Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6252-V, sábado 4 de noviembre de 2023

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Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades educativas competentes del estado de Oaxaca a respetar y hacer efectivos los derechos humanos a la educación, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de la niña Paola; y al Conapred, a iniciar de oficio un procedimiento de queja para atender, investigar y determinar medidas de reparación en este caso, así como a hacer públicos los avances y resultados, a cargo del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exige el pronto deslinde de responsabilidades ante los hechos suscitados el 27 de marzo de 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a la reparación del daño a las personas víctimas y la renuncia de las personas servidoras públicas y autoridades responsables, suscrita por las diputadas Rosa María González Azcárraga y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR, a la SFP y al INM a realizar una serie de acciones en torno al trágico fallecimiento de personas migrantes y solicitantes de asilo en instalaciones del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo del 2023, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emitir y publicar las disposiciones reglamentarias que permitan implementar lo dispuesto en el decreto en materia de salud mental y adicciones, publicado en el DOF el 16 de mayo de 2022, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, para exhortar al IFT y a la SICT a hacer público el proyecto de título de concesión habilitante para la prestación de los servicios respectivos derivados de la prórroga de la concesión a Teléfonos de México, SAB de CV, a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a publicar un informe de la adquisición de las 13 centrales eléctricas compradas a la empresa española de Iberdrola, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chiapas a instalar una mesa de diálogo con vecinos para analizar la suspensión de la construcción del circuito interior Chiapas de Corazón, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a instruir a funcionarios de su gobierno abstenerse de utilizar el programa social Salario Rosa para coaccionar y condicionar el voto de los mexiquenses bajo la falsa promesa de depósitos de dinero, cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a intervenir y apoyar a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a promover la capacitación del personal que labora en los filtros de revisión de equipaje de los aeropuertos del país y que adquiera los conocimientos necesarios para que permita a las mujeres en periodo de lactancia, viajen o no en compañía del infante, transportar leche materna en su equipaje de mano, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa de Baja California a implementar programas de visibilización y difusión durante los meses siguientes al Día Mundial de la Concientización del Autismo, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la SEP a implementar diversas acciones y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las personas con trastornos del espectro autista en México, suscrita por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a atraer la investigación por desaparición forzada de Jorge Luis de León Velázquez, sustanciada en la causa 125/2016 en Sinaloa, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y a diversas autoridades a informar a la opinión pública sobre las razones por las que el Banco del Bienestar dejó de recibir remesas por señalamientos de autoridades estadounidenses respecto a que dicha institución haya sido utilizada presuntamente para actividades ilícitas, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la SHCP y a la SICT a ejercer acciones conjuntas en favor de las y los pobladores de Baja California y de la rehabilitación del libramiento Rosas Magallón ante el riesgo de deslaves en el Cañón del Matadero, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a reactivar la construcción de proyectos de vivienda del Invi, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Poder Judicial de Chihuahua a garantizar el acceso a la justicia y debido proceso en el caso de Mireya Rodríguez Lemus, a cargo de la diputada María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a investigar las irregularidades de la carpeta de investigación abierta en contra del primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz, cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a conducirse con estricto apego a la legalidad y no revictimizar a los migrantes fallecidos el pasado lunes 27 de marzo del 2023 en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se condena la actuación de los servidores públicos del INM, por el incumplimiento de protocolos que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes que se encuentren en los centros migratorios, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar al IMPI a estudiar la viabilidad y, en su caso, iniciar con los trámites conducentes a efecto emitir la declaración de protección de la denominación de origen del pan El Marquesote, de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a presentar un informe a la opinión pública, sobre la contaminación del río Zula, ubicado en Jalisco, así como especificar cuáles son las medidas y acciones llevadas a cabo para dicho mantenimiento, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al Fovissste a implementar programas que faciliten la liquidación de los créditos hipotecarios, otorgándoles su carta de liberación a la derechohabiencia, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Ssa, el Insabi y la Cofepris, a implementar las acciones necesarias para atender el desabasto de medicamento en los hospitales psiquiátricos a nivel nacional, suscrita por los diputados Carmen Rocío González Alonso y Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emitir el decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de Aguas Nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SRE a investigar y realizar las diligencias correspondientes ante los hechos ocurridos el pasado 25 de marzo, derivado de la entrada de una patrulla estadounidense, quien realizó un arresto dentro del territorio nacional, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato a promover y generar políticas públicas que permitan mejorar e impulsar el transporte público y la creación de nuevas rutas y unidades con enfoque inclusivo, para garantizar el derecho a la movilidad de la población guanajuatense, a cargo del diputado Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al INM a separar del cargo al personal adscrito al centro ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras se desarrollan las investigaciones sobre la tragedia mortal a personas migrantes el 27 de marzo de 2023, a cargo del diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a adoptar medidas y políticas públicas necesarias para dejar de privilegiar solamente a las grandes empresas transnacionales e implementar una política pública basada en la gente, que impulse el bienestar y el progreso social, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a articular una estrategia de carácter interinstitucional, intersectorial y de los distintos niveles de gobierno, que garantice la impartición de contenidos específicos de educación basados en valores universales, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Oaxaca y de la escuela telesecundaria José Vasconcelos, de la comunidad de San José Manialtepec, municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, a cumplir con las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de la menor de edad Paola Hernández, particularmente en lo relativo a la prohibición de toda discriminación motivada por su expresión de género y a la violación de su derecho a la educación, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a fortalecer las medidas de vigilancia en el cobro de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, con la finalidad de regular los costos excesivos en el servicio de grúas y corralones, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a esclarecer el caso de las tres mujeres no localizadas: Maritza Trinidad Pérez Ríos, Marina Pérez Ríos y Dora Alicia Cervantes Sáenz; asimismo, se otorgue respuesta pronta y expedita a los familiares de las víctimas, a cargo de la diputada Rosa María González Azcárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

Efemérides

Con motivo del 10 de abril, Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT
Con motivo del 10 abril, Natalicio de Leona Vicario, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades educativas competentes del estado de Oaxaca a respetar y hacer efectivos los derechos humanos a la educación, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de la niña Paola; y al Conapred, a iniciar de oficio un procedimiento de queja para atender, investigar y determinar medidas de reparación en este caso, así como a hacer públicos los avances y resultados, a cargo del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 62, numeral 2; 65, numeral 4; 79, numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas competentes del estado de Oaxaca, a respetar y hacer efectivos los derechos humanos a la educación, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de la niña Paola; y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a iniciar de oficio un procedimiento de queja para atender, investigar y determinar medidas de reparación en este caso, así como a hacer públicos los avances y resultados, en atención a las siguientes

Consideraciones

1. El pasado 23 de enero de 2023, autoridades de la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos” ubicada en la comunidad de San José Manialtepec, en el municipio de Villa de Tututepec, Oaxaca, prohibieron el acceso a las instalaciones y actividades escolares a la niña Paola, de 12 años, quien previamente solicitó acudir a tomar clases usando camisa blanca y pantalón, en lugar de falda.

2. La señora Paula Hernández, madre de Paola, señala que en enero la directora de la escuela admitió que la niña acudiera usando pantalón, sin embargo, se retractó de esta decisión por presiones del Consejo Técnico y del comité de padres de familia que se oponían, por considerar que se viola el reglamento interno de la escuela.

3. Desde entonces, la niña y su madre han tenido que emprender distintas acciones legales en contra de la decisión de profesores, autoridades escolares, madres y padres de familia de la comunidad escolar, quienes sostienen que Paola debe cumplir con el reglamento escolar que indica que las niñas deben tomar clases con falda y los niños con pantalón.

4. Paola y su madre promovieron una demanda de amparo para lograr la inscripción e ingreso a clases de la menor. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca otorgó una suspensión en este caso, para el efecto de que las autoridades escolares permitieran el acceso de Paola a la escuela, usando el uniforme de su preferencia.

Sin embargo, aun con dicha resolución jurisdiccional, el pasado 10 de marzo autoridades escolares y miembros del consejo de padres de familia impidieron a Paola acceder y permanecer en la escuela, incluso ejerciendo violencia física contra ella y su madre. Dicho acto habría sido presenciado también por autoridades municipales, sin que intercedieran en favor de la menor.

Lejos de llegar a una resolución del problema, las autoridades escolares determinaron la suspensión de clases en el centro escolar a partir de esa fecha, con la finalidad de llevar el caso ante la asamblea general del pueblo para que éste resuelva en definitiva.

Consideramos que la decisión de suspender clases no solo refuerza la violación de los derechos humanos de Paola, sino que afecta injustificadamente el derecho a la educación de otras niñas y niños.

5. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) ya ordenó una medida cautelar para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca realice la inscripción de la menor y garantice su acceso al plantel educativo sin condicionamiento alguno.

6. Paola ha solicitado también la intervención y apoyo de distintas autoridades en Oaxaca, incluido el gobernador Salomón Jara Cruz y diputadas y diputados locales. La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH) del Gobierno de Oaxaca ha señalado que ya atiende el caso de Paola, y ha establecido comunicación con su madre para ofrecer acompañamiento legal, psicológico y social para ambas.

En una carta enviada al gobernador Jara, Paola manifiesta que se siente triste por el trato que ha recibido por su comunidad, y que prefiere el uniforme que usan los niños por sentirse más cómoda y segura con él. Asimismo, señala que no le gusta haber sido expuesta ante los padres y madres de familia por sentir vulnerada su intimidad, y que no está de acuerdo con que una asamblea del pueblo decida cómo debe vestirse.

7. El pasado jueves, 23 de marzo, se llevó a cabo una reunión entre autoridades estatales, municipales, escolares y representantes de padres de familia, sin que se llegara a un acuerdo para permitir a Paola acceder a la escuela. En cambio, se planteó la posibilidad de reubicarla en un plantel distinto o de brindarle clases particulares.

A la fecha, autoridades y padres de familia se han negado a atender la suspensión emitida por el juez de amparo, y la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

La suspensión de clases en la escuela continuó hasta el pasado viernes, 24 de marzo.

8. El caso de Paola pone de manifiesto una realidad que frecuentemente se percibe como erradicada. El machismo y violencia estructural que enfrentan niñas y mujeres en nuestro país, en cuestiones tan elementales como el respeto a su identidad, a no ser discriminadas y a vivir en un entorno libre de violencia, reflejan que la lucha por la igualdad sustantiva aún no está ganada.

9. Este caso es una representación fiel de la cultura patriarcal que se encuentra enraizada en muchas de nuestras comunidades, debido a que se impide a una niña con plena consciencia sobre su autonomía e identidad, ejercer sus derechos humanos por considerar que su decisión no encuadra dentro del estereotipo de cómo debe verse o vestirse una niña o una mujer. La ropa, algo que en apariencia es accesorio dentro de esta situación, es en realidad una expresión de género que no debería emplearse para obstaculizar el derecho a la educación de Paola.

10. Y es que, simultáneamente, tanto autoridades escolares, como madres y padres de familia de la comunidad escolar – que en los hechos están asumiendo funciones de autoridad – no solo están violando el derecho a la educación de Paola, sino también, de manera evidente, su derecho a la igualdad y la no discriminación, a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a una vida digna y libre de violencia, y a la garantía del interés superior de la niñez.

La exclusión que se ha ejercido en contra de Paola la coloca en un ambiente sumamente hostil para su adecuado desarrollo, orillándola al ostracismo y sometiéndola al juicio de la comunidad en la que vive. Lo anterior repercute en su bienestar emocional, mental y físico, y constituye una clara violación a su dignidad, intimidad y libertad.

11. El artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que México es parte. Estos derechos no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que nuestro marco constitucional y convencional establecen. En este sentido, queda prohibida toda restricción de derechos y toda forma de discriminación basada, entre otras categorías, en razones como el género, la condición social o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Está demás decir que la ropa no es ni puede ser un motivo válido para restringir o limitar los derechos humanos de Paola. Ningún reglamento, norma, práctica o disposición impuesta por la autoridad escolar o por la comunidad de padres de familia de la Escuela “José Vasconcelos”, puede sujetar el ejercicio del derecho a la educación de Paola al uso de una prenda de ropa determinada.

Una restricción de este tipo no solo resulta desproporcionada e injustificada, sino que es directamente violatoria de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte.

Esta restricción, además, es lesiva de la dignidad de Paola, por estar basada en un prejuicio de género que supone que las niñas y mujeres deben usar falda – o, en sentido contrario, los varones solo pueden usar pantalón. Una concepción de este tipo está fincada en estereotipos que asignan formas de comportamiento y roles que mujeres y hombres deben cumplir, salvo que quieran ser excluidos y sometidos al juicio de la comunidad que ahora enfrenta Paola.

12. A la luz de los hechos conocidos en este caso, puede considerarse que Paola sufre distintos tipos de violencia en los ámbitos institucional, docente y en la comunidad. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define estas modalidades de violencia, como a continuación se señala:

Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Violencia en la comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

Violencia docente: Aquellas conductas que dañen la autoestima de las}alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o maestros.

13. Como antes señalamos, ningún reglamento, norma, práctica o disposición interna de la escuela pueden estar por encima de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro país. Máxime, si dicha norma o práctica resulta violatoria de derechos humanos elementales como la dignidad, la libertad, la privacidad y la autonomía.

14. En el presente caso, la exigencia respecto a los uniformes considerados idóneos para niñas y para niños resultan en una violación directa a la Constitución; también lo es la decisión de autoridades escolares y padres de familia de someter el caso de Paola a la autoridad de una asamblea comunitaria, ignorando un mandato judicial y una recomendación de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que ordenaba restituir a la menor en el goce y ejercicio de sus derechos.

El artículo 2o de la CPEUM, en su apartado A, fracción II, establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación y, en consecuencia, autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales establecidos en la Constitución, y respetando los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

15. Los derechos humanos de Paola no pueden condicionarse por reglamento escolar alguno que le impida libremente ejercer su autonomía y desarrollar su personalidad e identidad y, por supuesto, no puede condicionar su acceso a la educación. Ningún particular, en este caso, los padres de familia de la comunidad escolar, pueden restringir dichos derechos con base en categorías discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos de género pues, como su madre afirma, “la ropa no tiene género”.

Por las consideraciones antes expuestas, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades educativas competentes en el estado de Oaxaca, a respetar y hacer efectivos los derechos humanos a la educación, a la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad e identidad de la niña Paola, garantizando en todo momento el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia;

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades escolares, cuerpo directivo y docente, así como al comité, consejo u órgano de representación de padres de familia de la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos”, a dar cumplimiento a las resoluciones jurisdiccionales y recomendaciones de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en el caso de la niña Paola, y a no obstaculizar su efectividad, con el fin de garantizar la inscripción y acceso a clases de la menor, usando el uniforme de su preferencia;

Tercero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades escolares competentes del estado de Oaxaca, a garantizar la incorporación y desarrollo de la niña Paola en las actividades escolares en un entorno sano y libre de discriminación y violencia para su adecuado desarrollo, así como a prevenir y sancionar todo acto de hostigamiento, acoso o exclusión en su contra;

Cuarto.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión reconoce y exhorta al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a continuar y agotar el diálogo con autoridades escolares y padres de familia de la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos”, a fin de garantizar el derecho a la educación de la niña Paola, respetando en todo momento el ejercicio de su autonomía y libre desarrollo de su personalidad, identidad y expresión de género, en condiciones de igualdad y no discriminación;

Quinto.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que, en términos del artículo 46 y las demás disposiciones aplicables de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, inicie oficiosamente un procedimiento de queja para conocer, atender, investigar y determinar las medidas de reparación en el caso de la niña Paola, así como a hacer públicos los avances y resultados de dicho procedimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exige el pronto deslinde de responsabilidades ante los hechos suscitados el 27 de marzo de 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a la reparación del daño a las personas víctimas y la renuncia de las personas servidoras públicas y autoridades responsables, suscrita por las diputadas Rosa María González Azcárraga y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, así como diputadas y diputados de la misma fracción, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración,1 aproximadamente a las 21 horas del 27 de marzo del 2023, dentro de una de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración ubicada en el Puente Internacional Stanton-Lerdo, Ciudad Juárez, Chihuahua, se encontraban 68 hombres mayores de edad de Centro y Sudamérica, quienes comenzaron a protestar ante el desabasto de insumos de primera necesidad, como el agua.

Alrededor de las 21:30 horas las personas migrantes decidieron prender fuego a diferentes objetos en la entrada de dicha estación, esperando a que sus demandas fueran atendidas por las autoridades presentes, quienes fueron negligentemente omisas ante la situación; por lo que el fuego se expandió rápidamente y las personas quedaron atrapadas ante la negativa de abrir inmediatamente la puerta de la estación.

Medios de comunicación reportaron que 41 personas fallecieron, de las cuales 37 murieron en el lugar y 4 mientras recibían atención médica. El resto se mantiene hospitalizada en una situación grave.2

La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, interpuso una denuncia y se dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aunque, la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado oficial, se presume que en realidad las protestas iniciaron tras un operativo que realizó el propio Instituto para remover de las calles a las personas que pedían limosna o trabajaban ambulantemente.

Durante la Conferencia Matutina del 28 de marzo de este año, el presidente de la República señaló que las protestas comenzaron debido a que las personas migrantes fueron informadas de que serían deportadas. Además, mencionó que el incendio fue provocado por la quema de colchonetas dentro de la estación.

Es importante enfatizar que, si bien es cierto que es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional; el artículo 107 de Ley de Migración prevé que estas instalaciones deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:

I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica;

II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día. El instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición, como personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria.

Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya prescrito al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten;

III. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física de las personas extranjeras, a hombres y mujeres;

IV. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar;

V. Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado;

VI. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento;

VII. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural;

VIII. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular;

IX. Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, y

X. Las demás que establezca el reglamento.

El instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables.

Adicionalmente, el artículo 8 de la ley en comento señala que a fin de lograr una convivencia armónica y preservar la seguridad de los extranjeros alojados en las estaciones migratorias, el orden y la disciplina se mantendrán con apego a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría y respetando en todo momento sus derechos humanos.

Como se aprecia, la tragedia que tuvo lugar responde al incumplimiento de obligaciones de las autoridades correspondientes; así como a la negligencia y violación sistémica de derechos humanos de las personas en situación de movilidad que se encuentran en territorio nacional. Tomando la palabra al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exigimos que todas las personas responsables sean sancionadas, iniciando por los titulares de las instituciones responsables: Adán Augusto López Hernández y Francisco Garduño Yáñez.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Único. – La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exige el pronto deslinde de responsabilidades ante los hechos suscitados el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a la reparación del daño a las personas víctimas y la renuncia de las personas servidoras públicas y autoridades responsables, empezando por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez.

Notas:

1 Comunicado No. 201/2023, Secretaría de Gobernación, Prensa, 28 de marzo de 2023. Recuperado en: https://www.gob.mx/segob/prensa/instituto-nacional-de-migracion-informa -330096

2 Atrapados en incendio, 41 migrantes mueren en estación del INM en Ciudad Juárez, Periódico La Verdad Juárez, 28 de marzo de 2023, recuperado de:

https://laverdadjuarez.com/2023/03/28/atrapados-en-incen dio-41-migrantes-mueren-en-estacion-del-inm-en-ciudad-juarez/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputadas: Rosa María González Azcárraga (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR, a la SFP y al INM a realizar una serie de acciones en torno al trágico fallecimiento de personas migrantes y solicitantes de asilo en instalaciones del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo del 2023, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputada Sofía Carvajal Isunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, así como diversas diputadas y diputados de distintos Grupos Parlamentarios, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 27 de marzo del presente año se registró un incendio alrededor de las 9:30 p.m. en un centro de detención para personas migrantes del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua donde fallecieron cerca de 40 personas migrantes y 29 quedaron gravemente heridos, de acuerdo con cifras del propio Instituto Nacional de Migración (INM).

Lo que se sabe respecto a su estancia en las instalaciones del INM a través de testimonios de sus familiares es que iban a abandonar el centro el día 27 de marzo desde la 1 de la tarde. Sin embargo, esto no sucedió.

En el lugar de los hechos estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica, principalmente procedentes de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Gracias a los medios de comunicación digitales se pudo conocer un video del momento del incendio que revela y prueba la suma negligencia por parte de los agentes encargados del centro, donde estos son omisos en abrir las puertas del centro a pesar de que las llamas y el humo están consumiendo las instalaciones, la falta de compasión, humanidad y dignidad condujeron al inminente fallecimiento masivo de las personas migrantes que se encontraban bajo el resguardo del Estado mexicano en dicho centro de detención migratoria.

Las reacciones de los organismos y asociaciones nacionales internacionales de derechos humanos no se hicieron esperar. La Asociación de Venezolanos en México AC, Venemex, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por los hechos acontecidos. De igual forma hace un llamado a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes para clarificar la situación. En él se expresa que los migrantes se encontraban detenidos en contra de su voluntad, bajo custodia y responsabilidad del Estado mexicano.

La Organización de las Naciones Unidas ONU en conjunto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) exigieron realizar una investigación exhaustiva de la tragedia ocurrida con los migrantes, recordándole a México su compromiso internacional acorde al Objetivo 13 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular por el que se comprometió a que “cualquier detención en el contexto de la migración internacional cumpla las garantías procesales, no sea arbitraria, se base en la ley, la necesidad, la proporcionalidad y la evaluación individual; esté a cargo de funcionarios autorizados y dure lo menos posible.”

Por su parte ONU México hizo expreso su compromiso en coadyuvar con las autoridades mexicanas para implementar las acciones correspondientes para evitar la repetición de hechos similares en el futuro.

Amnistía Internacional señaló mediante un comunicado de prensa que estos hechos son consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos. Además, mencionó que la tragedia se dio en un contexto en el que las personas se han visto forzadas a buscar protección internacional, al enfrentar riesgos a su vida y a otras violaciones a derechos humanos, tanto en sus países de origen como en los de tránsito y destino. Ante esta situación, los países de la región, encabezados por Estados Unidos, han establecido políticas migratorias compartidas que son cada vez más inhumanas, haciendo casi imposible el acceso al derecho a solicitar asilo y obligando a las personas a buscar rutas más peligrosas y que las ponen en una mayor situación de vulnerabilidad.

En este comunicado, Amnistía Internacional hace un recuento sobre la forma en qué México ha abordado el tema migratorio, expresando para buscar frenar la migración en colaboración con Estados Unidos y Canadá, las autoridades mexicanas han establecido facultades a la Guardia Nacional en materia migratoria y han militarizado las fronteras. Adicionalmente, han utilizado la detención migratoria de manera sistemática. Señalando que en tan solo en 2022, las autoridades migratorias recluyeron al menos a 318,660 personas en estaciones migratorias y expulsaron a más de 106,000, entre las que se siguen encontrando niños, niñas y adolescentes.

La organización internacional es enfática en señalar que estas detenciones se realizan sin cumplir con los estándares de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la detención, ni con los más altos estándares relativos a condiciones de detención dignas, incluyendo la prohibición de hacinamiento y el contar con agua y alimentos suficientes, haciendo énfasis en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México estableció el 15 de marzo de 2023 que la reclusión de personas migrantes en centros de detención migratoria no debe exceder de 36 horas, periodo en el cual las personas deben llevar sus procesos en libertad.

Contrasta con estas reacciones, las reacciones del titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, el cual el 28 de Marzo de 2023 en su conferencia matutina comentó lo siguiente con respecto a lo sucedido:

“Quiero informar algo muy lamentable, muy triste. Anoche como a las 9:30 se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera en Ciudad Juárez y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que iniciaron, a partir suponemos de que se enteraron que iban a ser deportados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego.”

A través de sus declaraciones el presidente trató de minimizar los hechos, al disfrazarlo de un accidente, pero no solo eso, sino que también revictimiza a los afectados haciendo ver culpables del hecho, aun sin tener investigaciones oficiales que pudieran asegurar que ellos iniciaron el incendio. Por otro lado, el presidente mintió al señalar que se encontraban en un albergue, realmente dicha instalaciones servían de facto como un centro de detención mediante el cual se restringía la libertad y movilidad de las personas migrantes.

Al encontrarse bajo resguardo de autoridades mexicanas, era responsabilidad del Estado Mexicano garantizar su vida e integridad, sin embargo, esto no fue así. Diversas fuentes de comunicación señalan que las protestas de las personas migrantes se dieron por no tener acceso a agua potable, no contar con alimentos suficientes ni aire acondicionado, encontrarse hacinados y bajo condiciones poco dignas.

Estos hechos no son aislados, es un común denominador de la política migratoria mexicana. En el Informe Final “Personas en detención Migratoria en México” realizado por el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración en 2017. Se visibiliza la violencia a la que están expuestos los migrantes.

“Un número significativo de las entrevistas realizadas a personas detenidas reflejan quejas por maltrato físico y verbal, insultos frecuentes y, en ocasiones, amenazas que llegan a ser de muerte. Los perpetradores de estos actos abarcaban personal de los centros, agentes federales de migración y personal de seguridad.” Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración”

De toda la información presentada llama la atención uno de los testimonios realizado por un migrante en un centro en Iztapalapa en el que hace énfasis a los malos tratos a los que están expuestos al llegar.

“Yo tengo amenazas de muerte por personas que están aquí, he recibido como cinco de la guardia y también de migración (...) Nos maltratan, nos dicen malas palabras... Yo soy muy discriminado porque no sé leer (...) hay veces que voy a ingerir mis alimentos y el guardia me dice que no puedo pasar. Me agreden bien feo, me tiran, me empujan... (Hombre, Iztapalapa)”

La Ley de Migración establece en su artículo 6 que: El Estado mexicano garantizará a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de hacer efectivos dichas garantías a toda persona extranjera mediante políticas públicas encaminadas a ello.

Por otro lado, el artículo 11 de la misma Ley reconoce el derecho al debido proceso al que debieran tener acceso las personas migrantes así como las garantías y herramientas para defenderse jurídicamente dentro del territorio nacional. Sin embargo, esto no sucede de forma sistemática. La política migratoria actual impide que las personas migrantes ejerzan sus derechos y puedan ser oídos y vencidos en un procedimiento en forma de juicio.

Recientemente, Grupo Fórmula, dio a conocer que la empresa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) S.A. de C.V., encargada de la seguridad en el centro de detención donde fallecieron las cerca de 40 personas migrantes, pertenece al cónsul Elías Gerardo Valdés Cabrera, de acuerdo con un documento del Registro Público de Comercio en manos de Grupo Fórmula en donde se señala a este cónsul como el “administrador único” de la empresa que ha tenido contratos con el Instituto Nacional de Migración (INM) desde hace años. Siendo el cónsul general, el socio mayoritario.

El personal de seguridad perteneciente a esta empresa y a cargo de custodiar a las personas migrantes que fallecieron no estaba capacitado ni sensibilizado para responder correctamente a sus funciones, tal es el caso, que en el vídeo se aprecia como no hacen el más mínimo esfuerzo por ayudar a las personas migrantes.

Pese a ser una empresa de índole privada, al ejercer una actividad responsabilidad del Estado, esta debe responder ante él como responsable, junto con las autoridades y funcionarios que le asignaron la responsabilidad sin garantizar que contaba con el personal especializado para atender dicha encomienda.

En ese sentido, es importante que la Fiscalía General de la República investigue exhaustivamente los hechos y evalúe la probable responsabilidad de los custodios y agentes migratorios que por su acción u omisión pueden ser imputados por un delito.

El artículo 28 en su fracción IV de la Ley de Migración establece la obligación de la Fiscalía General de la República a realizar en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para lograr una eficaz investigación y persecución de delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes. En ese sentido, dicha autoridad es la responsable de realizar las investigaciones pertinentes de manera eficaz para garantizar la seguridad y los derechos humanos de los migrantes que estén en tránsito en nuestro país.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Migración las estaciones migratorias deben contar con la capacidad de:

- Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica.

- Atender los requerimientos alimentarios del extranjero, ofreciéndoles tres alimentos al día.

- Mantener en lugares separados y con medidas que aseguren la integridad física de las personas, a hombres y mujeres.

- Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar.

- Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero.

- Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento.

Por otra parte, en artículo 109 de la multicitada Ley de Migración se establecen los derechos que deberán ser garantizados en una estación migratoria para las personas migrantes, tales como el derecho a:

? A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario.

? Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la estación migratoria.

En este sentido, la Secretaría de la Función Pública debe investigar las probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos que por su negligencia o corrupción incumplieron con los requisitos de instalaciones y de garantía de derechos de las personas migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por otra parte, al encontrarnos ante víctimas de las que el Estado mexicano es responsable, debemos responder conforme a lo establece la Ley General de Víctimas y garantizar una reparación integral del daño a los familiares de las personas fallecidas y heridas, entre ellas, establecer garantías de no repetición, las cuales, de acuerdo con la ONU, tienen un papel fundamental en la prevención de futuras violaciones de los derechos humanos y contribuyen al mantenimiento de la paz y el desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. - Se exhorta a la Fiscalía General de la República a realizar las investigaciones pertinentes entorno a los hechos acontecidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua en donde el pasado 27 de marzo fallecieron cerca de cuarenta personas migrantes, así como a transparentar en versión pública los resultados de sus investigaciones.

Segundo. - Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal a investigar la presunta responsabilidad de los servidores públicos encargados de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua en donde el pasado 27 de marzo fallecieron cerca de cuarenta personas migrantes. Así como investigar la presunta responsabilidad administrativa de la empresa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) S.A. de C.V, encargada de la seguridad en las instalaciones.

Tercero. - Se exhorta al Instituto Nacional de Migración a revisar y garantizar el estado de las instalaciones destinadas a la detención, albergue y recepción de personas migrantes, a fin de que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley Migración, así como que cuenten con los elementos necesarios para garantizar los derechos de las personas migrantes establecidos en el artículo 109 de la misma ley.

Cuarto. - Se exhorta al Instituto Nacional de Migración a evitar la detención o retención de personas migrantes por períodos que excedan las 36 horas, posterior a ese periodo se le exhorta a permitir a las personas migrantes llevar sus procesos en libertad.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de abril de 2023.

Diputados: Sofía Carvajal Isunza (rúbrica), Reynel Rodríguez Muñoz (rúbrica), Eduardo Enrique Murat Hinojosa (rúbrica), Pablo Guillermo Angulo Briceño (rúbrica), Ma Elena Serrano Maldonado (rúbrica), Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica), Raúl Mario Méndez Reyes (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Paloma Sánchez Ramos (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica), Xavier González Zirión (rúbrica), Karla Ayala Villalobos (rúbrica), José Guadalupe Fletes Araiza (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Augusto Gómez Villanueva (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), José Luis Garza Ochoa (rúbrica), Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila (rúbrica), Pedro Armentía López (rúbrica), Yerico Abramo Masso (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Oscar Gustavo Cárdenas Monroy (rúbrica), Rodrigo Fuentes Ávila (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino (rúbrica), Javier Casique Zárate (rúbrica), Cynthia Iliana López Castro (rúbrica), Lorena Piñón Rivera (rúbrica), Nelida Ivonne Sabrina Di?az Tejeda (rúbrica), Ricardo Aguilar Castillo (rúbrica), Melissa Estefanía Vargas Camacho (rúbrica), Jaime Bueno Zertuche (rúbrica), Roberto Carlos López García (rúbrica), Norma Ange?lica Aceves García (rúbrica), Maria José Sánchez Escobedo (rúbrica), Mariana Erandi Nassar Piñeyro (rúbrica), Rosa María González Azcárraga (rúbrica), Enrique Godínez del Rio (rúbrica), Carlos Humberto Quintana Martínez (rúbrica), Rodrigo Sánchez Zepeda (rúbrica), Berenice Juárez Navarrete (rúbrica), Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica), Ana Teresa Aranda Orozco (rúbrica), Mariela López Sosa (rúbrica), Ana Maria Esquivel Arrona (rúbrica), Claudia Gabriela Olvera Higuera (rúbrica), Gurza Mariana Gómez del Campo (rúbrica), Gabriel Ricardo Quadri de La Torre (rúbrica), Edna Gisel Diaz Acevedo (rúbrica), Adriana Campos Huirache (rúbrica), Gabriela Sodi (rúbrica), Laura Barrera Fortoul (rúbrica), Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Ismael Alfredo Hernández Deras (rúbrica), Mariano González Aguirre (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emitir y publicar las disposiciones reglamentarias que permitan implementar lo dispuesto en el decreto en materia de salud mental y adicciones, publicado en el DOF el 16 de mayo de 2022, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General de Salud tuvo una importante reforma que fue resultado del esfuerzo de varios legisladores que en su momento manifestaron su preocupación por el tema de las adicciones y el manejo de los centros de rehabilitación clandestinos que existen en toda la República.

Los centros de rehabilitación para adicciones deberían tener como objetivo el cuidado y la rehabilitación integral que requieren las personas que luchan contra el uso y abuso de las drogas, el alcohol y otras sustancias. Estos centros deberían estar enfocados en proporcionar ayuda para que las personas que sufren con las adicciones reduzcan y luego eliminen su dependencia de manera segura.

Desgraciadamente y a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de la República para dar atención integral a los casos de adicciones en el país, habilitando diversos instrumentos institucionales como la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), seguimos teniendo un alto índice de los mismos. Tan sólo en 2021, según el Informe sobre salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México, la Conadic atendió a 101 mil 142 personas a través de los centros de atención primaria en adicciones, de integración juvenil y de instituciones no gubernamentales.

La falta de campañas de difusión respecto al trabajo de los centros de atención primaria en adicciones y de integración juvenil o, en su caso, el poco acercamiento con las familias que tienen a uno de sus miembros en situación de adicción les obliga a buscar sitios atendidos por particulares donde puedan ayudarles en su proceso de desintoxicación y rehabilitación, llamados comúnmente “anexos o granjas”, los cuales tienen un alto costo de ingreso y permanencia para las familias y no siempre se garantiza el trato digno a los internos.

La reforma que se hizo a la Ley General de Salud en materia de adicciones busca mitigar los problemas que se dan en los centros de rehabilitación atendidos por particulares, muchos de ellos clandestinos, ya que no cuentan con un protocolo de manejo y atención, operan sin verificación y supervisión de sus actividades y casi siempre están dirigidos y atendidos por adictos “rehabilitados”, quienes no cuentan con capacitación legal, psicológica o médica, por lo que las prácticas a las que son sometidos los internos son inhumanas y humillantes, pues los someten a condiciones de presión y presunta privación de la libertad, hacinamiento, precariedad y poca sanidad.

En este contexto, la reforma referida fue de gran relevancia, ya que obliga a tener y adecuar la normatividad existente para crear los registros y cumplir con los requisitos señalados en la norma para tener procesos de verificación y supervisión de las instalaciones, protocolos de manejo y atención de los centros de rehabilitación atendidos por particulares, con el fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los usuarios y sus familias, además de desincentivar la realización de actividades fuera de la ley.

El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2022, establece en el artículo tercero de su régimen transitorio lo siguiente:

Tercero. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones reglamentarias que permitan proveer en la esfera administrativa lo previsto en el presente Decreto y actualizar las ya existentes con el fin de su armonización incluidas las normas oficiales mexicanas en la materia.1

Han pasado casi 11 meses desde la entrada en vigor de la reforma sin que la autoridad responsable haya emitido las disposiciones reglamentarias que permitan implementarla, lo cual es de suma importancia ya que la salud mental y la prevención de las adicciones tienen el carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deben brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en donde el Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a todas las personas en el territorio nacional.

Atender el problema de las adicciones es un tema de interés fundamental para la agenda pública y las personas con esta enfermedad deben ser tratadas con respeto a sus derechos humanos y de manera integral.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a efecto de que emita y publique las disposiciones reglamentarias que permitan implementar lo dispuesto en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2022, de conformidad con el artículo tercero transitorio del mismo.

Nota

1 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652074&fecha=16/05/ 2022#gsc.tab=0

Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IFT y a la SICT a hacer público el proyecto de título de concesión habilitante para la prestación de los servicios respectivos derivados de la prórroga de la concesión a Teléfonos de México, SAB de CV, a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Gerardo Fernández Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, así como numeral 2, fracciones III y VI, y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a hacer público el proyecto de título de concesión habilitante para la prestación de los servicios respectivos derivados de la prórroga de la concesión a Teléfonos de México, SAB de CV, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Considerando

Que el artículo 6o. constitucional establece que: “el derecho a la información será garantizado por el Estado.”

Que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”

Que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”

Que el artículo 25 de la Carta Magna señala que:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución .”1 La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Que el “Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución” y,

Que “podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. ”2

De igual manera, la Constitución en su artículo 28 párrafo IV señala que:

“...La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. ”3

Asimismo, en sus párrafos XVII y XVIII del artículo anterior se establece lo siguiente:

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.”

Además,

“corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria . Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.”4

Gran parte de lo anterior, se deriva de la contrarreforma neoliberal de 2013, llevada a cabo por el gobierno de Peña Nieto por la cual nuestra Ley Fundamental crea y le otorga al IFT, diversas facultades que anteriormente estaban asignadas a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transporte creando una superestructura sobre la ahora SICT para salvaguardar los intereses privados nacionales y extranjeros, y que estos prevalecieran sobre los intereses públicos en el ámbito de las concesiones estratégicas y el control del mercado, al cual se le cambió la denominación de “estratégico” por la de “prioritario”, para permitir la inversión privada y extranjera y cediendo de manera efectiva el control de este sector de toral importancia para nuestro país, si tomamos en cuenta diversos avances tecnológicos como el surgimiento de la Internet y su impacto actual en la vida cotidiana de las y los mexicanos.

De igual manera la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), establece lo siguiente:

“Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.”5

...

“El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación y garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.” 6

“En todo momento el Estado mantendrá el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico”

...

“Los funcionarios del Instituto deberán guiarse por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Desempeñarán su función con autonomía y probidad.”

Aunado a lo anterior, y con base en el artículo 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los siguiente:

I. Emitir opinión técnica no vinculante al Instituto, en un plazo no mayor a treinta días naturales sobre el otorgamiento, la prórroga , la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión;

II. Planear, fijar, instrumentar y conducir las políticas y programas de cobertura universal y cobertura social de conformidad con lo establecido en esta ley;

III. Elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal;

IV. Coordinarse con el Instituto para promover, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en condiciones de competencia efectiva;

En cuanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones el artículo 15 de la LFTR determina que para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:

V. Otorgar las concesiones previstas en esta Ley y resolver sobre su prórroga, modificación o terminación por revocación, rescate o quiebra, así como autorizar cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones;

XXVII. “Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a esta ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio instituto;”

XXX. “Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas; o por incumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión o a las resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por el Instituto, dictar medidas precautorias y declarar, en su caso, la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la nación;”

XLII. “Llevar y mantener actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, que incluirá la información relativa a las concesiones en los términos de la presente ley;”

Artículo 17. Corresponde originariamente al Pleno el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 15 y de manera exclusiva e indelegable:

I. Resolver los asuntos a los que se refieren las fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXI, XL, XLI, XLIII, XLV, XLVIII, XLIX, LI, LIII, LIV, LVI, y LXII de dicho artículo.

Artículo 47. Los acuerdos y resoluciones del pleno del instituto serán de carácter público y sólo se reservarán las partes que contengan información confidencial o reservada.

Las sesiones también serán de carácter público excepto aquellas en las que se traten temas con información confidencial o reservada.

Respecto de los dos párrafos anteriores, sólo será considerada información confidencial o reservada la declarada como tal bajo los supuestos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

Por lo que actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se encarga de otorgar, revocar, así como autorizar las cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en su materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Es importante resaltar que, para el buen desarrollo de cualquier nación, una empresa como Teléfonos de México, la cual ha sido concesionaria por casi cincuenta años de la construcción, instalación, mantenimiento, operación y explotación de la más importante red pública telefónica que existe en nuestro país y que sirvió de puntal para crear la mayor fortuna privada en México, resulta de importancia vital y estratégica garantizar su correcto funcionamiento por el bienestar de la población.

En esa tesitura, es menester observar las razones que en el apartado de “antecedentes” de la modificación al título de concesión de Teléfonos de México, SA de CV, se estipulan como “argumentos” para la privatización del sector:

• “Las telecomunicaciones constituyen una actividad de gran importancia para impulsar todos los renglones del desarrollo nacional ...”7

Es de llamar la atención, que actualmente con las condiciones del servicio ofrecido por la empresa concesionaria, se podría aplicar el mismo razonamiento expuesto en la cita anterior, con el que se justificó la privatización de la empresa paraestatal en 1990, pero ahora para cuestionar que continúe vigente.

Lo anterior, porque en 1990 se planteó lo siguiente:

• Telmex logró expandir su red (...) de forma importante, pero aún de forma insuficiente frente a las necesidades de la sociedad y los propósitos de crecimiento y modernización del país. La red pública de telefonía requiere de una expansión y modernización acelerada, además de mejorar sustancialmente la calidad y diversidad de sus servicios , lo cual implica realizar grandes inversiones.8

Con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobe Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizada en 2020, respecto al porcentaje de población en México que tiene acceso a internet, arrojó datos que permiten dilucidar que la empresa concesionaria no está cumpliendo cabalmente con los compromisos adquiridos, pues el 28 por ciento de la población total en México no cuenta con acceso a internet (2020). Asimismo, arrojo que el 21.7 por ciento de la población que habita en zonas urbanas y cercanas a grandes ciudades tampoco son usuarios beneficiados con el servicio, por lo tanto, compromiso de trabajar por la cobertura, suficiente y de calidad, para garantizar el derecho humano del acceso a la información estipulado por el artículo 6o. en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos Tratados Internacionales no está siendo satisfecho.

En resumen, han pasado más de treinta años desde la privatización, y la situación no ha cambiado para bien, actualmente:

“20 millones de mexicanas y mexicanos están sometidos a una marginación , siendo las y los niños, así como las y los adolescentes los más afectados, por no contar con una herramienta fundamental para el conocimiento por el sólo hecho de vivir en lugares donde el acceso es considerado antieconómico o no rentable ”.9

Ha tenido que ser el gobierno federal quien realice el esfuerzo a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para buscar la cobertura total a través del proyecto “CFE internet para el bienestar”.

Para lograr este objetivo, la CFE aprovechará los 50 mil kilómetros de fibra óptica instalada en la red de transmisión para conectar a la población a un nodo de internet; asimismo, se prevé que se construirán 32 mil kilómetros para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

En el proyecto también participa Altán Redes , empresa que cuenta con una concesión para cubrir la conectividad de más del 90 por ciento de la población mexicana, con infraestructura que conecta a comunidades de menos de 5 mil habitantes.

A la fecha, tiene desplegadas 7 mil 446 torres de telecomunicaciones y gracias a las que construye la CFE, al finalizar el sexenio habrá 12 mil 601, que darán cobertura a 118 millones de usuarios.

Gracias a este esfuerzo “CFE internet para el bienestar tiene [actualmente] una cobertura a nivel nacional de 91.9 por ciento”10 y este mismo año llegará a 94 por ciento.11

Vale la pena hacer el recuento de todo el proceso legal referente a esta trascendental concesión que está a horas de definirse nuevamente, y con ella el futuro del servicio que será brindado a las y los mexicanos por treinta años más; así como el rumbo que tomarán gran parte de las telecomunicaciones y su desarrollo en México. En conclusión, las nuevas condiciones que regirán a Teléfonos de México, SAB de CV, y bajo las cuales debe someterse para que sea aplicable la prórroga concedida por el órgano regulador, deberían contener, en opinión del que suscribe, acciones enfocadas a garantizar al cien por ciento la cobertura universal en el país, en condiciones de competencia y calidad efectivas, ya que es esa la forma en que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que establecen las leyes de la materia y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes de la concesión y tipo de inscripción

(Folio electrónico: FET053287CO-102992). 12

• Fecha de inicio y de vigencia: 10 de marzo de 1976.

- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la entonces empresa de participación estatal mayoritaria denominada Teléfonos de México, SA, un título de concesión para construir, instalar, mantener, operar y explotar una red de servicio público telefónico, con una vigencia de 30 (treinta) años contados a partir de su otorgamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 31 de marzo de 1976”.

• Modificación del título de concesión: El 10 de agosto de 1990, el gobierno federal por medio de la SCT modificó el título de concesión otorgado en 1976, con el argumento de que la expansión alcanzada en los catorce años resultaba “insuficiente frente a las necesidades de la sociedad mexicana y los propósitos de crecimiento y modernización del país en el sector telecomunicaciones.”13 El objetivo real, era privatizar esta industria estratégica, por lo que el gobierno federal dejó de tener la participación mayoritaria en el capital social de Teléfonos de México, SA de CV, y otorgó una concesión por 50 (cincuenta) años contados a partir del 10 de marzo de 1976.

• Permiso para prestar el servicio de valor agregado de transmisión de datos con conmutación de paquetes. El 19 diciembre de 1990, la Secretaría otorgó a Teléfonos de México, SA de CV, un permiso para prestar el servicio de valor agregado de transmisión de datos por conmutación de paquetes, mediante la conducción de señales a través de la red pública telefónica, la red digital integrada y la de estaciones terrenas autorizadas a dicha empresa, o por medio de cualquier otra red autorizada por la citada dependencia.

• Permiso para conducir señales de televisión a través de la red pública telefónica de Teléfonos de México, SA de CV. El 3 de septiembre de 1993, la SCT otorgó a Teléfonos de México, SA de CV, un permiso para la prestación del servicio de conducción de señales de televisión, a través de la red pública telefónica concesionada, a empresas autorizadas por dicha dependencia para prestar servicios de televisión al público.

• Modificación de estatutos sociales y cambio de régimen. Con oficio número 2.1.102.-3749 de fecha 6 de noviembre de 2007, la Secretaría informó a Teléfonos de México, SA de CV, que no existía inconveniente para que dicha concesionaria llevara a cabo, tanto la reforma a diversas cláusulas de sus estatutos sociales como el cambio de régimen, para quedar como Teléfonos de México, SAB de CV, (“Telmex”).

• Decreto de reforma constitucional. Con fecha 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones” (el “decreto de reforma constitucional”), mediante el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

• Resolución de preponderancia en el sector de telecomunicaciones. Mediante acuerdo P/IFT/EXT/060314/76 de fecha 6 de marzo de 2014, el Instituto emitió la “Resolución mediante la cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina al grupo de interés económico del que forman parte América Móvil, SAB de CV, Teléfonos de México, SAB de CV, Teléfonos del Noroeste, SA de CV, Radiomóvil Dipsa, SAB de CV, Grupo Carso, SAB de CV, y Grupo Financiero Inbursa, SAB de CV, como agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones y les impone las medidas necesarias para, evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia” (sic) (la “Resolución de Preponderancia”), misma que le es aplicable a Telmex.

• Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión” (el “decreto de ley”), que entró en vigor el 13 de agosto de 2014.

• Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones” (el “Estatuto Orgánico”), mismo que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014 y fue modificado por última vez el 17 de octubre de 2016.

• Solicitud de prórroga de vigencia de la concesión. El 7 de marzo de 2016, el apoderado legal de Telmex solicitó al Instituto la prórroga de vigencia de la concesión (la “solicitud de prórroga”).

• Opinión en materia jurídica respecto de la solicitud de prórroga. Con fecha 25 de octubre de 2016, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto, mediante oficio IFT/227/UAJ/163/2016, emitió opinión respecto de la Solicitud de Prórroga.

• Opinión en materia de competencia económica respecto de la Solicitud de Prórroga. Mediante oficio IFT/226/UCE/DG-CCON/451/2016 de fecha 22 de noviembre de 2016, la Unidad de Competencia Económica del Instituto, a través de la Dirección General de Concentraciones. y Concesiones, emitió opinión en materia de competencia económica respecto de la Solicitud de Prórroga.

• Opinión en materia de política regulatoria respecto de la Solicitud de Prórroga. Mediante oficio IFT/221/UPR/663/2016 de fecha 22 de noviembre de2016, la Unidad de Política Regulatoria del Instituto emitió opinión respecto de la Solicitud de Prórroga.

• Dictamen en materia de cumplimiento de obligaciones respecto de la solicitud de prórroga. Con fecha 23 de noviembre de 2016, mediante oficio IFT/225/UC/296 l /2016, la Unidad de Cumplimiento del Instituto emitió dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones relativo a la Solicitud de Prórroga.

• Opinión de la Secretaría . Mediante oficio 2.1.-687/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría, remitió el oficio 1.-287 emitido por el secretario del Ramo, mismo que contiene la opinión en sentido favorable con respecto de la Solicitud de Prórroga.

• Prórroga de la concesión. Mediante la inscripción 016215 del Registro Público de Concesiones de fecha 20 de enero de 2017 quedó registrada la Resolución de Prórroga de fecha 1 de diciembre de 2016 por 30 años a partir del 11 de marzo de 2026, aprobada por el pleno del IFT mediante el acuerdo P/IFT/EXT/011216/50.

Una resolución con la trascendencia de la prórroga de la concesión multicitada, debe garantizar que toda la información contenida, sea pública y accesible a cualquier persona, además de contener oportunamente los dictámenes que avalen las razones técnicas y jurídicas, y que éstos, no dejen lugar a dudas que las nuevas condiciones tendrán como objetivo principal el bienestar de las mayorías, que no será posible sin el cabal cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por la empresa concesionaria en comento.

En virtud de los antecedentes referidos y con base en los resolutivos del acuerdo P/IFT/EXT/011216/50 someto a esta soberanía la siguiente proposición de urgente resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y con el objetivo de salvaguardar el principio de máxima publicidad, a hacer público el proyecto de título de concesión habilitante de la concesión inscrita en el Registro Público de Concesiones con folio electrónico FET053287CO-102992 otorgada a Teléfonos de México, SAB de CV, antes de que cause efectos legales.

Segundo. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones elabore o dé a conocer un dictamen de cumplimiento de las obligaciones de Teléfonos de México, SAB de CV, establecidas en su título de concesión, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables del periodo que comprende del 1 de diciembre de 2016, al 28 de febrero de 2023.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a hacer públicas sus opiniones emitidas respecto al proyecto de título de concesión habilitante de la concesión inscrita en el Registro Público de Concesiones con folio electrónico FET053287CO-102992 otorgada a Teléfonos de México, SAB de CV, antes de que el proyecto cause efectos legales.

Cuarto. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a hacer del conocimiento público del grado de cumplimiento y de las acciones de revisión de las diversas concesiones otorgadas a Teléfonos de México, SAB de CV; así como de las sanciones impuestas en caso de existir.

Notas

1 Énfasis añadido

2 Énfasis añadido

3 Énfasis añadido

4 Énfasis añadido

5 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

6 Énfasis añadido

7 Modificación al Título de Concesión de Teléfonos de México, SA de CV, del 3 de agosto de 1990. Énfasis añadido.

8 Modificación al Título de Concesión de Teléfonos de México, SA de CV, del 3 de agosto de 1990. Énfasis añadido.

9 Usla, H. (2023) “CFE internet para el bienestar tiene una cobertura a nivel nacional de 91.9 por ciento” El Financiero. Febrero 2023, Recuperado en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/02/15/cfe-internet-para-e l-bienestar-tiene-una-cobertura-a-nivel-nacional-de-919/

10 Bartlett Díaz, Manuel (2023) “Palabras dentro de la conferencia de prensa matutina del 15 de febrero de 2023”.

11 Usla, H. (2023) “CFE internet para el bienestar tiene una cobertura a nivel nacional de 91.9 por ciento” El Financiero. Febrero 2023, Recuperado en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/02/15/cfe-internet-para-e l-bienestar-tiene-una-cobertura-a-nivel-nacional-de-919/

12 Registro Público de Concesiones https://rpc.ift.org.mx/vrpc consultado el 27 de marzo de 2023.

13 Resolución de la prórroga. 10 de agosto de 1990.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a publicar un informe de la adquisición de las 13 centrales eléctricas compradas a la empresa española de Iberdrola, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 4 de abril de este año, el Ejecutivo Federal anunció la compra de 13 plantas de generación eléctrica a la empresa española de energía Iberdrola. La adquisición de las centrales tuvo un costo total de 6 millones de dólares, es decir poco más de 109 mil millones de pesos.1

Las 13 plantas adquiridas equivalen al 80 por ciento de la infraestructura de Iberdrola y los activos que forman parte de la transacción son los ciclos combinados de gas Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California y Topolobampo II y III, además del parque eólico terrestre La Venta III; estas centrales operan bajo el régimen de Productores Independientes de Energía, lo cuales eran contratados por CFE.2

Asimismo, la adquisición también incluye los ciclos combinados de gas privados Monterrey III y IV, Tamazunchale II y Enertek.3

De acuerdo al gobierno federal, los recursos para la compra fueron obtenidos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), mismos que son administrados por México Infrastructure Partners (MIP), la cual es una administradora privada de fondos de inversión que opera con apoyo del Gobierno Federal. Dicha operación, será concretada en un lapso de 5 meses y será la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que se encargue de la operación de las centrales eléctricas. Además, con las plantas adquiridas, se espera que CFE controle el 55 por ciento de generación eléctrica del mercado nacional.4

II . De las 13 centrales que se adquirieron 12 centrales son de ciclo combinado (generan electricidad mediante la utilización de gas para producir vapor); y una central eólica. De estas 10 operan como Productores Independientes, es decir que son centrales que venden toda su producción a CFE mediante un contrato que puede durar hasta 30 años; las tres plantas eléctricas restantes compiten en el Mercado Eléctrico Mayorista.5

Si bien las plantas de generación eléctrica fueron adquiridas mediante financiamiento público, la realidad es que la propiedad de las mismas, así como la gestión del fideicomiso continuará siendo privada, pues de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el fideicomiso con el que se adquirieron es de carácter privado con participación mayoritaria de entidades públicas, por lo que CFE no será el dueño.6

Asimismo, de acuerdo con la información pública de Fonadin, los recursos de dos fondos del MIP, en los que el Fonadin es inversionista mayoritario, ya están invertidos al 100 por ciento, además de que estos únicamente cubrirían 2.7 mil millones de pesos, por lo que será necesario encontrar un canal para complementar los 6 mil millones de dólares que se requieren para pagar la transacción.7

Por otra parte, la mayor parte de las centrales adquiridas ya se encuentran bajo el control de CFE, puesto que, como mencionamos, 10 de estas plantas operan como Productores Independientes, mismas que se encuentran dentro de la matriz de generación de la Empresa por medio de la subsidiaria CFE Generación V, la cual se encarga de administrar los contratos de estas centrales; esto quiere decir que, los activos que se adquirieron forman parte jurídica contable y económica de Comisión Federal de Electricidad.8

Al ser esto así, las centrales eléctricas que operan como productores independientes, vendían toda la energía producida a CFE, esto sin que la Comisión invirtiera en la construcción de las plantas o en los costos operativos que implica la producción de electricidad.9

III . De las 13 plantas adquiridas, dos terceras partes tienen entre 10 y 25 años en operación y las restantes fueron construidas entre 2017 y 2019.10

El tiempo de vida con el que cuentan las centrales eléctricas en comparación con el precio de adquisición ha sido una de las fuertes críticas por parte de expertos, ya que el pago de los más de 6 mil millones de dólares no tiene sentido cuando el costo de la generación de activos nuevos tendría un costo aproximado de 8 mil millones de dólares, es decir que, con dos mil millones de dólares más se pudo contar con un equipo mejor y más moderno, cuya vida útil sobrepasará en gran medida la adquisición actual y sin ningún tipo de inversión en su modernización a mediano plazo. Por su parte, el gobierno mediano informó que la vida útil de las plantas adquiridas ronda en promedio de los 18 años, los cuales podrían extenderse entre 10 a 28 años.11

Por otro lado, solo 1 de las 13 centrales eléctricas que se compraron, opera con energía renovable, además de que contar con una vida en operación de 25 años; mientras que, las 12 plantas restantes cuentan con un sistema de cogeneración, por lo que para su operación utilizan gas natural como fuente energética para la generación de electricidad. Esto resulta contradictorio ante el manteniendo de la seguridad y la soberanía energética, pues tan solo en 2022, de los 1,125.5 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas natural vendidos en promedio en el país,12 532.1 MMpcd son de importación,13 es decir más del 47 por ciento del gas consumido en México se trae de otro país para garantizar electricidad a la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe de manera pública la participación de las entidades públicas y la composición del capital del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en la adquisición de las 13 plantas eléctricas compradas a la empresa española Iberdrola.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga público un informe detallado acerca de la relación costo beneficio de la adquisición de las 13 plantas eléctricas compradas a la empresa española Iberdrola.

Tercero . La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga público un informe detallado del origen de los recursos que se utilizaran para consolidar la compra de las 13 centrales eléctricas a la Empresa española Iberdrola.

Notas

1 “AMLO olvida discrepancias con Iberdrola y acuerda la compra de 13 plantas de energía eléctrica que operaban en México”, Animal Político, 2023Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/politica/amlo-iberdrola-compra-de-planta s-energia-electrica

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 “La compra de centrales de Iberdrola no nacionaliza la industria eléctrica”, Instituto Mexicano para la Competitividad, 2023Recuperado de: https://imco.org.mx/la-compra-de-centrales-de-iberdrola-no-nacionaliza- la-industria-electrica/

6 Ibídem.

7 “Nacionalización de mentiras”, El Economista, 2023Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Nacionalizacion-de-mentiras-202 30405-0081.html

8 Ibídem.

9 “Compran a Iberdrola plantas viejas y caras”, Reforma, 2023Recuperado de: https://www.reforma.com/compran-a-iberdrola-plantas-viejas-y-caras/ar25 82519

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 “Volumen de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural”, Petróleos Mexicanos, 2023Recuperado de: https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/evolume nventas_esp.pdf

13 “Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos”, Petróleos Mexicanos, 2023Recuperado de: https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/eimporp etro_esp.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023

Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chiapas a instalar una mesa de diálogo con vecinos para analizar la suspensión de la construcción del circuito interior Chiapas de Corazón, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Olga Luz Espinosa Morales, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo con la organización “Menos puentes, más ciudad”; el proyecto conocido como “Chiapas de Corazón” es una mega obra de puentes viales en los parques Joyyo Mayu, Caña Hueca y Tuchtlán.

Esta organización señala que se conoce de esta obra:

• Que hay mil 500 millones de pesos de presupuesto del Ramo 33 para obra pública, y que se planea usar para puentes vehiculares.

• Que licitaron un proyecto ejecutivo en marzo 2022, y lo terminaron en noviembre a cargo de la empresa Soctón.

• Que han realizado más de 30 solicitudes de información a 8 dependencias. Y que no han recibido respuesta alguna. Que no hay coordinación entre dependencias del estado y el ayuntamiento.

Los vecinos afirman que con poco menos del presupuesto de “Corazón Chiapas, se podría hacer toda la ampliación de autopista a San Cristóbal.

Lo que sí señalan los vecinos es que la obra pretende construir un puente vehicular que abarcará libramiento norte, 5ª norte poniente, boulevard laguitos, prolongación Quinta Norte y Boulevard Belisario Domínguez y que generará un profundo impacto social y medioambiental con el recorte de los parques Joyo Mayu, Caña Hueca y Tuchtlán. Que la obra abarca una zona que ya no es un periférico, con múltiples áreas habitacionales, comercios, escuelas y espacios recreativos.

La autoridad ha justificado que los puentes son para “mover mercancías”, sin embargo, para mover mercancías el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible establece: Conectar mejor el sur poniente con el libramiento sur y conectar el aeropuerto con Chiapa de Corzo.

“Menos puentes, más ciudad” ha señalador que la Secretaría de Obras públicas del estado no ha brindado la información necesaria para sustentar el proyecto, ocultando:

• El trazo exacto de dónde pasarán los puentes: proyectos conceptuales, ejecutivos, catálogos de conceptos, rénders, planos, topografías, estudios de mecánica de suelos, cotizaciones y planes de mantenimiento a largo plazo

• Diagnósticos: movilidad y tráfico, seguridad vial, conflictos con utilidades públicas como el agua, la luz, etc., nivel de servicio de intersecciones, simulación y modelación de flujos de tráfico resultantes.

• Plan de trasplante de árboles.

• Plan de inversión en transporte público, seguridad vial, movilidad no motorizada, infraestructura verde, en esos puentes.

• Opiniones del Consejo Metropolitano, (son Secretaría Técnica)

• Comunicaciones oficiales con Movilidad y Transporte estatal, Hacienda estatal y Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

• En qué plan o programa se determina la necesidad de los puentes:

• Presentaciones del contenido de las presentaciones que difunden en redes sobre el proyecto.

• Análisis financiero, económico y de costo beneficio, qué alternativas analizaron y por qué las descartaron.

• Análisis de escurrimientos y el riesgo de inundaciones, medidas de mitigación y control de agua

• Eventos de difusión, participación y consulta a actores comunitarios y expertos locales en materia de transporte y planeación urbana, y residentes.

• Análisis de circulación vehicular en las calles cercanas con planes de transporte, de circulación o planes maestros existentes locales y regionales.

Por lo que los vecinos de “Menos puentes, más ciudad” han identifican cinco tipos de afectaciones consecuencia de las obras:

1. Las barreras urbanas provocan inundaciones.

En las inmediaciones hay 5 cinco escorrentías al río Sabinal. Además de que la zona de Los Laguitos tiene mantos acuíferos importantes.

2. Tráfico: los puentes viales lo empeoran.

Es evidente el tránsito saturado en un sistema vial que produce el efecto de “cuello de botella”, los vecinos afirman que ampliar carriles no resuelve el problema de sobresaturación vehicular; ellos proponen que se desincentive el uso de autos particulares.

3. Con las obras, más de mil 300 negocios estarían en riesgo de quiebre.

4. Pérdida de plusvalía

Los predios junto a autopistas urbanas tienen menos valor por el ruido, polvo, huella de calor y calidad del aire. Limita las opciones de desarrollo (bodegones, cargas y descargas y no usos de alta plusvalía; y

5. Recorte de parques

• En agosto aparecieron etiquetas que no corresponden al inventario del ayuntamiento en joyyo mayu.

• Solo están en el perímetro de los parques adentro y afuera, en camellones, y en el trazo de la obra.

• Estiman recorte de entre 9 a 12 metros al interior.

• Jugar o hacer deporte junto a puentes vehiculares es un riesgo para la salud.

• Ir caminando a los parques cruzando un puente vial es un riesgo.

“Menos puentes, más ciudad” ha señalado que no se necesitan puentes para mejorar el flujo vehicular, y proponen, entre otras medidas, las siguientes:

• Sincronización semáforos

• Cambios de ubicación de semáforos

• Límites de anchos de carri

• Gestores de velocidad

• Carriles confinados para transporte

• Esquema de priorización diferente

• Señalización vertical y horizontal

Segunda. La Constitución General de la República1 otorga a todas las personas el derecho a un ambiente sano; la Carta Magna lo expresa de la siguiente manera:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Por lo que se refiere a la norma secundaria, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que uno de sus objetivos es garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar y el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia.

Luego entonces, el asunto que nos ocupa se trata de la afectación del medio ambiente en deterioro por una obra que implica tala de árboles de una comunidad.

Además, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es materia federal la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes.

La pregunta, es este caso, sería: ¿Los puentes en Tuxtla, cuentan con todos los permisos ambientales para iniciar esa obra?, ¿el cabildo municipal, está por encima de autoridades estatales y federales?

Por lo que se refiere al derecho humano a un ambiente sano en la Constitución del Estado Libre y soberano de Chiapas2 , se encuentra establecido en los artículos 9 y 18:

Artículo 9. El Estado de Chiapas impulsará políticas dirigidas a garantizar el derecho de toda persona a:

I. Un medio ambiente adecuado que garantice su bienestar en un entorno de desarrollo sustentable.

Artículo 18. Son habitantes del Estado quienes residan de manera permanente o temporal dentro de su territorio, sea cual sea su nacionalidad o estado migratorio; sus obligaciones son:

V. No cometer actos que atenten contra el medio ambiente y participar en las actividades para su preservación y manejo responsable. La ley establecerá la responsabilidad por daño al medio ambiente.

Por lo que podemos con toda certeza señalar que la solicitud del colectivo en mención con todo el respaldo constitucional y legal para pedir que en la obra no se talen cerca de 500 árboles.

Tercera. En la sesión extraordinaria nnúmero 583 celebrada el miércoles 22 de marzo, fue propuesto a consideración por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático: el dictamen procedente respecto a autorizar lo solicitado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado, relativa al proyecto denominado “Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo del Circuito Interior Chiapas de Corazón en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez.

En ese dictamen se autorizó de tala de 500 árboles de los parques Tuchtlán, Joyyoo Mayyu y Caña Hueca. Con la obra del circuito interior y la aprobación del cabildo: 542 se conservarán, 98 podrían ser trasplantados y 485 serán derribados, es decir, 42 por ciento del total de los ejemplares censados.

Las obras, como se puede apreciar además de los impactos expresados, se agregan los ambientales derivados de la tala de los árboles.

Por lo expuesto, que es resultado de información proporcionada por el colectivo “Menos Puentes, Más Ciudad; y con fundamento con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que dentro del marco de sus atribuciones, verifique que la obra denominada Circuito Interior Chiapas de Corazón cumple con las medidas de protección del medio ambiente y cuenta con los permisos necesarios para poder ejecutar la obra.

Segundo. La Cámara de Diputados, respetuosa de la soberanía del estado de Chiapas exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a instruir, a quien competa, instale a la brevedad una mesa de diálogo resolutivo con vecinos del colectivo Menos puente más ciudad, para analizar la suspensión de la construcción del circuito interior “Chiapas de Corazón”.

Tercero. La Cámara de Diputados, respetuosa de la soberanía del honorable ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Chiapas le exhorta a valorar la posibilidad de modificar el dictamen respecto a autorizar la petición por la Secretaría de Obras Públicas del estado, relativa al proyecto denominado “Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo del Circuito Interior Chiapas de Corazón”.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/archivos/manager/24761477-1E3E- 437E-9B2E-7BD594C6D541.pdf

3 De la nota: “Ayuntamiento aprueba la tala de casi 500 árboles, circuito interior avanza” de Andrés Domínguez publicado en Chiapas Paralelo el 22 marzo, 2023; disponible en: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2023/03/ayuntamiento-aprueba-l a-tala-de-casi-500-arboles-circuito-interior-avanza/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de marzo de 2023.

Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a instruir a funcionarios de su gobierno abstenerse de utilizar el programa social Salario Rosa para coaccionar y condicionar el voto de los mexiquenses bajo la falsa promesa de depósitos de dinero, cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, instruir a funcionarios de su gobierno abstenerse de utilizar el programa social denominado “Salario rosa” para coaccionar y condicionar el voto de los mexiquenses bajo la falsa promesa de depósitos de dinero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. El programa social conocido coloquialmente como “salario rosa”, instituido por el actual gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, es, en esencia, un programa clientelar y de coacción. Pero además, es un programa social machista y misógino que cosifica a la mujer y perpetua estereotipos de género.

Segundo. El supuesto objetivo de dicho “programa social” es el de: “contribuir a elevar el ingreso económico de las mujeres de 18 a 59 años de edad que habitan en el Estado de México, que se encuentren en condición de pobreza, se dediquen al trabajo del hogar, no perciban remuneración y que se encuentren en estado de gestación o sean madres de uno o más hijos/as en edad de lactancia, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias, capacitación para el desarrollo humano, actividades de desarrollo comunitario y actividades para propiciar el emprendedurismo .” (Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por la vulnerabilidad, s.f.)

Tercero. Sin embargo, en el contexto de la actual campaña por la gubernatura del Estado de México, no son pocos los vecinos que se han quejado del uso faccioso que se está realizando de este programa, pues se les amenaza, coacciona y condiciona el voto.

Cuarto. Aunado a lo anterior, se les promete que, al recibir la “tarjeta rosa”, deberán votar de manera obligatoria por el PRI en el Estado de México, y una vez que su candidata obtenga la victoria, se les otorgará el beneficio económico que se contempla con el programa social multicitado.

Quinto. Estamos viendo en el Estado de México las prácticas más obscenas, burdas y delictivas de la política mexicana, prácticas que considerábamos desterradas, sin embargo, el PRI está tratando a toda costa ganar una elección que ya tiene perdida, violando la ley electoral y con ello los derechos humanos de los electores del Estado de México.

Es en este tenor que solicitamos al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, instruir a funcionarios de su gobierno abstenerse de utilizar el programa social denominado “Salario Rosa” para coaccionar y condicionar el voto de los mexiquenses bajo la falsa promesa de depósitos de dinero.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, instruir a funcionarios de su gobierno abstenerse de utilizar el programa social denominado “Salario Rosa” para coaccionar y condicionar el voto de los mexiquenses bajo la falsa promesa de depósitos de dinero.

Bibliografía

- Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por la vulnerabilidad. (s.f.). Obtenido de Gobierno del Estado de México: https://difem.edomex.gob.mx/salario-rosa-vulnerabilidad

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a intervenir y apoyar a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Ana Laura Valenzuela Sánchez, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXV legislatura del honorable Congreso de la Unión y diputadas y diputados federales del PAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, a que, a través de la instancia y en el ámbito de sus atribuciones, intervenga y apoye a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Antecedentes

Las violaciones e incluso muertes de migrantes cada día van en aumento. La última cifra impactante fue la muerte de 40 migrantes en incendio dentro de albergue en Ciudad Juárez en un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM). La protección a los migrantes es necesaria y es por ello, que exijo que la CNDH ntervenga y apoye a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México tiene entre sus funciones la protección de los derechos humanos de los migrantes. En particular, la CNDH está encargada de recibir y atender quejas de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, así como de investigar y emitir recomendaciones a las autoridades competentes para prevenir y reparar dichas violaciones.

La CNDH ha emitido acciones en materia de derechos humanos de los migrantes en México. Entre estas se encuentran: la protección de migrantes en situación de vulnerabilidad como las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad, los enfermos y los ancianos. También protegen el derecho al debido proceso tomando en cuenta el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y la no criminalización de la migración. De igual forma, protege su acceso a servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, sin discriminación. Por último, brinda protección contra la violencia y la discriminación e incluye la violencia de género para atacar los delitos contra las mujeres y la discriminación por motivos de nacionalidad, etnia, género u orientación sexual que ambos sexos sufren.1

La CNDH debe recibir y atender quejas de violaciones a los derechos humanos de los migrantes y realizar investigaciones y emitir recomendaciones a las autoridades competentes para prevenir y reparar las violaciones. Se debe brindar capacitación, difusión y sensibilización para que se fomente la protección. Inclusive puede establecer alianzas con el fin de colaborar en la promoción de políticas y prácticas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la causa por la que más migra la población mexicana es por temas familiares; esto representa el 45.8 por ciento del porcentaje de la población de 5 y más años migrante estatal. La segunda causa por la que más migra la población es por cuestiones laborales y representa por el 28.8 por ciento de esta población. Sin embargo, también hay otros problemas por los que migran como la cuestión educativa y la inseguridad delictiva o violencia.2

Delitos que sufren los hombres migrantes

1. Discriminación: a menudo discriminados por su origen, nacionalidad, etnia, género, orientación sexual, religión, entre otros factores.

2. Explotación laboral: trabajan en condiciones precarias, sin protección legal, y son vulnerables a la explotación laboral y la trata de personas.

3. Riesgo de violencia: son víctimas de violencia física, psicológica o sexual, tanto por parte de autoridades migratorias como de criminales.

4. Falta de acceso a servicios básicos: barreras para acceder a servicios básicos como atención médica, educación y vivienda.

5. Dificultades en el camino: peligros en el camino, como la falta de agua y alimentos, el clima extremo y el riesgo de ser robados o secuestrados.

Delitos que sufren las mujeres migrantes

Actualmente la mujer ha adquirido un papel más activo en el fenómeno migratorio y se ha insertado en el mercado laboral para mejorar su calidad de vida, pero esto implica que sean las que más sufren índices de violencia y delitos. Enfrentan desafíos específicos en comparación con los hombres migrantes, así como también a menudo sufren de manera diferente.

Las mujeres envían aproximadamente la misma cantidad total de remesas que los hombres, enviando una mayor cantidad en proporción a sus ingresos, a pesar de que generalmente ganan menos que los hombres, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La mayor parte de las mujeres han sufrido violencia. Del total de mujeres de 15 años y más, el 70.1 por ciento ha experimentado al menos un incidente de violencia.

En México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre marzo de 2015 y marzo de 2020, las entidades con mayor expulsión de mujeres son Jalisco (8.4 por ciento), Ciudad de México (7.5 por ciento) y Michoacán (6.0 por ciento).3

De igual forma, las mujeres migrantes sufren diversas violaciones a sus derechos humanos.

1. Feminicidios: ocurren por una serie de factores como la discriminación de género, la violencia y por el simple hecho de ser mujer.

2. Violaciones: por las personas que las guían en su trayecto o incluso por los migrantes que las acompañan.

3. Violencia de género: violencia con: abuso físico, sexual, psicológico o económico por parte de las personas que las llevan a cruzar la frontera o los mismos migrantes.

4. Robos y secuestros: víctimas por parte de bandas criminales como los maras o narcos que operan en las rutas migratorias.

5. Tráfico de personas y de órganos: por las fronteras a veces son secuestradas para explotación sexual o trata de blancas.

6. Abusos por parte de las autoridades: las autoridades encargadas de vigilar las fronteras pueden abusar de su poder y maltratar a las migrantes durante el traslado o chantajearlas para poder cruzar la frontera.

Es importante que los gobiernos y organizaciones internacionales trabajen juntos para proteger los derechos humanos de las y los migrantes. Es necesario implementar políticas migratorias más humanitarias que garanticen la protección a ellos.

Por estas violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes, se exhorta a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, a que, a través de la instancia y en el ámbito de sus atribuciones, intervenga y apoye a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, a que, a través de la instancia y en el ámbito de sus atribuciones, intervenga y apoye a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos.

Notas:

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2023). Migrantes. Recuperado el 22 de marzo de 2023 de https://www.cndh.org.mx/

2 INEGI. (2023). Porcentaje de la población de 5 y más años migrante estatal según su causa. Recuperado el 02 de marzo de 2023 de https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/

3 INEGI. (2023) Migración internacional. Recuperado el 21 de febrero de 2023 de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PO BLAC21.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023

Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a promover la capacitación del personal que labora en los filtros de revisión de equipaje de los aeropuertos del país y que adquiera los conocimientos necesarios para que permita a las mujeres en periodo de lactancia, viajen o no en compañía del infante, transportar leche materna en su equipaje de mano, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indica que la leche materna es el mejor alimento para niñas y niños durante sus primeros 6 meses de vida.

Como lo expone en sus investigaciones, “La lactancia materna les proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y que su sistema inmunológico se desarrolle plenamente”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan que la lecha materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los 6 meses de edad y que hasta los 2 años se alimenten con una combinación de la misma con alimentos adecuados y nutritivos para su edad. Así mismo, sugieren que la lactancia materna inicie en la primera hora de vida después del parto, que sea a libre demanda y se evite el uso de fórmulas infantiles.

Muchas mujeres optan por darle a sus bebés exclusivamente en los primeros años de vida leche materna, que es un tipo de alimentación consistente en que el menor solo reciba leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido, a excepción de soluciones rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos.

La lactancia materna es un tema complejo en su implementación, más aún con los roles económicos y profesionales que tienen las mujeres en esta época, así como los cambios socioculturales, los cuales han llevado a que en México solamente 1 de cada 3 bebés reciba leche materna como alimento exclusivo hasta los 6 meses de vida.

Lo anterior impacta en que los bebés sean alimentados con líquidos y fórmulas lácteas desde los primeros meses de vida, afectando con ello su adecuado desarrollo.

Es importante señalar que, en México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2020 había un total de 35,221,314 madres, reportándose que el 72 por ciento de las mujeres de 15 años y más del país eran madres. La misma fuente arrojó que las madres en México tenían un promedio de 2.2 hijas o hijos en 2020.

Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, cuatro de cada diez mujeres de 25 a 49 años de edad en el país que forman parte de hogares con hijas e hijos menores de 3 años de edad desempeñan una actividad económica en el mercado laboral (40.9 por ciento).

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, indicó y precisó que entre los 0 y seis meses de vida solo 28.6 por ciento de los menores es amamantado y que solo una de cada 10 mujeres trabajadoras amamanta a sus hijos en México.

La lactancia materna es pues una práctica que, si bien ha logrado incrementarse en el país, sigue registrando niveles muy bajos. Esta situación se agrava cuando las mujeres por sus trabajos tienen que salir de viaje y la madre está en periodo de lactancia.

Durante la lactancia materna hay muchas situaciones o circunstancias en las que es necesaria la extracción de leche: niños prematuros; bebés a los que no se les puede ofrecer pecho materno y se deben alimentar de otra forma; cuando existe una separación madre-hijo y no se quiere destetar al bebé; o, el más común de todos, cuando la madre inicia su actividad laboral y desea conservar el alimento de su bebé para emplearlo en otras ocasiones, creando su propio banco de leche.

El reto que enfrentan las madres trabajadoras y que están en periodo de amamantar y que por motivos laborales tienen que salir de viaje es el de recolectar y almacenar la leche materna.

Cuando la madre en periodo de lactancia sale de viaje, en la mayoría de las ocasiones lo hace sin el infante, por lo cual debe extraer y recolectar la leche para hacer su banco de leche y seguir dándole de comer a su bebé, sin embargo, las mujeres se encuentran con el problema de que, al viajar, las reglas que operan en los aeropuertos nacionales e internacionales respecto a la leche materna y al dispositivo de extracción no son claras y abren la puerta a la discrecionalidad, criterio y conocimiento de los agentes de seguridad que no están debidamente capacitados o desconocen la importancia de la leche materna por lo que piden a las madres que ésta se coloque en el maletero del avión o se deseche la leche extraída.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que el reconocimiento de la lactancia materna como un derecho de niñas y niños implica que estos tienen derecho a recibir una alimentación nutritiva que les asegure un desarrollo integral y saludable.

A ninguna mujer debe impedírsele, por ninguna causa, la posibilidad de brindar a su bebé una alimentación adecuada, nutritiva y saludable.

Es por lo anterior que resulta necesario capacitar al personal que se encuentra en los filtros de revisión de equipaje en los aeropuertos a fin de que puedan ampliar su criterio en la inspección del mismo y permitan que sean transportados en el equipaje de mano la leche materna y los dispositivos de extracción de la misma que utilizan las mujeres que están amamantando y éstas dejen de tener experiencias desagradables en los puntos de revisión.

Debemos facilitar la trasportación de la leche materna y quitar cualquier dificultad a la que se enfrentan las mujeres al llegar a los filtros de seguridad de los aeropuertos nacionales; los agentes de seguridad deben estar capacitados y entender que la leche materna es vital para la alimentación y desarrollo de los infantes.

La actual normatividad en los aeropuertos nacionales vulnera los derechos de las mujeres a continuar con la lactancia exclusiva y el derecho de la niñez a una alimentación nutritiva y de calidad, pues expone a las primeras a situaciones incómodas y discriminatorias, lo cual puede cambiar con una adecuada capacitación a los operadores de la norma.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que promueva la capacitación del personal que labora en los filtros de revisión de equipaje de los aeropuertos del país y éste adquiera los conocimientos necesarios para que permita a las mujeres en periodo de lactancia, viajen o no en compañía del infante, transportar leche materna en su equipaje de mano.

Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa de Baja California a implementar programas de visibilización y difusión durante los meses siguientes al Día Mundial de la Concientización del Autismo, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Armando Reyes Ledesma, diputado federal de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha instaurada por Naciones Unidas para visibilizar a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y contribuir a promover el ejercicio efectivo de sus derechos.

Al respecto de esta fecha tan importante, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas menciona lo siguiente:

“Durante el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo debemos reafirmar nuestro compromiso con esos valores, que incluyen la igualdad, la equidad y la inclusión, y nuestra determinación de promover la plena participación de todas las personas con autismo, asegurándonos de que dispongan de las herramientas necesarias para ejercer sus derechos y libertades fundamentales.”1

Primero hemos de comenzar por definir qué es el autismo y se considera que es “... una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica.”2

Las personas que sufren este padecimiento tienen algunas de las siguientes características en su comportamiento:

• Peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes.

• Modos de aprendizaje atípicos.

• Especial interés por ciertos temas, predisposición a actividades rutinarias.

• Particularidades en el procesamiento de la información sensorial.

• Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.

Cabe señalar que el autismo no es una enfermedad, y las personas que padecen esta condición solo tienen una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo, frecuentemente en diferentes grados; asimismo con el diagnóstico, tratamiento y terapias especializadas el paciente puede obtener una calidad de vida mejor. Debido a esta condición se generan muchas causas de discriminación y sufrimiento para los jóvenes y niños.

Asimismo y al respeto de este tema que debe ser un punto de partida para sensibilizar a muchos mexicanos se obtuvieron los datos siguientes:

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución A/RES/62/139, designa el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se observará todos los años a partir de 2008.3

2. De acuerdo a cifras de 2019 emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista (TEA). Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.4

3. El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las comunidades.5

4. Cada año, muchos gobiernos e instituciones y asociaciones promueven una campaña de sensibilización con el objetivo de que la ciudadanía conozca mejor la especificidad del autismo, empatice con las personas en el espectro y sus familias, y contribuya así a mejorar su calidad de vida y a participar en la sociedad en igualdad de condiciones.6

5. Respecto a México, existe un único estudio impulsado por Autism Speaks (2016) estima que 1 de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1% de la población infantil, sin embargo, la incidencia en la vida adulta, así como el conocimiento de su situación en la adolescencia se desconoce.7

6. Conforme a esto, en 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que reafirmó el principio fundamental de los derechos humanos universales para todos. El objetivo de la Convención es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Llamada de igual forma una herramienta eficaz para fomentar una sociedad inclusiva que cuide a todos sus miembros y garantizar que todos los niños, niñas y adultos con autismo puedan llevar una vida plena y gratificante.8

Este es un tema que nos compete a todos, debido a que nuestro país debe actuar conforme a los acuerdos adoptados en la Agenda 2030 donde la comunidad internacional reafirmó su firme compromiso con el desarrollo inclusivo, accesible y sostenible, y prometió que nadie se quedaría atrás. En este sentido, que las personas con autismo participen como agentes y beneficiarios es fundamental para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el Partido del Trabajo reiteramos nuestro compromiso con todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por lo anterior daremos visibilidad a quienes la necesitan

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud de Baja California para que en el ámbito de sus atribuciones implemente programas de visibilización y difusión durante los meses siguientes sobre el día mundial de la concientización del autismo

Notas

1 Día mundial de concienciación sobre el Autismo; Naciones Unidas Guatemala, Consultado en: https://onu.org.gt/fechas-onu/dias-internacionales/abril/dia-mundial-de -concienciacion-sobre-el-autismo/

2 Naciones unidas, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril; Consultado en: https://www.un.org/es/observances/autism-day/background#:~:text=El%20au tismo%20es%20una%20afecci%C3%B3n,a%20una%20serie%20de%20particularidade s.

3 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo; CNDH México; Consultado en: https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el- autismo-1

4 Ídem

5 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, Universidad Anáhuac; consultado en: https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/2-de-abril-dia-mundial-de-concie nciacion-sobre-el-autismo#:~:text=El%20%C3%ADndice%20de%20este%20trasto rno,%C3%BAnico%20para%20todos%20los%20pacientes.

6 https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobr e-el-autismo-2019

7 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, CNDH MEXhttps://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-concienciacion-sobre- el-autismo-1ICO; https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el- autismo-1

8 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Guía de formación; Serie de capacitación profesional número 19; Publicación de las Naciones Unidas; https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/CRPD_T rainingGuide_PTS19_sp.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, al cuarto día del mes de abril del 2023.

Diputado Armando Reyes Ledesma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la SEP a implementar diversas acciones y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las personas con trastornos del espectro autista en México, suscrita por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas diputadas y los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas, que se caracterizan por presentar un grado de dificultad para la interacción social y la comunicación de las personas que los padecen, así como otras características que se reflejan mediante patrones atípicos de actividad y comportamiento.1

Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo, son distintas y varían de acuerdo al grado de espectro que presenten, las cuales pueden evolucionar con el paso del tiempo. Asimismo, es importante resaltar que algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente y desarrollar una vida sin mayor problema, sin embargo, hay otras personas con dificultades graves que necesitan una constante atención y apoyo durante toda su vida, esto debido a que presentan afecciones como epilepsia, depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, comportamientos problemáticos, como dificultad para dormir y autolesiones.

Por otro lado, el nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas con gran atención a los detalles y a la perfección de las cosas y situaciones.

Lamentablemente, en muchas ocasiones el autismo influye de manera negativa en la educación, oportunidades de empleo, inclusión y acceso oportuno a servicios de salud, además, impone exigencias considerables a las familias y personas cercanas que prestan atención y apoyo.

De acuerdo a académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, las características del autismo, en su mayoría se detectan desde la primera infancia, por lo que un diagnóstico y atención oportuna y dentro de los primeros 18 meses de vida puede hacer la diferencia y ayudar a los menores a desarrollar su lenguaje y a tener aptitudes de interacción social básica, sin embargo, a menudo, el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde lo que implica complicaciones.2

II. Se estima que, a nivel mundial, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia de TEA en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida.3

En México, no existen datos actuales sobre la incidencia del autismo, sin embargo, se proyecta que esta discapacidad afecta a uno de cada 115 niños, lo que significa que al año nacen aproximadamente 6 mil 200 personas con esta condición.4

Por tal motivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139) para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.5

Asimismo, en mayo de 2014, la 67 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución titulada «Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista», que fue apoyada por más de 60 países. La resolución insta a la OMS a colaborar con los Estados Miembros y organismos asociados en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordar los TEA y otros problemas del desarrollo.6

Por lo anterior, la OMS y sus asociados han reconocido la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para promover una salud y un bienestar óptimos para todas las personas con autismo.

Los esfuerzos de la OMS se centran en:

• Aumentar el compromiso de los gobiernos con la adopción de medidas que mejoren la calidad de vida de las personas con autismo.

• Proporcionar orientación sobre políticas y planes de acción que aborden el autismo en el marco más general de la salud, la salud mental y las discapacidades.

• Contribuir a fortalecer la capacidad de los cuidadores y del personal de salud para proporcionar una atención adecuada y eficaz a las personas con autismo.

• Fomentar los entornos inclusivos y favorables para las personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo.

III. En México, a pesar de que existen instituciones que atienden a personas con autismo, éstas son insuficientes o incosteables para la mayoría de la población, y han sido las Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales han impulsado diversas campañas en apoyo a las personas con autismo y sus familias para que tengan acceso a diagnóstico y atención posterior y con esto mejorar su calidad de vida.

Es por lo anterior, que es importante que las autoridades de salud en sus tres órdenes de gobierno, ofrezcan a la persona con autismo información, diagnóstico, servicios pertinentes, atención, rehabilitación y derivación a especialistas de acuerdo con sus necesidades, y con esto reforzar el acceso a la salud que actualmente es precario y complejo.

Por otro lado, el involucramiento de diversos sectores, en particular los relacionados con la educación, el empleo y la asistencia social es fundamental para la construcción de políticas públicas dirigidas a las personas con autismo, mismas que deben ser implementadas, diseñadas y realizadas con la participación de personas que presentan estos trastornos y sus familias, para lograr mayor accesibilidad, inclusión y una red consolidada de apoyo.

En materia de educación, es relevante reconocer los problemas que atraviesan las personas con autismo, entre los que destacan el riesgo que estas personas corren de ser excluidos de las escuelas, así como una discriminación constante por parte de compañeros y autoridades educativas, que por falta de información y capacitación no cuentan con las bases suficientes para convivir y atender a las personas con autismo.

Incluso, familiares han expresado que las escuelas han decepcionado y afectado a las personas estudiantes con autismo, ya que las instituciones educativas no reconocen los retos que estos pasan y no los apoyan, por lo que dar visibilidad a este sector de la población y fortalecer la capacitación de profesores puede representar una mejora en la educación de las personas que sufren esta condición.

IV. Cabe señalar, que el marco jurídico mexicano contempla la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, misma que en su artículo 10 dice lo siguiente:

“Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes:

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables

II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales por parte del Estado Mexicano, federación, entidades federativas y municipios;

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de Salud;

IV. Solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico indicativos del estado en que se encuentren las personas con la condición del espectro autista;

V. Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del sector público federal, de las entidades federativas y municipios, así como contar con terapias de habilitación;

VI. Disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica y educativa, [al igual que de los certificados de habilitación de su condición,] al momento en que les sean requeridos por autoridad competente;

VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias;

VIII. Ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud;

IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente;

X. Contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de educación regular;

XI. Acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación nutritiva, suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de su condición;

XII. A crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza;

XIII. Ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de las disposiciones aplicables,

con el fin de disponer de vivienda propia para un alojamiento accesible y adecuado;

XIV. Participar en la vida productiva con dignidad e independencia;

XV. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación ni prejuicios;

XVI. Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral productiva, que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente, así como también para solventar cualquier otra necesidad vital, en los términos de las disposiciones constitucionales y de las correspondientes leyes reglamentarias;

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre desplazamiento;

XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental;

XIX. Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos;

XX. Gozar de una vida sexual digna y segura;

XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y civiles les sean violados, para resarcirlos, y

XXII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración a la sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y legales.”7

Por eso, la Bancada Naranja considera necesario que se realicen de manera constante campañas de concienciación y visibilización respecto al trastorno del espectro autista y promover la inclusión a la sociedad las personas con esta condición con la finalidad de prevenir y eliminar toda discriminación y falta de acceso a oportunidades.

De la misma forma, consideramos que el Gobierno Federal, mediante la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, deben garantizar el acceso a los derechos humanos de las personas con autismo mediante políticas públicas bajo los principios de autonomía, dignidad, igualdad, inclusión, justicia, libertad, respeto y transparencia para mejorar su calidad de vida.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a realizar de manera constante campañas de concienciación y visibilización del trastorno del espectro autista; a promover la inclusión de las personas con autismo en México a la sociedad, con la finalidad de prevenir y eliminar toda discriminación y falta de acceso a oportunidades, así como a garantizar el derecho humano a la salud, a través del acceso a un diagnóstico oportuno y cobertura a servicios de salud especializada como terapias y atención psicológica a las personas con autismo en México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación a crear programas especializados de educación a nivel preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria y educación media superior, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de las personas con autismo en México.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. “Trastornos del Espectro Autista”. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-dis orders

2 UNAM. “En México, uno de cada 115 niños padece autismo”. Recuperado de: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_291.html

3 Organización Mundial de la Salud. “Trastornos del Espectro Autista” Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-dis orders

4 Gobierno Federal. “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.2019” Recuperado de: dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo-2019

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAPPCEA_270516.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputados: Jorge Álvarez Máynez (rúbrica), Olga Zulema Adams Pereyra, María Ascensión Álvarez Solís, María del Rocío Banquells Núñez, Sergio Barrera Sepúlveda, Salvador Caro Cabrera, Omar Enrique Castañeda González, María Leticia Chávez Pérez, Salomón Chertorivski Wondelberg, Arturo Bonifacio de la Garza Garza, Pablo Gil Delgado Ventura, Horacio Fernández Castillo, Mirza Flores Gómez, Amalia Dolores García Medina, José Mauro Garza Marín, Manuel Jesús Herrera Vega, María Elena Limón García, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Julieta Mejía Ibáñez, Ma Teresa Ochoa Mejía, Jessica Ortega de la Cruz, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Andrés Pintos Caballero, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Taygete Irisay Rodríguez González, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a atraer la investigación por desaparición forzada de Jorge Luis de León Velázquez, sustanciada en la causa 125/2016 en Sinaloa, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la Fiscalía General de la República atraer la investigación por desaparición forzada de Jorge Luis de León Velázquez, sustanciada en la causa 125/2016 en el Estado de Sinaloa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. En 5 de julio de 2016 el ciudadano Jorge Luis de León Velázquez fue víctima de secuestro, al sur del municipio de Mazatlán, en una comunidad llamada Urías, sobre la carretera 15, enfrente de “la sirena”, una colonia habitada por el ejército, aproximadamente a las 7 de la tarde.

Segundo. A la fecha se desconoce su paradero.

Tercero. A raíz del secuestro, a mediados de diciembre de 2016 se entregó el rescate que los secuestradores exigieron, sin embargo, no regresaron al ciudadano Jorge Luis de León Velázquez con su familia.

Cuarto. Con motivo de este delito, se tiene abierta la causa penal número 125/2016 y carpeta de investigación 2207/2016, en el Juzgado de Primera Instancia de control y enjuiciamiento penal de la región sur.

Quinto. Hasta ahora han resultado inculpados los ciudadanos Juan Gabriel Cañedo Raygoza, Luis Manuel Bernal Raygoza y Víctor Galindo Coronado, por el delito de secuestro agravado.

Sexto. Este delito se agrava aún más pues uno de los inculpados es militar, con lo que se podría configurar el delito de desaparición forzada de personas.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de diputados, exhorta, de manera respetuosa, a la Fiscalía General de la República para atraer la investigación por desaparición forzada de Jorge Luis de León Velázquez, sustanciada en la causa 125/2016 en el Estado de Sinaloa

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y a diversas autoridades a informar a la opinión pública sobre las razones por las que el Banco del Bienestar dejó de recibir remesas por señalamientos de autoridades estadounidenses respecto a que dicha institución haya sido utilizada presuntamente para actividades ilícitas, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la unidad de inteligencia financiera, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Banco del Bienestar, a que en uso de sus facultades y atribuciones informen a la opinión pública sobre las razones por las que el Banco del Bienestar dejó de recibir remesas por señalamientos de autoridades estadunidenses con respecto a que dicha institución haya sido utilizada presuntamente para actividades ilícitas, así mismo, se explique los indicios de corrupción y el retraso de expansión de dicho banco, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Banco del Bienestar antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), fue al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) uno de los proyectos insignia, y uno de los pilares donde se cimentaría el apoyo de los programas sociales.

Con la promesa de la ampliación de sucursales de los bancos del bienestar, primordialmente en zonas de difícil acceso o comunidades con grados medios y altos de marginación, para que de esta manera se hicieran llegar los servicios financieros a aquellas personas que carecen de ellos.

De acuerdo con el Programa Institucional 2020-2024 Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo,1 la misión y visión del banco son las siguientes:

Misión: Crear una banca ética y social para hacer efectivo el derecho de acceso al desarrollo, a la inclusión económica, social y financiera, así como garantizar el acceso a los apoyos, pensiones y becas constitucionales, principalmente a la población excluida.

Visión: Ser la institución de banca social del Estado mexicano que promueva el acceso universal a servicios financieros para la inclusión, el desarrollo y el pleno ejercicio de los derechos humanos de toda la población, con la mayor cercanía territorial en las regiones del país.

En dicho documento se establece que se brindarán a los usuarios una amplia cobertura geográfica, particularmente, en las zonas de difícil acceso, a través de la expansión de la red de sucursales en áreas rurales del país para generar una mayor inclusión financiera de la gente con cercanía física y cultural, para garantizar el ejercicio y respeto de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad democrática y financiera, así como puntos de servicio y atención, cajeros automáticos, corresponsales y medios de pago digitales.

Asimismo, robustecer el acceso a la educación y formación financiera para potenciar la productividad, el ahorro y la generación de patrimonio de las familias en sus propias comunidades es otro de los objetivos que busca el banco.

Y finalmente se busca asegurar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a los apoyos económicos, pensiones, becas y demás programas sociales a través de la ampliación de mecanismos para la dispersión de dinero a través del impulso y crecimiento en el uso de cuentas bancarias.

Todo lo anterior con el afán de disminuir la corrupción, los costos de distribución de efectivo y mejorando la seguridad de las personas en el manejo de sus recursos.

Sin embargo, la corrupción es uno de los males que más han aquejado a nuestro país a lo largo de la historia, inclusive la lucha contra la corrupción ha sido uno de los pilares para promover el proyecto político de quienes prometían tener la solución a todos los problemas de México.

Bajo el lema de que la corrupción se barría como las escaleras, “de arriba para abajo”, el presidente López Obrador asumió el compromiso de erradicar la problemática generada por la corrupción, hoy en los hechos solo vemos que fueron palabras vacías.

Han pasado más de 3 años del gobierno de AMLO, y por cuestiones de corrupción el Banco del Bienestar ha tenido ya tres directores generales; el primero fue Rabindranath Salazar Solorio, que estuvo desde el inicio del sexenio. Durante el tiempo que duró su encargo se vio involucrado en diversas polémicas.

Una de ellas, el tema de los cajeros que ha sido el principal talón de Aquiles de este proyecto estratégico de López Obrador; crucial porque el Banco del Bienestar es la arteria por donde fluyen los dineros de todos sus programas sociales de esta administración.

En el arranque del sexenio la institución tenía 120 cajeros, los que eran del extinto Bansefi, y se anunció con bombo y platillo la adquisición de hasta ocho mil para apuntalar el proyecto.

Fue ese contrato que ganaron Alejandro del Valle y Carlos Cabal y que después la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera canceló por falta de presupuesto.

Posteriormente se celebró un contrato que buscaba ampliar la red de cajeros del banco, donde se asignaba de forma directa a Saque y Pague un cambio de los cajeros que el banco tenía originalmente con otra compañía llamada PROAC.

Salazar introdujo una cláusula en el contrato para que se instalaran los mismos 180 cajeros con la posibilidad de un crecimiento de hasta mil dispositivos. Fue una asignación que no autorizó la entonces oficial mayor Raquel Buenrostro.

Al final la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, también echó para abajo este otro contrato que a todas luces era irregular: Saque y Pague iba a ser financiado por Grupo Carpio, de Saúl Carpio. El contrato para la adquisición de esos mil cajeros representaba una inversión de mil 300 millones de pesos.

El 22 de junio del 2020 se realizaron cambios en el gabinete, Rabindranath Salazar pasaría a la Subsecretaría de Gobernación y sería sustituido por Diana Álvarez Maury, ella sería la encargada de seguir llevando a cabo la expansión del banco y acercarlo a las comunidades más marginadas.

Pero en el año y medio en el que estuvo lo único que se logró fue que los planes de apertura de las nuevas sucursales e instalación de los cajeros automáticos se viera estancado.

Ahora bien, en el Tercer Informe de Gobierno, el presidente propuso la meta física de alcanzar 2 mil 700 sucursales para inicios del 2022. Al respecto, hoy en día, únicamente se encuentran en funcionamiento mil 342 de acuerdo con el último directorio publicado en la página oficial, es decir, apenas el 49 por ciento del objetivo.

Ante esta situación, hay que destacar que el Banco del Bienestar en el lapso de 2020 a 2023, se le ha aprobado presupuesto por 29 mil 085 millones de pesos , de los cuales, 22 mil 190 millones de pesos han sido utilizados para gasto operativo, sin embargo, los resultados han sido nulos.

Además, hay que destacar que las sucursales que “funcionan” actualmente, muchas de ellas no cuentan con sistema, no hay equipos suficientes para operar y la mayoría se encuentran en lugares inaccesibles, por lo que termina siendo contraproducente para muchas personas que buscan cobrar los apoyos que reciben al ser beneficiarios de programas sociales.

Esto se ve reflejado, ya que los adultos mayores beneficiarios de programas sociales reportaron que para ser atendidos en una sucursal del Banco de Bienestar tardan hasta tres horas. Para varios de ellos, es difícil esperar tantas horas, ya que algunos se presentan con bastón, andadera o silla de ruedas.

De igual manera, trabajadores del banco reportaron fallas en los cajeros automáticos, por lo que todos quienes busquen cobrar su pensión de la tercera edad, Becas Benito Juárez, pensiones por discapacidad y de madres solteras tienen que formarse por horas para recibir el apoyo.

De conformidad con la ASF de 2020 a 2021, el Banco del Bienestar ha tenido observaciones por 190 millones 404 mil pesos , destacando irregularidades en los procesos de construcción y adquisición de mobiliario para algunas sucursales, y que además estos procesos no contaron con estudios suficientes para la elaboración del proyecto ejecutivo.

Asimismo, en el 2020 tuvo observaciones por un software que no fue instalado y por ende nunca operó, asimismo, los empleados del banco desconocían la ubicación y la existencia de dicho software.

De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en septiembre del 2022, el Banco del Bienestar ha sufrido 82 robos en 20 estados, que representan pérdidas por al menos 143 millones de pesos.

El primer lugar de robos en sucursales lo ocupó Oaxaca, con 12 hechos delictivos, seguido del Estado de México con 10, y en tercer sitio Michoacán, con 9 robos a sucursales.

Los robos más importantes se han dado en Michoacán, el 28 de marzo de 2020 por 13.4 millones de pesos ; en Cuautla, Morelos, por 21.6 millones el 12 de marzo de 2022; en Oaxaca, el 11 de julio de 2020 por 9 millones de pesos ; en Puebla, el 26 de septiembre de 2021 por 8.6 millones ; y el del 29 de noviembre de 2021, por 8.5 millones , en el Estado de México.

Es decir, si sumamos las irregularidades observadas por la ASF y estos robos, se tienen perdidas comprobables por 333 millones 404 mil pesos.

Y para cerrar con broche de oro sobre el Banco del Bienestar, sale a relucir que dejó de recibir remesas antes de que instituciones como Wells Fargo anunciaran a sus clientes que lo dejarían de hacer a partir del 21 de abril.

Lo anterior, ya que diversos medios de comunicación reportaron que hay dudas fundadas por parte de las autoridades estadounidenses con respecto a que el Banco haya sido utilizado para operaciones ilícitas.

Asimismo, se difundió que el banquero Charles Charf indicó que la entidad estatal mexicana no tiene los mecanismos requeridos contra el lavado de activos, esto ya que tan solo el año pasado México recibió más de 55 mil millones de dólares en remesas, y este flujo comenzó a encender advertencias dentro y fuera del país sobre si en México existen los mecanismos de control adecuados.

Se advierte también que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han cobrado al Banco del Bienestar diversas multas por fallas de procedimientos y manuales para evitar operaciones indebidas.

El riesgo crediticio es el que más significado le da a cualquier institución que otorga un crédito, la cual, en primera instancia, se protegerá con políticas crediticias que han resultado ser efectivas para evitar el riesgo de liquidez o, en otras palabras, la morosidad. Ante lo elemental, el Banco del Bienestar, sacudió de estas prácticas fundamentales de cualquier operación bancaria. Con el fin de alimentar el crédito de manera electoral, el banco dejó de otorgar este servicio pocos meses después de su creación ya que los “créditos a la palabra” generaron altas tasas de morosidad. Para 2021 llegaron a tener una cartera vencida de 36 por ciento respecto a una cartera total de 2 mil 500 millones.

Para el cierre de 2022, el gobierno federal implementó un programa para castigar cartera vencida y dejarla en 0 por ciento. Fue una operación donde sacó de sus balances la morosidad por refinanciamiento con efectos contra sus estados de resultados; en otras palabras, echó mano de un mecanismo muy parecido al ejecutado en 1995 con el Fobaproa.

En despropósito de lo anterior, a pesar de ser un banco de segundo piso, el Banco del Bienestar ya no otorga crédito financiero, préstamos ni capta dinero por cuentas de ahorro o nómina; queda casi exclusivamente su operación en la dispersión de recursos de apoyos gubernamentales.

Lo anterior sugiere no sólo una muy mala gestión, sino una manera de operar vaga y llena de opacidad. Lo anterior se funda en el comunicado que realizaron para explicar por qué dejaron el servicio de remesas.

En un comunicado explicaron que este servicio sería administrado por Financiera Bienestar, bajo la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), la cual expresa que queda prohibida la duplicidad de funciones en las unidades que conforman la administración pública federal (APF), por lo que, en sus palabras, el Banco del Bienestar tomó la decisión de salir del mercado de remesas y no por presuntas acusaciones por compañías como Wells Fargo de Estados Unidos.

Si bien no se ha iniciado un proceso formal de investigación por actos ilícitos de Estados Unidos contra el Banco del Bienestar, el gobierno mexicano debe dar certidumbre jurídica a los principales bancos norteamericanos, para que, en función de seguir garantizando la transmisión de dinero hacia México, no tomen acciones de-risking, es decir, eliminar el riesgo de, hasta posible lavado de dinero, a través de la eliminación de vínculos.

En resumen, esta institución no ha abonado en nada en la bancarización del país, no cuenta con mecanismos fiables de seguridad, no hay suficientes sucursales ni cajeros, hay diversas irregularidades comprobables, y un sinfín de desaciertos que dan pie a afirmar que es de los peores fracasos de esta administración.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, investiguen e informen a la opinión pública sobre las razones que han originado el incremento de la relación entre las remesas y la delincuencia organizada, así como, las multas por fallas de procedimientos y manuales para evitar operaciones indebidas al Banco del Bienestar.

Segundo. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al director del Banco del Bienestar a que informe a la opinión pública, el destino y ejercicio de los recursos asignados y el por qué estos no han sido destinados para la construcción de las sucursales faltantes. Además de informar las acciones que se llevarán a cabo para mejorar la infraestructura con la que cuentan las sucursales que operan actualmente, los mecanismos para acercar los servicios financieros a la población que carece de ellos, así como las acciones que llevarán a cabo para la dispersión de apoyos sociales a lo largo del año 2023.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a que inicie una investigación respecto a la falta de transparencia de los recursos asignados al Banco del Bienestar, así como de los contratos otorgados desde sus inicios a la fecha, y se informe a la opinión pública sobre sus resultados.

Cuarto.- Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de que realice una auditoría interna detallada al Programa de Inclusión Financiera del Banco del Bienestar, así como del desempeño del director y ex directores Rabindranath Salazar Solorio y Diana Álvarez Maury, relacionados y encargados de llevar a cabo la dirección, operación, supervisión, administración y la asignación de recursos públicos, con la finalidad de informar a la opinión pública, si no existieron irregularidades administrativas durante su encargo, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Notas:

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612609&fecha=03/03/ 2021&print=true

2 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/el-complejo-caso-de l-banco-del-bienestar/

3 https://www.forbes.com.mx/politica-empresario-costarricense-cobrara-183 13-mdp-por-operacion-banco-del-bienestar/

4 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-banco-de l-bienestar-no-existe-pero-ya-devoro-50-mil-millones-de-pesos?utm_sourc e=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=twitter

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de abril de 2023.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la SHCP y a la SICT a ejercer acciones conjuntas en favor de las y los pobladores de Baja California y de la rehabilitación del libramiento Rosas Magallón ante el riesgo de deslaves en el Cañón del Matadero, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante el año 2022 y desde principios del presente ejercicio se han registrado diversos deslaves en el Cañón del Matadero, ubicado en el libramiento Rosas Magallón, en el Municipio de Tijuana, Baja California, lo cual ha generado preocupación y ha puesto en alerta, tanto a la población como a los gobernantes de dicha entidad.

Tal situación no es menor, ya que por dicha vialidad circulan a diario poco más de 55 mil vehículos, entre particulares y de carga, los cuales transitan ante un gran riesgo de un deslave repentino a un acantilado de poco más de 35 metros de altura, hecho que se agudiza debido al afluente vehicular y las intensas lluvias registradas en últimos días.

La autoridad estatal, en voz de la gobernadora Marina Del Pilar Ávila “explicó que es prioritaria la seguridad de la población, por lo que se tomó la decisión de restringir la circulación de los dos carriles con dirección del Centro a Playas de Tijuana, sobre la prolongación de la Calle Segunda, en tanto que se adecúan otros dos carriles, para que fluya el tráfico vehicular en ambos sentidos.”1

Asimismo, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, anunció el pasado 26 de marzo de 2023 el desvío de carriles y contra flujo como ruta alterna en la carretera hacia Playas de Tijuana a la altura del Cañón del Matadero, lo cual se implementó el pasado lunes 27 de marzo.

Por lo anterior es claro que la situación que prevalece es de urgente atención debido a que, como se ha mencionado, la vialidad representa una arteria fundamental en las comunicaciones para el Estado y para los miles de familias que se movilizan en la zona metropolitana de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.

Por otra parte, es importante señalar que tal coyuntura se agrava no solo debido a la necesidad de dicha vía de comunicación, sino al riesgo que han señalado geólogos y expertos, como Javier Franco Casas, integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, quien ha señalado el “inminente colapso de la vialidad que se encuentra sobre el Cañón del Matadero” ante las condiciones como “la altura de lo que es el piso del tubo hasta el libramiento, es de 35 metros, y es una pared completamente vertical, por lo que la inestabilidad es recurrente... por lo que es necesario tomar acciones emergentes.”2

Si bien, diversas voces han descartado que tales deslaves hayan ocurrido por alguna negligencia cometida por autoridades locales, lo cierto es que el terraplén para acceder a Playas de Tijuana ha sido, es y será muy útil para la movilidad de la zona, por lo cual resulta indispensable efectuar la obra correctiva en dicha vialidad, ya que la obra original data de 1963, año en el que se construyó ese talud.

Ahora bien, desde la puesta en marcha de las acciones gubernamentales en favor de la movilidad de las y los tijuanenses por dicha vialidad, y ante el cierre de múltiples carriles para evitar alguna complicación por derrumbe, según diversos medios de comunicación local, los vecinos de Playas de Tijuana reportaron que tardaron hasta cuatro horas para llegar del centro de la ciudad a su casa en el lapso de las seis de la tarde a los ocho de la noche del jueves 23 de marzo, lo cual se derivó del congestionamiento vial de la zona del Cañón del Matadero” hecho que trastoca la vida económica de la región, lo cual coloca en mayor riesgo la situación existente.

Para esta representación es urgente que tanto la Federación como el resto de los órdenes de gobierno coadyuven en beneficio de las y los tijuanenses, no solo por las afectaciones económicas por el congestionamiento de la citada vialidad, sino ante el riesgo latente del colapso y la posible pérdida de vidas humanas.

Por lo anterior, y toda vez que es urgente atender la situación que se presenta en el libramiento Rosas Magallón sobre el Cañón del Matadero, y ante la imperiosa necesidad de salvaguardar la integridad de las y los bajacalifornianos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo federal, del gobierno del estado de Baja California y del municipio de Tijuana a impulsar acciones conjuntas que garanticen la integridad de las personas que transitan la vialidad del Cañón del Matadero.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos presupuestales extraordinarios con el propósito de solventar los trabajos de reparación del Cañón del Matadero y los desvíos de Playas de Tijuana y mitigar el riesgo presente por colapso de dicha vialidad.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que considere la viabilidad de emitir dispensa temporal en el cobro del peaje de la caseta en Playas de Tijuana para que la autopista pueda utilizarse como vía alterna durante los trabajos de reparación ocasionados por el deslave en el Cañón del Matadero, ubicado en libramiento Rosas Magallón, Tijuana, Baja California.

Notas

1 Véase, Braulio Serrano Ruíz, Marina Del Pilar... Atiende Situación en Cañón Del Matadero; El Mexicano; 25 de marzo 2023; Disponible en:

https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y %20Pol%C3%ADticos/45351/Marina-del-Pilar...-Atiende-situación-en-Cañon- del-Matadero-

2 Véase, Inminente el colapso de vialidad en el Cañón del Matadero: geólogo Javier Franco; Agencia Fronteriza de Noticias; 27 de marzo 2023. Disponible en:

https://afntijuana.info/informacion_general/137770_inmin ente_el_colapso_de_vialidad_en_el_canon_del_matadero_geologo_javier_fra nco

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a reactivar la construcción de proyectos de vivienda del Invi, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que reactive la construcción de proyectos de vivienda del INVI, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la vivienda da estabilidad emocional, económica y seguridad a los individuos y sus familias ya que brinda seguridad y dignidad, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 25 numeral 1 que a la letra dice:

“Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

También es reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 en su artículo 11 primer párrafo en donde dice:

“reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”

Este derecho a la vivienda abarca la libertad de ser protegidos contra desalojos, destrucción u demoliciones, injerencias arbitrarias contra las viviendas, da libertad de elegir donde vivir, a la libertad de circulación, así como la seguridad de la tenencia, el acceso no discriminatorio en igualdad de condiciones a elegir y determinar dónde vivir, así como participar en la toma de decisiones en la creación de planos.

De igual manera en nuestra Constitución se encuentra inmerso en el artículo 4, párrafo 6, que a la letra dice:

“Artículo 4o. ...

...

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

En junio de 2006 se promulgo en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Vivienda, la cual obedece justo el artículo 4 Constitucional párrafo sexto en materia de vivienda por considerar la vivienda un área prioritaria para el desarrollo nacional por lo que impulsa y organiza las actividades inherentes a la materia con la participación de los sectores sociales y privados conforme establece esta ley en donde se refiere a la Política Nacional de Vivienda, el Sistema Nacional de Vivienda, de la Comisión nacional de Vivienda, el Consejo nacional de Vivienda, del Financiamiento a la Vivienda, la Producción Social de Vivienda y de la denuncia popular y las responsabilidades, además de que regula las actividades de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

Cabe mencionar que en el caso de los trabajadores del Apartado A, es decir del sector privado tienen derecho al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) creado desde 1972, con el objetivo de atender las necesidades de vivienda, el desarrollo de mejores soluciones habitacionales y financieras, así como abatir el rezago habitacional existente, los créditos que este instituto otorga son para comprar, construir o remodelar.

En el caso de los trabajadores del Apartado B, los trabajadores al servicio del Estado tienen acceso al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (Fovissste) quien se encarga de otorgar créditos para vivienda a los trabajadores al servicio del Estado para compra, construcción y remodelación.

Además de que las Fuerzas Armadas también cuentan con sus propios créditos de vivienda para Ejercito, Marina y Fuerza área.

Sin embargo, existe un gran grupo de personas que por la naturaleza de sus trabajos no tienen acceso a un crédito de vivienda, en México se calcula que son alrededor de 6 millones, para estas personas existen otras opciones que son los créditos hipotecarios que otorgan los bancos, además de que en los gobiernos estatales crearon sus propios institutos de vivienda o Comisiones quienes se hacen cargo de estos temas en su demarcación para apoyo a la ciudadanía.

Estas instituciones estatales apoyan a sus residentes que quieren adquirir una vivienda pero que no tienen seguridad social para ser derechohabientes a los créditos que otorgan el Infonavit y el Fovissste.

En este sentido en la Ciudad de México en INVI ha representado un gran apoyo, ya que tiene por objeto entre los más importantes el de promover y ejecutar el otorgamiento de créditos con tasa cero para la adquisición de viviendas para los sectores más vulnerables con ayudas de beneficio social.

Dentro de los programas que ofrecen y que están publicados en su página oficial se encuentran los siguientes:

“Vivienda nueva terminada: Se puede financiar integralmente con recursos INVI o con otras fuentes de financiamiento. Esta modalidad corresponde a la construcción de vivienda nueva realizada en predios con uso habitacional y con factibilidad de servicios, en un proceso único de edificación que cumpla con las necesidades de área construida, seguridad estructural, instalaciones, servicios, áreas privativas y áreas de uso común.

Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles catalogados: Esta modalidad corresponde a la adquisición de vivienda por parte de sus ocupantes, siempre que el inmueble esté en buenas condiciones estructurales, o bien, cuando las obras de rehabilitación garanticen que el inmueble tendrá una vida útil y duradera, que contribuya a la conservación del patrimonio histórico o artístico. La característica particular de estos inmuebles es que están catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes o la Dirección de Sitios Patrimoniales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Puede combinarse parcialmente con la modalidad de Vivienda Nueva Terminada cuando en el inmueble donde se desarrolle un proyecto de vivienda sea necesario conservar parte de la construcción existente por tratarse de un inmueble catalogado.

Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles no catalogados: Esta modalidad consiste en la adquisición de vivienda por parte de sus ocupantes cuando el inmueble requiere de rehabilitación o mejoras mediante obras estructurales o en instalaciones sanitarias o eléctricas, o requiere acciones de mantenimiento con las que se pueda garantizar una vida útil, duradera y segura del inmueble.

Vivienda progresiva: Esta modalidad corresponde a la edificación de vivienda individual o plurifamiliar, a través de un proceso de construcción paulatina o en etapas, en proyectos de tipo horizontal o vertical. Considera la construcción de vivienda con espacios habitables mínimos que den prioridad a elementos estructurales, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, que en conjunto consoliden gradualmente el inmueble y brinden seguridad y bienestar a sus ocupantes.

Adquisición de vivienda: Esta modalidad consiste en adquirir una vivienda propiedad de terceros, ya sea nueva o en uso.

Arrendamiento con opción a compra: Esta modalidad corresponde a la adquisición de vivienda sujeta a un período de pago de rentas mediante un contrato de arrendamiento que combine obligaciones condicionales de venta, en plazo y precio determinado, considerando las rentas o parte de éstas como aportación anticipada en favor de sus beneficiarios o arrendatarios al ejercer el financiamiento para compra de vivienda.

Condominio familiar: Es un crédito inicial o complementario para cubrir los gastos del proceso de constitución del régimen de propiedad en condominio de un inmueble, con el objeto de escriturar las unidades privativas existentes. Cubre estudios, proyectos, trámites legales, gastos notariales o administrativos y, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, se tendrán por satisfechos en su aplicación los requisitos administrativos, urbanos y sanitarios por tratarse de una disposición que tiene como único y exclusivo destinatario a este Instituto. Los propietarios de vivienda de interés social y popular podrán ser beneficiarios de las facilidades administrativas y estímulos fiscales vigentes, aun cuando no soliciten el otorgamiento del crédito, siempre y cuando cumplan los requisitos que se establezcan.”

Los beneficiarios a estos programas son la población de bajos recursos económicos en condición de vulnerabilidad entre las que refiere a indígenas, adultos mayores, madres solteras, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad o que habitan en zonas de alto riesgo, así como a la población asentada en campamentos o inmuebles con valor patrimonial.

El problema surge cuando las construcciones que ya se empezaron son suspendidas para atender emergencias consideradas así por la jefa de gobierno, cuando debería de existir por parte del Instituto un fondo previsto para atención de emergencias que no interfieran con las construcciones que son consideradas como ya previstas, en diferentes alcaldías de la Ciudad de México que comenzaron antes de la pandemia y que no se han podido concluir debido a que se suspenden los recursos para atender otras construcciones, por lo que existe inconformidad por parte de algunos beneficiarios por un atraso de más de 3 años cuando se habían comprometido en entregar estos departamentos nuevos en un año y medio.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que, aunque se presenten emergencias en caso de vivienda, no descapitalice los proyectos que ya se están construyendo para poder terminarlos y que no se sigan atrasando.

Bibliografía

- https://www.invi.cdmx.gob.mx/programas/programa/pvc

- ONU, (1948) Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado de https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

- ONU, La vivienda es un derecho, no una mercancía. Recuperado de: https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-housing/human-right-adeq uate-housing

- ONU, (1991) El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917)

- Ley de Vivienda (2006)

- Página Oficial del Infonavit. https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavitmx/mx2/derechohab ientes/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizdwNDDycTQz9LMIsHA0C_Sz 9jLzNjI28HM31w_ErMNOPIka_paWLiaG3hYFRgKGfgUFgWKChi6eLuYGpgQlx-g1wAEcD4v TjURCF3_hw_Sj8VphBFeDzIiFLCnJDQ0MjDDI9HRUVAQuFQYM!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS 9nQSEh/

- Página Oficial del Fovissste. https://www.gob.mx/fovissste

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Poder Judicial de Chihuahua a garantizar el acceso a la justicia y debido proceso en el caso de Mireya Rodríguez Lemus, a cargo de la diputada María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial del Estado de Chihuahua a garantizar el acceso a la justicia y debido proceso en el caso de Mireya Rodríguez Lemus, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Contexto del transfeminicidio en México

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los países “Adoptar campañas de prevención y combate contra la homofobia, transfobia y discriminación basada en orientación sexual, garantizando la protección a los derechos de identidad de género, dirigidas especialmente a personal de salud y de seguridad del Estado que tenga a su cargo medidas de atención y contención de la pandemia”. Este tipo de acciones afirmativas ayudaría a la disminución de casos de asesinatos a las personas LGBT en México.1

2. Las personas trans corren un riesgo mucho mayor de sufrir acoso y agresiones y de ser asesinadas. Cuando los medios de comunicación y los líderes comunitarios y políticos tratan el tema con un tono incendiario, el entorno se vuelve aún más hostil. Esta hostilidad hacia las personas trans muchas veces llega a codificarse en leyes que les prohíben ejercer derechos básicos.2

3. De 2017 a 2021, 270 mujeres trans fueron asesinadas. Destaca que 40 de las víctimas fueron sometidas a múltiples violencias: golpes, sexual, indicios de tortura y ensañamiento con cuerpos sin vida.3

20 de los 32 Estados de la República siguen sin tipificar las agresiones y asesinatos contra la población de la diversidad sexual como crímenes de odio, a pesar de que la violencia contra la comunidad es una constante en el país. Baja California 1 (2.32 por ciento), Chihuahua 6, Ciudad de México 3 (6.97 por ciento), Guerrero 3 (6.97 por ciento), Jalisco 3 (6.97 por ciento), Michoacán 5 (11.62 por ciento), Nuevo León 1 (2.32 por ciento) y Veracruz 21 (48.83 por ciento), siendo esto una muestra de que los crímenes de odio, de los cuales son víctimas las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI).4

II. Caso Mireya Rodríguez Lemus

1. Mireya Rodríguez Lemus, originaria del Estado de Chihuahua, fue la fundadora y presidenta de la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, y realizaba actividades de defensa y promoción de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, además de promover campañas de prevención del VIH SIDA.5

En conjunto con sus compañeras, el Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt de Letra S y otras organizaciones logró que se emitiera la primera recomendación 58/2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua en la que se reconocía los derechos humanos de las mujeres Trans y de las trabajadoras sexuales para que las autoridades municipales de Chihuahua cesaran sus operativos arbitrarios en las zonas de trabajo sexual, en los cuales se les forzaba a aplicarse pruebas de VIH o eran sancionadas con varias horas de prisión, e implementaran el Programa “Acceso integral a la salud y bienestar para las personas trabajadoras sexuales del municipio de Chihuahua”6

2. Conforme al medio periodístico regional Presentes, 7 el 2 de septiembre de 2020 fue encontrada sin vida y con huellas de violencia en su casa, en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, siendo confirmada el martes 8 la identidad del cuerpo por las autoridades.

El 11 de septiembre de 2020, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acusó por homicidio agravado por razón de género y robo con penalidad agravada a Arturo “N”, a quien se le dictó prisión preventiva.

Sin embargo, el 8 de julio de 2022, el órgano colegiado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua absolvió y puso en libertad a Arturo “N”.

La abogada de la familia de Mireya Rodríguez Lemus, Laura Hernández García, consideró que la sentencia muestra inconsistencias, que se desestimaron más de 70 pruebas que se presentaron por la fiscalía y la Comisión Estatal de Atención a víctimas en el juicio, que no se juzgó con perspectiva de género, derechos humanos y enfoque diferenciado y, además, la redacción de la resolución revictimizó a Mireya.

Por lo anterior, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, informó que apelaría la resolución emitida por el Tribunal.8

1. En septiembre de 2020,9 la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, condenó el asesinato de Mireya Rodríguez Lemus, en el Estado de Chihuahua y realizó los siguientes llamados:

• A investigar de forma exhaustiva y de conformidad con los estándares internacionales de debida diligencia y perspectiva de género;

• agotar todas las líneas de investigación, incluyendo la posible vinculación de este ataque contra Mireya Rodríguez con su labor de defensa de los derechos humanos, así como la posibilidad de que se trate de un crimen de odio por cuestiones de género;

• A fortalecer el conjunto de medidas necesarias para prevenir asesinatos motivados por el odio, así como para contrarrestar las actitudes transfóbicas y promover el respeto hacia la población LGBTI, atendiendo a sus obligaciones de derechos humanos;

• Mantener el acompañamiento y el contacto con la familia de la defensora, así como con sus compañeras de la comunidad LGBTI.

III. Reforma constitucional en materia de derechos humanos

1. El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de derechos humanos.10

Dicha reforma tuvo como objetivo reconocer a nivel constitucional los derechos humanos de las personas, así como establecer las garantías para lograr su apropiada protección.

2. De las modificaciones realizadas al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se destaca el reconocimiento de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de la norma jurídica y, en segundo lugar, la prohibición de todo tipo de discriminación.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 1 y 133 de la CPEUM, el Estado Mexicano tiene la obligación de observar los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que sea parte.

IV. Acceso a la justicia y debido proceso

1. El acceso a la justicia es un derecho humano protegido por diversos instrumentos internacionales de los que México es Estado parte. Asimismo, se encuentra garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El acceso a la justicia se puede definir como “... la obligación del Estado consistente en garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos a los tribunales, en condiciones de equidad, y que las respuestas que obtengan de estos últimos resuelvan los conflictos en forma efectiva, tanto para los individuos involucrados como para la sociedad en general.”11

Es un derecho fundamental que se considera la piedra angular para la protección de los derechos humanos que permite a las personas acudir a los tribunales para hacer valer y respetar los mismos.

En ese sentido, el poder judicial es el depositario de la confianza de todas las personas y la última instancia para que sus derechos sean garantizados a través de una tutela judicial efectiva.

2. De la misma forma, se trata de un asunto que trasciende del ámbito normativo y que incide directamente en la conformación de la democracia constitucional como régimen político. El acceso efectivo a la justicia establece mecanismos a través de los cuales puede garantizarse la normalidad democrática, así como sancionarse cualquier hecho ilícito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la siguiente interpretación sobre el Derecho Humano referido a través de la siguiente jurisprudencia:

“Por otro lado, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han precisado que la obligación de los Estados no sólo es negativa –de no impedir el acceso a esos recursos–, sino fundamentalmente positiva, esto es, a través de la organización del aparato institucional, de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. De igual manera, han reconocido como componentes del debido proceso el derecho a contar con una decisión fundada relativa al fondo del asunto, así como el derecho al plazo razonable del proceso. Con base en esos estándares constitucionales y convencionales, es de suma relevancia que los Estados remuevan cualquier obstáculo que limite la posibilidad de acceso a la justicia completa”12

Esto significa que la consolidación de la justicia como Derecho Humano depende no sólo de eliminar cualquier obstáculo ejercido desde el Estado, sino de una promoción activa de esta norma fundamental.

En el caso del derecho humano de acceso a la justicia, México forma parte de diversos instrumentos internacionales para su protección, entre ellos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948)

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966)

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

3. Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 17. ...

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

[...]” 13

V. Poder Judicial del Estado de Chihuahua

1. La Ley Orgánica del Poder judicial del Estado de Chihuahua14 establece en su artículo 15 que el Poder Judicial se integrará y ejercerá en sus respectivos ámbitos de competencia, entre otros, por el Pleno de Tribunal Superior de Justicia y por el Consejo de la Judicatura.

Asimismo, en su artículo 48 establece que “El Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, en los términos que indique esta ley. Contará con independencia presupuestal, técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.”

Conforme al artículo 131 de la Ley Orgánica, entre las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, se encuentra:

• Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las oficinas de los tribunales, órganos y áreas auxiliares del Consejo;

• Conocer y resolver de las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, así como lo relativo a las quejas y denuncias que presenten las personas usuarias de los servicios del Poder Judicial;

• En su caso, aplicar las sanciones que correspondan, así como conocer de los medios de impugnación, en los términos que establece la presente Ley.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para que la Sala que conozca del Recurso de Apelación promovido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en el asunto de Mireya Rodríguez Lemus, al momento de resolver, actúe con perspectiva de género conforme al “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género” y se garantice el acceso a la justicia efectiva y el debido proceso.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para que a través del Consejo de la Judicatura y de sus demás instancias competentes, investiguen las actuaciones y determinaciones de los Jueces Aram Delgado García, Ricardo Márquez Torres y la Jueza Lucero Moreno Navarrete, en el proceso penal de Mireya Rodríguez Lemus y determinar si se actuó con perspectiva de género y se garantizó el acceso a la justicia efectiva y el debido proceso.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para que a través del Consejo de la Judicatura y de sus demás instancias competentes, aplique las sanciones correspondientes en caso de acreditarse que los Jueces Aram Delgado García, Ricardo Márquez Torres y la Jueza Lucero Moreno Navarrete, vulnerado los Derechos Humanos de Mireya Rodríguez Lemus.

Notas

1 Fundación Arcoiris. Informe de crímenes de odio contra LGBT. Disponible en: http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/Informe- de-Cri%CC%81menes-de-odio-contra-lgbt-panorama2020.pdf Consultada: 29 de marzo de 2023.

2 Libres e Iguales – Naciones Unidas. Visibilidad Trans. Disponible en: https://www.unfe.org/es/transvisibility-2/ Consultada: 29 de marzo de 2023.

3 Letra Ese. Muertes violentas de personas LGBT+, Resumen ejecutivo. Disponible en: https://letraese.org.mx/crimenes-de-odio-archivo/Consultada: 29 de marzo de 2023.

4 Ibídem.

5 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos México. Comunicado: ONU-DH México condena el asesinato de la defensora Mireya Rodríguez Lemus en Chihuahua. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-mexico-condena-el-asesinato-de-l a-defensora-mireya-rodriguez-lemus-en-chihuahua/ Consultada: 29 de marzo de 2023.

6 Letra Ese, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, AC, Consultorio Virtual de Derechos Humanos y Servicios Legales “Arturo Díaz Betancourt”, Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, AC, y Grupo de Estudios sobre Derechos, Géneros y Diversidades, A.C. Comunicado de Prensa. Disponible en:

https://letraese.org.mx/sobre-el-transfeminicidio-de-mir eya-rodriguez/ Consultada: 29 de marzo de 2023

7 Medio periodístico “Presentes”. Transfeminicidio de Mireya: la justicia en México deja impune el caso que podía marcar un cambio. Disponible en: https://agenciapresentes.org/2022/07/25/transfemicidio-de-mireya-la-jus ticia-de-mexico-deja-impune-el-caso-que-podia-marcar-un-cambio/#:~:text =El%2011%20de%20septiembre%20de,penalidad%20agravada%20al%20presunto%20 responsable. Consultada: 29 de marzo de 2023.

8 Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Comunicado: Apelará FGE fallo absolutorio del presunto homicida de Mireya R. Disponible en http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/apelara-fge-fallo-absolutorio-de-presu nto-homicida-de-mireya-r/ Consultada: 29 de marzo de 2023.

9 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos México. Comunicado: ONU-DH México condena el asesinato de la defensora Mireya Rodríguez Lemus en Chihuahua. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-mexico-condena-el-asesinato-de-l a-defensora-mireya-rodriguez-lemus-en-chihuahua/ Consultada: 29 de marzo de 2023.

10 Cámara de Diputados. Reforma 194: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.p df Consultada: 01 de febrero de 2023.

11 Cappelletti, mauro y Brian Garth. “General Report”, en Mauro Cappelletti y Brian Garth (eds.), Access to Justice. A World Survey. Milán: Dott. A. GiuffréEditore. 1978 citado por Caballero, José Antonio. 2016. Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones, coords. Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, LXIII Legislatura; Suprema Corte de justicia de la Nación; Senado de la República, LXIII Legislatura; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Instituto Nacional Electoral; y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México: Miguel Ángel Porrúa. Consultado: 01 de febrero de 2023.

12 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: PC.III.A. J/10 A (11a.), disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024104 Consultada: 23 de enero de 2023.

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2022. México: Cámara de Diputados. Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Consultada: 29 de marzo de 2023.

14 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. 2020. México: H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Disponible en https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/15 22.pdf Consultada el 29 de marzo de 2023.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a investigar las irregularidades de la carpeta de investigación abierta en contra del primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz, cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al licenciado José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, a investigar las irregularidades de la carpeta de investigación abierta en contra del primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. El 23 de septiembre de 2022, fue detenido el primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz acusado de extorsión. Tres días después, la síndico municipal y tres regidores más señalaron al alcalde Edgar Misael Ocampo Ayala de hacer uso indebido de recursos públicos y encabezar una persecución política. (Villavicencio, 2022)

Segundo. El primer regidor es acusado de extorsión al alcalde Edgar Misael Ocampo. “Raúl Flores Díaz quedó bajo prisión preventiva en el centro de readaptación de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde enfrentará el proceso legal y la autoridad de justicia correspondiente fijará su situación jurídica conforme a derecho.” (Ángeles, 2022)

Tercero. El 16 de marzo de esta anualidad, en conferencia de prensa de este servidor, se dio un respaldo a Raúl Flores Díaz, pues fue llevado a prisión “por no prestarse a las corruptelas del alcalde Misael Ocampo Ayala” (Comunicación Social, 2023)

Cuarto. Queremos que este caso se investigue a profundidad y si existen irregularidades salgan a la luz, como se manifestó en la conferencia de prensa aludida y lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en ‘las mañaneras’: no somos iguales y no podemos estar haciendo lo que hacían los gobiernos del PRI y PAN para llevar a prisión a los oponentes políticos”. (Comunicación Social, 2023)

Quinto. Es en este tenor que solicitamos al licenciado José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, a investigar las irregularidades de la carpeta de investigación abierta en contra del primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, al licenciado José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, a investigar las irregularidades de la carpeta de investigación abierta en contra del primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz.

Bibliografía

- Ángeles, V. P. (23 de septiembre de 2022). sdp noticias . Obtenido de Raúl Flores Díaz, primer Regidor de Ixtapan de la Sal, es detenido y le dictan prisión preventiva: https://www.sdpnoticias.com/estados/edomex/raul-flores-diaz-primer-regi dor-de-ixtapan-de-la-sal-es-detenido-y-le-dictan-prision-preventiva/

- Comunicación Social. (16 de marzo de 2023). Respalda Alejandro Robles denuncia contra injusta aprehensión de Raúl Flores, primer regidor del Ixtapan de la Sal , Estado de México. Obtenido de Cámara de Diputados: https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/respald a-alejandro-robles-denuncia-contra-injusta-aprehension-de-raul-flores-p rimer-regidor-del-ixtapan-de-la-sal-estado-de-mexico

- Villavicencio, G. (29 de septiembre de 2022). Estas son las claves para entender el conflicto en Ixtapan de la Sal . Obtenido de AD Noticias: https://adnoticias.mx/estas-son-las-claves-para-entender-el-conflicto-e n-ixtapan-de-la-sal/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a conducirse con estricto apego a la legalidad y no revictimizar a los migrantes fallecidos el pasado lunes 27 de marzo del 2023 en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El día lunes 27 de marzo del año en curso se dio a conocer el lamentable fallecimiento de al menos 40 personas dentro de una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante “La Mañanera” el día martes 28 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentó que la muerte de los 40 migrantes en “un albergue”, término que decidió utilizar para deslindar de responsabilidades a su administración, fue causada por un incendio provocado por ellos mismos al intentar protestar para no ser deportados.

Por su parte, medios de comunicación locales recogieron testimonios de personas migrantes que fueron desalojadas durante el incendio, quienes explicaron que la protesta se dio al exigir agua para beber ya que llevaban todo el día sin este líquido vital.

Un video captado por las cámaras de seguridad reveló cómo los guardias que se encontraban en ese momento al cuidado de las personas migrantes se percatan del incendio y salen corriendo del lugar sin intención de abrir la estación migratoria para que pudieran salir, dejando ver su nula capacidad de actuación y falta de humanidad.

El Instituto Nacional de Migración es un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) por lo que resultan indignantes las declaraciones de su titular, Adán Augusto López Hernández en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga, deslindando su responsabilidad con el argumento de que este asunto es competencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

La realidad es que la política migratoria del gobierno actual es violatoria a los derechos humanos, muestra de ello es la violación al artículo 107 de la Ley de Migración mismo que establece el derecho de los alojados migrantes en las estaciones migratorias de recibir tres alimentos al día y en realidad, los migrantes fallecidos llevaban todo el día sin poder beber agua.

Además, las autoridades violentaron lo establecido por el artículo 109 fracción XII del mismo cuerpo normativo de no otorgar un trato digno y humano durante toda su estancia en la estación migratoria.

Las decisiones en materia migratoria por parte de la administración actual han sido lamentables; solo se ha fortalecido una política migratoria criminal sin protocolos de atención y una continua violación a los derechos humanos de las personas.

Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional exigimos una pronta reparación del daño, un castigo ejemplar a las autoridades involucradas y, la destitución inmediata del comisionado Francisco Garduño Yáñez frente a las continuas omisiones y políticas violatorias a los derechos humanos para las personas migrantes.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. - Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, por su conducto, se destituya inmediatamente al doctor Francisco Garduño Yáñez como comisionado del Instituto Nacional de Migración en virtud de que ha demostrado su incapacidad para garantizar, proteger, promover y hacer cumplir los derechos humanos de todas y todos los migrantes en el país.

Segundo. - Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a conducirse con estricto apego a la legalidad y no revictimización de los migrantes fallecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tercero. - Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para esclarecer de manera pronta, oportuna y expedita, la responsabilidad de los funcionarios y autoridades involucradas en los hechos ocurridos este lunes 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez Chihuahua y aplicar las sanciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo del 2023.

Diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena la actuación de los servidores públicos del INM, por el incumplimiento de protocolos que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes que se encuentren en los centros migratorios, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Elvia Yolanda Martínez Cosío, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 20 de diciembre de 2018, bajo la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se anunció a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), una acción para enfrentar la crisis de inmigración irregular que encaraba Estados Unidos. En ese sentido, el gobierno estadounidense comenzó el proceso de invocar la Sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, bajo los Protocolos de Protección Migratoria (MMP, por sus siglas en ingles), también conocido como “ Permanecer en México” (Remain in Mexico ), el que consistía en que, las personas que llegan o entran a los Estados Unidos desde México, de manera irregular o sin la documentación adecuada, podían ser devueltas a México durante el tiempo de sus procedimientos de inmigración.

Esta acción, desató una crisis humanitaria y de violación de derechos humanos en nuestro país. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch (HRW), publicado en enero de 2021, menciona que, bajo el programa “Permanecer en México”, los solicitantes de asilo enfrentaron secuestros, agresiones sexuales, explotación, falta de necesidades básicas, abuso y otros peligros en México. Además, muchos de los solicitantes no tuvieron acceso significativo al debido proceso en Estados Unidos.

En su mismo informe, Human Rights Watch menciona que, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU, ha colocado a más de 69 mil personas en su programa “Permanecer en México” desde enero de 2019. Esta cifra incluye familias con niños y niñas de todas las edades, algunos de ellos con discapacidades, incluidos recién nacidos, bebés, y niños pequeños.

De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales (ONG), han contabilizado a 71 mil migrantes que se vieron obligados a permanecer en México en sus casos de asilo, hasta antes de la suspensión ordenada por el gobierno de Biden; 42 mil casos fueron procesados bajo la administración del presidente Trump; 10 mil tuvieron autorización de ingresar a EU y esperar ahí tras la llegada de Biden, y 25 mil aún esperan en México. Es decir, que solo el 1.7 por ciento de los casos de asilo bajo este programa han sido aceptados. 1

No obstante ello, el 13 de agosto de 2021, el juez federal del estado de Texas, Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump, resolvió dos demandas a favor de los gobiernos estatales de Missouri y Texas que solicitaban la restauración del programa “Permanecer en México”, cuyo fallo ordenó al gobierno de Biden a restaurar dicho programa al menos hasta que este encontrara una forma de “rescindirlo de forma legal”, y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad necesaria para detener a todos los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, puedan entrar a Estados Unidos. En ese tenor, el Gobierno de los Estados Unidos reactivó el programa “Permanecer en México” el 05 de diciembre de 2021.

En ese sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mencionó durante su conferencia matutina del pasado 26 de agosto de 2021, que seguirán ayudando al gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio.

Con la complacencia del actual gobierno de México de convertirse en “Tercer País Seguro”, los solicitantes de asilo (en la mayoría de los casos provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Venezuela y algunas de Cuba, Ecuador y Perú) permanecerán en México, para esperar sus citas ante jueces migratorios, trámite que en la mayoría de los casos tomará meses y más, en ciudades como Nuevo Laredo, Matamoros, Tijuana y Ciudad Juárez, entre otros.

El que el Estado Mexicano haya aceptado ser “Tercer País Seguro”, es decir, el filtro migratorio de Estados Unidos, implica para México como lo ha señalado la Agencia de la ONU para Refugidados “ACNUR” al menos garantizar los derechos salud, acceso a la educación y empleo para cualquier refugiado (como se citó en Alianza Américas)2 yo agregaría contar con la infraestructura adecuada para darles un lugar que les permita tener un alojamiento adecuado, seguridad, alimento, entre otros. Además, como lo señala Gretchen Khner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) “México -debería- ampliar su sistema de protección a solicitantes de asilo y refugio, sin embargo, el país no ofrece condiciones de seguridad para estar personas ‘ni para muchos mexicanos en muchas zonas del país’” (como se citó en Alianza Américas).3

Lamentablemente lejos de que disminuya la migración de paso por México y que el Gobierno Federal mejore las condiciones para recibir y alojar a los migrantes de Centroamérica y Sudamérica principalmente. Los medios de comunicación han dado cuenta del incremento del flujo migratorio por el país, para muestra la BBC (2022), dio a conocer que “un total de 33.000 venezolanos llegaron a la frontera solo en septiembre –del 2022–”.4 Al respecto el Instituto Nacional de Migración (INM), ha señalado que “si bien la migración venezolana ha sido constante en los últimos años, en el periodo fiscal 2022 registró un incremento en la llegada de venezolanos de un 293 por ciento con respecto al año previo”.5

Ahora bien, si a todas luces es palpable el incremento de migrantes de paso por el territorio nacional en los centros migratorios de nuestro país, entonces, ¿Por qué el Gobierno Federal no ha propuesto un incremento presupuestal responsable y realista que vaya dirigido a la atención oportuna en el marco del respeto de los derechos humanos de los migrantes de paso?

Los centros de migración del INM, han sido escenario de protestas y disturbios ocasionales, sobre todo en momentos de gran flujo migratorio y cuando las instalaciones de detención estaban más llenas. No obstante, nada de gravedad como lo ocurrido el pasado lunes 27 de marzo de 2023 por la noche, donde hubo un incendio en las instalaciones del centro de migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, derivado de una protesta de los migrantes que se salió de control y donde los diversos medios informativos han dado cuenta que fallecieron al menos 38 migrantes y otros se encuentran heridos de gravedad, procedentes principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador.

Tragedia de la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del día siguiente, informó que “...tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron que causaría esta terrible desgracia”. No obstante, estos migrantes que lamentablemente perdieron la vida no se encontraban en un albergue, sino que estaban encerrados bajo cadena en un Centro Migratorio del INM, como se puede observar en videos que circulan en las redes sociales, que indican murieron ante la negligencia de los servidores públicos de dicho Centro Migratorio.

Las y los mexicanos estamos consternados por dicha tragedia, e indignados por la irresponsabilidad, la poca visión y la falta de sensibilidad del Gobierno Federal para garantizar los derechos humanos de los migrantes de paso por el territorio nacional. Por la actuación del Instituto Nacional de Migración, por no tener un protocolo para salvaguardar la vida de quiénes se encuentran en los centros de migración de nuestro país; y, por la falta de políticas públicas de este Gobierno, y su corta visión que no contempla un presupuesto de egresos responsable y que atienda las necesidades mínimas y primordiales de los mexicanos y los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados condena la actuación de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración por el incumplimiento de protocolos que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes que se encuentren en los centros migratorios de dicho Instituto, sobre todo aquellos que salvaguarden la vida y la integridad de las personas resguardadas en ellos, como se constató en la tragedia ocurrida en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado lunes 27 de marzo de 2023 por la noche, derivada de una protesta de los migrantes que se salió de control, ocurrió un incendio y donde al momento se ha informado fallecieron al menos 38 migrantes y otros se encuentran heridos de gravedad, procedentes principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación a formular y conducir una política migratoria y de movilidad humana responsable y que garantice los derechos humanos de los migrantes de paso por el territorio nacional, tal y como lo establece el artículo 27, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la República, a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial que permita que los responsables por acción u omisión de la tragedia ocurrida en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, del pasado lunes 27 de marzo de 2023, sean llevados ante la justicia.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que lleve a cabo su responsabilidad en defensa de los derechos humanos de los migrantes de paso por el territorio nacional.

Notas

1 Reforma. (2021). “Ordenan reinstalar “Quédate en México”, Reforma (Washington D.C.). 24 de agosto de 2021.

2 Alianza Américas. (2023). “México, ¿Tercer País seguro?”. Chicago. Disponible en https://www.alianzaamericas.org/blog-3/mexico-tercer-pais-seguro/

3 Ídem

4 BBC News. Norberto Paredes (13 octubre 2022). “Qué cambia para los venezolanos que quieran llegar a EE.UU. con el acuerdo de Biden y México y la nueva vía legal para entrar al país”. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63230294

5 Instituto Nacional de Migración (2022). “Tarjeta migratoria 27 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/wp-content/uploads/2022/12/Tarjeta-Mi gratoria-271222.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 11 de abril de 2022.

Diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMPI a estudiar la viabilidad y, en su caso, iniciar con los trámites conducentes a efecto emitir la declaración de protección de la denominación de origen del pan El Marquesote, de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rosalinda Domínguez Flores , diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 y 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.; somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

Que, en el año 2010, un día 16 de noviembre, la Cocina Tradicional de México fue inscrita por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Ello por considerarla un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales.1

Es meritorio enaltecer que la UNESCO manifestó que la cocina tradicional mexicana tiene una fuerte identidad cultural misma que conserva su historia al transmitirse de generación en generación, lo que le da un valor mayor a nivel cultural y tradicional.

Tomando como referente la declaratorio de la UNESCO en nuestro país se decretó el 16 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, con ello se pretende preservar el patrimonio cultural y fomentar el desarrollo cultural impulsar su riqueza natural, y ubicar a México como un destino de clase mundial.

Adicional a ello como parte de un proceso integral que revestiría de gran apoyo a la cultura y tradición mexicana, así como al turismo, se crearon 18 rutas gastronómicas, que cubren los 32 estados de la República.2

La Cocina Mexicana ha funcionado como un componente de identidad cultural y factor de desarrollo comunitario.

Por ello no es de extrañar que nuestro país aporta un buen número de productos con Denominación de Origen como el tequila, mezcal, café de Veracruz, charanda y café de Chiapas.

Que, la denominación de origen DO, está sustentada en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que en su artículo 264 a la letra dice;

Artículo 264. Se entiende por denominación de origen, el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.

Una vez emitida la declaratoria de protección de una denominación de origen, ésta deberá contar con una Norma Oficial Mexicana específica .3

Por su parte el Estado de Oaxaca ha sido un gran representante de la gastronomía mexicana, sus sabores impregnan muchos platillos que son base de nuestra alimentación, con sus famosas recetas de mole, tlayudas, y marquesotas, realizados con base en las técnicas y procesos de cocina que se han transmitido de generación en generación, que le dan identidad y cultura al estado.

En el año 2008 se expidió en el Estado de Oaxaca el decreto No. 56 mediante el cual la LX Legislatura local declaró la gastronomía de la entidad como Patrimonio Cultural Intangible del Estado.

Entre esa gran variedad de caracteriza a la cocina oaxaqueña se tiene el llamado “el marquesote ” que es un pan típico del Istmo de Tehuantepec, este alimento es preparado de forma tradicional y se da mayor realce en las fechas de día de muertos.

Entre la población de Tlacolula se cree que en Oaxaca llamaron marquesote a este pan en honor a Hernán Cortés.

Es un pan de dulce de color amarillo, de masa sumamente porosa, en general para prepararlo se baten claras de huevo a punto de turrón y se les añaden las yemas (que aportan el color amarillo), azúcar y harina de trigo. Se hornean en moldes, redondos o cuadrados, que se forran con papel de estraza para que el pan no se pegue. En algunos casos la harina de trigo se reemplaza por fécula de maíz o pinole.4

Este manjar se tiene como preparativo de las fiestas patronales que se llevan a cabo del 31 de julio al 6 de agosto, por ello, el día 24 de julio desde temprano se reúnen las marquezoteras con sus ollas y pala depositándolos frente al altar de los mayordomos para ser bendecidos por el sacerdote.

Posteriormente acompañados de la banda de música, incienso y agua bendita se distribuyen a las marquezoteras en los diferentes hornos de la población donde se baten los ingredientes y se hornea para obtener este delicioso pan.

El día 25 de julio a primeras horas se distribuye a toda la población con un vaso de leche y ramos de esparras y rosas como invitación (cariño) a la asistencia a todas las fiestas.

También en las fiestas de boda, quince años y bautizos se ofrece días antes del festejo a los padrinos como muestra del compromiso.

Es por ello que mediante la presente propuesta se busca dotar al marquesote de la región del istmo de su denominación de origen.

Partiendo de que la Denominación de Origen es una figura jurídica de protección en materia de Propiedad Industrial, con la cual se protegen productos que cuentan con características propias de una región, como son los factores naturales y humanos que determinen su calidad o características peculiares.5

La petición la referiremos con base en el artículo 273 fracción V de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que a la letra reza;

Artículo 273.- La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se hará de oficio o a petición de:

I... IV...

V.- Las Cámaras del Congreso de la Unión, siempre y cuando la propuesta haya sido aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes. 6

Por lo anteriormente citado y en alcance de fortalecer la gastronomía oaxaqueña la suscrita propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa y colaborativa al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, para que estudie la viabilidad y, en su caso, inicie con los trámites conducentes a efecto emitir la declaración de protección de la denominación de origen, determinado en el artículo 264 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, del “Pan El Marquesote” de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Notas:

1. https://ich.unesco.org/es/

2. https://www.gob.mx/agricultura/

3. https://www.diputados.gob.mx/

4. https://www.soyoaxaca.com/

5. https://embamex.sre.gob.mx/

6. https://www.diputados.gob.mx/

Dado en la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, a 11 de abril de 2023

Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a presentar un informe a la opinión pública, sobre la contaminación del río Zula, ubicado en Jalisco, así como especificar cuáles son las medidas y acciones llevadas a cabo para dicho mantenimiento, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Ana Laura Sánchez Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, (Conagua) a presentar un informe actual y detallado a la opinión pública sobre la contaminación del Río Zula, ubicado en el estado de Jalisco, así como especificar cuáles son las medidas y acciones llevadas a cabo para dicho mantenimiento; a Profepa a fin de garantizar que las industrias cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021 que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación; de la misma forma a las autoridades municipales y estatales, a implementar acciones de limpieza y saneamiento, así como supervisar de forma constante la autorización de los permisos y licencias para la descarga de aguas residuales a dicho río, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El medio ambiente, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana, tiene un carácter colectivo y, por lo tanto, se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la comunidad en general. Por lo cual, su defensa y titularidad debe ser reconocida en lo individual y en lo colectivo. En cuanto al acceso de las personas al derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el derecho mexicano ha ido reconociendo gradualmente que para el goce y disfrute de este derecho, es necesario contar con condiciones y un marco legal que reconozcan los servicios individuales y colectivos, y el valor tangible e intangible que el entorno ambiental provee a los seres humanos y que inciden en su calidad de vida, protegiendo tanto a las generaciones presentes como las generaciones futuras.1

Tanto es así que, nuestra carta magna dice en su artículo cuarto que; Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.2

Sin embargo, esta afirmación constitucional ha quedado de lado, ya que, por varios años, habitantes de distintas comunidades de Jalisco, han denunciado a las autoridades afectaciones a viviendas y cultivos, incluso han declarado de diferentes maneras, está terrible situación que vive hoy día, el Río Zula, ubicado en el estado de Jalisco, por su alto índice de contaminación, y afectando de alguna manera a municipios como Atotonilco, Tototlán, Poncitlán, Ocotlán, y Zapotlán del Rey.

Este problema de contaminación ha persistido durante años sin respuesta por parte de las autoridades, ya que vecinos de las comunidades contiguas al río, han manifestado afectaciones directas a la salud de sus familias.

Incluso, en meses pasados, en medios locales se redactaba que “La contaminación en el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, afecta a los vecinos y comerciantes que colindan la zona. Los habitantes han declarado a las autoridades municipales las repercusiones y daños a sus viviendas y negocios desde septiembre del 2022 a la actualidad.

A pesar de las denuncias, los residentes no han obtenido respuesta por parte de la administración pública. Y al no poder resolver el problema, la polución en el agua ha ido en aumento, trayendo consigo un mal olor, plaga de mosquitos y reproducción de lirio”.3

Esta contaminación es señalada por ciudadanos, responsabilizando a las descargas de agua residual, a las granjas porcícolas de la zona, a la industria tequilera, a plantas de tratamiento industrial, a plantas industrializadoras de basura; ya que según su dicho vierten sus residuos en el Río Zula.

Es por ello, que resultado de sus atribuciones y misión de “Administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes, para lograr su uso sustentable, con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general” se solicita a la Comisión Nacional del Agua, un informe actualizado, y detallado sobre la contaminación del Río Zula, así como especificar cuáles son las medidas y acciones llevadas a cabo para dicho mantenimiento.

Así mismo extendemos una cordial participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la cual tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

De igual manera solicitamos garanticen que las industrias cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021 que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.

Finalmente, solicitar su solidaridad a esta causa, a las autoridades municipales y estatales pidiendo Implementar a la brevedad, acciones de limpieza y saneamiento, así como supervisar de forma constante la autorización de los permisos y licencias para la descarga de aguas residuales a dicho río.

En Acción Nacional siempre exigiremos un trabajo serio y a conciencia en la tarea de proteger el medio ambiente, porque debemos preservar un adecuado medio ambiente para nuestras futuras generaciones, por lo tanto, es necesario que la autoridades señaladas, resalten los intereses vitales de la comunidad, frente a cualquier otro tipo de intereses.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno la presente proposición en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, (Conagua) a presentar un informe actual y detallado a la opinión pública sobre la contaminación del Río Zula, ubicado en el estado de Jalisco, así como especificar cuáles son las medidas y acciones llevadas a cabo para dicho mantenimiento.

Segundo. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Profepa a fin de garantizar que las industrias cumplan con lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021 que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, particularmente por lo que está ocurriendo con la contaminación del Río Zula.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades municipales, y estatales a implementar acciones de limpieza y saneamiento, así como supervisar de forma constante la autorización de los permisos y licencias para la descarga de aguas residuales a dicho río.

Notas:

1 http://ceja.org.mx/IMG/El_Derecho_Humano_al_Medio_Ambiente_en_Mexico.pd f

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3 https://decisiones.com.mx/zmo/ocotlan/rio-zula-contaminacion-latente-en -ocotlan/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputada Ana Laura Sánchez Velázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Fovissste a implementar programas que faciliten la liquidación de los créditos hipotecarios, otorgándoles su carta de liberación a la derechohabiencia, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irán Santiago Manuel , integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a la vivienda, es un derecho humano que se encuentra reconocido en nuestro ordenamiento jurídico mexicano a nivel constitucional. Es precisamente dentro del artículo 4o que se establece el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, así mismo se hace mención que la ley establecerá los instrumentos y apoyos a fin de alcanzar dicho objetivo.

El derecho a la vivienda está íntimamente ligado a la seguridad social. En México existen diversas instituciones encargadas de brindar seguridad social a la ciudadanía, sin embargo 2 son las instituciones fundamentales de la seguridad social: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sus beneficios están limitados a las personas trabajadoras afiliadas y sus familiares.

El IMSS es la institución quien brinda atención a las personas trabajadores que se encuentran su relación laboral conforme al artículo 123, Apartada A constitucional. Dentro de las prestaciones y servicios previsto por el IMSS se tiene acceso a créditos de vivienda el cuál es administrado y proporcionado por el “Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Uno de los objeticos del Infonavit es el establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones; c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, y d).- La adquisición en propiedad de suelo destinado para la construcción de sus habitaciones; lo cual está contemplado en el artículo 3o de la Ley del Infonavit.

En otro sector de la población están los trabajadores del estado, los cuales están regulados por el apartado B constitucional. Para este sector de la población el ISSSTE es quien atienda sus necesidades y derechos en materia de seguridad social, que a su vez por medio del Fovissste obtiene acceso a créditos de vivienda.

En México el Infonavit otorga cerca de 300 a 350 mil créditos de vivienda al año, con cifras de hasta 2.4 millones de pesos como tope máximo para ofrecer créditos a la derechohabiencia.

En el año 2022, el Infonavit otorgó 295,206 créditos, esta cifra es inferior en 22.60% (86,184 créditos hipotecarios menos) con respecto a la meta programada para el cierre del 20221 . Sin embargo existe una realidad en materia de créditos de vivienda y ello es que un gran número de personas se ven comprometidos con el pago mensual a su crédito por diferentes circunstancias, pérdida del empleo o de los ingresos lo que los pone en una situación de riesgo, porque aumenta el monto de la deuda y en algunos casos se ven rebasados en el incremento del adeudo que pierden sus vivienda.

Afortunadamente, durante el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han realizado diversas acciones en materia de vivienda con el Infonavit que permiten: a) concluir de manera anticipada el pago del crédito, b) cambiar de veces salario mínimo a pesos el valor del crédito y c) restructuras (borrón y cuenta nueva).

En conferencia de prensa, el director general del Infonavit Carlos Martínez, informó que desde 2019 se han hecho descuentos totales por 100 mil millones de pesos *******[2] . Se ha apoyado a más de 1.7 millones de trabajadores, de los cuales 100 mil acreditados han aplicado al programa “90 Diez y Liquidación Anticipada ”, el cual es el medio por el que se hacen condonaciones a quienes ya habían pagado al menos 90% de su crédito y también aplicados descuentos por pago anticipados.

Dichos programas dejan en evidencia la preocupación de este gobierno, donde existe una legítima preocupación porque la gente pueda pagar sus créditos, y que en el Infonavit, el objetivo es buscar que las personas trabajadoras sean propietarias de su casa cuando quieran comprar.

Por su parte Fovissste en mayo de 2022 implementó un programa similar, programa Liquidación de 10 , con el propósito de ofrecer más facilidades a las y los derechohabientes interesados en liberar su crédito hipotecario. Sin embargo, el programa no ha dado el mismo alcance que el Infonavit y no ha sido tan amplio en las facilidades como en descuentos de pagos anticipados. Por ello es importante que las y los trabajadores del Estado, tengan acceso a las mismas facilidades y programas de terminación anticipada y descuentos en créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste, como lo hacen los trabajadores del apartado A que cuentan con subcuentas de vivienda ante el Infonavit.

Por lo anterior se somete a consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al FOVISSSTE para que implemente programas que faciliten la liquidación de los créditos hipotecarios, que beneficie y reconozca el pago puntual y oportuno de los créditos otorgados a la derechohabiencia otorgándoles su carta de liberación.

Notas:

1. https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/6a67d800-5847-4db2-9b aa-f30e57e73a48/Estados_financieros_septiembre_2019_%28Definitivos%29.p df?MOD=AJPERES&CVID=mWUrub3#:~:text=Por%20otra%20parte%2C%20para%20 el,del%20cuarto%20trimestre%20de%202022.

2. https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=13236

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023

Diputado Irán Santiago Manuel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Ssa, el Insabi y la Cofepris, a implementar las acciones necesarias para atender el desabasto de medicamento en los hospitales psiquiátricos a nivel nacional, suscrita por los diputados Carmen Rocío González Alonso y Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Carmen Rocío González Alonso y Éctor Jaime Ramírez Barba, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera enérgica al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, el Insabi y la Cofepris, para que en el ejercicio de sus facultades implementen con urgencia las acciones necesarias para atender el desabasto de medicamento en los hospitales psiquiátricos a nivel nacional, para el tratamiento de las enfermedades de trastorno mental, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como «un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad».1

De acuerdo con dicho organismo internacional, en 2019, casi 1, 000 millones de personas se veían afectadas por un trastorno mental. Asimismo, esto reflejaba que el 14 por ciento eran adolescentes.

Los pacientes con trastornos mentales suelen suicidarse, lo que representa una de cada cien muertes y el 58 por ciento de ellos ocurrían cuando el paciente tenía menos de 50 años de edad. Por otra parte, de acuerdo con la OMS, la esperanza de vida de los pacientes que presenta algún trastorno mental grave tienen una esperanza de vida de 10 a 20 años.2

El trastorno mental tiene que ver con abusos sexuales, acoso, intimidación e incluso por el consumo de sustancias ilícitas, los cuales les puede provocar depresión y otros trastornos, que, al no ser tratados de manera adecuada puede llevar al paciente al suicidio o presentar comportamientos autodestructivos.3

Las desigualdades sociales y económicas también son un factor importante que ha llevado a los individuos a empeorar su salud mental. También el más reciente suceso sanitario por pandemia covid-19, aumentó los casos de pacientes con trastornos de ansiedad y depresión, al grado de llegar hasta un 25 por ciento a nivel mundial.4

Ante dicho aumento de casos de pacientes con algún trastorno mental, llevó a que más del 90 por ciento de los países implementarán acciones para incluir la atención a la salud mental y el apoyo psicosocial a sus planes de respuesta pos pandemia.

La OMS asegura que las personas jóvenes y mujeres son los más afectados, pues ha subrayado que el riesgo de suicidio y comportamientos autodestructivos, afecta en mayor parte a este grupo de personas.5

Por ello, dicho organismo considera indispensable la necesidad de que los Estados parte cuenten con los instrumentos necesarios para ofrecer tratamientos a aquellos pacientes que sean diagnosticados y que ya padecen de algún trastorno mental.

Ahora bien, desde el contexto latinoamericano, no hay una cifra aproximada, que refleja el número total de la población que padece de problemas de trastorno, pero de acuerdo con datos de 2015, publicados por el Banco Mundial (BM), arrojan que la población que vive en América latina, el 5 por ciento de la población adulta sufre de depresión y la mayoría de estas personas no busca atención o recibe tratamiento. Lo anterior, derivado de la falta de instituciones médicas mentales, así como no contar con los medicamentos necesarios para el tratamiento.

Las pérdidas humanas por depresión en América latina, según datos del BM (2015), superaban las 63 mil personas que se quitaban la vida durante los años previos al estudio. Asimismo, dicho organismo señala que, aun cuando el problema de la depresión como un trastorno mental leve, este provoca al individuo problemas en su vida diaria, el trabajo y las relaciones personales.6

Por otra parte, el BM señala que este problema de salud afecta la productividad del individuo y de la de su país:

“Es un tema que afecta a mucha gente, y tiene un impacto importante sobre la productividad”, señala Roberto Iunes, economista del Banco Mundial. “Mucha gente pierde tiempo de trabajo o produce menos”. Agrega que se habla muchas veces del impacto sobre la productividad de los problemas “físicos”, pero muy poco de la salud mental. 7

En el mismo orden de ideas, la organización manifiesta su preocupación en aquellos países en el que solo se asigna el 2 por ciento del presupuesto en salud para atender las enfermedades producto de los trastornos mentales. También dentro de los problemas que visualiza la organización, es la poca atención que se le da a las personas de escasos recursos, quienes en ocasiones no cuentan con centros médicos psiquiátricos cercanos de su residencia y si tiene el acceso a ellos el otro reto es la disponibilidad de los medicamentos para su tratamiento.

En el contexto nacional, de acuerdo con datos del censo de 2020, publicados por el Inegi, identificó la cantidad de un millón 590, 583 de personas con algún tipo de problema o condición mental. De este número, el 54 correspondía a hombres y el 46 por ciento de mujeres.8

Bajo la misma lógica, uno de los retos que tienen estos pacientes a los que se les ha diagnosticado o ya padecen alguna enfermedad que atenta contra su salud mental, que a su vez buscan las atenciones necesarias para su tratamiento, se ven superadas por diversos factores; 1) El poco presupuesto público que se asigna para atender el problema de salud; 2) La falta de hospitales psiquiátricos y, en caso de existir, falta de personal especializado para atender y dar el tratamientos adecuado al paciente; y 3) la falta de medicamentos.

En este contexto, México no ha invertido lo suficiente para atender la situación. De acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP), durante el periodo 2013 – 2021, el país sólo asignó 2.1 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Salud (SSA) para atender este subsector. Durante 2021, el gobierno destinó 3, 031 millones de pesos para atender los problemas de salud derivado de los trastornos mentales, lo que representó solo el 2.1 por ciento del presupuesto para la SSA y 0.1 por ciento menos que lo designado en 2020.9

Bajo esta tesitura, en la actualidad el país pasa por un severo problema para proporcionar los medicamentos adecuados para la atención de los problemas de salud mental.

Este problema no se veía desde 2016, cuando del abasto de medicamentos estaba cerca de 98 por ciento en las instituciones de salud públicas, sin embargo, en 2022, el abasto cayó hasta el 64 por ciento, esto derivado de la pandemia, en la cual se concentran en controlar, dejando de lado otras enfermedades como el caso que se aborda aquí.

Asimismo, el gobierno federal se ha excusado que, ante tal falta de medicamentos para atender el problema multicitado de salud, se debe a que la farmacéutica Psicofarma estaba concentrando todos los medicamentos psiquiátricos para el sector público. Además, señaló que, desde hace poco más de un año, la empresa comenzó a incumplir con la entrega de fármacos, por lo que la Secretaría de la Función Pública la vetó como proveedora del gobierno federal.

Asimismo, han señalado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al realizar dos visitas de inspección a la farmacéutica, encontraron diversas anomalías e irregularidades que no cumplían con los criterios de calidad suficientes. Ante ello, la Cofepris implementó medidas de suspensión parcial de actividades y el aseguramiento de materia prima y medicamentos controlados hasta que la empresa solventara las observaciones, con el objeto de reanudar las actividades.

Ante tal situación, diversas instituciones y organizaciones civiles que ayudan en el tratamiento de las enfermedades que debilitan la salud mental de la población, se han pronunciado para que el gobierno federal realice las acciones pertinentes para abastecer a las instituciones y hospitales psiquiátricos con los medicamentos necesarios para tratar a los pacientes, al respecto tenemos lo siguiente:

“Con fecha del 21 de febrero del 2023, en la Ciudad de Chihuahua, el Colegio de Psiquiatría de Chihuahua, emitió un comunicado que reprueba el comportamiento de las diferentes Instituciones que se han visto involucradas ante el desabasto de medicamentos psiquiátricos y las responsabiliza de la mala regulación, distribución y el ineficiente acceso a estos medicamentos.

Es por ello que, se pide la pronta solución ante este tema, ya que es un asunto urgente para miles de personas que dependen de este tipo de medicamentos, ya que de suspender su medicación pueden sufrir recaídas, episodios psicóticos e incluso llegar hasta el suicidio.”

“El Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso (Cisne México), se ha unido también al reclamo para dar una pronta solución ante este tema, toda vez que son más de 30 medicamentos, como lo son los hipnóticos, ansiolíticos, estabilizadores del Estado de ánimo, antidepresivos, etc. Que se encuentran fuera del mercado. Algunos de estos son de uso indefinido, lo cual ha generado mucha preocupación por parte de los médicos encargados de pacientes con enfermedades mentales, ya que estas patologías son difíciles de controlar sin la ayuda de estos medicamentos.”

“El día 20 de febrero del 2023, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, se sumó a las acciones tomadas para resolver la escasez de medicamentos de uso psiquiátrico y neurológico. Recalcando la importancia que tiene la salud mental de todas las personas.”

“Del mismo modo, el Colegio de Psiquiatría de Jalisco, A.C y la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, han manifestado su inconformidad ante la escasez de medicamentos especializados en psiquiatría. Mencionado que la interrupción de estos medicamentos pone en riesgo a la población en diferentes etapas de su desarrollo.”

“La Asociación Psiquiátrica Mexicana AC. Ha expresado su más grande preocupación, haciendo un llamado a las autoridades competentes en este tema, solicitando su acción urgente para resolver en el menor tiempo posible los escasez de medicamentos de prescripción especializada en todo el país.”

Bajo esta tesitura, necesaria es la respuesta del gobierno federal para atender la situación que amerita intervención de la Secretaría de Salud, la Cofepris e Insabi, cuyas instituciones son las encargadas de la administración, revisión y compras consolidadas de los medicamentos que adquiere la federación para suministrar a las unidades médicas, desde las unidades del primer nivel de atención, hasta los hospitales de tercer nivel de atención.

De conformidad en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de mayo de 202210 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, artículo 72, la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional.

Así, de conformidad con el Artículo 72 Bis del mismo decreto, el propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

Además, el Artículo 74 Ter, establece que la población usuaria de los servicios de salud mental tendrá derecho a un diagnóstico integral e interdisciplinario y a un tratamiento basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado de acuerdo con la evolución del paciente, que garantice el respeto a su dignidad de persona humana y sus derechos humanos.

Por otro lado, vale la pena señalar que, pese a un amparo a favor de Psicofarma, la Cofepris, ha frenado la entrega de fármacos para tratar padecimientos mentales como los mencionados anteriormente. En este sentido, la federación debería de estar trabajando en nuevas opciones para contrarrestar el desabasto de los diversos medicamentos para combatir los trastornos mentales.

Lo anterior, toda vez que no solo representa un problema para el gobierno federal y las instituciones médicas del país, sino que también se traduce en aspectos negativos para los pacientes y sus familias, como el aspecto económico y las recaídas que pueda tener el paciente, así como los efectos que produce la enfermedad que padece el paciente.

El gobierno federal al no actuar de manera rápida y eficaz, vulnera el derecho a salud, los cuales se concentran íntegros en el artículo 4 constitucional, párrafo cuarto. Además, vulnera lo estipulado en los artículos 27 fracción VII, 74 Bis y 74 Ter de la Ley General de Salud.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a la consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. - La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera enérgica al titular del Ejecutivo federal y a las instituciones del sistema nacional de salud, para que, en el ejercicio de sus facultades, ejecuten con urgencia las medidas necesarias para suministrar de medicamentos para atender la salud mental y las adicciones en todas las unidades médicas, desde las unidades del primer nivel de atención, hasta los hospitales de tercer nivel de atención, toda vez que la falta de los medicamentos violenta el derecho a la salud plasmado en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera enérgica al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, Insabi y la Cofepris, presenten un informe detallado a la opinión pública, sobre las acciones y planes para atender el desabasto de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades de la salud mental y las adicciones.

Notas:

1 Por qué la salud mental debe ser una prioridad al adoptar medidas relacionadas con el cambio climático. (2022, 3 junio).

https://www.who.int/es/news/item/03-06-2022-why-mental-h ealth-is-a-priority-for-action-on-climate-change

2 La OMS subraya la urgencia de transformar la salud mental y los cuidados conexos. (2022, 17 junio). https://www.who.int/es/news/item/17-06-2022-who-highlights-urgent-need- to-transform-mental-health-and-mental-health-care

3 Ibídem

4 La pandemia de COVID-19 aumenta en un 25% la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo. (2022, 2 marzo). https://www.who.int/es/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers- 25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide

5 Ibídem

6 Banco Mundial. (2015, 13 julio). La mala salud mental, un obstáculo al desarrollo de América Latina. World Bank. https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/07/13/bad-mental-heal th-obstacle-development-latin-america

7 Ibídem

8 «En México se ignora a ocho de cada 10 personas con algún problema o condición mental». (2022, 3 abril). El Economista. Recuperado 29 de marzo de 2023, de https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-se-ignora-a-ocho-de- cada-10-personas-con-algun-problema-o-condicion-mental-20220401-0064.ht ml

9 Ibídem

10 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652074&fecha=16/05/ 2022#gsc.tab=0

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a, 10 de abril de 2023.

Diputados: Carmen Rocío González Alonso (rúbrica), Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emitir el decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de Aguas Nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Juanita Guerra Mena , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás relativos y aplicables, someto a consideración de esta Honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo federal, a emitir el Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expedido a partir del 1 de enero de 2004 a fin de apoyar a los concesionarios que no renovaron sus títulos con motivo de la pandemia global de Covid 19, con base en las siguientes

Antecedentes

I. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Nación tiene en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país y, en consecuencia, dictar las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de aguas de propiedad nacional, entre las que se encuentran las previstas en el párrafo quinto del mencionado precepto constitucional, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y evitar la destrucción de los elementos naturales;

En ese mismo sentido, el párrafo quinto del citado precepto constitucional faculta al Ejecutivo federal para reglamentar la extracción y utilización de las aguas superficiales de propiedad nacional, cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos.

II. Por su parte, el artículo 6, fracción III de la Ley de Aguas Nacionales, prevé la expedición, modificación o supresión de zonas de reserva de aguas nacionales superficiales, como una atribución que el Ejecutivo federal puede ejercer siempre que existan causas de utilidad pública, por lo que en congruencia con ello, el mismo ordenamiento en su artículo 7, fracciones I, II, IV, V y VI considera que es de utilidad pública, entre otras, la gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional; la protección, mejoramiento, conservación y restauración de las mismas; el restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales superficiales, incluidas las reservas; el restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas vitales vinculados con el agua, así como las acciones para hacer eficientes y modernizar los servicios de agua domésticos y públicos urbanos para contribuir al mejoramiento de la salud y el bienestar social;

A mayor precisión, en el mismo ordenamiento legal se señala en su artículo 7 BIS, fracciones I, VII, VIII y XI como causa de interés público, la cuenca como unidad territorial básica para la gestión integrada de los recursos hídricos; el control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales; la incorporación plena de la variable ambiental en acciones en materia de gestión de los recursos hídricos, y la sustentabilidad ambiental.

III. En su momento, el pasado 7 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales”, con el objeto de beneficiar a los usuarios que contaban con títulos de concesión o asignación y cuya vigencia expiró a partir del 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014, así como de aquellos que contando con títulos vigentes, no solicitaron su prórroga en los términos que establece la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, mismo que estableció en un artículo de carácter transitorio su vigencia de dos años.

IV. Como consecuencia de la finalización de la vigencia del Decreto expedido en el año 2014, el 17 de mayo de 2016, se publicó nuevamente en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004”, con el objeto de que un mayor número de usuarios estuviera en posibilidad de obtener nuevamente las concesiones o asignaciones de aguas nacionales vencidas, a partir del 1 de enero de 2004, mismo que finalizó su vigencia en el año 2018.

V. El 23 de marzo del año 2018 se expidió un tercer “Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004” con la finalidad de establecer de manera coordinada los mecanismos para que los concesionarios pudiesen, por tercera ocasión, renovar sus títulos de concesión, sin embargo dicho Decreto finalizó su vigencia el 31 de diciembre del 2018 sin que a la fecha se hubiese emitido uno nuevo.

VI. En el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2019, se expidió “Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales”, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos para uso doméstico o público urbano cuya vigencia hubiere expirado a partir del 1 de enero de 2019, así como respecto de dichos títulos vigentes cuya prórroga no se solicitó en los plazos señalados en la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, en su artículo Primero Transitorio, señala que el mencionado Decreto tendrá una vigencia hasta el 30 de noviembre de 2021.

VII. Lamentablemente la falta de emisión de un Decreto que renovara el que ha quedado sin vigencia coincidió con la pandemia global de SARS-CoV-2 que afectó y prácticamente frenó la operación del gobierno y la posibilidad de que un número importante de ejidatarios concesionarios se vieran imposibilitados a realizar los trámites de renovación de su concesión. Cabe señalar que estos ejidatarios no recibieron respuesta favorable por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que, simplemente cerró y dio por concluidos los trámites para la renovación de las concesiones bajo el argumento de que el plazo se venció, a pesar de que la llegada de la pandemia a nuestro país, tuvo como consecuencia, la actividad limitada del gobierno en lo que respecta a trámites de carácter administrativo.

Consideraciones

Primera. Para esta H. Cámara de Diputados, los esfuerzos por construir mecanismos gubernamentales de apoyo y cercanía a la ciudadanía transita por generar las condiciones para que accedan sin obstáculos a los servicios básicos a fin de desarrollar plenamente sus actividades.

En el caso de ejidatarios tenedores de concesiones de agua, es claro que realizan una actividad preponderante para el país, su actividad relacionada con los usos del agua implica que desde el gobierno se les dote de certeza jurídica ya que sus actividades impactan en la vida del país.

Segunda. Para las y los legisladores, resulta fundamental brindar apoyo y certeza jurídica a quienes de buena voluntad buscan regularizar sus títulos de concesión o asignación para uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales; sobre todo porque considerando que los volúmenes registrados en los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales vencidos se encuentran considerados en los estudios de actualización de la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos, resulta factible que la Autoridad del Agua los otorgue nuevamente, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de proteger y conservar cuencas hidrológicas y acuíferos, cuidar y preservar el medio ambiente para un desarrollo sustentable, así como promover el uso eficiente de los recursos hídricos.

Tercera. Que para esta H. Cámara de Diputados resulta fundamental brindar apoyo y dar seguimiento a la realización de acciones de política pública, a fin de que los sectores productivos del país cuenten con las herramientas legales que les permitan la plena realización de sus actividades; en el caso de los tenedores de los títulos de concesión hídrica que pretenden ser renovados, es fundamental que sea el propio gobierno quien no obstaculice y permita la regularización de los mismos sin invocar artilugios legales.

Por lo anteriormente expuesto, la que suscribe, somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo federal, a que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, emita el Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expedido a partir del 1 de enero de 2004, a fin de apoyar a los concesionarios que no renovaron sus títulos con motivo de la pandemia global de Covid 19.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de abril de 2023.

Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SRE a investigar y realizar las diligencias correspondientes ante los hechos ocurridos el pasado 25 de marzo, derivado de la entrada de una patrulla estadounidense, quien realizó un arresto dentro del territorio nacional, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Nuevamente a través de un video difundido en redes sociales, así como en noticieros nacionales y escritos se dio a conocer cómo una patrulla de la corporación estadounidense quien perseguía a un conductor cruzó la frontera de El Paso a Ciudad Juárez, Chihuahua, realizando un arresto ante la mirada de los agentes de la Guardia Nacional.

En el video se puede observar la persecución desde territorio estadounidense del agente de seguridad, tras solicitarle al conductor se detuviera este hace caso omiso, por lo que la persecución se prolonga hasta nuestro territorio, sin que se advierta algún protocolo conjunto para cruzar y detener al conductor que perseguía.

De manera vergonzosa nuevamente la Guardia Nacional no realiza su trabajo, simplemente dejan pasar sin ninguna orden, sin siquiera intervenir, solo se quedan observando las acciones del policía estadounidense, quien saca ya en territorio nacional, un arma de fuego apuntando y arrestando a la persona antes mencionada.

Es así que, una patrulla del departamento de policía estadounidense traspasando la frontera realiza una detención, con lo que se da cuenta de cómo transgrede la ley, violentando la soberanía nacional.

No podemos permitir que estas acciones pasen ni que se vuelvan recurrentes toda vez que existen una clara falta a nuestra Constitución, a leyes y tratados internacionales. No puede haber pasividad por parte del gobierno federal ante estos casos, distrayendo a los ciudadanos a través de discursos populistas que solo busca el aplauso fácil.

Nuestro grupo parlamentario pugna por la importancia de seguir manteniendo los lazos de amistad y solidaridad con el país vecino, no sin dejar claro, que se deben realizar las observaciones pertinentes ante una falta tan evidente como la que se muestra en el video, traspasando nuestro territorio para realizar un arresto cuando existen protocolos y leyes que mandatan la actuación de las personas responsables de la seguridad.

Como lo señala nuestra Constitución Política, en su artículo 21 relativa a la función de Estado de garantizar la seguridad dentro del territorio nacional, señalando lo siguiente:

Artículo 21: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.”

Como señala Kaiser (2019) “La soberanía tiene un fuerte elemento geográfico... Uno de los elementos es el territorio. Sólo dentro de la jurisdicción de su ámbito, principalmente en su territorio, los estados pueden ejercer su soberanía. “Esta soberanía no puede ser ejercida fuera del territorio excepto en virtud de una norma que lo permita, derivada de la costumbre internacional o de un convenio”.1

Además, señala que “La soberanía denota el derecho legal exclusivo, supremo e inalienable y la autoridad de los estados para ejercer el poder dentro de su área de jurisdicción. La soberanía está intrínsecamente conectada con la calidad de ser de un Estado”.

Es importante destacar los esfuerzos que se han considerado en el marco del denominado Plan de Acción 2022-2024 del Entendimiento Bicentenario: México y Estados Unidos2 enfrentan organizaciones criminales de manera conjunta iniciativa que reitera el compromiso de los dos países para tomar acciones concretas en ambos lados de la frontera para atender los retos compartidos en materia de seguridad que afectan a nuestras comunidades, incluyendo el tráfico y trata de personas, violencia y armas ilícitas, así como la adicción a las drogas y drogas ilícitas, sin embargo, ello no es suficiente, por lo que se deben establecer reglas claras sobre la actuación de los agentes de seguridad entre ambas naciones.

En el mismo orden de ideas, el gobierno mexicano señaló en 2022 que habían dado seguimiento del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS), instaurado en octubre de 2021, México y Estados Unidos, donde mencionan que “dieron inicio a un nuevo capítulo en la cooperación guiados por los principios de responsabilidad compartida y respeto a la soberanía nacional”,3 por lo que en los hechos es necesario analizar los protocolos de actuación que permitan un mejor entendimiento sobre seguridad.

El alcance político, social y económico entre México y los Estados Unidos es de suma relevancia, porque no solo comparten frontera, comparten lazos de amistad, comerciales y de interés común, yendo más allá de las relaciones diplomáticas, por ello la importancia de fomentar el respeto irrestricto entre ambas naciones, con estricto apego a las leyes y tratados internacionales. Es innegable las relaciones que se han establecido entre ambas naciones, sin embargo, vemos con preocupación acciones como las aquí expuestas no deben considerarse como un hecho deliberado.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que se investigue y se dé puntual seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 25 de marzo, difundidos a través de un video en donde se observa la entrada de una patrulla estadounidense a territorio nacional realizando un arresto.

Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que, en el ejercicio de sus facultades, se establezca un diálogo de confianza y respeto con las autoridades de los Estados Unidos de América, a fin de trabajar en los protocolos que se deben seguir en temas de seguridad nacional, con el objetivo de diseñar e implementar las mejores políticas en materia de seguridad.

Notas:

1 Kaiser, S. (2019) El ejercicio de la Soberanía de los Estados. UNAM. Recuperado de

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2790 /6.pdf

2 Gobierno de México (2023, enero 31) Plan de Acción 2023.2024 del Entendimiento Bicentenario: México y Estados Unidos. Recuperado de https://www.gob.mx/semar/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-entendimie nto-bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-crimi nales-de-manera-conjunta-293668

3 Gobierno de México (2023, enero 31) Plan de Acción 2023.2024 del Entendimiento Bicentenario: México y Estados Unidos. Recuperado de https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-entendimient o-bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-crimina les-de-manera-conjunta

Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de abril del 2023

Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato a promover y generar políticas públicas que permitan mejorar e impulsar el transporte público y la creación de nuevas rutas y unidades con enfoque inclusivo, para garantizar el derecho a la movilidad de la población guanajuatense, a cargo del diputado Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Pedro David Ortega Fonseca, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La movilidad urbana es un determinante importante de la calidad de vida, el bienestar y el goce de derechos de las personas que habitan en las ciudades y sus alrededores, así como en el funcionamiento y sostenibilidad de éstas. A su vez, los sistemas de movilidad urbana son centrales para la convivencia cotidiana y la cohesión social en dichos espacios.1

De hecho, la movilidad urbana facilitada por el transporte público es un componente importante para el bienestar y el goce de derechos humanos de las personas de manera cotidiana.2

No obstante, existe un gran desafío para alcanzar las condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad en el transporte público.

En México, la mayor parte de la población se traslada mediante el transporte público; en particular en el estado de Guanajuato, ha sido un reto alcanzar una movilidad digna, ya que la falta de modernización, la adquisición de nuevas unidades con enfoque inclusivo y la generación de nuevas rutas ha imposibilitado ejercer plenamente el derecho a la movilidad.

De acuerdo con el Diagnóstico la Movilidad en el Estado de Guanajuato menciona que existen las siguientes situaciones en dicha materia:

“...

• Debilidad Estructural de las Instituciones en los Municipios.

• Congestión Vial.

• Accidentes.

• Mala calidad del Medio Ambiente.

• Creciente motorización y la intensidad en el uso del automóvil particular, impulsadas por la prioridad de la inversión en infraestructura vial para el transporte motorizado.

• La red vial se ha diseñado y pensado principalmente en función de las necesidades del transporte privado sin fomentar otras formas de movilidad.

• Deficiencia y baja calidad del transporte público de ruta fija; flota con menor crecimiento, innovación tecnológica y sistemas de administración y operación.

• Transporte Público de pasajeros con bajos niveles de servicio reflejado en: tiempos de recorrido del viaje, costos sociales, costos energéticos, cantidad de transbordos, demoras, incomodidad, seguridad y contaminación ambiental.

• Las personas con discapacidad y las personas adultas mayores enfrentan serios obstáculos para trasladarse, ya sea como pasajeros o peatones, además de sufrir maltrato y discriminación.

• El gasto en transporte es la segunda variable en la que los hogares ocupan sus ingresos.

• El trasporte público de ruta fija es calificado como deficiente, es necesario modernizar las unidades y adecuarlas al tamaño y uso de la ciudad, es necesario capacitar a los choferes, ampliar el horario de servicio y reordenar las rutas.”3

Dicho lo anterior, es necesario que, la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, realice todas las acciones necesarias para garantizar el derecho a la movilidad de la población guanajuatense, así como, incentivar los convenios correspondientes con los municipios, ya que en muchas localidades el transporte público es muy poco seguro y no cuentan con las unidades suficientes para cubrir la alta demanda de toda la población que ocupan el transporte para dirigirse a sus destinos.

Asimismo, sin considerar que la tarifa de pasaje del transporte público en Guanajuato oscila entre los 13 pesos, un costo considerablemente alto, a comparación de otros estados que se encuentran desde los 8 pesos. Por ejemplo, en el municipio de Salamanca, “Habitantes de las colonias Las Américas, Cipreses, Lázaro Cárdenas, Francisco Villa, denuncian la falta de transporte público para esta zona del municipio, salmantino, ya que al ser una zona de la cual se encuentra en crecimiento de viviendas, es importante que se presente una ruta de transporte público en la zona .”4

Otro de los problemas que se debe contemplar es la falta de mantenimiento en las unidades de transporte público, “existen algunas unidades del transporte público que ya rebasaron su vida útil y tienen que salir de circulación, los concesionarios y permisionarios pretenden seguir prestando el servicio sin importar poner en riesgo la seguridad de los usuarios.”5

Además, la falta de supervisión y atención de las autoridades hacia las empresas concesionarias del transporte público referente a modernizar las unidades es obsoleto porque siguen circulando y prestando el servicio de mala calidad.

No obstante, a pesar de las diversas normatividades internas como los reglamentos municipales y de la Secretaria de Gobierno en dicha materia; las políticas públicas de movilidad e infraestructura han sido nulas para mejorar el transporte público, ya que los altos costos en el pasaje no se ven reflejados con la calidad de tales servicios básicos para la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara Diputados de la Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Gobierno del estado de Guanajuato a fin de que promueva y genere políticas públicas, que permitan mejorar e impulsar el transporte público, la creación de nuevas rutas y unidades con enfoque inclusivo para garantizar el derecho a la movilidad de la población guanajuatense.

Notas:

1. Martínez Rodrigo, Ciudades Inclusivas, Sostenibles e Inteligentes (CISI). Naciones Unidas (CEPAL) https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47974/1/S2200483_e s.pdf

2. Ídem

3. Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Diagnóstico de Movilidad en el Estado de Guanajuato. https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/ped2040/wp-content/uploads/2021/01/30 .Present.diagnostico.Movilidad.pdf

4. https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/denuncian-falta-de-transporte -publico-9468780.html periódico virtual el sol de salamanca, fecha de consulta 30/03/2023

5. http://www.pasajero7.com/unidades-transporte-publico-en-guanajuato-esta n-superando-vida-util/ Periódico virtual pasajero7, fecha de consulta 30/03/2023

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Pedro David Ortega Fonseca (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INM a separar del cargo al personal adscrito al centro ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras se desarrollan las investigaciones sobre la tragedia mortal a personas migrantes el 27 de marzo de 2023, a cargo del diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Óscar de Jesús Almaraz Smer, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 79 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él diversos tipos o flujos migratorios como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según información de la Organización Internacional para la Migraciones, el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial actualmente.1

De acuerdo con lo reportado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación durante el año 2018: 138 mil 612 personas de distintas nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), cifra que, en el año 2017, era de 93 mil 846. Además, durante el año 2018: 112 mil 317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio de retorno asistido desde México a otros países, mientras que, en el año anterior, la cifra alcanzó a 82 mil 237 personas extranjeras.2

La noche del lunes 27 de marzo, se tiene conocimiento por diversos medios de comunicación, que al menos 39 personas migrantes perecieron y otras 29 resultaron gravemente heridas al desatarse un incendio en un centro de migración del gobierno en Ciudad Juárez Chihuahua frente a El Paso, Texas, cerca de la frontera con Estados Unidos, informaron las autoridades.

El incendio mortal se sabe que fue provocado en un momento que las personas migrantes llegan a estados de la frontera norte en grandes cantidades ante la incapacidad de las autoridades federales y los recortes presupuestales para asistir a los gobiernos locales.

Las personas migrantes que se encuentran en los estados del norte son en su mayoría devueltos desde Estados Unidos, y de otros países, muchos de ellos con la esperanza de cruzar luego de que en mayo concluyan disposiciones migratorias impuestas por la Unión Americana durante la época de la pandemia.

Compañeros y compañeras, por mandato del artículo 1 constitucional toda persona que entra a territorio nacional alcanza la protección de la esfera de derechos que ésta contempla, incluyendo desde luego el abanico de derechos humanos.

La Secretaría de Gobernación expone en su comunicación institucional que actualmente los procesos migratorios se configuran como uno de los principales retos a nivel mundial; enfrentado por el Estado mexicano a partir de la implementación de una nueva política migratoria que parte del respeto pleno de los derechos humanos. Agrega que la política migratoria del gobierno de México (2018-2024) se constituye sobre la base de un paradigma, cuyo centro es la persona migrante y el desarrollo social y económico como sustento de la movilidad humana de una manera regular, ordenada y segura.3

Se trata de una política que en la práctica es completamente opuesta a lo que manda la Constitución y a los postulados que difunde, tal como se ha venido acusando desde diferentes foros, representando, un problema que se señala y el gobierno federal luce por su omisión, incapacidad e indolencia.

Todos hemos atestiguado por medio de las redes sociales los diferentes abusos y malas condiciones en que las personas migrantes se encuentran durante su tránsito en nuestro país, que engloban diversas adversidades a quienes se vieron obligados a dejar sus países y hogares. Por decir lo menos, basta recordar a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que los expusieron por golpear migrantes patear a uno de ellos en el rostro.4

México aceptó ante Estados Unidos ser el tercer país seguro, sin siquiera considerar si tenía las capacidades, el gobierno federal empeñado en recortar el presupuesto sin inteligencia financiera debilitó aún más la infraestructura migratoria. La dolosa asignación presupuestal a las obras faraónicas económicamente inviables ha venido reduciendo las capacidades institucionales, con el INM entre sus víctimas, es una consecuencia de todas las innumerables advertencias y reclamos.

Compañeros y compañeras, México es un país de tradición hospitalaria y humanista, si la migración en la relación bilateral con Estados Unidos forzó al gobierno federal a servir de muro y de residencia a las y los migrantes, elevemos la voz para que las más altas esferas del gobierno vengan a rendir cuentas. Se trata de una tragedia sin precedentes, todos tenemos en nuestros estados personas que han tenido que migrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, ninguna entidad puede asumirse ajena a esta sensibilidad.

De acuerdo con la información disponible, no se puede conocer si se trató de una muerte evitable, pues de ser así, debe haber consecuencias penales a quienes resulten responsables.

Tiene que atender la investigación la fiscalía general de la República, para que se deslinden responsabilidades, pero los funcionarios de las instalaciones donde perecieron las personas migrantes, deben ser separados de sus encargos mientras se realizan las investigaciones, de preferencia una investigación independiente.

Compañeras y compañeros, llamemos a que exponga ante el pleno de esta soberanía al máximo encargado de la política migratoria en el país, por la magnitud de la tragedia. Se trata, de una muerte de personas inhumana y presuntamente con la dolosa omisión de las autoridades.

Por lo anteriormente expuesto, un servidor junto con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, doctor Francisco Garduño Yáñez, a separar temporalmente a los funcionarios del Centro de Migración en Ciudad Juárez Chihuahua, mientras se deslindan responsabilidades respecto de la tragedia de migrantes detenidos en sus instalaciones que perecieron calcinados mientras se encontraban detenidos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, convoca a una reunión de trabajo al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que de manera pormenorizada se den a conocer las medidas adoptadas por la dependencia a su cargo respecto de la política migratoria y todas las previsiones para el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

Notas:

1 CNDH. Contexto de la Migración en México. https://www.cndh.org.mx/introduccion-atencion-a-migrantes

2 Ibid.

3 Segob. Nueva Política Migratoria. http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Nueva_Politica_Migra toria

4 V. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58388234

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de abril de 2023.

Diputado Óscar Almaraz Smer (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a adoptar medidas y políticas públicas necesarias para dejar de privilegiar solamente a las grandes empresas transnacionales e implementar una política pública basada en la gente, que impulse el bienestar y el progreso social, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes

Antecedentes

El Índice de Progreso Social.

Desde hace mucho tiempo, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido que medir el crecimiento económico no es suficiente para conocer el bienestar del pueblo.

Esta afirmación ha sido criticada por muchas personas que creen que solo se puede medir a un país o un estado a través de variables macroeconómicas, el producto interno bruto, las exportaciones, la inversión extranjera directa, u otro tipo de indicadores meramente económicos.

Pero lo que no miden esos indicadores y, esto es lo que observan esos críticos, son las variables que muestran cómo está la población de un determinado lugar y qué tanto esas personas pueden acceder a un mejor nivel de vida.

Guanajuato es, probablemente, el caso paradigmático por excelencia. En Guanajuato, desde hace más de 30 años se ha implementado una política cruda y dura, que ha privilegiado la inversión extranjera por encima del bienestar de la población y eso ha tenido serias consecuencias. Es cierto, Guanajuato hoy es la sexta economía a nivel nacional y es públicamente reconocido como un estado en el que se promueve la inversión y la apertura de grandes empresas transnacionales, pero lo que no se dice por parte del Gobierno del Estado es que Guanajuato vive, en el otro lado de la moneda, con una población sumida en condiciones de atraso, discriminación y marginación.

De poco sirve abrir grandes empresas en Guanajuato si el pueblo guanajuatense se ve relegado de progreso. Esto puede acreditarse fehacientemente a través de estudios serios que miden no solamente los indicadores económicos, sino otro tipo de indicadores que permiten conocer el nivel de bienestar de la gente.

Uno de estos estudios es el Índice de Progreso Social que ha sido desarrollado en los últimos años y que es una “de las primeras mediciones integrales del desempeño social de un país, entidad o región, independientemente de los ingresos y egresos de sus gobiernos. El Índice se basa en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas (que incorpora muerte materna, muerte infantil, muerte por enfermedades infecciosas como el Covid, pero también el acceso a servicios básicos como agua, drenaje y seguridad pública), Fundamentos del Bienestar (cuidados preventivos de la salud, enrolamiento y calidad educativa, acceso a información y a un entorno limpio), y Oportunidades (derechos y libertades para tener movilidad social)”.1 A continuación, puede verse el mapa de las entidades federativas de acuerdo con el Índice de Progreso Social 2021:2

Como se aprecia claramente, Guanajuato, a pesar de ser la sexta economía del país y de sostener un discurso claramente pro empresarial y de jactarse de ser un referente en materia de inversión privada, no está ni siquiera cerca de la media tabla a nivel nacional en materia de progreso social: Está en el lugar 22, mucho más cerca de estados con alta pobreza y marginación como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz o Puebla, que de las entidades punteras, como la Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro o Jalisco.

Katia Guzmán Martínez afirma que “al analizar la relación entre progreso social y PIB per cápita estatal, encontramos que si bien un nivel alto de PIB per cápita es una condición necesaria para el progreso social, no es suficiente si no se acompaña de políticas públicas cuyo objetivo sea aprovechar los recursos económicos disponibles de una forma sostenible para impulsar el desarrollo social incluyente.”3

Guanajuato tiene un pobre desempeño en el Índice en El Bajío.

Al llevar a cabo el análisis regional, el Índice de Progreso Social muestra que el Bajío tiene el cuarto PIB más alto del país, pero por entidad, Guanajuato tiene un pobre desempeño.

De acuerdo con Regina Isabel Medina, “en 2021, las entidades del Bajío alcanzaron un promedio 64.2 de puntos, de un máximo de 100, en el Índice de Progreso Social. Al igual que con el PIB per cápita, este puntaje la coloca como la cuarta región con mejor desempeño. El desempeño varía entre entidades: Aguascalientes, la segunda entidad con IPS más alto a nivel nacional en 2021, tuvo IPS más alto de la región, pues alcanzó 71.5 puntos, seguida por Querétaro con 69.2 puntos, Zacatecas con 62, Guanajuato con 61.1 y San Luis Potosí con 59.9 (el cual ocupó la posición 24 a nivel nacional). Estos resultados del IPS demuestran que el desempeño económico no se traduce automáticamente en bienestar para la población. En este caso, Aguascalientes y Zacatecas tienen mejor desempeño que sus vecinos con mayor PIB . Aunque implican una mejoría, los puntajes del IPS en la región siguen siendo menores a los que se tenían antes de la pandemia. De hecho, el puntaje de 2021 es similar al de 2017, cuando la región obtuvo 66.1 puntos. Esto indica que el Bajío no ha logrado recuperarse de los costos económicos y sociales de la pandemia.”4

La radiografía que hace Regina Isabel Medina es muy clara y deja muy mal parado al Gobierno del Estado de Guanajuato y su discurso, pues demuestra que prácticamente todos los estados de El Bajío tienen mejores indicadores de progreso social, a pesar de que todos tienen un PIB más bajo que la entidad guanajuatense.

No basta abrir armadoras, maquiladoras y fábricas para llevar bienestar a la población, y eso es algo que debe entenderse en Guanajuato si se quiere mejorar las condiciones de vida de la población y no solo la de los empresarios.

A continuación, se reproduce textualmente el diagnóstico resumido:

“La región del Bajío tiene el mejor desempeño en la primera dimensión del IPS: Necesidades Humanas Básicas (NHG), que evalúa “la calidad y disponibilidad de servicios y condiciones necesarias para otorgar un nivel de vida adecuado a la población”. La dimensión incluye los componentes de: nutrición y cuidados médicos básicos, vivienda, seguridad personal, así como agua y saneamiento. En 2021, las entidades del Bajío alcanzaron un promedio de 73.3 puntos en esta dimensión, lo que la convierte en la segunda región con mejor desempeño. Aguascalientes tuvo el puntaje más alto, tanto dentro de la región como a nivel nacional, en esta dimensión, con 83.4 puntos. Zacatecas tuvo el puntaje más bajo con 65.3 puntos. En términos concretos, esto implica que la población del Bajío cuenta con acceso a vivienda de calidad, cobertura de servicios básicos de agua y saneamiento, así como buena nutrición y cuidados médicos básicos. Aunque sigue siendo en la que tiene el mayor desempeño, esta dimensión también es en la que el Bajío tuvo su peor caída después de la pandemia.

La segunda dimensión del IPS, Fundamentos del Bienestar (FB) mide “la calidad de la educación y la información disponible al igual que componentes ambientales relevantes para la salud de sus habitantes”. Se compone por acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, calidad medioambiental y salud y bienestar. El Bajío alcanzó 65.2 puntos para esta dimensión en 2021, dejándolo en la cuarta posición de las nueve regiones. Querétaro cuenta con el mejor desempeño dentro de la región, con 71.8 puntos y San Luis Potosí el más bajo con 59.5. El puntaje en esta dimensión se debe a un buen desempeño en componentes como calidad medioambiental y un mal desempeño en otros como incidencia de suicidios.

El Bajío tiene su peor desempeño en la dimensión de Oportunidades del IPS , la cual “evalúa las posibilidades y herramientas a las que las y los habitantes de cada estado pueden acceder para lograr un mayor desarrollo personal y profesional”. Esta dimensión se compone por derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión y acceso a la educación superior. El Bajío tuvo apenas 55.7 en 2021 y ocupó la séptima posición entre las distintas regiones del país. Aguascalientes conserva el primer lugar dentro de la región, con 60.8 puntos, pero desciende al séptimo lugar a nivel nacional. A su vez, Guanajuato ocupa el último lugar de la región y el 28 a nivel nacional, con solo 49.1 puntos. Esto indica que las entidades del Bajío tienen un bajo desempeño en inclusión, derechos personales, libertad de elección y acceso a la educación superior. Por ejemplo, Aguascalientes ocupa el lugar 29 a nivel nacional en inclusión de personas LGBT+. Aun así, es la única dimensión donde ha habido un progreso a través del tiempo, pues el Bajío ha subido su puntaje de 46.8 en 2015 a 56.5 en 2020.”5

(El énfasis es añadido)

Al ver las dimensiones graficadas, podemos apreciar cómo, Guanajuato, aparece en todas las mediciones, en la parte con peores calificaciones entre los estados de El Bajío.6

Guanajuato tiene que cambiar el rumbo de la política pública

En este año 2023, Guanajuato debe cambiar el rumbo de la política pública porque si el Gobierno del Estado continúa implementando políticas depredadoras que se basan en el bienestar empresarial, la población del estado va a seguir perdiendo calidad de vida.

El acceso a derechos y la garantía de la inclusión de todos los segmentos sociales debe ser una guía para una nueva política que se base en la persona humana y no en las empresas.

Los números y los indicadores son claros y son irrefutables. Podrán seguir diciendo que Guanajuato es un estado de progreso, pero la realidad es que la gran mayoría de su población vive en la marginación y bajo condiciones discriminatorias y poco inclusivas.

A continuación se reproducen textualmente los resultados de Guanajuato por dimensión, a fin de que quede claro en qué rubros es necesario que el Gobierno del Estado mejore su política pública para centrarse en la gente:7

No hace falta mucho para darse cuenta que en la gran mayoría de los indicadores, Guanajuato está por debajo del lugar 15 a nivel nacional, lo que implica que en todos esos rubros se encuentra por debajo de la media nacional.

Pero destacan negativamente los rubros de inclusión en el que ocupa el lugar 29 a nivel nacional; el de libertad personal y de elección, lugar 26; el de derechos personales, en el lugar 29 y el de oportunidades, en el lugar 28 nacional.

Esto es claramente un reflejo de la política pública guanajuatense que se olvidó de su gente.

Propuesta

Por ello, esta proposición con punto de acuerdo pretende que esta Soberanía emita un respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de Guanajuato, a fin de que, de manera urgente, adopte las medidas y políticas públicas necesarias para dejar de privilegiar solamente a las grandes empresas transnacionales e implemente una política pública basada en la gente, que impulse el bienestar y el progreso social, atendiendo fundamentalmente a los rubros más retrasados en esta materia.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Guanajuato para que, de manera urgente, adopte las medidas y políticas públicas necesarias para dejar de privilegiar solamente a las grandes empresas transnacionales e implemente una política pública basada en la gente, que impulse el bienestar y el progreso social, atendiendo fundamentalmente a los rubros más retrasados en esta materia detectados en el Índice de Progreso Social 2015-2021, en especial, los siguientes:

1. Carencia por acceso a la alimentación (% de la población)

2. Hogares con disponibilidad de agua dentro de la vivienda (%)

3. Hogares con dotación diaria de agua (%)

4. Hogares en hacinamiento (%)

5. Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes)

6. Índice de crimen violento

7. Índice de crimen organizado

8. Percepción de inseguridad en la entidad (% de la población)

9. Matriculación educación preescolar (tasa neta de escolarización)

10. Analfabetismo (% de la población)

11. Matriculación educación primaria (tasa neta de escolarización)

12. Matriculación educación secundaria (tasa neta de escolarización)

13. Paridad de género en educación secundaria (% de mujeres)

14. Usuarios de telefonía móvil (% de la población)

15. Hogares con computadoras (%)

16. Hogares con conexión a internet (%)

17. Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 mil habitantes)

18. Esperanza de vida (años)

19. Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes)

20. Mortalidad por enfermedades circulatorias (tasa por cada 100 mil habitantes)

21. Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil habitantes)

22. Hogares que usan focos ahorradores (%)

23. Emisiones de CO2 (toneladas)

24. Hogares con título de propiedad (%)

25. Participación electoral (% de lista nominal

26. Interacción con gobierno electrónico (% de la población)

27. Total de espacios de participación ciudadana en el gobierno local

28. Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan (% de la población en ese rango de edad)

29. Embarazo adolescente (% de nacimientos registrados de mujeres menores de 20 años)

30. Tasa de incidencia de corrupción

31. Tasa de informalidad laboral (TIL2)

32. Porcentaje de la población ocupada que tarda más de dos horas en el traslado a su trabajo

33. Confianza en los vecinos (% de la población)

34. Paridad de género en congresos locales (% de mujeres)

35. Inclusión personas LGBT+ (% de la población que aprueba el matrimonio igualitario)

36. Tasa de analfabetización en personas indígenas

Notas:

1. Guzmán Martínez, Katia . Índice de Progreso Social: un recorrido por las entidades federativas. Nexos. Enero 18, 2023. Disponible en https://federalismo.nexos.com.mx/2023/01/indice-de-progreso-social-un-r ecorrido-por-las-entidades-federativas/

2. Ídem

3. Ibidem

4. Medina, Regina Isabel . Progreso social y desempeño económico en el Bajío. Nexos. 1 de febrero de 2023. Disponible en:

https://mexicocomovamos.mx/nexos/2023/02/progreso-social -y-desempeno-economico-en-el-bajio/

5. Ídem

6. Ibidem

7. Índice de Progreso Social 2015-2021 . Fichas por Estado. Guanajuato. México, ¿Cómo Vamos? Disponible en https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social/#:~:text=63,en%20l os%20%C3%BAltimos%206%20a%C3%B1os.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a articular una estrategia de carácter interinstitucional, intersectorial y de los distintos niveles de gobierno, que garantice la impartición de contenidos específicos de educación basados en valores universales, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que como medida preventiva del delito en la sociedad, se articule una amplia estrategia de carácter interinstitucional, intersectorial y de los distintos niveles de gobierno que promueva las acciones, programas, mecanismos y servicios, que garanticen la impartición de contenidos específicos de educación basados en valores universales, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que es ampliamente reconocido que la educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos,1 que en este contexto, es reto de todos lograr que todos los niños y niñas accedan a educación de calidad, permanezcan en ella y la concluyan con los aprendizajes esperados para su edad y nivel educativo, especialmente los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.2

Paralelamente, es menester traer a colación, que los adultos también cuentan con distintas facilidades para lograr una educación de calidad y esta se desarrolla normalmente de forma extraescolar, ya sea en sus áreas de trabajo, en los círculos de estudio o en las plazas comunitarias, con enfoque mayoritario hacia el autodidactismo y en la solidaridad social como los medios más adecuados para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad entre los distintos sectores que componen la población.

Segunda. Que por otro lado, resulta indudable y existe coincidencia entre los diversos autores que tienen que ver con la materia, en el sentido de que la educacio?n se constituye como una excelente herramienta para promover una vida totalmente civilizada, detonada e impulsada con el aprendizaje y puesta en marcha de los valores universales, considerando que para que el individuo pueda desarrollarse plenamente, éstos deben llegar a ser parte fundamental en los diferentes ámbitos de la vida, incluyendo por supuesto el individual, el familiar, el grupal, el comunitario, etc.

Tercera . Bajo esta tónica, es preciso recordar que cuando se educa, consciente o inconscientemente, se encuentra implícito el hecho de que se está trasmitiendo al receptor una escala determinada de valores. De ahí se desprende la importancia de educar con miras hacia lograr una nación ordenada, generosa y en condiciones de paz permanente, esto porque se presupone que la ayuda en la construcción de valores y actitudes determinados, tales como la justicia, la libertad, la cooperación, el respeto, la solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo, la participación, trae aparejados enormes beneficios, sin olvidar que al mismo tiempo se pueden llegar a revisar o a cuestionar los valores que son contrarios a la paz, como pueden ser la discriminación, la intolerancia, la violencia, el etnocentrismo, el indiferencia, el conformismo, etc. En el contexto de que su utilización es nocivos para la población en general.

Así, la construcción de una cultura de la paz fundamentada en los valores que de forma definitiva abonan hacia ese objeto, debe traducirse necesariamente en la aceptación de que resulta plausible que exista un verdadero compromiso social, desde todas las esferas de la vida pública, generando políticas e intervenciones que los refuercen.3

Cuarta . En este orden de ideas, es irrefutable la utilidad de enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia y de las características culturales del niño, de los valores sociales del país en que vive el niño, de las civilizaciones diferentes de la suya y de los derechos humanos y libertades fundamentales.4

Complementariamente a esta aseveración, es conveniente acotar para efectos del presente ocurso, que la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, porque pueden adquirir actitudes no criminógenas, de ahí la pertinencia de educar a la juventud con un estrategia direccionada hacia los valores universales.5

Quinta. Que específicamente para el marco jurídico del caso mexicano, la Ley General de Educación señala en su artículo 13, que se fomentará en las personas una educación basada entre otros aspectos en la responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros.

Por otro lado, en su artículo 14, se precisa que para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, la Secretaría promoverá un Acuerdo Educativo Nacional que considerará entre diversas acciones, concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la Nación;

Paralelamente en su artículo 15, señala que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue entre otros fines, el fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales;

Por lo que hace al artículo 16, se menciona también en la LGE que promover la vida civilizada, en tanto fomente valores como justicia, igualdad, equidad, probidad, responsabilidad, solidaridad, respeto, tolerancia, pluralidad, libertad, deben ser parte esencial de la vida escolar, de las pra?cticas escolares cotidianas.

Refiere también que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno.

Además, hace especial hincapié en que responderá a los siguientes criterios:

I. al IV. ...

V. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia; así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad;

Por lo que atañe al rubro de la responsabilidad ciudadana y social, refiere en su artículo 18, que la orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará lo siguiente:

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica.

Y continuando con esta directriz, se detalla en las temáticas que tienen que ver con los planes y programas de estudio, específicamente en el artículo 30 del mismo ordenamiento, que los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:

XVIII. El fomento de los valores y principios del cooperativismo que propicien la construcción de relaciones, solidarias y fraternas.

Otro aspecto muy importante, es el de la estrecha relación que existe entre los centros escolares y las familias, por lo que para el caso de artículo 78, el ordenamiento que nos ocupa, refiere que las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

Y se refuerza de forma contundente, cuando se señala que en el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores , los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que permitan a madres y padres de familia o tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.

Adicionalmente, será conveniente también, el que se brinde información oportuna a los jóvenes y a sus familias sobre la ley, sus derechos y obligaciones con respecto a la ley, en el ámbito del sistema de valores universales.

Sexta. Que es menester señalar, que para que la educación en valores, no se quede en la curricula de estudios como una propuesta diseñada con muy buenas intenciones, pero con muy poca practicidad, ni como un elemento residual o de relleno, que se aborde de manera superficial en cuanto alguno de los profesores lo considere relevante, de vez en cuando en clase, es necesario lograr una muy eficiente planificación de la estrategia propuesta, con criterios definidos, formales y con objetivos claros y precisos, por lo que una posible organización en este temática puede tomarse como el eje principal, sobre el cual giren una serie de temas muy diversos, de forma transversal,6 todo esto con base en una investigación científica, que pueda ser supervisada y evaluada para efecto de medir sus resultados.

Séptima . Que los distintos niveles de gobierno, las instituciones y los sectores de nuestro país que tienen que ver con el tema de la educación y específicamente los de la educación en valores, están totalmente dispersos y que resulta apremiante el diseñar una estrategia al interior de la Administración Pública Federal, que los integre, los articule y los coordine, respetando los ámbitos de competencia que actualmente cada uno de ellos; por lo que debe ser una prioridad y un objetivo toral del Estado Mexicano, el impulsar acciones, productos y servicios, a través de sus instituciones que tienen que ver con la materia, con los sectores público, privado y social, incluidos los medios de comunicación, para que se puedan ofertar opciones serias que logren resultados de máxima eficiencia, en la implementación práctica de la educación en valores.

Octava. Por lo que concierne al tema de la interinstitucional, en el ámbito de la gran estrategia de gobierno que se propone, se pretende que las estructuras que la integran, promuevan de forma definitiva la conexión existente entre los distintos actores que forman parte de ella, tendientes a favorecer el intercambio necesario de datos duros y de interés, esto con miras a lograr una excelente coordinación que esté presente en el momento de que se genere la toma de decisiones entre más importantes entre sus miembros, misma que invariablemente es directamente proporcional a los objetivos comunes que seguramente fueron planteados de manera inicial, o en cuanto se presente la necesidad de cambiar alguna parte de la estrategia.

Novena. En el rubro del ámbito Intersectorial, se entiende para efectos de esta propuesta como la coordinación entre distintos sectores, destinada a obtener alguna solución para un asunto determinado o un problema o serie de problemas, permitiendo intercambiar recursos humanos, técnicos o materiales, conocimientos, metodologi?as, cursos alternativos de acción, así como acciones dirigidas a la participación de los diferentes actores en el proceso de toma de decisiones, por lo que esta forma de organizarse resultará de gran utilidad, a la hora de conjuntar los distintos esfuerzos en la estrategia por lograr permear los valores a la sociedad en su conjunto, con especial énfasis en los jóvenes y los niños.

Decima. Por lo que se refiere al ámbito de aplicación, resulta de interés mencionar, que se precisa que sea en los tres niveles niveles de gobierno que se manejan en la estructura organizacional y política de nuestro país, toda vez que contamos para su puesta en marcha, con la atención del gobierno federal, del estatal y del municipal, que contribuyen a la realizacio?n de los fines y las tareas del estado, como lo es el garantizar el respeto a los derechos humanos, el brindar los servicios pu?blicos necesarios, mantener el orden pu?blico, etc.

En cuanto a su división política, se pretende que ninguna entidad federativa de las 31 que lo conforman junto con la ciudad de Me?xico, se quede atrás, puesto que precisamente es ahí en donde radica su importancia, en que participen todos los que constituyen la federacio?n que dicho sea de paso, está basada en la divisio?n, el equilibrio y los pesos y contrapesos que fueron incorparados a partir de los ideales democráticos, entre los 3 a?mbitos de gobierno.7

Por su lado, es de resaltar que la responsabilidad más amplia de la puesta en marcha de la estrategia, debe inscribirse en el marco de actuación del gobierno federal, suponiento que el legislativo, y el judicial podrán participar también de forma colateral. Así será más fácil diseñar la forma en que podrán interactuar los 3 poderes de gobierno, puesto que son independientes entre sí. Aunado a esto, se tiene que contemplar, la forma en que podrá participar el nivel del gobierno estatal, puesto que los estados libres y soberanos tienen su propio gobierno, sus propias leyes y su autonomi?a, pero se rigen por la constitucio?n y el gobierno federal, aunado esto a que la Federación no puede intervenir en asuntos que sean exclusivamente estatales.

Por lo que se refiere al gobierno municipal, es de resaltar la importancia que este nivel guarda para efectos de considerar la implementación de los diferentes programas, mecanismos y servicios, puesto que el jefe del gobierno municipal es el presidente municipal, además de la ayuda que puede recibir de los si?ndicos que son los que resuelven los conflictos y de los regidores que son quienes revisan las leyes municipales que despue?s se aprueban por los integrantes del ayuntamiento.

Por otro lado, hay que considerar el hecho de que los ayuntamientos en los estados se encargan de forma más directa de los servicios, la convivencia de las personas y las comunidades, porque de forma simultánea atienden las necesidades de las a?reas rurales de sus territorios, todo esto porque es precisamente este nivel de gobierno, el más cercano a la poblacio?n.

La idea de presentar estos niveles como parte integrante de la estrategia que se propone, es que en los lineamientos que para tal efecto se propongan en su oportunidad, deberán encontrarse con la mayor eficiencia posible las actividades que necesariamente deberá encabezar cada uno de ellos.

Es por los motivos anteriormente expuestos, me permito someter a esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero . Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que como medida preventiva del delito en la sociedad, se articule una amplia estrategia interinstitucional, intersectorial, y de los distintos niveles de gobierno, de carácter permanente, de investigación, de asesoría y de apoyo técnico, direccionada hacia la promoción de acciones, programas, mecanismos y servicios que garanticen la integración de contenidos específicos de educación basados en los valores universales -enfocada especialmente hacia los jóvenes y niños- que abarquen no solamente su planeación y vinculación, sino su consolidación, fortalecimiento e impulso efectivo, que invariablemente se traduzcan en la consecución de un país más libre, seguro, solidario y subsidiario.

Notas:

1 S.a. Educacion y Aprendizaje, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, México, s.a. consultable en https://www.unicef.org/mexico/educación-y-aprendizaje, revisado el 13 de Marzo del 2023.

2 Idem.

3 Esquivel M. Cristela y García B. Myrna G, la Educación para la paz y los Derechos Humanos en la Creación de Valores para la Solución de Conflictos Escolares. Educacíon http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-74 412018000100256.

4 Cfr. S.a. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. EUA, s.a. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/united-nati ons-guidelines-prevention-juvenile-delinquency-riyadh

5 Idem.

6 S.a, En que consiste la educacion en valores, Universidad Internacional de Valencia, España. VIU, 2022, España. Consultable en https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/en-que-c onsiste-la-educacion-en-valores, página revisada el 12 de Marzo del 2023.

7 Para mayor referencia, se puede consultar la siguiente fuente: https://cte.seebc.gob.mx/proyectos/derechos2021/fase2/formas-de-gobiern o.pdf sitio revisado el 22 de Marzo del 2023.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de abril de 2023.

Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Oaxaca y de la escuela telesecundaria José Vasconcelos, de la comunidad de San José Manialtepec, municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, a cumplir con las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de la menor de edad Paola Hernández, particularmente en lo relativo a la prohibición de toda discriminación motivada por su expresión de género y a la violación de su derecho a la educación, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Clemente García Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 10 de marzo del año 2023, un grupo de padres de alumnos, maestros y la Directora de la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos”, en la comunidad de San José Manialtepec, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en el Estado de Oaxaca, llevaron a cabo diversas acciones discriminatorias vinculadas con la expresión de género de Paola Hernández, menor de edad a quien le ha sido negado el acceso al plantel educativo mencionado por vestir pantalón en lugar de falda, lo cual resulta en una violación a su derecho a la educación, entre otros, así como al principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Los hechos descritos derivaron a la postre en una suspensión de las actividades académicas al interior de la escuela para todas y todos los estudiantes, hasta que el día 22 de marzo las personas que se oponen a que Paola pueda utilizar pantalones para asistir a la telesecundaria, determinaron que se retomarían las clases, pero que a la alumna le prohibirían la entrada a la institución educativa mientras no utilice ropa “para mujeres”, lo que significa una revictimización para la menor, bajo la única explicación de que el reglamento interno de la escuela establece que las mujeres deben presentarse uniformadas con falda y los hombres con pantalón.

Es menester resaltar que esta situación constituye un acto de discriminación sancionado por la ley y prohibido, fundamentalmente, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cpeum), la cual es —junto con las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte— Ley Suprema de toda la Unión, por lo que ningún reglamento puede considerarse jerárquica ni jurídicamente superior a ésta.

El párrafo quinto del artículo 1o. constitucional determina que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José”, de la cual México es parte, contiene en su artículo 1 la disposición relativa al compromiso que adquieren los Estados que la suscriben para respetar los derechos y libertades reconocidos en dicho documento y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. De igual forma, su artículo 24 determina que todas las personas son iguales ante la ley y que, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a recibir igual protección de ésta.

En la misma tesitura, el Artículo 4 de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca prevé que la discriminación es “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.

Por su parte, la Ley General de Educación (LGE) contempla que la rectoría de la educación corresponde al Estado —el cual se integra por la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, de acuerdo con el artículo 3o. de la Cpeum— y que la impartida por éste, además de ser obligatoria extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, luchando y eliminando esta práctica, así como toda forma de exclusión y las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje. Asimismo, en la prestación de los servicios educativos se deberá impulsar el desarrollo humano integral para combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres.

También la LGE mandata que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia adoptando medidas dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones de mayor rezago educativo, que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas o bien relacionadas con aspectos de género. Además dicha ley considera que con el ejercicio del derecho a la educación, “inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria”.

Finalmente, es importante mencionar que la LGE contempla que la adquisición de uniformes no puede condicionar la prestación de los servicios educativos, pues hacerlo constituye una infracción sancionada con multa de cien hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

En otro orden de ideas resulta oportuno hacer la precisión sobre ¿Qué es lo que se entiende por expresión de género? De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), “la expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. La expresión de género puede incluir, por ejemplo, el atuendo, los ademanes, los adornos, el arreglo personal, el uso particular del vocabulario, etcétera. Tal expresión individual puede o no coincidir, puede o no aproximarse o alejarse de los códigos socioculturales respectivos”1 .

“(...) la expresión de género impuesta culturalmente varía espacio-temporalmente. Recordemos, a título ilustrativo, que en el mundo occidental, hasta principios del siglo XX, el pantalón era privativo de los hombres y la falda de las mujeres. Pero a partir de las dos grandes guerras mundiales, la mujer fue adoptando el pantalón al grado de que ahora su uso predomina sobre el de la falda. Por otro lado, la capacidad identitaria de esta indumentaria se invertía en la corte de los mandarines chinos, donde los hombres portaban una túnica equiparable a una falda y las mujeres un pantalón”2 .

Con base en lo anteriormente dicho, es posible establecer la innegable premisa de que restringir, suspender, excluir, anular o cancelar de manera definitiva el acceso y ejercicio pleno al derecho a la educación (especialmente cuando se trata de la impartida por el Estado) por motivos de expresión de género, como lo es en lo relativo a preferir utilizar pantalones en vez de faldas, son acciones claras de discriminación que transgreden la dignidad humana y, por lo tanto, deben combatirse a través de las instituciones de gobierno facultadas para tales fines, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La adopción de uniformes escolares neutros es una alternativa que busca promover la igualdad, la inclusión y la no discriminación de las personas en el ámbito educativo, eliminando las distinciones de género en la vestimenta escolar. Ello implica la eliminación del uso privativo de faldas para las niñas y pantalones para los niños, mediante la adopción de prendas neutrales o “unisex” para todas y todos los estudiantes. Propuestas como ésta se han vuelto cada vez más populares en todo el mundo y México no es la excepción, donde ha sido impulsada por organizaciones civiles y educativas que buscan erradicar la discriminación y la violencia de género en las escuelas, promoviendo un ambiente inclusivo y diverso.

Un ejemplo de la implementación de este tipo de medidas son los lineamientos para el uso de uniformes neutros en las escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México, emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 3 de junio de 2019, mediante los cuales el uso de falda o pantalón es de libre elección, no solo con base en el clima o las actividades recreativas, físicas o deportivas que vayan a realizar las y los educandos, sino también en la decisión personal de cómo manifestar su identidad y expresión de género, las cuales en ningún caso pueden restringirse, siempre y cuando sigan lo determinado por las asociaciones de padres de familia y las autoridades educativas en lo relativo a cromática, escudos y distintivos, sin que ello represente una orientación de género para las y los estudiantes.

Es de destacar que, en el caso concreto que esta Proposición busca atender, Paula Hernández, madre de Paola, ha hecho público que la menor ha decidido vestirse utilizando pantalones desde que cursaba el nivel de educación preescolar. Asimismo, la señora posee documentación mediante la cual acredita la existencia de resoluciones judiciales a través de juicios de amparo y recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitidas en favor de su hija, sin que hasta el momento esto haya impedido las restricciones impuestas en su contra.

Como puede observarse, la violación al derecho a la educación de la cual es víctima Paola Hernández, en razón de su expresión de género por vestir pantalón en lugar de falda para asistir a la institución educativa, constituye un acto discriminatorio que infringe la ley, la Constitución nacional y diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- El Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca; al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; al Presidente Municipal de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca; así como a las autoridades educativas correspondientes de la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos” en la comunidad de San José Manialtepec, municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca; a cumplir con las obligaciones constitucionales de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de la adolescente Paola Hernández de 12 años de edad y, en general, de todas las y los estudiantes del plantel educativo mencionado, en particular en lo relativo a la prohibición de toda discriminación motivada por la expresión de género, así como el derecho a la educación, con base en el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, la legislación general y estatal, así como la jurisprudencia aplicables.

Notas:

1. CONAPRED. El Derecho a la No Discriminación por Identidad y Expresión de Género. Textos del Caracol. Núm. 4. México. 2008. p. 12. de 46 pp.

2. IDEM.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de abril de 2023.

Diputada María Clemente García Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a fortalecer las medidas de vigilancia en el cobro de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, con la finalidad de regular los costos excesivos en el servicio de grúas y corralones, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Raymundo Atanacio Luna , integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 , fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a sus homologas de las 32 Entidades federativas, fortalecer las medidas de vigilancia en el cobro de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, con el fin de regular los costos excesivos en el servicio de grúas y corralones.

Exposición de Motivos

Que un Servicio de Grúas consiste en llevar a un vehículo regularmente a un taller mecánico para ser reparado, o bien, consiste en darles apoyo para ser rescatados de sitios en donde no exista una superficie adecuada para conducirlos. Normalmente estos servicios de remolque habitualmente están provistos por un operador de emergencias vehiculares.

Es así que los vehículos que sean remolcados a causa de un accidente son trasladados a un lugar seguro para ser reparados.

Que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es la encargada de establecer la base tarifaria de servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en el autotransporte federal.

Y que las tarifas autorizadas por dicha Secretaría, son las máximas autorizadas y los permisionarios están obligados a respetarlas.

Sin embargo algunos permisionarios de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito, han dado paso a la generación de mafias y monopolios en dichos servicios, ya que incurren en constantes abusos en los cobros, que exceden desde un 200 hasta 1000 por ciento en las tarifas establecidas en reglamentos y cargos por servicios no prestados e incluso permiten el desmantelamiento de unidades y robo de mercancías en los corralones, datos emitidos por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C, la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga A. C., la Asociación Nacional del Transporte Privado, y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Que dicha base tarifaria se dio a conocer en el año 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

Ante estos hechos, los transportistas y automovilistas resultan ser los más afectados en los cobros excesivos por los usos que llegan a requerir por parte de las grúas.

En México es un tema que todos los días afecta a las y los mexicanos en sus bolsillos, pues es un problema que a pesar de contar con tabuladores establecidos por parte de la SICT no se da paso a un cobro parejo.

Y la inconformidad no sólo es por el cobro excesivo sino también por la prestación del servicio auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento, y/o depósito de vehículos especialmente en los traileros que son quienes sufren de mayores percances que no les dejan otra opción más que la de acudir al servicio de las grúas.

Es por ello que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes establece las siguientes generalidades en relación a la Base de Tarifa de los servicios de arrastre:

1. El servicio de arrastre consiste en llevar a cabo las maniobras necesarias para enganchar a una grúa, vehículos que, estando sobre sus propias ruedas, deban ser trasladados por caminos y puentes de jurisdicción federal.

2. Cuando el vehículo se desplace por su propia fuerza motriz, sólo se realizará el cobro del banderazo de salida, así como de las maniobras de abanderamiento y del personal utilizado, en su caso.

3. Los vehículos que utilicen el servicio de arrastre, deberán encontrarse descargados. Si el arrastre se realiza a vehículos que transportan mercancías, las maniobras de descarga correrán por cuenta del usuario o bien, podrán ser efectuadas por el permisionario de grúas, siempre y cuando medie acuerdo y/o autorización previa por escrito sobre el precio de éstas.

4. En cobros por kilómetro, las fracciones mayores a quinientos metros se consideran como un kilómetro y, las fracciones en distancias menores a quinientos metros, no se cobrarán.

5. En los servicios de arrastre en que sea indispensable utilizar caminos y puentes de cuota para la ejecución del servicio, los pagos serán a cargo del permisionario en lo que respecta a las cuotas aplicables a la grúa, y en las correspondientes al vehículo objeto del servicio, serán a cargo del propietario del mismo, previo acreditamiento con los comprobantes correspondientes.

El costo del servicio de arrastre se integra por:

• Cobro fijo por unidad de servicio (“banderazo”).

• Factor de cobro por vehículo-kilómetro recorrido materialmente.

6. El arrastre de los vehículos tractocamión de configuración articulada sencilla con un semirremolque, se cobrará como una sola unidad, salvo que por los daños que sufra el tractocamión no sea factible articularlo, el remolque o semirremolque, en este caso, se cobrará el arrastre en forma independiente cada uno de ellos.

7. En el supuesto de arrastre de los tractocamiones de configuración doblemente articulados, se cobrará como un solo vehículo el tractocamión y el primer remolque o semirremolque; en tanto, el segundo remolque o semirremolque se cobrará en forma independiente.

8. En el caso de que por los daños que sufra el tractocamión no sea factible articular el primer remolque o semirremolque, se cobrará cada uno de éstos en forma independiente, así como el segundo remolque o semirremolque, con independencia de que sea factible o no su articulación.

Por lo que este punto de acuerdo tiene la finalidad de regular los cobros excesivos que se dan en los servicios de grúas y corralones como lo establece el Artículo 1o del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y a sus homologas de las 32 Entidades federativas, fortalecer las medidas de vigilancia en el cobro de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, con el fin de regular los costos excesivos en el servicio de grúas y corralones.

Referencias:

- www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/GRUAS/BT_Arrastre.pdf

- DOF - Diario Oficial de la Federación

- https://www.milenio.com/estados/gruas-concesion-corralones-automovilist as

- Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal I. Aspectos Generales Un usuario es toda persona física o moral que utilice los servicios auxiliares de arrastre, arrastre y salvamento (sct.gob.mx)- https://www.quadratin.com.mx/justicia/atiende-profeco-inconformidades-p or-costos-irregulares-de-gruas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de Abril de 2023.

Diputado Raymundo Atanacio Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a esclarecer el caso de las tres mujeres no localizadas: Maritza Trinidad Pérez Ríos, Marina Pérez Ríos y Dora Alicia Cervantes Sáenz; asimismo, se otorgue respuesta pronta y expedita a los familiares de las víctimas, a cargo de la diputada Rosa María González Azcárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Rosa María González Azcárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Se estima que alrededor de 26 personas desaparecen al día en México, lo que coloca a nuestro país entre los diez primeros lugares de desapariciones forzadas en América Latina, esto de conformidad con datos que emitió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tan sólo en 2022, se alcanzó una cifra histórica de 109 mil 516 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) siendo las entidades con mayor registro: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Ciudad de México y Michoacán.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), insiste en que esta problemática hace referencia a una cuestión estructural derivada de múltiples factores como lo son: corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y complicidad de diversas personas servidoras públicas que se encuentra coludidas con la delincuencia organizada, misma que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social en el país.1

En este sentido, es preciso señalar que el pasado 27 de febrero del año en curso, la Comisión local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, emitió una alerta por la desaparición de tres mujeres en el municipio de China, Nuevo León bajo los nombres: Maritza Trinidad Pérez Ríos y Marina Pérez Ríos, hermanas de 47 y 48 años y una tercera, Dora Alicia Cervantes Sáenz, de 53 años respectivamente, todas originarias de Doctor Coss, Nuevo León, pero ciudadanas norteamericanas de Mc Allen, Texas.2

De acuerdo con información periodística, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, informó que las tres mujeres cruzaron hacia México, el viernes 24 de febrero, en una camioneta Pick Up Chevrolet Silverado, cabina y media, modelo 1996, color verde, con placas de Texas, con destino al municipio de Montemorelos, ubicado aproximadamente a 122 Kilómetros de doctor Coss, con la intención de vender ropa; sin embargo, se desviaron de ruta y tomaron la carretera hacia Méndez, Tamaulipas; al respecto, se dio a conocer que “La última vez que se obtuvo información en relación a su paradero fue a las 5:40 horas del sábado 25 de febrero, cuando se encontraban en el centro de China, a 30 kilómetros de Peña Blanca en el municipio de General Bravo, colindante con Tamaulipas, donde se suscitó un enfrentamiento entre dos grupos armados, con saldo de cuatro personas calcinadas”.3

Sin embargo, algunos familiares denunciaron ante diversos medios de comunicación la falta de apoyo por parte del gobierno estatal y federal para obtener información relacionada con la búsqueda de estas tres mujeres, exponiendo que los primeros días en que se reportaron como desaparecidas, las autoridades intentaron localizarlas, pero a partir del cuarto día cesaron con la búsqueda.

Aunado a este hecho, el caso se hizo tomó relevancia derivado del secuestro de cuatro jóvenes más estadounidenses: Shaeed Woodard, Zindell Brown, Eric Williams y Latavia Washington McGee, en Matamoros, Tamaulipas, el pasado 3 de marzo, quienes presuntamente fueron privados de su libertad por un grupo del crimen organizado; periodo en que la Casa Blanca se pronunció respecto a este asunto, calificándolo como inaceptable; asimismo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado, a través del cual, se ofrecía una recompensa de 50.000 dólares, a quien otorgara alguna pista que pudieran llevar a la ubicación de los ciudadanos americanos.4

En respuesta, las autoridades mexicanas activaron la alerta de búsqueda de estos jóvenes, de los cuales más tarde, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, confirmó la muerte de dos de los cuatro jóvenes, uno herido y otro más que se encontró con vida.5

Por otro lado, el FBI informó que a más de dos semanas de su desaparición no se tenía ninguna pista relacionada con su paradero, existiendo una gran preocupación por la falta de información en cuanto a la búsqueda.

Contrasta la poca atención mediática que ha recibido este caso en comparación con el de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados la semana pasada en el norte del país, asimismo, la premura con la que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, otorgó resultados en dicha búsqueda al gobierno de Joe Biden, máxime frente la creciente ola de desapariciones que se sufre en todo el país, con más de 112,000 personas no localizadas.6

Es por lo antes expuesto; que exhortó, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República para que se esclarezca el caso de las tres mujeres no localizadas: Maritza Trinidad Pérez Ríos y Marina Pérez Ríos y Dora Alicia Cervantes Sáenz, asimismo, se otorgue respuesta pronta y expedita a los familiares de las víctimas.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Fiscalía General de la República para que se esclarezca el caso de las tres mujeres no localizadas: Maritza Trinidad Pérez Ríos y Marina Pérez Ríos y Dora Alicia Cervantes Sáenz, asimismo, se otorgue respuesta pronta y expedita a los familiares de las víctimas.

Notas:

1 Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Desaparecidas.- http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30062

2 ¿Qué ocurrió con las tres mujeres desaparecidas en China, Nuevo León? Esto se sabe hasta el momento.- https://www.milenio.com/politica/comunidad/tres-mujeres-desaparecidas-e n-china-nl-esto-sabemos

3 ¿Qué ocurrió con las tres mujeres desaparecidas en China, Nuevo León? Esto se sabe hasta el momento.-

https://www.milenio.com/politica/comunidad/tres-mujeres- desaparecidas-en-china-nl-esto-sabemos

4 Las autoridades encuentran a los cuatro estadounidenses desaparecidos en Tamaulipas, dos vivos y dos muertos. - https://elpais.com/mexico/2023-03-07/las-autoridades-encuentran-vivos-a -dos-de-los-cuatro-estadounidenses-desaparecidos-en-tamaulipas.html

5 EU investiga la desaparición de tres mujeres que viajaron a Nuevo León.-https://politica.expansion.mx/estados/2023/03/11/eu-investiga-la- desaparicion-de-tres-mujeres-que-viajaron-a-nuevo-leon

6 Las autoridades encuentran a los cuatro estadounidenses desaparecidos en Tamaulipas, dos vivos y dos muertos.- https://elpais.com/mexico/2023-03-07/las-autoridades-encuentran-vivos-a -dos-de-los-cuatro-estadounidenses-desaparecidos-en-tamaulipas.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 16 de marzo de 2023.

Diputada Rosa María González Azcárraga (rúbrica)

Efemérides

Con motivo del 10 de abril, Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputado Benjamín Robles Montoya y diputada Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea la presente efeméride con motivo del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

Compañeros y compañeras, hoy recordamos la vida y la lucha de Emiliano Zapata, un héroe de la Revolución Mexicana que entregó su vida por las demandas de justicia social y libertad. Como luchadores sociales y defensores de la 4T, es nuestro deber honrar su legado y seguir luchando por las mismas demandas que él defendió: tierra y libertad.

Zapata es un símbolo de la lucha campesina y popular en México. Él luchó por el derecho de los campesinos a trabajar la tierra y a tener control sobre ella. Su famoso lema “La tierra es de quien la trabaja” es un principio fundamental en la lucha por la justicia social en nuestro país. Hoy en día, seguimos luchando por los mismos ideales que él defendió, y la lucha por la justicia social sigue siendo una tarea vital en nuestra sociedad.

La herencia de Emiliano Zapata ha sido recogida por la 4T y por el presidente López Obrador. La defensa de los derechos de los campesinos y de los más desfavorecidos es una prioridad para el gobierno actual. La entrega de apoyos directos a los campesinos, la eliminación de intermediarios y la creación de programas sociales para apoyar a los más necesitados son algunas de las acciones que la 4T está llevando a cabo en sintonía con las demandas históricas de Emiliano Zapata y de la lucha revolucionaria.

Hoy, en el aniversario de su muerte, recordamos con respeto y admiración a Emiliano Zapata, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por la justicia social y la dignidad humana.

En este sentido, reconocemos el apoyo que el campo mexicano ha recibido durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El programa Sembrando Vida, la entrega directa de apoyos a los productores, la defensa de los recursos naturales y la promoción de la soberanía alimentaria son algunas de las medidas que han mejorado las condiciones de vida de los hombres y mujeres que trabajan la tierra.

Sin embargo, sabemos que aún hay mucho por hacer para lograr un campo próspero y sostenible. Por ello, proponemos las siguientes medidas:

1. Fortalecimiento de la infraestructura rural, incluyendo la construcción y mantenimiento de caminos, puentes, sistemas de riego y electrificación.

2. Fomento de la producción agroecológica y la diversificación de cultivos para garantizar la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente.

3. Apoyo a la creación de cooperativas y empresas sociales que permitan a los productores tener acceso a mercados justos y a precios remunerativos.

4. Promoción de la igualdad de género en el campo mediante la eliminación de barreras que limiten la participación de las mujeres en la producción y comercialización de alimentos.

5. Fortalecimiento de la educación y capacitación técnica para los productores, para mejorar la calidad de los productos y la eficiencia en la producción.

6. Impulso a la investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas para el campo que permitan una producción más eficiente y sostenible.

7. Garantía de acceso a servicios de salud y seguridad social para los trabajadores del campo y sus familias.

8. Implementación de políticas de conservación y restauración de los recursos naturales como la reforestación y la protección de los suelos.

Sigamos adelante en la lucha por los derechos de los más desfavorecidos y por una sociedad más justa y libre. ¡Tierra y libertad! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva la 4T!

Diputado Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Diputada Maribel Martínez Ruiz (rúbrica)

Con motivo del 10 abril, Natalicio de Leona Vicario, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Leona Vicario fue una defensora de la Constitución, del Estado Federalista y Republicano, participó activamente apoyando el movimiento de independencia en los años más duros y difíciles del proceso, se mantuvo acompañando al Congreso de Chilpancingo y sostuvo el ideal de la Constitución de Apatzingán emanada de la lucha independentista, hasta su disolución, sin embargo, continuó suscribiendo las ideas federalistas constitucionales contra el conservadurismo.

Mujer excepcional, con su vida apasionante y comprometida con las causas más elevadas de la República Constitucional Federalista; nació el 10 de abril de 1789, en la Nueva España. Su capacidad intelectual le permitió desarrollar actividades tales como periodismo y activismo social, su madre Camila Fernández de San Salvador y Montiel instruida y Gaspar Martín Vicario comerciante, cimentaron las ideas avanzadas de Leona.

Leona Vicario recibió una gran educación, estudió bellas artes, ciencias y literatura, desarrollando, a través de sus estudios, un sentido crítico frente a las injusticias de la sociedad. En los años posteriores comenzó a ejercer el periodismo.1 ” es considerada considera la primera periodista del país.

Leona queda huérfana a los 17 años, vivía con su tío, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, por medio de el conoció a su esposo, Andrés Quintana Roo, oriundo de Mérida, Yucatán, quién formó parte del Congreso de Chilpancingo, donde por primera vez se declara la independencia de la América.

Leona empezó su participación paulatinamente en la actividad política, de la discusión sobre los acontecimientos políticos de actualidad, de espiar, de informar, y financiar el movimiento libertario, apoyándolo comprometidamente hasta formar parte de la insurgencia.

Colaboraba en los periódicos El Ilustrador Americano, y el Semanario Patriótico Americano que difundían que la libertad y la independencia eran justa y la participación política de las mujeres necesaria; labor periodística que continuó hasta consumada la emancipación nacional. En 1831 fundó junto a Andrés Quintana Roo, el periódico llamado “El Federalista”. Fue en el periódico El Ilustrador Americano donde los insurgentes notaron su trabajo y se pusieron en contacto con ella2 .

Tras el inicio del movimiento independentista, Leona se unió a la rebelión e ingresó en una sociedad secreta llamada “Los Guadalupes”, formada por hombres y mujeres de diversas procedencias con recursos económicos y acceso a información estratégica que les transmitían a los insurgentes. Pasaron a ser una parte fundamental para la comunicación clandestina con estos líderes, proporcionando desde elementos materiales básicos hasta armas, incluso intentando hacerles llegar una imprenta.

Fue así que, Leona invirtió su fortuna en el financiamiento de la lucha independentista y se convirtió en la líder de una red de mensajería con la que garantizaba la correspondencia entre insurgentes y sus familiares por medio de cartas escritas en clave, que solo entendían los integrantes del movimiento. Durante la guerra de independencia, enviaba ropa, medicina y armas a los insurgentes, así como información sobre los movimientos políticos y militares ocurridos en la capital, estableciendo una comunicación en clave mediante informes publicados en El Ilustrador Americano. Cuando participó en el frente de batalla, también continuó difundiendo noticias sobre lo que presenciaba.

Su primera detención ocurrió en febrero de 1813, cuando fue delatada por conspirar contra la Corona española, apoyando el aprovisionamiento de las fuerzas insurgentes. Fue encarcelada en el Convento de Belén de las Mochas y sometida a proceso por la Real Junta de Seguridad y Buen Orden. Fue interrogada respecto a sus nexos con los insurgentes, pero nunca delató a ninguno de sus compañeros ni sus acciones, era más importante para ella, la lucha independentista que su libertad. Luego de fugarse con la ayuda de López Rayón, Leona se reencontró y casó con Andrés Quintana Roo. A la pareja se le ofreció un indulto a cambio de abandonar el movimiento de Independencia, pero se negaron, su objetivo principal era seguir apoyando al movimiento.

Las condiciones difíciles por las que pasaba Leona y Quintana Roo, la obligaron a aceptar una amnistía del gobierno virreinal, y fue encarcelada, sin embargo, se volcó decididamente por la independencia cuando se firmó el Tratado de Córdoba en 1821.

Fue indultada y le fueron restituidos sus bienes, volviendo a su casa en la Ciudad de México. Con el triunfo independentista en 1821, Leona se alejó de la escena pública, pero siguió siendo blanco de ataque e insultos por parte de la prensa conservadora de la época.

En la lucha por darle la soberanía a los Estados, mantuvo los principios federalistas, que defendió más que nunca cuando los conservadores llegan al poder en 1831, derrocando a Vicente Guerrero y posteriormente implementan las Siete Leyes (1835) que desaparece la Constitución Federalista, e inicia el Gobierno Centralista que crea un nuevo poder conocido como “El Supremo Poder Conservador”, conformado por una elite intelectual conservadora y que fue fuente de inestabilidad política en el país.

En el contexto de la confrontación entre conservadores y federalistas Leona Vicario tomo partido por el federalismo, en ese debate alcanza Leona su máxima expresión, muestra su pulso político y aguda inteligencia al responder a uno de los principales y reconocidos conservadores de la época como fue Lucas Alamán, quién minimizo, las profundas ideas repúblicas y federalista que mantenía Leona en defensa de una Constitución Política democrática y no centralista, así la denostación se manifestó en la carta pública que el conservador Alamán, ministro en el gobierno de Anastasio Bustamante, le dedicó en 1831 en ella, Alamán acusó a Leona de haberse unido a los rebeldes solo por seguir a Andrés Quintana Roo en un impulso de “heroísmo romancesco”, más que por tener una ideología o convicción política propia, reflejando este personaje una profunda ignorancia de las ideas de Leona Vicario, la respuesta fue de antología, digna y comprometida con la lucha por las mejores causas humanas, Leona, sin tardanza, le responde en el periódico donde escribía “El Federalista Mexicano”:

Confiese usted, señor Alamán, que no sólo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres: que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños, antes bien, suelen obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea cual fuere la causa por quien los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellas, más que la de que sean aceptados [...] Mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado siempre con total independencia, y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas, o a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchísimos hombres. 3

Leona Vicario representa la lucha por la igualdad, la libertad y la justicia, así como la reivindicación de los derechos de las mujeres, también representa los ideales políticos de una sociedad con una Constitución que vele por la justicia, que salvaguarde la República Federal, su lucha constante contra los conservadores que llevaron al país al desastre empezando con la perdida de Texas en 1836 y posteriormente por la pérdida de más de la mitad del territorio en 1948, esto último no llego a verlo nuestra heroína de la independencia, que sin duda le hubiera causado un gran dolor, pero no dudamos que hubiera apoyado decididamente la restauración de la Constitución Federalista y Republicana de 1857, porque así fue su lucha constante contra el conservadorismo retrogrado, murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de edad en la Ciudad de México, siendo declarada Benemérita Madre de la Patria el 25 de agosto del mismo año. Sus restos descansan en el monumento a la Independencia junto con los de su esposo Andrés Quintana Roo.

En diciembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se declaró a 2020 como el año de Leona Vicario, como forma de reconocimiento al papel que tuvo nuestra heroína en la conformación de las instituciones democráticas republicanas, federalistas y sobre todo constitucionales que vivió como participante activa en el movimiento de independencia y en la conformación de un nuevo Estado Republicano Liberal ya en el México independiente, en eso radica su grandeza, en la construcción de instituciones para las futuras generaciones.

Aunque haya tenido altos honores tan relevantes, no hay felicidad más grata que la historia de esta gran mujer, sea recordada y sirva de inspiración para aquellas niñas, adolescentes y mujeres que buscan construir un país más justo para todas y todos.

Notas:

1. Tomado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2918/10.pdf

2. https://www.gob.mx/segob/articulos/conoce-mas-acerca-de-leona-vicario#: ~:text=Leona%20Vicario%2C%20fue%20hija%20del,Pomposo%20Fern%C3%A1ndez%2 0de%20San%20Salvador.

3. http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/2ImpDictadura/1831-LV-LA. html

Diputada Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica)