y gestionar adecuadamente las experiencias a las que se verán expuestos.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF) considera que “el desarrollo de la primera infancia es una de las mejores inversiones que puede hacer un país para impulsar el crecimiento económico, promover sociedades pacíficas y sostenibles, y eliminar la pobreza extrema y la desigualdad, así como garantizar el derecho de cada niño de sobrevivir y prosperar. Todos los niños necesitan un cuidado cariñoso y sensible para alcanzar su máximo potencial de desarrollo, lo cual es indispensable para un crecimiento y desarrollo saludable. El periodo comprendido desde el embarazo hasta los 3 años de edad es decisivo. En este periodo, el cerebro es más sensible a las influencias externas. El cuidado cariñoso y sensible no solo promueve el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo, sino que también protege a los niños pequeños de los peores efectos de la adversidad. Produce además beneficios que se extienden a lo largo de la vida y a la siguiente generación, tanto en salud como en productividad y cohesión social. El cuidado cariñoso y sensible incluye las necesidades de los niños pequeños de buena salud, nutrición óptima, protección y seguridad, oportunidades para el aprendizaje temprano, y atención receptiva.”vi

UNICEF hace la consideración anterior, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente, los cuales incorporan el desarrollo de las niñas y los niños en sus primeros años de vida por considerarlo fundamental para la transformación que el mundo desea alcanzar en el año 2030. Una de las metas fundamentales de los ODS, consiste en asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de calidad durante la primera infancia (meta 4.2 de los ODS).vii

Lo hasta aquí expuesto, hace posible plantear que la educación inicial, como componente crucial de la atención a la Primera Infancia, es determinante para generar condiciones de equidad, inclusión y vigencia de los derechos de las niñas y niños de 0 a 3 años de edad. La reforma educativa de 2019 elevó a rango constitucional el derecho a la educación inicial, como parte de la educación básica, así como la obligación del Estado de impartirla a las niñas y niños de México, en forma universal y gratuita. Por lo tanto, es importante establecer parámetros de tiempo para puntualizar la gradualidad de la impartición de la educación inicial, como una valiosa herramienta que coadyuve a acelerar los procesos de superación de las brechas de desigualdad social en el país. Como ya se observó, la ENAPI no contiene parámetros relativos a los tiempos y plazos para avanzar en el acceso de niñas y niños a la educación inicial. Por ese motivo, la presente Iniciativa plantea establecer esos plazos. Aunque antes de enunciar la propuesta concreta, es importante asentar algunas consideraciones más.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el ciclo escolar 2020-2021, estaban inscritos en la educación inicial 196,861 niñas y niños, de los cuales 100,691 eran hombres y 96,170 eran mujeres. En el ciclo escolar 2021-2022, esa matrícula se redujo, ya que estuvieron inscritos 190,740 niñas y niños, de los cuales 98,088 eran hombres y 92,652 mujeres.viii A efecto de dimensionar la matrícula antes señalada, para poder establecer si es baja o alta, es conveniente referir lo que el propio INEGI informa en materia de la matrícula del nivel preescolar. Para el ciclo escolar 2021-2022, en el nivel preescolar estaban inscritos 4,153,558 niñas y niños, de los cuales 2,090,597 eran hombres y 2,062,961 mujeres.ix

Los números anteriores, indican que, en el nivel de educación inicial, está inscrito solo el 4.60% de las niñas y niños inscritos en el nivel de preescolar. Es claro que no existe una relación directa entre la matrícula del nivel de educación inicial respecto a la de preescolar. Son muchas las circunstancias y causas que, hasta ahora, explican el hecho de que el número de niñas y niñas inscritos en educación inicial sea sumamente reducido, si se le compara con el nivel subsiguiente, que es el preescolar. En una primera proyección, podría estimarse que, si en el nivel preescolar entran los alumnos con 3 años de edad, sería hasta cierto punto lógico que, en el nivel precedente, educación inicial, la matrícula fuera similar o no estuviera tan alejada.

Lo anterior, sin considerar que, “en 2018 la población nacional de niños de cero a tres años fue de 8.8 millones de infantes, 50.9 por ciento hombres y 49.1 por ciento mujeres. Para 2019 se estima una población de niños de cero a tres años de 8.7 millones, con la misma distribución entre género masculino y femenino que en 2018.”x Es decir, si comparamos la matrícula de educación inicial del 2022 con la población estimada de personas de 0 a 3 años, la proporción sería de 2.18 por ciento, la mitad de la proporción de las matrículas de educación inicial/preescolar.

Los motivos de esta disparidad son múltiples. Uno de esos motivos, sin duda, es el desconocimiento, por parte de la población, en especial los padres y madres de familia, de la oferta y beneficios de la educación inicial. Por esta razón la reforma constitucional en materia educativa, estableció en el artículo 3o. constitucional, que será responsabilidad del Estado concientizar a la sociedad sobre la importancia de la educación inicial. Sin embargo, otro de los motivos de la matrícula tan reducida en el nivel de la educación inicial, es la insuficiencia de la cobertura, pues el Estado no ha logrado avances significativos en materia de centros, instalaciones, agentes educativos, profesionales, modelos pedagógicos, etcétera. En este sentido, no se ha avanzado sustancialmente en la implementación de las metodologías, los principios rectores y las líneas de acción establecidas en la ENAPI. Razón por la cual, se insiste en la necesidad de establecer plazos definidos para que la impartición de la educación inicial alcance la cobertura del 100 por ciento.

Por otra parte, es importante mencionar que los recursos asignados a la educación inicial, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, es el siguiente: para el programa Educación Inicial y Básica Comunitaria se asignaron 5,562,399,481 pesos; y para el programa Expansión de la Educación Inicial se asignaron 826,593,276 pesos.xi Esto significa que el presupuesto federal asignado a educación inicial apenas representa el 1.5 por ciento del total del presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública. Más aún, la proporción es todavía menor si consideramos que el programa Educación Inicial y Básica Comunitaria atiende mayoritariamente a la educación comunitaria respecto a la inicial.

Por lo anterior, es fundamental que se asignen recursos suficientes para que cada niña y niño reciba los beneficios de la educación inicial. Por ello, la presente Iniciativa propone que la Cámara de Diputados deberá aprobar anualmente las previsiones presupuestarias suficientes para avanzar hacia la impartición de la educación inicial obligatoria.

Cabe señalar que el programa Expansión de la Educación Inicial define a la educación inicial como el “Primer nivel educativo del tipo básico y está dirigida a niñas y niños de cero a tres años y sus familias, independientemente del prestador del servicio, denominación, modalidad de atención, o tipo de sostenimiento. En este nivel educativo, se reconoce a las niñas y los niños como sujetos de derechos y aprendices competentes; priorizando el rol del sostenimiento afectivo y la crianza compartida entre agentes educativos, familia y adultos responsables.”xii Conviene relacionar esta definición con el objetivo de dicho programa, que son los siguientes:

“2. Objetivos

2.1. General

Contribuir a la ampliación de la cobertura para que las niñas y los niños de 0 días de nacidas(os) a 3 años de edad accedan a los servicios públicos de educación inicial integral a través de modalidades escolarizadas y no escolarizadas

2.2. Específicos

1. Fortalecer el mantenimiento de los inmuebles en materia de seguridad y bienestar de niñas y niños para la operación de los CAI-Federalizados y CENDI en proceso de regularización con inmueble federalizado.

2. Implementar, por conducto de agentes educativos federalizados, la Estrategia de Visitas a Hogares para brindar orientación a madres y padres de familia o tutoras(es), sobre prácticas de crianza (modalidad no escolarizada).

3. Operar los CCAPI, en coordinación con las autoridades educativas locales y municipales, así como con organizaciones de la sociedad civil, en municipios con mayor demanda de Educación Inicial.

4. Capacitar a los Agentes Educativos de los Centros de Atención Infantil con Clave DDI, EDI, NDI, DIN y CENDI en proceso de regularización con clave SDI de la modalidad escolarizada...

5. Apoyar a los CENDI en proceso de regularización con apoyo voluntario, con el pago al personal voluntario, los servicios básicos e insumos necesarios para la alimentación.

6. Contribuir a la sensibilización social de los beneficios de la educación en los primeros años de vida de niñas y niños...2xiii

Estas referencias al programa Expansión de la Educación Inicial permiten hacer una conclusión general: los esfuerzos del Estado, en particular del Ejecutivo federal, por garantizar el acceso universal a la educación inicial son insuficientes. La matrícula es sumamente minúscula, y las políticas públicas y presupuesto destinados a ese objetivo, como el programa Expansión de la Educación Inicial, son limitados en sus alcances, toda vez que no plantean metas de incrementación significativa y sostenida de la cobertura hasta alcanzar la universalidad, es decir el 100 por ciento.

Por esas razones, la presente Iniciativa propone modificar el artículo décimo segundo transitorio del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. El objetivo es establecer en dicho artículo transitorio plazos específicos para alcanzar una cobertura del 100 por ciento en la educación inicial en el año, 2030, año en que el mundo se ha fijado la meta para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. De igual forma, se propone que se forme una comisión del Congreso de la Unión con la participación de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para acompañar este proceso de seguimiento en el avance de la educación inicial universal.

Como se expresó antes, la estimulación oportuna durante la primera infancia es básica en el desarrollo de las niñas y los niños, pues los primeros años de vida son los de mayor trascendencia para el desarrollo del ser humano, en ese sentido, los beneficios intelectuales, físicos, motrices y afectivos que se logran en cada niña y niño que reciben educación inicial, son determinantes para su futuro. Desde la infancia, primero los pobres, por ello, para alcanzar un arranque parejo en la vida, en la presente Iniciativa se considera fundamental dar prioridad a niñas y niños indígenas, así como a las niñas y niños que vivan en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad.

No podemos dejar de observar los esfuerzos y avances logrados en la implementación de la educación inicial, así como la coordinación de autoridades para instrumentar el Sistema de Seguimiento Nominal de la ENAPI. Dichos esfuerzos y avances son importantes, lo cual se refleja en ciertos documentos, tales como la Política Nacional de Educación Inicial,xiv publicada en el DOF el 18 de marzo de 2022; las Reglas de Operación de los Programas, Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2022xv y Educación Inicial y Básica Comunitaria para el ejercicio fiscal 2023,xvi publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2022 y el 30 de diciembre de 2023, respectivamente; así como el Programa de Trabajo 2022 de la Comisión de la Primera Infancia del SIPINNAxvii (Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes). Sin embargo, el camino para lograr la universalización de la educación inicial aún es largo, por lo que la presente Iniciativa propone establecer plazos específicos y graduales, con el objeto impulsar y comprometer a los actores institucionales involucrados a alcanzar la meta de que todas las niñas y los niños puedan acceder a este nivel educativo, a más tardar en el año 2030.

El siguiente cuadro ilustra el sentido y alcance de la propuesta de reforma:

Artículo décimo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo décimo segundo transitorio del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019

Artículo Único . Se reforma el artículo décimo segundo transitorio del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero a décimo primero. ...

Décimo Segundo. Para atender la educación inicial referida en el artículo 3o., el Ejecutivo federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de su entrada en vigor de estas disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia.

Con base en el marco conceptual, el marco metodológico y los principios rectores de dicha Estrategia Nacional, el Estado garantizará, de forma gradual, la impartición de la educación inicial en los siguientes plazos:

a) Cobertura del 40 por ciento al año 2024.

b) Cobertura del 70 por ciento al año 2027.

c) Cobertura del 100 por ciento al año 2030.

La Cámara de Diputados anualmente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobará las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimento de esta disposición.

El Congreso de la Unión creará una comisión de diputados federales y senadores, encargada de dar seguimiento al logro estos objetivos.

En la implementación gradual de los servicios de educación inicial, se otorgará prioridad a las niñas y niños indígenas, así como a las niñas y niños que vivan en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad.

Décimo tercero a décimo octavo. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, consultado el 20 de enero de 2023, disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/ 2019#gsc.tab=0

ii Ibid.

iii Ibid.

iv “Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia”, consultado el 19 de enero, de 2023, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539066/ENAPI-DOF-02-03-2 0-.pdf

v Ibid.

vi “Cuidado Cariñoso y Sensible para el Desarrollo en la Primera Infancia”, consultado el 20 de enero de 2023, disponible en https://www.unicef.org/nicaragua/informes/cuidado-cari%C3%B1oso-y-sensi ble-para-el-desarrollo-en-la-primera-infancia

vii Ibid.

viii “Matrícula escolar por entidad federativa según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2021/2022”, consultado el 18 de enero de 2023, disponible en https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educ acion_06_a36c6b2e-fe8f-486a-b5d2-239a02eb0baa

ix Ibid.

x “Educación inicial. Incorporación a la educación básica y obligatoria”, consultado el 19 de enero de 2023, disponible en https://ciep.mx/educacion-inicial-incorpacion-a-la-educacion-basica-y-o bligatoria/

xi “Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023”, consultado el 15 de enero de 2023, disponible en https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/atbnZdy0/PEF2023/ktp8ldcM/d ocs/11/r11_ppcer.pdf

xii “Acuerdo número 28/12/22 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2023”, consultado el 20 de enero de 2023, disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676023&fecha=29/12/ 2022#gsc.tab=0

xiii Ibid.

xiv “Política Nacional de Educación Inicial”, consultado el 20 de enero de 2023, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646122&fecha=18/03/ 2022#gsc.tab0

xv “Reglas de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2022”, consultado el 21 de enero de 2023, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643990&fecha=28/02/2022 #gsc.tab=0

xvi “Reglas de Operación del Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria 2023”, consultado el 21 de enero de 2023, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676178&fecha=30/12/ 2022#gsc.tab=0

xvii “Programa de Trabajo 2022 de la Comisión de la Primera Infancia del SIPINNA”, consultado el 21 de enero de 2023, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/733421/PROGRAMA_DE_TRABA JO_2022_VF.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)

Que reforma el artículo 684-G de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado federal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter respetuosamente a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del Artículo 684-G de la Ley Federal del Trabajo; conforme con la siguiente:

Exposición de Motivos

En México todas las personas tienen reconocido el derecho a la jurisdicción del Estado, para ello, se han creado e instaurado tribunales instaurados para impartir justicia y resolver los conflictos que se presenten. Sin embargo, los procesos judiciales que se suceden en los mismos no han sido suficientes para garantizar la protección de los derechos de las personas; ante esta situación, surge la necesidad de implementar mecanismos alternos a los procesos judiciales.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias están reconocidos en nuestro sistema jurídico como un derecho humano a la justicia en el artículo primero Constitucional y han sido reconocidos a nivel internacional: el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas establece que “para toda controversia susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales se tratará de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la mediación u otros medios pacíficos, y que el Consejo puede instar a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios”.1

Estos Mecanismos también son conocidos como Mecanismos Extrajudiciales de Solución de Conflictos (MESC) que refieren a “cualquier proceso diseñado para resolver una disputa sin el concurso de los tribunales de justicia. La resolución alternativa de conflictos es válida para un extenso número de casos, aunque resulta particularmente relevante en disputas comerciales por su flexibilidad y adaptabilidad, siendo especialmente apropiada en aquellos casos en los que las partes debe o desean mantener su relación después del procedimiento o en los que las partes están geográficamente distantes (comercio internacional y comercio electrónico”.2

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda que “Se deberían establecer organismos de conciliación voluntaria, apropiados a las condiciones nacionales, con objeto de contribuir a la prevención y solución de los conflictos de trabajo entre empleadores y trabajadores”.3

Entonces estos Mecanismos, se traducen en medios que permiten a las partes en un conflicto, mediante el acompañamiento de un profesional, asegurar una solución que no se lograría sin su intervención y que, al tener el carácter de obligatorio, evita que dicho problema tenga que avanzar y buscar resolución a través de un proceso judicial.

Es así como la justicia alternativa reviste particular importancia, y, aunque ha sido lento el proceso, esta se ha ido abriendo paso en el sistema mexicano de justicia tanto en el ámbito internacional como en la legislación nacional.

En México, los medios alternativos de resolución de conflictos fueron incluidos en la Constitución a partir de la reforma publicada en 18 de junio de 2008, cuando se modificó el artículo 17, para disponer que: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.

Uno de estos mecanismos es la Conciliación. Según la etimología, el término conciliación se deriva del latín conciliatio que significa conciliar, esto es, la conciliación refiere al proceso o acto de acordar, convenir o compatibilizar.4 “Conciliar supone avenimiento entre intereses contrapuestos; es armonía establecida entre dos o más personas con posiciones disidentes”.5

A partir de la reforma constitucional publicada el 24 de febrero de 2017, se dio inicio a una nueva etapa de para la justicia laboral en nuestro país, pues es a través de estas modificaciones a la Carta Magna y las respectivas reformas que se sucedieron a la Ley Federal del Trabajo, que la Conciliación adquiere la relevancia que le corresponde en la resolución de los conflictos que se suceden entre los trabajadores y los patrones. De esta manera, el artículo 123, fracción XX fue modificada para establecer lo siguiente:

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. a XIX. ...

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá, además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

XXI. ...

Derivado de esta reforma, la función conciliatoria se aleja del procedimiento laboral y se configura como un proceso independiente de aquel, siendo este un paso obligatorio previo a acudir a un juicio laboral.

La Ley Federal del Trabajo establece que “Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta Ley”.6 Este proceso tendrá una duración máxima de 45 días y la información que las partes presenten será de carácter reservado (La información aportada por las partes en el procedimiento de conciliación, no podrá comunicarse a persona o autoridad alguna, a excepción de la constancia de no conciliación y, en su caso, el convenio de conciliación que se celebre), y “los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial”.7

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en la materia, al determinar que “la celebración de la etapa conciliatoria prejudicial es obligatoria, con las excepciones establecidas en la ley, toda vez que esa etapa de conciliación debe desahogarse antes de acudir a los tribunales laborales, como un mecanismo de justicia alternativa a cargo de un conciliador profesional, para que las partes arriben a una solución autocompositiva del conflicto laboral, por lo que no debe confundirse con la conciliación en juicio que está en todo tiempo disponible y a cargo del Juez laboral”.8

Este criterio jurídico es justificado por la Corte al aseverar que “el artículo 123, apartado A, fracción XX, párrafos segundo y tercero, de la Constitución General de la República, establece que antes de acudir a los tribunales laborales los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente, así como que la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Lo anterior, pues el objetivo de la etapa inicial de conciliación prejudicial es que se ejerza una función conciliatoria real, a cargo de un conciliador profesional para lograr solucionar a través de la justicia alternativa el conflicto laboral, por lo que es evidente la trascendencia de agotar la conciliación prejudicial que por mandato constitucional es obligatoria; incluso, en la normativa secundaria se establecen las sanciones tanto para el trabajador como para el patrón en caso de no acudir a dicha audiencia conciliatoria”

Parte fundamental del procedimiento de conciliación prejudicial son los conciliadores, quienes entre sus atribuciones y obligaciones,9 tienen las siguientes:

I. Emitir el citatorio a la audiencia de conciliación, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

II. Aprobar o desestimar, según sea el caso, las causas de justificación para la inasistencia a la audiencia de conciliación, con base en los elementos que se le aporten.

III. Comunicar a las partes el objeto, alcance y límites de la conciliación.

IV. Exhortar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo.

V. Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar la forma más adecuada para formular propuestas de arreglo, sin que ello implique la imposición de acuerdos.

VI. Redactar, revisar y sancionar los acuerdos o convenios a que lleguen las partes.

VII. Elaborar el acta en la que se certificará la celebración de audiencias de conciliación y dar fe, en su caso, de la entrega al trabajador de las cantidades o prestaciones convenidas.

VIII. Expedir las actas de las audiencias de conciliación a su cargo, autorizar los convenios a que lleguen las partes, y las constancias de no conciliación en aquellos casos que ésta no fuere posible. Expedir las copias certificadas de los convenios y las actas de su cumplimiento.

IX. Cuidar y verificar que en los acuerdos a que lleguen las partes no se vulneren los derechos de los trabajadores. Lo anterior sin perjuicio de que busque la potencialización con perspectiva de derechos sociales.

X. Vigilar que los procesos de conciliación en que intervenga, no se afecten derechos de terceros y disposiciones de orden público.

Aunado a estas atribuciones la LFT dispone también la existencia de obligaciones especiales que los conciliadores deberán cumplir en el desempeño de sus atribuciones:10

I. Salvaguardar los derechos irrenunciables del trabajador.

II. Observar los principios de conciliación, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad, y confidencialidad;

III. Tratar con la debida equidad y respeto a los interesados, procurando que todas las conciliaciones que se realicen concluyan en arreglos satisfactorios para los mismos respetando los derechos de las partes.

IV. Cumplir con programas de capacitación y actualización para la renovación de la certificación.

V. Abstenerse de fungir como testigos, representantes jurídicos o abogados de los asuntos relativos a los mecanismos alternativos en los que participen posteriormente en juicio.

VI. Ser proactivo para lograr la conciliación entre las partes, y VII. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como el trabajo digno y decente.

La LFT establece también que para desempeñar el cargo de conciliador se deben cubrir los siguientes requisitos:11

I. Gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II. Tener preferentemente experiencia de por lo menos tres años en áreas del derecho del trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del Centro de Conciliación que corresponda.

III. Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función del Centro.

IV. Tener preferentemente certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias.

V. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género.

VI. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto.

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Como se puede observar, si bien se establece el requisito de la certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias, este no es obligatorio, por lo que no se puede garantizar que la persona mediadora cuente con los conocimientos y/o habilidades necesarias para el desempeño de sus funciones.

Como se ha expuesto, la conciliación en los procesos judiciales, en nuestro caso particular, de la materia laboral, se ha convertido en un factor indispensable al “ofrecer al justiciable diversas posibilidades para solucionar sus problemas, lo cual, en determinadas ocasiones, puede suponer una mejor solución que la que se pueda conseguir en la vía judicial”.12 Asimismo, el procedimiento conciliador ha permitido aliviar la carga de trabajo en los juzgados, ya que resolviendo las controversias entre las partes patronal y trabajadora se evita iniciar procedimientos de carácter judicial.

Nuestro sistema jurídico debe fortalecerse en beneficio de la sociedad y del respeto al derecho humano de acceso a la justica, en este contexto, la conciliación, entendida como un medio alternativo en la solución de conflictos, debe ser dotada de mayores elementos, como es la certificación de aquellos servidores públicos que la ejercen en el proceso de dirimir los conflictos de carácter laboral.

Por ello, esta iniciativa propone que las personas conciliadoras cumplan de forma obligatoria con el requisito de la certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias, puesto que en su desempeño profesional, estas se enfrentan a las circunstancias particulares de cada caso y, que debido a la importancia que esta instancia reviste deben tener habilidades y conocimientos especiales para que acompañen a las partes en el proceso y ofrezcan solución a los conflictos, cumpliendo de esta manera con los objetivos de la Ley en materia de Conciliación.

Bertrand define la certificación como “el proceso a través del cual se aseguran las competencias y las habilidades de un individuo en relación con una norma formalizada; se trata por ello de la certificación de unas cualificaciones individuales, de un nivel de conocimientos, de unas habilidades y, probablemente, de unas capacidades de aprendizaje”.13

Por su parte, Medina se refiere a este concepto como “la evaluación de los aprendizajes que se hayan podido acumular mediante sistemas formales, no formales e informales como la experiencia”.14

La Organización Internacional del Trabajo ha establecido que “Fortalecer las habilidades de las personas conciliadoras/mediadoras dentro del proceso de negociación resulta necesario para generar sistemas de resolución de conflictos sólidos en el marco de las relaciones de trabajo”.

El perfeccionamiento de la conciliación requiere que el Poder Legislativo implemente las acciones correspondientes para que las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Trabajo alcancen el fin último para el cual fueron creadas. La certificación obligatoria del personal responsable de la instancia conciliatoria laboral permitirá sin duda que estos cuenten con mejores competencias y habilidades que garanticen la resolución de conflictos en la etapa prejudicial.

A través de la certificación será posible fomentar el nivel de eficiencia y de competitividad en la labor que realizan las personas conciliadoras, una función que es, sin duda, de gran importancia para la sociedad. Asimismo, mostrará el compromiso de mejora continua por parte de los Centros de Conciliación, logrando con ello, avanzar en esta etapa de la justicia laboral en nuestro país, al obtener mejores resultados en su calidad y desarrollo.

En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único . Se reforma la fracción IV del artículo 684-G de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 684-G. Para desempeñar el cargo de conciliador se deben cubrir los siguientes requisitos:

I. Gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

III. Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función del Centro;

IV. Tener certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias;

V. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género;

VI. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto, y

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público

Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. Disponible en:
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/repertoire/settlements#:~:text=El%20Art%C3%ADculo%2033%20de%20la,
las%20partes%20a%20que%20arreglen

2 Paz Lloveras. E. y Asociación Española para el Derecho y la Economía Digital (coord. Científico): Libro Blanco sobre Mecanismos Extrajudiciales de Solución de Conflictos en España. Proyecto i+Confianza: Autorregulación y Sistemas Extrajudiciales Off-Line y On-Line de Solución de conflictos para Entornos de Comercio Electrónico. Estudio comparado, demostración y promoción de su uso en la industria, AENOR, Madrid, diciembre 2002, pág. 10

3 R092 - Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951 (núm. 92). Organización Internacional del Trabajo. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312430:NO

4 Definición de Conciliación. Definición. DE. Disponible en: https://definicion.de/conciliacion/

5 Alvarado Belloso, Adolfo. La conciliación como medio para solucionar conflictos de intereses, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1986, núm. 3, p. 238. Page 4. 46. Notas y Estudios Sobre el Proceso Civil. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/894/ 3.pdf

6 Artículo 684-B Ley Federal del Trabajo.

7 Artículo 684-C Ley Federal del Trabajo.

8 Conciliación prejudicial. Es obligatoria la celebración de la audiencia para las partes de manera previa al inicio del juicio laboral, con las excepciones establecidas en la Ley, y esta etapa es diversa a la conciliación en juicio –intrajudicial– (Reforma laboral de 1 de mayo de 2019). Registro digital: 2024308. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Undécima Época. Materia(s): Laboral. Tesis: II.2o.T.5 L (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, marzo de 2022, Tomo IV, página 3304. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024308

9 Artículo 684-F Ley Federal del Trabajo.

10 Artículo 684-H Ley Federal del Trabajo.

11 Artículo 684-G Ley Federal del Trabajo.

12 Silva Díaz, Diego Enrique. Derecho en Acción. CIDE, CONACYT. 2020. Disponible en: https://derechoenaccion.cide.edu/los-medios-alternos-de-solucion-de-con flictos-frente-a-la-jurisdiccion-del-estado/

13 Bertrand, O. (2000). Evaluación y certificación de competencias y cualificaciones profesionales. Madrid: OEI. Tomado de: Ruiz Bueno, Carmen. La Certificación Profesional: algunas reflexiones y cuestiones a debate. Educar 38, 2006. p. 136. Disponible en: file:///Users/hys/Downloads/72352-Texto%20del%20art%C3%ADculo-82883-1-1 0-20070713.pdf

14 Medina, O. (2005). «Los sistemas de acreditación. Aproximación conceptual y teórica». En: Tejada, J.; Navio, A.; Ferrández, E. IV Congreso de Formación para el Trabajo. Nuevos Escenarios de Trabajo y Nuevos Retos en la Formación. Libro de actas. Madrid: Tornapunta. Tomado de: Ruiz Bueno, Carmen. La Certificación Profesional: algunas reflexiones y cuestiones a debate. Educar 38, 2006. p. 136. Disponible en: file:///Users/hys/Downloads/72352-Texto%20del%20art%C3%ADculo-82883-1-1 0-20070713.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 78, numeral 1, 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la creación del Centro de Estudios de Análisis y Desarrollo Energético Sostenible (CEADES).

Planteamiento del problema

La creación de los centros de estudios de la Cámara de Diputados tiene la finalidad de apoyar a diputados y a las comisiones del Congreso de la Unión al proporcionarles de forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico e información analítica.

Estos se integran por funcionarios del servicio de carrera, especialistas en investigación, manejo, sistematización y análisis de información sobre los problemas sociales, de cultura nacional, jurídicos, de finanzas públicas y otros de interés para el desarrollo de la función parlamentaria.

El primer antecedente que se tiene de los centros de estudios es la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, que fue creada en 1998. Para 1999, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se reemplazó la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

En el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra regulada la formación de los centros de estudios, los cuales están en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios. A continuación, se mencionan los centros de estudios de la Cámara de Diputados.

En el Manual General de la Organización de la Cámara de Diputados se mencionan las funciones y responsabilidades de los cinco centros de estudios, los cuales refuerzan las actividades legislativas de esta Cámara de Diputados; no obstante, el amplio espectro de aplicación de los centros de estudios referidos, no existe una praxis en relación al tema energético, sobre todo en los tiempos actuales donde el gobierno en turno ha planteado como prioridad salvaguardar la soberanía y seguridad energética del país, fortaleciendo a las empresas productivas del Estado.

Ante tal escenario, es necesario que los órganos legislativos, en especial la Cámara de Diputados, cuenten con un órgano especializado que dote a los legisladores de los elementos técnicos jurídicos para aplicar en una materia tan complicada, por lo que se propone la modificación del artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear un nuevo centro de estudios en materia energética, el cual se denominará Centro de Estudios de Análisis y Desarrollo Energético Sostenible cuyas siglas serán CEADES.

Argumentación

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos contempla el funcionamiento de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados.

En nuestro sistema político no se establece que el legislador sea especialista en temas jurídico-parlamentarios o tenga alguna preparación especial. Es por ello que se crearon los organismos de investigación legislativa, para dar herramientas y auxiliar a los legisladores y sus equipos de trabajo.

La investigación y el análisis parlamentario son el primer paso del procedimiento legislativo en materia de formación y reforma de leyes y decretos del país, dado que su creación tiene la finalidad de servir como órganos de apoyo al trabajo legislativo, cuyo objetivo es proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna los servicios de apoyo técnico y la información analítica, que fueran requeridos por los diputados y las comisiones del Congreso de la Unión.

Un antecedente importante mencionar es la iniciativa a cargo de la ex diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, a fin de incluir en la estructura del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, una dirección para el desarrollo de estudios sobre educación pública y salud, la misma que fue aprobada el 4 de noviembre de 2020.

En este sentido, es preciso resaltar que la Cámara de Diputados también cuenta con: el Servicio de Investigación y Análisis, que tiene como objetivo proporcionar asistencia profesional y especializada a los diputados mediante el suministro de información analítica, imparcial, objetiva y oportuna, en las materias de interés para su trabajo legislativo.

El maestro Reyes Tépach Marcial define la investigación legislativa como:

“Los temas que se desarrollan están relacionados con el objeto, sujeto, espacialidad, temporalidad, naturaleza, importancia, fuentes de información y principios sobre los cuales se sustenta la investigación y el análisis parlamentario. También se describen las actividades que se realizan en la Subdirección de Economía y se analiza la viabilidad para que las legislaturas de los estados creen sus propios servicios de investigación y análisis”.

Miembro de Redipal, la doctora Martha Franco Espejel, define la investigación legislativa como:

“La complejidad de la sociedad moderna exige la existencia de leyes positivas más justas, para poder convivir en un orden socio jurídico político donde el bien común y la justicia prevalezcan. El poder legislativo mexicano tiene el deber y obligación de ser más coherente con la realidad y participar en el desarrollo de los mexicanos con mayor conocimiento de causa. Es por esta situación que el legislador debe recurrir a fuentes de información y análisis confiables para apoyar con su conocimiento la elaboración correcta de la ley.

La investigación científica que se relaciona con el proceso legislativo tiene que ser promovida y protegida por políticas coherentes, claras y eficientes, de lo contrario el investigador parlamentario perecerá en el olvido”.

Ahora bien, el centro de estudios con mayor número de tareas es el Centro de las Finanzas Públicas, debido a lo que establece el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al ser el presupuesto materia exclusiva de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, en cada legislatura se presentan un gran número de iniciativas y puntos de acuerdo en materia de energía, conllevando una profunda necesidad de estudio tanto del proponente como de las comisiones dictaminadoras, aunado a ello, en el actual gobierno se ha trabajado una política que lleve al adecuado balance energético, para con ello dotar a la población de acceso a los servicios básicos de electricidad y combustibles de uso común e industrial.

Es preciso mencionar que México es un país con un gran sector energético que impacta toda la cadena de valor y las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias destinadas al desarrollo nacional, al desarrollo tecnológico, a la exploración, a la producción, al transporte, al manejo y comercialización de los bienes y servicios que generan energía y la investigación científica de la misma.

Actualmente, demanda tener seguridad y soberanía energética, que permita un crecimiento económico en el poder adquisitivo de la sociedad. Para ello requiere del desarrollo de los sectores prioritarios de la nación, en materia de hidrocarburos, energía eléctrica, así como energías renovables y alternativas con el afán de detonar y resguardar la seguridad energética del país y fortalecer las empresas productivas del Estado.

Lo que conlleva una colaboración de todos los Poderes de la Unión, correspondiéndole al Poder Legislativo la armonización y actualización del andamiaje jurídico, ante la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado mexicano de garantizar, por medio de las empresas productivas del Estado y la participación privada, la seguridad y soberanía energética enmarcado en las directrices de un desarrollo energético sostenible, que consiste en el cuidado del medio ambiente, la satisfacción de las necesidades energéticas de la actividad económica y el de proveer los servicios de energía en general para toda la población.

Al crearse el Centro de Estudios de Análisis y Desarrollo Energético Sostenible (CEADES), se brindará información analítica y apoyo técnico que engloba el interés social, jurídico, cultural y económico que permitirían el desarrollo de la función parlamentaria ya que permitiría a los diputados y comisiones del Congreso de la Unión apoyarse del mismo para el conocimiento de las actividades que realiza el sector energético, ya que existe una estrecha relación con el trabajo de las distintas áreas de la Cámara de Diputados, pues como hemos dicho el sector energético genera actividades que van encaminadas a la creación de bienes y servicios a favor de México, por lo que son de suma trascendencia el estudio y análisis de algunos temas en materia energética como son los siguientes:

a) Alternativas para determinar el incremento en la plataforma de producción nacional de crudo;

b) Reducción de emisiones de carbono en la producción de hidrocarburos;

c) Análisis y propuestas de mejora a la plataforma nacional de refinación;

d) Aceleración de la transición hacia el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía;

e) Racionalización del consumo de energía;

f) Revaloración del papel de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en el desarrollo del sector energético;

g) La capacidad de gasificación del país;

h) Revisión y ajuste de la metodología de cálculo de las tarifas eléctricas;

i) El contenido nacional y la transferencia tecnológica en el sector, así como la utilización de tecnología mexicana para la reutilización sustentable de agua de yacimientos.

j) La regulación del sector;

k) La colaboración de todos los participantes de la cadena de valor del sector energético, desde las dependencias del Gobierno federal, los órganos reguladores, el Poder Legislativo, hasta la iniciativa privada como las asociaciones, cámaras, clusters , expertos, etcétera, que contribuyan al rescate, desarrollo y modernización del sector.

En tal sentido, es necesario contar con una dirección especializada que recopile, elabore antologías, realice estudios comparativos, análisis y prospectivas sobre energía.

Asimismo, cabe destacar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió establecer el Centro Internacional de Excelencia Naciones Unidas para Latinoamérica (ICE SRM) mismo se estableció y constituyó en México como una asociación civil, sin fines de lucro, en enero de 2022, y que tiene como propósito fundamental asistir a los distintos actores de las industrias extractivas y de energía en México y América Latina, tanto del Estado como del sector privado, en el cumplimiento de sus metas de sostenibilidad en las industrias extractivas y energía y particularmente en el fortalecimiento de las seguridad y soberanía energética de los países de la región, lo cual demuestra un reconocimiento a México y el liderazgo del país en Latinoamérica. En este sentido la alianza estratégica que se pudiera establecer con este Centro sería de gran apoyo por considerar metas comunes que tendrían ambas instituciones.

Derivado de lo anterior se propone la siguiente reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Con esta reforma no sólo se fortalece a la Cámara de Diputados, sino que se consolidad la intención del Poder Legislativo de colaborar con el Ejecutivo federal en salvaguardar la soberanía energética de la nación.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 78, numeral 1, 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la creación del Centro de Estudios de Análisis y Desarrollo Energético Sostenible

Único. Se reforma el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 49.

1. ...

a) al f) ...

2. ...

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas; de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, y de Estudios de Análisis y Desarrollo Energético Sostenible.

4. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, se permite someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El Diccionario de la Real Academia Española define adolescencia como el “periodo de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud”.

La Organización Mundial de la Salud define a la “adolescencia” como “el período de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Independientemente de la dificultad para establecer un rango exacto de edad es importante el valor adaptativo, funcional y decisivo que tiene esta etapa”.

La Secretaría de Salud dice que la adolescencia se divide en dos fases: la adolescencia temprana de 12 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años.

También dice esta dependencia de la administración pública federal que “en cada una de estas etapas se presentan cambios fisiológicos (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), estructurales (anatómicos), psicológicos (integración de la personalidad e identidad) y la adaptación a los cambios culturales o sociales”.

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, indica en el artículo 5 que son adolescentes “las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad”.

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020 dice que las personas de entre 12 y 17 años que viven en el país son

II. El 7 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece:

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Derivado de la reforma constitucional se creó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, que se fundamentó “en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución (artículo 1o.).

El objetivo de la ley en comento se encuentra en el artículo 3o., que a la letra dice:

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

A. El del interés superior de la infancia.

B. El de la no discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

E. El de tener una vida libre de violencia.

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales

También establece los parámetros de edad para niñas, niños y adolescentes:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.

III. El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En el artículo 4o constitucional, la reforma fue la siguiente:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Asimismo, se facultó al Congreso de la Unión para “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte” (artículo 73, fracción XXIX-P).

La fundamentación en sus considerandos fueron los siguientes:

Es evidente que el principio del interés superior de los niños no debe quedar relegado a las normas secundarias, ya que con esta reforma el principio en estudio se erigirá como punto de partida para las normas secundarias en la materia.

Esta comisión dictaminadora considera que no obstante la existencia de los ordenamientos secundarios antes señalados y de las instituciones precisadas, es necesaria la reforma constitucional, ya que en la mayoría de las enunciadas no consideran sanciones a su inobservancia y adicionalmente en atención a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano, siendo oportuno traer a cuenta la tesis de jurisprudencia con registro número 172650, XXV, abril de 2007, tesis P. IX/2007:

Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

Por ello, la presente reforma constitucional no sólo se coloca como un avance a la regulación de los derechos de los niños, sino que se estaría cumpliendo con lo preceptuado en los diversos documentos jurídicos de carácter externo, a los cuales no podemos sustraernos, ya que podría suponer una mala imagen en la comunidad internacional, máxime que en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, México asumió un compromiso vinculante para brindar un futuro mejor a todos los infantes mediante la incorporación de tales principios al derecho interno.

Además, la reforma constitucional produciría como efecto, la liberación de dicho principio para que sea oponible a cualquier autoridad y en cualquier materia, ya sea administrativa o jurisdiccional, mediante la verdadera garantía que es el juicio de amparo.

Con ello se dará pausa al reconocimiento de diversos derechos que son inherentes como; el derecho a la identidad; a tener un nombre; a la adecuada salud y nutrición; a la educación; a vivir en un medio ambiente sano; a vivir libre de todo tipo de violencia, abuso o maltrato; al libre desarrollo de su personalidad; a no ser explotado; y a gozar de todas las demás prerrogativas y derechos que esta Constitución les otorga.

En este tenor, esta comisión considera la procedencia de reforma al artículo 4o. de la Carta Magna, con el propósito de abonar el camino de la armonización legislativa en favor de los derechos de la infancia mexicana.

Esta comisión considera que la expresión relativa a la obligación de los padres para velar por el interés superior de los menores no debe de ser plasmada, en el artículo 4o., toda vez que dicho precepto resulta ser garantía individual y que por naturaleza jurídica sólo son oponibles al Estado, entendiéndose por ello que el único obligado a cumplirla es el Estado mismo.

Por lo que toca a la reforma del artículo 73 constitucional, en cuanto a que sea facultad del Congreso de la Unión el poder legislar en esta materia, esta comisión dictaminadora considera la pertinencia de tal reforma, siempre y cuando se otorgue una concurrencia de materia para que las entidades federativas y el Distrito Federal puedan legislar en el ámbito de su competencia, con la participación de los municipios; ello, en atención de una correcta distribución de facultades.

V. En el Diario Oficial de la Federación del 4 de diciembre de 2014 se publicó el decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

La nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objetivo:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos; y

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

También la ley en comento establece la edad de las niñas, los niños y adolescentes:

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad.

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.

V. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las personas adolescentes en los siguientes artículos:

Como se ve, los derechos de las personas se reconocen en sus artículos 3º (educación) y 18 (privadas de su libertad), mientras que en el 73 se faculta al Congreso para legislar en materia de los derechos de las y los adolescentes; sin embargo, el derecho de las personas adolescentes, así como el interés superior de la adolescencia, no ha sido reconocido en el artículo 4º en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. Por lo anterior, se propone reformar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

VII. Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue:

Único. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez y de la adolescencia , garantizando de manera plena sus derechos. Los niños, las niñas y las y los adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y a la adolescencia .

...

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia .

...

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica)

Que deroga los artículos 62 y 64 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Diputado Miguel Sámano Peralta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete respetuosamente a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 62 y 64 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para las sociedades mundiales y, en particular para los especialistas y estudiosos del Derecho, en las últimas décadas se han presentado diversos retos relacionados con la familia, producto de los cambios en las relaciones que se dan al interior de ésta.

Hoy, ha sido reconocida la diversidad de esta célula básica de la sociedad que ha traído importantes modificaciones en la normatividad. Aunado a ello, “la creciente influencia de los derechos humanos ha sido un factor clave para el abandono de normas que protegen un único modelo de familia, que niegan autonomía a ciertas personas o que distribuyen de manera desigual las cargas y beneficios de la familia”.1

En el centro del debate enmarcado en el tema anterior, uno de los puntos de mayor relevancia es el relacionado con garantizar sus derechos a niñas, niños y adolescentes, colocando su interés por encima del de otros sujetos de derecho.

En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone en el artículo 7 que todos somos iguales ante la ley, sin distinción, y que tenemos derecho a igual protección en contra de la discriminación.2

La propia Declaración de los Derechos del Niño establece en el Principio 1, que “el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia”.3

De igual forma, en el Principio 2 refiere que “el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”.4

Por su parte, nuestra Carta Magna, en su artículo 1o., establece la prohibición de todo tipo de discriminación;5 asimismo, el artículo 4o. instruye que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.6

Paralelamente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a éstos como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos,7 privilegia el interés superior de la niñez y establece la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el principio pro persona y el acceso a una vida libre de violencia, entre otros, como principios rectores para garantizar su protección.8

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que estos cambios en el derecho constitucional y en el derecho familiar se derivan de “dos ejes fundamentales: el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y el desarrollo del derecho a la igualdad”.9

El máximo órgano jurisdiccional del país tiene como una premisa fundamental el priorizar el interés superior de la niñez y la adolescencia en todos los asuntos, señalando que “son la familia, la sociedad y el Estado quienes deben garantizar el pleno ejercicio de sus derechos contenidos (en) el artículo 4o. Constitucional”.10

Es por ello que, como legisladores, tenemos la responsabilidad de analizar la realidad social y adecuar el marco jurídico a la misma, por lo que es importante mencionar el hecho de que hay hijos que nacen de parejas sin vínculo matrimonial, lo que lleva a dar la razón al hecho de que la familia, en su diversidad, ya no necesariamente gira en torno al matrimonio, y que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este reconocimiento “amerita la revisión crítica del modelo familiar rígido que encontramos en el derecho mexicano”11 y, por supuesto, garantizar los derechos de quienes han nacido bajo ciertas condiciones que no les son atribuibles a ellos.

En ese orden de ideas, es importante mencionar que el Código Civil Federal en sus artículos 62 y 64, del Capítulo II De las actas de nacimiento, aún emplea los términos de “hijo adulterino” e “hijo incestuoso”, etiquetando a niñas y niños con adjetivos calificativos que violentan sus derechos y dignidad.

Ambas expresiones ubican a las niñas y niños en situación de vulnerabilidad, contraviniendo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, pues como también queda establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, éstos no pueden ser sujetos a discriminación por las condiciones de su nacimiento o alguna situación imputable a sus progenitores, entre otras circunstancias.12

En relación con lo anterior, la discriminación por diversas causas es algo que todos los días se presenta en lugares que debieran brindar seguridad a las niñas, niños y adolescentes, como son los centros educativos. Ejemplo de ello lo encontramos en los resultados de la Encuesta OpiNNA: Juguemos en las calles, donde el 56% de niñas, niños y jóvenes entre 6 y 17 años señalan que en su escuela se discrimina todos los días por diversas causas.13

Por ello, como lo indica el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ésta forma parte de los factores que pueden o no permitir a la infancia el goce de otros derechos y su atención no puede ser relegada a otro momento, pues una vez que la discriminación ha marcado a una persona, el esfuerzo para incluir y generar condiciones de vida digna a esa población se vuelve no sólo más compleja, sino en ocasiones casi imposible.14

De ahí que las autoridades estemos obligadas, desde las distintas trincheras, a implementar medidas y acciones específicas que prevengan, atiendan y erradiquen la segregación de una manera contundente. En el caso de los legisladores, debemos eliminar de toda normatividad expresiones relacionadas con costumbres, prejuicios u otros que atenten en contra de la dignidad de las personas, principalmente de sectores sociales altamente vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes.

Su interés superior debe ser la consideración primordial, pues si bien antes se priorizaba la condición de los progenitores, ahora la propia Ley nos obliga a hacer prevalecer el beneficio para los hijos, como puede observarse en diversa jurisprudencia de la Suprema Corte del país, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Sin duda, tenemos la responsabilidad de atender la evolución de la sociedad, eliminando lo que ya no es concurrente con los esquemas actuales basados en los derechos humanos.

En este orden de ideas, el mundo y nuestro país transitó por una época en donde el trato social a los hijos nacidos fuera del matrimonio se tornó desigual y estigmatizante.

Esta discriminación se veía reflejada no sólo en el ambiente social, sino además en la normatividad, dando a los hijos una posición condicionada por la relación de sus padres al momento de la concepción.15

Ello era y es inadmisible, principalmente en un Estado constitucional como el nuestro, pues ninguna persona, mucho menos los infantes, tienen que vivir con algún estigma derivado de la relación que hayan mantenido sus progenitores. Los derechos humanos son para todos.

Por ello, es de suma importancia que los términos referidos actualmente en los artículos 62 y 64 del Código Civil Federal, sean derogados de nuestra normatividad. Es fundamental que las niñas y niños vivan desde sus primeros días en una cultura de respeto a sus derechos, lo que no será posible si continuamos con resquicios de exclusión y violencia.

Asimismo, es importante señalar que dichos artículos hacen una distinción respecto a las circunstancias de la concepción de las niñas y niños, situación que queda sin materia debido a que sus derechos, respecto a su registro y reconocimiento, se encuentran establecidos en los artículos 58, 59, 60 y 77 del mismo ordenamiento, sin hacer diferencias, como lo determina el artículo 25, numeral 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “... Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.16

En razón a lo anterior y con la finalidad de tener una perspectiva más clara de la propuesta que se somete a consideración de esta Asamblea, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se derogan los artículos 62 y 64 del Código Civil Federal.

Artículo 62. Se deroga.

Artículo 64. Se deroga.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuadernos de Jurisprudencia, No. 11., Filiación. Mantenimiento de relaciones familiares y derecho a la identidad. Primera edición, marzo de 2022, p. XIII, localizado en
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2022-06/CJ%20DyF_11_FILIACION%
20con%20catalogacion%20e%20ISBN.pdf

2 Declaración Universal de Derechos Humanos, localizada en https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.

3 Declaración de los Derechos del Niño, localizada en https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/

2018-11/declaracion_derechos_nino.pdf

4 Ídem.

5 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, localizada en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

pdf/CPEUM.pdf

6 Ídem.

7 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, localizada en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

pdf/LGDNNA.pdf

8 Ídem.

9 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuadernos de Jurisprudencia, No. 11., Filiación. Mantenimiento de relaciones familiares y derecho a la identidad. Primera edición, marzo de 2022, p. XIII, localizado en
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2022-06/
CJ%20DyF_11_FILIACION%20con%2

0catalogacion%20e%20ISBN.pdf

10 Ídem, p. 157.

11 Ídem, p. XIII.

12 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, localizada en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

13 Resultados de la Primera Encuesta OpiNNA; Juguemos en las Calles, localizados en https://www.gob.mx/sipinna/articulos/resultados-de-la-primera-encuesta- opinna-juguemos-en-las-calles?idiom=es

14 Documento Informativo sobre Discriminación en la Infancia, localizado en
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DocumentoInformativoInfancia.pdf

15 Polo Arévalo, Eva María (2003). “Influencia del matrimonio y condición ciudadana de los padres en el status civitatis y familiae de los hijos”, en Fundamentos Romanísticos del Derecho Contemporáneo, localizado en
https://boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-R-2021-20028500304

16 Declaración Universal de los Derechos Humanos, localizada en https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.

Diputado Miguel Sámano Peralta (rúbrica)

Que adiciona el artículo 218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Victoriano Wences Real, diputado federal en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación inicial contribuye de forma determinante a la formación plena de las personas, pues hace posible que, desde los primeros días de vida, las niñas y los niños reciban estímulos, cuidados y aprendizajes que fortalecerán sus capacidades cognitivas, psicoemocionales y afectivas. Del mismo modo, la educación inicial, en tanto servicio integral, aporta elementos para vigilar y mejorar la salud y la alimentación de niñas y niños de 0 a 3 años de edad. En términos sociales, la educación inicial, cuando se imparte bajo un esquema de universalidad y obligatoriedad, se convierte en uno de los instrumentos más relevantes para combatir las desigualdades sociales, porque permite que niñas y niños de escasos recursos o en condiciones vulnerables accedan a este servicio y se emparejen con las niñas y niños cuyas familias pueden llevarlos escuelas particulares.

La situación de la educación inicial en México, indica que, el 15 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto correspondiente a la reforma constitucional en materia educativa impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En efecto, se trató de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que, entre otros propósitos plantea echar abajo la reforma educativa impulsada en el sexenio anterior, por la cual se profundizaban las directrices de privatización y alienación social de la educación.

Esta reforma educativa de 2019 decreta que la educación inicial tendrá carácter de obligatoria y gratuita. Se establece en el artículo 3o. constitucional, que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Se puede observar que, como cambio significativo introducido por la reforma de 2019, se determina que la educación inicial y la educación superior serán impartidas por el Estado en las mismas condiciones que los otros niveles educativos, es decir, de forma obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Cabe mencionar otros aspectos relevantes de dicha reforma tales como: que las maestras y los maestros son reconocidos como agentes fundamentales del proceso educativo y la trasformación social: que la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.i

De este modo, se establece en el citado artículo 3o. de nuestra Carta Magna, que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Asimismo, se incluye la disposición de que el Ejecutivo federal determinará los principios rectores y los objetivos de la educación inicial. Se determina que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.ii

La presente iniciativa tiene como tema central el hecho de que el artículo 3o. constitucional establece el mandato de que el Estado tendrá la responsabilidad de concientizar sobre la importancia de la educación inicial. Esta disposición constitucional obedece al hecho de que, la cobertura en materia de educación inicial es todavía muy baja, como se verá más adelante; y al hecho de que, entre la sociedad, en particular entre los padres y madres de familia, es muy escaso el conocimiento sobre la existencia del servicio de educación inicial y sobre los grandes beneficios que aporta a las niñas y niños en materia de salud, emocional, alimentación, desarrollo neuronal y estímulos tempranos.

En efecto, el asunto de la obligatoriedad de la educación inicial plantea los problemas de la cobertura, la formación de los recursos humanos adecuados, el financiamiento y demás aspectos que tienen que resolverse e implementarse gradualmente para hacer realidad este mandato constitucional.

El tema específico de lograr que la población, en particular padres y madres de familia, tomen conciencia de la relevancia y significado de la educación inicial, constituye el problema que aborda la presente Iniciativa, y se plantea aportar una solución a través de una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos que más adelante se precisan.

En función de ello, es importante abundar en las características y beneficios de la educación inicial. Es pertinente señalar que en el artículo décimo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, antes citado, se establece que: para atender la educación inicial referida en el artículo 3o., el Ejecutivo federal, en un plazo no mayor a 180 días..., definirá una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), en la cual se determinará la gradualidad de su impartición y financiamiento.

La ENAPI establece una visión integral de la educación inicial, como eje de la política sobre la primera infancia, en los siguientes términos: la educación inicial y la ENAPI tienen como objetivo “desarrollar una política nacional para garantizar a niñas y niños menores de 6 años, el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo integral y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia, atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas y géneros, así como a la diversidad inherente a cada persona. Para lograr dicho objetivo se establecerán los mecanismos institucionales para que en México todas las niñas y niños de 0 hasta antes de los 6 años, cuenten con las intervenciones y seguimiento necesario para lograr su pleno desarrollo integral y la garantía de sus derechos, además de establecer objetivos comunes de orden estratégico, marcos metodológicos y líneas de intervención programáticas y presupuestarias compartidas, y responsabilidades desde una perspectiva de integralidad, complementariedad y coordinación intersectorial y de órdenes de gobierno.”iii

La ENAPI considera que los primeros años de vida constituyen una ventana de oportunidad irrepetible para promover los aprendizajes que serán fundamentales para la vida de las niñas y los niños. Con base en los estudios de numerosos especialistas nacionales y extranjeros, la ENAPI establece que los procesos de desarrollo y las experiencias que ocurren en la Primera Infancia determinan la arquitectura básica del cerebro. En este periodo, el cerebro se desarrolla rápidamente, creando de 700 a 1,000 nuevas conexiones neuronales por segundo, una velocidad que nunca se volverá alcanzar en el transcurso de la vida humana. Las conexiones sinápticas que se forman en esta etapa temprana son la base de la neuroplasticidad que determina la capacidad que tendrán las niñas y los niños para adquirir nuevos aprendizajes durante el transcurso de su vida, adaptarse y gestionar adecuadamente las experiencias a las que se verán expuestos. En efecto, la educación inicial, como componente crucial de la atención a la primera infancia, es determinante para generar condiciones de equidad, inclusión y vigencia de los derechos de las niñas y niños de 0 a 3 años de edad.

En este contexto, la ENAPI establece que la educación inicial constituye una de sus principales líneas de acción, y se propone los siguientes objetivos: