Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN, al TSJCM y a la CDHCM a intervenir ante el tráfico de influencia y el cohecho ejercido por Francisco de la Concha Hamdan para encarcelar a la ciudadana Ruth Peña Thompson, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a intervenir ante el tráfico de influencia y el cohecho ejercido por Francisco de la Concha Hamdan para encarcelar a la ciudadana Ruth Peña Thompson , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero.– En abril de 2020 el C. Francisco de la Concha Hamdan (sobrino del ex-senador del PAN, Fauzi Hamdán Amad y socio de Diego Fernández de Cevallos Ramos) , interpone denuncia por abuso de confianza en contra de la C. Ruth Peña Thompson, derivado de lo anterior, el juez emite citatorios de notificación, que son enviados a direcciones en donde Ruth Peña Thompson ya no vivía, pues por acoso del C. Francisco de la Concha Hamdan tiene que buscar trabajo en otro país.

Segundo.– En enero 27 del 2022 se lleva a cabo audiencia y el juez Júpiter López Ruiz , gira orden de aprensión vs Ruth Peña Thompson .

Tercero .– El 8 de agosto del 2022, aproximadamente a las 4:30 pm., Ruth Peña Thompson es detenida en el aeropuerto internacional de la ciudad de México y es presentada al Centro de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.

Cuarto.– Se fija la audiencia el 9 de agosto a las 10 am, entregan carpeta de investigación núm. 012/0144/2022-OA, 10 minutos antes de las 10:00 am.

Quinto.– Los abogados niegan errores en el debido proceso e instruyen a Ruth Peña Thompson a negar lo anterior. El juez fija vinculación a proceso con detención justificada y solicita un billete de depósito de garantía por 2 millones de pesos 00/100 M. N.

Sexto.– Se fija audiencia para el viernes 12 a las 11 am, misma que se da por concluida a las 12:20, sin embargo, el billete queda listo a las 13:38.

Séptimo.– Se solicita nuevamente audiencia para presentación del billete de depósito.

Octavo.– El 17 de agosto se transfiere la carpeta de investigación a la UGA 11 en Santa Martha Acatitla.

Noveno.– El 9 agosto 2022 se fija audiencia a las 14:30h.

Décimo.– Es menester mencionar que detrás del C. Francisco de la Concha Hamdan hay personajes muy poderosos, pero también muy obscuros. El diario El Universal y la revista Proceso informan que es sobrino del ex-senador panista Fauzi Hamdán Amad y socio del ex–presidente Vicente Fox Quesada, con quien ha sido cabildero de empresas petroleras, es por eso que apoyaron la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que despojó del petróleo al pueblo de México y cedió gran parte de la soberanía energética de nuestro país a las grandes petroleras. (Olmos, 2017); (Olmos, y otros, 2017).

Décimo primero.– Por otro lado, el tío del C. Francisco de la Concha Hamdan , el ex senador del Partido Acción Nacional, Fauzi Hamdán Amad , es muy cercado a Diego Fernández de Cevallos, el diario El Siglo de Torreón, lo enuncia de la siguiente manera:

“... Fauzi Hamdan, una de las personas más próximas, profesional y personalmente a Fernández de Cevallos. Fue Diego mismo quien llevó al ahora rector de la Escuela Libre de Derecho, a la política, como candidato externo a una diputación, en 1997.

Fueron después juntos al senado, donde fue visible y sensible la confianza que el coordinador de la fracción panista dispensaba a quien, por lo demás, era también socio en su despacho .” (Chapa, 2010)

Décimo segundo.– Es menester mencionar que la C. Ruth Peña Thompson , no tiene antecedentes, pues siempre ha sido propositiva, no una delincuente. En su época estudiantil trabajó para poder pagar la matricula en el ITAM; fue campeona nacional de gimnasia rítmica deportiva; fue integrante del grupo coral Kinderslider y del coro infantil y juvenil, cantó en Bellas Artes, siempre estudio becada.

Décimo tercero.– No cabe la menor duda que la C. Ruth Peña Thompson es objeto de la fabricación de un delito por parte del C. Francisco de la Concha Hamdan.

Décimo cuarto.– Y con la orden de prisión preventiva oficiosa, ella permanece detenida y sin posibilidad de demostrar su inocencia, pues ella requiere de acceder a su computadora, a sus celulares, al banco para solicitar estados de cuenta bancarios, pues a su familia no se los pueden entregar.

Décimo quinto.– En suma, la C. Ruth Peña Thompson es una mujer honrada e íntegra, la cual están siendo víctima de la fabricación de un delito por parte del C. Francisco de la Concha Hamdan.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero .- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Intervenir ante el Tráfico de Influencia y el Cohecho ejercido por Francisco De La Concha Hamdan para encarcelar a la ciudadana Ruth Peña Thompson .

Segundo .- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Magistrado Rafael Guerra Álvarez, intervenir ante el Tráfico de Influencia y el Cohecho ejercido por Francisco De La Concha Hamdan para encarcelar a la ciudadana Ruth Peña Thompson .

Tercero .- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa a la Presidenta de la Comisión De Derechos Humanos de la Ciudad De México, Licenciada Nashieli Ramírez Hernández, intervenir ante el Tráfico de Influencia y el Cohecho ejercido por Francisco De La Concha Hamdan para encarcelar a la ciudadana Ruth Peña Thompson.

Bibliografía

El Siglo de Torreón [En línea] / aut. Chapa Miguel Ángel Granados. - 09 de junio de 2010. -

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2010/hipotes is-sobre-diego.html.

El Universal [En línea] / aut. Olmos Raúl y Valeria Durán. - 17 de septiembre de 2017. -

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/fox-se-beneficio-de-refo rma-energetica.

Revista Proceso [En línea] / aut. Olmos Raúl. - 26 de agosto de 2017. -

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/8/26/fox-le-c obra-reditos-pena-nieto-190314.html.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 1 de septiembre de 2022.

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar a la jefa de gobierno, para realizar los descuentos salariales correspondientes por las giras y ausencias en horario laboral, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal Ana Laura Valenzuela Sánchez , y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la a LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que en el ejercicio de sus facultades de auditoría investigue a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para que se le hagan los descuentos salariales correspondientes por las giras y ausencias en horario laboral para promoción de su persona, de acuerdo a lo siguiente:

Antecedentes

Pese a que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, afirmó que pediría que le descontaran el salario completo por cada día que viajará fuera de Ciudad de México, sólo lo ha cumplido en 10 de 30 ocasiones, y en otros siete viajes, los más recientes, de julio y agosto, la administración local no ha informado.

De la treintena de giras que ha hecho la mandataria en poco más de un año, entre julio de 2021 y agosto de 2022, sólo pidió que se le descontará el salario en un tercio de ellas, hasta el 1 de julio de este año, consta en documentos solicitados vía transparencia.

Los descuentos que ha pedido han sido tanto de días hábiles, de lunes a viernes, como de sábado y domingo. En los documentos no se explica por qué no pidió el descuento salarial en el resto de días que viajó fuera de la capital, incluso en días hábiles.

Entre los motivos de sus viajes destacan desde celebrar proyectos promovidos por el presidente, como la refinería Dos Bocas, acompañarlo en sus conferencias de prensa para presumir acciones de Ciudad de México en otros estados, mítines masivos.1

Los viajes que realiza los fines de semana a distintas entidades son “por invitación” para presentar el programa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

El día lunes, la morenista estuvo en Hermosillo, Sonora, donde dio la conferencia “Las políticas emblemáticas de los gobiernos progresistas de la Ciudad de México”, en un evento lleno de elogios para ella de parte del gobernador Alfonso Durazo y viceversa, además de los aplausos multitudinarios.

Cuestionada este lunes al respecto, lo explicó así: “Fue un evento institucional. Nosotros firmamos con ellos un convenio hace tiempo para la digitalización de trámites; hicimos un evento de revisión de cómo va el convenio, y posteriormente, aprovechando que fui a Sonora igual que cuando él viene a la Ciudad de México, dimos una plática de los avances de lo que hemos realizado en la ciudad”.2

Consideraciones

Representantes de oposición en la Ciudad de México exigieron que se aplique a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, la totalidad de descuentos salariales por todas las giras y ausencias en horario laboral que ha registrado en el último año. Según documentos oficiales de la administración capitalina, solo en 10 de las 30 ocasiones en que ha viajado fuera de la ciudad.

Las familias de desaparecidos develaron una placa para reconocer cómo un espacio de memoria la antigua glorieta de La Palma y la renombraron como La Glorieta de las y los Desaparecidos y avenida Reforma como la Ruta de la Memoria.

Al evento fueron invitados el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quienes dejaron sus sillas vacías. Jorge Verástegui González, activista y buscador, señaló a nombre de las familias y colectivos, que la jefa de Gobierno se comprometió a reunirse con ellos para llegar a un acuerdo sobre el uso de este espacio.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, también fueron convocados, pero “posiblemente están ocupados en algo más importante”. Verástegui reprochó también que las familias sigan saliendo a buscar a sus desaparecidos y el gobierno haya renunciado a esta obligación a pesar del discurso que dice lo contrario.3

Lo propuesto va en concordancia al artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México”.

En esa virtud las y los diputados al Congreso de la Unión, consideran necesario realizar el exhorto correspondiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ejercicio de sus facultades de auditoría, gestione los descuentos salariales correspondientes por las giras y ausencias en horario laboral para promoción personal de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; y a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, para investigar las presuntas faltas administrativas por dichos actos de promoción de la servidora pública, no obstante encontrarse prohibidos por el artículo 134 constitucional.

Notas

1 del Siglo Gr, L. (2022, 29 agosto). Pide Sheinbaum (a medias) que le descuenten días por viajes. Luces del Siglo. Recuperado 31 de agosto de 2022, de https://lucesdelsiglo.com/2022/08/29/pide-sheinbaum-a-medias-que-le-des cuenten-dias-por-viajes-cdmx/

2 Pantoja, S. (2022, 29 agosto). Giras de fines de semana son “por invitación” para presentar programa de la CDMX: Sheinbaum. Proceso. Recuperado 31 de agosto de 2022, de https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/8/29/giras-de-fines-de-se mana-son-por-invitacion-para-presentar-programa-de-la-cdmx-sheinbaum-29 2384.html

3 Bucio, N. (2022, 30 agosto). Recriminan ausencia de AMLO y Sheinbaum en Glorieta de los Desaparecidos. MVS Noticias. Recuperado 31 de agosto de 2022, de https://mvsnoticias.com/nacional/2022/8/30/recriminan-ausencia-de-amlo- sheinbaum-en-glorieta-de-los-desaparecidos-563821.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a dar continuidad al trámite de la minuta correspondiente a prohibir el trabajo en pozos o en cuevas para la extracción de carbón a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, de manera que se emita el dictamen correspondiente, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado por el estado de Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Sin duda alguna la extracción metales, minerales y piedras preciosas es una de las actividades más peligrosas que existen para los trabajadores del sector minero. Dentro de ésta, la de mayor riesgo es definitivamente la extracción de carbón en las minas de tiro vertical o de pozo, que se ha cobrado la vida de 72 mineros de 2006 a 2021, en accidentes como el de El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, ocurrido el 3 de agosto; lo anterior, considerando que en ellas se usan procesos y técnicas artesanales o rudimentarias, sin observarse además medidas en seguridad minera y sin la debida supervisión de dichas actividades.

Quienes saben del tema le añaden el calificativo de “rojo”, al carbón que se extrae de los llamados “pocitos”, porque va teñido de sangre.1

Hace años que debió prohibirse esta forma de extracción carbonífera, e iniciativas para ello han existido. La mayoría no han progresado más allá de la presentación del proyecto, y las que han logrado avanzar en su proceso legislativo, con origen en la Cámara de Diputados, aún se encuentra en trámite la minuta en el Senado de la República, en las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.

Dicha minuta se refiere a la que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, producto de las iniciativas presentadas en 2012, por los entonces diputados federales Adolfo Bonilla Gómez, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Jesús Murillo Karam, del Grupo Parlamentario del PRI, así como por los entonces diputados federales Mario Alberto Dávila Delgado, José Guillermo Anaya Llamas, Esther Quintana Salinas y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN, siendo que en el dictamen aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 11 de abril de 2013, en donde se previó adicionar un segundo párrafo al artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo en los siguientes términos: “Queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, en este caso, la extracción de carbón, deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados; asimismo queda prohibido el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, entendiéndose por esto a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a la normatividad vigente para proteger la vida de los trabajadores”, y se aprobó adicionar las fracciones III y IV al artículo 343-E de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: “Artículo 343-E. A los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros, que dolosamente o por negligencia, omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, y que hayan sido previamente identificados por escrito en dictamen fundado y motivado de la autoridad competente, se les aplicarán las penas siguientes: I. y II. ... III. Prisión de 3 a 6 años y multa de hasta 5 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por omisiones en el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 343-B y 343-C, fracciones II, IV, V, VI y VIII, se produzca la muerte de uno o varios trabajadores. IV. Prisión de 6 a 9 años y multa de hasta 10,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores, por la realización de trabajos de extracción de carbón, mediante tiros verticales a profundidades menores de 100 metros y en cuevas y pozos carboneros, cuando se realicen trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras y donde no se observen, las medidas de seguridad que correspondan, para proteger la vida de los trabajadores”.

Cabe señalar que con fecha 30 de abril de 2015 se le dio primera lectura al dictamen relativo a dicha minuta y el 9 de octubre de 2018 se determinó que se remitiera de nuevo a comisiones.

Como bien se señaló en dichas propuestas “Son múltiples los factores de riesgos presentes en las faenas subterráneas. Las características geológicas, el uso de explosivos, la presencia de gases tóxicos o inflamables, el efecto del empleo de máquinas y equipos, la presencia de aguas subterráneas, las probabilidades latentes de incendios y de explosiones, etcétera, conforman un espectro de riesgos de alto potencial de severidad. A lo anterior debe adicionarse los errores de diseño o ejecución de los propios mineros. Dada la pequeña escala de tales actividades extractivas y la incipiente inversión que requieren propician su dispersión geográfica y su proliferación, en un ciclo de actividad y abandono de corta duración, lo que hace que, dada su escasa inversión en activos fijos y ausencia de tecnología, aunado a su carencia de licencias, permisos y autorizaciones requeridas, se encuentren al margen de la adecuada y permanente supervisión de las autoridades en materia de seguridad de riesgos de trabajo”.

En este orden de ideas, es de destacarse también que, desde hace más de tres años y medio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre el riesgo que la modificación de cauces de agua, por parte de la industria minera, significaba para trabajadores y zonas habitacionales aledañas a las minas de carbón en Sabinas, Coahuila, de la cual forma parte la comunidad Villa de Agujita,2 donde al día de hoy siguen atrapados diez mineros, por inundación.

Por lo anterior, y con la finalidad de evitar nuevos y lamentables acontecimientos como el que en reciente fecha ocurrió, y consiente de la necesidad que existe de solucionar de una vez por todas este histórico problema, es que propongo la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República a dar continuidad y agotar en forma favorable el trámite legislativo de la minuta con proyecto de decreto aprobada por la Cámara de Diputados en fecha 11 de abril de 2013, por la que se reforman y adicionan los artículos 342-A, 342-C, 343-D y 343-E de la Ley Federal de Trabajo, para prohibir la extracción de carbón a profundidades menores a 100 metros en pozos o cuevas. Lo anterior incluye la minería artesanal en tiros verticales relatada en el considerando de esta proposición. La aprobación de la minuta resulta urgente para garantizar la seguridad de los mineros del carbón y evitar la extracción inadecuada.

Notas

1 Organización Familia Pasta de Conchos, disponible en https://politica.expansion.mx/estados/2022/08/12/carbon-rojo-como-es-la -mineria-en-mexico

2 https://www.razon.com.mx/mexico/cndh-alerto-2018-riesgos-pozos-minas-co ahuila-493241

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas y a los ayuntamientos a calcular el cobro del predial de manera progresiva, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Lilia Aguilar Gil , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y demás disposiciones relativas y aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y a los ayuntamientos a que el cobro de predial se calcule de manera progresiva , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Al referirse a la propiedad inmueble, encontramos que el gravamen más relevante en la materia es el impuesto predial, pago que se debe cubrir, así se trate de un departamento, casa, edificio o terreno. De este se obtienen recursos que se destinan a la calidad de vida de los habitantes donde se ubica el inmueble. Su naturaleza y características hacen de este un importante instrumento para promover y regular el desarrollo urbano.

El predial es un impuesto directo de gran potencial recaudatorio y distributivo porque su base, la propiedad inmobiliaria, es altamente visible y no móvil; el valor de los predios no fluctúa como los ingresos y solo lo pagan los propietarios de los inmuebles; por lo que contar con tasas que aumenten conforme incremente el valor del predio, puede ser altamente progresivo.1

En este tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 31, fracción IV, que es obligación de los mexicanos: “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

Además, conforme al artículo 115, fracción IV, inciso a), de nuestra Constitución tenemos que “los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.”

Asimismo, el inciso c) de dicho artículo estipula que los ayuntamientos deberán proponer a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

De esta manera, el predial constituye una de las fuentes de ingresos más importantes del municipio, por su administración y el financiamiento que representa respecto del desarrollo urbano. Entendido como la contribución de carácter local que tiene injerencia sobre el derecho de propiedad, posesión y/o la tenencia de un bien inmueble, que grava tanto el terreno como lo que en éste se edifique, a cargo de personas físicas o morales titulares de dichos derechos, independientemente del uso. En otras palabras, es el impuesto gravamen a la propiedad raíz y a todo tipo de construcción permanente que se encuentre sobre un predio.2

La recaudación en sí no constituye un fin, sino que es un medio para obtener ingresos encaminados a satisfacer las necesidades sociales, dentro del trazo establecido en el texto constitucional.3 Por lo que los propietarios que cubren esta contribución al municipio donde se ubica el inmueble, aportan también para costear el gasto público municipal.

En esta línea se debe destacar la reforma al artículo 115 constitucional llevada a cabo en el año de 1999, que en su artículo quinto transitorio establece: “Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.”

Los ayuntamientos y las legislaturas locales tienen la obligación constitucional de cuidar que los valores catastrales deban ser equiparables a los de mercado, lo cual implica que dichos valores deban ser revisados y ajustados año con año a fin de mantenerlos actualizados.

Por lo tanto, las autoridades municipales y legislativas tienen las facultades para elaborar y aprobar las tablas de valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Puesto que el valor de la propiedad inmueble constituye uno de los elementos principales para la determinación de las contribuciones inmobiliarias, particularmente del impuesto predial.

Se debe destacar que la base administrativa y legal del impuesto predial es el catastro municipal, fundamental no solo para realizar el cobro del impuesto predial, sino también para asociar el predio al costo de proveer servicios básicos a cada uno según el uso del suelo, que puede ser vivienda, oficina, edificio, local comercial o predio.

Un catastro moderno y eficiente debe por naturaleza y por obligación contar con una relación actualizada de la propiedad inmueble y de sus características, siendo una de las más importantes la que se refiere al valor de los inmuebles, en los que se debe validar las condiciones de infraestructura urbana y de servicios, y los valores que observa el mercado inmobiliario respecto de los inmuebles que son objeto de operaciones de compra-venta; como son, características dimensionales, de construcción, conservación y de uso de los respectivos inmuebles.4

Derivado de lo anterior, considero de gran importancia que las entidades federativas y ayuntamientos realicen ajustes anuales al impuesto predial, con criterios de progresividad y tomando como base de cálculo, de manera enunciativa más no limitativa, la zonificación, extensión de la propiedad, uso de suelo y tipo de construcción, así como el valor comercial, calculado mediante valuación del instituto municipal de planeación o multimunicipal que corresponda.

Además, se deben establecer tasas más altas a los propietarios de predios que tras un plazo razonable para su construcción, los mantengan en desuso o sin construcción, con el fin de desincentivar la especulación inmobiliaria y abonar a la reducción de suelos en desuso. De esta forma, también se atenderán las necesidades de utilidad pública en general y el desarrollo habitacional, por lo que se promoverá y regulará el desarrollo urbano.

De conformidad con lo anterior, establecer tasas progresivas o diferenciadas por tipo de predio, no representa un trato diferenciado que pudiera interpretarse inconstitucional, sino que, por el contrario, se trata de una contribución equitativa que toma como base la propiedad inmobiliaria y que se considera proporcional y razonable en función de ésta última.

Por lo anteriormente expuesto, en mi condición de diputada federal, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas y a los ayuntamientos a establecer que el cobro de predial se calcule de manera progresiva, así como establecer la obligación de los ayuntamientos a realizar la liberación y la actualización de los registros municipales.

Notas

1 [1]Unda, M. Los límites de la recaudación predial en los municipios urbanos de México: un estudio de casos. 2018.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-72102018000300601#fn25

2 Rodríguez H. El entorno jurídico del impuesto predial en México. Revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa.

http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r27_traba jo-5.pdf

3 Registro digital: 161079 Fines fiscales y extrafiscales. SCJN;9a. Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;1a./J. 107/2011 ;J consultada en

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/161079

4 [1] Morones H. La valuación catastral y su problemática.

https://biblat.unam.mx/hevila/INDETECFederalismohacendar io/2010/no163/13.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Campeche y a la CNDH a garantizar el acceso y el derecho a la salud de las personas afectadas por el cierre de la farmacia comunitaria y a la FGE, a conducir de manera institucional, respeto, ética y autonomía, a fin de garantizar paz y justicia de sus habitantes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El pasado lunes 29 de agosto, Biby Rabelo, alcaldesa del municipio de Campeche publicó desde su cuenta oficial de Facebook un video donde expone la ingobernabilidad por la que atraviesa el estado de Campeche. De manera puntual señaló el abuso de poder ejercido por parte del Fiscal General del estado de Campeche, luego de que clausurará e impidiera la reapertura de un centro de salud comunitario que ofrece servicio médico gratuito a la población de escasos recursos.

De acuerdo a medios locales, dicha farmacia pertenece al otrora alcalde de Campeche Eliseo Fernández. Sin embargo, el inmueble actualmente se encuentra en comodato del ayuntamiento desde 2019 bajo la premisa de seguir otorgando el servicio de farmacia con servicio gratuito y costos bajos en medicamentos.1

A pesar de esto, el pasado 28 de agosto de este año, varios empleados del ayuntamiento tuvieron un enfrentamiento con más de 20 elementos de la Fiscalía para evitar el cierre de la farmacia comunitaria, ya que los uniformados no contaban con algún tipo de orden judicial para mantener el inmueble bajo resguardo.2

II. Recordemos que la propia Constitución señala que cualquier acto de molestia tiene que estar fundado y motivado por la autoridad competente, sin embargo esto no fue respetado al momento del cierre del inmueble, ya que cuando arribaron los policías ministeriales para el desalojo de la farmacia comunitaria, ni siquiera se identificaron.3

Además de esto, la actual administración del estado de Campeche ha dejado de lado la salud de sus pobladores, ya que los campechanos se encuentran limitados de asistir a las instituciones de salud pública, tales como el IMSS o ISSSTE, debido a la falta de suministros médicos, lo que ha provocado que los propios campechanos se vean obligados a llevar sus propios materiales como alcohol, gasas o jeringas, para poder acceder a los servicios de salud, situación que atenta de manera visible contra su derecho constitucional al acceso a la salud.

Incluso la propia Secretaría de Salud del estado ha reconocido que hay un problema en lo que respecta al abasto de medicamentos, siendo las comunidades más alejadas las que se ven más afectadas por esto. Tan solo los municipios de Bethania y Chemblás de la junta municipal de Hampolol, también de Alfredo V. Bonfil, Chiná, Pocyaxum y Pich han reportado falta de medicamentos para enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial.

III. Asimismo, durante los últimos meses, la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores, ha utilizado su actual cargo para exponer de manera negativa a sus adversarios políticos, dejando de lado su labor como gobernadora del estado, pues esta abusa de manera constante de su poder gubernamental.

Hoy en día, el actuar de la gobernadora es un claro ejemplo de cómo utilizar de manera incorrecta su cargo, ya que de manera constante dedica su tiempo dentro del horario laboral a la realización de actividades partidistas con fines electorales, o el uso faccioso de las instituciones para el beneficio personal y no del colectivo.

IV. En la Bancada Naranja, estamos convencidos de que México tiene opción de construir gobiernos que estén comprometidos con la justicia social y la garantía de todos los derechos humanos, por lo tanto no permitiremos y denunciaremos cualquier tipo de abuso o acto de arbitrariedad por parte de las autoridades que atente contra la calidad de vida y dignidad de las personas.

Contar con gobiernos ciudadanos que no defrauden, que enfrenten los problemas sociales, que den buenos resultados y sean transparentes, es posible. Por eso en Movimiento Ciudadano creemos que México tiene opción de gobiernos que estén al servicio de todas las personas mexicanas y no al de unos cuantos.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del estado de Campeche, Layda Elena Sansores San Román a fin de que se garantice el derecho a la salud de las personas afectadas por el cierre de la farmacia comunitaria adscrita al Sistema DIF municipal de Campeche, conforme a los establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche para que, en el ámbito de sus competencias, formule recomendaciones, y tome las determinaciones que considere pertinentes a fin de que se garantice el derecho a la salud de las personas afectadas derivado del cierre de la farmacia comunitaria adscrita al Sistema DIF municipal de Campeche

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General del estado de Campeche, a que se conduzca de manera institucional, bajo los principios de respeto, ética y autonomía, a fin de garantizar paz y justicia a los habitantes del estado de Campeche.

Notas

1 “Campeche: Farmacia comunitaria, resguardada por antimotines”, La Jornada, 2022

Recuperado de: https://www.lajornadamaya.mx/campeche/202122/
campeche-farmacia-comunitaria-resguardada-por-antimotines

2 Ibidem.

3 Ibidem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Profepa y a la Conagua a establecer acciones que permitan salvaguardar el ecosistema en riesgo existente en el parque San Rafael, en Guadalajara, Jalisco, derivado de la construcción del Proyecto de Depósito de Retención Pluvial, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA, a efecto de establecer acciones que permitan salvaguardar el ecosistema en riesgo existente en el parque San Rafael, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco, derivado de la construcción del proyecto de depósito de retención pluvial, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Antecedentes

En el año 2016, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Siapa), presentó el proyecto correspondiente a la construcción de un “Depósito de Retención Pluvial”, a realizarse en la Unidad Deportiva Plan de Ayala del Parque San Rafael, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.1

Sin embargo, aunque en esencia dicho proyecto tiene por objetivo ayudar a mitigar los problemas de inundación que se presentan en las colonias San Rafael, San Andrés, Cantarranas y aledañas, pertenecientes al municipio de Guadalajara2 ; desde el inicio de su construcción ha generado muchas dudas por parte de las y los vecinos de dichas zonas y, en especial, por parte del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C.

El Colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C, es un grupo de personas organizadas a través de una asociación civil legalmente constituida, que tiene por objetivo dar a conocer a los habitantes de las colonias miembros sus derechos humanos, derechos ambientales, derecho a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas en materia ambiental por parte de las autoridades, a fin de promover entre los habitantes la importancia de las áreas verdes de la comunidad.3

Dicho colectivo fue creado en enero del 2017, derivado de las múltiples irregularidades detectadas en el inicio del proyecto “Depósito de Retención Pluvial” en el Parque San Rafael.4

Las y los integrantes del colectivo han argumentado desde su fundación, que el proyecto que se pretende realizar en el Parque San Rafael atiende exclusivamente a intereses particulares, toda vez que las zonas que presuntamente pretende beneficiar, en realidad no sufren inundaciones en comparación con otras zonas del municipio de Guadalajara.5

Señalan que realmente lo que busca el proyecto pluvial, es beneficiar la construcción de un complejo inmobiliario denominado “Gran San Rafael” en las inmediaciones del Parque San Rafael. El cual pretende realizar, desde 2017, la construcción de 13 torres departamentales, así como la llegada de alrededor de más de 4 mil personas nuevas a la zona.6

Esto ha dado como resultado una movilización constante por parte de integrantes del colectivo y vecinos de la zona, en virtud de que de manera legítima han demostrado una serie de perjuicios que el proyecto del depósito pluvial, así como la construcción del complejo inmobiliario, generaría en contra del ecosistema del Parque San Rafael y en contra de la ciudadanía aledaña. Y que a continuación se detallan.

2. Problemática

El Parque San Rafael es un área natural muy importante en la ciudad de Guadalajara, ya que cuenta con diversas especies de árboles, así como también con canales de agua subterránea y humedales que son el hábitat de una gran cantidad de especies aviarias.7

No obstante, desde que se planteó la construcción del proyecto de depósito pluvial, todos los recursos ambientales que se encuentran al interior del Parque San Rafael han sido causa de preocupación por parte de la ciudadanía que radica en la zona8 .

De conformidad con lo argumentado por el colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C, el proyecto en comento atenta en contra de los recursos naturales de la zona, como son el agua y los arboles existentes dentro del parque.9

Según informes del colectivo, se tiene conocimiento que, desde el 17 de junio pasado a la fecha, se ha realizado un ecocidio dentro del Parque San Rafael; ya que, de acuerdo con sus estimaciones, durante el desarrollo del proyecto antes referido, se ha dado muerte a cerca de 700 árboles.10

Ello se corrobora, en virtud de la suspensión definitiva otorgada en favor del Parque San Rafael en agosto de 2022. Dicha resolución tiene por finalidad conservar los árboles que se encuentran dentro del parque en comento y sus inmediaciones, para evitar un daño inminente e irreparable.11

De igual modo, se señala que el proyecto de construcción del depósito pluvial representa un grave riesgo para las aves endémicas que se encuentran dentro de la zona, de conformidad con el recorrido realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Donde expresan que dentro del Parque se encuentran las siguientes especies, algunas en peligro de extinción:

Especies en peligro de extinción de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010 12

1. Loro corona lila o guayabero (Amazona finchi )

2. Loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix )

Otras especies encontradas en el Parque San Rafael

1. Loro de mejilla amarilla (Amazona autumnalis )

2. Zopilote aura (Cathartes aura )

3. Paloma turca (Strptopella decaocto )

4. Paloma común (Columba livia )

5. Tortolitas (Columbina inca )

6. Carpintero de desierto (Melanerpes uropygialis )

7. Colibrí corona lila (Amazilia violiceps )

8. Colibrí pico ancho (Cynanthus latirostris )

9. Perlita (Polioptila caerulea ), especie migratoria.

10. Tirano gritón (Tyrannus vociferans )

11. Luis bienteveo (Pitangus sulfuratus )

12. Luis gregario (Myiozetetes similis )

13. Chipe de rabadilla amarilla (Setophaga coronata ), especie migratoria.

14. Chipe de ala blanca (Mioborus pictus ), especie migratoria.

15. Chipe de Nashville (Oreothlypis ruficapilla ), especie migratoria.

16. Vireo gorjeador (Vireo gilvus ), especie migratoria.

17. Tangara roja (Piranga rubra ), especie migratoria

18. Primavera o mirlo (Turdus rufopalliatus )

19. Tordo de cabeza café (Molothrus aeneus ), especie migratoria.

20. Calandria de ceja rayada (Icterus bullockii ), especie migratoria.

21. Pinzón mexicano (Haemorhous mexicanus )13

Finalmente, se tiene conocimiento que las obras de construcción del depósito pluvial han causado problemáticas de carácter estructural en la zona, toda vez que con la perforación que realizan al acuífero para la extracción de agua del subsuelo, se han ocasionado hundimientos y socavones en las calles, así como también distintos daños en viviendas.14

En conclusión, los vecinos, así como las y los integrantes del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C, promueven, de manera legítima, la conservación del ecosistema existente del Parque San Rafael al igual que el bienestar de más de 500 viviendas a la redonda. Externando su preocupación de que el agua no sea suficiente para sustentar a los habitantes de la zona tras las modificaciones15 , y más aún, si se llega a concretar la construcción del complejo inmobiliario frente al parque.16

3. Acciones legales al respecto

Desde 2017, los integrantes del “Colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C”, comenzaron diversas acciones legales para defender el Parque San Rafael.17

A partir de esa fecha, se han presentado una gran cantidad de recursos legales por parte del colectivo, en la búsqueda de detener la construcción del depósito pluvial, como también detener la construcción del complejo inmobiliario “Gran San Rafael”.

Sin embargo, a pesar de ello han sido varias las ocasiones en que, tanto de manera injustificada, como de manera deliberada, los recursos jurídicos interpuestos han sido dejados sin efectos por parte de las autoridades, o bien los encargados de las construcciones han omitido sin importar su cumplimiento.

Los casos más recientes ocurrieron en el presente año 2022, toda vez que el pasado 24 de febrero fue otorgada la suspensión provisional de la obra, misma que a finales de abril fue ratificada por un Tribunal Colegiado18

Sin embargo, el pasado 08 de junio de 2022 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo, resolvió dejar sin efectos dicha suspensión, permitiendo la reanudación de la obra.19

En ese sentido, es que el 16 de junio de 2022, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, anunciara la reanudación de las obras por parte del SIAPA en el Parque San Rafael. Obras que iniciaron de manera inmediata en la misma fecha.20

Pablo Lemus expresó lo siguiente:

“El arranque de las obras del colector pluvial en el Parque San Rafael se da luego de que grupos opositores retirarán algunos aspectos legales, además de que un juez dio aval al Gobierno de Jalisco a través del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de iniciar con los trabajos, los cuales se habían suspendido hace cuatro años”, informó el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro .21

En respuesta a ello, el colectivo actuó de manera inmediata solicitando una nueva suspensión en contra de la obra, misma que fue otorgada el 27 de junio de 2022 por el juez séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo.22

A pesar de ello, en la madrugada del 28 de junio del presente año, los vecinos del parque San Rafael fueron sorprendidos con un operativo de más de 100 elementos de seguridad de diversas corporaciones municipales y estatales23 con la finalidad de acordonar las inmediaciones del parque San Rafael. Y continuar por la fuerza, con las obras de construcción del depósito pluvial, sin importar el desacato a la suspensión otorgada previamente y mucho menos los graves daños medioambientales que podrían causar al ecosistema de la zona.24

Finalmente, es importante reconocer que la lucha legal y de resistencia pacífica no ha tenido descanso por parte de las y los integrantes del colectivo, a pesar de todas las irregularidades evidenciadas por parte de las autoridades.

Tal es así, que el pasado 08 de agosto de 2022, se volvió a obtener una nueva suspensión definitiva emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a fin de conservar los árboles que se encuentran dentro del parque San Rafael y sus inmediaciones, y evitar el daño inminente e irreparable que se podría causar al medio ambiente.25

Por lo anterior, se puede concluir que la defensa del Parque San Rafael y su ecosistema no parará hasta que existan resoluciones ambientales concretas emitidas por las autoridades competentes en la materia.

De tal manera que, con ellas, se avale justificadamente la realización de las obras proyectadas, o bien, se demuestren de manera contundente los posibles daños que su realización puede ocasionar al medio ambiente y a la ciudadanía de la zona.

4. Recomendación de la Comisión estatal de Derechos Humanos de Jalisco

En 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (Cedhj) emitió una recomendación relativa a los daños provocados por los trabajos de construcción del depósito pluvial. Mismos que hasta la fecha siguen sin ser solucionados por las autoridades encargadas de la obra.27

Entre las recomendaciones que se emitieron por parte de la Cedhj, es importante destacar las siguientes28 :

“Recomendación al SIAPA : Es fundamental que los servidores públicos del SIAPA tengan presente que la obra del colector pluvial [...], si bien puede traer beneficios y garantizar derechos humanos de un grupo de personas, también puede afectar los de otros. Por ello, en su planeación, diseño y ejecución deberán realizar ejercicios de ponderación en los que se analicen las colisiones de derechos, tomando en cuenta que la medida que se imponga sea la idónea, que sea realmente útil y que el beneficio sea mucho mayor, en proporción con la afectación que se cause. Esto deberá informarse a los inconformes de manera clara, oportuna y suficiente.

Recomendación a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente: Realizar visitas de inspección permanentes a la obra del colector pluvial [...], para vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables de competencia estatal y en su caso, iniciar los procedimientos, expedir las recomendaciones, ejercer las acciones y tomar las medidas necesarias para propiciar la conservación, preservación, protección y restauración del equilibrio ecológico y los recursos naturales.

Recomendación a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial: Gire instrucciones al personal a su cargo para que se analice la exención de impacto ambiental de la obra denominada Depósito de retención pluvial [...], emitida el 28 de octubre de 2016 en el expediente 3141 y se tomen las medidas pertinentes para garantizar que la obra no generará desequilibrios ecológicos.

Recomendación a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales: Gire instrucciones para que personal a su cargo analice la fauna silvestre que habita en el [...], ya que esta Comisión acreditó la presencia de especies en peligro de extinción protegidas por la NOM-059-Semadet-2010 y la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

Recomendación a la Comisión Nacional del Agua: Gire instrucciones para que personal a su cargo analice, una vez que se resuelva el juicio de amparo indirecto [...] integrado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la situación de los mantos freáticos que presuntamente se ubican en el [...], y señale si la obra que ejecuta el SIAPA dentro del Pimi puede ocasionar daños irreparables a estos. Lo anterior, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Aguas Nacionales .”

5. Objetivo de la Proposición con Punto de Acuerdo

La presente proposición con punto de acuerdo tiene la finalidad de coadyuvar en la lucha que desde hace más de 5 años han gestado vecinas y vecinos del municipio de Guadalajara, así como también integrantes del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C, en defensa de los recursos ambientales existentes en el Parque San Rafael.

Es indispensable hacer valer lo consagrado por el artículo 4, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al derecho a un medio ambiente sano y la obligación del Estado por garantizarlo.

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4. ...

Párrafo quinto: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley .”

Es por ello, que para lograr lo mencionado por dicho precepto constitucional, es necesario fomentar e impulsar los mecanismos existentes de protección y procuración de justicia ambiental. Toda vez, que la protección y procuración de la justicia ambiental responde a una de las principales exigencias de la sociedad jalisciense, el cual es poder gozar de un ambiente sano.28

Es indispensable que se hagan valer los instrumentos y procedimientos jurídicos en la materia, que permitan una protección y defensa real de los derechos de la ciudadanía y del medio ambiente, a fin de que se pueda realizar una intervención oportuna y eficaz por parte de las autoridades competentes respecto de la problemática vigente en el Parque San.

Por esta razón, esta proposición con punto de acuerdo pretende hacer un llamado a diversas instituciones y autoridades ambientales federales, para que cada una de ellas en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan mecanismos de actuación que tengan por objetivo brindar elementos justificables que esclarezcan los hechos realizados hasta el día de hoy en el Parque San Rafael.

De tal manera que, a través de la intervención, el veredicto y resoluciones emitidas por las dichas instituciones y autoridades ambientales federales, se garantice que, en caso de realizarse la obra proyectada, esta no generará ningún perjuicio a la ciudadanía ni al ecosistema de la zona. O bien, en caso contrario, se emitan las declaraciones y resoluciones pertinentes que sustenten la cancelación de toda obra a realizarse en el Parque San Rafael en beneficio de la ciudadanía y sobre todo en beneficio del ecosistema existente.

Instituciones Ambientales para exhortar

1. Semarnat: Es la dependencia del gobierno federal, encargada de establecer criterios e instrumentos institucionales que garanticen la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país. Una de sus tareas fundamentales es lograr la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad.29

Es necesario por lo tanto hacerle un llamado para que, desde el ámbito de sus atribuciones, analicen y verifiquen el estatus actual de las especies de flora y fauna existentes dentro del Parque San Rafael, y en su caso establezcan las medidas necesarias tendientes a garantizar su protección y salvaguarda.

2. Profepa: Es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, el cual tiene como objetivo procurar la justicia ambiental, a través de la aplicación y cumplimiento efectivo de las leyes en la materia.30

Una de sus principales metas es el frenar la destrucción de los recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental mediante diferentes acciones, como son la inspección, verificación y vigilancia.31

Es por tanto, que resulta necesario hacerle un llamado para que, dentro de sus atribuciones, realice las acciones necesarias tendientes a preservar y proteger los recursos forestales, de vida silvestre y el ecosistema en riesgo dentro del Parque San Rafael.

3. Conagua: Es un organismo público perteneciente a la Semarnat, con el objetivo de administrar, regular, controlar y proteger los recursos hídricos del país.32

Se solicita su intervención para que, dentro del ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias a fin de intervenir como mediador en el conflicto suscitado en el Parque San Rafael, con el firme objetivo de garantizar la prevención, mitigación y una resolución que salvaguarde los recursos hídricos de la zona.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las acciones pertinentes a fin de analizar y verificar el estatus actual que guardan las especies de flora y fauna existentes dentro del Parque San Rafael, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Y en caso de encontrarlas en riesgo derivado de la construcción del proyecto de depósito de retención pluvial, establecer las medidas necesarias que garanticen su protección y conservación.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice una visita de inspección y vigilancia dentro del Parque San Rafael, ubicado en el municipio de Guadalajara. Lo anterior, con el objetivo de proteger, preservar y en su caso restaurar los recursos forestales, de vida silvestre, así como de todo el ecosistema que pudiera estar en riesgo dentro de dicha zona derivado de la construcción del proyecto de depósito de retención pluvial.

Tercero . La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las acciones pertinentes a fin de intervenir como mediador en el conflicto suscitado en el Parque San Rafael, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Lo anterior, con el objetivo de garantizar la prevención, mitigación y solución de los posibles riesgos hídricos que pudieran existir en la zona derivados de la construcción del proyecto de depósito de retención pluvial.

Notas:

1. Estudio Técnico SIAPA “Depósito De Detención Pluvial San Rafael”, SIAPA, 2016, Véase en: https://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/estudio_para_solicitar_exencion_deposito_de_detencion_pluvial_san_rafael.pdf

2. Ibidem

3. ¿Qué es el Colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas? A. C.?, YouTube, Véase en:

https://www.youtube.com/watch?v=nBuGk4ugXcA

4. Nacimiento del Colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, A. C., YouTube, Véase en:

https://www.youtube.com/watch?v=z2yIDVvH9l8

5. Ibídem

6. Gran San Rafael deja derrama de 100 MDP, Informador Mx, 2021, Véase en: https://www.informador.mx/economia/Gran-San-Rafael-deja-derrama-de-100- MDP—20210824-0149.html

7. Ibarra, Josué, #YoPrefieroElParqueSanRafael: una campaña en defensa de las áreas naturales urbanas, Laboratorio de Conflictos Socioambientales, 2022, Véase en:

https://labcsa.org/2022/07/01/yoprefieroelparquesanrafae l-una-campana-en-defensa-de-las-areas-naturales-urbanas/

8. Ibidem

9. Ibidem

10. Parque San Rafael: vecinos no se dan por vencidos y preparan defensa jurídica, El Occidental, 2022, Véase en: https://www.eloccidental.com.mx/local/parque-san-rafael-vecinos-no-se-d an-por-vencidos-y-preparan-defensa-juridica-calculan-que-seran-derribad os-700-arboles-8456633.html

11. Audiencia Incidental 1235/2022, del 08 de agosto de 2022, Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco.

12. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Diario Oficial de la Federación, Véase en:

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4254/semarnat/sem arnat.htm

13. Recomendación 19/2018, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Véase en:

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2018/Reco%2 019-2018.pdf

14. “Mientras los tribunales no actúen: el Parque San Rafael seguirá siendo destruido”, ZonaDocs, 2022, Véase en:

https://www.zonadocs.mx/2022/07/13/mientras-los-tribunal es-no-actuen-el-parque-san-rafael-seguira-siendo-destruido/

15. Continúa lucha de oposición contra las obras en el parque San Rafael, Milenio, 2022, Véase en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/parque-san-rafael-continua-l ucha-oposicion-obras

16. Colector San Rafael afectará a 176 familias, W Radio, 2022, Véase en: https://wradio.com.mx/emisora/2022/06/17/guadalajara/1655422682_450879. html

17. Vecinos se oponen a obras del colector pluvial en el parque San Rafael, Milenio, 2022, Véase en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/parque-san-rafael-vecinos-op onen-obras-colector-pluvial

18. Vecinos buscan frenar, otra vez, obra en Parque San Rafael, Laboratorio de Conflictos Socioambientales, 2022, Véase en: https://labcsa.org/2022/06/17/vecinos-buscan-frenar-otra-vez-obra-en-pa rque-san-rafael/

19. Ibídem

20. SIAPA Inicia La Construcción Del Depósito Pluvial San Rafael, Gobierno del Estado de Jalisco, Véase en: https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/145256

21. Obras de colector pluvial inician pese a oposición de vecinos en Parque San Rafael, UDG, 2022, Véase en: https://udgtv.com/noticias/obras-colector-pluvial-inician-pese-oposicio n-de-vecinos-parque-san-rafael/

22. “Mientras los tribunales no actúen: el Parque San Rafael seguirá siendo destruido”, ZonaDocs, 2022, Véase en:

https://www.zonadocs.mx/2022/07/13/mientras-los-tribunal es-no-actuen-el-parque-san-rafael-seguira-siendo-destruido/

23. La lucha por detener obras del Parque San Rafael no se detiene, El Occidental, 2022, Véase en:

https://www.eloccidental.com.mx/local/la-lucha-por-deten er-obras-del-parque-san-rafael-no-se-detiene-8538454.html

24. “Mientras los tribunales no actúen: el Parque San Rafael seguirá siendo destruido”, ZonaDocs, 2022, Véase en:

https://www.zonadocs.mx/2022/07/13/mientras-los-tribunal es-no-actuen-el-parque-san-rafael-seguira-siendo-destruido/

25. Audiencia Incidental 1235/2022, del 08 de agosto de 2022, Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco.

26. Vecinos continuarán pelea legal por colector en Parque San Rafael, Laboratorio de Conflictos Socioambientales, 2022, Véase en: https://labcsa.org/2022/06/16/vecinos-continuaran-pelea-legal-por-colec tor-en-parque-san-rafael/

27. Recomendaciones CEDHJ. 19/2018. (2022) Disponible en: https://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/sj-0850-2019_y_an exos_rec.19-2018.pdf

28. Urge CNDH a gobiernos salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano, Crónica, 2019, Véase en:

https://www.cronica.com.mx/
notas-urge_cndh_a_gobiernos_salvaguardar_el_derecho_a_un_medio_ambiente_sano-1119325-2019.html

29. ¿Qué hacemos?, Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno Federal, Véase en: https://www.gob.mx/semarnat/que-hacemos

30. ¿Qué hacemos?, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Gobierno Federal, Véase en:
https://www.gob.mx/profepa/que-hacemos#:~:text=La%20Procuradur%C3%ADa%20Federal%20de%20Protecci%C3%B3n,
con%20autonom%C3%ADa%20t%C3%A9cnica%20y%20operativa

31. Ibídem

32. ¿Qué es Conagua y cuál es su importancia para México?, Conagua Portal Informativo, Véase en: https://conaguagob.com.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2022.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a informar a la opinión pública los avances en la implementación de programas y proyectos de la agenda 2030 en la lucha por un medio ambiente sostenible y contra el cambio climático, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Cecilia Anunciación Patrón Laviada , diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que rinda un informe a la opinión pública respecto a los avances en la implementación de programas y proyectos de la agenda 2030 en la lucha por un medio ambiente sostenible y contra el cambio climático , de acuerdo a lo siguiente:

Consideraciones

Primera. El cambio climático es un reto global que exige la respuesta pronta y decidida de todas las naciones. Para hacerle frente y contener sus efectos, es necesario que cada país tome acciones audaces a su interior, como el caso de la actuación nacional con respecto a las Estrategia de Acción Nacional que actúa como el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Dicho lo anterior ha quedado claro que México asume su compromiso y responsabilidad global ante este desafío, que amenaza al género humano en su conjunto, conscientes de que somos uno de los países más vulnerables con respecto a los efectos del cambio climático, requerimos la acción corresponsable de ciudadanos y autoridades para modificar hábitos de consumo y producción, a fin de alentar prácticas más sustentables y amigables con el medio ambiente.

Es en esta medida que el gobierno federal en estos últimos años ha seguido la Estrategia Nacional de Cambio Climático, siendo que es el instrumento que guiará nuestras acciones como nación, para combatir este fenómeno en los próximos 40 años. Sustentada en sólidos fundamentos científicos, plantea metas viables que van más allá de reducir los gases de efecto invernadero.

Lo anterior como sabemos se originó tras consolidar alianzas entre sociedad y gobiernos, con el objetivo de crear un frente común contra el cambio climático, sin embargo, se debe resaltar que es crucial aprovechar el talento de la comunidad científica y la actuación decidida del sector empresarial en este propósito, sin embargo, dicho lo anterior, una de las formas más eficaces de frenar el cambio climático es impulsando el crecimiento sostenido y sustentable de nuestra economía.

En gran medida se debe generar un crecimiento verde incluyente en el país, basado en una mayor productividad y no en la explotación irresponsable de nuestros recursos naturales. Por esto, es de suma importancia trazar una ruta de largo plazo para mejorar la salud y la calidad de vida de la población, además de convertir a México en una sociedad con mayor resiliencia donde sea una participación conjunta de ciudadanos, empresas y académicos con el gobierno de la república, para construir infraestructuras sostenibles, utilizando soluciones basadas en la naturaleza y avanzando en la adaptación y la resiliencia climática.

Segunda. La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. De acuerdo con la comunidad científica internacional, es necesario que todos los países reduzcan, de manera conjunta y decidida, las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para evitar que los efectos se agraven, sin embargo para México, este desafío conlleva problemas sociales, económicos y además ambientales que ya afectan a su población, infraestructura, sistemas productivos y ecosistemas.

Sumado a esto, las emisiones de gases siguen aumentando lo que ha resultado la temperatura de la Tierra es ahora 1,1 °C más elevada que a finales del siglo XIX. De acuerdo con un informe de la ONU, miles de científicos y revisores gubernamentales coincidieron en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 °C nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Sin embargo, según los actuales planes nacionales sobre el clima, el calentamiento global alcanzará los 2,7 °C para finales de siglo.

Sin embargo, de acuerdo al mismo informe dado por las Naciones Unidas donde piensan que las consecuencias del cambio climático se han visto aún más presentes en nuestra actualidad, donde incluso en este último año el mundo entero pese a que sufrió de un alto total de actividades en las grandes urbes, en consecuencia de la pandemia de Covid-19, se registraron un gran número de sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad.

Después de la crisis del coronavirus, vivida a nivel mundial, todos los países afectados y que paralizaron sus actividades ahora están retomando poco a poco las rutinas productivas con un aprendizaje extra, el adquirido por todas las sociedades a través del experimento masivo que ha supuesto la paralización de industrias y economías en todo el mundo. Aunque los patrones de consumo han variado y las emisiones se han reducido en estos últimos años excepcionalmente, el freno por la pandemia del coronavirus no fue suficiente para reducir el calentamiento global.

Estas emisiones que provocan el cambio climático proceden de todas las partes del mundo y afectan a todos, pero algunos países generan mucho más que otros, pues de acuerdo a las estadísticas los 100 países que menos emiten, solo generan el 3 por ciento de las emisiones totales, mientras que los 10 países con mayores emisiones aportan el 68 por ciento, estos porcentajes no se deben tomar a la ligera, en gran medida las Naciones Unidas en conjunto de los objetivos de la agenda 2030, recomiendan que todo el mundo debe tomar medidas en lo que respecta al clima, pero las personas y los países que crean más problemas tienen una mayor responsabilidad para actuar primero, en donde de estos ultimos México pertenece a estos países.

Sumando a esto la salud juega un papel crucial en estos últimos años, pues ahora la principal prioridad mundial es la salud de la población mundial, sin embargo esta se ha visto deteriorada a través de los años, de acuerdo a un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, nueve de cada diez personas en todo el mundo están expuestas a niveles de contaminación catastróficos que superan el umbral de seguridad y esto en gran medida influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, a saber, un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y un entorno seguro.

No obstante las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua o por los insectos, e incluso otros animales de sangre fría. Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica, de igual forma en México tenemos muy presente llevar a pensar que es probable que el cambio climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue.

Aunque esto no es la principal preocupación mundial, pues de acuerdo a estudios realizados por las Naciones Unidas y la OMS se tiene una medición de los efectos sanitarios que el cambio climático provoca y en el futuro provocará, no obstante, en una evaluación llevada a cabo por la OMS que tiene en cuenta sólo algunas de las posibles repercusiones sanitarias, y que asume un crecimiento económico y progresos sanitarios continuados, se concluyó que según las previsiones, el cambio climático causará anualmente unas 250 mil defunciones adicionales entre 2030 y 2050.

Esto significa que todas las poblaciones se verán afectadas por el cambio climático, pero algunas son más vulnerables que otras,de acuerdo al estudio realizado por la OMS los habitantes de los pequeños estados insulares en desarrollo y de otras regiones costeras, megalópolis y regiones montañosas y polares son especialmente vulnerables.

En particular, como lo vimos actualmente con la pandemia del Covid-19, las entidades pobres, son poblaciones más vulnerables a los riesgos sanitarios resultantes y se ven expuestos por más tiempo a las consecuencias sanitarias, los efectos en la salud son más graves en las personas mayores y las personas con diversos achaques o dolencias preexistentes, sin embargo las zonas con infraestructuras sanitarias deficientes y la mayoría de entidades en desarrollo, son las que tienen más dificultades para prepararse y responder si no reciben la asistencia correcta.

Tercero. Como sabemos la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 con el fin de un Desarrollo Sostenible, invitando a que las naciones del mundo desarrollen un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, donde como ya se mencionó con anterioridad para estos últimos años se estimaba que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían caer alrededor de un 6 por ciento en 2020 debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de la Covid-19, lo que beneficiaria al objetivo número 13 para la agenda 2030, pero solo beneficia de forma temporal.

El cambio climático no se debe tomar a la ligera, esto nos repercute a todos y en gran medida a México de no actuar ahora, Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados en comparación con el período comprendido entre 1850 y 1900. De acuerdo con la Agenda 2030 se estima que de seguir por el camino todas las naciones, las repercusiones ser verían antes de lo pensado, pues los océanos del mundo seguirán calentándose, así como se prevé una elevación media del nivel del mar de entre 24 y 30 cm para 2065 y entre 40 y 63 cm para 2100. La mayor parte de las cuestiones relacionadas con el cambio climático persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se frenen las emisiones.

Para resolver esto México se comprometió a implementar los planes que sean necesarios para lograr cumplir con las metas del objetivo número 13 de la agenda 2030 en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático donde se negociaban las posibles respuestas para hacerle frente al cambio climático dichas metas que México debe buscar cumplir con ímpetu son:

-Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales nacionales.

-Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

-Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

-Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr el objetivo de movilizar conjuntamente 100 mil millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades del país respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación.

-Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

La visión de largo plazo de cumplir esas metas plantea que el país crecerá de manera sostenible y promoverá el manejo sustentable y equitativo de sus recursos naturales, así como el uso de energías limpias y renovables que le permitan un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

También aspira a que México se vuelva un país próspero, competitivo, socialmente incluyente y con responsabilidad global que genere empleos suficientes y bien remunerados para toda su población, en particular para la más vulnerable. Propone una nación socialmente equitativa, con una economía verde, con ecosistemas y poblaciones resilientes al cambio climático y con ciudades sustentables.

Cuarto. Por su ubicación geográfica, topografía y aspectos socioeconómicos, México es especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático, debido a que 56 por ciento del territorio nacional corresponde a zonas áridas y semiáridas; cuenta con una población de más de 100 millones de habitantes, de los que 75 por ciento corresponde a población urbana y 15 por ciento habita en zonas costeras; además, se registra una pérdida promedio anual de alrededor de 260 mil hectáreas de bosques templados; hay una baja disponibilidad y desigual distribución del agua; casi dos terceras partes de los suelos del país no son aptos para la agricultura y está sujeto a la incidencia de tormentas tropicales y huracanes, entre otros muchos aspectos.

Los estudios del cambio climático global y sus posibles impactos en México tienen como un antecedente fundamental el primer Estudio de País: Donde México ante el cambio climático, presenta en general la comparación entre las condiciones actuales y las que potencialmente podrían haber bajó un cambio climático en el caso hipotético de que se alcanzaron incrementos significativos en el cambio climático.

Queda sumamente claro que las metas de la agenda 2030 con respecto al cambio climático no han sido todavía alcanzados mediante este acuerdo multilateral, sin embargo la Semarnat tiene la obligación de hacer a toda medida de lo posible trabajar para la implementación de programas y proyectos de la agenda 2030 en la lucha por un medio ambiente sostenible y contra el cambio climático, por ello es necesario transitar hacia la adopción de un nuevo instrumento global jurídicamente obligatorio de participación universal, basado en la ciencia, con compromisos diferenciados pero comparables.

Estas acciones tienen la finalidad de contribuir al cumplimiento de las metas voluntarias de reducción de emisiones definidas, dada la magnitud del cambio climático, y el hecho de que afectará a muchos ámbitos de la vida, la adopción también debe producirse a gran escala. Nuestra economía y sociedad en su conjunto deben ser más resistentes a los impactos climáticos, futuros, sin embargo esto requerirá esfuerzos a gran escala, muchos de los cuales sabemos deben ser organizados por el gobierno y las Secretarías correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que rinda un informe a la opinión pública respecto a los avances en la implementación de programas y proyectos de la agenda 2030 que actúan en beneficio de la nación, para un medio ambiente sostenible y en contra del cambio climático,

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que continúe coordinando y emprendiendo las acciones adecuadas que la Secretaría, dentro de sus atribuciones, mitiguen en toda la medida posible los efectos del medio ambiente dentro del territorio Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a implementar un programa que permita apoyar a la ciudadanía ante la crisis hídrica que se vive en dicha demarcación, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León para que implemente un programa que permita apoyar a la ciudadanía ante la crisis hídrica que se vive en dicho estado, a fin de que las personas en situación de pobreza, en términos de los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pueda adquirir un tinaco a precio asequible, pagando a meses sin intereses, con cargo a su recibo de agua, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua es el elemento más importante para la vida. Es de importancia vital para el ser humano, así como para todos los seres vivos que habitan este planeta.

De conformidad con el Instituto Nacional de Salud Pública del Gobierno federal, el agua representa 80 por ciento de la composición de la mayoría de los organismos e interviene masiva y decisivamente en la realización de sus procesos metabólicos; asimismo, desempeña un importante papel en la fotosíntesis de las plantas y sirve de hábitat a una gran parte de los seres vivos.

La Organización de las Naciones Unidas ha manifestado que el acceso al agua, saneamiento e higiene es un derecho humano y, sin embargo, miles de millones de personas siguen enfrentándose a diario a enormes dificultades para acceder a los servicios más elementales.

Tan sólo en Nuevo León, vemos que se trata de un problema que lleva años y se debe principalmente a la escasez de lluvia, pues sin ese proceso no se pueden alimentar las presas en la entidad. Por lo que, en temporadas de calor la sequía se nota aún más.

Ante tales hechos, desde el mes de febrero, el gobierno de Nuevo León hizo la declaratoria de emergencia ante los bajos niveles de agua en las principales presas de la entidad y hasta la fecha, la situación no ha mejorado sino por el contrario las protestas y preocupación se han incrementado, sin que se aprecie una solución en breve.

A su vez, la declaratoria de emergencia implicó la suspensión de todas las actividades que por su naturaleza ameriten el uso excesivo de agua y medidas para su cuidado, entre ellas el Plan Agua para Todos, el cual se basó en cortes escalonados por secciones, extendiéndose posteriormente a los municipios hasta mantenerse todos los días con horarios definidos.

De igual forma, el pasado 29 de julio, el Gobierno federal emitió un decreto mediante el cual se busca que los concesionarios de agua en el estado permitan el uso temporal del agua para redireccionarla al uso doméstico en beneficio de las personas.

Sin embargo, la situación es crítica, no se ve en lo inmediato una solución que ponga fin a esta crisis hídrica que se vive día a día por las y los neoleoneses; por ello, en unidad y con pleno respeto a las atribuciones de cada una de las dependencias gubernamentales de los tres ámbitos de gobierno presento la siguiente propuesta, a fin de apoyar a las familias de nuestro estado.

Por ello, es necesario apoyar a la ciudadanía ante la crisis hídrica que vive el estado de Nuevo León, mediante un programa en el que cualquier persona pueda adquirir un tinaco a precio asequible, pagando a meses sin intereses, con cargo a su recibo de agua. Así las cosas, me permito proponer un programa en específico al que titule “Pon tu tinaco”.

Así, el programa propuesto prevé que cualquier persona que cuente con servicio de agua vigente y se encuentre al corriente en sus pagos, pueda adquirir un tinaco a bajo costo y en pagos de hasta 12 meses sin intereses, con cargo a sus recibos de agua.

Destacando las siguientes personas y dependencias que intervienen en el proyecto propuesto:

1. Usuario.

2. Fabricante.

3. Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León.

4. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y,

5. Diputados locales y federales.

En ese sentido se plantea que el programa pueda funcionar de la siguiente manera:

1. La Secretaría de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León buscará acuerdos con los fabricantes, o bien, con organizaciones de la sociedad civil para que otorguen bajos costos en la adquisición de tinacos de agua para uso doméstico de diferentes capacidades.

Los fabricantes deberán de ser originarios del estado de Nuevo León para fomentar el comercio estatal y evitar sobrecargos por costos logísticos de transportación.

2. Las y los usuarios, a través de una inversión inicial, que no supere los $500 pesos podrán adquirir el tinaco que requieran, según sus necesidades.

El programa debe enfocarse en los polígonos de pobreza que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

3. Los fabricantes pondrán a disposición de las y los usuarios los tinacos y serán éstos últimos quienes corran con los cargos de instalación correspondientes.

4. El monto del valor de los tinacos restante deberá ser cubierto por las y los usuarios, con plazos de hasta 12 meses sin intereses, los cuales serán debidamente cargados a los recibos de agua de cada uno de ellos.

5. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey será la autoridad encargada de realizar el cobro de los montos restantes a pagar de cada tinaco, con cargo al recibo de agua de cada usuario.

El gobierno estatal deberá realizar los convenios que estime pertinentes, a fin de delimitar las responsabilidades a que haya lugar.

Por otra parte, es importante resaltar que, por tratarse de un programa de desarrollo social, debe de cumplir con los principios de rendición de cuentas y evaluación; por lo que, se plantea que la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León elabore y publique en el periódico oficial, las convocatorias y las reglas de operación del programa, para cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas correspondientes.

Asimismo, las reglas de operación del programa deberán contener mecanismos de evaluación que permitan medir el impacto del beneficio obtenido y establecer un padrón de beneficiarios claro, en términos de la legislación en materia de transparencia aplicable.

Gestión del Programa

Finalmente, se sugiere que tanto la convocatoria como las reglas de operación deberán ser difundidas en las gacetas municipales, en el periódico oficial del estado de Nuevo León; así como, en las páginas y redes sociales oficiales.

Las y los diputados federales y locales del estado de Nuevo León deberán realizar campañas de promoción masiva y constante del programa.

Las y los representantes populares podrán realizar censos y estudios en sus respectivas áreas territoriales para asegurar una promoción extensiva. O bien, hacer uso de los medios de comunicación al interior de sus Cámaras, sus casas de gestión y mediante redes sociales oficiales.

En mérito de lo expuesto, es que con la presente propuesta se busca apoyar a las familias neoleonesas ante esta grave crisis hídrica que se vive día a día en nuestro estado, por lo que es necesario exhortar al gobierno de Nuevo León para que implemente una política pública que permita que cualquier persona pueda adquirir un tinaco a bajo precio, con facilidades de pago y que esto pueda hacerse con cargo a sus recibos de agua, para facilitar a la ciudadanía el cobro del mismo.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que implemente un programa que permita apoyar a la ciudadanía ante la crisis hídrica que se vive en dicho estado, a fin de que las personas en situación de pobreza, en términos de los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pueda adquirir un tinaco a precio asequible, pagando a meses sin intereses, con cargo a su recibo de agua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Infonavit a celebrar la Semana de la Escrituración durante noviembre de la presente anualidad, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Lilia Aguilar Gil , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y demás disposiciones relativas y aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a celebrar la semana de la escrituración durante el mes de noviembre de la presente anualidad , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El derecho a la vivienda es reconocido en diversas disposiciones de derecho convencional, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en sus numerales 22 y 25; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en su artículo 11; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 11, entre otros.

En la legislación nacional el derecho a la vivienda está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 4o: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Además, el artículo 123 apartado A fracción XII de la Constitución contempla el derecho a la vivienda de los trabajadores que a la letra establece:

“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.”

Por consiguiente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se fundó en 1972 como un organismo de servicio social cuyo objetivo es administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, para establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores que sean derechohabientes obtener un crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas.

Este instituto se creó por mandato constitucional, emanado de un derecho laboral, para brindar soluciones habitacionales a través de créditos para las y los trabajadores del sector formal. De esta forma, como parte de las acciones en la materia, se contribuiría a cumplir el pleno derecho a la vivienda.

Desde su creación el Infonavit ha formalizado 11,433,736 créditos a diciembre de 2020, por lo que hoy en día es un referente en la colocación de soluciones financieras con crédito hipotecario.1 Como muestra de ello, la Encuesta Nacional de Vivienda de 2020, señala que de 3.8 millones de viviendas propias adquiridas nuevas o usadas con algún crédito para la vivienda vigente, el 78.0 por ciento son del Infonavit.2

Uno de los aspectos cuantificables que conforman el derecho a una vivienda adecuada, es la seguridad jurídica de la tenencia, éste indica que todas las personas deben gozar de un grado de seguridad de tenencia que les garantice protección legal contra el desahucio, hostigamiento y otras amenazas.

De ahí que, al terminar de pagar el crédito Infonavit, el proceso de escrituración permite demostrar que el derechohabiente ya no presenta adeudo y es dueño de la casa. El glosario de Infonavit define la escrituración como el acto de hacer constar con escritura pública y en forma legal un otorgamiento, contrato o acuerdo. Para escriturar una vivienda obtenida con un crédito otorgado por el Infonavit, es necesario que un notario realice la inscripción de dicha vivienda en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio a través del Sistema de Titulación Notarial.3

Sin embargo, durante los años en que ha operado el Infonavit, entre 1972 a 2007 se presentó un rezago en la escrituración de los financiamientos ejercidos. En comunicado de prensa de enero de 2022, se informa que esto fue debido a que, en ese periodo, el Infonavit estaba facultado para inscribir directamente en los registros públicos de la propiedad los contratos privados de los trabajadores que tramitaban su crédito.

El instituto señala que, derivado de las amplias facultades de inscripción -que en algunas ocasiones fueron ejercidas de manera negligente-, durante dicho periodo más de 86 mil créditos no se escrituraron o fueron escriturados de manera indebida o deficiente.4

Para aliviar este rezago, en 2007, el Infonavit empezó a implementar acciones correctivas que dieron como resultado que, a partir del año 2008, todos los créditos formalizados dejaran de presentar problemas de escrituración.

Además, en 2016 el instituto puso en marcha el Programa de Regularización de Escrituras 1972-2007 para consolidar la certidumbre patrimonial de los acreditados y procesar los casos de los créditos originados en ese periodo. No obstante, se privilegió la vía judicial para brindar soluciones a los afectados, lo que provocó un proceso oneroso y en muchos casos innecesario, cuya solución podía tardar entre dos a tres años.

De acuerdo a los informes anuales de actividades correspondientes, en el desarrollo y continua mejora del programa en 2017 se contaba con un paquete de 65 mil 535 créditos, en 2018 había 61 mil 827 cuentas en rezago. En 2020 se actualizó el proceso de Regularización de Escrituras 1972-2007 y por primera vez se realizó una licitación abierta para la contratación de los proveedores que prestan servicios jurídicos para el programa.

La modernización del programa implementó mecanismos que obligan a los funcionarios del instituto a resolver la problemática, en primera instancia, por la vía administrativa. Sólo en segundo término o casos estrictamente necesarios se acude a la vía judicial. El instituto estima lograr más de 16,000 escrituras por vía administrativa.5

Derivado de la licitación con cobertura nacional se contrató a 15 despachos con presencia en 26 entidades federativas para implementar una estrategia de regularización por vía administrativa. Como resultado entre 2020 y 2021 se entregaron 4 mil 963 escrituras correspondientes a créditos otorgados entre 1972 y 2007 que se encontraban en condición de rezago y se espera entregar a corto plazo más de 12 mil escrituras que se encuentran en proceso de formalización.6

El financiamiento del mayor número de créditos para la adquisición de una vivienda y su titulación inmediata es uno de los principales objetivos que tiene el Infonavit, para así permitir a los trabajadores mexicanos y sus familias consoliden su patrimonio; por ello, adoptar medidas que alivien el rezago en escrituración que se presentó durante 35 años, es de suma importancia.

Derivado de complejidad que implica atender a la cantidad total de rezagados y afectados por una política errática de escrituración, seguir atendiendo a los trabajadores que no cuentan con título de propiedad y lograr consolidar la certidumbre patrimonial de los acreditados, acudo ante ustedes para proponer que el Infonavit, en colaboración con la honorable Cámara de Diputados, celebre una semana de escrituración a nivel nacional durante el mes de noviembre del presente año, en la que integrantes de esta honorable asamblea realicemos campañas de información y la convocatoria suficiente para poder abatir el rezago al 100 por ciento.

Con jornadas como esta, las familias de las y los trabajadores tendrán seguridad y certeza jurídica sobre su propiedad y se garantizará protección jurídica contra desalojo forzoso, hostigamiento u otras amenazas a los habitantes de las viviendas adquiridas con créditos del Infonavit.

Otorgar a más trabajadores un lugar que les permita albergar a su familia y entregársela en propiedad, abona a garantizar el derecho a vivir en seguridad y paz. Reforzar la seguridad de la tenencia de los derechohabientes para satisfacer sus necesidades de vivienda básicas, y que, hoy en día carecen de ella, es el fin que se busca con esta semana de escrituración.

Por lo anteriormente expuesto, en mi condición de diputada federal, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a que, en coordinación con la honorable Cámara de Diputados, celebre una Jornada Nacional de Escrituración a nivel nacional durante el mes de noviembre de 2022, con el objeto de subsanar el rezago histórico en esta materia.

Notas

1 Infonavit, Indicadores de las áreas sustantivas, 2022. Consultado en:

V. Indicadores de las áreas sustantivas | Infonavit

2 Inegi, Encuesta Nacional de Vivienda 2020, 2021. Consultado en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2021/envi/ENVI2020.pdf

3 Infonavit, Diccionario de Terminología Especializada, 2018. Consultado en: 68807.pdf (janium.net)

4 Infonavit, Boletín #005, 2022, Consultado en: Sala de prensa | Infonavit

5 [1] Infonavit, Informe Anual de Actividades, 2021. Consultado en: Informe_Anual_de_Actividades_2021.pdf (infonavit.org.mx)

6 Infonavit, Boletín #005, 2022. Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Lidia Pérez Barcenas, diputada de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El crecimiento del sector inmobiliario en la Ciudad de México ha presentado un especial dinamismo en la última década, sin embargo, ha contado con un enorme componente de corrupción e irregularidades, especialmente en el periodo comprendido entre 2012 - 2021 concentrándose primordialmente en alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Con la finalidad de incentivar la construcción de viviendas de interés social, sustentables y que garantizará el rescate y mejoramiento del Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México, el 10 de agosto de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la “Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable”, de interés social y popular”, también conocida como la “Norma 26”1

La Norma 26, otorgaba facilidades administrativas e incentivos a los constructores de vivienda cuyo precio final de venta se encontrará entre 20 hasta 30 veces el salario mínimo anualizado (Vsma). El principal estímulo que recibían las empresas constructoras era la posibilidad de agregar un mayor número de viviendas y niveles en sus desarrollos.

Pese a que el objetivo de la Norma 26 era la creación de vivienda popular destinada a la población con menores ingresos de la Ciudad, el ordenamiento jurídico fue objeto de abuso por parte de múltiples constructores quienes bajo el amparo de esta, en colusión con autoridades, construyeron departamentos con precios muy por encima de lo permitido.

Las múltiples violaciones a la legislación y los reglamentos en materia de construcciones dentro de la demarcación Benito Juárez han sido objeto de diversos señalamientos de corrupción a cargo de funcionarios públicos, denunciados por vecinos y distintos trabajos periodísticos, entre otros, por el abuso en el uso de la Norma 262 .

En febrero de 2014, durante la gestión del entonces Jefe delegacional en Benito Juárez, el panista, Jorge Romero Herrera, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (Paot), emitió la recomendación 02/2014 en contra de la demarcación por violaciones en materia de construcción en distintos inmuebles ubicados dentro de sus límites territoriales3

Ex edil, quien por cierto, ha sido señalado por la adquisición de un de pent-house de lujo a un precio muy por debajo del valor de mercado, transacción por la cual pagó tan solo $1,600,000 a la empresa “Grupo Rouz”, desarrolladora con una muy importante presencia en la construcción de obras dentro de la demarcación4 .

Segunda. En un hecho conocido, la tarde del 19 de septiembre de 2017 un sismo de magnitud 7.15 fue registrado en la Ciudad de México. Fenómeno que de acuerdo con información oficial proporcionada por el Gobierno de México, provocó la muerte de 228 personas solo en la Ciudad de México, destacando de forma lamentable como las demarcaciones con mayor número de víctimas mortales las alcaldías Cuauhtémoc con 102 y Benito Juárez con 43 decesos, es decir 44.7% y 18.9% respectivamente6 .

Asimismo, el sismo provocó el colapso de 44 inmuebles de los cuales, nuevamente, la demarcación con mayor número de derrumbes fue Benito Juárez con 14[7]. Cifra que sumada a los edificios que no cayeron, pero que fueron desalojados ante el riesgo en sus estructuras sumaron 35, de los cuales, 17 fueron construidos dentro de los previos 10 años al sismo, es decir 1 de cada 4 inmuebles fue construido con el aval y la supervisión de las autoridades de la delegacionales entre 2007 y 20178 .

A mayor abundamiento, a continuación se enlista el nombre de los titulares de la demarcación Benito Juárez:

Tercera. El pasado 30 de julio de 2022, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx), a través de una conferencia de prensa, informó a la opinión pública diversas acciones emprendidas por ese órgano ministerial en relación al denominado “Cartel Inmobiliario”, quienes presuntamente, bajo el amparo de cargos públicos crearon una red de otorgamiento de permisos y colusiones fuera de la ley para la construcción de departamentos.9

Entre otras acciones, la Policía de Investigación llevó a cabo la detención, en cumplimiento de una orden de aprehensión, de Luis Vizcaíno Carmona, quien entre 2009 y 2016 se desempeñó como Director General de Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía, a través de su vocero, señaló contar con indicios de que el señalado aprovechó su posición como alto funcionario de la Alcaldía Benito Juárez para llevar a cabo extorsiones y supuestos intercambios de favores en beneficio de constructoras, obteniendo así lucros económicos para si mismo y para sus superiores jerárquicos, con los cuales se habría incrementado de forma considerable su patrimonio, no correspondiendo los montos a sus ingresos obtenidos como servidor público10 .

La Pgjcdmx dio a conocer que, un juez de control concedió órdenes de cateo para poder ingresar a 39 inmuebles presuntamente relacionados con los hechos delictivos, cumplimentando al momento de la información 21 de ellos. Resulta un hecho relevante señalar que, uno de los inmuebles intervenidos es actualmente arrendado por el ex Jefe Delegacional de Benito Juárez durante el periodo 2015 – 2018, Christian Damián Von Roehrich De La Isla, quien fuera superior jerárquico del hoy imputado.

Con fecha 4 de agosto de 2022, un juez de control adscrito al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, decidió vincular a proceso Luis Vizcaíno Carmona por el delito de enriquecimiento ilícito, toda vez que la Fgjcdmx aportó en la carpeta de investigación los elementos necesarios a la autoridad judicial, concediendo además la medida cautelar denominada “prisión preventiva justificada” en contra del imputado y concediendo un periodo de 3 meses para la realización de la investigación complementaria11 .

Cuarta. Con relación a los señalamientos a los integrantes del denominado “Cartel Inmobiliario”, entre otros de Luis Vizcaíno Carmona y Nicias René Aridjis Vázquez ex Director de Obras y Desarrollo Urbano de Gobierno, el pasado 1 de agosto de 2022 Ulises Lara López, vocero de la Fgjcdmx, dio a conocer la forma de operación del presunto grupo delictivo, el cual permitió a varios funcionarios de la demarcación Benito Juárez incrementar de forma significativa su patrimonio de forma injustificada.

Los hoy señalados de pertenecer a la presunta red de corrupción, de acuerdo con las investigaciones, se coludían o en algunos casos extorsionaban a empresarios inmobiliarios para otorgar licencias y permisos, facilidades en verificaciones, autorizar construir más pisos o viviendas de los permitidos por las normas, así como para utilizar influencias en los procesos de zonificación y modificaciones de usos de suelo, todo ello a cambio de recibir inmuebles o dinero.

De igual forma, de manera ilegal se permitieron que fueran derrumbadas edificaciones con valor histórico, tal es el caso del edificio conocido como “La antigua Octava Delegación de Policía”, ubicado entre las calles de Obrero Mundial y Av. Cuauhtémoc, pese a que el INBA solicito por lo menos en dos ocasiones la suspensión de la obra, toda vez que la construcción formaba parte de su catálogo, en enero de 2014 se demolió el inmueble. Posteriormente en ese terreno se construyó un estacionamiento de la plaza comercial “Parque Delta”12 .

El vocero señaló que de 2017 a 2021, de manera posiblemente irregular se autorizaron más de 1,000 manifestaciones de construcción para obras nuevas en la Alcaldía, lo que motivó diversas investigaciones a cargo de la Fiscalía. Se detalló que en agosto de 2021 se registró una explosión en un inmueble ubicado en la avenida Coyoacán. Dicho edificio recibió las manifestaciones de obra nueva y el dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias Aridjis13 .

De acuerdo con las investigaciones, Nicias Aridjis, quien en 20011 había sido inhabilitado por la Contraloría capitalina por presunto enriquecimiento ilícito, posee un par de departamentos de ese inmueble, “mismos que pudieron haberle sido entregados como contraprestación a cambio de las facilidades que la Alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, además de ser propietario de empresas del ramo constructor con desarrollos dentro del territorio de la demarcación, lo que aduciría un claro conflicto de interés”14 .

La autoridad ministerial, establece como hipótesis que el indiciado, ex Director de Obras y Desarrollo Urbano, “posiblemente fue el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación” toda vez que entre sus facultades se encontraba garantizar que todo proyecto de construcción e infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable y dar el visto bueno a las manifestaciones de obra y construcción. Entre otros autorizó un inmueble ubicado en Av. Zapata y que resultó con dañados en el sismo de 2017, el edificio colapsó nueve meses después de haber sido inaugurado.15

Como parte de las investigaciones respecto a los hechos delictivos aquí narrados, la Fgjcdmx se encuentra en la búsqueda de Nicias Aridjis para dar cumplimiento a una orden de aprensión.

Quinta. De acuerdo con una investigación periodística dada a conocer en el noticiario “En Punto” conducido por Denisse Maerker, entre 2012 y 2018 Luis Vizcaíno Carmona, y Nicias René Aridjis Vázquez, funcionarios de las administraciones panistas encabezadas por Jorge Romero y Christian Von Roehrich, fundaron una docena de empresas constructoras y comercializadoras inmobiliarias, además adquirieron inmuebles cuyo monto se calcula en los 500 millones de pesos.

De igual forma se señala que en 2015 Nicias René Aridjis Vázquez y sus hermanos fundaron la empresa “Construcciones y Desarrollos Virtuales S.A. de C.V. y tres años después transfirieron la sociedad a Sofia Sorata Von Roehrich De La Isla, hermana del ex Jefe delegacional de Benito Juárez16 .

Sexta. Derivado de una solicitud de información sobre permisos de construcción otorgados por la Alcaldía Benito Juárez, el órgano político administrativo informó, que durante los días 15 y 16 de septiembre de 2020 se presentó una fuerte lluvia que provocó la inundación del edificio conocido como “Centro de Soluciones Ciudadanas”, donde a decir de las autoridades, en el sótano se encontraban dichas documentales, mismas que según se indica fueron dañadas y no hay forma de poder consultarse17 .

Séptima. El pasado 10 de agosto, la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Ciudad de México a crear una comisión de investigación para coadyuvar en el esclarecimiento de los presuntos hechos de corrupción inmobiliaria en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo18 .

La proposición en cita, a su vez da cuenta de diversas proposiciones con puntos de acuerdo presentados en el Congreso de la Ciudad de México por las diputadas y diputados Ana Francis López Bayghen Patiño, Carlos Cervantes Godoy, Indalí Pardillo Cadena, José Martín Padilla Sánchez, Martha Soledad Ávila Ventura y Paula Adriana Soto Maldonado, a través de los cuales se abordan problemas específicos relacionados con diversas irregularidades en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Octava . El sistema de pesos y contrapesos en el Estado, ejercido esencialmente a través de la separación de poderes fortalece la aspiración histórica de gobiernos democráticos, en ese sentido, el papel de los poderes legislativos tanto de las entidades federativas como en la Federación resulta indispensable toda vez que su naturaleza radica en la representación popular, para entre otras cosas, el correcto actuar de los otros dos poderes, así como para coadyuvar en el combate a la corrupción.

Uno de los instrumentos diseñados para ello es el denominado control parlamentario, mismo que ha sido estudiado por distintos doctrinarios y el cual define, por ejemplo, la doctora Cecilia Mora Donatto como:

“Un control de tipo político que se ejerce a través de todas las actividades parlamentarias, con especial interés de las minorías, y cuyo objeto es la fiscalización de la acción general del gobierno, lleve o no aparejada una sanción inmediata ”.19

Para lo cual el poder legislativo cuenta con las comparecencias obligatorias del ejecutivo, así como con la creación de comisiones de investigación, solicitudes de comparecencia y la pregunta parlamentaria20 .

Es en ese orden de ideas, reconocemos y respaldamos las acciones emprendidas desde el Congreso de la Ciudad de México para el combate a la corrupción en contra del denominado “Cartel Inmobiliario”.

La Cámara de Diputados no puede ser ajena a los fenómenos de corrupción que se presentan en la Ciudad de México, más aún cuando se trata de una entidad donde se asientan los poderes de la Unión.

En ese mismo sentido, esta representación popular esta obligada a coadyuvar en el combate a la corrupción de todas las entidades de la República, hasta erradicar un flagelo que daña e indigna a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a su autonomía constitucional, a fortalecer el Sistema Anticorrupción de dicha entidad, con objeto de mejorar la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respalda, con pleno respeto a su autonomía constitucional, todas las acciones legislativas y de control político que emprenda el Congreso de la Ciudad de México para esclarecer los presuntos hechos de corrupción inmobiliaria en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, de esa entidad.

Notas:

1. https://paot.org.mx/centro/normas/df/pdf/2015/NGO_26_10_08_2010.pdf

2. https://www.reporteindigo.com/reporte/fantasmas-de-la-corrupcion-inmobi liaria-en-benito-juarez/

3. https://paot.org.mx/contenidos/paot_docs/pdf/Recomedaciones_01_02_2014. pdf

4. https://www.sinembargo.mx/14-05-2015/1343798

5. https://ciencia.unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-20 17-en-mexico-

6. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/492596/Bolet_n_SEPTIEMBR E_2019.pdf Pág. 23

7. https://paot.org.mx/micrositios/riesgo-sismico/edificios-colapsados-19s _2.html

8. https://gatopardo.com/reportajes/corrupcion-inmobiliaria-en-la-benito-j uarez/

9. https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2022-721

10 Idem

11. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cartel-inmobiliario-vinculan-p roceso-luis-vizcaino-exfuncionario-de-la-cdmx

12. https://www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/01/11/937724

13. https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2022-727

14. Ídem

15. Ídem

16. https://www.youtube.com/watch?v=Zn3XuoJZgkM

17. https://www.debate.com.mx/cdmx/Reporta-BJ-perdida-de-permisos-para-cons truccion-20220819-0063.html

18. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-08-10-1/assets/documentos/
50-PA_Sen.Minerva_corrupcion_inmobiliaria.pdf

19. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5638/8.pdf Pág.278

20. Ibidem Pág. 280

Dado en la Cámara de Diputados el 1 de septiembre de 2022

Diputada Lidia Pérez Barcenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SSPC a coadyuvar de manera integral y permanente con el gobierno de Chihuahua, brindando seguridad para los habitantes de Ciudad Juárez, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Daniela Soraya Álvarez Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Nuestro país vive una ola de violencia sin precedentes, los hechos ocurridos el día 11 de agosto del presente año en Ciudad Juárez, Chihuahua, generaron pánico en la población. Como resultado de los ataques del crimen organizado perdieron la vida, civiles inocentes.

Los que somos habitantes de esta ciudad vivimos horas de incertidumbre derivado de la serie de ataques armados, los denominados narco bloqueos, incendios a establecimientos y las lamentables pérdidas de vidas humanas. Una jornada violenta que se desató en diferentes puntos y que se perpetro principalmente en la población civil requiere del apoyo permanente de todas las instituciones.

Desafortunadamente estos crímenes y pánico hacia el municipio están sucediendo en todo el país, el cobro de plazas y la guerra entre grupos rivales de narcotraficantes están violentando día a día, la paz de los mexicanos.

Como se ha informado, los sucesos se dieron por la confrontación de grupos criminales, sin embargo, estos ataques se han trasladado hacia la población. La violencia no solo ha ocasionado pérdidas de vidas, sino también está afectando a los comercios y empresas que se dedican a generar trabajo y fomentar la economía.

Los comercios han sufrido quebrantos totales, el personal que labora en ellos vive con temor de regresar a trabajar, mientras que los empresarios tienen que asumir los costos por estos actos. Las pequeñas y medianas empresas son el sostén de la economía y son a los que están atacando, quienes día a día han trabajado para tener su patrimonio, mismo que ante la intimidación lo ven desaparecer en instantes.

El trabajo en colaboración de los tres órdenes de gobierno ha dado resultados por estos hechos, sin embargo, es necesario que éste sea permanente para evitar que nuestra ciudad se convierta en un territorio de nadie.

De acuerdo con el documento Índice Global de crimen organizado 2021 “La República Democrática del Congo fue identificada como el país más afectado por el crimen organizado, seguida de Colombia, Myanmar, México y Nigeria” es decir, nuestro país ocupa el cuarto lugar de 193 países. En puntuación de criminalidad, México se encuentra calificado con 7.57, solo por debajo de Myanmar. Referente a la puntuación en mercados criminales, nuestro país ocupa el primer lugar con 8.0.1

El mismo documento señala que “México, un país asolado por la violencia y el crimen organizado, fue declarado el país más peligroso del mundo para los periodistas ante el aumento de asesinatos en 2020. Según los informes, los periodistas en México corren un mayor riesgo de ser asesinados que aquellos que se encuentran en zonas de guerra.

Con datos del Inegi, “Las estadísticas revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron 35 mil 625 homicidios en México; es decir, una razón preliminar de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. La principal causa de los homicidios durante 2021 fue agresión con arma de fuego”.2

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)3 con fecha 10 de agosto en el marco de los hechos ocurridos en Jalisco y Guanajuato a nivel nacional se reportaron 64 homicidios dolosos.

Para el día 11 del mismo mes, la institución reportó 81 homicidios dolosos en todo el país, el denominado jueves negro para Ciudad Juárez, Chihuahua, se perdieron vidas de personas inocentes, ataques perpetrados a negocios, quema de autos derivado de los hechos en el penal estatal.

El viernes 12 de agosto, nuevamente esa violencia se hizo presente en Tijuana, Baja California, y reiteradamente en Guanajuato, con el mismo modus operand i, quema de autos, bloques en diversos puntos, así como pánico en los habitantes, un día marcado con 62 asesinatos en México.

No solo eso, el crimen organizado golpea el desarrollo de la economía en México, la falta de inversión y la extorsión siguen aumentando, lo que tiene a nuestro país con un deterioro importante en cuanto a su crecimiento.

No podemos permitir que estas acciones continúen y que los ciudadanos vivan bajo la sombra del miedo, es por ello, que se debe cambiar la estrategia en seguridad y brindar a los estados más afectados apoyo permanente que proteja a nuestros habitantes.

Como es de conocimiento público, el Ejecutivo federal minimizó lo sucedido no solo en nuestra ciudad, sino también lo que ocurrió en otros estados, por lo que pedimos actué con seriedad y responsabilidad ante el encargo que le fue conferido.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a los titulares de Ejecutivo federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, coadyuven de manera integral y permanente con el gobierno del estado de Chihuahua, brindando la seguridad necesaria para los habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, derivado de los hechos violentos ocurridos el día 11 de agosto del presente año.

Notas

1 Shaw, M. (2021) The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Recuperado de https://ocindex.net/assets/downloads/global-ocindex-report-spanish.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/DH/DH20 21.pdf

3 http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/files/homicidios_10082022_v2.pdf

Palacio Legislativo, a 2 de septiembre del 2022.

Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a designar a la persona titular de la Dirección General del Conadis, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que designe a la persona titular de la Dirección General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) es el organismo público descentralizado rector de las políticas públicas en la materia, creado por mandato de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD),1 que de conformidad con su artículo 39 tiene por objeto la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas.

Las atribuciones del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se encuentran contenidas en el artículo 42 de la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que dispone lo siguiente:

“Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

II. Enviar el Programa a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento;

III. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, así como hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente;

IV. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad;

V. Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad;

VI. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización;

VII. Solicitar información a las instituciones públicas, sociales y privadas que le permitan el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley;

VIII. Promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales o regionales en materia de discapacidad;

IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos e instituciones de otros países, así como con organismos internacionales relacionados con la discapacidad;

X. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad;

XI. Suscribir convenios con el sector gubernamental y los sectores productivos y empresariales, para que se otorguen descuentos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados, a las personas con discapacidad o sus familias;

XII. Promover la armonización de Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, respecto de las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

XIII. Promover la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas en materia de discapacidad;

XIV. Elaborar, presentar y difundir anualmente el informe de avances y resultados del Programa;

XV. Presentar un informe anual de actividades;

XVI. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes que el Estado Mexicano presentará ante los organismos internacionales, sobre la aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de discapacidad, y

XVII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo y demás disposiciones aplicables”.

El artículo 43 de la LGIPD señala que la administración del Conadis corresponde a la junta de gobierno y la dirección general. Asimismo, la LGIPD señala en su artículo 50 que la dirección general del Conadis tendrá, además de aquellas que establece el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,2 las siguientes facultades:

“I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Conadis, con sujeción a las disposiciones aplicables;

II. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del Programa;

III. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal;

IV. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones del Conadis y de la Junta de Gobierno, así como supervisar su cumplimiento por parte de las unidades administrativas competentes del Conadis;

V. Elaborar el informe anual de actividades, así como el ejercicio presupuestal, éste último previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VI. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del Estatuto Orgánico;

VII. Nombrar a los servidores públicos del Conadis, a excepción de aquellos que ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al titular;

VIII. Ejercer la representación legal del Conadis, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello;

IX. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de las atribuciones del Conadis, de conformidad con las normas aplicables;

X. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Conadis, y

XI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos”.

Adicionalmente, el Estatuto Orgánico del Conadis señala en su artículo 25 que al frente del Consejo estará la persona titular de la dirección general, quien tendrá, además de aquellas señaladas en la LGIPD, las siguientes atribuciones:

“I. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el Informe Anual de Actividades, el informe sobre ejercicio presupuestal y los Estados Financieros correspondientes;

II. Someter a consideración y aprobación de la Junta de Gobierno, el o los proyectos pertinentes para expedir, abrogar, derogar o reformar el Estatuto Orgánico del Conadis y una vez aprobado, realizar los trámites administrativos necesarios para su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

III. Expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del Consejo;

IV. Ejercer la representación legal del Conadis, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello;

V. Ejercer todo tipo de acciones legales y desistirse de las mismas, ofrecer y rendir pruebas, interponer recursos y procurar la conciliación en beneficio del Conadis;

VI. Formular denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público en la fase indagatoria y durante los procedimientos penales y, en su caso, otorgar el perdón cuando proceda, celebrar acuerdos reparatorios, de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como formular, en general, todas las promociones y actos procesales que a dichos juicios y procedimientos se refieran;

VII. Celebrar, suscribir y otorgar toda clase de actos, poderes generales, especiales y documentos inherentes a su cargo, así como expedir los acuerdos, circulares, sustituir y revocar poderes generales, especiales y demás disposiciones jurídicas de su competencia, tendientes al buen despacho de las funciones del Conadis y a lograr el objeto del mismo, sin perder el ejercicio de éstas, inclusive las que requieran autorización o cláusula especial;

VIII. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Conadis, así como estímulos, premios, bonos u otros conceptos de gasto de servicios personales, de acuerdo con la normatividad aplicable;

IX. Delegar en los funcionarios del Conadis, las atribuciones que expresamente determine, sin menoscabo de conservar su ejercicio directo;

X. Presentar oportunamente a la coordinadora sectorial, el anteproyecto de presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, previamente aprobado por la Junta de Gobierno, para enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se integre al Presupuesto de Egresos de la Federación;

XI. Ejercer el presupuesto anual de egresos del Conadis, de conformidad con los ordenamientos y disposiciones legales aplicables;

XII. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente Estatuto Orgánico y demás ordenamientos que rijan al Conadis;

XIII. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Manual de Organización General del Conadis;

XIV. Publicar en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva en términos de lo dispuesto en el presente Estatuto;

XV. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de este ordenamiento y, de estimarlo necesario, someterlas a la consideración de la Coordinadora de Sector;

XVI. Intervenir como representante del Estado Mexicano en eventos internacionales;

XVII. Apoyar en la convocatoria, coordinar la logística de las sesiones ordinarias de la Asamblea Consultiva y, en caso de estimarlo conveniente, estar presente en las sesiones de la misma, y

XVIII. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el Titular de la Presidencia de la República”.

De acuerdo al artículo 49 de la LGIPD, la persona titular del Conadis será designada por el Presidente de la República con base en los siguientes requisitos:

• Tener la ciudadanía mexicana por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

• Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos, experiencia en materia administrativa y de discapacidad, y

• No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de Gobierno señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Como se expone, la legislación únicamente contempla que a través del titular del Ejecutivo federal sea nombrada quien ocupará la dirección general del Conadis, quien casi a la mitad de su gestión no ha cumplido con su obligación, dejando sin mando al organismo y abonando, con su omisión, a una inoperancia que en verdad hace del Consejo una institución que no puede cumplir con sus obligaciones. En concreto, el organismo tiene desde el 1 de diciembre de 2018 sin persona que lo encabece, que se traduce en tres años y nueve meses sin responsable.

El hecho de no nombrar a una persona responsable del Conadis, no sólo impacta en que un puesto o plaza esté vacante, repercute de manera negativa en la política nacional y en el quehacer del organismo, a tal grado que una de las razones de ser de la institución como es la creación, seguimiento y evaluación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y que de conformidad con la LGIPD debería haber sido publicado el primer trimestre de 2019,3 al día de hoy se desconoce la existencia de, siquiera, un proyecto de programa.

Todo ello, además de generar incertidumbre institucional, representa una vez más, un incumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por ende, retroceso en el camino hacia la inclusión de las personas con discapacidad.

Como se ha expuesto, de seguir en esta lógica, el Conadis está condenado a una participación accesoria y testimonial en la construcción de la política pública, que aunada al inexplicable silencio del titular de la Secretaría de Bienestar sobre una política encaminada al acceso a los derechos, se concluye que el único interés del Gobierno federal, es repartir sin diagnóstico y metodología, recursos para mantener su proyecto de poder, sin que se tenga un proyecto de gobierno.4

Así, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad insistir en la necesidad y obligación del Poder Ejecutivo federal de designar a la persona titular de la Dirección General del Conadis.

Es importante señalar, que el pasado 10 de marzo de 2022, en la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, estaba contemplada en el orden del día la discusión de este asunto; sin embargo, en reunión previa de junta directiva, las diputadas y el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de dicho órgano, solicitaron retirar este asunto del orden del día, argumentando, entre otros temas, que se estaban realizando acercamientos con la Secretaría de Bienestar, proponiendo que se pudieran tener reuniones de trabajo con dicha dependencia para atender esta solicitud y aunque se les explicó que la mencionada Secretaría nada tiene que ver en el cumplimiento de esta obligación, por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto.

Misma situación ocurrió el pasado 28 de abril de 2022, en la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; es decir, un mes y dieciocho días después, en la cual bajo los mismos argumentos de tener acercamientos con la Secretaría de Bienestar, cuando se insiste que dicha dependencia nada tiene que ver con el cumplimiento de esta obligación legal y durante el tiempo señalado no se tuvo ningún acercamiento, volvieron a solicitar retirar este exhorto del orden del día y por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto, aún cuando es evidente el incumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Bajo esos argumentos, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que designe a la persona titular de la Dirección General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento del artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas

1 Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

2 Artículo 59. Serán facultades y obligaciones de las personas Titulares de las Direcciones Generales de las entidades, las siguientes:

I. Administrar y representar legalmente a la entidad paraestatal;

II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos de la entidad y presentarlos para su aprobación al Órgano de Gobierno. Si dentro de los plazos correspondientes la Directora o Director General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su correspondiente responsabilidad, el Órgano de Gobierno procederá al desarrollo e integración de tales requisitos;

III. Formular los programas de organización;

IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad paraestatal;

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz;

VI. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas, de recepción que aseguren la continuidad en la fabricación, distribución o prestación del servicio;

VII. Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los dos primeros niveles de servidores de la entidad, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio Órgano;

VIII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la entidad paraestatal para así poder mejorar la gestión de la misma;

IX. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;

X. Presentar periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño de las actividades de la entidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la dirección con las realizaciones alcanzadas;

XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe la entidad y presentar al Órgano de Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con el Órgano y escuchando al Comisario Público;

XII. Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano de Gobierno;

XIII. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores; y

XIV. Las que señalen las otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones administrativas aplicables con las únicas salvedades a que se contrae este ordenamiento.

3 Artículo 34. El Programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales:

I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas;

[...]

4 Norma Angélica Aceves García, “Presupuesto federal de 2021 en materia de inclusión social de las personas con discapacidad”, 21 de septiembre de 2020. Visto en:

http://www.discapacidad.pri.org.mx/Articulos/Articulo.as px?y=10694 consultado el 30 de septiembre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las legislaturas locales a inscribir en el Muro de Honor de sus recintos el nombre de la primera mujer que ocupó un cargo de elección popular, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Adriana Bustamante Castellanos integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 2, fracción II del reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera .– El 19 de julio de 1823, se expidió el primer decreto por el primer Congreso Constituyente de México independiente, en ese escrito se ordenó instalar en letras de oro los nombres de 13 héroes del gran movimiento de Independencia de 1810.

Los cuales fueron Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo y Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Francisco Xavier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales.1

El decreto estableció que las letras debían colocarse en el “Salón de Cortes” de la sede del Poder Legislativo, pero en ese entonces, los primeros Congresos constituyentes y constitucionales tuvieron diferentes sedes, todas provisionales.2

Es de mencionar, que en el decreto se excluyeron los nombres de dos personajes claves en la consumación de la Independencia de México en 1821, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide.

(Asimismo, no se incluyeron en el precepto a ninguna mujer, siendo desde esa época reconocidas por su destacada participación Josefa Ortiz de Domínguez, la Corregidora, y el de Leona Vicario.)

La ausencia de Agustín de Iturbide en el decreto se debió a que, tras la caída de la Corona Española, éste se instituyó como el primer Emperador Constitucional de México y entre sus primeras acciones ordenó la disolución del Primer Congreso Constituyente, en su lugar se instituyo la Junta Nacional Instituyente, posteriormente, ante el triunfo de las fuerzas antiimperialistas, Agustín de Iturbide reinstaló el Congreso y éste decretó la nulidad del Imperio.

En lo referente, al nombre de Vicente Guerrero se inscribió en el muro de honor entre los héroes de la patria, 18 años después, en 1841, cuando el Tercer Congreso Constitucional Centralista emitió el segundo decreto para la inscripción de letras de oro, a ese benemérito patriota.

Fue hasta 1829, cuando el Tercer Congreso Constitucional por fin tuvo una sede permanente: el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde se erigió el primer Muro de Honor, únicamente con esos nombres.3

Segunda.- En 1912, el recinto de Donceles albergaba en su Muro de Honor 29 inscripciones en letras de oro, conforme un informe documentado en el libro “Letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados ”.4

En los años iniciales del recinto legislativo, en el Muro de Honor se colocó el nombre de Agustín de Iturbide. Sin embargo, fue retirado aproximadamente en el año de 1921. En la actualidad, este personaje no aparece en el Muro de Donceles, ni el de Palacio Legislativo de San Lázaro.

Es de mencionar, que la Cámara de Diputados federal sesionó en Donceles de 1911 a 1981, se expidieron 24 decretos que establecieron añadir 28 leyendas y nombres en el muro de honor, con lo que se contabilizaron un total de 57 inscripciones.

Durante este periodo, entre las inscripciones destacan las figuras de la Revolución Mexicana como Álvaro Obregón (1929), Aquiles Serdán (1932), Belisario Domínguez (1936), Carmen Serdán (1948), Emiliano Zapata (1931), Felipe Carrillo Puerto (1930), Francisco I. Madero (1925), Francisco Villa (19669 y Venustiano Carranza (1931).

Asimismo, la XLI Legislatura (1949-1952), se “emitió un decreto para inscribir el nombre de Cuauhtémoc, el último tlatoani azteca, evocando por primera vez el pasado prehispánico, y 54 años después se colocó el nombre de Nezahualcóyotl, señor de Texcoco.”5

Desde la construcción del Muro de Honor en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, los nombres que sean inscritos en el Muro de Honor son: Francisco J. Múgica (1984), Pedro Sáinz de Baranda (1988), Fray Servando Teresa de Mier (1992), Ignacio Manuel Altamirano (1992), Vicente Lombardo Toledano (1993), Sor Juana Inés de la Cruz (1995), Genaro Estrada (1996), Isidro Fabela (1996), Justo Sierra Méndez (1999), Defensores de la Patria 1846-1847 (1999) y Batallón de San Patricio (1999), Ricardo Flores Magón (2000), Alfonso García Robles (2003), Universidad Nacional Autónoma de México (2003), Nezahualcóyotl (2004), Instituto Politécnico Nacional (2006), Constituyentes de Apatzingán (2007), y “A los Constituyentes de 1857” (2008), Al Movimiento Estudiantil de 1968 (2018), Al Exilio Republicano Español, Herminia Galindo Acosta (2021), Elvia Carrillo Puerto (2021), 2021, Bicentenario de la Armada de México (2021), Felipe de Jesús Ángeles Ramírez (2021), Gilberto del Bosques Saldívar (2021) y La Transición a la Democracia en México (2021).6

Actualmente, el muro de honor soporta 77 inscripciones, de un total de 59 nombres 6 son de mujeres y 53 de hombres destacados en la historia del país, 12 conciernen a distinciones de cuerpos legislativos, militares y movimientos sociales, cuatro corresponden a nombres de instituciones de educación civiles y castrenses, y dos a frases célebres.7

Tercera.– El Muro de Honor representa un punto de referencia en la historia de México; a través de las distinciones, leyendas y nombres, se vuelve la contemplación y una mirada hacia un pasado lleno de orgullo, que las presentes y futuras generaciones deben conocer.

En la Historia del Congreso federal mexicano, se tiene registrado la inscripción en el Muro de Honor de siete destacadas mujeres, heroínas que han sido ejemplo y entrega a favor de las causas de la patria, los nombres son: Antonia Nava, Carmen Serdán, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez, Mariana R. del Toro de Lazarín y Sor Juana Inés de la Cruz.

Al respecto, el 27 de octubre de 1948, la Cámara de Diputados emitió el Decreto por el que se inscribieron con letras de oro en los muros del congreso de la Unión, los nombres de las heroínas ilustres en el movimiento de independencia Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Antonia Nava, hasta ese año sólo habían figurado personajes hombres.8

Posteriormente, el 18 de diciembre del mismo año, la XL Legislatura aprobó un segundo decreto con el que formalizaba la inscripción en el Muro de Honor del nombre de la heroína y precursora de la Revolución, señorita Carmen Serdán del Valle, hija de Aquiles Serdán.9

Asimismo, el 26 de diciembre de 1966, durante la XLVII Legislatura se emitió el decreto por el que se inscribiera con letras de oro el nombre de la señora Margarita Maza de Juárez como homenaje por su activa e inquebrantable participación. Mujer de gran inteligencia, iniciativa y carácter decidido, fue capaz de dispensar consejos políticos, al Benemérito de las Américas en su lucha por la tolerancia religiosa y la creación de un Estado laico en México, en los largos años de prueba de la república, que confirmó sus títulos en la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la desigual lucha contra la intervención extranjera y el falso imperio.10

Finalmente, el 14 de abril de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que inscribiera con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz.11

Lo anterior, evidencia que las mujeres mexicanas han tenido una participación activa e importante en la contribución y en la construcción de la historia de México, no sólo en el contexto nacional, sino también a nivel local, es decir en todas las regiones que conforman nuestra república mexicana. Sin embargo, su participación ha sido invisibilizada a lo largo de la historia.

Cuarta.– La importancia de participar en las decisiones de un país, que se refieren a los temas o asuntos que a todas y todos nos incumben, ha sido un reclamo latente de las mujeres en el mundo. Con diferentes enfoques, con distintas historias nacionales y con la participación de diversos organismos internacionales, mujeres de diferentes países del mundo fueron alcanzando sus derechos ciudadanos y avanzando de manera sólida, en su ejercicio cotidiano.

En el contexto histórico de nuestro país, las mujeres mexicanas hemos sido marginadas en la escena política. El escenario no cambio mucho durante el movimiento revolucionario o cuando el sistema político fue establecido. Las mujeres particularmente no estuvimos invitadas a participar al congreso constituyente de 1917.

La primera parte del siglo XX tuvo nula participación del voto de la mujer, por ende, la realización de políticas públicas estuvo notoriamente fiscalizado sólo por los hombres.

La falta de representación de las mujeres en los espacios de reconocimiento de las personas como agentes políticos e históricos, como lo son los muros de honor, es una violencia simbólica y que la paridad sustantiva también debe abarcar esos espacios de representación.

Aunque las mujeres fueron marginadas y no participaban explícitamente en las instituciones gubernamentales de ningún nivel, algunas mujeres estuvieron activas en el foro político del país.

Las iniciantes mujeres activistas, como las feministas, pertenecieron a la clase media. Las cuales se organizaron y batallaron de varias maneras: uno de los incipientes ejemplos fue el 1er Congreso Feminista de Yucatán, en 1916. Además, Las Ligas de Orientación Femenina fueron creadas para combatir a favor de la igualdad del salario y en el seno de las agrupaciones sindicales. En el año de 1935, el llamado Frente Único Pro Derechos de la Mujer fue fundado por diversas mujeres representantes de todas las clases sociales. La inquietud primordial de este sector fue el derecho de voto.

Fue hasta el año de 1947, durante el sexenio del Presidente Miguel Alemán Valdés que, por primera vez, las mujeres logramos el derecho al sufragio efectivo y también de ser votadas, es decir, presentarnos como candidatas en las elecciones y procesos municipales. Sin embargo, el primer avance hacia la equidad política para las mujeres fue llevado a cabo en 1953, durante la Presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, cuando ganamos el derecho de votar y obtuvimos el sufragio universal al ser candidatas en las elecciones nacionales, al publicar en el Diario Oficial el nuevo Artículo 34 Constitucional, para que las mexicanas gozáramos de la ciudadanía plena.

En ese momento, la Organización de las Naciones Unidas convoco a sus países miembros a reconocer los derechos políticos de las mujeres, ya que no podía considerarse democrático a un país, si más de la mitad de su población no participaba en la toma de decisiones.

Quinta.- En la década de los veinte, cuando únicamente Chiapas, Yucatán y Tabasco habían hecho valido el derecho de las mujeres para votar y ser votadas para ocupar cargos públicos de elección popular, surgieron figuras como Florinda Lazos León (1898-1973), joven chiapaneca que por su trayectoria y participación en la Revolución a los 28 años, logró ser la primera diputada local y continuar su lucha por el derecho a la educación y participación política de las mujeres. Así como, Elvia Carrillo Puerto (aguerrida feminista, conocida por su activismo, como la Monja Roja del Mayab) quien, en 1923, resultó la primera mexicana electa como diputada por el Congreso Local de Yucatán y Rosa Torres, quien, destacando por su participación en la Revolución, el mismo año fue electa presidenta municipal de Mérida.

En 1947, cuando constitucionalmente se reconocieron “parcialmente” los derechos políticos de las mujeres, dejando establecido su derecho a votar y ser votadas en las elecciones municipales, en Aguascalientes, María del Carmen Martín del Campo, quien poseía una sólida carrera en el Banco del Centro, se convirtió en la primera presidenta municipal de la capital.”12

Finalmente, en 1953, como resultado que se concedió la plenitud de derechos ciudadanos a las mujeres a nivel federal, “emergieron las figuras de Aurora Jiménez de Palacios, quien en 1954 se convirtió en la primera Diputada Federal por el Estado de Baja California; y en 1964, María Lavalle Urbina (Sonora) y Alicia Arrellano Tapia (Campeche) las primeras Senadoras; alcanzando la primera de ellas, la presidencia del Senado.

En 1979, Griselda Álvarez, quien ya se había desempeñado como diputada, logró una de las más altas distinciones, ser gobernadora de un estado: Colima.”13

Por lo anteriormente expuesto, y como ejemplo de visibilizar la participación de las mujeres en los espacios de la vida pública como agentes políticos e históricos, en el ejercicio de las actividades legislativas, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas Locales de la Federación a que investiguen en los archivos históricos los nombres de las primeras mujeres en cargos de elección popular y honren su memoria develando sus nombres en el muro de honor y divulgando sus logros, luchas y participación en la vida pública de México.

Notas:

1. http://www.mexicomaxico.org/Reforma/MuroHonor.htm#:~:text=El%20Muro%20de%20Honor%20tiene,
Juan%20Aldama%2C%20Mariano%20Abasolo%2C%20Jos%C3%A9

2. http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noti cias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-ano s-de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional

3. Ibídem.

4. “Letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados” (Porrúa-LX Legislatura, 2009).

5. Op cit.

6. http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noti cias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-ano s-de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional

7. https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/en trevistas/10#gsc.tab=0

8. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/nava.pdf

9. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/cserdan.pdf

10. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/maza.pdf

11. https://www.diputados.gob.mx/sia/Muro_de_Honor/SorJuana.pdf

12. http://www.priags.org/SabiasQue/Sabias.aspx?y=5109

13. Ibídem.

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, jueves 1 de septiembre de 2022.

Diputada Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la Conagua y al Sacmex a realizar acciones para la proyección de infraestructura hidráulica y aprovechamiento del recurso hídrico de un ojo de agua ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Diana María Teresa Lara Carreón , diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, al director general de la Comisión Nacional del Agua, y al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a realizar acciones para la proyección de infraestructura hidráulica y aprovechamiento del recurso hídrico de un ojo de agua ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras ; al tenor de los siguientes antecedentes y considerandos

Antecedentes

El agua para el consumo humano y las fuentes naturales del recurso hídrico son un tema insoslayable para la agenda de los gobiernos de todo el mundo. Es de conocimiento público que el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de toda persona “al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, así mismo establece que “El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Es posible afirmar que la humanidad podrá avanzar de manera eficiente, en la distribución y aprovechamiento del agua si logra que la acción gubernamental se coordine con la participa ciudadana, aplicando el conocimiento tradicional y el científico; para desarrollar de manera planificada, acciones de aprovechamiento de las principales fuentes de abastecimiento de agua; desde una perspectiva sustentable.

Es necesario que la gestión y protección del derecho al acceso y disposición del agua potable se convierta en un apunte permanente para la memoria humana y los gobiernos del mundo; a fin de crear conciencia colectiva acerca de lo indispensable que resulta el agua para la vida en el planeta.

A treinta años de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente pusiera énfasis sobre la relevancia del agua, nos enfrentamos a una situación crítica; pues más de dos mil millones de personas en todo el mundo, no tienen aceso al agua potable.

En México, más de 12 millones de personas carecen de acceso al agua potable. Esa es la realidad después de diez años de la reforma Constitucional. De esa manera queda claro que nos enfrentamos a un gran reto.

No debemos perder de vista que la carencia de agua impacta principalmente en las zonas rurales y en las zonas marginadas de las zonas urbanas. En la Ciudad de México, el 20 por ciento de la población recibe solamente una hora de agua potable al día. Otro 20 por ciento tiene agua potable solo parte del día.

Es importante señalar que no poseemos un sistema eficiente para reciclar el agua, y que el 40 por ciento de la que corre por las tuberías se pierde por mal uso y daños en la infraestructura.

Actualmente se dispone de seis mil millones de litros de agua en la Ciudad de México; solamente para satisfacer las necesidades cotidianas de la población que tiene acceso a ella.

Se requeriría de mil doscientos millones de litros más, solamente para lograr que todas las personas en la ciudad pudieran disponer de agua en cantidad aceptable para su supervivencia; con lo que posiblemente nos estaríamos dirigiendo hacia el cumplimiento del objetivo de lograr la seguridad hídrica.

Aún tenemos mucho por hacer. Debemos redoblar los esfuerzos para resolver la escasez de agua, la contaminación de los recursos hídricos entre los que se encuentra el río Magdalena; que corre por la alcaldía La Magdalena Contreras y que es el único río vivo de la Ciudad de México. Por el bien de la población mexicana y de la humanidad en general, es necesario resolver los conflictos por el vital líquido y a la par debemos proteger el deterioro ambiental.

Es urgente que concentremos nuestros esfuerzos a favor de la preservación y uso racional de los recursos hídricos; asegurándonos de desarrollar la infraestructura verde necesaria para robustecer el sistema de aguas subterraneas. En ese contexto resulta indispensable el diseño de la infraestructura hídrica y el aprovechamiento de las fuentes de reproducción del recurso hídrico.

Queda claro que la escasez de agua, pone en riesgo la preservación de la vida humana. Es urgente que logremos realizar acciones conjuntas para proteger tan preciado recursos natural. Ese objetivo debe estar muy por arriba de los colores partidistas, de las ideologías y de las promesas mesiánicas. La protección de la vida del ser humano y del ecosistema que le asegura la permanencia en este planeta, debe ser la prioridad.

En la colonia El Ocotal, en la calle Huayatla 3, de la alcaldía La Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, existe un ojo de agua ubicado en zona federal. En él emana el vital líquido de manera abundante. No obstante que los miembros de la comunidad se han esforzado por instalar un tanque cisterna y la instalación de una sencilla tubería; a fin de que todos puedan aprovecharla. Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficiente. Es mucha el agua que se desperdicia y corre por la barranca, por lo que resulta urgente que el Ejecutivo Federal tome cartas en el asunto y realice la obra pública necesaria para lograr la protección del recurso y su mayor aprovechamiento en beneficio de la comunidad.

Considerandos

Frente a la actual sequía que actualmente padecen diversas regiones del país; en gran parte como consecuencia del calentamiento global, es necesario que el gobierno federal realice acciones de planeación para el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Debemos tomar en cuenta que la planeación y la aplicación de medidas en el sentido que se menciona en el párrafo anterior; tiene un costo. Por lo que la planeación no escapa del diseño indispensable de la previsión presupuestal.

La presente proposición con punto de acuerdo exhorta al titular del Ejecutivo federal, al director general de la Comisión Nacional del Agua, y al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus facultades, planeen y diseñen el desarrollo de la infraestructura hidráulica, aprovechando de manera sustentable el recurso hídrico que emana del ojo de agua ubicado en la colonia el Ocotal en el núemro 3 de la calle Huayatla, en la alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudada de México; realizando para ello la previsión presupuestal necesaria.

La preservación y protección de las fuentes de recursos hídricos requiere de un presupuesto de egresos, cuyo contenido debe poseer el equilibrio indispensable para la distribución de recursos monetarios, a fin de que una parte de ellos sea eficientemente garantice la distribución equitativa de los recursos naturales que le son indispensables al ser humano para poder sobrevivir.

El cambio climático ha comprometido gravemente la disponibilidad de recursos y las áreas naturales, entre los que se encuentran las fuentes naturales de agua. Por ello se requieren acciones urgentes para la protección, preservación, prevención, control, rescate, conservación, restauración, rehabilitación, aprovechamiento sustentable y sostenible del agua y dichos recursos naturales.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica exige la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales. Es necesario que el gobierno federal se esfuerce por cumplirlo. Desde el legislativo apoyaríamos cualquier acción tendiente a garantizar su cumplimiento.

De acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, resulta imperante garantizar la disponibilidad, así como la gestión sostenible del agua para todos; de manera universal, equitativa y a un precio accesible.

En la Ciudad de México se vive permanentemente el riesgo de que el acceso al agua potable se vea gravemente comprometida. Ello incluye la amenaza permanente de sismos.

Como ejemplo, el sismo registrado el pasado septiembre de 2017 generó seis fugas en un tramo de la línea de conducción de los Ramales Tláhuac y Mixquic-Santa Catarina y fallas en siete pozos del Ramal Texcoco, las cuales afectaron el abastecimiento de agua en las zonas oriente y sur de esta zona.

Independientemente de ello, son bien conocidas las permanentes quejas de los vecinos de las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y Tlahuac; por la carencia de agua.

En la alcaldía Magdalena Contreras se ha padecido la escasez en el abasto de agua recientemente. Y esa situación se ha ido agravando de manera preocupante. Al tratarse de una ciudad ampliamente poblada. Resulta evidente que la Ciudad de México posee una gran demanda de agua potable.

Con base en lo aquí expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con,

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador; al director general de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, y al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, a que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones de planeación y previsión presupuestal necesarias para el desarrollo de infraestructura hidráulica y aprovechamiento del recurso hídrico del ojo de agua ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras, calle Huayatla 3, colonia El Ocotal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Diana María Teresa Lara Carreón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos de la zona metropolitana a considerar dentro de su reglamento interior de las comisiones edilicias la creación de una comisión en materia de zonas metropolitanas, a cargo del diputado Alán Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Alan Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.1

Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que concentran a un millón de habitantes o más, así como aquellos con 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América (EUA).2

Asimismo, también se toman en cuenta otros criterios aplicables a los municipios para incluirlos dentro de una zona metropolitana: 1) municipios con una ciudad de más de 500 mil habitantes; 2) que se encuentren ubicados en la franja fronteriza norte, sur y en la zona costera y cuenten con ciudades de 200 mil o más habitantes, y 3) aquellos donde se asienten capitales si es que no forman parte ya de una zona metropolitana.3

Ahora bien, por otro lado, se establece la existencia de tres tipos de municipios metropolitanos: los centrales, donde se ubica la ciudad que da origen a la zona metropolitana (en caso de existir dos o más conurbaciones de 100 mil habitantes o más se considera como ciudad central a la de mayor población); los exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos, es decir, municipios contiguos a los centrales cuyas localidades no están conurbadas a la ciudad central, pero poseen un carácter predominantemente urbano y mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona.4

En este sentido resulta incuestionable el papel protagónico que los entes municipales juegan porque son los principales interesados en el orden de gobierno que más cerca está de las problemáticas a resolver, así como la instancia donde los requerimientos y presiones de la ciudadanía se acentúan.

Es así que en 2010 existían en nuestro país 59 zonas metropolitanas, que albergaban a 57 por ciento del total de la población en México. Sin embargo, de acuerdo al documento Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015 , el número de éstas aumentó a 74, mientras que la población residente en ellas pasó de 63.8 millones en 2010 a 75.1 millones de personas en 2015.5

Sin duda, las zonas metropolitanas son un nuevo paradigma en la urbanización y una apuesta al futuro, pero representan grandes retos en términos de provisión de servicios públicos, movilidad, vivienda, empleo y seguridad.

Al día de hoy, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, designa al municipio como una comunidad organizada jurídicamente y dotada de autonomía funcional y política, para actuar libremente en el ámbito territorial que demarca su espacio de competencia.

Es decir, a partir de la reforma constitucional al artículo 115 de la Constitución, de fecha 23 de diciembre de 1999, el municipio fue clasificado como un orden de gobierno dentro del sistema federal mexicano.6

En este sentido, el sistema federal de nuestro país sigue una lógica horizontal, es decir ningún orden de gobierno es superior jerárquico a otro, sin embargo, tienen facultades diversas.

Aunado a lo anterior, las entidades federativas y los municipios tienen a bien cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

De manera concreta dicha ley establece en su artículo 36 que, para lograr una eficaz gobernanza metropolitana, se establecerán los mecanismos y los instrumentos de carácter obligatorio que aseguren la acción coordinada institucional de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.7

En tal virtud, resulta necesario que existan canales de comunicación detallados y eficientes entre las entidades federativas y los municipios, que permitan un impacto real y tangible respecto a la toma de decisiones cumpliéndose así el fomento a la cooperación entre entidades federativas y municipios.

Lo anterior permitirá a los municipios expresar sus necesidades y carencias a fin de que el Consejo de Desarrollo Metropolitano sea idóneo para realizar un diagnóstico más exacto y sobre todo sea capaz de acceder a los datos que le permitan evaluar los impactos mediante criterios racionales, y así buscar el beneficio a un mayor número de ciudadanos del ente municipal.

Además, se podría cumplir con la funcionalidad de fomentar la coordinación para trabajar en proyectos de beneficio común con la participación de todos los entes municipales beneficiados lo que eleva el éxito del proyecto ya que los municipios toman como propios los proyectos que ellos mismos aprobaron y decidieron realizar conjuntamente.

Lo anterior, debería ser atendido por los institutos metropolitanos, mismos que tienen su base jurídica en el artículo 3, fracción XLIII, donde se establece que el Instituto Metropolitano de Planeación es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal y municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado y operado de manera coordinada por las entidades federativas y los municipios que conforman una determinada zona metropolitana, cuyo objetivo es contribuir a la planeación y ordenamiento territorial de la zona metropolitana correspondiente.

Sin embargo, esta encomienda aún sigue siendo una tarea la cual debe atenderse, a fin de establecer la participación en la decisión a los gobiernos municipales, ya que, será el impulso de un federalismo más fuerte, donde el orden de gobierno municipal, que es el que más cercanía tiene con los ciudadanos, pueda expresarse respecto de las decisiones que le impactan.

En conclusión, para cumplir con el objeto de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el esfuerzo debe ser conjunto y cada orden de gobierno debe tomar la responsabilidad que le corresponde, misma que necesariamente debe ser coordinada.

Por ello, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y con pleno respeto a su soberanía, a los ayuntamientos que integran las 74 zonas metropolitanas para que consideren dentro de su Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias la creación de una Comisión en Materia de Zonas Metropolitanas, a fin de atender los principios, políticas y lineamientos a que se refiere la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y con ello consolidar la Gobernanza metropolitana.

Notas

1 Las Zonas metropolitanas en México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2014/do c/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf

2 Ibídem.

3 Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) -Actualmente, Secretaría de Bienestar-, Conapo (Consejo Nacional de Población) e INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), Delimitación de las zonas metropolitanas de México.

4 Unikel, Luis (1976), El desarrollo urbano de México: diagnóstico e implicaciones futuras, México, El Colegio de México.

5 “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015”, SEDATU, CONAPO, INEGI, México, 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropol itanas-de-mexico-2015

6 Tesis: P./J. 44/2011 (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 160810 4 de 13

Pleno Libro I, octubre de 2011, Tomo 1 Pago 294 Jurisprudencia (Constitucional)

Orden jurídico municipal. Principio de competencia (municipios como órganos de gobierno).

La validez de los reglamentos municipales previstos en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no deriva de las normas estatales (ni de las federales) sino directa y exclusivamente de la propia Ley Suprema. La articulación entre los ordenamientos federal, estatal y municipal se rige, en una serie de materias, por el principio de competencia. Así, cualquier conflicto entre normas pertenecientes a estos tres órdenes debe ser, en los ámbitos relevantes, solucionado exclusivamente a la luz del parámetro constitucional que opera la respectiva atribución y delimitación competencial. Si la relación entre normas estatales y municipales no pudiera en algún punto o ámbito material describirse sobre la base del principio de competencia -en contraposición al de jerarquía- la afirmación de que existe un “orden jurídico municipal” independiente y separado del orden estatal y del federal no tendría cabida, pues ningún sentido tendría afirmar que los Municipios son, en el contexto constitucional actual, “órganos de gobierno”, o afirmar que la fracción II del artículo 115 referido contempla “reglamentos” que, lejos de ser asimilables a los reglamentos tradicionales de detalle de normas, están llamados a la expansión normativa y a la innovación, sirviendo -dentro del respeto a las bases generales establecidas por las Legislaturas, de contenido constitucionalmente acotado- para regular con autonomía aspectos específicos municipales en el ámbito de sus competencias, y para adoptar las decisiones que las autoridades estiman congruentes con las peculiaridades sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas del Municipio.

Cámara de Senadores a 12 de octubre de 2015.

7 Artículo 36 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_010621.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a que en el Sistema de Información Pública de Proveedores y Contratistas se omitan datos sensibles de los contratos celebrados, a fin de dar protección a la privacidad digital, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrita diputada Flora Tania Cruz Santos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos para que en el Sistema de Información Pública de Proveedores y Contratistas se omitan datos sensibles de los contratos celebrados a fin de dar protección a la privacidad digital, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según el medio de comunicación de “El Financiero”, Cada hora, una empresa o ciudadano ha sido víctima de extorsión en México en 2021: Coparmex. El delito creció 12.3% en 2021, y su tendencia alcista lo ubica en este sexenio en niveles récord comparado con los primeros 37 meses de las últimas 4 administraciones.

En la misma tesitura el medio de comunicación denominado Reporte Índigo1 indica que:

“Las bases de datos con información personal son actualmente la herramienta principal de las empresas al momento de elaborar campañas de marketing, mapear el comportamiento de potenciales clientes o incluso contactarlos de forma directa ya sea vía telefónica o a través de mensajes electrónicos en sus redes sociales.

Sin embargo, la delincuencia organizada también desea esta información para utilizarla en actos de extorsión, fraudes, secuestros y suplantar la identidad de usuarios...”

Las anteriores referencias que se plasman en el presente ocurso son derivadas de que muchas empresas mexicanas sin dejar de lado a la Empresa Productiva del Estado como lo es PEMEX, tiene contratos celebrados con empresas que le prestan sus servicios de tal suerte que si nos remitimos a la página electrónica de Petróleos Mexicanos2 (Pemex) indica lo siguiente: La Ley de Pemex en el apartado “De las Medidas para Garantizar la Integridad en las Contrataciones”, específicamente en el Art. 85, establece que Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias contarán con un sistema de información pública sobre sus proveedores y contratistas que deberá actualizarse periódicamente y contener la información de los últimos cinco años de los contratos celebrados, así como el historial de cumplimiento de los mismos, incluyendo, en su caso, la ampliación, incremento o ajuste en dichos contratos.

El mismo artículo señala que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a propuesta de su Director General, determinará las reglas para la operación del sistema y la información que deberá incluir, considerando el tamaño de los proveedores y contratistas y su relevancia para las operaciones de las empresas contratantes.

Acatando tal mandado, en este sitio se publicará la información pública de proveedores y contratistas relevantes.

De igual forma, en el Portal de Obligaciones de Transparencia seguirá publicándose la totalidad de las contrataciones que realice Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias.

Así mismo, el sitio en cuanto al tema de Ética, Transparencia y Datos Personales3 , señala lo siguiente: “En Petróleos Mexicanos operamos y promovemos los valores de la ética institucional entre nuestro personal incluyendo clientes, socios, proveedores, contratistas y sociedad en general para beneficio de Pemex y de México, al mismo tiempo, consideramos a la transparencia como nuestro marco de referencia para dar a conocer los resultados de las actividades de manera clara, puntal y accesible.

La protección de datos personales es un principio de garantía para que los datos de las personas sean manejados con responsabilidad, protección y respeto a los derechos humanos”.

Sin embargo, al consultar el Sistema de Información Pública de proveedores y Contratistas encontramos que se publican datos sensibles como los son el domicilio del proveedor, actividad económica y el monto contratado en pesos, es de ahí que surge la presente Proposición con Punto de Acuerdo y que de manera inminente es de adecuar inmediatamente el Sistema de información Pública de Proveedores y Contratistas y evitar con ello que se sigan publicando datos tan sensibles como los señalados.

Además de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México4 señala como datos personales son “toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan:

Nuestra edad

Domicilio

Número telefónico

Correo electrónico personal

Trayectoria académica, laboral o profesional

Patrimonio

Número de seguridad social CURP, entre otros.

También indica dicho sitio electrónico que, “Desde el punto de vista de su formato, el concepto de datos personales abarca la información en cualquier modo, sea alfabética, numérica, gráfica, fotográfica o sonora, por citar algunas, y puede estar contenida en cualquier soporte como en papel, en la memoria de un equipo informático, en una cinta de video o en un DVD”

Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares5 , establece lo siguiente:

“Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de:

I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial”.

En este sentido Pemex, como empresa productiva del Estado es una persona moral de derecho público controlada por el Gobierno Federal, misma que es parte de la Administración Pública Federal sin considerarse una entidad paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos que determine su ley, cuyo objeto es desarrollar la actividad estratégica del Estado consistente en la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta, transformación y comercialización, incluyendo su transformación, venta y comercialización de sus derivados, mediante el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental.

Expuesto lo anterior, en consecuencia, jurídicamente Pemex estaría sujeto a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

También es de resaltar lo que se establece en el artículo 3º de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Los Particulares:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

...

VIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación de los mismos.

De lo anterior, se desprende que jurídicamente se debe de aplicar dicho procedimiento señalado en la fracción VIII del artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La intención de la presente proposición con punto de acuerdo es la de evitar que se filtren datos personales para ser utilizados con fines ilícitos y con ello dar certeza jurídica y seguridad a los sujetos que celebren contratos de esta índole.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que en el Sistema de Información Pública de Proveedores y Contratistas se implemente la disociación de la información de sus proveedores para que los datos personales no puedan asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo.

Notas:

1. https://www.reporteindigo.com/reporte/empresas-y-delincuentes-el-negoci o-de-tus-datos-personales-internet/

2. https://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/Paginas/info-pro veedores-contratistas.aspx

3. https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/Paginas/default.aspx

4. https://www.infocdmx.org.mx/index.php/protege-tus-datos-personales/
%C2%BFqu%C3%A9-son-los-datos-personales.html

5. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de septiembre de 2022.

Diputada Flora Tania Cruz Santos

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conadis a publicar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a publicar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Debido al cambio paradigmático que representó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la forma en que se debe abordar el tema de discapacidad, en el Congreso de la Unión se tomó la decisión de elaborar una Ley en la materia capaz de establecer las bases para la armonización de la legislación nacional.

Así, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) que contempla las directrices necesarias para que las personas con discapacidad logren ejercer sus derechos en circunstancias de igualdad, a través de 60 artículos distribuidos en cuatro Títulos y 20 capítulos.

Dentro de ellos, se comprenden aspectos como el objeto de la Ley, sus definiciones, así como el reconocimiento, cumplimiento y aplicación de los derechos de las personas con discapacidad.

También, define de forma integral sus derechos en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información, así como el establecimiento del “Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

En conclusión, la citada Ley brinda una mayor amplitud y sentido garantista, que permite la plena inclusión de las personas con discapacidad dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos, siendo necesaria la inclusión en el goce de derechos humanos y libertades.

2. De igual manera y como punto toral para el desarrollo de la coordinación de la política pública, la citada Ley establece los lineamientos para la creación del “Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, señalando:

Capítulo XI

Lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo 33. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el Consejo, participarán en la elaboración y ejecución del programa, debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidas en la presente ley.

Artículo 34. El programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales:

I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas ;

II. Elaborar el Programa con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta ley;

III. Establecer con claridad la política pública, metas y objetivos en materia de discapacidad en los tres niveles de gobierno;

IV. Cumplir con la normatividad vigente para la elaboración de programas, supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de transparencia, y

V. Incluir lineamientos e indicadores de las políticas públicas, estadística, presupuestos, impacto social y todos aquellos que se estimen necesarios para una correcta y eficiente aplicación.

En este mismo contexto, el artículo 42 de la ley general señala como responsable del programa, a la persona titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis):

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

II. Enviar el Programa a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento;

...

3. Sin duda alguna, esta ley ha representado un importante avance en el camino de la inclusión de las personas con discapacidad que permitió, entre otros logros, que fuera elaborado y coordinado el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, primero en la historia de nuestro país, el cual se publicó el 30 de abril de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.

Dicho programa fue clasificado como especial y transversal a la Administración Pública Federal y comprendía: 6 Objetivos, 37 Estrategias y 313 Líneas de Acción, de las cuales 27 son Líneas de Acción Transversales y 6 indicadores, en los que se incluyen los siguientes temas:

• Armonización legislativa,

• Salud,

• Educación,

• Trabajo,

• Accesibilidad,

• Turismo,

• Derechos Políticos,

• Impartición de Justicia,

• Deporte,

• Cultura,

• Asuntos Indígenas, y

• Asuntos Internacionales.

Participaron en su elaboración 49 instituciones de la administración pública federal, gobiernos estatales y 700 organizaciones de y para personas con discapacidad con más de 1000 propuestas.

Para su seguimiento, el 5 de febrero de 2015, se estableció una Agenda de Trabajo y de Coordinación con cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo a los siguientes puntos:

1. Diagnóstico o inventario de información estadística, programas, acciones o servicios existentes en la institución.

2. Determinación de las acciones que darán cumplimiento a las líneas de acción correspondientes, así como de su indicador y meta, e identificación de necesidades presupuestales.

3. Revisión de las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU para, en su caso, determinar acciones que contribuyan a su respuesta.

4. Convenio de Colaboración con el CONADIS.

5. Revisión de reglas de operación y normatividad.

6. Incorporación del tema de discapacidad en las estrategias de comunicación social.

7. Capacitación a servidores públicos.

8. Coordinación de acciones para la atención ciudadana.

9. Revisión de las líneas de acción transversales, para incorporarlas en las agendas de trabajo.

10. Incorporación en grupos de trabajo a organizaciones de la Sociedad Civil.

11. Calendarización de reuniones.

Como se expone, la ley general establece como una de las obligaciones de la persona Titular del CONADIS la creación, seguimiento y evaluación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; sin embargo esto no ha ocurrido en la presente administración, por lo que el organismo tiene desde el 1 de diciembre de 2018 sin persona que lo encabece, que se traduce en tres años y nueve meses sin responsable1 .

En suma a ello, al día de hoy se desconoce la existencia de, siquiera, un proyecto de Programa, el cual de conformidad con la multicitada Ley, tenía que haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el primer trimestre de 20192 . Tampoco se sabe de la existencia de convocatorias para realizar consulta previa a personas con discapacidad y organizaciones que las representan o alguna otro mecanismo de participación, como lo mandata el artículo 4.3 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad3 .

Es decir, tenemos tres años incumpliendo la LGIPD con dos rubros, sin un documento base de coordinación de política pública en materia de discapacidad en perjuicio de sus derechos y en contra de la inclusión social que debe permear en un Estado garantista.

Es importante señalar, que el pasado 10 de marzo de 2022, en la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, estaba contemplada en la orden del día la discusión de este asunto; sin embargo, en reunión previa de junta directiva, las diputadas y el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de dicho órgano, solicitaron retirar este asunto de la orden del día, argumentando, entre otros temas, que se estaban realizando acercamientos con la Secretaría de Bienestar, proponiendo que se pudieran tener reuniones de trabajo con dicha dependencia para atender esta solicitud y aunque se les explicó que la mencionada Secretaría nada tiene que ver en el cumplimiento de esta obligación, por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto.

Misma situación ocurrió el pasado 28 de abril de 2022, en la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; es decir, un mes y dieciocho días después, en la cual bajo los mismos argumentos de tener acercamientos con la Secretaría de Bienestar, cuando se insiste que dicha dependencia nada tiene que ver con el cumplimiento de esta obligación legal y durante el tiempo señalado no se tuvo ningún acercamiento, volvieron a solicitar retirar este exhorto de la orden del día y por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto, aún cuando es evidente el incumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Bajo esos argumentos, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que:

a. Publique, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que coordina la política pública en la presente administración, en cumplimiento de la fracción I del artículo 34 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

b. Envíe a las Cámaras de Congreso de la Unión el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento del artículo 42, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y

c. Acompañe este envío con la evidencia de la Consulta Previa a Personas con Discapacidad realizada, para la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conforme a lo establecido por el artículo 34, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas

1 Artículo 49. El director general será designado por el presidente de la República, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos, experiencia en materia administrativa y en materia de discapacidad, y

III. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de Gobierno señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

2 Artículo 34. El Programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales:

I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas;

II. Elaborar el Programa con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta Ley;

...

3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Artículo 4

Obligaciones generales

...

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

...

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el 2 de septiembre de 2022.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a implementar acciones de competitividad en materia de comercialización de asfalto, a cargo de los diputados Lidia Pérez Bárcenas y Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados Lidia Pérez Bárcenas y Manuel Rodríguez González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a implementar acciones de competitividad en materia de comercialización de asfalto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el Sistema de información Energética,1 en el apartado del glosario de la Secretaría de Energía define al asfalto como: la fracción pesada del petróleo crudo de color negro o café obscuro. Su consistencia puede variar de líquido a sólido. El asfalto es la fracción pesada del crudo después de someterse a destilación al alto vacío y mezclarse con otros residuos, diluentes y polímeros para ajustarse a las especificaciones dependiendo del tipo de asfalto. Actualmente el asfalto más común en el mercado nacional y de exportación es el asfalto AC-20. En Pemex se produce en las refinerías de Ciudad Madero, Salamanca, Salina Cruz, Tula y Cadereyta; se utiliza para revestimientos y pavimentación de carreteras, calles, estacionamientos, aeropuertos, también como impermeabilizante y sellador, su manejo se realiza en autotanques y carrotanques con sistema de calentamiento.2 (sic).

Sobre el precio de asfalto en México, como antecedente podemos argumentar que en la extinta Comisión Estatal de Caminos se podían consultar y cotizar los costos del AC-20 o también conocido como cemento asfáltico Pemex Ekbe Super Pave PG, sin embargo, en la actualidad en ningún sitio electrónico de Petróleos Mexicanos se pueden consultar los precios actuales del cemento asfaltico .

En dicho sitio se podían obtener los precios oficiales regulados, que utilizaban como regla para vigilar los costos de los productos para pavimentos en las obras públicas ya sea de algún estado como en los municipios.

Los precios regulados en ese entonces permitían que las obras públicas no tuvieran sobrecostos y con ello se generara un exceso al gasto del gobierno, pero desde agosto del año 2020 Pemex dejó de publicar esa lista , situación que ha dificultado para empresas privadas obtener una cotización oficial de los productos asfálticos.

Situación que deja los costos en manos de empresas que comercializan los productos petroleros como el asfalto, provocando con ello que exista una fluctuación en este mercado y en consecuencia afecta negativamente en los costos de las obras públicas y a su vez provoca que las empresas o municipios que requieren de este producto lo importen de Estados Unidos.

Un ejemplo ilustrativo de esta situación es por ejemplo la siguiente cotización en la que en el mes de junio de 2022 se estableció el precio de la tonelada de asfalto Ekbé en $15,005.00 pesos mexicanos:

Asimismo, como antecedente, en abril del año 2020 s ubió 20 por ciento el asfalto, pese a baja en crudo en ese entonces, resultado según lo publicado por el medio de comunicación El Reforma3 lo siguiente:

Un antecedente más que se suma a esta problemática, es el del alcalde de Tecate, en Baja California, Darío Benítez en el que el medio de comunicación denominado Semanario el Progreso,4 con fecha 3 de abril de 2022, publica lo siguiente:

“Tecate, B.C.- Será en las próximas semanas cuando lleguen a Tecate las 5 mil toneladas de asfalto importadas de Estados Unidos , luego de que el gobierno de Tecate obtuvo la autorización de ingreso al registro de operadores.

En entrevista, el alcalde Darío Benítez dijo que, luego de tres meses de estar ‘estira y afloja’ el trámite con el SAT fue liberado, no obstante, la convocatoria de licitación para la compra del asfalto seguirá su curso, así como la inversión de 6 millones de pesos, por parte del gobierno de Tecate para la compra del material.

En tal tesitura, lo que se pretende es que Pemex siga siendo una empresa competitiva para la oferta y la demanda de asfalto que se produce en nuestro país, y con ello evitar que las empresas nacionales, estados y/o municipios importen dicho producto, satisfaciendo con estas acciones la atención y el consumo del mercado interno.

Por lo expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a ajustar los precios del asfalto que se produce en México, con base en los precios del mercado internacional a partir del presente mes de junio de 2022, con el fin de que se deje de importar y con ello tener mayor margen de competitividad y la economía nacional se vea beneficiada.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a fin de que publique en su portal electrónico los precios oficiales del asfalto Ekbé y con ello evitar los sobrecostos del producto.

Notas

1 https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas#

2 https://sie.energia.gob.mx›docs›glosario_hc_es

3 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect
=https://www.reforma.com/sube-20-asfalto-pese-a-baja-en-crudo/ar1929888?referer=
—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d3a—

4 https://semanarioelprogreso.com/2022/04/03/iniciaran-bacheo-en-tecate-c on-asfalto-proveniente-de-estados-unidos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputados: Lidia Pérez Bárcenas, Manuel Rodríguez González (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conadis a instalar su Asamblea Consultiva, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García , Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a instalar su Asamblea Consultiva, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) es el organismo público descentralizado rector de las políticas públicas en la materia, creado por mandato de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD)1 , que de conformidad con su artículo 39 tiene por objeto la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas.

El artículo 43 de la LGIPD señala que la Administración del Conadis corresponde a la junta de gobierno y la dirección general2 . Por su parte, el artículo 44 de la citada Ley establece que la Junta de Gobierno del Conadis estará conformada de la siguiente manera:

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva .

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

I. Secretaría de Salud;

II. Secretaría de Desarrollo Social;

III. Secretaría de Educación Pública;

III Bis. Secretaría de Cultura;

IV. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VII. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

VIII. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y

IX. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

El director general del Consejo participará con voz pero sin derecho a voto.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Como se observa, la Junta de Gobierno está conformada, entre otros, por cinco representantes de la Asamblea Consultiva, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) es un órgano de asesoría y consulta, de participación ciudadana, conformación plural y carácter honorífico, que tiene por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es decir, es el mecanismo de participación directa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el organismo rector de la política pública, a través del cual se cumple con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta asamblea tiene como atribuciones:

Artículo 52. La Asamblea Consultiva tendrá las siguientes atribuciones:

I. Atender las consultas y formular las opiniones que les sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por el Director General del Consejo;

II. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Pública para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad;

III. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas con discapacidad en el seguimiento, operación y evaluación del Programa;

IV. Apoyar al Consejo en la promoción y cumplimiento del Programa;

V. Proponer al Consejo los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;

VI. Promover y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad;

VII. Promover la realización de estudios e investigaciones en la materia;

VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;

IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad;

X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al Programa;

XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;

XII. Nombrar a cinco personas, propietarios y suplentes, que formarán parte de la Junta de Gobierno, y

XIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Finalmente, en términos de lo establecido en el artículo 53 de la LGIPD, la Asamblea Consultiva se integrará de la siguiente forma:

a) Por un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas;

b) Por cinco personas entre expertos, académicos o investigadores electos por convocatoria pública, y

c) Por cinco representantes de organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad, electos por un comité que tomará en consideración las diferentes discapacidades y el género que estará integrado por el Director General del Consejo, los Presidentes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es importante señalar, que de conformidad con el artículo 54 de la multicitada Ley, quienes integren la Asamblea Consultiva, su cargo tendrá el carácter de honorífico, durarán en su cargo tres años y podrán ser ratificados por un periodo igual, en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Consejo.

En ese contexto, el 29 de junio de 2011, fue instalada la Primer Asamblea Consultiva del Conadis, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad3 , que señala que con el objeto de instalar el Consejo, la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, por única vez y por un periodo de seis meses, el representante de la sociedad civil de cada una de las entidades federativas será designado por el titular del Ejecutivo de cada entidad, mientras que los cinco expertos y cinco Organizaciones Nacionales, por la persona titular de la dirección general del Consejo.

Posteriormente, el 31 de enero de 2017, la dirección general del Conadis publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Convocatoria para la Integración de la Asamblea Consultiva del Conadis”, misma que quedó debidamente concluida con la instalación de la Asamblea Consultiva, el 8 de mayo de 2017.

Quienes integraban esta asamblea, de acuerdo con lo señalado en los artículos descritos con antelación, durarían en su encargo hasta el 8 de mayo de 2020, con la posibilidad de ser ratificados por un periodo igual de tres años más. Sin embargo, esta ratificación o la nueva conformación de la Asamblea Consultiva no se ha dado.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el 11 de febrero de 2020 el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicó el “Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultada la Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”4 .

Dicha convocatoria señalaba que la publicación de resultados sería el 8 de abril de 2020, dando un plazo de 30 días naturales para llevar a cabo la instalación de la Asamblea Consultiva; es decir, al 8 de mayo de 20205 . Sin embargo, al día de hoy no se ha dado la instalación señalada y el Conadis no cuenta con su Asamblea Consultiva, lo cual representa un incumplimiento legal y atenta en contra de los derechos de las personas con discapacidad, al no contar con el órgano de consulta especializado y conformado por las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.

De igual manera, tampoco se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación algún acuerdo que amplíe los plazos o, en su defecto, declare desierta la citada Convocatoria, no se cuenta con evidencia de algún documento oficial que permita conocer cuál es el estatus de la Asamblea Consultiva y de cómo está trabajando el organismo para dar cumplimiento a la Ley en materia de inclusión.

En conclusión, existe una incertidumbre total del estado que guarda el proceso de selección de la Asamblea Consultiva, si este ya concluyó o, en su caso, quiénes conforman el órgano de consulta y la manera en que se llevan a cabo los trabajos respectivos.

Ello, además del incumplimiento señalado y de la violación a los derechos de las personas con discapacidad, adquiere especial relevancia legal, debido a que de no estar conformada la Asamblea Consultiva del Conadis, por ende, su Junta de Gobierno no está debidamente integrada, por lo que todos los acuerdos a los que llegue o se tomen carecerán de validez y podrán ser impugnados, corriendo el riesgo de ser declarados inválidos. Entre las atribuciones de la Junta de Gobierno se encuentran6 :

• Aprobar el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la propuesta que presente el Director General del Consejo;

• Establecer las políticas generales para la conducción del Consejo con apego a esta Ley, Estatuto Orgánico, al Programa y a los demás ordenamientos que regulen su funcionamiento;

• Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales;

• Aprobar el Estatuto Orgánico, la Organización General del Consejo y los Manuales de procedimientos;

• Nombrar y remover, a propuesta del Director General del Consejo a los servidores públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél;

• Expedir y publicar el informe anual de la Junta, y

• Las demás que le confieran éste y otros ordenamientos aplicables.

En conclusión, además del incumplimiento legal y la violación de derechos de las personas con discapacidad, todos los acuerdos relativos y derivados de las atribuciones descritas, que son base para el desarrollo del organismo, se encuentra en riesgo de ser impugnados, lo que se traduce en una inestabilidad institucional que debe ser corregida con inmediatez, ya que han pasado más de dos años desde que la Asamblea Consultiva de Conadis dejó estar vigente.

Es importante señalar, que el pasado 10 de marzo de 2022, en la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, estaba contemplada en la Orden del Día la discusión de este asunto; sin embargo, en reunión previa de Junta Directiva, las diputadas y el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de dicho órgano, solicitaron retirar este asunto de la Orden del Día, argumentando, entre otros temas, que se estaban realizando acercamientos con la Secretaría de Bienestar, proponiendo que se pudieran tener reuniones de trabajo con dicha dependencia para atender esta solicitud y aunque se les explicó que la mencionada Secretaría nada tiene que ver en el cumplimiento de esta obligación, por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto.

Misma situación ocurrió el pasado 28 de abril de 2022, en la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; es decir, un mes y dieciocho días después, en la cual bajo los mismos argumentos de tener acercamientos con la Secretaría de Bienestar, cuando se insiste que dicha dependencia nada tiene que ver con el cumplimiento de esta obligación legal y durante el tiempo señalado no se tuvo ningún acercamiento, volvieron a solicitar retirar este exhorto de la Orden del Día y por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto, aún cuando es evidente el incumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Bajo esos argumentos, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que:

a. Declare desierta la Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2020;

b. Publique una nueva Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

c. Notifique a quienes integran la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad respecto a la indebida conformación de este órgano, y

d. Instale la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y nombre a los cinco integrantes de este órgano que integrarán la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas

1 Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

2 Artículo 43. La Administración del Consejo corresponde a:

I. La Junta de Gobierno, y

II. El director general.

3 Sexto. Con el objeto de instalar el Consejo, la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, las personas con discapacidad a que se refiere la fracción I del artículo 53 serán designados por los Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas por única vez y durarán en su encargo hasta seis meses.

Los representantes a que se refieren las fracciones II y III del artículo 53 de la presente Ley, serán propuestos por el Director General por única vez y durarán en su encargo hasta seis meses.

4 Visto en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585992&fecha=11/02/ 2020 consultado el 24 de febrero de 2022.

5 Visto en: https://www.gob.mx/conadis/documentos/convocatoria-asamblea-consultiva- del-conadis-2020 consultado el 24 de febrero de 2022.

6 Artículo 47 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semar y al gobierno de Chiapas a considerar la realización de acciones permanentes de dragado y limpieza en la Reserva de la Biósfera de “La Encrucijada”, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fraccio?n I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Ca?mara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Chiapas, para que en el ámbito de sus atribuciones y suficiencia presupuestaria, consideren llevar a cabo acciones periódicas de dragado y limpieza en la Reserva de la Biósfera de “La Encrucijada” en el estado de Chiapas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reserva de la biósfera de “La Encrucijada” es un sitio en el estado de Chiapas que mantiene el equilibrio entre el hombre y su medio al albergar una serie de recursos naturales las cuales permiten el desarrollo de actividades económicas favoreciendo a los municipios de Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Huixtla, Villa Comaltitlán y Mazatán.

Dicha riqueza natural se ha vinculado a la consolidación de las vocaciones territoriales de los municipios en actividades como: la agricultura, la pesca y el turismo; por lo que, a través de ellas, las y los habitantes de dicha región han encontrado el principal sustento económico para sus familias.

Sin embargo, sus medios de subsistencia se ven constantemente en riesgo como consecuencia de inundaciones y azolves, las cuales, interrumpen de manera frecuente los ingresos que los pescadores obtienen de dicha actividad.

Con el incremento en la deforestación, ha aumentado el arrastre de sedimentos en los ríos que ahí confluyen, lo que coadyuva a acelerar las inundaciones y amenaza de manera constante la sobrevivencia de la reserva de la biósfera de “La Encrucijada”, poniendo además en riesgo, la prevalencia de las comunidades que la habitan y dependen económicamente de sus recursos.

En razón de lo anterior, tanto la suscrita como las y los diputados de Morena del estado de Chiapas, en diferentes momentos, hemos participado en una serie de acciones que han favorecido el desazolve de La Encrucijada, con la finalidad de devolver a las comunidades pesqueras y a los municipios que han recibido afectaciones por las inundaciones, su tranquilidad y su estabilidad económica.

Ello, pues desde los inicios de esta LXV Legislatura, hemos sostenido diversas reuniones con la Secretaría de Marina (Semar) y las autoridades locales del estado de Chiapas, a fin de brindar una solución para corregir el azolve que ocurre en la reserva de la biósfera de “La Encrucijada”.

Sensibilizados profundamente por el potencial riesgo que el azolve representa en la vida de los recursos hídricos y las especies animales, vegetales y de las y los habitantes del municipio de Pijijiapan, nos hemos movilizado, generando así un plan de acción que sea capaz de frenar las inundaciones que se han suscitado en los diversos esteros de la reserva de la biosfera de “La Encrucijada”, mediante acercamientos al almirante secretario José Luis Arellano Ruiz, de la Semar, y el resto de su personal en esa honorable institución, quienes en todo momento han colaborado de manera activa y sensible con nosotros para la atención de este problema.

Asimismo, se han mantenido reuniones con el presidente municipal de Pijijiapan, ingeniero Carlos Alberto Albores, para la revisión de un plan de desazolve que permita promover la continuidad de actividades en las comunidades pesqueras.

Así como la valiosa y decidida participación del gobierno del estado a través del doctor Luis Manuel García Moreno , secretario de Protección Civil, que ha dedicado recursos incansablemente para evitar inundaciones.

Los resultados de dichas reuniones se tradujeron en acciones inmediatas de limpieza y dragado en las que la Marina Nacional trabajó desde el 15 de julio de 2022 hasta el 21 de junio de 2022 para contribuir con el desazolve temporal de la Bocabarra de la conquista municipio de Pijijiapan; reactivando, así, las actividades de agricultura, pesca y turismo de esta región.

Adicionalmente, nuestras gestiones colaborativas con el estado han logrado la apertura de la bocabarra de chocohuital ante la falta de mantenimiento de la conquista que se ha cerrado nuevamente, impidiendo tanto el reflujo necesario entre mar y rio para mantener la biodiversidad, así como el acceso al mar de cientos de pescadores.

No obstante lo anterior y a pesar de haber recibido un incondicional apoyo de la Semar, quien suscribe estima necesario solicitar una vez más su colaboración, con la finalidad de realizar estas actividades de dragado de manera permanente, a efecto de favorecer la disminución de las inundaciones que ocurren en La Encrucijada y permitir que sus pobladores puedan seguir realizando sus actividades económicas sin interrupción, y mantener el equilibrio salino que la reserva necesita para su sobrevivencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Chiapas, para que, en el ámbito de sus atribuciones y suficiencia presupuestaria, consideren la realización de acciones permanentes de dragado y limpieza en la reserva de la biósfera de “La Encrucijada” en el estado de Chiapas.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSC de la Ciudad de México a incrementar carriles reversibles, a cargo de la diputada Karla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Karla Ayala Villalobos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México a incrementar carriles reversibles en la entidad para combatir la congestión vial, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para los habitantes de la zona centro de nuestro país, no es una sorpresa el tráfico extremo que se congestiona a lo largo y ancho de la Ciudad de México, por lo que transportarse mediante metro, suburbano, cablebus, bicicleta, etc, ha sido la mejor opción para evitar los embotellamientos viales que diariamente se ocasionan por el altísimo flujo de ciudadanas y ciudadanos que se transportan para trabajar, estudiar, entre otras muchas otras cuestiones.

Por lo que el gobierno de la Ciudad de México ha optado en los últimos años por incorporar carriles reversibles en distintos puntos de la ciudad.

Lo primero que debemos entender es ¿que son los carriles reversibles? Pues bien, son una herramienta que tiene como objetivo agilizar y favorecer la circulación del tráfico, así como minimizar los atascos en un sentido de la circulación determinado, habilitándose un carril en sentido contrario durante las denominadas “horas pico” por la mañana y por la tarde, no sólo para desahogar el flujo vehicular, sino también para reducir los tiempos de viaje.

Se habilitan de manera sencilla, hacia la dirección que el tránsito sea demasiado le será tomado un carril de la dirección contraria, o bien, se revierte el sentido de una vialidad para cederlo a la o las vías más congestionadas, mediante la instalación de señalizaciones viales y apoyo de personal vial para ayudar a los usuarios a hacer uso de estos, y evitar accidentes en el tramo que los vehículos solo están separados por una hilera de conos u otros dispositivos viales.

Actualmente, y según los datos proporcionados en la página oficial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, solo se encuentra activo el carril reversible de Circuito Interior, que abarca en los horarios de 06:30 a 09:00 hrs de La Raza a Leibnitz y de 17:00 a 20:00 hrs de Marina Nacional a La Raza.

La medida más reciente para atender el flujo vial fue el ampliar los horarios que el carril reversible opera en Circuito Interior, sin embargo, en la Ciudad de México se han llevado a cabo más carriles reversibles que por razones de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana no han vuelto a operar.

Según investigadores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y del Centro de Ciencias de la Complejidad, Dante Pérez Méndez y Carlos Gershenson García, señalaron que es posible reducir hasta 40 por ciento el tráfico y los congestionamientos viales en la Ciudad de México con la implementación de carriles reversibles adaptativos.

A través de un estudio que realizaron bajo un modelo matemático, los investigadores pudieron revisar cómo se daría el flujo vehicular suponiendo que los carriles reversibles se adapten, cambiando su dirección al utilizar información en tiempo real de acuerdo a las situaciones viales.

Reducir el congestionamiento vehicular se trata de uno de los mayores retos que enfrentan las grandes ciudades del mundo, por lo que es necesario el estudio y creación de estrategias innovadoras que reduzcan los congestionamientos y al mismo tiempo las emisiones contaminantes.

La zona metropolitana del Valle de México al ser extremadamente extensa y productiva, no solo transita con los habitantes de la entidad, sino con los habitantes de las entidades federativas colindantes que a diario se trasladan para cumplir un sinfín de actividades dentro de la ciudad, por lo que no es para nada una sorpresa el alto número de vehículos que transitan a cada minuto y que generan vialidades altamente congestionadas.

Es imprescindible y necesario que las autoridades competentes pongan manos a la obra, no es posible seguir mostrando una ciudad tan importante como lo es la Ciudad de México con una imagen de congestión vial a todas horas, y que, por ende, genera un aspecto gris en nuestro medio ambiente.

Es trabajo del gobierno y de sus secretarías, el generar estudios y estrategias que combatan el tráfico que se genera en la Ciudad de México, ya sea con más carriles reversibles permanentes o generar adaptativos que propicien un mejor flujo vehicular para las y los mexicanos que diariamente se transportan a diversos puntos de la entidad.

Es un problema al que no le podemos seguir dando largas, no es posible permitir, y normalizar, lo tardado y tormentoso que es desplazarse por la ciudad a cualquier hora y que las autoridades no generen medidas que hagan frente a este gran problema que nos afecta.

Las y los mexicanos exigimos que cumplan su labor y combatan el tráfico que se genera en las vialidades de la ciudad.

Por lo expuesto es que se somete a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México a incrementar carriles reversibles en la entidad para combatir la congestión vial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Karla Ayala Villalobos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Mesa Interinstitucional para la Atención de la Selva Lacandona a considerar incluir en sus mesas de trabajo el programa Guardianes de la Selva, que propone el desarrollo de proyectos que den a sus habitantes viabilidad económica que los incentive a proteger su herencia medioambiental, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la mesa interinstitucional para la atención de la “Selva Lacandona” a la inclusión del Programa Proyecto de Pago por Servicios Ambientales para Guardianes de la Selva a sus mesas de trabajo, a la luz de las siguientes

Consideraciones

La protección efectiva de nuestras 182 áreas naturales es urgente para prevenir el cambio climático. Quizás la acción más urgente y significativa es detener la destrucción de la Selva Lacandona (SL), único pulmón de selva alta perennifolia que apenas sobrevive en México. Originalmente comprendiendo alrededor de 1.5 millones de hectáreas (has), la SL incluye una reserva de la biosfera Montes Azules (RBMA), perteneciente a la Red Mundial de Reservas de la UNESCO), 4 áreas naturales “protegidas” (Bonampak, Yaxchila?n, Chan Kin, y Lacantum) y la reserva comunal La Cojolita.

De esa superficie, producto de la desforestación acelerada por explotación forestal y actividades de agricultura y ganadería, quedan si acaso 400 mil hectáreas en su estado original de las cuales la RBMA ocupa la mayoría (331 mil has), donde se concentra más del 20 por ciento de nuestra biodiversidad. Toda esta área “protegida” está ya penetrada por asentamientos humanos irregulares y cercada por una amenaza de su extinción definitiva, por 2 grupos étnicos predominantes en número que claman por su repartición: los Choles y Tzeltales, cuyas formas económicas se manifiestan a través de actividades agrícolas y ganaderas expansivas, en contraposición con los Lacandones, cuya jurisdicción interna ocupa la mayoría de la RBMA, ocupados económicamente en actividades conservacionistas principalmente de turismo ecológico.

Los lacandones quienes se llaman así mismos hach winik , es decir, “verdaderos hombres”,1 han desempeñado una labor incansable de conservación de la biodiversidad de la Selva Lacandona, un sitio megadiverso que les ha provisto de los productos vegetales, animales, minerales e hídricos indispensables para su prevalencia.

Lo anterior enuncia una relación especial que desprende un espíritu de mutuo cuidado, pues la selva ha dotado a las comunidades lacandones la complementación de sus actividades económicas y alimentarias; sin embargo, no menos es cierto que de manera persistente este entorno se ve constantemente amenazado, en particular por la actividad humana.

A pesar de dicho riesgo constante, las y los lacandones, también conocidos como Guardianes de la Selva, históricamente han fungido como vigilantes en la conservación y reconstrucción de su herencia. Tan es así que en los estatutos comunales establecen que sea siempre un lacandón quien dirija el comisariado de bienes comunales, a pesar de que en representatividad tan solo conforman el 6 por ciento de toda la población que ahora habita la selva.

Para supervisar, coordinar, y resolver el conflicto, en abril del año 2021, el gobierno de México formó una comisión interinstitucional conformada por las Secretarías de Gobernación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), que brindan atención a la problemática intra comunal que presenta la Comunidad Zona Lacandona atendiendo, entre otros, al principio de conservación.

El compromiso con este principio, se hizo tangible con lo publicado el pasado 4 de marzo, por el coordinador general de Política y gobierno de la Presidencia de la República, CP Rabindranath Salazar Solorio, quien por medio de redes sociales realizó una moción pública en la que exhortaba a todas y todos los ciudadanos a sumarse a abonar en una propuesta integral que permitiese la generación de un diagnóstico basado en las demandas de los habitantes de la Selva Lacandona a fin de cumplir los objetivos señalados.

Imagen 1 . Llamado para sumarse a la mesa interinstitucional para la atención de la Selva Lacandona.2

En coadyuvancia a estos esfuerzos, la que suscribe se ha reunido en muchas ocasiones con las comunidades que ocupan la selva, para entender sus demandas y requerimientos. Como resultado, la propuesta “Guardianes de la Selva” es una que suma esfuerzos, basada en la hipótesis de que solo impulsando el desarrollo económico de todos los habitantes de la selva que los incentive a proteger su biodiversidad, se amainarán los conflictos sociales. Por lo anterior, se está proponiendo que, bajo la coordinación de la Secretaría de Turismo y la cooperación de la banca de desarrollo, a las comunidades que habitan la selva que lo soliciten se les instalen centros eco-turísticos administrados por cada comunidad, donde ésta aporte sus areas naturales conservadas, alrededor de los polígonos de cada área natural, tal y como se ha realizado en los centros ecoturísticos “las Guacamayas” y “Las Nubes” con acciones similares exitosas. Adicionalmente, bajo la coordinación de la Secretaría del Bienestar, con la colaboración de la banca de desarrollo, se proponga a los comuneros reestructurar sus parcelas hacia la ganadería intensiva que no extensiva, dotándolos de programas similares a “sembrando vida” para reforestar las areas que dejará la ganadería extensiva.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la mesa interinstitucional para la atención de la “Selva Lacandona” conformada por las Secretarías de Gobernación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a las autoridades del estado de Chiapas para que en el ámbito de sus atribuciones consideren incluir en sus mesas de trabajo, el programa proyecto “Guardianes de la Selva” que propone el desarrollo de proyectos que den a sus habitantes viabilidad económica que los incentive a proteger su herencia medio-ambiental.

Notas

1 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. “Lacandones-Etnografía”. Consultado en: http://atlas.inpi.gob.mx/lacandones-etnografia/

2 @RabinSalazar. “Twitter”. Consultado en:

https://twitter.com/RabinSalazar/status/1367586415765168 129

Dado en el Pleno de la Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nayarit a implementar una política digital estatal, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al gobierno de Nayarit a implementar una política digital estatal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El aprovechamiento del potencial que brindan las tecnologías de la información y comunicación y de los servicios de banda ancha e internet representa un elemento catalizador para el desarrollo del país mediante su incorporación a la vida cotidiana de las personas y a las entidades de gobierno.

Un país digitalizado y un gobierno que goce de independencia, soberanía y autonomía tecnológica, centrado en las necesidades ciudadanas y empleando estas herramientas como instrumentos generadores de igualdad y crecimiento se ha convertido en una necesidad más que en un anhelo.

Con lo anterior en mente desde todos los ámbitos de gobierno surge la obligación de promover e impulsar que las y los mexicanos tengan garantizados sus derechos humanos digitales y así gocen y se beneficien del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, cuenten con los servicios de banda ancha e internet y contribuyan en el potencial transformador que dichas tecnologías representan en cuanto al desarrollo social, cultural y económico, también contando con los correctos estándares de ciberseguridad y protección sobre su privacidad.

Esta obligación pasa también por la necesidad de que desde el gobierno se cuenten con los instrumentos, procesos y plataformas que garanticen la existencia de respuestas a las necesidades y servicios que requiere la ciudadanía desde el ecosistema digital.

La inminencia de la digitalización de las actividades humanas representa un reto particular para los gobiernos por la urgencia de adaptarse a las nuevas realidades y exigencias de una ciudadanía cada vez más globalizada y tecnologizada que espera respuestas inmediatas a los problemas comunes.

El empleo de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) no solo agiliza las comunicaciones entre particulares y entidades de gobierno, también contribuye a un mejor manejo de los recursos públicos logrando la diversificación de los medios de comunicación entre los ciudadanos y los servidores públicos, combate espacios de corrupción y fomenta la transparencia en la función pública, así como el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos.

Gracias a las TIC diferentes sectores tales como salud, educación, comercio y muchos otros, se han visto beneficiados de maneras extraordinarias. Al no contar con una política digital actualizada y eficiente hoy en día, se paraliza el desarrollo y se pierden posibles beneficios, creando una desigualdad de oportunidades entre la población y vulnerando sus derechos fundamentales.

Por estas cuestiones es importante que el Estado mexicano mantenga en permanente actualización y revisión la política digital que permita a la ciudadanía acceder a las acciones y programas de gobierno, contar con aspectos relativos a ciberseguridad que prevengan vulneraciones a los sistemas de información gubernamental y al mismo tiempo, impulse la generación de espacios que habiliten el empleo de nuevas tecnologías en la configuración económica y social del país.

Para lograr estos objetivos se requiere que el Gobierno Federal en conjunto con los gobiernos estatales realicen una serie de acciones clave para habilitar el acceso y adopción de esquemas digitales en todo el quehacer gubernamental y que estos se encuentren unificados y estandarizados.

En este aspecto, el Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP) presentó en julio de este año la segunda evaluación de Política Digital Estatal. En ella identificó que “existen puntos que el grueso de las entidades cumple, como la incorporación de acciones de Gobierno Electrónico y Abierto. De acuerdo con los resultados obtenidos, 25 entidades federativas cuentan con acciones en materia de digitalización de trámites y servicios públicos, y 30 estados introducen protocolos de gobierno y datos abiertos a su plan de gobierno. Lo anterior implica que solo Guerrero y Nayarit no lograron obtener estos puntos debido a que no tenían plataformas digitales funcionales para ambas necesidades o sus plataformas no contaban con las características indispensables”. 1

En este mismo análisis se señala la precaria situación en materia de política digital que atraviesa el estado de Nayarit, siendo el único estado que no cumple con los diez puntos del decálogo de política digital del CEIAP e, incluso carece de los puntos ya avanzados en prácticamente todo el país.

El decálogo de política digital está compuesto por los siguientes puntos:

• Diagnóstico exhaustivo del ecosistema digital

• Marco jurídico local en materia de TIC y entorno digital

• Autoridad encargada de políticas digitales

• Agenda Digital Estatal

• Política de Infraestructura de Telecomunicaciones

• Programa de Digitalización de Trámites y servicios públicos

• Trámites y permisos para el despliegue de infraestructura homologados

• Clúster TIC, Laboratorio digital o hub digital

• Protocolos de gobierno y datos abiertos

• Programa de conectividad en espacios públicos para comunidades marginadas

El estudio menciona que existe preocupación en la materia para el estado de Nayarit pues “el Plan de Desarrollo de la administración entrante no contempla acciones en gobierno digital, ni estrategias relacionadas con infraestructura de telecomunicaciones en el estado. En general, no hay evidencia que demuestre que el nuevo gobierno advierte esta materia como un tema de interés ni que se tengan planeadas acciones de política digital”.

Se debe destacar que el artículo 6 de la Constitución establece que:

“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”

Por lo que se desprende la obligación constitucional de todas las autoridades y dependencia del Estado mexicano de garantizar el ejercicio de este derecho a la ciudadanía. Cuestión que resulta necesaria atender en el estado de Nayarit, ya que actualmente sus ciudadanos se encuentran en un estado de vulnerabilidad al no contar con el mismo desarrollo digital y por ende oportunidades limitadas de desarrollo.

De conformidad con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 en cuanto a servicios de conectividad en la vivienda, particularmente el caso de acceso a las tecnologías en Nayarit, el porcentaje de viviendas en el estado con acceso a internet es del 47 por ciento, 34.9 por ciento de las viviendas disponen de computador y 88.5 por ciento de las viviendas dispone de un celular.2

La pandemia por Covid-19 puso en evidencia la relevancia de las TIC y de la conectividad pues fueron esenciales para mantener el funcionamiento del gobierno y del sector privado durante los momentos críticos del confinamiento y distancia social. Pero este contexto también ilustró la enorme disparidad que existe entre distintas regiones a nivel internacional y nacional en cuanto al acceso a estas tecnologías, lo que ha ampliado las brechas de desigualdad para muchos sectores de la población.

La desigualdad en el acceso a la tecnología trae consigo problemas que, independientemente del fin de la pandemia, seguirán existiendo y acrecentándose, por lo que es imprescindible tomar las acciones necesarias para terminar con ella y así proteger a la población de las posibles repercusiones de una política digital inadecuada.

Una política digital adecuada no solo garantiza desarrollo y oportunidades de crecimiento para la población, sino también la garantía del acceso y ejercicio a los derechos humanos digitales, pues las tecnologías digitales traen consigo un manejo diferente para ejercer los derechos humanos y es a través de políticas digitales por parte del Estado que se garantiza su protección y asequibilidad.

Con esto en mente, la política digital impulsada desde el gobierno de Nayarit debe traducirse en esquemas de regulación pública de los espacios digitales que fomenten el respeto a los derechos humanos y habiliten su ejercicio para toda la población.

Nayarit no debe permanecer al margen de la transformación, sus ciudadanos merecen disfrutar del gran impacto que han generado las TIC en los diversos sectores y poder aprovechar los beneficios y oportunidades que brinda la revolución digital para la población en general.

Por lo expuesto, se presenta el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit a implementar una política digital estatal.

Nota

1 Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos. Evaluación de Política Digital Estatal 2022.

Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2022.

Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMPI a iniciar los estudios y trámites necesarios para emitir la declaración de protección de la denominación de origen o indicación geográfica correspondiente al queso de Ocosingo, Chiapas, también conocido como Queso de Bola, a cargo del diputado Ismael Brito Mazariegos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ismael Brito Mazariegos, en mi calidad de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera . La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,1 que abrogó la anterior Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2020, en su artículo 264 define el concepto de la Denominación de Origen conforme a lo siguiente:

“Artículo 264.- Se entiende por denominación de origen, el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.”

De la definición anterior podemos establecer, entre otros, dos puntos:

A) La denominación de origen existe sin necesidad de que se declare la existencia de ésta; es decir, que regularmente por la costumbre o tradición, algunos productos con características especiales o singulares son designados con el nombre del lugar donde se producen, es decir, son designados con el nombre del lugar donde tienen su origen o que indican su procedencia; y

B) Para que sea considerada la procedencia una denominación de origen y protegida como tal por medio de la declaratoria respectiva, se deben cumplir con tres condiciones principales, que son las siguientes:

1. La denominación de origen deberá estar constituida por el nombre de un lugar o región geográfica del país;

2. Que con dicho nombre se designe un producto originario de esa región geográfica;

3. Que el producto tiene características y cualidades especiales respecto de productos de su misma clase o especie, y que éstas se deban exclusivamente al medio geográfico, incluido en este último los factores naturales y los humanos.

Ahora bien, respecto de la última parte del concepto de denominación de origen que se refiere a los factores naturales y humanos, a efecto de ejemplificar cuales pudieran ser estos factores, mencionaremos, por lo menos, los siguientes:

Factores naturales

1. Las características y composición del suelo.

2. Temperatura.

3. Humedad.

4. Altitud sobre el nivel del mar.

5. Clima.

Factores humanos

1. Tradición y costumbre.

2. Especialización en un determinado arte u oficio.

3. Utilización de procesos especiales.

Segunda . Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,2 hasta el 4 de febrero de 2020, México tenía 18 denominaciones de origen, las cuales son:

Cabe mencionar que México reconoce 925 denominaciones de origen y 386 indicaciones geográficas de todo el mundo, como parte de la cooperación internacional.

Tercera. La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se puede iniciar de oficio, por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial , o a petición de parte legitimada, como: 1) las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la producción o elaboración del producto que se pretenda amparar, 2) las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto, 3) las dependencias o entidades del gobierno federal; 4) Los gobiernos de las entidades de la federación en cuyo territorio o zona geográfica se produzca o elabore el producto que se pretenda amparar, o 5) las Cámaras del Congreso de la Unión.

En este sentido, el artículo 273 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, referida a los sujetos que están legitimados para solicitar el inicio del Trámite de la Declaración de Protección de una denominación de origen o indicación geográfica, a la letra dice:

“Capítulo II
Del Trámite de la Declaración de Protección

Artículo 273 .- La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se hará de oficio o a petición de:

I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar;

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar;

III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal;

IV.- Los gobiernos de las entidades de la federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar, o

V.- Las Cámaras del Congreso de la Unión, siempre y cuando la propuesta haya sido aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.”

Por su parte, el artículo 274 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial señala los requisitos que debe tener toda solicitud de declaración de protección a una denominación de origen, que haya sido presentada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y establece:

“Artículo 274.- La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen deberá presentarse ante el Instituto con los siguientes datos y documentos:

I.- El nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante;

II.- El carácter del solicitante , su naturaleza jurídica y las actividades a las que se dedica, en términos del artículo 273;

III.- El nombre de la denominación de origen;

IV.- Un estudio técnico emitido por una autoridad o institución, pública o privada, que contenga lo siguiente:

a) La descripción detallada del producto o los productos a proteger, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización;

b) El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger y la delimitación de la zona geográfica;

c) El señalamiento detallado de los vínculos entre el nombre de la denominación de origen, producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos;

d) Los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización; y

e) Las normas oficiales mexicanas a las que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje;

V.- El comprobante del pago de la tarifa correspondiente; y

VI.- Los demás que el solicitante considere necesarios o pertinentes.”

De esta manera se da inicio al procedimiento para declarar o para resolver sobre la protección o no, de una denominación de origen. Cabe señalar que, en caso de que dictamine de manera favorable la denominación de origen, es el Estado mexicano quien se constituye en el titular de dicha denominación de origen protegida, y corresponde a la autoridad administrativa, en este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autorizar el uso de las denominaciones de origen protegidas.

Cuarta . La protección de las denominaciones de origen constituye un reconocimiento a la existencia de ciertos productos que gozan de características propias, que los dotan de una calidad superior, las cuales son esencialmente atribuibles al lugar de donde proceden, considerando tanto las particulares condiciones naturales presentes en ese lugar, como la utilización de ciertas técnicas tradicionales de producción o extracción. 3

Es precisamente esta diferenciación construida socialmente la que exige una vinculación entre el producto y una región geográfica. Son muchos los beneficios que pueden ser identificados en la protección de las denominaciones de origen, los cuales van desde el interés de los consumidores, quienes gracias a ellas podrán identificar en el mercado productos de una calidad superior, mejorando la información que disponen y reduciendo los costos de búsqueda; hasta la promoción del interés de los productores, quienes podrán identificar sus bienes mediante un signo que expresa una calidad conocida, mejorando de esta forma su acceso al mercado y obteniendo una mayor retribución en su comercialización. Todo ello sin contar los beneficios que, en términos generales, su reconocimiento irrogará a la región de procedencia, al permitir aprovechar los recursos locales y convertir al territorio mismo en un atributo, favoreciendo de esta forma tanto el desarrollo económico regional como la conservación de aquellos elementos culturales ancestrales que conforman la identidad de la localidad.4

El identificar un producto mediante una denominación de origen incide en la promoción la conservación de las redes agroalimentarias, lo que a su vez permite un desarrollo sostenible basado en tres pilares: el social, el ambiental y el económico, incorporándose la dimensión cultural dentro de la social, lo que permite la apropiación de los conocimientos tradicionales y de su proceso por parte de los actores locales.5

Por estas razones, no es de extrañar que el reconocimiento y la protección de las denominaciones de origen presenten una creciente importancia, al igual como ocurre con otros derechos de propiedad industrial, en su rol de fuentes generadoras de riqueza en las economías modernas.

En este preciso sentido, como una prueba de la importancia que tiene la protección de las indicaciones de procedencia, debemos tener presente lo señalado por Le Goffic, en cuanto a que:

“En razón del valor agregado que confieren a los productos que designan, las indicaciones de procedencia geográfica tienen una importancia económica considerable. En un documento que data de 2003, la Dirección General de Comercio de la Comunidad Europea destacaba así que los quesos franceses beneficiados de indicaciones geográficas se venden a un precio medio mayor de dos euros. Ella estimaba que estas indicaciones hacen vivir 138 mil explotaciones agrícolas en Francia y 300 mil personas en Italia, y estimaba su valor en cada uno de estos Estados en 19 y 12 millardos de euros, respectivamente. Las indicaciones geográficas son un vector de desarrollo económico de los países. En el plano mundial, ellas favorecen las exportaciones a lugares de consumo ajenos a la producción: a modo de ejemplo, las bebidas espirituosas beneficiadas de indicaciones geográficas llegan a una tasa de 3,5 millardos de euros dentro de los 5,4 millardos de euros que reporta a la Unión Europea la exportación de esta categoría de productos. En los mercados de consumo, la demanda de productos típicos de calidad se acrecienta. No es, por tanto, sorprendente que las indicaciones geográficas sean objeto de estudios en los diversos ámbitos –geografía, economía, comercio internacional, derecho– en la confluencia de los cuales ellas se encuentran.”6

En efecto, desde una perspectiva económica, la existencia de una denominación de origen permite reforzar la posición que los productores locales tienen en un mercado cada vez más competitivo: gracias a la globalización y a los procesos de integración de los países a través del comercio internacional, la denominación de origen representa un importante valor agregado al producto con ella identificado, permitiendo de forma general que el país saque el máximo de provecho a las ventajas que le confiere la naturaleza y el conocimiento humano tradicional, ganando de esta forma productividad, competitividad y facilitando la innovación.

Más aún, la denominación de origen también generan importantes beneficios sociales, los cuales se expresarán en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de dicha localidad, quienes obtiene una mayor ganancia en los productos elaborados, al tiempo que preservarán los conocimientos tradicionales y el estilo de vida que forma parte de la cultura de la región; e, incluso, puede potenciar otros aspectos relacionados con la conservación de este conocimiento tradicional y su reconocimiento social a través de la propia denominación de origen, como sería el permitir que la localidad identificada se convierta en un punto turístico, convirtiéndose en un lugar de atracción, por la forma como se producen los bienes distinguidos por la denominación.

Quinta . A pesar de que la comida mexicana ha obtenido reconocimientos mundiales, uno de los más importantes es el que la distingue como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad dado por la UNESCO. Prácticamente no existen productos mexicanos que tengan denominación de origen. Como ejemplo, basta saber que Francia tiene más de 750 denominaciones de origen formalmente registradas.

Bebidas, que podrían tener hay denominación de origen, tanto nacional como internacional, en México tenemos, entre otras: a) el pulque de los Llanos de Apan; b) el aguamiel; c) tepache; d) téjate; e) pozol; f) atole; g) colonche; h) tascalate; i) téjate; j) Xtabentún; k) Yolixpa; o l) el Pox de Comitán.

México es la tierra del maíz, que, de acuerdo con Biodiversidad Mexicana, de las 220 razas que se han identificado en América Latina, 64 se encuentran aquí. Entonces, hay variedades como el maíz de Jala, en Nayarit, el más grande del mundo, o los 34 tipos endémicos que existen en Oaxaca también podrían participar en este registro.7

Hablando de ingredientes consideremos a la milpa como el origen de productos como diversos chiles, frijoles y hortalizas. También el nanche, nopal (que por cierto China buscó patentar), huitlacoche y aguacate Hass, Criollo y Fuerte, la mayoría de ellos producidos en Michoacán.

Un producto que protegen varios países es el queso y en México también se produce. Existen variedades de regiones específicas como el Cotija que se produce en el estado de Michoacán, el quesillo de Oaxaca, el Chihuahua hecho por menonitas de dicha región, el de Ocosingo en Chiapas, el molido de Zacazonapan, en el estado de México, y el Porta, de Tabasco.

Si bien el hecho de la denominación de origen supondría que no se pueden reproducir –al menos con el mismo nombre– en otras regiones no registradas también significa la protección de estos y la garantía de su trascendencia a través del tiempo.

Sexta . En particular, el queso de Ocosingo o queso de bola es un manjar. Se trata de un alimento de sabor inconfundible. Es un queso en forma de bola que puede pesar 1 kilogramo. La bola está formada por una costra de queso de leche descremada, que alberga en el interior un queso con una maduración de por lo menos 20 días. Es típico de Ocosingo, Chiapas, donde su proceso de producción nació a partir de la necesidad de su conservación debido a las condiciones geográficas que imperan en la región. Su interior se come desmoronado o untado y la costra, si se asa o fríe, también se puede consumir.8

El de Ocosingo es un queso de bola chiapaneco que se caracteriza por tener una costra dura y gruesa; mientras que en su interior contiene un rico queso doble crema madurado por más de veinte días. Su sabor es ligeramente agrio y salado, y también tiene notas dulces.9

A medida que pasa el tiempo, la costra del queso de Ocosingo endurece más, dando como resultado un queso mejor conservado. Por ello no es casualidad que el origen de este lácteo sea precisamente la necesidad de buscarle métodos de mantenimiento efectivos ante las condiciones climáticas de la región de donde viene.

Ocosingo, que es nombre del municipio y del pueblo donde fue creado y se trata de una demarcación de clima cálido y húmedo, dentro del que se circunscribe la Selva Lacandona. Uno de los lugares más famosos dentro de Ocosingo, en el que puedes encontrar dicho queso, es en la fábrica de quesos Santa Rosa.

El interior se puede desmoronar y agregar a diversas preparaciones. Una deliciosa forma de degustarlo es espolvorear este queso sobre los frijoles refritos o de la olla. Verás que encontrarás un contraste bastante interesante. Incluso puedes preparar un flan con el interior de este queso.

La costra se puede asar, parrillar u hornear, como es el caso del queso relleno, ya que gracias a su firme consistencia resiste temperaturas altas. Una de las recetas más tradicionales es el queso relleno de picadillo de carne cerdo con chiles dulces, pasas con alcaparras, canela y jerez. Todo esto acompañado de una salsa de jitomate.

Para maridar este queso, un vino blanco con notas minerales siempre es una gran opción. Por otro lado, una cerveza clara también puede conjugar perfecto con él. Puedes acompañarlo con un poco de duraznos para probar un contraste interesante. En la actualidad se le ubica como un queso de alta calidad, con características únicas por las condiciones geográficas en las que se fabrica, aunque prácticamente es desconocido para el resto del país.

Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que inicie los estudios y trámites necesarios a efecto emitir la declaración de protección de la denominación de origen o indicación geográfica correspondiente al queso de Ocosingo, Chiapas, también conocido como “queso de bola”.

Notas

1 DOF: 01/07/2020. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596010&fecha=01/07/2020#gsc.tab=0

2 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 6 de febrero de 2020. Tradición e Identidad protegidas: las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. https://www.gob.mx/impi/articulos/tradicion-e-identidad-protegidas-las- denominaciones-de-origen-e-indicaciones-geograficas

3 Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad, volumen 3, número 8, 2016. Universidad de Santiago de Chile. La importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para la identidad país.

https://www.redalyc.org/pdf/4695/469546449013.pdf

4 Íbid.

5 (Barjolle y Valdecandelaere, 2012: 5-6).

6 (Le Goffic, 2010: 2-3).

7 ¿Para qué proteger productos mexicanos como el aguacate, pulque y maíz? Hablemos de las denominaciones de origen. https://www.animalgourmet.com/2021/01/08/denominacion-de-origen-en-mexi co-alimentos-que-es/

8 Diccionario gastronómico Queso bola de Ocosingo. https://laroussecocina.mx/palabra/queso-bola-de-ocosingo/

9 Gourmet de México. Queso de Ocosingo: una joya chiapaneca que no te puedes perder. https://gourmetdemexico.com.mx/gourmet/cultura/queso-de-ocosingo-una-jo ya-chiapaneca-que-no-te-puedes-perder/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputado Ismael Brito Mazariegos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a considerar la reactivación de los Fondos para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, a fin de atender la grave crisis de inseguridad que se vive en el país, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, párrafo 1, fracción I, y 79, párrafo 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hoy, México vive la mayor crisis de inseguridad de su historia, que si bien es cierto no inicio en esta administración, fue en este gobierno donde claramente se ha acelerado y deteriorado la situación. Ante el inminente fracaso de la estrategia de seguridad, en lo que va de este sexenio el país sufre con más de 130 mil homicidios y cerca de 13 mil feminicidios.1

Lamentablemente, la violencia se está volviendo un elemento cotidiano en las familias mexicanas. Fuentes estadísticas recuperadas por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales confirman que el fenómeno de la violencia se ha extendido en distintos ámbitos: en la psique y en los comportamientos cotidianos de los ciudadanos, en las interrelaciones humanas y familiares, así como en las estructuras sociales y culturales en que se ha impuesto la costumbre de la exclusión, discriminación, explotación y desigualdad.

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, revela que México cuenta con las 18 ciudades más violentas y peligrosas del mundo, seguido de Brasil con 11, de acuerdo a datos obtenidos del Consejo de Seguridad Pública y Justicia Penal AC.

Zamora en Michoacán encabeza la lista de todo el mundo de las ciudades más violentas, con una tasa de 196.63 por cada cien mil habitantes, según la medición del ranking; le sigue Ciudad Obregón, Sonora, con 155.47; Zacatecas con 107.47; Tijuana, Baja California con 103.19; Celaya, Guanajuato con 100.92; Ciudad Juárez, Chihuahua con 95.79; Ensenada, Baja California con 76.95 y Uruapan, Michoacán con 73.40.2

Desde el mes de agosto en los estados de Guanajuato, Jalisco, Baja California, Michoacán, Chihuahua y Colima se hilaron actos de violencia que han amedrentado a la población de los estados.

Por su parte, el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte la grave crisis de derechos humanos que se vive en ese país. El estudio analiza particularmente las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, y la situación de periodistas, defensores de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.3

Expertos en seguridad y violencia de género advierten que la impunidad, la falta de políticas públicas, las fallas en protocolos y la falta de presupuestos se han convertido en el caldo de cultivo para el incremento de la violencia en esta administración.4

A pesar de lo anterior, la administración federal ha eliminado el financiamiento de la estrategia de fortalecimiento de la policía civil, particularmente en las instancias municipales, lo que apunta en los hechos a perpetuar la militarización del país.

En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022, se profundizó el problema: se dirige un mayor gasto hacia la Guardia Nacional, mientras se estancan las transferencias federales de seguridad pública y se elimina, por segundo año consecutivo, los fondos especiales para los municipios más inseguros del país.

El presupuesto para la Guardia Nacional es de 62.8 mil millones de pesos (mmdp), un incremento de 70 por ciento frente a lo aprobado para 2021. Al mismo tiempo, las transferencias federales destinadas a la seguridad pública local se quedaron sin cambio con respecto a 2021: 8 mmdp, monto 63 por ciento inferior frente al máximo de la última década, alcanzado en 2016.5

La asignación 2022 del gasto del gobierno continúa la tendencia de financiar con recurso las políticas para la militarización de la seguridad pública. Este esquema institucional no ha demostrado cualitativamente ser superior al esquema previo de fuerzas de seguridad bajo el mando civil.6

El secretario general de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), Sergio Arredondo, afirmó que “al retirarse los fondos de seguridad complementarios al FASP, las ciudades, los cuerpos de seguridad y las estrategias de seguridad preventiva han quedado totalmente desprotegidas”.7

Así mismo, Adán Larracilla, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), comentó: “ante los recortes presupuestales, los municipios han tenido que recortar otros capítulos de gasto para destinar recursos a labores de seguridad, afectando a los municipios más pequeños con menos margen de maniobra. Además, los recortes dificultan la coordinación con las instancias estatales y federales de seguridad, al debilitar el capital humano y limitar los recursos de trámites y procesos”. Anticipó que la Conamm, que agrupa a la ANAC y otras organizaciones, pedirá a la Cámara de Diputados, para el siguiente año, la reactivación del Fortaseg, pero con un rediseño de fórmulas que considere los índices delictivos más que el número de población.8

Como grupo parlamentario reconocemos la urgencia de atender los elementos externos, así como los factores internos que impulsan el fenómeno de la violencia. En este sentido, el financiamiento de políticas públicas específicas es necesario para lograr resultados positivos, por lo que reiteramos la importancia de aprobar suficientes recursos para el fondeo de instituciones de seguridad a nivel local y municipal, específicamente el Fortaseg.

Los recientes ataques a la población civil registrados son un llamado de alerta para la implementación de fondos federales para programas de prevención de delitos de alto impacto que lastiman sin consideración alguna a hombres mujeres y niños en estado de indefensión.

El Estado mexicano no puede permitir la operación impune de grupos armados en el territorio nación, razón por la cual, consideramos que esta proposición sea de urgente u obvia resolución, toda vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está próxima a presentar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Presupuestal 2023 y, es indispensable que se prevea la entrega de recursos aplicando los criterios aprobados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y para dar atención a los principios mínimos de gobernanza en las entidades del país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones considere la reactivación de los fondos para el programa de fortalecimiento para la seguridad (Fortaseg) a fin de atender la grave crisis de inseguridad que se vive en el país.

Notas

1 Incidencia delictiva https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-299 891?state=published

2 Personas más afectadas por la inseguridad http://www.ibd.senado.gob.mx/?q=search/node/inseguridad

3 Violencia, inseguridad y desapariciones en México http://www.oas.org/es/cidh/

4 En gobierno de AMLO, más de 13,000 mujeres han sido asesinadas https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/27/
en-gobierno-de-lopez-obrador-mas-de-13-000-mujeres-hansidoasesinadas#:~:text=Expertas%20en%20seguridad%
20y%20violencia,El%20mensaje%20es%20de%20impunidad.

5 Presupuesto De Egresos De La Federación Para El Ejercicio Fiscal 2022

ttps://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2022.pdf

6 Seguridad Pública en el PEF 2022: más gasolina para la militarización https://www.mexicoevalua.org/seguridad-publica-en-el-pef-2022-mas-gasol ina-para-la-militarizacion/

7 Encuentro de fenamm con el subsecretario de prevención y participación ciudadana de segob

https://fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1563:encuentro-defenamm-con-el-subsecretario-de -prevencion-y-participacion-ciudadana-de-segob&catid=248

8 En el consenso y no en la ocurrencia, se avanzará en adoptar el marco legal por la seguridad: MOS

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/grupos-parlamentarios/
18673-en-elconsensoy-no-en-la-ocurrencia-se-avanzara-en-adoptar-el-marco-legal-por-la-seguridad-mos.html

Dado en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2022.

Diputados: Jericó Abramo Masso, Norma Angélica Aceves García, Brasil Alberto Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, María de Jesús Aguirre Maldonado, Blanca María Alcalá Ruiz, María Guadalupe Alcántara Rojas, Cristina Amezcua González, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Armentía López Karla Ayala Villalobos, Frinné Azuara Yarzábal, Laura Barrera Fortoul, Karina Marlen Barrón Perales, Sue Ellen Bernal Bolnik, Jaime Bueno Zertuche, María del Refugio Camarena Jauregui, Adriana Campos Huirache, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Sofía Carvajal Isunza, Javier Casique Zárate, Alan Castellanos Ramírez, Eufrosina Cruz Mendoza, Carolina Dávila Ramírez, Yolanda de la Torre Valdez, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Juan Francisco Espinoza Eguía, José Guadalupe Fletes Araiza, Rodrigo Fuentes Ávila, Pablo Gamboa Miner, José Luis Garza Ochoa, Augusto Gómez Villanueva, Mariano González Aguirre, Xavier González Zirión, Ildefonso Guajardo Villarreal, Marcela Guerra Castillo, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, José Antonio Gutiérrez Jardón, Lorena Haro Ramírez Laura, Ismael Alfredo Hernández Deras, Johana Montcerrat Hernández Pérez, Hiram Hernández Zetina, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Carlos Iriarte Mercado, Jazmín Jaimes Albarrán, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Cynthia Iliana López Castro, Roberto Carlos López García, Tereso Medina Ramírez, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Lorena Piñón Rivera, Reynel Rodríguez Muñoz, Cristina Ruiz Sandoval, Miguel Sámano Peralta, Paloma Sánchez Ramos, María Elena Serrano Maldonado, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Sayonara Vargas Rodríguez, Alma Carolina Viggiano Austria, Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, José Francisco Yunes Zorrilla y Eduardo Zarzosa Sánchez. (Rúbrica.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNH a adecuar sus lineamientos y disposiciones generales a fin de atender la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por las diputadas Raquel Bonilla Herrera y Judith Celina Tanori Córdova, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas, diputadas federales Raquel Bonilla Herrera y Judith Celina Tanori Córdova, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus lineamientos y disposiciones generales a fin de atender la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

¿Qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?

La página electrónica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),1 al respecto señala lo siguiente: La Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas adopta en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron y es la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030. La Agenda 2030 presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros.

Es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo. Es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático.

La Agenda 2030 es el resultado del proceso de consultas más amplio y participativo de la historia de las Naciones Unidas y representa el consenso emergente multilateral entre gobiernos y actores diversos, como la sociedad civil, el sector privado y la academia. Asimismo, las bases normativas de esta agenda multilateral parten desde la carta de las Naciones Unidas de 1945 hasta las más de 40 referencias de conferencias y convenciones de la ONU aprobadas a la fecha.

La Agenda 2030 representa entonces un consenso multilateral entre gobiernos y actores diversos, capaz de tornar compatibles las políticas nacionales a favor del empleo con derechos y el desarrollo con la expansión del comercio internacional y la prevención de conflictos. Representa los compromisos que reconocen a las personas, la paz, la prosperidad compartida, al planeta y las alianzas como los principales rectores, compartidos y universales, en los que se debe basar una nueva batería de estrategias y políticas globales, regionales y nacionales, cuyo objetivo prioritario es caminar conjuntamente hacia una sociedad más igualitaria.

Objetivos de Desarrollo Sostenible en México

De lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas en México,2 señala lo siguiente: Como actor global, México participó activamente en la definición de la Agenda. El país fue uno de los más activos en los foros de consulta, participando y liderando el proceso de negociación. No solo presentó propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la universalidad, sostenibilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. También abogó por la adopción de un enfoque multidimensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso de las personas, tomara en cuenta su acceso efectivo a otros derechos básicos como la alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda. México ha mantenido su participación activa en la implementación de la Agenda 2030, algunos de los avances son: México fue uno de los dos países voluntarios en la región para presentar avances sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible. - Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia de la República-INEGI), con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal. - El Senado de la República instaló el grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, el cual dará seguimiento y respaldo desde el poder legislativo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte de la Presidencia de la República y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). - Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agenda 2030 en materia de Desarrollo Sostenible.

Al respecto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su portal3 indica que: “La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha iniciado un proyecto piloto para aplicar la Clasificación Marco de las Naciones Unidas para los Recursos (UNFC)”.

Asimismo dicha publicación de fecha 18 de julio de 2018, destaca lo siguiente:

Con el objetivo de evaluar y gestionar de una manera integral los aspectos sociales y ambientales relacionados con los proyectos de exploración y producción asociados los recursos y reservas de los recursos convencionales y no convencionales, México por medio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha iniciado un proyecto piloto para aplicar la Clasificación Marco de las Naciones Unidas para los Recursos (UNFC) a un grupo de áreas seleccionadas como un preámbulo de una adopción más amplia a nivel nacional.

El foro y taller de lanzamiento de este proyecto se llevó a cabo del 18 al 21 de junio en la Ciudad de México con la participación de más de 120 expertos nacionales e internacionales que representan a diversas instituciones gubernamentales, de la sociedad civil y de compañías operadoras nacionales e internacionales.

México aspira a desarrollar sus recursos petroleros de manera más sostenible buscando ser un modelo a seguir en la aplicación de normas y estándares internacionales en el sector petrolero lo cual contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en su agenda para el 2030.

De lo anterior el mismo sitio al calce de dicha página, se destaca en el apartado de documentos, el denominado: “Overview and expected outputs of the pilot test”4 (Resumen y resultados esperados de la prueba piloto) que la prueba piloto se desarrollaría de enero a julio del año 2019:

Asimismo y en el mismo tenor, la prueba piloto está proyectada a 5 años desde su inicio en 2019, tal y como muestra la siguiente diapositiva:

De todo lo anterior, se desprende que la intención de la presente proposición con punto de acuerdo es la de armonizar los lineamientos y disposiciones generales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos con los objetivos de la Agenda 20305 en desarrollo sostenible, haciendo énfasis en los objetivos 3, 7 y 8 de dicha agenda y que se refieren a salud y bienestar, energía asequible y no contaminante y trabajo decente y crecimiento económico respectivamente.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus lineamientos y disposiciones generales a fin de atender la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a publicar en su portal electrónico los resolutivos correspondientes al proyecto piloto para aplicar la Clasificación Marco de las Naciones Unidas para los Recursos y con referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en su Agenda para el 2030.

Notas

1 https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/acerca -la-agenda-2030-desarrollo-sostenible

2 https://mexico.un.org/es/sdgs

3 https://www.gob.mx/cnh/documentos/clasificacion-marco-de-las-naciones-u nidas-para-los-recursos-unfc

4 https://www.gob.mx/cnh/documentos/clasificacion-marco-de-las-naciones-u nidas-para-los-recursos-unfc

5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-genera l-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.

Diputadas: Raquel Bonilla Herrera, Judith Celina Tanori Córdova (rúbricas).

Efemérides

Con motivo del 7 de septiembre, Día Nacional del Manatí, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena

“Los animales no son propiedades o cosas, sino organismos vivientes, sujetos a una vida, que merecen nuestra compasión, respeto, amistad y apoyo”, Marc Bekoff.”

El próximo miércoles 7 de septiembre, se conmemora el “Día Nacional del Manatí”; En 1998, el Subcomité Técnico Consultivo para el Manejo y Conservación del Manatí, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), propuso como una de las medidas de protección y conservación, celebrar el día 7 de septiembre de cada año, el “Día Nacional del Manatí”, que como antecedente es de resaltar, que pobladores del municipio de Catazajá, Chiapas, desde años anteriores, ya festejaban a esta especie precisamente en este día.

Sin embargo, fue hasta el 2001, cuando da inicio formalmente la celebración del “Día Nacional del Manatí”, por lo que cada año se llevan a cabo diversas actividades con el propósito de difundir entre la población, la necesidad e importancia de conservar y proteger a los Manatís.

A partir de 2012, se sumó a esta causa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, así como diversas universidades y organizaciones del país.

Además de ser el único mamífero marino herbívoro conocido, el manatí es un animal de gran talla, de color gris y de “sangre caliente que respira a través de sus pulmones y amamanta a sus crías con leche producida en las glándulas mamarias de la madre. Como se alimenta de plantas acuáticas (mangle, pastos marinos, algas y lirios) también es conocido como vaca marina”.

El manatí tiene una aleta al final de su cuerpo en forma de paleta o cuchara aplanada, que le permite impulsarse y desplazarse en el agua con gran facilidad. Tiene pelos en su cuerpo pero están distribuidos y solamente en su hocico son más notorios, dada la gran cantidad de bigotes gruesos que ahí le nacen. Tiene dos aletas o brazos cortos en la parte anterior de su cuerpo, las cuales presentan tres uñas; con sus aletas pueden conducir su cuerpo al nadar y sujetar su alimento. Su piel es rugosa y de color gris, aunque por lo regular se le puede ver un color verde por las algas que se le pegan al cuerpo.

Los manatíes son recicladores de nutrientes. Lo que comen y todo lo que desechan es muy importante, pues ayudan a que haya más nutrientes en el lugar donde viven, al tiempo que estimulan el crecimiento de varias plantas acuáticas y de otros animales.

Estos animales viven en aguas tropicales y subtropicales poco profundas, por ello es común encontrarlos en lagunas, ríos, bahías, estuarios y cenotes.1 En particular donde las praderas de hierbas marinas o las vegetaciones de agua dulce proliferan.

El manatí antillano se puede encontrar en los siguientes países: México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Cuba y en las Bahamas.2

En el caso particular de México, su distribución históricamente alcanza los estados del Golfo de México, desde el estado de Tamaulipas hasta la costa de Quintana Roo. Habita las áreas naturales protegidas de reserva de la biosfera Pantanos de Centla, área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, reserva de la biosfera Ría Celestún, reserva de la biosfera Ría Lagartos, reserva de la biosfera Sian Ka´an y la isla Holbox dentro del área de protección de flora y fauna Yum Balam.3

Entre las acciones y esfuerzos que nuestro país ha emprendido históricamente en materia de protección y conservación del Manatí, se destacan:

• 1921. Decreto de veda permanente contra la caza y explotación del Manatí en México.

• 1992. Primer Taller prioridades de investigación México-Belice

• 1993. Participación de México en el Plan de Recuperación del Manatí en el Caribe.

• 1994. Inclusión del Manatí en la primera lista de especies mexicanas en riesgo (NOM-059).

• 1995. Decreto de la Laguna de Catazajá como reserva municipal “Santuario del Manatí”.

• 1995. Rescate y translocación de 17 Manatís en Laguna San Juan, Chiapas.

• 1996. Decreto Estatal de la bahía de Chetumal como reserva estatal “Santuario del Manatí”.

• 1996. Surgimiento de la ONG “Amigos del Manatí” en Quintana Roo.

• 1998. Primeros individuos rescatados y puestos en rehabilitación en acuarios (Veracruz e Xcaret).

• 1999. Establecimiento del Subcomité técnico consultivo para el manejo y conservación del Manatí.

• 2001. Publicación del proyecto de Recuperación del Manatí en México (PREP).

• 2001. Inicio de la celebración del Día Nacional del Manatí (7 de septiembre).

• 2004. Nominación del Sistema Lagunar de Alvarado como sitio Ramsar.

• 2004. Primer nacimiento de un Manatíi en cautiverio en México (Acuario de Veracruz).

• 2008. Incorporación de representantes de las cooperativas pesqueras de Alvarado al Subcomité.4

Por lo anterior, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena, estamos convencidos de que la suma de voluntades en este tema, será la solución para la conservación del manatí y los ecosistemas costeros en los que vive.

Es nuestro deber como seres humanos la de cuidar el medio ambiente y las diversas especies que la conforman, que permita con ello, el bienestar y subsistencia del ser humano y de las futuras generaciones, que dependen de las buenas condiciones de nuestro mundo.

Asumir nuestras responsabilidades recíprocas y elaborar una nueva ética de la administración mundial. Juntos, podemos y debemos escribir un nuevo y esperanzador capítulo de la historia de la naturaleza, de la diversidad especies y de la misma raza humana.

Notas

1 https://www.savethemanatee.org/manatees/education-materials/informacion -sobre-los-manaties/

2 Ibídem.

3 https://www.gob.mx/conanp/articulos/dia-nacional-del-manati-125833?idio m=es

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/443941/PACE_Manati.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 1º. de septiembre de 2022

Diputada Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica)

Inklusion
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