Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6421-III-1, miércoles 6 de diciembre de 2023
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco, a la Semarnat y a la Conagua a hacer públicas las medidas que se están implementando para evitar la deforestación y el robo de agua causado por la siembra de aguacate en Jalisco, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Cecilia Márquez Alkadef Cortes, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I; y artículo 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobierno de Jalisco, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, a hacer públicas las medidas que se están implementando para evitar la deforestación y el robo del agua causado por la siembra de aguacate en el estado de Jalisco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
“Cualquier aguacate que proceda de México pudo haber sido cultivado en terrenos deforestados ilegalmente, usando agua robada”.
Director ejecutivo de CRI, Brad Adams.
El aguacate u “oro verde”, cada vez tiene un lado más oscuro: mayor deforestación (al cambiar bosques por campos de cultivo), acaparamiento de agua y violencia.
La deforestación provocada por producir aguacate en ambas entidades durante la última década superaría las 16 mil hectáreas (40 mil acres) y podría exceder las 28 mil (70 mil acres). Cada acre equivale a tres cuartos de una cancha de futbol soccer.
Climate Rights International (CRI), una organización no estatal global que estudia el impacto del cambio climático en los derechos humanos, alertó que los cultivos de aguacates en México para exportar a Estados Unidos, Europa y otros mercados “están fomentando la deforestación generalizada y el robo de agua en los estados mexicanos de Michoacán y Jalisco”.
Las consecuencias son gravísimas para los derechos de quienes viven allí, mientras que líderes indígenas y otros residentes que intentan defender sus bosques y el agua han sido amenazados, atacados e incluso asesinados.
La organización señaló que los gobiernos de Estados Unidos y México no están adoptando medidas básicas para detener la devastación causada por las plantaciones de aguacate, ello a través del informe “El saldo insostenible de la expansión aguacatera: deforestación, acaparamiento de agua y violencia detrás de las exportaciones de aguacates de México a Estados Unidos y otros mercados.
El estudio señala que las exportaciones de aguacate al país del norte ascienden a un valor de 3 mil millones de dólares anuales y las destinadas a los mercados de Europa, Canadá y Asia superan los 2 mil millones de dólares en los últimos cinco años, por lo que México es el “mayor productor y exportador mundial de aguacate”.
49 de los 56 municipios de Jalisco y Michoacán son huertas de aguacate certificadas para la exportación de Estados Unidos contienen tierras deforestadas, según el estudio.
En muchos casos, la tierra ha sido despejada provocando deliberadamente incendios forestales, lo que también constituye un delito.
La organización también denunció “hechos de violencia e intimidación contra defensores ambientales”, como líderes indígenas y otros pobladores de la zona, por parte de “grupos del crimen organizado que tienen una fuerte presencia en la región y mantienen múltiples nexos”, con el sector aguacatero.
Si los exportadores, los importadores y los supermercados tomaran medidas para asegurarse de vender únicamente aguacates libres de deforestación, se reduciría de manera drástica el incentivo económico para despejar los bosques o atacar a las personas que los defienden.
Michoacán y Jalisco son los únicos dos estados mexicanos autorizados por Estados Unidos para exportar a ese país.
México es el mayor productor y exportador de aguacate.
Los aguacates cultivados en Michoacán y Jalisco, que son utilizados para exportación “fomentan la deforestación generalizada” y vulneran los derechos de los ciudadanos en dichos estados.
Por esta razón y como diputada federal, preocupada y aún más ocupada someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno de Jalisco, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a hacer públicas las medidas que se están implementando para evitar la deforestación y el robo de agua causado por la siembra de aguacate en el Estado de Jalisco.
Infografía:
- https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
cultivos-de-aguacate-en-jalisco-y-michoacan-para-exportar-a-eu-causan-devastacion/
- https://lucesdelsiglo.com/2023/11/29/depredan-tierras-por-aguacate-nego cios/
- https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/11/28/
deforestacion-y-violencia-acechan-al-negocio-del-aguacate-en-mexico/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2023
Diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y a la Segob a atender el conflicto político-social suscitado en el municipio de Coyomeapan, Puebla, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Inés Parra Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente
Exposición de Motivos
El 10 de septiembre 2021 se remitieron oficios a la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración con copia a Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación para advertir el conflicto político-social suscitado en el Municipio de Coyomepan, perteneciente a la Sierra Negra en el Estado de Puebla; que el 14 de septiembre de 2021 con Oficio /0009/IPJ se envió oficio al Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que en misma fecha con oficio /0008/IPJ, que se informó al Licenciado Adán Augusto López Hernández, entonces Secretario de Gobernación con oficio /0007/IPJ y al Maestro Alejandro Encinas Rodríguez entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración con oficio /0010/IPJ y a la Licenciada María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la CNDH con oficio /0010/IPJ. En dónde se señalaron los hechos suscitados en el Municipio en comento y se solicitó su intervención para atender la escalada de violencia y abusos de autoridad cometidos por las autoridades Municipales y Estatales.
Por la omisión del Gobierno federal en la atención de las solicitudes de mérito, más de mil indígenas de Coyomeapan exigen en Puebla soluciones por el conflicto que ha durado más de dos años, en los que les ha sido amedrentado su derecho constitucional a manifestarse por el Presidente Municipal de Coyomepan, Rodolfo García López y por la actual diputada federal, Araceli Celestino Rosas, en los que recurrentemente se han realizado detenciones arbitrarias, violación al debido proceso, violentando los derechos constitucionales de los ciudadanos y se les ha arrebatado el mayor bien jurídicamente tutelado que es la vida.
Al contexto de lo anterior, la mañana de jueves 23/11/2023, encapuchados intentaron amedrentar, con disparos al aire y a bordo de seis camionetas, a pobladores del movimiento de agrupación indígena reconocido por la SEGOB, Unidad Coyomeapan, quienes se manifestaban ante el Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, pidiendo nuevamente que sean atendidos.
Tras comunicarse y documentar los hechos ante la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien en la Ciudad de México, el 1 de junio de 2022, realizó un llamado a fortalecer la investigación sobre los hechos ocurridos el 9 de mayo de 2022, en la comunidad de Cobatzalco, municipio de Zoquitlán, Puebla, en los que participaron efectivos de la policía estatal de Puebla y fallecieron tres personas de la comunidad indígena Nahua de Coyomeapan, incluido un líder de la comunidad y un menor de edad, y otras seis más resultaron gravemente heridas.
Mismas manifestaciones que pueden constatarse a través de los siguientes enlaces:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/22/mas-de-mil-indigenas-de-coyomeapan-exigen
-en-puebla-soluciones-conflicto-que-lleva-mas-de-dos-anos-318992.html
https://m.municipiospuebla.mx/nota/2023-11-22/puebla/video-habitantes-de-coyomeapan-exigen
-justicia-por-compa%C3%B1eros-asesinados
https://www.e-consulta.com/nota/2023-11-22/politica/
protesta-coyomeapan-habitantes-se-plantan-frente-al-congreso-de-puebla
https://m.municipiospuebla.mx/nota/2023-11-23/puebla/
congreso-suspende-sesi%C3%B3n-ante-protesta-de-vecinos-de-coyomeapan
https://www.milenio.com/politica/comunidad/
pobladores-coyomeapan-manifiestan-bloquean-vialidad-puebla
https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/22/mas-de-mil-indigenas-de-coyomeapan-exigen
-en-puebla-soluciones-conflicto-que-lleva-mas-de-dos-anos-318992.html
https://www.telediario.mx/comunidad/
pobladores-coyomeapan-manifiestan-cierran-bulevar-5-de-mayo
https://www.e-consulta.com/nota/2023-11-23/municipios/
encapuchados-armados-intentan-ingresar-coyomeapan-levantan-tres
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/
denuncian-ataque-de-encapuchados-en-filtro-de-vigilancia-de-coyomeapan-11045124.html
https://www.diariocambio.com.mx/2023/zoon-politikon/item/
29128-congreso-de-puebla-cancela-sesion-por-planton-de-pobladores-de-coyomeapan
https://heraldodepuebla.com/2023/11/22/
habitantes-de-coyomeapan-piden-intervencion-del-congreso-para-atender-crisis/#google_vignette
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=778074184333558&id
=100063929490960&mibextid=2JQ9oc
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=370005758731608
https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/22/mas-de-mil-indigenas-de-coyomeapan-exigen
-en-puebla-soluciones-conflicto-que-lleva-mas-de-dos-anos-318992.html
https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-llama-a-esclarecer-los-hechos-violentos-contra
-integrantes-de-la-comunidad-de-coyomeapan-puebla/
https://www.diariocambio.com.mx/2023/regiones/tehuacan/item/25609-la-diputada-federal-del
-distrito-15-araceli-celestino-rosas-amenazo-a-los-integrantes-de-la-union-por-coyomeapan
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/gobierno-del-estado-debe-retirar-a-manifestantes
-de-coyomeapan-este-miercoles-exigio-araceli-celestino/
Por lo que, al tenor de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 14, 16, 17, 17 Bis, 18 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el MANUAL de Organización General de la Secretaría de Gobernación con publicación DOF: 02/06/2020 y el REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Gobernación en sus artículos 43, 44, 47, 48, 49 y demás aplicables; solicito su intervención inmediata conforme a derecho para que se ejecuten los mecanismos y procedimientos necesarios para salvaguardar la integridad y seguridad de los Ciudadanos del Municipio de Coyomeapan y se atienda la problemática político-social bajo los principios de eficacia, eficiencia, justicia y calidad expedita.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados exhorta a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal, a atender el conflicto político-social suscitado en el Municipio de Coyomeapan en el Estado de Puebla
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2023
Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a priorizar las auditorías en curso al INAI, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena
Lidia Pérez Barcenas, diputada de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) encomienda a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar la fiscalización de la Cuenta Pública, de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal. Para dicha fiscalización, la ASF realiza conforme su Programa Anual de Auditorías, las auditorías e investigaciones pertinentes, y a su vez, se encuentra facultada para realizar las modificaciones al Programa Anual de las auditorías que se requieran.1
En el marco del Programa para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, la ASF ha efectuado dos modificaciones, siendo la más reciente la publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de noviembre de 2023, respaldada por la fracción I del artículo 17 de la LFRCF. Estas adaptaciones refuerzan el compromiso de la ASF de abordar de manera integral y eficiente la revisión de entidades gubernamentales.2
Dentro de las segundas modificaciones al Programa Anual, se destacan auditorías destinadas a gobiernos de diversas Entidades Federativas, Municipios, Universidades, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este enfoque de fiscalización aborda una variedad de niveles y sectores gubernamentales, asegurando una revisión exhaustiva del manejo de los recursos públicos.
La inclusión del INAI en el Programa Anual refleja el interés de la ASF en evaluar el desempeño y la gestión de entidades clave para el buen funcionamiento del estado mexicano. La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, y la fiscalización del INAI subraya la importancia de garantizar que este organismo cumpla con sus responsabilidades de manera efectiva y transparente.
Estas modificaciones al Programa Anual de Auditorías demuestran la flexibilidad y capacidad de adaptación de la ASF para abordar situaciones emergentes y prioridades cambiantes en la fiscalización gubernamental. La inclusión de diversas entidades y niveles gubernamentales también resalta la intención de la ASF de garantizar una revisión completa y equitativa del uso de los recursos públicos en todo el país. En última instancia, estas acciones refuerzan el compromiso de la ASF con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales en México.
Segunda. En el marco de las modificaciones al Programa Anual de Auditorías, el primer apartado destaca la incorporación de 28 nuevas auditorías de Cumplimiento y Cumplimiento Forense, mientras que el segundo apartado señala las modificaciones de 6 auditorías de Cumplimiento Forense ya en proceso. Entre estas últimas, sobresale la auditoría de cumplimiento forense número 197, centrada en la “Gestión Financiera”, con el Instituto Nacional de Transparencia, como entidad fiscalizada.
Cabe precisar que además de dicha auditoría, se tiene en proceso el informe de la auditoría de desempeño con número 196, la cual se titula “Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”.3
Aunque la noticia de la reanudación de la auditoría ha generado descontento en algunos sectores de la oposición, es crucial reconocer la importancia de esta acción. La auditoría forense al INAI es esencial para arrojar luz sobre las prácticas relacionadas con la administración de recursos públicos por parte de las y los Comisionados, y en general de todos los servidores públicos adscritos al Órgano Garante, abarcando un período significativo de al menos una década en el uso de recursos públicos, presuntamente, de manera desmedida y desproporcional a la encomienda de éstos.
Es comprensible que la reacción adversa de algunos sectores políticos haya generado un marcado ruido; sin embargo, esta respuesta no debe eclipsar la urgente necesidad de llevar a cabo una auditoría forense integral al INAI. Como Órgano Garante de la transparencia, el INAI desempeña un papel fundamental en la protección del acceso a la información y de los datos personales. Por lo tanto, cualquier indicio de mala gestión de los recursos públicos por parte de este organismo debe ser abordado de manera diligente y transparente.
La fiscalización de la gestión financiera del INAI es una medida necesaria para mantener la integridad de esta institución y garantizar que cumpla con su misión de manera eficaz. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales, y la realización de auditorías forenses contribuye significativamente a este propósito. En este contexto, la ASF, como ente fiscalizador, desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y la promoción de una gestión responsable de los recursos públicos.
Adicionalmente, las y los ciudadanos tienen el derecho de conocer el destino de los recursos que confían al servicio público, especialmente cuando se trata de un organismo encargado de velar por la transparencia y el acceso a la información. En este contexto, la auditoría forense se convierte en una herramienta esencial para garantizar la integridad de las instituciones y mantener la confianza del público en las mismas.
Las críticas y la resistencia de ciertos sectores pueden interpretarse como un intento de obstruir la labor de fiscalización, pero es necesario recordar que el propósito de la auditoría no es solo señalar irregularidades, sino también identificar áreas de mejora y fortalecer los mecanismos de control interno. Este proceso contribuye además a consolidar el INAI como un organismo transparente, eficiente y responsable en el manejo de los recursos públicos.
Tercera . Una auditoría forense, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos especializados, constituye un instrumento esencial para la detección y verificación de actos irregulares, fraudes, responsabilidades graves de servidores públicos, además de casos de corrupción. Es fundamental destacar que el propósito central de la actividad auditora es identificar hechos que puedan ser clasificados como responsabilidades administrativas o delitos por las autoridades pertinentes. En el actual proceso de fiscalización de cuentas públicas, se detectan tanto actos y omisiones de naturaleza administrativa como posibles hechos delictivos cometidos por servidores públicos y particulares.
El fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación con mayores facultades, otorgadas por reformas constitucionales y legales, posiciona a este órgano como líder en la fiscalización de recursos públicos en México. La fiscalización adquiere relevancia significativa para informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos públicos, evaluando el cumplimiento de los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Cuarta. Muchos han sido los casos en los que el Instituto garante de la transparencia ha sido señalado, como lo es, por ejemplo, el caso de una diputada federal del PAN, quien no dudó en inconformarse por el hecho de reactivar una auditoría al Instituto, poniendo en duda la legitimidad de ésta, argumentando la falta de auditorías en otras instituciones.4
Si bien es cierto que, el desempeño de las instituciones es perfectible, no debemos perder de vista que el INAI se encuentra en un momento en el que han salido a la luz pública múltiples casos en los que Comisionadas y Comisionados se han visto involucrados.
Quinta. Considerando la reciente divulgación de noticias y solicitudes de acceso a la información que evidencian el presunto uso indebido de recursos públicos por parte del ex Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford, quien también ocupaba el cargo de secretario técnico del Sistema Nacional de Transparencia, alcanzando la cifra de $20,411.00, en el centro nocturno “Curazao”, clausurado por delitos de trata de personas, se subraya la urgente necesidad de adoptar medidas concretas.
Estas acciones deben enfocarse en prevenir, combatir, mitigar y erradicar posibles actos que puedan desembocar en hechos de corrupción, destacando la urgencia de iniciar y/o concluir auditorías integrales por parte de la Auditoría Superior de la Federación al INAI.
La ASF, como órgano fiscalizador, posee la facultad y responsabilidad de realizar auditorías necesarias para detectar y documentar irregularidades en el uso de recursos públicos. La magnitud de las acusaciones y la conexión con una posible falta administrativa refuerzan la importancia de que la ASF ejerza su mandato de manera exhaustiva. La realización de las auditorías al INAI se justifica no solo por la necesidad de esclarecer los hechos mencionados, sino también por la importancia de garantizar la integridad de las instituciones públicas, el correcto uso de los recursos y la transparencia en el ejercicio de la función pública.
La actuación pronta y diligente de la ASF contribuye además a restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales y a enviar un mensaje claro de que las irregularidades en el uso de recursos públicos no serán toleradas. Asimismo, esto puede permitir identificar posibles deficiencias en los controles internos y los procedimientos del INAI, proponiendo mejoras para prevenir futuros comportamientos.
Finalmente, ante la gravedad de los hechos y en aras de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, se insta a la ASF a que además de ejercer su facultad de realizar auditorías a las instituciones públicas como lo es al Instituto Nacional de Transparencia, se realice de manera prioritaria, derivado de los recientes acontecimientos entorno a dicho Instituto, ello con el fin de esclarecer los acontecimientos, detectar posibles irregularidades, emitir las medidas cautelares pertinentes y contribuir a la mejora continua de las prácticas institucionales.
Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, presento la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Auditoría Superior de la Federación a otorgar prioridad y, bajo el principio de máxima publicidad, difundir de manera expedita los resultados de las auditorías de cumplimiento y forense que se encuentran en curso al INAI, ello para fortalecer la transparencia y verificar el uso adecuado de los recursos públicos e integridad institucional.
Notas:
1. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Artículos 6; 17, fracc. I, párrafo 2; y 17. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF_200521.pdfç
2. MODIFICACIONES al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5708065&fecha=09/11/ 2023#gsc.tab=0
3. http://www.asfdatos.gob.mx/
4. ¿Venganza oficialista contra el INAI? https://twitter.com/Juan_OrtizMX/status/1724187380242956478
Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de diciembre de 2023.
Diputada Lidia Pérez Barcenas (rúbricas)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cofece, relativo al mercado de publicidad digital, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Alberto Villa Villegas , diputado del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 24 de agosto de 2020, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica publicó en el Diario Oficial de la Federación el “AVISO mediante el cual la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica informa del inicio de la investigación de oficio identificada con el número de expediente IO-003-2020 por la posible realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de servicios de publicidad digital y servicios relacionados”.
Pocos meses después, en octubre de 2020, la División Antimonopolios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos interpuso una demanda en contra de Google ante un juzgado en aquel país1 con el propósito de detener las ilegales políticas anticompetitivas y excluyentes en los mercados de “búsqueda” (motores de búsqueda) y de publicidad en búsquedas, así como para remediar los daños a la competencia.
Es de destacar que el Departamento de Justicia de los EUA, argumentó que esas prácticas anticompetitivas habían ocasionado un daño sobre la competencia y también sobre los consumidores. De manera particular, señaló que al suprimir la competencia en el mercado de publicidad, Google tiene el poder para cobrar a los anunciantes más de lo que podría cobrarles en un mercado en competencia, así como el poder para reducir la calidad de los servicios que les presta.
Por otro lado, en enero de 2023, nuevamente el Departamento de Justicia de los EUA, junto con los fiscales generales de ocho diferentes estados interpuso una nueva demanda antimonopolio en contra de Google por monopolizar múltiples productos tecnológicos para publicidad digital2 . La acusación señala que esa plataforma tecnológica controla las herramientas tecnológicas que cualquier sitio de internet necesita para vender anuncios o publicidad y controla la herramienta de publicidad dominante que ayuda a millones de anunciantes, pequeños y grandes, a comprar inventarios de publicidad.
En junio de 2021, la Comisión Europea, máximo órgano de la Unión Europea (UE), anunció que había iniciado un procedimiento de investigación, también en contra de Google, para determinar si esta plataforma tecnológica había violado las reglas de competencia de la UE al favorecer sus propios servicios de tecnologías para el despliegue de publicidad en línea, en detrimento de competidores, anunciantes y editores en línea3 .
Prácticamente dos años después, el 14 de junio de 2023, la misma autoridad comunicó a Google sus hallazgos preliminares que advierten que esa empresa violó las reglas antimonopolio de la UE al distorsionar la competencia en el mercado de publicidad digital4 .
Al comunicar esto, la Comisión Europea argumentó que un remedio conductual es altamente probable que carezca de efectividad para prevenir el riesgo de que Google continúe con las conductas que la orillan a auto-preferir sus propios recursos o herramientas en la venta y compra de publicidad, ambos extremos en los que mantiene una posición dominante.
Por ello, la Comisión dio a conocer que su posición preliminar es que, solo una obligación para que Google desinvierta o se desprenda de parte de su línea de negocio del mercado de la publicidad digital atajaría los problemas de competencia.
Una investigación motivada por las mismas preocupaciones fue abierta por la autoridad encargada de promover la competencia en el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados, que el 25 de mayo de 2022 hizo el anuncio del inicio de una investigación sobre el mismo tipo de prácticas anticompetitivas5 .
Esos solo cuatro ejemplos de procedimientos en curso contra el mismo jugador, un agente económico con un enorme poder económico que podría no haber resistido la tentación de desplazar a competidores, por las ventajas que tiene al controlar de manera creciente recursos, herramientas y tecnologías clave para una operación eficaz en el mercado de publicidad digital.
En el caso de la investigación iniciada por la Cofece en México, cabe señalar que, en junio de este año, la Autoridad Investigadora de ese órgano autónomo emitió un acuerdo de conclusión de dicho procedimiento. Posteriormente, el 8 de noviembre, esa comisión dio a conocer mediante un comunicado que “emplazó a una empresa que presumiblemente abusó de su posición dominante de mercado para realizar conductas probablemente anticompetitivas de ventas atadas o empaquetamientos en el mercado de servicios de publicidad digital y servicios relacionados. Estas conductas, conocidas como prácticas monopólicas relativas y sancionables de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, fueron imputadas en el Dictamen de probable Responsabilidad emitido por la Autoridad Investigadora de la Cofece (expediente IO-003-2020)”.
De acuerdo a diversos reportes en medios de nuestro país, se sabe de manera preliminar que la empresa emplazada es Google. Así lo reportó el periódico El Economista en la nota periodística “Cofece inicia juicio antimonopolio contra Google en México”, firmada por José Soto Galindo, publicada en la edición impresa del 15 de noviembre pasado6 .
De ahí que, dado que ha trascendido que la empresa que Cofece identificó como la probable responsable de abusar de su posición dominante en el mercado de publicidad digital es Google, resulta pertinente exhortar a la autoridad cuyo mandato es promover la competencia en nuestro país, la Comisión Federal de Competencia Económica, para que en la medida de lo posible, al igual que lo han hecho sus pares en otros países, busque los mecanismos que la legislación le otorga para mejorar la transparencia sobre la investigación que realizó, los hallazgos principales y las medidas que considera ayudarían a eliminar esas prácticas o a inhibirlas completamente, con el propósito de asegurar que el mercado de publicidad digital en México pueda desarrollarse en condiciones de competencia efectiva, en beneficio de anunciantes y consumidores.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica para que lleve a cabo sin dilaciones el procedimiento a que se refiere el numeral I del artículo 78 de la Ley Federal de Competencia Económica con relación al hallazgo de prácticas monopólicas relativas en el mercado de publicidad digital.
Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica para que en el desahogo del procedimiento señalado en el Resolutivo Primero se allegue elementos sobre las prácticas anticompetitivas que las autoridades de diversos países han detectado en el mercado de publicidad digital, para determinar si se trata del mismo agente económico involucrado en los casos o expedientes abiertos en esos países, y si en su caso, se trata de prácticas anticompetitivas similares a las detectadas en el mercado mexicano.
Tercero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica para que haga público un reporte sobre la cuantificación estimada del daño a la economía mexicana y al bienestar de los consumidores de nuestro país como consecuencia del abuso del poder dominante de mercado de la empresa emplazada en el procedimiento citado en la exposición de motivos, que habría recurrido al uso de prácticas anticompetitivas.
Notas:
1. https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-monopolist-googl e-violating-antitrust-laws
2. https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-google-monopoliz ing-digital-advertising-technologies
3. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3143
4. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_3207
5. https://www.gov.uk/government/news/google-probed-over-potential-abuse-o f-dominance-in-ad-tech
6. https://www.eleconomista.com.mx/Cofece-inicia-juicio-antimonopolio-cont ra-Google-Mexico-vy202311140007.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2023.
Diputado Alberto Villa Villegas (rúbrica)
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