Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 5987-IX, miércoles 23 de marzo de 2022
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Saa a realizar campañas para fomentar la confianza ciudadana en la vacunación y fortalecer la cultura de inmunización en adultos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1 y el artículo 79 numeral 2 Fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Las vacunas son una medida preventiva de salud pública de crucial importancia1 , de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, después de la potabilización del agua, es la estrategia más rentable para combatir enfermedades infecciosas a nivel mundial2 . Las vacunas evitan brotes de enfermedades infecciosas prevenibles y para algunas enfermedades incluso pueden contribuir a su erradicación.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cobertura de vacunación es la proporción de personas que reciben las vacunas recomendadas para cada uno de los grupos de edad.3 Es importante mantener la tasa de cobertura dentro de un territorio específico ya que de esto depende la prevención de brotes y la inmunidad de rebaño.4
En México la población de adultos mayores esta? en aumento. Este sector de la población es más vulnerable a las enfermedades infecciosas por lo cual se requiere un mayor enfoque en la vacunación para este grupo etáreo que se enfrenta un doble reto de salud pública: alta incidencia de enfermedades transmisibles y alta incidencia de padecimientos no transmisibles provocados por el estilo de vida.
Ante este escenario la vacunación es una respuesta indispensable para proteger a la población de las enfermedades transmisibles, sobre todo a la población más vulnerable por edad y por las comorbilidades. Mundialmente se siguen acumulando evidencias que respaldan la vacunación sistématica de los adultos mayores, independientemente del contexto socioeconómico nacional.5
La vulnerabilidad particular de los adultos mayores y las personas con comorbilidades se ha visto expuesta a lo largo de la pandemia por Covid-19 donde se resalta la importancia de mantener una alta cobertura de vacunas que protejan contra enfermedades prevenibles a lo largo de la vida a las poblaciones en riesgo.6
Hoy en día la mayoría de las personas esperan vivir 60 años o más y esa posibilidad de vivir más tiempo es un logro colectivo extraordinario. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el 2020-2030 como la Década del Envejecimiento Saludable con el fin de dar a conocer que la buena salud añade vida a los años y que las oportunidades que se abren con el aumento de la longevidad dependen en gran medida del envejecimiento saludable.
El envejecimiento saludable consiste en desarrollar y mantener a edades avanzadas la capacidad funcional que hace posible el bienestar. El envejecimiento saludable es un proceso que abarca toda la vida y que afecta a todas las personas, no solo a las que no padecen ninguna enfermedad en el presente. La capacidad intrínseca se encuentra determinada en todo momento por muchos factores, entre ellos los cambios fisiológicos y psicológicos subyacentes, los comportamientos relacionados con la salud y la presencia o ausencia de enfermedades. La capacidad intrínseca depende en gran medida de los entornos en los que las personas han vivido a lo largo de su vida.7
Los recursos y oportunidades de carácter social y económico de que disponen las personas a lo largo de su vida influyen en su capacidad para tomar decisiones saludables, así como para aportar y recibir apoyo cuando se necesita. En consecuencia, el envejecimiento saludable va estrechamente ligado a la desigualdad social y económica, o visto de otro modo, prepararse y conducir al envejecimiento saludable es una de las formas para combatir la desigualdad y la vacunación es una gran herramienta en ese respecto.
En cuanto a los adultos en nuestro país, las estrategias de vacunación han incluido el enfoque de riesgo en mujeres embarazadas, población en edad fértil, ciertas ocupaciones e individuos inmunocomprometidos. Para los adultos mayores, el Esquema Nacional de vacunación incluye la vacuna antineumocócica polivalente para infecciones por neumococo para la población de 60 a 64 años con factores de riesgo y para todo el grupo etáreo a partir de los 65 años de edad.8 La vacunación es primordial para prevenir complicaciones y muertes secundarias a enfermedades infecciosas respiratorias como COVID-19, influenza, tosferina y neumococo, que son frecuentes en este grupo de edad.
El entorno actual presenta una oportunidad para identificar e implementar iniciativas que podrían tener un impacto duradero en la cobertura de vacunación y, en consecuencia, prevenir brotes y salvar vidas, en un plazo relativamente corto.
Las controversias que en últimos tiempos han surgido alrededor de temas como las terapias alternativas o las supuestas desventajas de la vacunación son una clara muestra de los obstáculos y riesgos para la salud pública que se presentan no sólo en México sino en el mundo en general por la diseminación de información incorrecta o infundada. Lamentablemente, han tenido incluso consecuencias críticas en algunos países al haber aparecido brotes de enfermedades que ya estaban bajo control.9
Si bien desde distintas instancias se ofrecen programas de diseminación de información relevante para la salud pública, deben considerarse acciones que sean dirigidas estratégicamente a la población. En tanto que las decisiones que las personas toman respecto a su salud tienen que ver en gran medida con la información disponible, son necesarias todas aquellas acciones en torno a la salud que fortalezcan la cultura de la prevención en todos los sentidos, especialmente respecto a aquellos padecimientos y enfermedades que pueden ser prevenibles.
Por todo lo anterior es que resulta necesario el mejorar la cobertura de vacunación en todos los segmentos de edad a través de acciones que permitan impulsar la confianza de las personas en la vacunación. Una de esas acciones puede ser el generar una campaña de difusión que tenga como objetivo fortalecer la cultura de la vacunación en adultos como una acción fundamental para avanzar en el cuidado de la salud de todos los mexicanos.
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a realizar campañas de difusión para fomentar la confianza de la población en general en la vacunación.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a fortalecer la cultura de vacunación en adultos como una medida para promover un envejecimiento saludable.
Notas:
1. Remy et al., Vaccination: the cornerstone of an efficient healthcare system, J Mark Access Health Policy, 2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4802703/#:~:text=Vaccination%20was%20one%20of%20the,
deathspercentage20 (1%2Cpercentage202).
2. OMS, UNICEF, Banco Mundial. Vacunas e inmunización: situación mundial, tercera edición. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. Recuperado el 25 de enero de 2021 del sitio web:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44210/9 789243563862_spa.pdf?sequence=1
3. Datos y estadísticas de inmunización. Organización Panamericana de la Salud. Recuperadi el 27 de enero de 2022 del sitio web: https://www.paho.org/es/temas/inmunizacion/datos-estadisticas-inmunizac ion
4. WHO - Immunization coverage key facts.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immuniz ation- coverage
5. Anon (2008) Relación costo-efectividad de la vacunación de adultos mayores contra la influenza. Rev Panam Salud Publica;24(4) 286-287, oct. 2008. Recuperado el 27 de enero de 2022 del sitio web: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-498 92008001000009
6. WHO Europe Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/433813/Guidance-routine-immunization-services-COVID-19-pandemic.pdf
7. “Década del envejecimiento saludable”. Organización Mundial de la Salud. Publicado el 14 de diciembre de 2020. Recuperado el 31 de enero de 2022 del sitio web:
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/
decade-proposal-final-apr2020rev-es.pdf?sfvrsn=b4b75ebc_25&download=true
8. Esquema de vacunación. Secretaría de salud. Recuperado el 25 de enero de 2021 del sitio web: https://www.gob.mx/salud/articulos/esquema-de-vacunacion
9. “La importancia de la difusión en la salud pública”. Blog AMIIF. Recuperado el 27 de enero de 2022 del sitio web: https://amiif.org/la-importancia-de-la-difusion-en-la-salud-publica/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputado Emmanuel Reyes Carmona
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a vigilar el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad local, con prioridad en el concepto de diseño universal, a cargo de la diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Diana María Teresa Lara Carreón, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; en materia de vigilancia del cumplimiento de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, priorizando el concepto de diseño universal; al tenor de los siguientes antecedentes y considerandos:
Antecedentes
Con la reforma constitucional del año 2011, el enfoque de protección de los derechos humanos tomo especial relevancia. De esa manera se logró estipular que por mandato constitucional todas las autoridades del país deberán, en su actuación, considerar la mayor protección de los derechos de persona, así como de sus garantías individuales.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que la discapacidad “es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas en el mundo, poseen alguna forma de discapacidad.
Dicha estadística va considerable en aumento, lo cual ha obligado a todos los gobiernos del mundo a realizar acciones de política pública para la prevención y adecuación de la infraestructura de las ciudades y de las ideas morales de su sociedad; a fin de facilitar el libre tránsito, el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad.
Esa misma Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, incorporó en el año 2018, el concepto de Diseño Universal, señalando que por éste se entenderá “el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten”. Este concepto pone mayor énfasis en la planeación para la construcción de una sociedad accesible permanentemente, que no comulga con el enfoque de la adecuación improvisada, e insuficiente.
El concepto de accesibilidad debe estar presente de manera transversal en todos los programas para el diseño del desarrollo metropolitano. Tomando en cuenta a todas las personas que viven con algún tipo de discapacidad la cual puede ser física, mental, intelectual o sensorial.
Por lo anterior resulta pertinente señalar que la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, define la Accesibilidad, como “las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, y personas con movilidad limitada, en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, y a los servicios que se brindan en la Ciudad de México, garantizando su uso seguro, autónomo y cómodo.”
Considerandos
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, afirma que en México habitan 6,179,890 de personas con algún tipo de discapacidad permanente o temporal. En el caso de la Ciudad de México, se asegura que en ella viven 423,589 personas con algún tipo de discapacidad. De ellas 281 mil 77 son mujeres y 212 mil 512 son hombres.1
El 3 de diciembre del 2016, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se expidió la Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México,2 aprobada por la entonces denominada Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Esta ley establece, entre otras cosas, el derecho a la accesibilidad al entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el transporte para las personas con discapacidad y las personas con movilidad limitada e involucra la participación de 15 dependencias u oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Se estima que el 40% del total de infraestructura urbana y de transporte público de la ciudad de México no es accesible para la población discapacitada.
A pesar de que el Artículo 12 de la Ley de la Accesibilidad establece que todo edificio público y privado debe contar con una ruta accesible que garantice que todas las personas con discapacidad puedan utilizar los servicios que se ofrecen,3 es común encontrar espacios que no cuentan ni con los recursos más básicos de accesibilidad como rampas, espacios adecuados de desplazamiento, puertas especiales y sanitarios accesibles.
El informe Accesibilidad para la movilidad de la Secretaría para la Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México4 publicado en el 2020, dio a conocer entre los principales sistemas de transporte público de la ciudad, el avance en accesibilidad; a saber:
a. STC Metro: de 195 estaciones, 76 eran consideradas accesibles (38%).
b. Metrobús: de 265 estaciones, 261 eran accesibles (98%).
c. Tren ligero: de 18 estaciones, 7 eran accesibles (39%).
d. Trolebús: de 387 autobuses, 193 eran accesibles (50%).
Sin dejar de reconocer los avances logrados por las distintas dependencias encargadas de garantizar la accesibilidad universal en la Ciudad de México, se considera de vital importancia que se intensifiquen los esfuerzos institucionales para lograr que, en el menor tiempo posible, el 100% de espacios públicos de la Ciudad de México sean considerados accesibles para todas las personas, tal y como lo determina la Ley de la Accesibilidad citada.
El artículo 4o., de la citada Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México establece que la aplicación y cumplimiento de ese ordenamiento jurídico le corresponde a la Jefa de Gobierno de la citada Ciudad de México.
Por otra parte, el artículo 6o. de la misma Ley establece que es atribución del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (Indepedi), garantizar el cumplimiento de dicha Ley dentro del Subprograma de Accesibilidad y del Subprograma de Sensibilización, ambos del Programa para la integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.
Asimismo, al Indepedi le corresponde dar cumplimiento a las visitas y procedimientos de verificación administrativa respecto al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de accesibilidad física.
Es necesario señalar que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico citado, es atribución de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México la planeación y ejecución de obras para garantizar la accesibilidad.
Resulta indispensable que se intensifiquen los esfuerzos para lograr que todas las personas que poseen algún tipo de discapacidad puedan ejercer plenamente su derecho al libre tránsito y a la accesibilidad física a todos los servicios y espacios públicos.
Juntos, sociedad y gobierno, podemos lograr que la Ciudad de México se convierta en un ejemplo de ciudad accesible a la altura de las mejores del mundo.
Con base en lo aquí expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LXV Legislatura, exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; para que a través del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y, de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México intensifiquen las acciones de vigilancia y verificación del cumplimiento de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México y, para realizar acciones de planeación, así como de ejecución de obras para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad; priorizando el concepto de diseño universal.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Discapacidad, disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/
2 Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Decreto por el que se expide la Ley para la Accesibilidad de la Ciudad de México, disponible en:
http://aldf.gob.mx/archivo-cd13fb95d90f5e650103b386eae27 537.pdf
3 Ídem.
4 Cabrera, Mayra y Miranda, Jennifer. Accesibilidad para la movilidad. Gobierno de la Ciudad de México, disponible en: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Accesibilidad%20para%20la% 20Movilidad.pdf
Fuentes consultadas
1. Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024). Gobierno de México.
https://framework-gb.cdn.gob.mx/landing/documentos/PND.pdf
2. Ley Ambiental de Protección de la Tierra del Distrito Federal.
3. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo del año 2022.
Diputada Diana María Teresa Lara Carreón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conadis a publicar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a publicar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Debido al cambio paradigmático que representó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la forma en que se debe abordar el tema de discapacidad, en el Congreso de la Unión se tomó la decisión de elaborar una Ley en la materia capaz de establecer las bases para la armonización de la legislación nacional.
Así, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), que considera las directrices necesarias para que las personas con discapacidad logren ejercer sus derechos en circunstancias de igualdad, a través de 60 artículos distribuidos en cuatro títulos y 20 capítulos.
Entre ellos, se comprenden aspectos como el objeto de la ley, sus definiciones, así como el reconocimiento, cumplimiento y aplicación de los derechos de las personas con discapacidad.
También define de forma integral sus derechos en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información, así como el establecimiento del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En conclusión, la citada ley brinda mayor amplitud y sentido garantista, que permite la plena inclusión de las personas con discapacidad dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos, siendo necesaria la inclusión en el goce de derechos humanos y libertades.
2. De igual manera y como aspecto toral para el desarrollo de la coordinación de la política pública, la citada ley establece los lineamientos para la creación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señalando:
Capítulo XI
Lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Artículo 33. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el consejo, participarán en la elaboración y ejecución del programa, debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidas en la presente ley.
Artículo 34. El programa deberá cumplir los siguientes lineamientos generales:
I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas ;
II. Elaborar el programa con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta ley;
III. Establecer con claridad la política pública, metas y objetivos en materia de discapacidad en los tres niveles de gobierno;
IV. Cumplir la normatividad vigente para la elaboración de programas, supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de transparencia; y
V. Incluir lineamientos e indicadores de las políticas públicas, estadística, presupuestos, impacto social y todos aquellos que se estimen necesarios para una correcta y eficiente aplicación.
En este mismo contexto, el artículo 42 de la Ley general señala como responsable del Programa, a la persona titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad:
Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
II. Enviar el programa a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento;
[...]
3. Sin duda, esta ley ha representado un importante avance en el camino de la inclusión de las personas con discapacidad que permitió, entre otros logros, que fuera elaborado y coordinado el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, primero en la historia de nuestro país, el cual se publicó, el 30 de abril de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.
Dicho programa fue clasificado como especial y transversal a la administración pública federal y comprendía: 6 objetivos, 37 estrategias y 313 líneas de acción, de las cuales 27 son líneas de acción transversales y 6 indicadores, en los que se incluyen los siguientes temas:
• Armonización legislativa;
• Salud;
• Educación;
• Trabajo;
• Accesibilidad;
• Turismo;
• Derechos políticos;
• Impartición de justicia;
• Deporte;
• Cultura;
• Asuntos indígenas; y
• Asuntos internacionales.
Participaron en su elaboración 49 instituciones de la administración pública federal, gobiernos estatales y 700 organizaciones de y para personas con discapacidad con más de mil propuestas.
Para su seguimiento, el 5 de febrero de 2015, se estableció una agenda de trabajo y de coordinación con cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de acuerdo con lo siguiente:
1. Diagnóstico o inventario de información estadística, programas, acciones o servicios existentes en la institución.
2. Determinación de las acciones que darán cumplimiento a las líneas de acción correspondientes, así como de su indicador y meta, e identificación de necesidades presupuestales.
3. Revisión de las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU para, en su caso, determinar acciones que contribuyan a su respuesta.
4. Convenio de colaboración con el Conadis.
5. Revisión de reglas de operación y normatividad.
6. Incorporación del tema de discapacidad en las estrategias de comunicación social.
7. Capacitación de servidores públicos.
8. Coordinación de acciones para la atención ciudadana.
9. Revisión de las líneas de acción transversales, para incorporarlas en las agendas de trabajo.
10. Incorporación en grupos de trabajo a organizaciones de la sociedad civil.
11. Calendario de reuniones.
Como se expone, la ley general establece como una de las obligaciones de la persona titular del Conadis la creación, seguimiento y evaluación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, esto no ha ocurrido en la presente administración, por lo que el organismo tiene desde el 1 de diciembre de 2018 sin persona que lo encabece, que se traduce en tres años y dos meses sin responsable.1
Al día de hoy se desconoce la existencia de, siquiera, un proyecto de Programa, el cual de conformidad con la multicitada Ley, tenía que haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el primer trimestre de 2019.2 Tampoco se sabe de la existencia de convocatorias para realizar consulta previa a personas con discapacidad y organizaciones que las representan o alguna otro mecanismo de participación, como lo mandata el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.3
Es decir, tenemos tres años incumpliendo la LGIPD con dos rubros, sin un documento base de coordinación de política pública en materia de discapacidad en perjuicio de sus derechos y en contra de la inclusión social que debe permear en un Estado garantista.
Conforme a esos argumentos se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que
a) Publique, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que coordina la política pública en la presente administración, en cumplimiento de la fracción I del artículo 34 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
b) Envíe a las Cámaras de Congreso de la Unión el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento del artículo 42, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y
c) Acompañe este envío con la evidencia de la consulta previa a personas con discapacidad realizada, para la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conforme a lo establecido por el artículo 34, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Notas
1 Artículo 49. El director general será designado por el presidente de la República, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos, experiencia en materia administrativa y en materia de discapacidad; y
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del órgano de gobierno señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
2 Artículo 34. El Programa deberá cumplir los siguientes lineamientos generales:
I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas;
[...]
3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Artículo 4
Obligaciones generales
[...]
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
[...]
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales a llevar a cabo censos de árboles en todas las zonas urbanas del país, a cargo de la diputada Karen Castrejón Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputada Karen Castrejón Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El progreso de las sociedades humanas ha favorecido la urbanización, concentrando las viviendas y los centros de trabajo en determinadas porciones del territorio, a fin de hacer más eficiente el transporte de personas y mercancías, la atención de las necesidades básicas, al mismo tiempo que aumentan la disponibilidad y opciones de educación, salud, comercio, actividades culturales y recreativas, entre otros beneficios.
Por otra parte, los procesos de urbanización, especialmente cuando se realizan de manera desordenada, provocan degradación ambiental, a través de factores como la contaminación atmosférica, la pérdida de los ecosistemas naturales y la generación de residuos, además de circunstancias que reducen la calidad de vida de la población, como el hacinamiento, el sedentarismo y el estrés.
En 2018, la población urbana de todo el mundo se calculó en 4 mil 200 millones de personas, que representa 55 por ciento de la población total, y se prevé que esta proporción aumentará hasta alcanzar 68 por ciento hacia el año 2050, sobre todo en los países en desarrollo, por lo que se requieren acciones decisivas para impulsar la urbanización sostenible.1
Las ciudades del mundo ocupan sólo 3 por ciento de la superficie terrestre, pero representan entre 60 y 80 por ciento del consumo de energía, y 75 por ciento de las emisiones de carbono, de manera que la rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública.2
Para atender esta problemática de manera integral, el Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. Este objetivo incluye la meta 11.7 “De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.
En este sentido, los parques urbanos y espacios verdes ayudan a mitigar los efectos negativos de la urbanización, ya que brindan oportunidades para tener contacto con la naturaleza, realizar actividad física, mantener el contacto social y reducir el estrés, generando importantes beneficios para mejorar la calidad de vida y conservar la salud física y mental de las personas.
Las áreas verdes urbanas y, en especial los árboles, proporcionan importantes servicios ambientales como la captación de agua y producción de oxígeno; contribuyen a evitar la erosión del suelo y a disminuir los escurrimientos e inundaciones; capturan y almacenan dióxido de carbono (CO2), con lo que contribuyen a mitigar el cambio climático; y proporcionan alimento para diversas especies.3
Los árboles urbanos también brindan sombra, embellecen el paisaje, regulan la temperatura, contribuyen a disminuir y amortiguar los niveles del ruido, así como a conservar la biodiversidad, ya que sirven de hogar y refugio para diversas especies.
Recientemente, la disponibilidad de áreas verdes en las ciudades se ha vuelto un aspecto de creciente preocupación social y gubernamental, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 9 metros cuadros de espacio verde por habitante y que todos los residentes vivan a 15 minutos a pie de la zona verde.4
Por estas razones, los árboles urbanos son fundamentales para la sostenibilidad de las ciudades, de ahí la importancia de proteger las superficies arboladas como son los parques urbanos, jardines y camellones, entre otros.
En el ámbito legislativo federal, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, indica en su artículo 53, fracción IV, que la legislación estatal en materia de mejoramiento y conservación de los centros de población establecerá la previsión que debe existir de áreas verdes y espacios públicos. Asimismo, el artículo 54, fracción IV, establece que la legislación estatal de desarrollo urbano señalará la previsión que debe existir de áreas verdes y espacios públicos.
Por su parte, el artículo 59, fracción VII, de la misma ley, marca que los programas municipales de desarrollo urbano determinarán las normas para el diseño o adecuación de parques, plazas y áreas verdes. Y el artículo 74, fracción IV, indica que los planes o programas municipales de desarrollo urbano definirán la mejor localización y dimensiones de espacios públicos y zonas verdes destinados a parques, plazas, jardines o áreas de esparcimiento.
Lo anterior significa que la previsión, localización, diseño y adecuación de las áreas verdes y, por extensión, del arbolado urbano, es una responsabilidad compartida entre los gobiernos estatales y municipales.
A fin de proteger los árboles urbanos y aplicar mejoras a las áreas verdes, primeramente es necesario conocer y cuantificar los recursos con los que se cuenta. Actualmente existen diversos esfuerzos en esta línea, que han sido realizados por algunos gobiernos municipales de todo el país, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.
Es importante destacar el caso de la Fundación Impulso, AC, con su programa Patrimonio Verde, que consiste en el censo de árboles urbanos, a fin de cuantificar y reconocer el valor económico y ambiental que estos aportan, ayudando a los municipios a gestionar mejores partidas presupuestales para cuidar y ampliar su cobertura de árboles.5
Desde que inició el programa Patrimonio Verde, hasta la actualidad, se han concluido 6 censos de árboles urbanos en los municipios de:
• Ramos Arizpe, Coahuila, en 2018
• La Paz, Baja California Sur (BCS), en 2019
• Cajeme, Sonora, en 2019
• Isidro Fabela, Estado de México, en 2019
• Galeana, Nuevo León, en 2020
• Saltillo, Coahuila, en 2021
En cada censo se obtienen cifras en términos de superficie, densidad, población y especies presentes en los distintos tipos de áreas verdes (camellones, parques, plazas, panteones, rotondas, entre otros), además de un cálculo del valor económico total de los árboles censados.
Por ejemplo, para el municipio de La Paz, BCS, se cuantificaron 4 mil 794 árboles en una superficie de 0.64 kilómetros cuadrados (km2) de áreas verdes arboladas; se encontraron 69 especies, siendo la más abundante la palma cocotera (Cocos nucifera ). Por medio de una fórmula dendrométrica, el valor total de los árboles en las áreas verdes municipales se calculó en 1 mil 110 millones 439 mil 853 pesos con 64 centavos. A partir de estos datos, se han planteado propuestas y proyectos de reforestación y manejo sostenible de las áreas verdes del municipio.
Por estas razones, consideramos importante que estos esfuerzos se repliquen en todas las áreas urbanas del país, a fin de que los municipios cuenten con datos reales del valor económico de sus árboles, lo que les permitirá tomar decisiones informadas sobre reforestación, manejo sostenible, conservación y ampliación de las áreas verdes urbanas, contribuyendo a la sostenibilidad de las ciudades, así como a mejorar la salud y calidad de vida de la población.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que, en coordinación con los gobiernos municipales y, tratándose de la Ciudad de México, de las alcaldías, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil, lleven a cabo censos de árboles en las principales zonas urbanas del país.
Notas
1 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. (16 de mayo de 2018). Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. Consulta en línea el 23 de noviembre de 2021
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2 018-world-urbanization-prospects.html
2 Naciones Unidas. (Sin fecha). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Consulta en línea el 23 de noviembre de 2021 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
3 Lugo, G, Velázquez, F, UNAM-DGCS. (7 de julio de 2019). Los árboles, fundamentales para la vida en el planeta. Gaceta UNAM. Consulta en línea el 23 de noviembre de 2021
https://www.gaceta.unam.mx/los-arboles-fundamentales-para-la-vida-en-el-planeta/#:~:text=Los%20%C3%A1rboles%
20proporcionan%20servicios,cambio%20clim%C3%A1tico%3B%20tambi%C3%A9n%20proporcionan%20alimento.
4 Naciones Unidas. (29 de mayo de 2015). Temas Hábitat III. 11 - Espacio Público. Consulta en línea el 23 de noviembre de 2021 https://uploads.habitat3.org/hb3/Issue-Paper-11_Public_Space-SP.pdf
5 Fundación Impulso, A.C. (Sin fecha). Programas de la Fundación Impulso. Consulta en línea el 23 de noviembre de 2021 http://fundacionimpulso.com/programas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputada Karen Castrejón Trujillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Conapred a atender la denuncia de la mujer con discapacidad visual discriminada el 10 de marzo de 2022 por personal de Aeroméxico, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y los demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con base en sus atribuciones, a atender la denuncia presentada por la mujer con discapacidad visual que sufrió actos de discriminación el pasado 10 de marzo de 2022 por parte del personal de la aerolinea Aeroméxico y se gestione la disculpa pública de acuerdo con lo solicitado por la víctima, con base en las siguientes
Consideraciones
Hace más de 14 años que México se convirtió en parte de los Estados comprometidos en proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, al firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; sin embargo, hoy en día se siguen presentando sistemáticamente acciones de discriminación por motivos de discapacidad.
El pasado 10 de marzo de 2022, Érika Bernal, actriz ciega, y su perro guía Dozer, fueron maltratados por empleados de Aeroméxico en la terminal 2 de la Ciudad de México. Así lo denuncia ella misma en un video que comparte al público desde un sitio web dedicado a compartir videos.1
Desde un inicio, no le permitían abordar con Dozer y, fuera de los requerimientos de rutina, el empleado del mostrador le pedía certificado médico del animal de servicio, le alegaba que debía llegar con más tiempo de anticipación y tenía que hacer un gasto extra para obtener el certificado. Intervino una gerente de la aerolínea solo para empeorar las cosas. Por la cerrazón y falta de empatía del personal de Aeroméxico, Érika, integrante del colectivo Teatro Ciego, psicóloga y destacada en la escena del stand up, perdió su vuelo y no llegó a tiempo al compromiso que tenía en la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila, donde precisamente haría una presentación sobre las barreras que enfrenta una mujer con discapacidad visual en México, en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer.
Érika casi pierde un segundo vuelo por disposiciones absurdas de la aerolínea, pues relata que la querían obligar a subir a una silla de ruedas. En el colmo del maltrato y la discriminación, la empleada de Aeroméxico le pidió a Érika “tener empatía” para resolver la situación. Un vuelo de rutina para acudir a un compromiso de trabajo se convirtió en un día de pesadilla.2
Al respecto, la Universidad Iberoamericana Torreón difundió en sus redes sociales un comunicado en donde se pronuncia en contra de la discriminación en contra de la maestra y actriz:
“La Ibero Torreón, a través del Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, la Clínica Jurídica Óscar Romero y el Observatorio de Violencias Sociales y Experiencias Comunitarias, lamentan la discriminación que la aerolinea Aeroméxico realizó en contra de la maestra Érika Bernal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) [...]”
“[...] Es inconcebible que se le haya hecho una invitación para venir a reflexionar sobre los retos que enfrenta como mujer con discapacidad visual y que no haya podido llegar y participar en el evento por falta de conocimiento, de información, de sentido común y empatía de los trabajadores del aeropuerto y de la aerolínea. [...]”
“[...] Exigimos una respuesta pública a la aerolínea Aeroméxico y la intervención legal que corresponda a la Conapred [...]”3
La especialista Ximena Garmendía, quien fue sobrecargo y es columnista del ramo aéreo, señala que los lineamientos para abordar con un perro guía son los mismos en todas las aerolíneas del mundo y los pasos a seguir son “tan básicos y elementales que es inadmisible que los empleados de Aeroméxico no los respeten”.4
Lo expuesto anteriormente no es un hecho aislado de discriminación a personas con discapacidad usuarias de perros guía. Miguel Ángel Millán denunció a principios de marzo de 2022 que él y Ruger -su perro guía- han sido discriminados en Acapulco, Guerrero, pues les han negado el servicio de transporte público en varias ocasiones y se les ha negado la entrada a un centro comercial.5
Asimismo, el 7 de octubre de 2021, Veracruz fue escenario para discriminar a un joven pianista que acudió a un restaurante con su perro guía, el cual fue agredido por parte de los empleados del restaurante argumentando que “no había espacio para el animal”.6
Lucero Márquez sufrió discriminacion en un establecimiento de comida, emitió una denuncia ante el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Asimismo, la víctima expresó que luchará para erradicar acciones discriminatorias de estas grandes empresas de comida.7
Para poner de relieve la importancia del tema, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 12 millones 727 mil 653 personas que son débiles visuales.8
En este contexto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York,9 aprobada en México por el Senado de la República en septiembre de 2007,10 establece en el artículo 13: “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público...”.11
Aunado a ello, en materia de accesibilidad, en el inciso e) del artículo 9 del mismo instrumento jurídico se establece que los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para “ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público”.12
Por su parte, en el párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece:
“[...]Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”13
En el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se señala:
“Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.[...]”14
En el artículo 20 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación se establecen las atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación:15
“[...] XLIV. Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares y velar porque se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo; [...]”
“[...] XLVI. Emitir resoluciones por disposición e informes especiales y, en su caso, establecer medidas administrativas y de reparación contra las personas servidoras públicas federales, los poderes públicos federales o particulares en caso de cometer alguna acción u omisión de discriminación previstas en esta ley; [...]”
Por su parte, en el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil se estipula:
“Artículo 17. En la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.
Los servicios deberán prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio.”16
En el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se señala que “el proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad”; asimismo, en el mismo precepto jurídico se establece que “los proveedores están obligados a dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen. Dichas facilidades y dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan al discapacitado como consumidor.”17
En concordancia con lo establecido en nuestro marco normativo, corresponde a las autoridades del sector público promover las condiciones para que la libertad e igualdad de las personas sean reales y efectivas, así como impedir cualquier tipo de discriminación.No cabe duda de la importancia de los perros de asistencia o perros guía en el ejercicio de la autonomía, así como en el aumento de la independencia y dignidad de las personas que padecen ceguera o incluso otras discapacidades; por ello, la pertinencia de la presente proposición con puntos de acuerdo para seguir avanzando en la operatividad de los derechos de las personas con discapacidad. Las y los legisladores de la Cámara de Diputados no podemos ser omisos e indiferentes ante un tema como éste; todo lo contrario, debemos contribuir a la erradicación de cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, para que los hechos como los que se denuncian no vuelvan a repetirse.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con base en sus atribuciones, a atender la denuncia presentada por la mujer con discapacidad visual que sufrió actos de discriminación el pasado 10 de marzo de 2022 por parte del personal de la aerolinea Aeroméxico, y se gestione la disculpa pública de acuerdo con lo solicitado por la víctima.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, se fortalezcan las acciones para la protección de los derechos de las personas con discapacidad usuarias de perros de asistencia, asimismo, para que se implementen campañas que difundan sus derechos.
Notas
1 Aeroméxico debe disculpa a Érika, actriz ciega usuaria de perro guía. [Youtube]. Disponible en: https://cutt.ly/6SYdb0P. Consultado el 22 de marzo de 2022.
2 Íbid.
3 Programa de Derechos Humanos Ibero Torreón. [Facebook]. Disponible en: https://web.facebook.com/dh.iberotrc. Consultado el 22 de marzo de 2022.
4 Reporte Indigo. Aeroméxico discrimina a Érika Bernal, actriz invidente. Disponible en: https://cutt.ly/BSYnvjh. Consultado el 22 de marzo de 2022.
5 El Sol de Acapulco. Persiste discriminación contra invidente y su perro guía. Disponible en: https://cutt.ly/aSYKqAF. Consultado el 22 de marzo de 2022.
6 La Silla Rota Veracruz. Joven invidente acusa discriminación en tortería de Córdoba. Disponible en: https://cutt.ly/KSYVZlp. Consultado el 22 de marzo de 2022.
7 Sumédico. A mujer le niegan la entrada a churrería con su perro guía. Disponible en: https://cutt.ly/RSYVrUz. Consultado el 22 de marzo de 2022.
8 Instituto Mexicano de Oftalmología, IAP. Limitación visual: la discapacidad más frecuente y menos atendida en México en la última década. Disponible en: https://cutt.ly/QSYN6fI. Consultado el 22 de marzo de 2022.
9 “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” ONU, disponible en: <https://cutt.ly/wSYyiEN>, consultado el 22 de marzo de 2022.
10 Lara Espinosa, Diana, “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, en: https://cutt.ly/KSYyzn4, consultado el 22 de marzo de 2022.
11 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPer sonsWithDisabilities.aspx
12 Íbid.
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://cutt.ly/8SYulba. Consultado el 22 de marzo de 2022.
14 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Disponible en: https://cutt.ly/lSYu1EW. Consultado el 22 de marzo de 2022.
15 Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación. Disponible en: https://cutt.ly/FSYIG8J. Consultado el 22 de marzo de 2022.
16 Ley de Aviación Civil. Disponible en: https://cutt.ly/eSYipkh. Consultado el 22 de marzo de 2022.
17 Ley Federal de Protección al Consumidor. Disponible en:
https://cutt.ly/fSYiRYs. Consultado el 22 de marzo de 2022.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a practicar una auditoría de desempeño sobre la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco; y a la SFP, a investigar posibles actos irregulares en la adjudicación de contratos en el AIFA, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I. Entre el 25 y el 28 de octubre del 2018 se realizó la consulta denominada “México Decide” impulsada por el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Dicha consulta se realizó al margen de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Consulta Popular dado que no fue organizada por el Instituto Nacional Electoral ni cumplió con el procedimiento para la misma. En este ejercicio, el 69.95% de las 1,067,859 personas que votaron (lo que representó menos del 1% del padrón electoral entonces vigente) optó por rechazar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.1 A raíz del resultado de esta “consulta popular”, se canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de México también conocido como el NAIM.
Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación ha brindado diferentes cifras acerca del costo total de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En un primer momento, dicho organismo fiscalizador determinó en el informe de desempeño 1394-DE que, hasta aquel momento, el Estado Mexicano había gastado 163 mil 540 millones de pesos por cancelar dicho proyecto, sin embargo, aún faltaban por erogar 168 mil 426 millones de pesos, lo que sumaría un total de 331 mil 996 millones de pesos.2 y 3 Esto pues el 70% de los bonos emitidos para financiar dicho proyecto aún se encontraban pendientes de liquidar.4
A tan sólo unos días de que dicha información se diera a conocer, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, criticó el cálculo de la Auditoría Superior de la Federación el cual es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados el cual está dotado de autonomía técnica y de gestión. Textualmente López Obrador señaló lo siguiente:
“Exageran y no solo eso, están mal sus datos yo tengo otros datos, y se va a informar aquí y ojalá lo hagan ellos antes.”5
Después de las fuertes críticas efectuadas por el Titular del Ejecutivo Federal, la Auditoría Superior de la Federación, publicó el comunicado En relación con la auditoría de desempeño número 1394-DE relativa a la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco, la Auditoría Especial de Desempeño (AED), aclara lo siguiente:, en el que reconoció la existencia de inconsistencias referentes a la cuantificación realizada en la auditoría. Es decir, según este comunicado la metodología utilizada para determinar el costo total de la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco poseía deficiencias dado que en la misma se:
“[C]onsidera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero si un flujo de salida; asimismo, contempla Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos; además, contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación.”6
Posteriormente, en marzo de 2021, la Auditoría Superior de la Federación publicó el informe denominado Costo del esquema de financiamiento, construcción y terminación anticipada de contratos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) Al 31 de diciembre de 2019. En éste la Auditoría Superior de la Federación refiere que el costo de la terminación anticipada de los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue de 113,327.7 millones de pesos.7
La diferencia entre la primer y la segunda estimación realizada por la Auditoría Superior de la Federación por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México radica principalmente en que la segunda, es decir la de 113,327.7 millones de pesos, sólo contempla los costos efectuados hasta el 31 de diciembre de 2019, sin embargo, la primera, la de 331 mil 996 millones de pesos, contempla los costos a futuro que serán efectuados con posterioridad.
II. Ahora bien, pese a que uno de los principales argumentos para la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue la existencia de corrupción, de acuerdo con el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriú, la cancelación fue motivada por “causas técnico-financieras y no por corrupción”.8
Por su parte, de acuerdo con la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles prácticamente no han existido la transparencia dado que el 77.24% de los contratos de este proyecto fueron asignados por invitación restringida a proveedores mientras que el 22.76% de los contratos fueron otorgados por adjudicación directa.9
De acuerdo con la misma organización civil, durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, empresas que fueron creadas durante la presente administración, es decir, que carecen de antigüedad y experiencia, obtuvieron 21 contratos por más de mil 573 millones de pesos.10 Una de ellas, Alstef México, S.A. de C.V., fue creada el 24 de julio de 2020 y recibió un contrato por mil 475 millones mediante una adjudicación directa por la implementación de un sistema de manejo de equipaje.11 Esta empresa obtuvo el contrato tan sólo tres semanas después de su creación.
Del mismo modo, según la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad que tomó como referencia solicitudes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional, la empresa Prometallic vendió al Gobierno Federal acero para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por 184.5 millones de pesos. Cabe señalar que uno de los accionistas de esta empresa, Humberto Marcos, fue socio y administrador durante 12 años de la empresa Grupo Brandom, la cual fue acusada de vender 30 mil toneladas de leche en polvo de mala calidad es denominada como una empresa “fantasma” de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria.12 y 13
III. De igual manera, resulta necesario hacer mención de la operación simultánea que se pretende realizar entre varios aeropuertos en el espacio aéreo de la Ciudad de México. En este sentido, cabe señalar que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se encuentra a tan sólo 45 kilómetros de distancia del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Con la adaptación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se busca que se realice una operación simultánea entre éste, el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Sin embargo, diversas organizaciones y expertos en materia aeronáutica han criticado la alternativa de la operación simultánea en virtud de la altitud y la geografía accidentada propia de la Ciudad de México.14
Además, según FlightRadar, tres de cada cuatro aviones ingresan a la Ciudad de México por el norte.15 Ello, sin lugar a dudas, genera una complicación importante en la distribución del espacio aéreo. A continuación se cita un mapa elaborado por el diario El País a fin de clarificar la saturación del espacio aéreo de la Ciudad de México.
Fuente: El País .
Cabe mencionar que en 2014, el entonces Gobierno Federal descartó la operación simultánea entre los aeropuertos y optó por la creación de un nuevo aeropuerto en Texcoco. Lo anterior, tomando en consideración el análisis de la organización MITRE, la cual determinó en aquel momento que la operación conjunta aeronáutica podría resultar “preocupante al requerir la creación de un espacio aéreo sumamente complejo”.16
Por su parte, de acuerdo con María Larriva, quien fungió como ex controladora aérea la operación simultánea es inviable dado que:
“La incompatibilidad entre Santa Lucía y Benito Juárez estaba certificada desde hace 20 años (...) la orografía te limita. El diseño de las llegadas, las rutas para librar los cerros son las mismas para los dos aeropuertos”.17
IV. Lamentablemente, dado la premura de la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, el pasado sábado 12 de marzo un trabajador perdió la vida tras el colapso de una ballena en las obras de conexión entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles dentro del tramo de Lago de Guadalupe-Texcoco. El terrible acontecimiento sucedió cuando la cuarta trabe de concreto se fracturó e impactó otras tres trabes.18 Tras los hechos, la empresa Circuito Exterior Mexiquense refirió lo siguiente:
“continúa colaborando con las autoridades para determinar la causa raíz de los hechos. La compañía espera poder reanudar las labores de construcción de este tramo específico en los próximos días.“19
V. El pasado 21 de marzo de 2022 se inauguró oficialmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sin embargo, quedó en evidencia que aún existen elementos por concluir. Esto pues los baños del inmueble aún no cuentan con agua, las opciones de servicios de comida para las y los pasajeros es sumamente limitada y las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles aún no han concluido.
Finalmente, la construcción del aeropuerto no ha concluido ya que de acuerdo con el Plan Maestro y con la Mesa Integradora Técnica del Proyecto, la última etapa de este proyecto aeroportuario concluirá hasta el año 2052, es decir, en 30 años.20
VI. De igual manera, 12 pueblos originarios de Tecámac se pronunciaron en contra de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en virtud de que dicho proyecto violenta su propia Manifestación de Impacto Ambiental ya que se minimizan “los impactos y afectaciones ambientales en territorios y regiones históricamente invisibilizadas e instrumentalizadas como zonas de sacrificio ambiental.”21
Asimismo, de acuerdo con el Comunicado 12 pueblos originarios de Tecámac frente a la inauguración del AIFA, resulta sumamente preocupante que se pueda agudizar el desequilibrio hídrico que afecta al acuífero Cuautitlán-Pachuca lo que dejaría sin agua a los pueblos originarios de esta región.22
Por su parte, los 12 pueblos originarios de la región refirieron que el Gobierno Federal se había comprometido a construir un acueducto a fin de reimportar el agua al acuífero del Valle de Mezquital. Sin embargo, los signatarios refieren que hasta el momento no existe proyecto alguno de Conagua ni un acueducto.23
Además, en dicho comunicado se denuncia la mala calidad del agua del acuífero del Valle de Mezquital dado que la calidad del agua se encuentra “por encima de los máximos permisibles de arsénico, cadmio, plomo, metales pesados e incluso manifestó que en algunos pozos el agua contiene radioactividad e hidrocarburos, causantes de enfermedades como distintos tipos de cáncer renales, osteoporosis, dermatitis, cólera, amibiasis, fiebre tifoidea entre otras.”24 En virtud de lo anterior, resulta evidente que la mala calidad del agua puede afectar la salud de las y los mexicanos.
La situación denunciada por los pueblos originarios por la falta de agua en la zona se evidenció cuando el martes 21 de marzo diversos pasajeros exhibieron que los baños del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no tenían agua.25
VII. En cuanto al marco jurídico, en primer lugar resulta necesario apuntar que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que los recursos públicos deben ejercerse con eficacia, economía, transparencia y honradez. Dicho artículo refiere textualmente lo siguiente:
“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. (...)”26
Por su parte, el artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, refiere de igual forma que los recursos públicos deberán de ser administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad. A la letra dicho artículo dispone lo siguiente:
“Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.”27
En este sentido resulta evidente que el hecho que prácticamente el 100% de los contratos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hayan sido adjudicados a través de adjudicación directa o por invitación cuando menos a tres personas en lugar de una licitación pública puede incentivar la comisión de actos de corrupción dado que la competencia es limitada.
Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, a efectuar una auditoría de desempeño relativa a la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco que contemple todos los gastos efectuados y por efectuar, que ha implicado la terminación anticipada de los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta el 21 de marzo de 2022.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a investigar la existencia de posibles actos irregularidades dentro de la adjudicación de contratos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, específicamente respecto de aquellos otorgados mediante adjudicación directa e invitación.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a garantizar la seguridad de las y los pasajeros que utilicen el Aeropuerto Internacional de Toluca, del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en virtud de la complejidad del rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México y de la operación simultánea de las tres terminales aéreas
Cuarto . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a concluir antes del año 2052 la última etapa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que diseñe y comience la construcción de un acueducto que garantice el acceso al agua limpia y de calidad a los pueblos originarios de Tecámac así como al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Notas
1 Redacción. (2018). Resultados consulta México Decide: mayoría de votantes rechaza construir el nuevo aeropuerto. BBC News Mundo. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46015692>
2 Munguía, A. (2021). Cancelar el NAIM costó lo equivalente a 4 aeropuertos de Santa Lucía: ASF. El Financiero. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46015692>
3 Ureste, M. (2021). Cancelar el NAIM costará 331 mil mdp, estima la Auditoría; no 100 mil mdp como dijo gobierno de AMLO. Animal Político. Recuperado de:
<https://www.animalpolitico.com/2021/02/cancelar-naim -costara-triple-no-como-dijo-gobierno-amlo/>
4 ídem.
5 Animal Político. (2021). AMLO reclama y la Auditoría se retracta sobre aeropuerto de Texcoco. Animal Político. Recuperado de: <https://www.animalpolitico.com/2021/02/auditoria-reconoce-error-cal culo-costo-cancelacion-texcoco/>
6 Auditoría Superior de la Federación. (2021). En relación con la auditoría de desempeño número 1394-DE relativa a la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco, la Auditoría Especial de Desempeño (AED), aclara lo siguiente:. Cámara de Diputados. Recuperado de:
<https://www.asf.gob.mx/uploads/72_Boletines_de_prens a/COMUNICADO_ASF_3-2021.pdf>
7 Auditoría Superior de la Federación. (2021). Costo del esquema de financiamiento, construcción y terminación anticipada de contratos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM). Auditoría Superior de la Federación. Recuperado de:
<https://www.asf.gob.mx/uploads/5210_NAICM/NAICM.pdf>
8 Munguía, A. (2019). NAIM fue cancelado por causas técnico-financieras y no por corrupción: Jiménez Espriú. El Financiero. Recuperado de: <https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/naim-fue-cancelado-por-cau sas-tecnico-financieras-y-no-por-corrupcion-jimenez-espriu/>
9 Durán, V. (2022). El aeropuerto del ‘dedazo’ militar. Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Recuperado de: <https://contralacorrupcion.mx/aeropuerto-santa-lucia-dedazo-militar />
10 Ayala y Durán. (2022). Empresas recién creadas reciben contratos por $1,573 millones en aeropuerto. Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Recuperado de: <https://contralacorrupcion.mx/empresas-recien-creadas-reciben-contr atos-por-1573-millones-en-aeropuerto/>
11 ídem.
12 Mendieta, E. (2019). Empresa de NL que vendió leche de mala calidad a Venezuela es “fantasma”: SAT. Milenio. Recuperado de: <https://www.milenio.com/negocios/sat-confirma-empresa-fantasma-lech era-nl>
13 Corzo y Fernández. (2022). Proveedor de Santa Lucía, ligado a empresa que lavó dinero en Venezuela. Recuperado de: <https://contralacorrupcion.mx/proveedor-de-santa-lucia-ligado-a-emp resa-fantasma-que-lavo-dinero-en-venezuela/>
14 Cullell, J. (2022). La compatibilidad entre el AIFA y el Benito Juárez: el debate sin cerrar sobre el espacio aéreo. El País. Recuperado de: <https://elpais.com/mexico/2022-03-20/la-compatibilidad-entre-el-aif a-y-el-benito-juarez-el-debate-sin-cerrar-sobre-el-espacio-aereo.html>
15 ídem.
16 ídem.
17 ídem.
18 El Sol de Toluca. (2022). Fallece trabajador en obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía tras colapsar ballena. El Sol de Toluca. Recuperado de:
<https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/valle-de- mexico/fallece-trabajador-en-obras-del-nuevo-aeropuerto-de-santa-lucia- tras-colapsar-ballena-7982564.html>
19 ídem.
20 Gutiérrez, M. (2022). Los planes del Ejército para el AIFA en las próximas décadas; en 30 años estará operando al 100% de su capacidad. LatinUs. Recuperado de:
https://latinus.us/2022/03/21/
planes-ejercito-aifa-proximas-decadas-en-30-anios-estara-operando-100-por-ciento-capacidad/
21 12 Pueblos Originarios de Tecámac. (2022). Comunicado 12 Pueblos originarios de Tecámac frente a la inauguración del AIFA. 12 Pueblos Originarios de Tecámac. Recuperado de:
https://twitter.com/chimaovm/status/1506032275775004673?t=3PnTdejBAZkXskPE5NNOUA&s=19
22 ídem.
23 ídem.
24 ídem.
25 Proceso. (2022). Usuarios denuncian falta de agua en los baños del AIFA. Proceso. Recuperado de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/21/usuarios-denuncian-falta-de-agua-en-los-banos-del-aifa-282913.html
26 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados.
27 Cámara de Diputados. (2000). Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a mejorar los mecanismos de seguridad local, a cargo del diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Bruno Blancas Mercado, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados, exhorta al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con la finalidad de mejorar los mecanismos de seguridad dentro del territorio jalisciense, con base en las siguientes
Consideraciones
La Secretaría de Seguridad del estado Jalisco, atendiendo al Plan Estatal de Desarrollo propuesto por el titular del Ejecutivo, busca garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos, sin embargo, en lo que va del año, el estado de Jalisco ha presentado el incremento de índices de violencia de diversas modalidades.
El hecho resulta alarmante ya que denota la falta de mecanismos de seguridad que salvaguarden a la ciudadanía, lo que demuestra la urgencia de implementar políticas públicas eficientes por parte del gobierno local quien a través de la Ley del Sistema de Seguridad Pública estableció en su artículo 2, fracción II
Artículo 2°. La seguridad pública es la función gubernamental que prestan en forma institucional, exclusiva y en el ámbito de su competencia, el Estado y los municipios, la cual se regirá bajo los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, respetando del gobernado sus derechos humanos consagrados en nuestra carta magna y la Constitución particular del Estado. La seguridad pública tendrá como fines:
II. Mantener el orden y la tranquilidad pública en el estado;
Este principio es respaldado por el artículo 21 constitucional que estipula la función de la seguridad pública para el salvaguardo de la vida de las personas, además de contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha presentado los datos duros y la estadística referente a la incidencia delictiva, concentrado por cada estado. Los presuntos delitos registrados en lo que va del 2022 son 159,044, lo que resulta alarmante debido al número tan elevado a inicio del año. Dentro de la estadística presentada se pueden apreciar los estados con mayor incidencia presentada en periodo antes mencionado; en primer lugar, se encuentra el Estado de México con 30,987, seguido de la Ciudad de México 16,433, posteriormente Guanajuato con 11,148 y en cuarto lugar el estado de Jalisco con 9,902 .
Fuente: Elaboración con datos de Incidencia Delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Por otra parte, la plataforma de divulgación de información sobre seguridad del estado de Jalisco presentada de manera mensual, demuestra la estadística referente a la incidencia delictiva local, la cual se ha mantenido en números constantes al alza desde 2021 y lo que lleva del 2022. Por ello, un objetivo esencial es la implementación de mecanismos que permitan la disminución progresiva del estadístico a partir de las facultades y compromisos del gobierno local, prestando principal enfoque a las zonas con mayores índices.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Seguridad del Estado de Jalisco
La información presentada por el gobierno local, desglosa los delitos contra la vida de las personas, que resultan ser los que más impactan en los indicadores de violencia del estado; con un total de 2,118 en lo que va del año; 2,059 es la cifra de los homicidios dolosos. Denotando los problemas de inseguridad que prevalecen, probablemente debido a acciones internas que frenan las estrategias implementadas desde otros órganos. Cabe destacar que la información proporcionada, aún no cuenta con actualizaciones a fin de realizar comparativos objetivos sobre las circunstancias en materia de seguridad de estado.
Los objetivos principales del ámbito de seguridad pública deben ser garantizar la paz y la tranquilidad de la población, sin distinción alguna. La presencia de las Fuerzas Armadas en el estado es a raíz del compromiso del ejecutivo para hacer frente a los problemas de inseguridad tan notorios; esta presencia genera confianza por parte de la ciudadanía ante los eventos vividos por la falta de mecanismos locales que garanticen la seguridad de esta.
La colaboración por parte del gobierno local establecerá mecanismos que coadyuven al trabajo que han venido realizando las fuerzas armadas ante los índices tan alarmantes de violencia vividos en el estado, principalmente por cuestiones de narcotráfico. ´
Ante la emergencia, las fuerzas han sido desplegadas a lo largo del estado, sin embargo, al contar con un número específico de elementos, se han organizado en equipos pequeños que en ciertas circunstancias no tienen el respaldo suficiente para hacer frente pese a contar con entrenamiento especializado, lo que vulnera las filas organizadas, propiciando una transgresión directa a su derecho de seguridad como ciudadanos dentro del territorio jalisciense, a partir de este antecedente, es fundamental que el gobierno local establezca medidas de seguridad que colaboren con el trabajo desempeñado por otros organismos de seguridad, logrando establecer un círculo de apoyo.
Las políticas públicas enfocadas al salvaguardo de la seguridad, permitirán restablecer la confianza en la autoridad y brindar a la ciudadana una más pronta y mejor atención en materia de seguridad pública, tanto preventiva como de respuesta, ante conductas que son contrarias al orden legal y a la convivencia social, ya que al actuar en función de las necesidades de los ciudadanos sin distinción se logrará una conciliación civilizada de los derechos de todos los actores sociales; resultando en paz. No basta con que existan leyes, debe garantizarse un estado de derecho y de esa manera generar la certidumbre de la sociedad. “El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”
Sujeto a las condiciones previamente dichas, resulta fundamental exhortar a las áreas competentes a través del gobernador a fin de establecer mecanismos de acción que antepongan el bienestar de los usuarios garantizando la seguridad de la ciudadanía sin distinción.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez apelando a sus funciones dentro del cargo con la finalidad de mejorar los mecanismos de seguridad dentro del territorio jalisciense
Bibliografía
https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-zacat ecas-mantienen-vigilancia-fuerzas-federales-limites
https://plataformaseguridad.jalisco.gob.mx/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-alfar o-reconoce-incremento-homicidios-fosas-feminicidio
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=20752#
https://www.inegi.org.mx/app/estatal/#grafica
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/21/la-lis ta-negra-de-los-10-estados-donde-se-registran-mas-homicidios/
https://www.gob.mx/sesnsp
https://drive.google.com/file/d/1KwiEFeiTIg2eTG0HW3kpHrA QRBZZpXCo/view
https://www.informador.mx/jalisco/
Notoria-la-inseguridad-en-Jalisco-dice-AMLO-y-llama-a-aplicarse-mas-a-las-autoridades-20210811-0052.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2022.
Diputado Bruno Blancas Mercado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Sedema sobre la protección del ajolote, a cargo de la diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Diana María Teresa Lara Carreón, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ingeniera María Luisa Albores González, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y a la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México en materia de protección de la especie denominada ajolote mexicano; al tenor de los siguientes antecedentes y considerandos:
Antecedentes
A nivel mundial, nuestro país ocupa el cuarto lugar entre los países que poseen la mayor cantidad de especies de anfibios (360)1 Entre ellas se incluye al ajolote, que se encuentra en peligro de extinción; en virtud del daño al medio ambiente producido por la especie humana y las enfermedades causadas por hongo y algunos virus también transmitidos por los seres humanos al invadir su habitad y al manipularlo para estudiarlo.
El ajolote mexicano, axolotl o Ambystoma mexicanum está en situación crítica de peligro de extinción, pues quedan menos de 100 individuos en libertad en Xochimilco, y se desconoce cuántos habrá en La Magdalena Contreras. Aunque hace veinte años había seis mil ajolotes por kilómetro cuadrado, en la actualidad puede haber menos de treinta.
En La Magdalena Contreras se ve a los ajolotes sobreviviendo a las malas condiciones del ambiente, en pozas o estanques naturales que los miembros de la comunidad se han esforzado por proteger contra la actitud depredadora de los turistas que visitan los dinamos y que tratan de atraparlos con redes improvisadas, llegando incluso a bañarse en los estanques, sin importarles que el agua se contamine; poniendo en peligro permanente a la especie, ante la completa ausencia de las autoridades que deberían brindarles seguridad.
Los anfibios como el Ajolote juegan un papel fundamental como sensores del medio ambiente que habitan. Su estado refleja de manera simbiótica el estado del medio ambiente. En definitiva, no le es fácil adaptarse a las nuevas condiciones atmosféricas. Aunque de manera paulatina se han descubierto cada vez más atributos benévolos de los ajolotes, algunos de ellos se relacionan con la protección de la salud humana.
Los Dinamos, en la Demarcación La Magdalena Contreras, se ubica como una de las zonas del área metropolitana que junto con los humedales de Xochimilco son las dos principales zonas de ubicación del ajolote, en los arroyos y manantiales; donde ha sobrevivido de manera prácticamente silvestre.
Los expertos afirman que los ajolotes no sobrevivirán más de 15 años de manera silvestre, en la Ciudad de México, en los humedales de Xochimilco; situación que es aún más crítica para los ajolotes de la Magdalena Contreras.
Mientras el Sistema Lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, es un Área Natural Protegida y está en la lista de humedales de importancia internacional RAMSAR. A lo que debe agregarse que la zona fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987. Los ajolotes mexicanos de la zona de La Magdalena Contreras no tienen la misma suerte.
Considerandos
Existen muchas razones para tener claro que resulta indispensable que tomemos medidas eficaces para rescatar al ajolote mexicano de su inminente extinción. Entre ellas podemos destacar que se trata de una especie que ha maravillado a los científicos, porque tiene atributos extraordinarios: entre los que pueden señalarse los siguientes: alcanza la madurez sexual sin cambiar su forma larvaria y posee la excepcional capacidad de regenerar miembros.
Para salvar de la extinción al ajolote, es necesario instrumentar medidas eficientes para reducir el efecto nocivo que imprimen sobre él, la urbanización; el uso de fertilizantes en la agricultura; la mala ubicación y control de los proyectos productivos basados en la reproducción de tilapia en cautiverio.
El primer paso para la protección del ajolote mexicano, radica en proteger los humedales, arroyos y estanques naturales en los que se reproduce de manera libre o silvestre y que parecen estar bajo el cuidado de los miembros de la comunidad que se interesan en proteger la especie, pero que carecen de recursos para hacerlo.
Es preciso promover la identidad histórica y cultural que nos une con el ajolote, pues en la época prehispánica los aztecas lo consumían como alimento, aprovechaban sus propiedades curativas y respetaban el papel relevante de la especie para la protección de la naturaleza.
Se trataba de un alimento muy apreciado. Sus propiedades medicinales lo han incorporado a la medicina tradicional; en forma de jarabe, pomada o infusiones, contra padecimientos respiratorios.
Es preciso señalar que la NOM-059-2010-Semarnat, reconoce en el ajolote su calidad de especie en riesgo de extinción. Pero ello no es suficiente para salvarla. Las autoridades locales y federales deberán realizar esfuerzos conjuntos y coordinados para que las acciones de protección tengan el efecto deseado.
Aunque se deben reconocer los esfuerzos por garantizar su supervivencia en medios de reproducción controlada, no ha sido suficiente, pues al reincorporar los pocos ejemplares a la vida silvestre; quedan expuestos a los depredadores y a los factores del medio ambiente que obran en contra de su permanencia saludable en su habitad. Es necesario señalar que estas prácticas están enfocadas a la zona de Xochimilco y no a la de La Magdalena Contreras.
Es necesario que el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México, en coordinación con la ciudadanía se comprometan seriamente con la recuperación del Ajolote Mexicano; salvándolo así de la extinción.
Con base en lo aquí expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con,
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LXV Legislatura, exhorta respetuosamente a la ingeniera María Luisa Albores González, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y a la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a realizar las acciones, en el ámbito de sus competencias, necesarias para proteger la vida silvestre del ajolote mexicano que se reproduce en el área protegida de La Magdalena Contreras, incluyendo el control y vigilancia de las zonas de reproducción; contra los depredadores y los turistas que con su presencia y acciones puedan constituir una amenaza para la especie.
Nota
1 Boletín UAM. *Con la reproducción del carismático ajolote, el CIBAC ha evitado la extinción de este animal
https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/350-1 8.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de marzo del año 2022.
Diputada Diana María Teresa Lara Carreón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y la SE a intervenir como mediadoras entre los productores del Sistema Productivo Mexicano de la Cebada Malta y la industria cervecera consumidora de este grano para llegar a buen término en la negociación comercial de 2022, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, Rubén Ignacio Moreira Valdez, María de Jesús Aguirre Maldonado, Ismael Alfredo Hernández Deras, Janet Márquez, Roberto Carlos López García y María Refugio Camarena Jauregui, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados. someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Economía a intervenir como mediadores entre los productores del Sistema Productivo Mexicano de la Cebada Malta y la industria cervecera consumidora de este grano, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La cebada es un grano muy importante para la industria cervecera del que se siembran 340 mil hectáreas en 8 entidades del país, entre las cuales destacan Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, estado de México, Durango, Zacatecas y Guanajuato.
De la superficie total, 50 mil hectáreas cuentan con riego, aunque en el último ciclo de siembra otoño-invierno se alcanzaron a sembrar sólo 14 mil hectáreas.
Es un cultivo de ciclo corto, ampliamente adaptado a las zonas templadas del altiplano mexicano al que se dedican más de 100 mil productores, integrantes en el Sistema Productivo Nacional Cebada Malta.
Año con año se ha presentado una problemática recurrente para la fijación del precio del grano. La industria ha tenido poco acercamiento para que los productores obtengan mayores beneficios, una relación comercial más equilibrada.
Las propuestas de precio por parte de la industria, han generado poca respuesta por parte de los productores, quienes tienen expectativas mayores.
Anteriormente la industria cervecera ha ofrecido un precio base por tonelada de 7 mil 100 pesos. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado contratar el producto para el ciclo primavera-verano de 2022 debido a la fluctuación de los precios de insumos y fertilizantes que mantienen una tendencia creciente con alto grado de volatilidad, que hace menos rentable el cultivo.
La situación se ha ido complicando, por ejemplo, en Hidalgo la llegada de Grupo Modelo no ha significado algún avance respeto a los precios de la cebada, la automatización no ha impactado en la generación de empleo y hay un rechazo sensible hacia la industria por los altos volúmenes de agua extraídos de los acuíferos que ya se reportan en veda.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Economía a intervenir como mediadores entre los productores del Sistema Producto Mexicano Cebada Malta y la industria cervecera consumidora de este grano para llegar a buen término en la negociación comercial de 2022. Y que la industria respete las negociaciones en virtud que no celebren contratos con los productores hasta que no esté definido el precio del grano.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de marzo de 2022.
Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Ismael Alfredo Hernández Deras, María Refugio Camarena Jáuregui, Roberto Carlos López García, Janet Márquez.
Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales a tomar medidas conducentes a prevenir, sancionar y erradicar la venta en puestos semifijos o ambulantes de uniformes, insignias, credenciales de identificación u otros elementos utilizados en instituciones de Fuerzas Armadas, seguridad pública o procuración de justicia, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, la diversidad de delitos que se comenten en nuestro país nos obliga no sólo a estar actualizados a la par de la diversificación de la delincuencia, sino también a mantenernos vigilantes para inhibir esos delitos que atentan en contra de toda la ciudadanía y sociedad en su conjunto, así como también respecto a su incidencia.
Se entiende por incidencia delictiva a “la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la República en el fuero federal”.1
El registro de lo anterior no es un propósito menor, por el contrario, es requisito fundamental para abatir los actuales índices y tasas prevalecientes en materia de inseguridad pública y más aún si estamos padeciendo la pesada carga heredada en materia delictiva de los gobiernos pasados, no sólo en cuanto a la delincuencia organizada se refiere, sino también de esos delitos comunes que también son de gran impacto en la sociedad por su frecuencia y por la normalización y la cotidianidad que desafortunadamente ya presentan en la actualidad.
Por eso, la estrategia en contra de la delincuencia en nuestro país debe ser integral. Ésta no solo debe abarcar la identificación del delito, seguimiento, investigación y castigo o sanción, sino que forzosamente debe abarcar de igual manera la consolidación de la prevención, la denuncia y la reparación del daño hacia las víctimas, incluso, si llegara a ser necesario, debe abarcar la protección a la víctima durante y después del proceso. En lo anterior el reto es mayúsculo.
Basta señalar que, de acuerdo a información oficial, tenemos a nivel nacional una tasa de 25.6 por ciento en homicidio intencional.2
En materia de secuestro, presentamos para julio de 2021, una tasa anualizada a nivel nacional del 0.7 por ciento.3
Asimismo, en materia de extorsión a nivel nacional presentamos una tasa anualizada y creciente de 7.3 por ciento.4
En lo que se refiere al robo de vehículo con violencia presentamos una tasa anualizada de 32.2 por ciento a nivel nacional y en robo de coche sin violencia tenemos una tasa de 51 por ciento.5
Y así podríamos seguir con toda una gama de delitos lamentablemente presentes en nuestro día a día como lo es el feminicidio, el tráfico de menores, el rapto, la trata de personas, el abuso, acoso y hostigamiento sexual, la violación, el robo a casa habitación, de autopartes, a transportistas, a transeúnte, el fraude, la violencia familiar o violencia de género, tan sólo por mencionar algunos de los delitos que tenemos la obligación de prevenir, sancionar y erradicar.
Para cumplir con la encomienda anterior insisto en que es indispensable estar conscientes de que sólo mediante la integralidad vamos a tener la capacidad de reducir y hacerle frente a las actuales condiciones en materia de inseguridad que tenemos y padecemos todos por igual.
Para ello no hay ni delito insignificante ni amenaza menor que no deba ser atendida, o bien, que podamos ignorar y tampoco hay esfuerzo imperceptible.
Desafortunadamente, hay muchos delitos que podemos asumir dentro de lo señalado en el párrafo anterior.
Uno de estos delitos que tanto ha lastimado a la sociedad, que ha permeado profundamente en el tejido social y que tanto mal hace no sólo al momento de la comisión del mismo, sino también a mediano y largo plazo para quienes desafortunadamente lo sufren es el robo a casa habitación.
El delito de robo a casa habitación, ya sea con violencia o sin ella, deja en las víctimas una sensación sumamente negativa y de larga duración, porque no sólo deja el sentimiento de impotencia inmediata, sino también de rabia, coraje, miedo, inseguridad e incertidumbre, pues es el hogar el que es violentado y vulnerado, es decir, el espacio en donde todos deberíamos sentirnos seguros, protegidos y resguardados.
Por ello, cuando alguien ajeno o desconocido entra al hogar con la intención de delinquir, es decir, a robar, a amenazar, a tener secuestrada a la familia, se trunca esa condición de seguridad que mantiene este espacio para quienes lo habitan, lo cual genera mucha intranquilidad, paranoia y vulnerabilidad permanente durante un largo tiempo.
Además, el robo a casa o habitación suele ser generalmente robo con un monto elevado de lo arrebatado al patrimonio familiar, que incluso muchas veces no es recuperado en su totalidad. Lo hurtado puede ir desde dinero en efectivo, hasta electrodomésticos, equipo electrónico, ropa y hasta títulos de propiedades o vehículos y sus correspondientes documentos.
Adicional a esto, muchas veces se ve inhibida la denuncia por diversos factores. Ya sea el miedo a las represalias de parte de los delincuentes, la desconfianza prevaleciente hacia nuestras autoridades, o bien, por un factor que nos lleva al delito particular, el cual es el objeto a atender por medio del presente punto de acuerdo.
Me refiero particularmente al delito de robo a casa-habitación que se presenta cuando desconocidos llaman a nuestra puerta, ataviados con uniformes ya sea de corporaciones de seguridad pública o militares, o bien, con distintivos y uniformes de empresas ya sea públicas o privadas proveedoras de servicios diversos sin pertenecer a ellas.
Desafortunadamente, se han registrado cada vez más robos con o sin violencia a casas en todo nuestro territorio por parte de personas con uniformes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de empresas de mensajería y paquetería, de Teléfonos de México (Telmex) o de cualquier empresa prestadora de servicios de internet o telecomunicaciones, tan sólo por mencionar algunos ejemplos.
Pero la verdad es que la variedad y gama de opciones de uniformes de empresas e incluso de fuerzas de seguridad pública o militar de las cuales se valen los delincuentes para tocar a nuestra puerta y lograr que uno abra para posteriormente amenazarnos, entrar al domicilio, secuestrarnos y robarnos, es lamentablemente amplia y de fácil acceso para los delincuentes.
Esta particularidad identificada en la comisión del delito de robo a casa habitación inhibe en muchos casos y por sí sola la denuncia porque las víctimas asumen equivocadamente que las autoridades considerarán como un atenuante o como un criterio para desistirse en la investigación del delito el hecho de que uno mismo abrió la puerta del hogar, otorgando indirectamente el consentimiento para el acceso al domicilio. En otras palabras, nosotros mismos caímos en el engaño.
Esta situación, además, es asumida por las víctimas como un factor que deja en segundo término el robo o sustracción de las pertenencias.
Por este motivo, desafortunadamente, esta modalidad de robo a casa-habitación se está extendiendo ampliamente en nuestro país. Cada vez es más usada esta modalidad por los delincuentes y, a pesar de las medidas que se han difundido en materia de prevención de este delito, sigue siendo muy elevada su incidencia.
Tan sólo basta señalar que en este año 2021, de acuerdo a cifras oficiales, entre el periodo comprendido en los meses de junio a julio, es decir en pleno confinamiento por las medidas sanitarias debido al Covid-19, el robo a casa-habitación se incrementó en 1.6 por ciento.6
Lo anterior es incomprensible si asumimos que por estar todavía en confinamiento parcial y en periodo escolar, la gran mayoría o una parte de la familia, se encontraba presente en el hogar y con ello se evitaba directamente caer en ese delito.
Esta modalidad del robo a casa-habitación en la cual mediante el uso de uniformes e identificaciones falsos de un prestador de servicios se accede al hogar, facilita la consumación del delito y la sustracción de las pertenencias de las familias. Además, este delito se da a cualquier hora del día, sin importar que sea temprano o tarde, o bien, sin necesidad de esperar a que sea de noche.
Adicionalmente, cabe señalar y resaltar que quienes incurren en este condenable delito no son delincuentes aislados o improvisados, sino que se trata de bandas delictivas perfectamente organizadas y estructuradas, algunas de ellas incluso integradas con delincuentes extranjeros, con una capacidad económica elevada que les permite operar en cualquier zona de nuestro territorio, en cualquier ciudad de nuestro país.
A la par de lo anterior, no sólo se han incrementado los delitos de robo a casa-habitación sino también el robo, la extorsión e incluso el secuestro, valiéndose del uso de uniformes de equipos de seguridad pública o militar, completamente equipados, incluso con armamento, derivándonos en casos de retenes falsos o detenciones arbitrarias que permiten la consumación del delito.
Todo ello ha sucedido por omisión no sólo de las autoridades, sino también por omisión en nuestra legislación; ya que en el Código Penal Federal únicamente se atiende el uso de uniformes oficiales como usurpación de funciones, pero no se prohíbe ni se sanciona la venta indiscriminada de estos uniformes, ya sea de cuerpos de seguridad pública, militar, o bien, de empresas tanto públicas como privadas prestadoras de servicios diversos.
Es muy común, cotidiano y socialmente aceptado, encontrarnos con puestos semifijos o ambulantes en alguna esquina, algún mercado, o bien, algún tianguis, donde se puede adquirir a precios sumamente accesibles, uniformes, insignias, porta credenciales, gafetes, escudos, mochilas, botas, equipo táctico y hasta armas para completar y darle más veracidad a la farsa montada por los delincuentes para entrar a los hogares a delinquir.
Asimismo, podemos encontrar y adquirir uniformes de empresas o instituciones públicas como Pemex, CFE o Inegi, de asociaciones civiles como la Cruz Roja, o empresas privadas prestadoras de servicios como internet, telefonía y televisión de paga.
Gracias a ello, muchos delincuentes por menos de 2 mil pesos pueden adquirir el uniforme de un cuerpo policiaco o militar completo, o bien, para no incurrir en la usurpación de funciones tipificada en el Código Penal Federal, eligen mejor adquirir a un costo todavía más económico el uniforme completo de una empresa pública o privada que está activa y operando con el fin de hacerse pasar como trabajador de la misma y delinquir cómodamente y con total impunidad.
Incluso se han dado casos en los cuales se ha detectado que estos delincuentes que se hacen pasar por servidores públicos o empleados de empresas prestadoras de servicios cuentan con vehículos rotulados o con cromática distintiva de la empresa a la cual fingen pertenecer. De hecho, estos vehículos les sirven tanto de muro para su delito como también para que, dentro del mismo, esté un cómplice vigilando y no se genere absolutamente ninguna sospecha.
Por todas esas lamentables facilidades anteriormente descritas con las que cuentan estos delincuentes crece cada vez más esta modalidad para robar en nuestras casas, meterse a nuestros hogares, amenazarnos, violentarnos, mantenernos como rehenes y arrebatarnos nuestras pertenencias y nuestro patrimonio con total impunidad.
Por eso considero que quienes integramos esta soberanía debemos insistir con los gobiernos de todos los estados de nuestro país para que tomen medidas pertinentes a efecto de prohibir, sancionar y erradicar la venta indiscriminada de uniformes, tanto de cuerpos de seguridad pública o militar, como también de empresas tanto públicas como privadas.
Lo anterior para evitar que con tanta facilidad puedan ser adquiridos por los delincuentes que los utilizan para cometer diversos delitos, muchos de ellos, por cierto, graves y que afectan enormemente nuestra integridad, estabilidad y patrimonio.
Como podemos apreciar, estamos ante un delito con mucha incidencia, es decir, con una presencia cada vez mayor, que hemos permitido, tolerado y quizás hasta cobijado gracias a la desatención de factores que lo facilitan.
Esta situación no puede ni debe seguir, debemos todos juntos y en corresponsabilidad trabajar para prohibir estrictamente la venta indiscriminada de uniformes policiacos, militares y de empresas públicas o privadas prestadoras de diversos servicios.
Quienes integramos la presente Legislatura debemos estar atentos para coadyuvar con las autoridades de todos los ámbitos de gobierno e insistir en la necesidad urgente de combatir tanto éste como cualquier otro delito. Esta es una tarea que nos involucra a todos y que debemos asumir y atender.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a tomar medidas concretas para prevenir, sancionar y erradicar la venta en puestos semifijos o ambulantes de uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes siglas u otros elementos utilizados por instituciones de las fuerzas armadas, de seguridad pública o procuración de justicia, así como también, de uniformes, insignias, credenciales de identificación, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados por empresas públicas o privadas prestadoras de servicios de cualquier clase.
Notas
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 2021
2 INEGI y SESNSP. Reporte junio 2021.
3 INEGI y SESNSP. Reporte julio 2021.
4 INEGI y SESNSP. Reporte junio 2021.
5 INEGI y SESNSP. Reporte junio 2021.
6 SESNSP. Reporte junio-julio 2021
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal sobre la repatriación del lienzo de Coixtlahuaca II, o lienzo Seler II, y el códice prehispánico de Coixtlahuaca para que regresen a su lugar de origen, San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca, cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo para que solicite documentos prehispánicos a los gobiernos extranjeros, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Como bien sabemos, la historia de México es muy rica debido a todas las culturas prehispánicas que existieron antes de la conquista, su cultura y arte se ven enriquecidos por la arquitectura, escritos y esculturas que elaboraban, cada una de las culturas que habitaban en nuestras tierras. Entre las culturas más sobresalientes tenemos a los olmecas, mayas, teotihuacanos, mixtecos, zapotecas y aztecas.
Cuando se da la conquista española en nuestro territorio, los grandes centros ceremoniales y los pueblos que los rodean se ven saqueados por los conquistadores, en donde muchas de las esculturas y pinturas de las culturas prehispánicas fueron sacadas de México y llevadas a sus países, y otras tantas fueron destruidas.
Tal es el caso que en 1897 se creó la primera Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, esto derivado de que el siglo XIX existió un gran interés por las antigüedades mexicanas, en donde los grandes museos internacionales continuaron con sus excavaciones y saqueos hasta el siglo XX, a pesar de la resistencia de las autoridades y leyes nacionales, por ejemplo, en Chichén Itzá hubo compra, saqueo y destrucción del templo de Osario por el cónsul de Estados Unidos, Edward Thompson, en 1894.
Uno de los argumentos con mayor validez que dio esta ley es la de que en los lugares en donde no había monumentos literarios, los arqueológicos se consideran el único vestigio del pasado, con esto se procuró evitar la exportación de los objetos antiguos, esta ley tenía dos principales objetivos, el poner en evidencia en valor de los monumentos antiguos mexicanos y confirmar la importancia de la ciencia arqueológica impulsada por el gobierno federal.
Posteriormente se hace una nueva ley en 1930 donde se no solo se regula la protección a los monumentos arqueológicos, sino también a los históricos, artísticos y paleontológicos, esta ley llevaba el nombre de Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, para 1934 se reforma y toma el nombre de Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, en donde se fortaleció el interés nacional, abarcó el registro de monumentos, estableció un régimen de dominio y control sobre los objetos arqueológicos y el régimen de competencia.
Para 1966 se hace una reforma a la Constitución en su artículo 73 en donde se establecía la necesidad de proteger sus monumentos, los cuáles formaban parte del patrimonio nacional, ya que se consideraban elementos gloriosos artísticos e históricos y eran parte del desarrollo de cada pueblo, además de considerar insustituible el valor cultural dentro de las tradiciones.
Para 1968 se promulga la Ley Federal del Patrimonio Cultural Nacional, que obedece al artículo 73 de la Constitución, con la que se logró que fuera igual en toda la república el régimen jurídico de protección de monumentos, esta ley también consideraba la importancia de la instauración de la cultura prehispánica que había producido grandes obras pictóricas, escultóricas y de arte menores que representaba las diversas culturas, por lo que era de gran valor el preservar estas obras que existían, ya que daban testimonio de la influencia que había vivido el pueblo mexicano.
La ley que tenemos vigente es la promulgada en 1972 y lleva el nombre de Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, esta ley tocó temas como las colecciones privadas, declara de utilidad pública la protección, restauración, mejoramiento y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como de las zonas monumentales.
Con estos antecedentes podemos entender la preocupación que ha tenido México respecto de la recuperación de las piezas prehispánicas saqueadas de nuestro territorio, tal es el caso que a lo largo de los años se han encontrado que existen varias piezas arqueológicas en países europeos, y diversos gobiernos han intentado recuperarlas, ya que son parte de la historia antigua de México.
Hasta el momento se han conseguido recuperar 5 mil 744 piezas patrimoniales, que se encontraban en países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Dinamarca, Australia, Italia, desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han realizado grandes esfuerzos para que gobiernos extranjeros regresen a México sus objetos históricos con ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y las diversas embajadas.
A pesar de estos esfuerzos, siguen existiendo numerosos objetos históricos por el mercado negro o porque han decidido ignorar las quejas de México hacia ellos, como es el caso de Francia al subastar 40 piezas prehispánicas que se subastaron en la casa de ventas parisina Artcurial en noviembre del 2021.
México ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que evite la comercialización de bienes culturales, así como el mandato emitido por ellos mismos el Convenio de 1970 en donde se consideran medidas para prohibir y prevenir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales.
Dentro de estas piezas arqueológicas se encuentran también documentos prehispánicos, también conocidos por códices, los cuales se han ubicado en universidades y bibliotecas de Gran Bretaña, Italia, Londres, España, Alemania, Berlín, Austria y Francia.
En el caso de Oaxaca en especial, hay dos de estos códices que los pobladores me han hecho de su conocimiento la preocupación de que regresen a su lugar de origen, uno es el Lienzo de Coixtlahuaca II o Lienzo Seler II de tela de algodón de 375 x 425 centímetros que se encuentra en el Museo de Völkerkunde, en Berlín, este lienzo muestra la genealogía de las parejas fundadoras de la ciudad de Coixtlahuaca, y el Códice Prehispánico de Coixtlahuaca, que mide .38 m x 3.50 m, también procedente de Coixtlahuaca y que actualmente se encuentra en la Librería de Bodleian en la Universidad de Oxford, y en su lugar de origen que es el municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, en el estado de Oaxaca, solo hay duplicados de estos documentos que deberían de tener en original por la importancia que tienen hacia nuestros pueblos originarios.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo para que por medio de sus facultades solicite a los gobiernos de Berlín y Londres la repatriación del Lienzo de Coixtlahuaca II o Lienzo Seler II y del Códice Prehispánico de Coixtlahuaca, para que regresen a su lugar de origen, San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca.
Bibliografía
- Francia ignora queja de México y subasta 40 piezas prehispánicas (El Financiero, noviembre 03, 2021) Recuperado de:
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/11/03/francia-ignora-queja-de-mexico-y-subasta-40-piezas-prehispanicas/
- Mateos Vega, Mónica, y Reyes Martínez. De 15 documentos prehispánicos, 13 se encuentran en Europa. (La Jornada. Miércoles 28 de octubre de 2020) Recuperado de:
https://www.jornada.com.mx/2020/10/28/cultura/a03n2cul
- Sánchez Gaona, Laura, Legislación mexicana de patrimonio cultural. Recuperado de:
https://pradpi.es/cuadernos/8/4__Laura_Sanchez_Ganoa.pdf
México ha recuperado 5 mil 744 piezas patrimoniales del extranjero en tres años. (Forbes, enero 14, 2022) Recuperado de: https://www.forbes.com.mx/mexico-ha-recuperado-5744-piezas-patrimoniale s-del-extranjero/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a investigar la presunta violación del derecho al acceso a la justicia de Gloria Sintia Saldaña González, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quien suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En el marco del Día Internacional de la Mujer, me permito ser la voz de quienes por mas de 5 años no han podido acceder a la Justicia, a pesar de ser un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el Artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana de los Derechos humanos, así como en el Artículo 17 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que “Toda persona tiene el derecho a que se le Administre la Justicia”.
Por lo que expongo el caso de Mayra González Ángeles, quien por mucho tiempo ha buscado por diversos medios jurisdiccionales esclarecer el Feminicidio de su hermana Gloria Sintia Saldaña González quien despareció el 20 de agosto de 2016 en Xicotepec de Juárez Estado de Puebla, su cadáver fue encontrado en el Estado de Hidalgo en enero de 2017 por lo que se inició la Carpeta de Investigación 13/2017/017 en la Unidad de Investigación y Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Género de la Procuraduría General de Justicia en la entidad. Sin que hasta el momento se haya castigado al responsable a pesar de que existir indicios del presunto responsable, se le dio carpetazo.
Por lo que la familia y su servidora reconocen la necesidad de que las autoridades correspondientes esclarezcan este caso y que no forme parte de la estadística que en nuestro país tenemos en desaparición forzada de personas, como en Feminicidios.
Cabe señalar que durante el proceso hubo malas prácticas desde el levantamiento del cuerpo por parte del Servicio Médico Forense del Estado de Hidalgo.
A Gloria la localizaron en enero del 2017 en Agua Blanca Hidalgo y estuvo en el SEMEFO del mismo Estado hasta 2018 que su familia la encontró.
En el año 2020 lograron se hiciera una exhumación porque durante el proceso hubo malas prácticas, desde el levantamiento del cuerpo por parte del Servicio Médico Forense de Hidalgo al dejar restos, al dejar de resguardar el lugar del hallazgo y perder las evidencias, violar el debido proceso, omitir enviar a peritaje las prendas de Gloria sólo las que se mantuvieron en cadena de custodia perdiendo de vista los indicios en su ropa y evitar el raspado de uñas.
Hasta el momento no hay responsables ni detenidos debido a las omisión y violaciones de protocolos para su atención, por lo que existe el antecedente de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en noviembre del 2021 y la Procuraduría ofreció una disculpa pública aceptando las violaciones del caso.
Mientras que en Puebla la autoridad judicial resulto indiferente y omisa pues nadie emprendió ninguna acción de búsqueda. Actualmente el juez de control indico que se abra la investigación para determinar la desaparición de Gloria y tener acceso a la verdad.
Tan sólo en el Estado de Puebla tiene el registro del 6% de los feminicidios que se cometen a nivel nacional, ocurren once feminicidios por día en México, algunos son derivados de la Trata de Personas. Según datos de la ONU los feminicidios en México en los últimos tres años aumentaron de 7 a 11.
Al día se reporta la desaparición de 9 mujeres entre 12 y 17 años. Esta desaparición se concentra en 5 Estados, Jalisco y Nuevo León con el 50%, mientras que Tamaulipas, Estado de México y Puebla representan el resto del porcentaje y el 45 % total de personas están sin localizar.
En México la incidencia y la impunidad de los asesinatos siguen alcanzando cifras sin precedentes en el país, se estima que sólo cinco de cada 10 feminicidios son esclarecidos, mientras que los homicidios dolosos alcanzan un 89.6% de impunidad.
La violencia hacia las mujeres se ha incrementado considerablemente en los últimos años, sin que se castigue al responsable y se repare el daño, el caso que obra sobre los feminicidios no se puede reparar la vida, pero si se puede reparar el daño a las familias de las víctimas, haciendo que pague el responsable con una pena, que repare el daño económico y psicológico a las familias víctimas.
Considerando la realidad que se vive en México con los problemas sociales que día a día se agravan por muchas razones como lo son la falta de educación, la condición económica, el desempleo que a su vez originan el alcoholismo, el uso de las drogas, la delincuencia, el narcotráfico, dando como resultado la violación a derechos humanos y violencia de género en mujeres de cualquier edad que son un grupo vulnerable y al igual que otros problemas sociales, no distingue en este sector edad o condición social, ya sea en el ámbito público o privado se da con frecuencia alguno de los tipos de Violencia que a continuación se mencionan: doméstica, familiar, física, sexual, económica, psicológica, patrimonial, cultural, civil, laboral, escolar, social, por estereotipos de género, verbal, acoso callejero, obstétrica, política, digital y violencia feminicida.
De acuerdo con las estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer, los cuales se actualizan cada dos años señalan que de los 46 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones) han enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida.
El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja a lo largo de su relación, más acentuado entre las mujeres que se unieron antes de los 18 años (48%), de 25 años o más (37.7%)
En el 2018 se registraron 3,752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018) en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales
A partir de la expedición en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia el 1 de febrero de 2007 se debe retomar su historia, reconocer el trabajo de quienes la impulsaron y celebrar su consolidación en una norma jurídica ante la complejidad de conceptualizar estos temas. Lo cierto es que ha servido para visibilizar que si existe violencia en contra de las mujeres y las niñas y su vigencia y obligatoriedad se impone para que la federación y las entidades federativas se coordinen para prevenir, sancionar, reparar y erradicar este problema.
Esta Legislación se ciñe a dos tratados internacionales ratificados por México: “La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)” que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y Belén do Pará de 1994. “Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia”.
La Ley sintoniza especialmente con la Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres y con la Ley para Prevenir y Erradicar la discriminación. Asimismo, corresponde a los artículos 1º. y 4º. De la Constitución Política de los Estados unidos mexicanos. Sin omitir que existe el pacto federal entre las entidades federativas.
Marcela Lagarde y de los Ríos, “Por los derechos humanos de las mujeres”, Catedrática de la UNAM, ha acuñado el término feminicidio logrando la creación de una Comisión especial de Feminicidio en el Congreso para investigar el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. “Promovió el delito de Feminicidio en el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, ley vigente desde el 2 de febrero del 2007 e impulsó la “Ley para prevenir y sancionar la trata de personas” y la “Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres”. Durante su Legislatura impulsó esta ley y la promoción de la tipificación del delito de feminicidio a raíz de los asesinatos en Ciudad Juárez.
Diversas Organismos Gubernamentales, así como algunas Instituciones públicas y otras internacionales se han pronunciado por la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación a las Mujeres entre ellas podemos mencionar al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional de los Derechos humanos, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Global de las Mujeres.
Un factor importante es la educación y los valores que se transmiten en el hogar, la violencia en la multiculturalidad se fomenta a través de la intolerancia, el irrespeto y demás practicas contrarias a la cultura de paz y que van en detrimento del buen vivir y de un ambiente armónico, su característica es la existencia de varias culturas que conviven y abarcan las diferencias que se enmarcan ya sea la religión, el lenguaje, la raza, la etnia o el género, sin dejar de lado que en muchos hogares predominan las creencias y usos del machismo, ahora llamado también misoginia . El término está formado por la raíz griega “miseo”, que significa odiar, y “gyne” cuya traducción sería mujer, y se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres y, en general hacia todo lo relacionado con lo femenino.
La violencia contra las mujeres ha sido un problema constante dentro de la sociedad mexicana, ha sido en los últimos años que la percepción de la violencia ejercida contra las mujeres ha cambiado radicalmente, paso de ser un tema del ámbito privado al ámbito público. Este cambio en la forma en que se ve es fundamental para entender las acciones que se han tomado en los gobiernos de los tres niveles, así como los Organismos y las Organizaciones internacionales y de la Sociedad Civil.
El artículo 21 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia señala Violencia Feminicida como la forma externa de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y de otras formas de muerte violenta de las mujeres.
En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.
Comete el Delito de Feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
Dicho ordenamiento señala que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Es por lo anterior que exhortamos a las autoridades de su competencia a retomar el caso así como a realizar las investigaciones y procedimientos pertinentes a fin de esclarecer este caso que lleva 5 años sin poder resolverse y el acceso a la justicia que a sus familiares se les ha negado.
Con el fin de evitar normalizar la violencia y porque en nuestro país no puede haber una menos se presenta la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar la presunta violación del Derecho al Acceso a la Justicia de Gloria Sintia Saldaña González, así como a las Fiscalías de Violencia de Género del Estado de Hidalgo y Puebla con el fin de retomar las investigaciones y reponer los procedimientos que permitan esclarecer el caso y reparar el daño ocasionado a las víctimas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de Marzo de 2022.
Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a garantizar a los usuarios del tren ligero un servicio de calidad, con la salvaguardia del bienestar ciudadano, a cargo del diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Bruno Blancas Mercado, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez a fin de garantizar un servicio de calidad para los usuarios del tren ligero salvaguardando el bienestar de la ciudadanía, con base en las siguientes
Consideraciones
La línea 3 de Mi Tren, es una de las obras más importantes en cuanto a infraestructura de transporte público para el área Metropolitana de Guadalajara y que suma a la apuesta del Gobierno de Jalisco por una movilidad integrada que conecte a los usuarios de forma accesible, segura y rápida 1 ; en este último punto el gobierno ha mencionado que el tiempo de recorrido en la línea es de 33 min, sin embargo, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó sobre fallas en dicha línea lo que ha provocado la suspensión del servicio en repetidas ocasiones.
Usuarios del servicio han venido reportando las fallas de la línea, mencionando afecciones que han sido constantes, derivando de forma directa en tiempos más largos de traslado (los periodos de espera entre estaciones son más de 5 minutos, cuando el tiempo estimado total de viaje de la línea es de 33 minutos), así como pérdidas económicas en la población debido a los retrasos laborales dañando la economía familiar y los diversos servicios correspondientes a las zonas comprendidas por la totalidad de la ruta.
La línea 3 del tren ligero de Guadalajara es la tercera línea ferroviaria de transporte público y la más extensa, fue inaugurada el 12 de septiembre de 2020, sin embargo, el proyecto de esta línea comenzó el 7 de agosto de 2014 y se tenía contemplado el termino para mediados del 2017, pero la obra fue finalizada hasta septiembre de 2020 y esto debido al compromiso por parte del ejecutivo de direccionar 1,200 mdp en el PEF 2019 y el PEF 2020, estableciendo una inversión total de 35,594.89 mdp, presentando un aumento en 210.2% del presupuesto inicialmente proyectado, pese al sobrecosto de la obra, el gobierno federal estableció que este proyecto inconcluso no quedaría como otro elefante blanco, por ello se realizó una última inversión con la finalidad de terminar la obra que beneficiaría a más de 233 mil usuarios del Tren Ligero.
La designación final por parte del gobierno federal fue a raíz de las mega inversiones efectuadas de 2016 a 2018, por ello a partir de la nueva administración se estableció un plazo fijo para finalizar la operación de este, procurando la satisfacción de la ciudadanía.
Pese a estos objetivos planteados, a poco más de un año de la inauguración de este proyecto, se han presentado fallas debido a falta de mantenimiento, a partir de una incorrecta supervisión local.
Por ello, resulta fundamental establecer un esquema de acción que permita a los usuarios tener la certeza en el servicio y que el mantenimiento de este se realice de manera constante sin perjudicar a la ciudadanía que depende de este medio de transporte a fin de satisfacer sus necesidades.
Sujeto a las condiciones previamente dichas, es prioridad exhortar a las áreas competentes a través del gobernador a fin de establecer mecanismos de acción que antepongan el bienestar de los usuarios garantizando el buen funcionamiento de la movilidad jalisciense.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez a fin de garantizar un servicio de calidad para los usuarios del tren ligero salvaguardando el bienestar de la ciudadanía
Bibliografía
https://www.informador.mx/jalisco/
Linea-3-Servicio-lento-de-Tren-Ligero-genera-enojo-y-confusion-entre-usuarios—20211118-0054.html
https://www.informador.mx/jalisco/En-dia-de-fallas-de-L3 -cambian-al-director-del-Siteur-20211119-0039.html
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2020/docs /09/r09_pir.pdf
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs /09/r09_pir.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fi cha_opa#13093110005
https://aristeguinoticias.com/0912/entrevistas/linea-3-d el-tren-ligero-de-guadalajara-acumula-sobrecosto-de-92-video/
https://gdlenbici.org/2020/09/06/
10-cosas-de-la-linea-3-del-tren-ligero-de-guadalajara-que-debes-saber-antes-de-su-inauguracion /
https://www.fonadin.gob.mx/fni2/fp32/
Nota:
1. Plataforma Informativa de la Línea Tres - https://lineatres.jalisco.gob.mx/
Diputado Bruno Blancas Mercado
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a autoridades de salud a desarrollar e implantar una estrategia nacional de rehabilitación de secuelas causadas por el Covid-19, con prioridad para niños y adolescentes, a cargo del diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado José Elías Lixa Abimerhi, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Insabi, al IMSS, al ISSSTE, a la SSA y al Consejo de Salubridad General, a desarrollar e implementar una Estrategia Nacional de Rehabilitación de secuelas causadas por el Covid-19, con prioridad para niños, niñas y adolescentes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A pesar de la disminución de los casos registrados de Covid-19 en territorio nacional, las afectaciones ocasionadas a la salud de la población mexicana continúan aun después de haber cesado la enfermedad. Se estima que, al mes de marzo, hasta 1.6 millones de mexicanos tendrían secuelas tras contraer la enfermedad, a dos años de haberse presentado el primer caso de la enfermedad en el territorio nacional. Desde muy temprano en el actual proceso pandémico, se hizo evidente la persistencia de afectaciones a la salud de personas que estuvieron contagiadas por Covid-19, con información confiable emitida por instituciones de investigación científica en salud mostrando dichas secuelas. No obstante, las autoridades sanitarias, empezando por el Consejo de Salubridad General y culminando en las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), prefirieron ignorar dicha situación, principalmente ante la total incapacidad institucional para hacer frente a las necesidades de salud de una sociedad pos pandémica.
En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, a pesar de la insistencia de la oposición, no se etiquetaron recursos específicos para el fortalecimiento del SNS para la atención de la salud de las personas que se vieron afectadas por el Covid-19, y se hace cada vez más evidentes las carencias de las instituciones de salud para la atención de la ciudadanía, ante el desmantelamiento deliberado llevado a cabo por la actual administración. El momento para un cambio de rumbo, en lo que respecta a la atención de las secuelas del Covid-19, es ahora, y su necesidad impostergable. La evidencia de este desmantelamiento, se desprende del informe presentado por Coneval, en el que se señala que el mayor cambio entre 2018 y 2020, en la línea de bienestar de la ciudadanía es un incremento de 12% en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%. Por la negligencia de Morena, en esos dos años, el peor momento de la pandemia, 15.6 millones perdieron su acceso a la salud. Es parte de las razones por las que el gasto de las familias mexicanas, especialmente aquellas en una mayor situación de vulnerabilidad, se elevó 40% en el mismo periodo, conforme reportó el Inegi.
De acuerdo con lo señalado por el epidemiólogo Rufino Luna Gordillo, coordinador de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Perinatología (Inper) y presidente del Consejo Nacional de Salud Pública, y la doctora Isabel Villegas Mota, infectóloga y jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y de Epidemiología, también del Inper, estiman el Covid-19 puede causar secuelas a largo plazo (Long Covid ) hasta en 30% de las personas que han adquirido el virus.
En el caso del estado de Yucatán, el epidemiólogo Rudy Humberto Coronado Bastarrachea expresidente del Colegio de Salud Pública de Yucatán y exdirector de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 ha advertido que hay evidencias claras de estas secuelas entre la población de la entidad federativa. De acuerdo con una publicación reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que muestra que también en el personal de salud hay graves secuelas, y no únicamente en el personal que ha padecido la enfermedad. El estudio, que se realizó entre trabajadores sanitarios de once países de América Latina, arrojó que el 7% del personal médico padeció depresión y el 5% tuvo ideas suicidas, apuntó Rudy Coronado. Y eso es cosa seria.
Sobre el manejo general de la pandemia, el doctor Eulogio Piña Briceño, secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, indicó que en Yucatán se ha tenido la ventaja de que las autoridades han tomado las medidas necesarias para proteger la salud, pero en el ámbito federal no se palpa el compromiso que amerita la situación.
Estas afectaciones del Covid-19 a largo plazo son especialmente graves si se considera que las mismas tienen especial incidencia en niñas, niños y adolescentes, quienes han sido a su vez excluidos de la estrategia de vacunación del gobierno federal frente a la pandemia del Covid-19. Es importante señalar que las secuelas causadas por el Covid-19 no solamente se hacen presentes en personas que sufrieron una enfermedad grave. Aun cuando se hayan tenido pocos o ningún síntoma, los niños pueden desarrollar algunas otras afecciones después de la infección causante del Covid-19. Algunas son menores y pueden desaparecer solas. Otras son más graves y pueden necesitar tratamiento.
De conformidad con lo señalado por la American Academy of Pediatrics , Algunas de las afectaciones que se hacen presentes como secuelas del Covid-19 a largo plazo, que han sido registradas en la población, podemos señalar:
• Síndrome inflamatorio multisistémico: algunos niños que han desarrollado síntomas más graves, a veces varias semanas después de haber contraído una infección por coronavirus. Los médicos lo están llamando “síndrome inflamatorio multisistémico”.
• Problemas respiratorios : incluido dolor en el pecho, tos y más dificultad para respirar durante el ejercicio. Algunos de estos síntomas pueden durar tres meses o más. Es posible que los niños de 6 años o más con síntomas persistentes necesiten pruebas de función pulmonar.
• Problemas cardíacos . La miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, puede aparecer después del Covid-19 (y, en casos extremadamente raros, después de recibir vacunas de ARNm). Un estudio de pacientes adultos que se recuperaron recientemente de Covid-19 sugirió que el 60% de ellos tuvo miocarditis, independientemente de lo graves que hayan sido sus síntomas de Covid durante la infección.
• Problemas de desarrollo . La enfermedad Covid -19 activa puede afectar el sistema nervioso y, en casos poco comunes, producir accidente cerebrovascular o encefalitis (hinchazón del cerebro). Los niños que tuvieron Covid -19 pueden experimentar cambios imperceptibles en la atención, el habla, el trabajo escolar, el movimiento y el estado de ánimo.
• Fatiga mental . La disfunción cognitiva, como pensamientos, concentración o memoria “nublados”, es una dolencia frecuente en adultos que tuvieron Covid -19.
• Fatiga física . Después de la infección por SARS-CoV-2, es posible que los niños y adolescentes se cansen más fácilmente y tengan menos resistencia física, incluso si no tuvieron síntomas cardíacos o pulmonares por el virus.
• Dolores de cabeza . El dolor de cabeza es un síntoma común durante la infección por SARS-CoV-2.
• Salud mental y conductual . Tener Covid -19 puede afectar la salud mental de un niño. Para niños con enfermedad mental/conductual existente, las circunstancias que rodean al Covid -19 (hospitalización, aislamiento, ausencia de las actividades escolares) también pueden empeorar los síntomas.
Una de las complicaciones posteriores a la enfermedad que se han identificado, y que debe ser especial causa de preocupación para las autoridades sanitarias del país, es el Síndrome Inflamatorio Multisistémico. De acuerdo con información publicada por la Clínica Mayo, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C, por sus siglas en inglés) es una afección grave que parece estar relacionada con la enfermedad por coronavirus 2019 (Covid -19). La mayoría de los niños que se infectan con el virus de la Covid -19 tienen apenas una enfermedad leve. Pero en el caso de los niños que desarrollan el MIS-C, se inflaman gravemente algunos órganos y tejidos, como el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, los riñones, el aparato digestivo, el cerebro, la piel o los ojos. Los signos y los síntomas dependen de las partes del cuerpo que hayan sido afectadas.
El síndrome inflamatorio multisistémico afecta a cada niño de formas diferentes. La inflamación puede afectar el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el aparato digestivo, el cerebro o los ojos. A veces, esta inflamación puede dañar órganos, especialmente el corazón, o causar demasiada coagulación en los vasos sanguíneos.
A pesar del nivel de la catástrofe que se avecina sobre el Sistema Nacional de Salud, como consecuencia de las secuelas causadas por el Covid-19 en la población, la Secretaría de Salud federal (SSA) ha sostenido no tener información sobre alguna estrategia coordinada a implementar entre las diversas instituciones en salud, lo que deja en evidencia el franco fracaso de las autoridades de salubridad a nivel federal. Como parte de una solicitud de información realizada a la SSA respecto de estrategia de rehabilitación frente a las secuelas ocasionadas por el Covid-19, en instituciones públicas en el país. En respuesta a la solicitud con folio 330026922000084, la dependencia indicó que quien podría tener datos del tema era la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, institución que subsecuentemente procedió a indicar no tener datos sobre el tema. El Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) respondió a este mismo cuestionamiento, en la solicitud 332459721000511, no tener información al respecto y orientó preguntar a la SSA.
Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) dan cuenta del desastre en el sistema de salud: con el desmantelamiento de las instituciones sanitarias emprendido por la 4T, los mexicanos están perdiendo su derecho a la salud y se están empobreciendo al hacer frente a gastos catastróficos ante la falta de tratamientos y medicamentos.
Primero en 2019 con la desaparición del Seguro Popular se perdió la garantía de atención médica para sus 55 millones de afiliados; después con la pandemia y la saturación de los hospitales millones quedaron sin sus tratamientos regulares, millones más decidieron no hacer uso del sistema público y gastar de su bolsillo en atención, 40% de la población acude a los servicios privados de salud; por si esto fuera poco, el Presupuesto para la salud viene a la baja desde 2018; hay subejercicios en el IMSS y el ISSSTE; y los fideicomisos para atender enfermedades catastróficas fueron saqueados, para poner el dinero en los proyectos “prioritarios” del Presidente.
Con el gobierno del Presidente López Obrador 35.7 millones de mexicanos están sin cobertura, ocupando el ingreso de sus familias para atender enfermedades y millones cayendo en la pobreza, pese a la promesa presidencial de que, desde el 1 de enero de 2020, con el Insabi, todos los mexicanos tendrían atención garantizada y medicamentos gratuitos.
En noviembre de 2019 advertimos que era un error la creación del Insabi, no por ideología, sino por la ausencia de un plan estructurado para el Sistema Nacional de Salud. La desaparición del Seguro Popular implicó la eliminación del padrón de afiliados y la póliza de aseguramiento, por ello, millones perdieron la garantía de atención médica, puesto que el Insabi promete, pero no cumple. En cambio, con el Seguro Popular los tratamientos y medicamentos eran exigibles, puesto que había financiamiento suficiente y un catálogo de enfermedades cubiertas.
Con el Insabi vino la desaparición de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y los regímenes estatales de protección social en salud, brazos administrativos y ejecutores del Seguro Popular en la federación y las entidades federativas respectivamente. Como consecuencia de esto, la federación ha pretendido asumir el control del personal e infraestructura que manejaban los gobiernos locales, pero a cambio no hay garantía de que su población continuará recibiendo atención y medicamentos.
De 2018 a 2020 los Estados más afectados por la pérdida del derecho a la salud son los más pobres, en Oaxaca la carencia aumentó en 20.7%, en Guerrero en 19.7% y en Chiapas 19.5%, muy por encima del 12% de promedio nacional. Está claro que la política de la 4 T va en contra de los mexicanos, pero es peor para la población en situación de pobreza.
Como se ha documentado, con el proceso de desaparición del Seguro Popular muchos enfermos en 2019, incluyendo los pacientes sin seguridad social que padecieron Covid-19, tuvieron que pagar para atenderse y muchos otros fallecieron en sus casas sin haber recibido el tratamiento por la falta del financiamiento; porque sí había dinero, pero no se ejerció con la responsabilidad debida.
Es evidente que el sistema de salud llegó debilitado a la pandemia, que los más de 315 mil fallecimientos reconocidos “oficialmente” tienen su origen en la negligencia de la federación. 15.6 millones de mexicanos perdieron su acceso a la salud con el gobierno actual, para miles de ellos, principalmente la población empobrecida, esto les costó la vida.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto de Salud para el Bienestar, a fin de que desarrolle, implemente y haga pública una estrategia nacional de atención y rehabilitación por secuelas ocasionadas por el Covid-19 en la población mexicana que no cuenta con seguridad social, destinando los recursos materiales y humanos necesarios y haciendo un especial énfasis en la atención de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que puedan estar padeciendo secuelas causadas por el Covid-19 y la atención prioritaria del Síndrome Inflamatorio Multisistémico.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano de Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que desarrollen, implementen y hagan pública una estrategia nacional de atención y rehabilitación por secuelas ocasionadas por el Covid-19 en sus respectivos derechohabientes, destinando los recursos materiales y humanos necesarios y haciendo un especial énfasis en la atención de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que puedan estar padeciendo secuelas causadas por el Covid-19 y la atención prioritaria del Síndrome Inflamatorio Multisistémico.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Consejo de Salubridad General, a adoptar en lo inmediato una estrategia nacional coordinada de rehabilitación por secuelas ocasionadas por el Covid-19 en la población mexicana, con un especial énfasis en la atención prioritaria de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades que integran el Sistema Nacional de Salud, a fin de instrumentar y llevar a cabo en todo el territorio nacional una campaña de diagnóstico y detección preventiva de secuelas causadas por el Covid-19, haciendo un especial énfasis en la atención de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que puedan estar padeciendo secuelas causadas por el Covid-19 y la atención prioritaria del Síndrome Inflamatorio Multisistémico.
Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades que integran el Sistema Nacional de Salud, a fin de instrumentar y llevar a cabo una campaña de difusión, a través de medios de comunicación masiva, a fin de informar a la población en general sobre las causas, síntomas, riesgos e indicaciones de las secuelas ocasionadas por el Covid-19.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputado José Elías Lixa Abimerhi (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los tres niveles de gobierno a prevenir, sancionar y erradicar la reproducción y crianza de perros y gatos en lugares no autorizados, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, el cuidado, protección y preservación de nuestras especies animales dejó de ser un tema altruista, solidario, de moda o para la foto, pues se ha establecido como un tema directamente relacionado con nuestra viabilidad como especie humana.
La importancia del tema no sólo responde a criterios de alimentación y disposición de materiales derivados de los animales, sino que va más allá.
Por ejemplo, es conocido, gracias a investigaciones en la materia, que si llegaran a extinguirse las abejas de la faz de la Tierra, a partir de ese momento la existencia de la humanidad tendría el tiempo contado.
Por ello, hemos comprendido poco a poco que las especies animales no son nuestra propiedad, no están entera y únicamente para nuestra disposición, entretenimiento o diversión.
Todas y cada una de las especies animales tienen una función dentro de los ecosistemas, de los cuales nosotros también formamos parte.
Cabe resaltar que las diversas especies de animales son piezas fundamentales y en muchos casos hasta insustituibles en cuanto al ecosistema se refiere.
En virtud de lo anterior, la especie humana adquiere una responsabilidad innegable respecto al cuidado y preservación de las diversas especies tanto de plantas como de animales.
La evolución de los seres humanos incluyó dar el paso hacia la domesticación de especies para utilizarlas en beneficio propio. Este paso, vale la pena decirlo, no es reciente, de hecho, estudios en materia de domesticación de animales han mostrado que ésta se dio mucho antes de la domesticación de las plantas.1
Con base en lo anterior, la domesticación animal, señalan expertos, representó un parteaguas en nuestra historia como humanidad, tan sólo basta citar el hallazgo de una mandíbula de perro en la zona de lo que hoy es Irak, que da cuenta de la domesticación de esta especie hace ya más de 14 mil años.2
Como se puede ver, la domesticación de animales para la alimentación, apoyo en la realización de ciertas tareas, protección o simplemente compañía no es una historia nueva y esperamos ésta siga teniendo lugar por mucho tiempo más, nutrida con mejoras sustanciales que representen un adelanto favorable en cuanto a las condiciones de vida de los animales domésticos.
Es esa mejora precisamente el espíritu del presente punto de acuerdo, pues, desafortunadamente, hoy algunos animales domésticos viven en condiciones deplorables, de violencia o maltrato.
Lamentablemente, son muchas y muy variadas las formas de explotación, abuso y maltrato a las que sometemos a los animales que, como ya se señaló, han sido nuestros compañeros a lo largo de la historia.
Una de esas formas de maltrato es tenerlos en entornos insalubres, sin condiciones de seguridad o bienestar adecuadas. Otra expresión de ese maltrato radica en reproducirlos sin control para nuestro beneficio económico, sin las medidas veterinarias básicas, sin tener en cuenta los periodos de reposo y sin los más elementales cuidados sanitarios.
Tan sólo basta señalar que, de acuerdo a autoridades en la materia, somos un país y una sociedad en donde al menos en 57 de cada 100 hogares se tienen mascotas, pero solo 20 por ciento de todos estos animales cuentan con un hogar estable, adecuado y en condiciones óptimas para su estancia.3
Pero lo anterior no es lo único lamentable, pues, de acuerdo a estudios sobre maltrato animal a nivel latinoamericano, nuestro país ocupa el tercer lugar en cuanto a casos de maltrato y crueldad animal se refiere.4
Desafortunadamente, lo anterior no es lo único deplorable, pues ocupamos el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a número de perros en condición de calle.
Esto no es un inconveniente menor, pues se trata de un problema condenable y muy vergonzoso que no sólo refleja nuestros rezagos en materia de bienestar animal, sino que también afecta la salud pública porque los animales callejeros pueden convertirse en focos de infección.
De acuerdo a cifras al respecto, estamos refiriéndonos al menos a 25 millones de perros y gatos que viven en las calles, sin control, sin cuidados, sin vacunas y reproduciéndose libremente.5
En este punto resalta el hecho de que de todos los perros que existen en el país, 80 por ciento se encuentra en las calles.6
Cada año la población de perros y gatos callejeros en nuestro país crece vertiginosamente, para ser más precisos, lo hace en un promedio de 20 por ciento.7
Este ha sido un problema añejo, que ha crecido por el desentendimiento de las autoridades responsables de solucionarlo, pero también por la irresponsabilidad de la sociedad que tolera, permite o alienta el abandono de perros y gatos en la vía pública como algo normal.
En contraste, la tasa de adopción de perros y gatos rescatados es muy baja porque preferimos comprar un perro o gato “de raza” en lugar de darle un hogar a un animal que lo necesita. Este reprochable comportamiento es uno de los grandes factores que contribuye al abandono de perros y gatos en la vía pública, porque son muchos los casos de personas que adquieren perros o gatos “de raza” en criaderos domésticos, o bien, clandestinos, asentados en domicilios particulares, es decir, en los patios traseros de las casas.
Cuando estos cachorros crecen y dejan de ser “bonitos, tiernos y chistosos” y la gente se da cuenta de que ese perro o gato “de raza” no es lo que ellos pensaban, literalmente, los abandonan, algunas veces después de maltratarlos.
Muchos dueños irresponsables simplemente dejan a sus mascotas en la calle a su suerte, sin estar debidamente vacunados, en muchos casos ni desparasitados y mucho menos esterilizados.
En este contexto, los criaderos no certificados, manejados por personas improvisadas y expertos espontáneos, son un verdadero problema y en buena medida origen del crecimiento de la población de perros y gatos callejeros en el país.
Los criaderos improvisados, clandestinos y domésticos, es decir, la reproducción de perros y gatos en las casas para la comercialización posterior de las crías son una verdadera imprudencia, insensatez, negligencia y despropósito que hemos permitido que crezca sin control y se expanda sin la menor regulación.
La reproducción de perros y gatos en los domicilios particulares para la posterior comercialización de las crías ha sido un factor detonante de la sobrepoblación de perros y gatos que tenemos en las calles, que no hemos atendido y, por ende, que ha crecido por la complacencia del gobierno y de la sociedad.
No sólo estamos hablando de un condenable tipo de maltrato animal con la sobreexplotación de las hembras de perros y gatos para efectos reproductivos; también nos referimos a las consecuencias en materia de salud y focos de infección de los animales que nacen, viven y se venden en esos lugares.
Se trata de un riesgo para la comunidad en su conjunto por las inexistentes medidas de cuidado en cuanto al manejo y disposición de sus desechos, los nulos cuidados veterinarios en cuanto a vacunación y prevención de enfermedades y también en materia de seguridad de quienes habitan en esos domicilios particulares o criaderos clandestinos.
Basta revisar las noticias sobre casos en los cuales los perros de la casa, los perros de “raza” que se tienen tanto por gusto como también para reproducirlos y vender las crías han atacado dentro del mismo domicilio a sus dueños hasta el grado de arrebatarles la vida, o bien, al momento de escaparse atacan a quien de manera desafortunada se encontraba en ese momento en determinado sitio.
Además, hay casos en los cuales se han reportado ataques de jaurías de perros callejeros, que han atacado, algunas veces, con consecuencias mortales para las personas que tristemente tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino.
Cada vez son más los casos como los anteriormente descritos, porque cada vez abandonamos a más perros y gatos en las calles, cada vez hay más casas y familias que en sus patios se dedican a la crianza y reproducción de perros y gatos, sin control alguno y sin el conocimiento adecuado.
Por lo anteriormente señalado, considero que estos lugares no hay que reglamentarlos, sino erradicarlos y prohibirlos.
No podemos seguir tolerando este tipo de establecimientos improvisados e insalubres, que no cuentan con instalaciones adecuadas para la actividad que realizan y tampoco atienden los requerimientos básicos para la estancia adecuada de los perros y gatos que ahí se encuentren.
Se trata de lugares en donde ni se atienden ni se cumplen y a veces ni se conocen todas las medidas y disposiciones sanitarias e higiénicas que se requieren, ni los controles de salud periódicos que se deben llevar y tampoco el debido registro de las crías que se venden ni la atención y el cuidado de las personas a las que se les venden.
Afortunadamente no todo está perdido, porque sí hay lugares que cumplen con lo anteriormente descrito, es decir, criaderos debidamente establecidos, registrados y autorizados por las autoridades competentes.
En esos criaderos sí se cuenta con las instalaciones adecuadas para su función, así como también con el personal calificado y especializado para la atención, cuidado, garantía, seguimiento y procuración de la salud de los ejemplares.
Esos son los lugares en los que única y exclusivamente se pueden y deben comercializar crías tanto de perros como gatos si es que se decide comprar un animal de compañía, antes que adoptar uno.
Además, son los lugares que tienen las instalaciones y el conocimiento adecuado y las condiciones de control requeridas para garantizar que todos los perros y gatos que se venden sean esterilizados sin excepción alguna, porque así debe de ser si es que en verdad queremos atender de una vez por todas el problema de los perros y gatos en condición de calle, su sobrepoblación y además las múltiples y diversas formas de maltrato y abuso a las que son actualmente sometidos en muchos casos.
Quienes integramos esta soberanía estamos obligados a insistir ante las autoridades correspondientes para que hagan algo al respecto, porque no podemos seguir postergando la atención a este grave problema que es ya una verdadera bomba de tiempo en materia de salud pública y también de salud animal.
Es urgente la atención del problema porque poco se ha dispuesto, poco se ha hecho para enfrentarlo a cabalidad y de manera determinante.
En muy pocas ciudades de nuestro país se ha avanzado en cuanto a la regulación de los lugares de venta de perros y gatos. En pocas ciudades se ha logrado prohibir la venta de perros y gatos en la vía pública, en puestos semifijos, en mercados o en tianguis. En los casos en donde se ha logrado, sin duda alguna, ha sido un paso significativo, pero desafortunadamente es disperso. No obstante, en materia de reproducción doméstica de perros y gatos no se ha hecho absolutamente nada.
No podemos ni debemos seguir en ese camino, debemos insistir en que la autoridad competente haga algo para erradicar la instalación en patios de casas particulares y por particulares de criaderos y la reproducción clandestina, improvisada e imprudente de perros y gatos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, a tomar medidas concretas para prevenir, sancionar y erradicar la reproducción y crianza de perros y gatos en lugares no autorizados para ello, de conformidad con las normas oficiales mexicanas en la materia.
Notas
1 Historia de la Domesticación Animal.
2 Historia de la Domesticación Animal.
3 INEGI. Reporte 2020
4 Sociedad Protectora de Animales.
5 Facultad de Veterinaria de la UNAM. 2020
6 Facultad de Veterinaria de la UNAM. 2020
7 Facultad de Veterinaria de la UNAM. 2020
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Fonatur a hacer públicas las acciones de mitigación de impacto ambiental en el desarrollo de los tramos del Tren Maya, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quien suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorte al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a transparentar las acciones de mitigación de impacto ambien que se implementan en el desarrollo de los tramos del tren maya al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
México tiene una extensa topografía (serranías, cadenas volcánicas y mesetas), debido a su ubicación geográfica y la gran variedad de climas que posee, ha logrado posicionarse entre los 17 países del mundo con mayor diversidad de flora y fauna.
En cuanto a la diversidad de especies, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), describe poco más de 1.73 millones1 de las cuales 5 714 son especies vertebradas en nuestro país.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso (CONABIO) se ha registrado 27 322 especies de plantas vasculares y 195 millones de hectáreas arboladas,2 la mayor parte se ubica en el sur del país.
No obstante, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), dio a conocer que México estaba colocado en el quinto lugar del mundo en cuanto a especies en riesgo (En peligro Crítico, En Peligro y Amenazadas) con 897 especies.3
El territorio mexicano ha estado habitado por grupos humanos desde hace 12 mil años (Del Olmo et al., 2011). La prolongada interacción de la humanidad con la biodiversidad, ha ocasionado el desplazamiento entre diferentes límites territoriales teniendo como consecuencia positiva el desarrollo de infraestructura de vías de comunicación como carreteras, autopistas, puentes y vías. La construcción de caminos tiene impacto en el hábitat natural y en algunos casos, estos cambios han provocado la extinción de flora y fauna.
El 16 de diciembre de 2018 fue anunciada por el Poder Ejecutivo Federal la construcción del Tren Maya entonces con un valor de 120 a 150 mil millones de pesos que se obtendrán a través de un esquema de inversión mixta para el diseño de construcción y operación.
Este proyecto no es nuevo, tiene su antecedente en el periodo Porfirista, donde se instalaron las mayores partes de vías férreas. En 1988 se dio a conocer una iniciativa de construcción con el nombre “la Ruta del Mundo Maya”, estaba integrado por 5 rutas (México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador) el proyecto no surgió por falta de compromiso y economía.
La construcción del tren maya radica en integrar servicios de transporte ferroviario que conectan las primordiales localidades y zonas turísticas de la península de Yucatán, tiene como propósito fomentar un programa de turismo que permita a los turistas conocer las comunidades locales. El tren brindará servicios de transporte local, de usuarios y de carga.
El plan abarca aproximadamente mil 525 kilómetros en el sur y sureste del país, incluidos los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se espera contar con 50 estaciones para 2023, tendrá una velocidad máxima de 160km/h.4
Para la construcción del Tren Maya fueron removidos árboles, que se encontraban en la carretera federal 307 Cancún- Tulum, se espera que sean reubicados en plazas y parques públicos de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún.
En ese sentido, se informó que el Tren Maya irá sobre el derecho de vía, afectando selva baja, pero sin pasar por ninguna Área Natural Protegida.
Asimismo, el 19 de enero de 2022 se dio a conocer la noticia a través del periódico “La Jornada” sobre la suspensión de la obra de construcción de Tren Maya en Playa del Carmen, debido a modificaciones que se harán al trazo, por lo que ya no será elevado ni pasará por la zona urbana de la ciudad para no afectar la zona, informó el nuevo director del Fondo Nacional de Turismo, Javier May Rodríguez.5
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha advertido que el emprendimiento impactará en distintos municipios de Chiapas y Tabasco, las selvas altas, los pantanos y sabanas; en la Península de Yucatán impactará los macizos de selva más importantes.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) los daños que puede ocasionar el proyecto maya es la deforestación de 2mil 500 hectáreas de selvas húmedas y secas, el impacto del proyecto sobre la cobertura forestal en la Península de Yucatán es grande.
En particular, el proyecto cruza áreas de gran importancia para la conservación de la selva como la región de Calakmul. Asimismo, la construcción de infraestructura vial, estaciones del ferrocarril y los polos de desarrollo acrecentarán las actividades agropecuarias, los asentamientos humanos y las actividades turísticas, y por lo tanto acelerarán el cambio de uso de suelo en toda la Península de Yucatán, afectando la cobertura forestal.
Se han indicado los graves impactos a la biodiversidad en la región de Calakmul que causará el emprendimiento. De igual modo, entre los efectos frecuentes de la infraestructura ferroviaria están los atropellamientos de fauna y el efecto de barrera, por lo cual los ecosistemas pierden conectividad. En especial, el emprendimiento podría interrumpir la conectividad del acuífero, poniendo en grave compromiso los manglares de la Península de Yucatán.
Consecuentemente, el proyecto Tren Maya afectará 23 Áreas Naturales Protegidas (incluidas las Reservas de la Biosfera de Sian Kaan y Calakmul) 7 Regiones Terrestres Prioritarias, 11 Regiones Hidrológicas Prioritarias y 10 Áreas de Importancia para la Conservación de los Aves.6
Aunque la falta de certeza sobre el trazo final del proyecto impide identificar los impactos puntuales que se pudieran ocasionar al hábitat y a los ecosistemas terrestres y costeros, es posible identificar que el Tren Maya y las obras conexas causarán diversos riesgos e impactos ambientales.7
Asimismo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha determinado que el Tren Maya tendrá un impacto negativo en los servicios ambientales que brindan los ecosistemas que serán afectados, también será afectada la capacidad de estos ecosistemas forestales de capturar, a través de la fotosíntesis, el bióxido de carbono atmosférico; es decir, de fungir como sumideros de carbono.
Ello ocasionará un aumento en la generación de residuos, de esta forma como contaminación que se filtrará en el acuífero, debido al tipo de suelo kárstico, a su alta permeabilidad, a la sepa de un medio poroso que ayuda de material filtrante, de esta forma como a la escasa hondura del nivel del agua subterránea. Toda el agua que llueve sobre la Península de Yucatán se infiltra al subsuelo, facilitando el ingreso de los contaminantes a los cenotes, con una ligera propagación en el acuífero y graves peligros para la salud humana.
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano busca expropiar 198 inmuebles de propiedad privada, que comprenden una superficie de dos millones 410 mil 107.72 metros cuadrados en Quintana Roo. El 17 de enero el gobierno federal anunció que expropió 198 terrenos privados de la Riviera Maya, en Quintana Roo, para uno de los tramos del Tren Maya; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano expropió dichos terrenos bajo el criterio de “utilidad pública.
Poco más de la mitad (53%) del trazo del Tren Maya se encuentra sobre terrenos ejidales, afectando a un total de 177 ejidos.8
Los delitos ambientales se definen como las acciones que atenten en contra del medio ambiente. Así, nuestro marco jurídico tipifica distintas formas de proceder al que perjudican a la colectividad.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º, párrafo quito, el derecho humano al medio ambiente sano, que a la letra señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.9
En la Ley General de Vida Silvestre, en el artículo 4º, señala que todos los habitantes del país tienen la responsabilidad de proteger la naturaleza, queda prohibida toda conducta que daña o interfiere en los intereses de la nación.
No obstante la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene por objetivo la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.10 Además señala que es facultad de la federación la expedición de las normas oficiales y la vigilancia de su cumplimiento, regulando el aprovechamiento sustentable, la protección y preservación de la flora fauna y los demás recursos.
De igual manera, La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental , establece, en el artículo 182, dos vías para iniciar una acción penal a nivel federal por delitos ambientales. Primero, cuando las autoridades federales tengan conocimiento de actos u omisiones que pudiesen constituir delitos, deberán presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal. Segundo, La Ley de Ecología establece que cualquier persona podrá presentar directamente una denuncia penal por delitos ambientales ante el Ministerio Público Federal.11
Si bien es cierto, hemos avanzado en la tipificación penal de Delitos Ambientales, en el Código Penal Federal en el artículo 414 hace referencia al castigo o al pago de indemnización que corresponde a las personas que causan daño a la naturaleza.
“Las personas a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”.12
En el articulo 415 parrafo segundo, castiga la emisión de ruidos y vibraciones que ocasionen el deterioro de los daños y recursos naturales a la flora y fauna: II. Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente. 13
Una importante medida para proteger y cuidar el medio ambiente son las instituciones que tienen la finalidad de salvaguardar y trabajar en el cuidado de la naturaleza, entre ellas se encuentran:
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es una dependencia de gobierno que tiene como objetivo fundamental fomentar la restauración, protección y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat con autonomía técnica y operativa, su tarea principal es vigilar las la normativa ambiental, a fin de hacer cumplir las leyes en materia ambiental. Entre sus atribuciones se encuentran observar el cumplimiento de las disposiciones legales, sancionando a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se encarga de conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos a través de las Áreas Naturales.
En este orden de ideas, resulta necesario señalar que en el lugar donde se realiza la construcción del Tren maya hubo expropiación y nuestro marco jurídico hace referencia a las causas de utilidad pública por las que podrán ser expropiados los bienes ejidales y comunales.
La Ley Agraria, en su artículo 93, expone las causas de utilidad pública por las que podrán ser expropiados los bienes ejidales y comunales; la fracción VII refiere a la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte.
El artículo 94 de la misma ley establece que la expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Asimismo, ésta deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública, los bienes por expropiar y la indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados.14
El 8 de marzo de 2022 se dio a conocer por el periódico “Reforma” La noticia de suspensión del tren maya “Un tribunal federal suspendió la autorización ambiental para las obras de los tres primeros tramos del Tren Maya, desde Palenque, Chiapas, hasta Izamal, Yucatán”.15
Créditos: Reforma
El motivo que dieron a conocer por el “cual frenan Tren Maya por aval ambienta”: el tren al pasar por la naturaleza daña ríos, cuevas y cenotes: además de una contaminación excesiva.
La suspensión evitaría la contaminación ambiental, pues produce enormes efectos negativos en el medioambiente, ya sea directa o indirectamente estamos destruyendo la flora y fauna, sabemos que la construcción del Tren Maya ayudaría al crecimiento de la economía, facilitando el traslado de las personas, pero tenemos que hacer conciencia sobre el cuidado del medioambiente, porque es el patrimonio que estamos heredando a nuestras generaciones.
Pues su impacto en el ecosistema seria: la generación de desechos, ruido, polvo, residuos sólidos, generación de tóxicos, contaminación del aire y del agua, malos olores, impacto en el cambio climático, uso del suelo, operaciones con remoción de la vegetación y emisiones peligrosas. Las emisiones al aire son generadas por los gases de los escapes de los vehículos y el polvo durante la etapa de construcción (Kaur y Arors, 2012).
Las personas que sufren expropiación y los otros habitantes que se quedan cerca de la zona de construcción están expuestos a efectos dañinos para su salud como polvo, vibraciones y ruido causados por cierto tipo de actividades constructivas como excavaciones (Li et al., 2010 ).
Para la construcción del proyecto ya mencionado se utilizan diversos recursos naturales tales como energía, suelo, materiales y agua.
El Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hace mención de la suspensión de obras públicas:
Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designaran a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de esta, la que no podrá? prorrogarse o ser indefinida.16
Nuestro Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados se encuentra comprometido por impulsar acciones en favor de la naturaleza, la preservación de la riqueza biológica de los ecosistemas, la protección y conservación de flora y fauna y por la defensa al medio ambiente.
Por lo que nos preocupa el impacto económico, social y ambiental que genera día a día el desarrollo del Tren Maya para los pobladores de los Estados de Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como de las comunidades y pueblos originarios por donde se desarrolla la construcción de esta vía de comunicación.
Es por ello que solicitamos que en este tema el Director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo aclare e informe el status actual de este proyecto, así como de la reubicación y daños generados a los árboles que han sido talados inclusive con categoría de protección por nuestras normas oficiales y la expropiación de ejidos además de las acciones de mitigación que se llevan a cabo durante el desarrollo de los tramos.
En atención a lo previamente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al director de Fondo Nacional de Fomento al Turismo a hacer públicas las acciones de mitigación de impacto ambiental que se implementan en el desarrollo del Tren Maya.
Notas
1 México y su diversidad biológica. Disponible:
https://apps1.Semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap4.html#tema1
2 Biodiversidad. Disponible:
https://apps1.Semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/ cap4.html#tema1
3 México Segundo Lugar del Mundo en Cantidad de Especies en Peligro. Disponible: https://www.cemda.org.mx/mexico-segundo-lugar-del-mundo-en-cantidad-de- especies-en-peligro/
4 Tren Maya. Disponible:
https://www.grieta.org.mx/index.php/megaproyecto-de-tren -maya/
5 Vázquez, P. (19/01/2022). Suspenden obras del Tren Maya en Playa del Carmen. La Jornada. La Jornada - Suspenden obras del Tren Maya en Playa del Carmen.
6 Soto, J. (03/02/2022). Tren maya ¿cómo afectará al medio ambiente y los derechos de las comunidades? Green Peace. Tren maya, ¿cómo afectará el medio ambiente y los derechos de las comunidades? - Greenpeace México
7 Soto, J. (03/02/2022). Tren maya ¿cómo afectará al medio ambiente y los derechos de las comunidades? Green Peace. Tren maya, ¿cómo afectará el medio ambiente y los derechos de las comunidades? - Greenpeace México.
8 Cruz, N. (03/02/2022). El gobierno analiza expropiar terrenos de tren a refinería. El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-gobierno-anali za-expropiar-terrenos-de-tren-refineria
9 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
10 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Proteccion al Ambiente. Disponible
https://biblioteca.Semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/148.pdf
11 Responsabilidad Penal. Disponible:
https://moose.cec.org/moose/lawdatabase/mxdoc.cfm?varlan=espanol&topic=4#:~:text=Delitos%20Ambientales%
20en%20el%20C%C3%B3digo%20Penal%20Federal&text=Las%20penas%20establecidas%20en%20el,
mil%20d%C3%ADas%20de%20salario%20m%C3%ADnimo.
12 Código Penal Federal. Disponible:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_ Penal_Federal.pdf
13 Código Penal Federal. Disponible:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_ Penal_Federal.pdf
14 Ley Agraria. Disponible: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_250618.pdf
15 Reforma .Disponible: https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/frenan-tren-maya-por-aval-ambiental/
ar2363313?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a
16 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_200521.p df
Palacio legislativo de San Lázaro a 23 de marzo del año 2022.
Diputado María Teresa Ochoa Mejía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas secretarías de Estado a agilizar la reparación integral y la restitución del patrimonio de los trabajadores portuarios sindicalizados afectados por la requisa del puerto de Veracruz de 1991, suscrita por los diputados Rosa Hernández Espejo y Sergio Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
Los diputados que suscriben, Rosa Hernández Espejo y Sergio Gutiérrez Luna, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y su numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1973, como parte de un proyecto de renovación portuaria, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Luis Echeverría Álvarez, otorgó una concesión para el uso de las instalaciones y la administración del puerto de Veracruz a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz, misma que reservando un porcentaje de participación estatal, se constituyó integrando su capital a partir de acciones suscritas por obreros, operadores e incluso usuarios de los servicios portuarios de dicha zona.
Como parte de la empresa concesionaria, conformada en su mayoría por obreros y operadores portuarios, distintas organizaciones sindicales negociaron los acuerdos necesarios que servirían para la coordinación de las maniobras dentro recinto portuario, resultando en el año de 1975 en la unificación y constitución del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores y Abridores de la zona marítima del Puerto de Veracruz.
Tanto la concesión, así como la unificación sindical, representaron medidas que tuvieron como objetivo enfrentar el problema de la deficiente operación portuaria y la búsqueda de la optimización de sus trabajos para convertirlo en un instrumento útil para el comercio exterior del país. Así, durante los años subsecuentes y bajo un modelo de cooperativismo dentro de la empresa, los trabajadores portuarios del sindicato se dedicaron al manejo y desarrollo eficiente de la actividad portuaria de la ciudad de Veracruz, generando diariamente ganancias que se repartían equitativamente entre las agrupaciones de trabajadores, así como con las agencias aduanales establecidas en la localidad, lo que representó una gran generación de riqueza en favor de la Ciudad, así como de su puerto.
Sin embargo, pese a los avances que se venían registrando, el 31 de mayo de 1991 el Presidente Carlos Salinas de Gortari ordenó una requisa sobre los muelles de Veracruz, así como la privatización de las maniobras portuarias que se hallaban bajo la administración de los socios portuarios del Sindicato en virtud de la concesión de 1973; dicho acto ilegítimo, perpetrado como una medida espectacular que buscó romper con los pilares del corporativismo y la gestión obrera, para hacer suyo el control del puerto de Veracruz y despojar a los trabajadores de sus activos y maquinaria, de su trabajo y de sus derechos sindicales.
A partir de dicha requisa administrativa, laboral y financiera, la autoridad procedió a la congelación de cuentas bancarias así como a la incautación de 6 edificios parte del patrimonio del sindicato, y además, tanto las instalaciones así como la maquinaria de los trabajadores sindicalizados fue indebidamente concedida en su uso a empresas privadas como la Empresa Internacional de Contenedores de Veracruz S.A. de C.V. (Icave), la Corporación Integral de Comercio Exterior S.A. de C.V. (Cice), la Operadora Portuaria del Golfo (Opg) y la Compañía Terminal de Veracruz (Ctv) generando con ello jugosas ganancias a dichas empresas privadas a costa de la fuerza obrera de los maniobristas, carretilleros, cargadores, abridores y conexos del Puerto de Veracruz.
Durante más de treinta años desde la requisa, el gremio sindical de los maniobristas, carretilleros, cargadores y abridores continúa luchado arduamente por la reivindicación de sus derechos así como por la recuperación del patrimonio de los trabajadores portuarios de los que fueron injustificadamente despojados, lo anterior a partir de distintas acciones como la toma de notas ante el Poder Ejecutivo federal y sus dependencias, así como a través de distintas disputas ante los tribunales que buscan el reconocimiento de las violaciones perpetradas en su contra, la recuperación de sus activos, e incluso la responsabilidad penal por los delitos cometidos como parte de la ejecución de la ilegal requisa y sus posteriores efectos y consecuencias.
A de tres décadas de que el gobierno de Carlos Salinas asestó este duro golpe en contra de los trabajadores del puerto de Veracruz, sigue vigente la deuda y el reproche de justicia en favor de todos los obreros y sus familias que fueron vulnerados y despojados de su patrimonio sin que hasta el momento se les haya reparado e indemnizado de forma integral, de ahí que se derive la necesidad de exigir que las autoridades involucradas realicen las acciones y gestiones necesarias que sirvan a la restitución de sus derechos.
Por todo lo antes expuesto, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones que correspondan con el propósito de agilizar la reparación integral así como la restitución del patrimonio de los trabajadores portuarios sindicalizados que se vieron afectados derivado de la requisa del puerto de Veracruz de 1991.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022
Diputados: Rosa Hernández Espejo y Sergio Gutiérrez Luna (rúbricas)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México a revisar las instalaciones de gas para prevenir siniestros que pongan en riesgo a la población, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN
El diputado Luis Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente: proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, realice revisiones a las instalaciones de gas, con el objetivo de prevenir siniestros que pongan en riesgo a la población de la capital del país, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La protección civil, definida en la Ley General de Protección Civil, es la acción que prevé la coordinación de los diversos sectores, con el fin de crear planes, programas, estrategias y recursos para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población.
Del mismo modo, la Gestión Integral de Riesgos se encuentra definida en este ordenamiento, la cual se refiere al conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de riesgos, tomando en cuenta su origen multifactorial.
Como se puede observar, la identificación y prevención de riesgos debe darse como resultado de la acción permanente de los tres órdenes de gobierno y con la colaboración del sector público y privado. Dados los orígenes naturales y antropogénicos de los siniestros que afectan a cada región, la prevención es fundamental.
Como parte de los riesgos de algunas zonas del país, se encuentra el uso de combustibles en viviendas y establecimientos mercantiles. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares, en México el combustible de mayor uso en las viviendas es el Gas LP, que representa el 79%.1
De acuerdo con información publicada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), de un total de 983 accidentes industriales y urbanos, el 33.98% corresponde a fugas, 39.78% a explosiones y 26.24% a incendios.
Del total de accidentes con Gas LP en nuestro país, entre 2010 y 2020, el 64.14% corresponden a accidentes urbanos, es decir 2 de cada 3 accidentes ocurridos en los últimos 10 años, se presentan en zonas urbanas.2
En el caso específico de la Ciudad de México, en fechas recientes se han presentado accidentes que han afectado la vida, patrimonio y salud de las personas, la mayoría de estos accidentes relacionados con las instalaciones de gas.
El 13 de noviembre de 2021 en la Ciudad de México, se registró una explosión en la Colonia Pensil, Alcaldía Miguel Hidalgo, que cobró la vida de 2 personas y dejó dos personas lesionadas. La explosión fue provocada por una explosión de gas, y de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el origen del siniestro fue el mal estado de cilindros donde se almacena el combustible.3
El 16 de agosto de 2021, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se registró una explosión por acumulación de gas en un edificio. El resultado fue una persona fallecida y más de 20 lesionados, además de los incontables daños materiales.4
Las zonas urbanas con alta densidad poblacional tienen el riesgo latente de que ocurran estos siniestros. Adicionalmente a la información presentada, cabe resaltar que las entidades federativas con mayor densidad poblacional son la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, lo cual representa riesgos en caso de siniestros relacionados al uso del gas.
El 2 de febrero, se hizo pública en medios de comunicación, la preocupación por parte de vecinos, estudiantes y trabajadores de la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, ya que en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) Añil 486 de Pemex, se incorporó una planta de Gas Bienestar. Esta situación es preocupante, ya que cercana a esa Terminal se encuentra el Hospital General de Zona 2 A del IMSS, inmuebles de espectáculos masivos y viviendas.5
La revisión adecuada de las instalaciones, así como la verificación de cumplimiento de las Normas Oficiales aplicables, puede significar salvar incontables vidas ante la posible presencia de un siniestro.
La Ciudad de México tiene 6163 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que debe representar un foco de atención por parte de las autoridades encargadas de la protección civil, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
En virtud de lo anterior se presentan los siguientes:
Considerandos
Primero. Que el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2007, establece en su artículo 67, fracción V que todos los permisionarios tienen la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, cuando se identifique alguna instalación, vehículo o equipo que no cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Segundo. Que en el artículo 67, fracción III del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo establece que todos los permisionarios tienen la obligación de retirar de uso y operación toda instalación, vehículo, equipo y accesorio que no cumpla con lo dispuesto en Normas Oficiales Mexicanas.
Tercero. Que la Norma Oficial Mexicana identificada como NOM-011/1-SREDG-1999, establece las condiciones mínimas de seguridad de los recipientes portátiles para contener Gas LP.
Cuarto. Que la Norma Oficial Mexicana, identificada como NOM-011-SEDG-1999, refiere las consideraciones a tomarse en cuenta para los recipientes portátiles para contener Gas LP, no expuestos a calentamiento por medios artificiales. Fabricación. Del mismo modo establece las especificaciones mínimas y métodos de prueba que se deben cumplir para la fabricación de recipientes portátiles para contener Gas LP.
Quinto. La Norma Oficial Mexicana, identificada como NOM-002-SECRE-2010, Instalaciones de aprovechamiento de gas natural, establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplirse en el diseño, materiales, construcción, instalación, pruebas de hermeticidad, operación, mantenimiento y seguridad de las instalaciones de aprovechamiento de gas natural.
Sexto. Que en la Ley General de Protección Civil en su artículo 2, fracción XXVIII se define a la Gestión Integral de Riesgos como: “El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción”.
Séptimo. En la ley y artículo citado en el considerando anterior, en la fracción XLIII se define a la Protección Civil como: “Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.”
Octavo. Que, en la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 14 “Ciudad Segura”, se establece el Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, ya que “toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad.”
Noveno. Que en el artículo 33 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, establece que a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil le corresponde “diseñar y ejecutar, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la preparación y respuesta para la prevención y reducción del riesgo de desastres, así como la atención de emergencias”.
Décimo. Que, en artículo citado en el considerando anterior, específicamente en la fracción VII se establece que a la dependencia referida le corresponde “promover y apoyar la creación de instrumentos y procedimientos de planeación, técnicos y operativos, que permitan prevenir y atender la eventualidad de una emergencia o desastre”.
Décimo Primero. Que en la fracción XVI del artículo 33 de la ley citada, se establece como responsabilidad de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil “promover y apoyar la creación de instrumentos y procedimientos de planeación, técnicos y operativos, que permitan prevenir y atender la eventualidad de una emergencia o desastre”.
Décimo Segundo. Que la Ley de Infraestructura de la Calidad define la Norma Oficial Mexicana como: “la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las Autoridades Normalizadoras competentes cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento, mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquéllas relativas a terminología, marcado o etiquetado y de información. Las Normas Oficiales Mexicanas se considerarán como Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o Fitosanitarias, según encuadren en las definiciones correspondientes previstas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.”
Por lo anteriormente fundado y motivado, se pone a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición:
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, realice revisiones a las instalaciones de gas, con el objetivo de prevenir siniestros que pongan en riesgo a la población de la capital del país.
Notas
1 Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI) 2018. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/programas/encevi/2018/#Document acion
2 http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/364-INFOGRAFAGASLP -EVITAACCIDENTES.PDF
3 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/14/capital/cilindros-picados-o rigen-de-explosion-en-la-pensil/
4 https://elpais.com/mexico/2021-08-16/
una-explosion-por-una-fuga-de-gas-en-un-edificio-de-la-alcaldia-benito-juarez-deja-al-menos-22-heridos.html
5 https://www.24-horas.mx/2022/02/02/viven-entre-gasolina-y-gas-es-una-bo mba-de-tiempo/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de marzo de 2022.
Diputado Luis Mendoza Acevedo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a actualizar los datos del sistema de información para conocer el estado que guarda el sistema público de salud en México, a cargo del diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Salomón Chertorivski Woldenberg, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal a actualizar los datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud, conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
El derecho al acceso de la información es un componente clave para construir una sólida y verdadera libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la búsqueda y recepción de información en poder de órganos, entes y empresas públicas, exceptuando casos en que la información sea calificada como secreto de Estado o de acceso restringido por la Constitución y/o por alguna ley.1 El derecho al acceso a información es considerado un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente, así como un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades.
En México, el derecho a la libre información es reconocido y garantizado por el Estado en el artículo 6 de la Constitución, el cual establece, entre otras, las siguientes acciones para su correcto ejercicio:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos.
IV. Se establecen mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados.
V. Los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y están obligados a publicarlos a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
VI. Los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
Con base en dicho marco normativo, en nuestro país el derecho de acceso a la información se contempla en tres dimensiones, “el derecho a atraerse información, el derecho a informar y el derecho a ser informado”.2 La primera, se entiende como el acceso a los documentos públicos y a la elección del medio para consultar la información; la segunda, se refiere las libertades de expresión y de imprenta, así como la formación de sociedades y empresas informativas; y la tercera, alude a la recepción de información objetiva, oportuna, accesible, consistente, completa, y universal.
Además de un derecho, la información es una herramienta fundamental en la construcción de soluciones a problemáticas sociales, pero además es importante para monitorear el estado que guarda alguna situación en particular. En cualquiera de estos casos, la información contribuye a la generación de conocimiento para mejorar la toma de decisiones gubernamentales, imprimiendo objetividad al análisis racional del proceso político para la formulación de opciones de política.3 Si el proceso que conlleva la determinación de la información falla, la decisión tomada o el problema a solucionar no serán factibles, ya que un factor es condicionante preciso del otro.
En la actualidad dentro del ámbito de la salud, gestionar datos es un requisito básico para disponer de pruebas que fundamenten la implementación de acciones. Por tanto, son necesarias estrategias que dominen el léxico especializado para que la información clínica almacenada en los sistemas informáticos pueda ser utilizada con múltiples propósitos,4 lo cual se logra mediante la representación de los datos de salud.
Lo anterior, se realiza mediante los Sistemas de Información en Salud (SIS) que constituyen el núcleo principal de soporte para conocer y determinar las actividades que se llevan a cabo en las instituciones sanitarias. Dentro de los SIS, los indicadores de salud (IS) reflejan numéricamente los acontecimientos medidos en el continuum salud-enfermedad. El sistema integrado de información en salud5 tiene por objetivo normalizar, integrar y organizar toda la información en salud disponible dentro de un repositorio accesible y seguro, así como la distribución de la información en su forma más conveniente. Esto para constituir instrumentos que faciliten la gestión y la estrategia en la dirección de las organizaciones.
En nuestro país, para tal efecto la Ley General de Salud establece en su artículo 104 que:
“La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública. La información se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:
I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad;
II. Factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud, y
III. Recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud de la población, y su utilización.”
Además, el artículo 105 de esa misma ley estipula que:
“En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con las bases, normas y principios que ésta fije, la Secretaría de Salud integrará la información a que se refiere el artículo anterior, para elaborar las estadísticas nacionales en salud que contribuyan a la consolidación de un sistema nacional de información en salud.”
Sin embargo, los datos disponibles en el Sistema de Información de la Secretaría de Salud no se encuentran actualizados. Por ejemplo: indicadores demográficos, tasas de natalidad y mortalidad materna e infantil tienen datos disponibles hasta 2018. Los recursos disponibles de la Secretaria de Salud que incluyen personal, equipo médico y establecimientos de salud se encuentran actualizados hasta 2019. En cuanto a los servicios otorgados, estos contienen cifras hasta 2020.
Por consecuencia, es imposible determinar el estado que guarda el sistema nacional de salud, diagnosticar posibles problemáticas, pero, sobre todo, diseñar soluciones que contribuyan a su progreso. La ausencia de datos relevantes debe resolverse en aras de mejorar nuestro sistema público de salud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, para que, por medio de la Dirección General de Información en Salud, actualice los datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud a fin de conocer el estado que guarda el sistema público de salud en México.
Notas
1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. “¿Qué es el derecho a la información públicá”. IIDH. Disponible en
https://cutt.ly/7fVshT0
2 Carpizo, J. y Villanueva, E. “El derecho a la información propuestas de algunos elementos para su regulación en México” en Derechos Humanos, cords. Diego Valdez y Rodrigo Gutiérrez, 71-101 (México, DF: IIJ-UNAM/IFA, 2010).
3 Torres, M., y Santander, J. 2013. Introducción a las políticas públicas: Conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía. Disponible en
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/
1450056996_ce38e6d218235ac89d6c8a14907a5a9c.pdf
4 Organización Panamericana de la Salud. 2021. Introducción a la interoperabilidad semántica. Disponible en
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54797
5 Canela-Solera, J., Elvira-Martínez, D., y Labordena-Barcelóc, M. (2010). Sistemas de Información en Salud e indicadores de salud: una perspectiva integradora. Revista Elsevier Disponible en https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-sistemas -informacion-salud-e-indicadores-S0025775310700026
Palacio legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implantar acciones dirigidas a garantizar que continúen los componentes de ampliación de horario y servicio de alimentación en las escuelas de educación básica, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Las que suscriben, Flora Tania Cruz Santos y María Eugenia Hernández Pérez, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 28 de febrero de 2022 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Programa “La Escuela es Nuestra”, donde no se contemplan recursos para las actividades que realizaba el “Programa de Escuelas de Tiempo Completo” como estuvo que previamente se incluía en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021.
El Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, indicó que la Secretaría de Educación Pública tomó esta decisión, toda vez que se ha encontrado opacidad en la operación y se ha preferido entregar de manera directa los recursos a las escuelas, así como a los padres y madres de familia para que ejerzan libremente los recursos federales para subsanar las necesidades que presentan los planteles educativos del país.
Al respecto, es importante destacar que uno de los principales objetivos del gobierno de la Cuarta Transformación es el de garantizar que todas y todos los mexicanos puedan acceder y disfrutar del derecho a la educación integral en todos sus tipos y niveles, desde la educación inicial y hasta la superior. Así ha quedado patente tras la reforma a los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la posterior promulgación de sus leyes secundarias que han transformado el Sistema Educativo Mexicano para darle un enfoque de derechos humanos con equidad.
La nueva legislación surgida de la reforma educativa busca generar condiciones de excelencia y mejora continua en la educación, colocando en el centro al interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que se expresa en su máximo logro de aprendizaje.
Si bien el “Programa Escuelas de Tiempo Completo ” surge de una iniciativa de sexenios anteriores y por ello, no es desdeñable la idea de que puedan existir casos de corrupción o mal uso de los recursos que se le asignaban, a la fecha y desde la reestructuración de sus Reglas de Operación en diciembre de 2019, ha contribuido al fortalecimiento de la educación básica y al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo tercero constitucional respecto de que: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. [...]”, así como: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos ”.
De igual forma la existencia de escuelas de jornada ampliada o tiempo completo está contemplada en las fracciones VI y VIII del artículo 9 de la Ley General de Educación, que dispone que:
Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:
I a V ...
VI. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria;
VI...
VIII. Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos;
IX a XIII ...
Es importante destacar que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo se encargaba de aportar recursos a escuelas públicas de educación básica para extender la jornada escolar a 8 horas con la intención de dotar de más oportunidades de aprendizaje para las niñas y niños se proponen mejorar los resultados educativos; fortalecer el desarrollo del currículo; propiciar el logro de aprendizajes con calidad en un marco de equidad; y atender las dificultades y necesidades educativas de todos los alumnos que asisten a ellas. Su objetivo principal era “contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación de las horas que los alumnos van a la escuela ”.1
Así mismo, el programa tenía como meta fortalecer el uso eficaz de dicha jornada escolar ampliada y la implementación de líneas de trabajo educativas de apoyo al aprendizaje de las y los alumnos, con lo cual se le daba una mayor atención a aquellos que, por la diversidad de condiciones de aprendizaje, lo requirieran. De igual forma, el Programa tenía como objetivo brindar un servicio de alimentación para las y los alumnos, toda vez que el tiempo de estancia en el centro escolar abarca el horario de comida, priorizando a las comunidades con alto índice de pobreza y marginación.
Diversas voces han señalado la relevancia para el Sistema Educativo Nacional del Programa Escuelas de Tiempo Completo. Por ejemplo, se habla que la cancelación del programa afectaría a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes que asisten a este tipo de escuelas2 . Además el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo continuará en esta entidad federativa con recursos propios y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública federal.3 Ejemplos similares se manifestaron en los estados de San Luis Potosí, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Puebla, donde las y los gobernadores de dichas entidades señalan la importancia del programa y que se buscará la forma de continuar con su financiamiento.4
Por otro lado, en septiembre de 2021 el juez octavo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México otorgó un amparo en cuya sentencia se ordena al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Educación Pública a garantizar los recursos para cumplir con los objetivos del Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Al respecto esta soberanía, el pasado 10 de marzo, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y tras ser aprobado por el Pleno, creó una Mesa de Trabajo para revisar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, con la finalidad de contribuir al análisis de las alternativas que permitan seguir operando los recursos necesarios para alcanzar los objetivos del programa de Escuelas de Tiempo Completo, mismo que entró en funciones el 15 de marzo del corriente.
De esta manera es que consideramos que se pueden encontrar alternativas al corto plazo para que se siga cumpliendo con el objetivo principal del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, que es el de brindar las mejores condiciones para las y los alumnos de educación básica para alcanzar la excelencia educativa y la equidad, principalmente a aquellos que tienen condiciones de marginación.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta con pleno respeto a la división de poderes, a la Secretaría de Educación Pública para que en el ejercicio de sus atribuciones se implementen las acciones necesarias para garantizar que los componentes de ampliación de horario y servicio de alimentación en las escuelas de educación básica continúen, con el fin de asegurar los derechos de las niñas, niños, madres y padres.
Notas:
1. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583043&fecha=29/12/
2019#:~:text=El%20PETC%20es%20un%20mecanismo,disponible%2C%20generar%20un%20mayor%20desempe%C3%B1o
2. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/01/sep-elimina-program a-escuelas-de-tiempo-completo-afectara-a-millones-de-ninos-denuncian/
3. https://www.animalpolitico.com/2022/03/escuelas-de-tiempo-completo-segu ira-cdmx
4. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/05/estos-son-los-estad os-del-pais-donde-se-quedan-las-escuelas-de-tiempo-completo/
Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de marzo de 2022.
Diputadas : Flora Tania Cruz Santos y María Eugenia Hernández Pérez (rúbricas)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a dar seguimiento a las denuncias de paterfamilias de primarias guanajuatenses por violaciones de las Reglas de Operación del programa La Escuela es Nuestra, a cargo de la diputada Berenice Montes Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe Berenice Montes Estrada, diputada federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió cancelar el programa “Escuelas de Tiempo Completo” y transferir el total de esos recursos al programa “La Escuela Es Nuestra” (LEEN); para este año, ese programa, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura de los planteles educativos, mediante el equipamiento y la realización de obras, principalmente en zonas rurales del país, contará con un presupuesto de alrededor de 13 mil 964 millones de pesos.
Sin embargo, tanto el programa como el rubro de infraestructura educativa tienen observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 573 millones de pesos, como resultado de la Cuenta Pública 2020.
En consecuencia, resulta cuestionable, por no decir incongruente, que la SEP haya decidido transferir los recursos de un programa que funcionaba y tenía múltiples beneficios para más de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes, a un programa que tiene observaciones por parte de la ASF, lo que evidencia, sin mayor análisis que su administración no es la correcta, pero además como se verá más adelante, existen casos documentados de corrupción y mal manejo de los recursos del programa la “Escuela es nuestra”.
De acuerdo con el informe de la ASF, en 2020, su segundo año de operación, el programa “La Escuela es Nuestra” recibió un presupuesto de 7.2 millones de pesos, de los cuales, 573 millones están pendientes de aclaración. En las observaciones realizadas se reportó que no hubo documentación que acredite el reintegro de 9 millones 450 mil pesos, correspondientes a los apoyos otorgados a 40 beneficiarios que no activaron las tarjetas bancarias en las que se depositaron los apoyos del programa.
Además, con la revisión de 1,757 expedientes, se constató que estos no cuentan con documentación que acredite la aplicación de apoyos por 564 millones de pesos; lo mismo en el análisis de 71 expedientes de beneficiarios que recibieron apoyos por un total de 12 millones de pesos. En otros 1,686 expedientes adicionales se constató que tampoco hay documentación que acredite la aplicación de apoyos por 552 millones de pesos.
Información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) da cuenta de que los integrantes de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) retiraron en su totalidad los apoyos de las cuentas bancarias en efectivo, por lo que no se pudo comprobar que los recursos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa.
De otros 23 millones de pesos, solo existen “comprobantes simplificados, notas simples de venta o de remisión” sin que, en la mayoría de los casos, se tratara de planteles en los que, por su ubicación geográfica, se tuviera la necesidad de realizar adquisiciones de bienes y contratación de servicios en comercios, negocios o con personas que no cumplan con los elementos de comprobación fiscal, tal como lo establecen los lineamientos de operación del programa vigentes.
Según las reglas de operación, el programa LEEN “busca fortalecer la organización de las comunidades escolares mediante la instalación de los CEAP electos en asambleas escolares y lograr que rinda más el presupuesto, evitando la corrupción, el clientelismo y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa”.
También, en ese documento de reglas, se señala que el objetivo general del programa es “mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de los planteles públicos de educación básica”.
Sin embargo, concluye la ASF, su cumplimiento es parcial, pues los integrantes de los CEAP, como responsables de la ejecución de los recursos, no cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física educativa ni tampoco en el manejo y administración de los recursos.
“La normativa que regula la operación del programa carece de mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar su operación, ni se establecen los plazos máximos para que los planteles beneficiarios de los apoyos ejerzan y comprueben la aplicación de los recursos, ni se señalan posibles causales de incumplimiento en la aplicación de los apoyos”, agrega la ASF en su informe.
En contraparte, la Unión Nacional de Padres de Familia ha señalado en diferentes espacios que, el programa de “Escuelas de Tiempo Completo” había sido calificado por instituciones internacionales como “exitoso”, pues no solo garantizaba un aprendizaje extra para los alumnos, sino también alimentos.
El programa de las escuelas de tiempo completo inició en 2007 con 441 instituciones de educación básica, que en su mayoría están localizadas en zonas de alta marginación. Ante la necesidad de atención, el número de escuelas inscritas al programa aumentó, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018 se contabilizaron más de 27,000.
En la revisión al programa que realizó el Coneval en 2018 se arrojaron resultados positivos. Por ejemplo, en la prueba “Planea” respecto de aprendizaje de matemáticas y lenguaje se concluyó que las escuelas integradas al programa lograron disminuir el número de estudiantes en rezago.
El propio Coneval señaló que el servicio de alimentación en estos planteles es una intervención efectiva para mejorar el aprendizaje, principalmente en las primarias ubicadas en zonas de alta marginación. En este sentido, la Unión Nacional de Padres de Familia, considera que el Coneval ve una repercusión en el avance académico por la alimentación que daban estas escuelas, ya que la educación en nuestro país sufre retrasos significativos, por ello, el programa debería representar una prioridad”.
Ahora bien, uno de los casos en los que se documenta el mal manejo del programa y de los recursos destinados para el mismo, se presenta en el Estado de Guanajuato, en el que por medio de un reportaje se recabaron testimonios en los que padres de familia integrantes de los CEAP, expusieron la forma en que se les obligo a ocupar los recursos destinados para la mejora de los centros educativos, vulnerando las reglas de operación del programa y poniendo en riesgo la integridad de los alumnos.
En 2020, la escuela primaria indígena Majorrú, en San Luis de la Paz, Guanajuato, fue acreedora a 150 mil pesos del programa social La Escuela Es Nuestra; aunque permite realizar cualquier obra de equipamiento, mantenimiento, conservación, rehabilitación y construcción de espacios educativos, los padres de familia denuncian que los servidores de la nación los obligaron a construir e incluso les impusieron un arquitecto.
“Nada más nos pidieron que nosotros íbamos a dar el dinero, ya no nos íbamos a hacer cargo de nada, de hecho se lo dimos en partes, pero sí se llevó todo, los 150 mil”, recordó Ana Cecilia Arellano, de la primaria Majorrú, en San Luis de la Paz, Guanajuato.
El techo que los padres decidieron que se edificara se hizo en cuatro días, en medio de la pandemia y sin validación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, como marcan las reglas de operación, lo que generó que, por deficiencias, la construcción debe demolerse pues pone en riesgo a los alumnos.
“Nos empezaron a decir que estaba mal, que no estaba bien soldado, que estaba sobre los salones y que se tenía que quitar, y por otro lado los servidores de la nación nos dicen que no, que está bien, que no tienen por qué quitarlo”, comentó Ana Cecilia Arellano, de la primaria Majorrú, en San Luis de la Paz, Guanajuato.
Un caso similar se presentó en la escuela primaria Benito Juárez, en Xichú, segundo municipio más pobre de Guanajuato, ya que también obligaron a los padres de familia a entregar 150 mil pesos del programa a quienes construirían obras a la escuela. Se pusieron losetas, una fosa séptica y pintaron los salones, pero otras obras quedaron pendientes y los encargados ya no volvieron.
“Vino una encargada que se llama Arisbeth Monjarás, que se habían cambiado el plan de trabajo, que el recurso ya no lo iban a administrar los padres de familia, sino que se había contratado a un arquitecto, una constructora. Ellos ya tenían el contacto”, dijo María Ernestina Sandoval Huerta, de la primaria Benito Juárez, en Xichú.
“No se trabajó luego, no se estuvo trabajando y después nos estaban exigiendo a nosotros como comité el dinero o el trabajo”, agregó María Ernestina Sandoval Huerta, de la primaria Benito Juárez, en Xichú, Guanajuato.
La Auditoría encontró que en 63 escuelas de Guanajuato solo se presentó un documento donde la empresa encargada dijo terminar los trabajos del programa, sin algún comprobante que lo acreditara.
Padres de familia de distintos municipios del estado señalan a la constructora Lumsa, de San Luis de la Paz, de ser la enviada por los servidores de la nación. Sin embargo, María Arisbeth García Monjaraz, subdelegada de la zona noreste en Guanajuato, renunció en 2020, luego de que varias escuelas denunciaran penalmente el uso del programa; pero no sólo no se investigó o sancionó a esta funcionaria, sino que se le premio, pues actualmente es consejera nacional de Morena.
En otro de los casos documentados en el Estado de Guanajuato, se observa que en la comunidad Misión de Chichimecas dividieron el recurso de una escuela para tres planteles, a pesar de que, aseguran, cada escuela contaba con sus recursos.
“El monto que originalmente se nos asignaba en el documento era de 500 mil pesos. Desafortunadamente nos dijeron esos 500 mil pesos serían distribuidos en tres centros de trabajo fueron una tercera parte de esos 500 mil pesos”, apuntó Ignacio Briones, director de las escuelas Chupitantegua y Nación Chichimeca, en Guanajuato.
Desafortunadamente, el caso de la primaria Majorrú no es un caso aislado, ni en el Estado de Guanajuato, ni en el país, como ya se mencionó en párrafos anteriores, la Auditoría Superior de la Federación revisó mil 187 millones de pesos otorgados al programa “La Escuela Es Nuestra” en 2020; 16% del presupuesto total del programa, y resultó que, en uno de cada dos pesos aún no se puede demostrar que llegaran a obras para mejorar los planteles.
En Acción Nacional, estamos comprometidos con la educación y el interés superior de la niñez, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, viendo como el actual gobierno destruye el sistema educativo nacional, con el único propósito de utilizar sus recursos para destinarlos, en el mejor de los casos a programas clientelares, pero también con el cinismo que los caracteriza, para el pago de favores políticos y para el financiamiento de la campaña permanente del presidente y sus más cercanos seguidores.
La educación en nuestro país ha tenido serias dificultades y deficiencias a lo largo de la historia, pero hoy más que nunca corre el peligro de tener un retroceso y estancamiento que serán muy difíciles de superar, basta con mirar quien encabeza la Secretaría de Educación Pública para deducir que la educación no representa nada para el Presidente, y es fácil de entender el porqué, pues los niños no votan.
En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema que perjudica de manera directa a millones de niñas y niños inscritos en las escuelas públicas, del Estado de Guanajuato y del país, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que atienda y de seguimiento a las denuncias presentadas por padres de familia de escuelas primarias del Estado de Guanajuato, en las que señalan malos manejos y violaciones a las Reglas de Operación del Programa la “Escuela es Nuestra”.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación a que, en apego a sus atribuciones legales, realice una auditoría forense al programa La Escuela Es Nuestra, tomando en cuenta que estas conllevan la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que realice las investigaciones correspondientes en la administración del Programa la Escuela es Nuestra, así como de los funcionarios que lo encabezan con el fin de descartar irregularidades y malos manejos.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría del Bienestar y a la Secretaría de la Función Pública, para que investiguen la probable implicación de funcionarios conocidos como Servidores de la Nación, en los presuntos actos irregulares en el uso de recursos destinados al Programa de la Escuela es Nuestra, en los planteles del Estado de Guanajuato.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2022
Diputada Berenice Montes Estrada (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a procurar por el INE la información y difusión oportunas, y acciones tendentes a incentivar y garantizar la participación en todo proceso electoral por los mexicanos en situación de migración, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Alberto Villa Villegas, diputado integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente, en el mundo globalizado, la migración se ha convertido en uno de los factores de transformación socioeconómica tanto nacional como entre países, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cual fue creada en 1951, “se calcula que hay aproximadamente 272 millones de migrantes internacionales, que representan un 3,5% de la población mundial”.1
Y dentro de los tres principales flujos migratorios se encuentra el de México y Estados Unidos de América. Las y los mexicanos son el grupo más poderoso de personas inmigrantes de ese país desde los años 80´s. pero más allá de los flujos migratorios, lo cierto es que son mexicanos, y moverse de su país de origen no debe eximirlos de que sus derechos y garantías como mexicanos prevalezcan, deben mantenerse informados y tener voz y voto.
Según cifras del Instituto para los mexicanos en el Exterior (IME) para el 2015 había 12 millones de mexicanas y mexicanos nacidos en México que vivían en los Estados Unidos de América, con ello México se encuentra entre las tres primeras naciones con el mayor número de connacionales fuera de su país de origen.2
Grafica 1
Las y los mexicanos en el Mundo
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de los Mexicanos en el extranjero .
Con esto, México cuenta con más de 1 millón de mexicanos altamente calificados que residen en el exterior, además aproximadamente seis millones se encuentran sin documentos migratorios, lo que representa la mitad de migrantes en situación irregular que viven en Estados Unidos.
Y es que los mexicanos en el extranjero, cuentan, no solo cualitativamente, los migrantes también son ciudadanos y como tal deben ser reconocidos, por ello desde el 1º de septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, la ciudadanía migrante solicitó su inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (Lnere) a través del sistema informático dispuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE).3 Cabe señalar que estas solicitudes fueron hechas por mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, y ellos cuentan con Credencial para Votar vigente expedida en territorio nacional o bien, una Credencial para Votar desde el Extranjero (Cpve) para votar por la vía postal.
Y para dar respuesta a estas solicitudes, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (Derfe) se encarga de llevar a cabo la recepción, verificación de la situación registral, análisis y dictaminación de las solicitudes individuales de acuerdo con lo estipulado en los Lineamientos de la Lnere, aprobados en el Acuerdo INE/CG195/2017.
Además, a partir de los enlaces de internet del INE es como se ha venido informando sobre las dos sugerencias de trámites para contar con la credencial.4 Además, ha sido una de las estrategias para que los mexicanos que radican en el extranjero emitan su voto, como lo es:
• Voto Electrónico
• Voto Postal
Pero, ¿porque ha sido importante considerar la participación de los mexicanos en el extranjeró, básicamente porque está establecido desde el Titulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, los Derechos Humanos y sus Garantías, que todos los mexicanos gozaran de los derechos humanos.
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece .5
Así mismo también, en el Capítulo II De los mexicanos, se establece en el:
Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
Si bien, son mexicanos todas aquellas personas en territorio nacional o que sean hijos de padres mexicanos, esto acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 30. Sin embargo, hay al menos 600 mil personas apátridas, según lo que reporta la Secretaría de Gobernación.
Y en su mayoría son migrantes que muchas ocasiones no pueden legalmente ostentar la nacionalidad mexicana gracias a diversos obstáculos burocráticos y legislativos.
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
Votar en las elecciones populares
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:
Ante ello es necesario no solo respaldar y legislar en pro del reconocimiento de la nacionalidad de las personas en situación de migración y sobre todo garantizar el acceso al derecho de identidad.
Gráfica 2
Voto de los mexicanos residentes en el extranjero
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional Electoral. https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/historico
Si bien el número de ciudadanos inscritos al padrón para votar desde el extranjero se ha elevado de manera importante, lo cierto es que los votos reales han disminuido su participación. Y para es importante tener acciones que respalden lo efectivo del voto de este sector de la población.
Pues, las dificultades en el reconocimiento de la nacionalidad mexicana para migrantes y la falta información oportuna para acceder a la credencialización y derecho a votar, hacen que los derechos de estos mexicanos no sean garantizados.
De tal manera que se debe garantizar la identidad y reconocerlo como un derecho clave que permite el acceso al voto.
Si bien ya hay acciones que permiten que los mexicanos en situación de migración puedan emitir su voto, lo cierto es que no todos los ciudadanos están informados, y no se puede continuar vulnerando los derechos de este sector de mexicanos.
El presente punto de acuerdo, pretende que el Instituto Nacional Electoral fortalezca la difusión para que los mexicanos en situación de migración puedan participar con su voto en las consultas populares y la elección de los gobernantes y representantes de la nación mexicana. Ya que la fuente principal de información sobre el voto extranjero está en la página del INE, sin embargo, dado que es un sector de la población fuera del territorio nacional, ve limitada la difusión. Por ello es necesario que se promueva y fomente de manera constante la credencialización.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea, el presente para que las y los mexicanos que viven en el extranjero tienen derecho de hacer valer su poder de decisión en México y ejerce su derecho al voto desde el extranjero.
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional Electoral, a procurar la información y difusión oportuna, así como acciones tendientes a incentivar y garantizar la participación en todo proceso electoral, por parte de los mexicanos en situación de migración.
Notas:
1. Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30055
2. Reunión de Trabajo de la Coordinación Temática de Relaciones Exteriores y Población con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
3. Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) por entidad federativa de voto y país de residencia en el extranjero.
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/han dle/123456789/96052/JGEor201805-14-ip-7-3.pdf
4. http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/registrate-lista.
https://votoextranjero.ine.mx/registro/app/ciudadano/log in
5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo 2022
Diputado Alberto Villa Villegas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Banco del Bienestar y diversas autoridades a informar a la opinión pública sobre las acciones realizadas para atender la problemática de contratos con indicios de corrupción, el alza de la construcción de las sucursales de aquél y el retraso de su expansión, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco del Bienestar, a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que, en uso de sus facultades y atribuciones, informen a la opinión pública las acciones llevadas a cabo para atender la problemática de contratos con indicios de corrupción, el incremento en el costo de la construcción de las sucursales del banco, el retraso en su expansión y las violaciones a los derechos laborales de sus trabajadores, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Banco del Bienestar antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), fue al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador uno de los proyectos insignia, y uno de los pilares donde se cimentaría el apoyo de los programas sociales.
Con la promesa de la ampliación de las sucursales del banco del bienestar, primordialmente en zonas de difícil acceso o comunidades con grados medios y altos de marginación, para que de esta manera se hicieran llegar los servicios financieros a aquellas personas que carecen de ellos.
De acuerdo con el Programa Institucional 2020-2024 Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo,1 la misión y visión del banco son las siguientes:
Misión: Crear una banca ética y social para hacer efectivo el derecho de acceso al desarrollo, a la inclusión económica, social y financiera, así como garantizar el acceso a los apoyos, pensiones y becas constitucionales, principalmente a la población excluida.
Visión: Ser la institución de banca social del Estado Mexicano que promueva el acceso universal a servicios financieros para la inclusión, el desarrollo y el pleno ejercicio de los derechos humanos de toda la población, con la mayor cercanía territorial en las regiones del país.
En dicho documento se establece que se brindarán a los usuarios una amplia cobertura geográfica, particularmente, en las zonas de difícil acceso, a través de la expansión de la red de sucursales en áreas rurales del país para generar una mayor inclusión financiera de la gente con cercanía física y cultural, para garantizar el ejercicio y respeto de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad democrática y financiera, así como puntos de servicio y atención, cajeros automáticos, corresponsales y medios de pago digitales.
Asimismo, robustecer el acceso a la educación y formación financiera para potenciar la productividad, el ahorro y la generación de patrimonio de las familias en sus propias comunidades es otro de los objetivos que busca el banco.
Y finalmente se busca asegurar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a los apoyos económicos, pensiones, becas y demás programas sociales a través de la ampliación de mecanismos para la dispersión de dinero a través del impulso y crecimiento en el uso de cuentas bancarias.
Todo lo anterior con el afán de disminuir la corrupción, los costos de distribución de efectivo y mejorando la seguridad de las personas en el manejo de sus recursos.
Sin embargo, la corrupción es uno de los males que más han a aquejado a nuestro país a lo largo de la historia, inclusive la lucha contra la corrupción ha sido uno de los pilares para promover el proyecto político de quienes prometían tener la solución a todos los problemas de México.
Bajo el lema de que la corrupción se barría como las escaleras, “de arriba para abajo”, el Presidente López Obrador asumió el compromiso de erradicar la problemática generada por la corrupción, hoy en los hechos solo vemos que fueron palabras vacías.
Han pasado apenas 3 años del gobierno de AMLO, y por cuestiones de corrupción el Banco del Bienestar ha tenido ya 3 Directores Generales; el primero fue Rabindranath Salazar Solorio, que estuvo desde el inicio del sexenio. Durante el tiempo que duró su encargo se vio involucrado en diversas polémicas.
Una de ellas, el tema de los cajeros que ha sido el principal talón de Aquiles de este proyecto estratégico de López Obrador; crucial, porque el Banco del Bienestar es la arteria por donde fluyen los dineros de todos sus programas sociales de esta administración.
En el arranque del sexenio la institución tenía 120 cajeros, los que eran del extinto Bansefi, y se anunció con bombo y platillo la adquisición de hasta ocho mil para apuntalar el proyecto.
Fue ese contrato que ganaron Alejandro del Valle y Carlos Cabal y que después la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera canceló por falta de presupuesto.
Posteriormente se celebró un contrato que buscaba ampliar la red de cajeros del Banco, donde se asignaba de forma directa a Saque y Pague un cambio de los cajeros que el banco tenía originalmente con otra compañía llamada PROAC.
Salazar introdujo una cláusula en el contrato para que se instalaran los mismos 180 cajeros con la posibilidad de un crecimiento de hasta mil dispositivos. Fue una asignación que no autorizó la entonces oficial mayor Raquel Buenrostro.
Al final la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, también echó para abajo este otro contrato que a todas luces era irregular: Saque y Pague iba a ser financiado por Grupo Carpio, de Saúl Carpio. El contrato para la adquisición de esos mil cajeros representaba una inversión de mil 300 millones de pesos.
El 22 de junio del 2020 se realizaron cambios en el gabinete, Rabindranath Salazar pasaría a la Subsecretaria de Gobernación y sería sustituido por Diana Álvarez Maury, ella sería la encargada de seguir llevando a cabo la expansión del banco y acercarlo a las comunidades más marginadas.
Pero en el año y medio en el que estuvo lo único que se logró fue que los planes de apertura de las nuevas sucursales e instalación de los cajeros automáticos se viera estancado.
Por otro lado, de 2019 a 2021, el presupuesto aprobado para el Banco de Bienestar, bajo el Programa denominado “Programa de Inclusión Financiera”, cuyo objetivo es el contribuir al desarrollo de la economía mediante la impartición de educación financiera y el incremento en el acceso y uso de productos y servicios financieros, fue de 1,246mdp , sin embargo, durante cada ejercicio fiscal se han presentado reajustes para solicitar un mayor presupuesto, sin justificar el porqué de estas ampliaciones.
Durante los tres años del Gobierno de Andrés Manuel, esta entidad ha tenido un reajuste de 16 mil 711 millones de pesos , lo que representa una diferencia de 1,340% más de lo aprobado durante ese periodo, de lo que se desprende una mala planeación y lo más alarmante es que se desconoce el destino de dichos recursos.
Cantidades en mdp
En el Tercer Informe de Gobierno, el presidente propuso la meta física de alcanzar 2 mil 700 sucursales para inicios del 2022. Al respecto, el 6 de enero de este año AMLO hizo un anuncio sobre la inauguración simbólica de 300 sucursales más.
Sin embargo, en la actualidad únicamente existen en construcción mil 64, lo que representa únicamente el 39% de sucursales proyectadas. Sumado a esto, de las mil 64 sucursales, únicamente operan 433 (la mayoría con muchas deficiencias), es decir, más de 600 sucursales son meramente cascajo. De esto se desprende que todas las ampliaciones de recursos no se han visto traducidas en cumplir con la meta planteada por AMLO.
Aún con la justificación mencionada durante las mañaneras de que no se ha cumplido con la meta de apertura de sucursales por la crisis mundial y que no se han conseguido los elementos para equiparlas con cajeros automáticos, es importante referir que se han solicitado ampliaciones presupuestales por 16 mil 711 millones de pesos y que estos recursos pudieron ser destinados para cumplir con la apertura de las sucursales faltantes.
Además, hay que destacar que de las sucursales que “funcionan” actualmente, en muchas de ellas no tienen sistema, no hay equipos suficientes para operar y la mayoría se encuentran en lugares inaccesibles, por lo que termina siendo contraproducente para muchas personas que buscan cobrar los apoyos que reciben al ser beneficiarios de programas sociales.
Sumando a más actos de corrupción, recientemente el pasado 15 de diciembre Diana Alvares Maury fue sustituida por Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, derivado de haber otorgado un contrato de más de 18 mil millones de pesos a un empresario costarricense para la operación del banco a través de una empresa panameña.
Además, que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega del informe de la cuenta pública 2020 dio a conocer diversas irregularidades; que los procesos de construcción y adquisición de mobiliario para algunas sucursales del Banco del Bienestar, no contaron con estudios suficientes para la elaboración del proyecto ejecutivo, que el costo de ciertas oficinas se incrementó hasta en 2 millones de pesos, al pasar, en promedio, de 2 millones a 4 millones de pesos.
El documento señala que la ASF, verificó la construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración para 49 sucursales del Banco del Bienestar en diferentes entidades del país, y se determinaron observaciones por 118.3 millones de pesos.
El reporte menciona que, además, no se acreditó la documentación comprobatoria de la realización de los trabajos consistentes en estimaciones y números generadores que soporten la erogación de los gastos efectuados, y no se proporcionaron los comprobantes de pago de las adquisiciones de mobiliario y equipo por 117.2 millones de pesos.
El mismo informe señala observaciones a 64,5 millones de pesos de la revisión del contrato para la prestación de los “servicios de fábrica de software para el desarrollo de proyectos Punta-Punta y soporte operativo de sistemas de información de Bansefi”, celebrado con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación (Infotec), por pagos que ascienden a 47.4 millones de pesos, por órdenes de trabajo relacionadas con el desarrollo e instalación de un nuevo sistema de “core” bancario.
Pero dicho sistema no fue instalado y por ende no está operando, los empleados del banco desconocen la ubicación y la existencia de dicho software, sumado a que el core bancario con el que operaba el banco a la fecha la auditoría, no cumplía con las necesidades y capacidades requeridas para soportar las operaciones del mismo.
La ASF, observo un total de 181 millones de pesos en la operación del Banco del Bienestar. De todo lo anterior se desprende que no existe austeridad en la inyección de recursos al Banco de Bienestar, pero tampoco existen sucursales suficientes para dar servicio a la población que tiene que lidiar con servicios deficientes en las ya existentes.
Aunado a todo lo anterior se suman las denuncias hechas por los trabajadores del Banco del Bienestar recopiladas por la periodista Lourdes Mendoza, respecto al incumplimiento de las prestaciones de trabajo y las violaciones a sus derechos laborales.
Al respecto, obligan a los trabajadores a firmar su renuncia con el objeto de no otorgar la liquidación que por ley corresponde, amenazando a los empleados que no ganarán si demandan.
Denuncian de igual modo que no se están respetando los aumentos de sueldo autorizados por la Secretaría de Hacienda del 5.4%. Los afectados señalan que el aumento que les dieron es del 1%, lo que los empleados consideran como una burla. De igual modo a los trabajadores les quitaron las utilidades desde 2019.
El Banco del Bienestar no solo es un proyecto que se ha prestado para que se realicen actos de corrupción, sino que se ha convertido en un lugar donde se violan los derechos de los trabajadores de manera cotidiana.
Este proyecto prioritario del presidente es nuevamente otro fracaso que no está dando los resultados que se plantearon, al contrario, se está generando corrupción y despilfarro de recursos.
Las promesas hechas en torno al Banco del Bienestar, están muy lejos de cumplirse, al día de hoy está en proceso de convertirse en uno de los mayores elefantes blancos en la historia de nuestro país y uno de los tantos casos donde el actual gobierno se dedicó a hacer promesas que acabaran siendo eso, solo promesas y defraudando a la ciudadanía que confió en ellos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Banco del Bienestar a que informe a la opinión pública el destino y ejercicio de los recursos asignados y el por qué estos no han sido destinados para la construcción de las más de 1,600 sucursales faltantes al día de hoy. Además de informar las acciones que se llevarán a cabo para mejorar la infraestructura con la que cuentan las sucursales que operan actualmente, los mecanismos para acercar los servicios financieros a la población que carece de ellos, así como las acciones que llevarán a cabo para la dispersión de apoyos sociales a lo largo del año 2022.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Banco del Bienestar a que informe a la opinión pública el destino de los más de 181 millones de pesos que fueron observados por la Auditoria Superior de la Federación, en su última entrega de la Cuenta Pública 2020.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a que informe a la opinión pública referente a si existen investigaciones respecto a la falta de transparencia de los recursos asignados al Banco del Bienestar, de los contratos otorgados desde sus inicios a la fecha, así como del actuar de sus exdirectores, Rabindranath Salazar Solorio y Diana Álvarez Maury.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Banco del Bienestar y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que informen a la opinión pública, si han realizado alguna investigación o se han emprendido acciones derivadas de las denuncias por violaciones a los derechos de los trabajadores del Banco.
Nota
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612609&fecha=03/03/ 2021&print=true
Bibliografía
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/el-c omplejo-caso-del-banco-del-bienestar/
https://www.forbes.com.mx/politica-empresario-costarrice nse-cobrara-18313-mdp-por-operacion-banco-del-bienestar/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-banco-del-bienestar-no-existe-pero
-ya-devoro-50-mil-millones-de-pesos?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=
social_sharing&utm_content=twitter
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Costo-de-alguna s-sucursales-del-Banco-del-Bienestar-se-incremento-hasta-en-2-millones- de-pesos-ASF-20220220-0066.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/2022/03/02/
el-mal-llamado-banco-del-bienestar/?outputType=amp
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo de 2022.
Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena, la SHCP y la ASF a informar a la opinión pública sobre los costos de construcción del AIFÁ, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior de la Federación a que, en uso de sus facultades, informen a la opinión pública los costos de la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y expliquen el porqué del sobrecosto de dicha obra, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tras ganar las elecciones presidenciales de 2018, Andrés Manuel López Obrador convocó una consulta popular informal para que el pueblo, decidiera si se seguía la construcción o proceder a cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), dicho proyecto era una de las insignias de su antecesor, Enrique Peña Nieto, y la intención era la sustitución del saturado aeropuerto Benito Juárez de la capital del país.
El resultado de dicho ejercicio, es de todos conocido, se procedió a cancelar el proyecto del NAIM, y se puso en marcha el proyecto que había anunciado el Presidente López Obrador, el aeropuerto Felipe Ángeles.
Es así que el 19 de octubre de 2019 iniciaron las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mismo que atenderá a 19.5 millones de usuarios por año y tiene capacidad de crecimiento hasta el año 2052.
De conformidad con información dada a conocer por el Gobierno de México, durante el anuncio de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, el presidente mencionó que el Aeropuerto tendría un costo total de menos de 80 mil millones de pesos, en específico 79,305 millones de pesos y que su inauguración sería durante marzo del año 2022.
Sin embargo, para mayo de 2021, esta cifra fue actualizada por la SHCP, a la cantidad de 84,956 millones de pesos.
Entre los aspectos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 destaca la conclusión del Aeropuerto de Santa Lucía. Sin embargo, este proyecto ha mostrado preocupantes sobre ejercicios durante su construcción, con un gasto adicional de 358 por ciento con respecto a lo aprobado en los presupuestos, tal y como se explica en la siguiente tabla.
Ahora bien, datos del cierre de la cuenta pública de 2019 y 2020, así como la información de los avances trimestrales y el monto autorizado para 2021, así como el gasto previsto para 2022, el proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía sobrepasaría el monto anunciado por el gobierno y tendría un importante sobrecosto .
Lo anterior es completamente contradictorio al principio del gobierno de no aumentar el costo de las obras que llevara a cabo, ya que originalmente anunció que este proyecto no costaría más allá de 80 mil millones de pesos .
Sin embargo, la realidad del gasto en los 3 últimos años, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Hacienda, reflejaría un gasto acumulado y proyectado al cierre de 2021 de por lo menos 104,531.98 millones de pesos, a los cuales habría que sumarles los 11,450 millones de pesos autorizados para 2022, lo anterior nos lleva a una cantidad asignada a este proyecto de cuando menos 115,982 millones de pesos .
Por otra parte, habría que considerar y sumar ahora las nuevas erogaciones de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, las cuales prácticamente de acuerdo con las erogaciones hasta 2021 y las proyectadas para la conclusión en 2022, podría llegar hasta la cantidad de un poco más 115,982 mil millones de pesos.
De esta manera, sumando los gastos de construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, más los gastos inherentes a la cancelación del Aeropuerto de Texcoco que rondan, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, en 331 mil millones de pesos; los gastos asociados al capricho de cancelar el NAIM y construir el AIFA, sumando todos estos conceptos, ascenderían hasta una cantidad de más de 581 mil millones de pesos.
Como se aprecia, el berrinche del Aeropuerto saldrá bastante caro para los mexicanos, con estos montos gastados, podrían haberse terminado el Aeropuerto de Texcoco, que sin duda representaba una mejor calidad y magnitud de obra y hasta alcanzaría para haber realizado otros 2 aeropuertos menores de la magnitud que presenta el aeropuerto de Santa Lucía.
Otro aspecto relevante, es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde que se canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha dado 3 estimaciones del costo de dicha acción por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la primera fue la de febrero de 2021 y se estimaba en 331 mil 996.5 millones de pesos.
Dicha cantidad fue criticada por AMLO en una de sus conferencias mañaneras y la ASF alegó errores metodológicos. Tras dicha critica, la ASF estimo la afectación en 113 mil 327 millones de pesos, y recientemente en el documento denominado “Memoria de la fiscalización del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su proceso de cancelación (2014-2019)”, la ASF señaló que, hasta su cancelación, en esa obra se habían invertido 184 mil 551 millones de pesos.
Es importante señalar que la ASF debería aclarar el porqué de los cambios tan drásticos en las estimaciones. Para así evitar que se afecte la confianza y credibilidad del órgano debido a que desde que el Presidente López Obrador declaró que los cálculos eran exagerados, inicio esta seguidilla de modificaciones a las estimaciones que no permiten tener certeza sobre el costo total de la cancelación.
Aunado a lo anterior otro punto a resaltar es la opacidad en la realización del AIFA por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional ya que bajo el pretexto de “seguridad nacional”, los datos del costo de la obra han sido reservados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, a que informen a la opinión pública el detalle del sobre costo que ha tenido la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación , a que informe a la opinión pública respecto a los cambios en las estimaciones del costo por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y así como las diversas metodologías empleadas para las tres estimaciones de costo que ha publicado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo de 2022.
Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la SRE a informar a la opinión pública sobre las acciones ejecutadas a partir de la desaparición de 109 fideicomisos públicos en octubre de 2020, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en uso de sus facultades, informen a la opinión pública las acciones llevadas a partir de la desaparición de 109 fideicomisos públicos en octubre de 2020 y las razones del por qué se no se fiscalizó y trasparentó la información del Fideicomiso para Manejar los Recursos del Pabellón de México en la Expo Dubái, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En octubre de 2020 se legisló para que desaparecieran 109 fideicomisos públicos, después de haberse discutido primero en la Cámara de Diputados y siendo aprobado por 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones, para posteriormente discutirse en el Senado de la Republica para ser aprobado por 64 votos a favor y 39 en contra.
La razón detrás de esta iniciativa se sustentó en la tan famosa “austeridad republicana” que tanto pregona la 4T, para así poder tomar los recursos de estos 109 fideicomisos y fondos, para apoyar al sector salud por la pandemia de Covid-19.
Además, de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en reiteradas ocasiones realizó comentarios donde aseveraba que los fideicomisos eran parte de la herencia neoliberal, así como un método donde proliferaban actos de corrupción.
Prácticamente los fideicomisos fueron catalogados como una forma de corrupción, sin antes valorar también los beneficios que traían consigo. Su existencia fue puesta a discusión sin argumentos sólidos y con el sólo discurso de que era un mecanismo que debía desaparecer para dar cabida a que esos recursos se reorientaran en las necesidades de los mexicanos.
La promesa antes de concretar la desaparición es que al quitar a los intermediarios (en este caso los fideicomisos) el dinero sería entregado de manera directa a los beneficiarios de todos los fideicomisos, para así garantizar que no se estuvieran incurriendo en actos de corrupción.
La desaparición de dichos fideicomisos se tradujo en la afectación presupuestal de 68 mil millones de pesos, a pesar del reclamo de la sociedad y los sectores involucrados en los diversos fideicomisos al no tener certeza de cómo se iban a entregar los apoyos y la exigencia de saber qué pasaría con los proyectos que estaban en proceso de realización antes de la extinción.
Entre los más afectados, está el apoyo al Conacyt con 65 fondos para la investigación y desarrollo en áreas como el agua, energía, innovación entre otros. En cuanto a los fondos para la cultura, el que más ha llamado la atención es la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.
Ha pasado más de 1 año desde la extinción de los 109 fideicomisos, y no se ha hablado más de los recursos y su destino, o del proceso que se ha seguido desde su desaparición, y mucho menos sobre si se generaron nuevos mecanismos para la entrega de los apoyos a todos los que eran beneficiarios de estos.
Sin embargo, ha resultado que a esta administración no le molestan del todo los fideicomisos, ya que el día 21 de diciembre de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación1 el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México”.
En dicha publicación se presentaron diversas modificaciones a los ordenamientos antes mencionados, pero llama la atención que en la fracción XXXI del Artículo 40 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaría, se establece que el SAT podrá tener participación en fideicomisos públicos.
Al igual en el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México se prevé que dicha entidad pueda formar parte de fideicomisos públicos, inclusive contar con una dirección especifica de fideicomisos que pertenecerá a la Unidad de Administración y Finanzas, de conformidad con el artículo 4 de dicho ordenamiento.
Por lo que es claro que los fideicomisos no son como los quería vender el Presidente López Obrador, tan es así que consideran que es una forma por la cual las entidades antes mencionadas puedan gestionar de mejor forma los recursos que se le asignen y además poder generar ganancias en el patrimonio de éstas.
Además, una reciente investigación realizada por el portal Latinus2 reveló una nueva incongruencia de esta administración ya que se constituyó un fideicomiso para manejar los recursos del pabellón de México en Expo Dubái, autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el cual no puede ser fiscalizado ni transparentado.
Dicho fideicomiso fue establecido por el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) al cual le han sido aportados 50 millones de pesos y es manejado por la compañía Brain Hunter Company, propiedad de Bernardo Noval, amigo muy cercano de la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, quien es la encargada de todo lo relacionado con la participación de México en Dubái, exposición universal que abrió el 1 de octubre del año pasado y concluye el próximo 31 de marzo.
Por lo anteriormente expuesto, se desprenden diversas irregularidades respecto de los 68 mil millones de pesos que dejaron de asignarse a los extintos fideicomisos pues no hay certeza de su destino, ni si realmente se utilizaron en acciones para hacerle frente a la pandemia por Covid-19.
Tampoco se han entregado los apoyos a los beneficiarios de manera directa tal y como se había prometido, y el hecho de que se modifiquen ordenamientos para que el SAT y la ANAM puedan formar parte de fideicomisos genera mucha suspicacia.
Esto, aunado a la creación de este último fideicomiso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual no puede ser fiscalizado ni transparentado, lo cual contradice las razones por las cuales fueron desaparecidos 68 fideicomisos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, a que informe a la opinión pública el destino de los 68 mil millones de pesos resultado de los 109 fideicomisos desaparecidos, y que serían reintegrados a la Federación, ya que la extinción masiva de estos fondos se hizo sin rendición de cuentas y no ha desembocado en un uso más transparente y con mejores prácticas de los fideicomisos restantes.
Segundo. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe a la opinión pública, la justificación técnica y legal para que le fueran otorgadas al Servicio de Administración Tributaria y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, facultades referentes para la participación en el manejo de fideicomisos públicos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a que informe a la opinión pública la justificación técnica y legal del porqué no puede ser fiscalizado ni transparentada la información del fidecomiso constituido para manejar los recursos del pabellón de México en Expo Dubái.
Notas
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639045&fecha=21/12/ 2021
2 https://latinus.us/2022/03/06/
fideicomiso-amigos-cancilleria-avala-no-transparentar-dinero-pabellon-mexico-en-dubai/#.YiVTmfiNqZs.twitter
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo de 2022
Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu y el gobierno de NL a analizar y retirar los cables de red y electricidad en mal estado y desuso en la entidad, a cargo del diputado Pedro Salgado Almaguer, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Pedro Salgado Almaguer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al gobierno del estado de Nuevo León para que a través de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano establecida en la Ley de Desarrollo Urbano del estado, en el ámbito de las atribuciones y facultades de los ahí representados, se trabaje para analizar y retirar los cables de red y electricidad en mal estado y desuso, que se encuentran colocados y colgados en los postes de las diferentes vías del estado de Nuevo León, a cargo del diputado Pedro Salgado Almaguer, del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, en el territorio nacional, todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el estado garantizará el respeto a este derecho.
Es por ello que las diversas autoridades en el ámbito de sus competencias, deben adoptar las medidas necesarias, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales y de seguridad para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
Desde que se incorporó la electricidad y el teléfono a nuestros días, el cableado se volvió uno de los mayores aliados. Como seres humanos comenzamos a construir redes entre los edificios, con el objetivo de hacer cada vez más accesibles los servicios públicos. Para muchas personas, estos cambios fueron algo nuevo, al encontrar de la noche a la mañana cables negros atravesados junto a los techos de las ciudades. No obstante, la electricidad, el teléfono y posteriormente el internet, se volvieron necesidades innegables que volvieron el cableado un “mal necesario”.
Posteriormente las ciudades crecieron y los proveedores de servicios de telecomunicaciones se multiplicaron exponencialmente. Actualmente en México donde antes únicamente se necesitaba un cable, ahora se juntan docenas de ellos, algunos funcionales y otros sin ninguna función o descompuestos sin ser removidos, convirtiéndose en un accidente en potencia, ya que solo basta que un cable defectuoso toque a una persona para que pueda ocasionar una catástrofe.
Los cables que se alzan sobre las calles, son los encargados de distribuir energía y señales a los hogares desde las centrales eléctricas, sin embargo, ese servicio que se realiza de manera directa si no se mantiene correctamente puede ocasionar serios daños, incluso la muerte a quienes toquen accidentalmente o tengan contacto con los conductores. Por este motivo las líneas que salen desde el tendido eléctrico a las casas o edificios deben estar ubicadas sobre alturas adecuadas y cubiertas con material aislante a fin de que se mantengan en una condición segura. De igual manera, aunque no se manipulen los cables, si estos llegaran a resultar dañados por condiciones climáticas o accidentes, pueden producirse explosiones y extensos cortes de luz que alteran el suministro afectado a la gente.
El cableado elevado convertido en auténticas telarañas colocadas por empresas privadas de telecomunicaciones, al llevar líneas de alta tensión, representa un riesgo permanente para la población, lo cual genera altos costos de mantenimiento y produce una afectación a la imagen urbana en general.
El problema que genera el tendido de cableado aéreo en vía pública por los prestadores de servicios como internet, teléfono y televisión por cable, es cada vez más frecuente en muchas ciudades del mundo, atendiendo a ello, algunos países ya han tomado acciones legislativas y reglamentarias para solucionar este problema que se observa de forma reiterada en zonas comerciales, turísticas, habitacionales y arqueológicas.
Sin lugar a duda, el desorden del cableado se ha convertido en una especie de cáncer en toda la ciudad, basta salir a la calle para presenciar dicha situación; decenas de ellos sobre un poste, encimados unos con otros, lo que pone en riesgo latente a las y los ciudadanos que viven y transitan por diferentes calles.
Para 2030 se espera contar con una acelerada urbanización, lo que ocasionará un aumento en la demanda de servicios e infraestructura, incluidos los de telecomunicaciones y sin un plan de desarrollo urbano eficiente, en un futuro no muy lejano estos problemas, que en la actualidad no son menores, serán insostenibles.
Nuevo León se caracteriza por su belleza y potencial turístico, pero un factor negativo por el cual se distingue entre otros estados, es la saturación de cables para prestación de servicios como la electricidad y telecomunicaciones que tiene en todo el estado.
Es por ello la necesidad de encontrar el mayor equilibrio posible entre la conectividad, el acceso a las telecomunicaciones, a la información y la comunicación y el cuidando de la imagen urbana.
Ya basta de hacer tantos recorridos sin solucionar este tipo de problemas básicos para los ciudadanos, sabemos que no hay una calle que no tenga el problema de cables encimados, colgados, trozados, entrelazados entre los árboles, donde se han dejado rollos en postes, residuos tirados en vía pública, aún más peligroso el que se entrelacen sobre los cables de electricidad, o el que saturen los postes de tal forma que la mayoría se encuentran en pésimas condiciones, muchos únicamente sostenidos por los mismos cables o totalmente inclinados, representan un gran riesgo de que se caigan, otros se encuentran al alcance de vehículos o motos que transitan y que están tan en alturas tan bajas que impiden la circulación ocasionando accidentes y afectaciones, no solo de interrupción de servicio de internet y televisión de cable, sino también de luz y lo peor es que nadie que se responsabiliza por este tipo de daños o accidentes.
Es lamentable ver este tipo de infraestructuras que se encuentran deteriorada por falta de atención y mantenimiento ocasionando una imagen urbana contaminada, descuidada, afectando la estética del estado y generando una contaminación visual, por lo que es necesario hacer un llamado para que se proceda a realizar los estudios necesarios a fin de evaluar la situación en la que se encuentran las redes de cableado aéreo en las diversas zonas del estado.
Las telarañas de cables son una constante en el área metropolitana, existen calles con problemas desde hace más de 30 años con los servicios de cableado de las empresas de internet y de Comisión Federal de Electricidad, ya que al no encontrarse en una altura adecuada en base a lo que establece el artículo 105 del Reglamento Homologado de Tránsito de Monterrey que prohíbe instalar objetos que atraviesen total o parcialmente el arroyo de la circulación vial a una altura menor a los 5.6 metros, los tráileres se los llevan, ponen en riesgo a conductores y peatones y esta problemática continua.
Es por ello la necesidad de trabajar en conjunto con CFE, empresas privadas de telefonía, internet, televisión de paga, a fin de que se puede eliminar este tipo de problemática y se pueden evitar los riesgos antes mencionados, de igual forma es muy importante proceder a la revisión de la ubicación y mantenimiento de la infraestructura de postes establecidos, con la finalidad de saber el estado en el que se encuentran cada uno de ellos y tomar decisiones al respecto.
Es fundamental mantener una coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, con la finalidad de que, en base a sus respectivas facultades, se implementen estrategias para el mejoramiento del manejo del cableado en el estado y se puedan establecer directrices y mecanismos para dicha acción.
La ciudadanía merece un servicio óptimo, sin cortes, sin pérdidas, sin riesgos y, sobre todo, se debe formalizar el sistema, reduciendo la gran cantidad de conexiones clandestinas que abundan en la red de distribución, las cuales son pérdidas no técnicas. Limpiar nuestras ciudades de escombros aéreos, debe ser una de las misiones que se deben de tener para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es fundamental formalizar la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones en cuanto al ordenamiento y retiro de líneas aéreas en mal estado y en desuso.
Es por ello que se exhorta a las autoridades competentes y a todos los sectores involucrados en el tema, para que se trabaje en la recuperación de los espacios y áreas públicas, tanto el espacio aéreo como áreas de tránsito en vía pública, ya que no puede haber un espacio vulnerado y trasgredido.
Se requiere de mayor coherencia para que los logros que se alcancen en este tema, se mantengan y no se vean obstaculizados a falta de normativa y políticas públicas pertinentes, en materia de urbanismo se necesita prevenir en lugar de corregir.
Ante esta problemática, a través del presente instrumento legislativo es necesario que se regulen las conductas de los concesionarios y comercializadoras que presten servicios para la trasmisión de los diversos servicios de telecomunicaciones, con la finalidad de evitar el acumulamiento de cableado en desuso y como consecuencia poner en riesgo a los ciudadanos, ocasionando incendios por cortos circuitos, la caída de infraestructura urbana de la cual se sostiene, así como la contaminación visual que dicho material en desuso genera.
Por ello, es importante revisar y, en su caso, actualizar el contenido de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, para asegurar que los procedimientos sean acordes con los estándares internacionales actuales; además de incorporar las tecnologías de última generación.
Es más sencillo y menos costoso enfrentar los retos que representa el desarrollo urbano sostenible, garantizando desde el inicio una buena planeación urbana, no obstante, aún no es tarde para enmendar la problemática que representa el asunto de los cables en el espacio aéreo.
A través de la presente propuesta se hace un llamado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el ámbito de sus facultades y atribuciones planteadas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos.
De Igual forma corresponde a la Federación a través de la Secretaría, la participación en coordinación con las entidades federativas y los municipios, en la planeación y promoción de la infraestructura, equipamientos y servicios metropolitanos, promover la implementación de sistemas o dispositivos de alta eficiencia energética en las obras públicas de infraestructura y Equipamiento Urbano, para garantizar el Desarrollo Urbano sostenible, así como promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el Desarrollo Regional, urbano y rural, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y las Demarcaciones Territoriales, y con la participación de los sectores social y privado, impulsando el acceso de todos y todas a los servicios, beneficios y prosperidad que ofrecen las ciudades; Coordinar sus actuaciones con las entidades federativas y los municipios, con la participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el Desarrollo Urbano de los Centros de Población, mediante la celebración de convenios y acuerdos; Vigilar las acciones y obras relacionadas con el Desarrollo Regional y urbano que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ejecuten directamente o en coordinación o concertación con las entidades federativas y los municipios, así como con los sectores social y privado;
De igual manera se hace un llamado al Gobierno del Estado para que a través de la Comisión Estatal de desarrollo Urbano, establecida en la Ley de Desarrollo Urbano del estado, exista una coordinación institucional y de participación técnica en el tema por parte de los representantes que la integran como lo son el Gobernador del Estado, Titular de la Secretaría competente en materia de Desarrollo Urbano, Titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado, los Presidentes Municipales, el Presidente ciudadano del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con el Desarrollo Urbano, representantes del sector público, privado, social, académico u otras organizaciones, se analice la problemática que genera el cableado en desuso y se establezcan propuestas y acuerdos para la realización de obras, acciones o inversiones sometidas a la consideración de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, bajo criterios de interés y beneficio público y apoyados en los estudios de costo beneficio, así como en las consideraciones económicas, sociales y ambientales que aseguren su sustentabilidad y beneficio a la sociedad.
A través de la representación del Congreso del estado en esta Comisión, se debe de impulsar y trabajar en reglamentos y leyes actualizadas, las cuales garanticen una ciudad ordenada, limpia con seguridad y se logre manejar una buena calidad de vida.
Si logramos una cultura y consciencia de transformación social, todos los ciudadanos, podremos impulsar el cambio para que este tipo de mejoras se den no solo en el estado, sino en cada rincón de todo nuestro país.
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Gobierno del estado de Nuevo León, para que a través de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano establecida en la Ley de Desarrollo Urbano del estado, en el ámbito de las atribuciones y facultades de los ahí representados, se trabaje para analizar y retirar los cables de red y electricidad en mal estado y desuso, que se encuentran colocados y colgados en los postes de las diferentes vías del estado de Nuevo León.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputado Pedro Salgado Almaguer (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PRI
Recordar a don Benito Juárez significa evocar la vida y obra de uno de los personajes más iconos de nuestra historia patria, un mexicano universal que nació el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca.
Sin duda, la vida y obra del Benemérito de las Américas ha trascendido las fronteras del tiempo, por lo que es un honor recordar desde la Cámara de Diputados a un hombre que honró su palabra siempre con la verdad y que logró materializar los ideales republicanos.
Al conmemorar 216 años de su nacimiento, los mexicanos no sólo reconocemos el temple del niño oaxaqueño, que superó todas las adversidades. Valoramos también al estudiante que forjó su propio destino a través de su dedicación, disciplina y carácter.
Pero fundamentalmente admiramos al estadista que, con vocación y firmeza, empeñó su vida al servicio público y al fortalecimiento institucional, bajo los principios de libertad, igualdad y justicia.
Ciertamente, el presidente Benito Juárez vivió en una época compleja y confusa; pero con gran liderazgo, asumió la noble tarea de fijar el destino de la nación mexicana.
Su mayor legado son sus ideales hechos realidad. Gracias a patriotas como él, contamos con una república democrática, libre y de leyes.
Su obra sigue siendo ejemplo para la sociedad mexicana, y es punta de lanza para afrontar los nuevos retos que enfrentamos como país.
Vivimos una etapa que nos obliga a redoblar el paso para frenar los efectos de una pandemia inédita, combatir la pobreza, erradicar la inseguridad, respaldar la educación y generar un ambiente de respeto y armonía para todos.
Como representantes populares, tenemos la obligación de preservar la unidad en la pluralidad; fomentando el diálogo, la tolerancia y el respeto al Estado de Derecho que nos permitan construir un mejor futuro.
Inspirados en Juárez y su pasión por México, compartimos el deber de respaldar a las instituciones, vigorizar la democracia y garantizar la inclusión social.
Hoy más que nunca, Juárez sigue fijando rumbo y destino a los mexicanos. Hagamos realidad su anhelo: “cooperemos todos, para poder legarles a nuestros hijos un camino de prosperidad”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputado Miguel Sámano Peralta (rúbrica)
Con motivo del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
El 21 de marzo de 1806 nace en San Pablo Guelatao, Oaxaca, Benito Pablo Juárez García. Quedó huerfano a los 3 años de edad. Su tío Bernardino es quien le enseña a leer y escribir. Conoció al fraile Salanueva, quien lo envió a un seminario a estudiar.
Se casa con Margarita Maza en julio de 1843. Formó parte de los liberales oaxaqueños. Fue regidor, diputado local, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, estuvo en prisión por creer que estuvo implicado en un levantamiento para derrocar a los conservadores.
Fue juez civil y de hacienda, secretario de Gobierno, fue legislador en el Congreso Federal, gobernador interino de Oaxaca y gobernador electo en donde logró conciliar a los partidos y sus intereses. Fomentó la educación de las mujeres, suprimió alcabalas, impulso la minería, funda la casa de moneda y fundó más de 50 escuelas en Oaxaca.
Ocupó la rectoría del Instituto de Ciencias y Artes, fue exiliado a Cuba por Santa Anna, y de ahí se fue a Nueva Orleands en donde trabajó en una imprenta y haciendo tabacos. Para 1854, con el Plan de Ayutla, hay un levantamiento contra Santa Anna, al cual se incorpora Juárez y otros liberales expatriados, poniendose a las ordenes de Juan Álvarez, que posteriormente se convirtió en presidente y lo nombro ministro de Justicia. Expide la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorio o Ley Juárez.
El golpe de Estado hacia Comonfort, otorga Juárez por mandato constitucional se convierte en presidente de la República. Comienza su viaje por el país en donde declara establecido su gobierno; así inicia la Guerra de Reforma, entre conservadores y liberales. Llega a Acapulco y comienza un viaje hacia diversos países de America del Sur, despues a Filadelfia y Tennesse, regresa a Veracruz, se vio con pocos recursos para mantener su gobierno por lo que pide apoyo a Estados Unidos pero lo condicionaron con concesiones de derechos de transito por el itsmo de Tehuantepec, permiso para construir un ferrocarril de la frontera de Texas al puerto del Golfo de California y propusieron compar la península, pero como Juárez no vendería su patria, buscó otra opción, por lo que consolidó las Leyes de Reforma, nacionalizando los bienes del clero, separó la Iglesia y el Estado, ordenó la exclaustración de monjas y frailes, y previó la extinción de las coporaciones eclesiásticas, implementa el Registro Civil y establece días festivos, con lo anterior consiguió el apoyo de la gente.
Para 1860 expide la Ley de Libertad de Cultos y convoca al Congreso, para 1861 entra triunfal a la capital del país, convoca a elecciones ganando por una amplia mayoría, enfrenta la guerra contra los franceses, aunque se ve obligado a salir de la capital, tras la victoria de las fuerzas republicanas en Queretaro y con la aprensión de Maximiliano y con su fusilamiento logra consolidar la República.
Muchos son los logros y avances que se le reconocen a Juaréz, no solo en el interior del país, sino en el exterior, tal es el caso del Congreso Nacional Dominicano, en donde se le da el reconocimiento del Benemérito de las Américas, tras el trinufo de 1867 contra el imperio fundado en México.
Juárez muere el 18 de julio de 1872.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo del diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena
De acuerdo con lo que ha trabajado la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, de la LXV Legislatura, encontramos la necesidad de realizar un diagnóstico integral actualizado del enorme desafío que tiene el agua en México, porque necesitamos hoy, entender los retos que tenemos en los tres grandes usos del agua.
Primer gran uso con 76 por ciento del recurso hídrico se utiliza para la producción agropecuaria y ha llegado el momento de revisar cómo vamos a invertir para incrementar la tecnificación del campo mexicano, es momento de que el campo mexicano comience a utilizar agua residual tratada en la producción de ciertos cultivos, lo que ayudaría a resolver el problema de las aguas negras en las ciudades mexicanas. Es el momento de pensar en nuevos polos de desarrollo agropecuarios, tenemos que detonar a México para garantizar la suficiencia alimentaria. México tiene un problema de cobertura de agua, sí, pero tiene un problema, de mal uso o uso ineficiente del agua en el sector agrícola.
El segundo gran uso, corresponde a los usos del agua urbana, de los 2 mil 356 organismos operadores de agua que abastecen de agua a los 2 mil 469 municipios mexicanos, 99 por ciento tiene graves problemas de adeudos diversos con instituciones diversas como la Conagua y la Comisión Federal de Electricidad, derivado de malas prácticas de recaudación, que derivan en serios problemas financieros. Por tanto, ha llegado el momento de solicitarle formalmente a la Comisión Federal de Electricidad que otorgue tarifas preferenciales a los organismos operadores de agua para poder garantizar la prestación de los servicios de agua para la población mexicana, recordemos que 10 por ciento de la población nacional hoy carece del recurso hídrico, es decir 12 millones 600 mil mexicanos no cuentan con el servicio elemental de agua potable ni en cantidad y menos en calidad suficiente, ni que decir de un servicio de alcantarillado y saneamiento correspondiente.
El tercer gran uso, es el uso industrial y de servicio del recurso agua, pero tenemos que entender que los grandes usuarios del agua hoy tienen pagar por el agua que usan, incluyendo el agua no contabilizada y las descargas de aguas residuales no contabilizadas, en el marco del Día Mundial del Agua, México debe de tener como prioridad realizar el gran diagnóstico homologado de la problemática de agua, con el fin de diseñar una nueva política pública en materia de agua en la Agenda 2030 para poder enfrentar los retos en el corto y mediano plazo en materia de agua.
Este diagnóstico nos va a permitir
• Primero, saber cuál es la inversión en infraestructura hidráulica que tenemos que hacer en los próximos años.
• Segundo establecer las medidas para eficientar la gestión del agua en México, tanto en los organismos operadores de agua municipales como en las comisiones estatales de agua.
• Y tercero, actualizar el marco jurídico en materia de agua, para lo cual se hace necesario llevar el tema de agua a la Agenda Nacional a fin de establecer un plan de trabajo para la reglamentación del artículo 4° Constitucional y que revisemos que ha funcionado y que no ha funcionado de la Ley de Aguas Nacionales,
Ésta es la ruta del agua en México y hoy que se celebra el Día Mundial del Agua, hago el llamado a todos los sectores productivos nacionales, a la academia, a la ciencia, a los gobiernos federal, estatal y municipal a que pongamos al agua en el centro de la preocupación de México para hoy y para el futuro. Podremos prescindir de muchos bienes y servicios, pero el agua es el elemento principal para la subsistencia del ser humano. Hoy, el agua debe ser considerada un asunto de seguridad nacional y salud pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2022.
Diputado Rubén Muñoz Álvarez (rúbrica)
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