Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6196-IV-1, miércoles 18 de enero de 2023
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef a reforzar las campañas informativas, en los medios que se dispongan, para informar a la ciudadanía sobre la modalidad de estafa denominada pharming, suscrita por el diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Daniel Murguía Lardizábal , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La innovación de las Tecnologías de Información y la Comunicación, es parte de la evolutiva modernización que día con día se vive y que, seguirá ocupando cada vez más espacios en la cotidianidad de las personas.
Día con día, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son aplicadas en diferentes ámbitos; por mencionar sólo algunos destacan: la salud, la educación, el comercio el empleo, la investigación, en la administración pública, en el entretenimiento, entre otras.
El uso de las denominadas TIC´S con lleva beneficios particulares como lo son1 :
• Instantaneidad: Información y comunicación instantánea.
• Interactividad: Retroalimentación en la comunicación.
• Automatización de actividades: Facilita la programación de actividades.
• Disposición de Información: Permite acceder a información almacenada es dispositivos o en la denominada nube.
En este contexto, muchos países han avanzado de manera importante en sus procesos de digitalización, lo que les ha facilitado la realización de diversas actividades. Situación misma que, los motiva para mejorar cada vez más las tecnologías, y lograr con esto, ampliar el espectro de beneficios y campos de aplicación.
Cierto es que, ante esa tendencia evolutiva y cúmulo de beneficios, el uso de las TIC´S ha permitido un flujo de información importante, misma que en la mayoría de los casos es de índole personal y sensible, lo que representa en el caso de un mal uso de ésta, un riesgo inevitable para el propietario de ésta.
Hay información que circula en la red que no cuenta con la seguridad necesaria, lo que hace vulnerable para ser copiada, robada y/o susceptible a un fin de lucro.
Ese robo de información derivado de los denominados ciberataques2 , afecta tanto al sector público como al privado. Diversas fuentes coinciden en que México ha sufrido cerca de “85 mil millones de intentos de ciberataques, que representan más de la mitad de los 120 mil millones de amenazas electrónicas registradas durante todo el año pasado, de acuerdo con datos de la firma mexicana de ciberseguridad Silikn”3 , lo anterior, considerando cifras 2021-2022.
El robo de datos personales y subsecuentemente, la filtración de información personal, incide para que los crímenes como el robo de identidad y otros fraudes sean de fácil ejecución para la delincuencia, misma que está en una continua mejora de procesos y búsqueda de nuevas formas de operación.
Tal como ha sucedido con el denominado pharming, un nuevo método que utiliza “una combinación de los términos “phishing” y “farming”, es un tipo de cibercrimen muy semejante al phishing, en el que el tráfico de un sitio web es manipulado para permitir el robo de información confidencial”4 . Esta práctica permite que los ciberdelincuentes a través de direcciones de internet falsas puedan obtener información personal para la posterior práctica de algún delito como el de robo de identidad.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en su “último informe reveló que 29 mil 225 personas reportaron [...] que fueron víctimas del robo de sus datos y suplantación de identidad, que en la mayoría de los casos terminó en acceso a sus cuentas bancarias, fraudes y cargos hechos a su nombre”5 . Entre esas denuncias se encuentran casos de la modalidad de pharming.
Y aun cuando la Condusef, ha realizado esfuerzos para informar a las y los mexicanos sobre las directrices para identificar riesgos potenciales de pharming, aún siguen presentándose casos de afectados por esta modalidad.
Diversos sitios especializados en seguridad digital, han emitido algunas recomendaciones con la finalidad de proteger a las y los usuarios para no caer en páginas falsas:
• “Utilizar una contraseña de router fuerte que sea larga, única y difícil de adivinar.
• Recurrir a un administrador de contraseñas. Esta herramienta te permitirá iniciar sesión de manera automática en páginas no conocidas. Cuando esto no sucede puede tratarse de una página falsa.
• Software antimalware. Un software antivirus actualizado y de calidad captura y pone en cuarentena al virus y otro malware antes de que tengan la oportunidad de infectar tu dispositivo”6 .
Kaspersky líder mundial en soluciones y servicios de ciberseguridad, ha emitido de igual manera algunas recomendaciones como “la instalación de un antimalware y antivirus, y no hacer nunca clic en enlaces de correos electrónicos sospechosos”, ya que este tipo de malware ingresa a los dispositivos y cambian el host, vulnerando la seguridad de los mismos”7 .
Tras los argumentos vertidos en el presente, resulta fundamental que se refuerce la campaña para contar con una mayor cobertura y así poder informar a las y los mexicanos sobre los riesgos potenciales al ingresar a sitios falsos que pueden poner en riesgo su información y patrimonio.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que, en el ámbito de su competencia refuerce las campañas informativas, en los medios que se dispongan, para que se informe a la ciudadanía sobre la modalidad de estafa denominada “pharming”.
Notas:
1. ¿Qué son las TIC?. BMN. [en línea]. [consultado el 06 de enero de 2023]. Disponible en: http://www.bmns.sld.cu/que-son-las-tic
2. “Un ciberataque es un intento de desactivar ordenadores, robar datos o utilizar un sistema informático infiltrado para lanzar ataques adicionales. Los ciberdelincuentes utilizan diferentes métodos para lanzar un ciberataque que incluye malware, phishing, ransomware, ataque de intermediario u otros métodos”. Ciberataques: lo que se debe saber. UNISYS. [en línea]. [consultado el 6 de enero de 2023]. Disponible en:
https://www.unisys.com/es/glossary/cyber-attack/
3. México ‘clientazo’ de los ciberataques: crecen 42% amenazas por internet. El Financiero. junio 09, 2022 [en línea]. [consultado el 06 de enero de 2023]. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/06/09/aumentan-42-los-cib erataques-con-85-mil-millones-de-intentos-en-mexico/
4. ¿Qué es el pharming y cómo evitarlo? Kaspersky. [en línea]. [consultado el 6 de enero de 2023]. Disponible en: https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/pharming
5. Robo de datos al acecho: Colombianos los compran en bancos, ¡a billetazos! Publimetro. 13 de noviembre de 2022. [en línea]. [consultado el 10 de enero de 2023] Disponibles en: https://www.publimetro.com.mx/especiales-publimetro/2022/11/14/robo-de- datos-crimen-infiltra-bancos-asi-se-apoderan-de-tu-identidad/
6. ‘Error en el sistema’: Condusef alerta por nueva forma de estafa conocida como ‘pharming’. El Financiero. 7 de noviembre de 2022. [en línea]. [consultado el 10 de enero de 2023]. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2022/11/07/que-es-el-pharm ing-condusef-alerta-por-esta-nueva-forma-de-estafa/
7. ¿Tus dispositivos están protegidos contra el pharming? [en línea]. [consultado el 10 de enero de 2023]. Disponible en: https://idconline.mx/corporativo/2022/11/08/tus-dispositivos-estan-prot egidos-contra-el-pharming
Dado en la Cámara de Diputados sede de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2023.
Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a concluir con las obras de reparación de los daños ocasionados por la tormenta tropical Hanna, en la avenida Morones Prieto, del municipio de Guadalupe, Nuevo León, suscrita por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que se concluyan las obras de reparación de los daños ocasionados por la tormenta tropical Hanna en la avenida Morones Prieto, de Guadalupe, Nuevo León.
Exposición de Motivos
La fracción XXII del artículo36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal indica: “A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de entre otros asuntos: El de construir y conservar los caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares”.
El artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala: “Corresponde originalmente al Secretario la representación de la Secretaría, así como el trámite y resolución de todos los asuntos competencia de está”.
La tormenta tropical Hanna se hizo presente en Nuevo León el 25 de julio de 2020, dejando innumerables deterioros en la infraestructura urbana perteneciente al municipio de Guadalupe del estado de Nuevo León.
La alcaldesa Cristina Díaz Salazar, ha mencionado que la Secretaría de Obras Públicas municipal, detecto seis socavones en puntos aledaños al Río Santa Catarina. Estos se ubican en tramos de la Av. Morones Prieto (https://panoramadenuevoleon.com/calculan-danos-en-guadalupe-por-hanna/ ).
Al día de hoy, después de más de dos añosy medio, lasobras de reparacióna cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesse encuentran en total abandono yaún sin concluirse; específicamentela obra de reparación delsocavón que se formó por dicha tormenta en el cruce de la Av. Morones Prieto y la calle Durazno frente a las Colonias Valle Hermoso y Unión Modelo de la municipalidad mencionada con anterioridad.
Viéndose afectados más de 90,000 habitantes del municipio de Guadalupe y de los municipios vecinos de Juárez y Cadereyta, Nuevo León.
La alcaldesa, licenciada Cristina Díaz, ha insistido ante las instancias federales correspondientes, ya que en forma recurrente los ciudadanos afectados exigen la reparación de las citadas vialidades. Y solucionar los problemas a los que diariamente se enfrentan para poder trasladarse de sus hogares a sus lugares de trabajo o estudio, recortando el tiempo de traslado y el ahorro en combustible.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que se concluyan las obras de reparación de los daños ocasionados por la tormenta tropical Hanna, en la avenida Morones Prieto, de Guadalupe, Nuevo León.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2023.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y la Sader a garantizar el ingreso de leche materna en los aeropuertos y los vuelos de las aerolíneas, en beneficio de las madres pasajeras, aviadoras y sobrecargos, suscrita por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha establecido la importancia que tiene la lactancia materna para los bebés, debido a que les proporciona los nutrientes necesarios para su sistema inmunológico y contribuye a su desarrollo.
La lactancia materna está estrechamente vinculada al ejercicio de un derecho fundamental como lo es el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, reconocido en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, define una garantía para la protección a la salud reconocido en el mismo dispositivo constitucional.
Este tipo de alimentación se refiere al proceso mediante el cual el bebé recibe como comestible solamente lecha materna, sin ingerir algún “otro alimento sólido o líquido a excepción de las soluciones rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos recetados”.1
La OMS y Unicef recomiendan alimentar a los bebés sólo con leche materna durante sus primeros 6 meses de vida, después de lo cual deben seguir recibiendo leche materna —además de comer otros alimentos seguros y nutricionalmente adecuados— hasta los 2 años de edad o más.
Esta forma de alimentación asegura una alimentación sana, así como mayores niveles de bienestar, salud física y emocional de las niñas y niños recién nacidos. De acuerdo con la OMS, a lo largo de América Latina y el Caribe al menos el 50% de los bebés son alimentados mediante el pecho de sus madres durante la primera hora después del parto.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Unicef México, muestra que el 95% de los infantes han sido amamantados al menos en una ocasión a lo largo de su primer año de vida. A pesar de ello, la misma encuesta demuestra que las niñas y los niños de entre 6 y 23 meses de edad en nuestro país no recibe una dieta mínima aceptable, razón por la cual se requieren de políticas públicas que atiendan a dicha problemática y materialicen los derechos de las infancias.2
Gran parte de los esfuerzos de los Estados y organismos internacionales ha sido incrementar los niveles de alimentación mediante lactancia materna. En este sentido es que cobra importancia la necesidad de fomentar este tipo de alimentación, pero también eliminar todas aquellas barreras administrativas y sociales que impidan su atención.
En este caso resulta importante señalar la situación que persiste en diversos aeropuertos de la República mexicana en donde no permiten a las mujeres llevar consigo leche materna como parte del equipaje de mano, ya que algunas de ellas lo tienen catalogado como líquido exento.
Si bien el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y la Circular Obligatoria de Seguridad Aérea CO SA 17.2/10 R3 especifican el volumen de líquidos, aerosoles y geles que son permitidos para ser transportados en aviones de tipo comercial3 , la realidad es que durante los filtros de seguridad existen restricciones para ingresar con leche materna.
La normativa emitida por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, también representan una barrera administrativa para la lactancia materna, toda vez que en el Listado de Productos y Subproductos Agroalimentarios para su Importación Turística no existe ninguna disposición expresa que permita el traslado de leche materna, salvo que esta sea leche maternizada y venga enlatada o empaquetada, o en su caso, únicamente si a la madre la acompaña el lactante.4
Cabe resaltar que la leche maternizada es leche de fórmula infantil, concepto que no aplica para permitir la importación de la leche materna. Lo anterior, también representa una falta de sensibilidad por parte de las autoridades inmersas, ya que en muchas ocasiones obligan a las mujeres a vaciar la leche materna antes del vuelo y no poder transportarla.
Dichas disposiciones también vulneran los derechos de las aviadoras y las sobrecargos que ejercen su maternidad, ya que son obligadas a extraer la leche materna durante el vuelo y en el baño al interior del avión.
De hecho, una investigación realizada por la Secretaría de Género e Igualdad Sustantiva de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), sostiene que existe una contradicción entre las restricciones ejercidas en los aeropuertos y lo establecido por el programa y la circular, ya que estos documentos no prohíben expresamente el ingreso con leche materna a los vuelos, ni tampoco establecen como requisito que el bebé deba estar presente con la madre.5
Igualmente, la ASPA enuncia que en estos casos la extracción de la leche durante el vuelo se realiza con un tiempo restringido ya que la tripulación a bordo no puede limitarse o ausentarse tanto durante el vuelo. Dicha medida va en contra de lo recomendado por la Unicef, ya que en cualquier espacio del sector público o privado se debe contar con espacios adecuados que permitan amamantar o extraerse leche.6
La OMS también ha identificado que algunos de los factores que contribuyen a disminuir las tasas de lactancia materna alrededor del mundo son prácticas y políticas establecidas por instituciones públicas y privadas, así como la carencia de permisos normativos en la materia.7
Lo anterior, debe buscar un equilibrio entre la vida laboral de las mujeres o su movilidad y su derecho a la lactancia en sus espacios de trabajo, así como a la maternidad responsable y el derecho de las niñas y los niños a una alimentación nutritiva. En este sentido es que se considera fundamental que tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realicen las adecuaciones normativas necesarias en el ámbito de sus competencias, para garantizar el ingreso de leche materna en cantidades razonables y eliminen las barreras administrativas existentes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con la finalidad de que se garantice el ingreso de leche materna en los aeropuertos de la República mexicana y los vuelos de las aerolíneas en beneficio de las madres pasajeras, aviadoras y sobrecargos.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con el propósito de que realicen una campaña de difusión en favor de la lactancia materna en los aeropuertos de la República mexicana y los vuelos de las aerolíneas.
Notas:
1. UNICEF, Lactancia Materna, Consultada en https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna
2. INEGI, Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres, México, INEGI, 2016.
3. Agencia Federal de Aviación Civil, Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, Consultado en https://www.gob.mx/afac/acciones-y-programas/programa-nacional-de-segur idad-de-la-aviacion-civil-312214
4. SENASICA, Anexo 01 Listado de Productos y Subproductos Agroalimentarios para su Importación Turística, Consultado en https://www.gob.mx/senasica/documentos/anexo-01-listado-de-productos-y- subproductos-agroalimentarios-para-su-importacion-turistica
5. Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Documento para fortalecer el Derecho a la Lactancia Materna en los Aeropuertos de México, México, ASPA, 2022.
6. UNICEF, Lactancia y Trabajo, Consultado en https://www.unicef.org/mexico/lactancia-y-trabajo
7. OMS, Documento normativo sobre lactancia materna, México, OMS, 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2023.
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las direcciones de Seguridad Pública, Protección Civil y de Tránsito y Vialidad de los 3 niveles de gobierno, a trabajar en coordinación para brindar seguridad a las y los ciudadanos y responder ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar en los diversos tipos de festividades con el uso de la pirotecnia, suscrita por el diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe diputado Raymundo Atanacio Luna , integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las Direcciones de Seguridad Pública, Protección Civil así como Tránsito y Vialidad de los 3 niveles de Gobierno, trabajar en coordinación para brindar seguridad a las y los ciudadanos y responder ante cualquier tipo de eventualidad que se pudiera presentar en los diversos tipos de festividades con el uso de la pirotecnia.
Exposición de Motivos
La población en general acostumbra a utilizar pirotecnia para llevar a cabo cualquier tipo de festividad, sin embargo, miles de personas son afectadas por ello, ya sea por quemaduras o por efectos sonoros, por lo que cada vez más legislaciones, tanto nacionales como locales, están prohibiendo su venta civil en América Latina.
Debido a que este artefacto explosivo, puede provocar desde lesiones cutáneas hasta la pérdida de extremidades del cuerpo humano.
Es por ello que los fuegos artificiales o pirotécnicos están regulados en gran parte de Latinoamérica, la gran mayoría de los países de la región han establecido con el paso del tiempo restricciones a su comercialización y uso, especialmente en menores de edad.
Ya que las quemaduras afectan alrededor de 500.000 personas al año en América Latina, sumado a daños auditivos, irritabilidad, trastornos en personas con autismo y estrés animal, motivos por los cuales cada año se multiplican las iniciativas para prohibir la manipulación de pirotecnia.
Pues la utilización de estos artefactos vulneran los derechos humanos de muchas personas y familias, ya que se generan lesiones, se maltratan animales, se afecta al medio ambiente, y todo ello ocurre en aras de un divertimento pasajero que no reporta beneficio colectivo alguno.
Todos los fuegos artificiales se basan en una serie de reacciones químicas para lograr un cierto tamaño, color o volumen. Estos productos químicos se empaquetan en un tubo llamado caparazón aéreo que está lleno de productos químicos y explosivos.
La lista de ingredientes para un fuego artificial típico es el:
Polvo negro
A veces llamada pólvora, la pólvora negra ayuda a que los fuegos artificiales se eleven al aire y exploten.
El polvo negro es una mezcla de azufre, carbón y nitrato de potasio (también llamado salitre).
Se utiliza en dos partes importantes del proceso de fuegos artificiales:
• La pólvora estalla debajo de los fuegos artificiales y los lanza al aire.
• Un fusible que está diseñado para retrasar hasta que los fuegos artificiales en el aire encienden la pólvora, lo que resulta en la explosión que crea el espectáculo de fuegos artificiales.
Colorantes
Estos son productos químicos que ayudan a dar a los fuegos artificiales su amplia gama de colores. Los fuegos artificiales logran ciertos colores y matices aplicando calor a compuestos químicos:
• Rojo: estroncio, litio
• Naranja: calcio, cloruro de calcio
• Amarillo: sodio, cloruro de sodio (sal)
• Verde: bario, cloro
Azul: cobre, cloro
• Morado: mezcla de cobre (azul) y estroncio (rojo)
“Estrellas”
Estas son las pequeñas concentraciones de explosivos en un fuego artificial que explotan y vuelan en muchas direcciones cuando se encienden.
Además de que causan mala calidad del aire, pues los fuegos artificiales son básicamente explosiones de productos químicos en forma sólida. Millones de partículas de combustión y gases se liberan al aire durante estas salpicaduras de color en el cielo. Muchos también son arrastrados por millas en corrientes de viento atmosférico.
Los fuegos artificiales generan grandes concentraciones de contaminantes a partir de colorantes y explosivos, así como de los metales y fusibles que componen los fuegos artificiales en sí.
En ese tenor es importante salvaguardar la integridad física de toda la población con el fin de evitar accidentes que los pongan en riesgo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta Honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa a las Direcciones de Seguridad Pública, Protección Civil así como Tránsito y Vialidad de los 3 niveles de gobierno, trabajar en coordinación para brindar seguridad a las y los ciudadanos y responder ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar en los diversos tipos de festividades con el uso de la pirotecnia.
Referencias:
¿En qué países de América Latina está prohibida la pirotecnia? - 07.12.2021, Sputnik Mundo (sputniknews.lat)
Definición de pirotecnia - Qué es, Significado y Concepto (definicion.de)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2023.
Diputado Raymundo Atanacio Luna (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a instrumentar una política pública eficaz de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, puesto que afecta los derechos a la integridad física, a la seguridad personal, a la legalidad, a la libertad y el derecho a no sufrir torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en las y los ciudadanos.
De ahí que la falta de respuesta bajo los más altos estándares de debida diligencia por parte del estado ante cualquier caso de desaparición de personas resulta inaceptable, por lo que es necesario que se tomen acciones contundentes y eficaces, a fin de erradicar la desaparición de personas, y, en particular, la desaparición forzada.
En este sentido, las fosas clandestinas son sitios que usan los criminales para enterrar a sus víctimas y con ello retrasar las investigaciones del Ministerio Público.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (Rnpdno) de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), desde el 6 de diciembre de 2018, cuando Enrique Alfaro Ramírez asumió el cargo de gobernador constitucional del estado de Jalisco, hasta el 10 de enero de 2023, se han registrado 13 mil 24 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 6 mil 473 personas continúan desaparecidas y no localizadas, mientras que, de las 6 mil 551 personas localizadas, 946 fueron localizadas sin vida1 .
De la mencionada estadística es posible estimar que en Jalisco desparecen 9 personas al día, de las cuales 4 regresan a casa, mientras las demás continúan en calidad de desaparecidas y no localizadas.
Aunado a lo anterior, la gran cantidad de personas que desaparecen en la entidad gobernada por Movimiento Ciudadano, lo colocan como la segunda con mayor índice de personas desaparecidas y no localizadas, sólo por debajo del Estado de México, y por encima de estados que presentan fuertes niveles de violencia como Michoacán o Guerrero.
Además, de acuerdo con la plataforma de seguridad del estado de Jalisco, entre enero y noviembre de 2022, fueron encontradas 41 fosas clandestinas, en las cuales fueron localizadas 301 víctimas.
Por lo que se puede afirmar que desde que Enrique Alfaro asumió su mandato se han multiplicado las cifras de denuncias de personas desaparecidas y no localizadas en el estado que gobierna, así como la violencia. No obstante, en su informe de gobierno realizado en noviembre del año pasado, el gobernador de Jalisco minimizó la problemática y argumentó que sólo 10% de los casos de personas localizadas tuvo relación con el delito de desaparición de personas, pero no justifica el razonamiento de su aseveración y el dato no coincide con las cifras proporcionadas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (Rnpdno).
Lo anterior, demuestra la carencia de una estrategia de búsqueda efectiva y la falta de medidas preventivas para evitar más desapariciones forzadas y crímenes que lesionan gravemente a la sociedad.
Por eso es que resulta imperante que el gobernador, Enrique Alfaro, tome medidas de política pública que permitan mayor prontitud en la respuesta a los casos de desaparición de personas, así como que se cuente con personal capacitado en las instancias que forman el sistema de seguridad pública en Jalisco, y que se estandaricen los procedimientos de búsqueda e investigación y actuación desde la perspectiva de los derechos humanos, con herramientas eficaces y coordinación interinstitucional.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de la entidad de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a que, en el ámbito de sus competencias, instrumente una política pública eficaz de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
Nota:
1. Información disponible en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a implementar un plan de acción urgente a fin de garantizar la conclusión de las obras de la línea 3 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano y garantizar el funcionamiento de sus instalaciones, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Línea 3 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), ubicada en el estado de Jalisco, fue inaugurada el 12 de septiembre de 2020 por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, junto con funcionarios federales y estatales, entre quienes, estaba el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Esta obra representa una de las obras de infraestructura de transporte público más importantes para el área metropolitana de la ciudad de Guadalajara e impulsa el Modelo Integrado de Movilidad del estado, cuya finalidad es permitir a los usuarios una movilidad rápida, accesible y segura.
La línea 3 cruza los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque a lo largo de 21.5 km y 18 estaciones y, su tiempo estimado de recorrido es de 33 minutos.
De acuerdo con la información del Siteur, cada tren en circulación se compone de tres vagones, los cuales están equipados con aire acondicionado. Además, cuenta con espacios preferenciales y espacios exclusivos para sillas de ruedas, pulsadores de puerta exterior e interior y tiradores de alarma.
Asimismo, señala que las estaciones cuentan con accesibilidad universal, señalética y apoyo de personal del Siteur, quienes pueden proporcionar información y apoyo en caso de que se requiera.
Esta línea tiene como finalidad garantizar el transporte público de calidad, así como ofrecer el acceso a personas con restricción de movilidad o movilidad limitada; sin embargo, a la fecha y a pesar de que la línea ya tiene dos años en funcionamiento, existen diversas quejas por parte de los usuarios ante fallas en la mayor parte de los elevadores.
Ante diversas quejas presentadas por los usuarios de la referida línea, la Siteur informó que del total de elevadores existentes en la Línea 3 (112 elevadores), 77 no funcionan y sólo 35 elevadores se encuentran operando. Esto ha ocasionado afectaciones a la población que requiere hacer uso de esta línea, en particular a la población que presenta movilidad limitada, discapacidad o personas usuarias vulnerables.
Diversos medios locales se han dado a la tarea de verificar las estaciones de la línea 3 ante la falta de información por parte del gobierno estatal y han corroborado que existen elevadores que están averiados. Incluso, han observado el mal funcionamiento de las luces de algunas estaciones1 .
Entre los derechos que nuestra Constitución garantiza está el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
En este contexto, la conclusión inmediata de las instalaciones que integran la Línea 3 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano se considera urgente dado que se debe garantizar el derecho a la movilidad de la población jalisciense que hace uso de éste.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez a que, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de la entidad, tome acciones urgentes a fin de concluir las obras pendientes de la Línea 3 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano y habilitar todas sus instalaciones, a fin de evitar afectaciones y violentar al derecho a la movilidad de las y los jaliscienses, en particular de las personas con movilidad limitada, con discapacidad y vulnerables.
Nota:
1. https://www.informador.mx/jalisco/Peribus-Siete-de-cada-10-elevadores-e stan-fuera-de-servicio-20221213-0032.html
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a presentar un informe detallado sobre la situación jurídica del Parque Huentitán y sobre las represiones y detenciones realizadas a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, derivadas de la protestas y manifestaciones pacíficas en contra de la construcción de un complejo inmobiliario en ese predio, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La corrupción, ambición y voracidad de unas cuantas personas en el poder a costa de la destrucción de espacios públicos, parques y deterioro del medio ambiente y escasez de agua, no son exclusivas del cartel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.
Desafortunadamente, estas prácticas han sido recurrentes en otros estados del país como Jalisco, particularmente en el municipio de Guadalajara, con lo sucedido con el predio donde se pretendía construir el parque municipal en la zona de Huentitán.
Mediante el Decreto Estatal 10421, publicado el 29 de enero de 1981 en el Periódico Oficial del estado de Jalisco, se autorizó al Ayuntamiento de Guadalajara a adquirir diversos inmuebles que, en conjunto, tenían una extensión de aproximadamente 378 mil metros cuadrados ubicados en el norte de la ciudad, sobre la calzada Independencia y el Anillo Periférico, con el objeto de construir un parque municipal1 .
Durante 27 años, las administraciones del gobierno municipal de Guadalajara incumplieron la obligación de construir un parque municipal para beneficio de las familias que viven en esa localidad.
No obstante, en 2008, bajo la gestión del panista Alfonso Petersen Farah y mediante Decreto Municipal D 54/17/08, se aprobó un convenio mediante el cual el gobierno municipal de Guadalajara le cedía a la empresa privada MECANO una superficie de 136 mil metros cuadrados con la finalidad de desarrollar un proyecto inmobiliario denominado “Puerta Guadalajara” (conocida actualmente como ICONIA) a través de un fideicomiso2 .
El monto correspondiente a esa superficie fue por el equivalente, en ese entonces, de $65 millones de dólares, que en ese momento significaba $687.75 millones de pesos considerando que se encontraba con un tipo de cambio de $10.50 pesos por dólar. Es importante mencionar que, la contraprestación NO iba a ser en efectivo sino en especie mediante la realización de obras sociales. Transcurrieron 8 años y la empresa MECANO no cumplió con los acuerdos establecidos en el convenio y en el fideicomiso3 .
En 2016, Enrique Alfaro, en ese entonces presidente municipal, decidió renegociar el convenio con la empresa MECANO, aun cuando había incumplido sus obligaciones y cedido de manera irregular los derechos adquiridos a la empresa Operadora Hotelera de Salamanca.
El monto total del convenio fue por la misma cantidad de $65 millones de dólares, pero con el tipo de cambio de 2008 y no con el tipo de cambio de ese entonces, que era de $18.8 pesos por dólar, lo que hubiera significado una contraprestación de $1,231 millones de pesos y no los $687.75 millones de pesos que pactaron3 .
Además, se estableció un plazo de 24 meses para que la empresa Operadora Hotelera de Salamanca cumpliera con las obras sociales, cosa que no ocurrió, por lo que, en 2019 el Ayuntamiento tenía la obligación de recuperar los predios cedidos; sin embargo, eso nunca ocurrió sino por el contrario, se les otorgaron mayores facilidades para construir más departamentos.
En 2021, la presidenta municipal interina de Movimiento Ciudadano, Bárbara Trigueros, informó de una supuesta entrega y ejecución de obras por $405 millones de pesos, de los cuales se pueden comprobar solamente $262 millones en el micrositio5 del parque Huentitán.
En ese mismo año y ante la serie de irregularidades que se presentaron a lo largo de 13 años con respecto de la cesión del predio para la construcción de departamentos de lujo en el que debía ser el Parque Huentitán, vecinas y vecinas de la zona, asociaciones civiles y estudiantes de la Universidad de Guadalajara, realizaron protestas y manifestaciones en contra del proyecto inmobiliario, que en ese momento era sólo un terreno baldío.
Durante 144 días acamparon en el lugar, realizando talleres culturales y plantando más de mil árboles, lo anterior para evitar que ingresaran las máquinas excavadoras para iniciar la construcción de los edificios de lujo.
En la madrugada del 19 agosto de 2021, las autoridades estatales de Jalisco desalojaron con lujo de violencia a las vecinas, vecinos y estudiantes que se encontraban acampando de manera pacífica en el predio, justificando su actuación por las denuncias presentadas por las empresas Operadora Hotelera de Salamanca y Hoteles Rivera Delux por el delito de despojo, iniciándose un proceso penal contra estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas.
El pasado 5 de enero, los tres estudiantes acudieron a la audiencia por los delitos que se le imputaban y fue ahí, cuando el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, esposo de la exregidora (2018-2021), ex síndica y funcionaria del actual ayuntamiento de Guadalajara, María Cristina Estrada Domínguez, del partido Movimiento Ciudadano, les fue dictada la prisión preventiva oficiosa por el delito de despojo, en medio de una serie de irregularidades6 .
Ante estos hechos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, negó que existiera algún tipo de represión en contra de los estudiantes y que el conflicto derivaba de un problema entre particulares, toda vez que, el predio es propiedad de las empresas Operadora Hotelera de Salamanca y Hoteles Rivera Delux.
Afortunadamente, el pasado 10 de enero, ante la presión de la sociedad civil y de la comunidad de la Universidad de Guadalajara, el juez consideró continuar el proceso de los tres estudiantes fuera del penal de Puente Grande, adonde habían sido remitidos.
Es importante mencionar que esta serie de hechos, plagados de irregularidades, corrupción e impunidad por parte de las autoridades locales y grandes inmobiliarias contravinieron desde un inicio al decreto expedido por el Congreso del estado de Jalisco, el cual no ha sido revocado o modificado hasta el día de hoy y cuyo objetivo principal es el adquirir un predio para la construcción de un parque municipal para beneficio y recreación de las familias tapatías.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que presente a esta soberanía y haga público un informe detallado sobre la situación jurídica del Parque Huentitán y sobre las represiones y detenciones realizadas a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, derivadas de la protestas y manifestaciones pacíficas en contra de la construcción de un complejo inmobiliario en ese predio.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente municipal de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro, a que presente a esta soberanía y haga público un informe detallado sobre el cumplimiento de las obligaciones de la empresa Operadora Hotelera de Salamanca respecto del decreto municipal 33-14-16, de fecha 17 de agosto de 2016 y del convenio modificatorio al convenio marco de asociación del 09 de diciembre de 2016, así como, la comprobación fehaciente de las entregas y ejecuciones de las obras a las que está obligada la empresa desarrolladora inmobiliaria.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a que realice una investigación exhaustiva por las irregularidades cometidas por el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, en el proceso penal en contra de los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas, así como el presunto conflicto de interés relacionado con la servidora pública María Cristina Estrada Domínguez.
Notas:
1. Disponible en: https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/iniciativa s/2022/RegidorTonatiuhMarzo.pdf
2. Disponible en: https://planhuentitan.guadalajara.gob.mx/assets/Decreto%20D-54-17-09%20 (2008).pdf
3. Disponible en: https://planhuentitan.guadalajara.gob.mx/assets/Contrato%20de%20fideico miso.pdf
4. Disponible en: https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/iniciativa s/2022/RegidorTonatiuhMarzo.pdf
5. Disponible en: https://planhuentitan.guadalajara.gob.mx/#/principal
6. Disponible en: https://udgtv.com/noticias/negro-historial-juez-dicto-prision-preventiv a-estudiantes-universitarios/
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a implementar acciones para garantizar la seguridad pública de la población en el estado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La violencia es definida por la Organización Mundial de la Salud como el “uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daños psicológicos, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo1 , dicha situación se ha incrementado de manera constante en el estado de Jalisco.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó a finales del mes de noviembre de 2022, que en referencia a la incidencia delictiva, entendida como “a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación...,2 el estado de Jalisco se colocó como la tercera entidad más violenta del país en el caso de delitos del fuero común, esto conforme a los reportes entregados por la Procuraduría de Justicia y Fiscalía General de dicha entidad.
De acuerdo con cifras oficiales, Jalisco registró un promedio de 10 mil 326 incidentes delictivos de manera mensual, acumulando en el año 2022 118 mil 5953 casos, resaltando las cifras en los siguientes tipos de delitos:
• Contra el patrimonio: 60 mil 593 casos registrados.
• Contra otros bienes jurídicos afectados: 25 mil 482 casos registrados.
• Contra la familia: 13 mil 584 casos registrados.
• Contra la vida y la integridad corporal: 12 mil 692 casos registrados.
• Contra la libertad y la seguridad sexual: 5 mil 315 casos registrados.
• Contra la libertad personal: 821 casos registrados.
• Contra la sociedad: 108 casos registrados.
Mientras que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Enspu)4 , la cual tiene cobertura en siete municipios de Jalisco considerados como de los más violentos de México, la población mayor a 18 años se sintió insegura de la siguiente manera: en Guadalajara, 83.2%; Tonalá 79.7%; Tlaquepaque 71.6%; Zapopan 60.9%; Tlajomulco de Zúñiga 67.4%; y en Puerto Vallarta se siente insegura 28.8% de la población; hechos de violencia que han permeado en la vida diaria de las y los jaliscienses.
La misma Enspu indica que la percepción en la población en dichos municipios de Jalisco, la Marina alcanza 91.5% de los niveles de efectividad del desempeño, la Guardia Nacional 83.3% en dicho rubro y, el Ejército, su más alta calificación la otorga al municipio de Puerto Vallarta con 89.7%; mientras que los mismos habitantes califican a la Policía Estatal con 63.6%, es decir, cada vez más, los pobladores de dicho territorio ven poca efectividad en la corporación policial local, considerando que a la Policía Preventiva Estatal la califica con 43.9% de efectividad; es decir, 56.1% de la población jalisciense considera que no tiene un efectivo desempeño.
Por lo que es necesario replantear y establecer puentes de coordinación con los otros organismos nacionales de seguridad, ya que, la situación de violencia en Jalisco cada día permea con mayor énfasis en las y los jaliscienses, teniendo como efecto el hecho de verse obligados a modificar sus formas de vida, alterando sus actividades cotidianas como son las escolares, laborales, personales, entre otras.
A pesar de que la autoridad estatal, en el marco del Cuarto Informe de Seguridad del Gobernador Constitucional de Jalisco, informó el pasado mes noviembre de 2022 que en la entidad,5 “la seguridad es nuestro principal compromiso y no vamos a dejar de trabajar en esa agenda”, además de que destacó que el “Escudo Urbano C5, es la primera institución no policial certificada por CALEA,” The Commission on Accrediation for Law Enforcement Agencies , por sus siglas en inglés, el organismo cuenta solamente con seis personas por turno para atender más de 6 mil cámaras, algunas descompuestas.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana se definen como una “condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida”6 .
Es así que, el gobierno del estado de Jalisco no ha cumplido con parte de su papel fundamental, que es sentar las bases para la reducción del crimen y la violencia en la entidad, sino por el contrario, sus capacidades ante el crimen se han visto rebasadas y delegadas a otros niveles de Gobierno.
Por lo que es necesario, recordar que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)7 , el artículo 21 habla de:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las Entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución ”.
Resulta imprescindible que las autoridades del estado de Jalisco, conforme a sus facultades y a la brevedad posible, replanteen sus políticas y estrategias gubernamentales en materia de seguridad, ya que es necesario atender y combatir las causas de los delitos, así como salvaguardar la integridad de las y los jaliscienses y con ello garantizar bienestar a sus habitantes.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y a la Secretaría de Seguridad del estado de Jalisco, a que implementen en el ámbito de su competencia todas las acciones necesarias para combatir la violencia y atender la crisis de inseguridad que se vive en ese estado, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de las y los habitantes de la entidad.
Notas:
1. Consultar en: https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia
2. Consultar en: https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva?idiom=es
3. Consultar en: https://drive.google.com/file/d/1NSqOchxJ6ZrmFs07TOAUkaDHqC-HgNp7/view
4. Consultar en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/
ensu2022_septiembre_presentacion_ejecutiva.pdf
5. https://www.youtube.com/watch?v=OFZEzdN_FHo
6. Consultar en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26029.pdf
7. Consultar en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a implementar acciones y estrategias con el objeto de atender la inseguridad en la entidad, y condenar la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con Punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El estado de Jalisco cerró el año 2022 como el estado con la mayor incidencia en desaparición de personas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), la entidad registró un total de 15,042 personas desaparecidas,1 cifras superiores a las que se presentan Tamaulipas y el Estado de México.
La incidencia de desapariciones en el estado de Jalisco no ha tenido disminución alguna, por el contrario, ha ido en aumento.
Durante la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, se han registrado 6 mil 419 personas desaparecidas; es decir, 42 por ciento del total de personas desaparecidas en el estado han sido bajo su gobierno. Lo anterior se obtiene de las cifras que se tienen publicadas por el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición del Estado de Jalisco (Sisovid).2
Sin embargo, el gobernador Enrique Alfaro, se ha encargado de manipular y distorsionar la información con relación al número de personas desaparecidas en su estado, ya que en reiteradas ocasiones ha señalado que existe una baja ante este hecho.
Esto ha sido denunciado por parte de la ciudadanía, así como por expertos, académicos e integrantes del Comité de Análisis de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).3
La desaparición forzada sigue siendo un tema delicado en Jalisco, tal es el caso reciente del coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, José Isidro Grimaldo Muñoz, Comandante del 16/o Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien desapareció precisamente en el municipio de Tapalpa perteneciente a Jalisco, el pasado 10 de diciembre de 2022.
Según información proporcionada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), el coronel Grimaldo se encontraba de vacaciones durante dicho acontecimiento. Recientemente se ha informado que detrás del secuestro con violencia del cual fue objeto el coronel, se encuentra un grupo integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por el jefe regional en Tapalpa que responde a las siglas “CR”.4
Ante el secuestro del coronel, la Sedena implementó un protocolo de búsqueda en el que se desplegó a más de 2 mil elementos militares de la Fuerza Área y de la Guardia Nacional, en el cual se estableció un perímetro en el que probablemente fue trasladado el coronel secuestrado con base en datos recabados de fuentes de información e integrantes del grupo delincuencial.5
Algunos medios informativos dieron a conocer información de la supuesta muerte del coronel, toda vez que días después de que desapareció se encontró su coche en el municipio de Tonalá con visibles señas de violencia;6 sin embargo, las autoridades han desmentido dicha información por lo que las y los diputados de Morena apelamos a que será encontrado con vida prontamente.
La investigación de la desaparición se encuentra a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, misma que ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso por tratarse de un elemento de la Sedena.7
Mientras la FGR no atraiga el caso, es obligación de la Fiscalía de Jalisco hacer las investigaciones necesarias y trabajar para lograr la ubicación con vida del coronel Grimaldo. Por ello, las y los diputados de Morena exigimos al gobernador Enrique Alfaro Ramírez ponga solución a la ola de violencia que viven los jaliscienses y se eviten más desapariciones tanto de elementos de las fuerzas armadas, funcionarios y de la población en general.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente la desaparición y secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz ocurrido en el estado de Jalisco.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a atender urgentemente la grave violencia que existe en la entidad y la alta incidencia de desapariciones forzadas, a fin de evitar nuevas víctimas y salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las y los jaliscienses.
Notas:
1 https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
2 https://sisovid.jalisco.gob.mx/
3 https://www.zonadocs.mx/2022/11/02/gobierno-de-jalisco-minimiza-desapar iciones-utilizando-estadisticas-manipuladas/
4 https://elpais.com/mexico/2022-12-17/
el-ejercito-confirma-que-el-coronel-jose-isidro-grimaldo-fue-secuestrado-por-el-cjng.html
5 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/17/
cjng-estaria-detras-de-la-desaparicion-del-coronel-de-la-sedena-jose-isidro-grimaldo/
6 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/20/vehiculo-abandonado-e n-tonala-si-pertenecia-al-coronel-jose-isidro-grimaldo-munoz-revelaron- fuentes-estatales/
7 https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/
fiscalia-de-jalisco-solicita-a-fgr-atraer-la-busqueda-del-coronel-jose-isidro-grimaldo-munoz-9410876.html
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a presentar un informe integral de la situación financiera del Instituto de Pensiones, así como a implementar y reforzar las estrategias y acciones necesarias para salvaguardar los derechos de las personas pensionadas y jubiladas del instituto, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) es la institución que proporciona prestaciones de seguridad social a los afiliados y pensionados, servidores públicos del estado de Jalisco con la finalidad de garantizar una vida digna y de calidad a través del otorgamiento de pensiones, atención médica, y préstamos, entre otras de carácter social y cultural que coadyuvan a la satisfacción de las necesidades de educación, descanso y esparcimiento. Sin embargo, por los malos manejos administrativos e irregularidades en su funcionamiento ha sido blanco de críticas y denuncias.
En octubre de 2022, personas no identificadas suplantaron la identidad de al menos 20 afiliados al Ipejal con firmas y credenciales falsas, para obtener préstamos que, de manera conjunta ya suman más de 2 millones 626 mil 280 pesos y conforme a los juicios que por la vía civil ha tenido que pagar el Ipejal, la cantidad aumentó a 5 millones 189 mil 418 pesos.1
El Ipejal ha sido señalado por los malos manejos e inversiones fallidas en empresas extranjeras, siempre con fondos de los trabajadores. El Instituto ha entrado en una situación financiera crítica a partir de que no se han podido recuperar inversiones por 2 mil 600 millones de pesos en la empresa española Abengoa y en Transporte Marítimo Terrestre S.A. de C.V.
Dichas supuestas inversiones fueron consideradas como desvío de recursos por lo que actualmente se encuentran vinculados a proceso diversos funcionarios del Instituto, entre ellos un expresidente del organismo, un director general, una ex directora de finanzas y seis integrantes del Consejo de Administración, a quienes se les pudo demostrar con datos de prueba que habrían cometido los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades de inversión.2
El director del Centro de Estudios de la Hacienda Pública del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara informó que los ingresos por administración de fondos tienen pérdidas desde 2017, aunque cada vez el número de pensionados es mayor.3
Asimismo, señaló que el modelo del fondo de pensiones del Ipejal no es malo pero la corrupción y la falta de rendición de cuentas lo hacen completamente inviable a futuro.
La mayoría de los casos tuvieron lugar entre 2014 y 2019, quince de los afectados son maestros afiliados a la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que precisamente tenían como aval al propio sindicato.
Si bien, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco tiene un fondo de garantía que, de acuerdo al artículo 127 de la ley del organismo,4 se constituye para absorber aquellos créditos de afiliados y pensionados que, habiéndose agotado todos los procedimientos legales tendientes a su cobro, sean considerados por el instituto como incobrables.
Al interior del Ipejal no existe un órgano que regule o analice los mejores proyectos de inversión a los que se puede destinar el dinero de los pensionados, en tal sentido, el manejo de los recursos es discrecional y no otorga certidumbre jurídica ni financiera a sus afiliados y pensionados.
Adicionalmente, los afiliados al Instituto, desde finales del año pasado, han padecido de falta de medicamentos y de consultas con los especialistas, a la mayoría de sus derechohabientes no se le ha surtido sus recetas completas y les han retrasado las citas programadas para hacer cirugías de forma injustificada.
Las irregularidades que presenta el Ipejal han llevado a dejar totalmente desprotegidos a muchos pensionados y jubilados, quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales relacionados con una vida digna, en tal sentido resulta preocupante para este grupo parlamentario tal situación.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a presentar a esta soberanía y a la ciudadanía un informe integral y detallado sobre la situación financiera que guarda el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), así como a implementar y reforzar las estrategias y acciones necesarias, a fin de salvaguardar los derechos de las personas pensionadas y jubiladas.
Notas:
1 https://udgtv.com/noticias/una-mas-del-ipejal-ahora-suplantan-identidad -de-trabajadores-para-desfalcar-al-instituto/
2 https://ce.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/730
3 https://www.udg.mx/es/noticia/proponen-expertos-un-organo-de-rendicion- de-cuentas-y-una-legislacion-para-resolver-crisis
4 https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/
Ley%20del%20Instituto%20de%20Pensiones%20del%20Estado%20de%20Jalisco_0.pdf
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a realizar una investigación exhaustiva, eficaz y eficiente de los hechos ocurridos el 2 de enero de 2023, en el municipio de Salinas Victoria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El grave contexto de violencia que se vive en algunas de las entidades del país no da tregua; apenas el 2 de enero de 2023 inició el año con un violento enfrentamiento en el norte del país.
En Nuevo León, alrededor de las 14 horas en el municipio de Salinas Victoria, se registró un enfrentamiento entre policías y una célula delictiva que dejó un saldo de dos agentes de la Fuerza Civil, así como un policía municipal y dos delincuentes abatidos.1
La Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, informó que se detuvo a un hombre de origen hondureño involucrado en el enfrentamiento. Señaló que además del enfrentamiento en el rancho El Palmar, detectaron a cuatro personas empleadas del rancho privadas de la libertad, por lo que se ejecutó la orden de aprehensión por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado.2
Aunado a ello, la fiscalía del estado señaló que el probable responsable y a otras 10 personas involucradas, incluidos cuatro menores de edad, ya detenidos, están siendo investigados por su probable participación en otros delitos de alto impacto.
Derivado de estos hechos, de acuerdo con la fiscalía del estado, al no ser capturados todos los participantes del enfrentamiento, el grupo se dispersó e irrumpió en diversos ranchos de la región, uno de ellos fue La Rumorosa, en el municipio de Villaldama, propiedad del empresario Gustavo Levy Navarro.3
El 5 de enero, el empresario y un trabajador fueron sorprendidos por el grupo delictivo que había ocupado el rancho como escondite y base de operaciones, lamentablemente Gustavo Levy y el trabajador fueron asesinados y sus cuerpos calcinados.4
Por otro lado, tan sólo un día después de los hechos del 2 de enero, en Salinas Victoria, y a pesar de que, en redes sociales circularon videos en los que se escuchan disparos de arma de fuego, el edil del municipio Raúl Cantú expresó que, de acuerdo con información de Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones y la policía municipal, no hubo algún enfrentamiento entre grupos delictivos.5
Lo anterior es muestra de la ausencia de una estrategia de seguridad, de la falta de acciones y políticas públicas eficientes que prevengan, investiguen y sancionen el delito.
Ante esta situación de violencia en el estado de Nuevo León, organizaciones civiles como Juntos Pongamos Orden, han denunciado la falta de una estrategia por parte del gobierno de Nuevo León, y en su lugar realizan acciones que no inciden en mantener la seguridad y la paz en la entidad como la entrega de 44 patrullas y 4 unidades blindadas a corporación Fuerza Civil.6
Es alarmante la situación que vive la entidad en temas de seguridad; sin embargo, es oportuno señalar que la impunidad es un elemento fundamental que no permite romper con los ciclos de violencia, de ahí que consideramos necesario hacer un llamado a las autoridades para que realicen investigaciones efectivas y eficientes que permitan que los autores del delito reciban la sanción que les corresponde.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León a investigar exhaustiva, eficaz y eficientemente los hechos ocurridos el día 2 de enero de 2023 en el municipio de Salinas Victoria, N.L., a fin de sancionar a quienes resulten responsables de los delitos ahí cometidos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, a diseñar e implementar las políticas públicas y acciones necesarias, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia, a fin de garantizar al pueblo neoleonés la seguridad que exige y merece.
Notas:
1 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/01/02/
violencia-en-nuevo-leon-enfrentamiento-entre-criminales-y-policias-deja-cinco-muertos/
2 https://www.publimetro.com.mx/nuevo-leon/2023/01/10/
fiscalia-de-nl-detiene-a-hondureno-involucrado-en-tiroteo-ocurrido-en-salinas-victoria/
3 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/01/11/
grupo-delictivo-despojo-de-su-rancho-y-asesino-al-empresario-gustavo-levy-en-nuevo-leon-tras-enfrentamiento/
4 https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/
pruebas-de-adn-confirman-identidad-de-ganadero-asesinado-en-villaldama-nuevo-leon-XE5987473
5 https://www.milenio.com/estados/alcalde-salinas-victoria-nuevo-leon-nie ga-enfrentamiento
6 https://www.forbes.com.mx/ola-de-violencia-alerta-a-nuevo-leon/
#:~:text=El%20aumento%20de%20los%20homicidios,un%20promedio%20diario%20de%2085.
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a instrumentar las acciones necesarias para atender la grave situación de violencia que se vive en la entidad, en particular, el incremento de homicidios dolosos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
A pocos días de haber concluido el año 2022, se ha tenido el registro de que el estado de Nuevo León tuvo su año más violento de la última.1 Según la estadística de homicidios dolosos en Nuevo León, publicada por la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, las cifras anuales de 2022 en materia de homicidios dolosos, mantuvieron una tendencia a la alza que se registra desde 2016, ya que después de que en el periodo 2011-2012 se recrudecieron los enfrentamientos y ejecuciones por la presencia del crimen organizado, el estado pareció entrar en una etapa de relativa tranquilidad, al disminuir a los homicidios dolosos a 719 casos en 2013, 490 en 2014, y 451 en 2015.
En 2022 se sumaron un total de mil 431 homicidios dolosos en el estado. En enero de ese mismo año se registraron 95 homicidios dolosos; febrero: 110; marzo: 88; abril: 105; en mayo la cifra se elevó a 143; en junio hubo 137; en julio 126 y en agosto la cifra subió a 163 casos, y así se registró hasta la conclusión del año, situación que no se había registrado en la última década.2
Durante la pasada Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Periodo de la LXV Legislatura, las y los diputados de Morena presentamos diversos puntos de acuerdo exhortando al gobierno de Nuevo León debido a la inseguridad y violencia en la entidad, ya que inició el año 2022 como uno de los cinco estados con mayores casos de trata de personas, extorsión y violencia familiar.3
Según datos del Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo de dicha entidad, el estado ha reportado aumentos en delitos del fuero común y también en delitos como el secuestro, narcomenudeo y violación.4 De 2020 a 2021, Nuevo León pasó del quinto al primer lugar en casos de trata de personas, situación que resulta alarmante. La tasa estatal de violencia familiar por cada 100 mil habitantes (363.33) es casi el doble que la nacional (195.02).5
Hoy, después de seis meses de haber hecho diversos exhortos al gobernador Samuel García Sepúlveda y concluido el 2022, lamentablemente se confirma que la violencia en Nuevo León no ha cesado y finaliza con cifras alarmantes.
Las muestras de violencia continúan en el estado. Tan sólo el pasado lunes 2 de enero de 2023, se registró un enfrentamiento más entre criminales y policías en el municipio de Salinas Victoria, dicho enfrentamiento lamentablemente cobró la vida de tres policías.6
La violencia no puede ni debe seguir siendo parte de la vida cotidiana de los neoleoneses, por ello el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda debe poner solución a esta problemática, además de que le exigimos resuelva la situación de inseguridad, y que las condiciones mejoren para el año en ciernes.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, a que instrumente las acciones necesarias para atender la grave situación de violencia que se vive en la entidad, en particular, el incremento de homicidios dolosos.
Notas:
1 https://www.eluniversal.com.mx/estados/cierra-2022-como-el-ano-mas-viol ento-en-nuevo-leon-suma-mil-431-homicidios-dolosos
2 https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/estadistica-de-homicidios-en-nue vo-leon/
3 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-06-22-1/assets/documentos/
78-PA_Morena_Diputados_Violencia_Nuevo_Leon.pdfhttps://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/
65/1/2022-06-29-1/assets/documentos/118-PA_Morena_Diputados_Violencia_Nuevo_Leon.pdf
4 https://conl-mx.s3.amazonaws.com/observatory_documents/observatory_document_files/
000/000/058/original/REPORTE-A-estatal.pdf?1655936461
5 https://latinus.us/2022/01/02/nuevo-leon-comienza-2022-top-5-nacional-t rata-de-personas-extorsion-violencia-familiar/
6 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/01/02/
violencia-en-nuevo-leon-enfrentamiento-entre-criminales-y-policias-deja-cinco-muertos/
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León, a la Fiscalía General de Justicia y a los integrantes del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas, así como a las demás autoridades judiciales y administrativas, a adoptar las medidas necesarias para la prevención, atención, combate y erradicación del delito de trata de personas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En el año 2013, la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, con la clara intención de concientizar a las personas y sobre todo a los gobiernos, acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a escala mundial, al que se equipara con la esclavitud del siglo XXI.
La Oficina de las Naciones Unidas para el Control de la Droga y la Prevención del Delito (UNODC), indica que la trata de personas es la más actual forma de esclavitud humana, ya que para 2021 había en el mundo más 40 millones de víctimas de este delito.
En México la trata adopta un papel particular, porque las personas víctimas pueden ser originarias del país, ser migrantes en tránsito o venir de otros países, explica la UNODC.
Así, durante los años 2021 y 2022, el estado de Nuevo León ha ocupado el primer lugar nacional en los índices de casos registrados del delito de trata de personas, según datos contenidos en el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)1 y del Reporte sobre Incidencia Delictiva Estatal del Observatorio de Seguridad y Justicia (OSJ).2 Situación que, de acuerdo con el estudio del Colegio de la Frontera Norte, deriva del hecho de que Nuevo León es un importante centro económico fronterizo con Estados Unidos, en el que la pobreza y tránsito de migrantes son detonantes de la alta incidencia en trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.2
El reporte del OSJ menciona que la “trata de personas es compleja, pues evoluciona conforme a los cambios tecnológicos, ocurre en una multiplicidad de lugares (víctimas y agresores pueden estar físicamente en lugares distintos) y su erradicación enfrenta falta de cooperación de la sociedad y de las personas involucradas”.4
La trata de personas es también un delito complejo por su configuración delictiva, ya que abarca diferentes tipos de conductas: explotación sexual, explotación laboral, o tráfico de órganos, por ejemplo. Además, no hay un único agresor, sino una red de personas que participan en distintos momentos del delito.
Se estima que en Nuevo León, aproximadamente 30 por ciento de las víctimas de la trata de personas son niños y el otro 70 por ciento son mujeres y niñas.5
• Los primeros en la mayoría de los casos se usan para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad.
En la siguiente gráfica del informe denominado Datos sobre violencia contra las mujeres en Nuevo León: Un Diagnóstico publicado en julio de 2022, elaborado por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),6 se puede observar la tendencia histórica con una tendencia al alza:
De acuerdo con el SESNSP al cierre de 2021 se registraron 96 víctimas por este delito en Nuevo León, de las cuales 76 son mujeres, es decir 79.16 por ciento.
El reporte del SENSP revela que, de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, la tasa anualizada fue de 1.67 carpetas por cada 100 mil habitantes en el estado. Por lo que la tasa estatal, resulta tres veces superior a la tasa nacional (0.49).7
El problema y la alta incidencia no son recientes, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que entre 2015 y agosto de 2022 se registraron a nivel nacional por lo menos 3 mil 787 casos de trata de personas.
La tasa anualizada aumentó 103.66 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (diciembre de 2019 a noviembre de 2020). Así, Nuevo León se encuentra por encima de la media nacional con cinco los municipios neoleoneses con la tasa más alta por cada 100 mil habitantes: Iturbide con 24.84; Los Ramones con 19.15; Hualahuises con 12.77; China con 8.27 y Allende con 5.19.8
El Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo de Nuevo León indica que tan sólo en noviembre de 2021, se iniciaron 57 carpetas de investigación por este delito, lo que constituye una de las cifras más altas de ese año. Pero se trata de la punta del iceberg, ya que estimaciones de organizaciones que integran el Observatorio de Seguridad y Justicia, y académicos especialistas en el tema, apuntan a que la verdadera cifra se cuenta en cientos de miles, donde “resulta paradigmático el caso de Monterrey, Nuevo León”, al que ingresa mensualmente alrededor de 400 mujeres en la trata.+9
El Análisis de la Implementación de la Política Pública Contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Nuevo León, elaborado por especialistas del Colegio de la Frontera Norte, señala que las cifras oficiales no reflejan la realidad, lo que dificulta tener un diagnóstico confiable.10
La Organización Alternativas Pacíficas (que se ha caracterizado por dar seguimiento cercano al tema de trata de personas en Nuevo León) sostiene que, “hay muchos grupos que siguen sacando provecho de este negocio, tanto los consumidores como los proveedores”, aunado a que “los consumidores de trata, por lo general, son personas de cierto nivel adquisitivo, y ahí también hay todo un esquema, un entramado de protección a diversos actores que tienen influencia política en el estado”, lo que coadyuva a la impunidad en la comisión de este delito.
El pasado 22 de noviembre de 2022, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó solicitar al Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León,11 que sesione, pues no lo ha hecho desde la pasada administración del gobierno del estado de Nuevo León, ni en la administración actual, aun cuando el artículo 14 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, expresamente señala que el Consejo deberá sesionar ordinariamente cada tres meses.12
Ante este panorama, cabe destacar que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,13 señala en el artículo 10, que:
“Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.
Se entenderá por explotación de una persona a:
I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente ley;
II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente ley;
III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente ley;
IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente ley;
V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente ley;
VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente ley;
VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente ley;
VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 de la presente ley;
IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29;
X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la presente ley; y
XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 47, fracción X, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV),14 señala que corresponde a la Fiscalía General de la República:
“X. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual”.
Asimismo, señala el artículo 49 de la LAMVLV que, corresponde a las entidades federativas y a la Ciudad de México:
“XXIV. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual; y los ordenamientos locales aplicables en la materia”.
Es necesarios que la dignidad y los derechos humanos estar en el centro de la atención de las políticas públicas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, a la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, a los integrantes del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León, así como a las demás autoridades competentes judiciales y administrativas estatales y municipales, a que adopten las medidas necesarias para prevenir, atender, investigar, perseguir, sancionar, combatir y erradicar la trata de personas en la entidad y establezcan una coordinación interinstitucional para instrumentar el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León para que sesione con la regularidad establecida en la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el estado de Nuevo León, a fin de dar seguimiento a las políticas públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de trata de personas, así como hacer del conocimiento público trimestralmente las cifras sobre la incidencia de este delito.
Notas:
1 https://conl-mx.s3.amazonaws.com/observatory_documents/observatory_document_files/
000/000/062/original/Reporte_Ge%CC%81nero__2022.pdf?1659019130
2 https://piedepagina.mx/trata-de-personas-para-explotacion-sexual-el-delito
-que-no-se-persigue-en-nuevo-leon/#:~:text=Durante%20este%202022%2C%20al%20menos,
de%20Seguridad%20P%C3%BAblica%20(SESNSP)
3 https://www.colef.mx/noticia/articulo-analisis-de-la-implementacion-de-la-politica
-publica-contra-la-trata-de-personas-con-fines-de-explotacion-sexual-en-nuevo-leon-mexico
4 https://www.reporteindigo.com/reporte/nuevo-leon-lider-en-trata/
5 https://amp.telediario.mx/local/ocupa-nl-primer-lugar-nacional-en-trata -de-personas
6 https://conl-mx.s3.amazonaws.com/observatory_documents/observatory_document_files/
000/000/062/original/Reporte_Ge%CC%81nero__2022.pdf?1659019130 , p. 19
7 https://latinus.us/2022/01/02/
nuevo-leon-comienza-2022-top-5-nacional-trata-de-personas-extorsion-violencia-familiar/amp/
8 https://www.reporteindigo.com/reporte/nuevo-leon-lider-en-trata/
9 https://piedepagina.mx/
trata-de-personas-para-explotacion-sexual-el-delito-que-no-se-persigue-en-nuevo-leon/
10 https://www.colef.mx/noticia/articulo-analisis-de-la-implementacion-de-la-politica
-publica-contra-la-trata-de-personas-con-fines-de-explotacion-sexual-en-nuevo-leon-mexico/
11 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/27/
trata-de-personas-para-explotacion-sexual-el-delito-que-no-se-persigue-en-nuevo-leon/
#:~:text=El%20pasado%2022%20de%20noviembre,en%20Nuevo%20Le%C3%B3n%2C%20que%20sesione.
https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ ley_para_prevenir_atender_combatir_y_erradicar_la_trata_de_personas_en_ el_estado_de_nuevo_leon/
12 https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/
ley_para_prevenir_atender_combatir_y_erradicar_la_trata_de_personas_en_el_estado_de_nuevo_leon/
13 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP_200521.pdf
14 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a llevar a cabo las acciones necesarias para disminuir los accidentes de tránsito terrestre y garantizar la seguridad de las personas pasajeras y peatonas en la entidad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
De conformidad con la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, publicada por el Inegi, Nuevo León es la entidad en que más accidentes de tránsito ocurren a nivel nacional; en 2021 ocurrieron 70 mil 388 accidentes, lo que representó 20.68 por ciento de todos los accidentes a nivel nacional; sin embargo, no es una tendencia que sólo se haya presentado de forma aislada en 2021, ya que en 2012 ocurrieron 68 mil 195 accidentes de tránsito, los cuales representaron 17 por ciento del total nacional, colocando a la entidad en el primer lugar de accidentes de tránsito terrestre, tendencia que se ha mantenido hasta 2021.1
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, para que los países emprendan un nuevo camino con el cual mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás, en cuyo objetivo 11 considera a ciudades y comunidades sostenibles, siendo una de sus metas proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.2
El párrafo décimo séptimo del artículo 4 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, lo cual se desarrolla ampliamente en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en la que se define a la seguridad vial como un conjunto de políticas y sistemas orientados a controlar los factores de riesgo, con el fin de prevenir y reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros de tránsito. Obligación que no se cumple en Nuevo León.
La entidad cuenta con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa y económica, siendo la autoridad operativa y rectora en materia de movilidad, que de conformidad con la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el estado de Nuevo León, tiene a su cargo de manera originaria la prestación del servicio público de transporte, mismo que podrá brindar por sí, o bien concesionar o permisionar temporalmente a particulares así como supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas para lograr la seguridad vial.
Atribuciones que no lleva a cabo, permitiendo hechos tan lamentables como el ocurrido el 27 de diciembre de 2022, cuando un camión de la Ruta 13 se volcó y cayó en un canalón de la colonia Praderas de San Francisco, en el municipio de Escobedo, dejando como saldo a 18 pasajeros lesionados, dos de ellos hospitalizados y reportados en estado crítico.3
Esta situación no es aislada, toda vez que se han reportado diversos accidentes provocados en la misma Ruta 13, como el sucedido el 16 de diciembre de 2022, en el que un chofer, en aparente estado de ebriedad, atropelló y mató a una mujer en la avenida La Esperanza; o como el ocurrido el 1 de noviembre del mismo año, cuando una persona de la tercera edad cayó desde un camión en movimiento, sufriendo lesiones.4
Los accidentes referidos anteriormente, son únicamente ejemplos de los ocurridos en una sola ruta de transporte durante un par de meses, en los que el gobierno local no tomó medidas para garantizar la seguridad y movilidad de los habitantes de Nuevo León.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, a que lleve a cabo las acciones necesarias para disminuir los accidentes de tránsito terrestre y garantizar la seguridad de las personas pasajeras y peatonas en la entidad.
Notas:
1 https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/#Tabulados
2 https://www.un.org/es/chronicle/article/objetivo-11-las-ciudades-desemp enaran-un-papel-importante-en-la-consecucion-de-los-objetivos-de
3 https://www.reporteindigo.com/reporte/ruta-13-cae-a-arroyo-en-canalon-d e-escobedo-con-todo-y-pasajeros/
4 https://www.dailymotion.com/video/x8gq2la
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León y a su Secretaría de Medio Ambiente a informar el avance del programa de identificación de emisores sostenibles con sensor remoto e instalar la infraestructura necesaria para implementarlo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Una de las mayores preocupaciones ambientales es la calidad del aire. De acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la mala calidad del aire y el calentamiento global están afectando de manera alarmante a la población y a los ecosistemas (PNUMA, 2016).1 Tan sólo, se calcula que la contaminación del aire, causa aproximadamente siete millones de muertes prematuras y 9 de cada 10 personas en el mundo respira aire contaminado diariamente (PNUMA, 2022).2
La mala calidad del aire se debe tanto a factores naturales como antropogénicos, siendo ejemplo de estos últimos la actividad industrial y las emisiones generadas por los vehículos automotores (Semarnat, 2018).3 Hoy en día, las medidas para disminuir los contaminantes provenientes de los vehículos son un mecanismo que vincula la salud humana con la calidad del aire.
En México, uno de los instrumentos mediante los cuales las entidades federativas identifican las principales causas y efectos de la contaminación del aire e implementan acciones para disminuir esta problemática son los llamados ProAire, que son los programas de gestión para mejorar la calidad del aire.
El estado de Nuevo León no es la excepción. De acuerdo con datos contenidos en el ProAire 2016-2025,4 en los últimos años, tanto la entidad federativa, como el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), han experimentado un crecimiento importante en el número de habitantes, vehículos automotores, actividad industrial y comercial; lo anterior ha resultado en que se rebasen los límites máximos permisibles de calidad del aire, principalmente en el caso de las partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10 y PM2.5), así como para los niveles de ozono (O3).
El documento citado también menciona que existen estudios de emisiones vehiculares realizados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2009) que muestran que los vehículos que circulan en el AMM emiten 40 por ciento más de monóxido de carbono (CO) y hasta cinco veces más hidrocarburos (HC) que los vehículos que circulan en la Ciudad de México, donde existe un programa de verificación vehicular desde hace más de 20 años. Los efectos de estos contaminantes a la salud humana deben monitorearse y mantenerse por debajo de las normas para evitar una mayor exposición.
Con el objetivo de emitir un instrumento de política ambiental que garantice la protección de los derechos fundamentales a la salud y al medio ambiente sano, el 24 de junio de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Acuerdo por el que se emite el Programa de Identificación de Emisores Sostenibles con Sensor Remoto.5 Dicho programa, evaluaría de manera voluntaria los límites de emisiones contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores.
Asimismo, el programa menciona que los vehículos podrán realizar la verificación de emisiones en cualquiera de los tres sensores remotos, cuya ubicación será itinerante en sitios estratégicos. Dicho sensor medirá las emisiones contaminantes mientras el vehículo circule por una avenida previamente seleccionada.
De acuerdo con los artículos transitorios del acuerdo, el programa empezó a operar a partir del 23 de junio de 2022 y tendría la duración de un año; no obstante, diversas fuentes señalan que6 aún no se han instalado los filtros necesarios para poder llevar a cabo el programa, con base a lo publicado por el mismo gobierno de Nuevo León.
Si bien el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, ha mencionado en diversos medios que se han revisado 800 mil automóviles, no existen datos ni informes que detallen el avance del programa, además de que los puntos de revisión no han sido visibles.
La importancia de contar con datos precisos de la calidad del aire coadyuva no sólo con el diseño para la disminución de emisiones, sino que interviene en una mayor calidad de vida para la población.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y a la Secretaría de Medio Ambiente de la misma entidad, a que informen a esta soberanía del avance que ha tenido el Programa de Identificación de Emisores Sostenibles con Sensor Remoto.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y a la Secretaría de Medio Ambiente de la misma entidad, a instalar a la brevedad, la infraestructura necesaria para implementar el Programa de Identificación de Emisores Sostenibles con Sensor Remoto de manera adecuada.
Notas:
1 Acciones sobre la calidad del aire: un resumen global de políticas y programas para reducir la contaminación del aire | UNEP - UN Environment Programme
2 2022_clean_air_day.pdf (unep.org)
3 Calidad del aire: una práctica de vida | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
4 ProAire_Nuevo_Leon.pdf (www.gob.mx)
5 AC_0001_0007_00170683_000001.pdf (nl.gob.mx)
6 https://www.milenio.com/sociedad/modulos-de-verificacion-no-se-instalan -en-nuevo-leon
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a instrumentar las acciones necesarias a efecto de prevenir, investigar, sancionar y combatir la violencia de género y los feminicidios, así como a informar a la ciudadanía sobre los avances realizados en el caso de la ciudadana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define el concepto de violencia feminicida como: “La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.1
En 2022, el caso de Debanhi Escobar destacó negativamente en Nuevo León como uno de los feminicidios más sonados del país ya que en su búsqueda, hubo complicidad, negligencia y omisiones por parte de las autoridades de Nuevo León.
Además de Debanhi, en la entidad fueron reportadas como no localizadas 38 mujeres, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO),2 resaltando la incapacidad de las autoridades para contrarrestar la ola de violencia que enfrentan las mujeres en Nuevo León.
La falta de respuesta por parte de las autoridades para esclarecer el caso de Debanhi Escobar se prolongó más de nueve meses desde su muerte y desaparición. Los primeros días de enero de 2023 la Fiscalía General de Justicia del Estado,3 dio a conocer la vinculación a proceso de dos ex empleadas del motel presuntamente involucradas en el caso, a quienes se les acusa de falsedad de declaraciones y encubrimiento de información.
Se trata de Ana Luisa ‘N’ y Elida Yurith ‘N’, gerente y asistente del motel de Escobedo (Nuevo León) donde se encontró a la joven de 18 años sin vida; las acusadas tendrán que presentarse a firmar una vez al mes y tienen prohibida la salida del estado, en el norte de México, hasta el cierre del proceso, fijado para dentro de tres meses. Sin embargo, aún se desconoce la identidad y paradero de los autores materiales del feminicidio.
Actualmente, conforme a las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado de Nuevo León es la segunda entidad federativa con mayor número de delitos por feminicidio, con 85 casos registrados durante el periodo de enero a noviembre de 2022.4
Cabe resaltar que, entre los 100 municipios del país con mayor violencia feminicida, se encuentra el municipio de Juárez, perteneciente a Nuevo León, seguido por su homónimo en el estado de Chihuahua.5
Lo anterior destaca la urgente necesidad de que el gobierno de la entidad tome medidas para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres; por ello, exigimos justicia para todas las mujeres asesinadas y sus familiares.
Rechazamos la impunidad que impera en la entidad y solicitamos que se tomen las medidas necesarias para esclarecer el caso de Debanhi y el de todas las mujeres que han sido asesinadas en la entidad, y que se castigue a los responsables.
En la Cuarta Transformación estamos comprometidos con la lucha para erradicar la violencia de género en México y exigimos que la justicia se imponga.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, a instrumentar las acciones necesarias a efecto de prevenir, investigar, sancionar y combatir la violencia de género y los feminicidios en la entidad, y erradicar la impunidad imperante en el sistema estatal de procuración de justicia, a fin de garantizar un entorno seguro y libre de violencia para las mujeres.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a la ciudadanía sobre los avances realizados en el caso de Debanhi Escobar.
Notas:
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/
Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
2 https://www.animalpolitico.com/elsabueso/falso-jovenes-encontradas-sin- vida-debanhi/
3 https://twitter.com/FiscaliaNL/status/1612674755533967360?ref_src=twsrc %5Etfw
4 https://drive.google.com/file/d/1ZuMlwIDDk51ngfbJQExGmJtN_tFijRxb/view
5 Ídem
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato, a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades administrativas y judiciales de la entidad y a sus homólogas de los diversos municipios, a llevar a cabo campañas de difusión a través de medios de información respecto de las medidas preventivas para evitar ser víctimas del delito de extorsión, así como para fomentar una cultura de denuncia, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Uno de los problemas más graves que aqueja a la sociedad en el estado de Guanajuato, es el creciente número de casos de extorsión que sufren tanto las personas físicas como los diferentes negocios localizados en dicha entidad.
La extorsión es un delito en el que, a través de la violencia o la intimidación, se obliga a la víctima a realizar u omitir acciones, con fines de lucro en beneficio del delincuente.1
Existen dos tipos de extorsión, la directa y la indirecta.
• En el primer caso, el delincuente se presenta físicamente en el establecimiento o domicilio particular para amenazar al propietario o personal que ahí labora. Es común que se identifique como integrante de una organización delictiva, quien advierte que, a cambio de no hacer daño, se debe hacer un pago.
• La extorsión indirecta, a través de llamadas telefónicas, es la modalidad más común. Surgió a finales del año 2000, cuando se amplió el acceso a la telefonía celular y el uso de internet. En esta modalidad, mediante llamadas o mensajes de texto, la delincuencia contacta a sus víctimas y les plantea situaciones de riesgo o peligro para la persona a quien llaman, su familia o sus conocidos.
En la mayoría de los casos, los delincuentes exigen al azar a sus víctimas, utilizando directorios telefónicos y datos personales obtenidos a través de distintas vías, como las redes sociales de las propias víctimas.
Los extorsionadores utilizan la violencia psicológica o la buena fe de las víctimas, les solicitan hacer un depósito de dinero en tiendas departamentales, comercios o transferencias bancarias.
A fin de obtener recursos, los delincuentes utilizan distintas variantes en sus argumentos. Las más comunes son las siguientes:2
• Amenaza de muerte o secuestro: el delincuente utiliza un tono agresivo e indica que la víctima, su familia y vivienda, están siendo vigiladas. En ocasiones utiliza datos reales obtenidos de redes sociales o de un directorio, lo que provoca mayor nerviosismo en la víctima. Lo más frecuente es que el delincuente se encuentre en un lugar lejano o incluso en la cárcel, sin posibilidad de hacer daño real.
• Secuestro virtual de un familiar: el delincuente transmite la grabación o sonido de una persona que, por lo general, es una mujer o niño llorando, para exigir un monto en carácter de extorsión a cambio de no hacerle daño.
• Premio: el delincuente condiciona la entrega de un falso premio a cambio de un depósito bancario.
• Deudas: el delincuente llama a un domicilio al azar y se identifica como cobrador de una institución bancaria o tienda departamental. Argumenta que el domicilio está asociado a una deuda y que, si no se paga, se dará un embargo.
• Familiar proveniente del extranjero en detención: el delincuente se hace pasar por un pariente que hace mucho tiempo que la víctima no ve y provoca la plática para obtener mayores datos. Luego indica que, para pasar la aduana o ser liberado de una autoridad que lo retiene, hay que hacer un pago.
En los dos últimos años, en el estado de Guanajuato se han denunciado y abierto un mayor número de carpetas de investigación por el delito de extorsión que los que se habían registrado en 2020, y se estima que el número de denuncias repuntarán de manera significativa en 2023, tal como lo declaró Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la entidad.3
Las carpetas de investigación por extorsión forman parte de los delitos contra el patrimonio y, de enero a noviembre de 2022, se registraron 47 mil 271 denuncias.4
Las autoridades del estado de Guanajuato alegan que el incremento de denuncias no necesariamente está vinculado al aumento de este delito, pues señalan que las denuncias se han incrementado porque los ciudadanos están mejor informados y las autoridades han generado mayor confianza. Y expresan que, con un mayor índice de denuncias y, por ende, de investigaciones, se podrá lograr la detención de los presuntos responsables y el número de extorsiones irá en decremento.
No obstante, la percepción ciudadana y los hechos no apoyan esta postura, pues los comerciantes de todos los giros han señalado que las extorsiones continúan, y que la mayoría de ellos no denuncian por miedo a las represalias.
Afirman que, a pesar de las detenciones de extorsionadores y el discurso de las autoridades estatales y municipales del estado de Guanajuato, muchos empresarios siguen pagando extorsión. Entre ellos, se encuentran comerciantes de mercados, comercios establecidos, puestos fijos y semifijos, ambulantes, negocios de tianguis, taquerías, restaurantes, autolavados, tortillerías y constructoras.5
Por lo anteriormente expuesto, resulta claro que el incremento de los delitos de extorsión no sólo constituye un grave problema que atenta contra la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía del estado de Guanajuato, sino que impacta directamente en su bienestar económico por la desaparición de las fuentes productivas y de empleo.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a las autoridades administrativas y judiciales de la entidad y a sus homólogas de los diversos municipios, para que de forma coordinada y con base en sus atribuciones y competencias, lleven a cabo campañas de difusión a través de los diversos medios de información, dirigidas a las y los cuidados que residen en dicha entidad, respecto de las medidas preventivas para evitar ser víctimas del delito de extorsión, así como para fomentar una cultura de denuncia.
Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a las autoridades administrativas y judiciales de la entidad y a sus homólogas de los diversos municipios, a establecer acciones de coordinación interinstitucional para darle seguimiento a las denuncias de extorsión presentadas por la ciudadanía, hasta lograr la identificación y sanción de los delincuentes; así como brindarle a las víctimas de ese delito y a sus familiares, las medidas de protección que sean necesarias.
Notas:
1 https://efectoprevencion.guanajuato.gob.mx/extorsion/que-es-y-como-actu ar-ante-una-extorsion/
2 https://efectoprevencion.guanajuato.gob.mx/extorsion/principales-argume ntos-utilizados-para-una-extorsion-o-fraude/
3 https://www.milenio.com/politica/comunidad/preven-aumento-de-denuncias- por-extorsion-en-guanajuato
4 https://www.milenio.com/politica/comunidad/preven-aumento-de-denuncias- por-extorsion-en-guanajuato
5 https://periodicocorreo.com.mx/las-extorsiones-en-guanajuato-celaya-rep orta-incremento/
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a implementar acciones para prevenir el robo de combustibles en esa entidad federativa, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Durante todo el siglo XX la industrialización se extendió globalmente, trayendo consigo grandes cambios en la producción de bienes e iniciando industrias que, al paso del tiempo, se convertirían en importantes motores de desarrollo, como la automotriz, construcción y textiles, derivando en una importante demanda de hidrocarburos. En este sentido, la importancia de la extracción de petróleo y su transformación toma gran relevancia para el crecimiento de cualquier nación, gracias a sus propiedades de transformación y uso.
En México, Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa productiva del Estado facultada y encargada de la extracción y refinación de hidrocarburos para la generación de combustibles y su transporte en todo el territorio nacional.
Entendiendo el contexto global, la política energética propuesta por el actual gobierno se enfoca en el rescate de las empresas de las y los mexicanos, canalizando los esfuerzos en mejorar la infraestructura, la planeación y su situación financiera.
Cabe señalar que, bajo el amparo de las administraciones pasadas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron saqueadas y abandonadas para justificar la entrada de empresas privadas extranjeras, argumentando la poca capacidad técnica y operativa para cubrir la demanda nacional de energéticos.
El Plan Nacional de Desarrollo, para el periodo 2019-2024,1 establece en su numeral 3, “Economía”, un apartado dedicado al “Rescate del sector energético”, que a la letra señala:
“La reforma energética impuesta por el régimen anterior causó un daño gravísimo a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, empresas productivas del Estado que ya venían sufriendo el embate de los designios privatizadores. En el sexenio pasado la producción petrolera cayó en una forma tan sostenida que México pasó de ser exportador a importador de crudo y combustibles refinados. Sin embargo, la producción de las entidades privadas fue insignificante, a pesar de las ventajosísimas condiciones en las que recibió las concesiones correspondientes.
Un propósito de importancia estratégica para la presente administración es el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional. En ese espíritu, resulta prioritario rehabilitar las refinerías existentes, que se encuentran en una deplorable situación de abandono y saqueo, la construcción de una nueva refinería y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de las cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen, en general, muy por debajo de su capacidad. Ambas empresas recibirán recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras y se revisarán sus cargas fiscales.”
Un caso particular y de gran importancia se encuentra en la filial “Pemex Logística”, encargada de prestar el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y otros servicios relacionados; mediante estrategias de movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres, así como la venta de capacidad para su guarda y manejos.2
La principal modalidad de robo de combustibles la encontramos en el área de logística, pues el “huachicol” consiste en el robo de combustible a través de la fractura del ducto e instalación de una toma para extraerlo. Esta práctica, además de representar un delito grave, pone en riesgo la vida de quienes la practican, sumado a los daños que puede generar a su entorno.
De acuerdo con el reporte de tomas clandestinas de 20183 publicado por Pemex, los estados con mayor número de casos fueron: Puebla, con 1,815; Hidalgo, con 1,726; Guanajuato, con 1,547; y Veracruz, con 1,338.
Con la llegada de una nueva administración, en enero de 2019, en conferencia de prensa,4 se hizo pública una estrategia para combatir el robo de combustibles que consiste en prevenir, investigar, perseguir y sancionar la comisión del delito de robo de hidrocarburos; contemplando la creación del Comité Interinstitucional de Inteligencia y la División Financiera para integrar las carpetas de investigación y coadyuvar a impedir el desarrollo financiero de la delincuencia organizada.
Además, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos,5 el robo de combustibles fósiles es penado con 20 a 30 años de prisión y multa de 20,000 a 25,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
En el Grupo Parlamentario de Morena coincidimos plenamente en combatir el robo de combustible que, además de generar un grave daño al erario, pone en riesgo vidas humanas y patrimonio.
Es preocupante ver que, durante 2022, Guanajuato se consolidó como uno de los estados con más tomas clandestinas detectada, como han denunciado medios de comunicación como Sin embargo, en su artículo titulado “Guanajuato se afianzó como el reino del huachicol en sexenios de Peña (PRI) y de Márquez (PAN)”.6
También se señalan las millonarias ganancias que deja el huachicoleo en Guanajuato, donde, tan sólo en 2020, los integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, dedicados al huachicol, extraían hasta 200 mil litros diarios de combustible por cada toma clandestina en Guanajuato, según un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).7
Los reportes de la Guardia Nacional para el año 2022, señalan que Guanajuato es un estado que ha tenido un incremento sustancial en el número de tomas clandestinas, así se registró en abril y de 2022,8 y en septiembre del mismo año.9
Las y los diputados de Morena estamos comprometidos con la seguridad y el patrimonio de las y los mexicanos, por ello consideramos que es importante fortalecer la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, además de crear estrategias locales para evitar complicidades para la comisión de delitos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a llevar a cabo una exhaustiva investigación interna para detectar la posible complicidad de funcionarios estatales con el crimen organizado en materia de robo de combustibles.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, a generar una estrategia, en coordinación con el gobierno federal y la Fiscalía General de la República, para reducir el robo de combustibles a través de las tomas clandestinas en el estado de Guanajuato.
Notas:
1 Puede consultarse en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/ 2019#gsc.tab=0
2 https://www.pemex.com/nuestro-negocio/Paginas/default.aspx
3 Puede consultarse en: https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-cland estinas.aspx
4 https://www.gob.mx/sspc/prensa/sspc-shcp-y-pgr-presentan-estrategia-para-prevenir
-investigar-perseguir-y-sancionar-la-comision-del-delito-de-robo-de-hidrocarburos#:~:text
=%E2%80%9CLa%20estrategia%20para%20prevenir%2C%20investigar,continuo%20desarrollo%20financiero%20de%20la
5 Puede consultarse en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPSDMH.pdf
6 https://www.sinembargo.mx/02-01-2019/3517388
7 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/16/
a-cuanto-ascendian-las-millonarias-ganancias-del-csrl-por-actividades-de-huachicol-en-guanajuato/
8 https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/
en-guanajuato-guardia-nacional-localiza-dos-tomas-clandestinas-de-hidrocarburo
9 https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/en-cuatro-estados-guardia-nacional-localiza
-seis-tomas-clandestinas-para-sustraccion-ilegal-de-combustible?idiom=es
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a informar a esta soberanía sobre las acciones implementadas, para atender la problemática de desaparición de personas menores de edad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La desaparición de personas es un problema que se ha agravado en nuestro país, a raíz de una guerra iniciada de manera improvisada contra el crimen organizado durante los sexenios neoliberales.
La desaparición de personas es una catástrofe que implica una ruptura profunda tanto a nivel individual como social. Tradicionalmente, se ha ejercido como un mecanismo de represión que inhibe la verdad y la memoria al ocultar el rastro del crimen y de sus responsables.1 Este fenómeno adquiere dimensiones más complejas cuando la víctima es una persona menor de edad, cuya desaparición impacta de manera profunda a su núcleo familiar, quienes viven una incertidumbre que se agrava día con día.
En el estado de Guanajuato se ha agravado este problema, diversas fuentes reportan la desaparición constante de personas menores de edad. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Rnpdno), reporta que en esta entidad se encuentran 73 personas desaparecidas cuyo rango de edad va de los 0 a los 17 años, en el año 2022.2 Los municipios que reportan mayor número de menores de edad desaparecidos son: León, con 13; Celaya, con 12; y Guanajuato, con 6.
Probablemente las cifras dicen poco o no generan la empatía necesaria para atender la problemática, por ello es necesario mencionar los nombres de aquellos menores que están ausentes, que fueron arrebatados de sus hogares mientras las autoridades estatales se han mantenido indolentes. Tal es el caso de los hermanos Carlos Brayan Rodríguez Rocha, de 4 años, y Juan Manuel Rodríguez Rocha, de 8 años; cuya desaparición se suscitó en la ciudad de Guanajuato.
Misma situación es la que vive la familia de las hermanas Norma Ivonne Núñez Pérez e Itzel Guadalupe Núñez Pérez, de 12 y 15 años de edad, respectivamente, quienes desaparecieron en la ciudad de Irapuato. Asimismo, los menores: Lidia Lizeth Sánchez Hernández, Anett Guadalupe García Miranda, Ana Cristina Bautista Vázquez, Miriam de los Ángeles López, Susana Jaqueline Pérez Armadillo, Joanna Vanessa Villanueva Reyes, Dulce María Cruz Ruiz, Ximena Noemí Albino, María Vianey Solano Reséndiz, Emilia Valeria Martínez Valencia, Ángel Axel Ruiz, Moisés Plomares Castro, Cristóbal Molla Arriaga, José de Jesús Tapia Ibarra, Carlos Eduardo Estudiante Arredondo, Ángel David Chávez Espinoza, Jorge Armando Martínez Aranda, Ángel Adrián Clemente Martínez.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que informe a esta soberanía sobre las acciones implementadas por su gobierno para atender la problemática de desaparición de personas menores de edad en dicha entidad federativa.
Notas:
1 Carolina Robledo Silvestre, Genealogía e historia no resuelta de la desaparición forzada en México, (en línea), dirección URL: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1854/1436
2 Estadística del RNPDNO, (en línea), dirección URL:
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Yucatán a redoblar esfuerzos y utilizar todos los recursos materiales y humanos, a fin de lograr la localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en esa entidad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La desaparición de niñas, niños y adolescentes es una de las grandes problemáticas para la sociedad mexicana. A esta situación se suma la violencia suscitada por organizaciones criminales, a raíz de las desatinadas políticas de seguridad implementadas durante las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Los climas de inseguridad y violencia que padecimos las y los ciudadanos durante dichos sexenios, no hicieron más que aumentar las desapariciones de los infantes y adolescentes en nuestro país.1
Especialmente grave es el caso de Yucatán, en el que, en el año 2022, fueron reportados más de 80 casos de desaparición de personas entre los 0 y 17 años de edad. Un promedio de seis al mes. De esos menores desaparecidos, el 78 por ciento son mujeres.2
Los municipios de Mérida, Valladolid y Kanasín son los que más desapariciones han reportado, sumando entre ellos la cifra de 42 reportes de desaparición de menores y viviendo todos ellos una serie de olas de inseguridad que ponen en peligro el desarrollo libre y seguro de las y los niños en Yucatán.3
Esta situación es inaceptable, tomando en cuenta que son precisamente las niñas, niños y adolescentes uno de los grupos vulnerables reconocidos por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes recomiendan “dar entornos seguros y de apoyo” para un desarrollo saludable de las futuras generaciones.
Dicho entorno claramente no se está desarrollando en el estado de Yucatán, lo que podría conllevar graves problemas para el crecimiento y convivencia de los infantes, pudiendo generar consecuencias irreversibles para su futuro desarrollo.
Es de subrayar que no existen datos con respecto a los adolescentes que han desaparecido en los albergues estatales, por lo que dar un dato exacto de infantes desaparecidos resulta una tarea casi imposible.
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, para que redoble esfuerzos y utilice todos los recursos materiales y humanos a fin de lograr la localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en esa entidad federativa.
Notas:
1 “De los últimos tres sexenios en el país, este es el primero con disminución en porcentaje de homicidios” Secgob Julio 2022 En línea: https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/84-22-bol
2 “Crece el uso de la alerta amber en Yucatán: ¿Cuantos menores no han sido localizados?” Diario de Yucatán Enero 2023 En línea: https://www.yucatan.com.mx/yucatan/2023/1/10/aparece-menor-extraviada-e n-tizimin-374548.html
3 “Merida, Valladolid y Kanasín, con mayor cifra de menores desaparecidos en Yucatán” PorEsto, Enero 2023 En línea: https://www.poresto.net/yucatan/2023/1/9/merida-valladolid-kanasin-con- mayor-cifra-de-menores-desaparecidos-en-yucatan-366505.html
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Yucatán, a reformar e implementar, a través de su Secretaría de Salud, las políticas públicas, programas y acciones que sean necesarias para la detección, el diagnóstico temprano y, en su caso, la prevención del suicidio, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El suicidio es un problema social y de salud pública que afecta no solamente a los individuos, sino también a las familias y a la sociedad en donde se presenta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal.1
Asimismo, la OMS señala que el suicidio es un problema multifactorial, que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. Sin embargo, la prevención a tiempo y el tratamiento adecuado de problemas mentales, depresión y abuso de sustancias que alteren el comportamiento y emociones de las personas, permiten prevenir y reducir las tasas de suicidio.
Uno de los grandes problemas para la prevención del suicidio, es que las personas no piden apoyo, derivado de los estigmas sociales y el temor por ser juzgados.
Datos de la OMS señalan que, a nivel mundial, en 2019 se suicidaron más de 700 mil personas.2
En México, específicamente el estado de Yucatán presenta un gran problema respecto al alza de los suicidios en los últimos años. Las principales causas son: problemas con pareja, desempleo, desintegración familiar, problemas económicos, depresión y abuso de sustancias tóxicas como el alcohol.
La cifra de suicidios del 2022 se cerró con 278 casos en esa entidad federativa. Uno de cada tres casos se registró en Mérida, y los restantes en 50 municipios del interior del estado.3
Históricamente, Yucatán es una de las entidades que ha presentado más suicidios en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 se registraron 243 defunciones por suicidios en dicha entidad, de las cuales 184 fueron hombres y 59 fueron mujeres. Del total del registro, 218 fueron por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, 3 por disparo de arma, 16 por envenenamiento y 6 por otras causas.4
Mientras que en 2021 se registraron 340 suicidios en Yucatán, de los cuales, 275 fueron hombres y 65 mujeres. Del total del registro, 303 casos fueron causados por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación; 7 por disparo de arma; 20 por envenenamiento; y 10 por otras causas.5
A pesar de que el gobierno de Yucatán ha implementado programas y acciones para disminuir la tasa de suicidios, la realidad es que estas acciones son insuficientes, pues las cifras no han disminuido. Se debe prevenir que las personas pongan en riesgo su propia integridad física a partir de políticas públicas, programas y acciones que les proporcione las facilidades para adquirir apoyo profesional. Es necesario que el gobierno del estado de Yucatán otorgue prioridad al problema del suicidio que se está presentando dentro de la entidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal para que, a través de la Secretaría de Salud del estado, refuerce y, en su caso, implemente las políticas públicas, programas y acciones que sean necesarias, a fin de fortalecer la detección, el diagnóstico temprano y, en su caso, la prevención del suicidio, con lo objeto de disminuir el número de casos que se presentan en esa entidad federativa.
Notas:
1 https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/diciembre-2020/
violencia-feminicida#:~:text=Los%20feminicidios%20son%20la%20manifestaci%C3%B3n,
la%20impunidad%20que%20los%20acompa%C3%B1an.
2 https://www.yucatan.com.mx/yucatan/2023/1/2/
feminicidio-en-baca-adulto-mayor-prision-preventiva-por-agredir-su-esposa-372802.html
3 https://www.yucatan.com.mx/yucatan/2023/1/9/feminicidios-en-yucatan-cua ntos-han-recibido-justicia-este-es-el-recuento-de-casos-374463.html
4 Ibídem.
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Yucatán a diseñar e implementar las políticas públicas y acciones tendentes a prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género en contra de las mujeres y niñas en la entidad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo con la ONU Mujeres, niñas, jóvenes, adultas y mujeres mayores viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, lo que representa una violación a los derechos humanos y una problemática que se extiende alrededor de todo el mundo.1
También señala que la violencia es una forma de discriminación que impide el acceso a oportunidades, vulnera el ejercicio de diversos derechos que inciden en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas, con repercusiones en la sociedad en su conjunto.
La manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra mujeres y niñas por el hecho de ser mujeres, de acuerdo con ONU Mujeres, es el feminicidio, delito que constituye la negación del derecho a la vida y de la integridad de las mujeres.
Lamentablemente la violencia contra las mujeres y niñas se ha extendido en el mundo; sin embargo, resulta preocupante la situación que se vive en el estado de Yucatán. Durante los últimos ocho años se registraron 36 feminicidios en esa entidad federativa, tan sólo al cierre de 2022 se registraron cinco y en menos de una semana se registraron dos incidentes, uno en el municipio de Baca y otro en Mérida.
El 30 de diciembre de 2022, en el municipio de Baca, un señor de 78 años de edad atacó a su esposa de 72 años provocando su muerte. El feminicidio se dio después de una riña entre la pareja un día antes en la que intervino la policía municipal; sin embargo, no se implementó ninguna medida de protección para la mujer.2
En el mismo tenor, el 7 de enero de 2023 fue encontrado el cuerpo de Yeimy, de 25 años, en el interior de un pozo en el predio de San José Tecoh, en Mérida, Yucatán. Según informó la Fiscalía General del Estado de Yucatán, el presunto feminicida habría sido jefe de la víctima en una empresa dedicada a actividades náuticas. De acuerdo con las investigaciones él la estranguló el 4 de enero en un hotel y arrojó el cadáver a un pozo.
Estos dos casos se suman a una lamentable lista de feminicidios, pues de acuerdo con la plataforma Yucatán Feminicida, en 2020 se registraron 7 feminicidios; en 2021, 5; y en 2022, 6 casos.3
La misma plataforma señala que, en 16 de los 79 feminicidios ocurridos de 2008 a 2021 el responsable se suicidó; durante el mismo periodo se iniciaron 57 procesos penales, de los cuales en 46 se dictó sentencia condenatoria, en tres se obtuvo sentencia absolutoria y en uno se liberó al probable responsable por falta de elementos; en 14 no se inició el proceso por suicidio del feminicida; y 2 fueron sobreseídos por suicidio del feminicida.4
Por ello, consideramos urgente hacer un llamado a las autoridades estatales para que emprendan las acciones necesarias a fin de erradicar la violencia de género en contra de las mujeres y niñas en la entidad, para garantizar sus derechos humanos y, sobre todo, su derecho a una vida libre de violencia, ya que a pesar de que Yucatán es un estado que cuenta con una Ley en la materia, ésta no se implementa para proteger la vida y la dignidad de las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, para diseñar e implementar las políticas públicas y acciones tendientes a prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género en contra de las mujeres y niñas en esa entidad federativa.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Fiscalía General del Estado de Yucatán para que realice una investigación pronta, expedita y con perspectiva de género de los casos de feminicidio en la entidad.
Notas:
1 https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/diciembre-2020/
violencia-feminicida#:~:text=Los%20feminicidios%20son%20la%20manifestaci%C3%B3n,
la%20impunidad%20que%20los%20acompa%C3%B1an.
2 https://www.yucatan.com.mx/yucatan/2023/1/2/
feminicidio-en-baca-adulto-mayor-prision-preventiva-por-agredir-su-esposa-372802.html
3 https://www.yucatan.com.mx/yucatan/2023/1/9/feminicidios-en-yucatan-cua ntos-han-recibido-justicia-este-es-el-recuento-de-casos-374463.html
4 Ibídem.
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua y a su fiscal general a informar a esta soberanía los avances de las investigaciones del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar y, en su caso, intervenir para resolverlo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Javier Campo Morales y Joaquín César Mora Salazar eran sacerdotes jesuitas que ejercían labores propias del ministerio de fe al que pertenecían en el poblado de Cerocahui, Chihuahua. Sus labores sociales y espirituales eran reconocidas y apreciadas por los pobladores de la zona, así como por la comunidad jesuita en el país, y a quienes cariñosamente los llamaban “Gallo” y “Morita”, respectivamente.
Entre otras funciones, se dedicaban a proveer auxilio espiritual al necesitado, a realizar pláticas de orientación social entre jóvenes, recaudación de apoyos para la zona indígena de Chihuahua, formación de grupos sociales de ayuda en comunidades alejadas y organización de eventos sociales para la comunidad.
Lamentablemente la delincuencia les quitó la vida a ambos sacerdotes, quienes el 20 de junio pasado fueron asesinados cuando un hombre que trataba de escapar de un sicario se refugió en el interior del templo, el delincuente mató al civil y a los sacerdotes1 . Los cuerpos de los sacerdotes fueron sustraídos del templo y llevados a un lugar desconocido.
El acontecimiento provocó la indignación y la condena por parte de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, la cual expresó en un comunicado su dolor por lo sucedido2 .
El sacerdote Javier Ávila denunció que el crimen fue llevado a cabo por José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, jefe de operaciones del grupo criminal “Los Salazares”, brazo armado del Cártel de Sinaloa en la zona3 . En 2018 “El Chueco” asesinó al ciudadano estadounidense Patrick Braxton Andrew, un profesor que radicaba en Chihuahua, al confundirlo con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de la Administración para el Control de Drogas)4 .
El tema de los lamentables asesinatos escaló hasta las Naciones Unidas cuando la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los hechos5 .
Ante esta situación y a casi 7 meses después, la Fiscalía de Justicia de Chihuahua y el gobierno del estado han quedado rebasados, al no tener respuestas claras y contundentes que lleven a la captura de “El Chueco” o de los responsables de estos arteros asesinatos.
En el Grupo Parlamentario de Morena nos sumamos a las muestras de dolor e indignación por los tristes hechos que enlutan la vida de la comunidad de Cerocahui.
En el México de la cuarta transformación, nadie está por encima de la ley y menos al tratarse de un crimen como éste.
El gobierno y la Fiscalía de Chihuahua deben hacer valer y ejercer todos los recursos a su alcance para esclarecer éste y cualquier crimen.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora constitucional de Chihuahua, ciudadana María Eugenia Campos Galván y al Fiscal General de Chihuahua, ciudadano Roberto Javier Fierro Duarte, para que informen a esta soberanía los avances de las investigaciones del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar y, en su caso, intervengan para resolverlo.
Notas
1 Samuel García (2022). Periódico El Financiero. Martes 21 de junio de 2022. “Asesinan a dos jesuitas y un civil en Cerocahui, Chihuahua”. Recuperado de https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/06/21/denuncian-el-asesin ato-de-dos-jesuitas-en-cerocahui-chihuahua/
2 Jesuitas México (2022). Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. Comunicado. Martes 21 de junio de 2022. “La Compañía de Jesús condena el asesinato de dos jesuitas en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua”. Recuperado de
https://jesuitasmexico.org/blog/2022/06/21/cerocahui-chi huahua-2022/
3 Samuel García (2022). Obra citada.
4 Guadalupe Lizárraga (2022). Portal Los Ángeles Press. Miércoles 29 de junio de 2022. “José Noriel Portillo Gil ‘El Chueco’, del cártel de Los Paredes, con dominio en Sonora desde 1990”. Recuperado de https://www.losangelespress.org/jose-noriel-portillo-gil-del-cartel-de- los-paredes-con-dominio-en-sonora-desde-1990/
5 Naciones Unidas (2022). Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México. Martes 21 de junio de 2022. ONU-DH condena el asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales, S.J., y Joaquín César Mora Salazar, S.J., en Chihuahua. Recuperado de https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-condena-el-asesinato-de-los-sace rdotes-javier-campos-morales-s-j-y-joaquin-cesar-mora-salazar-s-j-en-ch ihuahua/
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a solventar las observaciones realizadas por la ASF derivadas del proceso de fiscalización correspondiente a la Cuenta Pública 2021, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La educación es un derecho fundamental y reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual lo consigna como un derecho para las personas y a su vez como una obligación para el Estado, quien deberá impartirla y garantizarla en todas sus etapas: preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior1 .
En este tenor, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 resalta la importancia de mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y revertir la mal llamada “reforma educativa” de los gobiernos neoliberales que pretendía la privatización generalizada de la enseñanza.
Por ello, el programa presupuestario U006 “Subsidios para organismos descentralizados estatales” contribuye al mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios proporcionados por los organismos descentralizados estatales (ODE), mediante la asignación de subsidios federales para cubrir las necesidades de gasto corriente (pago de nóminas de personal docente y administrativo) y, en menor proporción, de gastos de operación.
El programa U006 entrega recursos federales a las secretarías de Finanzas estatales para que éstas, a su vez, los entreguen a los entes ejecutores del gasto, en este caso los ODE de educación media superior, superior y de formación para el trabajo que operan en los estados, para ser administrados, registrados y ejercidos de acuerdo con la normativa aplicable; a fin de asignar eficiente y eficazmente los recursos a la población objetivo del programa.
El ejercicio adecuado de los recursos del programa permite contribuir solidariamente con las entidades federativas y los municipios para ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior y superior. Sin embargo, algunos gobiernos, al ejercer dichos recursos incumplen con la normatividad aplicable, dando paso a diversas irregularidades, como es el caso de Chihuahua durante la actual administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2021-E-08003-19-0607-2022, contenida en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)2 , el Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua recibió subsidios federales del programa presupuestario U006 para ODES en el ejercicio fiscal 2021 por 463 millones 107 mil pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2021, comprometió 447 millones 494 mil pesos. Al 31 de marzo de 2022 el Colegio de Bachilleres pagó a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 424 millones 655 mil pesos de los recursos recibidos, resultando 38 millones 452 mil pesos pendientes de aclaración (más los intereses financieros por 1 millón 325 mil pesos), distribuidos de la siguiente manera:
• 15 millones 613 mil pesos no comprometidos; y
• 22 millones 839 mil pesos no pagados a la Tesofe.
En el transcurso de la auditoría el Colegio de Bachilleres de Chihuahua proporcionó a la ASF la documentación que acredita el reintegro de recursos por 14 millones 270 mil pesos a la Tesofe, con lo que quedaron 25 millones 506 mil pesos pendientes de reintegrar más sus intereses financieros hasta la fecha del reintegro , provocando daño y/o perjuicio a la hacienda pública federal, incumpliendo lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Además, la ASF detectó que el Colegio de Bachilleres de Chihuahua destinó 10 millones 712 mil pesos de los subsidios federales del programa presupuestario U006 para ODE en el ejercicio fiscal de 2021 para el pago de remuneraciones a personal de 24 plazas no autorizadas, en incumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el Anexo de Ejecución que celebraron la Secretaría de Educación Pública, el gobierno de Chihuahua y el Colegio de Bachilleres de Chihuahua, en el Analítico de Servicios Personales, y en el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública.
Durante la auditoría, el Colegio de Bachilleres de Chihuahua remitió información y documentación a la ASF que aclara el pago de las plazas de subdirector de área y, de manera parcial, del jefe de materia por 4 millones 885 mil pesos, quedando pendientes de aclaración 5 millones 827 mil pesos, provocando un daño y perjuicio a la hacienda pública federal.
En virtud de lo anterior, la ASF determinó que el Colegio de Bachilleres de Chihuahua incumplió sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de recursos públicos del programa presupuestario U006, ya que no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información con calidad y congruencia respecto al ejercicio del gasto, dando paso a observaciones y diferencias en el monto pagado al 31 de diciembre del 2021 y provocando un daño a la hacienda pública federal por un importe total de 31 millones 334 mil pesos.
Con el ánimo de fortalecer la cultura de la transparencia y erradicar de forma definitiva la corrupción en las entidades federativas del país, no deben ser tolerados actos administrativos que permitan que el gasto federal sea ejercido de manera irregular. En virtud de ello, resulta imprescindible que el gobierno de Chihuahua aclare a esta Soberanía y a la sociedad los montos pendientes detectados por el órgano fiscalizador y, en caso de ser necesario, se inicien los procedimientos legales correspondientes en contra de las personas servidoras públicas involucradas en el daño patrimonial generado al erario.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora de Chihuahua, ciudadana María Eugenia Campos Galván, a solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 2021 sobre los 31 millones 334 mil pesos pendientes de aclaración por parte del Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a que, de resultar procedente, se inicien los procedimientos legales correspondientes, a efecto de fincar las responsabilidades administrativas, resarcitorias, penales y políticas a que haya lugar por el posible daño patrimonial ocasionado al erario público federal sobre los 31 millones 334 mil pesos pendientes de aclaración por parte del Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua.
Notas
1 Disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
2 Disponible en: https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_simplificados/2021_ficha _GF_a.pdf
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
Rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a realizar las acciones necesarias que garanticen la seguridad de las y los chihuahuenses, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 31 de diciembre de 2022 se desató un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, dando como resultado la fuga de 30 convictos y generando un gran desafío para la localidad, así como una amenaza para la seguridad pública.
El escape de los prisioneros puso en evidencia la escasa habilidad por parte de las autoridades estatales para manejar la situación y que ha generado efectos colaterales, como: el constante temor de la ciudadanía, una mala percepción del estado de Chihuahua en el ámbito internacional y afectaciones para la industria turística de la entidad1 .
El martes 3 de enero de 2023, se dio a conocer a través del Gabinete de Seguridad Estatal que uno de los reos prófugos intento cruzar la frontera hacia Estados Unidos, por lo que se notificó a las autoridades de El Paso, Texas, para que procedieran según el protocolo establecido en ambos lados de la frontera2 . Esto puso en evidencia, frente a nuestros vecinos del norte, la carencia de medios por parte de las autoridades chihuahuenses para mantener la situación bajo control.
Como consecuencia de lo anterior, el gobierno de Canadá emitió una advertencia de viaje a sus ciudadanos para que eviten visitar 14 entidades mexicanas, entre las cuales se encuentra Chihuahua, lo que refleja el grado de preocupación a nivel internacional que ha generado la situación de inseguridad que prevalece en dicho estado3 .
La situación afecta tanto a los ciudadanos como a los negocios locales y a las relaciones con el exterior.
En el Grupo Parlamentario de Morena estamos preocupados por la inseguridad que prevalece en el estado de Chihuahua, por lo tanto, solicitamos con urgencia el reforzamiento de la seguridad, viendo en todo momento por el bienestar de las y los ciudadanos.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora constitucional de Chihuahua, ciudadana María Eugenia Campos Galván, para que realice las acciones necesarias que garanticen la seguridad de las y los chihuahuenses.
Notas
1 https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/juarez/hoteles-de-juarez- tienen-un-dificil-inicio-de-ano-9450675.html
2 https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/04/
reo-que-se-fugo-del-penal-de-ciudad-juarez-fue-captado-intentando-cruzar-hacia-el-paso-texas/
3 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/11/
canada-emite-alerta-de-viaje-a-mexico-pide-evitar-estos-14-estados/
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a implementar medidas adecuadas y oportunas para atender el desplazamiento forzado interno en dicha entidad federativa, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Desde 2006 México se encuentra en una crisis de desplazamiento forzado interno (DFI) de personas, por la que miles de hombres y mujeres se han visto obligados a abandonar sus hogares. Las víctimas de DFI son “quienes de manera individual o colectiva (por ejemplo, familias o grupos de familias) huyen o escapan de su hogar, del lugar donde viven o residen, hacia otra colonia de su mismo municipio, hacia otro municipio de su estado o hacia otro estado del país, para evitar ser víctima de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano; o como resultado, es decir, después de haber sido víctima de estas situaciones”1 .
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) a través de un monitoreo constante, registró en México que, durante el 2020, sucedieron 24 episodios de desplazamiento interno masivo por diversos factores generadores de violencia concentrados en 8 entidades federativas, entre las que destaca el estado de Chihuahua , que ocupó el quinto lugar con 933 personas desplazadas en 2020 , y es de subrayar que cada año el fenómeno aumenta de manera sistemática en diferentes municipios de dicho estado2 .
La violencia en Chihuahua no ha cedido desde la declarada “Guerra contra el Narcotráfico”, por el contrario, se acentuó la presencia de narcotraficantes en regiones del occidente y sur, como la Sierra Tarahumara.
Dicha entidad federativa, que representa 13% del territorio nacional3 , en 2021 concentró seis distintos momentos de desplazamiento forzado, donde se afectó la vida de 1 mil 78 personas de 4 municipios y 13 localidades, debido a la violencia generada por grupos armados organizados4 . Los más afectados fueron los pueblos originarios, ya que su medio rural “es una de las principales zonas de siembra de amapola del Triángulo Dorado”5 .
El medio de comunicación El Economista retomó el Informe Anual de 2021 de la CMDPDH, listando los siguientes episodios de desplazamientos forzados internos en Chihuahua del mes de enero a junio de 20226 :
• Enfrentamientos entre delincuentes de las comunidades de Guadalupe y Calvo, desplazando al menos a 40 familias de Santo Domingo.
• Agresiones y amenazas en San Juan Guacayvo, desplazando a 30 familias pertenecientes al grupo indígena rarámuri.
• Amenazas desplazaron a 45 personas de Uruachi.
• Se desplazaron 22 integrantes de cinco familias de Urique.
• Amenazas obligaron a los habitantes de San José del Rincón, municipio de Guadalupe y Calvo, a refugiarse en la Sierra.
• Se desplazaron en cuatro distintos momentos a habitantes de San Felipe de Jesús, municipio de Valle de Zaragoza.
• Quema de viviendas y despojo de tierra desplazaron a grupos indígenas de Rincón de Alisos y otras localidades de Guadalupe y Calvo.
En otro de los casos, que nuevamente pone en el ojo a las comunidades del Manzano y Monterde del municipio de Uruachi y Guazapares, de Chihuahua, las personas fueron obligadas a dejar su vivienda por líderes del narcotráfico. En dichas comunidades, desde 2014, 120 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno, obteniendo por parte de las autoridades de dicho estado indiferencia y nula respuesta.
Respecto a ese caso, en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó diversas medidas cautelares7 , obteniendo respuestas insuficientes por parte de las autoridades, por lo que las personas desplazadas de manera forzada en el estado, además de vivir las consecuencias de la violencia, se convierten en víctimas de despojo, vulneración y violación de su derecho fundamental a una vida digna.
En mayo de 2022 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno Chihuahua con el objetivo de que atendiera a las comunidades víctimas de desplazamiento forzado, les brindara ayuda humanitaria y avanzara en las investigaciones penales por violencia, así como la reparación del daño.
Las autoridades locales no han concretado una política pública que atienda el Desplazamiento Forzados Interno y, si bien el pasado mes de agosto la gobernadora constitucional de Chihuahua propuso la creación de una mesa de coordinación para desplazados8 , el secretario de Gobierno, tiempo después, informó que apenas se estaba trabajando para atender los casos de las comunidades desplazadas de la Sierra Tarahumara9 .
Posteriormente, se informó que estaban recibiendo apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados10 , pero continúan sin cumplir ni atender de manera adecuada y oportuna a las víctimas del estado.
Es necesario que el gobierno estatal explique su indiferencia ante los agraviados, pues es importante reconocer que las autoridades fallaron en garantizar a las y los chihuahuenses un ambiente seguro que les permitiera desarrollar su vida de manera plena.
La situación en Chihuahua cada día se agrava más, los derechos humanos se vulneran y las víctimas de desplazamiento forzado interno buscan cruzar la frontera desde Ciudad Juárez, con el objetivo de recibir asilo en Estados Unidos de América.
Los resultados que presentó la Encuesta para Caracterizar a la Población en Situación de Desplazamiento Forzado Interno11 del estado, respaldan la debilidad de la atención de las autoridades para proteger y atender de manera integral, adecuada, diferenciada y efectiva a dicha población:
• Se estima que, de las 733 personas desplazadas que completaron la entrevista:
- 62 por ciento fue desplazada entre 2008 a 2021.
- 85.3 por ciento cambió de domicilio en una ocasión por motivos de violencia, mientras que 14.7% se desplazó en más de una ocasión por los mismos motivos.
- 54.4 por ciento son mujeres y 45.6 por ciento son hombres.
- 139 de las 733 personas desplazadas hablan una lengua indígena, los que representan 19 por ciento.
- 184 hogares fueron desplazados.
- Respecto a su fuente de ingresos:
• Antes del desplazamiento, 97.8 por ciento de los hogares desplazados tenía como principal fuente de ingresos los salarios o actividades productivas de las personas integrantes del hogar. Posteriormente, 72.8 por ciento de los hogares desplazados tenía esta fuente de ingresos y 20.2 por ciento ingresos de remesas o apoyo de familiares y amigos en el país.
- De 2008 a enero de 2022, 66.3 por ciento de los desplazamientos ocurridos fueron por haber sido víctima de la delincuencia, y 58.2 por ciento por temor ante el ambiente de violencia e inseguridad.
• Según el municipio de expulsión:
- 109 de 184 de las personas desplazadas pertenecen a 20 municipios, destacando: Guadalupe y Calvo, que concentra 26 personas; Juárez, 20 personas; Chihuahua, 18 personas; Uruachi, 12 personas; Balleza, 8 personas; y Guachochi, 3 personas.
Es fundamental reconocer a nivel local la situación de emergencia en materia de derechos humanos. Además de atender los casos de desplazamiento forzado existentes, se debe reforzar la aplicación de un modelo de atención, prevención y erradicación de la violencia que garantice el pleno desarrollo de los derechos humanos de las y los habitantes más vulnerables en las diversas comunidades de Chihuahua.
De manera paralela a otros procesos, es importante que ante los episodios que han generado un aumento significativo de población desplazada de manera interna por violencia, sus víctimas sean atendidas conforme lo marca la Ley General de Víctimas en el artículo 5 y el enfoque diferencial y especializado 12 :
Esta ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno .
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora constitucional de Chihuahua, para que, en la medida de sus atribuciones y desde un enfoque de pleno respeto a los derechos humanos, implemente medidas adecuadas, oportunas y preventivas para atender el desplazamiento forzado interno en dicha entidad federativa, a fin de garantizar a las y los chihuahuenses una vida digna.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chihuahua, para que, en la medida de sus atribuciones, diseñe e implemente políticas públicas para atender y dar respuesta a las víctimas de desplazamiento forzado interno en la entidad federativa.
Notas
1 Consultar en: https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamien to-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf
2 Consultar en: https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-de-desplazami ento-interno-forzado-en-mexico-informe-2020.pdf
3 Consultar en: https://www.gob.mx/siap/articulos/se-erige-el-estado-de-chihuahua#:~:text=
El%20estado%20de%20Chihuahua%20representa,grande%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Mexicana.
4 Consultar en: https://cmdpdh.org/episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexic o-informe-2021/
5 Consultar en: https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-de-desplazami ento-interno-forzado-en-mexico-informe-2020.pdf
6 Consultar en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-cada-semana-ocurre-a l-menos-un-desplazamiento-en-grupo-por-violencia-20220826-0063.html
7 Consultar en:
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/mc106-15 -es.pdf
8 Consultar en: https://www.omnia.com.mx/noticia/244369/propone-maru-campos-crear-la-co mision-de-desplazamiento-forzado-interno
9 Consultar en: https://laopcion.com.mx/local/
crea-gobierno-mesa-de-coordinacion-para-desplazados-20221021-405288.html
10 Consultar en: https://chihuahua.gob.mx/prensa/unen-esfuerzos-gobierno-estatal-y-acnur -para-atender-problematica-de-desplazamiento-forzado
11 Consultar en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ecadefi/2021/doc/
ecadefi_chih_2021_presentacion_ejecutiva.pdf
12 Consultar en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a abstenerse de hacer manifestaciones públicas a favor o en contra de cualquier candidato a la gubernatura del estado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La consolidación de la democracia en México tiene entre sus objetivos prioritarios garantizar el respeto de la voluntad popular, sin que influya en su decisión el uso de recursos públicos o privados.
Quien tiene a su cargo la administración de los bienes públicos debe hacerlo con imparcialidad, transparencia y honradez, es por ello que el seguimiento, la supervisión y la auditoría del gasto ejercido en el erario es parte toral en la administración pública.
El párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Principios que la Constitución de Coahuila retoma en su artículo 171, al establecer que los recursos económicos que disponga el estado, los municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.
Sin embargo, el gobernador constitucional de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme Solís, incumple con el mandato constitucional, toda vez que el jueves 13 de octubre de 2022, presidió la toma de protesta de la asociación de servidores públicos y ex servidores públicos priistas de Coahuila1 , lo cual se convierte en un acto anticipado de campaña; al promover el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el proceso para la renovación del titular del Poder Ejecutivo de la entidad a celebrarse en el presente 2023.
En ese sentido, es evidente que el gobernador violó los principios de no intervención de servidores públicos en los procesos electorales, vulnerando la equidad en la contienda, hechos que transgreden lo dispuesto en el numeral 5 del artículo sexto del Código Electoral para el estado de Coahuila de Zaragoza, el cual determina que:
“En el caso de la o del titular del poder ejecutivo del estado y las presidencias municipales no podrán participar apoyando a los aspirantes, candidaturas independientes, precandidaturas, candidaturas o partidos políticos debiendo abstenerse de hacer manifestaciones públicas a favor o en contra, desde el inicio del proceso electoral y hasta la conclusión del mismo.”
En el referido evento, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís manifestó que:
“...todos los días trabajo para que el electorado nos ratifique su confianza y el próximo gobernador de Coahuila sea una vez más un militante del PRI. Con este objetivo les pido acciones y medidas muy concretas, la primera que todos acudan a votar, que lleven a sus familiares y amigos también a votar y sé que no tengo que decirles por quién.”2
Lo anterior es un llamado de manera expresa al voto, refiriéndose abiertamente al candidato del PRI Manolo Jiménez, actual secretario de inclusión y desarrollo social del gobierno del estado.
Es de hacer notar que el llamado a votar por el PRI no se puede considerar como un acto dirigido exclusivamente a las y los militantes del partido, ya que se invitó a la prensa a que cubriera el evento convirtiéndose en un mensaje de promoción del voto a favor del PRI para el próximo proceso electoral dirigido a la ciudadanía en general, lo que se acredita con las siguientes notas periodísticas:
El periódico La Voz en su encabezado resaltó las frases de su discurso llamando al voto a favor del PRI: “Todo mi esfuerzo para que gane el PRI”3 , lo mismo fue publicado en el encabezado del diario Zócalo que muestra lo siguiente: “Tengo empeñado todo mi esfuerzo, trabajo, alma y corazón para que gane el PRI en 2023: Riquelme”4 .
En ese sentido, debe tomarse en cuenta que, en el caso del gobernador del estado, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, sus declaraciones y manifestaciones, son reproducidas por la mayoría de los medios de comunicación y ello tiene un impacto significativo en la percepción del electorado.
Es importante resaltar que el impacto que tiene la burocracia en Coahuila en gigantesca, pues de acuerdo con los registros de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la estructura burocrática de la entidad es de 6 mil 2565 servidores públicos, y el gobernador en lugar de fomentar una actuación imparcial en su discurso emitió la siguiente advertencia: “Y deberíamos entender para ser más claro que si estamos aquí es por el PRI y me veo en la necesidad de recalcarlo.”
Lo anterior pone de manifiesto el acto anticipado de campaña del gobernador Miguel Riquelme con la advertencia a las y los servidores públicos para definir la próxima elección de la gubernatura en el estado a favor del PRI.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Coahuila de Zaragoza, a abstenerse de hacer manifestaciones públicas a favor o en contra de cualquier candidato a la gubernatura del estado, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 del Código Electoral para el estado de Coahuila de Zaragoza.
Notas
1 https://www.facebook.com/ASEPPCoahuila/posts/
pfbid0X2SK3QoJNwiSTcfV826q4g2fJVcSmdsFWSWZbt3c3ESK4ApuHvPxr9ckzNZVkUexl
2 https://massinformacion.com.mx/2022/10/25/denuncia-morena-a-mars-ante-i nstituto-electoral/
3 https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/monclova/todo-mi-esfuerzo-para-q ue-gane-el-pri-mars/241735 ).
4 https://www.zocalo.com.mx/tengo-empenado-todo-mi-esfuerzo-trabajo-alma- y-corazon-para-que-gane-el-pri-en-2023-riquelme/
5 http://old.sefircoahuila.gob.mx/PB/Examples/TableTools-2.1.4/Burocrata. asp
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a garantizar que la jornada electoral del próximo 04 de junio de 2023 en la entidad, se lleve a cabo en condiciones seguras, libre de violencia y con pleno respeto a la imparcialidad democrática, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El próximo 4 de junio será una fecha histórica en la que se renovarán las gubernaturas de Coahuila de Zaragoza y el estado de México. En el caso de Coahuila también se definirá la integración de la legislatura estatal. Previo a este ejercicio democrático, se estará llevando a cabo el próximo 19 de febrero la jornada electoral extraordinaria en Tamaulipas para la elección de una senaduría que quedó vacante.
Es importante señalar que tanto Coahuila como el estado de México son territorios considerados como bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que durante décadas han impedido que llegue la alternancia al poder. Coahuila es una entidad en la que la alternancia política no ha llegado al Poder Ejecutivo estatal, es decir, el PRI ha gobernado Coahuila por más de 90 años y su actual gobernador es el priista Miguel Ángel Riquelme Solís.
Coahuila de Zaragoza alberga a 3 millones 146 mil 771 habitantes, lo que representa 2.5 por ciento del total de la población de México1 . Esta entidad federativa cuenta con 2 millones 227 mil 413 ciudadanas y ciudadanos registrados en la lista nominal de electores, es decir, 2.5 por ciento de la lista nominal nacional.
Durante el desarrollo de un proceso electoral existen diversas variantes que hay que tomar en consideración; en el caso particular de México, las elecciones pueden ser vulneradas por la intervención de las organizaciones criminales. Prueba de ello es que en los últimos procesos electorales se ha desatado una ola de violencia en contra de las candidatas y candidatos de diversos partidos políticos.
Coahuila no ha sido la excepción en ser la sede donde se han llevado a cabo actos de violencia durante la jornada electoral, en 2018 Fernando Purón de Johnston2 , candidato a diputado federal por el PRI quien fue asesinado luego de asistir a un debate en el auditorio de la Universidad Autónoma de Coahuila en la ciudad de Piedras Negras. Ese mismo año, se registraron amenazas de muerte en contra de Sonia Villareal Pérez, presidenta municipal de Piedras Negras que buscaba la reelección por el PRI3 .
Se ha vuelto común que en las fechas que abarcan los procesos electorales los índices de violencia aumenten considerablemente. De ahí que, el Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá en marcha un protocolo para prevenir los factores de riesgo en los procesos electorales4 , el cual tiene como objetivo salvaguardar la integridad física de las personas servidoras públicas, así como a la ciudadanía. Además, dicho protocolo implicará la posibilidad de detener una elección en cualquier etapa en la que se encuentre, si se advierten circunstancias que pongan en riesgo su desarrollo.
Lo anterior, es una respuesta derivada del acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo General del INE, al calificar como violenta la elección de 2021 en el estado de Michoacán, en la que se advirtió la presencia de grupos criminales, y que, de acuerdo con los partidos opositores a Morena, debió conducir a la anulación del proceso por la presión a electores y violencia que se presentaba5 .
En el Grupo Parlamentario de Morena estamos comprometidos a garantizar que la voluntad ciudadana para elegir a sus gobernantes sea respetada en todo momento, y a que su decisión sea tomada con libertad, libre de presiones e intimidaciones. Por ello resulta de suma importancia que el gobernador de Coahuila en el ámbito de sus competencias asuma la responsabilidad de asegurar que todo el proceso electoral en la entidad se lleve a cabo en condiciones seguras, libre de intimidaciones, presiones, y actos de violencia que vulneren los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos coahuilenses.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Coahuila de Zaragoza, ciudadano Miguel Ángel Riquelme Solís a que garantice que la jornada electoral del próximo 4 de junio de 2023 en la entidad se lleve a cabo en condiciones seguras, libre de violencia y con pleno respeto a la imparcialidad democrática.
Notas
1 https://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/coah/
default.aspx?tem#:~:text=Coahuila%20de%20Zaragoza&text=Extensi%C3%B3n%3A%20Representa%207.
7%20%25%20del%20territorio,2.5%20%25%20del%20total%20del%20pa%C3%ADs.
2 https://www.lavanguardia.com/internacional/20180612/4571542379/
asesinan-fernando-puron-candidato-mexicano-selfie.html
3 https://www.sdpnoticias.com/local/coahuila/alcaldesa-amenazan-piedras-n egras-muerte.html
4 https://centralelectoral.ine.mx/2022/12/14/
avala-ine-protocolo-para-prevenir-factores-de-riesgo-en-los-procesos-electorales/
5 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/12/19/el-ine-emite-plan-para- atender-focos-rojos-por-crimen-y-violencia-en-comicios
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza, a que, en coordinación con su Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, implementen acciones para evitar el uso de programas sociales, a fin de influir en la decisión del voto de la ciudadanía en las próximas elecciones del 4 de junio de 2023, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de la honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 4 de junio de 2023 se llevarán a cabo elecciones en Coahuila y en el estado de México. En el caso de Coahuila la población elegirá al titular del Ejecutivo federal, así como de los ayuntamientos y diputaciones locales. De acuerdo con el calendario electoral, el periodo de precampañas inicia el 14 de enero y concluye el 12 de febrero de 2023, el 2 de abril inicia el periodo de campañas y concluye el 31 de mayo de 2023, 4 días antes de que se realicen las elecciones.
En este contexto, la Secretaría de Bienestar, en coordinación con autoridades en materia electoral como la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) y el Instituto Nacional Electoral (INE), han implementado el Programa de Blindaje Electoral (PBE), con el objetivo de garantizar la plena observancia de los principios en el desempeño de la función pública y prevenir la comisión de delitos electorales e infracciones administrativas además de fortalecer la cultura democrática y de denuncia, a fin de evitar que las personas servidoras públicas del sector bienestar puedan hacer un mal uso de los programas sociales1 .
Con el blindaje electoral se busca evitar el uso inadecuado de los programas sociales y garantizar el cumplimiento de los principios de imparcialidad y equidad durante los procesos electorales y, sobre todo, salvaguardar los recursos de los programas sociales para no incidir en la decisión del voto de los ciudadanos.
El PBE se implementó porque en los últimos años se ha llevado a cabo la práctica indebida de hacer uso de programas sociales con fines electorales, tal es el caso de diversas irregularidades que han sido denunciadas, como: la “Tarjeta Regia” y “Tu Alcalde Va”, para favorecer la campaña del candidato a gobernador de Nuevo León, ciudadano Adrián de la Garza Santos2 .
De igual manera, existen casos como las tarjetas electrónicas para el apoyo a madres solteras y adultos mayores bajo el nombre “Unidos Contigo”, las cuales son ofrecidas por el ciudadano Francisco Pelayo, adscrito al Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones de gubernatura en Baja California3 celebradas en junio de 2021. Así como, el uso de la tarjeta “Mi monedero Rosa” utilizado en 2017 en Coahuila y cuya práctica fue sancionada por el Instituto Nacional Electoral.
En este tenor y con la finalidad de que los programas sociales no sean utilizados como medios de coacción del voto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló sobre la posibilidad de hacer la entrega anticipada de los recursos de los programas sociales, a fin de que no se interfiera con los procesos electorales y se respete el periodo de veda electoral. Una vez celebrados los comicios, la entrega de los programas sociales a los beneficiarios será reanudado y entregado de forma regular4 .
Lo anterior en concordancia con lo establecido durante la jornada electoral celebrada en 2022 y conforme a los Lineamientos Generales del Programa de Blindaje Electoral del mismo año, los cuales, si bien señalan que durante las campañas electorales los programas sociales no deberán suspenderse, sí establece la posibilidad de recalendarizar la entrega de los programas sociales a los beneficiarios.
Por ello, se considera necesario exhortar al gobierno del estado de Coahuila a no interferir en el proceso democrático, así como a actuar apegado y conforme a la legislación vigente en la materia, así como a que contribuya a erradicar las prácticas que coadyuvan a la constitución de un delito electoral, como pudieran ser la compra y coacción del voto o el uso de programas sociales o servicios u obras púbicas con fines electorales, a fin de favorecer una candidatura, partido político o coalición, entre otros delitos que son señalados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Es de señalar que, a partir de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019 se estableció que, el uso de los programas sociales con fines electorales se considera como un delito grave cuya comisión amerita prisión preventiva oficiosa. Asimismo, la Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla sanciones penales que van desde 200 a 400 días multa, en términos de la legislación aplicable, o prisión de 2 a 9 años.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, ciudadano Miguel Ángel Riquelme Solís, a que, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, implementen acciones para evitar el uso de programas sociales con el fin de influir en la decisión del voto de los ciudadanos en las próximas elecciones del 4 de junio de 2023, así como para evitar el uso de propaganda, bajo cualquier modalidad, que involucre programas sociales que se entregan en la entidad.
Notas
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/732549/Lineamientos_Gene rales_PBE2022.pdf
2 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/23/
comprueban-irregularidades-sobre-el-uso-electoral-de-los-programas-sociales-tarjeta-regia-tu-alcalde-va-468346.html
3 https://www.forbes.com.mx/delgado-denuncia-uso-de-tarjetas-unidos-conti go-en-eleccion-de-bcs/
4 Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferen cia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-5-de-enero -de-2023
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Electoral de Coahuila a ajustar sus disposiciones internas en materia de pago de liquidaciones e indemnizaciones, así como a su Órgano Interno de Control, a investigar la autorización de la liquidación de 1 millón 164 mil 769 pesos a favor de la exconsejera electoral Gabriela Marín de León Farías y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) es un organismo público autónomo responsable de organizar los procesos electorales locales y de promover la participación ciudadana en materia electoral en la entidad. Sin embargo, recientemente fue evidenciado un nuevo caso de corrupción al interior de dicho organismo.
La exconsejera del IEC, Gabriela Marín de León Farías, autorizó más de 1 millón de pesos al aprobar la liquidación de su puesto, que ejerció desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2022. La funcionaria en cuestión, se auto despidió injustificadamente para poderse autorizar una liquidación que ascendió a más de 1 millón 164 mil 769 pesos1
El actual consejero presidente del IEC, Rodrigo Germán Paredes, indicó que fue la misma funcionaria quien determinó su liquidación y monto.
El oficio sobre el auto despido injustificado está fechado el día 2 de noviembre de 2022, con folio T/211006/2022/DEA, mismo que fue revisado y aprobado por la contadora pública Miriam Yolanda Cardona de la Cruz, directora ejecutiva de Administración del IEC, aunque carece de firma que lo valide.
Entre las percepciones incluidas en el finiquito de la funcionaria se encuentran: su sueldo proporcional, vacaciones no tomadas, prima vacacional, una indemnización por 90 días y una indemnización de 20 días por cada año trabajado, así como una prima de antigüedad.
La Junta General Ejecutiva del IEC en el año 2021, aprobó el acuerdo IEC/JGE/015/2021, que determinó el esquema que se aplicaría para liquidar a los empleados.
Dicho acuerdo no fue aprobado por el Consejo General del IEC, de acuerdo con los propios representantes de partido y consejeros que formaban parte del grupo colegiado.
En el considerando décimo de dicho acuerdo los firmantes señalaron que el Código Electoral vigente en Coahuila2 , en su artículo 314 establece que, para el desarrollo de sus funciones, el Instituto (IEC) contará con autonomía jurídica, administrativa, financiera y presupuestal, en los términos que establece la Constitución, el Código y demás disposiciones aplicables.
Asimismo, entre los argumentos aducidos señalaron que el artículo 324, numeral 1, incisos a y c del mismo Código Electoral, establece que los recursos que conforman el patrimonio serán ejercidos en forma directa por los órganos del Instituto, o bien, de quien sea autorizado para ello.
El considerando décimo noveno, cita otro acuerdo de la Junta General Ejecutiva realizado el 26 de agosto de 2019, en el que sus integrantes aprueban el Manual de Percepciones de los Empleados y Funcionarios del Instituto Electoral de Coahuila, que en su artículo 19, faculta a la “Secretaría y la Junta” para que determinen “las liquidaciones correspondientes para los casos en que se extinga la relación laboral del personal y de las y los servidores públicos del Instituto, por causa distinta a la renuncia o al despido”.
Finalmente, el Considerando 20, determina que el pago se hará aplicando un criterio de despido injustificado.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una tesis con registro digital 2737403 , que estableció que en casos como el de la exfuncionaria resulta inoperante la acción de indemnización constitucional y pago de salarios caídos, por la razón de existir el despido, sino simplemente la terminación del contrato de trabajo a tiempo fijo.
Luego que, el Congreso Estatal de Coahuila aprobara la Ley del Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2022, el Consejo General del IEC determinó mediante el acuerdo IEC/CG/157/2021 destinar para el concepto de Reserva de Pago de Liquidaciones e Indemnizaciones la cantidad de 2 millones 883 mil 462 pesos.
Sin embargo, además de haber agotado dicha cantidad en el IEC tuvieron que “echar mano” de una ampliación presupuestal que alcanza un monto de casi el doble de lo destinado inicialmente.
En tal sentido resultan preocupantes estos manejos turbios de recursos al interior del IEC, quienes son los encargados de velar por la legalidad y transparencia de los comicios que se realizan en la entidad, pues no garantizan seguridad jurídica y legitimidad en su actuar.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral de Coahuila para que ajuste sus disposiciones internas en materia de pago de liquidaciones e indemnizaciones a sus funcionarios, a fin de evitar que la terminación de una relación de trabajo sea considerada como despido injustificado, tal como ocurrió con la ex consejera Gabriela Marín de León Farías.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Coahuila a que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue la autorización de la liquidación de 1 millón 164 mil 769 pesos a favor de la ex consejera electoral Gabriela Marín de León Farías, y en su caso, aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios que resulten responsables de las irregularidades detectadas en el proceso de dicha liquidación.
Notas
1 Disponible en: https://mvsnoticias.com/nacional/estados/2023/1/6/denuncian-que-ex-cons ejera-presidenta-del-iec-se-autorizo-liquidacion-millonaria-578756.html
2 Disponible en: https://www.congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa 163.pdf
3 Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/273740
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno municipal de Saltillo a elaborar un informe detallado sobre la estrategia de reactivación económica Echados Pa´delante, Saltillo, así como el padrón de beneficiarios, domicilios registrados, montos y comprobantes de pago de distintos subprogramas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La pandemia provocada por el virus SARS-COV2 (Covid-19) dejó aproximadamente 6.7 millones de decesos a escala mundial, y cerca de 345 mil personas fallecidas en nuestro país1 . Sumado a esto, la Covid-19 dejó estragos económicos incuantificables en la economía nacional e internacional.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Trabajo, la pandemia paralizó a 84 por ciento de la fuerza de trabajo mundial2 , por lo que obligó a los tres órdenes de gobierno en México a diseñar e implementar diversas estrategias de reactivación económica con el propósito de reducir los niveles de desempleo y prevenir una crisis económica mayor.
En ese sentido, el gobierno municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, encabezado en ese entonces por el presidente municipal y quien hoy aspira a ser candidato a la gubernatura del estado, Manolo Jiménez Salinas, presentó en junio de 2020 una estrategia de reactivación económica a la que denominó “Echados Pa´Delante Saltillo”, la cual consistía en una inversión de 150 millones de pesos destinada a reactivar la economía y apoyar a los diferentes sectores de la población que habían sido afectados por la contingencia sanitaria en la capital de la entidad3 .
La estrategia “Echados Pa´Delante Saltillo” estuvo compuesta por 7 ejes o subprogramas: “Jalando Juntos”, “Estamos Contigo”, “Becas, Todos por la Educación”, “Becas de la Salud”, “Aquí hay chamba”, “Créditos pa’Delante” y “Créditos Mujer pa’Delante”, con los que se proyectó apoyar a 58 mil personas beneficiarias4 .
El subprograma “Estamos Contigo” pretendía beneficiar a 30 mil trabajadores del comercio formal e informal y consistía en brindar apoyos sociales, útiles escolares y apoyos alimentarios durante un año.
El subprograma “Becas, Todos por la Educación” consistía en entregar apoyos económicos de entre 1 mil a 3 mil pesos a 11 mil 800 estudiantes de nivel inicial, básico y medio superior; 2 mil 100 estudiantes de hijos o nietos de enfermeras o enfermeros; y a 1 mil estudiantes de nivel superior.
El subprograma “Jalando Juntos” se trataba de un complemento económico al salario del trabajador de microempresas para beneficiar al empleo formal, con el propósito de apoyar a 8 mil beneficiarios con un apoyo de 2 mil pesos mensuales durante 3 meses.
Los “Créditos Pa´delante” consistían en dar créditos por parte de una institución financiera a pequeños comerciantes, autoempleados, microempresas, microindustria y talleres, siendo el gobierno municipal quien cubriría los intereses del crédito. Con este subprograma se pretendía apoyar a más de 2 mil 600 beneficiarios con créditos de entre 5 mil y 250 mil pesos, a 12 meses.
Los créditos “Mujer Pa´delante” eran apoyos a mujeres empresarias donde se darían créditos de entre 2 mil 500 y hasta 6 mil pesos, a 12 meses sin intereses, este subprograma buscaba apoyar a más de mil mujeres.
El subprograma “Aquí Hay Chamba” fue una estrategia de empleo temporal dirigida a personas que perdieron su trabajo por la Covid-19; el propósito fue apoyar con 625 pesos semanales a 2 mil personas con empleo temporal por ocho semanas con una jornada de medio turno, trabajando en sus colonias con limpieza de plazas, arroyos y calles.
No obstante, la entrega y destino de los 150 millones de pesos iniciales para la ejecución de la estrategia “Echados Pa´Delante Saltillo” se realizó bajo la opacidad e irregularidades del gobierno municipal, toda vez que, de acuerdo con una investigación realizada y publicada en septiembre de 2021 por Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, se documentó como el recurso público destinado para apoyar al sector más vulnerable terminó, en su mayoría, en empresas que no justificaron una situación de riesgo dentro de una crisis económica y que en su mayoría eran socios de las cámaras empresariales5 .
Asimismo, dicha investigación reveló como se beneficiaron a empresas que no eran de la localidad, eran proveedoras del ayuntamiento o de organismos públicos descentralizados o eran de algunos personajes políticos o integrantes de las cámaras empresariales.
La investigación en comento menciona como ejemplo que del programa “Jalando Juntos” sólo se justificaron 9 millones 440 mil pesos de los 42 millones etiquetados en este rubro y la población beneficiada fue apenas de 3 mil 492 personas de las 8 mil que se estimaban.
Asimismo, la investigación manifiesta que el gobierno municipal se ha negado a responder solicitudes de información, al no ofrecer las cifras precisas de los apoyos otorgados y no proporcionar los padrones de beneficiarios de dichos programas.
Por último, se relaciona la participación de la organización civil “Apoyaré” que encabeza Paola Rodríguez López, esposa del entonces presidente municipal Manolo Jiménez Salinas, en la distribución de apoyos por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la dependencia de Desarrollo Social de la entidad,
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Saltillo, Coahuila, a que elabore y haga público un informe detallado sobre la estrategia de reactivación económica “Echados pa´Delante Saltillo” en el municipio, derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, así como el padrón de beneficiarios, domicilios registrados, montos y comprobantes de pago de los subprogramas: “Jalando Juntos”, Estamos Contigo, “Becas Todos por la Educación”, “Becas de la Salud”, “Aquí hay chamba”, “Créditos pa’Delante” y “Créditos Mujer pa’Delante”, de dicha Estrategia.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Saltillo, Coahuila, a que informe públicamente cual fue la participación de la asociación “Apoyaré”, encabezada por Paola Rodríguez López, esposa del entonces presidente municipal Manuel Jiménez Salinas, relativo a la entrega de recursos provenientes de los programas de la estrategia de reactivación económica “Echados pa´Delante Saltillo”.
Notas
1 Disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/
2 Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/brie fingnote/wcms_740981.pdf
3 Disponible en:
https://coahuila.gob.mx/agenda/evento/5ee0223960fac0a83f 8b459b
4 Disponible en: https://saltillo.gob.mx/web/echados-pa-delante-saltillo-programa-de-apo yo-a-mipymes-por-150-mdp/
5 Disponible en: https://www.borderhub.org/noticias-especiales/echados-padelante-la-estr ategia-de-rescate-economico-de-saltillo-que-dejo-atras-a-los-mas-afecta dos-por-la-pandemia/
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México, a diseñar e implementar las acciones institucionales necesarias para reducir los altos incidentes de homicidios y feminicidios registrados y reformular la política social implementada por su administración, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Desde 1942 hasta la fecha, el estado de México ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La desigualdad y la ola de violencia han sido dos de las principales problemáticas que durante décadas han sido heredadas entre las administraciones salientes y entrantes de la entidad, convirtiéndose su territorio en el más peligroso y con mayor índice de pobreza registrada a escala nacional.
Prueba de ello, son los datos publicados en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 20221 , mismos que revelan que el estado de México es la entidad federativa con la mayor tasa de prevalencia delictiva del país, reportando 38 mil 253 víctimas en 2021, cifra mayor en 17.7 por ciento respecto a las 32 mil 501 víctimas registradas en 2020.
Aunado a ello, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública2 refiere que de enero a noviembre de 2022 en el Estado de México, se han reportado 3 mil 492 homicidios, lo que sitúa a esta entidad como la que más homicidios presenta en todo el país y una de las que más feminicidios registra.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Evolución de la Política de Desarrollo Social3 ha informado que el estado de México es la entidad federativa con el mayor número de personas en situación de pobreza en el país con un registro total de 8.3 millones de personas.
Asimismo, refiere que el incremento de 2018 a 2020 de las personas en situación de pobreza en el Estado de México fue de 7.8 por ciento, siendo la cuarta entidad federativa con mayor incremento4 .
Además, el Índice de Desarrollo Humano Estatal estimado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo5 posicionan al Estado de México en el puesto 16 de las 32 entidades federativas y por debajo de la media nacional, lo que indica que la calidad de vida de las y los mexiquenses no es la mejor.
Todos estos datos son la evidencia fidedigna de la inexistencia de las políticas públicas sólidas que aseguren a la población mexiquense su seguridad y protección, asimismo refleja la ineficiencia de las políticas públicas estatales en materia de desarrollo social.
De ahí es que resulta indispensable que las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena hagamos un enérgico llamado al gobierno del estado de México para que garantice la seguridad de las y los mexiquenses, así como para que implemente a la brevedad acciones institucionales que permitan dignificar la calidad de vida de las personas más pobres de la entidad.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, ciudadano Alfredo del Mazo Maza para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, diseñe e implemente a la brevedad las acciones institucionales necesarias para reducir los altos incidentes de homicidios y feminicidios registrados en la entidad, a fin de salvaguardar la vida e integridad de la población mexiquense.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, ciudadano Alfredo del Mazo Maza para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, reformule a la brevedad la política social implementada por su administración, a fin de disminuir los altos índices de personas en situación de pobreza registrados en la entidad.
Notas
1 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe202 2_presentacion_nacional.pdf
2 Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYN NQtIAZlVX/view
3 Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx
4 Ibídem.
5 Disponible en: https://www.undp.org/es/mexico/publications/%C3%ADndice-de-desarrollo-h umano-para-las-entidades-federativas-m%C3%A9xico-2015
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a comprometerse públicamente a que ningún funcionario de su administración intervendrá en los próximos comicios a celebrarse en junio de 2023, así como a garantizar el ejercicio transparente de los recursos públicos de la entidad, a fin de evitar desvíos dirigidos a la coacción y compra de votos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La democracia ha evolucionado con el tiempo pues se ha adaptado a los distintos contextos sociales y culturales en el mundo. El término democracia deriva de dos palabras de origen griego: “demos” que significa pueblo, y “kratos” gobierno. Con este principio etimológico podemos definir el concepto de democracia como “el gobierno del pueblo”.
Su significado refleja la idea fundamental de la democracia como un modo de gobierno en el cual todas las personas podemos participar en el proceso de toma de decisiones para generar un bien común.
En el caso de México, luego de su consumación como Nación independiente, el 4 de octubre de 1824 fue promulgada la primera Constitución1 , en la cual se estableció en el artículo 5o. que el país se organizaba como una “república representativa, popular y federal”. Los principios de soberanía nacional, derechos humanos, federalismo, división de poderes y democracia representativa establecidos en la primer Carta Magna siguen vigentes en la Constitución de 1917 que actualmente nos rige.
En la actualidad, las elecciones se regulan por un marco jurídico robusto que ampara el desarrollo de los procesos populares para la elegir a sus representantes bajo la coordinación de un instituto autónomo federal y organismos estatales que deben garantizar su imparcialidad, además de integrar a los órganos colegiados encargados del cumplimiento de las leyes vigentes y sancionar las irregularidades que atenten contra los principios democráticos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 determina en su artículo 26 que “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.”
La ley fundamental prevé en el artículo 41 que: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.”
Aunado a ello, el máximo ordenamiento dispone en el artículo 115 que: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.”
Asimismo, la Ley General en Materia de Delitos Federales3 en su artículo 1 ordena que dicha ley “...es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además, tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.”
El Código Penal Federal4 contiene el “Titulo Vigesimocuarto” en el que se tipifican los Delitos Electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos comprendido por los artículos 401 al 413.
No obstante, a pesar de contar con una legislación sólida en materia de prevención, investigación y sanción de ilícitos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido omiso en evidentes casos de violaciones a la legislación electoral, lo que ha hecho que la mayoría de la ciudadanía haya perdido la confianza en el árbitro electoral.
Los procesos electorales federales encabezados por el INE se han caracterizado por el gasto excesivo de recursos públicos para su ejecución, no obstante, el despilfarro del erario se refleja en los altos salarios y prestaciones de los altos funcionarios del Instituto los cuales son ofensivos para la sociedad en general.
El INE ha sido señalado mediáticamente en diversas ocasiones por amparar acciones ilegales de los viejos partidos políticos como la participación de funcionarios públicos en los procesos electorales, y el empleo de amenazas por parte de quienes gestionan los programas públicos hacia las personas beneficiarias, acarreos y compra de votos.
En el caso particular del estado de México durante las elecciones intermedias efectuadas en 2021, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a través de su titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que hubo 12 detenidos en flagrancia en la entidad por actos que atentan contra el proceso electoral, entre los que destacan la destrucción de documentos y materiales electorales5 .
Además, diversos medios de comunicación informaron el 8 de junio de 2021 que varios manifestantes se concentraron en la junta electoral en el municipio de Coacalco, estado de México6 , denunciando que hubo fraude y diversas irregularidades por parte de la alianza Va X México, entre ellas que se impidió la entrada a los representantes de Morena, argumentando que no aparecían sus nombres en las listas; se sustituyeron a los funcionarios de casilla sin motivo alguno; se agredió a representantes de casilla morenistas y hubo compra de votos, así como intimidación a los electores.
Con estos antecedentes, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a través de la conferencia matutina del día viernes 6 de enero de 20237 recordó que en el proceso electoral de 2021 firmó junto con gobernadores una carta para que se dejara en libertad democrática a los ciudadanos, y ante los próximos comicios, en este año se hará lo mismo para las elecciones que están en puerta en el estado de México y Coahuila de Zaragoza solicitando no utilizar dinero público para beneficiar alguna candidatura.
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, ciudadano Alfredo del Mazo Maza a comprometerse públicamente a que ningún funcionario de su administración intervendrá en los próximos comicios a celebrarse en junio de 2023, así como a garantizar el ejercicio transparente de los recursos públicos de la entidad a fin de evitar desvíos dirigidos a la coacción y compra de votos.
Notas
1 https://www.gob.mx/sedena/documentos/4-de-octubre-de-1824-fue-promulgad a-la-constitucion-federal-de-los-estados-unidos-mexicanos
2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_200521.pdf
4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
5 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/06/politica/76-denuncias-y-12- detenidos-tras-jornada-electoral-fisel/
6 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/08/estados/simpatizantes-de-mo rena-protestan-frente-a-junta-electoral-en-coacalco/
7 https://www.youtube.com/watch?v=YfCx5XmFNpI
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2023.
(Rúbrica.)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE, al IEEM y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar y, en su caso, sancionar la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, así como el uso indebido de recursos públicos para la promoción de la imagen de la ciudadana Alejandra del Moral Vela, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Las elecciones para la renovar la gubernatura del Estado de México se realizarán el día 4 de junio de 2023. El proceso electoral es organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de su Plan Integral y sus calendarios de coordinación.
Estos instrumentos son fundamentales para la planificación de los procesos electorales y la calendarización de las fechas más relevantes para la próxima elección de la gubernatura en el estado de México, como se muestran a continuación:
• Instalación del Consejo Local: del 24 al 27 de octubre de 2022.
• Instalación de los Consejos Distritales: 16 de noviembre de 2022.
• Obtención de apoyo de la ciudadanía a candidaturas independientes para gubernatura y diputaciones: 15 de diciembre de 2022 al 12 de febrero de 2023.
• Inicio del proceso electoral: del 1 al 7 de enero de 2023.
• Instalación de las juntas y los consejos distritales del OPLE: Entre el 8 y el 14 de enero de 2023.
• Precampaña: 14 de enero al 12 de febrero de 2023.
• Resolución para el registro de candidaturas: 2 de abril de 2023.
• Campaña: 3 de abril al 31 de mayo de 2023.1
El 20 de octubre de 2022 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) designó como su precandidata a la gubernatura del estado de México a la ciudadana Alejandra del Moral quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de México, diputada local en el Congreso del estado de México y titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en la misma entidad.
Durante la primera semana de enero de 2023 se han presentado diversas denuncias por parte de la ciudadanía a través de redes sociales respecto a los actos anticipados de campaña presuntamente realizados por la ciudadana Alejandra del Moral Vela, precandidata por el PRI2 .
El pasado 5 de enero de 2023 el Grupo Parlamentario de Morena presentó una denuncia formal ante el IEEM por la instalación de 300 espectaculares y 200 anuncios exteriores en transporte público de la ex secretaria de Desarrollo Social y precandidata del PRI, ciudadana Alejandra del Moral Vela. En dicha querella se estima que el gasto realizado en los actos anticipados de campaña sería de 30 millones de pesos, con lo cual, el PRI ya no podría gastar recursos en precampaña, pues habría superado el tope establecido en la ley3 .
Los espectaculares que promocionan a la precandidata del PRI se encuentran ubicados en diferentes municipios del estado de México, así como en las autopistas México-Toluca, México-Puebla y México-Querétaro.
Los espectaculares que promocionan a la precandidata del PRI simulan la portada de la revista “Mundo Ejecutivo” que materialmente no existe, aunque invitan a la ciudadanía a buscarla y adquirir el ejemplar que nunca encontrarán, pues no se imprimió y no está disponible en el mercado, ni siquiera de manera virtual. Voceadores y expendedores de periódicos y revistas de más de diez municipios recorridos en el estado de México, así como propietarios de puestos instalados en el primer cuadro de la Ciudad de México (frente al Zócalo), desconocieron en todos los casos el ejemplar, y en algunos casos, como el negocio especializado en publicaciones periodísticas Ediciones Muciño, de la capital mexiquense, y los departamentos de revistas de Grupo Sanborns, tanto del centro de la Ciudad de México como de Toluca, confirmaron lo mismo: la revista no existe y no se imprime desde hace más de dos años, al menos.4
Apegándose al calendario electoral, las precampañas para la gubernatura del Estado de México se realizarán del 14 de enero al 12 de febrero de 2023, es decir, los actos de precampaña de Alejandra del Moral han sido anticipados por lo que deben ser investigadas con especial énfasis en el uso de los recursos gestionados para llevarse a cabo.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del estado de México y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, investiguen y, en su caso, sancionen la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, así como el uso indebido de recursos públicos para la promoción de la imagen de la ciudadana Alejandra del Moral Vela, precandidata del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de México.
Notas
1 Instituto Nacional Electoral. “Elecciones locales 2023”. Disponible en: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2023/
2 Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/04/denunciaron-bardas-y- espectaculares-a-favor-de-alejandra-del-moral-en-edomex/
3 Violeta Huerta. “Exige Morena bajar espectaculares y anuncios de Alejandra del Moral”. El Sol de Toluca. Disponible en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/exige-morena-bajar-espectaculare s-y-anuncios-de-del-moral-9425412.html
4 Teresa Montaño. “Alejandra del Moral: propaganda electoral disfrazada de portada de revista”. Proceso. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/1/4/alejandra-del-mora l-propaganda-electoral-disfrazada-de-portada-de-revista-299722.html
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica.)
Con punto de acuerdo, para exhortar al IEEM a informar a esta soberanía sobre la adquisición y el destino de los 8 vehículos para las consejeras y los consejeros electorales de la entidad, así como la procedencia del recurso o partida presupuestaria para su compra, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El día 4 de junio de 2023 se llevará a cabo las elecciones para la gubernatura del estado de México, por lo cual ha dado inicio el proceso electoral y con éste una serie de irregularidades.
Prueba de ello es la propaganda electoral anticipada en favor de la ciudadana Alejandra del Moral, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien se ha promocionado previo a las fechas autorizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el inicio de precampaña a través de anuncios instalados en espectaculares y bardas aparentemente publicitando la portada de una revista1 .
Ante esta situación, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha hecho caso omiso de estos actos ilegales que ponen en riesgo la neutralidad del proceso electoral, incluso hay quienes señalan que el IEEM ha dejado de ser un órgano imparcial, pues su secretario general ejecutivo, así como 6 de los 7 consejeros electorales se han manifestado a favor del PRI2 .
Cabe mencionar que existen diversos señalamientos mediáticos respecto a los estrechos vínculos de la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez con el actual gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, debido a que es esposa de Bernardo Jorge Almaraz Calderón, quien fungió como jefe de la Oficina de Enlace del gobierno mexiquense durante el período comprendido de 2017 a 2020.
Llama la atención que, en el mes de diciembre de 2022, en vísperas de la elección de la gubernatura en la entidad, el IEEM adquiriera 8 camionetas por un monto superior a los 5 millones de pesos las cuales fueron puestas a disposición de los 7 consejeros electorales del Instituto.
Al respecto, la consejera Karina Vaquera Montoya indicó ante medios de comunicación que a las consejeras y los consejeros se les otorga un vehículo como una prestación del cargo, sin embargo, afirmó que resulta una medida insensata e insensible la adquisición de los nuevos vehículos ante la necesidad de órganos electorales más austeros3 .
Por otro lado, la referida consejera mencionó que los nuevos vehículos están reemplazando camionetas fabricadas en 2018 que se encuentran aún en óptimas condiciones pues se les realizaron servicios mecánicos constantes y no se usaron por casi 2 años durante la pandemia.
Además, la consejera señaló que tanto ella como el consejero Francisco Bello Corona rechazaron los nuevos vehículos y mencionó que desconoce la partida presupuestal mediante la cual fueron adquiridos pues no se especifica el origen de los recursos para su adquisición en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2022.
Estos hechos han generado incertidumbre, particularmente respecto al destino de la octava camioneta ya que en total son 7 consejeros electorales, así como del origen de los recursos para la adquisición de las camionetas, toda vez que no estaba previsto en el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2022.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de México a informar a esta soberanía sobre la adquisición y el destino de los 8 vehículos para las consejeras y los consejeros electorales de la entidad, así como la procedencia del recurso o partida presupuestaria para su compra.
Notas
1 Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/04/denunciaron-bardas-y- espectaculares-a-favor-de-alejandra-del-moral-en-edomex/
2 Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/13/edomex-elecciones-sucias -295077.html
3 Disponible en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/adquiere-ieem-camionetas-nuevas- para-consejeros-electorales-9429120.html
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica.)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a informar a esta soberanía sobre las acciones implementadas para frenar la ola de violencia que atraviesa la entidad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En México, desde el año 2006 aumentaron los homicidios dolosos y demás delitos perpetrados por el crimen organizado derivado de la llamada guerra contra el narcotráfico. Este fenómeno se vive con mayor intensidad en diversas entidades federativas, particularmente en el estado de México.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el estado de México se registraron 3 mil 925 homicidios dolosos al cierre de 20221 . El delito de extorsión registró un incremento de 84 por ciento en la entidad, al registrar 3 mil 439 denuncias en 2021 y 4 mil 682 al cierre de 2022.
Por su parte el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) reportó que en 2022 en el estado de México se contabilizó un total de 2 mil 4423 personas desaparecidas. Los municipios con más registros fueron Ecatepec (276), Toluca (170), Nezahualcóyotl (114), Naucalpan (111) y Tlanepantla (90); asimismo, la entidad encabeza la lista de feminicidios con 131 cometidos durante 2022 siendo Ecatepec nuevamente el municipio que encabeza la lista de mayor incidencia.
No hay que perder de vista que, debido a la gravedad de la violencia de género, el estado de México tiene dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). La primera se encuentra vigente desde 2015, no obstante, se declaró sólo para once municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. La segunda AVGM tiene como objetivo mitigar la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, la cual fue activada en 2019 y aplica para siete municipios: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.
Además, al 10 de enero del 2023, el estado de México ha presentado un total de 66 homicidios dolosos, de acuerdo con los datos reportados por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa y de Marina, así como la Fiscalía General de la República4 . Asimismo, en el último trimestre se registraron un total de 242 mil 538 casos de robo de vehículos5 , cifra que pone a la entidad en el primer lugar a escala nacional.
Otro delito con alto índice en el estado de México es el secuestro, cerrando 2022 con un total reportado de 112 casos, cabe mencionar que existe una cifra negra que no se calcula, debido a la desconfianza que las víctimas le tienen a las instituciones de justicia estatal. De acuerdo con datos de la propia entidad6 , en noviembre de 2022 se registraron 1 mil 756 casos de robo a negocios; 813 denuncias por robo a casa habitación; 257 casos de violación y 2 mil 303 de investigaciones por violencia familiar.
Los datos son contundentes, el estado de México atraviesa una grave crisis en materia de inseguridad y todo apunta a que no existe un esfuerzo real por parte del gobierno estatal para atender, no sólo las consecuencias, sino también las causas que la originan.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, ciudadano Alfredo del Mazo Maza, para que informe a esta soberanía sobre las acciones implementadas para frenar la ola de violencia que atraviesa la entidad.
Notas
1 Víctimas de Delitos del Fuero Común 2022, (en línea), dirección URL: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/victimas-nueva-metodolog ia?state=published
2 Ibídem.
3 Registro Nacional de Personas Desaparecidas, (en línea), dirección URL:
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
4 Homicidios dolosos, (en línea), dirección URL: http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/
5 Robo de autos, (en línea), dirección URL: http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/
6 Semáforo Delictivo, estado de México, (en línea), dirección URL: http://edomex.semaforo.com.mx/
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2023.
(Rúbrica.)
Excitativas
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, para que emitan el dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar a la federación para la extracción de piedra caliza, suscrita por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe Víctor Oswaldo Fuentes Solís, senador por el estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos; y 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente excitativa a las comisiones dictaminadoras respecto del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de yacimientos de piedra caliza, lo anterior al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Con el fin de salvaguardar la integridad del medio ambiente y por consiguiente la salud de los ciudadanos en aras de controlar la cantidad de emisiones resultantes de la extracción de piedra caliza y resarciendo los daños causados por la misma, presenté ante esta soberanía con fecha de 27 de marzo de 2019 una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de otorgar facultades a la Federación para la extracción de piedra caliza, la referida propuesta legislativa fue turnada, por conducto de la Mesa Directiva de este recinto, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda.
Con fecha 10 de diciembre de 2019 la Comisión de Puntos Constitucionales en su reunión extraordinaria tuvo a bien en aprobar el dictamen correspondiente.
Posteriormente en reunión extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2020, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda tuvo a bien en aprobar el referido documento legislativo.
Con fecha 5 de octubre de 2021, la Comisión de Estudios Legislativos remitió el trámite legislativo a la Comisión coordinadora de Puntos Constitucionales mediante oficio No. LXV/CELS/07/2021, para sus efectos de inscripción ante la Mesa Directiva a su digno cargo.
Ante esta atípica situación que guarda este expediente legislativo al no ser remitido por conducto de la Comisión coordinadora de Puntos Constitucionales a la Mesa Directiva de este Senado de la República, el pasado 14 de diciembre de 2021 remití un oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva informándole el estatus que guarda la propuesta de marras.
En dicha misiva le participé que, a pesar de haber sido aprobada por los integrantes de las dictaminadoras, la Comisión coordinadora de Puntos Constitucionales ha sido omisa al no remitir el referido documento para su debida inscripción ante la Mesa Directiva, además, le solicité con debido respeto que se excitara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda a efectos de que el citado documento continúe su trámite y surta los efectos a que haya lugar.
En fecha 20 de diciembre de 2022, la secretaría técnica de la Mesa Directiva tuvo a bien en remitir el oficio LXV/ST/OSC/00790/2021 solicitando a la Comisión coordinadora de Puntos Constitucionales a informar sobre las causas de la omisión:
“se le solicita tenga a bien informar a este órgano de gobierno, las causas por las cuales el dictamen de referencia no ha sido remitido, o bien informe la imposibilidad que tiene para hacerlo.”
Lo anterior, sin que al momento de la redacción de este documento legislativo de fecha 18 de enero del 2023, se tenga conocimiento del pronunciamiento que al respecto haya emitido la Comisión de Puntos Constitucionales en respuesta a la solicitud.
Por lo que con la finalidad de que México pueda contar con las adecuaciones legales para salvaguardar le integridad del medio ambiente y la salud de los ciudadanos que son afectados diariamente por la cantidad de emisiones resultantes de la extracción de piedra caliza.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a usted, senador Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, lo siguiente:
Único. Le solicito respetuosamente excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda para que presente ante la Mesa Directiva de este Senado de la República, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en sentido positivo, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar a la federación para la extracción de piedra caliza para sus efectos a que haya lugar.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2023.
Atentamente,
Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica)
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