Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 6156-III, miércoles 16 de noviembre de 2022
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a distintas autoridades estatales y municipales a que, por conducto de la Conagua, lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de supervisar el proyecto para el rescate de la laguna en San Felipe Ecatepec, Chiapas, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, María del Rosario Merlín García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente:
Planteamiento del problema
Una investigación de la organización Truthout alertó que el agua está desapareciendo en San Felipe Ecatepec, un pueblo indígena de Chiapas y la principal causa es la planta embotelladora de Coca-Cola, operada por la empresa mexicana Femsa que ha consumido más de 1.08 millones de litros de agua por día, sin duda la influencia de la comida chatarra en los hábitos alimenticios del mexicano, se han visto fuertemente influidos por campañas en las que empresas como Coca Cola ofrecen sus productos a precios hasta 50 por ciento menores que en el resto del país y despliegan anuncios publicitarios en las lenguas originarias y en ese contexto chiapas es el mejor ejemplo de lo que se ha denominado “coca-colización”.
Sabemos que la invasión de los refrescos no es la única causa de lo que los expertos califican como la nueva guerra del siglo XXI: la epidemia de obesidad, sí es uno de los principales motivos de que en México el 70 por ciento de la población tenga sobrepeso y 30 por ciento sean obesos, de conformidad a datos y cifras del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde explica que la diabetes ha pasado del puesto trece al quinto como causa de muerte en comunidades indígenas de Chiapas.
En tanto que las personas de la tercera edad, diagnosticadas con la enfermedad han pasado de ser un 3 por ciento, en 2000, a ser un 5.6 por ciento en 2022, es decir alrededor de casi tres millones de personas aproximadamente.
Sin duda es alarmante el aumento de diabetes y se debe al abandono de alimentos y bebidas tradicionales, como el Pozol el ancestral brebaje de origen maya el cual es elaborado con maíz y agua, y ha sido la bebida que llevaban los indígenas de la zona a sus faenas agrícolas más sin embargo en localidades de Chiapas como San Juan de Chamula, los indígenas totziles han venido sustituyendo el pozol por refrescos embotellados, e incluso han llegado a asimilarlos a diversas ceremonias, fiestas tradicionales y tratamientos contra el “mal de ojo”, empacho y otras enfermedades.
Cabe destacar que en la actualidad la Coca Cola es ya una forma de la cultura y su consumo representa una reafirmación a la creencia de los tzotziles”, pues derivado a que esta planta embotelladora abrió sus puertas en 1994, la Conagua renovó el permiso en 2005 y a la fecha opera cuatro pozos con 40 permisos para explotarlos.
Es increíble que el agua que la compañía extrae sería suficiente para abastecer a los 200 mil residentes de la capital de Chiapas con los 80 litros de agua diaria que necesitan, pero sin embargo la legislación en México ha ayudado a que Femsa se convierta en la embotelladora más importante de Coca-Cola en todo el mundo.
El dominio que ha venido teniendo Coca-Cola sobre los recursos en el país no es una coincidencia, una planta embotelladora de Coca-Cola en la comunidad indígena de San Felipe Ecatepec, en Chiapas, está dejando los pozos secos, obligando a los residentes a comprar agua embotellada, de acuerdo con una investigación de la organización Truthout.
De acuerdo con la investigación de la periodista Martha Pskowski, la planta consumió más de 1.08 millones de litros de agua por día en 2016, y en los últimos cuatro años nuestros pozos han comenzado a secarse y los habitantes caminan dos horas al día para tomar agua, otras tienen que comprarla”.
A pesar de que Chiapas tiene el mayor nivel de recursos hídricos renovables per cápita en México, al ubicarse en el séptimo lugar de las entidades federativas con 113 mil 002 de agua renovable, de acuerdo con información del Atlas del agua en México 2015, una de cada tres personas en zonas rurales carece de agua potable segura sin embargo el cambio climático y los brotes de salmonela han exacerbado el problema , y por otro lado Coca-Cola extrae agua de los lados del volcán Huitepec, donde el agua es de la mejor calidad. El agua que la compañía extrae sería suficiente para abastecer a los 200 mil residentes de la capital de Chiapas con los 80 litros de agua diaria que necesitan.
Al día de hoy, la gente enfrenta constante escasez de agua, y muchas comunidades indígenas y pobres de la zona enfrentan problemas de salud como caries y diabetes porque Coca Cola es su mejor opción ya que trabajan todo el día en el calor.
El artículo 115 de la Constitución Mexicana obliga a todos los gobiernos municipales a proveer agua potable, apta para beber y bañarse, así como sistemas de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. A pesar de la responsabilidad del gobierno, la mayoría de los mexicanos no tienen agua potable en sus hogares. Cada hogar mexicano compra en promedio mil 500 litros de agua embotellada al año.
La planta embotelladora de Coca-Cola abrió sus puertas en 1994, el mismo año en que el levantamiento zapatista puso a Chiapas en el centro de atención global. Femsa empezó a bombear agua desde la montaña Huitepec. La Comisión Nacional del Agua renovó el permiso en 2005 y ahora Femsa opera dos pozos.
En México, la regulación gubernamental ha sido al día de hoy muy laxa, impulsada por la puerta giratoria entre el gobierno y la industria, la cual ayudó a Femsa a convertirse en la embotelladora más importante de Coca-Cola en todo el mundo”, destacó la investigación de Truthout.
Organizaciones de la sociedad civil publicaron este año el “Informe sobre las violaciones del derecho humano al agua potable y al saneamiento en México” , en el que Coca-Cola, PepsiCo y Danone se beneficiaron de los recursos hídricos de México sin pagar de manera justa. El informe afirmó que las tarifas de agua que pagan las empresas “son completamente ridículas en comparación con las ganancias que estas compañías hacen del agua”.
Por ejemplo, Femsa paga 2 mil 600 pesos por cada uno de sus permisos de agua en México, que en total son 40, según reportes de la propia compañía, pero sin duda Femsa financia proyectos de reforestación y captación de agua de lluvia, sin embargo, la captación de agua y la reforestación en otras partes del estado no han devuelto el agua del pozo en San Felipe Ecatepec.
Ante estos hechos, que día a día se viene presentando y no se ha encontrado una respuesta favorable por parte de estas empresas transnacionales, hago un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por conducto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informe sobre la sobreexplotación de los mantos freáticos en San Felipe Ecatepec, Chiapas.
Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio y en la argumentación expresada en las consideraciones del presente, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, y a las autoridades estatales y municipales para que lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de supervisar el proyecto para el rescate de la laguna, donde se contempla la construcción de un drenaje para eliminar los vertederos de aguas negras.
Dado en el salón de la Cámara de Diputados, el 16 de noviembre de 2022.
Diputada María del Rosario Merlín García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la Cofepris en materia de atención a la población que padece enfermedad celíaca, a cargo de la diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Diana María Teresa Lara Carreón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79. numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo en materia de atención a la población mexicana que padece enfermedad celíaca; al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La enfermedad celíaca, también conocida como esprúe celíaco , es un padecimiento autoinmune que se caracteriza por la inflamación crónica y atrofia del intestino delgado de individuos genéticamente predispuestos, esto provocado por la intolerancia al gluten, una glucoproteína que se encuentra en el trigo y sus derivados que puede causar efectos alérgicos de moderados a graves en quienes consumen alimentos tan comunes como panes, cereales, pastas y hasta bebidas que contienen gluten entre sus ingredientes. Sin atención adecuada, esta enfermedad puede ser mortal o provocar graves afectaciones al organismo humano.
Se estima que en México, entre 800 mil y 1 millón de personas padecen celiaquía, pero datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado indican que menos de 10 por ciento de esa población ha sido diagnosticada1 . Los síntomas de este padecimiento son variados y pueden causar confusión con los de otras enfermedades digestivas. Algunas de las manifestaciones clínicas son: “dolor abdominal, estreñimiento, anemia por deficiencia de hierro, pérdida de peso o enzimas hepáticas elevadas de etiología desconocida. Entre las manifestaciones no digestivas se incluyen enfermedad neuropsiquiátrica, artritis, osteopatía metabólica e infertilidad”2 .
Entre la población que se encuentra especialmente susceptible a padecer celiaquía, están quienes tienen con alguno de estos factores de riesgo:
• Antecedentes de historial familiar con celiaquía.
• Psoriasis.
• Talla baja.
• Anemia por deficiencia de hierro.
• Infertilidad.
• Síndrome de Down.
• Hipotiroidismo.
• Anemia de causa no explicada.
• Elevación crónica de aminotransferasas.
El diagnostico de la enfermedad suele ser complejo por tener que tomar en consideración una serie de pruebas, análisis, historial y contexto clínico muy específico; lo cual hace que gran parte de la población vulnerable, principalmente quienes habitan en zonas rurales o marginadas alejadas de centros hospitalarios especializados, tengan un diagnóstico equivocado y, por lo tanto, un tratamiento erróneo.
Actualmente, la información pública disponible en plataformas digitales de gobierno sobre la enfermedad celiaca es prácticamente nula y aunque actualmente no existe medicación disponible para evitar daños al organismo intestinal causados por exposición al gluten3 , una dieta libre de esta glucoproteína es indispensable para la prevención, tratamiento y recuperación de pacientes.
La norma oficial mexicana NOM-086-SSA1-1994 establece las especificaciones nutrimentales que deben observar los alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. El numeral 7.8 determina cuáles pueden ser llamados alimentos libres de gluten, de acuerdo a las siguientes especificaciones:
“7.8 Los productos sin gluten son aquellos a los que éste se les ha eliminado y cumplen con lo siguiente:
7.8.1 Que contenga básicamente como ingredientes cereales tales como trigo, triticale, centeno, cebada o avena o sus constituyentes de los que se les ha quitado el gluten, o
7.8.2 Que todos los ingredientes normalmente presentes y que contienen gluten hayan sido sustituidos por otros ingredientes que no lo contienen.
7.8.3 Para denominarse alimento exento de gluten, se requiere que el contenido total de nitrógeno de los granos de cereal que se empleen y que contengan gluten no excedan de 0.05 g /100g expresados en materia seca.
7.8.4 Los productos exentos de gluten, que se empleen en sustitución de alimentos básicos importantes, como harina o pan, deben suministrar aproximadamente la misma cantidad de vitaminas y minerales que los alimentos originales en cuya sustitución se emplean.4
Pero aún con esta normatividad vigente, la ambigüedad, la omisión e incluso de la falsedad de la información nutrimental en el etiquetado, son una constante en la distribución y venta de productos alimenticios a nivel nacional. Esto sin considerar el serio riesgo en el que se pone la salud de las personas celiacas que deben evitar la ingesta y exposición a productos con gluten o elementos relacionados con el mismo.
La enfermedad celiaca no es exclusiva de un sector social especifico, puede afectar a cualquier persona con predisposición genética y justamente, los individuos que viven en condiciones de pobreza y marginación suelen ser los más afectados por la falta de información y atención especializada al momento de presentar los síntomas de la enfermedad.
Se debe garantizar el pleno derecho de cualquier enfermo celiaco a un tratamiento de calidad y por lo tanto a una vida digna y plena, como la de cualquier ser humano. La responsabilidad de llegar a esta meta es tanto del gobierno y sus instituciones de salud, así como de las distintas organizaciones de la sociedad civil e incluso de la iniciativa privada, sobre todo aquellos entes dedicados a la producción, procesamiento, distribución y venta de alimentos.
Es necesario realizar un análisis y evaluación detallados de todas las acciones de gobierno realizadas y vigentes para dar paso a las propuestas legislativas pertinentes que permitan proteger a las personas que se encuentran en riesgo por esta enfermedad y brindarles certeza legal sobre uno de sus derechos más elementales: el de la salud.
El párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos establece que el Estado debe garantizar a toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Es necesario señalar que la enfermedad celíaca debe ser analizado desde la perspectiva de la salud pública y con toda claridad respecto a que se trata de un padecimiento que impide el ejercicio del derecho constitucional a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad .
Es necesario que el Ejecutivo federal realice acciones para garantizar a quienes padecen la enfermedad celiaca, el acceso a las condiciones necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la protección de la salud. Asimismo para intensificar las acciones de vigilancia y normalización de la calidad de los productos alimenticios, de tal suerte que se realicen acuerdos con la industria alimentaria para reducir o eliminar paulatinamente el gluten en sus productos; para garantizar el acceso a productos alimenticios de precio y calidad adecuados.
Es necesario que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) intensifique sus facultades normalizadoras, de vigilancia sanitaria y promoción de la salud; para formular acuerdos con la industria alimentaria a fin de que eliminen el uso de gluten en la elaboración de sus productos y los ofrezcan con la calidad y a precios accesibles.
Con base en las consideraciones expresadas en el presente documento, me permito poner a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Federal, doctor Jorge Alcocer Varela a que realice acciones para garantizar a quienes padecen la enfermedad celiaca el acceso a los servicios de salud, garantizándoles el ejercicio pleno del derecho a la protección de la salud mediante acciones de prevención, atención y rehabilitación de la enfermedad.
Segundo. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, médico cirujano Alejandro Ernesto Svarch Pérez, a promover la formulación de acuerdos con la industria alimentaria, para reducir o eliminar paulatinamente el uso de gluten en sus productos y garantizar el acceso a productos alimenticios de precio y calidad adecuados; para reducir el riesgo a la salud de quienes son susceptibles de padecer la enfermedad celiaca. Asimismo para integrar al Programa Nacional de Normalización la revisión de las normas oficiales mexicanas relacionadas con el uso de gluten en los alimentos y de considerarlo pertinente programar la creación de las que sean necesarias.
Notas
1 ISSSTE. (2017). ¿Eres intolerante al gluten? De: Gobierno federal. Sitio web: https://www.gob.mx/issste/articulos/eres-intolerante-al-gluten
2 Tierney, Lawrence; Saint, Sanjay; Whooley, Mary. (2011). Manual de diagnóstico clínico y tratamiento. McGraw-Hill Interamericana Editores.
3 Remes-Troche. J. M. (2018). Guía clínica para diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca en México. Revista de Gastroenterología de México, volumen 84 (número 4), páginas 434-450. Sitio web:
http://www.revistagastroenterologiamexico.org/es-guia-clinica-diagnostico-tratamiento-enfermedad-articulo
-S0375090618301344#:~:text=La%20EC%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como,
en%20individuos%20gen%C3%A9ticamente%20susceptibles7.
4 Diario Oficial de la Federación. (1996). Norma oficial mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. De: Secretaría de Gobernación. Sitio web: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4890075&fecha=26/06/1996 #gsc.tab=0
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 165 de noviembre del 2022.
Diputada Diana María Teresa Lara Carreón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y a las 32 entidades federativas a combatir el alto índice de abuso sexual infantil en nuestro país, así como a impulsar campañas que fomenten la denuncia de este tipo de violencia, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El abuso sexual infantil es sin duda alguna una de las violencias que más afecta a nuestra niñez y adolescencia, ésta sucede muchas veces en frente de las propias narices de padres, madres, docentes, tutores, familiares y en lugares donde las niñas y niños deberían estar seguros. Ejemplo de ello es el informe de UNICEF denominado “Ocultos a Plena luz” el cual muestra el impactante alcance del abuso físico, sexual y emocional que sufren niños y niñas de todo el mundo, y revela las actitudes que perpetúan y justifican la violencia, manteniéndola “oculta a plena luz”.
Los datos a nivel mundial presentados por UNICEF son alarmantes pues más de 120 millones de niñas y niños han sufrido abuso sexual. En dicho informe se resalta que “Alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo (alrededor de 1 de cada 10) han experimentado relaciones sexuales por la fuerza u otros actos sexuales forzados, y 1 de cada 3 niñas adolescentes de 15 a 19 años que estuvieron alguna vez casadas (84 millones) ha sido víctima de violencia emocional, física o sexual por parte del esposo o compañero ”1
En México las cifras también deberían preocuparnos pues el Informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y Early Institute denominado “Violencia Sexual Infantil en México: Retos y Oportunidades en las Principales Fuentes de Información Estadística” se establece que en 2020 en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (Cnpje) se registraron 51 mil 273 delitos sexuales en carpetas de investigación, de las cuales únicamente el 42.4 por ciento de las víctimas fueron menores de edad y el 83 por ciento de las víctimas fueron mujeres.
De acuerdo con el Sistema Nacional DIF, las formas más comunes en que las niñas y niños pueden ser abusados sexualmente, son al tocar sus genitales o alguna otra parte de su cuerpo; mantener contacto buco-genital del abusador con la niña o el niño, y utilizarlos en la elaboración de material pornográfico, así como obligarlos a ver contenido pornográfico.2
En nuestro país, el abuso sexual infantil representa una problemática la cual ha ido en aumento en los últimos 2 años, ya que en el año 2020, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó 80 casos de abuso sexual infantil en la entidad, cifra que aumentó en el 2021 a 477 casos, y que en los primeros 4 meses del 2022 se registraban ya 113 reportes de abuso sexual infantil, con lo cual se puede visibilizar el gran aumento de casos en un periodo tan corto. Adicionalmente, el Consejo Ciudadano detalla que el 90% de los reportes de abuso sexual infantil, la víctima es una niña, razón por la que se atribuye que el bajo porcentaje de abuso sexual a los niños no es por la no realización de dicho abuso, sino por una cultura machista que privilegia el estereotipo en el que los niños no deben llorar, quejarse o revelar sus emociones.3
En ese sentido, se menciona que la edad promedio en que un niño o niña es abusado sexualmente, es de los 7 a los 11 años, rango de edad que represente el 28.5% de casos reportados, siguiendo de los 12 a los 15 años, con el 22.9%, y el rango de edad de 4 a 6 años, con el 16.1%., siendo la mayor parte de los casos, que el abusador mantiene alguna relación familiar con la víctima menor de edad.4
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha dado a conocer que en nuestro país hay un total de 5.4 millones de niñas y niños, quienes son blanco de alguna agresión sexual al año, significando que cada minuto 10.2 menores de edad son víctimas de algún abuso de tipo sexual en nuestro país, y la impunidad es uno de los principales factores negativos de esta gran problemática, ya que de acuerdo con la periodista Yohali Reséndiz, el 99% de los casos de abuso sexual en nuestro país, quedan en la impunidad, debido a que por cada mil casos reportados, solo 100 son denunciados, y de estos, solo 10 llegan con un juez, y solo 1 contará con una sentencia por parte de un juzgador.5
Cabe señalar que estas cifras tienen mayor impacto tomando en cuenta los resultados emitidos en la Consulta Infantil y Juvenil 2021, elaborada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en los que se da a conocer que 1 de cada 4 niños y adolescentes afirmó estar expuesto a abuso sexual.6
Aunado a lo anterior encontramos que las personas mayores siguen fomentando las falsas creencias en torno al abuso sexual infantil, por ejemplo: 1. Pensar que abuso sexual infantil no es frecuente porque las niñas y niños conocen sus derechos; 2. Justificar el hecho que los menores de edad a menudo pueden llegar a confundir la realidad con fantasía, llegando a considerar que inventan situaciones o hechos que no fueron así; 3. Creer que el abuso sexual es un fenómeno relacionado con la pobreza; 4. Atribuir la mayor de las culpas a las madres de las y los niños abusados; 5. Asegurar que sólo los pedófilos violan, y por lo tanto, tener la creencia que el abusador sexual tiene características muy identificables, y 6. Asegurar que a nuestras hijas e hijos nunca les va a poder pasar, dándolo por hecho.7
Por tal motivo y con la finalidad de visibilizar la importancia de prevenir y atender los casos de abuso sexual infantil, desde el año 2016, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”, invitando a la sociedad a participar en la vigilancia de estos casos, con la finalidad de prevenirlos y en su caso, poder atenderlos correctamente, así como a fortalecer y coordinar acciones para atender estos abusos a las y los menores de edad, garantizando una ida libre de violencia al que tiene derecho este grupo poblacional siguiendo en todo momento el interés superior de la niñez, establecido en nuestro artículo cuarto constitucional.8
Es importante mencionar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por abuso sexual y protegerles frente este tipo de violencia.
Por lo anterior, ante el aumento de los casos reportados de abuso sexual infantil en nuestro país, así como también en el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, es preciso que como sociedad, realicemos lo necesario para evitar que nuestras hijas e hijos sean víctimas de este abuso, a través de generarles la confianza para que puedan hablar con libertad; Asimismo, es fundamental el creerle a los menores de edad cuando se acercan a contar algún tipo de abuso en su contra, y por último, siempre debe existir la comunicación a través de la cual se le brindará la seguridad a las y los niños.
El Gobierno Federal tiene la importante tarea de realizar las acciones necesarias para combatir el alto índice de abuso sexual infantil en nuestro país, así como para realizar las campañas que fomenten la denuncia de este tipo de actos, dándoles la seguridad a las y los menores de edad de poder denunciar estos casos.
Asimismo, la Secretaría de Educación Pública debe realizar la capacitación a padres y madres de familia, con la finalidad de concientizar a importancia de identificar los casos en los que se puede realizar el abuso sexual infantil, previniéndola y en su caso, atenderla adecuadamente, evitando una mayor afectación de las niñas y niños.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas, a realizar las acciones necesarias para combatir el alto índice de abuso sexual infantil en nuestro país, así como a impulsar campañas que fomenten la denuncia de este tipo de actos, brindando la seguridad a las víctimas que denuncian estos delitos.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas en las 32 entidades federativas, a fin de realizar campañas de capacitación a padres y madres de familia de niñas, niños y adolescentes, así como a las y los docentes, con la finalidad de concientizar sobre la importancia de la identificación de casos en los que se puede presentar el abuso sexual infantil así como de las medidas de prevención y protocolos de actuación que deben realizarse en estos casos.
Notas:
1. https://www.unicef.es/noticia/violencia-contra-los-ninos-nuevo-informe- ocultos-plena-luz
2. Ídem.
3. El Financiero. Reportes de abuso sexual infantil aumentan 496% en un año: Consejo Ciudadano de Seguridad, Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/26/reportes-de-abuso-s exual-infantil-aumentan-496-en-un-ano-consejo-ciudadano-de-seguridad/
4. López Doriga. Suman 113 reportes de abuso sexual infantil en lo que va de 2022, Disponible en: https://lopezdoriga.com/nacional/aumentan-sentencia-abuso-sexual-sacerd ote-guanajuato/
5. Radio Formula. Abuso sexual infantil: 5.4 millones de niñas y niños al año son víctimas en México, Disponible en:
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/7/18/
abuso-sexual-infantil-54-millones-de-ninas-ninos-al-ano-son-victimas-en-mexico-724280.html
6. Animal Político. 1 de cada 4 niños y adolescentes afirma estar expuesto a abuso sexual, según encuesta del INE, Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2022/06/ninos-adolescentes-expuesto-abus o-sexual-ine/
7. Sistema Nacional DIF. ¿Sabes qué es el abuso sexual a niñas y niños?, Disponible en: https://alumbramx.org/monitoreo-dia-nacional-para-la-prevencion-del-abu so-sexual- https://www.gob.mx/difnacional/articulos/sabes-que-es-el-abuso-sexual-a -ninas-y-ninos?idiom=es
8. Diario Oficial de la Federación (DOF). DECRETO por el que se declara el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”., Disponible en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436163&fecha=06/05/2016#gsc.tab=0
Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2022.
Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del estado de Puebla a investigar la violación a los derechos humanos cometida por funcionarios públicos en la cárcel municipal de San Miguel Xoxtla, sucedida en los primeros días de noviembre del presente año, a cargo del diputado Jaime Baltierra García, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, Jaime Baltierra García, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General, a la Comisión de Derechos Humanos y a la persona titular del Municipio de San Miguel Xoxtla, todas del Estado de Puebla, a investigar (los actos de tortura) la violación a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos en la cárcel municipal del Municipio de San Miguel Xoxtla, sucedidos en los primeros días de noviembre del presente año, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La tortura y los tratos crueles, degradantes e inhumanos son todo acto que atenta contra la integridad física, psíquica y moral que se infringe intencionalmente a una persona por medio de sufrimientos, dolores, penas y trato cruel, inhumano o degradante que menoscaba la dignidad humana de la persona.
Desafortunadamente este tipo de trato se realiza con el fin de obtener una confesión, conseguir información, castigar a una persona por un acto que haya cometido o que se sospeche ha cometido.
Indudablemente la lucha contra la tortura ha sido histórica en México y en el mundo y, en pleno siglo XXI, no se ha logrado su erradicación en todas sus modalidades, resultando indispensable sumar mayores esfuerzos y concientizar a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a toda la población, acerca de su prohibición absoluta, porque toda persona tiene derecho a un trato digno y humano.
En especial para el Estado Mexicano debe ser una tarea prioritaria erradicar el flagelo de la tortura. Lamentablemente factores como la corrupción, las malas prácticas, la insensibilidad, la falta de capacitación de las autoridades involucradas, así? como la impunidad, dificultan acreditar los hechos de tortura.
En México se cuenta con un amplio marco jurídico nacional e internacional sobre la prohibición de la tortura, pero no trascenderemos a su plena erradicación mientras no se tengan conocimiento de ello, pero sobre todo se tolere o acepte como practica necesaria para la obtención de ciertos fines, con lo que la naturalizan o normalizan, creando un contexto favorable a los torturadores para continuar aplicándola con total impunidad.
Lamentablemente en nuestro país aún persisten graves violaciones a los derechos humanos y es causa y consecuencia de no acreditar la tortura por medio de una valoración, informe, peritaje, dictamen o diagnóstico, propiciando su repetición.
Definitivamente asumir la responsabilidad de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos debe ser prioridad para investigar, esclarecer y sancionar las violaciones. Es de tenerse en claro que la tortura es un delito.
Todo lo anterior tiene que ver con hechos de tortura y de tratos indebidos e inhumanos perpetrados por funcionarios públicos de seguridad pública adscritos al municipio de San Miguel Xoxtla en el Estado de Puebla el pasado 6 de noviembre, como lo denunciaron medios de comunicación locales a través de sus cuentas en redes sociales, misma nota que fue replicada por el Diario Excélsior, el pasado 9 de noviembre.
La denuncia pública (se anexa link)1 fue acompañada de videos donde se aprecia a personas jóvenes presuntamente detenidas, donde una de ellas es sometida a golpes por la espalda en el costado de su cuerpo no obstante no presentar resistencia, y peor aún, puesta sobre la pared con las manos hacia arriba.
En el video no se aprecia el rostro de los funcionarios uniformados, pero si el lugar que se identifica como la comisaría municipal.
En la nota que evidencia las reprobables prácticas se señala” Denuncian abuso de autoridad por parte de policías municipales de San Miguel Xoxtla al golpear a detenidos en la Comisaría”.
La persona titular del municipio, en un comunicado transmitido también en video, además de confirmar los actos denunciados, señaló “...ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes por medio del órgano interno de control que está en el H. Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla y con ello, bueno, se llevará o se efectuará, dependiendo de las circunstancias y de la investigación que se realice, la responsabilidad administrativa contra cualquier servidor público que resulte responsable”
Respecto a las declaraciones, cabe precisar que la tortura y los tratos crueles, degradantes e inhumanos, de acuerdo a la legislación mexicana, son delitos que se persiguen de oficio, no una falta administrativa como lo manifiesta la persona titular del Municipio del San Miguel Xoxtla. Así lo determina la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que en su artículo 7 señala:
Artículo 7.- El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial .
Adicionalmente las fracciones I y II del artículo 24 disponen:
Artículo 24.- Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin:
I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona;
II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento
Aún más, en el artículo 30 se señala:
Artículo 30.- Al Servidor Público que sin tener la calidad de garante y teniendo conocimiento de la comisión de conductas constitutivas de tortura se abstuviere de denunciar inmediatamente las mismas, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días multa.
Es de resaltar que lo que se narra no es un evento ocasional o fortuito. Se trata de un actuar sistemático al que no se le ha prestado la atención debida. Así lo deja ver una denuncia presentada en un medio informativo local denominado Pulso Regional, que en su edición del 11 de noviembre señala en su encabezado “La CDHE también protege a policías golpeadores de Xoxtla” (se anexa link)2
En la nota se relata que el 10 julio de este año, dos hombres fueron golpeados en la Comandancia del municipio de San Miguel Xoxtla sin que los funcionarios uniformados hayan sido sancionados, no obstante haber formalizado su denuncia.
Con ello se evidencia que lo descrito, no es un hecho aislado, sino una conducta reiterada y sistemática de los elementos de seguridad de ese municipio. Es decir, contrario a la función de brindar seguridad a las personas y sus bienes los funcionarios públicos cometen delitos considerados en la legislación mexicana que merecen ser sancionados.
La transformación que se promueve e impulsa en el país, a diferencia de pasadas administraciones, no simula ni matiza prácticas que no deben ser toleradas o justificadas, al contrario, deben ser erradicadas. Así lo ha declarado el gobierno federal cuando emitió, en julio de 2021, el decreto para liberar a presos torturados, ahí señaló “Si queremos erradicar la tortura -como una práctica regular que durante muchos años existió en nuestro país-, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea, haya sido objeto de tortura debe ser puesta en libertad de inmediato, y los torturadores deben ser castigados. Esta es una nueva política que está impulsando este gobierno”.
La magnitud de los efectos psicológicos que provoca en la víctima el daño infligido por la tortura y los tratos crueles y degradantes es irreparable. La importancia de la prevención es un tema de primer orden. Ante ello la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas obliga a los Estados a tomar “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura”.
Tales medidas no han de limitarse a la prohibición de todo acto de tortura, sino también deben incluir aspectos como la capacitación del personal policial y de seguridad, la elaboración de directrices precisas acerca del trato debido a las personas privadas de libertad, la instauración de mecanismos de control y de supervisión o la introducción de sistemas efectivos para estudiar las quejas relativas a malos tratos.
La tortura nunca es un fenómeno aislado, no comienza en las comisarías o áreas de tortura. Comienza donde están ausentes el respeto a la dignidad humana de todas las personas y el derecho al reconocimiento de esa dignidad. Por lo tanto, también el trato que reciben los prisioneros y otras personas detenidas debe estar sometido a garantías contra la tortura.
En nuestro país, en el marco del derecho relativo a los derechos humanos se han desarrollado numerosos instrumentos para hacer respetar la prohibición de la tortura. En primera instancia está lo dispuesto en las fracciones primera y tercera del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a letra señalan:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
...
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Así mismo, el artículo 22 de la Carta Magna señala:
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
Por otra parte, en 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la obligación de las autoridades del país de investigar y perseguir por oficio el delito de tortura, señalando que ésta, además de ser un delito, es una violación a los derechos humanos.
Es así que señaló que cuando la autoridad tenga conocimiento de que una persona ha sufrido tortura, deberá informar “inmediatamente y de oficio ”, al Ministerio Público para que se inicie una investigación “independiente, imparcial y meticulosa”.
Asimismo, se aclaró que el hecho de que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura, no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva.
En congruencia con lo anterior la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada el 26 de junio de 2017, y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla respectivamente disponen:
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Artículo 7.- El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial .
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
Artículo 13. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recibir y tramitar quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos;
II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio , presuntas violaciones de derechos humanos, en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de autoridades estatales y municipales.
...
Como se comprueba, la lucha de larga data contra la tortura y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos han logrado tener fundamento en el entramado jurídico nacional que no deja resquicio para la interpretación, la evasión o la impunidad. La obligación de garantizar su cumplimiento corresponde a los tres órdenes de gobierno, como lo dispone la citada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que señala:
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Así mismo en el artículo tercero señala:
Artículo 3.- La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, y se interpretará de conformidad con la Constitución y el derecho internacional, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas Víctimas de tortura.
Finalmente es oportuno tener presente que, en materia de derechos humanos, para combatir la tortura, se debe cumplir con tres aspectos básicos: la prevención, la sanción, y la reparación.
Estos tres elementos están incluidos en la legislación mexicana, pero es también esencial el compromiso de todas y todos para impedir los actos de tortura, ese es el elemento principal para combatirla.
No obstante, las resistencias e inercias que aún persisten, se debe entender que la lucha contra la tortura va en serio y que de ahora en adelante se fomentará de manera decidida su denuncia, se fortalecerá la investigación y se hará rendir cuentas a los responsables sin dejar a las víctimas desprotegidas.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el ámbito de su competencia, a investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios públicos en la Comisaría del Municipio de San Miguel Xoxtla el 6 de noviembre del 2022.
Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, a investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios públicos en cometidos en la Comisaría del Municipio de San Miguel Xoxtla el 6 de noviembre del 2022.
Tercero. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la persona titular del Municipio de San Miguel Xoxtla del Estado de Puebla, de conformidad a sus facultades y atribuciones, a investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios públicos en la Comisaría del Municipio de San Miguel Xoxtla el 6 de noviembre del 2022.
Notas:
1. https://www.excelsior.com.mx/nacional/graban-a-policias-de-san-miguel-x oxtla-dando-golpiza-a-detenidos/1551308
2. https://pulsoregional.mx/la-comision-de-los-derechos-humanos-tambien-pr otege-a-policias-golpeadores-de-xoxtla
Dado en la Cámara de Diputados, a 16 de noviembre de 2022.
Diputado Jaime Baltierra García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a determinar, antes del 30 de noviembre de 2022, los volúmenes a trasvasar de la presa El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra y diputados de los Grupos Parlamentarios de Morena y del PVEM
Los suscritos, diputados por Tamaulipas, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Objeto de la proposición con punto de acuerdo
La presente acción legislativa tiene el propósito de hacer un respetuoso exhorto al director general de la Comisión Nacional del Agua, con el fin de que antes del 30 de noviembre de 2022, defina fecha y volumen de agua que deberá ser trasvasado de la presa El Cuchillo, en Nuevo León a la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, de tal manera que se garantice el abasto de agua en Monterrey, Nuevo León, así como a su zona metropolitana, y se autorice un plan de riego sin restricciones al Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan.
Exposición de Motivos
La cuenca del Río San Juan ha sido compartida por los Estados de Tamaulipas y Nuevo León a través de la historia, lo que nos ha hermanado a partir de respetar el acuerdo que otorga el volumen que corresponde a cada entidad federativa.
Cabe mencionar que el 2 de julio de 1952 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “Acuerdo que establece la Veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones de agua del Río San Juan, en Tamaulipas y toda su cuenca tributaria, aguas arriba de la Presa Marte R. Gómez.
En el párrafo segundo del apartado de considerando del acuerdo citado se establece:
Que, de acuerdo con los estudios hidrológicos hechos sobre el funcionamiento de la Presa Marte R. Gómez, es necesario disponer de todos los escurrimientos del Río San Juan, hasta dicha presa para el riego de las 69,748 hectáreas, dominadas por las obras hidráulicas construidas.
No obstante lo anterior, se inició la construcción de la presa El Cuchillo en el municipio de China, Nuevo León, que entró en operación en 1994, cortando el flujo de agua del río San Juan, que depositaba su caudal en la Presa Marte R. Gómez para beneficio del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan.
Fue tal la tensión que se generó entre los usuarios y gobiernos de ambos estados, que después de arduas negociaciones y estudios hidrológicos de la Cuenca, se firmó un Acuerdo el 13 de noviembre de 1996, que suscriben los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Conagua, que consta de 12 puntos sobresaliendo por su importancia el primero, sexto y octavo , de los cuales se describe los más sobresaliente:
Primero: El gobierno del estado de Nuevo León y la CNA, iniciarán en 1997 la construcción del emisor necesario para conducir las aguas residuales tratadas, provenientes de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, a la Presa Marte R. Gómez en el Estado de Tamaulipas, programándose su conclusión en 1998.”
Cabe destacar que, a 25 años de lo acordado, este punto aún no se ha materializado.
Sexto: Las partes que suscriben este acuerdo, convienen que el segundo acueducto de la presa El Cuchillo-Solidaridad para la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana se construirá con recursos del estado de Nuevo León, una vez que se concluyan y operen las obras que se mencionan en el presente instrumento”.
Octavo: La Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo que establece el reglamento ya mencionado, analizará durante el mes de noviembre de cada año con base en la información al 31 de octubre, la disponibilidad total de las aguas, y determinará en el mes de noviembre, los volúmenes a usar de la presa El Cuchillo para asegurar el abastecimiento de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana y para el uso de riego en el Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan, entre otros usuarios.
En virtud de lo acordado y aun cuando no se cumplió a Tamaulipas con la construcción del emisor, que garantizaría un volumen mínimo de 189 milímetros cúbicos (mm3) de agua residual tratada, retornada de Monterrey y la zona metropolitana a la Presa “Marte R. Gómez”, y que debió estar concluido desde 1998, hemos transitado en un clima de concordia en materia de trasvaso entre ambas presas para beneficio de los usuarios de los dos estados.
Es así como desde 1996 que se firmaron los acuerdos, a la par se iniciaron los trasvasos, acumulando a la fecha 35, sin que se hayan presentado conflictos, dado que el acuerdo es bastante claro: “Cuando la Presa Marte R. Gómez tenga un almacenamiento menor a 700 mm3 y El Cuchillo cuente con un volumen superior a 315 mm3, el volumen que esté por arriba se trasvasará a la presa Marte R. Gómez”.
En la actualidad, la presa El Cuchillo cuenta con un volumen almacenado de 762 mm3 y Marte R Gómez, con 384 mm3. De acuerdo con estos datos, y tomando en cuenta lo acordado y firmado entre las partes, se debe trasvasar 447 mm3 en beneficio de los usuarios del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan.
En virtud de lo anterior y tomando en consideración que las y los diputados contamos con la facultad de exhortar a las autoridades para que acaten las disposiciones o acciones de carácter gubernamental; máxime que en la firma del acuerdo citado participaron los órdenes de gobierno, federal y estatal, así como los organismos representantes de los usuarios de las aguas nacionales del río San Juan: el Distrito de Riego 026 y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
Por lo expuesto, se propone la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general la Comisión Nacional del Agua a que, conforme a sus atribuciones, determine antes del 30 de noviembre de 2022 los volúmenes a trasvasar de la presa El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez, a fin de asegurar el abastecimiento de agua en el distrito de riego 026 Bajo río San Juan, Tamaulipas, con estricto cumplimiento al acuerdo de 13 de noviembre de 1996, suscrito por los estados de Nuevo León, Tamaulipas y la Comisión Nacional del Agua.
Diputados: Ana Laura Huerta Valdovinos, Olga Juliana Elizondo Guerra, Juan González Lima, Elva Agustina Vigil Hernández, Erasmo González Robledo, Claudia Alejandra Hernández Saenz y Blanca Araceli Narro Panameño (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal con relación al decreto por el cual se regule la aplicación del Apecic, a cargo del diputado Francisco Javier Castrellón Garza, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado Francisco Javier Castrellón Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a que dentro del decreto por el cual se regule la aplicación del acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic), se tomen las medidas necesarias para proteger la importación y distribución de alimentos e insumos para envasar comestibles, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); a fin de garantizar la calidad, sanidad e inocuidad de los alimentos que consume la población del país, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 4 de mayo del presente año, el presidente de la República presentó el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), con la finalidad de contener los efectos inflacionarios y tratar de garantizar que los sectores más vulnerables de la población mexicana tengan acceso a productos de la canasta básica a precios más accesibles.
El 12 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se indican, a través del cual, se eliminaron aranceles a la importación de diversos productos alimenticios, cumpliendo así con los acuerdos asumidos por el gobierno dentro del Pacic, estableciéndose lo siguiente:
Artículo Primero. Se modifican los aranceles de las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones, únicamente respecto a la importación de las mercancías conforme a lo siguiente:
Artículo Segundo. Se modifican los aranceles de las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones, únicamente por lo que respecta a la importación de las mercancías conforme a lo siguiente:
Con la finalidad de buscar ampliar los acuerdos del Pacic, el pasado 3 de octubre, el titular del Ejecutivo federal presentó el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, con el propósito de ampliar las medidas para contener la inflación que afecta la economía de los hogares mexicanos.
Mediante el Apecic, el gobierno federal otorgará a las empresas firmantes una Licencia Única Universal para eximirlas de todo trámite o permiso ante la Senasica y la Cofepris, así como del impuesto general de importación; confiándoles la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad.
El Apecic, tiene como objetivo primordial, frenar el encarecimiento de los productos agrícolas y pecuarios, debido a que la inflación anualizada hasta la primera quincena de septiembre 2022 era de 8.8 por ciento, de la cual 4.2 por ciento corresponde sólo al alza en alimentos.
Ante tal circunstancia las autoridades hacendarias proponen elevar la producción de alimentos y disminuir al mínimo posible los costos regulatorios y logísticos, así dentro del Apecic, se establecen los siguientes acuerdos:
Acuerdo
1. Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, así como del impuesto general de importación. Así, se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad.
2. Durante la vigencia de este Acuerdo y en el marco de la Licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.
3. Con esta Licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole.
4. El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe) hasta el 28 de febrero de 2023.
5. La autoridad atenderá, con el interés de fortalecer la producción nacional, los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de ser superada por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos.
6. El gobierno hará énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que somos deficitarios, y cancelará, por el periodo de este Acuerdo, la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos. Se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos.
7. Actualmente, el precio máximo promedio de la Canasta Básica acordada es de 1,129 pesos por los 24 productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de Gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8%, a 1,039 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023.
8. En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este Acuerdo. En específico por lo que hace a la harina básica extra premium sin conservadores, el esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al precio promedio máximo actual.
9. Las empresas aquí firmantes y el Gobierno estamos de acuerdo en aceptar la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y en que dicha dependencia tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos donde se detecten abusos, en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos.
10. El gobierno revisará permanentemente el desempeño de este acuerdo en reuniones con las empresas.
Como se puede observar, el acuerdo es muy general, por lo que existe poca claridad sobre su aplicación y alcance; por lo que resulta sumamente preocupante suponer que el gobierno mexicano dejará auto regularse a las empresas en materia de calidad, sanidad e inocuidad, respecto de los alimentos que importen y distribuyan en el mercado nacional.
Al respecto, diversas voces de expertos han advertido del peligro que representa la aplicación del Apecic, en los términos en que fue presentado y suscrito en días pasados, por el gobierno federal y los empresarios elegidos para obtener la licencia única universal.
Mediante la llamada Licencia Única Universal se pretende eximir de todo trámite o permiso –incluyendo los que se realizan ante la Senasica y la Cofepris– para la importación y distribución de alimentos e insumos para el envasado de los mismos.
Con lo cual, las autoridades mexicanas, ceden la responsabilidad de verificar la sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos a las empresas que los importan o distribuyen, empresas que son las participantes y firmantes del Apecic.
Aunado a lo anterior, durante la vigencia del Acuerdo el gobierno deberá suspender la revisión de toda regulación que pueda encarecer la importación de alimentos y su movilidad dentro del territorio nacional.
Así como se encuentra el Apecic, resulta sumamente peligroso para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que se ofrecerán a los mexicanos más necesitados. No resulta de ninguna manera conveniente que las autoridades mexicanas renuncien al delicado deber de certificar la calidad, sanidad e inocuidad de los alimentos que se comercializan legalmente.
De aplicarse lisa y llanamente el Apecic, no solo se pone en grave riesgo la salud de los consumidores; también, se afecta la competencia económica, al favorecerse a solo un grupo de empresas; además, se genera incertidumbre jurídica para todo el sector productor de alimentos.
Eximir de controles a empresas de alimentos para bajar la inflación nos pone a merced de padecer un riesgo sanitario, lo cual, es potencialmente más dañino y peligroso que los efectos de la inflación.
Debemos tener en cuenta la advertencia de los especialistas quienes señalan que, las medidas que se pretenden implementar con el Apecic, pueden ser sumamente perjudiciales y representan por si solas, un retroceso en el control sanitario y calidad alimentaria del país.
Ante la falta de un control sanitario institucional, se corre el riesgo de importar y distribuir alimentos contaminados por plagas, metales pesados, bacteria o virus, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
En vista de lo antes señalado, no se justifica de ninguna manera la eliminación de los controles sanitarios por cuestiones económicas, para disminuir la inflación, sin una vigilancia institucional, las empresas beneficiadas con la Licencia Única Universal, no solo incurren en una competencia desleal frente al resto de sus competidores, peor aún, el gobierno mexicano les da incentivos para importar y distribuir productos de mala calidad en perjuicio de la salud de los mexicanos más necesitados.
Por último, las medidas propuestas por el Apecic, no parecen promover el crecimiento de nuestra industria de los alimentos y menos aún impulsan la soberanía alimentaria de nuestro país. Los productores agrícolas y pecuarios requieren de apoyos puntuales como: exenciones fiscales, créditos accesibles, acompañamiento tecnológico, apoyo a inversiones, entre otras medidas, para aumentar la producción nacional de alimentos, a fin de garantizar alimentos de alta calidad a bajo costo, todo en beneficio de los mexicanos.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal, a que dentro del decreto por el cual se regule la aplicación del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía, se tomen las medidas necesarias para proteger la importación y distribución de alimentos e insumos para envasar comestibles, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a fin de garantizar la calidad, sanidad e inocuidad de los alimentos que consume la población del país.
Referencias
https://www.animalpolitico.com/2022/10/gobierno-empresar ios-acuerdo-contra-inflacion/
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/acuerdo-de-ape rtura-contra-la-inflacion-y-la-carestia-apecic?idiom=es
https://imco.org.mx/sombras-sobre-el-nuevo-paquete-contr a-la-inflacion/
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/inflacion-eximi r-control-sanitario-a-empresas-pone-en-riesgo/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bajar-la-inflac ion-con-importaciones-pero-sin-riesgos-sanitarios-UMFFAAC-20221004-0050 .html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre 2022.
Diputado Francisco Javier Castrellón Garza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García a evitar realizar expresiones que tiendan a censurar, menospreciar, criminalizar o inhibir la participación de las y los jóvenes, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sin duda alguna, la atención del rezago educativo a nivel superior requiere ampliar significativamente las posibilidades de acceso a las instituciones de educación universitaria. Por ello en esta administración fueron creadas las universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” las cuales plantearon edificar sedes educativas donde se imparta educación de tipo superior, en municipios ubicados en zonas del país con mayor pobreza y rezago en desarrollo social; favoreciendo el acceso a la educación universal de las y los jóvenes mexicanos1 .
Sin embargo, a tres años de su creación, dichos objetivos se encuentran lejos de materializarse ante inconsistencias e irregularidades observadas; de acuerdo con investigaciones recientes, se detectó que alumnos de nuevo ingreso de Medicina Integral y Salud Comunitaria, en la sede de Juan. R. Escudero, en Guerrero, no han podido estudiar desde el 15 agosto por falta de maestros2 .De igual forma, pero en la Ciudad de México, los alumnos del plantel Tlalpan no asisten a clases porque no cuentan con salones, a pesar de haber sido una sede que recibió $ 12 millones 468 mil pesos desde 2019, indicando que la construcción de la escuela apenas está por iniciar.
En otros estados, la situación es muy similar; en Tlahualilo, Durango, para los 204 alumnos que estudian la carrera de Ingeniería en Administración Agropecuaria, encuentran que su plantel sólo es un terreno baldío, a pesar de haberse asignado $ 6 millones de pesos. Lamentablemente, a nivel federal el escenario observado es similar, pues el gobierno reporta 23 sedes universitarias aún sin terreno para sus planteles y al menos 14 en obra negra. Todo esto, a pesar de que desde el 2019 a la fecha, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez han recibido $ 4 mil 19 millones de pesos, y para 2023 se prevé un incremento de su presupuesto en un 37%, al pasar de $1 mil 75 millones a $ 1 mil 476 millones de pesos3 .
Inquietantemente y sin importar la asignación de dichos recursos, no hay una evidencia clara ni sustancial del desarrollo e implementación de estos, sino que por el contrario, se observan inconsistencias y contradicciones en los datos proporcionados por el organismo coordinador de las universidades, pues mientras la página oficial reporta 37 mil 585 alumnos hasta el semestre pasado, en agosto pasado, en Armería, Colima, Raquel Sosa, coordinadora de las Universidades del Bienestar, afirmó que eran 64 mil estudiantes y mil 733 maestros.4 Además, dentro de los primeros registros de egresados, se han identificado alumnos que terminaron sus planes de estudio y que han tenido que esperar dos años para recibir sus títulos, señalando que en algunos documentos sólo están firmados y no tienen sellos de seguridad en el frente.
En este sentido, la principal preocupación radica en la comprensión de la educación superior como un instrumento de crecimiento incluyente. Que, en otras palabras, se puede traducir en beneficios directos para nuestra sociedad, para nuestra economía y nuestro país en general; pero sobre todo, en la oportunidad de brindarle a las y los jóvenes una posibilidad de movilidad social en la que a través de una inversión en la educación superior de calidad se puede lograr sus objetivos profesionales5 .
Sin embargo, para poder lograr dicho objetivo no es suficiente con crear instalaciones alrededor del país sin una estrategia de seguimiento y de monitoreo en los controles de calidad de la educación, pues como bien se menciona en el estudio “El Futuro de la Educación en México Promoviendo Calidad y Equidad ”6 , las políticas de aseguramiento de calidad y las agencias acreditadoras se han centrado en los programas y no han apoyado el desarrollo de capacidades y responsabilidades institucionales con respecto a la calidad. Además de que, se indica que las instituciones de educación superior tienen que establecer objetivos claros, así como responsabilidades federales y estatales bien definidas y complementarias.
Adicionalmente, en la revisión de dicho estudio se menciona la baja transparencia en la asignación presupuestaria a las instituciones públicas de educación superior, señalando que existen grandes disparidades en el financiamiento por estudiante que reciben las instituciones, incluso dentro de un mismo subsistema, lo cual hace que se plante, cuál ha sido el destino de los recursos asignados y sobre todo, dónde está la estrategia de monitoreo que asegure la aplicación efectiva que supone un impacto social positivo, pues como se ha visto, el asignar recursos de manera inercial, sin previsiones planificadas y fundamentadas no materializa la atención efectiva del derecho a la educación.
En relación con lo anterior, al no esclarecerse las razones por las cuales alumnas y alumnos de las Universidades del Bienestar han visto afectada su educación, se harían omisos los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes de la no conclusión de las obras. Considerando que, en agravante, sería atentado su derecho constitucional 3o. Que señala que toda persona tiene derecho a la educación, y que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.
Preocupa además que ante las protestas de las y los jóvenes que estudian en dichas universidades para exigir mayor calidad y mejores condiciones, la respuesta de las autoridades, particularmente de Raquel Sosa Elízaga, que se reunió con ellos el 14 de octubre, fue la de señalarlos de ociosos y exhortarlos a no estar protestando:
“No estén de ociosos, no anden en la calle protestando (...) ¿A quién de ustedes les gustaría que exhibieran la historia médica de su familia? Levanten la mano ¿Quién quiere que se publique en el periódico si una persona tiene una enfermedad o tiene un problema del tipo que sea? ¿Ustedes prestarían a sus familias para que saquen sus historias clínicas en el periódico? ¿Sí?”, cuestionó a los alumnos .7
Ante dicho cuestionamiento, las y los alumnos respondieron con una afirmativa, generando que la titular del organismo coordinador condenara la respuesta y advirtiera a los alumnos que “Quien provoca escándalos va a ser víctima de ellos”.
Esta situación no se puede repetir, y mucho menos se puede permitir que las autoridades en vez de dar respuestas, lancen amenazas a quienes exigen mejores condiciones de estudio. Necesitamos exigir cuentas claras y resultados que reflejen el avance en la educación superior, sobre todo cuando esta administración le está apostando a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, en vez de invertir y confiar en las universidades públicas de calidad a las cuales se les asigna un el presupuesto que apenas supera la inflación estimada.
Desafortunadamente, con esta distribución en vez de invertir en las universidades públicas se están priorizando mayores recursos a las Universidades para el Bienestar que presentan graves problemas en su implementación, pues estas no cuentan con profesores suficientes, no están sujetas a la evaluación y certificación, lo que se traduce que los actuales alumnos de estas universidades no podrán acreditar formalmente los estudios realizados ni obtener una cédula profesional, existe opacidad en el manejo de sus recursos, los planteles tienen sedes temporales que resultan inadecuadas para prestar servicios educativos y en resumen, son universidades que no garantizan una educación superior de calidad.
Por lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la titular del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García para que, en coordinación con las comisiones de Educación del Poder Legislativo, se instale una mesa de trabajo con las y los jóvenes que estudian en dichos planteles, así como con sus docentes, con la finalidad de escuchar sus denuncias y construir en conjunto una ruta para dar solución a las problemáticas planteadas.
Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la titular del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, para que evite realizar expresiones que tiendan a censurar, menospreciar o inhibir la participación de las y los jóvenes, quienes, en pleno ejercicio de su derecho de libre manifestación, exigen contar con universidades de calidad y denuncian las problemáticas derivadas de las irregularidades que presentan dichas universidades.
Notas:
1. DECRETO por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Obtenido de:
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/basicos/Decreto_de_creacion.pdf
2. Causan ‘malestar’ Universidades para el Bienestar. Obtenido de: https://www.reforma.com/
aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/causan-malestar-universidades
-para-el-bienestar/ar2482419?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—
3. Ibid.
4. Estudiantes por sede Ciclo 2021-2. Obtenido de:
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/estudiosydocentes/Estudiantes_docentes_por_Sede_2020.pdf
5. Los Desafíos y Oportunidades de la Educación Superior en México. Obtenido de: https://www.oecd.org/about/secretary-general/challenges-and-opportuniti es-of-higher-education-in-mexico-january-2020-sp.htm
6. El Futuro de la Educación en México Promoviendo Calidad y Equidad. Obtenido de: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el_futuro_de_la_educacion_en _mexico.pdf
7. https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/15/
no-esten-de-ociosos-directora-de-universidad-del-bienestar-reprocho-a-alumnos-por-exigir-mejores-condiciones/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 16 de noviembre de 2022
Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSC de la Ciudad de México y a la FGJCDMX a brindar justicia pronta y expedita al caso de feminicidio de Lidia Gabriela Maldonado, a cargo de la diputada Rosa María González Azcárraga, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Rosa María González Azcárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los primeros ocho meses del año se registraron 83 muertes violentas de mujeres en la Ciudad de México; es decir, 10.3 por mes en promedio, de esos 83 casos, 37 fueron clasificadas como feminicidios y 46, como homicidios dolosos, de conformidad con el informe mensual de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México.
La secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, destacó que desde que se lanzó la línea telefónica “Mujeres SOS: *765”, se han recibido 15 mil 413 llamadas totales, de las cuales 11 mil 273 han sido de emergencias por casos de violencia de género y 4 mil 140 por orientación.1
No cabe duda que la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México se encuentra desenfrenada, y desgraciadamente este es un caso más, en dónde una joven de 23 años, originaria de Tampico, pierde la vida.
La Fiscalía de la Ciudad de México (Ciudad de México), inició una investigación por la muerte de Lidia Gabriela, Maldonado, quién era una joven tamaulipeca que se arrojó de un taxi en movimiento el pasado martes 1 de noviembre del presente año, esto después de percatarse que el chofer del automóvil intentaba secuestrarla.2
Los hechos dieron lugar en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, aproximadamente a las 17:20 horas, de acuerdo con información brindad por parte de los familiares de la víctima, refiriendo que la joven abordó un taxi en la colonia La Peñas de Iztapalapa con dirección a la estación de Metro Constitución de 1917.3
De acuerdo con el testimonio de Diego Maldonado, hermano de Lidia Gabriela, segundos antes de llegar al destino, el taxista se negó a abrir las puertas del vehículo y aceleró sobre el “carril de alta” de la avenida Ermita Iztapalapa.4
De igual forma, el periódico El País, refirió que Lidia Gabriela debía bajar del taxi en el metro Constitución; sin embargo, el conductor de dicho vehículo aceleró y se metió por el carril de alta velocidad, motivo por el cual, la joven empezó a gritar y a pedir auxilio por la ventanilla, fue vista desde una vulcanizadora y un Oxxo y algunos testigos refieren que llegó a sacar medio cuerpo fuera de la ventana, y unos metros más adelante, aterrorizada, se lanzó. El golpe de su cuerpo contra el asfalto fue directo a la cabeza, en plena calzada de la Ermita Iztapalapa.5
Al respecto, el día de hoy 11 de noviembre, a 10 días del feminicidio, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que este jueves se detuvo a Fernando “N”, conductor del taxi del que se lanzó Lidia Gabriela.
Lo anterior, a través de su cuenta de twitter, en donde García Harfuch confirmó que el detenido conducía el taxi asegurado en días pasados, es el mismo que se encuentra relacionado con el lamentable feminicidio de Lidia Gabriela, quien decidió lanzarse del vehículo porque su agresor no la dejaba bajar.
Es por lo expuesto, que exhorto respetuosamente a las autoridades capitalinas, específicamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a que brinden a los familiares justicia pronta y expedita respecto al caso de feminicidio de Lidia Gabriela Maldonado.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la finalidad de que se brinde justicia pronta y expedita al caso de feminicidio de Lidia Gabriela Maldonado.
Notas
1 En promedio, mataron a 10 mujeres por mes en la Ciudad de México; 37 casos fueron feminicidios.-
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/9/27/
en-promedio-mataron-10-mujeres-por-mes-en-la-cdmx-37-casos-fueron-feminicidios-294140.html
2 Caso Lidia Gabriela: Detienen a Fernando ‘N’, quien conducía el taxi del que ella se aventó en Ciudad de México. - La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el caso de Lidia Gabriela como feminicidio.
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/11/10/
caso-lidia-gabriela-detienen-a-fernando-n-quien-conducia-el-taxi-del-que-ella-se-avento-en-cdmx/
3 Caso Lidia Gabriela: Detienen a Fernando ‘N’, quien conducía el taxi del que ella se aventó en Ciudad de México. - La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el caso de Lidia Gabriela como feminicidio.
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/11/10/
caso-lidia-gabriela-detienen-a-fernando-n-quien-conducia-el-taxi-del-que-ella-se-avento-en-cdmx/
4 Caso Lidia Gabriela: Detienen a Fernando ‘N’, quien conducía el taxi del que ella se aventó en Ciudad de México. - La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el caso de Lidia Gabriela como feminicidio.
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/11/10/
caso-lidia-gabriela-detienen-a-fernando-n-quien-conducia-el-taxi-del-que-ella-se-avento-en-cdmx/
5 Los últimos metros de Lidia Gabriela antes de lanzarse de un taxi en marcha para no ser secuestrada. https://elpais.com/mexico/2022-11-09/los-ultimos-metros-de-lidia-gabrie la-antes-de-lanzarse-de-un-taxi-en-marcha-para-no-ser-secuestrada.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2022.
Diputada Rosa María González Azcárraga (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 18 de noviembre, fundación del Distrito Federal, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI; 62, numeral 2 y 76, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente efeméride con motivo a la fundación del Distrito Federal en el año 1824
El Distrito Federal, en la actualidad Ciudad de México, es considerado como el principal baluarte político, económico, social y cultural de nuestro país; el Distrito Federal ha sido testigo de diferentes conflictos a lo largo de la historia, desde rencillas entre federalistas y centralistas, invasiones extranjeras y la guerra de reforma. Es una capital que en su longevidad ha visto el desarrollo urbano en el marco del Porfiriato, que permanecen hasta la actualidad.
La historia del Distrito Federal nace de la herencia histórica de México -Tenochtitlán, fundada en el siglo XIV en un islote en México, para convertirse, cientos de años después en 1535, en la sede del Virreinato de Nueva España y hasta la culminación de la guerra de independencia, cuando se convirtió en la capital del Estado de México, y posteriormente en la sede de los poderes federales.
Tras la abdicación de Agustín de Iturbide al primer imperio mexicano, el Congreso erige un gobierno provisional con los Generales Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, como integrantes del Supremo Poder Ejecutivo, con el propósito de constituir la república y dejar atrás la monarquía, convocando al Congreso Constituyente que se instaló el 7 de noviembre de 1823.
Al interior del debate, se observaron dos tendencias por cuanto a la forma de organizar territorialmente el naciente Estado mexicano, la tesis centralista se oponía a dividir el territorio en estados independientes, pues consideraba que esto debilitaría a la nación, la cual necesitaba unirse para hacer frente a eventuales intentos de reconquista de España y los federalistas argumentaron que, debido a la extensión de la provincia y la lejanía de algunas de ellas respecto de la capital y dada la conveniencia de que sus gobernantes tuvieran un cabal conocimiento de los problemas de cada entidad, era indispensable un sistema federal.
Así; el 31 de enero de 1824 es aprobada el Acta Constitutiva de la Federación por el segundo Congreso Constituyente, y que sentó las bases para la discusión de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, y con el naciente Estado mexicano se asumió oficialmente la soberanía y se constituyó por estados libres, soberanos e independientes.
Posteriormente, el 29 de 0ctubre de 1824, luego de agotar el debate sobre la ubicación de la capital federal, el presidente de la sesión, Ramos Arizpe, sometió a votación el nuevo dictamen que proponía que la Ciudad de México fuera el Distrito Federal, que resulto aprobado por mayoría.
Adicionalmente, en la sesión del 2 de noviembre, se discutió la extensión del territorio del Distrito Federal, siendo la primera propuesta que se extendiera hasta un radio de dos leguas a partir de la plaza mayor; aunque existieron otras propuestas como la de que midiera una legua o se limitará al territorio del Ayuntamiento, fue la primera la que resultó aprobada.
Terminado de manera oficial el primer Imperio Mexicano, y proclamada la República Federal, el 18 de noviembre de 1824, el congreso decidió fundar un Distrito Federal en que se pudiera albergar a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre 2022
Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)
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