Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 6137-III, jueves 20 de octubre de 2022
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y a la SRE a realizar pedimento de extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez con base en los delitos por los que lo acusa la UIF, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado federal Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.
Someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar pedimento de extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez con base en los delitos por los que lo acusa la Unidad de Inteligencia Financiera, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primero. El 11 de agosto del año 2021, con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones. Avaló el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que declaró la procedencia de la acción penal en contra del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
Segundo. Ese mismo mes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró orden de aprehensión contra Mauricio Toledo, después de que el Congreso lo desaforó, acusándolo de enriquecimiento ilícito como servidor público cuando fue delegado en Coyoacán por el PRD.
Tercera. Sin embargo, Toledo huyó de México con dirección a Chile el 26 de julio de ese mismo año.
Cuarto. El pasado 14 de octubre la Corte Suprema rechazó extradición del prófugo Mauricio Toledo requerido por México por enriquecimiento ilícito, revocando así “... la sentencia de primera instancia, tras establecer la improcedencia de la extradición del ciudadano chileno-mexicano, al no cumplirse en la especie el principio de mínima gravedad del delito, al sancionarse en Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de reclusión. Como mínimo, como establece el tratado sobre la materia suscrito entre ambos países.” (Poder Judicial. República de Chile, 2022)
Quinto. Los cambios que vive nuestro país y la frontal lucha contra la corrupción que ha emprendido el presidente de la República a nivel federal y la doctora Claudia Sheinbaum a nivel local, hacen imperioso que nuestro país promueva todos los recursos a su alcance hasta lograr la extradición del prófugo de la justicia Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y pague por todos los delitos que cometió.
Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. - La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa a la Fiscalía General de la República a realizar pedimento de extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez con base en los delitos por los que lo acusa la Unidad de Inteligencia Financiera.
Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar pedimento de extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez con base en los delitos por los que lo acusa la Unidad de Inteligencia Financiera.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de octubre de 2022.
Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE, a la Segob y al INM a desarrollar acciones para la protección, seguridad y bienestar de las personas migrantes que transitan y se refugian dentro del territorio nacional, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Ana Laura Valenzuela Sánchez, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la a LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, para que, en uso de sus facultades, desarrollen acciones para la protección, seguridad y bienestar de las personas migrantes que transitan y se refugian dentro del territorio nacional, así mismo para que se les brinde la atención adecuada, auxiliándose con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de acuerdo a lo siguiente:
Antecedentes
La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), publicó el documento ‘Estadísticas Migratorias. Síntesis 2022’, donde señala que, de enero a marzo de 2022 la entrada regular de población nacional y extranjera a México vía aérea, marítima y terrestre fue de 8 millones 989 mil 647 personas que residen de manera temporal o permanente en el país.
Con lo anterior, se muestra un incremento de 148.7 por ciento de arribos de nacionales y extranjeros durante el periodo antes mencionado; Quintana Roo es la entidad federativa que más llegadas presenta con 3 millones 816 mil 264 personas.1
En un intento por aliviar la presión sobre la frontera norte ante la gran cantidad de migrantes expulsados de Estados Unidos las autoridades mexicanas iniciaron el traslado a la Ciudad de México de cerca de un centenar de venezolanos.
Las autoridades migratorias mexicanas embarcaron en dos autobuses a un primer grupo de venezolanos, que fue expulsado el jueves de Estados Unidos, y los trasladó desde la ciudad fronteriza de Matamoros, estado de Tamaulipas, hasta la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en el centro de la capital mexicana.
Sin alimentos y ninguna protección para el frío, y totalmente desorientados, fueron dejados el sábado cerca de un centenar de venezolanos frente a las puertas de la Comar que durante el fin de semana no trabaja.
“Nos ofrecieron toda la ayuda. Un albergue mejor porque en Matamoros no contaban con instalaciones y logística, pero nos engañaron, y ahora estamos aquí en la calle solo con lo que tenemos puesto”, dijo a The Associated Press Tearrán Acevedo, un venezolano de 32 años, al quejarse del frío y hambre que pasó tras su arribo a la Ciudad de México.
Rodeado de sus compañeros de viaje, algunos de cuales comían desesperados unos panes que les regalaron venezolanos residentes en México, Acevedo reconoció que tras dejar hace dos meses su familia y hogar en el estado venezolano de Anzoátegui y vender su motocicleta, que era su único bien, ahora su destino es incierto.
“Me vine para cumplir un sueño americano, y se me ha convertido en una pesadilla”, indicó el venezolano al relatar que se quedó sin dinero debido a que todos sus ahorros, unos 4.500 dólares, se los dejó a varios traficantes de migrantes y funcionarios en su recorrido desde Colombia, pasando por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, hasta la frontera norte de México, y perdió su único documento de identificación al entregarlo a las autoridades estadounidenses cuando fue detenido a finales de septiembre al ingresar ilegalmente por el estado de Texas.2
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) es el órgano del gobierno federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, encargado de la protección y asistencia a refugiados en México.
El Instituto Nacional de Migración en cumplimiento con las leyes mexicanas y tratados mundiales aplica de manera permanente diversas disposiciones, para otorgarles a todos los extranjeros las facilidades elementales para realizar métodos migratorios legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso y estancia en territorio nacional con preciso apego a defender los derechos humanos, aplicando los ordenamientos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento.3
La enorme y continua migración de mexicanos hacia el exterior, particularmente hacia los Estados Unidos de América, determina la constante adecuación de las estructuras institucionales y programas para garantizar el respeto a las garantías individuales y los derechos de las comunidades migrantes, al tiempo que busca satisfacer la alta demanda de servicios que generan.4
El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) acordaron conservar comunicación y coordinación persistente para ofrecer seguimiento al proceso de internación recién anunciado, de personas de nacionalidad venezolana a territorio de Estados Unidos y advirtieron que no se van a permitir caravanas o transitar irregularmente por México.
En un comunicado de la Segob se expuso que marchar en caravana o transitar irregularmente en territorio mexicano cancela el proceso de ingreso a Estados Unidos, ya que el ingreso autorizado tendrá también respuesta digitalizada de autorización en el lugar donde se encuentren, lo que les permitirá viajar en transportación aérea.
“A fin de evitar una movilidad riesgosa y perder la oportunidad de un ingreso seguro, para la autoridad migratoria mexicana es relevante que las personas originarias de Venezuela conozcan el nuevo procedimiento establecido por Estados Unidos”.
Se destaca que a raíz del trabajo conjunto entre autoridades de ambos países en materia migratoria, el gobierno estadounidense dio a conocer el proceso y requisitos que deberán cumplir las personas venezolanas que quieran ingresar a su país, entre ellos que soliciten una autorización anticipada vía electrónica.5
A mediados de octubre y como parte de medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos para controlar la migración de venezolanos a aquel país, mediante un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó que “con vigencia inmediata, los venezolanos que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada, sin autorización, serán devueltos a México”. Otras medidas incluyen un programa, solo se permitirá el ingreso a 24,000 venezolanos y que se deberá hacer una petición formal, contar con un patrocinador en territorio norteamericano y llegar vía aérea.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, para que, en uso de sus facultades, desarrollen acciones para la protección, seguridad y bienestar de las personas migrantes que transitan y se refugian dentro del territorio nacional, asimismo, para que se les brinde la atención adecuada, auxiliándose con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Notas
1 https://www.gob.mx/segob/prensa/durante-el-primer-trimestre-de-2022-ingresaron-a-mexico-cerca-de-9-millones
-de-personas-nacionales-y-extranjeras#:~:text=S%C3%ADntesis%202022’%2C%20donde%20se%C3%B1ala%20que,
o%20permanente%20en%20el%20pa%C3%ADs.
2 https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/16/
autoridades-migratorias-inician-traslado-cdmx-de-migrantes-venezolanos-expulsados-de-eu-295244.html
3 https://www.gob.mx/inm/que-hacemos
4 https://consulmex.sre.gob.mx/losangeles/index.php/es/avisos/42-protecci on-a-mexicanos
5 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estas-son-las-nuevas-restriccione s-de-mexico-y-eu-para-migrantes-venezolanos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2022
Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tlaxcala y a la Ssa dicho estado a implementar un programa de atención a la salud materna para prevenir la mortalidad durante y después del embarazo, a cargo del diputado Mariano González Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Mariano González Aguirre, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:
Consideraciones
La mortalidad materna es un problema de salud pública. De acuerdo con la Fundación Gatekeepers, la proporción de muertes globales durante o posterior a un embarazo en 2021 se estimó en 159 mujeres por cada 100 mil nacimientos.1 Esta tendencia registra una de las cifras más altas de los últimos años, que según expertos podría aumentar si no se implementan políticas en la materia.
A nivel internacional existe un consenso sobre la creación de instrumentos para encauzar acciones en este sentido. Entre ellos, destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 para reducir la relación promedio a menos de 70 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos para el año 2030.2
De igual forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha contribuido con investigaciones para encontrar evidencia que ayude al desarrollo de políticas y programas.3 Los estudios señalan que las principales razones de los fallecimientos tienen relación con sistemas estructurales de desigualdad, servicios de salud pública y la presencia de enfermedades crónico-degenerativas.
En ese sentido, las recomendaciones para los gobiernos se han ajustado a fortalecer los sistemas de salud y de atención primarios a fin de asegurar el auxilio en todos los niveles. Esto contempla desde programas de planificación familiar hasta estrategias de cuidado para nacimientos no previstos, que, de aplicarse, pueden disminuir hasta en un 30 por ciento la tasa anual de fallecimientos.
Sin embargo, los países han expresado que existen otros retos para la aplicación de estas soluciones. Principalmente, la distribución de recursos públicos y la eventualidad de fenómenos imprevistos, como el covid-19 durante los últimos años, que incrementó la tasa de mortalidad debido a la limitación de los hospitales públicos y privados.
En países como Estados Unidos, los datos reflejan que la tasa de muertes maternas tuvo un alza del 33.3 por ciento durante los primeros meses de la pandemia.4 Esto significó un incremento de 18 casos por cada 100 mil nacimientos a 25 por la misma referencia. Al respecto, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS por sus siglas en inglés) ha señalado que esta cifra representó un exceso de fallecimientos comparado con los índices de mortalidad a causa de covid-19.5
En México, este fenómeno también tuvo un impacto significativo. De acuerdo con los estudios más recientes, la estrategia gubernamental de atención a los pacientes de covid-19 que limitó a los hospitales a brindar únicamente servicios relacionados con esta enfermedad, generó que las muertes maternas incrementaran notablemente durante ese periodo.
La Secretaría de Salud (SSA) del gobierno federal ha afirmado que durante el periodo de más contagios la mortalidad materna incrementó en un 87 por ciento en todo el país. Durante 2021, se registraron mil 38 decesos, mientras que antes de la pandemia, en 2019, se registraban 31 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos.6
A pesar de las cifras registradas durante la pandemia, México es uno de los países en la región de América latina con más tasa de letalidad durante o posterior a partos. Según los indicadores oficiales, en nuestro país la muerte materna sucede con mayor frecuencia en localidades subdesarrolladas y se mantiene como un fenómeno latente en las poblaciones con más vulnerabilidades y comunidades indígenas.
Este año, se ha estimado que 34 mujeres fallecen en promedio durante el parto o de forma posterior por cada 100 mil nacimientos.7 Y aunque las cifras varían de acuerdo con el padecimiento de enfermedades como hipertensión, edema y proteinuria durante el embarazo, uno de los principales motivos es la infraestructura médica de las entidades federativas.
Destaca el caso del estado de Tlaxcala, que en los últimos años se ha posicionado entre el primer y segundo lugar en Razón de Mortalidad Materna (RMM) en el país con una variación de 64 a 68 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos. Esta tasa es cercana al doble del promedio nacional y se encuentra por encima de los indicadores de países desarrollados.8
Por debajo de Tlaxcala se encuentran entidades como Chihuahua, Durango y Guerrero con registros que van desde los 50 hasta los 62 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos de este año. Le siguen los estados de Nayarit, Baja California y Oaxaca con promedios similares a la tasa nacional.
Pese a que Tlaxcala suma 12 defunciones maternas durante este 2022, existen reportes desde 2012 que colocan a la entidad por encima de los indicadores nacionales, representando un estado de riesgo para las mujeres. Reportes del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), explican que este fenómeno se mantiene debido al poco cuidado durante los embarazos y otras enfermedades consideradas de gravedad como casos de preeclampsia y hemorragias en las pacientes.9
Actualmente, la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la SSA refiere que los principales motivos de los decesos son enfermedades de hipertensión, complicaciones en el parto y hemorragias obstétricas. También figura la interrupción del embarazo, enfermedades del sistema respiratorio y el covid-19, con un 5.8; causa significativamente menor a 2020 y 2021.
Es en este sentido que, desde el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, exhortamos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, a su Secretaría de Salud, así como al gobierno federal y a sus instituciones a implementar una estrategia que auxilie y prevenga la mortalidad materna en la entidad y el resto del país.
La mortalidad en mujeres embarazadas, así como aquellas que acaban de parir, es una situación prevenible que debe ser prioridad para los sistemas públicos de salud. Durante la pandemia por covid-19, la situación en el país empeoró debido a la falta de servicios para brindarle a las mujeres mexicanas exámenes clínicos periódicos y de garantizar su salud y salvedad de los contagios de enfermedades respiratorias.10
En este momento, el mundo se ha recuperado de estas condiciones y ha mostrado grandes avances en materia de tele cuidados y reestructuración de políticas para atender los principales problemas de salud pública. A través de ello, los gobiernos pueden organizar e implementar soluciones eficientes las comunidades y las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Debido a lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. El honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala y a la Secretaría de Salud del estado a implementar un programa emergente de atención a la salud materna para prevenir la mortalidad durante y después del embarazo.
Segundo. El honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias a implementar una estrategia nacional de prevención de mortalidad materna.
Notas
1 Global Progress and Projections for Maternal Mortality. Consultado en:
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2022-report/progress-indicators/maternal-mortality/
2 Targets of Sustainable Development Goal 3 to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Consultado en:
https://www.who.int/europe/about-us/our-work/sustainable-development-goals/targets-of-sustainable-development
-goal-3#:~:text=3.1.&text=By%202030%2C%20reduce%20the%20global,per%20100%20000%20live%20births.
3 Maternal mortality. Consultado en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
4 Maternal Death Rate Increased During Early COVID-19 Pandemic. Consultado en:
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2794775
5 All-Cause Maternal Mortality in the US Before vs During the COVID-19 Pandemic. Consultado en:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullart icle/2793640
6 La muerte materna en México registra las peores cifras en dos décadas debido al coronavirus. Consultado en:
https://elpais.com/mexico/2022-02-10/
la-muerte-materna-en-mexico-registra-las-peores-cifras-en-dos-decadas-debido-al-coronavirus.html
7 Dirección General de Epidemiología (DGE). Consultado en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/695037/MM_2022_SE01.pdf.
8 Ocupa Tlaxcala el primer lugar en México en mortalidad materna. Consultado en:
https://gentetlx.com.mx/2022/10/05/ocupa-tlaxcala-el-primer-lugar-en-mexico-en-mortalidad-materna/
9 Mortalidad materna por arriba de la media. Consultado en:
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=1905&id_opcion=394&op=448
10 Maternal mortality during the COVID-19 pandemic in Mexico: a preliminary analysis during the first year. Consultado en: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-1 1325-3
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del honorable Congreso de la Unión, al día 12 de octubre de 2022
Diputado Mariano González Aguirre (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a garantizar la movilidad bajo condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad de las personas usuarias del Sistema Colectivo Metro, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I. De acuerdo a la Encuesta Origen - Destino de la Zona Metropolitana del Valle de México, misma que fue realizada en 2017, el transporte público era responsable de gestionar 15.7 millones de viajes de los 34.56 millones que se realizaban a diario, lo que convirtió al transporte público en el eje rector de la movilidad en la Ciudad de México. Asimismo, dicha encuesta dio como resultado que el Sistema Colectivo Metro, era el segundo lugar en frecuencia de uso dentro del abanico de transporte público que ofrece la Ciudad, dando servicio a más de 4 millones de personas por día.1
Luego de la llegada de la pandemia ocasionada por el Covid-19, dichas cifras fueron modificadas, sin embargo, el Metro de la Ciudad de México permaneció como uno de los medios de transporte con mayor afluencia de pasajeros. Por ejemplo, en julio de 2020, el Metro dio servicio aproximadamente a 1 millón 800 mil personas por día, mientras que en el mismo mes pero del año 2021, éste registró el uso de 2 millones 250 mil personas en promedio al día.2
Para este año, y toda vez que la pandemia de Covid-19 ha permitido que la movilidad se regularice día tras día, el Metro sigue siendo uno de los medios de transporte punteros en el uso constante de las personas; incluso datos del Gobierno de la Ciudad de México, reflejan que en el mes de abril, el Metro registró aproximadamente 2 millones 760 mil viajes diarios3 , y la Jefa de Gobierno aseguró que el 75% de los habitantes de la Ciudad de México se mueven a través del transporte público.4
Lo anterior refleja la imperante necesidad de invertir en el transporte público para mejorar las condiciones de viaje de quienes lo utilizan; por su parte, Nicolás Rosales, presidente de la AMTM, ha expresado que se ha demostrado que el transporte público es imprescindible para el desarrollo equilibrado de las ciudades, para la calidad de vida, inclusión social, para la calidad del aire y hasta para la competitividad económica, entre otros temas,5 sin embargo, a lo largo de los años hemos visto una escasa inversión en el transporte público de la Ciudad de México por parte de los gobiernos en turno.
Claro ejemplo de la poca importancia e inversión que se le ha dado, es el lamentable suceso ocurrido en Tláhuac, donde colapsó una trabe de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México, que dejó a 26 personas fallecidas, 104 lesionadas, así como diversas afectaciones en materia de movilidad, y que a un año de lo ocurrido, aún no hay un solo responsable y ninguna persona ha sido procesada por dicho desplome, siendo que la tragedia fue de una dimensión inédita en nuestro país e, incluso, del conocimiento mundial.
Si bien este ha sido el hecho más grave, se han reportado diversos sucesos que ponen en peligro la vida y la seguridad de los usuarios6 :
Derivado de las fuertes lluvias que han acaecido en días pasados, se han reportado problemas en al menos 7 líneas, que han tenido como consecuencia el retraso en los trenes y demoras en la operación.
El 3 de octubre de 2022, las estaciones de metro San Joaquín, Polanco, Auditorio y Constituyentes suspendieron momentáneamente su servicio en la Línea 7 por el retiro de un objeto metálico de las vías.
El pasado 22 de septiembre de 2022, se registró un incidente a las 10:29 de la mañana, en la línea B, entre las estaciones de San Lázaro y Morelos, derivado del golpe de una ménsula de una charola de energía eléctrica que se desprendió y pegó contra los vagones, lo que provocó un corto circuito. Durante 40 minutos el servicio fue suspendido y se reportaron 39 personas atendidas por servicios de emergencia por crisis nerviosa.7
El 4 de julio de 2022, la Línea 2 tuvo una suspensión de servicio por un cortocircuito, que causó un incendio, entre las estaciones Xola y Villa de Cortés, por lo cual 1,300 personas fueron desalojadas, algunas por las vías del metro. El servicio se restableció 2 horas después.
El 28 de abril de 2021, en la Línea 8, cerca de la estación Escuadrón 201, el tren se detuvo y usuarios que viajaban en él tuvieron que salir y caminar por el túnel a oscuras. A través de redes sociales reportaron la situación y el paro de circulación durante 40 minutos.
El 10 de febrero de 2021, en la estación Indios Verdes, cuando los vagones estaban en el andén y los usuarios lo abordaban, hubo un flamazo que nació en una de las llantas del vehículo, por lo que las personas salieron de inmediato. La Policía Bancaria intervino para desalojar a los pasajeros y apagar el fuego. Posteriormente el STC informó que se retiró el tren afectado y que la causa fue un arco eléctrico ocasionado por la lluvia.
En Enero de 2021, se incendio en el Centro de Control 1, el cual causó la muerte de una persona y decenas de heridos. En cuanto a funcionamiento, afectó una subestación de la CFE y la operación de las líneas 1 a 6 durante varios días.
El 10 de marzo de 2020 a las 23:37 de la noche, cuando los vagones llegaban a la estación Observatorio, uno de ellos se movió de reversa y chocó contra el otro que estaba en la estación anterior. Fernando Espino, director del sindicato, dijo que el vehículo se quedó sin control de mandos. Por el contrario, la Fiscalía comentó que el accidente fue causado por errores humanos.
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que la Línea 1 del Metro permanecerá cerrada durante un año por trabajos de remodelación, la cual se dará en dos etapas, en la primera etapa se cerrará el tramo de Pantitlán a Salto del Agua, que comprende 12 estaciones y fue denominado como la sección 1, la cual comenzará el 11 de julio, sin embargo, se necesitarán dos días de cierre de las estaciones que comprenden el tramo Observatorio a Salto del Agua, es decir, el sábado 9 y el domingo 10 de julio, para cortar la energía y que los trabajos de mantenimiento comiencen el lunes 11 de julio.8
De acuerdo a lo anunciado, se tiene previsto que las estaciones de la Sección 1 permanezcan cerradas durante ocho meses y que su reapertura se dé en marzo de 2023; para posteriormente dar mantenimiento a las ocho restantes, que van de Observatorio a Balderas, las cuales permanecerán cerradas de marzo hasta agosto del 2023,9 por lo que de acuerdo a la cronología presentada por el Gobierno de la Ciudad de México, se espera que el servicio de la nueva Línea 1 del Metro de la Ciudad de México se restablezca en su totalidad para el mes de agosto del 2023.
II. De los hechos que han sucedido en el Sistema Colectivo Metro, se desprende que existe una falta de mantenimiento y recursos para que el servicio que se presta sea en condiciones dignas y conforme a los criterios contenidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Al respecto, si bien la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha asegurado que se destinan los recursos necesarios y que el metro no ha presentado recortes, dicha información ha sido imprecisa.
Según la Cuenta Pública de la Ciudad de México, en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, el Metro tuvo 17 mil 224 millones de pesos; para 2020, el presupuesto del transporte se redujo a 15 mil 652 millones, pero gastó sólo 14 mil 290 millones de pesos; es decir, el subejercicio fue de 587 millones de pesos. Es decir, no gastó todo los recursos que le asignaron,10 y si se considera el periodo de 2019 a 2021, se tiene que quedaron sin ejercerse mil 641 millones de pesos.
Por otro lado, durante 2021 y 2022 no se destinaron recursos para la compra de equipo ferroviario, conforme a datos de transparencia del gobierno de la Ciudad de México.11
III. Cabe destacar que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece el derecho a la movilidad en su artículo 13, apartado E, mismo que dice lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgara? prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentara? una cultura de movilidad sustentable.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vi?a, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. ”12
Por su parte, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la movilidad se encuentra referido en el artículo 4, que a la letra dice lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad ”.13
Por otro lado, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, contempla que toda política en la materia deberá atender los siguientes principios14 :
• Accesibilidad . Garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad tanto en zonas urbanas como rurales y eliminar obstáculos y barreras de acceso, discriminación, exclusiones, restricciones físicas, culturales, económicas.
• Calidad. Garantizar que los sistemas de movilidad, infraestructura, servicios, vehículos y transporte público cuenten con los requerimientos y las condiciones para su óptimo funcionamiento con propiedades aceptables para satisfacer las necesidades de las personas.
• Confiabilidad. Ofrecer certeza a las personas usuarias de los servicios de transporte de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, con el objetivo de que éstas puedan planear de mejor manera sus recorridos.
• Diseño universal. A fin de incluir a todas las personas independientemente de su condición y en igualdad de oportunidades, a las calles y los servicios de movilidad, de acuerdo con las condiciones de cada centro de población.
• Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles, tanto de personas usuarias como de bienes y mercancías, optimizando los recursos ambientales y económicos disponibles.
• Equidad. Reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el ejercicio de iguales derechos y oportunidades, tanto para mujeres y hombres, así como otros grupos en situación de vulnerabilidad.
• Habitabilidad. Generar condiciones para que las vías cumplan con las funciones de movilidad y creación de espacio público de calidad.
• Inclusión e Igualdad. Atender de forma incluyente, igualitaria y sin discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad.
• Movilidad activa. Promover ciudades caminables, así como el uso de la bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que fomenten la salud pública, la proximidad y la disminución de emisiones contaminantes.
• Multimodalidad. Ofrecer múltiples modos y servicios de transporte para todas las personas usuarias, los cuales deben articularse e integrarse entre si? y con la estructura urbana, para reducir la dependencia del vehículo particular motorizado.
• Participación. Establecer mecanismos para que la sociedad se involucre activamente en cada etapa del ciclo de la política pública.
• Perspectiva de género. Visión científica, analítica y política que busca eliminar las causas de la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género y que promueve la igualdad entre hombres y mujeres.
• Progresividad. Garantizar que el derecho a la movilidad y sus derechos relacionados, estén en constante evolución, de manera progresiva y gradual.
• Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor.
• Seguridad. Proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito es prevenible.
• Seguridad vehicular. Promover la protección que brinda un vehículo de motor a las personas pasajeras y usuarias vulnerables, y demás usuarias de la vía, contra el riesgo de muerte o lesiones graves en caso de siniestro.
• Sostenibilidad. Satisfacer las necesidades de movilidad procurando los menores impactos negativos en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, garantizando un beneficio continuo para las generaciones actuales y futuras.
• Transparencia y rendición de cuentas. Garantizar la máxima publicidad y acceso a la información relacionada con la movilidad y la seguridad vial, así como sobre el ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normativa.
• Transversalidad. Instrumentar e integrar las políticas, programas y acciones en materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población, poniendo especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.
• Uso prioritario de la vía o del servicio. Concientizar a personas usuarias de la vía y transporte público sobre la necesidad que tienen las personas con discapacidad y las personas con movilidad limitada, de usar en determinadas circunstancias, las vías de manera preferencial con el fin de garantizar su seguridad.
IV. Los principios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial antes mencionados hacen hincapié en la accesibilidad del transporte público toda vez que el uso de dichos servicios deben de facilitarse para que todas las personas tengan acceso pleno en igualdad de condiciones. A su vez, las Medidas Mínimas de Tránsito enlistadas en el Artículo 49 de dicha Ley hacen referencia a servicios básicos que deben proveerse para garantizar la seguridad de los usuarios con discapacidad15 .
Como parte de las obras que se llevarán a cabo en la Línea 1, se señala que se realizarán intervenciones menores en siete de las 20 estaciones que componen la línea, y que cuatro de ellas serán adecuadas para cumplir con criterios de acceso para personas con discapacidad.
Actualmente, según la información que provee el Metro a través de su sitio web sobre los servicios disponibles en las estaciones, sin hacer mención a la accesibilidad en vagones, únicamente se indican escaleras electromecánicas y elevadores en algunas estaciones16 , servicios útiles pero que no son aún suficientes para determinar que los espacios son accesibles en su totalidad para personas con discapacidad.
La intervención debe ser una oportunidad para que las estaciones de todo el Sistema de Transporte Colectivo Metro, cumplan con los principios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial aplicando criterios adecuados de acceso universal, incluyendo pisos podotáctiles, espacios adecuados con sujeción para sillas de ruedas, accesos electromecánicos a nivel de calle, entre otros.
V. Por lo anterior, resulta importante que el Gobierno de la Ciudad de México no vulnere los marcos jurídicos antes referidos y garantice el derecho a la movilidad bajo condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, de todas las personas usuarias del Metro, así como de las personas usuarias de las vías y medios de transporte alternos que se verán afectadas derivado del cierre temporal de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México por motivos de modernización.
Es por eso que en Movimiento Ciudadano vigilaremos puntualmente que el derecho a la movilidad se garantice para todas las personas, mediante los modos y servicios de transporte que ofrezca el Gobierno de la Ciudad de México como alternativa y que estos a su vez se articulen e integren entre si? y con los ya existentes, así como con la infraestructura urbana de la Ciudad, y que en caso de no existir, se lleven a cabo las acciones pertinentes para generar las condiciones óptimas de infraestructura urbana de manera permanente que permitan una movilidad segura para todas y todos. Es necesario que los recursos humanos, administrativos y financieros se ejerzan de forma responsable para garantizar que el servicio de transporte cumpla con los máximos estándares de calidad y seguridad, sin escatimar en los mismos, ya que es la vida, seguridad y calidad de vida de los usuarios lo que se encuentra en juego.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a garantizar el derecho a la movilidad bajo condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad de todas las personas usuarias del Metro de la Ciudad de México, para lo cual se exhorta a destinar y ejercer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para garantizar la adecuada operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Segundo.- La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a implementar, las medidas necesarias de accesibilidad para personas con discapacidad o de movilidad limitada que garanticen el pleno goce del derecho a la movilidad de todas las personas usuarias.
Notas:
1. INEGI. Encuesta Origen Destino ZMVM. INEGI. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/d oc/resultados_eod_2017.pdf
2. INEGI. “Transporte de Pasajeros.” INEGI, Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/temas/transporteurb/
3. Ídem.
4. Gobierno de la Ciudad de México. “Foro Transformando el Transporte 2022” Gobierno Ciudad de México. Recuperado de: https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/foro-transformando-el-transporte- 2022/
5. Redacción. “Invertir en transporte público es una prioridad en México: 13CIT”. Indicador Automotriz. Recuperado de:
https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/inverti r-en-transporte-publico-es-una-prioridad-en-mexico-13cit/
6. https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/07/04/accidentes-del-me tro-desde-2020
7. Santiago, David, Incidente en Metro entre San Lázaro y Morelos, Expansión, 22 de septiembre de 2022, disponible en:
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/09/22/incidente- metro-san-lazaro-morelos-linea-b
8. Redacción. “CdMx anuncia modernización de Línea 1 del Metro; cerrarán estaciones a partir del 9 julio” Milenio. Rcuperado de: https://www.milenio.com/politica/claudia-sheinbaum-anuncia-modernizacio n-cierre-linea-1-metro
9. Ídem
10. De la Rosa, Yared, El presupuesto del Metro disminuye año con año, Forbes, 6 de mayo de 2021, disponible en:
https://www.forbes.com.mx/el-presupuesto-del-metro-dismi nuye-ano-con-ano/
11. Ortiz, J., @Juan_OrtizMX, 2002, 14 de octubre, ¿Hay una razón detrás de las inundaciones, incendios, choques y tragedias en el Metro de la CDMX? [Tweet]. Twitter.
https://twitter.com/Juan_OrtizMX/status/1581102217225859 072HYPERLINK “https://twitter.com/Juan_OrtizMX”
12. Constitución Política de la Ciudad de México. Recuperado de: https://infocdmx.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%2 0Politica_CDMX.pdf
13. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
14. DOF. Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652187&fecha=17/05/ 2022#gsc.tab=0
15. Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Artículo 49 Medídas Mínimas de Tránsito. Recuperado de:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652187&fecha=17/05/2022#gsc.tab=0
16. Metro CDMX. “Servicios que ofrece el metro a los usuarios con discapacidad.” Metro CDMX. Recuperado de:
https://www.metro.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/acces ibilidad-en-estaciones
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2022.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Veracruz a investigar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado por corrupción, así como por los hechos delictivos cometidos por policías de la corporación a su mando, a cargo del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Jesús Alberto Velázquez Flores, diputado federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Las detenciones de dos funcionarios policiales Ricardo Jesús “N” conocido como “el Galeno”, delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona conurbada Veracruz-Boca del, y de Alan “N”, subdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Sureste, así como de otros dos elementos, ha consternado a la población y detonado en medios locales y nacionales, pues se trata de dos altos mandos quienes presuntamente perpetrarían la desaparición forzada de su compañero, el director de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Juan Alan Cuetero Meza alias “el Archi”.
La Fiscalía General del Estado, ha cumplimentado las órdenes de aprehensión en contra de dichos elementos y los puso a disposición del juez de proceso y procedimiento penal oral del XI Distrito Judicial de Xalapa, quien ha vinculado a proceso por la presunta comisión del delito de desaparición forzada perpetrado a finales de mayo, desde entonces la familia de la víctima interpuso la denuncia y no han cesado de buscar justicia.
Sobre el tema, el gobernador Cuitláhuac García únicamente dijo que ordenó iniciar una investigación interna contra los policías por faltar a los protocolos y dijo que la actuación de unos agentes no manchará a la institución que han tratado de limpiar desde la llegada de su gobierno.
Pero éstos no son hechos aislados, alrededor de las 10 de la noche del martes 11 de octubre, luego de que habitantes de Esperanza, Puebla, reportaron a la policía municipal la presencia sospechosa de camionetas sobre un camino de terracería cerca del campo de fútbol y el panteón, fueron detenidos por la Guardia Nacional y la policía municipal, nueve policías estatales, seis de Puebla y tres de Veracruz.
De acuerdo con el testimonio de algunos lugareños, mientras los uniformados saqueaban la mercancía de la caja seca de un tráiler y la colocaban en las bateas de seis camionetas con logotipos de las corporaciones de seguridad de los estados de Puebla y Veracruz, se vieron sorprendidos por el operativo, entonces realizaron detonaciones al aire, pero al verse acorralados, algunos de ellos subieron a una camioneta con logotipos de la Secretaría de Seguridad de Veracruz y huyeron por el camino de terracería.
A parte de las cinco unidades confiscadas, cuatro de Puebla y una de Veracruz, la cual tenía alterado con cinta de aislar el número de unidad, se encontraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, además de armamento sin registro o licencia por parte de las corporaciones de la SSP de los gobiernos de Puebla y Veracruz.
Esperamos que la investigación por parte de la Fiscalía General de la República avance para localizar a los demás uniformados que lograron escapar, pero también, para lograr esclarecer los hechos y hacer responsable a las autoridades que solapan estas prácticas.
Es muy grave la situación, pues con estas detenciones por elementos policiacos ahora inmiscuidos también en delincuencia organizada, se demuestra la ineficacia, la ineptitud y la corrupción de los funcionarios estatales, por lo que la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, no solo debería ser para los elementos sino también en contra de Hugo Gutiérrez Maldonado, pues es reprobable lo que sucede en la corporación.
Es de dominio público, que los recientes casos de desaparición forzada por parte perpetrado por mandos policiales y de elementos policiacos a su cargo; así como hechos acontecidos en contubernio con elementos homólogos de la corporación del estado de Puebla, han detonado el mal estado en el que se encuentra la dependencia estatal de seguridad.
Es evidente a todas luces, que se trata de un conjunto de actividades organizadas, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se ha convertido en una agrupación delincuencia organizada.
La falta de una estrategia definida para combatir la delincuencia en la entidad y la corrupción al interior son el motivo, y el resultado son las cifras alarmantes. De acuerdo con los datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en menos de dos años se han cometido en el estado de Veracruz más de 2 mil 407 homicidios dolosos, 180 feminicidas y 428 secuestros. Esto sin considerar que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) poco más del 90 por ciento de los delitos perpetrados no se denuncian.
En Veracruz no nos sentimos seguros con quien es hoy el encargado de velar por nuestra seguridad. Cabe recordar que, en noviembre de 2016, Hugo Gutiérrez Maldonado fue destituido del cargo de titular del Centro de Operaciones Estratégicas de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León por presuntos vínculos en la ola de secuestros y cobro de piso ocurridos en ese estado. También, en 2012 fue despedido de la Secretaría de Seguridad en Saltillo, Coahuila, por haber sido vinculado a secuestros, cobro de piso y violaciones a derechos humanos.
Sabemos que la administración estatal a cargo de Cuitláhuac García es cada vez más desastrosa, no hay desarrollo económico, ni generación de empleos y existe una inseguridad imparable. Las cifras que a la baja tanto presume su gobierno corresponden a un período de pandemia, en donde literalmente la población no estuvo al alcance de la inseguridad que hay en las calles.
Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, condenamos enérgicamente cualquier manifestación de corrupción al interior de las instituciones, pero alzamos doblemente la voz, cuando ésta existe al interior de la corporación que debería estar velando por la seguridad de la ciudadanía. Exigimos la renuncia inmediata del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, que él sea quien asuma las consecuencias, así como también exigimos que la investigación arroje el esclarecimiento de los hechos y se deslinde responsabilidad en todos y cada uno de los funcionarios inmiscuidos.
En esta tesitura, y dada la naturaleza e importancia del presente asunto, realizamos la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Veracruz de Ignacio de la Llave a que investigue al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, por la corrupción que se ha revelado en las últimas fechas, así como por los hechos delictivos cometidos por policías de esa corporación a su mando, y al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que lo remueva inmediatamente de su cargo, para efectos de no entorpecer con las investigaciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2022
Diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua, a la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas y al ayuntamiento de Reynosa a llevar a cabo labores de limpieza y saneamiento en el Canal de Anzaldúas, a fin de garantizar su conservación y adecuado funcionamiento, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada federal por el estado de Tamaulipas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las últimas décadas la población mundial se ha incrementado exponencialmente exigiendo una mayor demanda en la producción de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 1950 la población mundial era de 2 mil 600 millones de personas, en 1977 incrementó a 5 mil millones y para 1999 se contabilizaron 6 mil millones de personas. Al respecto, la ONU estima que para el año 2050 la población mundial será de 9 mil 700 millones de habitantes y en el año 2100 se estima que serán 11 mil millones.1
En México se ha registrado un incremento constante en el número de habitantes, prueba de ello, es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha informado que, durante los últimos setenta años, la población mexicana aumentó cuatro veces su composición poblacional.
De acuerdo con datos del Inegi en el año 1950 se tenía un registro de 25.8 millones de mexicanas y mexicanos; en 1970, 48.2 millones; en el 2000, 97.5 millones y en el último censo realizado en 2020 se contabilizaron poco más de 126 millones de habitantes2 . Aunado a lo anterior, un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México afirma que para 2030, México será el noveno país con el mayor número de habitantes en el mundo, por lo que es indispensable que tanto la presente administración como las subsecuentes diseñen y ejecuten medidas que permitan incrementar la producción de insumos alimentarios.3
El gobierno federal se ha empeñado en rescatar al sector agroalimentario, el cual fue abandonado durante los gobiernos neoliberales. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 considera el fomento a la autosuficiencia alimentaria y rescate del campo mexicano como uno de los pilares fundamentales para garantizar el bienestar del pueblo mexicano.
La implementación de programas como: Producción para el Bienestar; Apoyo a Cafetaleros y Cañeros del país; Precios de Garantía para los Cultivos de Maíz, Frijol, Trigo Panificable, Arroz y Leche; Crédito Ganadero a la Palabra; y Distribución de Fertilizantes Químicos y Biológicos, son un reconocimiento al trabajo que todos los días llevan a cabo las y los trabajadores del campo reflejado en la dispersión de apoyos económicos que les son entregados directamente sin intermediarios.
Sin lugar a duda, el sector agrario juega un rol fundamental en la estrategia del Gobierno mexicano para eliminar la pobreza, generar empleos, y asegurar a la población el acceso a una alimentación sana y de calidad. No obstante, para cumplir con estos objetivos, se requieren de diversos factores fundamentales para cultivar alimentos de calidad como lo son: calidad de la tierra, luz solar, fertilizantes y, por supuesto, abasto del agua.
Lo anterior resulta fundamental si se toma en cuenta que el agua que se utiliza para riego cada vez es más escasa, pues la sobreexplotación de los mantos acuíferos sumada a diversos problemas en la red de distribución, la contaminación, la omisión en el control de las concesiones, la sequía y la falta de mantenimiento en los canales han hecho que el abastecimiento del vital líquido en diversas zonas del país sea cada vez más complejo.
Ejemplo de ello, es el canal Anzaldúas ubicado en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, el cual tiene una longitud de cerca de 112 kilómetros, una fuerza de abastecimiento de 220 mil hectáreas y forma parte del sistema de riego del bajo Río Bravo.
Dicho canal tiene una capacidad de 250 metros cúbicos por segundo y es el principal alimentador de los vasos el Culebrón, Cárdenas y Palito Blanco, a pesar de ello, hoy está invadido por lirio acuático. Esta planta es considerada una plaga porque en tan solo 15 días puede duplicar el espacio que abarca, también ocasiona problemas de oxigenación en el agua, produce exceso de materia orgánica, impide el paso de la luz solar, afecta la navegación de las embarcaciones, y pone en riesgo el ciclo agrícola del que dependen las familias de los miles de trabajadores del campo.
La Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas establece en su artículo 6 las atribuciones de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, entre las cuales destacan:
• Planear, programar, ejecutar, construir, administrar, operar, conservar y rehabilitar, directamente o a través de terceros, obras de infraestructura hidráulica a su cargo, para lo cual podrá celebrar convenios con la Federación y los municipios;
• Celebrar convenios de coordinación con los municipios;
• Normar, controlar, coordinar, vigilar, supervisar, sancionar e impulsar el óptimo aprovechamiento del agua conforme a sus atribuciones directas, delegadas o convenidas en los ámbitos federal, estatal y municipal;
• Dar aviso a la Comisión Nacional del Agua, por escrito en el término de quince días naturales contados a partir de que tenga conocimiento de los hechos, cuando detecte alguna necesidad o irregularidad de los usuarios y que a su consideración deba intervenir la Federación; y
Por otro lado, el mismo ordenamiento local en su artículo 17 determina que los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos en todos los asentamientos humanos de su circunscripción territorial, los que podrán ser prestados directamente por la dependencia municipal que corresponda, o bien por los prestadores de los servicios en los términos de lo dispuesto en la ley.
Es por ello que, esta proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas lleven a cabo las labores de saneamiento del canal de Anzaldúas, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y que las actividades agrícolas de esta región no se vean perjudicadas.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas y al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, para que con base en sus atribuciones y de forma coordinada, lleven a cabo labores de limpieza y saneamiento en el canal de Anzaldúas, a fin de garantizar su conservación y adecuado funcionamiento.
Notas
1 https://www.un.org/es/global-issues/population#:~:text=Est%C3%A1%20previsto%20que%20la%20poblaci%C3%B3n,
cuanto%20a%20estos%20%C3%BAltimos%20datos.
2 https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P#:~:text=Durante%20los%20%C3%BAltimos%
2070%20a%C3%B1os,en%2014%20millones%20de%20habitantes.
3 https://www.gaceta.unam.mx/el-crecimiento-poblacional-de-mexico-problem a-grave/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre 2022.
Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a exigir a los concesionarios a cumplir de manera inmediata con sus obligaciones para mejorar las condiciones y la infraestructura, y a atender los factores de riesgo que han generado siniestros viales en la Autopista Siglo XXI, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado federal por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a exigir a los concesionarios a cumplir de manera inmediata con sus obligaciones para mejorar las condiciones y la infraestructura y a atender los factores de riesgo que han generado siniestros viales en la autopista Siglo XXI, en los tramos que corresponden al estado de Michoacán y a la Guardia Nacional a implementar operativos de forma permanente para vigilar que se respeten los límites de velocidad y se apliquen las sanciones correspondientes en dicha autopista, lo anterior al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 14 de septiembre, una noticia lamentable ensombreció nuestros festejos patrios por un hecho vial de enorme magnitud, en la autopista Siglo XXI, a la altura de Taretan, en donde siete personas perdieron la vida, de aquí tres eran niños menores de 5 años, además de 12 personas lesionadas. Esta desgracia fue consecuencia del impacto de un tractocamión que iba a exceso de velocidad con cinco vehículos.
Sucesos como el anterior, en diferentes proporciones son una constante en dicha autopista. Uno de los principales elementos son los posibles casos de negligencia e incumplimiento por parte de los concesionarios, quienes desde el año 2007, no han cumplido en la ampliación de 2 a 4 carriles, así como los acotamientos y divisiones centrales, así como señalética adecuada de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo que permitiría un tránsito más ordenado, menos congestionamiento vial y menos hechos de tránsito.
Hemos de mencionar, que, con la finalidad de tener un panorama más certero, preciso y verídico, se ingresó una solicitud, a través del portal nacional de transparencia, del oficio en el cual los concesionarios señalan las causas de fuerza mayor para no continuar con la ampliación de la carretera y el soporte documental que dé constancia del porcentaje de avance, con folios 330025522001948, 330025522001947, 330025522001949, 331033222000069, información que permitirá tener una radiografía, de quiénes son los concesionarios, de las concesiones y su temporalidad, las cláusulas de las mismas y así identificar las omisiones que se han generado. El plazo, para que la información se proporcione está a algunos días de fenecer, no obstante, consideramos además de esto, el que, de manera institucional, el titular de la Secretaría Infraestructura Comunicaciones y Transporte, nos brinde un informe pormenorizado de la situación que guarda esta concesión que abarca lo siguiente:
1. Modernización autopista Pátzcuaro – Uruapan de 57.3 km a cuatro carriles.
2. Uruapan – Nueva Italia en dos carriles.
3. Modernización autopista Nueva Italia – Lázaro Cárdenas de 156.3km a cuatro carriles.
4. Libramiento de Morelia de 64.1 km con dos carriles.
5. Libramiento de Uruapan 25.2 km con dos carriles.
La presente proposición con punto de acuerdo es el primer paso. El siguiente será presentar una iniciativa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, es específico, al artículo 17, adicionando una fracción, para que una de las causales para revocar las concesiones sea la falta de mantenimiento o de cumplimiento en su construcción y que tenga como consecuencia el incremento de los accidentes a lo largo de su trayecto de manera anual. No se deben etiquetar estos sucesos como meros “accidentes”, porque no lo son, por el contrario, son siniestros de tránsito, los cuales son producto de la falta de señalización, acotamiento, ampliación de carriles, división de carriles intermedios, entre otras omisiones de los concesionarios. Todo lo anterior, propiciado por falta de planeación y de quienes no cumplen con lo acordado. Siendo claros, que esta regla no aplica a todos, porque hay quienes, de manera responsable y puntual, en lo que respecta a su tramo han acatado con lo establecido.
Mientras no se cumplan las obligaciones, seguirán ocurriendo siniestros y hechos de tránsito, debido a que más del 90 por ciento del tráfico pesado transita entre Morelia y Lázaro Cárdenas, adicionando que, en periodo vacacional, aumentan considerablemente los flujos de vehículos.
Por otra parte, es necesario que la Guardia Nacional implemente operativos de forma permanente para vigilar que se respeten los límites de velocidad y se apliquen las sanciones correspondientes, pues dentro de sus atribuciones y obligaciones están:
1. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en las carreteras federales y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.
2. Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, la zona terrestre de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas.
3. Determinar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación.
Finalmente, las omisiones de los concesionarios atentan contra el derecho a la seguridad vial de los usuarios.
Actuar con responsabilidad, implica tener la información que nos permita tomar las decisiones correctas, y queremos resaltar que siempre serán por el bien común, de las personas del estado de Michoacán. Las vidas humanas no tienen precio, y algunas excusas como las que ya se han mencionado aquí, no pueden estar por encima de las pérdidas humanas y los daños materiales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes a exigir a los concesionarios a cumplir de manera inmediata con sus obligaciones para mejorar las condiciones y la infraestructura en la autopista Siglo XXI, como la ampliación a cuatro carriles en los tramos que corresponden al estado de Michoacán.
Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes a atender los factores de riesgo que han generado siniestros viales en la autopista Siglo XXI, en los tramos que corresponden al estado de Michoacán.
Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Guardia Nacional a implementar operativos de forma permanente para vigilar que se respeten los límites de velocidad y se apliquen las sanciones correspondientes en la autopista Siglo XXI, en los tramos que corresponden al estado de Michoacán.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 20 de octubre de 2022.
Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a adoptar medidas que combatan la inflación sin poner en riesgo la salud y la vida de las y los mexicanos, así como a respetar las atribuciones del Senasica, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I. El pasado 3 de octubre el Titular del Poder Ejecutivo federal llevó a cabo la firma del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) (en lo sucesivo “el Acuerdo”), asegurando que este sería una medida contra la inflación y la carestía, con la cual se pretende contribuir a contrarrestar el encarecimiento de productos agrícolas y reducir los costos regulatorios y logísticos para fortalecer la oferta en conjunto con la iniciativa privada; pero no solo eso, sino que traerá consigo una baja en el costo de la canasta básica lo cual ayudará a la economía de los mexicanos.
En cuanto a la canasta básica el Acuerdo marca que actualmente el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de $ 1,129.00 por 24 productos. La acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio tiene el objetivo de reducir su costo a $ 1,039.00 pesos promedio, es decir un 8%, hasta el 28 de febrero de 2023.1
Para lograr lo anterior, sin fundamento legal alguno y excusándose en la confianza, el Gobierno Federal otorgará a las empresas firmantes del Acuerdo una “licencia única y universal”, que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de las empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del Impuesto General de Importación al Comercio Exterior.2
Lo anterior puede traducirse en que se confiará a los mismos productores y distribuidores el control sanitario y la responsabilidad de asegurar que las mercancías que se comercian y transitan en nuestro país puedan llegar a los hogares de las familias mexicanas con la calidad que se requieren y cumpliendo con las normas sanitarias de inocuidad y calidad que dicho de otro modo son para evitar la introducción de enfermedades que pueden poner en riesgo la salud de quienes habitamos en este país.
Si bien es cierto que la intención es contener o neutralizar los costos derivado de la inflación en el precio de la canasta básica, también es cierto que se omitirán importantes filtros de revisión bajo una “licencia de confianza”, por lo que se podría ocasionar la introducción de enfermedades o plagas que afectarían aún más las finanzas de las familias mexicanas y con un efecto negativo hacia las finanzas públicas en caso de no prevenir las buenas prácticas de la inocuidad agroalimentaria.
Dicho de otro modo, las y los mexicanos no tendremos la certeza de que el alimento que consumimos esté plenamente certificado en materia de salubridad por las instituciones de la Senasica, la Cofepris y hasta los participantes que están autorizados para dichos trámites, perdiendo toda trazabilidad de lo está transitando en el país y que será posteriormente un problema grave de salud pública, ya que por experiencia mundial y lo que señalan los expertos se han derivado enfermedades como la tuberculosis, brucelosis, fiebre aftosa en ganado o plagas en plantas en el campo.3
Tal es la importancia de dichas actividades y filtros que el 14 de octubre de 2022 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó en el estudio de sus laboratorios el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1, de un halcón gerifalte (Falco rusticolus) que se alimentaba de aves silvestres en la cuenca del río Lerma, en el Estado de México, muriendo a causa de la enfermedad4 . La cepa de ese virus ha provocado graves brotes y problemas de salud pública en Europa, Estados Unidos y Canadá considerada como una enfermedad exótica5 .
Tampoco podemos omitir lo ocurrido en Comitán, Chiapas el pasado 14 de octubre del presente año, dónde donde una adulta mayor falleció y 19 personas más se encuentran hospitalizadas por comer carne intoxicada con clembuterol que llegó de Panamá.6
Otro grave problema al que puede enfrentarse nuestro país a parte del de salud pública, es la pérdida de confianza, ya que, tanto la Senasica como su antecesor habían logrado tejer una red nacional de vigilancia epidemiológica, tanto en los productos vegetales como en los productos animales, por lo que México es considerado como un país que se toma en serio ese tema, y que por tanto puede ser interlocutor en el mundo al respecto.
De hecho, México es considerado el quinto productor pecuario del mundo, lo anterior se logró por el establecimiento de parámetros sanitarios que mal que bien en distintas entidades se cumplen. Por lo que, de seguir con el acuerdo se podrían tener eventuales pérdidas por exportación y en el plano doméstico habría una baja en la producción.7
Inclusive, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, el pasado 5 de febrero del presente año, publicó un comunicado dirigido al Secretario de Hacienda y Crédito Público pronunciandose sobre el acuerdo del Ejecutivo Federal en dónde solicitan: “que el acuerdo del APECIE garantice ante todo la inocuidad y fitosanidad en las importaciones de productos agrícolas que provengan de otros países, asegurando, por el bien de todos, que la industria agroalimentaria de México sigo manteniendo su excelencia sanitaria dentro y fuera de nuestro país”.8 También mencionan que es primordial mantener la reputación sanitaria del país, ya que, de no hacerlo, se pondrían en riesgo muchos programas de exportación de productos del campo de nuestro país, incluyendo el aguacate mexicano.
Tan solo el pasado viernes 14 de octubre de este 2022, la Organización Mundial de la Salud alertó a nivel internacional de un brote de cólera en 26 países y que a pesar de dicha información el Gobierno ha tomado la decisión de quitar los controles sanitarios de alimentos de huevo, pollo, carne de res, pescado, entre otro, por su parte especialista de la Universidad Autónoma de México alertó de un probable incremento en casos de salmonella y el cólera9 .
II. Ahora bien, el Acuerdo ya mencionado trae consigo irregularidades que incumplen con el propio TMEC y las normas de salubridad mexicanas, y es que partir de que entre en vigencia este acuerdo y a partir de la licencia que se les otorgue a las empresas, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país; esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.
En relación con el TMEC nos situamos en el Capítulo 9 denominado “Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, donde el Acuerdo promulgado por el titular del ejecutivo viola es mismo, ya que el propio Capítulo 9 establece que:
“Se deberá asegurar que las medidas sanitarias o fitosanitarias aplicadas por cada Parte no creen obstáculos innecesarios al comercio ”.10
“Asegurar que las medidas sanitarias o fitosanitarias aplicadas por cada Parte no creen obstáculos innecesarios al comercio ”11
“Las medidas sanitarias o fitosanitarias que estén en conformidad con normas, directrices y recomendaciones internacionales relevantes se consideran necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, y se presumen compatibles con las disposiciones pertinentes ...”12
“Si una Parte adopta o mantiene una medida sanitaria o fitosanitaria provisional si la evidencia científica pertinente es insuficiente, la Parte, dentro de un periodo de tiempo razonable: (a) buscará obtener la información adicional necesaria para una evaluación más objetiva del riesgo; (b) completará la evaluación del riesgo después de obtener la información necesaria; y (c) revisará y, de ser apropiado, modificará la medida provisional a la luz de la evaluación del riesgo ”.13
En el derecho mexicano encontramos el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios? la cual establece la regulación, control y fomento sanitario del proceso, importación y exportación, así como de las actividades, servicios y establecimientos, relacionados con los productos siguientes:
“Artículo 113. Los procedimientos que se empleen para obtener los productos comprendidos en este título, deberán llevarse a cabo bajo condiciones de higiene, que garanticen su calidad sanitaria y que se encuentran dentro de las especificaciones establecidas en las normas correspondientes ”.
III. El artículo 4 en su tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad . El Estado lo garantizará ”. De acuerdo con una encuesta realizada por Data Praxis y You Gov y patrocinada por la Open Society de George Soros, 8 de cada 10 mexicanos tienen miedo a tener hambre, muy por encima de países como Nigeria y Senegal, donde refleja que dicho temor va en crecimiento como en Estados Unidos14 .
La política social es uno de los ejes rectores para combatir y resarcir las desigualdades y la pobreza. La implementación de esta política pone a prueba las capacidades institucionales de los programas que deben tener como finalidad subsanar las carencias y vulnerabilidades para eventualmente potenciar el desarrollo de las personas, sobre todo cuando existen altos índices de pobreza y hambre en nuestro país, ante ello debemos fortalecer las capacidades del Estado en conjunto con la Federación para consolidar mejores condiciones para la sociedad mexicana.
Ante los estragos que ha dejado la pandemia de COVID-19 a nivel mundial muchas personas han padecido los estragos por la pérdida de empleos o la disminución de sus ingresos familiares, ante ello la política social a través de sus entes públicos para evitar más el desperdicio de alimentos, que pueden ser en beneficio de las personas que carecen de alimentación, así como fomentar la reutilización de sus derivados en aras de disminuir las desigualdades sociales prevalentes en nuestro país.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da cuenta básicamente de los preceptos que deben de regirse en el sistema económico y social con las políticas públicas a través de sus servidores públicos frente al sector social y que se especifica como Economía Social y Solidaria, conforme a lo siguiente:
“Artículo 26 .
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación .”
Además de lo anterior, el Estado mexicano a través de sus tres órdenes de gobierno está obligado a cumplir con los preceptos de desarrollo social en sus diferentes formas y así lo establece la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 6 lo siguiente:
“Artículo 6.- Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad , la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano , el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .”
Asimismo, debemos señalar que en el rubro de políticas públicas sociales es donde se ubica un mayor rezago en materia de desperdicio de comida en nuestro país, pues de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los alimentos que nunca se consumen representan un desperdicio de recursos, como tierra, agua, energía, suelo, semillas y otros insumos utilizados en su producción. Asimismo calcula que entre el 8 % y el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas a alimentos que nunca se consumieron15 .
En este sentido vale la pena destacar que conforme a datos del Banco de Alimentos de México (BAMX), organización de la sociedad civil sin fines de lucro, un tercio del alimento producido se desperdicia, lo que equivale a 38 toneladas por minuto , que bien podrían alimentar a 25.5 millones de personas con carencia alimentaria:
• La pérdida: Una disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los proveedores en la cadena alimentaria, excluyendo a los minoristas, proveedores de servicios de alimentos y consumidores, en las fases de producción, post-cosecha, almacenamiento y transporte.
• El desperdicio: La disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los minoristas, proveedores de servicios alimentarios y consumidores, incluye la comida a medio comer que queda en el plato en un restaurante y los restos de la comida preparada en casa16 .
Ante dicha situación debemos señalar que nuestro jurídico ya establece un piso mínimo de como deben de realizarse las donaciones de alimentos conforme a lo señalado en la Ley General de Salud:
“Artículo 199-Bis.- Las instituciones que tengan por objeto recibir la donación de alimentos y el suministro o distribución de los mismos con la finalidad de satisfacer las necesidades de nutrición y alimentación de los sectores más desprotegidos del país, quedan sujetas a control sanitario y, además de cumplir con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables, deberán :
I. Tener establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias adecuadas para el manejo de alimentos ;
II. Contar con personal capacitado y equipo para la conservación, análisis bacteriológico, manejo y transporte higiénico de alimentos ;
III. Realizar la distribución de los alimentos oportunamente, a fin de evitar su contaminación, alteración o descomposición, y
IV. Adoptar las medidas de control sanitario, que en su caso, les señale la autoridad.
Se considerara? responsable exclusivo del suministro de alimentos que por alguna circunstancia se encuentren en estado de descomposición y que por esta razón causen un daño a la salud, a la persona o institución que hubiere efectuado su distribución ”.
IV. El 17 de octubre de 1987 más de cien mil personas se juntaron en la plaza del Trocadero en París para proclamar que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de sumar esfuerzos para garantizar su cumplimiento, dichos principios se inscribieron en una losa conmemorativa de la cual se han hecho réplicas en otras partes del mundo, como en el jardín de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Desde entonces, las personas se reúnen cada año ante estas placas para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad con las personas de escasos recursos.
Con ello, se ha generado el compromiso de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas de todo el mundo disfruten de paz y prosperidad, por lo que la Agenda 2030 retomó la promesa establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la realidad actual muestra que 1300 millones de personas siguen viviendo en la pobreza multidimensional, y casi la mitad de ellas son niños y jóvenes.
Sin embargo, tanto en México como en todo el mundo, las naciones atraviesan por dos problemas cruciales: el hambre y el cambio climático, frente a esto los países han tomado acciones frente a estos problemas, como en Seúl, donde automáticamente los botes de basura pesan la cantidad de comida que se tira a la basura. A su vez, en Londres, los tenderos han dejado de poner etiquetas de fecha en frutas y verduras para evitar la confusión sobre los productos que aún pueden ser comestibles. En California se estableció que los supermercados regalen los alimentos que no se vendieron pero que se encuentran en buen estado para ser consumidos.17
El informe sobre el Índice de desperdicio de alimentos 2021, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la organización asociada WRAP revela que a nivel mundial, per cápita, cada año se desperdician 121 kilogramos de alimentos a nivel del consumidor, de los cuales 74 kilogramos se desperdician en los hogares.18
Según la FAO la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA) constituye un desafío apremiante en el diseño de sistemas alimentarios sostenibles, lo anterior repercute de manera negativa en la seguridad alimentaria y la nutrición, contribuyendo de manera significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del medio ambiente, la degradación de los ecosistemas naturales y la pérdida de biodiversidad.
Atacar la pérdida y el desperdicio de alimentos es un objetivo definido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (meta ODS 12.3) acordados internacionalmente, los organismos responsables de esta meta, son la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que miden y monitorean los progresos en la reducción de la PDA basándose en el índice mundial de pérdida y desperdicio de alimentos, por ello hacen las siguiente recomendaciones sobre políticas públicas a realizar:
• La pérdida y el desperdicio de alimentos se pueden y se deben prevenir y reducir drásticamente. Invertir en la producción, la cosecha, la manipulación y la distribución de alimentos inocuos, nutritivos y de buena calidad para el consumo humano contribuirá a reducir la PDA. Reducir la pérdida de alimentos puede producir beneficios generalizados en todas las dimensiones de las metas relativas al hambre mejorando la disponibilidad de alimentos, el acceso a estos y los ingresos de los pequeños productores (ODS 2) y favoreciendo la acción climática, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres (ODS 13, 14 y 15, respectivamente).
• La recuperación y la redistribución pueden ayudar a hacer un buen uso de los excedentes de alimentos y a reducir la inseguridad alimentaria. Además, son beneficiosas para el medio ambiente.
• La PDA supone pérdidas económicas para todas las partes interesadas de las cadenas de suministro alimentario, consumidores finales incluidos. También representa un uso extremadamente ineficiente de los recursos (p. ej. la mano de obra, el agua, la energía y las tierras), influye en el cambio climático y contribuye a otros impactos sociales negativos que son evitables. La colaboración y las asociaciones de todas las partes interesadas de la cadena de suministro alimentario son esenciales para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Para hacer realidad y maximizar los impactos positivos de la reducción de la PDA, son necesarias unas estructuras de gobernanza y el desarrollo del capital humano, así como inversiones en infraestructuras, tecnología e innovación.
• Los factores clave para el cambio son la sensibilización pública y políticas a medida que faciliten la identificación de incentivos específicos y marcos reglamentarios adaptados al contexto. Una mejor disponibilidad de datos acerca de dónde se produce la PDA, y sobre las causas y los factores subyacentes de esta, favorecerá el diseño y la elaboración de políticas, estrategias e intervenciones para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos.
• Los procesos de sensibilización del sector público y del privado, así como de la sociedad civil, facilitarán la fijación de objetivos en el nivel local, nacional, regional y mundial, aumentarán la sensibilización, concentrarán los esfuerzos, movilizarán recursos y garantizarán la implementación de una acción eficaz para cumplir la Agenda 2030.19
Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a adoptar medidas de carácter urgente a fin de combatir la inflación sin que se comprometa la salud y la vida de las y los mexicanos, así como a respetar las atribuciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal a abstenerse de implementar medidas de carácter administrativo que se encuentren al margen de la ley o que pudieran poner en riesgo la salud y la vida de las y los mexicanos; y a respetar las atribuciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria así como a fortalecer las labores de dicha institución.
Notas
1 Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic). Gobierno de México. Recuperado de: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/acuerdo-de-apertura-contra-la -inflacion-y-la-carestia-apecic
2 ídem
3 Advierten riesgos al desaparecer procesos de importación de alimentos, Gaceta de la UDG, Iván Serrano, 13 de octubre de 2022, http://www.gaceta.udg.mx/advierten-riesgos-al-desaparecen-procesos-en-i mportacion-de-alimentos/
4 Confirman primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad en halcón, La Jornada, 14 de octubre de 2022, recuperado.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/14/sociedad/
confirma-senasica-primer-caso-de-influencia-aviar-de-alta-patogenicidad-en-halcon/
5 Bidem .
6 Twitter, Denise Maerker, 14 de octubre, recuperado de: https://twitter.com/DeniseMaerker/status/1581010948722069504?t=2D2LlqxI LtvIjm1L86Rhsg&s=19
7 El Financiero, "Senasica: ¿apretón de manos o de pescuezo?", 11 de octubre de 2022, recuperado de:
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camaren a/2022/10/11/senasica-apreton-de-manos-o-de-pescuezo/
8 Twitter, APEAM, A.C. recuperado de: https://twitter.com/apeamac/status/1577793052499910658?s=46&t=vOwj5 1L2TxhDziv-efmtQw
9 México quita controles sanitarios para alimentos tres días después de que la OMS alertara por brotes de cólera en el mundo, Animal Político, 5 de octubre de 2022, recuperado de:
https://www.animalpolitico.com/2022/10/mexico-quita-cont roles-sanitarios-alimentos-oms-colera/
10 T-MEC. Gobierno de México. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/708697/T. MEC_TOMO_I_CAP_TULO_1_AL_13.pdf
11 ídem
12 ídem
13 ídem
14 El Economista,"El miedo al hambre ¿por qué es tan alto en México?, 7 de septiembre de 2022, recuperado de:https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-miedo-al-hambre-por-que-e s-tan-alto-en-Mexico-20220907-0018.html
15 Procuraduría Federal del Consumidor, "Evita el desperdicio de alimentos", 16 de junio de 2022, recuperado de:
https://www.gob.mx/profeco/documentos/evita-el-desperdic io-de-alimentos?state=published
16 Bidem
17 Dentro del esfuerzo global para mantener los alimentos perfectamente buenos fuera del vertedero. The New York times. Recuperado de: http://www.periodicosanjuan.com/2022/10/13/dentro-del-esfuerzo-global-p ara-mantener-los-alimentos-perfectamente-buenos-fuera-del-vertedero/
18 ONU: se desperdicia 17% de todos los alimentos disponibles a nivel del consumidor. ONU. Recuperado de:
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/onu-se-desperdicia-17-de-todos-los-alimentos
-disponibles#:~:text=A%20nivel%20mundial%2C%20per%20c%C3%A1pita,
per%20c%C3%A1pita%20regionales%20y%20nacionales.
19 FAO, "Portal de apoyo a las políticas y la gobernanza", recuperado de: https://www.fao.org/policy-support/policy-themes/food-loss-food-waste/e s/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2022.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a CNPC a emitir la declaratoria de emergencia para diversos municipios del estado de Chiapas por las inundaciones causadas por la tormenta tropical Karl, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscribe, Olga Luz Espinosa Morales, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Consideraciones
1.- De acuerdo con el Sistema Estatal de Protección Civil, la tormenta tropical Karl el pasado 17 de octubre de 2022, dejó más de 22 mil 775 personas damnificadas, 30 viviendas colapsadas y 3 mil 521 viviendas afectadas en siete municipios del norte de Chiapas, así como daños en redes de agua potable y de energía eléctrica.1
2.- Esta fuente también informó que en Pichucalco, más de 660 comercios y dos mercados públicos sufrieron estragos, además que se reportaron afectaciones en 16 puentes peatonales y vehiculares, dos carreteras, seis caminos rurales, y nueve vías urbanas.
3.- Además, el Sistema reportó daños a la clínica San José Chapayal, al Hospital General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, y a cinco escuelas más. Asimismo, se declararon pérdida total en las oficinas de la Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Pichucalco, daños por inundación parcial en la planta baja del palacio municipal, deterioro total por inundación en las instalaciones de Protección Civil.
4.- De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, corresponde al Ejecutivo federal emitir declaratorias de emergencia o desastre de origen natural, en los términos establecidos en esta ley y en la normatividad administrativa y disponer la utilización y destino de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, con apego a lo dispuesto por la normatividad administrativa en la materia.
5.- Se exhorta al sistema nacional ya que su objeto es proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.
6.- La Ley General de Protección Civil señala que para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá: presentar a la Secretaría una solicitud firmada por el titular de la instancia pública federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso que se trate de una entidad federativa, de acuerdo a los requisitos y términos previstos en la normatividad administrativa respectiva; la manifestación expresa de que se evitarán las duplicidades con otros programas y fuentes de financiamiento, y para el caso de las entidades federativas en situación de emergencia y/o desastre, la manifestación expresa de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera para atender por sí sola la contingencia.
7.- Finalmente, la Ley de referencia establece que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.
Por lo expuesto y fundado, quien suscribe propone la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Coordinación Nacional de Protección Civil a emitir la declaratoria de emergencia para los municipios de Pichucalco, Ixtacomitán, Ostuacán, Chapultenango, Juárez, Reforma y Sunuapa en el estado de Chiapas, por las inundaciones por el paso de la tormenta tropical Karl el pasado 17 de octubre de 2022, y con ello se pueda acceder a los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, ejecute los mecanismos presupuestarios que permitan destinar los más pronto posible los recursos para implementar programas y proyectos para atender los daños ocasionados la tormenta tropical Karl en el estado de Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 18 día del mes de octubre de 2022
Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Judicial del Estado de México a la liberación de Kenia Hernández Montalbán, a Capufe a aceptar el acuerdo reparatorio y a la FGR a desistirse de las causas contra la imputada, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Susana Prieto Terrazas, diputada federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 1o que todas las personas gozamos de todos los derechos humanos y que se encuentran reconocidos en esta, también nos dota de garantías en cuanto a su protección y el ejercicio de los derechos humanos no son susceptibles de restricción o suspensión, para lo cual “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”1
En este sentido este primer artículo deja claro que México es un país en el cual los derechos humanos se deben respetar para que se confirme que todos vivimos en un Estado de derecho. Sin embargo, esto no siempre se cumple, ya que existen autoridades de diversos niveles y entidades que violan el Estado de derecho, que incumplen las garantías de derechos humanos y discriminan a las personas por género y origen étnico. Tal es el caso de Kenia Inés Hernández Montalbán, quien el 18 de octubre de 2022 cumple dos años de estar presa de manera ilegal por acusaciones inventadas por distintas autoridades, por esta razón propongo el presente punto de acuerdo, para restaurarle sus derechos constitucionales.
Kenia Inés Hernández Montalbán, es una defensora de derechos humanos en el estado de Guerrero que se encuentra presa de manera ilegal por supuestos delitos del fuero común y del fuero federal que no cometió y lleva 2 años en prisión en un centro de alta seguridad en el estado de Morelos y las penas alcanzan 20 años.
Kenia es una defensora indígena n’ooomdaa, feminista, abogada, hablante de la lengua amuzga y nativa de la comunidad de Xochistlahuaca en el estado de Guerrero. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive , un movimiento campesino que defiende el derecho a la tierra, la identidad colectiva y promueve diversas formas de resistencia pacífica contra el modelo de desarrollo neoliberal impuesto por el Estado mexicano desde hace más de veinte años. En 2019 se mudó a la Ciudad de México debido a los riesgos a los que se enfrentaba en su hogar; a pesar de ello, siguió recibiendo amenazas de muerte y siendo objeto de campañas de difamación y de hostigamiento judicial.
Kenia enfrenta diversos cargos de los cuales ha sido falsamente acusada por autoridades de diversos estados como son robo con violencia (con uso de arma de fuego) supuestamente cometido el 19 de marzo de 2020 en la caseta de las Américas, Ecatepec, Estado de México; robo con violencia (moral) supuestamente cometido el 15 de febrero de 2020 en la caseta la Hortaliza, Almoloya, Estado de México; ataques a las vías generales de comunicación agravado por cometerse en Pandilla el 29 de marzo de 2019, en la caseta de la Venta, Acapulco, Guerrero; ataques a las vías generales de comunicación agravado por cometerse en pandilla y ataques a las vías generales de comunicación agravado por cometerse en pandilla, el 31 de mayo de 2020 en la caseta de la Alpuyeca, Morelos.
Todos estos delitos han sido inventados por las autoridades judiciales de los estados de México, Guerrero Morelos y Guanajuato con el objeto de mantener a Kenia prisionera y sin un debido proceso porque los jueces no la consideran defensora de derechos humanos, tampoco es considerada como una integrante de comunidad indígena y mujer, razones por las cuales debiera ser tratada con los protocolos en la materia.
En el caso de los órganos jurisdiccionales del Estado de México el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec del Fuero Común le inició la Causa penal de juicio Oral 617/2020 por lo que tiene a Kenia presa con una sentencia condenatoria de 11 años y 3 meses. Ante este fallo se interpuso una apelación la cual resolvió por un Tribunal de Alzada del Distrito Judicial de Ecatepec en el sentido de confirmar la culpabilidad aunque redujo la pena en apenas un par de años.
Por su parte el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca del Fuero Común inició la Causa Penal de Juicio Oral 149/2021, con la cual la defensora de derechos humanos recibió una sentencia condenatoria de 11 años y 6 meses, ya como resolución de segunda instancia. Ambos fallos suman 21 años y 3 meses por lo cual Kenia enfrenta la medida cautelar de cárcel en penal de máxima seguridad de Morelos No. 16.
Por su parte, el juez de distrito especializado en Sistema Acusatorio Adversarial Oral Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Guerrero con residencia en Acapulco en funciones de juez de control del Fuero Federal, inició la causa de control 322 /2020. En este caso la instancia ofendida es caminos y puentes federales (Capufe), y aunque la justicia federal amparó y protegió a Kenia en contra de la vinculación a proceso, el hecho imputado es susceptible de acordar reparación del daño con lo cual Kenia puede recuperar su libertad. Sin embargo, Capufe se niega reiterada y tajantemente a un acuerdo reparatorio a pesar de ser viable jurídicamente.
Por otro lado, el juez de distrito especializado en Sistema Acusatorio Adversarial Oral Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Guanajuato con residencia en Acapulco en funciones de juez de control del Fuero Federal, inició la causa de control 1144/2020 que mantiene suspendida. La entidad ofendida es Capufe y el juez de distrito de Guanajuato sugirió a Capufe llegar a un acuerdo reparatorio para evitar congestionar innecesariamente el sistema judicial federal. Esta misma situación es la que guardan las causas penales 1145/2020 y 1146/2020 del mismo órgano jurisdiccional.
Ahora, el juez de distrito especializado en Sistema Acusatorio Adversarial Oral Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Guerrero con residencia en Acapulco en funciones de Juez de Control del Fuero Federal inició la causa de control 83/2021. En este caso la Justicia federal amparó y protegió a Kenia Hernández en contra de la vinculación a proceso. El hecho imputado es susceptible de acordar reparación del daño con lo cual Kenia Hernández puede recuperar su libertad, sin embargo en esta causa Capufe también se niega reiterada y tajantemente a un acuerdo reparatorio a pesar de ser viable jurídicamente. Parece que la decisión es mantener a Kenia en prisión a toda costa.
Ha habido diferentes informes de la situación de las personas defensoras que retoman la criminalización de Kenia Hernández como un caso emblemático sobre el cual llaman particularmente su atención. Uno de ellos es el Análisis Global 2020 Frontline Defenders y el informe Semillas de Dignidad y Lucha Situación de personas defensoras en México 2019-2020. Este último señala que “[s]u persecución política es evidente, en tanto se generan nuevas acusaciones de delitos que buscan mantenerla en prisión. Además, resulta sumamente grave que uno de los argumentos usados en su contra es señalar que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas le había retirado las medidas, es decir, la Fiscalía estatal desestimó su labor como defensora de derechos humanos a través de un oficio, cuando es evidente que el hecho de haber contado o no con medidas de protección otorgadas por el Estado que hoy la criminaliza, no es ni debe ser una condicionante para considerarla persona defensora de derechos humanos.”2
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado el 20 de octubre de 2020 en el cual “llama a las autoridades procuradoras de justicia para que respeten el principio de presunción de inocencia e intervención mínima, bases fundamentales del sistema de justicia penal acusatorio, acorde a lo establecido en los artículos 18, 19, párrafo segundo, y 20, primer párrafo apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”3
El caso de Kenia exhibe al sistema de justicia como faccioso ya que busca criminalizar la protesta y a las personas defensoras de derechos humanos, con el fin de que abandonen sus luchas por medio desacreditar sus causas.
En un comunicado de prensa fechado el 22 de mayo de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su intranquilidad por una serie de situaciones fuera del estado de derecho como la violencia, intimidación y criminalización que sufren las personas defensoras de derechos humanos. El documento destacó en México el caso de Kenia Inés Hernández Montalván4 como un ejemplo en materia de criminalización, quien estaría procesada por al menos 5 causas penales, según información del Estado. Hernández Montalván es defensora indígena, coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.
El documento abunda que cuando se criminaliza a las personas defensoras se siembra un estigma ante la sociedad y a la vez se envía un mensaje intimidatorio para que otras personas defensoras consideren participar en estas actividades, ya que pueden ser sujetas de causas penales “o querellas judiciales sin fundamentos en contra de ellas, por lo que tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos. En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes.” (Comisión Interamericana, 22 de mayo de 2022,
https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa /comunicados/2022/114.asp).
En otra modalidad de violencia la CIDH tuvo conocimiento de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en diversos estados de la república, entre quienes se encuentran el defensor ambiental José Trinidad Baldenegro, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, asesinado el 7 de marzo; de Néstor Iván Merino Flores, líder de la Asamblea de Pueblos Indígenas de Oaxaca (API), en Oaxaca ultimado el 20 de marzo y Luis Ortiz Donato, líder del Consejo Ciudadano de Marquelia y defensor del pueblo afromexicano de Guerrero, el 28 de abril. Estos casos dan cuenta del estado de indefensión en que se encuentran estas personas defensoras de derechos humanos.
Por su parte la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la La Declaración de los defensores de los derechos humanos 5, documento en el cual expone los derechos reconocidos a las personas defensoras de derechos humanos, entre los que se encuentran
- “A procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional;
- A formar asociaciones y ONG;
- A reunirse o manifestarse pacíficamente;
- A presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los derechos humanos;
- A denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a que se examinen esas denuncias.” (Op. Cit.).
Kenia ha cumplido con derechos que la ONU le reconoce, se manifestó pacíficamente, es parte de una asociación y ha expresado su desacuerdo con las políticas que considera injustas a tal grado que los grupos especiales de las Naciones Unidas: Relatoría Especializada en Personas Indígenas, Relator Especializado en Personas Defensoras así como el Grupo Especial en Detenciones Arbitrarias solicitaron al Estado Mexicano la liberación de la defensora afro indígena derivado de que corroboraron que su prisión responde fundamentalmente a motivos de criminalización de su protesta.6
A su vez esta misma declaración establece las obligaciones o deberes a los estados, como son:
- “Proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos;
- Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de otra índole;
- Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos;
- Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos humanos;
- Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración;” (Op. Cit)
De acuerdo a los deberes del Estado como “Realizar una investigación rápida e imparcial ” a Kenia esto no se cumple, ya que lleva dos años encarcelada con acusaciones falsas y la apertura de causas por lo que no se cumple la obligación de proteger sus derechos humanos.
El caso de Kenia es violencia política de género de acuerdo al cuadernillo publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Violencia política contra las mujeres en razón de género 7 ya que se cumplen al menos dos supuestos, que
“i) Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos por razones de género, o contra aquellas defensoras que protegen los derechos de las mujeres.”
“j) Usen indebidamente el derecho penal sin fundamento, con el objeto de criminalizar la labor de las defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen.”
La declaración antes mencionada también provee la ejecución de instrumentos legales para garantizar los derechos humanos como lo es adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades.
Por lo anteriormente descrito, y considerando lo expuesto en el presente documento es que, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades del Poder Judicial del Estado de México a la liberación de Kenia Hernández Montalbán, a caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos acepte el acuerdo reparatorio, a la Fiscalía General de la Republica a desistirse de las causas contra Kenia Inés Hernández Montalbán.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
2 https://redtdt.org.mx/archivos/16128 consultado el 7 de septiembre de 2022.
3 https://www.cndh.org.mx/palabras-clave/4119/kenia-ines-hernandez-montal van consultado el 7 de septiembre de 2022.
4 https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/20 22/114.asp consultado el 7 de septiembre de 2022.
5 https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders
#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20estipula%20la%20necesidad,situaci%C3%B3n%20pr%C3%A1cticas%20de%20los%20defensores. consultado el 8 de septiembre de 2022.
6 https://srdefenders.org/information/on-kenia-hernandezs-upcoming-appeal -hearing/ . Consultado el 9 de septiembre de 2022.
7 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf Consultado el 8 de septiembre de 2022.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2022
Diputada Susana Prieto Terrazas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a indemnizar a las víctimas y reparar los daños de las viviendas afectadas por la explosión del pozo Terra 123 en la comunidad de Oxiacaque, en el municipio de Nacajuca, Tabasco, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos (PEMEX), a indemnizar a las víctimas y reparar los daños de las viviendas afectadas por la explosión del pozo Terra 123 en la comunidad de Oxiacaque en el municipio de Nacajuca, Tabasco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En octubre de 2013 se dio a conocer la terrible noticia de la explosión del pozo Terra 123 ubicado en la zona indígena del municipio de Nacajuca localizado aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, dicha explosión se originó debido a una fuga en uno de los pozos que tiene Petróleos Mexicanos, (PEMEX).
Las llamas del incendio alcanzado hasta 500 metros de altura, lo que pusieron en peligro a otras comunidades cercanas a Nacajuca, como fueron El Sitio, La Isla, Belem, Chiflón y Oxiacaque.
Lamentablemente con la explosión del pozo Terra 123 provocando que más de 400 familias indígenas chontales que vivían a las cercanías de aquel pozo se hayan visto afectadas con sus cultivos y pastizales, los cuales se perdieron, pues el calor del fuego seco las cosechas, afectando así sus principales actividades agrícolas y ganaderas las cuales eran su principal fuente de economía, explico el delegado de la comunidad El sitio Domingo May.1
En consecuencia a las vibraciones en el suelo al momento de la explosión del pozo Terra 123, el cual se mantuvo sin ser extinguido durante 58 días, las viviendas de la comunidad de Oxiacaque en el municipio de Nacajuca, sufrieron graves daños como: fisuras y agrietamientos en las paredes, pisos, trabes y loza; dejando un latente riesgo de colapso a las comunidades más cercanas al lugar del siniestro, tal como es en la Isla Guadalupe, donde a decir de los pobladores las vibraciones eran tan fuertes que no podían conciliar el sueño y que constantemente se sentían detonaciones de alta intensidad en los alrededores del pozo, lo cual ocasionó que las fisuras se abrieran más rápidamente.2
Hasta el día de hoy las autoridades de Petróleos Mexicanos, (PEMEX), se niegan a pagar los daños a las personas que han demostrado físicamente que sus viviendas fueron afectadas por la explosión del pozo Terra 123.
Además, la humedad en las comunidades y rancherías es un factor importante para el deterioro de las viviendas, es así como a partir de las fisuras la humedad fue mayor en los hogares y comenzó a recorrer el acabado de las paredes aumentando las posibilidades de un colapso.
En consecuencia, a los bajos recursos de la mayoría de los habitantes, les es imposible reparar los daños y darles fortaleza de sus viviendas afectadas por la explosión. Además, los pobladores de Oxiacaque, explican que las vibraciones en sus viviendas se sienten con la actividad normal de los pozos, esto al momento de las perforaciones y de la extracción de combustible.
La explosión del Pozo Terra 123 de Petróleos Mexicanos en 2013 provocó afectaciones tanto ambientales como de salud en los pobladores de Oxiacaque, del municipio de Nacajuca, los pobladores presentan enfermedades como vitiligo, problemas de visión, sarpudillo en la piel dolor de garganta, tos y gripa.3
Es desconsolador, ver la selva del ejido de Oxiacaque, municipio de Nacajuca, en una llanura desnuda de vegetación, reluce un gigante de metal.
El pasto seco color arena, que cruje al momento de pisarlo, rodea y adorna la torre conformada por llaves y válvulas cubiertas de óxido, que, para los habitantes de esta comunidad chontal, es un monumento al olvido, a la miseria, a la negligencia de los Gobiernos federales y a la paradójica pobreza que se vive en esa zona petrolera de Tabasco, estado natal del actual presidente de México.
Con la imagen de un montículo metálico son los restos del Pozo Terra 123 de Petróleos Mexicanos, el cual explotó en octubre de 2013 y dejó a su paso contaminación, muerte de animales, afectaciones ambientales, y enfermedades en la población.
Pese a que las entrañas de la tierra selvática de esta zona de Tabasco han sido explotadas por décadas debido al petróleo que contienen, las comunidades exigen justicia con el pago de los daños por la explosión del pozo Terra 123 y desarrollo, pues sufren carencias básicas como el no tener drenaje o medicinas suficientes en sus centros de salud para atender padecimientos provocados por esa actividad.4
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. - La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Petróleos Mexicanos (PEMEX), a indemnizar a las víctimas y reparar los daños de las viviendas afectadas por la explosión de un ducto en el ejido de San Fernando del municipio de Huimanguillo, Tabasco.
Notas:
1. Consultado:
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticias/nacional/ pozo-de-pemex-en-nacajuca-lleva-37-dias-ardiendo/
2. Consultado: https://www.ecorfan.org/actas/educacion_ambiental_I/1-Cambio-Climatico/ Acta-Veracruz-Tomo-1-65-79.pdf
3. Consultado: https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/pemex-una-maldicion-par a-tabasco/
4. Consultado: https://www.reporteindigo.com/reporte/la-maldicion-petroleraproyectos-p emex-tabasco-riesgos-poblacion-dos-bocas/
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2022.
Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a actualizar sus datos del sistema de información, a cargo del diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Salomón Chertorivski Woldenberg, diputado e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal a actualizar los datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho al acceso de la información es un componente clave para construir una sólida y verdadera libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la búsqueda y recepción de información en poder de órganos, entes y empresas públicas, exceptuando casos en que la información sea calificada como secreto de Estado o de acceso restringido por la Constitución y/o por alguna ley1 . El derecho al acceso a información es considerado un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente, así como un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades.
En México, el derecho a la libre información es reconocido y garantizado por el Estado en el artículo 6 de la Constitución2 , el cual establece, entre otras, las siguientes acciones para su correcto ejercicio:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
II. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos.
III. Se establecen mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados.
IV. Los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y están obligados a publicarlos a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
V. Los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VI. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
Con base en dicho marco normativo, en nuestro país el derecho de acceso a la información se contempla en tres dimensiones, “el derecho a atraerse información, el derecho a informar y el derecho a ser informado”3 . La primera, se entiende como el acceso a los documentos públicos y a la elección del medio para consultar la información; la segunda, se refiere las libertades de expresión y de imprenta, así como la formación de sociedades y empresas informativas; y la tercera, alude a la recepción de información objetiva, oportuna, accesible, consistente, completa, y universal.
Además de un derecho, la información es una herramienta fundamental en la construcción de soluciones a problemáticas sociales, pero además es importante para monitorear el estado que guarda alguna situación en particular. En cualquiera de estos casos, la información contribuye a la generación de conocimiento para mejorar la toma de decisiones gubernamentales, imprimiendo objetividad al análisis racional del proceso político para la formulación de opciones de política4 . Si el proceso que conlleva la determinación de la información falla, la decisión tomada o el problema a solucionar no serán factibles, ya que un factor es condicionante preciso del otro.
En la actualidad dentro del ámbito de la salud, gestionar datos es un requisito básico para disponer de pruebas que fundamenten la implementación de acciones. Por tanto, son necesarias estrategias que dominen el léxico especializado para que la información clínica almacenada en los sistemas informáticos pueda ser utilizada con múltiples propósitos5 , lo cual se logra mediante la representación de los datos de salud.
Lo anterior, se realiza mediante los Sistemas de Información en Salud (SIS) que constituyen el núcleo principal de soporte para conocer y determinar las actividades que se llevan a cabo en las instituciones sanitarias. Dentro de los SIS, los indicadores de salud (IS) reflejan numéricamente los acontecimientos medidos en el continuum salud-enfermedad. El sistema integrado de información en salud6 tiene por objetivo normalizar, integrar y organizar toda la información en salud disponible dentro de un repositorio accesible y seguro, así como la distribución de la información en su forma más conveniente. Esto para constituir instrumentos que faciliten la gestión y la estrategia en la dirección de las organizaciones.
En nuestro país, para tal efecto la Ley General de Salud7 establece en su artículo 104 que:
“La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública. La información se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos :
I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad;
II. Factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud, y
III. Recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud de la población, y su utilización. ”
Además, el artículo 105 de esa misma ley estipula que:
“En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con las bases, normas y principios que ésta fije, la Secretaría de Salud integrará la información a que se refiere el artículo anterior, para elaborar las estadísticas nacionales en salud que contribuyan a la consolidación de un sistema nacional de información en salud .”
Sin embargo, los datos disponibles en el Sistema de Información de la Secretaría de Salud1 no se encuentran actualizados. Por ejemplo: 1) las estadísticas vitales por entidad federativa que incluyen indicadores demográficos, tasas de natalidad, mortalidad materna e infantil tienen datos disponibles hasta 2018, 2) los recursos disponibles de la Secretaría de Salud que incluyen personal, equipo médico y establecimientos de salud se encuentran actualizados hasta 2019, y 3) en cuanto a los servicios otorgados, estos contienen cifras hasta 2020.
Por consecuencia, es imposible determinar el estado que guarda el sistema nacional de salud, diagnosticar posibles problemáticas, pero, sobre todo, diseñar soluciones que contribuyan a su progreso. La ausencia de datos relevantes debe resolverse en aras de mejorar nuestro sistema público de salud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, para que, por medio de la Dirección General de Información en Salud, actualice los datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud a fin de conocer el estado que guarda el sistema público de salud en México.
Notas
1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. "¿Qué es el derecho a la información pública?". IIDH. Disponible en
https://cutt.ly/7fVshT0
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma publicada DOF 28-05-2021). Disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
3 Carpizo, J. y Villanueva, E. "El derecho a la información propuestas de algunos elementos para su regulación en México" en Derechos Humanos, cords. Diego Valdez y Rodrigo Gutiérrez, 71-101 (México, DF: IIJ-UNAM/IFA, 2010).
4 Torres, M., y Santander, J. 2013. Introducción a las políticas públicas: Conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía. Disponible en
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empres as/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1450056996_ce38e6d218235ac89d6c8a14907 a5a9c.pdf
5 Organización Panamericana de la Salud. 2021. Introducción a la interoperabilidad semántica. Disponible en
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54797
6 Canela-Solera, J., Elvira-Martínez, D., y Labordena-Barcelóc, M. (2010). Sistemas de Información en Salud e indicadores de salud: una perspectiva integradora. Revista Elsevier Disponible en https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-sistemas -informacion-salud-e-indicadores-S0025775310700026
7 Ley General de Salud (Última reforma publicada DOF 16-05-2022). Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.p df
8 Dirección General de Información en Salud DGIS. Sistema de Información de la Secretaría de Salud. Disponible en http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/
Palacio legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2022.
Diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a fortalecer el abastecimiento de agua potable libre de arsénico en la zona metropolitana de La Laguna, compartida por los estados de Coahuila y Durango, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, María Elena Limón García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comarca Lagunera conocida coloquialmente como “La Laguna” se encuentra localizada en la zona del Bolsón de Mapimí1 , donde anteriormente se encontraban 13 lagunas, de las cuales destacan las lagunas de Mayrán y la de Viesca, irrigadas por los ríos Nazas y Aguanaval respectivamente.
La zona metropolitana de La Laguna se conforma por los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, Torreón, del estado de Coahuila y los municipios de Gómez Palacio y Lerdo en el estado de Durango. Es la décima zona metropolitana más poblada con 1,434,283 habitantes, siendo el 30% de la Región VII.2
En México se han delimitado 1,471 cuencas3 hidrográficas y que, con propósitos administrativos la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha agrupado en 7574 cuencas, que a su vez conforman 37 regiones hidrológicas, nuevamente agrupadas en 13 regiones económico-administrativos encuentra dividido en 731 cuencas hidrológicas. Al mismo tiempo, se reconocen 74 Zonas Metropolitanas de las cuales Coahuila cuenta con cuatro zonas únicas y Durango cuenta con dos, de toda esta conurbación, una de ellas es considerada interestatal por comprender municipios agrupados en una zona metropolitana que se encuentran a ambos lados de los límites estatales, pero que cuentan con una gran dinámica social, económica y cultural.
Las cuencas de los ríos Nazas y Aguanaval irrigan la zona metropolitana de La Laguna y ambas cuencas se dividen a su vez en cuenca alta, media y baja respectivamente.
El río Nazas sigue su cauce natural en su cuenca media hasta llegar a la cuenca baja donde fue construida la presa Francisco Zarco (Las Tórtolas) en 1968, ubicada entre los municipios de Nazas, Cuencamé y Lerdo. La presa se encarga de regular el caudal del río en su cauce natural y llega hasta la represa San Fernando en el municipio de Lerdo, muy cerca del área urbana. En este punto, es donde el agua se deriva hacia una red de canales artificiales que se encargan de distribuir el recurso de riego hasta las diferentes zonas agrícolas de La Comarca, cabe señalar que la principal actividad económica en La Laguna es el sector agropecuario.
A partir de esto, el río Nazas deja de conducir el caudal de manera regular convirtiéndolo en un lecho seco la mayor parte del tiempo. La zona metropolitana de La Laguna se alimenta del agua contenida en el acuífero principal de la Comarca, manteniendo un uso desequilibrado, donde se extrae más agua de la recarga estimada, provocando que sea un acuífero sobreexplotado.
En el distrito de riego 017 comprende los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca por parte de Coahuila y Gómez Palacio, Lerdo, Rodeo, Nazas, Mapimí, Tlahualilo, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe en Durango. Se encuentra entre el tercero y cuarto lugar de importancia a nivel nacional, debido al gran manejo de agua que se extrae de las presas para el cultivo de 52 mil 639 hectáreas, entre sus 20 módulos se tienen registrados 38 mil 036 usuarios5 .
Esta sobrexplotación del vital líquido ha derivado en la extracción del agua a más de 200 metros de profundidad. De acuerdo con el titular del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, en dicho municipio existen 90 pozos de abastecimiento de agua para la ciudad, de los cuales, 18 cuentan con filtros contra arsénico y están colocados en los puntos donde se detectaron elevadas concentraciones de este metaloide. Además, mencionó que de 1950 al año 2000 se pasó de los 40 metros de extracción a los 120 metros de profundidad, sin embargo, en 2020 y 2021 llegaron a los 250 metros de profundidad6 .
En tan solo 20 años se duplicó el abatimiento de los pozos, situación que ha provocado que la población presente graves problemas de salud a consecuencia de la alta exposición al arsénico concentrado en lo más profundo del subsuelo y que se me mezcla con el agua que se extrae.
El hidroarsenicismo en la Comarca Lagunera 7
La intoxicación ambiental por arsénico es conocida como hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACER) o arsenicosis. Los países que han presentado este problema son: Chile, Bangladesh, China, India, México, Tailandia y Estados Unidos .8
En el año de 1963 un estudio epidemiológico informó sobre el problema de hidroarsenicismo en la Comarca Lagunera, esto debido a la gran sequía que se produjo en la región entre 1952 y 1958 y se tuvo que recurrir a extraer agua del subsuelo para satisfacer las necesidades de la población. Ese estudio menciona que se presentaron 160 casos de personas epidermoide-basocelular cuya causa se desconocía. Los pacientes pertenecían a las comunidades de Tlahualilo, Mapimí, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, después de una serie de estudios médicos se llegó a la conclusión de que algún factor ambiental causaba este problema.9
La Organización Mundial de la Salud advierte que el arsénico representa una amenaza importante para la salud pública ya que la exposición prolongada al arsénico inorgánico, principalmente a través del consumo de agua contaminada o comida preparada con esta y cultivos alimentarios regados con agua rica en arsénico puede causar intoxicación crónica . Los efectos más característicos son la aparición de lesiones cutáneas y cáncer de piel, además se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes .10
A pesar que desde los años 50 hasta el presente se ha demostrado que la población de La Laguna enfrenta grandes problemas causados por la ingesta de agua con arsénico, se continúa proveyendo a la población de agua contaminada cuya concentración de arsénico llega hasta los 500 microgramos11 , aun cuando lo permitido son 0.025 mg/L según establecido en la Norma Oficial Mexicana Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua.12
Nota 1 Los límites permisibles de metales y metaloides se refieren a su concentración total en el agua, la cual incluye los suspendidos y los disueltos.
a El límite permisible para arsénico será de 0.025 mg/L para todas las localidades y se ajustará de conformidad con la tabla de cumplimiento gradual Tabla 5, de este punto 5.4.
b El límite permisible para cadmio será de 0.005 mg/L para todas las localidades y se ajustará de conformidad con la tabla de cumplimiento gradual Tabla 5, de este punto 5.4.
Es necesario que nos involucremos como parte de la solución para que los habitantes de La Laguna cuenten con acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el derecho a la protección de la salud; tal y como lo establece el artículo 4 Constitucional.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Comisión Nacional del Agua realizaron el Programa Hídrico Regional 2021-2024, en él se presenta el proyecto “Agua Sustentable para La Laguna”13 cuyo objetivo es dotar de agua libre de arsénico a los habitantes de la Comarca Lagunera, así como la construcción de una planta potabilizadora para el suministro de agua para beneficiar a más de 1,400,000 habitantes de cuatro municipios de la Región Lagunera de Durango (Lerdo, Gómez Palacio, Mapimí y Tlahualilo) y cinco municipios de la Región Lagunera de Coahuila (Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias y Viesca).
El Gobierno Federal ha propuesto dar solución a dicha problemática, teniendo como ente responsable a la Comisión Nacional del Agua, dependencia que en su cartera de proyectos del 2021-2024 contempla el registro de recursos para llevar a cabo el programa “Agua Saludable para La Laguna”, como se muestra a continuación.
No obstante, es indispensable asegurar no sólo los recursos presupuestales sino las estrategias de mediano y largo plazo que permitan garantizar tanto la sostenibilidad hidrológica y económica de la región como la garantía de salud para la vida de más de 1.4 millones de personas que hoy están expuestos a la contaminación por consumo directo e indirecto de un mineral que es sumamente tóxico y cuyos efectos negativos en la salud están más que demostrados de forma científica.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus competencias fortalezca las políticas públicas relacionadas con el abastecimiento de agua potable libre de arsénico en la zona metropolitana de La Laguna, compartida por los estados de Coahuila y Durango, con el fin de detener la exposición de la población a este tóxico mineral, en favor de más de 1.4 millones de personas.
Notas:
1. Bolsón de Mapimí. Cuenca endorreica localizada en las Sierras y Llanuras del Norte de México, es una amplia región natural completamente desértica compartida por los estados mexicanos de Durango, Coahuila y Chihuahua. Toma su nombre de Mapimí, ciudad duranguense cuyo nombre proviene del etmónimo mapeme (piedra en lo alto. Enciclopedia de los Municipios de México. Durango.
2. Programa Hídrico Regional 2021-2024, Región Hidrológico-Administrativa VII Cuencas Centrales del Norte.
3. Una cuenca es un área geográfica por donde transita el agua hacia una corriente principal.
4. Disponible en: http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php
5. Luis Alejandro Vitar Soto, Infraestructura del Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte (OCCCN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Disponible en: https://www.milenio.com/estados/distrito-riego-017-importantes-nivel-na cional
6. Juan José Gómez Hernández. Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón. Disponible en https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/arsenico-en-el-agua-como-detect ar-contaminacion-en-la-laguna
7. Hidroarsenicismo en la Comarca Lagunera y Políticas Públicas. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila.
8. Hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE) disponible en https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=77156
9. Maeda Villalobos, L. (2006). Hidroarsenicismo Crónico Endémico. Torreón, Coahuila.
10. Organización Mundial de la Salud. Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/arsenic#:~:text=La%20exposici%C3%B3n%20prolongada%
20al%20ars%C3%A9nico,enfermedades%20cardiovasculares%2C%20neurotoxicidad%20y%20diabetes.
11. https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/arsenico-en-el-agua-como-detect ar-contaminacion-en-la-laguna
12. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-127-SSA1-2017, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua. Disponible en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581179&fecha=06/12/2019#gsc.tab=0
13. Programa Hídrico Regional 2021-2024, Región Hidrológico-Administrativa VII Cuencas Centrales del Norte.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2022.
Diputada María Elena Limón García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a promover una campaña de sensibilización y capacitación para el personal en el manejo adecuado de los perros de asistencia en las instalaciones del Sistema Colectivo Metro, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los perros de asistencia cumplen un papel clave dentro de las sociedades humanas: ayudan a mejorar la vida de muchas personas con discapacidades mediante el desarrollo de tareas concretas; además, el vínculo emocional que se crea entre estos perros y sus propietarios aumenta la sensación de bienestar de estas personas. Por todo ello, es imprescindible preservar la función de estos perros y apoyar su participación en programas de asistencia a personas con dificultades físicas o emocionales.
El pasado 13 de octubre del 2022 se dio el caso más reciente de discriminación a personas que entrenan a perros de asistencia, en donde personal del Sistema Colectivo Metro de la estación San Antonio en la Ciudad de México solicitó que los entrenadores de perros de asistencia salieran de las instalaciones sin argumentar los motivos, de acuerdo con Owen Care IAP, Escuela de Entrenamiento de Perros de Asistencia, que reportó la situación a través de sus medios de comunicación.1
Cabe señalar que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México estipula que los perros de asistencia tienen el libre acceso irrestricto a los espacios públicos, establecimientos mercantiles, instalaciones individuales o colectivos a las instalaciones públicas incluyendo el trasporte; dicha disposición aplica siempre y cuando vayan acompañados de las personas que asisten así como a los perros que se encuentran en proceso de entrenamiento.
La Ley Federal para Prevenir la Discriminación2 señala en su artículo 4o que se considera discriminación la exclusión, distinción y restricción de personas con discapacidades y en el artículo 13 menciona las medidas que los organismos públicos deberán tomar para fomentar un ambiente de igualdad, entre las que se encuentra promover niveles de ayuda técnica para las diferentes discapacidades.
En este sentido el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es la institución que además de tener conocimiento sobre casos de discriminación y exclusión contra personas con ceguera que son ayudadas por perros guías, ha tomado las debidas acciones para hacer justicia y erradicar acciones como la del pasado 28 de septiembre de 2018 en donde Lucero Marquez presentó una queja debido a que se le negó el acceso al transporte con su compañero canino que apoya en facilitarle sus actividades.3
Cabe señalar que de acuerdo con datos estadísticos generales4 presentados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México cada 25 de 100 personas con discapacidades han sufrido un acto de discriminación. Los espacios en los que sufren el mayor rechazo son: la vía pública, el transporte, dentro de su familia y cuando requieren de algún servicio médico; 31% de las y los encuestados hicieron referencia a las calles, transportes e instalaciones inadecuadas; 30% a la falta de oportunidades para encontrar empleo; y 21.5% al alto costo en cuidados, terapias y tratamientos.
Actualmente no se cuenta con un estadístico sobre el número de personas con discapacidades que cuentan con la ayuda de un perro de asistencia o cuantos entrenadores existen en México, ya que hay diferentes instituciones (privadas y públicas) que se dedican a la capacitación de perros de asistencia; sin embargo, como se mencionó anteriormente existen casos en que estos seres vivos brindan un servicio a la población más vulnerable y han sido discriminados, negándoles el paso o la atención principalmente en las vías públicas.
En virtud de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es la institución que se encarga de recibir y resolver quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones y es la institución que desarrolla acciones de protección en el ejercicio de los derechos ciudadanos para evitar actos de discriminación como el ocurrido el 13 de octubre en la estación del metro San Antonio, es que se somete a la consideración de la H. Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que a través del Director General del Sistema Colectivo Metro promueva una campaña de sensibilización y capacitación para el personal en el manejo adecuado de los perros de asistencia en sus instalaciones, así como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a revisar, atender y sancionar cualquier acto de discriminación en el caso ocurrido el 13 de octubre de 2020, en el que el personal del Sistema Colectivo Metro negó el acceso a este transporte público a entrenadores de perros de asistencia.
Notas:
1. Owen Care, No nos permiten la entrada al metro con 3 entrenadores de perros de asistencia que portan credenciales, chalecos y no nos permiten continuar con el entrenamiento;
https://twitter.com/owen_care/status/1580599517715795968 ?s=48&t=AsMvG9UZzaQN4vlmk20PGQ
2. Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (2003). Ley Federal para prevenir la discriminación,
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
ley%20Federal%20para%20Prevenir%20la%20Discriminaci%F3n%281%29.pdf
3. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2022). ¿Quiénes somos? https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id _opcion=15&op=15
4. Sistema Nacional del DIF (2021), Discriminación por discapacidad,
https://www.gob.mx/difnacional/articulos/discriminacion-por-discapacidad-sigue-siendo-el-reto-a-vencer-sndif?idiom=es
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2022.
Diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 159 Aniversario de la Gloriosa Batalla del 21 de Octubre de 1863, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena
El próximo 21 de octubre se conmemora el 159 aniversario de la gloriosa Batalla del 21 de octubre de 1863, una gesta que deviene de la intervención francesa a México en 1862, y que sus aliados promueven en el sureste mexicano para implementar el Imperio en Chiapas. La lucha fue frontal entre liberales y conservadores, de tal manera que el conservadurismo fue avanzando por el territorio chiapaneco hasta que el 21 de octubre de 1863 se les marcó un alto en la heroica ciudad de Chiapa de Corzo.
Este hecho histórico no fue sólo una lucha armada de manera aislada, sino una disputa bélica en la que lucharon con bizarría mujeres y hombres chiapanecos en defensa de la soberanía nacional ante la intromisión de una fuerza extranjera, que impidió que los territorios del sureste de México cayeran en el dominio imperial, lo que fue contundente para el fortalecimiento del gobierno del entonces Presidente Benito Juárez.
Durante esa época, quien fungía como gobernador sustituto y comandante militar del estado, era el coronel José Gabriel Esquinca, quien suplía al general Ángel Albino Corzo, que por motivos de salud había presentado una nueva licencia al cargo. Ante la amenaza de que pronto la ciudad de Chiapa sería atacada por no adherirse al Imperio, el gobernador Esquinca nombró al coronel Salvador Urbina, comandante en jefe del cuerpo de operaciones de la plaza de Chiapa y del departamento de Tuxtla.
Por lo tanto, el 19 de octubre del mismo año, Juan Ortega, promotor de la implementación del Imperio en Chiapas, desde San Cristóbal de Las Casas, capital del Imperial en ese momento, marcha con su batallón con destino a la ciudad de Chiapa para tomarla. Así pues, el 20 de octubre, Ortega avista la ciudad de Chiapa y envía un mensaje solicitando la rendición de la plaza en un plazo de cinco horas. Al no haber respuesta, los fuegos se abrieron.
En la noche del 20 de octubre de 1863, el coronel Salvador Urbina defendía la plaza de Chiapa desde tres cerros que, previamente ubicados, había seleccionado estratégicamente para posicionar a las tropas liberales. Estos cerros se convirtieron en tres fuertes, a los que bautizó con los nombres de Independencia, Libertad y Zaragoza, además en la Piedra Ahorcada, un relieve natural, el pueblo se concentró para luchar en defensa del territorio chiapaneco. La contienda duró casi toda la noche de esa fecha.
El 21 de octubre, el enemigo atacó bárbaramente los tres fuertes, en el fuerte La Libertad se dio el primer enfrentamiento bélico formal entre las fuerzas armadas de imperialistas y republicanos. Sin embargo, el fuerte La Libertad tuvo que ser auxiliado por las fuerzas de los otros dos fuertes, al no poder tomar ninguno de los tres, el comandante Ortega determinó cambiar su estrategia de ataque y decidió flanquearlos por sus dos costados.
Como consecuencia del cambio de estrategia, se libraron las batallas del camino de San Gabriel y el del margen derecho del río Grande de Chiapa, en un momento de descuido de los republicanos, los imperialistas pretendieron llegar a la plaza central, pero cerca del Mandrique (barrio San Miguel), fueron detenidos y enfrentados, librándose en este lugar la batalla definitiva, en donde cayó muerto Pedro Torres, un destacado comandante imperial, lo que provocó la retirada de los orteguistas, siendo derrotados definitivamente mil trescientos partidarios del imperio de Maximiliano de Habsburgo en Chiapas.
En la batalla participaron muchas mujeres como mensajeras, pasando parque o cargando la pólvora, las “mecheras”, llevando agua o sustituyendo a algún soldado que caía herido. Aún se recuerdan ciertos nombres: Nemesia Urbina Fernández, Nepomucena Velázquez, conocida como “Tía Chena”, entre otras heroínas.
Asimismo, los chiapacorceños tuvieron el apoyo de sus hermanos de Comitán, Tuxtla y Acala. El coronel Salvador Urbina fue el comandante en jefe de la batalla; mismo que estuvo secundado valientemente por los coroneles Julián Grajales, José Segundo Serrano, Manuel Ruiz y Corzo y del comiteco Isidoro Castellanos, comandante del batallón que desmontó la pieza de artillería del enemigo; así como de los capitanes Luis Vidal y Vicente López; y en particular de don Cenobio Aguilar Osorio.
Es de resaltar que la gloria completa de la memorable batalla del 21 de octubre de 1863, corresponde a la unidad de los pueblos de Chiapas, que evitaron por medio de las armas el triunfo y establecimiento del gobierno imperial en Chiapas y en el sureste de México.
La batalla del 21 de octubre de 1863, suscitada en la hoy Chiapa de Corzo, es un baluarte de México, representa la confirmación de nuestra identidad, unión y sentido de patriotismo a través de un suceso histórico en el que se combatió la intervención francesa en el sureste de México, y dada su importancia histórica, debe reconocérsele en su justa dimensión, como un componente de identidad entre Chiapas y México.
Sin duda, este combate ilustra un paralelismo histórico entre Chiapas y México, cuya analogía por la defensa de la soberanía de la patria tiene presencia en personajes como Benito Juárez y Ángel Albino Corzo; en Ignacio Zaragoza y Salvador Urbina.
Así pues, hoy celebramos el 159 aniversario de este memorable suceso, con el propósito de reconocer el legado histórico de mujeres y hombres que heroicamente lucharon y defendieron la soberanía de nuestra patria; la República y el pacto federal como un acto de identidad y de unidad de los pueblos de Chiapa de Corzo, Acala, Tuxtla Gutiérrez y Comitán, que marcaron la trascendencia que tiene este suceso en la historia de nuestro querido Chiapas y México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2022.
Diputada Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica)
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