Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 5993-VII, jueves 31 de marzo de 2022

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Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SICT y Capufe a realizar acciones para rehabilitar la carretera federal internacional número 15, tramo Estación Don Sonora-El Carrizo, entre Sonora y Sinaloa, a cargo de la diputada Gabriela Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a establecer un programa para agilizar el rezago en la atención de los padecimientos no relacionados con SARS-Cov2, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y de Tlaxcala a fortalecer los mecanismos, los protocolos de actuación y las estrategias que garanticen las condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo y promueven la defensa de los derechos humanos, a cargo del diputado Mariano González Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al IPN, el Cecyt número 7 y la FGJ a realizar acciones contundentes por lo sucedido a la alumna presuntamente víctima de violación en las instalaciones, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Morelos a implantar medidas y protocolos para prevenir los siniestros causados por actividades humanas que generan la destrucción del ambiente, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL a hacer público un informe sobre el estado jurídico de Siderúrgica de Linares para que se pongan en conocimiento las acciones y los mecanismos establecidos para atender, planear y regular el parque industrial de la ciudad, a cargo de la diputada Karla Estrella Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a iniciar investigar sobre el uso de recursos públicos erogados en todos los actos públicos donde ha participado el Ejecutivos del 4 de febrero a la fecha, a cargo del diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CSG a promover las sesiones ordinarias de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC y el Órgano de Prevención y Readaptación Social a crear centros de atención y redes de apoyo para garantizar que las personas liberadas de los centros penitenciarios tengan acceso a políticas transversales, con enfoque de género y prevención social de la violencia y la delincuencia, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Querétaro a investigar, esclarecer y sancionar el sacrificio innecesario de un tigre por policías municipales en Huimilpan, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos de BC y de Ensenada a implantar estrategias para prevenir y erradicar la violencia y los feminicidios, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, relativo a la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y el gobierno de Chiapas a integrar una mesa de trabajo destinada a diseñar una estrategia urgente para la conservación de la flora y fauna y detener la destrucción de la selva Lacandona, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales y las alcaldías de zonas metropolitanas a constituir e integrar un instituto metropolitano de planeación, como establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a promover las acciones o denuncias correspondientes para las sanciones administrativas y penales derivado de las auditorías e investigaciones practicadas a Segalmex, Diconsa y Liconsa en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2020, a cargo de la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SICT a implantar acciones para reducir las tarifas de peaje en las carreteras y autopistas de Nayarit, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNBV a intervenir ante la institución bancaria administradora de Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Afirme y Grupo Financiero División Fiduciaria para que liberen 123 millones de pesos al gobierno de BC, a cargo de la diputada Rebeca Valle Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se reconocen los trabajos del GIEI en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y se exhorta a la FGR a continuar las investigaciones pertinentes, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de Ciudad de México y el IPN a realizar una investigación con perspectiva de género y esclarecer lo ocurrido en la vocacional 7 contra una estudiante, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SICT y Capufe a realizar acciones para rehabilitar la carretera federal internacional número 15, tramo Estación Don Sonora-El Carrizo, entre Sonora y Sinaloa, a cargo de la diputada Gabriela Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Gabriela Martínez Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se Exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, rehabilitar la Carretera federal Internacional No.15 tramo carretero, Estación Don Sonora-El Carrizo Sinaloa. a efecto de atender la demanda de miles de ciudadanos y usuarios que transitan esta vía federal a causa de las pésimas condiciones del tramo carretero, conforme a las siguientes

Consideraciones

Primera. La carretera Estación Don-Nogales, permite el recorrido por el estado de Sonora de sur a norte o viceversa a través de una autopista de cuatro carriles, que facilita su libre tránsito por la entidad con seguridad y confianza; cuenta con una longitud total de 651.7 kilómetros, y comunica a 9 grandes ciudades; Navojoa, Cajeme; Empalme-Guaymas, Hermosillo, Santa Ana, Magdalena-Ímuris y Nogales. Esta importante vía de comunicación, también llamada “Carretera Internacional” permite el traslado de viajeros del sur de la república hacia el vecino país del norte, específicamente con el estado de Arizona de Los Estados Unidos de América, esta magna obra está hecha de concreto hidráulico, e involucró la construcción de 1,300 puentes que equivalen a 40 kilómetros, más de 2,600 obras de drenaje y la utilización de más de cuatro millones de metros cúbicos de concreto, Es una autopista que involucra obras complementarias como los libramientos de Navojoa, Ciudad Obregón, Empalme Guaymas, Hermosillo y Magdalena, otorgando grandes comodidades para los viajeros.

Segunda. Esta vía permite el acceso de sur del país y del estado de Sinaloa. Además de ser carretera troncal con ciudades de Altar, Pitiquito, Caborca, Sonoita y San Luis Rio Colorado de Sonora y la Ciudad de Mexicali, Tecate y Tijuana del vecino estado de Baja California. En cuanto al puerto de Guaymas por su ubicación. facilita la recepción y salidas de mercancías que se comercializan e intercambian con otros países y del interior del país, en materia agrícola, ganadera, industrial y acuícola. En consecuencia, esta vía de comunicación es altamente transitable pues se reporta un flujo vehicular de casi 38, 356 vehículos diarios, esto representa un flujo anual de casi 14 millones de vehículos, los cuales el 40 % son de carga, que por lo general transitan con mayor seguridad y fluidez, todo esto beneficia a los cerca de 2 millones de habitantes con los que cuenta la entidad.

Tercera. Sonora es una entidad federativa de gran extensión. Turísticamente cuenta con una gran variedad de atractivos naturales entre la Sierra Madre Occidental, valles, paisajes desérticos y playas paradisíacas del golfo de California.

Hermosillo, su capital es importante por sus lugares históricos y sus bellezas arquitectónicas como la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, así como la Plaza Zaragoza y la Plaza Bicentenario, o bien por su riqueza natural como el Cerro de la Campana.

Sonora se distingue por la belleza de sus playas, como es el caso de Puerto Peñasco, o bien San Carlos, sus paisajes rodeados de desierto, montañas y el mar de Cortés. También es de mencionar Bahía de Kino, que es un lugar idóneo para disfrutar en familia, sus cálidas y tranquilas aguas, así como su arena blanca son perfectas para relajarse.

Este estado de la República nos ofrece la aventura ecoturística del Pinacate y del Gran Desierto de Altar, donde existen vestigios arqueológicos de hace 20 mil años. La zona es una de las seis Áreas Naturales Protegidas mexicanas nombradas por la Unesco como Bien Natural de la Humanidad.

Para llegar a estos lugares las carreteras y caminos del Estado deben estar en excelentes condiciones para no perder los ingresos que nos ofrece la noble industria limpia del turismo. De ahí la importancia de que la autoridad federal ponga su atención a las carreteras como los es la “Carretera Internacional”.

Cuarta. La “Carretera Federal 15” o “Carretera Internacional México 15” o “Carretera México-Nogales”, es una vía que recorre gran parte de nuestro país, que da inicio en la Ciudad de México y que termina en la ciudad de Nogales, en el estado de Sonora, cerca de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, siendo de las más importantes del país, ya que tiene una longitud de 2,378 kilómetros, siendo una obra histórica, puesto que se terminó de construir el 1o de septiembre de 1952 durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés.

Dicha vía de comunicación recorre los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México. Además, forma parte del corredor Canamex, un corredor comercial que se extiende desde México hacia el norte, a través de los Estados Unidos y hasta la provincia de Alberta, en Canadá.

Al ser una vía de comunicación tan larga y que trastoca muchas ciudades de México y de Estados Unidos y Canadá, en aras de las relaciones internacionales, comerciales y políticas de los tres países, no se puede tolerar que uno de sus tramos esté en estado tan deplorable como lo está el que, en este punto de acuerdo se denuncia.

Quinta. No obstante, la importancia de esta vía de comunicación, existe un tramo de la autopista entre los límites de los estados de Sonora y de Sinaloa, de aproximadamente un kilómetro por ambos sentidos, tanto de sur a norte como de norte a sur, que no tiene pavimento, siendo éste el tramo “Estación Don Sonora”“El Carrizo”, en el estado de Sinaloa. pero de acuerdo con las coordenadas 26º23`56” N 109º 00` 40” W, también le corresponde dicho tramo al estado de Sonora. Aparte del peligro que representa por ser de terracería, esta parte de la carretera levanta una polvareda que impide la visualización del tránsito vehicular que ocasiona que los mismos vayan “a media rueda”, aunado a la problemática de gran cantidad de baches que provocan quiebre de ejes, muelles, llantas, y suspensión en general; Por otro lado se refleja una pésima imagen al turismo nacional y extranjero que circula por esta rúa, mientras en la noche por falta de alumbrado y señalamientos provocan con frecuencia accidentes lamentables.

En esa virtud, y toda vez que por más de diez años, prevalece este tramo carretero abandonado y puntos de acuerdo y exhortos vayan y vengan por parte de legislaturas pasadas, este problema no se resuelve a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos, quienes deben de atender con atingencia esta demanda de miles de ciudadanos y usuarios que transitan esta vía federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), a que realicen las acciones que sean necesarias para rehabilitar la “Carretera Federal Internacional número 15” o “Carretera Internacional”, en su tramo “Estación Don Sonora” a “El Carrizo”, entre los estados de Sonora y de Sinaloa, a efecto de atender la demanda de miles de ciudadanos y usuarios que transitan esta vía federal a causa de las pésimas condiciones del tramo carretero que se encuentran en la actualidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputada Gabriela Martínez Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a establecer un programa para agilizar el rezago en la atención de los padecimientos no relacionados con SARS-Cov2, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el cual causa la enfermedad Covid-19, ha tenido un impacto enorme en las personas, los sistemas de salud, los programas de salud pública y las economías de todo el mundo.

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC (CIEP), contener y mitigar la propagación y la tasa de infección del virus sigue siendo esencial; sin embargo, 90 por ciento de los países ha sufrido interrupciones de sus servicios de salud esenciales desde el inicio de la pandemia.1 El principal impacto en la reducción en los servicios de salud se da en los rubros de mortalidad, morbilidad, la detección oportuna y el tratamiento de enfermedades.

Los países han respondido a la crisis sanitaria y económica con asignaciones presupuestarias excepcionales que permiten reducir los impactos directos en los pacientes afectados y proteger la resistencia de los sistemas de salud.2

La prioridad de los países en todo el mundo ha sido reducir los contagios y la transmisión de la enfermedad, así como brindar una atención y un tratamiento adecuados a las personas tienen Covid-19, sin embargo, las enfermedades no transmisibles (ENT) siguen representando una de las cargas más pesadas en el ámbito de la salud.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en junio de 2020 en el continente americano se habían diagnosticado a más de tres millones de personas con Covid-19, y más de 168 mil habían muerto de dicha enfermedad. La mayoría de los casos y muertes se registraron en los Estados Unidos de América (EUA), Brasil, Perú, Chile, Canadá y México con un gran número de casos y un rápido ritmo de duplicación de ese número.3

Del mismo modo, señala la OPS que en el continente se estima que una de cada cuatro personas tiene al menos una ENT, incluidas, entre otras, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. Es importante que esta población cuente con acceso a servicios esenciales para que no se interrumpa el tratamiento de su enfermedad debido a que quienes tienen alguna ENT y las personas mayores corren más riesgo de desarrollar un cuadro grave de Covid-19 y de morir.4

Sin embargo, gran parte del personal de salud designado para trabajar en los servicios contra las ENT fue reasignado al trabajo de atención al Covid-19, lo cual redujo el número de personal disponible para atender estos padecimientos, implicando una reducción en los servicios relacionados con enfermedades diferentes al Covid-19.

La situación en el país es similar a lo descrito por la OPS, ya que, de acuerdo con el CIEP, en 2020, las consultas para siete tipos de enfermedades y embarazo cayeron 48.6 por ciento y 35.3 por ciento, respectivamente, en comparación con 2019, las consultas de primera vez cayeron 45.1 por ciento al pasar de 34.5 millones en 2019 a 18.9 millones en 2020. En términos porcentuales, la mayor caída se dio en las consultas de salud bucal con 63.7 por ciento menos consultas. En términos absolutos, las consultas de otras enfermedades fueron 5.4 millones menores, seguidas por las consultas a sanos y transmisibles con 4.1 y 3.2 millones consultas menos, respectivamente, que en 2019. Por su parte, las consultas de embarazo trimestral gestacional y embarazo adolescente disminuyeron 37.2 por ciento y 35.4 por ciento, respectivamente.5

En cuanto a las consultas subsecuentes, en 2020 cayeron 51 por ciento, al pasar de 52.3 millones en 2019 a 25.6 millones en 2020. También, las consultas subsecuentes de salud bucal tuvieron la mayor caída en términos porcentuales, 72.2 por ciento menos consultas. En términos absolutos, las consultas a sanos fueron 8.7 millones menores, seguidas por las consultas de otras enfermedades, y crónicas con 7.3 y 4.9 millones consultas menos que en 2019.6

Sobre la reducción en las consultas de las entidades federativas, todas presentaron reducciones en las consultas de primera vez y subsecuentes. En términos porcentuales, Guerrero tuvo la mayor caída tanto en consultas de primera vez como en subsecuentes, con 75.5 por ciento y 80.4 por ciento menos, respectivamente. En contraste, Michoacán presentó una reducción de 5.9 por ciento en consultas de primera vez y Guanajuato de 36.6 por ciento en las consultas subsecuentes. En términos absolutos, Estado de México presentó las mayores reducciones en consultas de primera vez y subsecuentes con 2.5 y 4.9 millones de consultas menos, respectivamente.7

Sobre las enfermedades crónicas, de acuerdo con el análisis del CIEP, se dejaron de otorgar 5 millones 113 mil 176 consultas a diabéticos, hipertensos, personas con cáncer y otros padecimientos crónicos que sí se habían dado en 2019. Es decir, mientras un año antes de la emergencia sanitaria, 12 millones 655 mil 815 de enfermos crónicos fueron atendidos por el sistema de salud público, el año pasado la cifra fue sólo de 7 millones 542 mil 639, lo que representa una caída de 40.4 por ciento.8

Para 2021, la interrupción en los servicios de salud continúa, ya que en los primeros tres meses del año, las consultas subsecuentes de salud bucal son 80.4 por ciento menores respecto al mismo periodo de 2020. Todas las consultas de primera vez, subsecuentes y de embarazo presentan reducciones que van desde 80.4 por ciento a 11.3 por ciento.9

Lo anterior se ha traducido en una repercusión en el gasto de bolsillo de los mexicanos, en ese sentido, el gasto de bolsillo promedio por persona se incrementó en 40 por ciento, al pasar de 2 mil 358 pesos en 2018 a 3 mil 299 pesos en 2020. Para el primer decil de ingresos, el gasto de bolsillo aumentó 68.3 por ciento. Lo anterior se debe, entre otros aspectos, a que el número de usuarios del sistema privado de salud pasó de 36.4 millones en 2018 a 46.2 millones de personas en 2020. En 2020, 0.6 por ciento de las personas que buscaron atención en las instituciones de salud pública no la recibieron, en 36.5 por ciento de los casos, la atención no se recibió en la Secretaría de Salud, 24.8 por ciento de los casos fueron por falta de médico, 22.1 por ciento por otra razón, 18.4 por ciento por unidad cerrada y 17.4 por ciento porque no quisieron atenderla.10

Sin embargo, ante este panorama, desde la administración pública se han realizado diversas acciones para contener y mitigar esta situación, ejemplo de lo anterior, son las acciones emprendidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El objetivo de estas acciones ha sido el de recuperar los servicios ordinarios en cada una de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), Hospitales de Segundo Nivel y Unidades de Medicina Familiar (UMF) en todo el país.

Para lograr lo anterior, se desarrolló la Estrategia Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios, que se realiza en las unidades médicas de todos los niveles de atención del Seguro Social, esta estrategia denominada 100 días para mover al IMSS.

El objetivo específico es recuperar la demanda de los servicios médicos ordinarios, fortalecer la detección de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, cáncer de mama (a través de exploración y/o mastografía), además continuar con las consultas de medicina familiar y recuperar las consultas de especialidades, cirugías y trasplantes, que por la elevación de casos de Covid-19 en 2020 y principios de 2021 se habían reducido.11

La Estrategia Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios que se puso en marcha el 16 de abril, consiste en la recuperación paulatina de los servicios integrales en las mil 530 unidades de medicina familiar, 242 unidades hospitalarias de segundo nivel, nueve unidades médicas de atención ambulatoria y 25 unidades médicas de alta especialidad con que cuenta el IMSS, distribuidas en las 32 entidades de la República.

Con relación al avance del rezago causado por la pandemia, de acuerdo con el IMSS en 100 días se logró recuperar casi 90 por ciento de las consultas pendientes en medicina familiar, 92.8 por ciento en especialidad y 86 por ciento en cirugía, lo cual nos permitió un avance general de 109 por ciento.12

Esta estrategia de 100 días se dividió en cuatro jornadas nacionales:

• La primera del 16 al 18 de abril

• La segunda del 14 al 16 de mayo

• La tercera del 11 al 13 de junio

• La cuarta del 2 al 4 de julio

En estas jornadas se realizaron un total de 18 millones 881 mil 729 consultas de medicina familiar y 593 mil 846 de consultas de especialidad; así como 268 mil 345 cirugías. Se logró la detección de 3 millones 285 mil 182 casos de hipertensión; 2 millones 103 mil 778 de diabetes; un millón 43 mil 99 de cáncer de mama a través de exploración y 362 mil 236 por mastografía; 631 mil 879 detecciones de cáncer cérvico-uterino y la realización de 763 trasplantes.13

Como podemos observar, estos esfuerzos han resultado fructíferos en la recuperación de los servicios y atención de los padecimientos no relacionados con Covid-19. La pandemia ha producido un desplazamiento en la atención de enfermedades no relacionadas con el Covid-19. Las implicaciones de la interrupción en la atención se traducen en costos humanos y económicos, por ello, es necesario que estos programas se amplíen y se desarrollen en otras instituciones que componen el Sector Salud.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta a la Secretaría de Salud federal, para que, como cabeza de sector y en el ámbito de su competencia, establezca un programa que tenga por objeto agilizar el rezago en la atención de los padecimientos no relacionados con la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Segundo . Se exhorta a la Secretaría de Salud federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan una estrategia que permita garantizar la disponibilidad de los insumos y dispositivos médicos necesarios para la atención integral de los padecimientos no relacionados con la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) y con ello dar cumplimiento cabal al derecho a la protección de la salud establecido en el artículo cuarto constitucional.

Notas

1 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP) Interrupción de los servicios de salud por Covid-19: Implicaciones en el gasto de bolsillo. 2021. Enlace de consulta: https://ciep.mx/interrupcion-de-los-servicios-de-salud-por-covid-19-imp licaciones-en-el-gasto-de-bolsillo/#fn4

2 CGD. 2020. “Balancing the Covid19 Response with Wider Health Needs: Key Decision-Making Considerations for Low-and Middle-Income Countries.”

https://www.cgdev.org/publication/balancing-covid-19-res ponse-wider-health-needs-key-decision-making-considerations-low.CIEP. 2018. “

3 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Informe de la evaluación rápida de la prestación de servicios para enfermedades no transmisibles durante la pandemia de Covid-19 en las Américas. Junio 2020. Enlace de consulta: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52283/OPSNMHNVCovid-1920 0024_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y

4 OPS. Op cit.

5 CIEP. Op. Cit

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Excelsior, Pandemia rezagó hasta 55% consultas médicas; más de 45 millones de citas, en 2019. Julio 2021. Enlace de consulta: https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-rezago-hasta-55-consulta s-medicas-mas-de-45-millones-de-citas-en-2019/1462070

9 CIEP, Op. Cit.

10 Ibid.

11 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los 100 días que movieron al IMSS. Julio 2021. Enlace de consulta:

https://www.gob.mx/imss/articulos/los-100-dias-que-movie ron-al-imss-277177?idiom=es

12 Ibid.

13 Ibid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rubrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y de Tlaxcala a fortalecer los mecanismos, los protocolos de actuación y las estrategias que garanticen las condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo y promueven la defensa de los derechos humanos, a cargo del diputado Mariano González Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mariano González Aguirre, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El periodismo constituye un elemento fundamental en un régimen democrático, toda vez que permite el acceso a información oportuna, confiable y veraz de los acontecimientos. A través de esta profesión, es posible promover una sociedad cada vez más informada, crítica y participativa en los asuntos públicos.

Nuestro marco jurídico asume el acceso a la información como un derecho humano, de ahí la necesidad de que el gobierno federal, las instituciones de procuración e impartición de justicia y el gobierno de las entidades federativas aseguren condiciones para su debido ejercicio.

Sin embargo, es evidente que pese a la importancia de este tema desde el inicio de la presente administración federal se han incrementado los ataques a los comunicadores, a las agencias de noticias y periódicos impresos y digitales. Basta señalar que solo en lo que va de este año, casi una decena de periodistas han perdido la vida sin que hasta el momento se hayan sancionado a los responsables.

Las altas cifras de decesos y agresiones han motivado la solidaridad internacional, debido a ello, recientemente el Parlamento Europeo aprobó una resolución para condenar las amenazas, acosos y asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos, pero también, para hacer un llamado a fortalecer las acciones para su protección.1

Un caso que ejemplifica la falta de interés gubernamental es el estado de Tlaxcala, en donde las víctimas y sus familias han denunciado públicamente “simulación” por parte de las autoridades para atender de manera pronta, expedita e integral las problemáticas que aquejan a los comunicadores, periódicos y agencias de noticias, principalmente.

Entre los últimos sucesos de estas características destacan los cometidos contra personal del El Sol de Tlaxcala, Gente Tlx, Nierika Images, y el medio digital Tlaxcultuarte, entre otros. Los hechos mencionados se desarrollaron durante las movilizaciones del 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Durante dichas manifestaciones, las y los comunicadores, y defensores de los derechos humanos fueron intimidados física y verbalmente, entre otras, por policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes presuntamente les destruyeron sus cámaras, celulares y demás equipo de trabajo. Destaca el lamentable episodio que vivió una reportera del medio informativo GenteTlx quien probablemente fue objeto de groserías e intentos de golpes en las inmediaciones de la plaza de la Constitución.2

Otra reportera dañada es del periódico El Sol de Tlaxcala, quien al documentar con su celular el despliegue, un policía le dio un “manotazo” haciéndola tirar su aparato de comunicación, al tratar de levantarlo otro elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la empujó y le aventó agua con un dispositivo parecido a un extintor.3

También, están las agresiones contra personal de La Jornada de Oriente, o los ataques físicos y amenazas hacia el director de la Agencia Nierika Images en el municipio de Huamantla, ante los cuales, la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) mostró su rechazo y solicitud para una pronta investigación.4

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (Comecot),5 se han pronunciado para condenar los hechos violentos contra periodistas, dejando clara la necesidad de hacer asequible el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de los daños, bajo el principio de no repetición.

Es importante recordar que durante la presente administración, se creó la denominada Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Tlaxcala,6 encargada de instrumentar medidas de cooperación entre la entidad y la federación para el establecimiento de acciones de prevención y atención urgentes para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en riesgo y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Entre las funciones de este órgano administrativo de la Secretaría de Gobierno se encuentra la de dar seguimiento a las medidas de protección, asegurar su cumplimiento e implementar los protocolos, manuales y otros instrumentos con las mejores prácticas, asimismo, intercambiar información y experiencias técnicas.

A pesar de su relevancia para garantizar el acceso a la información, el respeto a los derechos humanos y la labor periodística, desde su creación se ha visto implicada en diversas irregularidades y omisiones, por lo que han sido contantes la falta de certeza y coordinación en las políticas para garantizar la integridad, patrimonio y vida de periodistas, defensoras de derechos humanos y sus familias.

Derivado de los acontecimientos del pasado 8 de marzo, supuestamente la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Tlaxcala, emprendió diferentes líneas de acompañamiento, no obstante, en los hechos, las declaraciones de funcionarios distan de las medidas de protección y salvaguarda implementadas.

Bajo estas consideraciones, resulta necesario que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, realice una revisión integral a los recursos públicos estatales ejercidos por la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la entidad, a efecto de constatar el uso adecuado de los presupuestos asignados, observando particularmente el monto de los contratos firmados, las licitaciones realizadas y las empresas beneficiadas.

De la misma manera, es importante que el gobierno del estado de Tlaxcala, la Secretaría de Gobierno local y el órgano administrativo, fortalezcan sus acciones para actualizar los protocolos de actuación y manuales que permitan una asistencia, seguimiento, asesorías y acceso efectivo a medidas de protección ante cualquier riesgo, pero, sobre todo, asegure condiciones para el ejercicio pleno del periodismo y la defensa de los derechos humanos.

En un régimen democrático como el nuestro, la labor periodística es indispensable para el ejercicio de los derechos humanos; en este sentido, los medios de comunicación han jugado un papel preponderante para mantener a la sociedad informada en temas como la pandemia de Covid-19, la crisis económica y la pérdida de gobernabilidad en diversas regiones del país.

Para los legisladores del PRI, es una prioridad el ejercicio libre y seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos, por ello, seguiremos trabajando en su protección ante cualquier riesgo.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala para que, a través de la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fortalezca los mecanismos, protocolos de actuación y estrategias que aseguren la erradicación, asistencia, seguimiento, asesoría y acceso efectivo a medidas de protección ante cualquier riesgo, asegurando condiciones de seguridad para las personas que ejercen el periodismo y promueven la defensa de los derechos humanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala para que, en el marco de sus atribuciones, realice una revisión integral a los recursos públicos ejercidos por la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Tlaxcala, a fin de constatar el uso adecuado de los presupuestos asignados, observando particularmente el monto de los contratos firmados, las licitaciones realizadas y las empresas beneficiadas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala para que haga de conocimiento público las acciones emprendidas para investigar, y en su caso, sancionar a los servidores públicos que presuntamente agredieron física y verbalmente, vulnerando la integridad y vida de las y los periodistas que dieron cobertura a las manifestaciones del 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Notas

1 https://twitter.com/article19mex/status/1501996674255753238/photo/1

2 https://www.angulo7.com.mx/2022/03/11/acusan-simulacion-de-oficina-de-p roteccion-a-periodistas-de-

tlaxcala/

3 https://www.lineadecontraste.com/condenan-las-agresiones-hacia-la-perio dista-karla-berenice-espina-muneton-por-parte-de-elementos-ssc/

4 https://tlaxcala.quadratin.com.mx/principal/condena-upet-agresion-fisic a-al-periodista-gonzalo-perez/

5 http://www.indicemedia.com.mx/2021/11/condena-consejo-de-medios-de-comu nicacion-de-tlaxcala-artera-agresion-contra-la-periodista-noemi-carmona /

6 https://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/1Ex15022022.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 31 de marzo de 2022.

Diputado Mariano González Aguirre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IPN, el Cecyt número 7 y la FGJ a realizar acciones contundentes por lo sucedido a la alumna presuntamente víctima de violación en las instalaciones, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena , diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2; 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La violencia hacia las mujeres es una realidad y sumamente preocupante que radica en nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) los principales delitos cometidos en contra de la mujer son los relacionados al abuso sexual en un 42.6 por ciento y la violación en un 37.8 por ciento.1

Las mujeres no reciben violencia únicamente de parte de sus parejas, sino también de agresores distintos, conforme a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) realizado en el 2016, indicó que de 66 de cada 100 mujeres de 15 años en adelante, han sufrido por lo menos un tipo de violencia.2

Actualmente la violencia se ha disparado de manera latente y que no ha sido ajeno a los institutos escolares, como es el caso resiente dentro del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 7, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

El pasado 18 de marzo del presente año, se dio a conocer de la presunta violación que sufrió una alumna llamada Jazmín, de 15 años, dentro las instalaciones del recinto anteriormente mencionado. En la que, diversos hombres drogaron y abusaron sexualmente a esta alumna menor de edad dentro los baños que se localizan dentro de dicho instituto.3

Cuatro de los cinco presuntos perpetradores de tal acto infame contra una mujer eran compañeros de la víctima y el quinto agresor se presume fue un docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que imparte clases en el Cecyt 7.

En un comunicado emitido por el IPN mencionan lo siguiente:

“Como resultado de la información recabada hasta el momento, se comunica que no existió el presunto delito referido en distintos medios, redes sociales y portales de internet. En consecuencia, no se desprende que haya existido una conducta que causara perjuicio a la alumna”.4

Dicho comunicado atenta contra los derechos de la víctima, ya que solo un tribunal en materia penal precedido por un juez, conforme al proceso penal, puede dictar sentencia en la que dictamina si hubo o no el delito de violación o agresión sexual en contra de Jazmín.

El Instituto Politécnico Nacional no puede dirimir la acusación realizada por la estudiante Jazmín por los lamentables hechos que le ocurrieron dentro del centro de estudios, al contrario, debe respaldar a la víctima y más cuando se trate de una mujer, ya que las mujeres son un grupo vulnerable de la sociedad.

Mencionado lo anterior, pido que se esclarezcan los hechos y que las autoridades estudiantiles sanciones a los agresores de Jazmín y, asimismo que, las autoridades judiciales procesan conforme a derecho para procesar penalmente a dichos agresores que perpetraron dicha conducta, tipificada como delito.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, y a Gumersindo David Fariña López, director del Cecyt número 7, a realizar acciones contundentes por los acontecimientos sucedidos a la alumna víctima presuntamente de violación dentro de las instalaciones.

Segundo. Se exhorta a Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de Ciudad de México, a proceder penalmente contra los presuntos responsables en contra de jazmín que fue violada dentro de las instalaciones del Cecyt número 7, en la alcaldía Iztapalapa.

Notas

1 [1]Inegi, Estadística con propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, 23 noviembre 2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violen cia2020_Nal.pdf

2 [1] Inegi.

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/#Tabulad os

3 [1] IPN. El Instituto Politécnico Nacional informa acerca de los hechos ocurridos en el CECyT 7. https://www.ipn.mx/imageninstitucional/comunicados/ver-comunicado.html? y=2022&n=20&t=6

4 [1] IPN. El Instituto Politécnico Nacional informa acerca de los hechos ocurridos en el CECyT 7. https://www.ipn.mx/imageninstitucional/comunicados/ver-comunicado.html? y=2022&n=20&t=6

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Morelos a implantar medidas y protocolos para prevenir los siniestros causados por actividades humanas que generan la destrucción del ambiente, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Según la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, un incendio forestal es aquel que corresponde a un fuego que se propaga sin control a través de vegetación rural o urbana y que pone en peligro a las personas, los bienes y el medio ambiente. Estas son una de las causas más importantes de la destrucción de bosques a nivel mundial.1

Los daños ocasionados por los incendios forestales también pueden ser económicos, ya que por ejemplo existen comunidades rurales que dependen del cultivo en la tierra para subsistir, asimismo estos también pueden generar daños a la salud de las personas y en muchos casos la pérdida de vidas humanas.

La organización ambiental Greenpeace hizo una recopilación de datos sobre los incendios catastróficos ocurridos en México en años recientes, por ejemplo en 2017 los incendios forestales devastaron 172,076 hectáreas de territorio; al año siguiente 92,243 hectáreas, y en 2019, 69,047 hectáreas, sin embargo, para el primer trimestre del 2021 estas cifras ya se habían superado, según los datos del Reporte Semanal de Incendios de la Comisión Nacional Forestal, se registraron 3,735 incendios forestales en 29 entidades federativas, afectando una superficie de 127,110 hectáreas de territorio, siendo Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán, Puebla y Baja California las entidades federativas con mayor superficie afectada.2

Según la Comisión Nacional Forestal, un 99% de las causas que ocasionan los incendios forestales son las actividades humanas, y el 1% corresponde a fenómenos naturales como caídas de rayos o erupciones volcánicas.3

La Comisión Nacional Forestal dice que el 99% de las actividades humanas que originan los incendios se dividen en tres grupos, las causas accidentales se dan por rupturas de líneas eléctricas y accidentes automovilísticos, ferroviarios y aéreos; las causas intencionales pueden ser quemas por conflictos entre personas o comunidades, tala ilegal o litigios; y por otro lado están las causas negligentes que van desde quemas agropecuarias no controladas, fogatas de excursionistas, fumadores, quema de basura, limpieza de vías en carreteras hasta el uso del fuego en otras actividades productivas dentro de áreas forestales.4

En nuestro país los incendios se encuentran a la orden del día, en años anteriores por lo general estos se detonan a partir del mes de abril, sin embargo, en el año 2022 se han adelantado, ya que tan solo para el primer trimestre de este, aproximadamente hay 33 focos forestales activos que han afectado a más de 4,200 hectáreas. De lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal afirmó el pasado jueves 24 de marzo:

“Estamos atendiendo todo el país, interviniendo para apagar incendios”,

“Afortunadamente no hay todavía, y esperamos que así continúe, muchos incendios en el sureste porque llovió hasta hace poco. Tenemos más incendios en el centro y en el norte, estamos pendientes y trabajando de manera coordinada”.5

Los estados más afectados han sido Durango, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos y Guerrero.

II. Uno de las entidades más afectadas por los incendios ha sido el Estado de Morelos, ya que según datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable tan solo durante los meses transcurridos en este 2022 se reportaron 51 incendios con una afectación de 308 hectáreas, lo municipios más afectados son Tepoztlán, Yautepec, Huitzilac, Cuernavaca y Tetela del Volcán, de estos más del 50% han sido provocados tanto por los visitantes como los residentes.

Sin embargo, cada año a pesar de las recomendaciones de las autoridades, ha sido, la zona turística del municipio de Tepoztlán, la que en numerosas ocasiones se ha visto afectada por incendios ocasionados por causas humanas, el evento más reciente ocurrió el pasado martes 22 de marzo del presente año, ya que se registró un incendio forestal en la zona del “Cerro de La Mesa”, de acuerdo con las autoridades de dicha entidad, el incendio inició por una fogata que se salió de control y se extendió hacia la vegetación cercana en el paraje “Los Corredores”.

Los vecinos afirmaron que desde las 2:30 horas se percibía fuego en lo alto de la zona, sin embargo, no fue hasta las 4:00 horas que los socorristas acudieron para iniciar los trabajos junto con personal de Comisión Nacional Forestal y la Dirección de Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.6

Autoridades federales y locales, socorristas, brigadistas y ciudadanos unieron esfuerzos para intentar apagar el fuego, sin embargo, algunos brigadistas morelenses denunciaron que el incendio se extendió debido a un actuar indebido de la Comisión Nacional Forestal.

Fue Gabino Rodríguez el líder de la brigada “Tejones Tepoztlán“ quién relató que durante la madrugada del miércoles 23 de marzo los brigadistas y vecinos de la localidad Tierra Blanca habían logrado contener el incendio casi al 100 por ciento, sin embargo, el personal de la Comisión Nacional Forestal actuó en contra de sus recomendaciones, aplicando un método de control conocido como contrafuego, que consiste en quemar vegetación en zonas más amplias, lo que permitiría acabar con el combustible que permitiría un mayor avance del incendio principal, Gabino explicó que su método no era necesario y en consecuencia el viento alimentó las llamas del contrafuego, lo que generó que el incendio se saliera nuevamente de control.7

El brigadista dijo que se les insistió en que aplicarán otros métodos, sin embargo, el personal de la Comisión Nacional Forestal fue prepotente y no aceptó ninguna opinión, “Honestamente estamos muy molestos, porque siempre vienen a hacer lo que ellos quieren. La verdad, deben respetar y acoplarse a las brigadas que están ya controlando y no hacer lo que ellos quieren”8

Sin embargo, la Comisión Nacional Forestal detalló que el incendio se encuentra en un lugar de difícil acceso y que el viento presenta rachas superiores a los 15 kilómetros por hora, además el lugar presenta una carga importante de combustible vegetal, lo que ha hecho que se extiendan las llamas.

El siniestro perduró por 3 días más, por lo que, durante estos días, se recibió apoyo de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana, así como de 392 elementos que han participado en el combate a las llamas, 345 lo han hecho en tierra, en 47 vehículos, y 47 elementos técnicos, tanto en vía terrestre como en el aire.9

Por otro lado, según el Secretario de gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, después de 3 días de intensa labor anunció que el incendio fue extinto y que la afectación de este fue aproximadamente de 105 hectáreas de pino- encino y selva baja caducifolia.

III. El presunto responsable de dicho siniestro fue una persona que se encontraba bajo los efectos de alguna droga o estupefaciente y mientras caminaba por el lugar prendió una fogata que se salió de control y por el estado en el que se encontraba permaneció en el lugar, este ya fue detenido y entregado a las autoridades ambientales. Empero este quedó libre, autoridades de la Fiscalía General de la República precisaron que el acusado fue presentado por el delito de resistencia de particulares, por lo que al vencer el plazo de las 48 horas se presentó al juez, y al no considerarse como delito grave quedó en libertad.10

Las autoridades del Ayuntamiento de Tepoztlán, establecieron una veda de acceso a los cerros, por lo que se restringen actividades recreativas, deportivas, y turísticas grupales en los cerros del territorio municipal incluyendo a Los Corredores, El Tepozteco, Ehecatepetl, Topiltzin, el paraje San Jerónimo y Xilotepetl.11

Sin embargo, esta historia se repite año con año, por ejemplo, en 2020 una joven que estaba grabando un TikTok en Santo Domingo género un siniestro que tomó tal fuerza que tuvieron que ocupar helicópteros para controlar el fuego y evitar que se propagara por los riscos, por lo tanto, podemos ver que el combate a siniestros ha sido deficiente por la falta de previsiones en los tres órdenes de gobierno y que las medidas que se toman no han sido suficientes.

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Bancada Naranja sabemos que las políticas públicas en materia del cuidado de los ecosistemas no están siendo eficientes, asimismo, no podemos permitir que los incendios en las áreas forestales sean ocasionados por fines personales como el cambio de uso del suelo, la tala ilegal de árboles, quemas agrícolas y turistas descuidados o fumadores que siguen lanzando colillas en carreteras. Por lo que se requiere generar políticas públicas que coadyuven a la prevención de estos y que a su vez se tengan mecanismos que mitiguen de una forma eficiente.

Por lo anteriormente expuesto sometemos su consideración la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Estado de Morelos para que, con base en sus atribuciones, y en conjunto con las autoridades municipales de la entidad, se implementen las medidas y protocolos necesarios con el objeto de prevenir los siniestros causados por actividades humanas que están generando la destrucción del medio ambiente; establezca políticas de reforestación en las zonas dañadas; y, genere las campañas informativas necesarias, dirigidas hacia la ciudadanía para hacer conciencia de la deforestación y el daño ambiental consecuencia de los incendios forestales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal para que, con base en sus atribuciones, revise y en su caso modifique los protocolos, mecanismos y métodos que tienen sobre el control de fuego, a fin de que sean más eficientes y eficaces en futuros siniestros en el territorio nacional.

Notas

1 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, “¿Qué es un incendio?”, recuperado de: https://www.cne.go.cr/reduccion_riesgo/informacion_educativa/recomentac iones_consejos/incendio_forestal.aspx

2 Greenpeace México, “México enfrenta los peores incendios en 10 años”, 26 de abril de 2021, recuperado de: https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/10006/mexico-enfrenta-los-peo res-incendios-en-10-anos/#_ftnref1

3 Conafor, “Incendios Forestales”, 2010, recuperado de: http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/
236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf

4 Ibídem.

5 El País, “Los incendios arrecian en gran parte de México”, 24 de marzo de 2022, recuperado de:
https://elpais.com/mexico/2022-03-24/los-incendios-arrecian-en-gran-parte-de-mexico.html#:~:text=
El%20fuego%20ya%20ha%20dejado,%2C%20Zacatecas%2C%20Morelos%20y%20Guerrero.

6 El Sol de México, “Se registra incendio en Tepoztlán, hay un detenido”, 24 de marzo de 2022, recuperado de: https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/se-registra-incendi o-en-tepoztlan-hay-un-detenido-8029834.html

7 Aristegui Noticias, “Incendio del Tepozteco se extendió por mala actuación de Conafor: Brigadistas”, 23 de marzo de 2022, recuperado de: https://aristeguinoticias.com/2303/mexico/
incendio-del-tepozteco-se-extendio-por-mala-actuacion-de-conafor-brigadistas/

8 Ibídem.

9 La Jornada, recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/24/estados/extinguen-incendio- forestal-de-el-tepozteco-en-morelos/

10 El Sol de Cuernavaca, 26 de marzo de 2022, recuperado de: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/queda-en-libertad-presun to-responsable-del-incendio-en-tepoztlan-8047355.html

11 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL a hacer público un informe sobre el estado jurídico de Siderúrgica de Linares para que se pongan en conocimiento las acciones y los mecanismos establecidos para atender, planear y regular el parque industrial de la ciudad, a cargo de la diputada Karla Estrella Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe Karla Estrella Díaz García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la sexagésima quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I y 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Siderúrgica de Linares, un proyecto anunciado “con honores” en enero de 2013 por el entonces gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, en el municipio que represento, se podría haber convertido en un Parque Industrial prometedor para el estado de Nuevo León; sin embargo, la falta de infraestructura que presuntamente le correspondería al Estado, como la construcción de una espuela de ferrocarril y el abastecimiento de gas natural, lo tienen detenido.

De acuerdo a una solicitud hecha, el proyecto se encuentra en proceso de investigación por irregularidades detectadas en la Administración Estatal, en concreto con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) que le dio 50 millones de pesos para apoyarla entre 2014 y 2015, y a la cual se le está pidiendo el reembolso de esos recursos porque no se vio una aplicación apropiada de ese dinero y no existe un contrato o convenio firmado entre la Secretaría de Desarrollo Económico -dependencia responsable de la inversión en el estado- y la compañía Siderúrgica de Linares, pese a ello ésta recibió subsidios por 65 millones 952 mil 381 mil pesos, de acuerdo a la Cuenta Pública 2014 del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León.

En mayo de 2014, Juan Francisco Livas Cantú, subsecretario de Desarrollo Regional de Sedec durante la administración de Rodrigo Medina, destacaba que “Linares sería el gran polo de desarrollo, fuera del Área Metropolitana de Monterrey, que se había tratado de construir durante los últimos 20 o 30 años, en donde Siderúrgica de Linares consolidaría la tercera fase de crecimiento del parque industrial de esta ciudad”.

El proyecto prometía una inversión de 200 millones de dólares y la generación de 500 empleos directos, con una capacidad de producción de 300 mil toneladas anuales de acero líquido en lingote para exportación, sin embargo la falta de infraestructura prometida por el gobierno que encabezaba Rodrigo Medina y otros incentivos, detuvieron el proyecto.

Sin embargo, es menester, poner a consideración los siguientes antecedentes, ya que para iniciar con el proyecto de construcción de la Siderúrgica de Linares, se procedió a cancelar en forma ilegal la Escritura de Propiedad No. 155 del día 22 de Julio de 1937, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; asimismo, se procedió a tomar arbitrariamente y contra todo derecho y violación de garantías Constitucionales de los poseedores y/o propietarios colindantes.

Una vez efectuados los movimientos descritos se logró obtener la cantidad necesaria de tierra que requería el Gobernador del estado de Nuevo León, de la siguiente forma: 255 hectáreas de tierra compradas; 10 hectáreas de tierra despojadas, vía cancelación de la inscripción de dicha propiedad en el Registro Público de la Propiedad, y una vez cumplida la petición del Gobernador del estado de Nuevo León, en aquel entonces, la Escritura de la Operación de compra-venta con el Gobierno del estado por las 255 hectáreas de tierra ya se encontraba elaborada en la Escritura No. Seis Mil Ochocientos Diez, Tomo X, Volumen XV, Inscripción No. 290, Vol. 101, Libro 5, Sección I Propiedad, Unidad Linares, Linares, Nuevo León, de fecha 5 de octubre de 1972.

En tales circunstancias, para materializar las indicaciones gubernamentales y toda vez que ya habían cometido todo tipo de tropelías para completarles dicha operación por 314 hectáreas de tierra, no les quedó más recurso que desaparecer lo descrito dónde decía 255 hectáreas y sobre el área borrada le escribieron con otra máquina de escribir por apreciarse el distinto tipo de letra, 314 hectáreas y 2,048 metros cuadrados. En la inteligencia que dicha situación se aprecia y es evidente en la segunda hoja y en el segundo renglón de la misma escritura en mención; todo esto consta, en documentos presentados por los ejidatarios propietarios y únicos dueños, a quienes arbitraria e ilegalmente despojaron de las tierras.

Ahora bien, se dispone lo siguiente:

I. Que en virtud de que es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las regulaciones sobre los procesos de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5to. de su reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

II. Que, en el documento “Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular” se establece que el predio se encuentra ubicado aproximadamente a 5 Km (kilómetros) al Norte de la Cabecera Municipal de Linares, Nuevo León. Anexando un mapa de localización impreso en tamaño doble carta, elaborado a partir de la cartografía topográfica publicada en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) para la región, que resalta las características del sitio en cuestión.

Contemplando básicamente, proporcionar un sitio libre de cobertura del suelo para el futuro establecimiento de empresas, las cuales en su momento serán las encargadas de dotar a sí mismas la infraestructura de servicios necesaria para su operación (agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, provisión de servicios telefónicos, pavimentación y edificación), motivo por el cual, en función de que en este momento se desconoce el giro de las industrias que se podrán establecer en la superficie propuesta para la ampliación del Parque, no fue presentado el correspondiente estudio de riesgo en la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, dado que durante la ejecución de actividades de cambio de uso de suelo no serán manejadas sustancias clasificadas como altamente riesgosas, conforme al primer y segundo listado publicados en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 28 de marzo de 1990 y 05 de abril de 1992, respectivamente.

No se consideraron sitios alternativos de para la ejecución del proyecto, constituyéndose cómo el principal criterio de selección su ubicación en una zona destinada para zona ejidal, sin duda alguna, resulta de suma importancia la disponibilidad de servicios que existe en las primeras etapas, por lo que bajo esa premisa, debido a que la promoción de parques industriales, constituyen como una necesidad sobre la cual han estado trabajando en la actualidad en diversas instancias del Gobierno en el estado, por lo que se debe propiciar una plena integración territorial.

Es necesario, corregir errores y regular los derechos de propiedad, a través de la intervención del Gobierno del estado de Nuevo León, y restituir a través de la expedición a Título de Propiedad los predios que se ostentan en posesión física y material desde la década del año de 1930 y 1940, así como en la devolución de los predios despojados a sus respetivos ejidatarios integrando las 59 hectáreas de tierra correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta respetuosamente, al Gobierno del Estado de Nuevo León, por medio de Titular, el Lic. Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que a la brevedad hagan público un informe sobre el Estado Jurídico de la Siderúrgica de Linares, con el fin de que se ponga en conocimiento las acciones y mecanismos establecidos para la atención, planeación y regulación del parque industrial de esta ciudad, asimismo para que se lleve a cabo la corrección y restitución a través de la expedición a Título de Propiedad de los predios que ostentan en posesión física y material de los ejidatarios propietarios integrando un total de 59 hectáreas de tierra correspondiente.

Notas

Solicitud al Lic. Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, de fecha 21 de Octubre de 2021.

Documental Pública Oficio No. 638/972

Documental consistente en Escritura No. 155 de fecha 22 de julio de 1937

Documental consistente en la Escritura 422 de fecha 26 de noviembre de 1936

Documental consistente en la Escritura No. 45 de fecha 27 de febrero de 1962

Documental consistente en la Escritura No. 42 en el que el Gobierno del estado vende propiedades al Gobierno federal

Documental consistente en la Escritura No. 17907 de fecha 2 de diciembre de 2013

Palacio Legislativo a los 31 días del mes de marzo de 2022.

Diputada Karla Estrella Díaz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a iniciar investigar sobre el uso de recursos públicos erogados en todos los actos públicos donde ha participado el Ejecutivos del 4 de febrero a la fecha, a cargo del diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es del conocimiento público que en toda la República Mexicana se encuentra desplegada propaganda electoral a favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que invita a la participación en el proceso de Revocación de Mandato, con la leyenda:

“Queremos que siga AMLO, #RatificaciónDeMandato”.

Ahora bien, es importante dividir el presente punto de acuerdo en diversos apartados para poder realizar una explicación concisa y armónica, por lo que ésta se realizará de acuerdo con el siguiente orden: a) veracidad de la publicidad, b) preceptos legales que son violentados con la propaganda y los actos públicos en los que el presidente hace promoción de su persona, c) procedencia de los recursos y d) conclusiones.

A. Veracidad de la publicidad

Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su artículo 35, fracción IX, el proceso de Revocación de Mandato, en ningún apartado de la Constitución se hace mención sobre un proceso de “ratificación”.

Ahora bien, por su parte la Ley Federal de Revocación de Mandato, en ninguno de sus 61 artículos y/o transitorios, contempla la palabra ratificación de mandato, o de manera indirecta el proceso de ratificación.

Por lo antes expuesto, es necesario hacer un pronunciamiento a que la propaganda electoral que está siendo utilizada por el Presidente de la República, es totalmente engañosa y desinformativa.

Sin embargo, sin conceder a que el uso de dicha propaganda sea veraz, es necesario hacer un análisis de si su promoción se encuentra apegada a la normativa que rige los procesos electorales.

Así como si la aparición por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador en diversos actos públicos se encuentra apegada a la ley.

En primer lugar es importante poder conocer el concepto de propaganda electoral, por lo que es necesario acudir a la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, la cual menciona el qué se entiende por propaganda electoral.

Dicha propaganda electoral puede ser entendida como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, difundidas por el candidato, precandidato o actor político con interés, con la finalidad de dar a conocer sus propuestas y obtener una candidatura o un cargo a elección popular.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 35, fracción IX, inciso 7o., párrafos primero, tercero y cuarto, la prohibición para hacer difusión durante el proceso de revocación de mandato de la propaganda electoral, así como de que cualquier persona, a título propio o de terceros, contrate propaganda dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.

A efecto de mayor ilustración a continuación se transcriben los párrafos antes citados:

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

[...]

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato.

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

[...]

7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

[...]

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”. (Énfasis y subrayado agregados).

Lo anterior deja ver que está estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de contratación de propaganda en torno a influir en la opinión de los ciudadanos, y menos que se hagan durante el proceso que comprende desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada.

Ahora bien, a pesar de que en el artículo se mencionan únicamente la contratación de propaganda en radio y televisión, no debemos dejar de lado que el verdadero espíritu de la norma, es el de evitar que alguna persona o grupo influya en la toma de decisiones de los ciudadanos.

Por lo que, al tener miles de espectaculares con la leyenda “Queremos que siga AMLO, #RatificaciónDeMandato”, no sólo se engaña a la población, sino que se trata de influir en su actuar dentro del proceso de Revocación de Mandato.

Asimismo, de acuerdo a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de lo expuesto en el acuerdo INE/CG51/2022, en los cuales se declara y rectifica la invalidez del párrafo cuarto del artículo 32 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, por medio del cual se determinó que sólo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, están facultados para promover la participación de la ciudadanía siendo también las únicas instancias a cargo de la difusión de la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato, nos encontramos ante una flagrante violación.

Dando lo anterior como resultado que se debiese suspender cualquier difusión de propaganda, con contenido de acciones o logros, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales. Cuestión que a la fecha de presentación del presente punto de acuerdo ha sido violentada constantemente por el Presidente de la República y diversos servidores públicos ligados con su figura.

B. Preceptos legales que son violentados con la propaganda

Con la distribución, publicación y difusión de los mensajes haciendo alusión a la Revocación de Mandato, así como a diversas acciones y logros del Gobierno federal, se contravienen distintos ordenes normativos.

Entre los cuales destaca el precepto constitucional consagrado en el artículo 35, fracción IX, inciso 7o., párrafos el cual a la letra establece que:

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía :

[...]

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato.

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

7o. [...]

La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil”. (Énfasis y subrayado agregados).

Asimismo, es importante resaltar que es claro que en el párrafo segundo el verdadero espíritu del legislador es el de evitar la influencia en la opinión del ciudadano, que tiene como derecho propio la participación en la revocación de mandato.

Mientras que la aparición del Presidente en diversos actos públicos atenta flagrantemente en contra del marco normativo constitucional y legal aplicable. Toda vez que al encontrarse destinando recursos públicos para la promoción de su persona con intenciones de influir en el proceso de Revocación de Mandato, durante el proceso vedado por la Constitución, constituye una clara falta a la legislación.

C. Procedencia de los recursos

De acuerdo con lo establecido en los incisos anteriores, cualquier forma de financiamiento que hubiese tenido la propaganda encaminada en influir la decisión de los ciudadanos, a razón de votar en contra de la Revocación del Mandato del Presidente López Obrador, es ilegal.

Cabe destacar que únicamente para este año la Oficina de la Presidencia solicitó, de acuerdo con el PEF 2022, ochocientos treinta y tres millones ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos pesos, de los cuales se destinarían setecientos cuarenta y ocho millones quinientos tres mil trescientos sesenta y nueve pesos a la difusión y apoyo de las actividades del Presidente de la República.

Por lo que es menester para la ciudadanía conocer cuánto ha sido gastado en promoción del Presidente durante el proceso de Revocación de Mandato.

D. Conclusión

Es por lo expuesto anteriormente, que el suscrito exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que inicie una investigación a efecto de que se informe de los recursos públicos que han sido erogados en todos los actos públicos en los que ha participado el Presidente López Obrador, celebrados desde el 4 de febrero a la fecha, periodo en el que de acuerdo a lo establecido por el acuerdo INE/CG51/2022 publicado por el Instituto Nacional Electoral, la Ley Federal de Revocación de Mandato y lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 155/2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe veda electoral para los servidores públicos.

Asimismo, el suscrito, mediante el presente punto de acuerdo exhorta a la Oficina de la Presidencia a efecto de que informen a la opinión pública sobre todos los eventos públicos en los que ha hecho aparición el Presidente de Andrés Manuel López Obrador, desde el 4 de febrero del año en curso a la fecha.

Finalmente, es necesario exhortar al Presidente de la República, a que deje de violar constantemente el marco normativo constitucional, toda vez que juró guardar y hacer guardar la Constitución, y su actuar es totalmente contario.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública a que inicie una investigación que dé a conocer a la opinión pública y se esclarezca el uso de los recursos públicos que han sido erogados en todos los actos públicos en los que ha participado el Presidente López Obrador, celebrados desde el 4 de febrero a la fecha.

Segundo. Se exhorta a la Oficina de la Presidencia a que presente a la opinión pública la información detallada de todos los eventos públicos en los que ha hecho aparición el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los miembros del gabinete legal y ampliado, desde el 4 de febrero del año en curso a la fecha.

Tercero. Se exhorta al Presidente de la República, a los integrantes del Gabinete legal y ampliado, a que se abstengan de realizar acciones que constituyan flagrantes violaciones a las leyes en materia electoral y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CSG a promover las sesiones ordinarias de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Cynthia López Castro, diputada por la Ciudad de México e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General para que, en el marco de sus atribuciones y posibilidades presupuestarias, promueva las sesiones ordinarias de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Secretaría de Salud estima que aproximadamente ocho millones de personas padecen una enfermedad rara, y para ser catalogada como tal, no se deben presentar más de cinco casos por cada 10 000 habitantes. (1) En nuestro país, el Consejo de Salubridad General publicó en el 2018 una lista con las enfermedades que se han determinado como tal: Mucopolisacaridosis I Hurler; Mucopolisacaridosis II Hurler; Mucopolisacaridosis IV Morquio; Mucopolisacaridosis VI Maroteaux-Lamy; Enfermedad de Gaucher Tipo I, II y III; Enfermedad de Fabry; Enfermedad de Pompe; Síndrome de Turner; Espina Bífida; Fibrosis Quística; Hemofilia; Histiocitosis; Hipotiroidismo Congénito; Fenilcetonuria; Galactosemia; Hiperplasia Suprarrenal Congénita; Deficiencia de G6PD, Glucosa 6 Fosfato deshidrogenasa; y, Homocistinuria (2)

Estos padecimientos pueden afectar la capacidad física, motriz, sensorial e intelectual del paciente que puede conducir a reducción de autonomía y vulnerabilidad (3). En la mayoría de los casos, los signos y síntomas de estos padecimientos pueden presentarse desde la infancia, pero solo a partir de la edad adulta, casi el 50% de las enfermedades son tratadas debido al diagnóstico tardío, consecuencia de un déficit de conocimiento en los profesionales de la salud y científico (4).

A partir de los años 80s, este tipo de padecimientos llama la atención de especialistas y de gobiernos. Por poner un ejemplo, en 1983, Estados Unidos promulga la Ley de Medicamentos Huérfanos, ODA por sus siglas en inglés, una Ley Federal que implementó políticas de acceso y definió por primera vez el término de enfermedad rara como cualquier enfermedad o condición rara que afecte a menos de 200.000 individuos en los Estados Unidos (5).

En Europa, las enfermedades raras se definen como aquellas con peligro de muerte o de invalidez crónica, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad . (6) Considerándose enfermedad rara aquella que no afecta a más de 5 personas de cada 10.000 individuos, lo que significa que de 6% a 8% de la población de la Comunidad Europea padecen de alguna enfermedad rara . (6)

En América Latina, el tema comenzó a ser discutido muy recientemente a partir del 2010. En el Foro Regional de Enfermedades de Baja Prevalencia, y Agenda 2030, realizado el pasado 24 de noviembre de 2021, organizado por la iniciativa Nadie es Menos , diversos expertos de la región señalaron los obstáculos que el marco normativo tiene para lograr una atención integral a los pacientes en la región. En Perú, por ejemplo, se cuenta con un marco regulatorio de las Enfermedades Raras, o Huérfanas desde 2011, cuando se emitió una Ley que declara de interés nacional y preferente la atención de personas que padecen Enfermedades Raras, o Huérfanas. En Ecuador, se presentó una Ley en 2011 e inició su vigencia en 2012; sin embargo, la Ley no ha podido sea aplicada. No se tiene un censo de personas con Enfermedad Rara en aquel país.

Por su parte, en Colombia se tiene una Ley donde se establece la definición, atención, gestión de información, vigilancia y financiamiento de las enfermedades huérfanas y se tiene una mesa de enfermedades Huérfanas con el Ministerio de Salud, en donde actores de distintos sectores, incluida sociedad civil, autoridades e industria, se encargan de supervisar el avance y defensoría. (7)

En México no existe una legislación referente y particular a las Enfermedades Raras, tampoco una línea clara de política pública, con lo que contamos son diversos programas para dar atención a las personas afectadas por estas enfermedades, con un muy limitado enfoque en medicación y tratamiento. El mayor avance fue la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de enero de 2012, donde se adicionó los artículos 224 Bis y 224 Bis 1 a la Ley General de Salud que incorpora los medicamentos huérfanos, así como las definiciones de enfermedades raras. El artículo 224 Bis de la Ley General de Salud, las define como las cuales tienen una prevalencia no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes. (8)

Esta ausencia normativa limita la actuación de la academia, las autoridades, las instituciones de salud y la población en general frente al problema de estos padecimientos. En primer lugar, tenemos un registro limitado de 20 padecimientos a comparación de los discutidos e identificados a nivel mundial. Es imperativo que se realice una labor de actualización del listado de Enfermedades Raras o búsqueda intencionada de pacientes.

Pese a que existe desde 2017 la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, dependiente del Consejo de Salubridad y de su reglamento, hasta el momento no hay una claridad para atender este problema de salud pública. Se vuelve vital una actualización de la lista de padecimientos; además de contar con un adecuado acceso al tratamiento, lograr la adherencia, vigilancia y así mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, la Federación Española de Enfermedades Raras tiene un registro de 3,023 patologías y tan solo la Porfiria, un padecimiento clasificado como enfermedad endócrina y metabólica, tiene registrado 13 subtipos, mientras en nuestro país se cuenta con la identificación muy limitada.

Cabe mencionar que durante el Foro “La atención de las enfermedades raras” celebrado en esta Cámara de Diputados, el pasado 18 de febrero de este año, el Dr. César Alberto Cruz Santiago, en representación del Consejo de Salubridad General, aseguró que el pasado 2 de diciembre de 2021, la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras acordó la realización del 1er Censo Nacional de Pacientes con enfermedades raras. Sin embargo, en medios de comunicación se ha informado que dicho censo no ha concluido y no se han dado mayores detalles.

Otra problemática relacionada con las enfermedades raras es el adecuado diagnóstico. La mayoría de las veces, es hasta la edad adulta que se somete al paciente a un tratamiento adecuado. Este desconocimiento podría propiciar una identificación deficiente o un diagnóstico equivocado con consecuencias adversas en la salud de los pacientes de este tipo de enfermedades. Lo anterior podría revelar una falta de capacitación sobre esta problemática dirigida a los profesionales de la salud; o bien, de deficiencias formativas en estas enfermedades en las instituciones de educación, lo que convierte a las enfermedades raras en enfermedades invisibles para el personal de las instituciones de salud.

Como puede observarse, el tema de las enfermedades raras es sumamente complejo, por lo que requiere de la intervención del Estado con acciones contundentes. Es urgente una política integral que estimule la participación de los pacientes y asociaciones de Enfermedades Raras, que se escuche a los expertos, se retomen las mejores prácticas internacionales y se actué con evidencia científica para el planteamiento y desarrollo de políticas públicas, toda vez que se formularían bajo la mirada de las necesidades y servicios dirigidos a aquellos que se ven afectados por estas condiciones.

Es bien sabido que, en México en los últimos tres años, nuestro sistema de salud atraviesa un profundo proceso de transformación, sin olvidar la contingencia generada por la pandemia de la Covid-19, que al igual que todos los sistemas sanitarios del mundo, se ha mantenido expuesto a una enorme presión por la exigencia de atención médica. Sin embargo, es necesario trabajar en el corto plazo para que se cuente con un marco normativo y una directriz de política pública.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General para que, en el marco de sus atribuciones y posibilidades presupuestarias, promueva las sesiones ordinarias de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras.

Referencias

1. Gerardo Rivera-Silva. (21 mayo 2018). Enfermedades raras en México. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 56, 214-215.

2. http://www.csg.gob.mx/contenidos/priorizacion/enfermedades-raras/listad o.html

3. Federación Española de Enfermedades Raras. Sobre las enfermedades raras. [Internet]. FEDER. Disponible en: https://enfermedadesraras.org/index.php/enfermedades-raras/preguntas-fr ecuentes. [Consultado el 22 de febrero de 2022].

4. Orphanet. Acerca de las enfermedades raras. [Internet]. Disponible en:
https://www.orpha.net/consor/cgibin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=ES. [Consultado el 22 de febrero de 2022].

5. Prevalencia, O. D. B. (2005). Medicamentos huérfanos: una revisión necesaria para un problema sanitario no resuelto. Acta Farm. Bonaerense, 24(1), 123-9. http://www.latamjpharm.org/trabajos/24/1/LAJOP_24_1_6_1_7AESQNE9G7.pdf

6. European Commission Health & Consumer Protection Directorate-General. Useful Information on rare diseases from an EU perspective. [Internet]. Luxembourg. Disponible en:
http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ev20040705_rd05_en.pdf.

7. https://twitter.com/INadieesmenos/status/1463560180810014730

8. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231484&fecha=30/01/ 2012

Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 31 de marzo del 2022.

Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC y el Órgano de Prevención y Readaptación Social a crear centros de atención y redes de apoyo para garantizar que las personas liberadas de los centros penitenciarios tengan acceso a políticas transversales, con enfoque de género y prevención social de la violencia y la delincuencia, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputados y diputadas, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Thomas Hobbes estableció la corriente doctrina y filosófica de la teoría penal y quien en su apartado XXVIII del capítulo sobre las penas definió a la pena como un daño infligido por la autoridad sobre alguien que ha hecho u omitido lo que se juzga por la misma jurisdicción como una violación a la ley o norma, con el fin de que la voluntad de las mujeres y hombres pueda quedar, de este modo mejor dispuesta para la obediencia o la convivencia social entre las ordenanzas y el humanismo.1

Asimismo, Luigi Ferrajoli señaló que la finalidad de la pena es la retribución de reparar el delito realizado o bien el fin preventivo de impedir cualquier delito futuro, esto es, que le atribuyen fines ostensiblemente inalcanzables. Tomando en consideración las teorías ius-naturalistas parten del siglo XVII y que a partir de ahí parten como un Estado consagrado de garantías naturales o civiles para diferenciar las limitaciones o la falta de legalidad de estas. Es decir, establecer las condiciones mínimas de la convivencia social mediante las leyes o reglamentos que daban de regirse mediante el comportamiento y la convivencia de la sociedad, así como las consecuencias y las consecuencias de acción humana por violar una ley.

Al transcurso del tiempo y con el comportamiento de la sociedad hubo la necesidad de establecer el concepto de reinserción social como un medio de reconfiguración del comportamiento criminal con el objeto de conformar un mecanismo preventivo de reincorporar a los reclusos a la sociedad mediante mecanismos de otorgar condiciones mínimas de derechos humanos en materia laboral y educativa para que pudieran desempeñar dichas actividades en su vida cotidiana y con ello evitar la reincidencia delictiva.

En este sentido vale la pena destacar que una persona que paso privada de su libertad es estigmatizada por la misma sociedad, las empresas o hasta las instituciones educativas lo que con lleva acciones de discriminación, asimismo se limita el acceso para reintegrarse a las actividades donde pudieran desarrollarse en alguna área de su interés y la falta de apoyo por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno a pesar de que deben de garantizar un trato digno que permita contar con herramientas efectivas en la restitución de su libertad.

Actualmente, la infraestructura penitenciaria nacional se conforma por 15 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, los cuales registran una tasa de ocupación de 96.7 por ciento.2 Por su parte y de acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021 del INEGI, al cierre de 2020, la cifra de personas privadas de la libertad a nivel nacional fue de 211,169, de las cuales, 92.3% (194,841) se registró en los centros penitenciarios estatales y 7.7% (16,328) en los centros penitenciarios federales. Del total nacional, 94.4% fueron hombres y 5.6% mujeres. Comparado con 2019, se registró un aumento de 6.2% en 2020.3

En este sentido vale la pena destacar que, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, la escolaridad de las personas privadas de la libertad en México tiende a ser baja. En el caso de los varones privados de la libertad, el 5.8 por ciento no cursó ningún grado educativo, el 31.4 por ciento sólo tuvo oportunidad de cursar el preescolar o la primaria, el 39.8 por ciento estudió la secundaria, el 15.7 por ciento la preparatoria, el 2.3 por ciento carrera técnica o carrera comercial, el 4.1 por ciento licenciatura, el 0.1 por ciento la maestría y el 0.02 por ciento el doctorado.

En el caso de las mujeres reclusas en materia educativa se refleja de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, el 5.3 por ciento no estudió ningún grado educativo, el 26.6 por ciento el preescolar o la primaria, el 38.5 por ciento la secundaria, el 17.7 por ciento la preparatoria, el 4.5 por ciento la carrera técnica o carrera comercial, el 6.6 por ciento la licenciatura, el 0.2 por ciento la maestría y sólo el 0.02 por ciento el doctorado.

De lo anterior y como podemos observar es un alto índice de quienes no tuvieron acceso a la educación, la mayoría de las y los reclusos en los centros penitenciarios apenas cuentan con el nivel educativo de primaria lo que limita la oportunidad de conseguir un empleo y que de acuerdo con el Instituto de Reinserción Social en la Ciudad de México asegura que sólo 5 por ciento de las personas que son puestas en libertad consiguen un empleo, de los cuales, el 20 por ciento son comerciantes informales y 75 por ciento no llega a encontrar trabajo aunado a las condiciones y limitantes educativas para integrarse a un empleo formal.

Lo cierto es que también como sociedad debemos jugar un rol importante a fin de que las personas que hayan recuperado su libertad puedan acceder a condiciones post-penitenciarias que garanticen un estado de salud mental pleno, acceso a la educación y capacitación en algún sector empresarial para enseñar un oficio de su interés. Por ello la necesidad de establecer una ruta que permita reforzar la prestación de servicios y programas en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo una verdadera reinserción social.

De lo anterior, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado de los beneficios que se han dado con estas redes de apoyo que brindan tanto a las y los reclusos que obtuvieron su libertad y hacia sus propias familias señalando lo siguiente:

• Han desarrollado un sentido de pertenencia en la comunidad y con ello el respaldo en el proceso de reinserción en el desarrollo de actividades o programas como principio de la prevención del delito.

• Generar un sentido de compromiso para sí y la comunidad para realizar actividades en materia laboral y educativa.

• Las Organizaciones de la Sociedad Civil que se dedican a estas actividades han garantizado acciones a favor de la sociedad y establecer condiciones de prevención del delito y eliminar conductas delictivas de las personas que obtuvieron su libertad.

• Las Organizaciones de la Sociedad Civil han preparado profesionistas en el ámbito educativo y brindan apoyo para que se incorporen al campo laboral de acuerdo a la enseñanza que optaron por aprender.

• Se ha documentado acciones que favorecen analizar oportunamente las causas de quienes cometen delitos y con ello contribuir al mejoramiento de políticas públicas dirigidas a la reinserción social.

• Dichos programas han mejorado la armonía en la sociedad en aras de contribuir a la paz y el tejido social como proyecto de vida.4

II. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las personas privadas de la libertad tienen derecho a la reinserción social a fin de que puedan reinsertarse en la sociedad y no vuelvan a delinquir . Conforme a lo siguiente:

“Artículo 18. (...)

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley . Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.”

Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la función del Estado en materia de seguridad pública está a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, que comprende la prevención , investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas.

Asimismo, el artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala los servicios Post-Penales que deban contribuir con la reinserción social de los reclusos bajo las siguientes premisas:

“Artículo 207. Servicios postpenales

Las Autoridades Corresponsables, en coordinación con la Unidad encargada de los servicios postpenales dentro de la Autoridad Penitenciaria, establecerán centros de atención y formará Redes de Apoyo Postpenal a fin de prestar a los liberados, externados y a sus familiares, el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia .

A través de los servicios postpenales, se buscará fomentar, la creación y promoción de espacios de orientación, apoyo y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación, en general, de todas las áreas relacionadas con los ejes establecidos por el artículo 18 Constitucional a fin de facilitar la reinserción social además de promover en la sociedad la cultura de aceptación del liberado o externado.

Los servicios postpenales se brindarán de forma individualizada conforme a las circunstancias de cada caso y a las posibilidades del sentenciado, externado y su familia.

Para el cumplimiento de su objetivo, a nivel local y federal, la Autoridad Penitenciaria y demás autoridades corresponsables firmarán Convenios de colaboración con instituciones del sector público y privado que prestan funciones relacionadas con los servicios postpenales, con el objeto de canalizar a los liberados, externados y a su familia. De igual forma, existirá coordinación entre la Federación y los Estados o entre los Estados para el mejor cumplimiento de estos objetivos.”

Por tal razón, resulta importante crear e impulsar de manera urgente programas que vinculen a las Organizaciones de la Sociedad Civil que presten dichos servicios hacia las personas que hayan obtenido su libertad y concretarse las condiciones mínimas de reinserción social y brindar las condiciones mínimas enfocados a la enseñanza educativa y laboral en aras de contribuir a la reconstrucción del tejido social de paz.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único - La Cámara de Diputados exhorta a la Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Comisionado del Órgano de Prevención y Readaptación Social, para que con base a sus facultades y atribuciones legales, impulse en conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil las gestiones necesarias para la promoción, formación y, en su caso, la creación de centros de atención o redes de apoyo para la prestación de servicios Post-penales de reinserción Social, que garanticen que las personas liberadas de los centros penitenciarios tengan acceso a políticas transversales, con enfoque de género y prevención social de la violencia y de la delincuencia; y, que propicien condiciones de vida digna, junto con sus familias y su entorno social.

Notas

1 Thomas Hobbes, Leviatán (1588-1679). De las penas, consulta 2021, recuperado de:

http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/desc argas/31000000555.PDF

2 Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, INEGI. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2021/doc/cnsipef_2 021_resultados.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2016). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

4 Modelo de Atención Pospenitenciaria, Comisión Nacional de Derechos Humanos, año 2017, recuperado de

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2 019-07/Modelo-Atencion-Postpenitenciaria.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Querétaro a investigar, esclarecer y sancionar el sacrificio innecesario de un tigre por policías municipales en Huimilpan, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1 y el artículo 79 numeral 2 Fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, en todo el mundo existen ya un gran número de animales en peligro de extinción, las razones que han amenazado desde siempre la supervivencia de estas especies han tenido que ver en todo momento con acciones cometidas por el ser humano, desde la caza “deportiva”, el consumo y hasta actos de mera diversión han sido las razones principales de estos deleznables acontecimientos.

Uno de los motivos que pone en serios problemas a la fauna en todo el mundo, es el desconocimiento sobre su manejo y contención por parte de las autoridades que deberían estar encargadas de realizarlo.

El tigre es un animal salvaje y es el felino más grande del mundo, capaz de alcanzar los 300 Kg de peso. La actividad del ser humano está acabando con su especie, actualmente se calcula que quedan 3.200 tigres en estado salvaje en todo el mundo, algo que los sitúa al borde de la extinción. Mientras tanto, en cautividad la población también se ha reducido según los últimos datos publicados por el World Wildlife Fund (WWF)1 .

Recientemente, un tigre que estaba libre en las calles de Querétaro, llegó a provocar pánico entre habitantes y autoridades, lo lógico hubiera sido que en coordinación del Gobierno del Estado junto con las autoridades correspondientes implementaran protocolos de coordinación que la situación amerita. Sin embargo y contrario a esto, elementos de la policía municipal del Municipio de Huimilpan se limitaron a abrir fuego y terminar con el ejemplar de una especie que ya de por sí se ve amenazada en todo el mundo.

Lo anterior, debe entenderse como un acto imperdonable y lo que debió ser la última opción ante esta situación, resulto ser lo único que las autoridades decidieron realizar, un hecho lamentable.

Si bien el argumento de muchos será que el animal, siendo una especie por su naturaleza salvaje, se tornó agresivo, sin embargo, en todo el país se debe contar con protocolos de actuación ante estos hechos por parte de las dependencias en la materia, entonces la justificación de las autoridades es ofensiva para la ciudadanía y la vida misma.

Por su parte, la ciudadana Teresa Roldan, defensora y perteneciente a organizaciones que defienden los derechos animales argumenta que:

“Si está teniendo humanos, de alguna forma, agrediéndolo, sintiéndose amenazado, ¿quién les dice que el tigre no estaba atemorizado? Era un animal salvaje y tenía que haber reacción ante la presión que estaba sintiendo”, indicó. Señaló que las unidades municipales de Protección Civil de Corregidora, Huimilpan, así como las de los municipios colindantes de Guanajuato debieron de coordinarse para tener un resultado diferente en el que se cuidará de la vida del ejemplar felino. “Aquí hubo falta de preparación, falta de comunicación entre diversos organismos que pudieron haber salvaguardado la integridad de este animalito... fue dejando rastros y se pudo haber preparado la autoridad, para haber podido dormirlo y llevarlo a un lugar seguro”2

En este mismo sentido, Protección Civil de dicho estado, informó que estos acontecimientos se llevaron a cabo, antes de que llegaran al lugar, lo que quiere decir que, el protocolo de actuación ante estos casos, no fue realizado correctamente. En todo caso es necesario realizar una investigación para deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables.

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Querétaro para que, de la mano con Protección Civil de Querétaro, lleven a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer la decisión de sacrificar a un animal en peligro de extinción.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Presidente Municipal de Huimilpan, Querétaro, para que se investigue y, en su caso, se sancione conforme a la ley, a los elementos de la Policía Municipal de dicho municipio que estuvieron involucrados en el sacrificio del tigre.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Unidad de Control Animal del Estado de Querétaro para brindar y actualizar con constante capacitación y protocolos de actuación a los elementos de las instituciones que necesitan estar preparados para estas eventualidades.

Notas:

1. Ecología Verde. “Tigres en Peligro de Extinción”. Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/tigres-en-peligro-de-extincion-24.html

2. PulsoSLP. “Reprueban que policías sacrificaran a tigre capturado en Queretaro”. Disponible en:
https://pulsoslp.com.mx/nacional/reprueban-que-policias-sacrificaran-a-tigre-capturado-en-queretaro/
1460598?fbclid=IwAR2qCFlAGO-zZW3Q0d0cdDL7onnWBQrf0HkHYGe923XBMdQl1yCfI2L8hsE

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos de BC y de Ensenada a implantar estrategias para prevenir y erradicar la violencia y los feminicidios, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada a la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California y al vigésimo cuarto Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, a fin de que implementen estrategias para prevenir y erradicar la violencia y feminicidios, con base en las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró Alerta de Violencia de Género en Baja California el pasado 29 de junio de 2021, derivado de la prevalencia de altos índices de violencia feminicida en Baja California.

Aunque las cifras oficiales hasta octubre de 2021 mencionan que sólo hubo 14 feminicidios declarados y procesados como tales, de conformidad a los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado. De estos feminicidios son 2 registrados en Ensenada, 8 en Tijuana y 4 en Mexicali.

La declaratoria emitida por la Segob incluye 10 medidas de prevención, 11 de seguridad, 13 de justicia y cinco de reparación del daño, para un total de 39. En las medidas que los municipios tenemos intervención directa conforme a lo que indica el documento, es en las medidas de prevención.

Desafortunadamente, aún emitida la alerta de género, no se ha visto mejoría en la entidad con respecto a los feminicidios. Si no que en Baja California la violencia en contra de las mujeres se agudiza y ahora la estadística indica que al menos 7 de cada 10 la padecen, ocurriendo la mayoría de esos episodios dentro del hogar, hablando de cualquier tipo de violencia.

Recientemente, Karla Pedrín Rembao, directora del Instituto Estatal de la Mujer (Inmujer) de Baja California, aseguró que el dato más alarmante es el hecho de que 90 por ciento de las víctimas prefieren no denunciar porque consideran que lo que viven no amerita la intervención de las autoridades.

En días pasados, Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, hizo algunas declaraciones públicas, señalando que Baja California ocupa el primer lugar nacional en mujeres víctimas de homicidio doloso, en tanto que a nivel estatal, Ensenada “encabeza esa triste posición”. Desafortunadamente mencionó que la causa de este fenómeno es atribuible a una mayor participación de las mujeres en el delito de narcomenudeo, situación que debe preocupar sobremanera, pues también es muy delicado que se asevere algo de esta magnitud.

Por otro lado, siempre las cifras oficiales de feminicidios son mucho más bajas de lo que realmente ocurre, pues para Ensenada, Baja California, la página Oficial del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, en lo que va de 2022 sólo tiene registrado un feminicidio. Al igual que en las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues otro crimen no aparece tipificado como víctima de feminicidio, aunque investigadores lo consideran como tal, en tanto que el móvil fue determinado como pasional, por lo tanto, en lo que se tiene conocimiento público existen 2 feminicidios en Ensenada, en lo que va 2022.

Ante esto, es necesario que los asesinatos de mujeres sean investigados con protocolo de perspectiva de género, como parte de la labor de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razón de Género, no solamente de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, para así descartar que efectivamente no sean feminicidios, y no dar por hecho que se debe al narcomenudeo, pues podrían ser homicidios no tipificados correctamente.

Por ello, es menester que el gobierno del Estado ponga a trabajar la maquinaria para que se dé cumplimiento a las indicaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y de este modo se activen los protocolos necesarios para la protección de las mujeres en la entidad, así como las adecuadas investigaciones de crímenes contra mujeres.

Por otro lado, el gobierno del municipio de Ensenada, Baja California, debe implementar estrategias para prevenir y erradicar la violencia y feminicidios, ya que es evidente que no está haciendo un adecuado trabajo de protección a este grupo vulnerable de personas.

De este modo, se propone el presente punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de Baja California y al vigésimo cuarto Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, a fin de que implementen estrategias para prevenir y erradicar la violencia y feminicidios en dicha localidad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, emite atento y respetuoso exhorto al gobierno del estado de Baja California para que se lleven a cabo acciones que permitan cumplir con las indicaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, emitida para Baja California el 25 de junio de 2021.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, emite atento y respetuoso exhorto al vigésimo cuarto Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que implemente estrategias para prevenir y erradicar la violencia y feminicidios en dicha localidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 17 de diciembre de 2007, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Asamblea General, estableció el 2 de abril como el “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, de acuerdo a la resolución A/RES/62/139, mediante la cual invita a todos los Estados miembros, organizaciones competentes del Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente la conmemoración a este día con miras a aumentar la conciencia pública sobre el trastorno del autismo, siendo el color azul el que se ha adoptado para crear identidad y difundir las acciones de concientización del autismo en el mundo.1

De acuerdo a la ONU, los trastornos del espectro autista (TEA) son una afectación permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad y se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro, es una condición que afecta principalmente a niñas y niños, con independencia de su sexo, raza o condición socioeconómica, y que se caracteriza por deficiencias en la interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal y patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos. A nivel mundial, se calcula que uno de cada 160 niñas, niños y adolescentes vive con TEA y reconoce que su prevalencia es desconocida en muchos países de ingresos bajos y medios.2

Dentro de los agentes de riesgo o causas del TEA, el organismo internacional señala que:3

• La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos los genéticos y ambientales, que hacen más probable la aparición de TEA.

• Los datos epidemiológicos disponibles demuestran de forma concluyente que no hay pruebas de una relación causal entre los TEA y la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola.

• No existe prueba alguna de que otras vacunas infantiles puedan aumentar el riesgo de TEA.

• Los exámenes de los datos sobre una posible asociación entre el riesgo de TEA y la presencia en las vacunas inactivadas del conservante tiomersal o de adyuvantes con aluminio han concluido firmemente que las vacunas no incrementan dicho riesgo.

2. Como parte de las medidas que ha implementado la ONU para promover acciones en favor de las personas que viven con TEA, en su en su resolución 67/82 de fecha 12 de diciembre de 2012, denominada “Atención de las necesidades socioeconómicas de las personas, las familias y las sociedades afectadas por los trastornos del espectro autístico, los trastornos del desarrollo y las discapacidades conexas”, la Asamblea General:4

1. Alienta a los Estados miembros a ampliar el acceso a servicios de apoyo adecuados y a oportunidades para la inclusión y la participación en la sociedad de las personas con trastornos del espectro autístico y otros trastornos del desarrollo;

2. Reconoce que en la elaboración y aplicación de programas se requiere un enfoque de desarrollo innovador que se centre en aumentar la conciencia pública y profesional , mejorar la pericia de investigación y la prestación de servicios, los programas educativos inclusivos adecuados para niñas, niños y adolescentes con TEA y crear mayor conciencia respecto de las ventajas de la inclusión en la sociedad de las personas con trastornos del espectro autístico mediante actividades ocupacionales y de esparcimiento.

3. Exhorta a todos los Estados a que garanticen un sistema de educación inclusivo y a que brinden a las personas con trastornos del espectro autístico y otros trastornos del desarrollo la posibilidad de aprender habilidades para la vida y el desarrollo social.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, en su resolución WHA67.8 de 24 de mayo de 2014, denominada “Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista (OMS)”, instó a los Estados miembros, entre otras, a que5 reconozcan debidamente las necesidades específicas de las personas afectadas por trastornos del espectro autista, y elaboren o actualicen políticas, leyes y planes multisectoriales pertinentes, y prevean recursos humanos, financieros y técnicos suficientes.

Asimismo, a que apoyen la investigación y las campañas de sensibilización pública, aumenten la capacidad de los sistemas de salud y de asistencia social, ofrezcan atención de salud y apoyo social y psicológico a las familias afectadas por trastornos del espectro autista, a que identifiquen y corrijan las disparidades en el acceso a los servicios de las personas con trastornos del espectro autista y otros trastornos del desarrollo y a que promuevan investigaciones específicas para cada contexto sobre aspectos relacionados con la salud pública y la prestación de servicios en relación con los trastornos del espectro autista.

3. En México, de acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, los trastornos del espectro autista se presentan en uno de cada 115 niñas y niños.6 Así, de conformidad con esta cifra, se calcula que en México hay un total de 400,000 niñas, niños y adolescentes con TEA,7 quienes al considerarse personas con discapacidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017,8 se enfrentan, entre otras, a las siguientes situaciones:

• Una de cada 10 personas con discapacidad carece de servicios básicos en su vivienda.

• Siete de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en los estratos socioeconómicos medio bajo y bajo. Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en su Anexo Estadístico de Pobreza en México del Coneval9 2010-2016, señala que el 49.4 por ciento de las personas con discapacidad —alrededor de 4.3 millones de mexicanos— se encuentra en situación de pobreza.10

• Una de cada dos personas con discapacidad intelectual no sabe leer ni escribir.

• Una de cada dos personas con discapacidad en edad escolar asiste a la escuela.

• Las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo.

• Tres de cada 10 personas con discapacidad de 18 años y más consideran que se les ha negado sin justificación al menos un derecho básico en los últimos cinco años.

Asimismo, particularmente en cuanto al trastorno del espectro autista, tenemos las siguientes problemáticas:

• Falta de armonización de disposiciones legales, políticas públicas y recursos presupuestales.

• La falta de información precisa sobre el número de casos existentes.

• La carencia de centros encargados de orientar y apoyar a las familias.

• La ausencia de políticas y programas eficientes, y

• La escasez de personal capacitado en el adecuado manejo, integración e inclusión y atención de personas con TEA.

4. En virtud de este contexto y con la intención de atender las resoluciones internacionales y asegurar la inclusión de las personas con TEA, el 30 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, cuyo objeto es impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, como la salud, la educación, las alternativas de capacitación y empleo, así como las posibilidades de recreación y deporte, a través de la concurrencia de la federación, los estados, municipios y de la sociedad en general.11

Sin embargo, al día de hoy no se cuentan con políticas, como puede ser un programa nacional y programas estatales en la materia, o acciones adicionales que tengan como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades en favor de las personas con TEA que viven en nuestro país, por lo que resulta imperante insistir en la necesidad que desde las autoridades se implementen y fortalezcan mecanismos que tengan como finalidad asegurar su inclusión, desarrollo, empoderamiento y acceso a una vida independiente.

En ese contexto, atendiendo las diversas dificultades particulares que viven, además de las condiciones de exclusión social y las barreras a las que se enfrentan como personas con discapacidad, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se somete a consideración de la asamblea, los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a:

a) Diseñar, implementar y fortalecer campañas de concienciación destinadas a la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista;

b) Crear, impulsar, perfeccionar y difundir acciones específicas, en sus poderes ejecutivo, legislativo, judicial o equivalentes para el caso de los municipios, que tengan como finalidad la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista, su desarrollo, empoderamiento y acceso a una vida independiente;

c) Diseñar e implementar tanto un programa nacional como programas estatales para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista de creación y aplicación coordinada que permitan desarrollar una política única en la materia;

d) Realizar los trabajos estadísticos correspondientes que permitan saber el número de personas con trastorno del espectro autista que viven en nuestro país y, con ello, contar con un diagnóstico certero que permita conocer su realidad y diseñar políticas públicas adecuadas para su desarrollo e inclusión; y

e) Capacitar a las personas servidoras públicas en el trato adecuado, debida integración y atención de personas con trastorno del espectro autista.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales, a fortalecer su marco jurídico con la finalidad de impulsar la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista en sus entidades federativas, en un marco de igualdad y garantía de sus derechos humanos.

Notas

1 Visto en: https://www.un.org/es/observances/autism-day/background. Consultado el 25 de marzo de 2022.

2 Visto en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders#:~:text=
Se%20calcula%20que%2C%20en%20todo,han%20registrado%20cifras%20notablemente%20mayores. Consultado el 22 de marzo de 2022.

3 Íbid.

4 “Atención de las necesidades socioeconómicas de las personas, las familias y las sociedades afectadas por los trastornos del espectro autístico, los trastornos del desarrollo y las discapacidades conexas”. Organización de las Naciones Unidas. Resolución 67/82 aprobada por la Asamblea General el 12 de diciembre de 2012. Sexagésimo séptimo periodo de sesiones. Tema 127 del programa.

5 WHA67.8 “Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista”. Organización Mundial de la Salud. 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 19-24 de mayo de 2014.

6 Visto en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_291.html Consultado el 25 de marzo de 2022.

7 Visto en: https://www.yotambien.mx/actualidad/el-trastorno-del-espectro-autista-e n-cifras-y-datos/ Consultado el 25 de marzo de 2022.

8 Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Resultados sobre personas con discapacidad.

9 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

10 Aceves García, Norma Angélica, C. (2019). Incertidumbre y contradicción en las políticas para la inclusión. Revista Nexos (agosto 4 de 2019), visto en: Incertidumbre y contradicción en las políticas para la inclusión | (Dis)capacidades (nexos.com.mx)

11 Artículo 2. La presente ley tiene por objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos.

Dado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, a 31 de marzo de 2022.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y el gobierno de Chiapas a integrar una mesa de trabajo destinada a diseñar una estrategia urgente para la conservación de la flora y fauna y detener la destrucción de la selva Lacandona, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada integrante del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 6 numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Selva Lacandona, ubicada en las montañas del oriente de Chiapas, entre los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo y Palenque, y los municipios de Maravillas, Tenejapa, Marqués de Comillas y Zamora Pico de Oro, comprende un territorio de aproximadamente 1.8 millones de hectáreas, en las cuales se calcula que en una sola hectárea de selva chiapaneca pueden existir 250 especies de árboles que albergan más de 3.200 seres vivos, entre los que se encuentran:

- Guacamaya roja, tapir, pecarí de labios blancos o barbiblanco, jaguar, ocelote, mono aullador, mono araña.1

Sin embargo, la selva está en grave riesgo de desaparecer; se ha reducido su extensión en un 70% desde finales de 1970, la tala inmoderada y clandestina de los árboles ha hecho que en el periodo de tiempo del 2000 al 2012 se haya perdido un aproximado de 500 millones de árboles y 32 millones de toneladas de biomasa. En esta selva nacen los ríos Tulijá y Usumacinta, zona considerada como la “fábrica de agua dulce” más importante del país.2

Para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en septiembre de 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instituye para el medio ambiente de forma transversal 86 de las 169 metas de los Fines de Desarrollo Sustentable, por lo cual intervenir y fortalecer las zonas naturales protegidas contribuyen a su cumplimiento.

En nuestra región la Táctica Nacional para su utilización, apoya el aumento económico sustentable, una cultura de tranquilidad y el cuidado de medio ambiente, por lo cual necesita de la incorporación de esfuerzos en medio de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, pero más que nada el presupuestal.3

En este 2022 se contemplan 887 millones 345 mil pesos para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Aunque este año se contempló un aumento nominal de 2.4% con relación al presupuesto aprobado el año pasado, representa una caída de 1.2% en términos reales, debido a la inflación; y una reducción de 6.4% en términos reales si se compara el PPEF 2022 con el presupuesto modificado 2021. En 2016 la Conanp contó con un presupuesto equivalente a $ 71.30 pesos por hectárea mientras en 2020 cuenta con un presupuesto de $9.6 pesos por hectáreas, actualmente la coalición de organizaciones Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental informó que con el PPEF 2022 corresponderían 9.7 pesos de inversión global por hectárea.4

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente las Áreas Naturales Protegidas, las Áreas Naturales Protegidas “son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables”.5

Nahá y Metzabok son las dos comunidades donde habitan los lacandones del Norte. En 1998 fueron decretadas Áreas Naturales Protegida, bajo la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, Kin (presidente de la cooperativa y del centro ecoturístico) cuenta que en los últimos años los patrones de lluvia en Nahá han cambiado: algunos años casi no llueve y otros llueve torrencialmente hasta inundar sus milpas. Esto ha causado que el maíz no produzca elotes o que pierdan sus cosechas enteras. El conocimiento maya transmitido a Kin le ha enseñado que la falta de lluvia se debe a la escasez de árboles, debido a la deforestación.6

Investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM, han considerado necesario aplicar una medida urgente, para proteger los derechos humanos de los habitantes y nativos de la selva, ya que los mismos en los últimos años han sido extremadamente vulnerados, al ser ignorados en sus problemáticas, sin tener voz y voto en las acciones y decisiones tomadas por las autoridades, sobre su hábitat. Quedando a un lado el derecho a la vivienda digna y a la participación.7

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 párrafo sexto, se menciona el derecho de las familias a tener una vivienda digna; la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) se entiende como vivienda digna como:

“el límite inferior al que se pueden reducir las características de la vivienda sin sacrificar su eficacia como satisfactor de las necesidades básicas, no suntuarias, habitacionales de sus ocupantes. Además, señala que este tipo de vivienda deberá cumplir simultáneamente con los siguientes requisitos: “a) estar ocupada por una familia, b) no tener más de 2.5 habitantes por cuarto habitable, c) no estar deteriorada, d) contar con agua entubada en el interior, e) contar con drenaje, f) contar con energía eléctrica”

El gobierno ha implementado pocos programas para protección de la Selva Lacandona. El más reciente fue el “Programa de atención integral para Selva Lacandona” implementado el 13 de mayo del 2021, teniendo como finalidad la de priorizar la atención a pueblos y comunidades indígenas y la de proteger las tierras, territorios y recursos naturales de Chiapas. Estos programas implementados por el gobierno federal son con la intención de evitar la reducción que ha tenido la Selva Lacandona a lo largo de estos años, así como la conservación de la flora y la fauna donde muchas especies están en peligro de extinción debido a la reducción por causa de la intervención humana, estos programas no tienen datos en específico o resultados para la comprobación de que estos se estén llevando a cabo como corresponde y saber el estado actual de los mismos.

Es inevitable hablar del daño causado a los Lacandones, de que se permita la tala clandestina, el saqueo de animales y aves; además de la falta de conciencia de los supuestos programas para proteger su ecosistema, así como los ataque contra ellos, ya que los mismos se han encargado durante años del cuidado de la selva, de procurarla y preservarla, sin condición ni apoyo alguno.

Uno de los problemas generados se debe a los sembradíos, pues la quema de terreno para cultivar con mayor frecuencia hace que más terreno de selva se pierda y se desplace a las especies nativas en busca de encontrar un nuevo hogar, lo que hace cada vez más común el contacto entre el humano y los animales endémicos, facilitando la caza furtiva y el tráfico de especies.

Julia Carabias, bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, e integrante de Natura, explicó a que muchos indígenas son engañados por funcionarios públicos para ocupar zonas protegidas. “Los engañan con falsos títulos de propiedad y los motivan a ingresar para después quemar el terreno que utilizarán para el cultivo”.8

Hay invasores en el predio conocido como “El Correlón” donde existe una pista de aterrizaje clandestina que dichos invasores en abril provocaron un incendio de más de 200 hectáreas en el corazón de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, sin recibir sanción alguna. Hallazgos como el reporte realizado en septiembre de 2018 por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas por la bióloga Paulina Arroyo, encargada del monitoreo de mamíferos en la selva, explicó como una cámara trampa captó el momento, en el cual se observa el cuerpo de un jaguar decapitado con las garras cercenadas.9

Bajo esta tesitura, la Selva Lacandona está en grave peligro y los responsables de protegerla están permitiendo la desaparición de la flora y fauna por lo que como consecuencia tendremos en un par de años una destrucción total de la misma, es por ello que se requiere la intervención urgente de las autoridades para ejercer las atribuciones reglamentarias en la materia de preservación y restauración, aunado al propósito de una vivienda digna, preservar derechos y velar por el bienestar de sus habitantes, quienes son clave para el correcto desarrollo de la misma; por lo que escuchando sus intereses y poniendo en marcha acciones basadas en ellos, se solucionaría una parte del problema.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es un instrumento de la política ambiental en consecuencia, encargada de incorporar criterios ambientales y de sustentabilidad por lo que escuchar a las comunidades que forman parte del mismo promovería el reconocimiento de sus necesidades para generar o integrar cambios absolutos.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del Estado de Chiapas a integrar una mesa de trabajo con los Lacandones para generar acciones que fortalezcan sus derechos, así como a diseñar una estrategia emergente para la conservación de la flora y fauna y detener la destrucción de la Selva Lacandona.

Notas

1 Ecología Verde, disponible en:
https://www.ecologiaverde.com/selva-lacandona-flora-y-fauna-1861.html#anchor_2

2 Ceiba, disponible en: https://ceiba.org.mx/drysa-la-selva-lacandona-se-queda-sin-oxigeno/

3 Sedesol, Programa Sectorial de Vivienda (2001-2006), Secretaría de Desarrollo Social, México, 2001, 153.

4 Causa Natura disponible en: https://causanatura.org/visualizacion-de-datos/
presupuesto-contemplado-para-2022-desfavorece-a-las-areas-naturales-protegidas#:~:text=
En%20el%20PPEF%202022%20se,mil%20pesos%20para%20la%20Conanp.

5 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

6 UICN, disponible en: https://www.iucn.org/es/news/protected-areas/201612/kin-salvando-la-sel va

7 González Quintero, C, P. Pérez Akaki.2015. Desarrollo sostenible en la selva lacandona: análisis de tres proyectos de conservación biológica. CONABIO. Biodiversitas,123: 1-6

8 Aquí Noticias, disponible: https://aquinoticias.mx/selva-lacandona-en-fase-terminal-por-saqueo-y-c aceria-furtiva/

9 Crónica, disponible en: https://www.cronica.com.mx/notas-lacandones_por_la_defensa_de_montes_az ules-1137935-2019.html

Palacio Legislativo de San Lázaro a 31 de marzo de 2022.

Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales y las alcaldías de zonas metropolitanas a constituir e integrar un instituto metropolitano de planeación, como establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Augusto Pérez Hernández, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las entidades federativas y los municipios como base del federalismo y de la división político administrativa, son entes fundamentales en el funcionamiento del gobierno de nuestra Nación; ahora bien el crecimiento demográfico se ha concentrado en áreas urbanas y derivado de su crecimiento y colindancia esta urbanización ha creado conurbaciones no solo entre municipios de una misma entidad federativa, sino también entre municipios de más de una entidad federativa, lo que ha creado necesariamente una interdependencia entre las poblaciones y entre los gobiernos tanto de los municipios como de las entidades federativas; este crecimiento demográfico y la conurbación llevaron a los gobierno a crear zonas denominadas metropolitanas donde la atención a los problemas y demandas sociales necesariamente vinculan a los diferentes órdenes de gobierno.

Ahora bien, el crecimiento poblacional y su concentración en zonas urbanas obliga al gobierno a buscar modelos de gestión innovadores que permitan tomar decisiones más eficaces para garantizar a la población una convivencia social armónica; por ejemplo hoy es fundamental la integración de la sociedad en la toma de decisiones y que pueda participar por ejemplo en la planeación de desarrollo urbano y del ordenamiento territorial.

Información del Gobierno de México destaca que en el país, con esta actualización se identifican 401 ciudades, 74 de ellas son metrópolis, 132, conurbaciones y, 195, centros urbanos. Esto significa un enorme reto, ante lo cual el Poder ejecutivo Federal ha tomado cartas en el asunto y a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), elaboraron un documento denominado el Sistema Urbano Nacional 2018 (SUN), mismo que ofrece una base conceptual y metodológica que apoyará el diseño de políticas públicas para el territorio, la dinámica de los asentamientos humanos, así como para la promoción del desarrollo urbano y regional, con el objetivo de responder a los retos de ordenar el territorio e incidir en el desarrollo de las ciudades, de las regiones y del país; de construir mejores formas de gobernanza metropolitana y regular el crecimiento urbano. Este enfoque tiene sustento jurídico con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Asimismo, podemos observar que la Sedatu adicional al Sistema Urbano Nacional y a lo que establece la ley, expone que también “...se adoptaron líneas de acción que se enmarcan en conceptos como el del Derecho a la Ciudad y la Nueva Agenda Urbana, que sienta las bases para que las ciudades cuenten con un enfoque integral en políticas públicas centrándose en las personas, formando asentamientos humanos que cumplan con su función social, económica y ambiental.

Los derechos y libertades de las personas confluyen en el territorio y las ciudades, son un bien público crucial para el desarrollo y el bienestar de las mismas. Es por ello que es fundamental caracterizar de manera precisa los procesos de urbanización en México y sus manifestaciones en los asentamientos humanos. ... La dinámica de las ciudades ha mostrado procesos de expansión física, concentración de equipamiento urbano y de población que dan cuenta de la conformación de un país eminentemente urbano, ya que en estas 401 ciudades que conforman el sistema urbano Nacional residen 92.6 millones de personas, lo que representa 74.2 por ciento del total de la población nacional.

Por otra parte el gobierno federal ha identificado los principales desafíos que las ciudades mexicanas enfrentan en materia de desarrollo urbano, social, económico y ambiental en los próximos años y, específicamente, en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la ejecución de sus 17 Objetivos, principalmente el número 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes.”

Aunado a lo anterior, si bien el Gobierno federal está realizando esfuerzos en la materia, las entidades federativas y los municipios deben cumplir con las atribuciones que les corresponden, mismas que están establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,

La ley plantea un modelo de gobernanza misma que se define “como una apertura de la acción pública a la acción colectiva, integrando nuevos protagonistas en las discusiones, negociaciones y decisiones” (Lefèvre et al, 2013). Por tanto, es indispensable la coordinación y resulta necesario ante la importancia de esta materia, crear una institución jurídico administrativas que propicien una mejor atención y lograr el bienestar de la población que convive en la zonas metropolitanas; estos entes administrativos son los Institutos Metropolitanos, mismos que tienen su base jurídica en el artículo 3, fracción XLIII, donde se establece que el Instituto Metropolitano de Planeación es un Organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal y municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado y operado de manera coordinada por las entidades federativas y los municipios que conforman una determinada zona metropolitana, cuyo objetivo es contribuir a la planeación y ordenamiento territorial de la zona metropolitana correspondiente.

Como lo hemos venido apuntado uno de los factores que origino la concentración de la población en zonas urbanas fue el sistema de producción acelerado lo que origino que en las ciudades del territorio nacional se encuentre concentrada la mayor parte de la población, lo cual demanda que estos centros de población tengan un desarrollo Sustentable, Sostenible, y que sus prácticas sean resilientes; por este y otros factores cobra relevancia la creación de los institutos metropolitanos de planeación, mismos que se sustentan tanto en el artículo 31, como el 33 de la Ley en mención.

A su vez la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece las bases para que la federación y las entidades federativas en coordinación con los municipios coadyuven a establecer planes que beneficien a los ciudadanos establecidos en las zonas metropolitanas, además dicha norma jurídica otorga atribuciones a los municipios como lo señala el artículo 11 en su fracción VI, misma que prevé “Impulsar y promover la conformación de institutos metropolitanos de planeación junto con los municipios que conforman una zona metropolitana determinada, así como participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local .”

Finalmente, si bien es cierto que tanto el articulo 31 y 33 señalan que la creación de los institutos metropolitanos de planeación no es una obligación jurídica, si es una responsabilidad profesional y ética como servidores públicos, porque como he venido sosteniendo la urbanización y la conurbación, llevo a constituir las zonas metropolitanas, mismas que obligan al servidor público a atender las necesidades inherentes a su encaro. Por lo tanto, para cumplir con el objeto de la Ley pero sobre todo para lograr una planeación adecuada que coadyuve al bienestar de las poblaciones que forman parte de la diferentes Zonas Metropolitanas, el esfuerzo debe ser conjunto y cada orden de gobierno debe tomar la responsabilidad que le corresponde, misma que necesariamente debe ser coordinada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas y los municipios que formen parte de una zona metropolitana para que constituyan e integren un Instituto Metropolitano de Planeación, como lo establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a promover las acciones o denuncias correspondientes para las sanciones administrativas y penales derivado de las auditorías e investigaciones practicadas a Segalmex, Diconsa y Liconsa en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2020, a cargo de la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura federal, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que, con base en las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, promueva las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las presuntas faltas graves que se adviertan derivado de las auditorías e investigaciones practicadas a Segalmex, Diconsa y Liconsa, durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 , bajo las siguientes:

Consideraciones

“Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), creado mediante decreto emitido por el Ejecutivo federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2019; con la finalidad de atender lo señalado en los artículos 4o. y 27, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen que al Estado le corresponde garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; promover las condiciones para el desarrollo integral y sustentable, con el propósito de garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo social y fomentar la actividad agropecuaria, además de garantizar el abasto suficiente para toda la población, especialmente dirigido a niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables.”1

“Segalmex tiene a su cargo la ejecución del programa presupuestario S290 ‘Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos’, cuyo objeto es incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios, para contribuir a mejorar su nivel de vida, mediante el establecimiento de ‘Precios de Garantía’ (“precio fijo que alcanzarán los productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche”).”2

De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, Segalmex fue creado en esta administración y, desde el año de su creación, se han presentado una serie de irregularidades que han dejado al descubierto el involucramiento de funcionarios, proveedores y prestadores de servicios en faltas administrativas o posibles delitos.

En ese sentido, según la nota periodística de fecha 26 de enero de 2022 publicada en el diario Reforma, la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó diversos hallazgos derivados de la fiscalización del ejercicio del gasto en Segalmex, Liconsa y Diconsa, en 2019, 2020 y 2021.3 Derivado de estos hallazgos, fueron destituidos varios funcionarios de Segalmex por presuntas irregularidades.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante su primer año de operaciones, Segalmex causó un posible daño al erario por 3 mil 396 millones de pesos. El órgano auditor detectó pagos a personal fantasma, compras no acreditadas de trigo, maíz y frijol y pagos en exceso por servicios, entre otras irregularidades. Además, Segalmex no aclaró el pago de gastos de operación y no registró recepción de materiales.

Por otro lado, en la revisión de la Cuenta Pública de 2019, la ASF detectó que Segalmex no proporcionó los documentos que amparan la compra de trigo panificable por 516 millones de pesos y tampoco acreditó la existencia física de más de mil 496 millones de pesos que se presentan en los registros contables.

En lo que se refiere al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, particularmente a la Auditoría de Cumplimiento 327-DE practicada a Segalmex, la ASF determinó 5 mil 640 millones de pesos pendientes por aclarar, siete Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y ocho Pliegos de Observaciones.

En el Dictamen de la mencionada auditoría, emitido por la ASF, destacan las siguientes irregularidades: en la revisión de los contratos CSS/023/2020, CSS/028/2020 y CSS/045/2020 y del convenio modificatorio del contrato CSS/018/2019, Segalmex no acreditó la designación de enlaces, la administración y resolución de problemas, el control de asistencias careció de confiabilidad y no proporcionó evidencia de los informes de actividades de los trabajos de campo, entre otros, por lo que no se acreditó la prestación de los servicios por 909,979.4 miles de pesos.

Aunado a lo anterior, durante la revisión del contrato CSS/014/2020 de fletes, la ASF identificó pagos por servicios realizados fuera de la vigencia del contrato por 9,249.8 miles de pesos y penalizaciones no aplicadas por 2,144.0 miles de pesos.

Además, se presume de un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 49 millones 999 mil pesos, por haber realizado el pago total del pedido A/009/2020, sin acreditar, con las notas de remisión, la recepción de plaguicidas, abonos y fertilizantes, de conformidad con las condiciones pactadas contractualmente, más los rendimientos financieros que se generen desde la fecha de pago hasta su reintegro o recuperación total, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III, y del Pedido A/009/2020, cláusula octava “Condiciones de Pago”.

El Dictamen también menciona que en la revisión de las adquisiciones de maíz y frijol de pequeños productores por 531,481.2 y 190,966.8 miles de pesos, respectivamente, no se proporcionaron las boletas de recepción y liquidación de los productores, que soporten la entrada del grano a los Centros de Acopio.

Por otro lado, la ASF encontró un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 104 millones 387 mil pesos por partidas en conciliación en dos cuentas concentradoras y 27 subcuentas, correspondientes a salidas de efectivo no identificadas por Segalmex, más los rendimientos financieros que se generen desde la fecha de salida del efectivo hasta su reintegro o recuperación, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III.

Es decir, no se justificaron y documentaron las partidas en conciliación correspondientes a salidas de efectivo no correspondidas por Segalmex.

En suma, Segalmex tuvo irregularidades por 5,640 millones de pesos debido a que hubo numerosas inconsistencias en el ejercicio del programa Precios de Garantía. Realizó la adquisición y pagos de productos sin soporte documental, hizo pagos que excedieron los límites establecidos en las reglas de operación del programa, pagó servicios sin acreditar su realización, transfirió recursos fuera de la vigencia del contrato de servicios de fletes, perdió productos, no acreditó la entrada y salida de ciertos bienes, entre otras inconsistencias.

En lo que respecta a la Auditoría de Cumplimiento 329-DE realizada a Diconsa, SA de CV, la ASF determinó 1,413 millones de pesos por aclarar, dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y ocho Pliegos de Observaciones.

Según el Dictamen de la ASF, se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 117 millones 906 mil pesos por los adeudos no recuperados por 112 millones 740 mil pesos, integrados por las subcuentas 11231 “Funcionarios y empleados”, 11232 “Exencargados”, 11233 “Deudores Diversos” y 11234 “Exempleados”, así como por el desistimiento del saldo a favor de 2014 por 5 millones 166 mil pesos, cuya fecha de solicitud de devolución ante el Servicio de Administración Tributaria se encuentra prescrita de acuerdo con lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación, más los rendimientos financieros que se generen desde la fecha en que eran exigibles los adeudos hasta su reintegro o recuperación, en incumplimiento del Código Fiscal de la Federación, artículos 22 y 146, y Manual de Políticas y Procedimientos de Almacenes Diconsa, apartado VIII. Políticas, Bases y Lineamientos, fracción VIII.I Políticas Generales, numerales 54, 55, 76 y 77.

La ASF detectó como causa raíz probable de la irregularidad, los adeudos no recuperados de cuatro subcuentas y por desistir del saldo a favor de 2014, cuya fecha de solicitud de devolución ante el SAT se encuentra prescrita.

Por otro lado, en esta auditoría también se detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 126 millones 810 mil pesos por no acreditar el cumplimiento de la prestación del Servicio Especializado en Apoyo de Actividades Institucionales debido a la falta de documentación justificativa y comprobatoria y del conjunto de inconsistencias detectadas durante el desarrollo de la auditoría, en los términos estipulados en el contrato CSS/028/2020, más los rendimientos financieros que se generen desde la fecha de pago del servicio integral especializado hasta su reintegro o recuperación, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III, y del Contrato CSS/028/2020, cláusulas primera “Objeto”, tercera “Seguimiento” y sexta “Forma de Pago” y Anexo Único del contrato, numerales 7 “Obligaciones del prestador del servicio” y 11 “Sistema Web o Portal en Línea”.

La causa raíz probable de la irregularidad detectada por la ASF, es la falta de documentación que justifique y acredite el cumplimiento de la prestación del servicio integral especializado en apoyo a actividades institucionales.

En lo que corresponde a la Auditoría de Cumplimiento Forense 330-DE realizada a Liconsa, SA de CV, la ASF determinó 1 mil 583 millones de pesos pendientes por aclarar, 19 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y seis Pliegos de Observaciones.

Entre las irregularidades detectadas por la ASF en esta auditoría, destacan las siguientes: Liconsa, SA de CV, no presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite: la procedencia del pago y la erogación correspondiente, de los pagos de “Anticipo a Proveedores”, realizados en el ejercicio 2020 a Distribuidora Mexicana Agronómica, SA de CV, por un monto de 34,212.5 miles de pesos.

Por otro lado, en el Dictamen se menciona que Liconsa, SA de CV, invirtió 850,000.0 miles de pesos en Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados sin observar lo establecido en los “Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal”, los cuales fueron reportados por Liconsa, SA de CV, en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y en los estados de cuenta de Custodia Internacional de BBVA con terminación *635 del ejercicio 2020; asimismo, dichos recursos fueron recuperados por Liconsa y depositados en sus cuentas bancarias como sigue: 30,000.00 miles de pesos el 23 de septiembre de 2020; 155,225.0 miles de pesos el 17 de diciembre de 2021; 250,000.0 miles de pesos el 12 de enero de 2022 y 420,000.0 miles de pesos el 13 de enero de 2022.

Además, la ASF solicitó a Liconsa, SA de CV, que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 10,633.3 miles de pesos, por concepto de rendimientos generados al cierre de la inversión del Certificado Bursátil Fiduciario Privado con clave de emisión CI350CB serie 19-6, cuya fecha de vencimiento fue el 10 de diciembre del 2020.

De acuerdo al Dictamen de la ASF, también se encontró que Liconsa, SA de CV, devengó recursos por 620,559.4 miles de pesos sin contar con la documentación que acredite la recepción de los servicios de transporte de productos lácteos objeto de los contratos celebrados con Transportes Tranasa, SA de CV; Persona Física 6; Transportes The Bimb’s, SA de CV; Transportes EHL del Centro, SA de CV; Enlaces Terrestres Asociados de Morelos, S. de R.L. de C.V.; Transportes Esdo, SA de CV; Auto Líneas Juan Mañón, SA de CV; Persona Física 12, Grupo Logística Fros, SA de CV; y Translíquidos Refrigerados López, SA de CV.

Aunado a lo anterior, se detectó que Liconsa, SA de CV, realizó pagos por 518,422.9 miles de pesos sin contar con la documentación que acredite la recepción de la leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma, objeto de los contratos celebrados con Articuladores de Factores Económicos, SA de CV; 5 MPS Management, SA de CV; Comarket, SA de CV; Grupo AS2, SA de CV; e ILAS México, SA de CV

Cabe señalar que todas estas posibles irregularidades detectadas son públicas y se encuentran disponibles en la página de internet de la Auditoría Superior de la Federación.

En ese sentido, en ejercicio de la atribución de fiscalización conferida por la ley al Poder Legislativo, se estima necesario presentar la presente proposición con punto de acuerdo dirigida al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que, con base en las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, promueva las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las presuntas faltas graves que se adviertan derivado de las auditorías e investigaciones practicadas a Segalmex, Diconsa y Liconsa, durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.

Por otro lado, también se exhorta al titular de la Fiscalía General de la República, para que, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 212 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, investigue las presuntas irregularidades encontradas durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 en Segalmex, Diconsa y Liconsa, y, en su caso, se impongan las sanciones que conforme a la ley correspondan.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que, con base en las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, promueva las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las presuntas faltas graves que se adviertan derivado de las auditorías e investigaciones practicadas a Segalmex, Diconsa y Liconsa, durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República, para que, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 212 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, investigue las presuntas irregularidades encontradas durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 en Segalmex, Diconsa y Liconsa, y, en su caso, se impongan las sanciones que conforme a la ley correspondan.

Notas

1 Consultado en:
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/VII/Print.JBP.01.INTRO.pdf

2 Consultado en: https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0327_a.pdf

3 Consultada en: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as px?__rval=1&urlredirect=/la-transa-en-segalmex-y-otros-escandalos/a r2338653?v=4

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SICT a implantar acciones para reducir las tarifas de peaje en las carreteras y autopistas de Nayarit, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados; y demás artículos aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cuál la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a implementar acciones para reducir las tarifas de peaje en las carreteras y autopistas del estado de Nayarit, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El primer semestre de este 2022 no ha tenido resultados positivos para la economía de las familias mexicanas. Los datos demuestran que sus ingresos se han visto estancados, los productos de la canasta básica se han encarecido y los combustibles han tenido incrementos desmedidos, que han tenido como consecuencia el encarecimiento de todos los servicios.

Lo anterior se puede constatar al analizar los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,1 indicador cuya finalidad es estimar la evolución de los precios de los bienes y servicios que adquiere un consumidor típico en el país, mismo que desaceleró y registró una variación anual de 7.29 por ciento en la primera quincena de marzo del 2022, con lo cual registró su primer descenso luego de presentar dos quincenas consecutivas con aumentos y después de cerrar el 2021 con la tasa de inflación de 7.36 por ciento, la más alta en 21 años.

En este orden de ideas, uno de los servicios que este año ha resentido el incremento de los precios es el costo del peaje en las carreteras y autopistas en todo el país. Si bien, el 15 de febrero de este año, Caminos y Puentes Federales (Capufe) por instrucción de del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) había anunciado un incremento de 7.36 por ciento en los costos de sus carreteras y puentes, ajuste equiparable a la tasa de inflación, este aumento fue suspendido al día siguiente por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) hasta nuevo aviso.2

Este aviso dado por parte de Capufe y la SICT es favorable frente a la realidad que viven las familias mexicanas, sin embargo, la situación en el estado de Nayarit es distinta a lo mandatado por el gobierno federal, pues a pesar del pronunciamiento emitido tanto las autopistas de Tepic-Mazatlán como Tepic-Guadalajara -ambas concesionadas a empresas del grupo Carso- presentaron un incremento en el costo de las casetas, que en algunos casos fue superior al 30 por ciento con respecto al año anterior.

Para poner en contexto lo anterior, se desprende que el aumento de costo del peaje en la caseta Trapichillo pasó de 95 a 125 pesos, es decir un incremento de 32 por ciento; en Santa María del Oro subió de 147 a 158 pesos, es decir un 8 por ciento de un día para otro. Además, el costo de la caseta Plan de Barrancas pasó de 249 a 267 pesos, es decir, un aumento del 7 por ciento; así la caseta Arenal de 167 a 179 pesos, lo que representa el 7 por ciento respecto al último precio vigente.

En lo que respecta a la autopista Tepic-Mazatlán -concesionada a Promotora Inbursa, SA de CV, con 238.3 kilómetros- tiene 9 casetas y el costo de recorrido total de esta vía varía dependiendo de la clasificación vehicular; con lo que el nuevo costo es de 441 pesos por motocicleta, 885 por automóvil o pick up, 1 mil 425 por autobús o camión de 2 a 4 ejes; de 2 mil 360 de 5 a 6 ejes; 3 mil 170 por 7 o 9 ejes, y por eje extra tipo A se pagará 444 pesos; por tipo C el costo actual es de 713 pesos.

De las casetas que también subieron de precio se encuentra la de Ruiz que de 140 pesos incrementó a 170, es decir 21 por ciento más; la de Acaponeta aumentó de 285 a 365 pesos, un 28 por ciento más que la última tarifa; la de El Rosario pasó de 165 a 215 pesos, o sea 18 por ciento más. Finalmente, en la caseta del tramo Tepic- San Blas, en el entronque Trapichillo el costo es de 35 pesos, aunque hasta hace poco era de 25 pesos; y la de Matanchén aumentó de 75 a 85 pesos, es decir 12 por ciento.3

No resulta menor el aumento en las autopistas y carreteras de peaje en la entidad, sobre todo en la víspera de la época vacacional pues dicho aumento, merma el crecimiento de la región y afecta directamente al sector turístico de Nayarit pues repercute de manera importante en el bolsillo de los mexicanos que emprenden un viaje.

Datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) señalan que la importancia de este tipo de turismo masivo o popular local representa la pirámide de la estructura económica de la movilidad en las autopistas en el país. Lamentablemente, como consecuencia de las condiciones económicas actuales en México, el pronostico no es favorable para los viajeros nacionales pues dicho incremento representará un impacto considerable en la planeación de las familias, quienes acostumbran a viajar por vía terrestre durante esta temporada vacacional.

Además, el aumento en las tarifas ha generado que más transportistas decidan circular por las carreteras federales de la entidad, incluso vehículos que tienen prohibido circular por estas vías ya sea por dimensiones o por peso, lo que ha generado accidentes y daños a lo largo de la infraestructura de las carreteras de la entidad.

Es por lo anterior que se propone que la SICT ejerza sus facultades de negociación ante la empresa concesionaria de ambos tramos, con la finalidad de que sea posible la revisión de los impactos de los aumentos en el cobro y de esta manera, reconsiderar una baja en los costos en apoyo a la economía de los nayaritas.

Vale la pena recordar que conforme al artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la SICT tiene la facultad de otorgar las concesiones y permisos, así como vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso. De igual forma, se encarga de vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes cumplan con los aspectos técnicos y normativos, además de establecer las bases generales de regulación tarifaria.

En caso de no cumplir sin causa justificada, con el objeto, obligaciones y condiciones de las concesiones y permisos, así como en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas, la SICT tiene la facultad de revocar tal concesión, en conformidad al artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Por otro lado, en caso de que los concesionarios apliquen tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, la secretaría deberá sancionar al concesionario.

No se puede perder de vista que las carreteras de cuota tienen como objetivo participar en el proceso de integración nacional, mediante acciones para evitar el deterioro de las carreteras concesionadas, no así para el detrimento económico de las comunidades y municipios que intentan desarrollarse económicamente. Por ello, resulta fundamental generar acciones que permitan detener los incrementos señalados pues perjudican a la población más vulnerable del Estado, y al mismo tiempo se busca que estas acciones garanticen que nuestros caminos sean seguros, transitables y accesibles para todas y todos.

Por lo anterior, es necesario que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, implemente acciones para reducir en la medida de lo posible los aumentos en el peaje de carreteras y autopistas, con el objeto de proteger la economía local y al mismo tiempo, incentivar el desarrollo económico de la región en las temporadas vacacionales de semana santa y verano.

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a implementar acciones para reducir las tarifas de peaje en las carreteras y autopistas en el estado de Nayarit.

Notas

1 Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor. https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/

2 Capufe. Aviso Importante del 16 de febrero de 2022. https://www.gob.mx/capufe/prensa/aviso-importante-294781

3 Karina Cancino para El Heraldo. Aumenta costo de peaje en autopistas de Nayarit. Nota del 16 de febrero de 2022. https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/16/aumenta-costo-de-peaj e-en-autopistas-de-nayarit-379549.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 31 de marzo de 2022.

Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNBV a intervenir ante la institución bancaria administradora de Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Afirme y Grupo Financiero División Fiduciaria para que liberen 123 millones de pesos al gobierno de BC, a cargo de la diputada Rebeca Valle Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rebeca Valle Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Que el 15 de junio de 2021 se presentó el proyecto de la construcción de una planta fotovoltaica en el municipio de Mexicali, Baja California. Esto es, una planta que utilizaría la luz solar para producir energía eléctrica para bombear el agua del “acueducto San Luis Río Colorado-Tijuana”. Un proyecto loable y de energía limpia, el cual fue recibido con bombo y platillo.

En dicha presentación se dijo que en once meses se concluiría la obra y que la “empresa Next Energy se encargó de adquirir todos los permisos federales y ahora sólo falta que se obtengan los locales”. Ante ello, la empresa en comento solicitó los permisos correspondientes al municipio de Mexicali.

Derivado de lo anterior, la autoridad municipal del H. Ayuntamiento de Mexicali no otorgó los permisos a la empresa , debido a que muchos de los permisos los otorga la Administración Pública Federal a través de la Secretaría de Energía del gobierno federal, por ser una atribución del Poder Ejecutivo federal.

Toda vez que el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que: “A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, para lo cual podrá, entre otras acciones y en términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover programas, proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia”.

Esto es, la Secretaría de Energía es la entidad de ejecutar la política energética del país, por tanto, corresponde al nivel federal implementar esta política pública y no a los Estado ni a los municipios.

Aunado a lo anterior, la empresa nunca entregó el Manifiesto de Impacto Ambiental o MIA , requisito indispensable, de acuerdo con el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que establece que:

La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;

II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica;

III.- Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;

IV.- Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos;

V.- Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración;

VI. Se deroga.

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;

VIII.- Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas;

IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;

X.- Obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales. En el caso de actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias se estará a lo dispuesto por la fracción XII de este artículo;

XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;

XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y

XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento.

Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días.

Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

Aunado a lo anterior, la empresa tampoco entregó la opinión favorable por parte del Centro Nacional de Energía (Cenace), la cual es el organismo público que tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) dentro de un entorno de mercado en cumplimiento estricto a la normatividad aplicable y procurando en todo momento el desarrollo del SEN en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Mismo que emite opiniones respecto a la viabilidad de proyectos de inversión como lo es la construcción de una planta fotovoltaica.

De acuerdo con el Artículo 18, fracción XI, de la Ley de Transición Energética, se estipula que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía corresponde:

XI. Emitir opiniones vinculatorias para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y para estados y municipios en programas, proyectos y actividades de Aprovechamiento sustentable de la energía que utilicen fondos públicos federales;

Ante la falta de cumplimiento de la empresa y por la ausencia de los requisitos más importantes para la construcción del proyecto de la planta fotovoltaica, relativos a la MIA y a las opiniones favorables del Cenace y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, hizo que el proyecto fuera inviable.

Así pues, el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Tercer Circuito ordenó la suspensión definitiva, en los siguientes términos:

El Secretario de Hacienda del Estado de Baja California, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, y Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda el Estado de Baja California, suspendan y/o no ejecuten la trasmisión y/o afectación y/o ejercicio de derechos de cobro de los siguiente:

a) Ingresos locales consistentes en los ingresos presentes y futuros que correspondan al Estado y que sean susceptibles de ser afectados como fuente de pago...

...

El Fideicomiso por conducto de la Institución Bancaria que la administra Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Afirme, Grupo Financiero División fiduciaria, libere la cantidad de $123,773,010.95 (ciento veintitrés millones setecientos setenta y tres mil diez pesos 95/100 m.n.), que en los meses de enero y febrero de dos mil veintidós retuvo como actos tendientes a afectar las participaciones federales correspondientes al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, asimismo, para el efecto de que las mismas sean liberadas y entregadas al Poder Ejecutivo del gobierno del estado de Baja California.

Ante esta situación, hacemos un llamado enérgico a la institución bancaria para que regrese el recurso económico que les pertenece a todas y todos los bajacalifornianos. Pues, nuestra Gobernadora en un acto de transparencia, honradez y congruencia con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Baja California, requiere de nuestro apoyo político para que ninguna institución bancaria vuelva a realizar ningún tipo de leguleyas para beneficiarse a costa del dinero del pueblo. Basta de corrupciones y prácticas ilícitas y de abusos de banqueros de esta dimensión. Con fundamento en el Artículo 4o, fracción XVIII, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establece la facultad de:

XVIII.- Investigar actos o hechos que contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, para lo cual podrá practicar visitas que versen sobre tales actos o hechos, así como emplazar, requerir información o solicitar la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir al adecuado desarrollo de la investigación;

Se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el ámbito de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, coadyuve a que la Institución Bancaria que la administra Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Afirme, Grupo Financiero División fiduciaria, libere la cantidad de $123,773,010.95 (ciento veintitrés millones setecientos setenta y tres mil diez pesos 95/100 m.n.), al pueblo bajacaliforniano representado en el Gobierno del estado de Baja California.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con apego a sus facultades, para que intervenga ante la institución bancaria que administra Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Afirme, Grupo Financiero División Fiduciaria, a fin de que libere la cantidad de $123,773,010.95 (ciento veintitrés millones setecientos setenta y tres mil diez pesos 95/100 m.n.), a favor del Gobierno del Estado de Baja California, toda vez que así lo ordenó el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Tercer Circuito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputada Rebeca Valle Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se reconocen los trabajos del GIEI en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y se exhorta a la FGR a continuar las investigaciones pertinentes, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Manuel Vázquez Arellano, diputado integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Tercer Informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el pasado lunes 28 de marzo de 2022, expuso el involucramiento de diversas instituciones, entre las que se encuentran la Policía Federal y Estatal, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la manipulación de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero donde desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El informe revela la colaboración de estas instituciones en la construcción de evidencia que apoyaría la narrativa oficial, así como el ocultamiento de pruebas para frenar la continuidad de la investigación y la búsqueda de los 43 normalistas.

El GIEI detalló que para la elaboración de este informe tuvo acceso a la desclasificación de documentos confidenciales de la Marina denominados como “secretos” así como a la obtención de más de 100 horas de vídeo inéditas que muestran actividades realizadas por marinos en el basurero de Cocula el 27 de octubre de 2014. El GIEI reconoció que fue fundamental la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder obtener y estudiar documentos oficiales.

El informe del GIEI revela la manipulación que llevaron a cabo las autoridades en el proceso de construcción de la llamada “verdad histórica”. El reporte revela 50 videos tomados sobre el área del basurero de Cocula, sitio donde presuntamente habían sido calcinados y asesinados los estudiantes normalistas, en ellos se vislumbra la presencia e intervención de elementos de la Marina. Destaca, sobre todo, el vídeo fechado el 27 de octubre de 2014, donde se les observa manipulando bultos que sacan de dos camionetas. Posteriormente, se ve a otros agentes encender una hoguera en la misma zona horas antes de que llegaran integrantes de la PGR, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Equipo Argentino de Antropología Forense que trabajaban en la investigación. De acuerdo con el GIEI, dos horas después de la visita de la Marina al basurero, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, acudió al sitio, pero hasta el momento no había registro de dicha visita.

Aunado a esto, el informe revela que diversas dependencias entregaron información falsa relativa a la investigación, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto con el objetivo de contribuir a la construcción de la llamada “verdad histórica”. Entre la información falsa que se presentó, se encuentran la construcción de versiones con simulaciones de llamadas determinadas como anónimas, que no existieron; inconsistencias en las fechas de captura de los detenidos, en los lugares de su detención, en la forma en la que fueron remitidos y puestas a disposición falsas; bitácoras que fueron alteradas en todo su contenido; alteración del número de las patrullas que intervinieron en los hechos; y destrucción de evidencia. Un aspecto relevante y alarmante es que el GIEI precisó que de las 22 personas que son claves en la investigación y podrían tener mayor información, 20 han sido asesinados y solamente 2 murieron por causas naturales.

Igualmente, a partir de la localización de 60 vídeo, el Informe describe la tortura ejercida con un trato violatorio de derechos humanos por titulares de Unidad, miembros de la PGR, del Cisen y del Ministerio Público de la Federación, a 50 detenidos en las instalaciones de la Semar y de la Seido

El GIEI también tiene hallazgos en cuanto al involucramiento del Ejército en el caso. En un primer aspecto se dijo que se ha confirmado que hubo dos operaciones de inteligencia y seguimiento a los 43 normalistas al menos dos días antes de su desaparición. Dicho seguimiento tenía como objetivo las actividades de los estudiantes, por una orden expresa por parte de autoridades militares de dar seguimiento a los movimientos de los estudiantes, esto revela que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo conocimiento en tiempo real de la desaparición de los normalistas. Asimismo, se detalló que las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo la noche del 26 y 27 de septiembre, pues obtenían información desde el Centro de coordinación Guerrero Seguro (C4), el cual era controlado por el Ejército.

En un segundo aspecto, se descubrió que incluso el movimiento de los normalistas había sido infiltrado por al menos un elemento del Ejército mexicano. También, se identificó que hubo procesos disciplinarios al interior de las fuerzas armadas porque habían negado información relevante, como que algunos de los integrantes del 27 batallón habían acudido a las barandillas donde estaban detenidos los estudiantes normalistas.

El informe mencionado confirma sospechas y teorías conocidas con anterioridad, pero peor aún revela el alcance de la corrupción y manipulación a la que llegaron las instituciones para presentar la “verdad histórica” y encubrir lo que realmente había ocurrido. El informe también revela nueva información, como la participación de la Secretaría de Marina, cuyo involucramiento no había sido considerado hasta el momento. Se trata de una manipulación sistemática y orquestada de los hechos, desde lo más alto de la cadena de mando. Este informe confirma la consigna del movimiento social que demanda justicia por esta atrocidad; “Fue El Estado”.

Los avances en las investigaciones, logrados en parte gracias a la cooperación del gobierno federal son muchos, pero no suficientes. Aún es necesario continuar las diligencias para encontrar a los normalistas desaparecidos, conocer la verdad, y castigar a los responsables. La justicia aún no ha llegado para las víctimas del caso Ayotzinapa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reconoce y felicita al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por los avances en la investigación sobre el caso Ayotzinapa para encontrar la verdad de los hechos ocurridos en torno a la desaparición de los 43 normalistas.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina a continuar coadyuvando en el caso, mediante la entrega de vídeos, imágenes, informes, entrevistas y cualquier otra información que pueda contribuir a la resolución del caso.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a proceder con la investigación de los elementos presentados en el tercer informe del GIEI y acelerar los procesos contra los implicados en los delitos de tortura, obstrucción de la justicia, simulación o pérdida de información, así como desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Fuentes

Proceso, “Tercer informe del GIEI exhibe que la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa fue una simulación”, 3 de marzo 2022, obtenido de Díaz, G. (2022).
https://www-proceso-com-mx.cdn.ampproject.org/v/s/www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/28/
tercer-informe-del-giei-exhibe-que-la-verdad-historica-del-caso-ayotzinapa-fue-una-simulacion-283250.html
?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=
16485025835997&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx
%2Fnacional%2F2022%2F3%2F28%2Ftercer-informe-del-giei-exhibe-que-la-verdad-historica-del-caso-ayotzinapa
-fue-una-simulacion-283250.html

La Jornada, “Infiltró el Ejército a los normalistas de Ayotzinapa: GIEI”, 28 de marzo 2022, obtenido de Urrutia, A. (2022).

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/28/politica/hub o-operacion-de-inteligencia-militan-antes-de-la-desaparicion-de-los-43- giei/

Radio Fórmula, “Caso Ayotzinapa: 5 claves del tercer informe del GIEI sobre la desaparición de normalistas”, 28 marzo de 2022, obtenido de Rocha, M. (2022).

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/3/29/
caso-ayotzinapa-claves-del-tercer-informe-del-giei-sobre-la-desaparicion-de-normalistas-507718.html

El Universal, “GIEI denuncia manipulación de pruebas en caso Ayotzinapa por miembros de la Marina”, 3 de marzo 2022, obtenido de Gamboa, V. (2022). https://www.eluniversal.com.mx/nacion/caso-ayotzinapa-giei-denuncia-man ipulacion-de-pruebas-por-la-marina

El Economista, “Tercer informe del GIEI confirma involucramiento del Ejército en el caso Ayotzinapa”, 3 de marzo 2002, obtenido de Pérez, M. (2022). https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tercer-informe-del-GIEI-confir ma-involucramiento-del-Ejercito-en-el-caso-Ayotzinapa-20220328-0055.htm l

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022

Diputado Manuel Vázquez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de Ciudad de México y el IPN a realizar una investigación con perspectiva de género y esclarecer lo ocurrido en la vocacional 7 contra una estudiante, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados”.de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Cámara, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al Instituto Politécnico Nacional a realizar una investigación con perspectiva de género y esclarecer los hechos ocurridos en el interior de la Vocacional 7 contra una de las estudiantes de dicha institución , la siguiente conforme a los siguientes:

Antecedentes

I. El 22 de marzo de 2022, una adolescente de 15 años, estudiante de la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue víctima de violación sexual a través de sumisión química dentro del plantel, presuntamente por un menor de edad y un adulto, de acuerdo con una denuncia interpuesta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

II. La víctima fue encontrada por sus compañeras en el sanitario de dicha institución, desorientada y adolorida. Sus padres la llevaron al Instituto Mexicano de Seguridad Social donde se confirmaron huellas de intoxicación y agresión sexual.

III. El director del plantel educativo ha negado el suceso entre la comunidad estudiantil y lo ha calificado como “un acto de indisciplina”. El Instituto Politécnico Nacional, en cumplimiento a su compromiso, debe atender cualquier caso de violencia de género dentro de la comunidad estudiantil salvaguardando sus derechos, integridad física y emocional.

IV. La violencia de género en los centros educativos tiene un efecto nocivo sobre la educación de millones de mujeres en todo el mundo, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 en México a lo largo de la vida escolar, se reporta que las mujeres experimentan algún tipo de violencia, por parte de alguna persona relacionada al ámbito escolar, entre mujeres de 15 a 17 años por cada 100 mujeres entre estas edades 22 declaran al menos un incidente de violencia, 13 mujeres declaran al menos una agresión sexual, 11 mujeres declaran violencia física y 8 mujeres vivieron al menos un incidente de violencia emocional.

V. La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

VI. El sistema educativo en México no debe mantenerse apartado de los problemas sociales que se viven en el entorno inmediato de la sociedad, la violencia de género se ha ejercido de forma deliberada dentro de las instituciones que brindan educación en México, toda vez que en ellas coexisten hombres y mujeres que construyen una cultura institucional, siendo espacios de creación, transmisión de conocimientos, reproducción de valores, comportamientos y convivencia.

VII. El estudio de la violencia de género requiere de una perspectiva interdisciplinaria, por ello la educación en su función socializadora posee un papel importante en velar por la equidad entre hombres y mujeres, y debe reconocer la importancia de modificar los contenidos y prácticas pedagógicas para estimular un cambio de valores que orienten a los individuos a modelos educativos con perspectiva de género.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

III. Conforme al artículo primero de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

IV. Conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas que se encuentren dentro del país gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales.

Asimismo, estipula que en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

V. Conforme al artículo quinto, fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Perspectiva de Ge?nero: Es una visio?n cienti?fica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresio?n de ge?nero como la desigualdad, la injusticia y la jerarquizacio?n de las personas basada en el ge?nero. Promueve la igualdad entre los ge?neros a trave?s de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos econo?micos y a la representacio?n poli?tica y social en los a?mbitos de toma de decisiones.

VI. Conforme al artículo sexto, fracción V, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o dan?a el cuerpo y/o la sexualidad de la Vi?ctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad fi?sica. Es una expresio?n de abuso de poder que implica la supremaci?a masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

VII. Conforme al artículo doce, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia constituyen violencia docente: aquellas conductas que dan?en la autoestima de las alumnas con actos de discriminacio?n por su sexo, edad, condicio?n social, acade?mica, limitaciones y/o caracteri?sticas fi?sicas, que les infligen maestras o maestros.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a investigar y esclarecer, con perspectiva de género, los hechos ocurridos el día 22 de marzo de 2022 dentro del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Cuauhtémoc” (Cecyt 7) del Instituto Politécnico Nacional.

Segundo. La hoorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Politécnico Nacional a cooperar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a fin de esclarecer los hechos ocurridos dentro del Cecyt 7 y, a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar seguridad a las y los estudiantes dentro de sus instalaciones educativas, y a generar, con perspectiva de género, espacios libres de violencia para su libre desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022.

Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)