Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6187-III, jueves 5 de enero de 2023
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la Conade a cubrir los pagos de becas otorgadas a los entrenadores y auxiliares que trabajan directamente con atletas de alto rendimiento, suscrita por la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Catalina Díaz Vilchis, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que las y los entrenadores, así como los auxiliares, llevan a cabo un trabajo consistente en la preparación físico atlética diaria, de los deportistas con discapacidad de alto rendimiento, que representan al país en diversos campeonatos internacionales y que han cumplido con cabalidad el entrenamiento necesario.
No queriendo omitir, ni restar importancia, se mencionarán solo algunos eventos del rendimiento que se han obtenido, gracias al entrenamiento y participaciones en competencias internacionales en este año 2022 y se exponen los siguientes resultados de algunas selecciones mexicanas:
• Abierto Internacional de powerlifting Guadalajara 2022, logrando 11 preseas de oro, 6 de plata y 6 de bronce.
• Serie Mundial de Natación, logrando 9 preseas de oro, 10 de plata y 9 de bronce
• Campeonato Mundial de Natación Madeira Portugal, logrando 6 preseas de oro, 6 de plata y 13 de bronce.
• Abierto Panamericano de Powerlifting St. Louis 2022, obteniendo 3 preseas de oro, 3 de plata y 2 de bronce.
• Campeonato Brasileiro Inter Clubes Para Remo, donde se obtuvo una presea de Oro, Entre otros resultados.
• Copa Mundial de Remo Belgrado, Serbia, donde se obtuvieron una presea de plata y un 4 lugar.
Motivación :
Ante esta Honorable Cámara de Diputados, han realizado la solicitud de intervención para que los entrenadores y auxiliares de atletas con discapacidad de alto rendimiento, que han trabajado dentro de las exigencias establecidas por la CONADE y que han logrado resultado importantes para nuestro país, sean apoyados para la preservación de sus derechos humanos, y se manifiestan preocupados, porque hace poco les hicieron el pago de cuatro meses, quedando ocho meses de adeudo pendiente correspondiente al año 2022, y con la expectativa que “posiblemente” les paguen solo dos meses más.
Tomando en cuenta que los cuerpos multi disciplinarios que son parte del equipo de algunos deportistas con discapacidad en diversas especialidades deportivas, que están integrados por psicólogos, médicos, fisiatras, nutriólogos, donde todos acceden a “becas deportivas” por el trabajo realizado y resultados obtenidos, los entrenadores y auxiliares que son la parte vital para el logro de resultados, consideramos que no existe alguna causa para que algunos, sí reciban sus apoyos y otros no.
Hacemos un llamado respetuoso a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), encargada de la promoción y el fomento del deporte y la cultura física para cubrir los pagos correspondientes por el trabajo que llevaron a cabo los entrenadores y auxiliares, ya que concluye el año fiscal 2022 y existe el temor fundado de que omitan con dicho compromiso.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública, y a la CONADE en el marco de sus competencias a fin de cumplimentar la obligación de cubrir los pagos de becas otorgadas a los entrenadores y auxiliares que trabajan directamente con atletas con discapacidad de alto rendimiento.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Diputada Catalina Diaz Vilchis (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a emitir un informe sobre las reparaciones que ha tenido la Línea 12 del STC, así como la obtención de un certificado que garantice dichas reparaciones y su buen funcionamiento, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a emitir un informe sobre las reparaciones que ha tenido la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), así como la obtención de un certificado que garantice dichas reparaciones y su buen funcionamiento, conforme a los siguientes
Antecedentes
I. El 3 de mayo de 2021, alrededor de las 22:30 horas, se desplomó la estructura de la Línea 12 del Metro mientras pasaba un convoy con usuarios en el tramo elevado entre las estaciones “Olivos” y “Tezonco”, dando como resultado la muerte de 27 personas y casi 100 hospitalizadas.
II. Como parte de las investigaciones para determinar lo sucedido en el desplome, el 7 de septiembre del 2021, la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) entregó un dictamen final respecto a los peritajes realizados, mismo que tuvo un costo de 26 millones de pesos, concluyendo lo siguiente:
“Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta”.
III. Aunque se descartó que el sismo del año 2017 afectara directamente a la estructura, dado que el peso de los trenes ya la había dañado severamente, se podría tomar como una causa secundaria.
IV. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó el inicio de las indagatorias correspondientes, sumando la información emitida por la empresa DNV. Sin embargo, a más de un año, solo se menciona la imputación contra 10 personas físicas y morales por el desplome en comento, lo cual, en hechos concretos, no hay un solo responsable.
V. Asimismo, como resultado del peritaje final, donde se precisaba que el colapso ocurrió por la falta de pernos y mantenimiento, así como la detección de grietas en estructuras y soldaduras ineficientes, se suscitó una controversia donde en agosto del 2022, se convino terminar el contrato de colaboración entre el Gobierno de la CDMX y la empresa DNV.
VI. La falta de mantenimiento en el Metro ha sido un problema constante, generando múltiples accidentes, pues tan solo en el año 2020, de acuerdo al “informe de las características significativas del estado en que se encuentran los activos del STC”, se realizaron apenas poco más de la mitad de los programas de mantenimiento para el Metro, es decir de las 483,774 programadas se realizaron solo 262,989 tareas de manteniendo.
VII. El hecho de que aún no hay claridad en las responsabilidades y sanciones, tanto del desplome como de la serie de irregularidades que estuvieron latentes a lo largo de 14 años, desde que inició la construcción de la Línea 12, da como resultado una severa incertidumbre para los usuarios que día a día ocupan el metro como su medio principal de traslado para ir a sus trabajos y regresar a sus hogares con sus familias.
VIII. La jefa de gobierno de la CDMX informó que se han realizado las rehabilitaciones correspondientes, así como pruebas para que el tramo subterráneo (Atlalilco-Mixcoac) pueda funcionar con normalidad a partir del 15 de enero del 2023, siendo alrededor del primer semestre cuando entre en operaciones el tramo elevado.
IX. Por lo antes referido, es necesario dar certidumbre respecto a los trabajos realizados por parte de los gobiernos, en especial por el gobierno de la Ciudad de México, donde confluyen grandes proyectos estructurales. Por ello, no basta con que se informe que la Línea 12 ha quedado rehabilitada, sino que se requiere un informe pormenorizado de las atenciones que ha recibido la estructura de esta línea de metro acompañado de un informe de una empresa privada con autonomía e imparcialidad que certifique las reparaciones realizadas y el buen funcionamiento del metro.
Considerandos
I.- El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.
II.- Conforme al artículo 4 párrafo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
III.- Conforme al artículo 13, apartado E, Derecho a la Movilidad, de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.
IV.- Conforme al artículo 16, apartado H, Movilidad y Accesibilidad, de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad, a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.
V.- Conforme al artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la ley ...
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el siguiente resolutivo:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Gobierno de la Ciudad de México para que emita un informe público respecto a los trabajos de rehabilitación realizados a la Línea 12 del Metro, donde especifique la atención a cada una de las fallas encontradas y que derivaron en el colapso del 3 de mayo del 2021.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Gobierno de la Ciudad de México para que contrate a una empresa privada que certifique e informe públicamente con autonomía e imparcialidad, las reparaciones realizadas y el buen funcionamiento de cada estructura y vagón de la Línea 12 del Metro.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía del estado de Jalisco y al Poder Judicial local, a que todas sus actuaciones, investigaciones y resoluciones relacionadas con denuncias de hostigamiento, acoso o abuso sexual se realicen de manera exhaustiva y con perspectiva de género, con la finalidad de garantizar a las víctimas un proceso que salvaguarde su integridad y el debido proceso, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Recientemente diversos medios de información, organizaciones y colectivos en defensa de los derechos de las mujeres han exigido la libertad de la ciudadana Laura Lucia Bervera Rivera quien fue detenida después de denunciar el 24 enero del 2022 al Director General de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), por hostigamiento, acoso y abuso sexual ante la Unidad para la Investigación de Delitos en contra de las Mujeres y en Razón de Género de la Fiscalía del Estado de Jalisco1 y a quien se le señala tener vínculos con el gobierno del Estado.
De conformidad con los medios de información, después de que la Laura Lucia Bervera realizará la denuncia por acoso sexual, ésta no fue atendida, sin embargo, el 28 septiembre de 2022, 8 meses después de que denunciara a su agresor y superior jerárquico en la empresa donde ella laboraba, se le acusó por el delito de administración fraudulenta y fraude genérico dentro de la misma empresa, es decir, de haber otorgado créditos de manera irregular; sin embargo, dentro del testimonio de la misma víctima se ha explicado que esto es imposible, ya que el manual de procedimientos de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), establece que la única figura que puede hacer estos procedimientos es el Comité de Créditos.2
Lamentablemente se ha destacado que, dentro de la detención de Laura por supuesto delito, no se ha respetado su debido proceso como víctima de violencia por parte de las instituciones que debían garantizar su acceso a la justicia, así como su seguridad como víctima de violencia de género. Pues de acuerdo con información del colectivo Fortaleza el operativo de la Fiscalía del Estado de Jalisco se realizó con exceso de violencia sin exhibir una orden de aprehensión acusada sorpresivamente de administración fraudulenta y fraude genérico.1 Declarando Laura que se le ha “Violado la impa3cialidad de la impartición de justicia y que ha sido discriminada por su condición de mujer, al evitar el acceso a una justicia expedita”.1
Narrando que desde el inicio comenzaron fallas en su proceso con tratos crueles, relatando que “Ninguna p4rsona en condición de ciudadanía recibe este tipo de tratos si no es porque existe una orden directa para realizarlos, es decir, la cadena de mando es la que determina dichas acciones”. Encontrando que dentro de las acciones realizadas por Laura, denunció en una carta dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que fue obligada a desvestirse sin una explicación dentro de la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito I; que se le negó el acceso a recibir atención médica tras sufrir un desmayo, producto de no haber recibido agua o alimento durante más de 14 horas posteriores a su detención; de no haber sido informada en tiempo de los delitos que se le imputan; de no tener acceso a una representación legal oportuna; así como de otras violaciones.5
En este sentido, Denisse Montiel, Codirectora del Centro para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización defensora de los derechos humanos de personas víctimas de tortura y desaparición en Jalisco, explicó que lo sucedido a Laura Lucía deja en evidencia “la institucionalización de la violencia” dentro de los procesos de investigación e, incluso, de fabricación de culpables que prevalecen en las dependencias de procuración de justicia y seguridad pública del Estado.6
Encontrando que diversos colectivos y organizaciones han compartido sus posicionamientos en el que se exige la libertad de Laura, tales como el Comité de América y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) quienes han manifestado su “indignación y rechazo ante la suma de violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Laura Lucía, mujer que tras denunciar por hostigamiento y acoso sexual al director general de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), fue privada de su libertad señalada de cometer fraude dentro de la misma empresa”, compartiendo en voz de Dalia Souza “Externamos nuestra indignación y rechazo en contra de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de Laura Lucía, quien pasó de ser víctima de acoso sexual a estar privada de la libertad en el Reclusorio Femenil del Estado, por el abuso del poder de la persona a la que denunció y sus influencias”7
De igual forma, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), a través de su presidenta nacional, Sofía Pérez Gasque emitió un pronunciamiento para exigir a las autoridades jaliscienses garantías en el caso de Laura, quien denunció acoso sexual de un superior en la empresa Operadora de Servicios Mega, y fue puesta en prisión, donde ha sufrido actos de tortura, pidiendo claridad en los procesos legales entorno.1
Estan8o actualmente Laura detenida en Jalisco, sin posibilidad de llevar su proceso en libertad, pues de acuerdo con El Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos Humanos, el juez negó esta medida, debido a que existe un riesgo de fuga. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía del Estado de Jalisco; así como, al Poder Judicial de dicho estado, para que todas sus actuaciones, investigaciones y resoluciones relacionadas con denuncias de hostigamiento, acoso o abuso sexual se realicen de manera exhaustiva, con perspectiva de género y atendiendo en todo momento las disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y los protocolos de actuación en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres, niñas y de género, con la finalidad de garantizar a las víctimas un proceso que salvaguarde su integridad y el debido proceso, evitando que éstas sean objeto de denuncias posteriores realizadas por sus agresores y con ello se vulneren sus derechos.
Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que atraiga el caso de Laura Lucia Bervera Rivera y revise la violación a sus derechos humanos y al debido proceso cometidas por las autoridades del estado de Jalisco, por realizar la denuncia de acoso sexual en contra de su superior jerárquico en la empresa donde laboraba y se revisen las omisiones de las autoridades de llevar a cabo las medidas precautorias previstas en la ley en caso de que se realicen denuncias de acoso y abuso sexual por parte de las mujeres.
Notas:
1 Laura fue privada de su libertad tras denunciar a su agresor. Obtenido de: https://www.zonadocs.mx/2022/12/11/laura-fue-privada-de-su-libertad-tra s-denunciar-a-su-agresor/
2 Ibid.
3 Pronunciamiento en el caso de Laura, denunció hostigamiento sexual. Obtenido de: https://twitter.com/fortalezamh/status/1602490774142197760?ref_src=twsr c%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1602490774142197760%7Ctwgr%5E4 2eafaf7d03959ae1b5cd003d9eeae908448f3ed%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https %3A%2F%2Fwww.milenio.com%2Fpolitica%2Fcomunidad%2Flaura-lucia-jalisco-o rganizaciones-piden-libertad
4 Op cit. https://www.zonadocs.mx/2022/12/11/laura-fue-privada-de-su-libertad-tra s-denunciar-a-su-agresor/
5 Feministas exigen #LibertadParaLaura mujer privada de la libertad tras denunciar a su agresor. Obtenido de: https://vocesfeministas.mx/feministas-exigen-libertadparalaura-mujer-pr ivada-de-la-libertad-tras-denunciar-a-su-agresor/
6 Pronunciamiento Cladem Jalisco, caso Laura Lucía Rivera. Obtenido de: https://twitter.com/clademjal/status/1602745902820515841?cxt=HHwWgoCjrY W6jL4sAAAA
7 Ibid.
8 Mujeres empresarias exigen proceso imparcial para Laura. Obtenido de: https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=191498
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 3 de enero de 2023.
Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a imponer sanciones a las empresas proveedoras de Capufe por incumplimiento de contrato, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Décimo Cuarto de las Reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el Primer Receso del Segundo Año de la LXV Legislatura, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a imponer sanciones a las empresas proveedoras de Capufe por incumplimiento de contrato, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Caminos y Puentes Federales (Capufe) es la encargada de dar el servicio de los puentes y carreteras de México, permitiendo que sean seguras y de calidad, servicio que se da por el pago de las cuotas en casetas de peajes, esta entidad se encuentra a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Existen funcionarios que siguen realizando malas prácticas dentro del servicio público, tal es el caso que se dio a conocer el pasado mes de diciembre dentro de Capufe el Órgano Interno de Control encontró contratos con tres compañías que prestan servicios que presentan incumplimientos como renovación de equipos de peaje y plazas de cobro con sobreprecios y pagos indebidos y que aun así se firmó un convenio modificatorio con las tres compañías: Proyectos y Sistemas Informáticos, SA de CV, Actica, S de RL de CV y Aystel Telecomunicaciones, SA de CV, la modificación amplía los plazos de entrega sin justificar el por qué, perdonando los atrasos y ampliando el contrato.
Me refiero como tal al contrato 4500026743, que se firmó en octubre del 2017, por la cantidad de $1,249,728,509.48 para la “adquisición de Equipos de Peaje e Informáticos para Plazas de Cobro, Centros Locales de Control, Centros Liquidación Regional, Fibra Óptica y Equipos ITS y los Servicios de Instalación, puesta a punto y Capacitación para el Eje Carretero México-Irapuato, lo cuales debían de cumplir con el plazo de entrega al 31 de diciembre del 2018, y los cuales no fueron sancionados por incumplimiento.
Recordemos que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 uno de los Ejes transversales es el combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, que busca garantizar la eficiencia de la administración pública, lo cual no coincide con la decisión tomada de haber ampliado lo contratos con estas tres compañías dentro de Capufe, y el haber tomado la decisión de no sancionar a las empresas cuando fue claro un incumplimiento en la auditoria que se realizó a la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Operación y Delegación Regional III, Zona Centro Norte, a la clave de programa Clave 210 Adquisición para la Renovación de los Equipos de Peaje e informáticos para Plaza de Cobro, Centros Locales de Control, (CLC), Centros Liquidación Regional (CLR), Fibra Óptica y Equipos ITS, y los Servicios de Instalación, Puesta a Punto y Capacitación para el Eje Carretero México-Irapuato, por parte del Órgano Interno de Control de Capufe que se encuentra a cargo de la Secretaria de la Función Pública (SFP) de 2019.
Dentro de las observaciones dadas por el Órgano Interno de Control se hace mención de lo siguiente:
“1. Formalización improcedente del Convenio Modificatorio Número 5500008777 y modificación indebida a los plazos máximos para la conclusión de la prestación de los servicios del Contrato 4500026743.
2. Proyecto con atraso durante 15 meses de ejecución: Servidores Público omitieron aplicar las penas convencionales correspondientes por $124,972,850.95.
3. Pagos indebidos de sobreprecios por $22,618,155.99, integrado por Fibra Óptica y equipos de CLC, conceptos pagados no considerados en el contrato $9,528,573.88 y facturas pendientes de pago con sobreprecio por $23,199,763.88.
4. Equipos de cómputo, telefonía, mobiliario, dispositivos ITS y equipos de control de tránsito en carriles sin operar, equipos de control de tránsito pendientes de instalar y licenciamiento de Software pendiente de entrega a Capufe.
5. Pago indebido de $229,632.00 por concepto de Servicios de Mantenimiento Preventivo durante el periodo de acompañamiento (sin costo) a equipos de peaje instalados en Oficinas Administrativas y Carriles Modernizados, en el tramo carretero México-Irapuato.
6. Adjudicación indebida y pago de $44.9 mdp por supervisión, verificación y gestión del Proyecto por 5 meses, a la Empresa Conip, Contratista, SA de CV, debiendo ser desechada su Proposición Técnica y declarar desierta la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-009J0U001-E76-2018.
Como bien podemos observar las anomalías presentadas para este contrato son varias, además del incumplimiento por parte de las empresas también existe omisión por parte de los servidores públicos a cargo de realizar estas contrataciones y modificaciones afectando el presupuesto de la dependencia que representan.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a penalizar a las empresas que incumplieron con el contrato 4500026743 de Capufe.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a sancionar a los servidores públicos de Capufe que omitieron la penalización del contrato 4500026743, así como a los que firmaron el convenio modificatorio de ampliación.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a realizar una investigación en contra de los servidores públicos de Capufe que firmaron contrato y convenio modificatorio con las empresas Proyectos y Sistemas Informáticos, SA de CV, Actica, S de RL de CV, y Aystel Telecomunicaciones, SA de CV.
Bibliografía
- Página Oficial de Capufe. https://www.gob.mx/capufe
- Página Oficial de la Secretaria de la Función Pública https://www.gob.mx/sfp/que-hacemos
- Alatriste, Alejandro (2022) Capufe entregó contrato ventajoso a empresas que incumplieron. EmeEquis. Recuperado de: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/capufe-entrego-contrato-ventajos o-a-empresas-que-incumplieron?utm_source=twitter&utm_medium=capufe&utm_id=investigaciones
- OIC (2019), Auditoría 9 en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Secretaria de la Función Pública
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al Senado de la República a establecer mesas de trabajo en conjunto con la academia, sociedad civil y personas expertas, a fin de analizar, evaluar y corregir la vigente estrategia nacional de seguridad pública, a cargo del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano , con fundamento en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, así como al Senado de la República, a establecer mesas de trabajo en conjunto con la academia, sociedad civil y personas expertas en seguridad pública y ciudadana con el fin de analizar evaluar y corregir la vigente Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Exposición de Motivos
I. Desde hace cerca de 15 años, México ha vivido niveles de violencia sin precedentes sin que la situación del país sea atendida a través de políticas públicas integrales basadas en una visión social, con perspectiva de género, de reinserción y legalización de las drogas que atiendan las causas genéricas de la inseguridad y violencia en el país.
En este sentido, el artículo 69 de la Constitución mandata al Ejecutivo federal a presentar ante la Cámara de Senadores la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP), así como a informar anualmente sobre el estado que guarden los avances en materia de seguridad pública, estableciendo así una nueva corresponsabilidad entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en una de las principales funciones que está cargo del Estado: la seguridad pública.
Por tanto, el 16 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República.1 La ENSP establece las acciones específicas que el Gobierno Federal dirigirá hacia la estructuración de un nuevo paradigma en materia de seguridad para el periodo 2019-2024.
Para el presente sexenio, el Ejecutivo federal planteó de inicio cambios profundos al modelo policial, la prevención del delito, la focalización de la seguridad en regiones, nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad, la estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos entre otros, pese a esto, a cuatro años de implementación, los resultados no se sostienen por sí mismos.
II. Los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Ejecutivo federal2 presentados dentro de su Tercer Informe se encuentran lejos de ser una política de seguridad pública articulada y operante en los términos que prevé la Constitución y demás tratados internacionales en materia de seguridad pública.
En primer lugar, porque el planteamiento actual de la Estrategia no ha logrado reducir los índices delictivos más preocupantes a nivel nacional. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,3 la presente administración suma 121 mil 655 asesinatos, lo que incluye 118 mil 192 homicidios dolosos y 3 mil 463 feminicidios, para una tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes que ha aumentado en 70.5 por ciento durante los últimos 6 años. Tan solo mayo de 2022 fue el mes más violento de lo que va del año con 2 mil 833 homicidios dolosos, sobrepasando los asesinatos ocurridos en marzo de 2022, cuando se registraron 2 mil 657 homicidios dolosos; estos datos representan un alza del 17.5 por ciento a tasa mensual y un promedio de 2 mil 896 personas asesinadas cada mes durante el presente sexenio. La presente administración que concluye en 2024 será indudablemente el sexenio más violento de la historia moderna del país.
De igual forma, si se comparan los primeros 40 meses de gobierno de los tres sexenios anteriores, durante la presente administración el número de homicidios dolosos se elevó en más de un 60 por ciento a diferencia del periodo 2012-2018, y en más del doble en comparación con el sexenio de 2006-2012, lo que nos habla de una Estrategia de Seguridad pública que no ha logrado disminuir la tasa de homicidios ni atender sus causas estructurales.
En conjunto, las cifras demuestran que los niveles de violencia en el país se mantienen altos, a pesar de que desde el inicio de la presente administración, e incluso antes, el presidente de la república prometió pacificar el país con un nuevo paradigma de seguridad.
Por otro lado, dentro del Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública no se reportan avances sustanciales en términos de la implementación del nuevo modelo policial. Es preciso recordar que dentro de la ENSP se enuncia la importancia de desarrollar e invertir en las policías municipales, dada su proximidad social y conocimiento del territorio, por el contrario entre el 1 de diciembre de 2018 hasta el 19 de mayo de 2022 se han registrado por lo menos 1 mil 555 policías asesinados en México, lo que demuestra que el riesgo de ser policía en este país ha aumentado de manera considerable sin que se homologuen el riesgo con mejores prestaciones laborales y de seguridad social.
En ese contexto, los avances presentados de la ENSP están lejos de representar progresos en materia de capacitación, aumento del estado de fuerza o incluso en materia de acortar las brechas salariales de las y los policías del país. De igual forma, se sigue observando la precariedad de las policías locales, solo en 15 de las 32 entidades federativas se cumple con la meta de remunerar adecuadamente las labores policiales. En materia de capacitación, el Tercer Informe reporta un avance en la emisión de Certificados Únicos Policiales, del 31 por ciento a nivel federal, a nivel estatal del 82 por ciento y a nivel municipal del 77 por ciento de elementos certificados.
En términos de acciones afirmativas y de la política de reinserción social, la política de amnistía se muestra como un fracaso procesal e institucional, de las 2 mil 221 solicitudes que se tienen registradas, solo 38 recibieron el beneficio de la amnistía. De igual forma, el sistema penitenciario y la política de reinserción no han logrado distanciarse de las directrices de administraciones pasadas: el 44 por ciento de las personas privadas de su libertad se encuentra recluida sin sentencia alguna (3 por ciento más que en 2019).
La política de combate a las drogas del gobierno federal se ha mantenido muy lejos de la prevención y disminución del consumo de las drogas, tal y como se estableció en el ENSP aprobado, enfocándose en los decomisos. A su vez, las acciones reportadas versan sobre campañas en medios de comunicación y redes sociales, sin reportar los avances sustantivos en la prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
De acuerdo con el Informe, la Guardia Nacional (GN) se sigue mostrando como unos de los principales pilares de la estrategia de seguridad del actual gobierno, sin embargo, la información proporcionada es insuficiente para analizar a profundidad los efectos de su despliegue y de su rol como nueva corporación de seguridad federal. Pese a esta carencia de información y publicidad de los datos, es posible concluir que, en materia de capacitación y profesionalización, los avances resultan más que insuficientes.
En materia de emisión de Certificados Únicos Policiales, de sus 113 mil elementos la Guardia Nacional solo ha capacitado a 33 mil elementos (29.7 por ciento), mientras que en materia de capacitación continua en derechos humanos y perspectiva de género, solo el 43 por ciento de sus elementos se encuentra capacitado. En 2022 el estado de fuerza se incrementó en 5 por ciento, para un total de 104 mil 839 elementos operativos de la Guardia Nacional desplegados en el país, pese a la proporción del despliegue, se reporta que la GN realizó únicamente 1 mil 602 operativos, deteniendo en flagrancia a 491 personas relacionados con delitos de alto impacto.
Desde el punto de vista presupuestario, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en su nota informativa4 036/2022, haciendo uso de las Cuentas Públicas DE 2020 y 2021 así como de la matriz de resultados del programa presupuestario catalogado como Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos, concluyó lo siguiente:
“No es posible constatar dicha eficiencia, ni el impacto directo que el gasto Federal está generando en la reducción de la inseguridad y violencia del país, dado que los indicadores que se reportan en la Cuenta Pública, de ningún modo proporcionan de forma sencilla y fiable elementos que permitan medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa federal, monitorear y evaluar los resultados de los programas”.
Por lo tanto, y como se expuso también en lo respectivo a los indicadores del tercer informe de la ENSP, se trata de indicadores que carecen de elementos cuantitativos que permitan evaluar la aplicación del gasto, y la ejecución de diversas políticas en materia de seguridad pública.
Se considera además que es de suma importancia señalar que de los Objetivos específicos contemplados dentro de la ENSP, para la consecución de algunos de los más importantes y apremiantes, no se reportan acciones específicas realizadas. Dentro de este supuesto, no se reportan ni avances o acciones para limitar las adjudicaciones directas; investigar y clausurar las empresas denominadas fantasma; monitorear en tiempo real el dinero para adquisiciones; reducir las diferencias de salarios entre agentes del ministerio público federal, y los miembros de las instituciones policiales; tipificar como delitos los incumplimientos graves de recomendaciones de las comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos; utilizar métodos pacíficos y de confianza previa para el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas.
La gravedad de la falta de información proporcionada aumenta cuando, de la revisar la implementación de la ENSP durante su cuarto año, se hace notar que no hay acciones implementadas relativas a reorientar los recursos actualmente destinados a combatir el trasiego hacia programas masivos y personalizados de reinserción y desintoxicación; adoptar de modelos de justicia transicional, cultura de paz y de recuperación de confianza en la autoridad o para la regulación del consumo de estupefacientes actualmente prohibidos como mecanismo de incidencia significativa de las adicciones.
Del mismo modo, es importante realizar ciertos matices con aquellos avances que se han reportado dentro del mismo Informe de la ENSP. Por ejemplo, dentro de la implementación de la política de amnistía, de las 2 mil 221 solicitudes que se tienen registradas desde la implementación de la política, solo 38 recibieron el beneficio de la amnistía. En segundo lugar, a pesar de tener como eje principal la eliminación del modelo prohibicionista, en tres años de gobierno no se ha aprobado la regulación y despenalización del cannabis, y para la consecución de la reinserción y rehabilitación de las adicciones, las acciones reportadas versan sobre campañas en medios de comunicación y redes sociales, sin reportar los avances sustantivos en la prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
Este panorama se agrava frente a datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, los cuales señalan que el 16 de mayo de 2022 México rebasó la cifra de 100 mil personas desaparecidas desde que se creó el registro en el año 1964. Ya el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) en el contexto de su visita a México realizó una serie de recomendaciones en el sentido de garantizar condiciones mínimas para una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas eficaz y efectiva, una de estas referente al abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública.
Entre las consideraciones hechas por la CED se menciona que el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado desde los años noventa y fomentado por la reforma legislativa del 2006 que ha sido caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, ha resultado insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos.
En ese sentido, el Comité insta al Estado mexicano a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública. Debe recordarse que la política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad., por lo que se deben fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado mexicano establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
Por último, los hechos presentados en el 3er Informe de la ENSP pueden ser contrastados con la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad, así como con distintos casos de violencia suscitados en todo el país. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 1T de 2022), realizada por el Inegi, donde se da a conocer la percepción de la población sobre la seguridad pública, en marzo de 2022 el 66.2 por ciento de la población consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Percepción que se ha mantenido significativamente sin cambios desde septiembre de 2020. De manera desagregada, para el mismo mes reportado, el 71.1 por ciento de las mujeres y 60.4 por ciento de los hombres tuvieron una percepción de inseguridad.
Por todo lo anterior, es posible concluir que los avances específicos en la consecución de la mayoría de los objetivos generales o de las estrategias específicas descritas en la ENSP, al no contrastar los datos y acciones presentados con líneas base, son insuficientes. De esto deviene la necesidad de realizar un análisis minucioso, exhaustivo y objetivo de las acciones llevadas a cabo en materia de seguridad para el periodo que comprende la actual administración.
III. Estas deficiencias analizadas devienen de una mala legislación sobre la formulación de la ENSP. Al analizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se identificó que en ninguno de sus artículos se hace referencia a la definición, diseño, formulación, análisis, aprobación, implementación y evaluación de la ENSP, tan sólo el artículo 7, fracciones II y III, establece que los tres órdenes de gobierno deben coordinarse para formular y ejecutar las políticas, programas y estrategias en materia de seguridad pública. Derivado del análisis se encontraron diversas omisiones legislativas relacionadas con la ENSP, puntualmente se omite lo siguiente:
-No existe definición de Estrategia Nacional de Seguridad Pública;
-Carece de perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos;
-No hay colaboración de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas, de otras dependencias de la administración pública federal y local, ni del sector social y académico, con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que esta formule la Estrategia; en consecuencia, el documento es elaborado de manera unilateral y con una visión acotada;
-Faltan elementos mínimos que debe contener la Estrategia como: diagnóstico basado en indicadores, plazos y metas para cumplir objetivos, mecanismos para fortalecer a las policías de los tres órdenes de gobierno y mecanismos de coordinación con las entidades federativas;
-No existe un plazo y aspectos mínimos que el Senado de la República debe de considerar en su análisis y aprobación, y en su subsecuente evaluación, ni de participación social en esta evaluación.
Todo lo anterior abona a que la vigente estrategia sea más un documento político plagado de buenas intenciones que de un documento técnico, serio, bien estructurado y con directrices y acciones específicas para la implementación de la política pública en materia de seguridad pública.
IV. El Estado mexicano tiene la obligación de proteger, en sus funciones de seguridad pública, la vida y la integridad de las personas. Esta es una de las responsabilidades fundamentales y necesarias para dar garantía de que los individuos tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades dentro del conglomerado social, es imprescindible la proteccio?n a su integridad física. Pese a esta responsabilidad, lo que se observa es que las acciones ejecutadas por el actual Gobierno Federal resultan insuficientes para la consecución de estos objetivos.
El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debe diseñar nuevas metodologías que permitan evaluar los efectos de los programas sociales, y de las acciones descritas en materia de prevención de la violencia y los delitos sobre la incidencia delictiva a nivel local, estatal y nacional. Es decir, se debe reevaluar si en definitiva, con haciendo uso de datos y criterios cuantitativos, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha funcionado. Con base en ello, debe corregirse y modificarse, los datos técnicos, la percepción ciudadana, evaluaciones de personas expertas en la materia y los eventos de violencia presenciados durante los cuatro años de la presente administración así lo demandan.
Por todo esto, en Movimiento Ciudadano estamos firmemente convencidos de que México necesita corregir su estrategia de seguridad pública. Por un lado, exigir a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas el máximo grado de transparencia y rendición de cuentas; garantizar su respeto irrestricto a los derechos humanos y frenar su expansión y tendencia militar; y por otra parte, fortalecer a las policías locales, y avanzar hacia su profesionalización y eficiencia mientras que se coadyuva este fortalecimiento institucional de las policías con políticas públicas integrales. Con toda responsabilidad llamamos de nueva cuenta a un urgente cambio en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ante el fracaso rotundo y que los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión se comprometan a devolverle la paz y seguridad a las y los mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, así como al Senado de la República, a establecer mesas de trabajo en conjunto con la academia, sociedad civil y personas expertas en seguridad pública y ciudadana con el fin de analizar evaluar y corregir la vigente Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Notas
1 DOF, 2019, 1 DOF, 2019, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/ 2019#gsc.tab=0
2 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2022, https://www.gob.mx/sspc/documentos/100360?tab=
3 https://drive.google.com/file/d/1_ynT020NnENL1cH1qom DWfNZySGUBLA3/view
4 https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2022/notacefp036 2022.pdf
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Senador Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNSP a construir una estrategia, acciones y medidas para garantizar resultados concretos en materia de seguridad pública en el territorio nacional, suscrita por el diputado Miguel Ángel Torres Rosales, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Miguel Ángel Torres Rosales, diputado federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El concepto de seguridad etimológicamente emana del latín “securitas”, que deriva del adjetivo “securus”, el cual está compuesto por “se”, que quiere decir “sin”, y “cura”, que se refiere a cuidado o procuración. Lo anterior debe traduce como “sin temor”, “despreocupado” o “sin temor a preocuparse”.1
Bajo estas consideraciones se entiende a la seguridad como la ausencia de riesgo o peligro. Circunstancia o estado que obliga a diversos acuerdos de organización con la finalidad de la garantía de dicho estado, preceptos que se construyen desde los ámbitos más básicos de la sociedad, como la familia atravesando por la comunidad y llegando hasta el Estado como ente fundamental de dicha garantía.
Al concebir al Estado como garante de la seguridad, surgen ideas del concepto de seguridad como un Derecho Humano respaldado por ejercicios internacionales y de los Estados Nación. El criterio de seguridad como Derecho Humano parte desde lo internacional y tiene su origen en la Carta de las Naciones Unidas en la que se plasmó la construcción de uno de los seis órganos principales de la organización, bajo el nombre de Consejo de Seguridad, cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.2
La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace alusión al concepto de seguridad humana y otorga una obligación intrínseca de los estados para la garantía de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables como lo es la seguridad de toda la humanidad. Asimismo, señala que es “indispensable que los derechos de la humanidad estén protegidos por normas jurídicas, de lo anterior se desprende la concepción en los marcos jurídicos de las naciones democráticas de la inclusión del Derecho Humano a la seguridad y la obligatoriedad de los Estados de garantizarla.
Para garantizar el derecho a la seguridad, los estados deben adoptar medidas a través de los cuerpos e instituciones de seguridad, así como los aparatos de administración de justicia y los demás órganos del Estado. Dichas medidas se conciben comúnmente como: “Seguridad Pública, concepto asociado a la facultad o responsabilidad que tiene un Estado de brindar y garantizar la seguridad a su población. Su vinculación se asocia con la percepción de orden social y con la libertad del ser humano, es decir, tanto en lo colectivo como en lo individual.”3
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el documento jurídico rector de la vida nacional de nuestro país, dentro de esta se concibe a la seguridad pública como un derecho, como una obligación y fin del propio del Estado.
El artículo 21 constitucional contiene las bases de la seguridad pública en México. Artículo que plasma que la Seguridad Pública implica una obligación a cargo del Estado, y en el que se establecen los mecanismos necesarios a fin de prevenir el delito y, en su caso, sancionarlo conforme a las leyes.
El mencionado artículo define la función del Ministerio Público como el investigador de los delitos, así como la facultad del Ejecutivo federal, que, con aprobación del Senado, y de acuerdo con un criterio casuístico podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la función de la seguridad pública a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La Seguridad Pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala. La actuación de las instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.4
La redacción del artículo antes mencionado establece que los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano deben garantizar la Seguridad Pública según su jurisdicción y competencia. Competencias definidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la que se refiere que dichos órdenes de gobierno habrán de coordinarse para cumplir los objetivos de ésta. Así mismo el décimo párrafo del artículo 21 constitucional crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ley reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública en el artículo décimo establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública estará integrado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas, las conferencias nacionales de procuración de justicia, secretarios de seguridad pública o sus equivalentes, sistema penitenciario, seguridad pública municipal, los consejos locales o instancias regionales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema.
A su vez el artículo 12 de la misma ley establece el Consejo Nacional de Seguridad Pública se compondrá por el Ejecutivo federal, así como varios secretarios de estado entre los que se encuentran los de la Marina y Defensa Nacional.
La misma ley en el artículo 14 numeral 1 instituye que El Consejo Nacional tendrá la siguiente atribución:
“I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Se4uridad Pública.”1
La seguridad pública en nuestro país se ha convertido en una preocupación fundamental de la sociedad mexicana y, por consiguiente, en una de las cuestiones a resolver por parte de las autoridades responsables de garantizarla; nuestro país experimenta niveles nunca antes vistos en materia de inseguridad y violencia.
Datos de la encuesta nacional de seguridad pública de septiembre de 2022, revelaron que el 64.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Durante septiembre de 2022, 70.5 por ciento de las mujeres y 57.2 por ciento de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad. Las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron: Fresnillo, Irapuato, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Ciudad Obregón y Colima con 94.7, 91.3, 90.8, 90.7, 90.1 y 86.6 por ciento, respectivamente.6
De acuerdo con cifras del SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), el 2022 es el año más violento del que se tiene registro, el mes de diciembre de 2022 trajo consigo un aumento 0.8 por ciento con respecto al diciembre del año pasado. Aunado a esto el 2022 tendrá como sello el aumento de la violencia generalizada contra las mujeres.
Desde hace varios años el debate en referencia a la Seguridad Pública se encuentra en el centro de la atención y de la opinión pública datos de encuesta revelan que para el 64.5 por ciento de los 54,773 mexicanos mayores de 18 años, su principal preocupación es la inseguridad.
La seguridad pública radica en el deber y facultad del Estado de otorgar la garantía y el Derecho Humano a la seguridad, en un Estado de derecho, la seguridad es una condición irrenunciable para el pleno desarrollo de las sociedades y uno de los principales elementos para garantizar una adecuada calidad de vida de la población.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, refrendamos el compromiso con el Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos. Así mismo, reiteramos nuestra determinación de contribuir activamente en la construcción de una estrategia de seguridad pública óptima. Para lo que es necesario reconocer que la estrategia oficial al respecto no está funcionando, por lo que consideramos indispensable rediseñar y replantear la estrategia a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que modifique y construya una estrategia, acciones y medidas correspondientes para garantizar resultados concretos en materia de seguridad pública en el territorio nacional.
Notas:
1 Valencia Ramírez, V. G. (julio de 2002). La seguridad pública como un derecho humano. La seguridad pública como un derecho humano, 8. México: LIV Legislatura del Estado de México y CODHEM. file:///C:/Users/torres/Downloads/la-seguridad-publica-como-un-derecho- humano.pdf
2 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU https://www.un.org/securitycouncil/e.
3 Chavira Rivera J. Rico Espinoza R. (marzo de 2022). La seguridad como precepto de derecho humano. Derechos Fundamentales a Debate/Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. http://cedhj.org.mx/revista%20DF%20Debate/articulos/revista_No18/ADEBAT E-18-art1.pdf
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 21. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.
5 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. [LGSNSP]. Art.14. 2 de enero de 2009 (México). Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2022, 18, octubre). ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA TERCER TRIMESTRE DE 2022 [Comunicado de prensa]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ensu/en su2022_10.pdf
Palacio legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2023.
Diputado Miguel Ángel Torres Rosales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a defender y promover los intereses nacionales, priorizar acciones de integración y cooperación en la región norteamericana, y privilegiar la implementación de una política exterior de Estado frente al TMEC y nuestros principales socios comerciales, durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, senadoras y senadores del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comisión Permanente a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a defender y promover los intereses nacionales, priorizar acciones de integración y cooperación en la región norteamericana y privilegiar la implementación de una política exterior de Estado frente al TMEC y nuestros principales socios comerciales en el hemisferio durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevará a cabo en nuestro país el próximo 10 de enero del 2023. Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El próximo 10 de enero, será la cuarta ocasión en que México tenga la responsabilidad de fungir como anfitrión de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Desde su creación en marzo de 2005, la Cumbre aspira a ser un espacio de cooperación, al más alto nivel, para reiterar el compromiso de México, Estados Unidos y Canadá con la integración de Norteamérica.
La Cumbre permite que los jefes de Estado identifiquen prioridades comunes, acuerden objetivos compartidos y definan líneas de acción específicas a fin de alentar la competitividad y el dinamismo económico de la región norteamericana, así como también para profundizar en la cooperación trilateral en múltiples rubros y que tiene en el Tratado comercial trilateral conocido como TMEC y antes como TLCAN uno de sus pilares esenciales.
Para ello, viajarán a México tanto el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, como el primer ministro canadiense Justin Trudeau. A pesar de que la actual administración federal ya rebasa el cuarto año es hasta ahora que viajarán los jefes de Estado y de gobierno de dos de nuestros principales socios comerciales en el hemisferio.
Con todo y ese inédito retraso, la Cumbre reviste una importancia central para el bienestar, la seguridad y la prosperidad de los tres países y, sin duda, supone una oportunidad de gran relevancia para avanzar temas de cooperación torales tanto en nuestras relaciones trilaterales como en las bilaterales con Estados Unidos y Canadá.
Por tanto, la ocasión es propicia para plantear una agenda de defensa de los intereses nacionales, que no son necesariamente compatibles con los intereses del gobierno en turno, para buscar resultados tangibles en una serie de asuntos que van desde la crisis migratoria que ha alcanzado ya las dimensiones de una crisis humanitaria, hasta la disputa energética con Estados Unidos y Canadá que obstaculiza y entorpece esfuerzos de integración y cooperación fundamentales para el crecimiento económico de México.
Adicionalmente, resulta indispensable incorporar una dimensión de acompañamiento y retroalimentación parlamentaria a esta agenda diplomática y de ahí la necesidad de relanzar las Reuniones Interparlamentarias que desde la década de los años sesenta y hasta muy recientemente, se llevaban a cabo en un formato único de reunión que congregaba tanto a Senadores como a Diputados de ambos países. La relevancia de los temas y del contexto geopolítico y económico actual justifican plenamente el despliegue de una Diplomacia parlamentaria renovada y fortalecida con el fin de aportar a proyectos tan importantes como el Diálogo Económico de Alto Nivel, el Entendimiento Bicentenario en materia de seguridad y otros esfuerzos tendientes a re-institucionalizar las relaciones bilaterales.
Por lo antes expuesto, los suscritos sometemos a la consideración del pleno de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a defender y promover los intereses nacionales, priorizar acciones de integración y cooperación en la región norteamericana y privilegiar la implementación de una política exterior de Estado frente al TMEC y nuestros principales socios comerciales en el hemisferio durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevará a cabo en nuestro país el próximo 10 de enero.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a condicionar la cooperación migratoria en la frontera norte a recibir los recursos necesarios para la manutención, la protección de los derechos humanos y la atención digna a las decenas de miles de solicitantes de asilo que se concentran en la frontera común reconociendo la existencia de una crisis humanitaria y actuando en consecuencia.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a superar la actual controversia en materia energética con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá buscando vías que garanticen recuperar la certidumbre jurídica en el sector, atraer inversiones, mejorar el ambiente de negocios y posicionar a México como principal mercado de la relocalización de la inversión productiva o nearshoring .
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a profundizar los trabajos del Diálogo Económico de Alto Nivel y del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos a fin de involucrar plenamente a los Congresos de ambos países en su seguimiento y evaluación, así como en el proceso de incorporación de propuestas de acciones conjuntas a ambas agendas.
Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ante la instalación, esta semana, de una nueva legislatura en el Congreso de los Estados Unidos, exhorta a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras a iniciar los trabajos de preparación de una próxima reunión interparlamentaria con representantes de ambas Cámaras del Capitolio estadounidense, a fin de relanzar la cooperación entre ambos Congresos en distintos rubros estratégicos y contribuir tanto al fortalecimiento de la relación bilateral como a la superación de retos comunes.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo de Morelos y al municipio de Cuautla a establecer un plan de acción inmediata, para brindar apoyos a locatarios del mercado Hermenegildo Galeana, suscrita por el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Ángel García Yáñez, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 fracción I y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo del Estado libre y soberano de Morelos y al presidente municipal de Cuautla, Morelos para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación, establezcan un plan de acción inmediata, para brindar apoyos a locatarios del Mercado “Hermenegildo Galeana”, así como la reconstrucción del mismo mercado municipal, afectado por el reciente incendio que se dio en las primeras horas del 3 de enero, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera . En México, es muy común encontrar mercados, ya que son una de las mejores maneras de conocer a un país, cuentan con una gran relevancia comercial, cultural y social, desde la gran época prehispánica, hoy en día existen muchas familias que sigue siendo su base económica y viven del comercio en estos lugares, en donde se destaca la gastronomía, costumbres, tradiciones, artesanías y en la manera en cómo las comunidades interactúan.
Los mercados nacen con el propósito de convertirse en herramienta y punto de encuentro que permita a consumidores, comerciantes y gestores, públicos o privados, reencontrarse en esos espacios cívicos y de convivencia llamados mercados municipales.
Los mercados municipales son lugares o estructuras públicas destinadas a operaciones comerciales, marcadas por la actividad constante entre vendedores y consumidores, también sirven como articuladores sociales, es decir, son espacios que se usan como referencia territorial y comercial, estrechamente vinculados a la región la ciudad o el barrio, entre otros.
Segunda. Mencionando lo anterior, Morelos es un estado turístico, una de sus ramas más importantes para establecer una buena economía, donde demasiadas personas dependen de esta actividad económica que se prolifera en los mercados municipales, negocios y comercios.
En el caso de la ciudad de Cuautla, Morelos, es la segunda ciudad más importante del estado de Morelos. Las principales actividades económicas en el municipio son la agricultura, ganadería, industria y comercio a través de sus mercados municipales.
Tercera. - Lamentablemente, el pasado 03 de enero del presente año, en la Ciudad de Cuautla Morelos, se registró un incendio en el mercado “Hermenegildo Galeana”, el cual afecto más del 70 por ciento de dicho mercado, ocasionando pérdidas graves en la economía de las familias locatarias.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos aseguró que no hay personas lesionadas y hasta el más reciente informe hay más del 70 por ciento de afectación en el mercado, dato que será confirmado en las próximas horas.
Bajo esta tesitura, expreso mi enorme preocupación ante este acontecimiento en mi estado, es esencial que de manera inmediata se tomen acciones de apoyo y seguimiento a los locatarios de dicho mercado y continuidad a esta situación, ya que a causa de esto se han visto afectados de manera moral y económicamente, perdiendo gran parte de su patrimonio en este incendio.
Por lo expuesto anteriormente, someto ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.– La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo del Estado libre y soberano de Morelos y al presidente municipal de Cuautla, Morelos, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación, establezcan un plan de acción inmediata, para brindar apoyos económicos a locatarios del Mercado “Hermenegildo Galeana”.
Segunda.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado libre y soberano de Morelos y al presidente municipal de Cuautla, Morelos, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación, inicien con la reconstrucción del Mercado “Hermenegildo Galeana”.
Tercero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado libre y soberano de Morelos y al presidente municipal de Cuautla, Morelos, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación, establezcan un sitio idóneo para el establecimiento temporal de locatarios a fin de seguir sus actividades económicas.
Cuarto.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente al fiscal general del estado de Morelos, para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue y esclarezca los hechos que dieron pie al incendio del Mercado “Hermenegildo Galeana” y se deslinden responsabilidades.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 3 días de enero de 2023.
Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a una reunión a la titular de Notimex para que explique la situación de la agencia en los últimos 1047 días de huelga que enfrenta, a cargo de la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum y suscrita por el senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, posterior a la reforma del 2 de junio de 2006, ha quedado constituida como un organismo no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión. Esto, con el objetivo de contar con una agencia eficaz en el cumplimiento de recabar y difundir información oficial y verificable que dote de certeza a las noticias que la sociedad mexicana y el mundo deben conocer, lo que permitió que Notimex se convirtiera en un referente informativo de América Latina gracias a la capacidad y profesionalismo de una extensa red de periodistas y profesionales de la comunicación.
Desgraciadamente, con la llegada de la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, la otrora prestigiosa agencia se ha visto aquejada por un sin número de señalamientos de desmantelamiento operacional y técnico impulsado por la directora general de la agencia.
Este desmantelamiento llegó al punto de causar despidos masivos de periodistas y trabajadores sin ninguna justificación legal, así como la vulneración del contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex). Lo cual desencadenó que el pasado 21 de febrero de 2020 estallara una huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que, a la fecha y con mas de mil días desde que el conflicto laboral iniciase, no se ha logrado resolver por la pasividad del gobierno federal en turno.
Aun y cuando el conflicto laboral permanece, se ha declarado en reiteradas ocasiones tanto por integrantes de la huelga, así como por el titular de la Coordinación General de Comunicación Social y vocero del gobierno, el ciudadano Jesús Ramírez Cuevas, que el presupuesto de la Agencia sigue siendo ejercido, lo que indica que se emplearon los recursos públicos de los ejercicios fiscales de 2020, 2021, y 2022 sin que esto se traduzca en servicios informativos, por lo que se desconoce con certeza el uso y destino del recurso público que se les destina por parte de los mexicanos.
Esta situación, vulnera las leyes vigentes en la república además de diversos acuerdos internacionales de los cuales México es parte, como lo son los acuerdos comerciales del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo.
A pesar de ello, la ciudadana Sanjuana Martínez ha continuado con los agravios que a continuación se enlistan:
-Desconoce la huelga asegurando que es ilegal, a pesar de que la autoridad laboral mexicana la declaró legalmente existente.
-Desconoce a la representación sindical, a pesar de que fue validada ante las autoridades.
-Ha desacatado no sólo las resoluciones en materia laboral, sino lo ordenado por el propio presidente López Obrador, quien ha instruido en diferentes momentos que se resuelva el conflicto de forma inmediata.
-Sigue operando de forma alterna, sin respetar la huelga ni los ordenamientos de las autoridades o del propio órgano superior de Notimex, que le mandató parar.
-Ha hecho una campaña enorme de difamación y criminalización hacia las y los trabajadores en Huelga, acusándolos de secuestro, robo, corrupción, etcétera.
-Interpuso denuncias administrativas y penales contra la secretaria general del SutNotimex, Adriana Urrea, por desvío de recursos, por uso ilegal del servicio público, para llevarla a la cárcel y evitar continuar con el movimiento. Hasta ahora de 3 procesos abiertos, se lograron desechar dos a favor de la dirigente sindical.
-Ha hecho un uso indebido de funciones y tráfico de influencias, porque pidió la intervención de diferentes instituciones para afectar la huelga y/o amedrentar y acosar a los huelguistas. Los oficios que demuestran esto fueron exhibido en medios de comunicación. Entre ellos, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Dado este escenario, es imperiosa la intervención del Poder Legislativo ante esta penosa situación, ya que la pasividad de las autoridades del Poder Ejecutivo mantienen en vilo a cientos de familias cuyo ingreso se ha visto comprometido, además que pudiese existir daños a la hacienda pública por el ejercicio discrecional de recursos que la Dirección General de Notimex pudiese estar ejerciendo de forma opaca y discrecional, por lo que pudiese incurrir en responsabilidades administrativas la actual titular de la Agencia de Noticias del Estado mexicano.
Por lo expuesto y fundado solicitamos a esta soberanía que someta a consideración, la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia ante el pleno de la honorable Cámara de Senadores a la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano “Notimex”, Sanjuana Martínez Montemayor, a una reunión de trabajo para que explique la situación de la Agencia en los últimos 1047 días de huelga que enfrenta Notimex, así como el uso y ejercicio de los recursos asignados a la Agencia durante el periodo de huelga.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano “Notimex” a sesionar y buscar una solución a la huelga y al conflicto laboral en el que se encuentra la Agencia, privilegiando el diálogo y la generación de acuerdos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, a que, conforme a sus atribuciones, atienda el conflicto laboral y la huelga de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano “Notimex”.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita respetuosamente al ciudadano Jesús Ramírez Cuevas a profundizar en sus declaraciones del día 30 de diciembre de 2022 con respecto al ejercicio de los recursos asignados a la Agencia de noticias del Estado Mexicano.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Senadores Alejandra del Carmen León Gastelum y Noé Fernando Castañón Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, en coordinación con el INM y el Inmujeres, a llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas migrantes que transitan por el territorio nacional, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 Reglamento del Senado de la República; someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Gobernación a que en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de las Mujeres, lleve a cabo las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas migrantes durante su paso por el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a las siguientes:
Consideraciones
Primera. Las mujeres han tenido un papel destacado entre las personas migrantes, sobre todo en años recientes. En las últimas décadas ha sido posible su identificación y análisis, lo que ha visibilizado su importancia.
La composición por sexo de las personas migrantes tiene que ver con las relaciones de género en el país de destino, pero también con otros factores como el tamaño de las poblaciones y las estructuras de edad de lugar de origen.
Segunda . A partir de los años setenta se incorpora la perspectiva de género en los estudios migratorios, observándose un cambio sustancial en el proceso migratorio de México hacia Estados Unidos, debido a la presencia creciente de mujeres, quienes han dejado sus hogares y sus familias en busca del llamado “sueño americano”, y de un trabajo que les permita mejorar sus condiciones de vida para ellas mismas y sus familias.
Las mujeres de origen latinoamericano ya no sólo migran en función de acompañar a su esposo, padre o al hermano, sino que han adquirido un papel más activo en el fenómeno migratorio y desean insertarse en el mercado laboral para mejorar su calidad de vida.
Tercera. De acuerdo con ONU-Mujeres, las mujeres migrantes constituyen aproximadamente 20 por ciento de la población migrante en tránsito irregular por México, es decir, alrededor de 30 mil mujeres al año.1
La Encuesta sobre Migración de la Frontera Sur (Emif Sur) en el año 2017 calcula que en promedio una quinta parte de los desplazamientos correspondieron a mujeres. Sin embargo, existen diferencias por nacionalidad: las mujeres representaron el 14 por ciento del flujo de Honduras, el 21.8 por ciento de Guatemala y el 28.4 por ciento de El Salvador.
Por otro lado, indicó que el 99 por ciento de la composición del flujo femenino que cruzó a México no contaba con ningún tipo de permiso para entrar a este país, por otro lado, el 54.4 por ciento declaró que México era su país de destino final y el restante 45.6 por ciento, Estados Unidos.
Cuarta . Sin embargo, las mujeres migrantes también se han convertido en víctimas de la violencia de género, la discriminación, racismo y xenofobia tanto en los países de tránsito, en el cruce fronterizo, así como en el país de destino. De acuerdo con Woo (2017) 2 , las mujeres migrantes en tránsito por su condición de migrantes indocumentadas y sexo poseen una doble vulnerabilidad, tanto por su situación migratoria y por su condición de género; un mayor grado de vulnerabilidad implica un mayor nivel de daños recibidos al enfrentar los riesgos y peligros del camino.
Quinta. A lo largo del tránsito por México, las personas migrantes tienen que hacer frente a diversos tipos de riesgos en relación con personas y cosas (delincuentes, trenes de carga, etcétera) en encuentros o situaciones (en las que quedan expuestos a los peligros) que tienen un potencial de perjudicarles físicamente o de frustrar sus viajes.3
Para reducir los riesgos y evitar los peligros, la información disponible sobre los mismos resulta fundamental, pero además hay que tener en cuenta que estos se perciben y afrontan conforme son construidos socialmente en relación con los roles de género.
Como se mencionó anteriormente, las mujeres migrantes enfrentan riesgos diferenciados de muchos tipos, por ejemplo: mayor riesgo de vivir violencia sexual y por consiguiente embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, a ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y por supuesto el riesgo a contraer covid-19, por mencionar algunos.4
Sexta . México es un país en el que convergen las cuatro dimensiones de la migración: origen, tránsito, destino y retorno, y en cada una de ellas, el género atraviesa los motivos por los cuales se opta por migrar.
Séptima. La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP)1 , presentó la publicaci5n ‘Migración y Movilidad Internacional de Mujeres en México’, herramienta gráfica digital que contiene estadísticas migratorias primarias que muestran las tendencias, magnitudes y características de los diversos flujos de mujeres visitantes y migrantes que concurren en nuestro país.
Se destaca, el incremento del 31 por ciento de mujeres documentadas con una Tarjeta de Residente Temporal (TRT) por primera vez; al pasar de 15 mil 396 en 2021 a 20 mil 176 en el periodo de enero-septiembre de 2022.
Con respecto a las mujeres documentadas como residentes permanentes por reconocimiento de refugio, en el periodo mencionado, destacan los países de Honduras con 7 mil 868, Venezuela con mil 579 y El Salvador con 924.
Séptima . De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, de enero a septiembre de 2022, se reportaron 26 mil 825 devoluciones de mexicanas desde Estados Unidos, un incremento de 46.8 por ciento con respecto a 2021, cuando se reportaron 18 mil 270 eventos.6
De ellas, 23 mil 930 (89.2 por ciento) son mayores de 18 años y dos mil 895 (10.8 por ciento) menores de edad. De las mujeres devueltas por Estados Unidos, 16% son de Oaxaca, 15.2 por ciento de Guerrero, 10.1 por ciento de Chiapas, 9.9 por ciento de Puebla y 9.3 por ciento de Veracruz, entre otras entidades.
Mismas que durante su retorno a México viven diversos tipos de abuso y desprotección, al esperar el regreso a sus países de origen o su carta de residentes en el territorio nacional.
Octava . Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos necesario salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas migrantes que transitan por el territorio nacional, así como garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de las Mujeres, lleve a cabo las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas migrantes que transitan por el territorio nacional, así como para garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.
Notas:
1 Consultado de: https:l/mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/empoderamiento-economico/ mujeres-trabajadorasmiq rantes#:-:text= Las%20mu jeres%20miq rantes%20constituyen%20aproximadamente. tr%C3%A 1 nsito%20viajan%20princi palmente%20por%20carretera.
2 Consultado de: https://www.revistadiariosdelterruno.com/peraza-noriega-lizarraga-salas /
3 Consultado de: https://www.revistadiariosdelterruno.com/peraza-noriega-lizarraga-salas /
4 Consultado de: https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-migrantes-vulnerabilidad -y-violencia-al-buscar-un-mejor-proyecto-de-vida
5 Consultado de: https://www.gob.mx/segob/prensa/publica-la-upmrip-el-documento-migracio n-y-movilidad-internacional-de-mujeres-en-mexico
6 Consultado de: https://www.24-horas.mx/2023/01/02/mujeres-migrantes-las-que-mas-violen cia-sufren-por-autoridades/
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 5 días del mes de enero de 2023.
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y locales a dar seguimiento a las denuncias con enfoque de género presentadas ante la Contraloría General, Abogacía General y de la Defensoría de los Derechos Universitarios en Rectoría General de la UAM, suscrita por la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Inés Parra Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Exposición de Motivos
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, que se llevó a cabo del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2021. El objetivo de la Endireh es generar información estadística con representatividad nacional y para cada una de las 32 entidades federativas y estimar así la prevalencia y gravedad de la violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más por tipo (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) y ámbito de ocurrencia (escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja).
Durante el segundo semestre de 2020 casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual violencia sexual incluye acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación.
En México el 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida; la violencia psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %). En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia (45.6%), seguido de la relación de pareja (39.9 %).
Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, el 42.8 % de las mujeres de 15 años y más experimentó, al menos, una situación de violencia. Destaca la violencia psicológica como la más alta (29.4 %) , seguida de la violencia sexual (23.3 %).
La violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario (22.4 %), seguido del laboral (20.8 %). 1
La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral refuerza su exclusión del espacio profesional afectando de manera negativa; limitando su capacidad de decisión autónoma debido a que no tienen posibilidades de obtener recursos por cuenta propia.
De acuerdo con la Endireh 2021, a nivel nacional, de las mujeres que alguna vez en su vida han participado en el mercado laboral, 27.9 % experimentó algún incidente de violencia, mientras que en 2016 la cifra fue de 26.6 por ciento. En el trabajo, las principales personas agresoras reportadas a lo largo de la vida laboral fueron las y los compañeros de trabajo (34.2 %), seguido por las y los jefes o patrones (21.7 %) y las y los supervisores capataces o coordinadores (10.7 %).
FUENTE: INEGI, Comunicado de prensa número 485/22 del 30 de agosto de 2022, página 1/36, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh /Endireh2021_Nal.pdf
Para detener y reducir las violencias que viven las estudiantes y las trabajadoras en el ámbito universitario, se requiere la intervención de las autoridades de las instituciones universitarias, quiénes por un lado, tienen la responsabilidad legal de garantizar espacios incluyentes, seguros y libres de violencia y por otro, al ser quienes deciden arbitrariamente sobre las reglas cotidianas que rigen las relaciones universitarias, son quienes han modificado el ambiente y la dinámica universitaria, de forma que no garantizan los derechos de quienes habitan las universidades.
Por lo tanto, se requiere una variedad de intervenciones por parte de distintos actores, como en este caso son: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, entre otros, incluyendo a las mismas autoridades encargadas de la vigilancia de las instituciones de educación superior, pues la UAM tiene un vacío para responder eficazmente ante situaciones de violaciones de Derechos Humanos de su comunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el “acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades los hechos”, pues resulta necesario “que los sistemas de denuncia sean eficaces y deriven en una investigación real y seria, ya que de lo contrario carecerían de utilidad.”
Sabemos que las instituciones de educación superior fungen como centros de formación, pero también es importante reconocer que tienen otras facetas, como centros de trabajo, centros deportivos o centros culturales, por mencionar algunos.
La violencia ejercida contra las mujeres, en general se debe de eliminar y como legisladores de la sexagésima quinta legislatura, de la paridad y la inclusión, es menester que se refuerce la actual estrategia de prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, hacer un uso eficiente de los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de las órdenes de protección y las medidas precautorias establecidas en diversas leyes generales, tanto como las medidas establecidas en pactos internacionales o en convenciones para las mujeres que ya han sido violentadas física y emocionalmente. Acelerando así la modificación y la eliminación de prácticas culturales, actitudes y comportamientos individuales, sociales e institucionales que discriminan a las personas por su género y permiten perpetuar el orden social de género persistente, el cual replica de distintas maneras la desigualdad y discriminación que padecen en mayor grado las mujeres.
Se tiene el conocimiento de casos de mujeres trabajadoras administrativas de la Contraloría General adscrita al Patronato en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que fueron despedidas injustamente por denunciar acoso sexual, abuso de autoridad y laboral, así como por denunciar el grado alarmante de corrupción que se está dando en la Contraloría General de la UAM. Cuyo titular es ENRIQUE JOSÉ GARCINI ELIZONDO, que aparte de ser un funcionario universitario PRO- CORRUPCIÓN, violador de derechos laborales y de la mujer, practica el nepotismo al instalar a su cuñado el arquitecto MARIO DE JESÚS RANGEL BARAJAS como jefe de auditorías de obras de la UAM.
Asimismo, se tiene conocimiento de casos de mujeres adscritas al área de la Abogacía General de la UAM, que fueron despedidas injustamente por denunciar acoso sexual, abuso de autoridad y laboral. Cuyo titular es JUAN RODRIGO SERRANO VÁZQUEZ, funcionario universitario, que ha actuado como juez y parte, que ha abusado de su autoridad y funciones, encubridor y violador de derechos laborales y de la mujer.
Finalmente, del caso de una mujer adscrita a la Defensoría de los Derechos Universitarios, cuya titular es María Guadalupe Huacuz Elías, quien se autonombra destacada feminista y que en los hechos ha demostrado ser una funcionaria universitaria obediente que subordina su actuar a lo que arbitrariamente le dicte la Abogacía General o la Rectoría General, omisa en sus funciones, pues lejos de defender a las mujeres, le ha impedido o dificultado el acceso a la justicia.
La violencia en contra de las mujeres trabajadoras ejercida en las instalaciones de la Rectoría General de la UAM, representa la misoginia en la Universidad, aquella que tanto ha presumido combatir el actual Rector General, José Antonio De los Reyes Heredia, pues a las mujeres que tengan la valentía de denunciar la violencia de la que son objeto, les son ignoradas sus denuncias previas y se les orquestan imputaciones falsas, donde hacen pasar a los agresores y victimarios como víctimas de esas mujeres que previamente los denunciaron, rescindiéndoles la relación laboral sin responsabilidad laboral para la Universidad, es decir, sin otorgarles siquiera sus derechos laborales adquiridos como son sus partes proporcionales y finiquito.
Las echan sin sus recursos económicos ya devengados a los que tienen derecho, bajo supuestas injurias a sus agresores y supuestas faltas de probidad, dictadas arbitrariamente y en abuso de poder por JUAN RODRIGO SERRANO VÁZQUEZ, Abogado General, pues éste no cuenta con atribuciones estipuladas en su normativa o legislación universitaria para acusar, encuadrar o determinar conductas que sean susceptibles de constituir faltas administrativas no graves y/o graves, ni para prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas, ni posee la autoridad para dictar sentencia de culpabilidad respecto de conductas o faltas administrativas, ni de imponer sanciones o medidas a empleados y/o funcionarios, pisoteando la dignidad de las mujeres y dejándolas en la total indefensión.
Estos funcionarios y/o servidores públicos opacos que no presentan declaraciones patrimoniales, son los encargados de impartir justicia en la UAM y se han adjudicado para sí la autonomía que pertenece a la universidad, para ser intocables y violentar a las mujeres, operando bajo la máxima impunidad, pues su discurso es: “La Universidad no tiene área de Responsabilidades Administrativas.
Se están violentando variados derechos establecidos en la constitución, leyes generales, en la legislación universitaria de la UAM, protocolos y en pactos internacionales.
Esto, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo primero se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género , la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Además de atentar contra la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en sus artículos 1-4, 6, así como por lo dispuesto por el capitulo II de la violencia Laboral, entre otras leyes federales como la Ley General de Victimas, la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Convención de Belém do Pará) y demás aplicables en la materia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, Rector general de la UAM , así como a la Contraloría General, Abogacía General y la Defensoría de los Derechos Universitarios, a conducirse conforme a los lineamientos establecidos en las políticas para la Rectoría General de la UAM 2021-2025, así como por lo establecido por la Legislación de la Universidad Autónoma Metropolitana, las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género , en relación a la protección de las mujeres y de un espacio universitario libre de violencia.
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a dar seguimiento a las denuncias presentadas por ex auditoras de la UAM el 18/08/2022 y conducirse conforme a los lineamientos establecidos en relación a la protección de las mujeres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Victimas .
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Junta Federal 14 Bis, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a brindar atención y seguimiento a los expedientes 219/2022, 261/2022, 517/2020, 61/2022 de conformidad con el Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres así como por lo establecido por la Ley General de Victimas.
Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dar seguimiento a la denuncia admitida el 01/09/2022 por la Cuarta Visitaduría General, Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por ex auditoras de la UAM y a conducirse conforme a lo dispuesto por la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Convención de Belém do Pará), así como por lo dispuesto por el marco jurídico nacional en la materia.
Nota:
1. INEGI, Comunicado de prensa número 485/22 del 30 de agosto de 2022, página 1/36, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh /Endireh2021_Nal.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2023
Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN a investigar, sancionar y, en su caso, inhabilitar a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar, sancionar y, en su caso, inhabilitar a la ministra licenciada Yasmín Esquivel Mossa, conforme a los siguientes
Antecedentes
I.- El 21 de diciembre de 2022, la ministra Yasmín Esquivel Mossa fue señalada por cometer plagio en su tesis para obtener el título profesional de la licenciatura en derecho, por parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) entidad académica multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
II.-Yasmín Esquivel Mossa es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2021 fue nombrada presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el ministro presidente del Alto Tribunal como representante de ese órgano jurisdiccional ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
III.- La tesis presentada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa en el año 1987 titulada “Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A”, y la tesis presentada por el licenciado Édgar Ulises Báez Gutiérrez en el año 1986 tiene por título “Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Constitucional Apartado A”, las similitudes no se presentan sólo en el título, también se encuentran en el índice y contenido haciendo constar que son idénticas, ambas tesis pueden leerse en la página digital TESIUNAM, del repositorio de tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México.
IV.- Sin embargo, existen otras dos tesis idénticas, todas asesoradas por la profesora Martha Rodríguez Ortiz, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
1. La tesis del licenciado Édgar Ulises Báez Gutiérrez, en el año 1986.
2. La tesis de la licenciada Yasmín Esquivel Mossa, en el año 1987.
3. La tesis del licenciado Juan Carlos Blanco Silva, en el año 1993.
4. La tesis del licenciado Juan Carlos Martínez Mendoza, en el año 2010.
V.- Se comete plagio cuando alguien, distinto a su autor, divulga, pública o reproduce una obra o parte de ella y la presenta como propia. Este acto puede ser deliberado o involuntario, sin embargo, en ambos casos constituye una acción fraudulenta que atenta contra el autor intelectual.
VI.- El impacto de comprobarse el plagio entre la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y la tesis del licenciado Édgar Ulises Báez Gutiérrez, tiene como consecuencia que la tesis profesional de la licenciada Yasmín Esquivel Mossa quede invalidada, así como su título profesional de licenciada en derecho.
VII.- La Facultad de Estudios Superiores Aragón informó que realizará un análisis pormenorizado de la acusación contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Mientras tanto es indispensable que se considere que la ministra debe abstenerse de participar en cualquier decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que no se aclare su situación, al respecto de las acusaciones en su contra por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige la honorabilidad y competencia de quien aspira a ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
VIII.- Las disposiciones contenidas en el Estatuto General de la Universidad Autónoma de México, en lo referente al plagio y las sanciones impuestas que deriven de dicha conducta, son independientes de las responsabilidades que deriven de la legislación común, esto es, que si tal forma de conducirse constituye una falta o un delito del orden común se podrá presentar el asunto ante la autoridad competente.
Considerandos
I.- El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.
II.-. Conforme a la fracción VII, del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;
III.- Conforme a la fracción IV, del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
IV.- Conforme a la fracción V, del artículo 244 del Código Penal Federal.
Artículo 244.- El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:
• V.- Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto;
V.- Conforme al artículo cuarenta y cuatro de la Ley General de Educación, La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y garantice el reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.
En educación media superior, se ofrece una formación en la que el aprendizaje involucre un proceso de reflexión, búsqueda de información y apropiación del conocimiento, en múltiples espacios de desarrollo.
VI.-Conforme al Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, el principio de integridad y honestidad académica señala que,
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo: Las actividades que realiza y gestiona la DGECI tienen como principios rectores la integridad y la honestidad académica. Por ello, el personal promoverá dichos postulados entre su comunidad y quienes participen en sus programas, conforme a lo establecido en el presente Código. La integridad y la honestidad académica implican:
a) Citar las fuentes de consulta de toda la información que se utilice en el trabajo universitario, así como evitar el uso de documentos generados por otros o por sí mismo sin señalar la cita correspondiente u obtener su consentimiento y acuerdo.
b) Abstenerse de falsificar, alterar, manipular, fabricar, inventar o fingir la autenticidad de datos, resultados, imágenes o información en los trabajos académicos, proyectos de investigación, exámenes, ensayos, informes, reportes, tesis, audiencias, postulaciones a convocatorias, procedimientos de orden disciplinario o cualquier documento inherente a la vida académica universitaria.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro de sus facultades se investigue, sancione y, en su caso, inhabilite del cargo a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en términos de lo establecido en la fracción IV, del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Se exhorta al Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dar vista a la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México, en caso de que los hechos de investigación pudieran constituir posibles conductas delictivas.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a remitir un informe que contenga un análisis sobre la viabilidad de reestructurar los acuerdos establecidos en materia de trasvase de aguas al embalse Marte R. Gómez, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, remita a esta soberanía un informe que contenga un análisis sobre la viabilidad de reestructurar los acuerdos establecidos en materia de trasvase de aguas al embalse Marte R. Gómez; así como el procedimiento de compensación del Distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, del estado de Tamaulipas, ante la escasez de lluvias, sequía y desabasto de agua existente en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En septiembre de 2015, 193 Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible , como guía de referencia para la sostenibilidad económica, social y ambiental a implementarse durante los siguientes quince años, y como programa de acciones concretas para erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad en todas sus dimensiones, crecimiento económico inclusivo, ciudades sostenibles y sobre todo, para el cambio climático.
La agenda consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se encuentra el ODS número 6 denominado “Agua Limpia y Saneamiento” , como herramienta de planificación y seguimiento, con el propósito de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Como problemas actuales, la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la supervivencia de la raza humana, de la flora y de la fauna, así como para la seguridad alimentaria, sumado a esto, las temporadas de sequía en los últimos veintidós años se han hecho más largas y atípicas, con afectaciones para casi todos los países del mundo, y con crisis extremas en aquellos que son más pobres.
De no implementar acciones eficaces para contrarrestar la falta de accesibilidad al recurso hídrico y para disminuir afectaciones por las sequías y desertificación, para el año 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente vivirá en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.
En la meta 6.6 del ODS 6, se proponía que para el 2020, se debía contar con mecanismos para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos bosques, montañas, humedales, ríos, acuíferos y lagos, aspecto sumamente importante para hacer frente a los efectos perjudiciales de la sequía y desertificación.
Los efectos adversos de las sequías y de la falta de agua es cada vez más palpable en muchos países del mundo, por ello, el 20 de mayo de 2022, derivado de la Decimoquinta sesión de la Conferencia de las Partes conocida como COP15 , de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), se publicó el estudio denominado “Drought in numbers 2022” ,1 traducido al español “La Sequía en números 2022” en el que se reveló que el número y duración de las sequías han aumentado un 29 por ciento desde el año 2000, por lo que se propone alcanzar un compromiso mundial en materia de preparación y resiliencia ante la sequía en todas las regiones del mundo.
De acuerdo a información del documento, la humanidad se encuentra ante una encrucijada, por el aumento de la duración de las sequías, así como de sus impactos negativos que afectan a la población y a los sistemas ecológicos de los que depende la supervivencia de la vida humana y de todas las demás especies, y dando como posible solución, la recuperación de suelos, ya que esto es un factor causante de la alteración de los ciclos del agua y de la pérdida de la fertilidad de los distintos tipos de tierra, creando sistemas ecológicos eficaces.
Si bien el fenómeno de sequía ha existido durante millones de años en nuestro mundo, en gran parte del siglo 20 y en lo que va del siglo 21, el clima ha tenido diversos cambios a consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global, tendiendo a que las sequías se incrementen en cuanto a su duración como parte de la alteración a los modelos climáticos, por ello, ahora tenemos estaciones inestables, incremento de temperaturas y disminución de precipitaciones, lo que provoca un déficit alarmante de agua.
El aumento global de temperatura que supera los dos grados centígrados, afecta de manera drástica los ecosistemas, la disponibilidad del agua y de los alimentos, lo que deteriora el bienestar y la salud de la población, teniendo cada año por lo menos cuatro meses de sequía, por lo que la reiteración de dicho fenómeno disminuye los volúmenes almacenados en los embalses y de los niveles de agua subterránea, con los efectos negativos y perjudiciales en materia socioeconómica y ambiental para la mayoría de países del mundo y México es uno de ellos.
En el territorio mexicano también vivimos una severa crisis por escasez de agua, sequía y desertificación, que se ha sentido con mayor fuerza en el año 2022, pese a esta situación, todavía un gran número de personas no tienen conciencia de que nuestro país enfrenta un gran riesgo por la falta de este vital líquido, resultando imperante el uso racional y eficiente del agua por ser un recurso sumamente valioso.
En diversos estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)1 , el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav), el Sistema Nacional de Información del Agua, el Centro de Información del Agua y la Red del Agua UNAM, entre otros, evidencian que México en menos de diez años enfrentará “El Día Cero” , que será cuando la sequía terminará con el suministro libre del agua para pasar al racionamiento obligatorio del líquido.
También dichos estudios hacen constar que el 77 por ciento de los cuerpos y corrientes hídricos del país sufren algún grado de contaminación, uno de cada cinco acuíferos padece sobre extracción, contaminación, alteración de los flujos de agua subterránea o intrusión salina, así como que numerosas cuencas y regiones del territorio nacional, especialmente el norte y centro son más vulnerables a eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones.
De acuerdo al reporte de Monitor de Sequía en México 3 , correspondiente a la primera quincena del mes de julio de 2022, muestra que 769 municipios tienen algún tipo de sequía a nivel nacional, a pesar de que hubo lluvias en distintos puntos del país, solo sirvieron para reorganizar las sequías que se incrementaron en los estados del centro, centro-norte y noreste, además de que en dicho mes el 48 por ciento del territorio mexicano sufrió sequía que es 28 por ciento más en comparación con el mismo periodo del 2021.
En el 2022, ocho de las 32 entidades federativas sufrieron sequía entre extrema a moderada, por lo que mil 546 de los 2 mil 463 municipios de México enfrentaron escasez de agua de acuerdo a información generada por la Comisión Nacional del Agua.
Así, las sequías golpearon fuerte al 93.3 por ciento de las localidades de Nuevo León, así como de Baja California y Coahuila con afectaciones severas y extremas, mientras que Querétaro y Aguascalientes tuvieron el 84 por ciento de sus localidades con sequías extremas y moderadas.
Ante dicha crisis por la escasez del agua, el 12 de julio de 2022, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de Carácter General de inicio de emergencia por concurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022, para implementar medidas de preventivas y de mitigación de la sequía, ya que esta destruye los ecosistemas, ocasiona erosión, pérdida de suelos, degrada el paisaje, disminuye el suministro y la calidad del agua.
Ante dicha escasez de agua generada por las sequías, diversas entidades federativas de México tienen estrés hídrico , que se origina cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad, dicho término se define en el indicador 6.4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 como la razón entre el total de agua dulce extraída por los principales sectores económicos y el total de recurs4s hídricos renovables, teniendo en cuenta las necesidades ambientales de agua.
El Estrés Hídrico representa una amenaza para el desarrollo sostenible de México y de los demás países afectados por escasez de agua y sequías, ya que afecta el medio ambiente, frena el desarrollo económico y social al afectar a los sectores de la población más vulnerables y actualmente afecta al 25 por ciento de la población mundial, y de no mitigarse dicho fenómeno, para el 2030, 700 millones de personas podrían ser desplazadas debido a la escasez de agua.
Las sequías y el Estrés Hídrico pueden propiciar que en el 2028, México viva el Día Cero de la crisis de agua , y esta afirmación se sustenta en el hecho de que del año 2015 al año 2020, los 653 acuíferos disponibles en el territorio nacional perdieron una tercera parte de su agua, por ello, el 50 por ciento actualmente están secos, situación sumamente preocupante ya que el 40 por ciento del agua extraída de los acuíferos es para consumo humano.
En nuestro país, del total del agua, el 76 por ciento se destina a la agricultura, 14 por ciento en abastecimiento urbano para las ciudades, un 5 por ciento para la industria autoabastecida y un 5 por ciento para las termoeléctricas, estos porcentajes exigen que se implemente a nivel federal y en cada entidad federativa, políticas públicas enfocadas a tener una producción agrícola eficiente y racional.
En el 2022, la presa Cerro Prieto del estado de Nuevo León llegó a su nivel de agua más bajo, y estaba considerada como una de las principales fuentes de agua, por lo que dicha entidad, es una de muchas que se están quedando sin agua, sobre todo porque en dicho estado, el 60 por ciento del vital líquido que se usa proviene de agua superficial de las presas y el 40 por ciento proviene de acuíferos cuya principal fuente de recarga es la lluvia por medio de la filtración.
Ante dicha situación de emergencia, el 29 de julio de 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales público en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el plan de acción inmediata para atender la emergencia por el desabasto de agua potable para uso público urbano y doméstico en los municipios afectados por baja disponibilidad en sus fuentes de abastecimiento y por sequía en el estado de Nuevo León.
La ciudad de Monterrey del estado de Nuevo León, es la segunda ciudad más grande del país, y en el 2022 sufrió una grave crisis de escasez que afectó a cinco millones de habitantes, muchas colonias de dicho municipio estuvieron hasta 75 días sin agua, incluso en redes sociales se dejó evidencia de tal situación, ya que en tiendas departamentales no había agua a la venta, lo que desató que existieran hasta brotes de violencia entre la gente por tener acceso al vital líquido.
La escasez de agua desde julio del 2022, desató el enojo de la población de Nuevo León, pero lo que les provocó más indignación a las y los Neoleoneses, fue que el 27 de noviembre del mismo año, se inició el trasvase de 200 millones de metros cúbicos de la Presa El Cuchillo hacia la Presa Marte R. Gómez en el estado de Tamaulipas, derivado de un Convenio de Colaboración entre el Distrito de Riego 026, la Conagua y Drenaje de Monterrey suscrito en el año 1996.
El acuerdo obliga a que Nuevo León entregue en el mes de octubre de cada año a Tamaulipas entre 180 a 200 millones de metros cúbicos de agua mediante trasvase de la Presa El Cuchillo que se encuentra en el municipio de China, Nuevo León hacia la Presa Marte R. Gómez, que se ubica en los municipios de Camargo y Miguel Alemán, Tamaulipas, haciendo notar que ambas presas se encuentran en el Río San Juan.
El trasvase se acordó entre ambas entidades federativas para solucionar el conflicto que se generó cuando se construyó la Presa El Cuchillo en 1994, ya que el agua del Río San Juan ya no podía llegar al Distrito de Riego 026 de Tamaulipas.
Como antecedente de estos sucesos, el 2 de julio de 1952, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Presidencial que estableció veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones de aguas del Río San Juan, en los Estados de Tamaulipas y de su cuenca tributaria, aguas arriba de la Presa Marte R. Gómez.
El 9 de octubre de 1989, el Ejecutivo federal, el Ejecutivo estatal de Nuevo León y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, celebraron el Acuerdo de Coordinación, con el propósito de realizar el proyecto, construcción y operación de las obras del “Programa Monterrey”.
El 6 de septiembre de 1990, el Ejecutivo Federal y los Poderes Ejecutivos de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, celebraron el Acuerdo de Coordinación para el aprovechamiento de la Cuenca del Rio San Juan, con la finalidad de satisfacer la demandas de agua para usos urbanos e industriales de la Ciudad de Monterrey, así como preservar los usos múltiples del Distrito de Riego 026, en el Estado de Tamaulipas.
El 19 de enero de 1996, el Comité Hidráulico del Distrito 026 y los Gobiernos de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, con colaboración de la Comisión Nacional del Agua (CNA), suscribieron una minuta que reflejó los consensos logrados en relación al apreciamiento de las aguas del Rio San Juan, y el 13 de noviembre del mismo año, se reunieron nuevamente, a efecto de evaluar los avances de las acciones y acordaron continuar atendiendo lo compromisos adquiridos en este Acuerdo de Aguas entre ambos estados, tomándose entre otros los siguientes acuerdos:
1. “El gobierno del estado de Nuevo León y la Comisión Nacional del Agua, realizarían en 1997, la construcción del Emisor necesario para conducir las aguas residuales tratadas, provenientes de la Ciudad de Monterrey y su Zona Metropolitana, a la Presa Marte R. Gómez, en el estado de Tamaulipas (...)”
2. “La Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de Tamaulipas elaborarían un programa calendarizado de inversiones por un monto de 200 millones de pesos de 1996, a cargo del gobierno federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua, para llevarse a cabo durante los años 1997, 1998 y 1999, destinadas a eficientar el uso de las aguas del Distrito de Riego 026 bajo Río San juan, mediante la rehabilitación, el mejoramiento de infraestructura y la utilización de tecnología moderna.”
3. “La Presa “El Cuchillo-Solidaridad” para la ciudad de Monterrey, y su zona metropolitana, se construirá con recursos del gobierno de Nuevo León, una vez que se concluyan y operen las obras mencionadas en el instrumento.”
4. “La Comisión Nacional del Agua, analizará durante el mes de noviembre de cada año, con base en la información al 31 de octubre, la disponibilidad total del agua, y determinará en el mes de noviembre, los volúmenes a usar de la Presa El Cuchillo, para asegurar el abastecimiento de la Ciudad de Monterrey y su Zona Metropolitana, el Acueducto Regional China –Los Aldama-Arcabuz y para el uso de riego en los Distritos de Riego 026 bajo Río San Juan Tamaulipas y 03, Las Lajas, en Nuevo León, (...)”.
Para el caso de que el Distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, no recobre el volumen total convenido, se procederá a compensar este déficit a los usuarios, bajo el siguiente procedimiento:
I. Con datos al 31 de octubre de cada año, en el mes de noviembre se determinará el volumen no entregado, este se dividirá entre una lámina promedio de 80 centímetros, con lo cual se obtendrá la superficie que dejaría de regarse.
II. Para calcular el monto a compensar, se tomará como referencia el precio de una tonelada de maíz cosechado en el ciclo correspondiente en las áreas regadas del propio Distrito 026 y se multiplicará por el número de hectáreas no regadas, y la cantidad que resulte en dos parcialidades iguales, una en el mes de febrero y a la segunda en mayo.
III. La Comisión Nacional del Agua determinará, con base en las condiciones específicas de cada caso, el origen de la fuente de compensación.”
Derivado de estos acontecimientos, el pasado 27 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua, abrió las compuertas de la Presa El Cuchillo , ubicada en el municipio de China, Nuevo León, para trasvasar 200 millones de metros cúbicos de agua al embalse Marte R. Gómez, del Estado de Tamaulipas, y así cumplir con el convenio celebrado con los agricultores del Distrito de Riego 026, que utilizarán el líquido durante el ciclo agrícola 2022-2023.
Según autoridades de la Comisión Nacional del Agua, antes del trasvase, la Presa El Cuchillo almacenaba 756.5 millones de metros cúbicos, por lo cual solo quedaron 556.5, millones de metros cúbicos, es decir a solo el 49.5 por ciento de su capacidad de almacenamiento, que es de 1,123 mil millones de metros cúbicos. 5
Dicho organismo destacó que la correcta administración de las presas La Boca y Cerro Prieto, en Nuevo León, permitirán prolongar el aprovechamiento de su líquido hasta que se reciban las lluvias esperadas en la entidad para mediados de 2023.
Sin embargo, de acuerdo al Registro Histórico de lluvias, el Estado de Nuevo León, ha tenido un promedio de precipitación media histórica anual en los últimos 18 años de 608 mm, que lo ubica entre los diez estados de la Republica junto con Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Querétaro, Sonora y Zacatecas, que menos precipitación han tenido en este mismo periodo .6
Recordemos que el 2 de enero del 2022, el Gobierno del estado de Nuevo León emitió una declaratoria de Emergencia ante la situación de sequía que se vivió en la entidad, debido a que las fuentes de abastecimiento de agua potable no presentaron la capacidad suficiente de llenado para lograr cubrir las necesidades de agua de distintos municipios, ya que de acuerdo con datos oficiales el volumen total de llenado de las presas en promedio fue de 44.1 por ciento; y de forma particular las Presas Cerro Prieto con un nivel del 9.88 por ciento, La Boca del 25.28 por ciento y El Cuchillo con el 53.98 por ciento, mismo que por cierto, quedó al mismo nivel actual una vez realizado el trasvase de 200 millones de metros cúbicos de agua al embalse Marte R. Gómez.
Es importante mencionar que en junio del 2021, la ausencia de lluvias avivó el problema del embalse del Río San Juan entre Tamaulipas y Nuevo León por el acceso al agua. La situación crítica llegó al extremo durante ese mes, que el entonces gobernador electo Samuel García señaló que no haría entrega de agua al estado vecino, aunque se debe señalar que este río está bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua y corresponde a esta dependencia determinar el uso y aprovechamiento para los estados colindantes.
Podemos apreciar que la falta de agua es un problema que lleva muchos años, y se debe principalmente a la escasez de lluvias, por lo que sin ese proceso no se pueden alimentar las presas de Nuevo León ni de Tamaulipas, y es en temporadas de calor en donde la sequía se agudiza más.
Es importante hacer referencia al párrafo quinto del acuerdo de carácter general de inicio por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022, en el que se menciona “Que nuestro país está expuesto a diferentes eventos hidrometeorológicos severos, tales como sequías, fenómenos impredecibles que pueden presentarse en cualquier zona del territorio y cuya ocurrencia reduce drásticamente los volúmenes de agua almacenados en las presas, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable, por lo que la estrategia más importante para enfrentar sus efectos, consiste en que los usuarios implementen acciones preventivas y de mitigación, y en caso de ser necesario, la Comisión Nacional del Agua ordene medidas transitorias para garantizar el uso doméstico y público urbano ante dicho fenómeno natural en sus modalidades severa, extrema o excepcional. (...)”7
Por cómo se han dado las cosas, ante el aumento de sequía en la parte noreste del país, se evidencia que el acuerdo firmado en 1996, es prácticamente imposible de cumplir, esto de acuerdo a los datos históricos de las precipitaciones en el estado de Nuevo León y sobre todo, por la escasez de lluvias sufrida en el 2022, que fue de 438 milímetros anual, por lo que no tenemos la certeza que en los años venideros se tengan lluvias más abundantes que permitan contar con suficientes excedentes en las presas para cumplir con dicho acuerdo, lo que nos llevaría a hacer un replanteamiento del mismo, sobre todo en lo relativo al trasvase de agua al embalse Marte R. Gómez, del estado de Tamaulipas.
Dicha incertidumbre en materia de precipitaciones pluviales, pone en inminente riesgo de desabasto a la Zona Metropolitana de Monterrey, por lo cual no se puede seguir dando agua de la Presa El Cuchillo , lo que implica pagar desde otras presas, como es el caso de la Presa Salinillas , que está al norte del estado de Nuevo León, en la frontera con Estados Unidos, y que ya ha trasvasado agua en 2006 y 2007 para saldar la deuda de agua con Tamaulipas y Estados Unidos.
En este mismo sentido, las condiciones demográficas, así como las necesidades de la población de este recurso vital han cambiado. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi):
“La población del estado ha tenido una tendencia de expansión por al menos 30 años, pues entre 1990 y 2015 aumentó 39.47 por ciento, lo que se traduce en dos millones de nuevos habitantes (Inegi). Esta tendencia se espera que continúe hacia 2030 cuando se habrá duplicado la población de 1990 llegando a más de seis millones de habitantes (gráfica 2). Esto habla de un crecimiento acelerado de la población, en donde se percibe un 9.54 por ciento de crecimiento quinquenal promedio”.8
Hoy más que nunca es imprescindible, que para proteger con el derecho humano de acceso al agua potable y sanidad consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los compromisos internacionales. Ante el hecho de que Nuevo León y otros estados de la República mexicana seguirán siendo afectados por sequía y escasez de agua, es que resulta necesario replantear el Acuerdo de colaboración entre el Distrito de Riego 026 de Tamaulipas, la Comisión Nacional del Agua y Agua y Drenaje de Monterrey de Nuevo León, ya que no se puede preferir otorgar agua potable para zonas de riego que para el consumo humano a la supervivencia de la población.
Y así, realizar una evaluación sobre los acuerdos realizados y la mejor manera de satisfacer las necesidades de la población y de la producción agrícola, sin menoscabar la protección de los derechos de todos los sectores.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, remita a esta soberanía un informe que contenga un análisis sobre la viabilidad de reestructurar los acuerdos establecidos en materia de trasvase de aguas al embalse Marte R. Gómez; así como el procedimiento de compensación del Distrito de riego 026 Bajo Río San Juan del estado de Tamaulipas, ante la escasez de lluvias, sequía y desabasto de agua existente en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.
Notas:
1 El informe “DROUGH IN NUMBERS 2022”, restoration for readiness and resilience¸ se puede consultar en la página de la Convención para el Combate a la Desertificación de las Naciones Unidas en el siguiente apartado: https://www.unccd.int/resources/publications/drought-numbers
2 Del 11 a 13 de octubre de 2022 se llevó a cabo el Congreso “Agua para el bien común”, organizado por el CONACYT y CIMAV donde abordaron la crisis hídrica en México y posibles soluciones, por lo que se puede consultar la información del comunicado de dicha institución en el siguiente sitio: https://conacyt.mx/abordan-crisis-hidrica-en-mexico-y-posibles-solucion es-en-congreso-agua-para-el-bien-comun-organizado-por-conacyt-y-cimav/
3 El Monitor de Sequía en México es un reporte que se emite quincenalmente desde 2014, elaborado por Sistema Meteorológico Nacional y la CONAGUA mediante el cual se detecta el estado actual y evolución de la sequía, permite emitir mapas de sequía en escala de tiempo y se puede consultar en el siguiente link: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de -sequia-en-mexico#:~:text=El%20Monitor%20de%20Sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A 9xico%20consta%20de%20un%20Reporte,de%20la%20contabilidad%20de%20munici pios
4 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de la Asamblea de las Naciones Unidas se puede consultar en el siguiente apartado: https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&ut m_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_c ampaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAiAnZCd BhBmEiwA8nDQxVGMw1zyVcdyW0fdIOMeJAu_GdZn0lDK6YcmJ1GRgw18YlMgGXcVcxoCYC8 QAvD_BwE
5 HYPERLINK “https://www.sadm.gob.mx › SADM” https://www.sadm.gob.mx › SADM
6 HYPERLINK “http://dgeiawf.semarnat.gob.mx › ibi_apps › WFServlet” http://dgeiawf.semarnat.gob.mx › ibi_apps › WFServlet
7 Diario Oficial de la Federación - 12/07/2022.
8 Disponible en: https://participa.conl.mx/pub/demografia/release/4
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de enero de 2023.
Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al estado de Oaxaca a revocar las patentes entregadas a nuevos notarios, así como a los que se encuentran en investigación por los delitos contra el patrimonio, despojo y suplantación de identidad, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Décimo Cuarto de las Reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el Primer Receso del Segundo Año de la LXV Legislatura, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca a revocar las Fiat entregadas a nuevos notarios, así como a los que se encuentran en investigación por los delitos contra el patrimonio, despojo y suplantación de identidad , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 1 de diciembre de 2022, entró en funciones el nuevo gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, conforme lo especifica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el primer párrafo de su artículo 69, que a la letra dice:
“Artículo 69. El gobernador rendirá la protesta de Ley el primero de diciembre del año de su renovación y enseguida tomará posesión de su encargo, que durará seis años. Nunca podrá ser reelecto para otro período constitucional.”
En anterior gobernador Alejandro Murat Hinojosa ocupó este lugar del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre del 2022, sin embargo durante su administración se dieron una serie de irregularidades dentro del Registro Civil en complicidad de notarios de esta entidad federativa, como la de delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público, falsificación de documentos, fraude específico y suplantación de identidad, relacionados con el despojo de bienes en Oaxaca poder venderlas y obtener ganancias de manera fraudulenta.
Los malos manejos de los notarios, en complicidad con el Registro Civil de Oaxaca, se hicieron evidentes con el proceso judicial que han estado enfrentado los hermanos Gómez Consatti, en donde un juez pidió se les restituyeran sus identidades, en donde se les alteraron sus identidades en la Base Nacional de Datos, a quienes se les hizo una reposición de actas de nacimiento y les deben sr resarcidos los daños de manera integral.
A principios del pasado mes de noviembre presenté un punto de acuerdo en esta Cámara de Diputados en donde solicité que el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se abstuviera de otorgar nuevas patentes a notarios, hasta que se aclararan las más de 200 carpetas de investigación que se encuentran en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que fueron abiertas antes y durante su periodo de gobernador las cuales no han sido resueltas, esto debido a que el nombrar notarios es facultad de los gobernadores en Oaxaca como bien lo menciona la Constitución de Oaxaca en su artículo 79, en donde se mencionan sus facultades:
“Artículo 79. Son facultades del gobernador:
I. al XXI. &
XXII. Otorgar patentes de notario, con sujeción a la Ley respectiva;
XXIII. al XXVIII. ...
Esta solicitud se hizo debido a que en comparecencia el 30 de agosto de 2022 el fiscal general de Oaxaca ante el Congreso del estado aceptó que hay 1467 carpetas de investigación abiertas por despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio, suplantación de identidad y que, de estas más de 200 carpetas de investigación son contra notarios, denuncias que van desde suplantación de identidades a despojo de inmuebles en la entidad, lo que hace evidente que no todos los notarios en el estado son confiables.
Sin embargo, el pasado lunes 19 de diciembre de 2022 se dio a conocer por el consejero jurídico del actual gobernador, en conferencia de prensa, que durante el gobierno de Alejandro Murat se otorgaron 30 Fiats, de los cuales 14 se entregaron los últimos días del mes de noviembre, es decir días antes de que terminara su encargo como gobernador, esto a pesar del exhorto y de la gran cantidad de denuncias en contra de notarios en el estado de Oaxaca que su mismo fiscal dio a conocer.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, a retirar la patente a los 30 nuevos notarios que les fueron entregados durante el periodo del anterior gobernador Alejandro Murat.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, retirar la patente a los notarios involucrados en las carpetas de investigación que se encuentran abiertas actualmente en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca hasta que se resuelvan.
Bibliografía
- Periódico Oficial del Estado, (1922) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Recuperado de: https://www.oaxaca.gob.mx/cocitei/wp-content/uploads/sites/48/2019/07/C ONSTITUCION-POLITICA-DEL-ESTADO-LIBRE-Y-SOBERANO-DE-OAXACA.pdf
- Gaceta Parlamentaria (2022) Por el que exhorta al gobierno de Oaxaca a suspender las nuevas patentes a notarios hasta que se aclaren las carpetas de investigación que se encuentran en la Fiscalía General local. Recuperado de: http://gaceta.diputados.gob.mx/
- Conferencia de prensa (2022) Palacio de Gobierno de Oaxaca. Recuperado de: https://fb.watch/hzm0y6WVIR/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte 2023, en la que sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le exponga distintos temas urgentes y prioritarios que tienen que atenderse como parte de la relación bilateral, suscrita por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del PAN
Lilly Téllez, senadora de la república por el estado de Sonora en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, para que en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte 2023 en la que sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le exponga distintos temas urgentes y prioritarios que tienen que atenderse como parte de la relación bilateral con Estados Unidos, mismos que se encuentran contenidos en el considerando cuatro del presente documento, al tenor de los siguientes
Consideraciones
1. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa celebrada en Palacio Nacional el pasado 25 de noviembre del año en curso, hizo del conocimiento público que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, vendrán a nuestro país con motivo de la X Cumbre de Líderes de América del Norte. Se realizará el 10 de enero de 2023.
2. Conforme lo anunció el primer mandatario mexicano y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, habrá una reunión bilateral entre México y Estados Unidos, el 9 de enero de 2023.1
3. En ese sentido, el presidente López Obrador, en su calidad de jefe del Estado, sostendrá un encuentro con su homólogo estadounidense y que debe de aprovecharse para que le presente una serie de temas urgentes y prioritarios que tienen que ser tratados en el marco de las relaciones entre México y Estados Unidos.
4. A continuación, menciono los temas que propongo para que esta honorable asamblea los haga llegar al titular del Poder Ejecutivo federal con el objetivo de exhortarlo para que él los pueda exponer al presidente Joe Biden en forma personal o en su caso, por escrito:
4.1 Migración norte: centroamericanos y sudamericanos en ciudades fronterizas de México, asilados y en espera de entrar a Estados Unidos. México es “Tercer País”, en los hechos.
4.2 Migración sur: Trato de las autoridades de seguridad (Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional) a las caravanas de migrantes de Centroamérica a su paso por la frontera. Estaciones migratorias.
4.3 Migración mexicana: incremento del número de migrantes mexicanos detenidos al intentar cruzar la frontera sin documentos (ya superan en número a los transmigrantes).
4.4 USD $4 mil millones para establecer y fortalecer programas sociales de México en Centroamérica, como la solución de raíz a la delincuencia organizada.
4.5 Subsidios a programas vinculados al Entendimiento Bicentenario.
4.6 Modernización de la infraestructura fronteriza, particularmente en lo relacionado a cruces carreteros y ferroviarios, así como equipamiento aduanero.
4.7 Cooperación en materia energética y ambiental, incluyendo posibles paneles de controversia por cambios discriminatorios de México a la legislación eléctrica.
4.8 Cooperación para el combate al crimen organizado.
4.9 Tráfico de armas desde Estados Unidos y demanda de México contra armeros y fabricantes de armas.
4.10 Tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos de parte de los cárteles mexicanos y las organizaciones criminales, incluyendo acceso a precursores provenientes de China e India.
4.11 Tráfico de metanfetaminas desde México e incremento en tráfico de cocaína proveniente de Colombia.
4.12 El muro y otras declaraciones de Donald Trump, como presidente y como posible candidato a la presidencia en 2024.
4.13 Vacunas de COVID-19, en todas sus variantes, para diversos segmentos de la población en México, como regalo o como compra.
4.14 Respuesta de USAID sobre carta del presidente Andrés Manuel López Obrador que pregunta sobre financiamiento de organizaciones no gubernamentales en diversos temas, incluyendo algunas oficinas del gobierno mexicano.
4.15 Relación con Latinoamérica y organización de cumbres que incluyen a Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, y posicionamiento frente a sucesos recientes y declaraciones en Argentina, Brasil, Chile y Perú.
4.16 Relación con el presidente Joe Biden y declaraciones sobre legisladores y gobernadores en Estados Unidos.
4.17 Presencia de personal de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en México luego de los cambios a la Ley de Seguridad Nacional y la creación de la categoría de “agentes extranjeros”.
4.18 Intercambio de inteligencia, particularmente relacionado a la presencia en México de potencias extrarregionales (Rusia, China, Irán)
4.19 Posición de México en temas multilaterales, particularmente la invasión rusa a Ucrania.
4.20 Creación de un programa para que millones de mexicanos que contribuyen a la economía estadounidense lo puedan hacer desde la legalidad.
4.21 Militarización en la prestación de servicios de aviación civil en México.
4.22 Participación de empresas militares en el marco del T-MEC.
5. Este órgano colegiado del Poder Legislativo federal y en ejercicio de las funciones de control político que tiene frente al Poder Ejecutivo federal en el sistema de pesos y contrapesos dentro de nuestra democracia constitucional, tiene la facultad y el deber de solicitarle al presidente López Obrador que aproveche la reunión con el presidente Biden con el fin de atender temas importantes para la relación de ambos países en beneficio de sus habitantes.
6. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución , la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único .- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, para que en el marco de la X [RTF bookmark start: _Hlk71100715]Cumbre de Líderes de América del Norte 2023, en la que sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le exponga distintos temas urgentes y prioritarios que tienen que atenderse como parte de la relación bilateral con Estados Unidos, mismos que se encuentran contenidos en el considerando cuatro del presente documento.
Nota
1 Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 20 de diciembre de 2022: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-confe rencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-20-de-d iciembre-de-2022?idiom=es
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 5 de enero de 2023.
Senadora Lilly Téllez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Banxico a informar por escrito el estado que guardan la situación de los precios, las proyecciones sobre la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés y la situación económica de México en el contexto internacional, suscrita por la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables; someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al Banco de México, informe a esta soberanía por escrito, el estado que guardan la situación de los precios, las proyecciones sobre la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés y la situación económica de México en el contexto internacional, y remita dicho informe en un plazo máximo de 15 días naturales.
Consideraciones
México presenta grandes retos, entre los que se encuentra la desaceleración económica a nivel mundial en un contexto de inflación generalizada, aspectos que se derivan por múltiples factores como son la pandemia por covid-19, la invasión de Rusia a Ucrania, entre otros.
En México podemos sentir “lejanos” estos países, sin embargo, son importantes proveedores de energía, cereales y ciertos metales e incluso en muchos casos, la dependencia de estos productos es muy alta, lo que provoca un desequilibrio de suministros en muchos niveles.
De acuerdo con el Banco Mundial, este contexto da como resultado un crecimiento acelerado de la inflación y promueve que las condiciones financieras sean más restrictivas y acentúa la incertidumbre en el ámbito político.
Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la economía global enfrenta “un año difícil, más difícil que el año que dejamos atrás”.
“Esperamos que un tercio de la economía mundial esté en recesión”, dijo la funcionaria en una entrevista a la cadena CBS. “¿Por qué? Porque las tres grandes economías (Estados Unidos, la Unión Europea, China) se están desacelerando simultáneamente”, señaló.
El FMI ya había advertido en octubre que más de un tercio de la economía mundial se contraería y que hay un 25 por ciento de posibilidades de que el producto interno bruto (PIB) global crezca menos del 2 por ciento en 2023, lo que define como una recesión global.
Las expectativas globales del FMI son las de un crecimiento del PIB de 3.2 por ciento en 2022 y una desaceleración a 2.7 por ciento en 2023, el crecimiento más débil desde la desaceleración mundial del 2001, salvo las crisis financieras mundiales y el covid-19.
A nivel nacional, además de los factores globales, ya se tenía un panorama complicado en materia económica, por lo que 2023 será un año en donde afrontemos diversos desafíos.
Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional indicó que el país crecerá 2,1 por ciento este año y para 2023 1,2 por ciento. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó a la baja su estimación para la economía mexicana con un 1,5 por ciento para el siguiente año. Finalmente, en el reporte del segundo trimestre de 2022 del Banco de México (Banxico), determinó que su previsión de crecimiento para 2023 es de 1,6 por ciento.
Aunque no hemos tenido un crecimiento económico en los últimos 4 años, el tipo de cambio, la llegada de remesas y la actividad económica se mantuvieron relativamente estables durante el 2022, otros indicadores como la inflación, tuvieron un impacto negativo en los hogares, en donde aumentó la pobreza.
El indicador macroeconómico que más preocupó durante 2022 fue la inflación, que rompió con fuerza la meta establecida por el Banco de México e incluso tocó niveles no vistos en 20 años; al corte de la primera quincena de diciembre la tasa de inflación interanual fue de 7.7 por ciento.
La inflación ha provocado el incremento de todos los niveles de inseguridad alimentaria, una pérdida generalizada del poder adquisitivo y la caída en los niveles de consumo privado.
La inflación de los alimentos concluyó en 2022 por arriba del 10 por ciento y en consecuencia los consumidores están reduciendo el volumen de sus compras.
La canasta básica de alimentos en México registró un encarecimiento de 12 por ciento respecto del mismo mes del año pasado. Este aumento es superior a la tasa de inflación general, evidenciando cómo la comida es lo que está incrementando su precio de manera más pronunciada.
Las familias están gastando lo mismo, pero comprando 40 por ciento menos en productos de consumo masivo, en especial aquellas que cuentan con más de 5 integrantes, y aquellos hogares con infantes de entre 6 y 12 años.
De acuerdo con la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante (Anpec), hay una lista de al menos 16 productos de consumo popular que fueron los que registraron los picos o subidas de precios de mayor impacto en 2022.
Destacaron el pollo entero, que alcanzó los 220 pesos en Guerrero; el aguacate, a 160 pesos el kilo en Zacatecas; la naranja, con 85 pesos el kilo en Tabasco; el kilo de huevo, a 82 pesos en Nuevo León; y el kilo de manzana a 75 pesos en Hidalgo.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec, denunció que van dos años padeciendo una escalada inflacionaria de precios sin precedente que ha llevado a la inseguridad alimentaria a millones de mexicanos, achicando su consumo, bajando su calidad, obligando a saltar comidas y a entrar a la zona negra del hambre.
El encarecimiento de la vida y los bajos salarios se han combinado durante 2022 para impedir a las familias costear la canasta básica de alimentos. En el país, 4 de cada 10 personas no puede costear su alimentación con su ingreso laboral, acuerdo con estimaciones del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).
Sin embargo, aún cuando la inflación disminuyó la primera quincena de diciembre, el Banco de México ha mantenido una proyección inflacionaria muy optimista, comentando que cerrarán 2023 con una inflación del 4 por ciento.
Al respecto, proyectan una inflación de 8.1 por ciento para el primer trimestre de 2023; posteriormente para el segundo trimestre una inflación de 7.5 por ciento; el tercer trimestre en 5.9 por ciento; y para el cuarto trimestre de este año, pronostican una inflación de 4.1 por ciento.
Sin embargo, la realidad que se vive en las familias mexicanas es otra, día a día luchan para hacer rendir el poco ingreso que obtienen, cada día destinan más y más recursos para solventar las necesidades básicas, situación que se ha traducido en un aumento en la pobreza.
Es por ello, que es necesario que el Banco de México presenté ante el Congreso de la Unión un informe relativo a la situación económica que se vive en México, y cuáles serán las acciones a tomar para este 2023 y poder mitigar la alza inflacionaria que se vive.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita, respetuosamente, al Banco de México, informe a esta soberanía, por escrito, el estado que guardan la situación de los precios, las proyecciones sobre la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés y la situación económica de México en el contexto internacional, y remita dicho informe en un plazo máximo de 15 días naturales.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 5 días del mes de enero de 2023.
Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al estado de Chihuahua a lograr la recaptura de los reos fugados el 1 de enero de 2023, garantizar el gobierno y seguridad del Cereso número 3 de Ciudad Juárez, y a destinar los recursos de la Torre Centinela para garantizar la seguridad de las familias del estado, suscrita por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la regla Quinta, Décima Cuarta, Décima Quinta, Décima Sexta y Décima Séptima de las Reglas que Regirán las Sesiones y Trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el Primer Receso del Segundo Año de la LXV Legislatura, y demás disposiciones relativas y aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a las autoridades del estado de Chihuahua a lograr la recaptura de los reos fugados el 1 de enero de 2023, garantizar el gobierno y seguridad del Cereso número 3 de Ciudad Juárez y a destinar los recursos de la Torre Centinela para la garantizar la seguridad de las familias del estado, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La seguridad es uno de los pilares de la sociedad, que permite a las personas vivir libres de amenazas como lo son la violencia o el delito. Para su consecución, el Estado asume las capacidades para proteger la integridad y los derechos humanos de las y los ciudadanos.
Si bien la materia de seguridad ha sido uno de los rubros más problemáticos a nivel nacional, el gobierno federal ha emprendido una estrategia que involucra acciones coordinadas de distintas instituciones a fin de amainar la ola de violencia desatada, entre otros factores, por la guerra contra el narco iniciada en el periodo del presidente Calderón.
En Chihuahua, sin embargo, hemos vivido la violencia y la inseguridad desde hace décadas y Ciudad Juárez, desgraciadamente ha sido ejemplo del crimen, la violencia y la impunidad, situación que se ha recrudecido en los últimos meses, con los hechos suscitados en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3, de Ciudad Juárez.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante 2021 el Cereso número 3 de Ciudad Juárez tuvo la peor evaluación de los 11 centros penitenciarios analizados en Chihuahua. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 arrojó las siguientes problemáticas:
a) Hacinamiento y sobrepoblación (tiene capacidad para albergar a 3 mil 125 personas y, en 2021 tenía 3 mil 500 internos;
b) Insuficiencia de vías para remisión de quejas de probables violaciones a derechos humanos;
c) Condiciones deficientes para garantizar una estancia digna;
d) Autogobierno derivado de la insuficiencia de personal de seguridad y custodia;
e) Actividades ilícitas;
f) Deficiente separación entre procesados y sentenciados;
g) Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y capacitación;
h) Insuficiencia de programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, entre otros.
Sin embargo, la evaluación de la CNDH no es una cuestión nueva o desconocida por las autoridades, toda vez que ese centro penitenciario ha presentado problemáticas de violencia en distintos momentos:
-En julio de 2011 murieron 17 internos durante una riña dentro del Cereso No. 3, encabezada por grupos delictivos rivales, los Mexicles y los Aztecas;
-El 5 de noviembre de 2019, tuvo lugar un operativo de cateo que derivó en cuatro días de violencia, 26 asesinatos y 37 vehículos calcinados, entre ellos de transporte público;
-El “jueves negro” de Ciudad Juárez, ocurrido el 11 de agosto de 2022, inició con un motín en el Cereso número 3 que desbordó la violencia dentro del penal hacia las calles de la ciudad, ese día 11 personas fueron asesinadas; y,
-El 1 de enero de 2023 hombres armados llegaron al penal en autos blindados con la intención de apoyar en la fuga de reos. Tras horas de violencia, el resultado del motín fue de 17 personas asesinadas, 7 internos y 10 oficiales, 13 personas heridas y 27 reos fugados.
Como lo detalla la CNDH, el autogobierno de los grupos delictivos, la violencia y el atropello a los derechos humanos son el pan de cada día en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez, desafortunadamente, la incapacidad del gobierno de Chihuahua ha permitido que esas condiciones se extiendan a las calles de nuestra ciudad, hacia la sociedad civil, hacia la gente de bien que hoy son víctimas de grupos delincuenciales ante la mirada omisa, indolente y cobarde de las autoridades, quienes se solidarizan con las familias de las víctimas pero que no hacen nada para combatir esta violencia.
La gobernadora María Eugenia Campos se pronunció más de 9 horas después de lo sucedido para convocar a una Mesa de Seguridad, como también lo hizo el jueves negro. Una vez más queda de manifiesto que las declaraciones de la gobernadora no van más allá de un posicionamiento mediático, de lo contrario, cómo explicar que a menos de 6 meses del jueves negro, las autoridades federales encontraron celdas de lujo en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez, una caja fuerte con un millón 702 mil 174 pesos, presuntamente provenientes de la venta de droga en las instalaciones, 84 dispositivos móviles, una decena de armas largas, cuatro cortas, 82 cartuchos de diversos calibres, 285 bolsas de crystal (4 kg), 38 bolsas de cocaína (40 gr), 68 bolsas con marihuana (16.2 kg), 69 bolsas de heroína (1.5 kg), 8 pastillas de fentanilo, y 40 gramos de cocaína.
Lo anterior evidencia la incompetencia de las autoridades o su colusión, desde el más alto rango, con los grupos delictivos.
Asimismo, debe destacarse que el Congreso del estado -cuyo grupo mayoritario es el Partido Acción Nacional- desestimó la solicitud de comparecencia al titular de la Fiscalía General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, que era necesaria dadas las circunstancias del jueves negro. El argumento de los diputados panistas fue que “no era tiempo de comparecencias, debido a que los funcionarios están enfocados en brindar resultados ante los recientes hechos de violencia.”
Las autoridades y los poderes del Estado han demostrado su incapacidad para dar solución a un problema complejo con múltiples aristas, como lo es la violencia desatada en el Centro Penitenciario de Ciudad Juárez, por el contrario, han intentado dilatar la información, impedido la rendición de cuentas y abonado a la violencia que ha rebasado el ámbito penitenciario y se ha reflejado, lamentablemente, en nuestra ciudad.
A pesar de que la gobernadora, el fiscal y las autoridades involucradas evadan su responsabilidad, señalando que: “no permitamos que estos hechos hagan decaer la esperanza, estamos haciendo la diferencia en materia de seguridad”, o “la situación está bajo control, y seguimos con un detallado monitoreo de los hechos”. Es evidente que no es así, como tampoco lo fue el jueves negro.
Nuevamente, la realidad supera el discurso panista, puesto que a pesar de su voto en contra del la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, son el Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional quienes han logrado llevar orden en el Cereso número 3, y es la federación quien está lista colaborar en el traslado de reos de alta peligrosidad pese a las dilaciones de las autoridades locales.
Si bien la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales es necesaria, no debe pasar inadvertido que: “la responsabilidad de lo que sucede en el penal, de las medidas de seguridad, del despliegue que se tiene en la parte interna, es responsabilidad del estado. Son los que establecen las condiciones de seguridad de este penal”, como lo ha señalado el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
De acuerdo con los hallazgos de las autoridades federales, además de las armas y de los más de 20 kilogramos de drogas -enumerados líneas arriba-, se encontraron 10 celdas VIP, es decir, con acceso a utilitarios que están prohibidos en los centros penitenciarios, como los son pantallas y celulares, lo que da cuenta de la colaboración de las autoridades penitenciarias con los internos.
De tal suerte que, lo ocurrido en los últimos seis meses en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez expone la indiferencia de las autoridades locales a los hechos de violencia, su omisión para cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad no sólo de las personas privadas de la libertad sino también de la población, así como la corrupción y complicidad de las autoridades penitenciarias con los grupos delincuenciales.
La cúspide de estos actos, por demás irresponsables, es la indolencia de las y los diputados panistas del Congreso del estado, que en su momento descartaron llamar a comparecer al Fiscal General del Estado y que hoy deben asumir esa decisión ante la sociedad juarense.
Una vez más, el discurso de las autoridades locales es desmentido por una realidad que nos duele. Ciudad Juárez sigue siendo muestra de esa violencia que caracteriza a nuestro estado, y pone de manifiesto la inexistencia de una estrategia o un plan de seguridad que ha sido sustituido por un edificio de concreto, fierro y ladrillo, la Torre Centinela, la cual, no resolverá nada.
El costo de esta obra, de acuerdo con el secretario de Hacienda de Chihuahua, José Jesús Granillo, será de 4 mil 200 millones de pesos,1 lo que, dadas las condiciones de violencia que vive el estado, sería conveniente destinarlo a tareas de seguridad para garantizar la seguridad de las familias, no a una obra que poco o nada incidirá en la protección de las familias.
Es por ello que, como representante de Ciudad Juárez, acudo a esta asamblea para que, de manera urgente, se exhorte a la gobernadora y al titular de la Fiscalía General del Estado, a imponer las medidas necesarias y actuar sin dilaciones para lograr la captura de los reos fugados, garantizar la seguridad al interior del centro penitenciario con apego irrestricto a los derechos humanos y tomar medidas extraordinarias a fin de que las colonias aledañas al Cereso número 3, así como la población en general, tengan garantizada su seguridad y la de sus familias; asimismo, se hace un llamado a las autoridades locales a efecto de sancionar a servidores públicos coludidos con los grupos delictivos que han desatado actos violentos dentro y fuera del Cereso número 3; de igual manera, se exhorta al Ejecutivo estatal a destinar los 4 mil 200 millones de pesos que costará la Torre Centinela para reforzar la seguridad en el estado, ante la urgencia y la necesidad de proteger a las familias de nuestro estado.
Por todo lo anteriormente expuesto, en mi condición de diputada federal, acudo a esta honorable Comisión Permanente a presentar proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, en los siguientes términos:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal general del estado de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, a imponer las medidas necesarias y actuar sin dilaciones para lograr la captura de los 27 reos fugados del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3; a garantizar la seguridad al interior del centro penitenciario, con apego irrestricto a los derechos humanos, y realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las familias que viven en colonias aledañas al Cereso número 3, así como de la población en general.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal general del estado de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, para que, de manera coordinada, se investigue y se impongan sanciones ejemplares a los funcionarios y servidores públicos que hayan colaborado con los grupos delictivos para violentar las normas que rigen la vida de las personas privadas de la libertad; así como a quienes hayan participado en la fuga, motín y hechos violentos suscitados el 11 de agosto de 2022 y el 1 de enero de 2023 dentro y fuera del Cereso número 3.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a garantizar las condiciones de gobernabilidad en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez, y a aplicar de manera estricta los protocolos para la atención y control de incidentes violentos y motines.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a valorar la suspensión de la obra de la Torre Centinela para que, en su caso, los 4 mil 200 millones de pesos que costará su construcción se destinen a acciones que garanticen la seguridad de las familias del estado de Chihuahua.
Nota
1 Consultado en: https://radionet.com.mx/torre-centinela-se-pagara-en-plazos-esto-costar a
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado de México y al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa a realizar e informar las acciones implementadas para la pronta construcción del plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México Toluca II, suscrita por la diputada Verónica Collado Crisolia, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Verónica Collado Crisola, integrante de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La educación de calidad es un derecho humano fundamental y es un bien público que el Estado tiene la obligación de garantizar, por ello se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y garantizada en las leyes generales y tratados internacionales de los que México forma parte. Además, una educación de calidad es el motor de crecimiento económico y de desarrollo social de un país.
Dentro de los servicios educativos que imparte el Estado de México en el nivel medio superior está el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (en adelante CECyTEM), que es una institución de principios y valores que comparte la visión de que la educación dignifica a las personas y es el motor del crecimiento económico y social****** . El objetivo del CECyTEM es lograr que los estudiantes desarrollen sus capacidades científicas y tecnológicas, al mismo tiempo de cursar el nivel medio superior. Además de realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social de ser humano.
El CECyTEM tiene 60 planteles distribuidos en varios municipios de la entidad mexiquense, de los cuales siete se encuentran en instalaciones provisionales, y a pesar de contar con la clave de centro de trabajo, personal docente y administrativo, y un considerable número de alumnos, no se les han proporcionado las instalaciones que garanticen a los alumnos y docentes la impartición de una educación de calidad.
En el caso del CECyTEM plantel Toluca II, desde el 2014 se están impartiendo las clases en la Escuela Secundaria Oficial No. 222 "Gral. Pedro María Anaya" ubicada en la calle General Manuel Rincón s/n, Tlachaloya, Toluca, Estado de México, C.P. 50295. Dicho plantel tiene un aproximado de 161 alumnos, 11 docentes, y 16 trabajadores administrativos.
El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa es el organismo que se encarga de la construcción y rehabilitación de espacios educativos de nivel básico, medio superior y superior en el Estado de México, a través de la petición el Instituto capta las necesidades de infraestructura de los planteles educativos de todos los niveles, la pueden realizar los directores escolares y sociedades de padres de familia.
Desde la apertura del plantel en el 2014 se han realizado diversas peticiones a la Secretaría de Educación del Estado y al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, para que se inicie con la construcción del CECyTEM plantel II, Toluca, sin embargo, la respuesta ha sido negativa por parte de las autoridades estatales, señalando no contar con el presupuesto necesario y no teniéndolo contemplado para poder llevar a cabo dicho proyecto.
De acuerdo al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en el apartado "Diagnóstico: Educación incluyente y de calidad" se consideró como eje principal incrementar la cobertura en los tipos medio superior y superior para contar con los espacios educativos suficientes para la atención de los jóvenes, así como innovar y diversificar la oferta educativa, fortaleciendo la modalidad a distancia e impulsando acciones que permitan el acceso a becas y convenios estratégicos para apoyar el ingreso y la permanencia en la educación media superior y superior***** .
Así mismo, en materia educativa para el Estado de México la Agenda 2030 considera dentro de sus metas la cobertura y la eficiencia terminal de la educación básica, media superior y superior.
Garantizar la infraestructura y el equipamiento mínimo requerido para el aprendizaje en todas las escuelas mexiquenses es un eje rector para garantizar un sano desarrollo educativo, social y económico. La demanda de infraestructura educativa es mayor al presupuesto destinado anualmente, sin embargo, es importante que se prioricen los proyectos y escuelas que ya están en funcionamiento para poder garantizar a las y los alumnos una educación de calidad.
Por todo lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de México y al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa para que en el ámbito de sus atribuciones realicen e informen las acciones implementadas para la pronta construcción del plantel del Colegio de Estudios, Científicos y Tecnológicos del Estado de México, plantel Toluca II, con clave de centro de trabajo 15ETC0075Z.
Notas:
1. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Secretaria de Educación, consúltese en https://cecytem.edomex.gob.mx/acerca_del_cecytem; 13/12/2022
2. Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023; Primera edición: Gobierno del Estado de México, 2018; consúltese enhttps://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/fil es/pdf/Planes%20y%20programas/PDEM%202017-2023%20web.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de enero del 2023.
Diputada Verónica Collado Crisola (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a realizar revisiones periódicas en conjunto con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, a la infraestructura del STC Metro, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar revisiones periódicas en conjunto con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, a la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), conforme a los siguientes
Antecedentes
I.- El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México es el medio de transporte más usado en el país, diariamente transporta a millones de habitantes que lo utilizan para llegar a sus centros de trabajo, escuelas, hogares o distintos destinos. Solo en mayo de 2022 movilizó a 91 millones 245 mil 641 personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).1
II.- El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México tiene la capacidad de trasladar a más de 80 millones de personas cada mes. Recorre 11 de las 16 alcaldías de la ciudad y cuatro municipios del Estado de México.2
III.- La Línea 12 del Metro lleva más de un año en total suspensión, tras el desplome de un tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco, en donde 27 personas perdieron la vida, y alrededor de 80 personas resultaron heridas. Más de medio millón de usuarios de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa se han visto seriamente afectados.
IV.- En 2022 ocurrieron diversos accidentes debido a la falta de mantenimiento hacia este sistema de transporte. El 31 de enero de 2022 se reportó un incendio a un lado de las vías del Metro entre las estaciones General Anaya y Tasqueña de la Línea 2, y el 26 de febrero una bodega dentro de la estación Pantitlán, de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, se prendió en llamas.3
V.- Asimismo, el 3 de junio de 2022 se registró una explosión por corto circuito entre las estaciones Xola y Villa de Cortés, de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Los usuarios estuvieron atrapados en los vagones hasta que fueron rescatados por personal de Protección Civil. El servicio fue suspendido desde Pino Suárez a Taxqueña.
VI.- Aunado a ello, el 1 de julio de 2022, un vagón de la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro de la capital del país se incendió a causa de un corto circuito. Las autoridades informaron que el percance fue ocasionado por un objeto metálico ajeno al sistema de vías.3
VII.- El 23 de octubre ocurrió un incendio en la estación Viveros, dicha estación se llenó de humo y los usuarios se vieron obligados a abandonar los vagones mientras las autoridades hacían las revisiones pertinentes.4
VIII.- En la estación Guerrero de la Línea B el 28 de noviembre ocurrió un incendio más, inició en las llantas del tren y los peritajes de las autoridades revelaron que se debió a la presencia de un objeto metálico en las vías.4
IX.- Por otro lado, el 29 de diciembre se presentaron retrasos en la Línea 3 y 8, que van de Indios Verdes a Universidad y de Constitución de 1917 a Garibaldi, respectivamente. Hubo una suspensión de servicio en la Línea 3 del Metro para hacer una revisión, debido a que uno de los vagones viajó con las puertas abiertas durante su camino a la estación Niños Héroes, lo que afecta la seguridad de los usuarios del servicio. Además, usuarios reportaron que la Línea 2 también presentaba fallas.5
X.- Los incidentes, retrasos y suspensiones de las líneas del metro no solo impiden que los usuarios lleguen a tiempo a sus destinos, sino ponen en riesgo su seguridad.
Considerandos
I.- El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.
II.- Conforme al párrafo XVIII del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
III.- Conforme al inciso D del párrafo IV del apartado F del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México: Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros.
IV.- Conforme al párrafo I del apartado H del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México: La ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.
V.- Conforme al párrafo IV del artículo 9 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México: Auditoría de movilidad y seguridad vial es el procedimiento sistemático en el que se comprueban las condiciones de seguridad y diseño universal de un proyecto de vialidad nueva, existente o de cualquier proyecto que pueda afectar a la vía o los usuarios, con objeto de garantizar desde la primera fase de planeamiento, que se diseñen con los criterios óptimos para todos sus usuarios y verificando que se mantengan dichos criterios durante las fases de proyecto, construcción y puesta en operación de la misma.
VI.- Conforme al párrafo IV del artículo 46 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México: El seguimiento, evaluación y control de la política, los programas y proyectos en materia de movilidad y seguridad vial se realizarán a través de auditorías de movilidad y seguridad vial.
VII.- Conforme al párrafo I del artículo 51 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México: Las auditorías de movilidad y seguridad vial se llevarán a cabo por la Secretaría y se podrán aplicar a todos los proyectos viales y de transporte como instrumentos preventivos y correctivos que analicen la operación de la infraestructura de movilidad e identifiquen las medidas necesarias que se deben emprender para que se cumplan los criterios de movilidad y seguridad vial enunciados en esta ley.
VIII.- Conforme al artículo 80 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México: La prestación del servicio público de transporte debe realizarse de forma regular, continua, uniforme, permanente y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que dentro de sus facultades se realicen revisiones periódicas en conjunto con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
Segundo. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, se garantice el servicio público de transporte de forma regular, continua, uniforme, permanente y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.
Notas
1 Infobae. (2022). Metro y el Metrobús de la CDMX se disputan el título del rey del transporte público en México. Recuperado de https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/15/metro-y-el-metrobus-d e-la-cdmx-se-disputan-el-titulo-del-rey-del-transporte-publico-en-mexic o/#:~:text=El%20Sistema%20de%20Transporte%20Colectivo%20Metro%20%28STC% 29%20de,el%20Instituto%20Nacional%20de%20Estad%C3%ADstica%20y%20Geograf %C3%ADa%20%28Inegi%29.
2 Nájera, M. (2022). A pesar de diversos fallos, el Metro de la CDMX es el medio de transporte más eficiente. Recuperado de https://www.tribuna.com.mx/mexico/2022/10/31/pesar-de-diversos-fallos-e l-metro-de-la-cdmx-es-el-medio-de-transporte-mas-eficiente-313117.html
3 Álvarez, D. (2022). Las explosiones e incendios en el Metro de la CDMX durante 2022. Recuperado de https://de10.com.mx/actualidad/las-explosiones-e-incendios-en-el-metro- de-la-cdmx-durante-2022
4 Martínez, M. (2022). 3 veces que se ha incendiado el Metro CDMX este 2022. Recuperado de https://gluc.mx/viral/2022/11/29/veces-que-se-ha-incendiado-el-metro-cd mx-este-2022-57157.html
5 Medina, C. (2022). Metro CDMX: Revelan fallas de puertas en tren de la Línea 3. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/comunidad/metro-cdmx-hoy-29-diciembre-2022 -que-esta-pasando/1561252
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales, a las entidades federativas y municipales a implementar de manera pronta y coordinada el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La violencia contra las niñas y niños y adolescentes, en cualquiera de sus expresiones, atenta directamente al disfrute de una vida plena en condiciones dignas que garanticen su desarrollo integral, pues al violentarles, se amenazan de forma frontal las condiciones necesarias para lograr su bienestar y el libre desarrollo de la personalidad, poniendo en entredicho la obligación del Estado y sociedad de garantizar su sano desarrollo, su crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
Pese a lo anterior, el objetivo siempre será que todos los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a una vida libre de cualquier tipo de violencia, por lo cual debemos reconocer que el trabajo por hacer en la materia todavía es arduo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), entre las adolescentes de 15 a 18 años, el 26.1 por ciento declaró haber sufrido violencia durante la niñez, dentro de los cuales 20.4 por ciento padeció violencia física, 10.5 por ciento violencia emocional y 5.5 por ciento violencia sexual.1
Por su parte, en la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres se observó que en lo que respecta al maltrato físico lo padecen tanto niñas (42.2 por ciento) como niños (45.3 por ciento), pero característicamente, son las niñas (61.8 por ciento) y los niños (56.9 por ciento) de 2 a 4 años quienes reciben más castigos físicos que otros grupos de edad.2
Lamentablemente, dentro de la forma en cómo se concibe la disciplina en México, se identificó en la misma encuesta, que los castigos físicos severos son padecidos sin distinción en edades tempranas, pues se reportó que el 2 por ciento para las niñas y 4.1 por ciento para los niños de 1 a 2 años de edad han sufrido castigos físicos severos; cifras que son de 2.2 por ciento y 7.3 por ciento respectivamente en las edades de 3 a 4 años; 5.5 por ciento en niñas y 9 por ciento en niños de rango de edad de 5 a 9 años; y 5.9 por ciento y 7.1 por ciento de 10 a 14 años.3
Por su parte, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó sobre casos de sospecha de violencia interfamiliar, en los que en 2018 con una tasa de incidencia por cada cien mil habitantes se estimaba que 2.25 de las niñas y 2.35 de los niños menores de un año padecían violencia, de igual forma se valoraba que 6.30 en las niñas y 3.55 en los niños entre 1 y 4 años eran víctimas de este maltrato; mientras que 12.78 en las niñas y 9.23 en los niños de entre 5 y 9 años y 58.72 y 13.28 de niñas y niños de entre 10 y 14 años.4 De manera detalla, se ha detectado que, en México de cada diez agresiones en materia de violencia sexual, ocho son realizadas por parientes o personas cercanas; y tan solo de enero a octubre del 2020 se registraron 3,581 casos de egresos hospitalarios por violencia sexual donde 3 mil 325 eran niñas y 256 niños.5
En el ámbito internacional, se enmarcan situaciones similares pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia.1 UNICEF en su informe Ocult6s a Plena Luz un Análisis Estadístico de la Violencia Contra los Niños, se estimó que alrededor de 6 de cada 10 niños y niñas del mundo (unos 1.000 millones) de 2 a 14 años de edad sufrieron de manera periódica castigos corporales a manos de sus cuidadores, además de encontrar que casi una cuarta parte de las niñas de 15 a 19 años del mundo (unos 70 millones de niñas) dijeron haber sido objeto de alguna forma de violencia física desde los 15 años de edad.7
Por su parte, el Observatorio de la Infancia Andalucía, destacó que 60 por ciento de niños y niñas del mundo de 2 a 14 años sufren de manera periódica castigos físicos (corporales) a manos de sus cuidadores. Así como 120 millones de niñas de todo el mundo han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones sexuales en algún momento de sus vidas8 y que casi la mitad de todas las niñas adolescentes de 15 a 19 años que mencionaron haber sido objeto de violencia física o sexual también dijeron que nunca se lo había contado a nadie.
Ante tales datos, es casi imposible no preocuparse por las afectaciones que niñas y niños expuestos a estas situaciones pueden sufrir, pues se ha señalado que las y los niños que han sido objeto de abusos y violencias tienen dificultades de aprendizaje y desempeño escolar, además de tener bajos niveles de autoestima y sufrir depresión, suscitando en la posibilidad de adoptar conductas de alto riesgo y comportamientos autodestructivos. Puesto que desde la vista médica se ha señalado que el maltrato causa estrés, el cual se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. En donde en los casos extremos de estrés se puede alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales.9
En este aspecto, cualquier tipo de violencia contra niñas y niños, desde el ámbito del marco jurídico legal vigente, atenta contra garantías como la vida libre de violencia e integridad personal, así como la vida en paz, supervivencia y desarrollo, todos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en donde se menciona la obligación de las autoridades para prevenir y sancionar este delito contra las y los niños.
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;
II. ...
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;
IV. a la VII.
VIII. El castigo corporal y humillante.
...
...
...
Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.
Por tal motivo, y con la convicción de que la eliminación de la violencia es una responsabilidad que todos compartimos, se celebra el aviso por el que se dio a conocer el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de noviembre del 2022.1 0
Toda vez que se ve como una herramienta que con base en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Sesión Ordinaria del 10 de noviembre de 2020, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se establecen los procedimientos de coordinación interinstitucional que deben llevar a cabo las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para la protección inmediata y de emergencia de niñas, niños y adolescentes, desde la detección de un hecho de violencia en contra de dicha población.11
Destacando que dentro del procedimiento plasmado se considera en primer lugar la detección de violencias que permita dar un registro y canalización de los casos en que sea observada violencia en contra de la niñez, para posteriormente atender de manera inmediata según corresponda la autoridad correspondiente y referirse a la restitución de los derechos afectados lo más efectivamente posible. Considerando que, para terminar con esta terrible realidad, hay que contar con la planificación acertada que fortalezca los procesos y mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo la protección de las y los niños, viendo como pieza clave la interinstitucionalidad planteada en el protocolo, la cual permitirá cooperar a las diferentes instituciones involucradas en el procedimiento y dirección de las denuncias de casos de caso de violencia infantil.
Siendo el último objetivo de esta proposición dar visibilidad al aviso de conocimiento del Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, pues su muy oportuna elaboración y estructuración debe ser reconocida, difundida activamente y sobre todo atendida a la brevedad. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades federales, a las entidades federativas y municipales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den seguimiento e implementen de manera pronta y coordinada el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, toda vez que dicho documento permite constituir un procedimiento general para la atención inmediata de un caso de violencia y protección de niñas, niños y adolescentes, considerando la restitución de los derechos por las autoridades correspondientes.
Notas:
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2 016_presentacion_ejecutiva.pdf
2 UNICEF México. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres, Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/media/1001/file/UNICEF_ENIM2015.pdf
3 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Maltrato infantil, Disponible en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Maltrato_infantil.p df
4 Ídem.
5 Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué es, cómo prevenir y cómo actuar ante la violencia sexual infantil?, Disponible en: https://www.gob.mx/sipinna/articulos/que-es-como-prevenir-y-como-actuar -ante-la-violencia-sexual-infantil?idiom=es
6 Organización Mundial de la Salud (OMS). Maltrato infantil, Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
7 UNICEF. Ocultos a plena luz. Un análisis estadístico de la violencia contra los niños, Disponible en: https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/informeocultosbajolaluz.pdf
8 Observatorio de la Infancia en Andalucía. MALTRATO INFANTIL, Disponible en: https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7309_d_C yD-MaltratoInfantil.pdf
9 Organización Mundial de la Salud (OMS). Maltrato infantil, Op. Cit.
10 Diario Oficial de la Federación (DOF). Aviso por el que se da a conocer el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5672644&fecha=29/11/ 2022#gsc.tab=0
11 Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de las Violencias en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Protocolo nacional de coordinación interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/766781/Protocolo_Naciona l_NNA-VF-MAR2021.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el día 3 de enero de 2023.
Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán a realizar una investigación de manera pronta y expedita respecto de los hechos de discriminación por motivo de preferencia sexual que llevaron a que Julissa Chuc fuera separada de su hija recién nacida y de su hijo de 6 años luego de ser atendida en el Hospital General Agustín O‘Horan, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a las reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del segundo año de la LXV Legislatura, números quinto, sexto, séptimo, décima quinta y vigésima sexta, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humaos del Estado de Yucatán para que en el ámbito de sus competencias, se realice una investigación de manera pronta y expedita respecto de los hechos de discriminación por motivo de preferencia sexual que llevaron a que Julissa Chuc fuera separada de su hija recién nacida y de su hijo de 6 años luego de ser atendida en el Hospital General Agustín O'Hor; asimismo, se resuelva hacer del conocimiento de las autoridades competentes, los actos u omisiones en el que incurrieron las autoridades o los servidores públicos por estos hechos y se determine, en su caso, la existencia de responsabilidades y sanciones en consecuencia, bajo las siguientes:
Consideraciones
A Julissa Choc Hass le fueron arrebatados su hija recién nacida y su hijo de 6 años, por parte de autoridades del estado de Yucatán presuntamente por sus preferencias sexuales. Fueron más de 50 días en los que los infantes estuvieron separados de su madre y en medio de los festejos de navidad ante las presiones por las manifestaciones de protesta realizadas y el impacto mediático generado por este hecho fue que el 24 de diciembre Julissa Choc pudo reunirse con sus hijos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población LGBTI+ asciende a cinco millones de personas. Yucatán es uno de los estados que cuentan con el mayor porcentaje de población LGBTI+ con un 8.3 por ciento del total nacional.
Al respecto, el antropólogo Armando Rivas Lugo había señalado en mayo de 2020 que la mayor prueba de que la homofobia estaba vigente en el estado de Yucatán era el rechazo al matrimonio igualitario, haciendo mención la votación en secreto por parte del Congreso del estado en abril de 2019 cuando se rechazaron reformas que habrían permitido el matrimonio igualitario en la entidad. El 25 de agosto de 2021 el tema se sometió nuevamente a debate, dando como resultado 20 votos a favor frente a 5 en contra. La modificación del artículo 94 de la Constitución del estado, reconoce que el matrimonio no solo es entre hombre y mujer, también la unión de dos personas del mismo sexo.
La abogada defensora de Julissa Chuc, la licenciada Dariana Quintal Narváez, ha denunciado ante medios de comunicación que sobre el modus operandi del gobierno de Yucatán para el presunto tráfico de menores: "[...] El modus operandi es el siguiente: la procuraduría cita a una familia bajo el argumento de que los padres han sido denunciados de manera anónima por maltrato infantil. Cuando están en las oficinas, el personal de la defensa del menor dice que se va a llevar a los infantes a una supuesta área de psicología para investigar la situación, pero cuando trasladan a los niños, las autoridades les dicen a los progenitores que no les van a regresar a sus hijos porque los maltratan [...]"v
De acuerdo con la abogada, hay evidencia de que en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del DIF Yucatán drogan a los niños cuando empiezan a tener ansiedad y que hay denuncias de violaciones los menores en el lugar por parte de los custodios del centro.2
Aunado a las organizaciones de la sociedad civil, vecinas y vecinos de Julissa Chuc Hass también apoyaron a la víctima con una carta con 67 firmas3 donde afirman que es una mujer trabajadora, sin vicios y que trata con cariño a su hijo de 6 años.
Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto del artículo 1, expone que "[...] Queda prohibida toda discriminacio?n motivada por origen e?tnico o nacional, el ge?nero, la edad, las discapacidades, la condicio?n social, las condiciones de salud, la religio?n, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas [...]".4
Por su parte, la Ley de la Comisio?n de Derechos Humanos del Estado de Yucata?n, en su artículo 111, señala:
"La comisio?n debera? hacer del conocimiento de las autoridades superiores competentes, los actos u omisiones en que incurran las autoridades o los servidores pu?blicos, durante y con motivo de las investigaciones que realice, para el efecto de que le sean aplicadas las sanciones administrativas que correspondan. La autoridad superior debera? informar a la comisio?n sobre las medidas o sanciones disciplinarias impuestas.
La comisio?n solicitara? al o?rgano de control interno correspondiente, en cualquier caso, el inicio del procedimiento de responsabilidades que deba instruirse en contra del servidor pu?blico respectivo."5
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo afirmamos que ha sido una gran conquista el que todas las personas tengamos derechos iguales, independientemente de nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual. Estos derechos han sido reafirmados por el Congreso de la Unión para que nadie pueda ni tenga el derecho a lastimar, rechazar o discriminar por la orientación sexual o identidad de género.
Para ello, aún nos queda un largo camino de educación y tolerancia que la sociedad debe recorrer para prevenir la discriminación contra esta comunidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para que en el ámbito de sus competencias, se realice una investigación de manera pronta y expedita respecto de los hechos de discriminación por motivo de preferencia sexual que llevaron a que Julissa Chuc fuera separada de su hija recién nacida y de su hijo de 6 años luego de ser atendida en el Hospital General Agustín O'Hor; asimismo, se resuelva hacer del conocimiento de las autoridades competentes, los actos u omisiones en el que incurrieron las autoridades o los servidores públicos por estos hechos y se determine, en su caso, la existencia de responsabilidades y sanciones en consecuencia.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a intervenir para interrumpir los actos de discriminación que diversos funcionarios del gobierno de dicho estado han proferido en contra de Julissa Chuc Hass.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Yucatán para que se desarrollen campañas preventivas, a fin de luchar en contra de todos los tipos de discriminación, principalmente por homofobia, para garantizar que lo antes expuesto no vuelva a pasar.
Notas
1 El Universal. "Por una severa omisión de cuidados": autoridades retienen a hijos de Julissa Chuc, rechazan discriminación. Disponible en: https://acortar.link/x0hkCA. COnsultado el 4 de enero de 2023.
2 sdpnoticias. "Mujer denuncia que DIF Yucatán le quitó a sus hijos por discriminación". Disponible en: https://acortar.link/x0hkCA Consultado el 4 de enero de 2023.
3 Ibid
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://acortar.link/rPDmnN. Consultado el 4 de enero de 2023.
5 Ley de la Comisio?n de Derechos Humanos del Estado de Yucata?n. Disponible en: https://acortar.link/pJ194y Consultado el 4 de enero de 2023.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Bienestar a realizar convenios de colaboración con la Segob y los Registros Civiles de las entidades federativas, para garantizar que los candidatos a los programas de Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad tengan un fácil acceso a la documentación que se les requiere para ser ingresados en los padrones de beneficiarios, suscrita por la diputada Verónica Collado Crisolia, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Verónica Collado Crisola, diputada integrante de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Los programas sociales de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad han sido clave para mejorar la condición de vida de muchos mexicanos. Ambos programas forman parte de los ejes rectores en la política de bienestar impulsada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tan importante ha sido el impulso de estos dos programas que el 8 de mayo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la obligación del Estado de garantizar la entrega de una pensión económica a las personas que tengan discapacidad permanente y a las personas mayores de sesenta y ocho años bajo los términos que fije la Ley.
De acuerdo con datos de la Secretaria de Bienestar actualmente, 10.5 millones reciben el apoyo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y 975 mil están adscritas a la Pensión para Personas con Discapacidad, además de que los apoyos se entregan de manera directa a la o las personas beneficiadas sin la existencia de ningún intermediario.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de toda la población existente en México, 97.9% declaró estar registrado o tener un acta de nacimiento en territorio nacional. Por el contrario, al menos un millón de personas (1 003,702) de todas las edades no cuentan con registro de nacimiento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, la primera causa del no registro se debe a la dificultad para contar con los documentos necesarios para realizarlo (34.0%). Le siguen el alto costo que implica el trámite (22.0%) y el tiempo que implica la realización del trámite (15.6%).
De lo anterior se puede afirmar que en México existen 2 millones 420 personas sin registro de nacimiento, pero dentro de esta población, no existe un censo que indique cuántas son de la tercera edad, o personas con discapacidad toda vez que la encuesta anteriormente citada centró sus datos únicamente en niñas y niños menores de 5 años.
Las personas adultas mayores y las personas con discapacidad que no cuentan con un registro y, por ende, no cuenta con un acta de nacimiento, o bien que los datos del acta de nacimiento no coinciden con los datos emitidos por la Clave Única de Registro de Población (CURP) no pueden tener acceso a ciertos derechos como la protección, la salud, la seguridad social o la educación.
En el caso de los programas sociales de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, se requiere cubrir una serie de documentos para poder ingresar en el padrón de beneficiarios. La documentación básica requerida por los Servidores de la Nación en el Estado de México y cotejada en la página oficial de la Secretaria de Bienestar es la siguiente:
Muchas personas adultas mayores por la condición socioeconómica en la que viven, o bien en la que crecieron, y otras tantas por ser desplazados de sus lugares de origen no cuentan con la documentación vigente al tener documentos faltantes o errores en los mismos que les impiden poder acceder al padrón de beneficiarios del programa de pensión para el Bienestar de Adultos mayores.
En el Estado de México las personas adultas mayores que no cuentan con un documento establecido en la lista de requisitos, o bien que tienen errores en la misma documentación, se les niega formar parte del padrón único de beneficiarios del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Situación similar ocurre con las personas con discapacidad, adicionando que muchas ocasiones se les requieren certificados médicos que acrediten la discapacidad permanente expedidos únicamente por ciertas dependencias públicas de salud (en el Estado de México comúnmente se requieren del DIF municipal o estatal), dejando fuera otras tantas como al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto de Salud del Estado de México.
Es importante que la Secretaría de Bienestar realice convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación y las entidades federativas para facilitar el acceso a la documentación que se les requiere a las personas con discapacidad y adultos mayores, así como para la corrección de datos en caso de ser necesario. Además de capacitar al personal, en especial a los servidores de la nación para la atención a grupos vulnerables.
Es importante que se impulsen políticas públicas basadas por regiones donde se haga efectivo impulsar brigadas móviles permanentes para quienes se encuentran en las comunidades más alejadas y necesitadas del país puedan tener derecho a tener una documentación completa y en orden.
Por todo lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente el siguiente
Punto de acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Bienestar para que se realice convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación y los Registros Civiles de las Entidades Federativas, con la finalidad de garantizar que los candidatos a los programas de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y pensión para el bienestar de las personas con discapacidad tengan un fácil acceso a la documentación que se les requiere para ser ingresados en los padrones de beneficiarios.
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Delegación del Bienestar en el Estado de México para que realice campañas de capacitación a los servidores de la nación en materia de atención a grupos vulnerables y de orientación en la tramitología que se requiere para poder acceder a los programas sociales, especialmente para los programas de pensión para el bienestar de personas adultas mayores y pensión para el bienestar de las personas con discapacidad.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de enero del 2023.
Diputada Verónica Collado Crisola (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a que en coordinación con las autoridades federales y municipales, revisen las instalaciones de todos los expendios de combustibles en el estado; asimismo se solicita que se garantice la reparación integral del daño a las víctimas de la explosión registrada el 1 de enero de 2023 en la gasera Master Gas, suscrita por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, senador por el estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con carácter de urgente resolución por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a que en coordinación con las autoridades federales y municipales revisen las instalaciones de todos los expendios de combustibles en el estado de Nuevo León; asimismo, se solicita que se garantice la reparación integral del daño a las víctimas de la explosión registrada el 1 de enero de 2023 en la gasera Master Gas, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, así como el seguimiento de los procesos y la determinación de las responsabilidades civiles, penales y administrativas; lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 1 de enero de 2023, ocurrió una explosión en la empresa Master Gas, ubicada en la colonia Los Naranjos, dentro del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, misma que dejó un saldo, de acuerdo a las fuentes periodísticas, de 16 pipas transportadoras de gas licuado de petróleo, el incendio de un camión tipo plataforma y alrededor de mil familias evacuadas de sus domicilios a consecuencia de la fuerte explosión.
Las notas periodísticas refieren que si bien, no hubo muertes que lamentar, si hubo daños en domicilios de las zonas aledañas, donde las autoridades tuvieron que desalojar cerca de 650 domicilios, lo que serían cerca de mil 800 personas evacuadas de las colonias Los Naranjos, Unidad Laboral, Arboledas del Mezquital, Aquiles Serdán y Fomerrey 30; asimismo se detalla que, según los empleados, "la empresa cree que el incendio y explosión se originó en la pirotecnia de los alrededores, que habría alcanzado una pipa y luego se extendió a las demás, que incluyó una plataforma y un automóvil."
De acuerdo con un boletín informativo del municipio de San Nicolás de los Garza, se informa que protección Civil municipal colocó sellos de suspensión y además se informó que se inició a un procedimiento administrativo para determinar las causas del incendio y explosión registrado a las 18:00 horas del día 1 de enero de 2023.
"La empresa gasera Master Gas permanecerá cerrada y suspendida hasta no concluir con las investigaciones que se están desarrollando dentro del procedimiento administrativo para determinar las causas y posibles sanciones que arrojen en las inspecciones".
Asimismo, se informó que al corte de las 11:30 horas del 2 de enero de 2023, autoridades municipales han contabilizado 30 casas con afectaciones que van desde vidrios rotos, marcos de ventanas y puertas, hasta cuarteaduras, además de tener registro de daños en postes de alumbrado público y de un vehículo particular con afectaciones.
La noticia de esta explosión es muy lamentable por la afectación que causa a las personas en su patrimonio por lo que las autoridades deben llevar a fondo las investigaciones y la empresa Master Gas asumir los costos de las afectaciones causadas.
Lamentablemente, en México se tienen antecedentes de este tipo de tragedias que han enlutado a miles de familias, basta recordar:
19 de noviembre de 1984.- La explosión en cadena de varios depósitos de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el barrio de San Juanico, del estado de México, dejó medio millar de muertos, según cifras oficiales.
22 de abril de 1992.- 210 muertos tras un incendio en un barrio de Guadalajara por varias explosiones en cadena después de una fuga de gas en el alcantarillado.
19 de diciembre de 2010.- Una explosión en una toma clandestina de San Martín Texmelucan, en el central estado de Puebla, dejó 29 personas fallecidas.
31 de enero de 2013.- Explosión por acumulación de gas metano en las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México dejando un saldo de 33 personas muertas y 101 lesionados.
7 de mayo de 2013.- Explosión de un camión cisterna cargado con gas en una autopista cercana a la zona metropolitana de la Ciudad de México, dejando un saldo de 20 muertos, la mitad de ellos menores, además de 36 heridos y 45 viviendas afectadas.
3 de abril de 2015.- Explosión de un camión cisterna de Pemex, saldo, 19 muertos en el sur del estado de Tabasco.
El 20 de abril de 2016 .- Explosión en un complejo petroquímico en el Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, dejó un saldo de 32 muertos y más de 100 heridos.
18 de enero de 2019.- Explosión de toma clandestina de combustible de un ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó un saldo de 137 muertos.
21 de marzo de 2019.- Explosión de una pipa de gas en la alcaldía de Milpa Alta, Ciudad de México.
15 de junio de 2019.- Cuatro mujeres calcinadas, 20 personas con heridas leves y daños materiales incuantificables es el resultado de la explosión de una pipa de gas en el centro del municipio de Tepatitlán, Jalisco.
14 de agosto de 2019.- Explosión de una pipa de gas en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, dejando 1 muerto.
16 de noviembre de 2020.- Explosión de una pipa de gas en autopista Tepic-Guadalajara, dejó un saldo de 13 muertos.
01 de noviembre de 2021.- Explosión de una pipa de gas en San Pablo Xochimehuacan, en Puebla capital, dejó un saldo de 184 viviendas afectadas y 8 heridos de gravedad.
15 de agosto de 2022.- Explosión de pipa de gas en la carretera escénica, Acapulco, dejó un muerto y tres heridos
10 de septiembre de 2022.- Choque entre pipa y autobús deja 18 muertos en Tamaulipas.
20 de octubre de 2022.- Explosión de una pipa de combustible tras chocar contra un tren en Aguascalientes la explosión dejó un saldo de 50 vehículos y 120 viviendas dañadas.
De lo anterior se aprecia que existen diversos accidentes que involucran a pipas de gas en todo el país, y si bien, las medidas implementadas en el estado de Nuevo León ante el suceso referido y en materia de protección civil resultaron efectivas, también lo es que en el territorio nacional es fundamental no cesar en los esfuerzos y continuar fortaleciendo la política pública en materia de prevención de desastres, en particular lo concerniente a explosiones e incendios, como se aprecia en el referido historial de accidentes, situación que hace necesario poner atención y revisar los protocolos y la actuación de las autoridades en materia de protección civil.
Importante mencionar que de conformidad con los artículos 26 y 33, fracciones XII, XXI, XXII y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción IV, 4, fracción XXVIII y 5, párrafo segundo, 56, fracción VI, 131 y demás aplicables de la Ley de Hidrocarburos; artículo 2, fracción XIV, 3, 5, 87 a 93 y demás aplicables del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo; así como la NOM007-SESH-2010 y otras normas oficiales mexicanas y acuerdos complementarios, corresponde a la Secretaría de Energía la verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad, operación, instalación y mantenimiento de las obras, instalaciones, vehículos y accesorios que los titulares de los permisos para el transporte y distribución de Gas L.P. están obligados a mantener en todo conforme a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Ante los referidos sucesos en el estado de Nuevo León, resulta imperante que las autoridades federales, estatales y municipales en cumplimiento con la referida legislación aplicable realicen cuanto antes la revisión de las instalaciones de todos los expendios de combustibles que permitan prevenir cualquier eventualidad de riesgo.
Además de lo anterior se requiere que la Secretaría de Energía, en cumplimiento de sus atribuciones legales, informe a la opinión pública sobre los resultados relativos de la aplicación de normas oficiales mexicanas que se han realizado mediante las visitas de verificación sobre el cumplimiento de las condiciones de seguridad, operación, instalación y mantenimiento de obras de las empresas con permiso para transportar y distribuir gas LP en el territorio nacional en las 32 entidades federativas y en especial de la empresa Master Gas, en el estado de Nuevo León.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con carácter de urgente resolución:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León a que en coordinación con las autoridades federales lleven a cabo todas las diligencias que garanticen la reparación integral del daño a las víctimas de la explosión registrada el 1 de enero de 2023 en la gasera Master Gas, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza de dicha entidad, así como el seguimiento de los procesos y la determinación de las responsabilidades civiles, penales y administrativas de quienes resulten involucrados.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de su competencia y en apego a sus atribuciones legales, remita un informe a esta soberanía sobre los resultados relativos a la aplicación de normas oficiales mexicanas sobre el cumplimiento de las condiciones de seguridad, operación, instalación y mantenimiento de obras, instalaciones y vehículos de las empresas con permiso para transportar y distribuir gas LP en el territorio nacional, y en especial de la empresa Master Gas, en el estado de Nuevo León.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales que de conformidad con la Ley General de Protección Civil realicen cuanto antes una revisión exhaustiva de las instalaciones de todos los expendios de combustibles en el estado de Nuevo León, que permitan anticiparse y prevenir cualquier eventualidad de riesgo, los escenarios y los posibles efectos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al DIF de las 32 entidades federativas, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a implementar los lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de exposición o abandono y para decretar su susceptibilidad de adopción, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De conformidad con lo establecido en el Código Civil Federal en su artículo 492 y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 30 Bis 1. Se considerará como expósito al menor de edad que es colocado en una situación de desamparo por quienes conforme a la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. Distinguiendo que que cuando la situación de desamparo se refiera a un menor de edad cuyo origen se conoce, se considerará como Abandonado.1
En este sentido y de acuerdo con datos y estadísticas de la Organización Aldeas Infantiles se estima que en México hay más de 1 millón de niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres, por situaciones de violencia intrafamiliar, de género, desnutrición, pobreza, explotación sexual comercial, narcotráfico, consumo de drogas, migraciones, entre otras. Calculando que más de 29 mil niños, niñas y adolescentes viven en orfanatos o albergues y cerca de 5 millones de niños mexicanos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por causas como pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales.2
Por lo que se expresa que, de acuerdo con lo establecido en el artículo cuarto constitucional en su párrafo noveno el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Retomando que en la Convención sobre los Derechos del Niño, convención que México ratificó 1990, se estipula de manera explícita en su artículo 20 que "los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado." Además de declarar en su articulo 39 que "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados".3
En este sentido, se manifiesta la obligación que el Estado mexicano tiene en garantizar la protección de las niñas y niños que se encuentren en situación de abandono o expósito, así como el de reconocer su derecho a vivir en familia, toda vez que este se encuentra plasmado en la Ley General de Niñez y Adolescencia, en su artículo 22, identificando particularmente a las niñas y niños que sufren una vulneración a dicho derecho, a fin de restituirlo inmediatamente. Pues de acuerdo con la normatividad plasmada en la ley en comento, en el artículo 30 Bis 1, párrafo quinto, una vez transcurrido el término de sesenta días naturales, las personas menores de edad que se encuentren bajo acogimiento residencial de los Centros de Asistencia Social procederán a ser considerados susceptibles a adopción, puesto que la procuraduría de protección correspondiente levantará un acta circunstanciada publicando la certificación referida, buscando la restitución de su derecho a vivir en familia.
Con fecha 7 de septiembre del 2022 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de exposición o abandono y para decretar su susceptibilidad de adopción del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.4 Documento, que por sus objetivos se alinea con el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, estableciendo como fin "Fortalecer los entornos familiares, disminuir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, homologar procedimientos de adopción y regularizar los Centros de Asistencia Social, para garantizarles condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral".5
Puesto que dicha emisión de los lineamientos refleja la coordinación institucional necesaria para proteger a las y los niños que se encuentren en dichas situaciones, considerando como esencial promover la homologación de los procedimientos en comento en los Sistemas Estatales para el Desarrollo integral de la Familia de las 32 entidades, a fin de una pronta restitución del derecho de las niñas y niños a vivir en familia. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de las 32 entidades federativas, para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, implementen los lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de exposición o abandono y para decretar su susceptibilidad de adopción; a fin de promover la homologación de los requisitos y procedimientos para la certificación de dichas situaciones.
Notas:
1 Código Civil Federal. Obtenido de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_110121.pdf
2 Aldeas Infantiles SOS. Obtenido de: https://www.aldeasinfantiles.org.mx/conocenos/datos-y-estadisticas#:~:t ext=Se%20estima%20que%20m%C3%A1s%20de,violencia%20intrafamiliar%20y%20p rocesos%20judiciales.
3 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Obtenido de: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
4 EXTRACTO del Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de exposición o abandono y para decretar su susceptibilidad de adopción del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Obtenido de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5663704&fecha=07/09/ 2022#gsc.tab=0
5 Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024. PRONAPINNA 2024. Obtenido de: https://www.gob.mx/sipinna/documentos/programa-nacional-de-proteccion-d e-ninas-ninos-y-adolescentes-2021-2024-pronapinna-2024
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 3 de enero de 2023
Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a requerir a Volaris y Viva Aerobús un informe detallado de las medidas y acciones que se están implementando para evitar la cancelación de vuelos, así como el extravío del equipaje que se dio en fechas recientes y que afectó a miles de usuarios en nuestro país, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente
Consideraciones
"Las aerolíneas están obligadas a proporcionar un servicio de calidad y eficiente a todos sus pasajeros."
Una de las constantes quejas contra las aerolíneas son aquellas relacionadas con el retraso de vuelos, sin dejar a un lado la pérdida de equipaje e, incluso, malos tratos por parte de su personal.
Como eje principal en los derechos de pasajeros se encuentra recibir trato digno y contar con alto nivel de información que les permita conocer opciones y tomar alternativas, en caso de así requerirlo. Por ello, al realizar la compra del boleto de avión, los pasajeros tienen derecho a conocer los términos y condiciones del servicio contratado, así como las políticas de compensación y derechos de los cuales son titulares.
De manera complementaria, las aerolíneas se encuentran obligadas a informar de manera rápida y expedita a los pasajeros en el supuesto que existan cambios en su itinerario o se produzca alguna afectación.
Los avances tecnológicos han permitido que las aerolíneas estén en constante comunicación con los pasajeros, incluso la LAC reconoce que la comunicación entre aerolíneas y pasajeros podrá efectuarse mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otro medio electrónico que así lo permita. Aunado a ello, en el supuesto que los cambios se actualicen dentro de las 24 horas previas a la salida programada, las aerolíneas se encuentran obligadas a informar a los pasajeros tan pronto como tengan certeza que los cambios son inevitables, procurando que la notificación sea de manera rápida y expedita, evitando dejar a los pasajeros frente a un escenario de incertidumbre o, incluso, desconocimiento.
Las operaciones aéreas en México (vuelos nacionales), así como aquellas que ocurren desde y hacia México (vuelos internacionales) se desarrollan en gran cantidad, día a día.
Existe un alto número de pasajeros que se transportan vía aérea, ya sea por negocios o turismo, principalmente.
En México, la Ley de Aviación Civil (LAC) es el cuerpo normativo encargado de regular la explotación, el uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional en su calidad de vía general de comunicación.
La LAC establece derechos y obligaciones para las aerolíneas que prestan el servicio de transporte aéreo de pasajeros. En años recientes, se ha reformado la LAC (así como diversos ordenamientos que auxilian a esa ley) para otorgar mayor protección a los pasajeros. De tal forma, se han establecido los derechos mínimos que deben otorgar las aerolíneas en favor de los pasajeros.
Avisar a los pasajeros no exime a las aerolíneas de cualquier responsabilidad a la que puedan estar sujetas.
Como quedó establecido, los derechos de los pasajeros inician una vez que adquieren un boleto de avión. Realizada la compra, los pasajeros podrán solicitar la devolución del monto correspondiente al boleto si deciden no efectuar el viaje, siempre y cuando la solicitud sea realizada dentro de un lapso de 24 horas a partir de la compra. Vencido el término señalado, los pasajeros tendrán que apegarse a las condiciones aplicables a la tarifa del boleto adquirido, mismas que son preestablecidas por las aerolíneas, e informadas a los pasajeros al momento de realizar la compra, siendo aceptadas por los consumidores al momento de concluir la operación.
En este sentido en fechas recientes se suscitaron diversos conflictos entre los usuarios, pues los vuelos fueron cancelados sin previo aviso y los que lograron volar se enfrentaron a la supuesta pérdida del equipaje por parte de las aerolíneas, vulnerando los derechos que como usuarios tienen.
En este sentido y preocupada, pero aún más ocupada por encontrar una solución a esta problemática, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente, el presente
Punto de Acuerdo
Único: La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a requerir a Volaris y Viva Aerobus, un informe detallado de las medidas y acciones que se están implementando para evitar la cancelación de vuelos, así como el extravío del equipaje que se dio en fechas recientes y que afecto a miles de usuarios en nuestro país.
Infografía:
https://expansion.mx/empresas/2022/12/28/por-que-volaris -cancelacion-vuelos-tijuana-equipaje-perdido
https://elpais.com/mexico/2022-11-04/volaris-cancela-mas -de-120-vuelos-en-cuatro-dias-por-los-limites-impuestos-por-las-autorid ades.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2023
Diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condena los abusos, amenazas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos que las autoridades de Pemex han cometido en contra de los médicos residentes adscritos a sus unidades médicas, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
En los últimos años, los médicos residentes en instituciones de salud públicas han enfrentado el atraso en los pagos sus becas, complementos de beca y prestaciones, incluido el aguinaldo, lo que ha evidenciado la falta de claridad en la figura jurídica del médico residente y la situación vulnerable que enfrentan.
A los hechos señalados anteriormente, se suma también el evidente abuso, maltrato, discriminación, acoso y hostigamiento que se genera dentro del campo de la educación médica, particularmente durante la residencia médica. Este fenómeno es frecuente y afecta los derechos humanos y la dignidad de los residentes. Consecuentemente se reduce la capacidad de aprendizaje y la eficiencia de la educación médica de especialidad, afectado a la prestación de servicios de salud y a la población que acude a ellos.
Diversos estudios1 han documentados el maltrato en programas de residencia, entre los que destaca por su frecuencia el psicológico, seguido del académico y el físico; entre los principales responsables de estas conductas se encuentran principalmente los residentes de jerarquía superior, junto con los jefes de servicio, además de los directivos de las instituciones. Entre las consecuencias que generan sobre los residentes, se encuentran el síndrome de Burnout, la depresión, el estrés, la ansiedad e incluso casos de suicidio, los cuales deterioran su desempeño profesional y calidad de vida.
El médico residente, según la Ley Federal del Trabajo, es el "el profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una Unidad Médica Receptora de Residentes para cumplir con una residencia". La residencia médica se refiere al "conjunto de actividades que deba cumplir un médico residente en periodo de adiestramiento; para realizar estudios y prácticas de posgrado, respecto de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una Unidad Médica Receptora de Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas".
De esta manera, las residencias médicas están reguladas por la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA3-2022, Educación en salud, para la organización y funcionamiento de residencias médicas en establecimientos para la atención médica, misma que data del 16 de junio del 202221
Dicha norma tiene como finalidad garantizar, a través de la organización y funcionamiento de las residencias médicas, la formación óptima de los médicos especialistas sin menoscabo de la seguridad de los pacientes ni de la calidad de la atención a la salud de la población.
La NOM-EM-001-SSA3-2022 establece que los médicos residentes deben:
-Recibir educación de posgrado en un ambiente de respeto a sus derechos humanos, equidad e igualdad, de acuerdo con los programas académico y operativo, bajo la dirección, asesoría y supervisión del Profesor Titular y adjuntos, el jefe de servicio, los médicos adscritos y personal institucional designado para tal efecto;
-Contar permanentemente con la asesoría del personal médico de la unidad médica receptora de residentes y demás personas designadas para tal efecto, durante el desarrollo de las actividades diarias y en las guardias;
-Recibir una constancia de la institución de salud donde se realice la residencia médica al concluir satisfactoriamente cada uno de los ciclos establecidos en el programa académico;
-Recibir el diploma de la institución de salud donde sea realizada la residencia médica por concluir satisfactoriamente la especialidad médica, siempre y cuando se hubieran cumplido todos los requisitos que para tal efecto se establezcan en los programas académico y operativo, con base en los registros existentes en la unidad administrativa competente;
-Recibir asesoría para actividades de investigación en salud, bajo la coordinación del profesor titular de la especialidad médica, de conformidad con las disposiciones aplicables;
-Obtener permiso para asistir a eventos académicos extracurriculares, cuando a juicio del profesor titular de la especialidad médica tengan relación con los programas académico y operativo, de acuerdo con la normativa interna de la institución de salud en la que se realiza la residencia médica;
-Tener acceso a las áreas de descanso y aseo personal destinadas para ello;
-Recibir las remuneraciones y prestaciones establecidas por la institución de salud y la unidad médica receptora de residentes, según corresponda
-Disfrutar de dos periodos vacacionales por año de diez días hábiles cada uno, de conformidad con lo señalado en el programa operativo;
-Recibir alimentación durante la jornada regular y las guardias, de acuerdo con la normativa interna de la institución de salud en la que se realiza la residencia médica;
-Recibir asistencia médica, quirúrgica y farmacológica conforme a la normativa de la institución de salud en la cual realiza la residencia médica;
-Entre otros derechos y obligaciones.
No obstante, existen vacíos legales de la figura jurídica del médico residente y para la protección de sus derechos. La problemática que enfrentan los médicos residentes es delicada, pues hoy en día tienen una mayor carga asistencial producto de las necesidades de atención médica de la población, lo que origina una disminución evidente de las horas de estudio y de descanso que crea condiciones precarias para el aprendizaje.
La administración federal considera a los internos, pasantes y residentes como mano de obra que resuelve a bajo costo la carencia de personal en las instituciones de salud, factor que han contribuido a perpetuar las inequidades en la distribución y otorgamiento de plazas, así como en la contratación de médicos generales y especialistas en el sector público.
Efectivamente, a partir de la legislación vigente se genera incertidumbre y abusos para los médicos residentes, y por ende, no funcionan los mecanismos para que presenten quejas o denuncias y tampoco están definidas instancias para defenderse de una violación a sus derechos.
En 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, resolvió una contradicción de tesis de amparos, indicando que existe una relación laboral entre el residente y la unidad médica en la que realiza dicha residencia.
"Médico residente de una especialidad. Su baja ordenada por los funcionarios de la unidad médica a la que está adscrito no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.3 La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular."
Sin embargo, en la práctica los médicos residentes ven vulnerados sus derechos, incluidos aquellos que tienen que ver con sus pagos y compensaciones, incluido el pago del aguinaldo y bonos, a los que, por derecho, son acreedores.
Un ejemplo lamentable de dicha situación se ha presentado a finales del 2022 en las unidades médicas de Pemex:
Médicos residentes de hospitales de Pemex iniciaron un paro de labores debido a que recibieron un pago de aguinaldo incompleto, de acuerdo con información recopilada por Animal Político, "los 870 residentes tuvieron que haber recibido de 12 a 14 mil pesos, dependiendo el grado en el que estén, pero solo les pagaron 2 mil 500 pesos, denunció René Palacios, uno de los representantes de la movilización y quien realiza la especialidad de urgencias médicas en el Hospital Central Norte de Pemex, en la Ciudad de México".4
De acuerdo con lo documentado por el medio de comunicación, las autoridades les dijeron que la disminución del aguinaldo está estipulada en el nuevo contrato, por lo que éste se les está pagando "en abonos chiquitos" a lo largo del año. Ante esto, conformaron el Frente Nacional de Médicos Residentes de Pemex y se unieron en paro de labores, ?que ellos llaman asamblea general permanente?, es decir, permanecen en las instalaciones del hospital, por lo regular en un auditorio, haciendo actividades académicas, pero solo atienden urgencias en las que pueda estar en riesgo la vida de un paciente.
En entrevista con Animal Político, René Palacios contó que en marzo ellos firmaron un contrato "bajo presión", sin leerlo y sin poder revisarlo de manera adecuada ni poder obtener una copia. De no firmar, se les amenazó con darlos de baja o suspender los pagos. "Únicamente se nos dijo que había que firmar un nuevo contrato porque el anterior tenía errores y no nos dimos cuenta de que bajaba el concepto de aguinaldo", declaró.
"Las autoridades del sistema de salud de Petróleos Mexicanos argumentaron que dicha disminución se realizó para atenuar la cantidad de ISR que se tributaba, además de justificar que se aumentó el salario percibido, cuando en término6 reales la cantidad de salario neto percibido por los residentes es la misma", de acuerdo con el Frente Nacional de Médicos Residentes".
En ese contexto, el Frente Nacional de Médicos Residentes Pemex,5 emitió el siguiente comunicado el 19 de diciembre de 2022:
Además de la demanda del pago justo de aguinaldo, los residentes denunciaron amenazas y hostigamiento del personal de Pemex que intentó controlar las manifestaciones.
De acuerdo con la información que ha documentado el periódico La Jornada, "además de las bajas remuneraciones, los médicos residentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) han tenido que aguantar jornadas extenuantes de trabajo, sometidos incluso a insultos, humillaciones, malos tratos y un hostigamiento constante, que han derivado en cuadros de depresión e intentos de suicidio, según cuentan quienes han pasado por estas situaciones. En distintas entrevistas, los jóvenes que continúan con su formación profesional en los dos hospitales de la empresa estatal en la Ciudad de México y de quienes se omite su nombre por temor a represalias, aseguran que en promedio laboran de 80 a 100 horas a la semana, de las cuales al menos 36 son continuas, cuando les corresponde realizar una guardia, incumpliendo, señalan, con la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-001-SSA3-2022 que regula su labor. Pese a que se establece que las unidades médicas deben contar con áreas de descanso y aseo personal, después de dos años de especialidad no tengo ni siquiera dónde bañarme o descansar, asegura una joven quien desde hace dos años realiza un internado en el hospital Central Sur de Pemex. Durante su larga estancia en los nosocomios, refieren, pasan la mayor parte del tiempo sin comer ni dormir".1
Por lo anterior, desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenamos los abusos, amenazas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos que las autoridades de Pemex han cometido en contra de los médicos residentes adscritos a sus unidades médicas y demandamos una pronta solución a lo requerido por el Frente Nacional de Médicos Residentes, a fin de que le sean otorgadas las remuneraciones que les corresponden.
Exigimos a las autoridades en materia de salud y educativas que garanticen que la profesionalización de quienes se desempeñan como residentes médicos sea en un ambiente de respeto a sus derechos humanos.
Por ello, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los abusos, amenazas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos que las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) han cometido en contra de los médicos residentes adscritos a sus unidades médicas y demanda una pronta solución a lo requerido por el Frente Nacional de Médicos Residentes de Pemex, a fin de que le sean otorgadas las remuneraciones que les corresponden por concepto de salario y complementos, incluido el aguinaldo.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, a dar cumplimiento de manera inmediata a las exigencias planteadas por el Frente Nacional de Médicos Residentes de Pemex, a fin de que le sean otorgadas las remuneraciones que les corresponden por concepto de salario y complementos, incluido el aguinaldo.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, a actualizar los contratos de los médicos residentes adscritos a las unidades médicas de dicha institución conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-001-SSA3-2022, a fin de garantizar que se respeten sus derechos humanos, laborales, de asistencia, profesionales y de formación educativa.
Notas
1 Por ejemplo ver: Derive S, et al. Percepción de maltrato durante la residencia médica en México: medición y análisis bioético. Inv Ed Med. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.riem.2017.04.004 Montes-Villaseñor Evangelina, et al. Exposición a la violencia durante la formación profesional de los residentes médicos, ISSN 2007-7521. 12(2): 54-66 (ene - jun 2018). Rubio Andrade A. Percepción de abuso en el médico interno de pregrado. Tesis de Maestría en Ciencias de la Salud con énfasis en Educación Médica. México, Facultad de Medicina, División de Estudios de Posgrado, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000. López A, González F, Morales M, Espinoza C., Síndrome de Burnout en residentes con jornadas laborales prolongadas, Rev Med Inst Mex Seguro Social, 2007.
2 Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA3-2022, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas en establecimientos para la atención médica. DOF: 17/06/2022. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5655486&fecha=17/06/ 2022#gsc.tab=0
3 2013538. 2a./J. 2/2017 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, enero de 2017, página 608. Contradicción de tesis 308/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto en materia de Trabajo del Primer Circuito, Segundo en materia de Trabajo del Séptimo Circuito y Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 7 de diciembre de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. Criterios contendientes: El sustentado por Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 283/2014, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 24/2016. Tesis de jurisprudencia 2/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de enero de dos mil diecisiete. Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 283/2014, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, derivaron las tesis aisladas VII.2o.T.17 L (10a.) y VII.2o.T.18 L (10a.), de títulos y subtítulos: "Médico residente. Cuando cursa un posgrado en alguna especialidad en medicina en un hospital público, su relación jurídica con éste es de estudiante becado y no de trabajador, al no existir el elemento subordinación (inaplicabilidad de los artículos 353.B y 353.F a 353.H de la Ley Federal del Trabajo)." y "Médico residente. Al tener la calidad de becario por cursar un posgrado en alguna especialidad médica en el hospital público al que está adscrito, su baja constituye un acto de autoridad para efectos del amparo.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo II, diciembre de 2015, páginas 1288 y 1287, respectivamente.
4 Redacción Animal Político, 20 de diciembre, 2022. https://www.animalpolitico.com/2022/12/medicos-residentes-pemex-paro-ag uinaldo/
5 Frente Nacional de Médicos Residentes Pemex, 19 de diciembre de 2022. https://twitter.com/AsambleaPemex23/status/1604899737546723328?ref_src= twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1604899737546723328%7Ctwgr %5E1f2867ab74c84a073010b27bd76f98ce3014fed3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=h ttps%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F12%2Fmedicos-residentes-pe mex-paro-aguinaldo%2F
6 Periódico La Jornada. Jared Laureles. Jueves 29 de diciembre de 2022, página 8. https://www.jornada.com.mx/2022/12/29/politica/008n3pol
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2023.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a intensificar la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional, garantizando las vacunas para la población de todas las edades, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La temporada invernal se caracteriza por registrar las menores temperaturas originando enfermedades virales como la gripe, influenza o incluso covid-19, mismas que tienden a propagarse con mayor facilidad durante esta temporada invernal, generando un gran número de contagios entre las personas.
Con base en lo anterior, las autoridades sanitarias cada año llevan a cabo la implementación de jornadas de vacunación para evitar la propagación de enfermedades virales, tales como la llamada "Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional", la cual se lleva a cabo del 3 de octubre del 2022 y culminará el próximo 31 de marzo del 2023.1
De acuerdo con las autoridades sanitarias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sumó a la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional, con la que busca aplicar un estimado de 15.3 millones de vacunas en la población derechohabiente y en general que acude a las unidades médicas del Régimen Ordinario y de IMSS-BIENESTAR; Asimismo, se informó que la población objetivo son "personas que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones, como son niñas y niños de 6 meses de edad hasta los 4 años, 11 meses y personas de 60 años o más, además de personas con factores de riesgo de complicaciones, como mujeres embarazadas, o con exposición a contagio, como el personal de salud."2
A pesar que nuevamente se lleva a cabo a jornada de vacunación contra la influenza, en el presente año se ha observado un aumento de los casos de contagios por esta enfermedad en comparación con años anteriores, toda vez que en temporadas invernales de años anteriores, se llegaban a presentar cerca de 200 casos de influenza en promedio, y actualmente se han rebasado ya los 900 casos registrados de influenza, es decir que se ha cuadriplicado el nivel de contagios en comparación con los años pasados, afectando principalmente a las y los jóvenes con rango de edad de 25 a 29 años.3
Cabe señalar que esta cifra es aún más alta si se toma en cuenta lo reportado por la Dirección General de Epidemiología (DGE), que ha informado que del 2 de octubre al 23 de diciembre del presente año, se han confirmado por laboratorio un total de 6 mil 455 casos positivos de influenza, representando un 4.2 por ciento de casos confirmados de un total de 153 mil 613 posibles casos de esta enfermedad respiratoria viral, reportados en las Unidades Monitoras en tan solo esta temporada invernal, razón por la cual se deduce que existe una posibilidad de 93 mil casos de influenza activos al día de hoy.1
En ese sentido, se puede observar que la actual estrategia de las autoridades sanitarias para llevar a cabo la disminución en la propagación de casos de infl4enza en la población mexicana, ha sido ineficiente, lo anterior debido principalmente al reducido número de vacunas contra la influenza y a las declaraciones del propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien recientemente a través de la conferencia matutina, solicitó el abstenerse de vacunarse a la población que no está en riesgo de enfermedad grave.5
Lo anterior resulta preocupante por dos razones, la primera de ellas es el solicitarle a la población el abstenerse de vacunarse, a pesar que la salud y el acceso a servicios de salud, es uno de los derechos humanos con el que contamos todas las personas y que se encuentra garantizado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país forma parte; La segunda razón, es porque dentro de la población vulnerable no se toma en cuenta a las y los jóvenes a pesar de ser la población más afectada ante la influenza, e incluso el subsecretario de salud señaló que en anteriores años "las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra la influenza". Adicionalmente, cabe señalar que hasta el momento la cobertura de vacunación contra la influenza ha alcanzado solo el 62 por ciento de la población objetivo, la cual como se mencionó anteriormente, no incluye a quienes afecta dicha enfermedad, es decir, las y los jóvenes.1
Por su parte, distintos virólogos del país, han alertado que la temporada de influenza puede ser aún más crítica de lo que ya se ha vivido como consecuencia de la falta de vacunas para l6 población, señalando su preocupación ante la compra de las autoridades sanitarias de solo el 25 por ciento de las dosis de vacunas que se requieren ante esta problemática, cuando se debería vacunar al menos al 60 0 65 por ciento de la población mexicana y no solo escoger a ciertos sectores de población, ya que el objetivo principal debería ser el evitar que esta enfermedad siga reproduciéndose en nuestra población. Asimismo, respecto de lo señalado por parte del subsecretario de salud, referente a la no inmunización de jóvenes debido a que no se encuentran en riesgo, advierten que la edad no exime de evitar la infección del virus de influenza.7
Con base en lo anteriormente señalado, la tarea del sector salud debe ser siempre el prevenir las enfermedades, lo cual no se está reflejando actualmente, el solicitar que un grupo etario no se vacune implica que el gobierno federal está vulnerando el derecho humano a la salud de las y los ciudadanos, específicamente el de las y los jóvenes al invitarlos a no vacunarse, lo cual visiblemente se debe considerar una discriminación en razón de edad, por parte del subsecretario de salud, la cual se encuentra prohibida de acuerdo con el quinto párrafo de nuestra Constitución Política:8
"Artículo 1. ...
...
...
...
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
Adicionalmente el artículo cuarto del mismo ordenamiento jurídico garantiza que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud".9 En ese sentido, es indispensable que la actual administración no atente contra el derecho a la salud de las personas, y revise su política de austeridad presupuestal ante esta problemática, ya que no se debe visibilizar la compra de vacunas como un gasto, sino con una inversión que garantizará los derechos de las y los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, para que se intensifique la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional, se garanticen las vacunas para la población de todas las edades y se realicen acciones tendientes a prevenir y atender los casos en las Entidades Federativas con mayor número de casos de influenza.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, para que se abstenga de discriminar a las y los jóvenes mexicanos que pretenden vacunarse contra la influenza, y en su lugar, fomente la vacunación en dicho grupo poblacional.
Notas:
1 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Arranca IMSS jornada nacional de vacunación contra la Influenza Estacional en población de riesgo, Disponible en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202210/526#:~:text=El%20Seguro%20 Social%20se%20sum%C3%B3,31%20de%20marzo%20de%202023.&text=Se%20apli car%C3%A1n%2015.3%20millones%20de,R%C3%A9gimen%20Ordinario%20e%20IMSS%2 DBIENESTAR.
2 Ídem.
3 Eje Central. La influenza, desatada en México, Disponible en: https://www.ejecentral.com.mx/la-influenza-desatada-en-mexico/
4 Ídem.
5 Hugo López-Gatell. López-Gatell pide a los jóvenes... no vacunarse, Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/14/lopez-gatell-pide-a -los-jovenes-no-vacunarse/
6 Ídem.
7 La Razón. Ven insuficiente vacunar a 25% de población contra influenza, Disponible en: https://www.razon.com.mx/mexico/ven-insuficiente-vacunar-25-poblacion-i nfluenza-511335
8 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
9 Ídem.
Dado en el salón de palacio legislativo de la Comisión Permanente, el día 3 de enero de 2023
Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a difundir la información del estado que guarda el proceso de instalación de la embajada de México en la República de Kazajistán, a cargo del diputado José Miguel de la Cruz Lima, del Grupo Parlamentario de Morena, y suscrita por el diputado Augusto Gómez Villanueva, del Grupo Parlamentario del PRI, y diputados de los Grupos Parlamentarios de Morena, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben diputado Augusto Gómez Villanueva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputado José Miguel de la Cruz Lima del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Antecedentes
Kazajstán declaro su independencia el 16 de diciembre de 1991, el acercamiento diplomático entre México y Kazajstán, se dio el 14 de enero de 1992 cuando México reconoció su independencia y estableció relaciones diplomáticas con Kazajstán y otras naciones.*****
El 5 de septiembre de 2013, el primer Presidente de Kazajstán N. Nazarbayev y el Presidente de México Enrique Peña Nieto, acordaron abrir embajadas sobre una base de reciprocidad, al margen de la Cumbre "G20" en San Petersburgo. Por decreto del Presidente de la República de Kazajstán No. 746 del 31 de enero de 2014, se estableció la Embajada de la República de Kazajstán en los Estados Unidos Mexicanos.****** Así mismo, el 20 de mayo de 2015, la embajadora Martha Bárcena Coqui presentó sus cartas credenciales a la Secretaria de Estado de Kazajstán, Gulshara Abdykalikova, de acuerdo con el protocolo kazajo para los embajadores no residentes.******* en los acercamientos diplomáticos más recientes se encuentra la presentación de cartas credenciales por parte de José Luis Martínez y Hernández ante el Presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, como Embajador de México (concurrente desde Turquía) el 6 de octubre de 2021.
El 19 de abril de 2022, se instaló formalmente en la Cámara de Diputados el Grupo de Amistad México-República de Kazajstán de la LXV Legislatura, presidido por el diputado José Miguel De la Cruz Lima del Grupo Parlamentario de Morena, en dicha instalación se destacó la celebración del 30 Aniversario de la Independencia de la República de Kazajstán, con lo que fue el primer país de Asia Central que abrió su representación diplomática en México. Señaló que tienen la intención de seguir desarrollando más las relaciones bilaterales e hizo votos porque en un futuro cercano el gobierno de México instale una embajada en su nación, con el propósito de profundizar los lazos de cooperación.
2. Importancia de la República de Kazajstán
Kazajstán es una república constitucional con un sistema de corte presidencialista, también es un país transcontinental, con gran parte de su territorio situado en Asia Central y una parte de menor tamaño en el Este de Europa, es el noveno país más extenso del mundo con más de 2 millones setecientos mil kilómetros cuadrados de territorio, con fronteras comunes con Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán pero también con China y Rusia. Por lo que, es para México una puerta de entrada a la región centroasiática a la vez que Kazajstán considera a México como la puerta de entrada a Centroamérica.
Destaca la participación de Kazajstán como miembro de las Naciones Unidas desde el 2 de marzo de 1992, cuando fue elegido como el primer país de Asia Central en ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el bienio 2017-2018. También, es integrante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM ), OSCE, la CEI (Comunidad de Estados Independientes), la Organización de Cooperación del Asia Central, la Organización para la Cooperación Islámica, la CEEA (Comunidad Económica Euroasiática), la OCS (Organización de Cooperación de Shanghái), la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, el Consejo de Cooperación de los Estados de Habla Túrquica, el Consejo Militar Túrquico, el Plan de Acción Individual de la Asociación con la OTAN (desde 1994) y en su área geográfica de la Organización de la Colaboración Económica, la que une Afganistán, Azerbaiyán, los países del Asia Central, Irán, Pakistán y Turquía.
A nivel regional, Kazajstán se ubica en el centro del continente asiático y está en el epicentro de las transformaciones geopolíticas globales. A este respecto, Kazajstán y Asia Central son una intersección de los intereses de las potencias globales. Activamente funcionan las plataformas de dialogo- "C5+1" (Cinco países de Asia Central + Estados Unidos), "Asia Central-China", - Japón" "Unión Europea-Asia Central". Siendo el líder regional, obviamente Kazajstán juega el papel principal en estas instituciones. En este sentido, para un miembro de G-20, como es México, Kazajstán es un país muy importante.
3. Relación de México con Kazajstán
México se ha convertido en el mayor socio comercial de Kazajstán de toda América Latina, superando a Brasil en el 2021. Para promover los intercambios económicos y turísticos a partir del 1o de enero del 2017, Kazajstán abolió unilateralmente los requisitos de visa para los ciudadanos de México. Mientras que, nuestro país mantiene la solicitud de visa para los ciudadanos Kazajos, quienes para realizar los trámites pertinentes de visado, tienen que trasladarse a la representación de México en Turquía, lo que involucra al menos un vuelo de 5 horas, representándole a los nacionales de Kazajstán una inversión adicional en tiempo y gastos, esto a consecuencia de que hasta la fecha México no ha realizado la apertura de la embajada Mexicana en Kazajstán, comprometida desde el año de 2013.
Es importante destacar que, de la relación bilateral entre México y Kazajstán, se ha enriquecido en distintos ámbitos. Aquí algunas de las ventajas obtenidas:
- El volumen total del comercio ascendió a casi 200 millones de dólares, lo que ya es dos veces más que fue el año anterior. También hay que destacar que la balanza comercial entre nuestros países logró el más alto nivel en la historia de relaciones bilaterales. Según los datos de la parte kazaja, el volumen de comercio entre Kazajistán y México entre enero y mayo de 2022 ascendió a $ 63,6 millones de dólares estadounidenses (exportaciones: $ 795,3 mil, importaciones $ 62,8 millones). En comparación con el mismo período del año pasado, el crecimiento es del 7,9% ($4,7 millones de dólares). Manteniendo la dinámica del crecimiento actual, al cierre de 2022 el comercio bilateral podrá superar la cifra del año anterior.
No se debe omitir que:
- Kazajstán se encuentra entre los 50 países más desarrollados del mundo. El objetivo es ingresar a los 30 países más desarrollados para 2050.
- Kazajstán tiene una sólida base científica. Por ejemplo, Kazajstán, fue uno de los primeros en desarrollar una vacuna contra el coronavirus (Qaz Vac).
- Es el país económicamente más desarrollado y próspero de Asia Central. La economía de Kazajstán supera el tamaño de las economías de todos los países de esta región en conjunto. Kazajstán representa el 65% del PIB total y el 58% del comercio en Asia Central.
- Las reservas internacionales de Kazajstán, incluidos los recursos del Fondo Nacional, superan los 90 millones de dólares, lo que garantiza la estabilidad económica frente a las crisis globales de volatilidad de los mercados.
- Kazajstán es uno de los mayores productores y exportadores de trigo y harina. Kazajstán se encuentra entre los 10 exportadores de estos productos al mercado global, haciendo una gran contribución a la seguridad alimentaria del mundo. Kazajstán a menudo se caracteriza como el "granero de Eurasia".
- En Kazajstán, más del 80% de la tierra (220 millones de hectáreas) se utiliza para la producción agrícola. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization), Kazajstán ocupa el 6o lugar en el mundo en términos de superficie de tierra agrícola.
- Kazajstán es un centro regional debido a su ubicación geográfica y sus enlaces de transporte desarrollados entre el este y el Oeste. Se están desarrollando activamente nuevas rutas entre China, Europa y en Dirección al Golfo Pérsico a través de Kazajstán. Estratégicamente. Kazajstán es un enlace para mercados grandes y de rápido crecimiento que proporcionan el 65% del PIB mundial.
- La membresía de Kazajstán en la Organización Mundial del Comercio, el mayor papel del país en el comercio mundial y su ubicación en el corazón de la Ruta de la Seda han determinado el potencial del país para brindar acceso directo a más de mil millones de consumidores.
- Kazajstán representa el 70% del tránsito de carga entre China y Europa. La ruta completa toma solo 15 días, que es 3 veces más rápido que las rutas marítimas tradicionales.
Impulsar como legisladores el ejercicio de una diplomacia parlamentaria, representa la oportunidad de reafirmar nuestros compromisos internacionales. Por todo lo antes expuesto, los que suscriben el presente punto de acuerdo, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con pleno respeto a la división de poderes, se haga pública la información del estado que guarda el proceso de instalación de la Embajada de México en la República de Kazajistán.
Notas:
1. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques; México y Kazajstán acuerdan establecer embajadas; NOTA DE COYUNTURA; Senado de la República, 28 de mayo de 2014, pp.1-6.
2. Ibidem
3. Secretaría de Relaciones Exteriores, La Embajadora de México, concurrente ante Kazajstán, presentó Cartas Credenciales; Sala de Prensa Global, Nota emitida por la embajada de México en Turquía el 15 de mayo de 2015; consultada por última vez el 25 de noviembre de 2022, disponible en: https://portales.sre.gob.mx/saladeprensa/lista-de-embajadas/turquia/614 0-embamex-tur-sp-1590553772
Fuentes consultadas:
Secretaría de Relaciones Exteriores, La Embajadora de México, concurrente ante Kazajstán, presentó Cartas Credenciales; Sala de Prensa Global, Nota emitida por la embajada de México en Turquía el 15 de mayo de 2015; consultada por última vez el 25 de noviembre de 2022, disponible en: https://portales.sre.gob.mx/saladeprensa/lista-de-embajadas/turquia/614 0-embamex-tur-sp-1590553772
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques Diplomacia Parlamentaria; México y Kazajstán acuerdan establecer embajadas; NOTA DE COYUNTURA; Senado de la República, 28 de mayo de 2014, pp.1-6; consultada por última vez el 25 de noviembre de 2022, disponible en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/2805KAZ.pdf
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques Diplomacia Parlamentaria;Kazajstán Ficha Técnica; actualizada al 24 de abril de 2020, pp.1-6; consultada por última vez el 25 de noviembre de 2022, disponible en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Kazajstan.pdf
Secretaría de Relaciones Exteriores, Tercer Informe de labores 2014 - 2015, 1 de septiembre de 2015, p.100, consultada por última vez el 25 de noviembre de 2022, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/InfGob/Inf_SRE-201509 03.pdf
Visión Empresarial Querétaro, Kazajistán: un maravilloso país en dos continentes con infinidad de lugares para visitar; Entrevista con el Encargado de Negocios de la Embajada de Kazajistán en México Olzhas Issabekov,s.f; consultado por última vez el 25 de noviembre de 2022, disponible en: https://www.visionempresarialqueretaro.mx/single-post/kazajist%C3%A1n-u n-maravilloso-pa%C3%ADs-en-dos-continentes-entrevista-con-el-encargado- de-negocios
Cámara de Diputados LVX Legislatura; Comunicación Social; Boletín N°. 1657; Instalan en la Cámara de Diputados el Grupo de Amistad México-República de Kazajstán; consultado por última vez el 25 de noviembre de 2022, disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2022/ Abril/19/1657-Instalan-en-la-Camara-de-Diputados-el-Grupo-de-Amistad-Me xico-Republica-de-Kazajstan
Embajada de la República de Kazajstán en los Estados Unidos Mexicanos; Información General; consultado por ultima vez el 25 de noviembre de 2022; disponible en: https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-mexico/about?lang=es
Dado en el salón de sesiones del H. Congreso de la Unión, el 5 de enero de 2023.
Diputados: Augusto Gómez Villanueva y José Miguel De la Cruz Lima (rúbricas)
(Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Presidente del Grupo de Amistad México-Kazajstán)
Suscriben, además, las siguientes diputadas y diputados:
María Teresa Castell del Oro Palacios, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Olimpia Tamara Girón Hernández, Ma Elena Serrano Maldonado, Karla Estrella Diaz García, Sofía Carvajal Isunza, Amalia Dolores García Medina, Carlos Madrazo Limón, María Josefina Gamboa Torales, Maribel Martínez Ruiz, Juan Carlos Maturino Manzanera, Klaus Uwe Ritter Ocampo, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martín Sandoval Soto, Patricia Terrazas Baca
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a que instruya a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a atender las recomendaciones realizadas por la Conagua que permita garantizar el abasto de agua para el uso doméstico y público urbano, suscrita por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, senador por el estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con carácter de urgente resolución por el que se exhorta al titular del gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León a que instruya a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a atender las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua que permita garantizar el abasto de agua para el uso doméstico y público urbano de las y los neoloneses hasta en tanto no se concluya con la construcción de la Presa Libertad y del segundo acueducto en la entidad; lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el pasado 12 de julio del presente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022."1 Posterior a esta publicación de declaratoria de emergencia, el monitor de sequía en México de la Comisión dio a conocer en el mes de agosto del presente que de la totalidad existente de municipios en el país (2,471) 770 se encuentran en algún nivel de sequía y 972 están en la etapa previa a algún nivel de sequía, los datos referidos encuentran sustento en el siguiente mapa satelital.
Además de lo anterior, resulta de gran importancia mencionar que en ocasión del Informe del proceso regional de América Latina y el Caribe de la CEPAL, para la aceleración del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua Limpia y Saneamiento para la revisión de mitad de período del Decenio Internacional para la Acción, "Agua para Desarrollo Sostenible 2018-2028" y la Conferencia del Agua de Naciones Unidas 2023, durante la participación del estado mexicano se presentaron numerosos desafíos relacionados con la materia debido a que solo el 64 por ciento de la población mexicana tiene acceso a agua potable gestionada de forma segura y menos del 52 por ciento de las aguas son tratadas; asimismo, se señaló que existen cuencas en déficit y sobreexplotación de acuíferos.2
En este orden de ideas, el pasado 25 de octubre de 2022, en ocasión del "Informe semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas",1 se dio a conocer que, sobre la sequía, al 15 de octubre de 2022 se observó una mejora de áreas con condiciones anormalmente secas y/o de sequía en el norte y centro del país, con respecto a lo reportado en el pasado mes de septiembre, no obstante, se indicó que aún permanecen áreas con sequía moderada a severa en el país.
En referido informe, se precisa que el almacenamiento de los 210 principales embalses de México, que en conjunto tienen la capacidad de almacenar el 92 por ciento del agua de los embalses del país, la Subdirección General Técnica de Conagua informó que al 24 del mes de octubre del presente el almacenamiento es 896 mm3 menos que lo registrado históricamente en dicha fecha.
Como se aprecia, el problema para garantizar el derecho humano al agua año con año se incrementa, situación que en el estado al que represento, Nuevo León, cada día es mucho más complicado que las personas tengan el vital líquido para satisfacer sus necesidades básicas de consumo e higiene, situación que se agrava con el acuerdo que obliga a Nuevo León a destinar gran parte de este recurso hídrico al estado de Tamaulipas.
En este tenor, conviene precisar que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292,4 la Asamblea3General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.5
La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua.
El artículo I.1 establece que "el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna".
La Observación número 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
"El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.
En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia: a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales debido a la salud, el clima y las condiciones de trabajo. b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua. ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos".
Por su parte el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,..." en este sentido conviene citar los preceptos internacionales que contemplan el referido derecho, contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que:
Artículo 11. 1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
Si bien el derecho está previsto de forma expresa, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como órgano facultado para la interpretación del Pacto, en su Observación General número 4 reconoce que:
"Así pues, el concepto de adecuación es particularmente significativo en relación con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie de factores que hay que tener en cuenta al determinar si determinadas formas de vivienda se pueden considerar que constituyen una "vivienda adecuada" a los efectos del Pacto. Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes:
b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia."6
En este orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, párrafo sexto, que:
"Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines."
Por su parte el artículo 27 constitucional establece en su párrafo quinto que:
Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas.
En este contexto adquiere principal relevancia señalar que durante el periodo de 2020-2022, nuestro país ha vivido la segunda sequía más severa registrada en México, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).7
Esta situación se ha agravado tras el déficit de lluvias en 2020, con una precipitación de 3 por ciento menor a la de 2019, y como consecuencia por la pandemia de Covid-19, se generó "una demanda adicional de agua", de acuerdo con la Conagua. Así, los factores humanos como la demanda y gestión del agua han incrementado el impacto de la sequía en Nuevo León.
Además de lo anterior, es importante mencionar que desde el año de 1996 los gobiernos de las entidades federativas de Nuevo León y Tamaulipas se obligaron a entregar entre 180 a 200 millones de metros cúbicos por vía de trasvase de la presa "El Cuchillo" hacia la presa Marte R. Gómez.
Situación, como ya lo he referido en párrafos que anteceden, se agrava ante la sequía que se vive en Nuevo León, no solo por los bajos niveles en las presas a consecuencia del cambio climático y situaciones de mayor demanda por la pandemia, sino porque Nuevo León tiene la obligación de trasvasar de 180 a 200 millones de metros cúbicos al estado de Tamaulipas.
Al respecto conviene, de manera cronológica enumerar la situación histórica que ha prevalecido en lo que por muchos años ha sido denominada como "la guerra del agua" a saber:
El 9 de octubre de 1989, el gobernador de Nuevo León, Jorge Treviño, y el presidente Salinas de Gortari firmaron el "Acuerdo de coordinación especial para la realización y operación del proyecto Monterrey IV", cuyas obras se realizaron entre 1990 y 1994.
Tamaulipas manifiesta su inconformidad, alegando que el 2 de julio de 1952 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo que establece veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones de aguas del río San Juan, en el estado de Tamaulipas y de toda su cuenca tributaria, aguas arriba de la presa Marte R. Gómez".
6 de septiembre de 1990, Tamaulipas, Nuevo León y el gobierno federal llegaron a un acuerdo en que las partes se comprometían a fomentar el uso "racional" del agua en la cuenca, que sirviera al Área Metropolitana de Monterrey y a los usuarios del distrito de riego número 026 de Tamaulipas.
En enero de 1996, el gobierno de Tamaulipas hizo públicos reclamos sobre las aguas de El Cuchillo, en virtud de acuerdos que la Comisión Nacional del Agua había realizado con los agricultores del Distrito de Riego 026 de Tamaulipas el mes anterior, donde se esperaban 160 mm3 para irrigar el distrito.
El 4 de enero de 1996. En respuesta el gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo, expresó que no se iba a ceder ni un milímetro de agua.
El 5 de enero de 1996. El titular de la Conagua, Guillermo Guerrero Villalobos, quien en visita a la ciudad declaró que se liberarían 200 mm3 de El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez.
El 6 de enero de 1996. Un funcionario de la Conagua abrió las compuertas de la presa El Cuchillo hacia Tamaulipas a las 12:30, el funcionario declaró "si pierdo el puesto no me importa, las compuertas ya están abiertas".
En misma fecha. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey interpuso un amparo para detener la liberación del agua.
El 6 de enero de 1996. El Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión de la acción a las 16:20 horas. Las compuertas de la presa El Cuchillo se cerraron a las 22:30 horas, sin embargo, esta se revocó en favor de Tamaulipas, dos semanas después.
Tamaulipas alegó daños por el cierre de las compuertas para los agricultores del Distrito de Riego 026 de 400 mil toneladas de maíz y sorgo, señalando que interpondrían una demanda el 8 de enero.
El 8 de enero de 1996. La Conagua advertía a Nuevo León que si no entregaba el agua a Tamaulipas, debía indemnizar con 72 millones de pesos a los agricultores de los distritos 026 y 031.
El 18 de enero de 1996. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey se desistió del amparo, como parte de un trato de Sócrates Rizzo para obtener recursos de la Secretaría de Hacienda.
El 18 de abril de 1996, tras la tensión entre el estado y la federación, Sócrates Rizzo renunció de su cargo.
El 24 de julio de 1996. Benjamín Clariond, gobernador interino, señala que la solución es la construcción de un acueducto de la planta tratadora Dulces Nombres a la presa Marte R. Gómez.
Nuevo León argumentó que con un nuevo acuerdo se haría un reglamento para controlar el sistema hídrico que garantizara el abasto para Monterrey y los distritos 031 de Nuevo León y 026 de Tamaulipas.
Tamaulipas argumentó que con el nuevo acuerdo se establecía el compromiso de construir una nueva presa para abastecer el distrito 026, además de la cantidad de agua prevista en un inicio.
El nuevo acuerdo preveía el cierre de tomas clandestinas por parte de Conagua, situación que resultó muy complicada, además de las protestas de los agricultores del distrito 031, por dejarlos sin el recurso del río Pesquería.
El 30 de octubre de 1996. Se da a conocer que el nuevo convenio establecerá que, si el 1 de enero de cada año la captación alcanza un nivel arriba de los 315 millones de metros cúbicos, el excedente se irá a la presa Marte R. Gómez.
El 12 de noviembre de 1996 se firmó el Acuerdo donde se estableció:
- Una vez al año se enviará agua de la presa El Cuchillo a Tamaulipas.
- Las aguas tratadas se liberarán a Tamaulipas.
- El gobierno federal pagará el revestimiento del canal.
- Aguas tratadas para Tamaulipas por 6 metros cúbicos por segundo, 189 millones de metros cúbicos al año.
- La Conagua hará las obras necesarias para garantizar la llegada del líquido.
En este orden de ideas, conviene precisar que el día 3 de febrero del presente año, el gobierno del estado de Nuevo León emitió la Declaratoria de Emergencia por Sequía en la entidad, suspendiendo todas las actividades que impliquen un uso excesivo de agua. En el comunicado se reitera que las presas no cuentan con el volumen mínimo requerido para soportar los meses de primavera y verano del presente año, además, se instruye a Agua y Drenaje de Monterrey para que fortalezca las medidas que resulten idóneas para la estricta aplicación del programa de vigilancia permanente para verificar el cuidado y el uso del agua en todos los sectores.
Ante esta situación el gobierno de Nuevo León diseñó un plan de acción para perforar pozos acuíferos y con ello mitigar los efectos que ha traído la sequía y esta declaratoria de emergencia emitida por el estado; asimismo, y con la finalidad de complementar la estrategia, implementó el uso racionado del agua, mediante el "Plan Agua Para Todos" a partir del 22 de marzo del presente, el cual consiste en sectorizar la Zona Metropolitana de Monterrey en 7 áreas, las cuales contarán con agua por un espacio de cuatro horas (entre las 5 y 9 de la mañana), y un día a la semana en el que el servicio se reducirá al máximo.
Lamentablemente a pesar de las medidas implementadas, el estado de Nuevo León no ha podido garantizar el uso sostenible del agua en donde el escenario que se prevé generará deterioros importantes en la salud y calidad de vida de las personas, mayormente si en próximos meses se debe cumplir con el convenio que obliga a esta entidad a trasvasar en 2022 la cantidad de 359 millones de metros cúbicos del vital líquido, dejando a la presa "El Cuchillo" con apenas 141 millones de metros cúbicos.
Ante esta situación que pone en riesgo el derecho humano al agua de las y los neoloneses, el pasado 27 de septiembre de 2022 en ocasión de la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como parte de la Glosa del IV Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mostré al secretario de Gobernación una pancarta para detener el trasvase de la presa "El Cuchillo".
Cuando el funcionario leyó el cartel con la solicitud de no enviar más agua a Tamaulipas, el secretario de Gobernación dijo:
"Fíjese que yo coincido con usted, no es viable el trasvase de El Cuchillo, porque entonces los casi 12 mil millones de pesos que se van a invertir en estos siguientes ocho meses para la construcción del segundo acueducto, del acueducto El Cuchillo II, pues prácticamente quedaría sin agua.
Entonces, se tiene que buscar el equilibrio entre los derechos de los tamaulipecos y los neoleoneses.
Y créame que tomo nota. Y tenga usted y los neoleoneses la seguridad que el gobierno de la República hará lo mejor para que haya agua suficiente para la zona metropolitana de Monterrey, para los, creo que son 20 municipios y para que no se afecte a los pobladores de Tamaulipas"
Lo anteriormente referido consta en la versión estenográfica contenida en el diario de los debates de la Cámara de Senadores, misma que puede ser consultada en la liga electrónica https://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2022_9_27/2257.8
Posteriormente y a pesar de las declaraciones del secretario de Gobernación y los compromisos esgrimidos desde la tribuna de este Senado de la República, en fecha 22 de noviembre de 2022 durante la sesión 1570, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) aprobó el trasvase de un volumen de 200 millones de metros cúbicos de 'El Cuchillo' a la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas; posteriormente el 25 de noviembre de 2022 el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo, anunciaron el acuerdo para garantizar el trasvase de agua entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas; el referido trasvase dio inicio el pasado 27 de noviembre de 2022 a 12:00 horas y concluyó, según el comunicado de prensa número 0903-22, el 8 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, mediante el cual se da a conocer que se trasvasó la cantidad de 200 millones de metros cúbicos (mm3) a la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas dejando a la presa "El Cuchillo", es un almacenamiento de 556 mm3 , es decir en un 49.5 por ciento de su capacidad de llenado.
Conviene señalar que en fecha 30 de noviembre del presente, durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniera María Luisa Albores, y en donde estuvo presente el director general de la Comisión Nacional del Agua, manifesté nuevamente la preocupación de las y los neoloneses ante el trasvase de agua y la escases del vital líquido que se vive en la entidad; producto de las manifestaciones realizadas en dicha comparecencia, recibí invitación del ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, titular de la Conagua, para sostener una reunión en sus oficinas.
Derivado de ello, el pasado 7 de diciembre de 2022 el Director General de la Conagua manifestó su preocupación debido a que la emergencia hídrica en el estado de Nuevo León aún no termina y es gravedad considerable si no se continúa con las recomendaciones que la Conagua ha realizado a Servicios de Agua y Drenaje de Nuevo León; durante la reunión, se hizo especial énfasis en la necesidad de mantener la medidas de emergencia, de racionalizar y de ser necesario suspender parcialmente la extracción de agua de las presas La Boca y Cerro Prieto, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de secarlas nuevamente en los próximos meses.
Conviene señalar que las medidas que Conagua considera de gran relevancia es la urgencia de agilizar la construcción de la Presa Libertad, así como continuar con la perforación de los pozos profundos, además de ello se requiere limitar la extracción de agua de la presa de la Boca y de Cerro Prieto, pues se corre el riesgo de tener nuevamente un desabasto generalizado.
Al respecto conviene precisar que de un análisis realizado por el promovente a las sesiones de la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones 2022 CIASI - Conagua Acciones para el abastecimiento de agua para uso público urbano - Zona Metropolitana de Monterrey, mismas que se detallan en el siguiente cuadro:
Operativos de apoyo de distribución y suministro de agua potable a la población vulnerable
Por lo que resulta de gran relevancia que Agua y Drenaje del estado de Nuevo León atienda las recomendaciones de la Conagua que permita garantizar el derecho humano al agua de las y los neoloneses.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con carácter de urgente resolución:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, en el ámbito de sus respectivas competencias, al titular del gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, instruya a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a atender las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua que permita garantizar el abasto de agua para el uso doméstico y público urbano de las y los neoloneses.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a limitar y, en su caso, suspender parcialmente la extracción de agua de la presa Rodrigo Gómez "La Boca" y de la Presa José López Portillo "Cerro Prieto", con el fin de salvaguardar el agua de ambas presas hasta en tanto no se concluya la construcción de la Presa Libertad y entre en operación el segundo acueducto; asimismo se le solicita continuar con la perforación de pozos de agua profundos con el objeto de satisfacer la demanda del líquido de la población neolonesa.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a continuar con la buena disposición de las Cámaras Industriales mediante los convenios de donación de los pozos de agua de su propiedad acordados para su incorporación a la red de suministro del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey.
Notas
1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5657697&fecha=12/07/2022 #gsc.tab=0
2 https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/
informe_del_proceso_regional_de_america_latina_y_el_caribe_para_la_aceleracion_del_cumplimiento_del_ods_6_.pdf
3 https://www.gob.mx/conagua/prensa/informe-semanal-del-comite-tecnico-de -operacion-de-obras-hidraulicas-318044
4 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtm l
5 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang= S
6 Disponible en: https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/
00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN15
7 https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/
Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%ADa/MSM20210430.pdf
8 https://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2022_9_27/2257
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condena enérgicamente cualquier manifestación de odio, supremacismo racial e intolerancia, así como toda forma de incitación a la violencia y la discriminación, suscrita por la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena
Lidia Pérez Barcenas, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena ante la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. El 29 de octubre de 2022, se realizó un concierto clandestino neonazi llamado "El imperio contrataca" en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, en el que se presentaron bandas, españolas y mexicanas, del género punk y hardcore, que ellos mismos definen como "rock duro nacionalista", y reunió a más de 300 personas ultras que, rapadas y ataviadas con suásticas y tatuajes nazis, en una noche donde se corearon consignas de odio y se hizo apología del nazismo1 .
El diario el País, señala que no es la primera ocasión en la que colectivos de extrema derecha organizan una cita así en el país, sin embargo, es probablemente la que ha congregado un mayor número de asistentes.
La fecha elegida para este concierto no fue una casualidad. El 29 de octubre, los fascistas conmemoran la culminación de la Marcha sobre Roma, que en 1922 marcó el inicio del régimen de Benito Mussolini en Italia. Además, en este día se rememora la fundación, en 1933, de la Falange española, el partido fascista de José Antonio Primo de Rivera, sustento ideológico de la dictadura franquista.
Todo lo relativo a este concierto se difundió con hermetismo entre grupos y páginas en redes sociales pertenecientes a colectivos de extrema derecha. No hubo información en medios ni en sitios web especializados en eventos musicales. El cartel se compartió de tal manera que únicamente llegara a los ojos de aquellos con afinidad al neonazismo. Las entradas solo se podían adquirir a través de la página en internet de la Editorial Heidelberg, una librería independiente con sede en Monterrey que se dedica a publicar y distribuir títulos que ellos denominan como de "difícil acceso" y de "autores perseguidos, malditos o prohibidos". En su catálogo se pueden encontrar obras como el Manifiesto para un renacimiento europeo, del filósofo francés y fundador de la nouvelle droit, Alain de Benoist, un diario del primer ministro japonés durante la II Guerra Mundial, Hideki T?j?, y una recopilación de discursos de Adolf Hitler, entre muchos otros.
La empresa "Desperados División" fue la encargada de la organización del concierto. Sus colaboradores se dedicaron a contactar por WhatsApp a cada una de las personas que pagaron 1.580 pesos (80 dólares) por entrada para registrarlos en una lista de acceso, y enviar la ubicación y un código QR un día antes de la cita. Inicialmente, habían previsto recibir a 150 personas. Sin embargo, ante la alta demanda y una petición expresa de Eduardo Clavero, líder de la banda que encabezó el cartel, "Batallón de Castigo", la mencionada empresa "Desperados División" buscó un espacio para duplicar el número de asistentes.
En el escenario estuvieron agrupaciones del movimiento Rock Contra el Comunismo o RAC (Rock Against Communism), que tiene sus orígenes en la década de los setenta y en realidad es un eufemismo para referirse a varios tipos de música de odio, como el hatecore, que se centra en el racismo y el antisemitismo.
Un músico mexicano señalo que estos conciertos "no son hechos aislados, pues en redes sociales los grupos de ultraderecha y organizadores han hecho varias invitaciones, entre las que se incluyen conferencias con miras a la formación de cuadros".2
Segunda. El 9 de noviembre de 2022 el Salón Pentatlón, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, fue clausurado por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea), el cual colocó sellos de suspensión de actividades en sus instalaciones. El secretario de Gobierno capitalino lo informó en su cuenta de Twitter:
"El Salón Pentatlón, en la colonia Santa María la Ribera, donde en días pasados se celebró un concierto fascista y nazi fue cerrado la tarde de ayer por autoridades del @inveacdmx".3
El Invea explicó a la revista Proceso que la visita de verificación se originó por una denuncia ciudadana, mientras que la medida cautelar de suspensión de actividades se aplicó porque, al momento de la visita de los verificadores, sus representantes "no presentaron la documentación para el aprovechamiento que se le da a ese espacio; en este caso, salón de fiestas".
Ese mismo día 9 de noviembre, la jefa de gobierno, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, condenó el hecho, aseguró que los organizadores no solicitaron ningún permiso a su administración y pidió que se revise si el evento tendría alguna implicación según el Código Penal capitalino y agregó:
"Condenable. El fascismo, el nazismo, hay que condenarlo; representa el racismo, el clasismo llevado a su máxima expresión. La ultraderecha es el odio llevado a niveles extremos. Esta ciudad es una ciudad progresista. Entonces, yo hoy pedí que se revisará qué significa esto en términos del Código Penal".
Tercera. A manera de reacción diversas autoridades y sectores de la sociedad mexicana han manifestado su condena y rechazo al concierto clandestino neonazi realizado en la Ciudad de México, así como de cualquier actividad que promueva el odio y la intolerancia en México.
El 9 de noviembre de 2022, el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México , entre otros puntos, expreso:
"Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Fascismo y el Nazismo. En este contexto expresé la condena absoluta del @GobCDMX a los eventos realizados recientemente por grupos nazis y fascistas en la ciudad. No vamos a permitir que se reproduzcan conductas de odio y violencia."
Es mismo día, 9 de noviembre del año en curso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en el marco del Día internacional contra el fascismo y el antisemitismo, se pronunció sobre el concierto neonazi y través de redes sociales, subrayó que expresiones como estas son inaceptables por lo que manifestó4 :
"Estas ideologías basadas en el odio y los prejuicios son contrarias a los derechos humanos".
El 10 de noviembre de 2022, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos****** , mediante un comunicado difundido a través de Twitter señalo:
"Ante las noticias recientes acerca de actividades de grupos neonazis y neofacistas en México, la ONU-DH rechaza categóricamente toda manifestación de odio, supremacismo y formas conexas de intolerancia, así como de incitación a la violencia, la discriminación y la hostilidad."
Cuarta. Además de la reunión en el Salón Pentatlón, en la Colonia Santa María La Ribera, se han ubicado otras similares en un sitio llamado Pizarro, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y en una filial en Coyoacán.
Al respecto el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, informo que la capital del país ha sido sede de al menos tres fiestas de simpatizantes de ideología fascista y nazi recientemente.5
Aunque se realizan investigaciones y se ordenan clausuras para evitar estos conciertos, los organizadores han presentado recursos legales para mantenerlos abiertos. Las convocatorias recientes han sido más cerradas, por lo que a veces no hay registro de que ocurrieron sólo hasta después de haberse efectuado.
Ante ello el funcionario aseguró que:
"... estos grupos antes actuaban de forma subterránea. Pero recientemente, un poco lo que disparó su accionar fue la llegada de estos personajes de la organización Vox de España, ¿se acuerdan que firmaron una carta con legisladores del PAN?
"Y luego, a partir de eso, empezaron a ponerse en contacto, incluso a venir algunos de estos militantes fascistas y neonazis españoles a México, están involucrados con este tipo de conciertos".
Quinta. El 20 de diciembre de 2022, el periódico "La Jornada", dio cuenta que un nuevo concierto de corte fascista en México fue difundido a través de las redes sociales6 , y la fecha programada para esta presentación es prevista para el 20 de mayo de 2023. La información difundida por el diario indica que: "La convocatoria virtual anuncia Presentación en vivo por primera vez en Sudamérica."
Además de que:
"... las entradas sólo pueden ser adquiridas a través de un contacto directo, mediante correo electrónico o vía Whattsapp, en tanto, que la ciudad y el lugar donde se llevará a cabo permanecen ocultos."
Royal Aces Convicted y Ejecución 1980, dos de las agrupaciones mexicanas anunciadas para presentarse junto a Condemned 84, también fueron parte del concierto neonazi que a finales de octubre llamó la atención por haber reunido a 300 personas en el clausurado salón Pentatlón. Ahí los asistentes, en su mayoría rapados, hicieron apología del nazismo con suásticas, tatuajes e imágenes de Adolfo Hitler. El cartel lo completan No Regrets, agrupación de Matehuala, San Luis Potosí, que se anuncia como rock skinhead; Legión 34 y Clockwork Skinhead.
Al cierre de esta edición (20 de diciembre de 2022) el concierto anunciado por Condemned 84 en México muestra más de un centenar de interesados, en tanto, la agrupación cuenta con 25 mil seguidores tan sólo en Facebook."
Sexta. Una parte fundamental de la sociedad es la democracia, entendida como un sistema político que postula valores como las libertades, la igualdad y el pluralismo para el ejercicio del poder colectivo.
Para el caso que nos ocupada, tanto la libertad de reunión como el derecho de asociación se encuentran garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 9o señala:
"Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee."
La libertad de asociación política se reitera en el artículo 35 fracciones II y III de la misma Constitución y señala:
"Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
IV-IX..."
En este orden de ideas, el ejercicio de los derechos de libertad de reunión y asociación se encuentra estrechamente vinculado con el artículo 41 Constitucional, mismo que establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, y, entre otros puntos, señala que:
"Artículo 41...
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
II... IV...
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
B.-D..."
Por su parte, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros puntos, establece:
"Artículo 32.
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
a) Para los procesos electorales federales y locales:
I... IV...
VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.
(...)
2..."
"Artículo 439.
En materia de fiscalización de recursos, el Instituto podrá convenir mecanismos de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita."
Séptima. Cabe señalar que, en México, la democracia reposa en una serie de valores socialmente compartidos como la primacía de las soluciones pacíficas, la tolerancia, el respeto a la legalidad, mismos que se concretan mediante elecciones periódicas y pacíficas para elegir sus gobiernos.
La democracia supone la existencia de una pluralidad de formas de vida y opiniones en la sociedad, la cual no sólo debe ser mantenida, sino fortalecida como el signo más evidente de la salud política de una sociedad.
En una sociedad democrática, los ciudadanos encuentran a su disposición los canales de expresión de sus diferencias y discusiones, aunque para esto tienen que aceptar su sometimiento a la ley y a las instituciones que ellos mismos han avalado a través de la representación popular.
Por ello, la democracia debe estar institucionalmente preparada no sólo para tolerar la disidencia, sino para considerar sus razones y argumentos como vías de reforma y cambio social.
En contrapartida, es necesario señalar que las organizaciones neonazis y fascistas persiguen objetivos anticonstitucionales, con un ideario político que desprecia la dignidad humana y es incompatible con los principios de la democracia.
Su objetivo, es eliminar el orden democrático establecido y sustituirlo por un estado autoritario con inclinación a someter, mediante la fuerza, la amenaza o el chantaje, a los disidentes.
La libertad de expresión, así como la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio son derechos fundamentales consagrados en los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que tiene como límite los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.
En este sentido, las expresiones vertidas en los conciertos pro nazis no pueden clasificarse como meras opiniones y por tanto protegidas por el derecho a la libertad de expresión y difusión de las ideas, deben abstenerse de cualquier ataque a la vida privada de las personas, a la limitación o disminución de los derechos de terceros, no pueden incitar a la comisión de algún delito ni a la perturbación del orden público.
La libertad de opinión, bajo ninguna circunstancia, no puede permitir la difusión de llamados al antisemitismo, el racismo, el sexismo, cualquier otra ideología extremista de desigualdad, el odio o de otra acción que incite a la comisión de algún delito.
Octava. Cabe señalar que la Ciudad de México las conductas motivadas por el odio, son punibles y se encuentran tipificadas como delitos, tal y como lo establecen los artículos 138 fracción VIII (para el caso de homicidio y lesiones) y 206 fracción I (para el caso de discriminación) del Código Penal para el Distrito Federal, mismos que a la letra rezan:
"ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u odio.
I... VII...
VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima."
"TÍTULO DÉCIMO
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO ÚNICO
DISCRIMINACIÓN
ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas:
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;
II.-IV..."
La sociedad mexicana no puede permitir su degradación a partir de expresiones de odio, supremacismo racial e intolerancia que se traduzcan a conductas discriminatorias y en violencia. Los principios que le dan sustento a nuestra democracia y permiten la convivencia civilizada deben ser motivo de preocupación de las instituciones del Estado, como la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que está obligada a pronunciarse, en el marco de sus atribuciones.
Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente cualquier manifestación de odio, supremacismo racial e intolerancia, así como toda forma de incitación a la violencia y la discriminación.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que, en uso de sus atribuciones y facultades, inicie de oficio, una carpeta de investigación por incitación al odio o a la violencia, durante la serie de conciertos clandestinos de orientación neonazi y racistas que se han llevado a cabo en la Ciudad de México durante el año 2022.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en uso de sus atribuciones y facultades, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República, investigue posibles actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita en la realización de los conciertos clandestinos de orientación neonazi y actividades de corte extremista efectuados en la Ciudad de México por grupos pronazis.
Notas:
1. El País, 7 de noviembre de 2022. Cientos de neonazis celebran un salvaje concierto clandestino en la capital mexicana. https://elpais.com/mexico/2022-11-08/cientos-de-neonazis-celebran-un-sa lvaje-concierto-clandestino-en-la-capital-mexicana.html
2. Ibid.
3. Con acceso restringido, el concierto neonazi realizado en la CDMX. https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/09/politica/con-acceso-restrin gido-el-concierto-neonazi-realizado-en-la-cdmx/?from=homeonline&blo ck=ultimasnoticias
4. @martibatres Tweet 5:25 p. m. · 10 nov. 2022. https://twitter.com/martibatres/status/1590848036103925760?ref_src=twsr c%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590848036103925760%7Ctwgr%5Ec b40b841bb340495cfcc2f7ecb7166780376c0a6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https %3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2Fnacional%2Fcdmx%2F2022%2F11%2F10%2Ftras-c oncierto-fascista-neonazi-clausuran-el-salon-pentathlon-en-la-alcaldia- cuauhtemoc-296770.html
5. @martibatres 4:09 p. m. · 9 nov. 2022 ·Twitter. https://twitter.com/martibatres/status/1590466511650840576?ref_src=twsr c%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590466511650840576%7Ctwgr%5Ea d4544f3f945e415fc6f9ead64316215bb264f01%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https %3A%2F%2Fwww.diariodemexico.com%2Fmi-ciudad%2Fgcdmx-y-onu-condenan-conc ierto-neonazi-clandestino
6. Msn.com 9 de noviembre de 2022. Centro Prodh se pronuncia contra concierto neonazi en CDMX.https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/centro-prodh-se-pronunci a-contra-concierto-neonazi-en-cdmx/ar-AA13WjCC
7. @ONUDHméxico. 8:58 a. m. · 10 nov. 2022·Twitter. https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1590720450703028225?ref_src=twsr c%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590720450703028225%7Ctwgr%5Ea d4544f3f945e415fc6f9ead64316215bb264f01%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https %3A%2F%2Fwww.diariodemexico.com%2Fmi-ciudad%2Fgcdmx-y-onu-condenan-conc ierto-neonazi-clandestino
8. Reforma, 16 noviembre 2022. Organizan simpatizantes neonazis 3 fiestas en la CDMX.https://www.reforma.com/organizan-simpatizantes-neonazis-3-fiestas -en-la-cdmx/gr/ar2504898?md5=3118f0a8a04bf85f2c575629bcc84d16&ta=0d fdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=elemento_web&utm_medi um=email&utm_campaign=promocion_suscriptor c
9. La Jornada. Martes 20 de diciembre de 2022. Promueven en redes sociales nuevo concierto fascista.https://www.jornada.com.mx/2022/12/20/politica/a09n1esp
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2023.
Diputada Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a establecer los mecanismos necesarios para revisar el financiamiento con recursos públicos de la movilización del pasado 27 de noviembre, suscrita por el diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Ignacio Loyola Vera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura federal, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Antecedentes
El 13 de noviembre de 2022 quedará como una fecha histórica; cientos de miles de ciudadanos mexicanos salieron a las calles de manera pacífica en más de 50 ciudades y 6 países, para protestar en contra de las políticas de reforma electoral del presidente López Obrador, considerando sus propuestas de reforma como un atentado contra la institucionalidad y la democracia.
Algunos medios de comunicación reportan que más de medio millón de mexicanos salió a las calles de la Ciudad de México, un suceso insólito que llamó la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales.1
Grupos más pequeños, pero contabilizados en miles, salieron a manifestarse en 50 ciudades del territorio nacional; Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Nuevo León, etcétera. Que lograron, posiblemente, movilizar a más de 200 mil mexicanos en estas ciudades y, en países como Estados Unidos, España, Francia, Canadá, Inglaterra y Qatar, connacionales también se sumaron a esta ola de protestas, dejando un precedente inédito de una movilización ciudadana que se manifiesta en contra de medidas propuestas por el titular del Ejecutivo Federal.
Ante esta ola de protestas, al día siguiente, en su conferencia matutina, el presidente de la República anunció una contramarcha, una movilización en apoyo a su gobierno con motivo de la rendición de su cuarto Informe de Gobierno, cuando constitucionalmente el presidente de la República tiene que rendir su informe del 1 de septiembre de cada año, como se establece en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. 2
El día 16 de noviembre de 2022, el presidente de la República anunció públicamente una marcha que el mismo encabezaría y, la rendición de un informe en la Plaza de la Constitución, como se expone en la siguiente nota periodística que toma como fuente las declaraciones del presidente en su conferencia matutina:
"El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que cambiará su informe anual de gobierno al 27 de noviembre, el cual acompañará con una marcha que encabezará él mismo, con lo que se modificará la fecha que estaba prevista tradicionalmente para el 1 de diciembre.
"Ayer mismo empecé a recoger opiniones, y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27 (de noviembre), un domingo", afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.
López Obrador aseveró que la marcha la encabezará él mismo y partirá desde el emblemático Ángel de la Independencia para concluir en el Zócalo capitalino, donde rendirá su informe de gobierno, el cual inicialmente estaba programado para realizarse el jueves 1 de diciembre.
"Yo voy a marchar. (Daré) el informe, (por los) cuatro años de transformación, para ver también si la gente está contenta con la transformación, si vamos bien", indicó.
Afirmó que cambió el día de su informe debido a que mucha gente de otros lugares del país quiere acudir al Zócalo a apoyarlo durante la presentación de su informe.
El anuncio de la marcha se da apenas unos días después de la movilización que convocó a miles de personas, en su mayoría opositores, que salieron a las calles de Ciudad de México y otras entidades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y contra la polémica reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador."3
A partir del anuncio del presidente, la movilización de personal del gobierno federal, gobiernos estatales, municipales, servidores de la nación y líderes de su partido (Morena), comenzaron con los ajustes de la convocatoria para darse cita en la Ciudad de México el 27 de noviembre en la llamada "Marcha del Pueblo y de respaldo a la 4T", renta de camiones, pago de salarios a los asistentes, alimentación, hospedajes, cuotas de acarreados, convocatoria a través de medios de comunicación públicos, etc. Se convirtieron en una constante.
Las denuncias de amenazas sobre el retiro de apoyos gubernamentales, pérdida de empleos, retiro de becas, despidos, se convirtieron en una queja recurrente por parte de la ciudadanía.
Sectores de comerciantes, tianguistas, taxistas, trabajadores de oficina, etcétera. Denuncian el verse obligados a asistir a la marcha convocada, mientras que, en estados y municipios, el pago de autobuses, apoyos económicos a los acarreados, alimentación, lonas, playeras, gorras, eran financiadas desde las arcas de los presupuestos públicos y, a nivel federal, el mismo tipo de operación.
Con tantas evidencias y denuncias tangibles, la violación flagrante de las leyes mexicanas pone de manifiesto el uso de recursos públicos para un acto proselitista y de promoción personal del presidente de la República y, es a través de la Auditoría Superior de la Federación, donde se puede dar seguimiento a la malversación de fondos, desvío de recursos públicos, así como fincar responsabilidades.
La utilización de los medios de comunicación de Estado mexicano estuvo en una transmisión especial por más de 8 horas, dando seguimiento puntual a través de radio, televisión, medios impresos e internet, de todo el acto proselitista del presidente de México.
Con lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. - Se exhorta al auditor superior de la Federación, ciudadano David Rogelio Colmenares Páramo a incluir en el Plan Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal de 2023, los mecanismos necesarios para iniciar con carácter de urgente, una investigación exhaustiva en materia de desvío de recursos públicos para el financiamiento de la marcha del 27 de noviembre de 2022, convocada por el presidente de la República.
Notas
1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Protestan-en-50-ciudades-en-de fensa-del-Instituto-Electoral-20221114-0013.html
2 Transcripción fiel del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomado del siguiente link; www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
3 https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/mexico/articul o/2022-11-16/lopez-obrador-anuncia-marcha-e-informe-de-gobierno-el-27-d e-noviembre
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2023.
Diputado Ignacio Loyola Vera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE y al IEEM a llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer la procedencia de los recursos aplicados a la promoción personalizada de Paulina Alejandra del Moral Vela y la probable comisión de actos anticipados de precampaña electoral, suscrita por la diputada Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Graciela Sánchez Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo Décimo cuarto del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las Reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los procesos democráticos para renovar a las personas titulares de las gubernaturas de las entidades federativas, así como a las que integran los congresos locales y ayuntamientos están sujetos a las reglas constitucionales y legales respectivas.
Los partidos políticos, los particulares, personas servidoras públicas así como quienes legítimamente aspiren a ser postulados deben acatar esas reglas puntualmente.
En el Estado de México como en Coahuila se llevarán a cabo este año los procesos electorales para la renovación de la persona titular del ejecutivo en cada entidad.
El día de hoy 4 de enero de 2023 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México a las 10:00 horas llevará a cabo la Sesión Solemne de Inicio del Proceso Electoral Ordinario para la Elección de Gubernatura 2023, en la que se emitirá la Declaratoria de inicio del Proceso Electoral Ordinario para la Elección de Gubernatura.
Con ello formalmente se iniciarán las actividades de las etapas del proceso electoral en las que tanto el Instituto Electoral del Estado de México como el Instituto Nacional Electoral en el ámbito de sus respectivas competencias impulsarán el correcto desarrollo de tan importante suceso democrático.
Sin embargo, desde mediados del año 2022 se ha suscitado una sobre exposición de la ex Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, Paulina Alejandra del Moral Vela, que utilizando la promoción de revistas "Central Municipal", "Lideres" y recientemente "Mundo Ejecutivo" cuya publicidad se hace a través de espectaculares situados en las principales vías de comunicación del Estado de México.
Revistas que, por cierto, están ausente de manera física para su adquisición, por lo que se dificulta revisar su contenido y únicamente nos quedamos con lo que refiere la portada esas revistas, reitero se promocionan en espectaculares. Lo que sí se puede apreciar es la imagen de la persona ex servidora pública y el nombre de Alejandra del Moral o Ale del Moral esta la encontramos a dos terceras partes del espacio publicitario, con frases como "Es tiempo de las mujeres", "una mujer inquebrantable" y la más reciente "Proteger al Edomex".
Es claro que el objetivo de quien o quienes se benefician no solo económicamente de esta promoción personalizada disfrazada de una publicidad de supuestas revistas serias, el de posicionar entre los mexiquenses la imagen y el nombre de esta exservidora pública en vísperas del proceso electoral de este año.
El pasado 2 de diciembre del año 2022 el Instituto Nacional Electoral ordenó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México hacer un llamado a sus simpatizantes a que se abstengan de realizar conductas que busquen influir en el proceso electoral 2024.
Lo anterior derivado de la pinta de bardas y colocación de lonas en diferentes partes de la República Mexicana, así como la difusión en redes sociales con el objetivo aparente de promover a la funcionaria, a través del uso de las frases "#EsElla", "EsClaudia", y "para que siga la transformación", además de su participación en diferentes eventos en los que, alegaron, se configuran actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y una indebida difusión de su informe de labores, en donde además se solicitaron medidas cautelares y tutela preventiva.
En la determinación sobre la procedencia de las medidas cautelares, se consideró "que existe una estrategia de publicidad atípica, por tratarse de propaganda con características y particularidades que denotan identidad en su contenido, en la que se busca posicionar la idea de continuidad asociada a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y, bajo la apariencia del buen derecho, se considera estar frente a una posible violación a los principios y normas que rigen todo proceso electoral lo que podría llegar a constituir actos anticipados de precampaña y/o campaña a la eventual candidata del partido revolucionario institucional"
Lo que ya es típico, es buscar estrategias legaloides para posicionar a un partido o aspirante a candidatura fuera de los plazos y formalidades establecidas en la normatividad electoral.
Por todo lo anteriormente expuesto es que debemos exigir piso parejo, respeto y acatamiento a las normas electorales a fin de que se lleven a cabo los procesos electorales en el Estado de México de manera pacífica y se investigue la procedencia de los recursos económicos aplicados a esta estrategia ilegal de posicionamiento político de la ciudadana Paulina Alejandra del Moral Vela y de su partido político.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente Del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de México, para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, lleven a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer la procedencia de los recursos aplicados a la promoción personalizada de Paulina Alejandra del Moral Vela y la probable comisión de actos anticipados de pre-campaña electoral.
Nota:
1. https://centralelectoral.ine.mx/2022/12/02/ine-ordena-a-la-jefa-de-gobi erno-de-la-ciudad-de-mexico-hacer-un-llamado-a-sus-simpatizantes-a-que- se-abstengan-de-realizar-conductas-que-busquen-influir-en-el-proceso-el ectoral-2024/ [consultada el 31 de diciembre de 2022]
Cámara de Diputados sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.
Diputada Graciela Sánchez Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a enviar a la Cámara de Senadores el Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (número 149) de la OIT para su aprobación y ratificación, suscrita por la diputada Laura Patricia Contreras Duarte, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Laura Patricia Contreras Duarte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que envíe a la Cámara de Senadores el Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (número 149) de la Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación y ratificación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermería abarca el cuidado autónomo y colaborativo de personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos y en todos los entornos.1 No obstante, los y las enfermeras son profesionales quienes desempeñan funciones diversas dentro del sistema de salud de cualquier comunidad con la finalidad de promover y restaurar la salud, prevenir la enfermedad y aliviar el sufrimiento.
La enfermería ha sido una labor importante en la historia del mundo y de nuestro país, se tiene registro de que en la época prehispánica hombres y mujeres enfermeras atendían a los heridos en combate y a mujeres en labor de parto, durante la época colonial diversas órdenes religiosas prestaban cuidados a personas enfermas en cárceles y hospitales, posteriormente, durante la Revolución Mexicana, las enfermeras participaron activamente en la asistencia de los heridos en las batallas.
Durante la época moderna de nuestro país la enfermería tuvo una importante evolución, ya no solo desempeñaban funciones de cuidado, sino que también comenzaron a ser difusoras de conocimientos para prevenir enfermedades y así proteger la salud de la población. Es a partir del siglo XX que en nuestro país se comenzó con el esfuerzo por elevar el estatus de la enfermería a nivel profesional para, además, capacitar científica y metodológicamente a quienes desempeñarían tan valiosa labor.
En 1945 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. y 5o. Constitucionales, relativos al ejercicio de las profesiones en el distrito y territorios federales", en ella se estableció el requisito de contar con título profesional para el ejercicio de la enfermería.
Actualmente, nuestra Constitución Política en el segundo párrafo del artículo 5o., establece que:
"La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo."
Aunado a lo anterior, en el artículo 79 de la Ley General de Salud se dispone que:
"Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes."
Además de las disposiciones legales anteriormente citadas, existen otras en las que se establecen las características mínimas para la prestación del servicio de enfermería en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, así como para la prestación de dicho servicio de manera independiente, siendo una de ellas la Norma Oficial Mexicana 019-SSA3-2013.
En esta norma, se establece la correspondencia del desempeño de funciones que deberá realizar el personal de enfermería siendo estas de alta, mediana y baja complejidad, según su nivel académico. Como se menciona, en líneas anteriores, la formación académica del personal de enfermería evoluciona acorde a los avances propios del campo de la salud, por lo que es indispensable la capacitación y profesionalización del personal para desempeñar sus labores con base en la aplicación de conocimientos científicos principios, fundamentos, habilidades y actitudes que le permitan promover, prevenir, fomentar, educar e investigar acerca del cuidado de la salud a través de intervenciones dependientes, independientes o interdependientes.
No obstante, se enfrentan a diversos obstáculos que les impiden desarrollarse como personal profesional de la salud, lo que, además, impacta de manera directa en la calidad de los servicios de salud.
La falta de personal, la sobrecarga laboral, escases de recursos materiales para desempeñar sus funciones, así como las pésimas condiciones laborales en las que los salarios son precarios y no son acordes con el perfil académico demostrado, siendo que enfermeras con título y cédula con nivel de licenciatura, posgrados, maestrías y doctorados, están contratadas con códigos que no son acordes a su perfil académico, aunado a ello, las prestaciones que reciben son mínimas y en algunos otros casos, son nulas.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el cuarto trimestre del 2021, 620 mil personas reportaron prestar servicios de enfermería de los cuales las mujeres representaron el 79 por ciento. De esta cifra se puede concluir que por cada mil habitantes había en promedio 3.5 personas dedicadas a la enfermería.2
La pandemia ocasionada por el Coronavirus SARS-CoV-2 dejó aún más en evidencia situaciones ya conocidas con anterioridad, como la escases de personal médico, así como la importancia y el papel fundamental que tienen las personas profesionales de la enfermería dentro del Sistema Nacional de Salud, pues fueron quienes estuvieron brindando sus servicios en la primera línea de atención y cuidado a los pacientes contagiados aún con la falta de recursos materiales y económicos.
Es importante que la profesión de los y las enfermeras sea reconocida y dignificada mediante la aplicación de políticas públicas en beneficio del gremio. En el marco jurídico internacional, fue adoptado por la Conferencia General de la Organización del Trabajo el Convenio 149 sobre el personal de enfermería a fin de establecer principios y derechos básicos para garantizar condiciones de trabajo dignas.
Sin embargo, México no ha ratificado dicho convenio en el cual se establece que todo miembro que lo haya ratificado, "deberá elaborar y poner en práctica, según métodos apropiados a las condiciones nacionales, una política de servicios y de personal de enfermería que, en el marco de una programación general de los servicios de salud, cuando ésta exista, y dentro de los recursos disponibles para el conjunto de estos servicios, tenga por objeto prestar tales servicios en la cantidad y calidad necesarias para asegurar a la población el mayor nivel posible de salud."3
En este convenio también se establece que el personal de enfermería deberá contar con las condiciones equivalentes a los demás trabajadores del país correspondiente, en lo referente a jornada laboral, descanso semanal, vacaciones anuales pagadas, licencia de maternidad, licencia por enfermedad y seguridad social.
Si bien, dentro de nuestra legislación existen preceptos en los que se contempla el derecho a un trabajo digno, tales como el artículo 123 de nuestra Constitución Política y los establecidos en la ley reglamentaria de este, la Ley Federal del Trabajo, es indispensable que México se adhiera y atienda al régimen internacional en materia de derechos humanos.
Recordemos la reforma de 2011 en la que se modificó entre otros, el artículo 1o. de la Constitución para establecer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
En consecuencia, derivado de esta reforma se han originado múltiples cambios legislativos, institucionales y de políticas públicas para conducir hacia un país que garantice y proteja los derechos humanos. Por ello, resulta necesario que México ratifique el Convenio 149 de la OIT sobre el personal de enfermería para brindar la implementación de acciones que mejoren las condiciones laborales de los y las enfermeras con el objetivo de dignificar su profesión y garantizar su crecimiento y permanecía dentro de los establecimientos del sistema nacional de salud contribuyendo así a la mejora en la calidad del servicio.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que envíe a la Cámara de Senadores el Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (número 149) de la Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación y ratificación.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud. Enfermería, Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/enfermeria#:~:text=La%20enfermer%C3%ADa%2 0abarca%20el%20cuidado,atenci%C3%B3n%20centrada%20en%20la%20persona.
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 254/22 10 de mayo de 2022, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Enfermera.
3 Organización Internacional del Trabajo. C149 - Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (número 149)
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Diputada Laura Patricia Contreras Duarte (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de México a fortalecer el programa Héroes Paisanos con la finalidad de garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas de retorno durante la temporada de invierno, suscrita por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Durante la temporada de invierno, miles de paisanas y paisanos regresan temporalmente a nuestro país con la finalidad de pasar las vacaciones de fin de año y las fiestas decembrinas con sus familias que residen en nuestro territorio nacional. Esta población es conocida como personas migrantes de retorno, ya que su estancia es limitada por un periodo de tiempo regularmente corto y después regresan al país en el que se encuentran viviendo.
Para Russel King el fenómeno de la migración de retorno se da "cuando una persona regresa a su país o región de origen después de un periodo de tiempo significante fuera o dentro de la misma región".1 Esta movilidad humana existe la mayoría de las ocasiones de manera voluntaria como ocurre con los visitantes durante estas épocas.
La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de la Secretaría de Gobernación registró que de enero a noviembre de 2022 se dio la entrada de 1 millón 387 mil 323 mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero2 . En los últimos seis años existieron 2 millones 857 mil 352 de entradas que correspondieron a la entrada de emigrantes con residencia en Estados Unidos que regresaron de forma voluntaria y por vía terrestre, es decir, en promedio cada año existen 476 mil 225 desplazamientos de retorno temporal de nuestras y nuestros connacionales.2
Por su parte, la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 2019, levantada por el Colegio de la Frontera Norte, destaca que los principales estados de procedencia de las personas mexicanas migrantes de retorno son Texas, California, Arizona, Nuevo México y Colorado. La mayor parte de ellos tiene como destino las entidades federativas de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Durango.
Con base en los resultados arrojados en dicha encuesta se conoce que en 2019 el 86.4% de esta población migrante tuvo como principal motivo de su regreso el visitar a sus familiares o asistir a eventos sociales o religiosos, siendo que únicamente el 3.6% de toda esta población migrante regresaba a México con el propósito de quedarse en nuestro país para vivir o trabajar.3
Es por ello que resulta fundamental la implementación de políticas públicas como el Programa Héroes Paisanos, el cual es coordinado por el Instituto Nacional de Migración e incluye la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno, buscando brindar atención a las personas mexicanas migrantes de retorno para garantizar la seguridad, integridad y derechos humanos de la población mexicana que regresa temporalmente al territorio nacional.5
El principal objetivo del programa es resolver algunos problemas públicos como la inseguridad existente durante el traslado de nuestras y nuestros paisanos por las carreteras mexicanas hasta su punto de destino; así como la prevención de actos de corrupción por parte de las autoridades al momento de internarse en el país.
Las principales acciones que forman parte del Programa Héroes Paisanos son la difusión de información relativa a los derechos y trámites administrativos a los que están sujetos las y los ciudadanos mexicanos al momento de su ingreso, así como el de sus familias y bienes o automóviles que los acompañan.
Por otro lado, se atienden peticiones, quejas y denuncias que son canalizadas a las autoridades competentes; y se refuerza la presencia de los elementos de seguridad pública a lo largo de las carreteras en donde se hayan detectado la comisión de diversos delitos o exista un incremento en los índices de violencia.
De acuerdo con el diseño del Programa Héroes Paisanos, se establece que esta política pública es de carácter permanente, sin embargo, "refuerza sus acciones en los periodos de mayor afluencia de mexicanos a territorio nacional estableciendo, a través de operativos especiales (Semana Santa, verano e invierno)".6
El pasado 29 de noviembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración dio anuncio sobre el arranque del Operativo Invierno 2022 del programa, el cual tendría la participación de 454 personas voluntarias de la sociedad civil y autoridades de 40 instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.******
Asimismo, se comentó que se instalarían 214 módulos de información en los cruces fronterizos internacionales, terminales aéreas, terrestres, marítimas y plazas públicas para brindar la atención a través del programa. De igual forma se prevé que se distribuyan 450 mil guías paisano en México, Estados Unidos y Canadá con la información más importante sobre los derechos de las y los mexicanos migrantes de retorno.
A partir de lo anterior, es posible advertir que la temporada de invierno abarca del 21 de diciembre de 2021 al 20 de marzo de 2022, mismo en el cual se desarrollan festividades no oficiales como el Día de los Reyes Magos, que independientemente de cualquier motivación religiosa, incentiva a las familias mexicanas a reunirse y convivir de manera fraterna.
Por ello, es que resulta necesario que se fortalezcan las acciones desplegadas por el Programa Héroes Paisanos que se encuentra vigente durante el Operativo de Invierno, ya que durante estas fechas se lleva a cabo el regreso de nuestras y nuestros connacionales a los Estados Unidos.
Lo anterior, permitirá que las personas migrantes mexicanas de retorno mantengan una percepción de mayor seguridad, y que conozcan que existe el acompañamiento de las autoridades federales, estatales y municipales que realizan las acciones adecuadas para su regreso a casa.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de México a fortalecer el Programa Héroes Paisanos con la finalidad de garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas de retorno durante la temporada de invierno.
Notas:
1. King, Russel, Return Migration and Regional Economic Problems, Londres, Routledge, p. 4.
2. Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad, Boletines Estadísticos, México, Secretaría de Gobernación, 2022.
3. Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad, Total de entradas según condición de estancia, México, Secretaría de Gobernación, 2019.
4. Colegio de la Frontera Norte, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte 2019, México, COLEF, 2020.
5. Instituto Nacional de Migración, Programa Héroes Paisanos. Consultada en https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-heroes-paisanos
6. Ibidem.
7. Instituto Nacional de Migración, Arranca Operativo Invierno 2021 del Programa Héroes Paisanos del INM, México, Boletín No. 703/2022.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a considerar de forma rigurosa los estudios y evaluaciones presentados por el Coneval, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Salvador Alcántar Ortega, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Existe plena coincidencia en el sentido de que el desarrollo socialv en México y en muchos otros países, que consiste en el mejoramiento del nivel de bienestar que es un conjunto de variables que contribuyen a establecer un determinado nivel de la calidad de vida de las personas, se incluyen aspectos tanto económicos, culturales y sociales de una región determinada,2 para que éstos puedan alcanzar un nivel de vida digno y cercano a los distintos parámetros de crecimiento que para tal fin puedan proyectarse, y esto es así porque no hay discusión alguna en afirmar que el éxito de cualquier sociedad está estrechamente vinculado al bienestar de todos y cada uno de sus integrantes.
Paralelamente tenemos que, en el ámbito del desarrollo social, la visión más avanzada es la que se dirige invariablemente a destacar, que uno de sus componentes más valiosos es el que tiene que ver con la necesidad de invertir en el bienestar de las personas; porque más allá de que dicha inversión pueda ser considerada simplemente como un gasto social del presupuesto que el Estado destina a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Las necesidades básicas son imprescindibles para lograr una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva, lo que realmente se necesita es que los diseñadores de las políticas públicas orienten el proceso completo hacia el avance en la eliminación paulatina de las barreras que impiden que los ciudadanos puedan transitar hacia la autarquía, generando para este efecto las oportunidades complementarias de empleo, autoempleo y emprendedurismo.
En el contexto anterior, recobra importancia la prioridad de no perder el rumbo, ya que como país hemos coincidido desde hace mucho tiempo en la urgente necesidad de avanzar hacia la ruptura de la brecha intergeneracional de la pobreza; porque no es posible que como nación estemos dispuestos a aceptar que las personas que viven actualmente en situación de pobreza cuando tienen al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias,3 tendrán que conservarse permanentemente en esa condición, por lo que es altamente deseable que la sociedad en su conjunto, incluyendo por supuesto al gobierno, al sector privado, académico, social y cualquier otro que estuviera interesado en el tema, avancemos unidos en el noble objetivo de generar las sinergias necesarias -que bien estructuradas y correctamente orientadas- nos llevarán invariablemente a crear las mejores condiciones de calidad y equidad en la educación de promoción de una vida saludable, de vivienda digna y decorosa y obviamente de seguridad. Elementos que, a mediano y largo plazo, permitirán el arribo de una mayor fuerza laboral y por ende, redundarán en un funcionamiento más productivo de las comunidades.
Estamos plenamente conscientes de que no es tarea fácil ni sencilla lograr la transformación de la sociedad que todos anhelamos, que se traduce en una vida digna4 y dignidad humana5 para todos los mexicanos, pero que, mediante la construcción de ciudadanía auto generadora de oportunidades, estamos seguros de que será posible avizorarla en un futuro no muy lejano.
Lo anterior, con base en la prestación de servicios de desarrollo social bien planeados y diseñados, por lo que se resalta la urgente necesidad de actualizar algunos aspectos de las políticas públicas, que en la materia que nos ocupa se están llevando a cabo, puesto que resulta inminente la necesidad de mitigar los riesgos que conlleva para cualquier gobierno y sociedad, el caer en la atractiva tentación de utilizar las transferencias monetarias, los servicios, y apoyos prestados, así como las intervenciones proporcionadas, para abonar hacia fines políticos, agendas personales o proyectos partidistas.
El pueblo mexicano espera que se avance en una mayor productividad y desarrollo nacional, los esfuerzos colectivos deben apuntar decididamente al blanco de encontrar el fiel de la balanza; es decir, que todas esas medidas e intervenciones -que dicho sea de paso deben considerarse como temporales, bajo ciertas características monitoreadas y supervisadas- deben redundar al final de cuentas, en paliativos eficaces, que sólo verán los niveles de éxito deseados si se ponen en marcha a la par de impulsar otras medidas colaterales, que bien direccionadas debieran incidir en el logro la modificación del entorno social, de forma estructural, integral y permanente.
Resulta relevante recordar la importancia del concepto de pobreza: "La pobreza es una condición socioeconómica en la que escasean los recursos, o bien las herramientas necesarias para adquirirlos de manera regular. Quien la padece no puede satisfacer sus necesidades básicas, físicas y mentales, que garantizan una adecuada calidad de vida: alimentación, vivienda, asistencia sanitaria, educación formal",6 que como ya se ha reiterado en diversas ocasiones, es reconocido como un fenómeno que contiene muchos factores; por sus propias características, tiende a ser complejo. En él interactúan variadas dimensiones, ya sean las del plano psicológico, las del económico o las del social, entre otras. En general -destacan diversos autores- que se refiere a toda aquella situación que, por la falta de recursos, no es posible lograr la satisfacción de las necesidades básicas de una persona determinada; carencias que inciden de manera directa en aspectos esenciales de su vida cotidiana, como lo son las de salud, alimentación, la educación, el empleo, o el abastecimiento de los servicios indispensable para lograr una vida saludable.
Todo esto se traduce desafortunadamente en tiempos de Covid 19, en que algunas personas experimentan privaciones de una gama multidimensional, con indicadores asociados actualmente a los objetivos de desarrollo sostenible,7 y que tienen que ver por ejemplo, con que haya miembros desnutridos en el hogar, que las familias estén experimentado mortalidad infantil, un bajo nivel educativo de los adultos -donde ningún integrante de la familia completó al menos 6 años de educación-, presencia de niños que no asisten a la escuela, así como la carencia de agua potable, saneamiento mejorado, electricidad, energía limpia para cocinar, vivienda adecuada -incluyendo materiales de piso, paredes o techo- y un mínimo de activos o de bienes durables.
Paralelamente a los anteriores objetivos globales, resulta oportuno recordar que el término de la línea de pobreza,8 no es más que el indicador que se construye a partir de la consideración de los ingresos y los gastos de los hogares. Con esta metodología, conocida como LP por sus siglas, se determina si los hogares cuentan con los ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas; tomando como referencia la canasta básica de bienes y servicios que cumple con los requisitos de satisfacción de dichas necesidades, que una vez definida, valora su costo de acuerdo con los precios del mercado. Este costo define la línea, por lo que se infiere que, si el ingreso se encuentra por debajo de la línea, el hogar es pobre.
El Coneval da a conocer la actualización de la Línea de Pobreza por Ingresos (canasta básica más no alimentaria) y la Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria), correspondientes a la tercera edición de la metodología para la medición multidimensional de la pobreza. Con esta actualización, y como se ha hecho hasta este momento, se publicará mensualmente el valor monetario de las líneas, según lugar de residencia rural y urbano, a partir de la información del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El INPC tiene como finalidad medir la evolución del nivel general de precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares mexicanos a través del tiempo. Para esto, se le da seguimiento a los precios de los productos que forman parte de una canasta que se define con base en los patrones de consumo de la población. De acuerdo con el comunicado de prensa número 142/20 del INEGI, el Instituto tomó medidas extraordinarias adoptadas ante la Covid-19, por lo que desde de abril de 2020 y aún en la segunda quincena de febrero de 2022, la recolección de la información para calcular el INPC fue por medios electrónicos.
Con base en la información antes mencionada, los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 de las líneas de pobreza por ingresos son los siguientes:9
Por otro lado, tenemos el no menos importante referente denominado estado de bienestar, que establece el conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado (a través del gobierno) en búsqueda de una mayor atención a la redistribución y bienestar general de la población10 que es el que se correlaciona con el conjunto de estrategias que se generan a través de las agencias gubernamentales y que son aplicadas en forma de políticas públicas, que buscan incidir en una mayor atención en la distribución y cuya mejora en la calidad de vida de los grupos humanos, es la que se direcciona invariablemente hacia la reducción de la desigualdad económica, que se basa en el ejercicio de la función pública, es decir, la intervención del estado en la economía y sociedad, para una mayor redistribución de la riqueza que mejora las condiciones socioeconómicas y de salud de la población.
Para mitigar todos los problemas descritos con anterioridad, en México contamos actualmente con una muy valiosa Institución, como lo es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia,11 la cual tiene como funciones principales:
1. Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y
2. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.12
Es importante conocer a mayor detalle el trabajo que desarrollan y utilizar las valiosas herramientas de información y medición que nos brindan, así como lograr su fortalecimiento a través de la legislación correspondiente, las políticas públicas, así como los presupuestos necesarios.
Continua vigente el planteamiento presentado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el cual es el documento en el que el gobierno de México, a través de consultas públicas, explica cuáles son sus objetivos y estrategias prioritarias durante el sexenio,13 donde se destaca que los programas de la administración pública federal, tienen como uno de sus principales objetivos, el de priorizar las necesidades de los sectores marginados, indefensos y depauperados, e impulsar acciones en las zonas más pobres del país, con el ánimo transformado de una mejora radical en sus niveles de bienestar.
Aunado esto al Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, que está encaminado a delinear la política social de México que la propia Secretaría del Bienestar encabeza y que busca construir el inicio de un estado de bienestar para todas y todos los mexicanos y en donde se hace una clara referencia a que dicho Plan está centrado en las personas, entiendo a estas como sujetos de derechos.
Es por todos los argumentos anteriormente expuestos que, desde el ámbito de mis atribuciones como representante popular, tengo a bien presentar ante la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a que, para efectos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2024, en materia de desarrollo social, se consideren de forma rigurosa, objetiva, imparcial y transparente los siguientes aspectos:
a) El detalle de las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, pretendiendo que se favorezca de manera efectiva el desarrollo y las capacidades de educación, salud, nutrición, empleo y autoempleo.
Notas
1 Es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador de este, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados. Consultado en http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_dso cial.htm
2 https://paot.org.mx/centro/ine-semarnat/informe02/estadisticas_2000/compendio_2000/01dim_social/
01_05_Pobreza/data_pobreza/RecuadroI.5.4.htm#:~:text=Niveles%20de%20bienestar%20es%20la,
o%20no%20a%20bienes%20duraderos%2C
3 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
4 Entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera).
5 Entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien).
6 https://concepto.de/pobreza/#:~:text=Pobreza%20en%20M%C3%A9xico-,
%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20pobreza%3F,para%20adquirirlos%20de%20manera%20regular.
7 Los objetivos de desarrollo sostenible, son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para 2030.
8 Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Consultado en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
9 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos/
Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos_COVID_feb_2022.pdf
10 https://economipedia.com/definiciones/estado-del-bienestar.html
11 Para mayor información puede revisarse el sitio: https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Quienes-Somos.aspx página consultada el 20 de junio de 2020.
12 https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Quienes-Somos.aspx
13 https://www.planeandojuntos.gob.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2023.
Diputado Salvador Alcántar Ortega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a instrumentar políticas públicas eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es una pandemia que continúa, pues no considera estatus social o región específica.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), gracias a las políticas públicas emprendidas por el Gobierno federal en 2022 se tuvo una marcada disminución de los casos de feminicidio a nivel nacional, pasando de 899 feminicidios cometidos de enero a noviembre de 2021 a 858 cometidos en los mismos meses de 2022.1
Sin embargo, pese a que Nuevo León es uno de los estados más desarrollados del país, su alto índice de feminicidios y de violencia contra las mujeres y niñas ha sido una constante, ocupando el segundo lugar en la comisión de estos delitos el año pasado, concluyendo con una tasa de 85 feminicidios de enero a noviembre de 2022, superando el máximo histórico de 79 feminicidios que se alcanzó en la entidad en 2018.
Nuevo León tiene las tasas más altas en feminicidios con 2.80 casos por cada 100 mil mujeres, rebasando así la media nacional, la cual se encuentra en 1.29 feminicidios por cada 100 mil mujeres.
Casos como el de Debanhi Escobar, Yolanda Martínez, Jhoana Ligues Jáuregui y María Fernanda Contreras visibilizan la grave crisis de violencia contra las mujeres en Nuevo León, producto de la falta de políticas públicas eficaces y de la creciente impunidad a nivel estatal.
En la entidad gobernada por Movimiento Ciudadano, los municipios de Juárez, Guadalupe y General Escobedo se encuentran entre los primeros 10 municipios a nivel nacional con mayor incidencia del delito de feminicidio. Mientras que otros 5 están considerados dentro de los 100 municipios con delitos de feminicidio, es decir, es un total de 8 municipios neoloneses que están entre los 100 con más incidencia de feminicidios a nivel nacional.
De enero a noviembre de 2022, Nuevo León fue catalogada como la tercera entidad federativa con mayores delitos de violencia familiar, con un total de 21 mil 21 casos registrados. Respecto a la incidencia delictiva casi duplica la media nacional de 193 denuncias de violencia familiar por cada cien mil habitantes, con un total de 364.9.
Respecto de los delitos de violación, las cifras no son diferentes, pues Nuevo León continúa ocupando el tercer lugar a nivel nacional con un total de mil 531 casos, sólo por debajo del Estado de México con 3 mil 231 denuncias por violación simple y equiparada.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Nuevo León registró 255 feminicidios en grado de tentativa en 2022, es decir, en casi 300 ocasiones se intentó privar de la vida a una mujer. Registrándose en mayo y junio las cifras más altas con 35 y 34 de estos delitos por mes respectivamente.2
El 18 de noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey, así como un plan de seguridad, prevención y justicia para garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia en Nuevo León, el cual es responsabilidad del ejecutivo estatal en coordinación con los municipios enunciados.3
Sin embargo, la falta de políticas públicas eficaces que permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Nuevo León continúa siendo una constante, mostrando la ineficiencia del gobernador Samuel García Sepúlveda para atender la problemática.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, instrumente políticas públicas eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en dicha entidad federativa.
Notas
1 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1ZuMlwIDDk51ngfbJQExGmJtN_tFijRxb/view
2 Disponible en: https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/transparencia/total-de-actos-del ictivos-denunciados-por-tipo/
3 Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia- de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-nuevo-leon
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León, a que, a través de la Secretaría de Salud estatal, se implemente un plan de acción urgente ante el incremento de casos de rickettsiosis, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La rickettsiosis es un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos ocho especies de bacterias del género Rickettsia. En México se han identificado tres especies epidemiológicas predominantes causantes de diferentes cuadros clínicos:
- Rickettsia rickettsii agente etiológico de la fiebre manchada de las Montañas Rocosas que se trasmite por la garrapata y su principal reservorio es el perro.
- Rickettsia prowazekii agente del tifus epidémico, su vector principal es el piojo de cuerpo humano.
- Rickettsia typhi, causante del tifus murino o endémico, los roedores son su principal reservorio y los principales vectores son las pulgas de rata y gato.
Se ha detectado que la Rickettsia rickettsii o bien la Fiebre manchada de las montañas rocosas (FMMR) es la de mayor impacto e interés en la salud pública de México.1
El principal vector y reservorio de esta enfermedad es la garrapata Rhipicephalus sanguineus, su transmisión ocurre a través de la picadura de la garrapata infectada y se ha documentado que existen otros mecanismos de infección como el contacto directo en heridas abiertas con los tejidos o fluidos de la garrapata, la inhalación de aerosoles contaminados y en menor frecuencia por transfusión sanguínea.
De acuerdo con los Lineamientos para la Vigilancia por Laboratorio de las rickettsiosis2 emitidos por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud:
"El cuadro clínico de las rickettsiosis se caracteriza por la presencia inicial de fiebre, mialgias, artralgias, postración, cefalea y escalofríos, posteriormente se presentan alteraciones del sistema gastrointestinal como lo es vómito, diarrea, náuseas y dolor abdominal. Entre el tercer y quinto día suele aparecer una erupción maculo-papulosa en extremidades o tronco que se propaga rápidamente a gran parte del cuerpo. En el quinto o sexto día, o poco después, del 40 al 60 por ciento de los pacientes presentan un exantema petequial (erupción cutánea).
En la etapa final se pueden presentar alteraciones neurológicas tales como delirio, parálisis y convulsiones. Estos casos frecuentemente terminan en decesos".
Las condiciones de higiene de las viviendas, la pobreza y la convivencia con animales domésticos son algunos de los determinantes asociados a la adquisición de la enfermedad.
En México se ha registrado la presencia clínica de esta enfermedad desde 19303 y se ha llevado a cabo una vigilancia epidemiológica continúa, a partir de los brotes de rickettsiosis en Baja California (2009) y en Coahuila (2012) se ha incrementado la vigilancia epidemiológica en los últimos años.
En 2012, Nuevo León fue el segundo estado en presentar el mayor número de casos reportados (129 casos).
Ante este contexto, durante el pasado mes de diciembre de 2022, la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León informó que se detectaron al menos 54 casos positivos y se han realizado estudios a 553 personas que han presentado síntomas de la enfermedad.1
A través del sis4ema de vigilancia de la entidad se trabaja para identificar y disminuir el riesgo ante el incremento de casos de rickettsiosis. La Secretaría de Salud estatal ha informado que los signos y síntomas de esta infección surgen entre 3 y 14 días, y son: fiebre de 39 grados centígrados, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náusea, vómito, anorexia, y dolor abdominal.
Nuestro marco constitucional establece que la protección de la salud es un derecho para todas y todos los mexicanos, en ese sentido y dado que la rickettsiosis puede implicar un problema grave de salud pública, es que el gobierno del estado de Nuevo León debe implementar un plan de acción que considere medidas de prevención para la población, así como emitir e informar a ésta de manera permanente sobre las medidas de saneamiento básicas para evitar el contagio y la propagación de la rickettsiosis.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que, a través de la Secretaría de Salud estatal se implemente un plan de acción urgente ante el incremento de casos de rickettsiosis en la entidad, así como se contemple la atención oportuna y se otorgue el tratamiento adecuado a la población afectada, e informe a la ciudadanía sobre las medidas básicas para evitar el contagio y la propagación de la rickettsiosis.
Notas
1 Vigilancia Epidemiológica Semana 46, 2010, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13058/sem46.pdf
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/694561/LVL_rickettsiosis _200122.pdf
3 Vigilancia Epidemiológica Semana 46, 2010, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13058/sem46.pdf
4 https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/alerta-por-enferme dades-respiratorias-esta-vigente-salud-nl
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a atender la problemática de la calidad del aire en su entidad, y a cumplir o, en su caso, actualizar el programa de gestión para mejorarla, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La contaminación del aire es una de las mayores amenazas medioambientales que perjudican a la salud de la población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año la mala calidad del aire causa la muerte prematura de 7 millones de personas en el mundo.1 En la población infantil, la exposición a una mala calidad del aire puede desencadenar afectaciones en su crecimiento, mermar la función pulmonar, ocasionar infecciones respiratorias y agravar problemas de asma.
En la población adulta, la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares son padecimientos que provocan la muerte prematura derivada de la contaminación del aire exterior, asimismo diversos estudios han revelado que las enfermedades neurodegenerativas y la diabetes también surgen en pacientes que viven en entornos contaminados.
La relación entre la salud, el medio ambiente y la calidad de aire es cada vez más estrecha y esto ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2019, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente exhortó a las naciones a tomar medidas urgentes para mejorar la calidad de aire a fin de que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.2
La OMS establece directrices en materia de calidad del aire a escala mundial sobre los umbrales y límites de los contaminantes atmosféricos clave que generan riesgos para la salud.
Las directrices son aplicables en todo el mundo y se basan en una evaluación llevada a cabo por expertos a través de pruebas científicas sobre:
- La materia particulada;
- El ozono (O3);
- El dióxido de nitrógeno NO2); y
- El dióxido de azufre (SO2).
La materia particulada (PM) es un indicador común de la contaminación del aire. Afecta a más personas que ningún otro contaminante. Los principales componentes de la materia particulada son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro de sodio, el hollín, los polvos minerales y el agua. Consiste en una compleja mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire.
Las partículas con un diámetro de 10 micrones o menos (? PM10) pueden penetrar y alojarse profundamente en los pulmones, aunque las partículas que tienen un diámetro de 2.5 micrones o menos (? PM2.5) resultan aún más dañinas para la salud. La PM2.5 puede atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo. La exposición crónica a la materia particulada aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón.
En este sentido, la zona metropolitana de Monterrey ha llamado la atención en los últimos años por altos niveles de contaminación en el aire debido a diversos factores como el aumento de las actividades antropogénicas, el aumento del parque vehicular y las condiciones de sequía.
De acuerdo con el Informe Nacional de la Calidad de Aire 2020, publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,1 el monitoreo de la calidad de aire en el estado de Nuevo León estuvo conformado por la información de 14 estaciones de monitoreo ubicadas en el área metropolitana de Mont3rrey.
Los datos más relevantes de este informe son:
- En todas las estaciones de monitoreo se incumplió con las normas de salud ambiental para PM10. Y M2.5.
- En todas las estaciones se rebasaron los límites máximos de ozono.
- No es posible medir el cumplimiento de la norma oficial mexicana (NOM) para dióxido de azufre por insuficiencia de datos.
Ante esto, el informe destaca que 45 por ciento del año 2020 se rebasó la norma para PM10, y 22 por ciento se rebasaron los niveles de ozono; en general, el número de días en que se incumplió al menos una norma de salud ambiental fue de 207.
Con base en el último reporte mensual del Estado de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey, el cual utiliza indicadores actualizados por la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Nuevo León, la calidad del aire sigue siendo preocupante. En noviembre de 2022, 16 días estuvieron sobre la norma PM10 mientras que en mayo de 2022 (mes de mayor temperatura y concentración de contaminantes) 26 días estuvieron sobre la norma PM10..
Actualmente, el gobierno del estado de Nuevo León puso en marcha el Programa de gestión para mejorar la calidad de aire, no obstante, las cifras registradas en su monitoreo indican que las acciones deben fortalecerse, ya que la salud de la población está en riesgo.
De acuerdo con el programa de gestión mencionado, la zona metropolitana de Nuevo León enfrenta retos importantes para la mejora de la calidad de aire, los cuales requieren de una serie de políticas públicas en materia de transporte, industria y actualización de datos para contar con más información y monitorear la cantidad de contaminantes presentes en el aire.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente políticas públicas que mejoren la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Nuevo León, a cumplir y, en su caso, actualizar el Programa de gestión para mejorar la calidad de aire del estado de Nuevo León, con el objetivo de salvaguardar la salud de la población y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.
Notas
1 https://www.paho.org/es/temas/calidad-aire
2 https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-environment
3 Disponible en: Informe2020.pdf (inecc.gob.mx)
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a diseñar y ejecutar acciones estratégicas, eficaces y contundentes que permitan prevenir, investigar y sancionar, la comisión de delitos de alto impacto en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La estrategia de seguridad pública fallida del gobierno del estado de Nuevo León, encabezada por Samuel Alejandro García Sepúlveda, ha provocado una ola de violencia e inseguridad que le ha arrebatado la tranquilidad a la población neoleonesa.
El terror que han sembrado las células del crimen organizado en la entidad no es un tema menor, ante este escenario, la ciudadanía, así como diversos colectivos y organizaciones civiles, han alzado la voz para exigir al gobierno estatal el fortalecimiento de la seguridad.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a noviembre de 2022, la tasa de homicidios dolosos perpetrados en el estado de Nuevo León por cada cien mil habitantes se ubica en 21.35, cifra superior a la tasa por cada cien mil habitantes a nivel nacional que se registra en 19.12.+1
Y es que resulta alarmante que durante el periodo referido se registraron mil 235 homicidios dolosos en la entidad.2
En contraste, las propias cifras proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, respecto a la estadística de homicidios en esa entidad, señala que durante 2022 se han registrado mil 320 homicidios dolosos, es decir, un incremento de 251 casos comparando las cifras de 2021 y 2022.3
Por otra parte, no es novedad que los lamentables casos de feminicidio perpetrados en la entidad se han intensificado, siendo 85 los casos registrados por el SESNSP en la entidad del 1 enero al 30 de noviembre de 2022.4 Resulta lamentable que la violencia feminicida no frene en Nuevo León, lo que evidencia la descoordinación, indiferencia e incapacidad de las autoridades estatales.
Asimismo, los datos del SESNSP revelan que los municipios del país con mayor incidencia delictiva en cuanto a feminicidios se encuentran en Nuevo León y en el Estado de México.
Basta recordar los casos de feminicidio que estremecieron a Nuevo León, como los de Jhoana Ligues Jáuregui, María Fernanda Contreras, Yolanda Martínez Cadena o el de Debanhi Escobar Bazaldúa, para comprender la magnitud del problema y exigir al gobierno en turno que garantice la seguridad e integridad de las niñas y mujeres neolonesas.
Cabe señalar que Monterrey es considerado como uno de los 50 municipios prioritarios por la Estrategia Nacional de Seguridad, debido a que se han registrado 219 casos de homicidio doloso de enero a noviembre de 2022, lo que representa un aumento de 4.8 por ciento de casos en comparación con el mismo periodo de 2021.5
Lo anterior contrasta con la tendencia a la baja en los homicidios cometidos en los 50 municipios prioritarios, los cuales presentan una disminución promedio de 11.9 por ciento al comparar las cifras registradas de enero a noviembre de 2021 y 2022.1
Au6do a lo anterior, la comisión de otros ilícitos como el robo de vehículos no ha sido contenida por las autoridades estatales, pues de acuerdo con el SESNSP, el número de casos relacionados es de 3 mil 233 solamente durante el periodo de enero a noviembre de 202271
El robo a casa habitación en Nuevo León se ha registrado una incidencia de 4 mil 43 casos durante el mismo periodo,8 y se han registrado 22 casos de secuestro en su modalidad extorsiva en la entidad.9
Otros datos que revelan el estado crítico de inseguridad en el que se encuentra Nuevo León se pueden consultar en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 202210 la cual mide la percepción de las y los habitantes del país sobre la seguridad en el lugar en donde habitan y llevan a cabo sus actividades cotidianas, publicada en septiembre del año pasado.
Dicha encuesta muestra que la incidencia delictiva medida mediante la tasa de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más en 2021 en el estado de Nuevo León fue de 34 mil 99, cifra superior a la tasa nacional que se ubica en 30 mil 786; en tanto que la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes fue de 23 mil 106.
A partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, se estima que 26.9 por ciento de los hogares en el estado de Nuevo León tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2021.11 Igualmente, a través de la Envipe se estima que, en 2021, en el estado de Nuevo León, se denunció solamente 6.9 por ciento de los delitos, de los cuales el ministerio público o fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 78.4 por ciento de los casos. Lo anterior significa que, del total de delitos, se inició una carpeta de investigación en 5.4 por ciento de los casos.
Esta situación no ha sido revertida, y derivado de la tendencia actual es posible que la Envipe 2023 refleje cifras superiores respecto a las víctimas y la comisión de delitos de alto impacto.
Las y los habitantes del estado de Nuevo León saben que la seguridad pública se ha deteriorado en la entidad en los últimos años.
La endeble estrategia de seguridad pública generada por las autoridades locales, quienes siguen confiando en una estrategia reactiva y no en un verdadero esquema que atienda las causas de la inseguridad, ha traído nulos resultados.
Es así como, ante la exigencia social, resulta un tema prioritario para las y los neoleoneses tener un gobierno local que sea capaz de afrontar con entereza las causas de la inseguridad, y que genere verdaderas condiciones para vivir en un estado en paz, seguro y sujeto al imperio de la ley.
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que de manera inmediata diseñe y ejecute acciones estratégicas, eficaces y contundentes que permitan prevenir, investigar y sancionar, la comisión de delitos de alto impacto en la entidad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, a garantizar la seguridad de las y los neoleoneses ante la ola de violencia que atraviesa la entidad.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en el ámbito de sus competencias, a crear mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades estatales y municipales, a fin de ejecutar las medidas de seguridad que permitan afrontar mitigar los altos índices de violencia registrados en la entidad.
Notas
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022). Incidencia Delictiva del Fuero Común. Corte informativo al 30 de noviembre de 2022. Publicado el 20 de diciembre de 2022. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYNNQtIAZlVX/view
2 Ídem.
3 Estadística de homicidios en Nuevo León, disponible en: https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/estadistica-de-homicidios-en-nue vo-leon/
4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022). Incidencia Delictiva del Fuero Común. Corte informativo al 30 de noviembre de 2022. Publicado el 20 de diciembre de 2022. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYNNQtIAZlVX/view
5 Informe de Seguridad, SEDENA, SSPC, MARINA, GN; presentado el martes 20 de diciembre de 2022, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/786526/CPM_Informe_de_Se guridad__20dic22.pdf
6 Ídem
7 Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYNNQtIAZlVX/view
8 Ídem
9 Ídem
10 ENVIPE 2022, resultados generales, disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf
11 ENVIPE 2022, resultados Nuevo León, disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_nl.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a reforzar los protocolos y medidas sanitarias que prevengan y contengan el alza de contagios de Covid-19 y sus variantes a nivel estatal, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Durante la época invernal la probabilidad de contraer infecciones respiratorias aumenta, debido a que, en los hogares, oficinas, escuelas y algunos establecimientos comerciales permanecen sin ventilación y la distancia entre las personas disminuye, facilitando así el contagio de los agentes virales.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la titular de la Coordinación de Programas Médicos del Primer Nivel de Atención, doctora Eréndira Medina Pérez, señaló que "en esta época las enfermedades respiratorias y sus complicaciones se incrementan hasta en 20 por ciento",1 también mencionó que las enfermedades más comunes son: rinofaringitis, laringitis y bronquitis con cuadros agudos, asma bronquial, neumonía, influenza en adultos y actualmente el virus de SARS-CoV-2 causante del Covid-19.
El pasado 13 de diciembre de 2022, durante la conferencia matutina del Gobierno federal, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell, informó que la epidemia de Covid-19 en México llevaba seis semanas de incremento en los casos de contagio, debido a las bajas temperaturas, aunque la cifra es menor a las reportadas en años anteriores.
También, en dicha conferencia se informó que los niveles de ocupación hospitalaria a nivel nacional siguen siendo bajos: 4 por ciento en camas generales y 2 por ciento en camas con ventilador; mientras que la tasa de mortalidad se mantiene con un promedio de 1 fallecimiento diario.
Por otro lado, el Informe Técnico Semanal Covid-19 México+2 indicó que a la semana epidemiológica número 51 con corte al 26 de diciembre de 2022, los estados de la República con más casos confirmados acumulados son: la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, sumando 64 por ciento de los casos acumulados en el país.
No obstante, en el caso particular del estado de Nuevo León, se concentran 404 mil 250 casos a nivel estatal, mientras que del martes 13 al lunes 26 de diciembre de 2022, se concentraron 1 mil 414 casos activos, presentando una aceleración inusual de contagios: "los casos nuevos pasaron de un promedio diario de 71 a 259; las defunciones de 0 a 2; la ocupación hospitalaria de 919 a 2 mil 27, y el porcentaje de positividad del 8 al 13 por ciento",3 informó la doctora Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud estatal.
Esta situación coloca a Nuevo León como una de las entidades con constantes registros de casos de Covid-19, presentándose en diversas variantes, de las que detectadas la variante BQX, mejor conocida como "perro del infierno".
Si bien las autoridades de salud estatales indicaron que la estrategia a seguir para frenar el repunte de contagios era retomar la obligatoriedad del uso de cubrebocas en los espacios cerrados, esto no ha sido suficiente.
Por lo que es necesario continuar atendiendo la emergencia sanitaria, especialmente con acciones preventivas para contener la propagación del virus, así como para evitar las complicaciones que pueden generar las diversas enfermedades respiratorias derivadas de la temporada invernal, en especial la enfermedad del Covid-19.
De ahí que resulta imprescindible que las autoridades del estado de Nuevo León, en ejercicio de sus atribuciones refuercen las acciones para mitigar el aumento desmedido de contagios por Covid-19.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce los protocolos y medidas sanitarias que prevengan y contengan el alza de contagios de Covid-19 y sus variantes a nivel estatal.
Notas
1 Consultar en: https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202212/650
2 Consultar en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788055/Informe_Tecnico_S emanal_Covid-19_2022.12.27.pdf
3 Consultar en: https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/refuerza-secretari a-de-salud-medidas-preventivas-ante-incremento-de
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a prevenir, erradicar, investigar y sancionar la violencia de género contra las mujeres en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El contexto de violencia que viven las mujeres y niñas en el estado de Jalisco es alarmante. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2022, Jalisco se colocó en el noveno lugar nacional en el delito de feminicidio con 31 presuntos delitos, es decir, una tasa del 0.71 por cada 100 mil mujeres.1
Cabe destacar que según cifras del SESNSP, Zapopan es el municipio con el mayor número de feminicidios en Jalisco, con una tasa de 0.94 feminicidios por cada 100 mil mujeres, es decir, de enero a noviembre de 2022, se cometieron 7 feminicidios.
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que es el principal referente sobre la situación de la violencia que viven las mujeres en el país, señala que durante 2021 en Jalisco las mujeres de 15 años y más experimentaron al menos un incidente de violencia psicológica (31 por ciento), económica (18 por ciento), patrimonial, física (11 por ciento), sexual (26.5 por ciento) o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora.2
Además, dicha encuesta señala que Jalisco ocupa el octavo lugar entre las entidades con mayor prevalencia de violencia en el trabajo a lo largo de la vida laboral, visibilizada como discriminación perpetrada por compañeras y compañeros de trabajo.
De las mujeres asalariadas de 15 años y más, 24.5 por ciento experimentó alguna situación de discriminación laboral por razones de género en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta. Las principales situaciones de discriminación laboral que vivieron las mujeres son menos oportunidades de ascender que un hombre, recibir un pago menor que lo que recibe un hombre por hacer el mismo trabajo y se les ha impedido o limitado realizar determinadas tareas o funciones porque están reservadas para hombres.
Respecto a la violencia en la comunidad, Jalisco ocupa el cuarto lugar entre las entidades federativas con mayor prevalencia de violencia en el ámbito comunitario a lo largo de la vida. La violencia sexual es la más frecuente, ya que 47.3 por ciento de las mujeres ha experimentado este tipo de violencia a lo largo de la vida y 23.5 por ciento en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta.
En cuanto a la violencia contra las mujeres en la familia, Jalisco ocupa el lugar 11 entre las entidades con mayor prevalencia de violencia en el ámbito familiar en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, siendo de tipo psicológico (9.0 por ciento) la violencia que más experimentaron las mujeres.
En el contexto de una relación de pareja, Jalisco ocupa el lugar 18 entre las entidades con mayor prevalencia de violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de la relación. La violencia que más experimentaron las mujeres por parte de la pareja actual o última a lo largo de la relación fue también de tipo psicológico (36.7 por ciento). Asimismo, en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, la violencia psicológica fue la más frecuente (20.1 por ciento).
Cabe destacar que la ENDIREH 2021 demuestra que las mujeres continúan sin denunciar o solicitar apoyo en caso de vivir violencia en los distintos ámbitos, el principal motivo de no denunciar de las mujeres en Jalisco que han experimentado violencia física y/o sexual declarado en los ámbitos escolar (47.9 por ciento), comunitario (48.1 por ciento), laboral (36.6 por ciento) y familiar (46.9 por ciento) fue "Porque se trató de algo sin importancia que no les afectó". En la relación de pareja, el principal motivo de no denunciar de las mujeres que vivieron violencia física o sexual fue "por venganza".
Asimismo, la ENDIREH 2021 señala que de las mujeres de 15 años o más en Jalisco, 11.6 por ciento experimentó abuso sexual durante la infancia, siendo la persona agresora más común un tío o tía; una persona no familiar (vecino o conocido); y un primo o prima. Resulta importante destacar que Jalisco entre las entidades federativas ocupa el lugar 14 con mayor prevalencia de violencia en la infancia.
Resulta necesario subrayar que de las 32 entidades federativas, Jalisco ocupa el lugar 23 con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 60 años o más en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, la prevalencia de violencia ejercida por parte de algún familiar o personas con quienes viven las mujeres de 60 años y más fue de 13.1 por ciento.
Por otra parte, las mujeres con discapacidad en Jalisco de 15 años y más, 75.0 por ciento ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de la vida y 43.8 por ciento en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, la violencia que experimentaron más frecuentemente las mujeres con alguna discapacidad en la relación de pareja es la psicológica, tanto a lo largo de la relación actual o última (41.1 por ciento).
Las mujeres con discapacidad experimentaron mayor violencia a lo largo de la vida en el ámbito comunitario (52.0 por ciento), escolar (45.1 por ciento) y laboral (36.3 por ciento) que las mujeres sin discapacidad ni limitación (49.0 por ciento, 30.2 por ciento y 27.2 por ciento, respectivamente).
En el ámbito de la violencia obstétrica en Jalisco, en los últimos 5 años, 29.1 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea, experimentaron algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron. Jalisco ocupa el lugar 25 entre las entidades que reportan mayor proporción de maltrato en la atención obstétrica contra las mujeres de 15 a 49 años.
Respecto a los medios digitales, en Jalisco, la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a través de medios digitales a lo largo de la vida es mayor en el ámbito comunitario (8.7 por ciento), mientras que el ámbito escolar es de 7.6 por ciento.
Por todo lo anterior es que es urgente que las autoridades en el estado de Jalisco emprendan acciones tendientes a prevenir, erradicar y castigar la violencia de género contra las mujeres.
La violencia de género contra las mujeres es una grave violación a los derechos humanos que impacta en todos los ámbitos de su vida. La violencia de género no sólo afecta el ámbito familiar de las víctimas, sino que rompe el tejido social de la comunidad.
Por mencionar un ejemplo de lo anterior, la violencia extrema contra las mujeres como el feminicidio, no sólo tiene como consecuencia la muerte violenta de las mujeres, sino que en los casos en los que las víctimas son madres, el feminicidio provoca la orfandad de niñas, niños y adolescentes hijos de estas mujeres, quienes al no tener algún familiar que se haga cargo de ellos, quedan en total estado de indefensión y desamparo, colocándolos como probables víctimas de otros delitos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente políticas públicas encaminadas a prevenir, erradicar, investigar y sancionar la violencia de género en contra de las mujeres en la entidad.
Notas
1 https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra- las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero -2019?idiom=es
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/14_jalis co_resultados.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y en coordinación con las autoridades municipales correspondientes, a fortalecer e implementar con prontitud las medidas necesarias que permitan reducir la incidencia delictiva en la entidad y mejorar la seguridad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos veinte años la inseguridad y la violencia en el territorio nacional han sido de las problemáticas que mayormente han afectado diversas regiones del país, ocasionando el quebrantamiento del tejido social y la obstaculización del desarrollo local y nacional.
Es de mencionar que una de las principales causas para el aumento de la violencia e inseguridad se ha debido en gran medida a las deficientes políticas públicas en materia de seguridad que han implementado diversos gobiernos estatales y municipales.
Ejemplo de lo anterior es el estado de Jalisco, el cual, en los últimos cuarenta años, se ha visto sumergido en un ambiente tenebroso y hostil, mismo que ha permitido que los grupos delincuenciales mantengan el poder y control de ciertas áreas de la entidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública1 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021, se tuvo registro que dentro de las cinco actividades delictivas más comunes en el estado de Jalisco se encontraban: el consumo y venta de drogas ilegales; el robo y asalto frecuente; y el disparo de armas de fuego.
De conformidad con las mismas cifras, se estimó que, al menos 31.6 por ciento de los hogares en el estado de Jalisco tuvo una víctima de delito durante 2021. Asimismo, la encuesta arrojó que 62 por ciento de la población de 18 años y más consideraba la inseguridad y el crimen organizado como el problema que mayor daño ocasionaba a la entidad federativa.2
Ahora bien, durante 2022 el estado de Jalisco fue escenario de diversos hechos violentos, mismos que exhibieron con meridiana claridad el crudo espectro de adversidad y violencia que impera en la entidad. Por mencionar algunos, se encuentra la balacera ocurrida en la Plaza Andares del municipio de Zapopan3 o el reciente asesinato de tres personas en el municipio de Tonalá.4
Todo lo expuesto con anterioridad, ha ocasionado que autoridades federales, medios locales y nacionales lleguen a colocar al estado de Jalisco dentro de los primeros lugares de las entidades federativas consideradas como las más peligrosas para vivir.5
De ahí que surge la importancia y necesidad de promover el presente punto de acuerdo, el cual tiene como principal finalidad el exigir por parte de las autoridades estatales y municipales la pronta y eficaz atención en la implementación de políticas públicas en materia de seguridad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco, así como en coordinación con las autoridades municipales correspondientes, fortalezca e implemente con prontitud las medidas necesarias que permitan reducir la incidencia delictiva en la entidad y mejorar la seguridad en favor de las y los jaliscienses.
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/ 2021/doc/envipe2021_hgo.pdf
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/ 2022/doc/envipe2022_jal.pdf
3 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/10/03/balacera-en-plaza-an dares-esto-sabemos-del-empresario-blanco-del-cjng-en-zapopan/
4 https://www.informador.mx/jalisco/Seguridad-en-Jalisco-Asesinan-a-tres- personas-a-balazos-en-Urbi-Quinta-en-Tonala-20221219-0123.html
5 https://politica.expansion.mx/estados/2022/10/22/jalisco-paraiso-para-c arteles-esta-es-su-radiografia-de-violencia-y-criminal
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco y distintas autoridades locales, a establecer y, en su caso, a reforzar las medidas de protección para prevenir la desaparición forzada de las niñas, niños y adolescentes en la entidad, así como las medidas de difusión e investigación para lograr su recuperación, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De conformidad con la Convención de los Derechos del Niño1 y de lo dispuesto en el párrafo noveno del artículo 4o. constitucional, en "todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos".
Por lo que resulta primordial que las autoridades, en sus tres niveles de gobierno, adopten acciones para prevenir, proteger y sancionar las violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en los casos de desaparición forzada, que constituye uno de los delitos que más vulnera su integridad física y emocional, y la de sus familias (dejándoles secuelas difíciles de superar); delito que, además se vincula con otras conductas delictivas de gravedad.
No obstante, conforme al último informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim): La infancia cuenta en México-2022 niñez y desapariciones: cómo la desaparición afecta a niñas, niños y adolescentes en México, en nuestro país ha aumentado el número de desapariciones forzadas de niñas, niños y adolescentes.2
De acuerdo con el informe de Redim, con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), en todo el territorio nacional, cada día desaparecieron 17 personas de entre 0 y 17 años durante 2021 (no localizadas o localizadas); cifra que, al desagregarla por género y edad, refleja que, en su mayoría, desaparecen más mujeres que hombres (55 por ciento) y que las cifras son más elevadas entre los mayores de 12 años (74.5 por ciento).
El informe reporta que en 2021, a nivel nacional, 87 mil 436 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas desaparecidas y una de cada cinco de estas personas (17 mil 593 en total) continuaban desaparecidas o no localizadas en agosto de 2022.3
Redim revela que durante el año 2021, el mayor número de niñas, niños y adolescentes desaparecieron en el Estado de México (22.2 por ciento), Tamaulipas (10.1 por ciento) y Jalisco (7 por ciento); lo que en el caso de esta última entidad, ha ido en incremento y equivale a mil doscientos treinta y un menores desaparecidos.4
Por lo que esas tres entidades concentran 39.3 por ciento de los casos que se registraron en las 32 entidades del país, puesto que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes han desaparecido allí.5
El informe expone las fallas que prevalecen en los procesos de búsqueda, principalmente por parte de las fiscalías e instituciones públicas, pues al momento en que se reportan las desapariciones y localizaciones de niñas, niños y adolescentes, omiten registrar detalles de la desaparición y del cautiverio, que son relevantes en la investigación del delito, para identificar a los presuntos responsables.
El estudio detectó que en algunos estados como Jalisco, las alertas de búsqueda no se emiten o no se emiten adecuadamente, y que tampoco se aplican correctamente los protocolos de búsqueda.
Ante la complejidad de los delitos que involucran las desapariciones de las personas menores de edad, el Estado mexicano tiene la obligación de ampliar las investigaciones para conocer qué sucede mientras las víctimas estaban desaparecidas. Sin embargo, de acuerdo con el trabajo Infancia Cuenta 2022, de Redim, las investigaciones por desaparición se "cierran" una vez que son localizados los menores, por lo que se desconoce qué ocurre mientras están desaparecidos.
Es de destacar que en materia de Alertas Amber y las fichas de búsqueda de Protocolo Alba (focalizado en la desaparición de niñas y adolescentes) en el estado de Jalisco, se encontró que de enero de 2015 a mayo de 2021, sólo se habían emitido 178 Alertas Amber, que representan 22.1 por ciento de las 804 desapariciones reportadas en ese periodo, lo cual revela omisiones imperdonables por parte de las autoridades responsables de la difusión de las cédulas de búsqueda de los menores.6
Redim presentó esta información en el marco de la presentación del Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),7 y emitió diversas recomendaciones a la sociedad civil y los gobiernos de nuestro país, especialmente a los gobiernos de las entidades federativas con mayor incidencia de desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes (Estado de México, Tamaulipas y Jalisco), de las cuales destacan:
- Registrar correctamente los datos de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos y, en su caso, corregir los errores de los datos contenidos en el RNPDNO, para evitar imprecisiones y duplicidades que compliquen su búsqueda.
- Establecer mecanismos intergubernamentales para que el RNPDNO tenga información certera y actualizada, para integrar una red de búsqueda eficaz y efectiva.
- Realizar campañas nacionales y locales para la difusión del problema y sensibilización con las medidas de protección, de investigación y recuperación de las niñas, niños y adolescentes.
- Emitir en tiempo y forma las Alertas Amber y las fichas de búsqueda de Protocolo Alba, a través de los medios con mayor difusión nacional, estatal y municipal.
- En el caso de recuperación de menores, darles seguimiento a las investigaciones, a fin de detener a todos los involucrados y prevenir casos futuros de delitos de desaparición forzada.
Medidas que en el caso del estado de Jalisco y de conformidad con el artículo 17o. del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco8 y demás disposiciones aplicables, deberán atenderse a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF Jalisco), la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y las autoridades administrativas y judiciales locales correspondientes.
Conforme a los datos expuestos en el Informe de Redim y a casi tres años de la presentación de la Estrategia Integral de Atención a Víctimas de Desaparición por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro,9 lejos de disminuir el número de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, se observa un incremento de esas conductas delictivas.
Asimismo, se observa el incumplimiento de los lineamientos del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes -PANNA-, (homologado del Protocolo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas),1 que establece la necesidad de brindar ayuda y protección con enfoques de derechos humanos 0y pedagogía, a las víctimas y sus familias, así como a las autoridades buscadoras, a fin de enfrentar la dura situación de una desaparición.
En virtud de que la desaparición forzada de los menores de edad se perfila como uno de los más graves problemas en el estado de Jalisco, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ambos del estado de Jalisco, a que de forma coordinada establezcan y, en su caso, refuercen las medidas de protección y difusión para prevenir la desaparición forzada de las niñas, niños y adolescentes en la entidad, asimismo lleven a cabo la difusión oportuna, a través de los medios de mayor difusión nacional, estatal y municipal, de las Alertas Amber y Alba, a fin de localizar a los menores de edad desaparecidos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del estado de Jalisco, y a las autoridades administrativas y judiciales locales involucradas en la investigación y recuperación de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos, para que actualicen permanentemente sus bases de datos y refuercen las acciones de coordinación interinstitucional con las autoridades homólogas federales, estatales y municipales de todo el país, a fin de darle un seguimiento eficaz a las investigaciones correspondientes y sancionar a los responsables.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del estado del Estado de Jalisco, y a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, a brindar apoyo psicoemocional a las niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada y a sus familias, con enfoques de derechos humanos y pedagogía.
Notas
1 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
2 https://derechosinfancia.org.mx/v1/redim-presenta-investigacion-infanci a-cuenta-2022-ninez-y-desapariciones/
3 https://derechosinfancia.org.mx/v1/redim-presenta-investigacion-infanci a-cuenta-2022-ninez-y-desapariciones/
4 https://www.debate.com.mx/guadalajara/Al-menos-58-ninos-que-han-sido-de saparecidos-en-Jalisco-fueron-localizados-muertos-20220429-0384.html
5 Sólo ocho de cada diez niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos son localizados con vida.
6 https://www.zonadocs.mx/ninez-y-adolescencia-desaparecida-en-jalisco-una-crisis-inadvertida/
#:~:text=De%20acuerdo%20con%20los%20registros,Bryan%20Carrillo%20de%2018%20a%C3%B1os.
7 https://www.debate.com.mx/guadalajara/
Jalisco-ocupa-el-tercer-lugar-nacional-en-ninas-ninos-y-adolescentes-desaparecidos-20220418-0326.html
8 https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/
Codigo%20de%20Asistencia%20Social%20del%20Estado%20de%20Jalisco_0.pdf
9 http://www.alejandroencinas.mx/home/presentacion-de-la-estrategia-integ ral-para-atencion-a-victimas-de-desaparicion-en-jalisco/
10 https://www.gob.mx/sipinna/documentos/protocolo-adicional-para-la-busqu eda-de-ninas-ninos-y-adolescentes-panna-sistema-nacional-de-busqueda-de -personas
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a implementar, desarrollar y reforzar las estrategias y políticas públicas tendentes a disminuir la incidencia del delito de fraude, así como a la Fiscalía Estatal a realizar de forma oportuna las investigaciones pertinentes e inicie los procedimientos legales que correspondan, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 250 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco considera que comete el delito de fraude, el que, engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halle, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro o beneficio indebido, para sí o para otro.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte en noviembre de 2022, Jalisco se ubicaba como la tercera entidad en el país con mayor incidencia del delito de fraude,1 con 7 mil 996 delitos de este tipo reportados de enero a noviembre.
A la fecha se han detectado diversos casos de fraudes con grandes repercusiones en la entidad federativa como aquellos cometidos por la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) que asciende a más de mil millones de pesos con alrededor de mil 234 víctimas.2
Un caso similar a la estafa de AJP, fue el perpetuado por la financiera Green Oceans Inc. (GO) que a la fecha suma 126 víctimas, con un monto total defraudado de 153 millones 937 mil 954 pesos aproximadamente.3
En agosto pasado un grupo de personas denunció ante diputados locales de Jalisco el fraude del que habían sido víctimas, perpetuado por GO, alegaron que las denuncias públicas habían sido presentadas hacía más de un año, pero hasta ese momento las autoridades de Jalisco han hecho caso omiso.
Incluso existe un grupo en redes sociales denominado Defraudados por Green Oceans Inc., cuyo objetivo es buscar que más personas que hayan sido víctimas del fraude perpetrado puedan unirse y denunciar ante la Fiscalía estatal a los presuntos responsables.
Además de los casos anteriores, también está el dado a conocer en noviembre pasado: el de la supuesta empresa Bicentenario Grupo Financiero, la cual ofreció a, por lo menos, 20 víctimas financiarles la compra de vehículos a precios económicos a partir de un enganche; poco después desapareció.4
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el estado de Jalisco5 arrojó que el fraude es el delito más frecuente en la entidad por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más, incluyendo el fraude bancario y al consumidor.
La Envipe estimó que el fraude en el estado de Jalisco representó una tasa de 7 mil 430 por cada 100 mil habitantes, durante 2021.
No obstante, la respuesta de las autoridades de seguridad pública de la entidad federativa ha sido escasa o nula frente al alza indiscriminada de los delitos de fraude, generando que los índices de impunidad en el estado sean muy elevados.
A pesar del incremento sostenido del delito de fraude en Jalisco, de 2015 a octubre de 2022, sólo 55 personas habrían sido privadas de la libertad por estar relacionadas con las defraudaciones.
El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, refiriéndose a la grave situación de fraudes, señaló que "es un tema entre particulares, no es un asunto en el que el gobierno tenga mayor injerencia ...", a esta declaración también se sumó la de Ricardo Sánchez Beruben, coordinador general estratégico de seguridad en Jalisco.
Sin lugar a dudas, preocupa en gran medida a las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, la indolencia de las autoridades de Jalisco ante el alza en la incidencia del fraude en la entidad y la ineficiente respuesta institucional que se ha dado, lo que continúa exponiendo a las y los ciudadanos jaliscienses a ser víctimas de este delito.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a implementar, desarrollar y reforzar las estrategias y políticas públicas pertinentes para reducir la incidencia del delito de fraude en la entidad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía del estado de Jalisco para que, con base en sus atribuciones y competencias, realice las investigaciones pertinentes relacionada a los delitos de fraude denunciados en la entidad y, en los casos que resulte oportuno, inicie los procedimientos legales a los que haya lugar, garantizando la procuración de justicia pronta y expedita.
Notas
1 https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYNNQtIAZlVX/view,
2 https://www.milenio.com/politica/comunidad/caso-fraude-ajp-afectados-cl aridad-caso
3 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/26/estados/denuncian-fraude-de -la-empresa-financiera-green-oceans-en-jalisco/
4 https://www.informador.mx/economia/Fraudes-Cae-el-duenode-financiera-fr audulenta-20221222-0030.html
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe202 2_jal.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a atender el problema de falta de recolección de desechos en la zona metropolitana de Guadalajara, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los servicios públicos que el gobierno está obligado a brindar a la ciudadanía son una prerrogativa que permite acceder al ejercicio de sus derechos fundamentales, como es el caso de la recolección de desechos, un servicio público que coadyuva a garantizar el ejercicio de los derechos a un ambiente sano y salud.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho de todos los individuos a disfrutar del mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.1
En el marco jurídico nacional, el derecho al medio ambiente está tutelado en el artículo 4 constitucional en el cual se establece que: "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar".
En relación con la competencia de las autoridades estatales y municipales respecto a la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, el inciso c) del artículo 115 constitucional determina que es responsabilidad de los municipios, sin embargo, en la misma fracción en su penúltimo párrafo ordena que "los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos".
La coordinación para la prestación de los servicios públicos entre las autoridades estatales y municipales también está considerada en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en la fracción XVIII del artículo 50 prevé la facultad y obligación de celebrar convenios con municipios respecto de la prestación de servicios públicos.
De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2020, Jalisco se posicionó como la tercera entidad a nivel nacional, que más residuos sólidos urbanos genera por día con 7.6 toneladas,2 después de la Ciudad de México y del Estado de México. En 2017 el estado tuvo un porcentaje de cobertura de recolección de 94 por ciento.3
El problema de la recolección de desechos se ha acentuado en la zona metropolitana de Guadalajara, por el incumplimiento de la obligación contractual de la empresa Caabsa Eagle, respecto de la recolección de basura, de conformidad con los contratos firmados desde 2006.4
Las protestas ciudadanas han sido ampliamente documentadas por diversos medios informativos como El Informador:
" ...los habitantes de Tonalá han padecido el manejo caprichoso y arbitrario de parte de la empresa Caabsa Eagle, quien contra lo que ha declarado públicamente, ha descuidado el servicio de recolección en la cabecera y las colonias más pobladas de ese municipio. Ante ello, los tonaltecas han reportado que el servicio de recolección de basura ha dejado de funcionar, por lo que las bolsas con residuos se han ido amontonando en las calles generando malos olores y proliferación de bichos".5
La estación de radio de la Universidad de Guadalajara ha documentado incluso la desesperación del presidente municipal de Tlajomulco ante la falta de cumplimiento de la empresa Caabsa Eagle:
"...El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, llegó con tres camiones de basura a las instalaciones de la empresa Caabsa Eagle, ubicada en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara, donde depositó los desechos en los espacios de estacionamiento, en protesta del incumplimiento de recoger, trasladar y depositar la basura que se produce en colonias de Tlajomulco".6
En el caso de Tonalá, otro medio también expuso la problemática a la que se enfrentan 570 mil habitantes de ese municipio:
"Un grave problema de recolección de basura padece el municipio de Tonalá, Jalisco, debido a un pleito judicial con la empresa Caabsa Eagle, que cuenta con la concesión de recolección y destino de los desechos que se generan en la zona metropolitana de Guadalajara".7
El modelo privatizador de los servicios públicos ha demostrado su fracaso en perjuicio de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Al ser un problema que rebasa a los municipios en lo particular, es necesario que el gobierno del estado asuma sus responsabilidades y solucione el serio problema en materia de recolección de desechos que afecta a la entidad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que en el ámbito de sus facultades constitucionales atienda el problema de falta de recolección de desechos que afecta la zona metropolitana de Guadalajara.
Notas
1 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-economic-social-and-cultural-rights
2 http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RSM02_02&IBIC_user
=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
3 Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales página 30, consultado en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554385/DBGIR-15-mayo-202 0.pdf
4 https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/arboles/contratosintegros/
8VIfadendumalcontratodeconcesionconcaabsaeagle18octubre2013.pdf
5 https://www.informador.mx/ideas/Basura-el-fracaso-de-la-privatizacion-- 20221207-0030.html
6 https://udgtv.com/noticias/incumplir-contrato-tlajomulco-arroja-basura- frente-caabsa-eagle/
7 https://lasillarota.com/estados/2022/12/8/tonala-se-ahoga-en-basura-hab itantes-protestan-edil-pide-guardar-desperdicios-405117.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a poner fin a las persecuciones políticas y resolver la crisis de derechos humanos, producto de las desapariciones forzadas que se viven en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En Jalisco prevalece una severa crisis de derechos humanos, producto de la desaparición forzada de personas, aunada a la persecución política por parte del gobierno de la entidad.
Jalisco ostenta el lacerante primer lugar en desapariciones y fosas clandestinas en México, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). La entidad concentra el mayor número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas y el mayor número de denuncias de personas desparecidas.
Datos de la CNB señalan que del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020, 3 mil 724 personas fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas en Jalisco,1 lo que representa 22.62 por ciento del total nacional de desapariciones en ese periodo.
Aunado a lo anterior, el Comité Universitario en Análisis en Materia de Personas desaparecidas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,2 señaló que durante la administración de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, se han registrado 6 mil 419 personas desaparecidas, de un total de 13 mil 600 personas reportadas desde 1964.
Es decir, casi la mitad del total de las desapariciones forzadas en la entidad se han presentado durante los cuatros años que Alfaro Ramírez ha estado al frente del gobierno estatal.
El gobierno del estado de Jalisco se ha caracterizado por la violación sistemática a los derechos humanos y por intentar coartar la libertad de expresión de las y los jaliscienses. Así lo refrenda la recomendación 82/2021 "Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad, libertad personal, integridad y seguridad personal, a la reunión, asociación y libertad de expresión de personas que los días 4, 5 y 6 de junio de 2020, se manifestaron por la muerte de P1 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco", emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.3
De acuerdo con el organismo, dicha recomendación se sustenta en la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, integridad, seguridad personal, de reunión, asociación y libertad de expresión por parte del gobierno de Jalisco.
Pero lejos de preocuparse y ocuparse, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha decidido minimizar la grave situación que vive la entidad, al decir que las personas desaparecen por voluntad propia, así lo señaló durante su cuarto Informe de Gobierno, al declarar que de todas las personas desaparecidas sólo el 10 por ciento, una de cada 10, desapareció porque se haya cometido un delito, "tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia",1 aseguró4
Además del desdén, el actuar del gobernador de Jalisco se ha caracterizado por perseguir y denostar a quien no coincide con su forma de gobernar. Así lo demuestran las amenazas veladas que profirió hacia la rectora del plantel CU-Valles de la Universidad de Guadalajara, María Luisa García Bátiz, quien, en un momento que quiso dialogar con el mandatario y exponerle las necesidades de la institución, éste terminó amenazándola,5 hecho que fue ampliamente difundido en redes sociales.
Este tipo de persecuciones han ocasionado que la comunidad estudiantil declare a Enrique Alfaro Ramírez "persona non grata" debido a la serie de golpeteos que ha hecho el gobernador en contra de la Universidad, la cual abiertamente ha criticado su proceder.6
Asimismo, el pasado 27 de diciembre de 2022, activistas que se han pronunciado en contra de la privatización de espacios públicos, se manifestaron en contra del "uso excesivo y discrecional del poder por parte del gobierno del estado, a cargo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, por silenciar la crítica y criminalizar la protesta social".7
Alfaro ha sido acusado de emprender una persecución política en contra de activistas como Javier Armenta, por la defensa que hiciera del Parque Resistencia Huentitán, en Guadalajara, donde se pretende construir un amplio complejo inmobiliario, destruyendo áreas verdes y espacios públicos que benefician a la población.
Las imputaciones de persecución por parte del gobernador, las han hecho incluso periodistas como es el caso de la reportera María Luisa Estrada, quien, en días pasados, durante una de las conferencias de prensa del Presidente de la República, acusó al mandatario Enrique Alfaro de ejercer persecución política en contra de quienes denuncian abusos por parte del gobierno estatal.8
Resulta urgente que en Jalisco cesen las acciones represoras por parte del gobierno y se ponga especial atención al terrible problema de la desaparición forzada de personas que existe en la entidad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a poner fin a las persecuciones políticas que caracterizan a su gobierno y resolver la crisis de derechos humanos producto de las desapariciones forzadas que se viven en la entidad.
Notas
1 https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/busqueda/
2 http://www.cucsh.udg.mx/noticia/jalisco-primer-lugar-en-desapariciones- y-fosas-clandestinas-en-mexico
3 La Recomendación 82/2021 CNDH se puede consultar en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-11/REC_2021 _082.pdf
4 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/02/
enrique-alfaro-gobernador-de-jalisco-dice-que-90-de-desapariciones-son-por-voluntad-propia /
5 Boletín de la Universidad de Guadalajara "Amenaza Gobernador Enrique Alfaro a universitarios en CUValles". Se puede consultar en: https://udg.mx/es/noticia/amenaza-gobernador-enrique-alfaro-universitar ios-en-cuvalles
6 Boletín de la Universidad de Guadalajara "FEU propone declarar al Gobernador Enrique Alfaro "persona non grata" en la UdeG". Se puede consultar en: https://www.udg.mx/es/noticia/feu-propone-declarar-al-gobernador-enriqu e-alfaro-persona-non-grata-en-la-udeg.
7 https://hagamosjalisco.mx/2022/12/27/enrique-alfaro-criminaliza-la-prot esta-social-en-jalisco-y-usa-al-poder-judicial/
8 Conferencia de prensa de la Presidencia de la República. 30 de diciembre de 2022. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gx7NSu7Q9oA
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a reforzar e implementar líneas de acción preventivas para la erradicación de la violencia de género en esa entidad federativa, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversos colectivos y organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos, así como la plataforma Por la Paz y la Justicia en el estado de Guanajuato, expusieron el pasado 25 de noviembre de 2022 la importancia de contar con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en dicho estado,1 acto que tendría la finalidad de atender y erradicar de manera coordinada la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres guanajuatenses, y así poder mejorar su calidad de vida.
En marzo de 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida para el estado de Guanajuato y ese mismo mes fue admitida por la Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con el objetivo de "formular las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales [...] en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres".2 Sin embargo, a pesar de los avances administrativos por atender la emergencia en el estado los casos de violencia continúan en aumento.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través del Censo de Población y Vivienda 2020,3 indicó que Guanajuato es el sexto estado con mayor población, contando con un total de 6 millones 166 mil 934 habitantes, de los cuales 51.41 por ciento son mujeres y 48.59 por ciento hombres, reforzando la necesidad de enfocar políticas públicas gubernamentales para una población a la que históricamente se le han violado sus derechos humanos.
En este tenor, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)4 de 2021 reveló diversos datos de mujeres de 15 años en adelante sobre experiencias de violencia física, económica, sexual, psicológica y patrimonial en diversos ámbitos de su vida familiar, escolar, laboral, de pareja y en la comunidad, exponiendo graves resultados para las guanajuatenses, como a continuación se describe:
. 68.1 por ciento de las encuestadas ha sufrido a lo largo de su vida violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial; mientras que 44.4 por ciento la comenzó a sufrir en los últimos 12 meses de 2021.
- Psicológica: 49.4 por ciento a lo largo de su vida, 29.7 por ciento los últimos 12 meses;
- Física: 32.7 por ciento a lo largo de su vida, 10.6 por ciento los últimos 12 meses;
- Sexual: 48.6 por ciento a lo largo de su vida, 25.0 por ciento los últimos 12 meses; y
- Económica o patrimonial: 27.1 por ciento a lo largo de su vida, 17.8 por ciento los últimos 12 meses.
- Resalta que en la comunidad es el ámbito en donde las adolescentes y mujeres sufren con más frecuencia algún tipo de violencia, 43.5 por ciento a lo largo de su vida y 22.8 por ciento en el transcurso del 2021.
Los datos anteriores reflejan y se viven en el estado de Guanajuato llegando al extremo de manifestaciones de violencia feminicida, la cual se define en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como "la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas".5
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en noviembre de 2022,6 respecto a la incidencia de violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato, éste se encuentra ubicado en el lugar 14 de 32, con 20 casos de presuntos feminicidios, siendo el municipio de León el que presentó ocho delitos a la alza, ubicándose en el lugar 14 de 100; mientras que el municipio de Celaya se ubicó en el lugar 72 de 100, presentando tres casos.
En cuanto a las presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, Guanajuato se ubica en el primer lugar a nivel nacional, concentrando 382 casos de mujeres a las que les fue arrancada la vida.
De la misma forma, en la clasificación de presunto homicidio culposo, se ubica al estado en el primer lugar a nivel nacional, presentando 485 casos, es decir, 14.95 mujeres por cada 100 mil.
El estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar a nivel nacional respecto a las llamadas de emergencia al número 911 relacionadas con incidentes de violencia familiar, sumando 57 mil 455 llamadas, es decir, 907.5 llamadas por cada 100 mil habitantes.
Por todo lo anterior, es de suma importancia el seguimiento a la petición de activación de la AVGM que presentó la CNDH, pues ésta debe continuar su procedimiento, que consiste en la admisión de la diligencia, conformación del grupo de trabajo para su atención, integración del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, investigación de dicho grupo de trabajo, dictaminación y finalmente la declaratoria.
La situación en Guanajuato es grave, el gobierno estatal debe reforzar sus protocolos de atención, prevención y erradicación de la violencia de género y sus diversas manifestaciones, así como establecer un enfoque multidimensional y homologado, para no esperar a atender un caso, sino a prevenir que suceda, como se marca en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)7 en su artículo primero:
"La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Guanajuato, ciudadano Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que refuerce los protocolos y establezca líneas de acción preventivas homologadas con los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar a las mujeres guanajuatenses el pleno acceso a una vida libre de violencia.
Notas
1 https://plataformapazyjusticia.blogspot.com/
2 https://www.gob.mx/conavim/que-hacemos
3 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/11_guana juato.pdf
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
6 https://drive.google.com/file/d/1ZuMlwIDDk51ngfbJQExGmJtN_tFijRxb/view
7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a diseñar e implementar, a la brevedad, las medidas necesarias que permitan mitigar los altos niveles de pobreza laboral registrados en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los compromisos más importantes del Gobierno federal es garantizar que las y los trabajadores mexicanos tengan acceso a salarios dignos que les permitan contar con una mayor capacidad de compra de insumos de la canasta básica y recuperar los niveles de poder adquisitivo de las familias, derivado de la crisis económica que dejó a su paso la emergencia sanitaria.
Al respecto, el Gobierno de la Cuarta Transformación ha implementado diversas medidas orientadas a cumplir con dichos objetivos, como lo es la suscripción del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, un proyecto respaldado por los productores, distribuidores y empresas de alimentos para bajar los precios de 24 productos de la canasta básica, así como el aumento sustancial del salario mínimo que, de 2019 a 2022 aumentó de 102.03 a 172.87 pesos; y en 2023 aumentó 20 por ciento más, fijándose en 207.44 pesos.
A pesar de los esfuerzos que ha emprendido el Gobierno federal, en el estado de Guanajuato no se han logrado materializar estos avances, pues los índices de pobreza laboral en la entidad no han disminuido desde 2019, por el contrario, han aumentado considerablemente.
Lo anterior se comprueba con los datos más recientes publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los cuales muestran que el incremento más significativo de pobreza laboral se registró en Guanajuato, en donde la población local en esta situación aumentó 4.62 puntos porcentuales, al comparar el índice registrado durante el segundo trimestre de 2019, el cual fue de 33.33 por ciento, y el mismo periodo de 2022, fijándose en 37.96 por ciento.1
Lo anterior resulta alarmante, dado que los índices de pobreza laboral reflejan el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta alimentaria, comprometiendo así su acceso a una alimentación sana, servicios de salud, educación e incluso transporte.
La pobreza laboral es un problema que expone a miles de guanajuatenses a un estado de vulnerabilidad, obstaculiza su desarrollo integral y genera una dependencia a las prerrogativas derivadas de los programas sociales y de otros ingresos como remesas o empleos informales para solventar sus gastos, ya que su salario es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
De ahí que, resulta indispensable que el gobierno de Guanajuato actúe de inmediato para detectar los factores que originan el retroceso en la erradicación de la pobreza laboral en la entidad, pues a pesar de las medidas que el Gobierno federal ha llevado a cabo, éstas no se ven materializadas en la remuneración de las y los trabajadores guanajuatenses.
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guanajuato, a diseñar e implementar a la brevedad las medidas necesarias que permitan mitigar los altos niveles de pobreza laboral registrados en esa entidad federativa.
Nota
1 Indicadores_pobreza_laboral_nacional_y_estatal_Agosto_2022.pdf (coneval.org.mx)
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a atender la creciente ola de violencia e inseguridad que persiste en esa entidad federativa, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS),1 la violencia es "el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo".
Además, la OMS identifica en la violencia una de las principales causas de lesiones, discapacidades, problemas de salud y la muerte.
Por esta razón, los dirigentes de cada nación enfocan sus esfuerzos para erradicar la violencia, identificando sus causas, fomentando la prevención y sancionando a quienes incurren en ella.
De manera histórica y, en particular desde la llegada de las administraciones panistas, nuestro país ha sufrido una ola de violencia derivada de políticas públicas que beneficiaron a unos cuantos grupos delictivos manteniendo su operatividad en regiones del país, recibiendo armamento y tolerando su operación a lo largo del territorio nacional.
En el mismo sentido, debemos resaltar que las instituciones públicas encargadas de impartir justicia fueron corrompidas bajo el manto de la impunidad, compadrazgo y la falta de ética para servir desde un cargo público.
En cambio, con la llegada de la Cuarta Transformación se está avanzando con una estrategia de seguridad, en coordinación con los gobiernos de los estados y funcionarios federales comprometidos a defender al pueblo, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019-20242 en su apartado "No puede haber paz sin justicia":
"Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se plantea como prioridades restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales; recuperación del principio de reinserción social; fin de la Guerra contra las drogas y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones; impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional, y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial".
En la actualidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe),3 se muestra la percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia.
Los resultados de dicha encuesta arrojan que la población de 18 años y más, de acuerdo con su efectividad, consideran a la Marina Armada de México y al Ejército como las autoridades más afectivas en tareas de seguridad, seguidas de la Fiscalía General de la República, dejando en último lugar las instituciones estatales y locales.
El Poder Ejecutivo federal está haciendo bien las cosas, pues hoy no existe impunidad ni protección para funcionarios que actuaron de manera desleal al pueblo de México.
Como un ejemplo claro de la complicidad de las administraciones panistas con el crimen organizado, está la operación "Rápido y furioso", acto criminal que tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de los Estados Unidos de América (EUA) a México.
Para este caso, de acuerdo con el comunicado publicado el 20 de diciembre de 2020 por la Fiscalía General de la República (FGR),4 la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) llevó a cabo una ardua investigación que resultó en la presunta responsabilidad de Joaquín "G", quien durante un largo lapso fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas. Asimismo, se lograron órdenes de aprehensión en contra de Genaro "G", ex secretario de Seguridad Pública federal; así como de Luis "C", quien fue coordinador de Inteligencia de dicha Policía, quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad.
De manera lamentable, el estado de Guanajuato ha vivido un incremento sustancial en la violencia e inseguridad. En este sentido, existe una gran preocupación entre las y los habitantes guanajuatenses, quienes bajo la administración de extracción panista de Diego Sinhue Rodríguez, han vivido en un ambiente de terror, miedo y desconfianza ante la nula estrategia para combatir la inseguridad que impera en la entidad.
De acuerdo con la información publicada el 20 de diciembre de 20225 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva del fuero común en Guanajuato presentó un total de 129 mil 743 delitos, destacando 3 mil 203 homicidios; 12 mil 501 lesiones; y 47 mil 271 delitos contra el patrimonio.
Las cifras anteriores ubican al estado de Guanajuato como el más violento e inseguro durante el año 2022, dejando claro que, como en el pasado, las estrategias panistas de seguridad no dan resultados.
Guanajuato es un ejemplo claro de estrategias equivocadas. Por esta razón, como representantes electos por el pueblo de México, no podemos ser ajenos ante el dolor que sufre la región del Bajío, y es importante que, desde la máxima tribuna del país se haga un llamado enérgico para crear las condiciones necesarias que eviten la ola de violencia en esta entidad federativa.
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Guanajuato, ciudadano Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a implementar una estrategia que garantice la seguridad de los habitantes de todos los municipios de esa entidad federativa.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al fiscal general del estado de Guanajuato, ciudadano Carlos Zamarripa Aguirre, a hacer efectiva la procuración de justicia en dicha entidad federativa ante la creciente ola de violencia en la que viven sus habitantes.
Notas
1 Puede consultarse en: https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia#:~:text=La%
20violencia%20es%20el%20%E2%80%9Cuso,muerte%2C%20privaci%C3%B3n%20o%20mal%20desarrollo.
Puede consultarse en:
2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/ 2019#gsc.tab=0
Puede consultarse en:
3 https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2022/
4 https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-010-22-fgr-informa
Puede consultarse en:
5 https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYNNQtIAZlVX/view
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Yucatán a implementar acciones para atender la crisis financiera de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El arte y la cultura son factores intangibles que contribuyen al desarrollo integral del ser humano. El núcleo del sector cultural está conformado por el conjunto de obras y manifestaciones artísticas que constituyen la esencia del valor cultural, entendido como un significado inconmensurable, que combina y valora la forma de expresión de la belleza, el esfuerzo intelectual o el talento del creador; y el alcance de la obra como seña de identidad individual o colectiva.1
Asimismo, la industria cultural es un sector que contribuye al desarrollo y crecimiento de una comunidad. Desde el punto de vista económico, esta actividad ha de considerarse como un recurso, una oferta fija, que incluso puede estar sometida a condiciones de sostenibilidad, como es el caso de muchos ejemplos del patrimonio cultural.2
Asimismo, el turismo es una actividad fundamental para toda economía nacional y local. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el producto interno bruto (PIB) turístico de nuestro país se incrementó 19.8 por ciento durante el segundo trimestre de 2022. Fungiendo como un sector que contribuye a la recuperación de la actividad económica por medio de la generación de empleos, venta de productos y servicios, entre otros. Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el sector turístico representa la primera fuente de empleo para los jóvenes, es decir, 20.7 por ciento. Asimismo, representa una fuente de ingreso para las mujeres, quienes conforman 58.2 por ciento de la población total.
Yucatán es un estado que condensa ambas actividades: la cultural y la turística. Esta entidad cuenta con zonas arqueológicas como la de Chichén Itzá, además de las áreas ecológicas de Celestún, Parque X´kekén, Uaymitún y El Corchito, destinos que son frecuentados por visitantes nacionales y extranjeros.
No obstante, el gobierno del estado de Yucatán ha dejado de lado al sector cultural, muestra de ello es la crisis económica que vive la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY).
La Orquesta goza de una historia y prestigio a nivel nacional, si bien su historia se remonta al año 1898, cuando el pianista Ricardo Río Díaz tuvo la idea de efectuar conciertos sinfónicos y organizó una orquesta bajo la dirección de José Cuevas Pachón. No fue hasta el año de 1975, cuando Carlos Tello Solís, propuso al gobierno de Yucatán retomar el proyecto de una orquesta, mismo que fue aceptado y el 15 de septiembre de ese mismo año la nueva Orquesta Sinfónica de Yucatán ofreció su primer concierto en el salón de la Historia del Palacio de Gobierno.
En 2001 se constituyó el Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, AC, con el fin de apoyar al Instituto de Cultura de Yucatán en el mantenimiento, impulso y permanencia de la orquesta, a la vez de fomentar el desarrollo en la educación musical.
Sin embargo, una crisis se visibilizó con el incendio del teatro José Peón Contreras, ubicado en la Capital yucateca, hecho suscitado el 1 de noviembre de 2022, presuntamente por un cortocircuito que se originó en la planta alta del recinto. El teatro es sede de la OSY, lo que además evidencia el mal estado en que se encuentran los inmuebles culturales a cargo del gobierno del estado.
En tanto que el teatro se mantenga cerrado, la OSY ofrece conciertos en el auditorio del Palacio de la Música, lo que representa dos problemas: primero, en este espacio cabe menos de la mitad de asistentes; segundo, la Orquesta ofrecía dos conciertos por semana, mismos que se tuvieron que reducir a uno. No hay que perder de vista que la OSY se mantiene por las aportaciones del gobierno, de su patronato y de la taquilla.
Por su parte, el Gobierno del estado asignó para 2023 al Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy) la cantidad de $12,871,389 pesos lo que cubre únicamente 47 por ciento del total de la nómina, que se calcula en $27,782,939 pesos. Es decir, que después de junio de 2023, todo el personal del Figarosy no podrá recibir su sueldo, lo que haría imposible que el proyecto artístico continúe. Se tiene que tomar en cuenta que las y los músicos que integran la OSY son trabajadores del gobierno, por lo que gozan de todos los derechos establecidos por la ley.
Esta crisis sólo es una muestra del abandono por parte del gobierno estatal al sector cultural, dado que en diciembre del año anterior, por iniciativa del gobernador, el Congreso de Yucatán, en comisiones, aprobó por mayoría el proyecto de dictamen para extinguir y liquidar la Casa de las Artesanías. Es decir, la visión que impera es la empresarial sobre la social.
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Yucatán, ciudadano Mauricio Vila Dosal, a que, a través de las instancias correspondientes, implemente acciones para atender la crisis financiera de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.
Notas
1 Luis César Herrero Prieto, La contribución de la cultura y las artes al desarrollo económico regional, (en línea), dirección URL: https://tinyurl.com/2mmjra2g.
2 Ibid.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Yucatán a implementar de manera urgente las medidas y acciones que regulen la desmedida venta de terrenos no urbanizados y lotes de inversión irregulares en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con el documento Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la península de Yucatán, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible,1 más de 500 mil hectáreas ejidales han sido privatizadas en la península de Yucatán.
"Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas de tierra, dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Entre 1994 y 2018, y aunado a ese proceso, 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial".2
Basta con realizar una sencilla búsqueda en internet de terrenos en venta en Yucatán, para encontrar un considerable número de anuncios y publicaciones que muestran terrenos no urbanizados y lotes de inversión en venta. Muchos a precios sumamente accesibles, sin embargo, no todos cuentan con dictamen emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), liberación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o con un manifiesto de impacto ambiental (MIA).
Lamentablemente, muchos de estos lotes en venta no cumplirán promesas de venta y se estima que se puedan generar pérdidas superiores a los 2 mil 500 millones de pesos anuales, generando burbujas inmobiliarias31
Diversas empresas ofrecen lotes y terrenos sin ofrecer certeza jurídica, pues no cuentan con permisos de construcción y funcionamiento, o los terrenos se encuentran en zonas alejadas de los centros urbanos y, debido a sus condiciones, la urbanización no llegará a estas zonas en décadas.
Incluso, algunos de los terrenos en venta se encuentran en procesos ejidales, por lo que únicamente se vende una promesa de compraventa en cuanto termine el proceso de regularización que permita ofrecer los títulos de propiedad. O bien, son terrenos subdivididos en medio de zonas inaccesibles y sin servicios, con la esperanza de que algún día puedan ser urbanizados.
Este fenómeno ha provocado que el precio de la tierra se incremente hasta en cien por ciento en una década, ante la alta demanda y nula regulación por parte de autoridades estatales,1 pues actualmente no existe un límite geográfico ni legal.
Sin embargo, la ONU Hábitat señala que bajo la expansión urbana sin control y sin planeación, la distribución de infraestructura será desigual, lo que generaría falta de vivienda adecuada, proliferación de asentamientos precarios, pobreza, desempleo, inseguridad y enfermedades por falta de saneamiento y acceso a servicios básicos.5
Lamentablemente, el gobierno estatal no ha puesto un alto a la venta desmedida de este tipo de terrenos, abriendo un vacío que algunos grupos inmobiliarios y desarrolladores utilizan para cometer fraudes, generando a su vez una burbuja inmobiliaria en la entidad que encarece el costo de la tierra, además del daño al patrimonio ejidal o los posibles daños medioambientales por no contar con los respectivos dictámenes de Semarnat.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a implementar de manera urgente las medidas y acciones que regulen la desmedida venta de terrenos no urbanizados y lotes de inversión irregulares en la entidad.
Notas
1 Disponible en: https://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2020_22_TresDecadasPrivatiz acion.pdf
2 Ibidem
3 Disponible en: https://www.poresto.net/yucatan/2022/10/8/fraude-en-la-venta-de-lotes-d e-inversion-en-yucatan-dejan-millonarias-perdidas-denuncian-354920.html
4 Disponible en: https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2020/08/06/la-venta-sin-control -de-terrenos-no-urbanizados-en-merida-alerta-al-sector
5 Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/ciudades-compactas-story
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Yucatán a diseñar e implementar las políticas públicas encaminadas a combatir, prevenir y erradicar la desaparición de niñas, niños y adolescentes en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La desaparición de personas es un delito que afecta gravemente a niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la organización Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las niñas, niños y adolescentes son afectados por el delito de desapariciones perpetrado por diversos actores y tipos de modus operandi, mediante el secuestro, la trata de personas y la explotación sexual.
Es importante destacar que otro de los factores que inciden en la desaparición de niñas, niños y adolescentes, es el reclutamiento por parte de la delincuencia organizada, que encuentra en la pobreza, la desigualdad social, la deserción escolar, la falta de acceso a la escuela, el consumo de drogas y la falta de oportunidades para niñas, niños y adolescentes; las condiciones para reclutarles e integrarles a organizaciones criminales.
La investigación realizada por la organización Redim, señala que algunas de las desapariciones surgen producto de las violencias que se viven dentro del hogar, como aquellas que pueden producirse por la sustracción a manos de uno de los padres o madres.1
Por otro lado, de acuerdo con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, las desapariciones de niñas, niños y adolescentes a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, se agudizaron en el contexto de la pandemia a causa del coronavirus.
Asimismo, se reportan desapariciones que tenían por objetivo la trata y la explotación sexual.2
Retomando la investigación realizada por Redim, las entidades federativas donde se han reportado más niñas, niños y adolescentes desaparecidos, son: el Estado de México (3,740 casos); Tamaulipas (1,704 casos) y Jalisco (1,231 casos). En estas tres entidades se concentra 40.8 por ciento de las desapariciones de personas de 0 a 17 años, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 11 de abril de 2022.
Sin embargo, preocupa el aumento de casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes en Yucatán. Desde el año 2020, en la entidad han ido en aumento las alertas Amber, que son una herramienta eficaz de difusión que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización, o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional.3
Las alertas Amber activadas por la Fiscalía General del estado de Yucatán, han aumentado por 30 casos anuales en promedio, correspondiendo la mayoría de ellas a niñas y adolescentes mujer de entre 10 y 17 años de edad.4
De acuerdo con dicha dependencia, durante 2021 se activaron un total de 31 alertas estatales, una prealerta estatal y una alerta nacional.5
Durante el año 2022, la Fiscalía estatal emitió un total de 93 alertas Amber, de las cuales dos fueron publicadas el 29 de diciembre pasado y, del total de esta cifra, 59 corresponden a mujeres y 34 a hombres. Es decir, más de 63 por ciento de las alertas emitidas en 2022 se debieron a la desaparición de una niña o adolescente mujer. De dichas alertas, 26 siguen activas.6
Resulta sumamente preocupante el aumento en los delitos de desaparición en el estado de Yucatán, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes se ven vulnerados por la falta de seguridad y políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de dicho delito en la entidad.
Las niñas, niños y adolescentes son el futuro de México, es deber de las autoridades protegerles y garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Si bien su desaparición es preocupante, lo son aún más los delitos de los que pueden ser víctimas después de sufrir una desaparición, como la trata de personas, la explotación sexual o el reclutamiento por organizaciones criminales.
Por ello, resulta necesario exhortar a las autoridades de Yucatán para que implementen las acciones necesarias para combatir, prevenir y erradicar las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en la entidad; a fin de salvaguardar su integridad y garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Yucatán, ciudadano Mauricio Vila Dosal, a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a combatir, prevenir y erradicar la desaparición de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General del estado de Yucatán, ciudadano Juan Manuel León León, a que fortalezca las acciones tendientes a agilizar la activación e investigaciones derivadas de la Alerta Amber en esa entidad federativa.
Notas
1 https://derechosinfancia.org.mx/v1/redim-presenta-investigacion-infancia-cuenta-2022-ninez
-y-desapariciones/#:~:text=En%20total%2C%20desde%20que%20se,2022%20(17%2C593%20en%20total)
2 https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-M X-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf
3 http://www.alertaamber.gob.mx/swb/alertaamber/PreguntasFrecuentes
4 https://yucatan.quadratin.com.mx/sucesos/aumentan-casos-de-alerta-amber -en-los-ultimos-3-anos-en-yucatan/
5 http://www.fge.yucatan.gob.mx/noticias/apoyo-ciudadano-clave-en-la-efic acia-de-alerta-amber
6 https://yucatan.quadratin.com.mx/sucesos/aumentan-casos-de-alerta-amber -en-los-ultimos-3-anos-en-yucatan/
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a informar a esta soberanía las acciones concretas para combatir la inseguridad en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Chihuahua es el estado más grande del país, tiene 67 municipios, así como diversos cruces de frontera importantes, y en todo su territorio se llevan a cabo una gran cantidad de actividades turísticas, agrícolas, ganaderas, industriales y de servicios.
En cuanto a la actividad industrial, los censos económicos1 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportan que, en 2019 había en el estado de Chihuahua un total de 133 mil 240 establecimientos, con 1 millón 279 mil 444 personas ocupadas en ellos. Sobre los establecimientos, 92.4 por ciento son tamaño micro (0 a 10 personas ocupadas); 7.1 por ciento son Pymes (11 a 250 personas) y 0.5 por ciento grandes (251 personas y más).
También el Inegi2 reportó que, en 2020 Chihuahua aportó 3.6 por ciento del PIB nacional, ubicándolo en el noveno lugar.
Desafortunadamente, este aparente panorama de prosperidad se ve opacado por la inseguridad que priva en Chihuahua y que tiene sometidos a sus ciudadanos y a la actividad económica.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 (Envipe) que realiza el Inegi, muestra3 un panorama sobre el verdadero estado de inseguridad que priva en Chihuahua.
La Envipe 2022 estima que 26.8 por ciento de los hogares en el estado de Chihuahua tuvieron al menos una víctima de delito durante 2021. Esto representa que 312,673 hogares fueron víctimas de un total de 1 millón 164 mil 594 hogares.
Los delitos que aumentaron son la extorsión, con 5,438 delitos en 2021; el robo total o parcial de vehículo, pues en 2021 se registraron 3,608 delitos y en 2020 fueron 3,263 delitos de este tipo.
También la Envipe 2022 arroja que, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares en Chihuahua representó un monto de 8 mil 555.1 millones de pesos.
Por lo que se refiere a la cifra negra de delitos, es decir que no son denunciados, en 2021 la Envipe registró que en Chihuahua fue de 92.3 por ciento.
Por su parte, 57.2 por ciento de la población de 18 años y más, considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja a Chihuahua, según la Envipe 2022.
Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública4 señala que, Chihuahua tiene una tasa de homicidios dolosos de 41.26 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que lo coloca en el deshonroso lugar número 6 a nivel nacional.
Mientras tanto, el Gobierno de la Cuarta Transformación hace su parte y apoya a los ciudadanos de Chihuahua. Un ejemplo es el siguiente: para julio de 2021, el estado de fuerzas federales asignadas a Chihuahua ascendió a 5,982 personas.
La Secretaría de la Defensa Nacional5 tiene presencia en Chihuahua, con la sede de dos Zonas Militares, así como la sede de la Región Aérea del Noroeste con 3,440 efectivos militares.
Respecto al Índice de Riesgo por Crimen Organizado (IRCO), elaborado por Consultores Lantia,6 se señaló que, al segundo trimestre de 2022 Chihuahua fue la séptima entidad federativa con mayor riesgo en un nivel crítico.
El Grupo Parlamentario de Morena está realmente consternado por el estado de inseguridad que se vive en el estado de Chihuahua y que merma la posibilidad de mejores condiciones de vida que impulsen el desarrollo económico y el bienestar de su población.
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Gobernadora del estado de Chihuahua, ciudadana María Eugenia Campos Galván, a informar a esta soberanía cada una de las acciones implementadas, así como sus resultados, para combatir la inseguridad en esa entidad federativa.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Boletín de prensa 312/20. Inegi presenta los resultados definitivos de los censos económicos 2019. Chihuahua. 16 de julio de 2020. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemE con/CenEconResDef2019_Chih.pdf
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Información por Entidad. Chihuahua. Economía. Aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Recuperado de https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/economia/pib .aspx?tema=me&e=08
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Septiembre de 2022. Chihuahua. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe202 2_chih.pdf
4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022). Incidencia Delictiva del Fuero Común. Chihuahua. Corte Informativo al 30 de noviembre de 2022. Publicado el 20 de diciembre de 2022. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYNNQtIAZlVX/view
5 Jorge Monroy (2021). El Economista. 18 de julio de 2021. Despliegue militar aumenta 5.27% en 2021. Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Despliegue-militar-aumenta-5.2 7-en-2021-20210718-0006.html
6 Lantia Intelligence (2022). Plataforma de Datos. Índice de Riesgo por Crimen Organizado. Estado de Chihuahua Segundo Trimestre de 2022. Recuperado de https://lantiaintelligence.com/account/dashboard
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a informar a esta soberanía respecto de las acciones implementadas para contener la violencia dentro del Cereso número 3, y a notificar sobre el saldo real del motín al interior de la prisión y el paradero de los presos fugitivos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 1 de diciembre, alrededor de las 6:00 am, policías estatales fueron atacados en las calles del centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, por un grupo de hombres armados, lo que desató un tiroteo que dejó como resultado la detención de cuatro presuntos responsables.
Más tarde, se suscitó otro enfrentamiento entre el cuerpo de seguridad y civiles armados en la carretera Panamericana, en el cual dos civiles fueron abatidos por elementos policíacos.
Según lo declarado hasta el momento por la Fiscalía General del estado de Chihuahua, ambos hechos fueron utilizados como distractores previos para concentrar a las unidades del cuerpo de seguridad en las zonas afectadas y poder debilitar la seguridad y atención para llevar a cabo con éxito la fuga de los reos.
Cerca de las 7:00 am, previo a la apertura de las puertas del centro penitenciario para la visita dominical de Año Nuevo, un grupo de hombres armados a bordo de furgonetas blindadas arribaron al exterior del Centro de Reinserción Social Número 3 para abrir fuego contra oficiales de seguridad y liberar a los presos, dentro de los cuales se encontraba "El Neto", líder del grupo criminal Los Mexicles, brazo armado del Cártel de Sinaloa.
Se estima que, durante el altercado, al menos cien parientes de presos que se encontraban dentro de las instalaciones se quedaron atrapados en el fuego cruzado,1 dejando un saldo estimado de 17 decesos, entre ellos se encuentran celadores, reclusos, oficiales de seguridad y custodios, además de 4 personas privadas de su libertad, 13 personas heridas2 y 27 reos libres.3
Al respecto, el Ejército, la Guardia Nacional y agentes estatales de Investigación proporcionaron la ayuda necesaria para sofocar el motín que duró 13 horas, así como para hacer el recuento de la situación y brindar los servicios periciales necesarios.4
Conforme a la información publicada por el Ministerio Público, se informó que 4 personas privadas de su libertad han sido atendidas en el hospital, mientras que 6 más han sido atendidas al interior del centro penitenciario.5
Esta situación resulta alarmante, ya que deja en evidencia la incapacidad de las autoridades locales para combatir a los grupos criminales y la violencia en dicha entidad.
Derivado de esto, el Grupo Parlamentario de Morena expresa su preocupación por la seguridad de las y los ciudadanos del estado de Chihuahua y, en aras de salvaguardar su bienestar, sometemos respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, ciudadana María Eugenia Campos Galván, a que informe a esta soberanía respecto de las acciones implementadas para contener la violencia dentro del Centro de Reinserción Social Número 3, y a notificar sobre el saldo real del motín al interior de la prisión y el paradero de los presos fugitivos.
Notas
1 file:///C:/Users/Invitado%20Click/Downloads/PRIMERAS%20PLANAS_02012023. pdf
2 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/01/01/fuga-de-reos-en-chih uahua-mueren-14-personas-tras-balacera-en-cereso-de-ciudad-juarez/?outp utType=amp
3 https://elpais.com/mexico/2023-01-01/un-motin-en-un-penal-de-ciudad-jua rez-permite-la-fuga-de-una-veintena-de-presos.html
4 Ídem
5 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/ppl-atendidos-por-lesiones-en-cereso-3 /
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a solventar las observaciones realizadas por la ASF, derivadas del proceso de fiscalización correspondiente a la Cuenta Pública 2021, con relación a los montos pendientes por aclarar del fondo de infraestructura social para las entidades, así como al titular de la ASF, a fincar las responsabilidades administrativas, resarcitorias, penales y políticas a que haya lugar, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), correspondiente a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, surgió en el año 1998 para atender múltiples demandas de desarrollo social por parte de los gobiernos locales. Con ello, se adicionó al capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal,1 denominado "De los Fondos de Aportaciones Federales", incluyendo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dividido en dos: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM), y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).
El FISE tiene como objetivo principal realizar obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en cada entidad.
El proceso de gestión del FISE se inicia con la determinación anual de los recursos del fondo en el PEF, los cuales deberán ser entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las entidades federativas, durante los 10 primeros meses del año, de manera ágil y directa.
Por su parte, las secretarías de Finanzas de los estados, o sus equivalentes, reciben y transfieren los recursos del Fondo al ente o entes ejecutores, en su caso, para ser administrados, registrados y ejercidos de acuerdo con la normativa aplicable; a fin de asignar eficiente y eficazmente los recursos a la población objetivo del Fondo.
El ejercicio adecuado de los recursos del FISE permite contribuir solidariamente con las entidades federativas y los municipios para fortalecer su capacidad de atención a las necesidades de provisión de infraestructura social básica para la población en pobreza extrema; sin embargo, algunos gobiernos locales al ejercer dichos recursos incumplen con la normatividad, dando paso a diversas irregularidades, como es el caso del estado de Chihuahua, durante la actual administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20212 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Gobierno del Estado de Chihuahua infringió las normas, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, ya que la cuenta bancaria donde se manejaron los recursos del FISE no fue específica en los casos del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, y de los municipios de Batopilas de Manuel Gómez Morín, Morelos y Urique.
De igual forma, el Gobierno del Estado de Chihuahua fue objeto de observaciones por parte del órgano de fiscalización con cuantificación monetaria por un importe total de 38 millones 118 mil 385.82 pesos pendientes de aclaración, debido a que:
- Cinco obras públicas por contrato a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado no se encuentran en operación por falta de energía eléctrica.
- Una obra pública para la construcción de 11 comedores escolares a cargo del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa y de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, no está concluida ni en operación.
En tal virtud, es claro que el gobierno de Chihuahua, durante la actual administración de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, ya que no se apega a la normativa que regula su ejercicio, no se cumplieron sus objetivos y se registraron recursos pendientes de aclaración por un monto de 38 millones 118 mil 385.82 pesos.
Con el ánimo de fortalecer la cultura de la transparencia y erradicar de forma definitiva la corrupción del país, no deben ser tolerados actos administrativos que permitan que el gasto federal sea ejercido de manera irregular. En virtud de ello, resulta imprescindible que el gobierno de Chihuahua aclare a esta Soberanía y a la sociedad, los montos pendientes detectados por el órgano fiscalizador y, en caso de ser necesario, éste inicie los procedimientos legales correspondientes en contra de las personas servidoras públicas involucradas en el daño patrimonial generado al erario.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora del estado Chihuahua, ciudadana María Eugenia Campos Galván, a solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021, sobre los montos pendientes por aclarar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a que, de resultar procedente, se inicien los procedimientos legales correspondientes, a efecto de fincar las responsabilidades administrativas, resarcitorias, penales y políticas a que haya lugar, por el posible daño patrimonial ocasionado al erario público federal.
Notas
1 Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
2 Disponible en: https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_simplificados/2021_ficha _GF_a.pdf
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a implementar acciones que garanticen el derecho a la movilidad de las y los chihuahuenses en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., párrafo 17, que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.1
En este tenor, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2022, sostiene como principios que deberán considerar las entidades federativas en materia de movilidad, los siguientes: accesibilidad, calidad, confiabilidad, diseño universal, eficiencia, equidad, habitabilidad, inclusión e igualdad, movilidad activa, multimodalidad, participación, perspectiva de género, progresividad, resiliencia, seguridad, seguridad vehicular, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas, transversalidad, uso prioritario de la vía o del servicio.2
Desafortunadamente, estas novedosas actualizaciones al marco jurídico para garantizar el derecho a la movilidad están lejos de ser puestas en práctica por parte de las autoridades estatales. Un ejemplo ilustrativo de ello es el caso de Chihuahua, donde la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, anunció el pasado 6 de diciembre de 2022 que se prevé un aumento en la tarifa del transporte público.3
De acuerdo con la gobernadora, el motivo del ajuste tarifario responde a que, en los últimos quince años, únicamente se ha registrado un incremento de 4.50 pesos, lo cual es insuficiente para costear los gastos de operación, las refacciones y el mantenimiento de los camiones.4
Conforme al Artículo 157 de la Ley de Transporte del estado de Chihuahua, las tarifas del transporte público colectivo y masivo se establecerán con base en los estudios y análisis especializados y técnicos que se lleven a cabo, de acuerdo a cada tipo o modalidad del servicio de transporte, los cuales serán elaborados por la Secretaría.5
Conforme a dicha Ley, los estudios y análisis especializados y técnicos deben contener, por lo menos, los siguientes aspectos: estimación de la demanda de cada ruta, inventario de los vehículos, longitud del recorrido, estudios de mercado, costos administrativos, análisis de la estructura de costos, análisis de sensibilidad en la tarifa, diagnóstico del servicio, y planes o compromisos para el mejoramiento del servicio.6
Por lo tanto, es importante que la posibilidad de un aumento en las tarifas sea analizada conforme a lo que estipula la propia legislación local, así como tomando en cuenta las disposiciones federales en materia de movilidad.
Chihuahua es un estado con un sistema de transporte público deficiente. Ejemplo de ello son los casos de sus dos principales centros urbanos: Chihuahua y Ciudad Juárez, donde los ciudadanos no cuentan con un transporte que cumpla con eficiencia "en los servicios ofrecidos al usuario, en términos de accesibilidad, higiene, comodidad, seguridad, frecuencia de paso, tiempo de recorrido y sustentabilidad ambiental". Es de subrayar que dicho principio rector de calidad debe ser considerado por el Ejecutivo estatal al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones en materia de transporte, como lo estipula el artículo 9 de la Ley de Transporte del estado de Chihuahua.7
En la capital del estado, distintos vehículos de transporte público cuentan con recargos, placas extemporáneas e infracciones. Es común que la gente deba esperar lapsos prolongados bajo temperaturas extremas, como ocurre en el caso del "Juárez Bus", una ruta en Ciudad Juárez que no cuenta con suficientes unidades para los usuarios.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Chihuahua existen más de 697 mil usuarios del transporte público, quienes resultarían afectados de concretarse el incremento en la tarifa del pasaje81
Las y los chihuahuenses tienen el derecho a exigir un transporte público de calidad que garantice su movilidad.
Por ello, sometemos respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, ciudadana María Eugenia Campos Galván, para que, a la brevedad, implemente acciones que garanticen el derecho a la movilidad de las y los chihuahuenses en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Notas
1 En línea: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
2 En línea: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf
3 En línea: https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/habra-aumento-al-transporte-pu blico-maru-20221207-2000753.html
4 En línea: https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/habra-aumento-al-transporte-pu blico-maru-20221207-2000753.html
5 En línea: https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/15 26.pdf
6 En línea: https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/15 26.pdf
7 En línea: https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/15 26.pdf
8 En línea: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/camiones-en-cir culacion-cuentan-con-recargos-e-infracciones-por-mas-de-30-mil-pesos-93 78391.html
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a diseñar y ejecutar acciones urgentes en materia de seguridad pública, para garantizar la seguridad de la población, en relación con los recientes actos de violencia que se han suscitado en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La seguridad ciudadana es un elemento clave para el bienestar y la estabilidad de una sociedad y de los individuos; es la protección que debe brindar el gobierno contra el delito y la violencia a efecto de garantizar que sus ciudadanos puedan vivir de manera segura y protegida. Una protección que, entre otras cosas, permite el desarrollo económico de la sociedad, misma que, lamentablemente, brilla por su ausencia en Coahuila de Zaragoza.
El gobernador de dicha entidad federativa presume que ésta es la tercera más segura del país, cuando en realidad lo que hizo fue utilizar de manera tramposa la información publicada por el Inegi en la Presentación Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022.
Uno de los objetivos de la Envipe es medir la percepción de los habitantes del país sobre la seguridad del lugar donde viven y realizan sus actividades cotidianas.
La información utilizada por el gobernador de Coahuila se localiza en el resultado de "Percepción sobre seguridad pública" de la Envipe, en el que se evidencia el grado de inseguridad percibido por las personas que habitan la entidad. Entre marzo y abril de 2022, 50.4 por ciento de la población encuestada consideró insegura su entidad.
Además, la Envipe registra para el estado de Coahuila una tasa de incidencia delictiva de 24.4 mil delitos por cada 100 mil habitantes, situando a la entidad en el lugar 13 de las 32 entidades federativas. Información que fue omitida deliberadamente por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo tercero determina que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.1 En tanto que, la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21 establece que:
"La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución".
El artículo 108 de la Constitución del estado de Coahuila de Zaragoza establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, del estado y de los municipios, cuya finalidad es salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y, comprende la prevención especial y general de los delitos, su investigación y persecución. Asimismo, en la fracción X del artículo 84 establece como obligación del gobernador proteger la seguridad de las personas, los bienes y derechos de los individuos, y al efecto, mantener el orden, la paz y la tranquilidad pública en todo el estado, haciendo respetar las garantías individuales.
Sin embargo, las y los coahuilenses no gozan de tranquilidad ni de paz. Basta recordar que el 25 de agosto de 2022 decenas de hombres armados viajaron a bordo de aproximadamente 30 vehículos para enfrentarse con elementos de la policía estatal en el municipio de Hidalgo. El Ejército tuvo que intervenir para evitar lo que apuntaba a ser una catástrofe.2
También sirve de ejemplo el tiroteo registrado el primero de diciembre en un centro comercial de Torreón, mismo que puso en grave peligro las vidas de las personas que hacían sus compras;3 así como el enfrentamiento ocurrido en el municipio de Villa Unión en octubre del año pasado,4 o el enfrentamiento cerca de la presa Don Martín en el municipio de Juárez,5 en donde nuevamente tuvieron que intervenir las fuerzas federales para proteger a los coahuilenses ante la ausencia del gobierno estatal, que es el principal responsable de la seguridad ciudadana en la entidad.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que, de enero a noviembre de 2022, en Coahuila se registraron 59 mil 655 delitos,6 muy por arriba de entidades como Sinaloa (28 mil 054), Sonora (30 mil 964), Durango (24 mil 655), Michoacán (41 mil 703) y San Luis Potosí (51 mil 373), lo que desmiente contundentemente el falso discurso del gobernador.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, debido a los recientes actos de violencia que se han suscitado en la entidad, exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza a que diseñe y ejecute acciones urgentes en materia de seguridad pública, para garantizar la integridad, el patrimonio y la vida de las y los coahuilenses.
Notas
1 https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
2 https://www.forbes.com.mx/sicarios-30-camionetas-se-enfrentan-policias- coahuila
3 https://www.elsoldelalaguna.com.mx/policiaca/pareja-agrede-a-policias-y -se-desata-tiroteo-en-centro-comercial-7551696.html
4 https://www.elsoldelalaguna.com.mx/local/no-se-va-a-permitir-la-entrada -de-delincuentes-a-coahuila-mars-9090557.html
5 https://www.elsoldelalaguna.com.mx/policiaca/agentes-de-par-enfrentan-a -grupo-armado-cerca-de-la-presa-don-martin-en-coahuila-9304378.html
6 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-299 891?state=published
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a rendir un informe sobre las irregularidades y el retraso de la obra del Metrobús Laguna, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Las y los ciudadanos laguneros han esperado más de 6 años una obra en materia de movilidad. Fue en noviembre del año 2016 que la administración del entonces gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdés, informó sobre el proyecto del Metrobús Laguna: una mega obra para la ciudadanía de los estados de Coahuila y Durango. Esta obra vial, en teoría, beneficiaría a 180 mil usuarios del transporte público de la zona metropolitana de La Laguna diariamente.
La obra también fue anunciada en Torreón por el otrora presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, hoy gobernador del estado.
A pesar de que la obra se inauguró el pasado 1 de octubre de 2022, se trata de un trabajo incompleto, con muchas deficiencias y cuya conclusión demoró más de lo previsto.1 Apenas el día 15 de diciembre de 2022, llegó a la Laguna la primera de 380 unidades que se requieren para que el Metrobús Laguna opere a su máxima capacidad. Es una clara muestra de que no existe entrega de obra y de que ésta es un elefante blanco del gobierno priista.2 y 3
El gobernador Miguel Ángel Riquelme, anunció que solicitaron de nueva cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banobras otra prórroga, con la finalidad de entregar la obra en octubre de 2023, de modo que se cumplirían más de 7 años de su entrega. Además, se han hecho observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de alrededor de 800 millones de pesos, debido a los cambios de presupuesto y excesivos gastos de supervisión.4
Esta obra ha recibido recursos públicos federales, por eso es que la ASF ha estado atenta a la fiscalización, seguimiento y revisión del destino de dichos recursos. La auditoría 690-DS-GF del órgano fiscalizador, publicada en 2021, señala que se han incumplido dos plazos de terminación en 2016 y 2018, y que en las verificaciones físicas del 23, 24 y 25 de marzo de 2021, se constató que "la mayor parte de los trabajos realizados en los tramos 1, 2 y 3, como el pavimento de concreto hidráulico, las estaciones abiertas, los puentes peatonales, los semáforos, el alumbrado, las jardineras y otros elementos construidos, se encuentran en uso, lo que ha ocasionado desgastes, deterioros y accidentes; algunas estaciones y puentes están grafiteadas y ha habido robo y vandalismo de cámaras de vigilancia, celdas solares, lámparas, luminarias y cableado, entre otros".5
Además, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Laguna (PIMUS) elaborado por la empresa Transconsult, SA de CV, consideraba una inversión de mil 647 millones de pesos sin IVA para el proyecto; sin embargo, en la última actualización de factibilidad económica (febrero de 2021), se contempla una inversión total de 2 mil 762 millones de pesos (para obras en ambos estados) de origen estatal, federal, municipal y privado. No obstante, según datos de la Secretaría de Hacienda (clave de cartera: 14093110002), hasta diciembre de 2021, se habrían invertido 3 mil 298 millones de pesos: 804 millones del estado, 31.2 millones del municipio, mil 889.9 millones de privados y 572.7 millones del fideicomiso (Banobras).
Este tipo de proyectos llenos de irregularidades, retrasos corrupción y con falta de compromiso, son muestra de lo que los gobiernos priistas han hecho y siguen haciendo en los estados donde gobiernan, por ello desde es el Congreso Federal estamos vigilantes de poner un alto a los abusos en perjuicio del erario público y de la ciudadanía que, es la más afectada. De ahí que seguiremos trabajando para ponerle fin a la corrupción rampante del gobierno de Coahuila y ponerle un alto al mal uso de los recursos públicos.
Desde la bancada de Morena hemos vigilado de cerca esta obra y no dejaremos de hacerlo hasta que se cumpla con su entrega y se subsanen sus deficiencias, así como fincar las responsabilidades a que haya lugar.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza a que a la brevedad rinda un informe pormenorizado del estatus que guarda la obra del Metrobús Laguna y anuncie una fecha pronta para su conclusión y operación.
Notas
1 https://www.elsoldelalaguna.com.mx/local/metrobus-laguna-cuando-lo-inau guran-y-cual-es-su-ruta-mapa-8012483.html
2 https://www.telediario.mx/comunidad/llega-a-torreon-la-primera-unidad-d el-metrobus-laguna
3 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/metrobus-coahuila-basura-jca
4 Ídem
5 https://aristeguinoticias.com/2211/mexico/el-interminable-metrobus-de-l a-laguna-una-deuda-de-cinco-anos-con-los-ciudadanos/
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020a/Documentos /Auditorias/2020_0690_a.pdf
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a llevar a cabo acciones para atender el crecimiento de la pobreza debido a las carencias sociales de la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La pobreza es un fenómeno multidimensional que incluye aspectos ligados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades e imposibilitan su plena integración social.
En México el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) lleva a cabo una medición oficial multidimensional de la pobreza, que además de considerar la insuficiencia de los recursos económicos, incluye varias dimensiones que le permiten dirigir y priorizar las acciones de política social.
Los informes de pobreza y evaluación emitidos por el Coneval señalan que una persona está en situación de pobreza cuando tiene al menos una de las seis carencias sociales: rezago educativo, en cuanto a acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Adicionalmente, cuando el ingreso que obtiene está por debajo de la línea de pobreza por ingresos.
Asimismo, señalan que se considera pobreza moderada a la población que, a pesar de estar en situación de pobreza, no cae en la categoría de pobreza extrema y, se considera en condición de pobreza extrema a la población con tres o más carencias sociales y con un ingreso inferior al valor de la línea de pobreza extrema por ingresos, la cual se refiere al valor de la canasta alimentaria por persona al mes.
De acuerdo con el Informe de Pobreza y Evaluación 2020 Coahuila,v 22.5 por ciento de la población de la entidad vivía en situación de pobreza; es decir, 691 mil 100 personas aproximadamente. De este total, 21 por ciento (646 mil 600 personas) estaba en situación de pobreza moderada y 1.4 por ciento de la población en situación de pobreza extrema (alrededor de 44 mil 500 personas).
Conforme las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 y 2020 presentado por el Coneval21 la población en situación de pobreza en Coahuila aumentó de 778 mil 100 personas en 2018 a 812 mil 100 personas en 2020. Adicionalmente, la población en pobreza extrema incrementó de 46 mil 700 personas en 2018 a 81 mil personas en 2020.
De igual forma, las estadísticas de medición de pobreza 2020,3 señalan que la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos en 2018 fue de 6.6 por ciento, mientras que para 2020 fue de 8.9 por ciento; es decir, el número de personas incrementó de 200 mil 500 en 2018 a 282 mil 700 en 2020.
La población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos ha aumentado, en 2018 fue de 40.1 por ciento y en 2020 fue de 40.2 por ciento, lo equivalente a 1 millón 222 mil 600 en 2018 a 1 millón 273 mil personas en 2020.
Si bien el porcentaje de pobreza en Coahuila es de 19.4 por ciento menor que el nivel nacional (41.9 por ciento), existe una gran cantidad de población vulnerable por carencias sociales: aproximadamente 27.4 por ciento; es decir, 840 mil 700 personas presentaron al menos una carencia y 11.3 por ciento de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de 346 mil personas no cuentan con los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas.
En cuanto a las carencias sociales,4 de 2018 a 2020 se ha identificado lo siguiente:
- Rezago educativo: en 2018 existían 434 mil 400 personas con rezago educativo y para 2020 incrementó a 454 mil 600 personas.
- Acceso a los servicios básicos de salud: en 2018 se reportaron 402 mil 700 personas que no contaban con accesos a servicios básicos de salud, en 2020 esta cifra fue de 686 mil personas.
- Acceso a la seguridad social: en 2018, 784 mil 700 personas no tenían acceso a la seguridad social y, en 2020, esta cifra ascendió a 895 mil 200 personas.
El marco constitucional establece el reconocimiento de los derechos humanos, entre otros, a la educación, a la salud y a la vivienda, por lo que, con la finalidad de identificar las problemáticas económicas y sociales que están afectando a diversos segmentos de la población del estado de Coahuila, se exhorta respetuosamente al gobierno de la entidad a que lleve a cabo acciones para reorientar la política pública con la finalidad de que sean atendidas las carencias sociales que presenta la entidad, como el rezago educativo, la falta de acceso a los servicios de salud y seguridad social, entre otras.
En tal virtud, se considera urgente que, a través de acciones puntuales, se atienda a los sectores de la población más vulnerables bajo una perspectiva integral, a fin de generar mecanismos de coordinación que permitan reducir los índices de pobreza en el estado de Coahuila.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, ciudadano Miguel Ángel Riquelme Solís, a que, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de la entidad, lleve a cabo acciones encaminadas a reorientar la política pública con la finalidad de atender el incremento en la pobreza debido a las carencias sociales que presenta dicho estado, como son el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud y el acceso a la seguridad social.
Notas
1 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/
Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Coahuila_2020.pdf
2 Comunicado 09, Dirección de Información y Comunicación Social, Coneval.
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pdf
3 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Coahuila/ Paginas/principal.aspx
4 Ídem
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a aclarar las observaciones devenidas por la ASF, derivadas del Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 y, en su caso, iniciar los procedimientos legales pertinentes a los que haya lugar para fincar las responsabilidades conducentes por la indebida gestión de recursos públicos, deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan y sancionar el posible daño a la Hacienda Pública, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscribimos, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el contexto nacional actual es una exigencia para los gobiernos de las entidades federativas el fortalecimiento de los compromisos en materia de Derechos Humanos, asimilándolos como aspiración común de la sociedad y una guía para resolver los problemas de rezago económico y social que aquejan al país.
Lo anterior dado que, al fortalecer los Derechos Humanos, se brinda sentido a la planeación gubernamental y se promueven objetivos de desarrollo que redundan en el bienestar de la población.
En México, la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos reformuló el paradigma normativo, permitiendo su impulso y protección. Asimismo, abrió la posibilidad de creación de nuevos instrumentos que coadyuven a cerrar las brechas sociales.
De esta forma, es responsabilidad conjunta de todas las instituciones del Estado y niveles de gobierno respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, como el derecho a la salud, definido por la Organización Mundial de la Salud como: "el grado máximo de salud que se pueda lograr", que exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas.1
Este derecho se reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 4, y en diversos Instrumentos Internacionales en la materia de los que México es Parte, así como otros dispositivos normativos de corte secundario, y regido bajo los principios de interpretación conforme descritos en el artículo primero de la Carta Magna.
Igualmente, el derecho fundamental a la salud se encuentra regulado en las 32 Constituciones de las entidades federativas y reglamentadas con las leyes correspondientes.
Cebe precisar que además del mandato legal, la garantía para el cabal ejercicio de los Derechos Humanos debe aparejarse a estrategias públicas pertinentes y claras de distribución del ingreso y ejercicio del gasto público, en aras de dotar de viabilidad dichos los preceptos normativos.
Lo anterior debe vincularse al ejercicio ordenado, transparente, eficaz y eficiente de los recursos públicos, ya que, de no llevarse a cabo en esos términos, se demerita, entorpece y afecta el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y con ello el acceso a los derechos fundamentales de la población.
En ese tenor de ideas, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla dentro del gasto federalizado, a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales.
Así, las secretarías de finanzas de las entidades federativas reciben y transfieren los recursos de aportaciones federales al ente o entes ejecutores, para ser administrados y ejercidos de conformidad con lo mandatado en las leyes aplicables, con el fin de ejercer el gasto público de manera ordenada, eficaz y transparente.
Ahora bien, de acuerdo con la información de carácter contable, presupuestario y programático, devenida del Informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20212 desarrollado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, específicamente los servicios de salud de la entidad, infringieron la normativa, principalmente la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y, la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Lo anterior se desprende de la Auditoría de Cumplimiento 2021-E-05003-19-0693-2022, número 693, que permitió la revisión por parte de la ASF al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevadas a cabo por los servicios de salud del estado de Coahuila, así como ayudó a verificar la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2021.
Al respecto, el Gobierno de Coahuila de Zaragoza no acreditó el origen y destino del aumento presupuestario que resultó de la diferencia del presupuesto devengado de ingresos menos el estimado por 824 millones 787 mil pesos. Esto significa que el gobierno del estado reportó la asignación global de recursos para servicios personales aprobada en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, con un crecimiento real de 37.2 por ciento respecto al monto aprobado para el ejercicio fiscal 2020.
Igualmente, se identificaron recursos pagados en exceso respecto del límite permitido en la asignación global de servicios personales por 442 millones 990 mil pesos.
Asimismo, la ASF identificó ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal 2021, de los que la entidad fiscalizada no presentó evidencia de que se destinaron para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado, sin incurrir en penalidades y que representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública al cierre del ejercicio inmediato anterior.
Tampoco presentó evidencia que permitiera demostrar que los ingresos de libre disposición se hayan destinado al pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones y, en su caso, el remanente para inversión pública productiva, ni la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes por 23 millones 465 mil pesos.
Según se desprende del dictamen emitido a la auditoría de cumplimiento de mérito, en atención a los hallazgos determinados por la ASF, la entidad fiscalizada remitió información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada, la misma no reunió las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia para aclarar o justificar lo observado.
En ese contexto, el gobierno del estado de Coahuila, encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos, ya que no se apega a la normativa que regula su ejercicio, afectando con ello el acceso y el derecho a la salud de las y los coahuilenses.
De todo lo anterior se concluye que los Servicios de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizaron una gestión adecuada del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios ni cumplieron con el objetivo de ésta.
Con el fin de fortalecer los esquemas que combatan la corrupción, brinden transparencia, y que permitan el ejercicio ordenado, eficaz y eficiente de los recursos públicos, al tiempo que se permite a la población acceder a los derechos fundamentales reconocidos en la CPEUM, no debe pasarse por alto ningún ejercicio irregular del gasto público.
Resulta necesario que el gobierno de Coahuila brinde información suficiente para aclarar las observaciones detectadas por la ASF y, en su caso, finque las responsabilidades conducentes por la mala gestión de los recursos públicos.
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado Coahuila de Zaragoza, ciudadano Miguel Ángel Riquelme Solís, a aclarar las observaciones derivadas de la Auditoría de Cumplimiento 2021-E-05003-19-0693-2022, número 693 practicada por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021, y en su caso, iniciar los procedimientos legales a los que haya lugar, a efecto de fincar las responsabilidades conducentes por la indebida gestión de los recursos públicos, así como deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan y sancionar el posible daño a la hacienda pública.
Notas
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health#:~:text
=La%20Constituci%C3%B3n%20de%20la%20OMS,de%20salud%20de%20calidad%20suficiente.
2 https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_simplificados/2021_ficha _GF_a.pdf
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza y a la Secretaría de Finanzas estatal a cumplir cabalmente con los plazos establecidos y las obligaciones de pago que deriven del refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública de la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La deuda pública, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se refiere a los montos adeudados por los diferentes niveles de gobierno, que se utilizan para financiar los déficits públicos resultantes de programar un mayor nivel de gasto público que los ingresos presupuestados.1
Durante 2021, la deuda pública del Gobierno Federal se mantuvo en una trayectoria sostenible, sin que se rebasaran los techos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión. Para ello, la actual administración implementó una estrategia proactiva de manejo del portafolio de deuda, que contribuyó a que ésta, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), continuara en una senda estable aun después de haber experimentado una de las crisis más extensas y profundas de los últimos años.
Como reconocimiento a la conducción de la deuda pública, el Gobierno de México recibió el 25 de abril de 2022 el premio "Bono Nicho de Mercado" otorgado por la revista International Financing Review (IFR), en el marco de la operación realizada en 2021 con Taiwán en el mercado Formosa.2
No obstante, en lo concerniente a la deuda pública subnacional, de manera particular, el estado de Coahuila de Zaragoza ha generado un quebrantamiento a sus finanzas públicas, ya que se encuentra entre las 6 entidades federativas que presentan los mayores niveles de endeudamiento a septiembre de 2022, con un saldo de 38 mil 057 millones de pesos (mdp).3
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020 (INEGI),4 en el estado de Coahuila habitan 3 millones 146 mil 771 personas, lo que significa que la deuda per cápita, o deuda por habitante del estado, asciende a 12 mil 093 pesos.5
En ese sentido, es importante destacar que durante el sexenio comprendido de 2006 a 2010, durante la administración del entonces gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, el saldo de la deuda subnacional tuvo un incremento nominal de 7 mil 847.10 mdp y una variación real de 1 mil 512.62 por ciento, hecho que condujo a investigaciones oficiales por uso indebido de recursos públicos y presentación de documentos falsos.
Cabe señalar que, durante el período que transcurrió del 4 de enero al 30 de noviembre del 2011,6 en lugar de Humberto Moreira asumió el cargo Jorge Torres López como gobernador interino. Jorge Torres ocupó los puestos de tesorero municipal, contralor, secretario de desarrollo social y secretario de finanzas, todos durante la administración municipal y estatal que encabezó Humberto Moreira.
La administración de Jorge Torres mantenía la misma política de gobierno de su antecesor, hasta que el 1 de diciembre de 2011 ocupó el cargo como gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez, hermano de Humberto Moreira Valdés, concluyendo el ejercicio fiscal del 2011 a su cargo con una mega deuda pública de 36 mil 509.6 mdp.
Con relación a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre el Saldo de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios,1 señala que de 2008 a 2011, el estado de Coahuila7fue la segunda entidad en presentar las variaciones reales con los montos más altos, teniendo una variación real de 1,639.2 puntos porcentuales.
De igual modo, al analizar los saldos de la deuda pública de las entidades federativas incluidos los municipios, conforme a lo registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre 2008 y 2011, se tiene que 10 entidades federativas concentraban 76.5 por ciento del total de la deuda, de la siguiente forma: Coahuila (18.5 por ciento); Nuevo León (11.0 por ciento); Veracruz (10.0 por ciento); Jalisco (6.4 por ciento); Chihuahua (5.9 por ciento); Distrito Federal (5.7 por ciento); Quintana Roo (5.5 por ciento); Tamaulipas (5.2 por ciento); Michoacán (4.5 por ciento), y Chiapas (3.8 por ciento).8
Por su crecimiento al cierre de 2011, Coahuila incrementó su deuda en 19.9 veces respecto de 2008. En términos de deuda per cápita al cierre de 2011, la más elevada en el país correspondió al estado de Coahuila con 12 mil 997.4 pesos.9
Asimismo, se identificó que el estado de Coahuila fue la entidad que presentó el mayor incremento en el saldo de la deuda en términos reales, pasando de 8 mil 267.1 mdp en 2010 a 36 mil 509.6 mdp en 2011, aumentando 28 mil 242.5 mdp en tan sólo un año.
Sin embargo, el presupuesto aprobado del estado de Coahuila para cubrir el pago de la deuda en 201110 fue de 190 mdp, mientras que el pago de la deuda para el ejercicio fiscal 201211 fue de 4 mil 627.9 mdp, lo que equivale únicamente a 12.7 por ciento del total de la deuda del año 2011.
En ese sentido, el presupuesto aprobado para cubrir el pago de la deuda en el estado de Coahuila para el año 2020,12 fue de 4 mil 104.9 mdp, de los cuales 3 mil 375.1 mdp fueron destinados tan sólo a los intereses generados de la deuda pública, dejando disponibles únicamente 729.8 mdp para cubrir el saldo, mientras que para el año 202113 el presupuesto para el pago de la deuda fue de 3 mil 748.2 mdp, de los cuales 2 mil 149 mdp fueron destinados al pago de intereses, dejando libres para el pago del saldo tan sólo 1.6 mdp.
Es importante mencionar que el pasado 21 de diciembre de 2022, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza aprobó el dictamen de la Comisión de Finanzas por el que se autoriza al estado de Coahuila de Zaragoza al Refinanciamiento y/o Reestructuración de la Deuda Pública Estatal,14 el cual establece realizar el refinanciamiento bancario de la mega deuda pública de la entidad con fecha de vencimiento al año 2048.
A este respecto, las y los legisladores no podemos ser ajenos a los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como del uso responsable y eficiente de los recursos públicos; por ello resulta importante dar seguimiento al ejercicio de refinanciamiento de la deuda que presenta el estado de Coahuila de Zaragoza, que de manera irresponsable han generado los ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional durante sus administraciones, quebrantado así las finanzas públicas del estado y situando a los ciudadanos en una posición vulnerable.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme Solís y al titular de la Secretaría de Finanzas del estado, a que cumplan cabalmente con los plazos establecidos y las obligaciones de pago que deriven del refinanciamiento y/o reestructuración de la mega deuda pública de la entidad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, dé seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos y a las obligaciones de pago del refinanciamiento y/o reestructuración de la mega deuda pública del estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de evitar la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
Notas
1 Disponible en: https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2021/cefp0242021.pdf
2 Disponible en: https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-41-finanzas-publicas-y-deu da-publica-a-abril-de-2022
3 Disponible en: https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIE RA/2022
4 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pre s_res_coah.pdf
5 Disponible en: https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIE RA/2022
6 Disponible en: https://www.conago.org.mx/gobernadores/historicos
7 Disponible en: https://www.asf.gob.mx/uploads/
56_Informes_especiales_de_auditoria/1._Analisis_de_Deuda_Publica_Agosto_2012.pdf
8 Ibíd.
9 Ibíd.
10 Disponible en: https://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2011 .pdf
11 Disponible en: http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/104-EXT-01-ENE-2012.PDF
12 Disponible en: https://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/pre_eje rcicio_fiscal_2020.pdf
13 Disponible en: http://www.coahuilatransparente.gob.mx/periodico/documentos_periodico/
PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%202021.pdf
14 Disponible en: https://www.congresocoahuila.gob.mx/congreso/TG/dictamenes/Dictamen_202 21221.pdf
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a cumplir con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El pasado 30 de junio del presente año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) remitió de manera formal a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF, la primera entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2021.
Dicha entrega incluye 57 auditorías, de las cuales 7 corresponden a auditorías de desempeño; 22 a auditorias combinadas de cumplimiento y desempeño relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, así como con el Control Interno y Gobernanza, y 28 a auditorías de cumplimiento.1
Dentro de los informes individuales de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, se encuentra el informe de la Auditoría de Cumplimiento Auditoría De Cumplimiento: 2021-A-15000-19-0803-2022, correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples.2
Antes de mencionar los resultados de la auditoría en comento, es importante señalar que el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) tiene dos objetivos: la asistencia social y la infraestructura educativa.
Dicho fondo representa 0.8 por ciento de la recaudación federal participable3 y establece que las aportaciones otorgadas mediante el fondo "se destinarán en un 46 por ciento al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social.
Asimismo, se destinará 54 por ciento restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel", según la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).4
Cabe destacar que el FAM es un fondo de alta relevancia en la composición del Ramo General 33, por ser el único recurso etiquetado para la asistencia social alimentaria en las entidades federativas. Por su parte, el componente del FAM destinado a infraestructura educativa, es un complemento de las estrategias de financiamiento de la educación básica, media superior y superior en el país.
No obstante, en la Auditoría de Cumplimiento: 2021-A-15000-19-0803-2022 realizada por la ASF, se detectaron diversas inobservancias parte del gobierno del Estado México, respecto del uso de los recursos del FAM.
Al respecto, el informe refiere que, el gobierno del estado de México infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de operación de los recursos del Ramo General 33.
Lo anterior debido a la poca eficiencia en la transferencia de los recursos del fondo, ya que se identificaron atrasos de hasta 107 días hábiles, después del plazo establecido.
A la par, el referido informe señala que el Gobierno del estado de México carece de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades señaladas por parte de la ASF determinadas en la auditoría.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, ciudadano Alfredo del Mazo Maza, a que cumpla con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como con los lineamientos correspondientes e informe a la brevedad sobre el uso y destino de los recursos federales transferidos a dicha entidad, particularmente, lo correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, continúe fortaleciendo las auditorías de cumplimiento y desempeño realizadas al gobierno del estado de México, a fin de que cumpla cabalmente con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas correspondientes, a efecto de prevenir y sancionar el posible uso indebido de recursos públicos y actos de corrupción, cometidos por las personas servidoras públicas de dicha entidad.
Notas
1 Disponible en: https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/
recibe-comision-primera-entrega-de-informes-individuales-de-fiscalizacion-de-la-cuenta-publica-2021#
:~:text=La%20Comisi%C3%B3n%20de%20Vigilancia%20de,de%20la%20Federaci%C3%B3n%20(ASF).
2 Disponible en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2021a/Documentos/Auditorias/202 1_0803_a.pdf
3 Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf (Artículo 39)
4 Ibídem (Artículo 40).
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a atender la pobreza alimentaria de la comunidad mazahua, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Crisis económicas, especulación en los mercados, guerras y pandemias, son algunos ejemplos de los problemas que atraviesa una sociedad globalizada que, a su vez demanda políticas públicas que garanticen el desarrollo de cada individuo.
Asimismo, el creciente número de habitantes a nivel mundial ha generado un incrementado sustancial de asentamientos humanos que demandan bienes y servicios para garantizar sus necesidades básicas y en particular, su alimentación.
Conscientes de la importancia que tiene el acceso a los alimentos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la a Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO,1 canaliza esfuerzos internacionales para poner fin al hambre, teniendo como objetivo lograr la seguridad alimentaria para todos, así como garantizar el acceso regular a los alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana.
De acuerdo con la FAO2 el concepto de Seguridad Alimentaria ha llevado un proceso de análisis y diagnóstico, surgiendo en la década de 1970, basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional, continuando en la década de 1980 con la adición del acceso, tanto económico como físico culminando en la década de 1990 con un concepto vigente que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, reafirmando la Seguridad Alimentaria como un derecho humano.
"La Seguridad Alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana".
En nuestro país, el acceso a la alimentación es un derecho estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,3 de manera puntual, el segundo párrafo del artículo 4 de nuestra carta magna señala: "Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará."
En el mismo sentido, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contiene un capítulo dedicado a la Seguridad y Soberanía Alimentaria destacando el artículo 178 que a la letra menciona:
"El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional."
Bajo el ordenamiento jurídico nacional vigente, la administración federal actual ha tenido a bien establecer en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 20244 una estrategia enfocada en el rescate agrario, la producción nacional y la autosuficiencia alimentaria, destacando los siguientes programas: Programa Producción para el Bienestar; Programa de apoyo a cafetaleros y cañeros del país; Programa de Precios de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche; Crédito ganadero a la palabra; y Distribución de fertilizantes químicos y biológicos.
Entendiendo el contexto internacional y con el objetivo de aminorar la inflación que afecta a todas las regiones del mundo, el pasado 3 de octubre de 2022 el Ejecutivo Federal encabezó la firma del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic)5 con la iniciativa privada, con el objetivo de reducir en 8 por ciento el precio de 24 productos de la canasta básica, al ubicarse en mil 039 pesos hasta el 28 de febrero de 2023, así como el establecimiento de otras medidas como contener los precios de los energéticos a través de estímulos fiscales al IEPS.
Pese a los grandes esfuerzos del Ejecutivo Federal, en entidades federativas como el estado de México aún encontramos grandes rezagos en la pobreza alimentaria, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)6 se puede definir como:
"Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta".
En el caso particular del estado de México, las responsabilidades de coordinación del gobernador Del Mazo han dejado ver una clara ineficiencia en ofrecer las condiciones necesarias para incorporar a las comunidades marginadas del estado a los grandes esfuerzos que ha tenido el Ejecutivo Federal, destacando la región sur del estado y la zona indígena mazahua, población que además de no contar con los servicios básicos, durante los últimos años ha sufrido problemas de abasto de alimentos que componen la canasta básica.7
Familias mazahuas no se dan abasto para hacer rendir los recursos para comprar productos como arroz, jitomate y aceite, destacando que uno de sus principales problemas es la incomunicación de localidades inmersas en el municipio de San José del Rincón donde 24 por ciento de su población es identificada en situación de pobreza extrema según datos de Coneval.
Desde septiembre de 2017, fecha en que el actual gobernador tomó protesta, esta región no ha sido de interés de la administración estatal lo que implica una falta absoluta de estrategia para atender a los sectores menos favorecidos, destacando las pésimas vías de comunicación, la baja calidad de vida de sus habitantes, que carecen de condiciones para fomentar la creación de puntos de venta como mercados, centrales de abasto o comercio para abastecer a estas comunidades.
La importancia de la situación antes descrita ha sido abordada por diversos medios de comunicación, como lo es El País, en su artículo titulado "La carencia alimentaria en la región mazahua del estado de México: Tenemos que salir adelante con el maicito".8
En el cuerpo de esta investigación se hace mención a las pocas oportunidades laborales en la región, el mal pago de los jornaleros y el gasto que se hace en altas tarifas de transporte para trasladarse a lugares donde cuenten con la venta de productos de la canasta básica, dejando desprotegidos a sus habitantes quienes solo cuentan con la escaza producción local o los apoyos de organizaciones sociales de banco de alimentos.
Como representantes de las y los mexicanos no podemos ser ajenos ante la problemática del pueblo mazahua o "jñatjo" representado por 132 mil 710 personas hablantes de su lengua, asentado en la región noroccidental y centro-occidental del estado de México, mayoritariamente en 13 municipios rurales que son: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria,9 comunidades indígenas que sufren carencias ante la indiferencia de su gobernador.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, ciudadano Alfredo del Mazo Maza, a crear una estrategia para erradicar la pobreza alimentaria de los habitantes de la región mazahua que habitan en dicha entidad federativa, específicamente en los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria.
Notas
Puede consultarse en:
1 https://www.fao.org/about/es/
2 https://www.fao.org/3/at772s/at772s.pdf
3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Puede consultarse en:
4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&f echa=12/07/2019#gsc.tab=0
5 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/
acuerdo-contra-la-inflacion-reduce-8-precio-de-la-canasta-basica-presidente-lopez-obrador?idiom=es
6 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx#:~:text=Pobreza%20alimentaria%
3A%20Incapacidad%20para%20obtener,los%20bienes%20de%20dicha%20canasta.
Puede consultarse en: 7 https://www.gob.mx/canastabasica
8 https://elpais.com/mexico/2022-06-29/la-carencia-alimentaria-en-la-regi on-mazahua-del-estado-de-mexico-tenemos-que-salir-adelante-con-el-maici to.html?event_log=oklogin
Puede consultarse en:
9 https://cedipiem.edomex.gob.mx/ubicacion_mazahua
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a informar a esta soberanía las acciones concretas que ha implementado en su gobierno para reducir los altos índices de violencia y el incremento delictivo en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El estado de México que conocemos hoy ha sido construido por el trabajo de las mujeres y hombres de una pujante sociedad, con una gran riqueza cultural y económica. Tiene una extensión de 22 mil 351 kilómetros cuadrados y una población de 16 millones 992 mil 418 habitantes, distribuidos en 125 municipios.1
En su territorio se despliegan corredores turísticos, industriales, zonas arqueológicas, ecoturismo, pueblos mágicos y pueblos indígenas2 de habla otomí, nahua, mazahua, matlatzinca y tlahuica, principalmente.
Los Censos Económicos 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que en el estado de México existen 624 mil 472 establecimientos y 2 millones 527 mil 280 trabajadores,3 asimismo la actividad económica del estado de México aporta 9.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional,4 lo que coloca el estado de México en segundo lugar a nivel nacional.
Sin embargo, las cifras antes citadas contrastan con los altos índices de violencia e inseguridad que imperan en la entidad federativa. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Inegi,5 señala que durante 2021 la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida se registró en el estado de México representando 78.7 por ciento del total. Esto es sólo la punta de lanza.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 (Envipe)6 que realiza el Inegi nos muestra que 47.5 por ciento de los hogares del estado de México tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2021.
La misma Envipe 2022 señala que la tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes en el estado de México fue de 45 mil 501 víctimas, mientras que la tasa nacional fue de 30 mil 786 víctimas.
El robo o asalto en calle o transporte público fue el delito con más incidencia, con 18 mil 287 casos, seguido de la extorsión con 7 mil 469 y el fraude con 7 mil 259 casos.
Asimismo, de acuerdo con la Envipe 2022, se estima que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares del estado de México representó un monto de 49 mil 894 millones de pesos y de los cuales se denunció sólo 10.7 por ciento. Y la cifra negra de delitos, es decir los delitos que no fueron denunciados, asciende a 92.8 por ciento.
La ciudadanía no se equivoca, por ello 71.6 por ciento de los habitantes de la entidad considera que la inseguridad es el problema más importante que aqueja al estado de México, de acuerdo con la Envipe 2022.
A pesar de las altas cifras de delitos que se comenten en el estado de México, a las autoridades de dicha entidad no les preocupa esta situación, caso contrario, el Gobierno de la Cuarta Transformación ha puesto de su parte para revertir la inseguridad rampante que impera en el estado de México, al mantener la presencia de la Guardia Nacional con 32 Coordinaciones Regionales y 9 mil 385 elementos operativos.7
La ciudadanía del estado de México puede estar segura de que el Gobierno de la Cuarta Transformación está preocupado por su seguridad y con acciones lo demuestra, sin embargo, los hechos han demostrado que el gobierno del estado de México no mantiene el mismo interés por proteger a las y los ciudadanos que habitan en dicha entidad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a informar a esta soberanía las acciones concretas que ha implementado en su gobierno para reducir los altos índices de violencia y el incremento delictivo en la entidad.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s/f). Información por entidad. Estado de México. Resumen. Recuperado de https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/default.aspx? tema=me&e=15
2 Gobierno del Estado de México (2023). Pueblos indígenas del Estado de México. Recuperado de https://edomex.gob.mx/indigenas_edomex
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s/f). Información por entidad. Estado de México. Establecimientos y trabajadores. Recuperado de https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/economia/ue.a spx?tema=me&e=15
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s/f). Información por entidad. Estado de México. Aportación al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional. Recuperado de https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/economia/pib. aspx?tema=me&e=15
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s/f). Sistemas de consulta. Tableros estadísticos. Violencia contra las mujeres. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/#:~:text=Durante%202 021%2C%20la%20mayor%20prevalencia,prevalencia%20es%20Chiapas%20(48.7%20 %25).
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 (Envipe). Principales resultados. Estado de México. Septiembre de 2022. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe202 2_mex.pdf
7 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2022). Informe Anual de Actividades 2021. Guardia Nacional. 2 de febrero de 2022. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/701439/Informe_GN_2021_c ompressed.pdf
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a concluir la construcción de los establecimientos de salud de la entidad que se encuentran en estado de abandono e inconclusos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Al inicio de la actual administración federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a la población que se recibió un sistema de salud en completo estado de abandono, con más de 300 establecimientos de salud inoperantes e inconclusos a pesar de haberse destinado millones de pesos para su funcionamiento.
Durante el tiempo en que operó el Seguro Popular la mayoría de los servicios médicos y asistenciales prestados fueron subcontratados a través de organizaciones médicas privadas, y en muchos casos, éstas transfirieron a las y los pacientes a otras sedes particulares por no contar con la capacidad para brindar la atención médica requerida.
Todas estas subrogaciones causaron un boquete financiero en el sistema de salud, ya que los gobiernos neoliberales optaron por despilfarrar los recursos públicos pagando a terceros para que brindaran la atención médica en lugar de invertir en la infraestructura pública de salud, equipamiento de unidades médicas y contratación de personal.
Fue por ello que la calidad en la atención médica prestada por el Seguro Popular fue deteriorándose, heredando a la actual administración federal cientos de hospitales inoperantes, un enorme déficit de médicos especialistas en el territorio nacional y millones de mexicanas y mexicanos sin acceso a los servicios de salud.
Ejemplo de lo anterior es el estado de México, pues en los municipios de Ecatepec, Tlanepantla Acolman, Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Zumpango, Zinacantepec, Lerma, Coacalco, Aculco y Chicoloapan abundan hospitales que se encuentran en obra negra, los cuales recibieron una inversión de cientos de millones de pesos y no se concluyeron.1
En el caso de Chicoloapan, en 2013 el Gobierno estatal anunció la construcción de un hospital en esa localidad, el cual contaría con medicina interna, ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía general, área de urgencias, psicología, medicina preventiva, sala de expulsión, quirófano, rayos X, laboratorios y 18 camas para hospitalización. Al respecto, en el último Informe de Gobierno del entonces titular del Ejecutivo local Eruviel Ávila, se reportó una inversión de 140 millones de pesos para dicho hospital, mismo que actualmente se encuentra abandonado y saqueado.2
Asimismo, está documentado el abandono del Instituto de Oncología en Ecatepec, mismo que recibió una inversión superior a los 800 millones de pesos y que debía inaugurarse hace 5 años, sin embargo, hasta la fecha se encuentra en obra negra.
Por ello, el Gobierno de la Cuarta Transformación puso en marcha un plan de rescate a los establecimientos de salud abandonados, logrando así hasta el mes de agosto de 2022 la recuperación, rehabilitación y conclusión de 199 establecimientos de salud, de los 394 que se recibieron en total abandono.3
No obstante, es necesario que las entidades federativas contribuyan en la rehabilitación y conclusión de las unidades médicas abandonadas en sus respectivos territorios, pues las y los ciudadanos son afectados directamente por estos casos de corrupción. Al respecto, en el caso de Chicoloapan, los pobladores de este municipio se organizaron y recabaron más de 60 mil firmas para exigir a las autoridades que se retomen los trabajos de construcción y se pueda concluir la construcción del referido hospital.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México a concluir la construcción de los establecimientos de salud de la entidad que se encuentran en estado de abandono e inconclusos.
Notas
1 Disponible en: https://adnoticias.mx/los-hospitales-abandonados-del-edomex-1025764/
2 Disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/hospitales-abandonados-y-saq ueados-en-el-estado-de-mexico
3 https://www.gob.mx/insabi/prensa/084-gobierno-federal-ha-concluido-199- de-394-establecimientos-de-salud-que-estaban-abandonados?idiom=es
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a que a través de las instancias locales correspondientes, implemente las medidas encaminadas a reducir la violencia feminicida en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El feminicidio es un problema complejo, sus condiciones se extienden a factores sociales, económicos, familiares e incluso políticos; algunas autoras como Diana Russel lo han definido como crímenes perpetrados contra las mujeres por el simple hecho de serlo.1 Es así que el feminicidio es la expresión última de la violencia.
Al respecto, Nelson Arteaga Botello y Jimena Valdés Figueroa, en su estudio "Contextos socioculturales de los feminicidios en el Estado de México: nuevas subjetividades femeninas" explican que la mayoría de los feminicidios perpetrados en el Estado de México se encuentran dosificados de forma diferencial en función de ciertos contextos sociales: las mujeres que viven en condiciones enmarcadas por la marginación, la pobreza y la exclusión educativa tienen mayores probabilidades de morir asesinadas por su condición de género que las mujeres en condiciones de vida más favorables. Al menos en el Estado de México, esto representa una diferencia entre la violencia de género y el feminicidio: mientras que la primera atraviesa el conjunto de la sociedad, la segunda se localiza en los sectores sociales ubicados en la base de la estructura social. Más aún, en las mujeres de entre 15 y 30 años se incrementa sensiblemente el riesgo de ser víctima de este tipo de homicidio.2
De acuerdo con datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el periodo de enero a noviembre de 2022 el Estado de México encabezó el índice de feminicidios a nivel nacional con un total de 131;3 de esta cifra se desprende que 17 víctimas se encuentran en el rango de 0 a 17 años de edad. Aunado a ello, los municipios de Ecatepec de Morelos y Valle de Chalco ocupan los lugares 8 y 9 respectivamente en los 100 municipios con más incidencia de feminicidios.
Por otro lado, diversas fuentes oficiales del gobierno del Estado de México han publicado los 11 municipios de la entidad con alerta de género, los cuales son: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.4
Cabe señalar que los familiares de las víctimas de este delito en su búsqueda por obtener justicia reciben tratos denigrantes por parte de las autoridades; Ejemplo de ello es el caso de las señoras Lidia Florencio e Irinea Buendía, quienes llevan años encabezando un proceso judicial y protestas públicas con el fin de obtener justicia por el feminicidio de sus hijas Diana y Mariana, y que fueron desalojadas de manera violenta durante la madrugada del 7 de diciembre de 2022 por policías estatales y municipales, durante su permanencia en un plantón.
Por su parte la organización Amnistía Internacional ha documentado las siguientes deficiencias en las investigaciones de feminicidios que se llevan a cabo en el Estado de México:5
1. En las investigaciones, las personas servidoras públicas pierden evidencias relacionadas con los hechos.
2. Las autoridades no investigan de forma suficiente.
3. La perspectiva de género no se aplica correctamente.
Adicionalmente, esta organización documentó que las familias de las víctimas de feminicidio son revictimizadas por las autoridades durante el desarrollo del proceso judicial, lo que en sí mismo representa el ejercicio de una violencia institucional.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para que a través de las instancias locales correspondientes implemente las medidas encaminadas a reducir la violencia feminicida en la entidad.
Notas
1 Russell, Diana. "Introduction. The politics of feminicide". En Feminicide in Global Perspectiva, coordinado por Diana Russell y Roberta Harmes, 3-11. Nueva York: Columbia University Press, 2001.
2 Nelson Arteaga Botello y Jimena Valdés Figueroa, Contextos socioculturales de los feminicidios
en el Estado de México: nuevas subjetividades femeninas, (en línea), dirección URL: https://tinyurl.com/2pkb9bes.
3 Información sobre violencia contra las mujeres, (en línea), dirección URL: https://drive.google.com/file/d/1ZuMlwIDDk51ngfbJQExGmJtN_tFijRxb/view
4 Disponible en: http://alertadegenero.edomex.gob.mx/municipios_alerta
5 México: Juicio a la Justicia: Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, (en línea), dirección URL: https://tinyurl.com/2e8g947s
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a fortalecer las medidas de prevención y mitigación de incendios forestales en la entidad, a fin de proteger la biodiversidad y salvaguardar la integridad de la población, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El fuego es un elemento esencial que forma parte de la dinámica natural de los ecosistemas, ya que permite llevar a cabo procesos de restauración e incluso, sustitución de especies vegetales secas (FAO, 2001).1
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) refiere que un incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta a los bosques, las selvas y la vegetación de las zonas áridas y semiáridas; en este caso, el fuego representa una amenaza para las comunidades vegetales y animales, además aumenta la emisión de gases de efecto invernadero y, desde luego, representa un riesgo para la sociedad.
De esta manera el fuego deja de ser un elemento que puede equilibrar el funcionamiento de los ecosistemas y se convierte en un riesgo latente. Los incendios forestales se vinculan con actividades antropogénicas, desde acciones ilícitas (tala ilegal), crecimiento descontrolado de asentamientos humanos, fragmentación del paisaje e introducción de plantas exóticas (Programa del Manejo del Fuego, 2020-2024).2
La importancia de prevenir y controlar de manera oportuna los incendios forestales, se basa en la protección de los bosques y selvas pues estos hábitats, además de albergar la flora y fauna silvestres fungen como sistemas naturales de captación y almacenamiento de carbono y ofrecen materia prima para el desarrollo de diversas actividades económicas (Semarnat, 2018).3
Actualmente, la Conafor, organismo público descentralizado, lleva a cabo acciones de capacitación, prevención, combate, investigación y monitoreo de los incendios forestales de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece que el Programa de Manejo del Fuego es el instrumento de planeación que permitirá una gestión integrada del fuego al definir los objetivos y alcances de la prevención, detección, combate e información relacionada con los incendios forestales y contemplará, de igual manera, la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
El Estado de México tiene una superficie forestal de 1 millón 65 mil 367 hectáreas, 84 por ciento de la vegetación forestal de su territorio corresponde a bosques, principalmente coníferas (Probosque, s/a).4
Los bosques del Estado de México tienen un alto valor ecológico en el territorio nacional, debido a la protección que brindan contra la erosión del suelo y permiten la proliferación de diversas especies de fauna y flora silvestres. La mayor amenaza de estos ecosistemas (riesgo extensivo) es la deforestación derivada del cambio de uso de suelo con fines agropecuarios. Esta es una cuestión preocupante, porque en la región central del país es en donde se asienta la mayor densidad de población humana, lo cual significa que es muy probable que este problema continúe y se agrave.
Cada año en el Estado de México se registran diversos siniestros causados por incendios, muchos de estos provocados, lo que implica un alto riesgo para la conservación de los bosques de la entidad. (La diversidad biológica del Estado de México, 2009).5
De acuerdo con la Conafor durante el periodo del 1 de enero al 29 de diciembre de 2022 se han registrado 6 mil 715 incendios forestales en todo el país, siendo el Estado de México la entidad federativa donde más siniestros ocurrieron, dando un total de mil 46 incendios que afectaron a una superficie de 9 mil 467 hectáreas.
De acuerdo con los registros de la Conafor publicados por la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) de enero a abril del 2022 revelan que los municipios con mayor incidencia de incendios fueron Valle de Bravo, Ocuilan e Ixtapaluca con 83, 53 y 46 incendios respectivamente.
El artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que corresponde a las entidades federativas llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, así como promover y participar en la restauración de los ecosistemas forestales afectados por incendio.
En este sentido, es crucial que el gobernador del estado de México a través del ejercicio de sus atribuciones fortalezca las medidas de prevención y mitigación de incendios forestales en la entidad ya que no sólo ponen en riesgo la subsistencia de la biodiversidad que habita en la región sino también representa un peligro para la vida e integridad de la población mexiquense y la continuidad de las actividades económicas que dependen de estos ecosistemas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, Alfredo del Mazo Meza, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, fortalezca las medidas de prevención y mitigación de incendios forestales en la entidad, a fin de proteger la biodiversidad y salvaguardar la integridad de la población.
Notas
1 FAO. 2001. Los incendios forestales y la diversidad biológica. Disponible en: Diversidad Biológica Forestal - Unasylva 209 (fao.org)
2 Semarnat-Conafor. Programa de manejo del fuego 2020-2024. Disponible en: Programa_de_Manejo_del_Fuego_2020-2024.pdf
3 Semarnat. 2018. Disponible en: Funciones e importancia de los bosques | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
4 Aprovechamiento forestal maderable | Probosque (edomex.gob.mx)
5 Ceballos, G. et al. 2009. La diversidad biológica en el Estado de México: estudio de estado. Conabio. Disponible en: 15099.pdf (biodiversidad.gob.mx)
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 5 de enero de 2023.
(Rúbrica)
Excitativas
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, para que emitan el dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar a la federación para la extracción de piedra caliza, suscrita por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, senador por el estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos; y 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente excitativa a las comisiones dictaminadoras respecto del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de yacimientos de piedra caliza, lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con el fin de salvaguardar la integridad del medio ambiente y por consiguiente la salud de los ciudadanos en aras de controlar la cantidad de emisiones resultantes de la extracción de piedra caliza y resarciendo los daños causados por la misma, presenté ante esta soberanía, con fecha de 27 de marzo de 2019, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de otorgar facultades a la federación para la extracción de piedra caliza, la referida propuesta legislativa fue turnada, por conducto de la Mesa Directiva de este recinto, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.
Con fecha 10 de diciembre de 2019 la Comisión de Puntos Constitucionales, en su reunión extraordinaria, tuvo a bien en aprobar el dictamen correspondiente.
Posteriormente en reunión extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2020, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda tuvo a bien en aprobar el referido documento legislativo.
Con fecha 5 de octubre de 2021, la Comisión de Estudios Legislativos remitió el trámite legislativo a la Comisión coordinadora de Puntos Constitucionales mediante oficio número LXV/CELS/07/2021, para sus efectos de inscripción ante la Mesa Directiva a su digno cargo.
Ante esta atípica situación que guarda este expediente legislativo al no ser remitido por conducto de la Comisión coordinadora de Puntos Constitucionales a la Mesa Directiva de este Senado de la República, el pasado 14 de diciembre de 2021 remití un oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva informándole el estatus que guarda la propuesta de marras.
En dicha misiva le participé que, a pesar de haber sido aprobada por los integrantes de las dictaminadoras, la coordinadora, Comisión de Puntos Constitucionales, ha sido omisa al no remitir el referido documento para su debida inscripción ante la Mesa Directiva, además, le solicité con debido respeto que se excitara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda a efectos de que el citado documento continúe su trámite y surta los efectos a que haya lugar.
En fecha 20 de diciembre de 2022, la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva tuvo a bien en remitir el oficio LXV/ST/OSC/00790/2021 solicitando a la Comisión coordinadora de Puntos Constitucionales a informar sobre las causas de la omisión:
"Se le solicita tenga a bien informar a este órgano de gobierno, las causas por las cuales el dictamen de referencia no ha sido remitido, o bien informe la imposibilidad que tiene para hacerlo".
Lo anterior, sin que al momento de la redacción de este documento legislativo de fecha 3 de enero de 2023, se tenga conocimiento del pronunciamiento que al respecto haya emitido la Comisión de Puntos Constitucionales en respuesta a la solicitud.
Por lo que con la finalidad de que México pueda contar con las adecuaciones legales para salvaguardar le integridad del medio ambiente y la salud de los ciudadanos que son afectados diariamente por la cantidad de emisiones resultantes de la extracción de piedra caliza.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a usted, senador presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, lo siguiente:
Único. Le solicito respetuosamente excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda para que presente ante la Mesa Directiva de este Senado de la República, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, en sentido positivo, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar a la federación para la extracción de piedra caliza para sus efectos a que haya lugar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.
Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica)
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