Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 6111-VI, miércoles 14 de septiembre de 2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a acordar la celebración de la efeméride con motivo de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
La diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los primeros sistemas de suministro de energía eléctrica aparecen en México en el último cuarto del siglo XIX y su desarrollo estuvo a cargo de capital privado extranjero que se fue consolidando principalmente a través de dos empresas.
The Mexican Light & Power Company, Ltd, fue fundada en Canadá en 1898, era la principal generadora de energía eléctrica en nuestro país y fue la empresa ganadora de las concesiones otorgadas por Porfirio Díaz para generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica en el Valle de México. Posteriormente, en 1906, nace Mexilight, otra empresa que se encargó de electrificar los estados de México, Hidalgo, Puebla y Michoacán. Derivado del aumento de trabajadores del sector eléctrico, en 1914 se constituyó el Sindicato Mexicano de Electricistas.1
En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad, con el propósito de “organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mejor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales”.2
La nacionalización se refiere al proceso mediante el cual el Estado pasa a ser regulador de bienes o actividades que hasta la fecha pertenecían al sector privado.
De acuerdo con el presidente López Mateos, la principal justificación de la expropiación se debió a que a las empresas privadas mexicanas y extranjeras que operaban la industria eléctrica lo hacían con grandes deficiencias.3 Entonces, el 1 de septiembre de 1960, el presidente anunció la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que cesaban las concesiones a particulares para administrar el suministro eléctrico.
Asimismo, el 27 de septiembre de 1960, durante la presidencia de Adolfo López Mateos se decidió nacionalizar a la industria eléctrica, con el fin de aumentar el nivel de electrificación, que en ese año era de 44 por ciento, así como recuperar la exclusividad para generar, conducir y abastecer energía y a lograr en un futuro la independencia energética de México.4
Derivado de lo anterior y tomando en consideración que, en términos del artículo 38, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, podrá decretar o acordar la celebración de sesiones solemnes para conmemorar sucesos históricos, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.– La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara a acordar la celebración de la efeméride con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica por llevarse a cabo el martes 27 de septiembre de 2022.
Notas
1 México Desconocido, “Adolfo López Mateos y la nacionalización de la industria eléctrica de México” en https://www.mexicodesconocido.com.mx/adolfo-lopez-mateos-y-la-nacionali zacion-de-la-industria-electrica-de-mexico.html
2 Viquera Landa, Jacinto, “Reorganización o desorganización de la industria eléctrica mexicana”, Coloquio energía, reformas institucionales y desarrollo en América Latina en
https://www.depfe.unam.mx/p-cientifica/coloquio-erdal/13 DJacintoViqueiraLtt.pdf
3 Op. Cit. México Desconocido.
4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Creación de la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de la economía popular y de la nación” en https://www.cndh.org.mx/noticia/creacion-de-la-comision-federal-de-elec tricidad-en-beneficio-de-la-economia-popular-y-de-la#:~:text=A%C3%B1os% 20m%C3%A1s%20tarde%2C%20el%2027,la%20independencia%20energ%C3%A9tica%20 de%20M%C3%A9xico.
Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 14 de septiembre de 2022.
Diputada Marisol García Segura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SSPC a brindar auxilio y asistencia a los municipios afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en el estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las últimas semanas el estado de Chihuahua ha vivido lluvias atípicas, mismas que han provocado pérdidas humanas y cientos de damnificados en toda la entidad. El crecimiento de ríos y el desbordamiento de presas aunado a los derrumbes han inundado diversas comunidades, muchas de ellas, quedando incomunicadas por la devastación, asimismo, en muchos casos, pérdidas totales en el patrimonio de miles de familias, en infraestructura básica y en cosechas.
Los ciudadanos más vulnerables han sufrido el embate de un fenómeno natural que ha dejado serias afectaciones tras las lluvias históricas no registradas en las últimas décadas, por lo que se requiere del trabajo coordinado inmediato de los tres órdenes de gobierno para coadyuvar en las labores de reconstrucción y recuperación de la población.
Los desastres naturales, como señala “la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) los define como cambios violentos, súbitos y destructivos en el medio ambiente cuya causa no es la actividad humana, sino los fenómenos naturales.”1
Como medidas preventivas y con el fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió avisos preventivos, además de acudir en apoyo de los municipios que así lo han solicitado, señalan que “las lluvias severas que se han presentado en gran parte de la entidad, las cuales han sido generadas debido a la interacción del monzón mexicano con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacifico y el Golfo de México, lo que ha ocasionado inundaciones fluviales y pluviales en localidades de varios municipios de la entidad y ha originado el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en diversas zonas del estado.”
Por los daños devastadores en gran parte de la región, nuestra gobernadora ha emitido una Declaratoria de Emergencia Estatal para 10 municipios de la entidad: “Es así que el 26 de agosto del año en curso se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, en la que el pleno aprobó emitir una declaratoria de emergencia por los daños ocasionados por las fuertes lluvias en la entidad durante el mes de agosto del presente año.”2
Diversos municipios solicitaron la ayuda por las afectaciones con lo que el gobierno del estado expidió la Declaratoria de Emergencia Estatal el día 31 de agosto del presente año3 por la concurrencia de lluvia severa, inundación fluvial e inundación pluvial en diversos municipios, estableciendo que permanecerá abierta para integrar a los municipios que resulten afectados, quedando integrados en principio los siguientes:
Es por lo anterior, que la titular de la entidad realizó la solicitud formal de declaratoria de emergencia al gobierno federal, para que se brinde el respaldo a todas las personas afectadas.
Para ello, se requiere que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), emita la declaratoria por los sucesos de lluvia severa, inundación fluvial e inundación pluvial, para poder acceder a los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.
Este es un programa presupuestario cuya unidad responsable es la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene como objetivo general asegurar que la población afectada por amenazas naturales reciba atención suficiente por parte del gobierno estatal y municipal ante emergencias.
En su artículo 2, señala los objetivos específicos del Programa, siendo los siguientes:
“1. Apoyar a las entidades federativas cuyas capacidades operativas y financieras se encuentran rebasadas para brindar suministros de auxilio a la población afectada por una amenaza natural;
2. Fortalecer el marco normativo para la atención de emergencias por amenazas naturales;
3. Desarrollar el conocimiento del personal de Protección Civil de las entidades federativas en el acceso al programa presupuestario para la atención de emergencias.
4. Desarrollar materiales y contenidos para capacitar al personal de las unidades estatales de Protección Civil.”
Con ello, se podrá acceder a los recursos como son los alimentos, medicamentos, artículos de abrigo y resguardo, así como, de limpieza e higiene.
En cumplimiento a las afectaciones antes mencionadas, es urgente el apoyo para atender a las localidades más vulnerables quienes no deben ni pueden esperar a que se les brinde lo más necesario. Ante ello, es que solicitamos se atienda con prontitud la solicitud formal que se ha hecho a través del gobierno del estado para la referida declaratoria.
De igual forma, que se brinden los apoyos necesarios humanos y técnicos para poder establecer los elementos más necesarios como lo son plantas potabilizadoras, rehabilitación de casas, avenidas y centros comunitarios, entre otros, para que puedan los habitantes retomar lo más pronto posible sus actividades.
Es momento de seguir reconociendo el apoyo de la sociedad civil organizada, de los empresarios y de la población en general que ha ofrecido su apoyo desmedido en favor de las personas que lo han perdido todo.
Nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial por su ayuda humanitaria, por ello, es momento de que les brindemos a nuestros ciudadanos el auxilio necesario sin límites ante las circunstancias antes expuestas.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, el presente
Punto de Acuerdo
Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal y a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias brinden el auxilio y asistencia a los municipios afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en el estado de Chihuahua, asimismo, se otorguen recursos federales del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.
Notas
1 https://www.geoenciclopedia.com/desastres-naturales/
2 https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/periodi cos/2022-08/PO70_2022.pdf
3 https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/periodi cos/2022-08/PO70_2022.pdf
Palacio Legislativo, a 13 de septiembre del 2022
Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Salud y de Bienestar, a implementar la jornada de vacunación dirigida a menores de edad en el municipio de Apodaca, Nuevo León, para evitar contagios y propagación del virus SARS-CoV2, a cargo del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con claridad que el Poder Ejecutivo, está dividido en 3 niveles, el federal, el estatal, y el municipal; estructura bajo la cual la división de funciones, facultades, acciones y obligaciones permite atender a la ciudadanía con mayor precisión, es decir, se garantiza la cercanía y la atención de necesidades de la población.
En este sentido, el artículo 115 constitucional, refiere a la forma de gobierno que deberán adoptar las entidades federativas para su régimen interior, la cual deberá ser un gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular.
Asimismo, el párrafo primero de la fracción II de este mismo artículo, refiere que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su propio patrimonio conforme a la ley.
Lo anterior responde al marco normativo supremo de nuestro país que establece las formas de gobierno para los municipios del país y establece la primera línea de obligaciones y facultades que competen a este nivel de gobierno para el beneficio de la población que viva dentro de la demarcación de cada municipio.
Adicionalmente, cada entidad federativa, tiene la obligación de regular y establecer las bases de la integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones del gobierno y la administración pública municipal, tomando como base lo referido en el artículo 115 constitucional, anteriormente señalado, siempre en respeto y concordancia a las disposiciones federales, estatales, así como a las disposiciones internacionales de las cuales México forme parte.
Para el caso de Nuevo León, nos referiremos a la Ley de Gobierno Municipal del Estado, la cual determina las relaciones entre los Poderes del Estado y los municipales y determina las facultades y obligaciones de los Municipios, así como su funcionamiento y responsabilidades.
En este sentido, bajo estos dos ordenamientos, se pueden determinar con claridad los alcances y responsabilidades de cada uno de los 51 municipios que integran el estado de Nuevo León.
Ahora bien, tomando como base los ordenamientos anteriores, se debe señalar que, en materia de salud y protección del bienestar de la población, la responsabilidad de garantizar este derecho humano a las y los habitantes del estado y los municipios, resulta en una tarea compartida entre los distintos niveles de gobierno, es decir, para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, se requiere de la coordinación y la participación, tanto del Poder Ejecutivo federal como del local y municipal.
Para esto, partimos de lo que igualmente señala la Carta Magna en su artículo 4o, el cual refiere en su párrafo cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud mediante un sistema de salud para el bienestar definido por la ley que busque promover la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud.
A su vez, de forma secundaria y reglamentaria al artículo 4o constitucional, la Ley General de Salud, es el ordenamiento en la materia que establece las bases y modalidades para promover el acceso universal a los servicios de salud bajo la concurrencia de la Federación y las entidades federativas.
Por último, en el orden de niveles la misma Ley de Gobierno Municipal del estado de Nuevo León, en su artículo 33, en su fracción VII, inciso d), se establece como facultad del municipio en materia de participación ciudadana, la procuración de la integridad física, emocional y de salud de los gobernados.
Por lo cual, en materia de salud, en los 3 niveles de gobierno desde el federal hasta el municipal, existen las atribuciones y responsabilidades para que se ejecuten acciones, programas y recursos para promover y proteger la salud de las y los ciudadanos de Nuevo León y de cada una de las personas que viven en nuestro país.
Todo lo anterior, son fundamentos normativos que hoy en día ante la evolución de la pandemia de covid-19 en el país y en el mundo deben seguir siendo respetados para procurar el acceso universal a los medicamentos y tratamientos a la población en México, particularmente hacemos referencia a lo relativo a la disponibilidad y aplicación de vacunas para la población infantil y juvenil, quienes son los últimos en recibir las dosis correspondientes para evitar su contagio y propagación.
De esto, preocupa que en las últimas semanas las autoridades del gobierno federal en materia de salud están demostrando una falta grave de coordinación con los niveles de gobierno local y municipal en cuanto a la logística para las jornadas de vacunación infantil, toda vez que han sido señalados por querer llevar a cabo de forma exclusiva estas jornadas sin el apoyo ni acompañamiento de los gobiernos locales y municipales.
Esta decisión, ha provocado que existan largas filas, que las y los niños estén expuestos a altas temperaturas por prolongados tiempos en la espera de ser vacunados, y que los tiempos de espera sean entre 20 minutos y 3 horas o más, además de generar tensiones en los centros de trabajo debido a que las madres y/o padres de familia tienen que ausentarse para que sus hijas o hijos puedan ser vacunados.
Esta actuación de los representantes del gobierno federal fue señalada y expuesta por el alcalde de Apodaca, Nuevo León, quien, refirió que la Secretaría del Bienestar está asumiendo el control total en la organización de las campañas de vacunación a menores de edad en este municipio nuevoleonense, sin considerar la participación de las autoridades municipales para mejorar el desempeño de los centros de vacunación y garantizar la pronta atención y la distribución equitativa de vacunas que alcance para todas las niñas y niños del municipio.
Situación que más allá de generar tranquilidad, ha implicado un quebrantamiento de los ordenamientos legales que exigen que exista coordinación interinstitucional que promueven el acceso gratuito de medicamentos y vacunas para el combate al covid-19; así como una distorsión completa de la logística en la aplicación de vacunas, que evite aglomeraciones, retrasos y escasez de vacunas para menores de edad.
En el pasado reciente, el municipio de Apodaca, ha demostrado que cuando existe el acompañamiento coordinado entre los 3 niveles de gobierno se garantiza el respeto a la dignidad humana y el derecho humano a la salud, toda vez que se reducen los tiempos de espera, se garantiza el acceso universal y gratuito, y maximizan los recursos para llegar a más gente.
El acompañamiento en las campañas de vacunación, buscan beneficiar a la población, reducir el número de quejas y crear información precisa que invite a la ciudadanía a acercarse a los lugares adecuados y designados para recibir la dosis correspondiente sin que esto implique una condicionante entre la protección de la salud de las y los menores de edad, o dejar otra actividad principal de sustento de la familia para alcanzar la dosis de vacuna.
Apodaca ha demostrado en jornadas anteriores, sobre todo, en personas de edad avanzada, que la coordinación institucional cuando es en favor de la ciudadanía, no existen colores ni diferencias políticas, se trata sí o sí de defender la integridad y el bienestar de las personas que viven en el municipio, se trata de promover la universalidad y el respeto a la vida.
En ningún momento se trata de restar, ni de dirimir esfuerzos para las y los representantes de la población nuevoleonense, el principal objetivo es velar por su integridad, generar acuerdos y fortalecer las estrategias de acción pública que garanticen el derecho a la salud.
Desde Apodaca, pese a la posición del gobierno federal, no se dejará de apoyar las acciones que protejan a la población, se seguirán buscando espacios de sinergia que coadyuven a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y, sobre todo, a respetar los derechos humanos en materia de salud.
Los ordenamientos normativos y legislativos son claros en cuanto a la coordinación interinstitucional, las disposiciones de carácter federal y local exigen que entre los órganos de gobierno de cualquier nivel formen alianzas de colaboración para que los beneficios y las acciones lleguen a más mexicanas y mexicanos.
En materia de salud, todos estamos involucrados, en Apodaca, en Nuevo León y en el resto del país, necesitamos que todos pongan de su parte para que nuestras niñas y niños se mantengan protegidos ante las amenazas a la salud por propagación de este virus que ha cobrado la vida de miles de mexicanas y mexicanos.
En la medida que las autoridades del gobierno federal retomen y accedan a la coordinación con los gobiernos locales y municipales, se garantizará que las campañas de vacunación sean más efectivas en beneficio de nuestra población infantil.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Salud y del Bienestar, coordinen esfuerzos y trabajos para la implementación de la jornada de vacunación dirigida a menores de edad en el municipio de Apodaca, Nuevo León, a fin de garantizar que las niñas y niños cuenten con la dosis correspondiente para evitar contagios y propagación del virus SARS-CoV-2 que provoca el covid-19 y sus variantes.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, suscrito el 12 de septiembre de 2022.
Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al ISSSTE y al Fovissste a eliminar del modelo de cobranza institucional, contenido en el Reglamento Orgánico del Fovissste, la contratación de despachos privados para la cobranza extrajudicial, suscrita por las diputadas Angélica Ivonne Cisneros Luján, del Grupo Parlamentario de Morena, y Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
Las suscritas, Angélica Ivonne Cisneros Luján y Lilia Aguilar Gil, diputadas de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, de Los Grupos Parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo, respectivamente, con fundamento en lo estipulado en lo establecido por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición, de urgente y obvia resolución, con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, Apartado B, establece las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su Ley Reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado –LFTSE–, en donde se establecen las condiciones de trabajo y derechos y obligaciones de las personas trabajadoras.
Para poder otorgar a las personas trabajadoras del sector público su derecho a la seguridad social, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con su respectiva ley que contiene en la Sección II los lineamientos para el otorgamiento de crédito para la vivienda, mediante el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
El Fovissste1 es un órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1972.
Su fin es establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del mismo Fondo.
Los recursos del Fondo de la Vivienda se destinarán al otorgamiento de créditos a las personas trabajadoras que sean titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las Cuentas Individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el Instituto.
El importe de los créditos se puede destinar a la adquisición o construcción de vivienda; a la reparación, ampliación y mejoramiento de la misma o a los pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos mencionados.
La misión del Fovissste2 es operar un sistema de financiamiento que permita otorgar créditos accesibles y suficientes a los trabajadores del Estado para que adquieran una vivienda digna y decorosa en legítima posesión, así como apoyarlos para generar un retiro sustentable, a través de una eficiente administración de sus aportaciones.
Sin embargo, en este primer año legislativo hemos recibido múltiples solicitudes de apoyo para personas trabajadoras que fueron beneficiadas con un crédito hipotecario del Fovissste y que por diversas circunstancias han visto crecer sus adeudos de tal forma que después de pagos puntuales por años, siguen debiendo una cantidad igual o mayor a lo que les prestaron.
Enseguida enlistamos solo algunos ejemplos de casos de deudores que se han acercado a estas comisiones para exponer su problemática:
María Eugenia R., jubilada del ISSSTE, su crédito lo obtuvo el 5 de marzo de 2009 por $399,000.00 pesos, quien con pagos puntuales al 31 de julio de 2022 adeuda $396,762.51.
Martha V., trabajadora de base por 29 años como administrativa especializada y desde 2018 jubilada. El préstamo hipotecario se le concedió en agosto 2006 por $322,454.82 con descuento del 30 por ciento del sueldo compactado cada quincena y al que se le abonó su saldo del SAR al inicio del crédito. Al no recibir estados de cuenta y estar cerca su jubilación acudió a las oficinas del Fovissste para revisar su saldo. Allí le informaron que por un error administrativo de esa dependencia no calcularon el descuento correcto porque no se tomó en cuenta que pertenecía al turno opcional. Allí solicitó que se le nivelara el descuento, pero le informaron que primero tenía que pagar el saldo de $90,000.00 vencido y hacerlo de contado. El Fovissste siempre le ha descontado quincenalmente los pagos y, a partir de su jubilación, en enero 2018, el descuento se le ha ajustado automáticamente. Hoy con 16 años de descuentos puntuales, del saldo inicial de $322,454.82 a 30 años, sigue con un adeudo vencido de $130,543.84.
Colectivo Tlalpan, varias personas deudoras del Fovissste que durante el sismo de 2017 su condominio sufrió graves daños internos en toda su área por lo que hasta la fecha se considera inhabitable. Hoy las personas que vivían allí se mudaron con familiares o están pagando renta en otro domicilio. Los que tienen créditos hipotecarios de dicho condominio solicitaron la aplicación del seguro de vivienda que tiene el Fovissste (GNP Seguros) y la aseguradora omitió dictaminar pérdida total, a diferencia de los que tienen crédito de Infonavit del mismo edificio y a los que se les dictaminó pérdida total. Hasta la fecha y sin tener donde vivir, los acreedores del Fovissste tienen que continuar pagando sus adeudos y viéndolos aumentar año con año, sin tener respuesta a su demanda.
Áurea P., trabajadora jubilada a la que le descuentan de su pensión $1,338.48 pesos para pago de su crédito hipotecario y seguro. Sin embargo, por la actualización anual de su crédito el Fovissste le requiere un pago de $7,628.00, o sea, $6,273.00 más de lo que pagaba. La pensión de la compañera es de $4,682.00, o sea, menor a la cantidad requerida. En su estado de cuenta se observa que su crédito original es de $452,493.00, y tomando en cuenta todos los abonos al 31 de diciembre de 2021 equivalentes a $605,377.00 adeuda todavía $901,778.00.
En diversas ocasiones muchas de estas personas han acudido al Fovissste para tratar de hacer algún convenio con el mismo, sin obtener respuesta favorable. Además, en diversos casos las personas deudoras, aunque tengan la buena intención de pagar, encuentran dificultades para cubrir cantidades más allá de sus posibilidades y que en la mayoría de las veces el aumento de su saldo no es por causas imputables a ellas.
Aunado a todos los problemas a que se enfrentan, denuncian que también tienen que lidiar con personas que laboran en despachos de cobranza privados que se dedican a “cobrar adeudos” a cualquier hora, día y noche y cualquier día de la semana, mediante llamadas telefónicas que tienen que sufrir las personas acreditadas y sus familiares, aguantando malos tratos, acoso, hostigamiento y hasta amenazas para que paguen.
Cabe señalar que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se conforma sólo con los ahorros de las personas trabajadoras, por lo que los gastos administrativos y de cobranza de esos despachos externos que solo los amedrentan violando sus derechos humanos, son pagados por las y los trabajadores, lo que resulta contrario al objetivo del Fondo que es, entre otros, el de garantizar una vivienda digna.
Es cierto que estos despachos de cobranza privados están permitidos e incluso son promovidos por el Fovissste y se encuentran normados en el Reglamento Orgánico del mismo, los artículos 46, 87 y 93 que señalan las facultades que los y las funcionarias que deben de aplicar, según el “modelo de cobranza institucional” tratándose de cobranza extrajudicial, así como los productos de solución aprobados por la Comisión Ejecutiva del Fovissste y de la Junta Directiva del ISSSTE; sin embargo, dicho modelo es opuesto al objeto social, por lo que no ha lugar a que utilicen esquemas lucrativos como los de las financieras privadas.
Estas personas contratadas externamente llaman para hacer la cobranza a nombre del Fovissste, aún y cuando no entienden cuál es la problemática que aqueja a cada persona, ya que solo tienen las instrucciones de “hacer pagar a la gente, sea como sea” y con la desfachatez de que a los despachos encargados se les paga con los fondos de las personas trabajadoras a las que les están cobrando.
Como se señaló anteriormente, el Fovissste tiene la obligación de otorgar créditos accesibles y suficientes a las personas trabajadoras al servicio del estado para que adquieran una vivienda digna y decorosa en legítima posesión.
Para ello deben de brindar la atención adecuada a personas beneficiarias y deudoras y buscar dar solución a la problemática particular de cada una.
De ninguna manera se puede continuar utilizando los fondos de las personas trabajadoras para contratar despachos privados que presionan y amenazan a las personas acreditadas.
Por lo anteriormente mencionado, sometemos a consideración de este pleno, de manera urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) para que eliminen del modelo de cobranza institucional contenido en el Reglamento Orgánico del Fovissste, la contratación de despachos privados para la cobranza extrajudicial, que son pagados con los recursos de las y los trabajadores.
Notas
1 https://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/
Descripcion-del-Sector/Documents/Descripcion%20Fovissste.pdf
2 https://www.gob.mx/fovissste/que-heacemos#:~:text=Fovissste%2C%20est%C3%A1%20encargado%20de%20otorgar,
de%20responsabilidad%20como%20organismo%20p%C3%BAblico.
Dado en el Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2022.
Diputadas: Angélica Ivonne Cisneros Luján, Lilia Aguilar Gil (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para exhortar al Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Reconstrucción a informar a la opinión pública sobre el avance de la restauración de los inmuebles con valor cultural e histórico, de acuerdo con las declaraciones de desastre de los sismos de 2017 y de 2018, a cargo del diputado Javier Casique Zárate, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Javier Casique Zárate, diputado federal de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por lo establecido en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Como todos sabemos nuestro país tiene una alta actividad sísmica, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional de la UNAM durante el mes de agosto de 2022, reportó 1,891 temblores; la sismicidad se distribuyó principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y el Mar de Cortés; así como algunos sismos en el océano Pacífico; siendo estos lo que provocan desastres de alta magnitud.
El objetivo de este punto de acuerdo es que el Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), informe sobre el avance de la restauración para los inmuebles con valor cultural e histórico que sufrieron daños por los sismos de los años 2017 y 2018.
No podemos dejar de observar que los sismos de los últimos cinco años han hecho estragos en gran número de inmuebles tanto particulares, públicos y en los monumentos y las zonas arqueológicas, siendo estos últimos una fuente principal del turismo, lo cual repercute en las poblaciones y municipios en donde se encuentren toda vez que son un detonante para el turismo local, nacional e internacional; además de símbolos culturales de nuestro país.
Estas zonas son iconos de pueblos mágicos, lo característico de un municipio o entidad federativa.
Por otra parte el Estado se encarga de resguardar estas zonas como de utilidad pública, por ende está obligado a la conservación y restauración de estos, lo que conlleva una responsabilidad entre autoridades federales, estatales y municipales para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos ; lo anterior tiene sustento en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece en su artículo 2, toda vez que establece lo siguiente: “Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación. Además, se establecerán museos regionales.” Lo que significa que el estado tiene la plena responsabilidad de la restauración de los monumentos arqueológicos.
En 2017 y 2018 se presentaron cuatro sismos que afectaron a la zona centro sur del país. El sismo del 7 de septiembre de 2017, tuvo un severo impacto sobre los habitantes de las entidades federativas que lo resistieron.
Por su parte, el sismo del 19 de septiembre de 2017 afectó a 12 millones de personas y en 2018 se establece la cifra oficial de 369 muertos: 228 en la Ciudad de México; 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México; 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.
La estimación de los costos económicos de los daños provocados por los sismos de 2017 y 2018 es diversa de acuerdo con el Diagnóstico 2021 del Programa Nacional de Reconstrucción.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/679980/Diagn_stico_PN R_2021_VF.pdf
De acuerdo con las cifras dadas por el anterior Diagnóstico, el United States Geological Survey (USGS) estimó las pérdidas económicas en 10 mil millones de dólares (198 mil millones de pesos), que equivalen al 1 por ciento del producto interno bruto (PIB);
La Presidencia de la República estimó daños por alrededor de 48 mil millones de pesos.
Según el Banco de México, los sismos tuvieron efectos importantes en las economías de las regiones centro y sur del país. En el caso de la región centro, los desastres causaron una contracción del 0.24 por ciento del PIB regional, mientras que en la región sur la contracción fue de 0.41 por ciento del PIB.
El Cenapred, cuenta con una estimación del impacto de los sismos del 14 de junio, del 07 y del 19 de septiembre del año 2017, 28; y del 16 febrero de 2018, 29, por un importe de 83 mil 078.1 millones de pesos.
Como resultado de los sismos de 2017 y 2018, la Secretaría de Gobernación emitió declaratorias de desastre para 733 municipios de los estados de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México. A través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizó recursos por 40 mil 019.25 millones de pesos. En el siguiente cuadro, se desglosan los recursos destinados a los tres sismos ocurridos en 2017 y el ocurrido en 2018:
Recursos autorizados por el Fonden para atender los daños causados por cada uno de los sismos de 2017 y 2018.
En el siguiente cuadro, se aprecia la distribución de esos recursos por entidad Federativa. A Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca, se les autorizaron 33 mil 427.18 millones de pesos que representan el 86.45 por ciento del total autorizado. Destacan en particular los estados de Morelos y Oaxaca, con 7,066.59 y 10 mil 590.79 millones de pesos respectivamente, que de forma conjunta representan el 45.75 por ciento de los recursos autorizados por la Secretaría de Gobernación a través del Fonden y las aportaciones que hicieron los propios gobiernos de los estados afectados.
Recursos autorizados por el Fonden por entidad federativa para atender los daños causados por los sismos de 2017 y 2018.
Si se analiza el mismo presupuesto autorizado por concepto de gasto, los conceptos carretero, educativo, monumentos y vivienda, absorben 33 mil 976.01 millones de pesos, es decir, el 84.90 por ciento de los recursos totales autorizados.
El mismo diagnóstico destaca que se ejerció el cien por ciento (630.96 millones de pesos) de los recursos destinados a la reparación de los daños en el ámbito militar, que se ejerció el 96.86 por ciento (7 mil 500.50 millones de pesos) en la reparación de viviendas, que se ejerció el 94.51 por ciento (48.37 millones de pesos) en los daños causados a la infraestructura de los pueblos indígenas y que se ejerció el 92.48 por ciento (65.94 millones de pesos) en la reparación de infraestructura urbana. Sin embargo, en el rubro de monumentos, de un presupuesto autorizado de 6,116,162.9 millones de pesos solamente se ejerció el 3.08 por ciento de los recursos tal como se observa en la siguiente tabla.
Recursos autorizados y ejercidos por concepto de gasto para atender los daños causados por los sismos de 2017 y 2018.
Si se parte del cálculo del Cenapred respecto de los daños causados por los sismos de 2017 y 2018 que es de 83 mil 078.1 millones de pesos, y si se considera que se aplicaron 15 mil 458 millones de pesos de recursos federales y 22 mil 281.0 millones de pesos de indemnizaciones de seguros, entonces se habrían aplicado 37 mil 739.4 millones de pesos, lo que equivale al 45.43 por ciento del cálculo de los daños causados por los sismos de 2017 y 2018. Aún más, suponiendo sin conceder, que se aplicaron los 8 mil 469.7 millones de pesos de los recursos aportados por los estados, entonces se habrían aplicado 46 mil 208.1 millones de pesos, lo que equivaldría al 55.62 por ciento de los daños calculados por Cenapred por 83 mil 078.1 millones de pesos.
Sin embargo, con base en el trabajo de campo y en la revisión documental registrada en el Diagnóstico 2021, se detectó que parte los daños han sido atendidos con recursos propios, fundaciones, seguros; y en otros casos están a la espera de ser apoyados con recursos del Fonden; situación que al no haber sido atendidas arrojó evidencias claras de que aún existía reconstrucción por concluir.
Por otra parte, el número de municipios afectados presentó diferencias respecto a la cuantificación inicial, revelando que los municipios considerados en las declaratorias de desastre no incluyeron la totalidad de las zonas que se vieron afectadas por los sismos, y se han identificado más de 1,300 municipios afectados
Es así que se llegaron a estimar cifras aproximadas de necesidades, se registraron viviendas, planteles educativos, inmuebles de salud y bienes culturales que en su momento no fueron atendidos o que no cuentan con los recursos, derivado de ello, se estiman un total de 208 mil 326 acciones, mismas que se desglosan por sector en el siguiente cuadro:
Resumen de Daños
Resumen de avances por sector
Como puede observarse se registraron 2 mil 340 bienes del patrimonio histórico y cultural que requerían ser atendidos de los cuales 1,140 quedaron en situación pendientes correspondiendo al 49 por ciento.
Ante el rezago de atención en los municipios afectados, el gobierno de México impulsó en 2019, el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), con el propósito de contribuir a garantizar la protección de los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas por los sismos, a través de abatir el rezago de atención en la región centro-sur del país.
El PNR estableció estrategias, acciones, metas y objetivos integrales y coordinados para la intervención de las viviendas, infraestructura física educativa y de salud, así como de los bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos dañados por los fenómenos perturbadores de referencia, por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal. El PNR es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y ejecutado por las Secretarías de Educación Pública, Salud, Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en el ámbito de sus respectivas competencias, y en colaboración con gobiernos estatales, municipales , actores de la sociedad y de la iniciativa privada.
En este sentido, para el ejercicio fiscal 2020 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), estableció la continuidad y consolidación de la contribución del Estado en la protección de los derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas por los eventos anteriormente mencionados, así como contribuir desde la Sedatu con las políticas públicas en materia de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población, planeación de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; a través del PEF 2020 se aprueba los recursos presupuestarios al programa con reglas de operación, que establece las competencias y responsabilidades a las instancias responsables y ejecutoras que atenderán las intervenciones de las viviendas, infraestructura física, educativa y de salud, así como de los bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos dañados por los fenómenos perturbadores.
La implementación de una política pública que permita atender a los municipios afectados por los sismos para la reconstrucción de viviendas, inmuebles educativos, de salud y los bienes culturales, con el objetivo de contribuir a que las personas retornen a la normalidad de su vida cotidiana fue una necesidad inaplazable que se planteó solventar con la ejecución de PNR. Tomando en consideración la estimación inicial de los daños y con base en el trabajo de campo y en la revisión documental, se estimó un total de 208 mil 326 acciones que no habían sido atendidas al momento del inicio de operación del PNR.
Por ello, se realizó la identificación de los municipios afectados por los sismos como se aprecia en el siguiente mapa, así como su representación de acuerdo con la concentración de los daños por municipio, en cuanto a vivienda e inmuebles de educación, salud y bienes culturales como se aprecia en el mapa.
Concentración de Daños de los sismos de septiembre 2017 y febrero 2018
Es así, que el problema identificado se compone de un diagnóstico inicial de cada uno de los sectores que deriva en una problemática general. Por lo tanto, el PNR busca solventar la problemática general con la intervención pública. En el caso del sector cultura se identifica que:
En consecuencia, de la gran cantidad de bienes patrimoniales existentes, el sector cultura presenta diversos problemas que repercuten en la inadecuada identificación de los inmuebles y muebles históricos y/o culturales que tuvieron afectaciones en los diversos municipios, toda vez que no se cuenta con un censo completo de la totalidad del patrimonio histórico cultural.
Existen dificultades para la identificación de los bienes afectados. Esto imposibilita conocer la magnitud de las afectaciones, originando fallas en el registro de una base de datos, pero también un rezago en la atención de los daños y la dispersión de recursos para la recuperación, rehabilitación o restauración, propiciando sobre costos para la obtención de mano de obra especializada y materiales de construcción.
Aunado a lo anterior, es importante destacar el deficiente o nulo mantenimiento preventivo que se les da a los bienes históricos y culturales, sea por desconocimiento o por carencia de recursos humanos económicos y materiales; lo que refleja la insuficiencia de mecanismos de atención para la salvaguarda y protección del patrimonio.
Asimismo, existen bienes patrimoniales vulnerables por su precario estado de conservación, además, de las deficiencias de algunos materiales y sistemas constructivos, aunado a las condiciones geográficas de riesgo donde se sitúan. Lo que conlleva a bienes dañados que no han sido intervenidos, afectando el derecho a la cultura de la población.
Con base en la identificación de la persistencia de daños en los sectores de vivienda, infraestructura física educativa, infraestructura de salud, así como en bienes culturales, el programa atendió en el ejercicio fiscal 2021 a 551 municipios distribuidos de la siguiente manera:
Municipios que reciben atención en 2021, población objetivo
En la primera reunión del Consejo de Monumentos después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, realizada en octubre del 2017, el director general del INAH manifestó que el sismo afectó a miles de personas y comunidades en el país en el goce y disfrute de su patrimonio cultural.
Las edificaciones ubicadas en los sitios históricos importantes se encuentran en el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Ciudad de México, Tabasco, Veracruz, Hidalgo y Morelos, constituyendo un patrimonio para el país y para la humanidad, ya que otorgan identidad local.
Para atender el reto de la restauración del patrimonio afectado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, generó una estrategia a partir de su estructura territorial descentralizada, para identificar el volumen y la magnitud de los daños; y para atender los protocolos relacionados con la obtención de los recursos a partir de las fuentes de financiamiento disponibles. Siendo que hasta el día de hoy las restauraciones no han sido reparadas en su totalidad.
Es necesario que estos daños se reparen a la brevedad, toda vez que hasta este momento se desconocen la gravedad de estos, lo que pudiera provocar una afectación mayor conforme pasen los años y, por otra parte, los accidentes que pudieran provocar a los visitantes de esta zona.
De conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, cuando se decide restaurar un monumento arqueológico se deben de sujetar a ciertas reglas como lo es el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que los trabajos deben ser bajo la dirección de este ente.
Por otra parte, el Cuarto Informe Trimestral del PNR 2021, de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, registra que específicamente para el estado de Puebla ya se realizaron 16 acciones; bajo esta tesitura podemos establecer que el PNR contempla un presupuesto federal, siendo el Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Reconstrucción Sector Cultura integrado por los titulares de la Secretaría de Cultura, Subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Dirección General de Administración, Unidad de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Instituto Nacional de Bellas Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia; el órgano superior de decisión de las acciones a realizarse.
Por esta razón primeramente el Comité Ejecutivo autorice la restauración y finalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgue el o los permisos y vigile de la obra .
Por estas razones es pertinente que, en el siguiente presupuesto de egresos de la federación, se encuentre asignado el recurso asignado para que el Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Reconstrucción continúe programando los trabajos de reparación.
Por lo antes expuesto, presento el siguiente punto de acuerdo:
Proyecto
Único.- Punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Reconstrucción para que se haga de conocimiento público el avance de la restauración de los inmuebles con valor cultural e histórico de acuerdo a las declaraciones de desastre de los sismos del 2017 y 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.
Diputado Javier Casique Zárate (rúbrica)
Loading