Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 5972-V, martes 1 de marzo de 2022
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Oaxaca a cumplir sus responsabilidades político-administrativas y proveer de servicios públicos a los Chimalapas, Chiapas, a cargo del diputado Joaquín Zebadúa Alva, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Joaquín Zebadúa Alva, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción II, y 2, fracciones IV a VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la selva de los Chimalapas cuenta con uno de los ecosistemas selváticos mejor conservados del país, con aproximadamente 300 mil hectáreas de vegetación inalterada. Incluye la Sierra Atravesada, la Sierra de Tres Picos y la Sierra Espinazo del Diablo, así como las cuencas de los ríos Corte y el Alto Uxpanapa.
Además de su diversidad biológica, es característica fundamental de los Chimalapas su diversidad social y cultural. Una primera vertiente de ello es la población originaria perteneciente al grupo etnolingüístico zoque. Una segunda vertiente está constituida por los actuales descendientes de campesinos e indígenas zapotecos, mixtecos, tzeltales, tzotziles y mestizos provenientes de otras regiones de Oaxaca y de los estados de Michoacán, Guerrero y Chiapas, quienes se asentaron en la selva entre las décadas de los cuarenta y los setenta del siglo pasado. Esta composición social le imprime a la región de los Chimalapas en su conjunto, una importante diversidad lingüística y cultural.
La población de los Chimalapas ha mantenido a lo largo de su historia una relación estrecha con los recursos naturales de su territorio, pues constituyen la base de su subsistencia a través de diferentes actividades productivas y formas de aprovechamiento, como la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la pesca en aguas interiores.
Numerosas investigaciones históricas y antropológicas han mostrado que los importantes niveles de conservación de la biodiversidad de esta región, se deben sobre todo a la férrea defensa histórica de su integridad territorial por la población indígena originaria. Es sabido que, en el siglo XVII, los zoques compraron a la Corona Española sus propias tierras para asegurar su protección y que a lo largo de los siglos XIX y XX, han luchado por el reconocimiento de sus títulos virreinales. Si bien el Gobierno Federal, mediante decreto reconoció en 1967 la propiedad comunal de casi 600 mil hectáreas de selva para los poblados de San Miguel y Santa María Chimalapa, la falta de un posterior deslinde físico entre terrenos comunales y nacionales ha sido la base de un conflicto social, agrario y territorial de larga data que se acerca a una resolución final.
Este tipo de conflictos agrarios se derivan de una política equivocada, promovida por los gobiernos populistas del pasado, que lucraron políticamente con la necesidad de los campesinos por acceder a una parcela para sobrevivir, dotándolos de tierra en los espacios territoriales en los que otros pueblos y comunidades, la mayoría de ellos indígenas, tenían ya una ocupación histórica. Estos gobiernos, frente a los argumentos legítimos de restitución de territorios ancestrales de pueblos originarios, tomaron decisiones arbitrarias sin los debidos trabajos técnicos, traslapando propiedades comunales con poblados establecidos o ejidos ya dotados. Así sucedió en la Selva Lacandona con el régimen de Luis Echeverría y en los Chimalapas, con Gustavo Díaz Ordaz. Con este tipo de políticas, se rompieron acuerdos comunitarios e intercomunitarios y se propiciaron condiciones para la depredación de los recursos naturales, así como para la generación de enfrentamientos intercomunitarios.
La selva de los Chimalapas comprende la totalidad de los municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa, en Oaxaca, así como la franja territorial del municipio de Belisario Domínguez, creado el 23 de noviembre de 2011 por el Congreso del Estado de Chiapas, y territorios aledaños que estaban adscritos a otros municipios del Estado de Chiapas. Sin embargo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 11 de noviembre de 2021, en relación a la controversia constitucional 121/2012 promovida por el Estado de Oaxaca, establece que el territorio ocupado por dicho municipio, así como otros aledaños, pertenecen a este último estado.
En esta superficie adjudicada al estado de Oaxaca, se ubican 16 localidades registradas: Ejidos General Rafael Cal y Mayor, Constitución, Las Merceditas, Francisco Sarabia, Benito Juárez, Benito Juárez II, Guadalupe Victoria II, San Juan del Río, Canaán, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, San Isidro La Gringa, Rodulfo Figueroa Cerro Baúl, La Flor de Chiapas, Pilar Espinosa de León, la Colonia Agrícola y Ganadera Felipe Ángeles, y la Ranchería San Marcos La Hondonada.
De hecho, el largo conflicto social, agrario y territorial que ha existido desde hace más de cinco décadas no ha impedido la configuración de relaciones sociales, culturales, políticas y económicas entre la población indígena zoque y los pobladores de las localidades citadas. Ello explica que tanto las comunidades zoques como los ejidos ubicados en la franja territorial, hayan avanzado a lo largo de los últimos veinte años en la construcción de cuatro acuerdos básicos para lograr la reconciliación social: “a) reconocimiento y respeto mutuo a la tenencia de la tierra; b) el reconocimiento a la tenencia de la tierra es independiente del conflicto de límites estatales entre Oaxaca y Chiapas, por lo que no tiene implicaciones agrarias; c) debe prevalecer la cordialidad y unión campesina y d) debe existir el apoyo mutuo en la protección de los bosques y selvas de la región”.
Para contribuir al proceso de pacificación y reconciliación social de esta región intercultural y sumamente biodiversa, es fundamental que el Estado mexicano en su conjunto atienda las necesidades y problemáticas sociales de la población, particularmente de aquella que actualmente se encuentra en una situación de incertidumbre. Hemos podido documentar que entre la población de diversos núcleos agrarios ubicados en esta franja territorial existe desinformación, así como grupos de intereses creados que fomentan la percepción de que la reciente resolución de la SCJN podría afectar los derechos agrarios de los ejidatarios que habitan en este municipio y de que incluso, podría producirse un desplazamiento para que abandonen sus localidades y se vean obligados a desplazarse de sus tierras. Esto podría generar un enfrentamiento y una ruptura de los mecanismos de comunicación intercomunitaria, en perjuicio de la paz y la estabilidad en esta región.
Sin embargo, toda vez que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estableció directrices para la transferencia inmediata de las responsabilidades administrativas de un estado a otro, ni para la sustitución de competencias entre autoridades locales de una entidad a otra, y por el contrario, estableció plazos muy largos para la creación de estos mecanismos, se ha generado una situación de ausencia de presencia gubernamental, de nula prestación de servicios y de ausencia de condiciones para que los pobladores ahí asentados cuenten con certeza jurídica sobre sus bienes y con garantías para el ejercicio de sus derechos.
Por otro lado, existe incertidumbre entre la población de esta franja territorial sobre las implicaciones que la resolución de la SCJN tiene sobre la validez o vigencia de sus credenciales para votar, además de que existe el riesgo de que sus derechos político-electorales se vean violentados, debido a que serán gobernados por una autoridad que no habrán elegido a través de su derecho de votar de manera libre y secreta.
Por lo expuesto someto a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Oaxaca a garantizar con la mayor brevedad, en todas sus formas, el derecho a acceder a los servicios públicos básicos de los habitantes de la franja territorial en comento.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Oaxaca a instaurar con la mayor brevedad una estrategia de mediación social para que el conflicto no escale a confrontación y, por el contrario, se reconstituya el tejido social comunitario e intercomunitario, a través del diálogo y mecanismos de pacificación entre los diferentes actores sociales de la región Chimalapa.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca para que con la mayor brevedad inicie una campaña de información entre los habitantes y ejidatarios de la franja territorial supracitada, sobre los alcances legales de la resolución de la SCJN, explicando con claridad que ésta no tiene efectos en materia agraria.
Los anteriores puntos, en tanto se cumple lo estipulado en el noveno considerando de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional Electoral, para que garantice con la mayor brevedad, en todas sus formas: a) la salvaguarda de los derechos político-electorales de los habitantes de la franja territorial en comento; b) realice una campaña de información in situ sobre las implicaciones legales de la resolución de la SCJN relacionadas con esos derechos y específicamente en la validez o vigencia de su credencial para votar con fotografía en relación al proceso electoral que tendrá lugar en el Estado de Oaxaca en este año y c) emita una Circular mediante la cual informe a las instituciones estatales y federales que prestan servicios a la población del territorio en comento, que sus credenciales de elector son válidas para la realización de diversos trámites hasta que éstas sean actualizadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputado Joaquín Zebadúa Alva (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a redoblar esfuerzos en materia de atención, control, detección, tratamiento y seguimiento de pacientes con epilepsia, a cargo del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Ignacio Loyola Vera, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura Federal y suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central, que se manifiesta en forma de crisis inesperadas y espontáneas, desencadenadas por una actividad eléctrica excesiva de un grupo de neuronas hiperexcitables.
La epilepsia o las epilepsias son un complejo sintomático, con diversidad de etiología, características clínicas, electrofisiológicas, de imágenes y patológicas. En la edad pediátrica se distinguen diferentes epilepsias y síndromes epilépticos cuyo denominador común es la predisposición a presentar crisis recurrentes, sin embargo, con muy diferente pronóstico, respuesta a tratamiento y comorbilidades. Su diagnóstico acucioso es clave para desarrollar una adecuada estrategia de manejo y tratamiento y así proporcionar la mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Para ello es necesario identificar el tipo o los tipos, de crisis, información que se conjugará con otras características clínicas como edad de inicio, condición neurológica, factores etiológicos, antecedentes familiares, características de las neuro-imágenes y resultados de otros estudios complementarios.1
Los síndromes epilépticos pediátricos se presentan en el contexto de un cerebro que está teniendo marcados cambios en su estructura y funcionamiento, por lo tanto, sus características clínicas y eléctricas se influencian fuertemente por modificadores edad-dependientes. En este contexto es posible observar sobreposición de características clínicas entre dos cuadros del mismo o incluso de otro grupo etario, lo cual agrega dificultad al reconocimiento certero del síndrome; también ocurre la evolución de un síndrome a otro en función de la edad o cambios en el perfil evolutivo de una epilepsia que, por ejemplo, de ser refractaria, pasa a tener buena respuesta a fármacos antiepilépticos (FAE). A su vez, la condición de activo cambio de la estructura cerebral agrega vulnerabilidad a condiciones como las encefalopatías epilépticas, que devienen en deterioro cognitivo y neurológico permanentes. (Ibídem.)
Desde el año 2005, la epilepsia se ha venido definiendo conceptualmente como un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición continuada a la generación de crisis epilépticas.
Para el caso mexicano, se estima que más de 2 millones de personas padecen o sufren de epilepsia, dato estimado por las fuentes oficiales de la propia Secretaría de Salud y que, según algunos investigadores, estos datos podrían estar subestimados, debido a la falta de detección oportuna, diagnóstico adecuado o disponibilidad de atención médica especializada para la detección de la epilepsia, por lo cual, miles de mexicanos no son diagnosticados con este síndrome, padecimiento o enfermedad.
Las condiciones socioeconómicas de los pacientes son diversas, multiculturales y multi-étnicas, pues no existe una homogeneidad en los pacientes en sus condiciones económicas, culturales o sociales. La epilepsia es un padecimiento que no obedece a condicionantes socioeconómicas y ello genera que este padecimiento sea generalizado y con filtración a todos los estratos sociales de nuestro país.
La gravedad de algunos de los casos de epilepsia detectados en México hacen que su tratamiento sea por tiempos prolongados, lo que genera empobrecimiento económico y patrimonial en muchas familias de mexicanos que tienen que hacer frente a este padecimiento, lo que podría considerarse como un gasto catastrófico por gastos en salud.
México, con este nuevo esquema de servicios de salud pública en vigencia, enfrenta enormes retos para poder atender todos los padecimientos existentes, en especial los crónico-degenerativos y, con ello, el garantizar la atención médica a quienes no cuentan con seguridad social y la disponibilidad de especialistas y medicamentos de control y atención. Este enorme reto, fundamentado y garantizado en el artículo 4o. constitucional en su párrafo tercero y cuarto, como una obligación del Estado mexicano y un derecho humano para los ciudadanos de este país, es sin duda, una afrenta que requiere de esfuerzos extraordinarios y la colaboración intersectorial de diversas dependencias para dar cobertura total a nuestro pueblo en materia de salud pública. Sabemos del gran esfuerzo que se tiene que emprender para lograrlo.
Los mexicanos, como ya se estableció, gozan del derecho constitucional a la salud y la falta de seguridad social no es una limitante para acceder a este derecho constitucional, por tal motivo, el Estado mexicano, sujeto a lo dispuesto en la Constitución, debe garantizar el cumplimiento de las leyes y del Estado de derecho, por lo cual, es menester de los organismos y dependencias ejecutoras y partícipes del Consejo de Salubridad Nacional, el establecer los mecanismos pertinentes, para garantizar el cumplimiento cabal de lo dispuesto en la Ley General de Salud, la Constitución Política y demás ordenamientos legales y jurídicos, vigentes.
La Secretaría de Salud deberá garantizar que los mexicanos con este padecimiento de epilepsia, gocen plenamente de su derecho a la salud, a través de la atención médica oportuna, especializada y la disponibilidad de medicamentos para el control y el tratamiento del padecimiento, antes mencionado.
Sabemos que, en la actualidad, nuestro país y el planeta entero enfrenta una condición atípica que ha absorbido los recursos económicos para la atención de la pandemia, sin embargo, la atención a la salud, independientemente de la pandemia, sigue siendo un derecho constitucional y una necesidad urgente y vigente.
Durante este periodo atípico, infinidad de tratamientos, consultas, medicamentos, intervenciones, etcétera, han sido suspendidas o reprogramadas y, las enfermedades crónico-degenerativas, no dan tregua y, tampoco, entienden de política ni de los tiempos de la misma.
Un cáncer no se cura con un discurso político, ni con la buena voluntad. Una crisis epiléptica no sabe de pandemias o de conferencias por las mañanas. Tampoco entiende de austeridad republicana o de pugna emprendida contra las farmacéuticas y su corrupción o, la cancelación de contratos para la adquisición de medicamentos. Usted sabe lo que significa urgencia y emergencia y México tiene urgencias y emergencias y derechos ganados a pulso, a través de la lucha acumulada de cientos de años de todos los mexicanos por la construcción de instituciones sólidas, derechos garantizados y una salud pública universal.
Como se mencionaba en el párrafo anterior y, retomando la idea, la salud de los mexicanos no puede estar a expensas de las condicionantes coyunturales de los gobernantes en turno, sino que este esquema de salud y este derecho constitucional trascienden de manera generacional, enfocados un mejor mañana para los ciudadanos mexicanos y el territorio ganado en materia de derechos, no puede estar supeditado a ocurrencias sexenales o luchas “quijotescas” contra molinos de viento reales o imaginarios que se aparezcan en cada sexenio y contravengan los intereses de un Plan Nacional de Desarrollo, pues la cimentación de esta gran nación, está basada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como eje troncal medular de las políticas públicas, y es en este menester donde el artículo 4o. constitucional juega un rol fundamental en las prioridades del Estado mexicano. Recalcamos en este espacio la importancia del párrafo noveno del artículo antes citado, donde el interés superior del Estado es la niñez, la infancia, desde donde las políticas públicas rectoras del Estado se tienen que fundar y direccionar y, en este interés superior, así como el derecho a la familia, al agua, a la salud, a la vivienda, la vida digna, la seguridad, juegan los roles más importantes para el desarrollo de las políticas públicas del Estado mexicano.
En este interés superior no se enarbolan becas, o pensiones, o consultas que parece que, en la actualidad, se han convertido en los ejes rectores de las políticas públicas. Lo mismo sucede con el tema de salud, donde las políticas públicas de este rubro o sector, tienen que estar emanadas y enfocadas desde este principio superior del Estado, como ya se mencionó con antelación y que se expone en el párrafo noveno del artículo 4o., por lo cual, es inconcebible que no existan suficientes medicamentos para atender a la infancia mexicana, que se señalen desabastos o que no se cuenten con planes de atención médica o gastos catastróficos para el apoyo de infantes (niños y niñas) en materia de enfermedades crónico-degenerativas o el caso específico de la epilepsia.
Ninguna pandemia, o programa social, pueden atentar financieramente en contra de un principio superior del Estado o un derecho constitucional legítimo como lo es el derecho de la atención a la salud.
Convencidos estamos de que basta sólo con la voluntad, sino que la suma de esfuerzos, el apego a la ley, el respeto a la Constitución, a las garantías individuales, a los marcos legales, el ejercicio honesto y con apego a derecho del gasto público y la eficiencia en la administración pública, darán buenos resultados en favor de los mexicanos y, más aún, en materia de salud, donde aún faltan muchas cosas por hacer. No se puede hablar de “bienestar” en México cuando faltan medicamentos o instalaciones adecuadas, o no se atiende a un niño con una enfermedad como la epilepsia por falta de recursos. Esto no se resuelve con becas o con programas sociales, a menos de que el objetivo de estas sea el que cada individuo, que cada ciudadano se haga cargo de sí mismo de sus medicamentos, su atención a la salud, si ese es el objetivo, entonces se está faltando a lo dispuesto en nuestra Constitución y se está violando a nuestra Carta Magna y sus principios rectores.
Usted, como secretario de Salud, puede hacer la diferencia y lograr avances significativos en materia de una atención de carácter universal, gratuita y de calidad.
Los mexicanos exigen un esfuerzo mayor por parte de los responsables de la administración pública y, como se mencionó con antelación, las enfermedades no entienden de politiquerías, ni de peleas con el INE o aeropuertos, las enfermedades requieren atención y requieren prioridad. Los mexicanos exigimos que se respeten los derechos y, que se respete el gasto público y se garantice la atención a la salud como un derecho humano.
Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- El pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXV Legislatura federal exhorta, de manera respetuosa y en apego al marco legal mexicano vigente, al ciudadano Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud, a establecer las acciones pertinentes y mecanismos necesarios para redoblar esfuerzos en materia de atención, control, detección, tratamiento y seguimiento a pacientes con epilepsia y brindar atención prioritaria a este padecimiento como una acción necesaria de la política pública de salud nacional, garantizando el suministro de medicamentos y la disponibilidad de atención especializada a los pacientes en tratamiento.
Nota
1 Doctora Margarita López S. Isabel, doctora Ximena Varela E., doctora Silvia Marca G. “Revista Médica Clínica Las Condes”, volumen 24, noviembre de 2013. Páginas 915-927. Madrid, España. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864013702451
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputado Ignacio Loyola Vera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a implantar medidas de inclusión, accesibilidad y diseño universal para las personas con discapacidad y adultas mayores durante el diseño, la construcción y la operación del AIFA, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Antecedentes
Los trabajos para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, iniciaron formalmente el 17 de octubre de 2019 y posteriormente en febrero de 2021 se informó que su inauguración tendría como fecha el 21 de marzo de 2022.
Al momento distintas autoridades han confirmado y reiterado que la fecha de inauguración se mantiene, por lo que se trabaja para concluir en tiempo y forma con la construcción de las instalaciones que serán utilizadas para los vuelos programados, así como en la construcción de manera paralela en obras de conectividad para garantizar el acceso al aeropuerto.
El gobierno de México informó que para facilitar la conexión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes construye un sistema de vialidades interconectadas que incluyen tres autopistas, una vialidad principal de seis kilómetros y se trabaja en una conexión del Tren Suburbano, que irá de Buenavista hasta la terminal aérea.1
El 24 de enero de 2022 el Presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que se cumplirá con el compromiso de que se inaugure el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye en la base militar Santa Lucía, el 21 de marzo.
“Vamos a cumplir con el compromiso de que se inaugure el aeropuerto de que se inaugure el 21 de marzo”.
Nuevamente el 10 de febrero del presente año el titular del Ejecutivo Federal afirmó que la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía va en tiempo y presupuesto, y que será entregado el 21 de marzo de 2022.
“Vamos en tiempo y en presupuesto y se va lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial, con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo”.
II. Planteamiento del problema
A un mes de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es motivo de preocupación que no se tenga claridad de las medidas de inclusión, accesibilidad y diseño universal para las Personas con Discapacidad y adultas mayores, implementadas durante el diseño, construcción y operación del nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, la situación se agrava si consideramos que no hay seguridad de que las obras de conectividad estén listas y funcionando el día de la inauguración, incluso se ha reconocido que los accesos al aeropuerto serán entregados de manera escalonada.
En el mismo sentido se advierte la ausencia de un plan para garantizar medios de transporte accesibles e incluyentes, no hay seguridad incluso de si habrá rutas de transporte público suficientes.
La poca información al respecto deja en completa incertidumbre a las personas con discapacidad y adultas mayores, quienes todos los días lamentablemente tienen que seguir enfrentándose a las barreras y obstáculos que les dificultan e incluso impiden ejercer plenamente sus derechos, ya que a pesar de que se cuenta con avances en materia de inclusión, accesibilidad y diseño universal, los esfuerzos se siguen presentado de manera desigual, lo que provoca que así como existen productos, entornos, programas y servicios que pueden ser utilizados por todas las personas, y que satisfacen las necesidades específicas de las personas con discapacidad, lamentablemente también y en mayor proporción, existen aquellos que mantienen, reproducen o acentúan estas barreras y obstáculos que vulneran derechos.
Dichas barreras y obstáculos pueden comenzar a romperse si en todos los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad se celebran consultas estrechas y se colabora activamente con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.2
Es por lo anterior que manifestamos nuestra preocupación ante la poca información al respecto, ya que puede significar en el mejor de los casos una mala comunicación gubernamental de las acciones y estrategias que se implementan, pero también que se está dejando de lado un tema tan importante como lo es la accesibilidad universal en entornos, productos o servicios de nueva creación, y que se pretende eludir la obligación de erradicar gradualmente las barreras y obstáculos de accesibilidad.
Se pueden argumentar temas de tiempo o políticas de austeridad, considerando que se tiene la idea errónea de que la accesibilidad universal incrementa considerablemente los costos de producción y construcción, o que celebrar consultas estrechas podría postergar la entrega de la obra.
Sin embargo, la Observación general No. 2 del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que dichos criterios tampoco podrán ser argumentados como excusas para eludir dicha obligación.
Es por ello por lo que reiteramos la necesidad de que se implementen medidas de inclusión, accesibilidad y diseño universal para las Personas con Discapacidad y adultas mayores, durante el diseño, construcción y operación del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que además sean de conocimiento público, esto con la finalidad de generar certidumbre, y además para que se pueda trabajar en reforzar estas medidas con anticipación, garantizando que las personas con discapacidad y adultas mayores puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y evitando también que se tenga que gastar en adaptaciones por no contemplar desde un inicio todas las medidas necesarias.
III. Marco jurídico y normativo
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 9 que:
Los Estados Partes adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Fija además que estas medidas incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, mismas que se aplicarán en entre otras cosas a:
Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.
En el mismo sentido establece que los Estados Partes deben adoptar medidas pertinentes para:
Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
Define también en el artículo 2 que por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
Aunado a lo anterior establece en su artículo 4o. la obligación de emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal y de realizar consultas estrechas y colaborar con las personas con discapacidad cuando se trata de procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad.
Fija a la accesibilidad como uno de sus principios.
A nivel constitucional, el artículo 4° establece que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.3
Por su parte el artículo 11 de la CPEUP estipula que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio...”.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala en su artículo 16 que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y que las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad se establecen en la normatividad vigente.
Establece también que los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.
Fija en su artículo 17 que, para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:4
I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;
II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y
III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.
En relación con la accesibilidad del transporte público establece en su artículo 19 que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte para lo cual realizará las siguientes acciones:
I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo;
II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;
III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público aéreo, terrestre o marítimo;
IV. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación, para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de esta Ley, e incorporar en la programación de los canales de televisión programas de formación, sensibilización y participación de las personas con discapacidad, y
V. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.
Por su parte el Reglamento de citada Ley determina en su artículo 55 que la SCT y el Conadis promoverán e impulsarán el diseño, desarrollo y ejecución de un programa de transporte público accesible para las personas con discapacidad ante las autoridades competentes de la APF, estatal y municipal, así como ante las instituciones privadas que coordinan, dirigen y operan los servicios de transporte aéreo, férreo, marítimo y autotransporte federal de pasajeros concesionados o bajo permiso.
La Ley de Aviación Civil refiere en su artículo 33 que “los concesionarios y permisionarios deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada”.
Por su parte la Ley de Aeropuertos establece que la SCT, mediante disposiciones de carácter general, establecerá las condiciones de construcción y conservación de los aeródromos civiles y los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada (Artículo 36).
En lo que respecta a la Circular Obligatoria CO SA-09.2/13,5 en las disposiciones generales se establece que los dispone de un procedimiento para garantizar el respeto al derecho de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida el acceso y uso del transporte aéreo sin discriminación de ningún tipo.
Fija también que los concesionarios y permisionarios de servicio al público de transporte aéreo, deben brindar a las personas usuarias con discapacidad y/o movilidad reducida las facilidades necesarias para su movilización, permitiéndoles un transporte seguro, confiable, eficiente y digno, además de sensibilizar en todos los niveles a todo su personal, de las necesidades específicas de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida.
En relación con las facilidades en la infraestructura aeroportuaria, se establece que todos los concesionarios, permisionarios y operadores aeroportuarios que administran, operan, explotan y construyen los aeropuertos que conforman el Sistema Aeroportuario Mexicano, deberán realizar las acciones necesarias, para asegurar que en las infraestructuras aeroportuarias:
a) Existan los elementos arquitectónicos de accesibilidad, de circulación vertical y horizontal, como mínimo, en los estacionamientos públicos y privados, paraderos de autobús, cruce peatonal, rampas, ambulatorios nacionales e internacionales, salas de última espera nacional e internacional, salas de reclamo de equipaje nacional e internacional, sanitarios en ambulatorios y salas de última espera, para satisfacer la ruta de accesibilidad de las personas usuarias con discapacidad y/o movilidad reducida, en las infraestructuras aeroportuarias.
b) Todas las áreas y servicios abiertos al público deberán ser accesibles, cuando el espacio lo permita para las personas usuarias con discapacidad y/o movilidad reducida.
c) Existan indicaciones claras por medios escritos de fácil lectura, gráficos, luminosos o audibles y/o táctiles, en la ruta accesible para personas usuarias con discapacidad y/o movilidad reducida.
Aunado a lo anterior se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil sancionará el incumplimiento de la presente Circular Obligatoria, en los términos de los artículos 87 fracción VII, 89 y 91 de la Ley de Aviación Civil; 81 y 85 de la Ley de Aeropuertos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que implemente medidas de inclusión, accesibilidad y diseño universal para las Personas con, construcción y operación del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que en el ámbito de sus atribuciones evalúe el cumplimiento de la Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo, y de ser necesario proceda con las sanciones correspondientes.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, dentro de los Proyectos de conectividad al Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se garanticen los medios de transporte accesible, oportuno y permanente para las Personas con Discapacidad.
Notas
1 Proyectos de conectividad al AIFA a cargo de la SICT: https://www.gob.mx/sct/es/articulos/proyectos-de-conectividad-al-aifa-a -cargo-de-la-sict?idiom=es
2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - Obligaciones generales: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
4 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf
5 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5322735&fecha=20/11/2013
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las alcaldías mexiquenses a conectar los sistemas de radiocomunicación y videovigilancia municipales con el C5 para coordinar estrategias y acciones antidelitos, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y los demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los 125 gobiernos municipales del estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones -en donde aún no lo han hecho-, se conecten los sistemas de radiocomunicación y video vigilancia de los ayuntamientos con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, para la coordinación de estrategias y acciones en la prevención y combate a los delitos, con base en las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, en México y a escala global, diversas herramientas tecnológicas se han convertido en una alternativa por parte de las autoridades de diferentes órdenes de gobierno para enfrentar los problemas vinculados a la seguridad pública, reforzar el combate a la comisión de delitos y garantizar espacios seguros para la tranquilidad, bienestar, así como generar las condiciones esenciales para que la población pueda desarrollarse. Al respecto, el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dispone:
“[...]La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala [...]”1
En este orden de ideas, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la protección de la integridad y patrimonio de las familias mexicanas debe ser una prioridad y la utilización de herramientas tecnológicas resulta insuficiente si no va acompañada de la coordinación de estrategias y acciones conjuntas, por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno para la prevención y combate a los delitos.
En el caso del estado de México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mes de enero de 2022, se contabilizaron 190 homicidios dolosos, 3 mil 414 lesiones dolosas, 276 abusos sexuales, 689 robos a casa habitación, 2 mil 850 vehículos robados, 2 mil 70 robos a transeúnte en vía pública, mil 575 robos a negocios, mil 684 casos de violencia familiar, 7 secuestros, 267 extorsiones, 227 violaciones, 574 robos en transporte público colectivo, 14 feminicidios, entre otros.2 No olvidemos que en 2021, el estado de México encabezó la lista de entidades con mayor número de feminicidios con 145 víctimas.
Asimismo, el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, informó que el robo a transporte de pasajeros se ha incrementado en las últimas semanas, principalmente en los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, dado que se cometen entre 10 y 20 asaltos al día.3
No obstante estas cifras, en la actualidad, de acuerdo con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del gobierno del estado de México reporta en su página web que sólo existen 60 Centros de Mando Municipales.4 Entre otras herramientas tecnológicas que son relevantes para la prevención y combate de delitos se encuentra la operación por parte del C5 de 20 mil cámaras de video vigilancia, 75 arcos carreteros, 2 mil 500 botones de pánico, entre otros.5
Cuando se detecta algún ilícito por parte del C5 en donde algún ciudadano está siendo vulnerado, inmediatamente se genera un folio de emergencia mismo que es atendido por un área de despacho y canalizado al primer respondiente, ya sea a las policías municipales o bien, a las policías estatales que se encuentren más cercanas al lugar de los hechos. Otro tipo de actuación es cuando un ciudadano que se sienta vulnerado puede marcar al 911 las 24 horas del día para ser auxiliado por el personal del C56 para alguna emergencia de salud o seguridad pública.
El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) surge de la necesidad de implementar diversas herramientas tecnológicas desde un centro de operación, es decir, un centro regulador de información como un enlace entre la ciudadanía y las corporaciones de auxilio. Cuenta con dos Centros de Mando Regional, ubicados en Toluca y Ecatepec, mismos que entraron en funciones en junio y septiembre de 2016 respectivamente. De acuerdo con su página web oficial, el C5 “cuenta con tecnología similar a la que emplean países como Estados Unidos, Alemania, Israel o Inglaterra para combatir la delincuencia y actuar con mayor prontitud ante una emergencia, así como reducir y prevenir la comisión de delitos”.7
Sin embargo, en términos de coordinación entre el gobierno estatal y los gobiernos de los municipios falta mucho por hacer. Por ejemplo, los 60 Centros de Mando Municipales evidentemente resultan insuficientes en un universo de 125 municipios que componen el estado de México cuya población asciende -de acuerdo con el Inegi- a 16 millones 992 mil 418 habitantes. Por lo que es urgente que los 65 municipios que no cuentan con un Centro de Mando Municipal establezcan convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad en la entidad para conectar sus sistemas de radiocomunicación y video vigilancia financiados por los propios ayuntamientos con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, para la coordinación de estrategias y acciones en la prevención y combate a los delitos.
Asimismo, existen otras herramientas tecnológicas insuficientemente aprovechadas por los gobiernos municipales en materia de prevención y combate a la inseguridad, por ejemplo, por parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) se tiene el sistema denominado “Comunicación Segura”. Que consiste en un sistema de intercambio de comunicación entre municipios y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la finalidad de validar mandamientos judiciales vigentes o posibles homónimos las 24 horas del día los 7 días de la semana. Sin embargo, de acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad, en la actualidad este sistema tan sólo se implementa en 10 municipios, es decir, faltan por integrarse a este sistema más del 90 por ciento de los municipios en la entidad .
Otra estrategia tecnológica operada por parte del C5, sumamente importante y efectiva, es el denominado Código C5, que -de acuerdo con la institución- es un sistema de alertamiento silencioso que tiene por objetivo cumplir con la función de disminuir el índice de robo con violencia en transporte público mediante la operación de tres elementos de seguridad (botón de pánico, GPS y cámaras de video vigilancia). No obstante, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad en el Estado de Méxic,o hoy en día están conectadas tan sólo 14 mil 645 unidades del transporte público de un universo de 55 mil 904 unidades,8 es decir, más del 70 por ciento del transporte público concesionado no cuenta con este sistema .
Es urgente un mayor involucramiento y coordinación de los municipios con el gobierno estatal en el combate a la delincuencia y prevención del delito. Los gobiernos municipales son el orden de gobierno más próximos a la ciudadanía y son sus cuerpos de seguridad los que conocen de primera mano cómo se presenta la delincuencia y cómo se mueven los grupos criminales en el territorio.
La delincuencia también ha ampliado sus capacidades. Por ello, se requiere una estrecha coordinación para ampliar y fortalecer las capacidades de los ayuntamientos y del gobierno del Estado que tienen instaladas en materia de seguridad pública y estar mejor preparados para combatir la delincuencia, para dar respuestas conjuntas, articuladas e inteligentes a una problemática compleja y multifactorial que afecta la vida de las familias mexiquenses.
La coordinación es indispensable en un contexto en donde los elementos de seguridad pública son insuficientes, al respecto, de acuerdo con datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito existe un policía por cada 245 mil habitantes en el estado de México.9
Para poner de relevancia la importancia del uso de dispositivos electrónicos en la prevención y combate de la incidencia delictiva, una cámara de video vigilancia fue clave para la detención de un presunto feminicida que acabó con la vida de una joven de 13 años en Zumpango, estado de México a principios del mes de febrero del presente año.10
De acuerdo con el artículo 1, numeral I, de la Ley que regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México, se establece:
“Artículo 1. La presente ley es de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio del estado de México y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre las instituciones de seguridad pública del gobierno del estado de México y de los municipios de la entidad, en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, y sus fines son:
I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo de las instituciones de seguridad pública [...]”11
Por su parte, el artículo 16, Apartado A, numeral V, de la Ley de Seguridad del Estado de México establece que son atribuciones del secretario de Seguridad en la entidad:
“[...] V. Impulsar la coordinación de las instituciones policiales y proponer, en el ámbito de sus facultades, la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública, con la federación, las entidades federativas y los municipios; [...]”12
En cuanto a los artículos 5, numeral I; y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México se establece que:13
“Artículo 5.- Son auxiliares del Poder Judicial:
I. Los presidentes, síndicos y delegados municipales [...]”
“Artículo 6.- Los auxiliares del Poder Judicial cumplirán los mandamientos de la autoridad judicial y le proporcionarán el apoyo solicitado [...]”
Ante el panorama descrito en estas consideraciones, hago el llamado respetuoso pero urgente, a que las diputadas y los diputados pertenecientes a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acompañen el presente asunto que tiene como base la protección a la seguridad y patrimonio de la población mexiquense.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los 125 gobiernos municipales del estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones -en donde aún no lo han hecho-, se conecten los sistemas de radiocomunicación y video vigilancia de los ayuntamientos con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, para la coordinación de estrategias y acciones en la prevención y combate a los delitos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los 125 gobiernos municipales del estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, se conecten al sistema Comunicación Segura operado por la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación de la Secretaría de Seguridad en la entidad, para llevar a cabo una colaboración efectiva de comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México para que, en el marco de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Seguridad de la entidad, sean conectadas todas las unidades del transporte público concesionado de las rutas identificadas con la mayor incidencia delictiva al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) a través del Código C5 Móvil, con el objetivo de disminuir el índice de robo con violencia a transporte público.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://cutt.ly/0Awwq4w. Consultado el 25 de febrero de 2022.
2 SENSP. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022. Disponible en: https://cutt.ly/pP6nlbr. Consultado el 25 de febrero de 2022.
3 La Jornada. Crece robo a transporte de pasajeros, reconoce Seguridad del Edomex. Disponible en: https://cutt.ly/yAwiG7L. Consultado el 25 de febrero de 2022.
4 C5 Estado de México. Productos tecnológicos de operación. Disponible en: https://sseguridad.edomex.gob.mx/c5. Consultado el 25 de febrero de 2022.
5 Íbid.
6 Hugo de la Cuadra. Titular del C5 Estado de México.
7 Secretaría de Seguridad. C5 Estado de México. Disponible en: https://cutt.ly/vAqVrK4. Consultado el 25 de febrero de 2022.
8 De acuerdo con el estudio de El Poder del Consumidor, “Corredores de transporte público: una acción para reducir CO2 dentro de la ZMVM”, el transporte público concesionado en la entidad mexiquense estaba conformado en el año 2017 por 12 mil 813 autobuses, 37 mil 651 vagonetas, cinco mil 440 microbuses. Disponible en: https://cutt.ly/iP6AE2y. Consultado el 25 de febrero de 2021.
9 Viceversa noticias. Edomex: un policía por cada mil 245 personas. Disponible en: https://cutt.ly/AAwyWHY. Consultado el 25 de febrero de 2022.
10 El País. El feminicidio de una adolescente de 13 años conmociona a México. Disponible en: https://cutt.ly/nP5DMK7. Consultado el 25 de febrero de 2021.
11 Ley que regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México. Disponible en: https://cutt.ly/NAwwMZl. Consultado el 25 de febrero de 2022.
12 Ley de Seguridad del Estado de México. Disponible en: https://cutt.ly/nAweWW3. Consultado el 25 de febrero de 2022.
13 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Disponible en: https://cutt.ly/TAwsuaE.
Consultado el 25 de febrero de 2022.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Fonatur a hacer público el estudio ambiental y arqueológico tras la modificación del proyecto de construcción del Tren Maya en el tramo 5, Quintana Roo- Yucatán, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente
Exposición de Motivos
I. En los últimos días diversas organizaciones de las sociedad civil y especialistas ambientales han externado su preocupación tras darse a conocer la modificación de construcción en el tramo 5 para la construcción del Tren Maya y a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que atraviesa el Estado de Quintana Roo y Yucatán, y que no existe un estudio público de las posibles afectaciones ambientales y arqueológicas, siendo que se prevé que alterarían y colapsaría una red de más de 6 mil cenotes y cuevas en la península.
Asimismo, representan un daño al patrimonio de vestigios que se ubican en la zona especialmente a las de la cultura Maya, además de ser una zona privilegiada por el sistema de cuevas que se encuentran inundadas y que son parte esencial de la vida de plantas, animales y los miles de locatarios dependen del acuífero de dicho lugar.1
Ante este escenario, es importante destacar que hasta la fecha se desconocen cuales son las posibles afectaciones ambientales y arqueológicas ya que se derivan de una zona de cerca de 3,000 cenotes y más de 6 mil 500 cuevas donde existe evidencia histórica en que se asentaron los primeros pobladores mayas donde realizaban su vida cotidiana y un espacio importantísimo de nuestra historia y cultura, ya que hasta la fecha se han encontrado altares y restos humanos de aquella época prehispánica.2
Los vestigios arqueológicos y paleontológicos se encuentran debajo de la tierra, precisamente donde se plantea la construcción del Tren Maya, sobre esta red de cuevas y cenotes consideradas las más grandes del mundo y que no existe un registro del 100% de lo que existe debajo de ese espacio en la ruta de Cancún y Tulum, a pesar de ser una zona explorada durante los últimos 30 años, como lo señala el arqueólogo Guillermo de Anda.
Esto se constituyó en el sistema de cueva inundada más largo del mundo. Tenemos ya casi 400 km de él, que no sólo es importante por su extensión, sino por su arqueología. Hay una serie de sitios arqueológicos importantes, como el cenote Hoyo Negro –donde se encontró a Naia, una joven que vivió hace casi 13 mil años–, más todos los que no hemos encontrado.
En la zona: 20-25 kilómetros hacia adentro de la costa sigue habiendo cuevas, cenotes y sitios arqueológicos.
2 mil KILÓMETROS de cuevas inundadas, como mínimo, existen entre la zona de Tulum y Cancún y ese número sigue en aumento.3
El biólogo Rodrigo Medellín quien se ha reunido con un grupo de ambientalistas y arqueólogos donde definen dicho espacio como una inmensa zona de reserva de agua dulce y además de ser un espacio de flora y fauna importantísima para la región y en beneficio para el medio ambiente para la región y para el planeta.
De llevarse a cabo la realización de dicho cambio de ruta para la construcción del Tren Maya, los expertos alertan de los altísimos costos tras la deforestación de cientos de hectáreas de selva y el colapso del suelo por la vibración de maquinaria o del propio tren, por la degradación natural de manto acuífero y fragmentación del ecosistema. Por lo que pronostican un daño irreversible en la zona por no contar con estudios serios por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y continuar con su construcción por el capricho y no por la razón.
No existe ninguna evidencia de estudios que digan si el peso de las vías y el paso del Tren Maya no ocasionarán un colapso de la tierra, en que además de dañar una importante red de cuevas y cenotes, se pondrían en riesgo múltiples vidas humanas, tanto a la hora de su construcción como posteriormente.
Tampoco existe evidencia o evaluación técnica que determinen la factibilidad de las zonas seguras y susceptibles por la estructura, donde se estima que existe zonas de riesgo entre 20 y 25 km de la región, ya que se desconocen las características subterráneas del área, lo cual indudablemente podría terminar en una tragedia, tal como sucedió el 3 de mayo de 2021 con la estructura y el tren de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México entre las estaciones Olivos y Tezonco.4
Por ello la importancia de contar con una verdadera planeación en el desarrollo de dicho proyecto, y que por regla general la presente administración se ha empeñado a la construcción de mega proyectos que no cuentan con estudios serios de impacto ambiental y su factibilidad para realizarlos, o mucho menos que sea consultada la población de dichas zonas afectadas, por lo que han recurrido a denunciar e impugnar vía judicial ante la evidente violación a las leyes, normas mexicanas y a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el párrafo quinto: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
Por tal razón, quienes integramos la Bancada Naranja creemos necesario que se haga público la información de las posibles afectaciones ambientales y arqueológicas tras la modificación de construcción del Tren Maya en la zona del tramo 5, con el objeto de que se garantice su factibilidad ante los posibles daños que han sido descritos por expertos en la materia y que pueden ocasionar un daño irreversible hacia el medio ambiente y el patrimonio de nuestras raíces e historia en Quintana Roo y Yucatán, y poner en grave riesgo actual o futuro la vida de muchas personas.
Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a hacer público el estudio ambiental y arqueológico tras la modificación del proyecto de construcción del Tren Maya en el tramo 5 Quintana Roo y Yucatán, donde se ubica el Sistema Subterráneo de Cenotes y Cuevas y ante un posible daño y afectación del ambiente y la zona arqueológica de dichos lugares.
Notas
1 “El Tren Maya se construye sobre el mayor sistema de cuevas sumergidas del mundo”, en El País, 23 de febrero de 2022, recuperado de https://elpais.com/mexico/2022-02-24/
el-tren-maya-se-construye-sobre-el-mayor-sistema-de-cuevas-sumergidas-del-mundo.html?ssm=TW_MX_CM
2 “Cuevas y cenotes, en riesgo de colapso por nueva ruta de Tren Maya”, en El Universal, 25 de febrero de 2022, recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/cultura/cuevas-y-cenotes-en-riesgo-de-co lapso-por-nueva-ruta-de-tren-maya
3 Ibídem.,
4 Sáenz, C. (2021). “Cae estructura y tren de línea 12 del Metro Cdmx, entre estaciones Olivos y Tezonco”, en Capital 21. Recuperado de https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=18896
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a crear una comisión especial sobre las irregularidades presentadas en los albergues infantiles del DIF Nacional, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 79, numeral 2, fracciones I y II, y 207, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En días pasados, un diario de circulación nacional dio a conocer un reportaje en donde trabajadores de albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México hacían la denuncia de actos de maltrato hacia las y los niños que se encontraban bajo resguardo de estas autoridades. La directora general de este Sistema, Estela Damián, reaccionó informando que ya se encontraba en curso una investigación a través de un equipo multidisciplinario para saber cuáles fueron las acciones y los responsables de este maltrato. Es importante señalar que estas niñas y niños pasan a resguardo de las autoridades después de vivir situaciones de violencia doméstica y violencia extrema, abandono u orfandad.
Es importante hacer énfasis en que resulta muy preocupante que estos actos se presenten en instalaciones en las que las y los niños deben encontrarse en un ambiente seguro, ya que las instituciones están revictimizándolos y les pueden producir daños físicos y psicológicos irreversibles, por lo que el personal que ahí labora no solo debe tener conciencia de la importancia de su trabajo, sino una capacitación especializada que coadyuve en la restitución de los derechos de las niñas y niños a los que atienden. Asimismo, debe existir una supervisión permanente de las autoridades responsables que garantice los derechos establecidos en la Ley General de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Es justamente obligación de las instancias que conforman el SIPINNA la supervisión de estos centros y la garantía de que sucesos como estos no se presenten. En su caso, la investigación de los hechos y las acciones necesarias para la restitución de los derechos de las y los niños víctimas. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashielly Ramírez, señaló “la CDHCM no encontró evidencia que confirmara los hechos denunciados en la queja sobre presuntas violaciones en agravio del derecho de las niñas, niños y adolescentes del CAIS San Bernabé a vivir una vida libre de violencia, formulada por personas servidoras públicas adscritas al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. No obstante, la CDHCM realizó las siguientes observaciones relativas al caso de menores de edad sin cuidado parental:
Primero . El interés superior de niñas, niños y adolescentes debe de ser incorporado como una norma de procedimiento en las prácticas rutinarias del personal que labora en los albergues.
Segundo . Se requiere incorporar el uso de estrategias educativas en la práctica del personal del CAIS que vaya más allá del sistema de premios y castigos, mismos que dominan como forma de crianza en ese espacio.
Tercero . Se observa la necesidad de fortalecer las capacidades de los equipos técnicos, a efecto de desarrollar habilidades de gestión de las conductas disruptivas que impulsen el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes; así como el desarrollo de habilidades socioemocionales que habiliten una convivencia pacífica al interior del CAIS Coruña Jóvenes.
Cuarto . De manera obligada, es necesaria la eliminación de la aproximación patógena respecto a la salud mental en general y de las niñas, niños y adolescentes en particular, así como se requiere de la subordinación del enfoque médico al modelo social de la discapacidad y a los principios rectores y derechos de niñas, niños y adolescentes.
Quinto . Se observa necesario motivar la modificación de la legislación local, esto es así puesto que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes otorga a las Procuradurías de protección de las entidades federativas la facultad de autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social.
Sexto . Asimismo, se observa como necesaria la revisión de las leyes publicadas en la materia y disponibles para la consulta oficial, para fin de atender los efectos de la abreviación de los cuerpos normativos, como la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños en el Distrito Federal, que al día de hoy pareciera que está vigente, lo que genera confusión.
Es importante recordar que no es el único caso que se ha presentado. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la señora Mariana Rodríguez, funcionaria del estado y esposa del gobernador de aquella entidad, fue denunciada por la Red por los Derechos de la Infancia, respecto a la extracción de un niño de 5 meses de edad del DIF estatal de Nuevo León, por Mariana Rodríguez, presuntamente sin cumplir los protocolos establecidos para la protección de los derechos de las niñas y niños que se encuentran bajo resguardo de esa institución por haber sido víctimas de violaciones a sus derechos lo cual los sitúa en una situación de alta vulnerabilidad. Lo anterior después de que la propia funcionaria haya compartido fotos del niño en sus redes sociales, haciendo uso de emblemas propagandísticos y en su calidad de influencer las haya utilizado para hacer difusión personal, revictimizando nuevamente al niño.
Es en este tenor que resulta imprescindible que, en ejercicio de las facultades de esta Cámara, estos acontecimientos no queden en la impunidad, respetando en todo momento, los derechos de la infancia y el interés superior de la niñez, para lo cual solicitamos que se conforme una comisión especial al efecto.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. En términos del inciso c), numeral 1, del artículo 34; y del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se acuerda la creación de una Comisión Especial para investigar las irregularidades que se han presentado en los albergues infantiles del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade a implantar acciones dirigidas a continuar el otorgamiento de becas económicas y académicas a los atletas, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a implantar acciones para la continuidad del otorgamiento de becas económicas y académicas para los atletas, al tenor de las siguientes
Antecedentes
Primero. La presente proposición con puntos de acuerdo se presentó ante la Comisión Permanente en el primer receso del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura. Sin embargo, por los tiempos procesales de la Comisión Permanente, no pudo ser dictaminado el exhorto en tratamiento.
Segundo. Durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura, Prepa In envió a la oficina del suscrito un documento en el que expone las razones y beneficios de su centro de educación, el cual apoya a que más jóvenes y adultos puedan terminar su preparatoria en línea y puedan trabajar o encontrar empleo más rápido y con un sueldo sustentable.
En dicho documento se destaca:
Es fundamental que las becas educativas en el grado de educación media superior (bachillerato) deberán de ser por una plataforma 100% en línea y a bajo costo, ya que con esto los atletas pueden estudiar a la hora que ellos consideren sin interrumpir sus programas y entrenamientos de alto rendimiento.
Con los antecedentes expuestos es que se considera retomar este tema tan importante que tiene como objetivo fomentar la continuidad educativa, así mismo en armonía con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para promover el acceso universal a la educación:
8. Fomentar la igualdad de acceso a la educación.
Para atender a la equidad en la educación, los gobiernos deben cambiar la manera en la que hacen uso de la información en el sector y mejorar los planes formativos para adaptarlos a la realidad académica y laboral diaria de la comunidad que representan, dando a quién más lo necesitan”.
10. Mejorar la coordinación en las políticas educativas
Las estrategias para aplicar las políticas educativas deben ser atractivas, con objetivos claros y una solidez técnica. Los autores recomiendan que se financien de manera colectiva, sean evaluadas con frecuencia, tengan apoyo político claro y sean respaldadas por las organizaciones de influencia, para demandar la responsabilidad al gobierno y a los donantes que incumplan lo establecido.
Consideraciones
La actividad física y el deporte son prioridad fundamental para cimentar sociedades con ciudadanos íntegros, el deporte es una de las expresiones culturales que más relacionan a los seres humanos. Resulta una actividad de recreación no solo para quienes participan sino también para las y los espectadores lo que provoca la necesidad de relacionarse dejando de lado diferencia de razas, clases sociales o cualquier otra división, ya que la actividad física en general estimula la búsqueda del bien común.
La educación y continuidad de la preparación escolar no se debe posponer o dejar de lado cuando se practica algún deporte y más aún cuando se trata de un deporte de alto rendimiento en el que se realizan torneos y/o competencias a nivel local, nivel nacional o internacional, actividad deportiva que a futuro se traduce en una carrera de doble éxito de realización como deportista y también como posible técnico especializado o profesionista.
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha efectuado un programa de becas con apoyo económico con el fin de beneficiar a todos aquellos atletas que desarrollan un alto rendimiento, además de resultados sobresalientes tanto a nivel nacional como internacional, cuyo objetivo primordial del programa de Becas es el de brindar apoyo económico a todos aquellos atletas que tengan un mayor desempeño en las disciplinas integradas en el ciclo olímpico, en base a los resultados deportivos alcanzados a nivel nacional como internacional.
Sin duda, dicho programa de becas por la Conade es un estímulo para nuestros atletas mexicanos por ello se considera relevante que dicho apoyo no sufra decrementos, ya que aparte de ser atletas, son estudiantes, personas que como todos nos dedicamos a actividades propias de todo ser humano, claro que sin dejar de lado el entrenar en la disciplina deportiva por la que se quiere competir y sobre todo enfocados a dar los mejores resultados posibles y sobre todo con el objetivo de ser ganadores de las medallas tan deseadas en cada disciplina deportiva.
Es destacable la actuación histórica de la delegación mexicana que nos representó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en el que la representación nacional obtuvo un total de 22 medallas de las cuales 7 fueron de oro, 2 de plata y 13 de bronce; con lo que se despunta lo hecho en las justas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.
Con miras a los próximos juegos paralímpicos, París 2024, la representación de nuestro país llegará con 311 medallas obtenidas a lo largo de su trayectoria; orgullo que de ello, 104 son de oro. Cabe destacar que nuestros deportistas obtuvieron el peldaño número 19 del medallero, y con ello lograr ser el segundo mejor de América Latina.
Es de reconocerse y felicitar el gran esfuerzo de las y los paratletas mexicanos, quienes han puesto el nombre de nuestro país en alto; por lo cual refrendamos nuestro compromiso por impulsar políticas públicas que coadyuven y apoyen en su preparación, para que sigan creciendo y sigan siendo orgullo de México y ejemplo a nivel internacional.
Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, una de las problemáticas sociales más relevantes en las instituciones deportivas, en relación a los atletas en México, está ligada al desarrollo educativo de sus jóvenes promesas en el camino hacia el profesionalismo. La disparidad en el grado de escolaridad de los futbolistas se vincula a distintos factores psicológicos, socioeconómicos, culturales y geográficos.
Un bajo nivel de instrucción gravita directamente en la calidad de vida y en el crecimiento profesional del individuo, tanto sea en su carrera deportiva (si alcanza el objetivo de convertirse en profesional) como en la futura inserción laboral si no llegaran a convertirse en profesionales en el deporte que practican.
La deserción escolar es un proceso lento y progresivo que últimamente es más frecuente en los atletas mexicanos, ya que salen de su hogar con el sueño y anhelo de ser profesionales y lo primero que dejan es la educación, esto se debe a la dinámica del tiempo que necesita para ir a una escuela en modo presencial y paralelamente a el tiempo y el compromiso que tienen que invertir en su entrenamiento y particularmente a la falta de recursos económicos.
Comprender y entender la problemática que rodea a los atletas en este sentido, es una excelente forma de dimensionar la naturaleza del fenómeno de deserción escolar entre los jóvenes atletas lo que servirá para proporcionar estrategias tendientes a la prevención de la misma.
Por ello se considera relevante indagar sobre los niveles actuales de educación de los atletas mexicanos, para otorgarles la oportunidad de continuar con sus estudios sin interrumpir su deseo de concluir sus estudios profesionales.
Las consecuencias de la deserción escolar de nivel medio superior (bachillerato) acarrean un problema que puede tener repercusión en el presente de los atletas y, también, en el futuro. Están los atletas que llegan cerca de su meta, pero se quedan en la puerta (sea por un rendimiento de menor valía o por una lesión que los inhabilite) y deben reformular su inserción social sin las herramientas educativas necesarias.
También están los deportistas profesionales que alcanzan amplia visibilidad y repercusión social mientras compiten, pero luego una vez concluida su carrera deportiva, se enfrentan a la pérdida del trabajo (para el que se prepararon desde que tienen uso de razón), a la merma lógica en sus ingresos (durante el tránsito de reconvertir su fuente laboral) y del reconocimiento público, debiendo reinsertarse socialmente en ámbitos no explorados ni previstos.
En ambos casos, esa readaptación al mundo laboral es un punto relevante de la problemática social y que se puede evitar si logramos un mejor nivel de educación en los atletas mexicanos.
Finalmente, se trata de seguir apoyando a los atletas mexicanos para que continúen con sus entrenamientos y puedan con ello prepararse y dar los mejores resultados posibles.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que promueva una constante campaña de difusión sobre el otorgamiento de becas económicas y académicas a los atletas de las categorías infantil, juvenil, superior, primera fuerza del deporte convencional y adaptado; para los niveles de educación básica, media, media superior y superior que se distinguen por su desempeño deportivo.
Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que el procedimiento para la asignación de becas para el ejercicio fiscal 2022, se realice de una manera transparente, se privilegie la asignación de las becas con igualdad sustantiva, evitando asignar el monto económico de dichas becas de manera discrecional.
Tercero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que las becas asignadas a los atletas no sean reducidas en el ejercicio fiscal correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos y los Ejecutivos locales a legislar e implantar programas para regularizar las relaciones laborales del personal de los respectivos cuerpos de bomberos, a cargo del diputado Francisco Javier Castrellón Garza, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado Francisco Javier Castrellón Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los Congresos y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a que, en ejercicio de sus atribuciones, legislen e implementen programas para regularizar las relaciones de trabajo del personal que presta sus servicios en los Heroicos Cuerpos de Bomberos de sus localidades, así como para mejorar sus condiciones laborales y otorgarles los instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La heroica y comprometida labor que prestan diariamente los cuerpos de bomberos en todo el país, en beneficio de los mexicanos, es incuestionable, por desgracia solo unos pocos gozan del equipo adecuado para atender las emergencias que les surgen, y son todavía menos quienes gozan de un sueldo y prestaciones de ley adecuadas y acordes con lo arriesgado de la profesión.
Los heroicos cuerpos de bomberos no solo están encargados de controlar y consumir los incendios que se presenten en los hogares, fábricas o edificios, ésta es solo una de las innumerables funciones y emergencias que atienden cotidianamente; además están a cargo, en materia de prevención, de asesorar, informar y capacitar a la comunidad sobre la seguridad y prevención en materia de incendios y uso de sustancias tóxicas o peligrosas; igualmente, están encargados de llevar a cabo inspecciones de rutina para verificar en las instalaciones industriales, edificios, centros comerciales, auditorios, estadios, etcétera, que existan vías de evacuación adecuadas, detectores de humo, extinguidores, bombas y cisternas para combatir incendios y demás equipo reglamentario para hacer frente a cualquier emergencia.
Algunas otras funciones que desempeñan son la atención de incendios forestales, el control de fugas de gas o sustancias tóxicas, derrames de químicos, accidentes de carretera y ferrocarril, inundaciones, terremotos, huracanes y cualquier otra emergencia que amerite su pronta intervención; es importante señalar que todas estas acciones implican un alto riesgo y nivel de profesionalización en el desempeño de su trabajo.
Como ya se dijo, se trata de una profesión altamente especializada que no solo requiere de una permanente capacitación e instrucción, también requieren de contar con el equipo adecuado para su labor, por lo que dedican gran parte de su tiempo a dar mantenimiento preventivo al mismo. No es opción atender una emergencia con una bomba de agua, un tanque de oxígeno o una manguera dañada.
Debido a lo anterior, nuestros bomberos se encuentran todo el tiempo ocupados, ya sea atendiendo una emergencia, capacitándose o dándole mantenimiento a sus equipos. Se trata pues de una profesión de tiempo completo.
Por desgracia, son contados los Heroicos Cuerpos de Bomberos de nuestro país que pueden contar con instalaciones, equipo y prestaciones laborales de ley para sus integrantes, existen infinidad de cuerpos de bomberos que operan con equipos de segunda mano, trajes dañados, sin tanques de oxígeno, con camiones y bombas en mal estado, y con personal que no tiene, en muchos de los casos, un sueldo por el desempeño de su labor. La operación de estos cuerpos de bomberos en tan precarias condiciones solo es posible gracias a la valentía y espíritu de servicio de sus integrantes.
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México por su importancia es uno de los cuerpos de bomberos que puede presumir adecuadas condiciones laborales para sus integrantes, incluso cuentan con su propio sindicato que se encarga de negociar anualmente su contrato colectivo de trabajo; lo cual, les asegura mejores condiciones de trabajo para sus integrantes y seguridad para sus familias, aunado a un mejor servicio en beneficio de los capitalinos.
El camino para la consolidación de un cuerpo de bomberos, que desde la época de la colonia ha venido atendiendo las emergencias de la principal ciudad del país, ha sido muy largo y penoso. Fue hasta el 20 de marzo de 1871, que se publicó en el Diario Oficial las normas para la formación de una Compañía de Bomberos profesional para la Ciudad de México; sin embargo, todo quedó en un decreto que no tuvo aplicación.
Dos años después de la iniciativa para crear el cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, en 1873, el puerto de Veracruz formó oficialmente el primer Cuerpo de Bomberos para atender a aquella ciudad, considerado oficialmente, el primer cuerpo de bomberos de nuestro país.
Fue hasta el 20 de diciembre de 1887, que se fundó el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. Su fundación fue solo el inicio de otra larga lucha para conseguir su consolidación e independencia administrativa, como se documenta en la página web de tan digna institución:
“En 1983, el Departamento del Distrito Federal delega a la Secretaría de Protección y Vialidad la prevención de siniestros y catástrofes, a través de la Dirección de Siniestros y Rescate, estructura donde queda ubicado el Heroico Cuerpo de Bomberos como un agrupamiento policiaco.
Después de más de 15 años, de obstáculos y decisiones burocráticas, que restaron eficacia y eficiencia al Heroico Cuerpo de Bomberos y después de más de 100 de supeditación a estructuras policíacas que difieren enormemente de las funciones de un cuerpo de bomberos, la corporación con un espíritu histórico e institucional alcanza su madurez como un servicio público urbano de alta especialización.
La honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal elabora la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y finalmente el 24 de diciembre de 1998, el jefe de gobierno del Distrito Federal publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, decreto que entra en vigor el 24 de marzo de 1999; asimismo es creado por la Dirección General del Heroico Cuerpo de Bomberos, el Reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 13 de abril del 2000, entrando en vigor el día 14 del mismo, con lo que se inicia una nueva etapa para el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y para la ciudad a la que se debe.
Con un marco jurídico que le permite actuar profesionalmente como un órgano descentralizado de la administración pública del Distrito Federal, el reto para la corporación es mejorar sus servicios en los albores del siglo XXI y después de 111 años de existencia.”
Hoy los sueldos y las condiciones y prestaciones laborales en las que opera el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México son el anhelo de la mayoría del resto de los cuerpos de bomberos que operan a lo largo y ancho de nuestro país.
En este sentido, es necesario que los Congresos locales y gobiernos del resto de las entidades federativas, trabajen en crear los ordenamientos legales y administrativos para allegar a estas nobles y heroicas instituciones, de los recursos necesarios para regularizar la situación laboral de los miles de bomberos mexicanos que prestan sus servicios en las más precarias condiciones laborales, es decir, sin sueldos adecuados, sin seguro de vida para protección de sus familias, sin capacitación, sin equipo adecuado, sin representación sindical ni un contrato colectivo e individual de trabajo; es sumamente penoso que en el siglo XXI, sigan operando en México cuerpos de bomberos en tan paupérrimas condiciones de trabajo, la mayoría de forma voluntaria.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo:
Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a que, en ejercicio de sus atribuciones, legislen e implementen programas para regularizar las relaciones de trabajo del personal que presta sus servicios en los Heroicos Cuerpos de Bomberos de sus localidades, así como para mejorar sus condiciones laborales y otorgarles los instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo.
Referencias
https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/historia/heroico-cuerpo -de-bomberos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputado Francisco Javier Castrellón Garza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Conadis a instalar su asamblea consultiva, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a instalar su Asamblea Consultiva, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) es el organismo público descentralizado rector de las políticas públicas en la materia, creado por mandato de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD),1 que de conformidad con su artículo 39 tiene por objeto la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas.
El artículo 43 de la LGIPD señala que la Administración del Conadis corresponde a la junta de gobierno y la dirección general.2 Por su parte, el artículo 44 de la citada Ley establece que la Junta de Gobierno del Conadis estará conformada de la siguiente manera:
Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva .
Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades:
I. Secretaría de Salud;
II. Secretaría de Desarrollo Social;
III. Secretaría de Educación Pública;
III Bis. Secretaría de Cultura;
IV. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
VI. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
VII. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
VIII. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y
IX. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.
El Director General del Consejo participará con voz, pero sin derecho a voto.
Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Como se observa, la Junta de Gobierno está conformada, entre otros, por cinco representantes de la Asamblea Consultiva, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) es un órgano de asesoría y consulta, de participación ciudadana, conformación plural y carácter honorífico, que tiene por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es decir, es el mecanismo de participación directa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el organismo rector de la política pública, a través del cual se cumple con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta Asamblea tiene como atribuciones:
Artículo 52. La Asamblea Consultiva tendrá las siguientes atribuciones:
I. Atender las consultas y formular las opiniones que les sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por el Director General del Consejo;
II. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Pública para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad;
III. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas con discapacidad en el seguimiento, operación y evaluación del Programa;
IV. Apoyar al Consejo en la promoción y cumplimiento del Programa;
V. Proponer al Consejo los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;
VI. Promover y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad;
VII. Promover la realización de estudios e investigaciones en la materia;
VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;
IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad;
X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al Programa;
XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;
XII. Nombrar a cinco personas, propietarios y suplentes, que formarán parte de la Junta de Gobierno, y
XIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.
Finalmente, en términos de lo establecido en el artículo 53 de la LGIPD, la Asamblea Consultiva se integrará de la siguiente forma:
a) Por un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas;
b) Por cinco personas entre expertos, académicos o investigadores electos por convocatoria pública, y
c) Por cinco representantes de organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad, electos por un comité que tomará en consideración las diferentes discapacidades y el género que estará integrado por el Director General del Consejo, los Presidentes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es importante señalar, que de conformidad con el artículo 54 de la multicitada Ley, quienes integren la Asamblea Consultiva, su cargo tendrá el carácter de honorífico, durarán en su cargo tres años y podrán ser ratificados por un periodo igual, en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Consejo.
En ese contexto, el 29 de junio de 2011, fue instalada la Primer Asamblea Consultiva del Conadis, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,3 que señala que con el objeto de instalar el Consejo, la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, por única vez y por un periodo de seis meses, el representante de la sociedad civil de cada una de las Entidades Federativas será designado por el Titular del Ejecutivo de cada entidad, mientras que los cinco expertos y cinco Organizaciones Nacionales, por la persona titular de la dirección general del Consejo.
Posteriormente, el 31 de enero de 2017, la dirección general del Conadis publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Convocatoria para la Integración de la Asamblea Consultiva del Conadis”, misma que quedo debidamente concluida con la instalación de la Asamblea Consultiva, el 8 de mayo de 2017.
Quienes integraban esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado en los artículos descritos con antelación, durarían en su encargo hasta el 8 de mayo de 2020, con la posibilidad de ser ratificados por un periodo igual de tres años más. Sin embargo, esta ratificación o la nueva conformación de la Asamblea Consultiva no se ha dado.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el 11 de febrero de 2020 el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicó el “Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultada la Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.4
Dicha convocatoria señalaba que la publicación de resultados sería el 8 de abril de 2020, dando un plazo de 30 días naturales para llevar a cabo la instalación de la Asamblea Consultiva; es decir, al 8 de mayo de 2020.5 Sin embargo, al día de hoy no se ha dado la instalación señalada y el Conadis no cuenta con su Asamblea Consultiva, lo cual representa un incumplimiento legal y atenta en contra de los derechos de las personas con discapacidad, al no contar con el órgano de consulta especializado y conformado por las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.
De igual manera, tampoco se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación algún Acuerdo que amplíe los plazos o, en su defecto, declare desierta la citada Convocatoria, no se cuenta con evidencia de algún documento oficial que permita conocer cuál es el estatus de la Asamblea Consultiva y de cómo está trabajando el organismo para dar cumplimiento a la Ley en materia de inclusión.
En conclusión, existe una incertidumbre total del estado que guarda el proceso de selección de la Asamblea Consultiva, si este ya concluyó o, en su caso, quiénes conforman el órgano de consulta y la manera en que se llevan a cabo los trabajos respectivos.
Ello, además del incumplimiento señalado y de la violación a los derechos de las personas con discapacidad, adquiere especial relevancia legal, debido a que de no estar conformada la Asamblea Consultiva del Conadis, por ende, su Junta de Gobierno no está debidamente integrada, por lo que todos los acuerdos a los que llegue o se tomen carecerán de validez y podrán ser impugnados, corriendo el riesgo de ser declarados inválidos. Entre las atribuciones de la Junta de Gobierno se encuentran:6
• Aprobar el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la propuesta que presente el Director General del Consejo;
• Establecer las políticas generales para la conducción del Consejo con apego a esta Ley, Estatuto Orgánico, al Programa y a los demás ordenamientos que regulen su funcionamiento;
• Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales;
• Aprobar el Estatuto Orgánico, la Organización General del Consejo y los Manuales de procedimientos;
• Nombrar y remover, a propuesta del Director General del Consejo a los servidores públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél;
• Expedir y publicar el informe anual de la Junta, y
• Las demás que le confieran éste y otros ordenamientos aplicables.
En conclusión, además del incumplimiento legal y la violación de derechos de las personas con discapacidad, todos los acuerdos relativos y derivados de las atribuciones descritas, que son base para el desarrollo del organismo, se encuentra en riesgo de ser impugnados, lo que se traduce en una inestabilidad institucional que debe ser corregida con inmediatez, ya que están por cumplirse dos años desde que la Asamblea Consultiva de Conadis dejó estar vigente.
Bajo esos argumentos, se somete a consideración de esta H. soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que:
a. Declare desierta la Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2020;
b. Publique una nueva Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
c. Notifique a quienes integran la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad respecto a la indebida conformación de este órgano, y
d. Instale la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y nombre a los cinco integrantes de este órgano que integrarán la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Notas
1 Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.
2 Artículo 43. La Administración del Consejo corresponde a:
I. La Junta de Gobierno, y
II. El Director General.
3 Sexto. Con el objeto de instalar el Consejo, la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, las personas con discapacidad a que se refiere la fracción I del artículo 53 serán designados por los Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas por única vez y durarán en su encargo hasta seis meses.
Los representantes a que se refieren las fracciones II y III del artículo 53 de la presente Ley, serán propuestos por el Director General por única vez y durarán en su encargo hasta seis meses.
4 Visto en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585992&fecha=11/02/ 2020 consultado el 24 de febrero de 2022.
5 Visto en: https://www.gob.mx/conadis/documentos/convocatoria-asamblea-consultiva- del-conadis-2020 consultado el 24 de febrero de 2022.
6 Artículo 47 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Dado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, a uno de marzo de 2022.
Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP a investigar y sancionar a quienes utilizaron para vacacionar el avión oficial del gobierno de Oaxaca, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública que investigue y sancione a los funcionarios que utilizaron el avión oficial del gobierno de Oaxaca para vacacionar, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 108 que los servidores públicos son representantes de elección popular y toda persona que desempeñe un empleo en la administración pública, como a continuación se menciona:
“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
...”
Como servidores públicos deben de cumplir con ciertos requisitos y funciones, que se establecen en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se establecen los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, enmarcados en el artículo 7, a saber:
“Artículo 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución;
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;
X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad;
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión;
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado; y
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este artículo deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión.”
De igual manera en esta ley se encuentran consideradas las faltas administrativas graves y las no graves, las cuales se encuentran especificadas dentro del Título Tercero, Capítulo I, de las faltas no graves en donde se consideran: Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas con disciplina y respeto, denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaran a advertir, atender instrucciones de sus superiores, presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que tengan a su cargo, supervisar que los servidores públicos a su servicio cumplan con estas disposiciones también, rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos, cerciorarse que cualquier contrato o adquisición no se haga por personas que se desempeñe como empleado o en su caso presentar por escrito que no se tiene conflicto de interés y los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves.
En el Capítulo II en donde se consideran las faltas graves están el cohecho, el peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo y obstrucción de justicia.
Como servidores públicos son considerados los gobernadores ya que fueron electos por votación popular, así como los titulares de sus secretarías que fueron designados por ellos, por lo que también entran en estas consideraciones de las leyes antes mencionadas.
En día 9 febrero de 2020 se hace público el uso indebido del avión oficial del gobierno de Oaxaca, el cual es un avión Hawker, modelo 400, matrícula XC-BJG, serie RK-434, que se comprobó que se utilizó para vacaciones de familiares de altos funcionarios del gobierno de Oaxaca, en donde se corroboran viajes de fin de semana y puentes laborales, esto quiere decir que son días no considerados como laborales y que llegaron a Cancún, Huatulco, Puerto Escondido, Yucatán y Tabasco.
Los funcionarios que se ha identificado como los que han utilizado este bien mueble perteneciente al gobierno del estado de Oaxaca y gastado erario público del estado para sus viajes de placer se encuentran Juan Carlos Márquez Heine, titular de los Servicios de Salud del estado de Oaxaca; Jorge Antonio Hidalgo Tirado, titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Oaxaca; Vicente Mendoza Téllez Girón, ex secretario de Finanzas del estado de Oaxaca; Gustavo Marchello Benecchi Loyola, subsecretario de Auditoría y Supervisión de Obra de la Contraloría Oaxaca; y José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca.
Estos datos se podrán constatar en la plataforma de Flight Aware que es una empresa con tecnología multinacional que proporciona datos y productos de seguimiento de vuelos en tiempo real e histórico.
Además de que el uso estimado de la aeronave establece lo siguiente:
*Cuadro obtenido de Usos estimados de aeronaves oficiales para el ejercicio 2021. Administración del gobierno de Oaxaca.
Como podemos observar con la tabla anterior, que el mayor tiempo de uso del avión oficial del gobierno del estado de Oaxaca debe ser en visitas oficiales el 95 por ciento y el otro 5 por ciento restante se reparte en Seguridad Pública, Vigilancias de Zonas Indígenas, labores policiacas, ambulancia y adiestramiento de pilotos, respectivamente, no está considerado para uso recreativo o para atender asuntos personales, por lo que se puede considerar que recae en un delito, ya que se está haciendo uso del erario público que es destinado para ejercer otra actividad.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción del estado de Oaxaca que investigue y sancione las acciones de los servidores públicos involucrados en el uso ilícito del avión oficial del gobierno del estado de Oaxaca.
Bibliografía
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Reporte Clave, Oaxaca. Avión oficial de Alejandro Murat, es utilizado por funcionarios “mexiquenses”, para vacaciones en Cancún, Huatulco, Puerto y Toluca. (Febrero 9, 2022.) Recuperado de: https://reporteclave.com/avion-oficial-de-alejandro-murat-es-utilizado- por-funcionarios-mexiquenses-para-vacaciones-en-cancun-huatulco-puerto- y-toluca/
- Usos estimados de aeronaves oficiales para el ejercicio 2021. Administración del Gobierno de Oaxaca. Recuperado de:
https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/wp-content/uploads/sites/66/2021/03/
APARTADO-M-COBERTURA-Y-ALCANCE-DEL-SERVICIO.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condenan los ataques y la invasión militar de Ucrania impulsados por Rusia; y se exhorta a la Embajada de México ante la ONU a pronunciarse contra el uso de armas nucleares en conflictos bélicos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, con base a la siguiente
Exposición de Motivos
I. En diciembre de 2021 Estados Unidos comenzaba a denunciar ante el mundo de una inminente amenaza por parte de Rusia por la posible invasión y ataque bélico hacia Ucrania, respondiendo el presidente Biden que si realizaba dicha invasión habría consecuencias graves para Rusia. El 13 de enero de 2002, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, alertaba del “riesgo real de guerra en Europa”. ya que el presidente de Rusia, Vladimir Putin había enviado tropas a Bielorrusia y, por su parte, Biden pronosticó por primera vez que Putin invadió Ucrania.
Dicha situación empeoró en el transcurso de los días, donde el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo que reunirse con el presidente de Rusia para efectos de diplomacia internacional y con ello lograr un acuerdo de no invasión y evitar a toda costa el uso de militares para lograr invadir a Ucrania. Sin embargo, en la madrugada del 24 de febrero Rusia dio inicio a la invasión en territorio ucraniano, lo que ha generado una serie de cientos de heridos, muertes y desplazamiento de los ciudadanos de aquel país hacia las fronteras más cercanas.
II. El pasado domingo 27 de febrero, el Congreso de Bielorrusia aprobó una reforma constitucional con la que se elimina la neutralidad nuclear que este país tenía. Con esta modificación legislativa, se permite que su aliado, Rusia, instale armamento nuclear en Bielorrusia.1 Lo anterior incrementará el alcance de armas nucleares lo que sin duda pone en grave riesgo la estabilidad y permanencia de todo mundo.
Con dicha reforma constitucional se brinda la posibilidad de que Lukashenko, actual presidente de Bielorussia, pueda permanecer en el poder hasta 2035. Lukashenko ocupa dicho cargo desde hace 20 años.2
III. El presidente Vladimir Putin mandó a las fuerzas nucleares de Rusia a permanecer en una “alerta especial” en virtud de las “declaraciones agresivas” emitidas por las y los líderes de la OTAN acerca del conflicto bélico que impera sobre Ucrania.3
El uso de armas nucleares pone en grave riesgo la integridad y salvaguarda de las y los ciudadanos de todos los países del mundo dado las repercusiones económicas, políticas, sociales y sobre todo sanitarias, que el uso de este tipo de armamentos podría generar.
Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente los ataques y la invasión militar impulsados por Rusia hacia Ucrania, dado que se violentan tratados internacionales y la soberanía de Ucrania.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente los presuntos actos intimidatorios, las detenciones ilegales de diversas personas activistas y la persecución ciudadana perpetuada por el ciudadano Vladimir Putin en la República de Rusia contra quienes se oponen a la realización de un conflicto bélico.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores pronunciarse mediante el embajador del Estado mexicano en la Organización de las Naciones Unidas contra el uso de armas nucleares en cualquier conflicto bélico.
Notas
1 EFE (2022). “UE ve ‘muy peligroso’ que Bielorrusia retire su neutralidad nuclear”, en DW. Recuperado de
https://www.dw.com/es/ue-ve-muy-peligroso-que-bielorrusi a-retire-su-neutralidad-nuclear/a-60946NOtas606
2 EFE (2022). UE ve ‘muy peligroso’ que Bielorrusia retire su neutralidad nuclear”, en DW. Recuperado de
https://www.dw.com/es/ue-ve-muy-peligroso-que-bielorrusi a-retire-su-neutralidad-nuclear/a-60946606
3 BBC News (2022). “Rusia invade Ucrania: cómo se puede interpretar el anuncio de Rusia de que pone en ‘alerta especial’ su fuerza nuclear”, en BBC NEWS. Recuperado de
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-6054600 6
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a investigar y esclarecer la ejecución por la delincuencia organizada en San José de Gracia, Michoacán, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Francisco Javier Huacus Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a llevar a cabo las acciones e investigaciones conducentes, a fin esclarecer los hechos en torno a la ejecución a manos de la delincuencia organizada en la localidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, el 27 de febrero de 2022, al tenor de las siguientes
Exposición de motivos
El actual modelo de seguridad pública en México se encuentra en una situación insostenible, donde la inseguridad, la violencia y grupos delictivos atentan contra el bienestar de los ciudadanos.
En Michoacán, el gobierno estatal ha incumplido la responsabilidad de garantizar la ley y la seguridad en los municipios del estado, con estrategias, más que fallidas, sin el propósito de consolidar un Michoacán libre y seguro.
Michoacán, uno de los estados más agobiados por la violencia pública, tan solo en enero del 2022 se registraron 233 homicidios dolosos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.
Sin duda, Michoacán se ha convertido en un estado débil, sin brújula y errático frente al crimen organizado, que despliega sin pudor su poder de fuego a cualquier hora y en cualquier lugar del estado.
Hechos desafiantes e impunes, como los vividos en la localidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, el domingo 27 de febrero, donde hombres armados asesinan a 17 personas cuando se encontraban en un velorio.
Las víctimas fueron enfiladas y con sus manos detrás de la cabeza, a las afueras de un inmueble aledaño a donde se realizaba el funeral, y ahí fueron ejecutadas con armas de largo calibre.
El multihomicidio fue grabado desde una residencia colindante y tras la viralización del video en redes sociales, la Policía de Michoacán y la Guardia Nacional se movilizaron a San José de Gracia, para resguardar la zona y ubicar a los responsables.
Sin embargo, en Michoacán una vez más, se demuestra que las autoridades federal y estatal se encuentran rebasadas por la violencia y la inseguridad, donde es claro que los sicarios ostentaron mejor equipo táctico que el propio gobierno, que no puede hacerles frente.
Por ello, en el Partido de la Revolución Democrática asumimos la responsabilidad de exigir a los gobiernos federal y estatal de Michoacán a garantizar un territorio con pleno estado de derecho, recuperando la paz y el orden para los michoacanos.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República a llevar a cabo las acciones e investigaciones conducentes, a fin de esclarecer los hechos en torno a la ejecución a manos de la delincuencia organizada en la localidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, el 27 de febrero de 2022.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar las secretarías estatales de salud a coordinarse con la Ssa federal por el Censida para intensificar la campaña antihepatitis tipo C, a cargo de la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María Isabel Alfaro Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, la hepatitis C es una infección provocada por el virus del mismo nombre que si no se trata a tiempo puede provocar enfermedades como cirrosis o cáncer de hígado.1 El virus de la hepatitis C se transmite por contacto directo con sangre de una persona con esta infección o a través de agujas y otros objetos contaminados.
En el mundo hay 71 millones de personas viviendo con Hepatitis C, lamentablemente, se estima que 80 por ciento de ellas no tienen acceso a las pruebas de detección ni mucho menos a tratamiento médico alguno.2
La mayoría de las personas con la infección no presentan síntomas por lo que pasa inadvertida durante décadas hasta que existe un daño en el hígado. Las enfermedades hepáticas representan la cuarta causa de defunción a escala nacional. Se estima que 4 de cada mil personas con el VHC y probablemente no lo saben.
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) se encuentra entre los padecimientos que en la Organización Mundial de la Salud (OMS) encabezan la lista de prioridades a abordar como parte de las estrategias nacionales en salud.
Según estimaciones recientes de la OMS, en las Américas el VHC causa 84,000 muertes cada año. En este número, buscando visibilizar las acciones realizadas en el marco del Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, se describe una campaña cuyo principal objetivo es el de educar en salud a la población sobre la importancia de la detección, atención y tratamiento de este padecimiento. Además, se detallan los avances en el tamizaje de pacientes viviendo con VIH que se han estado llevando a cabo desde el inicio del programa en abril de 2020, y se comparte información relacionada con la capacitación al personal de salud en este tema.
Considerando los Objetivos del Desarrollo Sostenible, particularmente el objetivo número tres relacionado con la salud; se hace indispensable la atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles para la población mundial.3
La ONU señala que los gobiernos deben apoyar los llamamientos a la “revolución de los datos” y avanzar lo máximo posible hacia la publicación anual de los datos disponibles. Las nuevas tecnologías, como los teléfonos móviles y la teleobservación, hacen que sea cada vez más sencillo recopilar y analizar rápidamente datos de alta calidad.4 Es decir, entre más efectiva sea la articulación de esfuerzos por los tres órdenes de gobierno para abastecer de datos confiables y verificables en todo el territorio de un país, mayor efectividad tendrán las políticas y acciones para la atención y cura de enfermedades.
Contexto nacional
Las personas con VIH tienen mayor probabilidad que el resto de población de estar coinfectados con el virus de hepatitis C (VHC) 1,2. La prevalencia de VHC en personas que viven con VIH se estima es de 1.91 por ciento contra 0.55 en la población general en México3. Esta población puede ser vulnerable por exposición a fuentes de transmisión como el uso de drogas intravenosas, la transfusión de hemoderivados antes del cribado y relaciones sexuales de alto riesgo. Además del consumo de alcohol, tener más de 45 años en el momento de la infección, ser hombre y tener coinfección con hepatitis B u otros virus; uno de los factores que promueve la progresión del virus de la hepatitis C es la coinfección con VIH. Adicionalmente, la infección por VIH y el consumo de alcohol se asocian de forma independiente con la progresión acelerada de la fibrosis hepática. En pacientes inmunodeprimidos, hay una mayor tasa de replicación viral y una mayor tasa de progresión del VHC1.
Se ha demostrado que el VIH acelera el curso de la infección por el VHC, siendo la enfermedad hepática en etapa terminal una de las principales causas de muerte en los pacientes viviendo con VIH. Se cree que la progresión acelerada del VHC en paciente coinfectados se debe a una respuesta inmunitaria celular debilitada. El tiempo promedio estimado desde la infección por el VHC hasta el desarrollo de la cirrosis es significativamente más corto para los pacientes coinfectados con VIH que para los pacientes mono-infectados (7 frente a 30 años). Tomando esto en consideración, el Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C ha dirigido inicialmente sus esfuerzos al tamizaje de personas con VIH.
En el último Boletín de hepatitis C , publicado el pasado junio, se reportó el avance en materia tamizaje de VHC en personas viviendo con VIH registrados en la plataforma SALVAR por entidad. A continuación, se muestra un gráfico comparando el avance del 32.3 % en el tamizaje reportado de esta población de junio a septiembre y un mapa de México con el porcentaje de avance en tamizaje reportado de VHC por entidad federativa.
Avance primer tamizaje reportado de VHC en personas con VIH*
Fuente: Salvar, junio-septiembre de 2021.
* El tamizaje reportado de VHC en personas con VIH descrito en esta gráfica, incluye solo los datos de personas registradas en el Salvar. Es posible que existan datos de otros tamizajes que no estén incluidos aquí.
Avance primer tamizaje reportado de VHC en personas con VIH (PVV)*
Fuente: Salvar, junio-septiembre de 2021.
* El tamizaje reportado de VHC en personas viviendo con VIH descrito en esta gráfica, incluye solo los datos de personas registradas en el (Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV (Salvar). Es posible que existan datos de otros tamizajes que no estén incluidos aquí.
Tomando en cuenta que una de las recomendaciones para pacientes viviendo con VIH es el tamizaje anual para VHC y en alineación con el Plan de Acción Estratégico del Programa de Hepatitis C algunos Estados han comenzado con el segundo tamizaje de estos pacientes. A continuación, se presenta un gráfico del avance de 44.5 por ciento en tamizaje de segunda vez en pacientes viviendo con VIH presentado de junio a septiembre de 2021.
Avance segundo tamizaje reportado VHC en personas con VIH (PVV)
Fuente: Salvar, junio-septiembre de 2021.
* El tamizaje reportado de VHC en personas viviendo con VIH descrito en esta gráfica, incluye solo los datos de personas registradas en el Salvar. Quizá haya datos de otros tamizajes no incluidos aquí.
Campaña nacional ¡Yo ya C!
El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida realiza la campaña nacional “¡Yo ya C!”. Esta tiene por objetivo educar en salud a la población sobre la importancia de la detección, atención y tratamiento de la hepatitis C para evitar complicaciones de salud. Así mismo, tiene la finalidad de promover los servicios de detección, atención y tratamiento de la hepatitis C. Esta estrategia de comunicación comenzó en el mes de julio a nivel nacional, con el lanzamiento de un spot de radio mediante tiempos oficiales, donde se destacó el acercamiento de las personas diagnosticadas con hepatitis C o las que desean conocer su estado respecto a esta infección.
La campaña pretende sensibilizar a las personas con información en tres pasos:
1. Infórmate
Hacer del conocimiento a la población en general que:
• El VHC o hepatitis C se transmite por contacto directo con sangre o a través de agujas y otros objetos contaminados.
• La mayoría de las personas con la infección no presentan síntomas por lo que pasa inadvertida durante décadas hasta que existe un daño en el hígado.
• Las enfermedades hepáticas se encuentran dentro de las primeras causas de defunción a nivel nacional. Se estima que por lo menos cuatro de cada mil personas viven con el VHC y probablemente no lo saben.
• Ciertos comportamientos de riesgo nos exponen al VHC; por ejemplo:
- Transfusiones sanguíneas o trasplante de órganos antes de 1994, ya que no se realizaban pruebas a donadores.
- Compartir agujas, equipo o dispositivos para el consumo de drogas.
- Accidentes con agujas y punzocortantes en la atención de personas en unidades de salud.
- Prácticas sexuales que incrementan el riesgo de exposición al virus de la hepatitis C. (fisting, dos romanos, sexo anal sin suficiente lubricación).
- Compartir cepillos dentales, rastrillos o navajas de afeitar.
- Tatuajes, perforaciones, delineado permanente de ojos labios o cejas, con materiales sin esterilizar.
2. Hazte la prueba
• La única forma de saber si tenemos la infección por VHC, es mediante una prueba de sangre. Esta prueba consiste en una punción en el dedo, muy parecida a la prueba de glucosa y en 15 minutos tenemos el resultado que muestra si has tenido contacto con el virus.
• Recuerda que los principales síntomas que pueden indicar la presencia del virus y un daño del hígado son malestar abdominal, fatiga y coloración amarillenta en piel y ojos.
• La prueba de hepatitis C está disponible para todas las personas; se recomienda que, si tienes alguno de los factores que aumentan el riesgo de adquirir VHC, te la realicen lo más pronto posible.
3. Cúrate
• En la actualidad existen tratamientos seguros y gratuitos que curan la infección y previenen las complicaciones.
• México cuenta con un tratamiento seguro y gratuito que en tres meses cura a la mayoría de las personas.
• Las personas con mayor daño del hígado requerirán seguimiento especializado para disminuir el riesgo de complicaciones.
• Para lograr el éxito en el tratamiento es necesario que te comprometas con tu salud siguiendo las instrucciones del personal médico.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las secretarias estatales de salud a coordinarse con la secretaria de salud federal a través de Censida para intensificar la campaña contra la hepatitis tipo C en el país.
Notas
1 Censida. Documento publicado el 9 de julio de 2021. En la actualidad, el diagnóstico y tratamiento permiten curar la infección por hepatitis C.
2 Boletín Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, volumen 2, número 2, junio de 2021, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649433/Bolet_n_VHC_Vol_2 _N_2.pdf
3 Cónfer Crónica de ONU, “Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”. Consulta realizada el 22 de enero de 2022 en https://www.un.org/es/chronicle/article/objetivo-3-los-objetivos-de-des arrollo-sostenible-y-un-2030-mas-saludable
4 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada María Isabel Alfaro Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a revisar y, en su caso, modificar las tarifas de electricidad de los organismos y sistemas operadores de agua, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El país atraviesa por momentos económicos de gran complicación, el impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy significativo, actualmente los servicios básicos como los de agua potable y saneamiento, no sólo son esenciales para nuestra vida diaria, en estos momentos es la principal medida de contención para combatir el virus.
En ese contexto, los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento afrontan una situación económica critica, ya que tendrán efectos adversos en su capacidad para hacer frente al pago de energía eléctrica.
En consecuencia, los incrementos y el precio elevado de la energía eléctrica representan un obstáculo al desarrollo de las actividades requeridas para fortalecer y mejorar el sector de los organismos y sistemas operadores de los servicios de agua, lo cual provoca un aumento inmediato en los costos de operación.
Según datos del Inegi (2014), los organismos operadores de agua, gastaron 24 mil 935.3 millones de pesos en consumo de bienes y servicios. De este monto, el 35.9 por ciento se destinó al pago de energía eléctrica, en algunas entidades federativas, por citar un ejemplo el estado Yucatán, la factura eléctrica para la extracción de agua ascendió al 71.7 por ciento de los gastos totales destinados para el consumo de bienes y servicios.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, AC (ANEAS), antes de la reforma energética de 2013, el esquema tarifario aplicado al servicio de energía eléctrica calculaba las tarifas con base en una metodología tendencial que emitía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la cual se incluían: un factor de ajuste por inflación, el precio del diésel, el precio del gas y el precio de otros productos derivados del petróleo.
Asimismo, el acuerdo número A/058/2017, vigente a partir del 1 de diciembre de 2017, expidió una nueva metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales y tuvo dos propósitos: 1) recuperar el costo de generación de la electricidad y 2) recaudar los recursos suficientes para la inversión en la red de transmisión. Los usuarios de suministro básico de energía fueron agrupados con base en sus características de consumo, nivel de tensión y tipo de medición. Los SAPyS pasaron de la categoría tarifaria 6 –Servicio Público de Bombeo de Agua Potable o Negras– a ser usuarios de alguna de las siguientes categorías: pequeña demanda baja tensión (PDBT), gran demanda baja tensión (GDBT), gran demanda media tensión horaria (GDMTH) y gran demanda media tensión ordinaria (DMTO).
Dentro de estas tarifas además de incluirse los cargos fijos y variables sobre el consumo de energía, también se añadían los siguientes cargos variables: distribución, transmisión, operación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), operación del suministrador de servicios básicos, servicios no conexos al mercado eléctrico mayorista (MEM) y capacidad demandada.1
Por ello, tanto el Interapas como otros organismos operadores de agua en el país se han acercado con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, con la finalidad de lograr una tarifa acordé y evitar perjuicios a la población.2
Al respecto, la Comisión Nacional del Agua señala que la mayor cantidad de agua disponible se concentra en los estados del sur-sureste (67 por ciento). En los estados del centro y norte que son los más urbanizados, habita el 76 por ciento de la población y se concentra la mayor actividad de económica (82 por ciento del PIB) sólo disponen del 33 por ciento del agua susceptible de ser utilizada.3
Asimismo, es importante mencionar que el agua para uso urbano en México es un asunto imprescindible en la agenda pública debido a la demanda creciente de servicios de agua potable y saneamiento, lo que se relaciona con el incremento demográfico y la rápida urbanización del país durante las últimas décadas.
La mayor parte del agua para uso consuntivo (75.7 por ciento) se destina a riego agrícola. Sin embargo, el agua destinada al uso urbano, es decir, lo que en las estadísticas oficiales es denominado “abastecimiento público” (uso doméstico y uso público urbano) corresponde al 14.6 por ciento del total y el volumen empleado para estos fines va en ascenso.4
De esta manera, los organismos operadores de agua potable en México enfrentarán el enorme reto de proporcionar agua a cada vez más personas. Además, debido a los posibles efectos del cambio climático global, existe incertidumbre con respecto a la disponibilidad de agua en el futuro.
Por consiguiente, es importante reflexionar de manera permanente sobre su situación, que lamentablemente desde el año 2018 se ha intensificado, el alto precio de la electricidad se ha traducido en cuentas de energía impagables que en otros lugares han llevado a la suspensión del servicio por parte de la CFE, lo que provoca la suspensión de sus operaciones y constituye un verdadero problema que obliga a los organismos a disminuir la operación de equipos electromecánicos, dejar de operar plantas de tratamiento o posponer el pago de la factura eléctrica. Además de que su importancia en la salud pública es indudable y en este momento el papel que juegan en la contención de la pandemia.
En consecuencia y considerando como premisa que el acceso al agua no sólo es un servicio, sino un derecho humano que debe ser garantizado a todas las personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, a fin de revisar y, en su caso, modificar las tarifas de energía eléctrica de los organismos y sistemas operadores de agua en el país.
Notas
1 Las tarifas eléctricas y su impacto en los sistemas de agua potable y saneamiento de México (ANEAS). Marzo de 2020, disponible en: https://aneas.com.mx/wp-content/uploads/2020/04/AyS-86.pdf
2 Tarifa de electricidad afectan a organismos de agua: Interapas. El Universal. Metrópoli, mayo de 2020. Disponible en:
https://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/12-04-2019/tarifas-de-electricidad-afectan-operatividad-de-organismos-de-agua-interapas
3 Comisión Nacional del Agua. Estadísticas del agua en México, edición 2018. Disponible en: https://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf.
4 Financiamiento y sustentabilidad del agua para uso urbano en México. Disponible en
http://dcsh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/publicaciones/financiamiento_y_sustentabilidad_del_agua_para_uso_urbano_en_mexico.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a ampliar la vacunación anticovid en el grupo de 5 a 14 años de edad, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Miguel Sámano Peralta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete respetuosamente a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno federal a ampliar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19, en el grupo etario de 5 a 14 años, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La pandemia del Covid-19 ha sido una de las amenazas más grandes a la salud pública a nivel global, sobre todo porque el SARS-CoV-2 es un virus que evoluciona rápidamente. Prueba de ello es la variante ómicron que se caracteriza por propagarse con mayor facilidad y, en consecuencia, contagiar en menor tiempo a un mayor número de personas y de todos los rangos de edad.
El doctor Nathaniel Beers, pediatra del Children´s National Hospital y presidente del HSC Health Care System de los Estados Unidos de América (EUA), refiere que la variante ómicron puede afectar especialmente a los niños y de forma más severa, ya que tienen vías respiratorias más pequeñas. Por su parte, la doctora Lorena Tapia, pediatra e infectóloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile coincide en que “lo más relevante para prevenir una futura enfermedad grave por Covid-19 y en especial por ómicron es vacunar a los más pequeños”.1
Desde el inicio de la pandemia mucho se habló de la existencia de una presunta inmunidad de los menores con respecto a la Covid-19; sin embargo, un estudio publicado en el año 2020 en La Gaceta Médica de México , evidenció resultados que nos conminan a reflexionar sobre el alcance de dicha aseveración, después de haber analizado las características de mil 443 niños con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2.
El estudio advierte que debido a que usualmente los niños tienen pocas comorbilidades, se esperaría que presentaran una menor mortalidad; no obstante, México es un país con una alta presencia de obesidad infantil con una importante tendencia a la diabetes, padecimientos cardiovasculares y enfermedades renales. Por ello, dicho documento concluye que si bien los niños con Covid-19 tienen menor mortalidad que los adultos, la infección por el SARS-CoV-2 no es benigna y puede tener consecuencias fatales.2
Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia en México, señala que para el 30 de enero del año en curso, la Secretaría de Salud federal había reportado: “295 mil 233 contagios, 12 mil 977 hospitalizaciones, 971 intubaciones y mil 88 defunciones en el rango de edad de 0 a 17 años”.3 Es decir, que el aparente bajo riesgo para los menores no significa la ausencia del mismo, toda vez que sí pueden infectarse, transmitir involuntariamente el virus, necesitar hospitalización, presentar efectos secundarios a corto y largo plazo, e incluso fallecer en el peor de los casos.
Segunda. Una vez que los ensayos clínicos demostraron que la vacuna Pfizer-BioNTech es segura y efectiva para los menores, en EUA se autorizó aplicarla al grupo poblacional de entre 5 y 11 años, administrándola en dos dosis separadas con 21 días y en una proporción más baja que la recomendada para las personas de 12 años en adelante.4 De igual forma, otros países ampliaron sus esquemas de vacunación contra la Covid-19, a fin de proteger a su niñez y juventud, siendo la más utilizada la Pfizer-BioNTech, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Asimismo, a finales de enero del año en curso, el Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó extender el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech a los menores de 5 a 11 años, pero con una dosis de 10 microgramos en lugar de los 30 que se emplean para los mayores de 12 años.5
Tercera. No obstante los avances registrados en otras partes del mundo, en la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México” aún no se considera la aplicación de la vacuna en personas menores de 12 años hasta que –desde la perspectiva del Gobierno federal– se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en dicha población.6
Bajo esa premisa, en nuestro país solamente se pueden vacunar los jóvenes a partir de los 15 años; y como una categoría especial a los de 12 a 17 años pero que padezcan alguna comorbilidad como: cáncer, trasplantes, VIH, obesidad mórbida, diabetes y enfermedades endócrinas, entre otras afecciones que pongan en riesgo su salud.
Ante esta situación y en defensa de la igualdad sustantiva que garantiza la propia Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,7 padres de familia han recurrido a los amparos para vacunar a sus hijos. Destaca que el pasado 18 de febrero, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una Tesis Jurisprudencial donde –privilegiando el interés superior del menor y el derecho a la salud previstos en el artículo 4o. constitucional– se determina procedente la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo contra la omisión de aplicar la vacuna que combate el virus SARS-CoV-2 para prevenir la Covid-19 a los menores que conforman el grupo etario de 5 a 11 años, al advertirse que al no vacunarlos se está comprometiendo su vida, salud e integridad personal. La cual se considera obligatoria con efectos a partir del 21 de febrero del presente año.8
Desde la sociedad civil también han surgido voces solicitando la vacunación de los menores. La organización no gubernamental Save the Children recientemente hizo un llamado a la sociedad mexicana para firmar una petición a fin de exigir al Gobierno de México, que se incluyan a las niñas y niños desde los 5 años en el esquema de vacunación contra la Covid-19, sin condicionar la aplicación a la existencia de comorbilidades, debido a que las diferentes variantes han incrementado el número de contagios, sobre todo en los menores no vacunados, dejándolos en riesgo de enfermar, padecer secuelas o llegar a fallecer.9
De igual forma, la Red por los Derechos de la Infancia en México se ha pronunciado en favor de la vacunación de los niños y los adolescentes de entre 5 y 14 años, refiriendo que, así como los adultos tienen el derecho de proteger su salud, también lo tienen los menores, pues “con un niño que sufra, con una niña que ponga en riesgo su vida, hay suficiente razón para reconocer ese derecho constitucional”.10
Recordemos que a nivel internacional el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece su derecho a disfrutar del nivel más alto de salud,11 mientras que el artículo 4o. de nuestra Carta Magna reconoce el derecho a la salud y el interés superior de la niñez, por mencionar algunas normas que respaldan el bienestar de los menores.
Cuarta. Hay que tener muy presente que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la pandemia aún está lejos de terminar y sigue latente la posibilidad de que surjan nuevas variantes, por lo que no podemos ni debemos bajar la guardia.
Lo que sí debemos y tenemos que hacer es contribuir a la formación física, psicológica, económica, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes; a fin de que sean adultos sanos y productivos. Ello sólo será posible si desde ahora se les garantiza la prevención y el cuidado de su salud; así como su crecimiento y desarrollo plenos.
El Estado mexicano tiene la obligación de proteger al mejor activo que tenemos como sociedad, que son la niñez y la juventud mexicana, por lo que debemos seguir reforzando las medidas preventivas, como es la vacunación generalizada de los niños y los adolescentes para prevenir mayores contagios, secuelas y decesos a causas de la Covid-19.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno federal a ampliar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19, en el grupo etario de 5 a 14 años, con la vacuna de Pfizer-BioNTech, tomando en consideración las experiencias internacionales, el llamado de diversos sectores de la sociedad mexicana y la postura del máximo tribunal del país.
Notas
1 https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/omicron-puede-afectar-a-los- ninos-mas-severamente-medicos-advierten-que-variante-esta-produciendo-a lza-de-contagios-en-menores/AHE72YPJRJGYNEKIHXSUYPHRTE/
2 https://www.gacetamedicademexico.com/frame_eng.php?id=502
3 http://derechosinfancia.org.mx/v1/es-su-derecho-vacuna-ya-para-ninas-ni nos-y-adolescentes-de-5-a-14-anos/
4 https://www.healthychildren.org/Spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician /Paginas/when-can-children-get-the-COVID-19-vaccine.aspx
5 https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/1/22/la-oms-aconseja-vacunar- con-pfizer-los-ninos-menores-de-12-anos-372112.html
6 Documento Rector, Versión 7.0, 28 de septiembre de 2021, p. 33, en file:///C:/Users/p_bor/Downloads/2021.09.28-PNVx_COVID-1.pdf
7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf
8 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024193
9 https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/la-vacuna-contra-covid -19-es-un-derecho-de-las-nin
10 http://derechosinfancia.org.mx/v1/es-su-derecho-vacuna-ya-para-ninas-ni nos-y-adolescentes-de-5-a-14-anos/
11 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputado Miguel Sámano Peralta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades federales y de Oaxaca a investigar y sancionar las suplantaciones de identidad dadas en el Registro Civil local, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo que Exhorta al Gobernador del Estado de Oaxaca, a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la Secretaria de Gobernación y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, investigue y sancione las suplantaciones de identidad dadas en el Registro Civil del Estado de Oaxaca, alteraciones a la Base Nacional de Actas de Nacimiento y del Registro Nacional de Población, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Recientemente el gobierno de México y esta soberanía hemos emprendido importantes esfuerzos para prevenir la suplantación de identidad, prueba de ello, la discutida (y aprobada) miscelánea fiscal que implementa la obligación de todos los ciudadanos (mayores de 18 años) de inscribirse en el RFC precisamente para evitar estas prácticas ilícitas.
Esto es así, pues como parte de los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional se encuentra el derecho a la identidad, en donde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) reconoce el derecho a la identidad de las personas desde que nacen, a tener un nombre, nacionalidad, etcétera.
En el caso, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la identidad de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que este derecho no puede entenderse únicamente como el nombre de la persona, sino en la integridad de sus atributos como lo son el patrimonio, capacidad, nacionalidad, estado civil, domicilio y familia, tal y como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto para estar en condiciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar de manera integral las violaciones que a este derecho humano se infrinjan.
Esto, dado que es un derecho humano contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, párrafo 8, que establece:
“Artículo 8. ...
....
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.”
Para dar cumplimiento a lo anterior, los Estados Unidos Mexicanos implementaron diversos planes y programas sobre el derecho a la identidad, entre ellos, el gobierno federal celebró convenios de coordinación y colaboración para implementar la consulta e impresión de actas del Registro del Estado Civil de las personas en línea con las 32 entidades federativas, en cuyo marco se ha firmado una decena de anexos de transferencia de recursos al estado de Oaxaca, siendo el último el publicado el 26 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aportó el 70 por ciento de los recursos necesarios para el fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Oaxaca, mismos que conservan su naturaleza federal.
Asimismo, el derecho a la propiedad también es un derecho humano que conforme la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consiste en que toda persona puede usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley, el cual debe estar protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado, ni molestado en sus bienes, a menos que haya un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento; solo en caso de interés público y observado la debida indemnización, el Estado puede restringir el derecho a disponer de ella.
Este derecho humano a tener un patrimonio, como atributo del diverso derecho a la Identidad, también se encuentra plasmado en nuestra Constitución, en su artículo 27, que a la letra dice:
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”
No obstante, el Estado también podrá imponer modalidades de propiedad privada que tenga que ver con el interés público, además de la Constitución tenemos leyes secundarias que también velan por este derecho, como son el Código Civil y la Ley de Expropiación.
Se reconoce que las personas físicas pueden adquirir la propiedad de bienes inmuebles por sí mismas o por medio de sus representantes legales conforme las disposiciones aplicables.
Para ejercer este derecho frente a terceros, se acredita la propiedad mediante una escritura pública a nombre del propietario debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, requisito indispensable para ostentarse públicamente como propietario y ejercer de manera real el derecho humano a la propiedad, como atributo de la identidad de las personas.
De igual forma la dependencia encargada de registrar y custodiar los datos del nombre como atributo del derecho a la identidad de una persona, es el Registro Civil, misma que es una institución de carácter público y de interés social, mediante la cual el Estado da fe pública, inscribe, registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, expide las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, fallecimiento; asimismo inscribe las resoluciones que la ley autoriza, en la forma y términos que establezca el reglamento, proporciona información socio demográfica y asigna la Clave Única de Registro de Población.
Esto, sin soslayar que en su origen es la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, quien tiene dentro de sus atribuciones asignar la Clave Única de Registro de Población, así como organizar, integrar y administrar el Registro Nacional de Población, el cual es alimentado con la base de datos nacional de la Clave Única de Registro de Población y actualizado por la base de datos nacional del Registro Civil, mismas que se integran, sincronizan y actualizan permanentemente a través de la conexión interestatal implementada por dicha Dirección General con los 32 registros civiles del país, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, relativo a la funciones que realizan en materia de registro civil y las oficinas consulares de México en el exterior.
Ahora bien, en relación con los citados artículos 8 y 27 de la Constitución, para ejercer el derecho de propiedad y poder tener una escritura pública que lo acredite, esta se debe hacer mediante un proceso en donde se solicita una serie de documentos, entre ellos documentos que acrediten la identidad de las personas como el acta de nacimiento que expide el Registro Civil.
El problema surge cuando las instituciones encargadas de realizar alguno de los registros antes mencionados, caen en actos de corrupción como es el caso de Oaxaca, en donde se han denunciado el robo de inmuebles mediante cambios de identidad en el Registro Civil.
Tal es el caso, en que con fines de despojo a los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar de apellidos Gómez Conzatti y Martínez les fueron borradas sus identidades y suplantadas por otras que ya han sido dictaminadas falsas por la Fiscalía General de la República, para que no pudieran acreditar su personalidad ni la titularidad de 2 inmuebles en el Centro Histórico de la capital del estado, de los cuales son copropietarios por donación hecha en vida ante notario público, por su padre Víctor Manuel Gómez Conzatti.
Estos inmuebles se encuentran inscritos en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) quien, después de que en noviembre de 2020 le “fallara” quirúrgicamente el sistema, afectando únicamente los inmuebles donde los hermanos Gómez Conzatti son copropietarios, ya reconoció que desde 2012 constan en su sistema las escrituras de donación a favor de los señores Herbé, Caleb y Ashmar de apellidos Gómez Conzatti y Martínez.
Sin embargo, también en el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO) desaparecieron los expedientes de esos mismos 2 inmuebles de los que los hermanos Gómez Conzatti son copropietarios, informando que los agraviados no tenían ningún inmueble y que supuestamente en 2011 fueron inscritas compraventas a favor del notario público Jorge Alberto Merlo Gómez y Elizabeth Shamosh Gómez, con escrituras del notario 106, Alejandro José Vidaña Luna, aunque después se comprobó que el último movimiento no fue en 2011 sino en enero de 2021 y que el jefe de la Unidad Jurídica del ICEO, José Antonio Lara Rodríguez, declaró en falsedad ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con información que no consta en el sistema ni en archivos de dicho Instituto. Cabe mencionar que José Antonio Lara quiso obligar a declarar falsamente a los trabajadores del archivo del ICEO y estos la negarse fueron despedidos injustificadamente.
Sobre esta situación se presentaron denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado y la Fiscalía de la República, así como juicios de amparo para que el Registro Civil les rescriba y les restituya su identidad, quien a pesar de que se le ordenó por medio de un juez de Distrito restituir los derechos fundamentales de los quejosos se negaron a ello.
Este es un ejemplo de la gran corrupción que existe dentro de estas oficinas del gobierno del estado, ya que no es la primera denuncia pública que hacen sobre el Registro Civil, tal es el caso que en agosto del año pasado se hicieron públicos los cobros excesivos por actas de defunción, cuando el portal menciona que el costo es de $100 pesos, en el Registro se cobraban de 2 mil a 3 mil pesos.
Este caso documentado es la ventana a una problemática de interés nacional, y es que falsificar información en el Registro Civil trae una serie de consecuencias graves, ya que se transfiere información falsa a la Secretaría de Gobernación, quien es responsable de generar el Registro Nacional de Población y de la base nacional de Actas de Nacimiento, etcétera.
Cabe mencionar que Jorge Alberto Merlo Gómez es el responsable de la Notaría 135 de Nochixtlán, Oaxaca; fue director del Registro Público de la Propiedad de Oaxaca en 2004; es señalado por alterar registros de nacimiento de menores de edad en otros estados de la República Mexicana, como es el caso de su propia hija a quien modificó, en el Registro Civil del Estado de Nuevo León, el nombre de la madre de nacionalidad cubana, Patricia Rodda por Patricia Nani, ello con la consecuencia de privarla de sus derechos de mujer como el ejercicio de la patria potestad, etcétera; es fundador de la Fundación Jorge Merlo, cuyo domicilio ha servido de fachada para salones de belleza e inmobiliarias como Taglio Constructora, SA de CV, Serenity Spa & Beauty; está relacionado con otras empresas fachada como Nouvo Health and Beauty, Infraestructura Izcally, SA de CV, y con simulaciones de actos a través de la empresa Infra Logistica Croacia, SA de CV, y su representante Héctor Alejandro Sánchez Piña; recientemente Jorge Alberto Merlo Gómez ha sido relacionado con la ejecución del magistrado Enrique Pacheco Martínez, cuyos inmuebles tampoco aparecen en el Instituto de la Función Registral.
En el caso de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez están comprobados la suplantación de identidad, la falsedad de claves únicas de registro de población, la alteración de la base nacional, el fraude inmobiliario y las falsedades de informes ante Juzgados de Distrito. Se pudo comprobar gracias a documentos que fueron solicitados al INE en donde se resguardan archivos con documentos personales de los ciudadanos cuando solicitan su credencial de elector y el propio Registro Nacional de Población, sin embargo, a más de un año el delegado de la Fiscalía General de la República, Jaime Porfirio García Belio, sigue sin ejercer acción penal por los delitos federales de incumplimiento de la suspensión dictada por el 2o. juez de Distrito de Oaxaca en el amparo 575/2020, falsedad de informes, uso de documentos falsos, etcétera.
Además, en fechas recientes se difundieron en redes sociales videos y audios donde se aprecia, al ahora coordinador de Enlace Municipal del ICEO, José Antonio Lara Rodríguez, y otros servidores, solicitando a los trabajadores de archivo declarar falsamente sobre las investigaciones del caso de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez y estos, al reusarse, fueron despedidos injustificadamente y sin aviso alguno, impidiéndoles el acceso a su espacio de trabajo.
Pero lo más preocupante es la inacción del fiscal general del estado de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, quien, ante el cúmulo de datos de prueba aportados por las víctimas en las carpetas de investigación, desde agosto de 2021 a la fecha, ha sido omiso en liberar el dictamen de 2 firmas cuestionadas de falsas y según las cuales el notario 135, Jorge Merlo Gómez, adquirió los inmuebles despojados a los hermanos Gómez Conzatti. Estas omisiones de la Fiscalía han permitido el perfeccionamiento de más ilícitos a través de más instituciones del gobierno de Oaxaca, pues es el caso, que ahora Jorge Alberto Merlo Gómez desnuda nuevamente la red de corrupción en el Gobierno de Oaxaca y alega ahora ser el titular de los inmuebles propiedad de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez, por efectos de un laudo arbitral supuestamente dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en la que se hace pasar por trabajador y acreedor del padre de los hermanos Gómez Conzatti.
Es así, como el notario 135 de Oaxaca, Jorge Alberto Merlo Gómez, ha puesto al descubierto una elaborada red de despojo a través de una organización de hecho que incluye actos del Registro Civil, IFREO, ICEO, Catastro Municipal y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca para ocultar el origen ilícito de bienes de naturaleza inmobiliaria que se despojan en ese estado, pues denuncias anónimas de diversas víctimas han documentado la forma en como Jorge Alberto Merlo Gómez trianguló bienes inmuebles a través de su madre Martha Merlo Reyes, quien siendo ama de casa ha cumulado más de una decena de inmuebles en la ciudad de Oaxaca, algunos de los cuales son transmitidos con posterioridad al notario 135 a través de la simulación de un embargo practicado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la que Jorge Merlo Gómez se hace pasar por trabajador de su madre. Y más aún, donaciones simuladas en 2019 ante la fe del mismo notario 106 de Cosolapa, Alejandro Vidaña Luna, mediante las cuales despoja del inmueble sito en Belisario Domínguez 203, colonia Reforma, Oaxaca, a los herederos de su hermano Víctor Manuel Gómez Merlo, fallecido en 2017, es decir, 2 años antes de celebrada la escritura.
El actuar reiterado de esta delincuencia ha quedado evidenciada también con la violación sistemática del derecho a la identidad en Oaxaca, así, el pasado 2 de julio de 2020 se dio a conocer que el Registro Civil dio muerte legal a mil 13 comuneros mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, para despojarlos de sus tierras confabulados con el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, entre ellos declararon fallecidos y sepultados a 22 beneficiarios de la medida cautelar MC-113-08 concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran con vida.
Además, existen otros casos en los que los ciudadanos han sido víctimas de estas mafias que se apoyan en la fe pública de notarios como el fedatario número 106 de Cosolapa, Oaxaca, Héctor Alejandro Vidaña Luna; 135, Jorge Merlo Gómez; 100, David Vásquez Urdiales; 133, Rafael Avilés Alvares; 84, Jorge Zárate Ramírez; 38, Omar Abacuc Sánchez Heras, etcétera, a quienes las víctimas no han podido denunciar o simplemente la Fiscalía ha hecho caso omiso a las denuncias de falsificación de firmas, simulación de ventas, ante fechados de actas notariales, otorgamientos falsos de poderes, etcétera.
Tal es el caso de un supuesto poder otorgado en la ciudad de Oaxaca por la señora María de Monserrat Chávez López ante el notario 38, Omar Abacuc Sánchez Heras, el 25 de agosto de 2011, mediante el cual fue vendido un terreno de su propiedad en el municipio de Huajolotitlán, Huajapan de León, Oaxaca a Daniel Lenin Chávez López, despojando de esta manera a su cónyuge y copropietario supérstite Alfonso Corro Sánchez, sin embargo, resulta que en esa fecha la poderdante se encontraba medicamente imposibilitada para otorgar dicho poder debido a la metástasis por cáncer terminal, falleciendo el 27 de ese mismo mes y año.
El mismo notario 38 fue quien formalizó en 2004 una doble venta de terrenos situados en Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, despojando con ello a los pobladores y descendientes que habían adquirido desde 1951, terrenos que posteriormente fueron hipotecados para garantizar la libertad de la exdirectora del Archivo General de Notarías, Escarlett Vásquez Guerra, detenida por certificar documentos falsos utilizados en un litigio de terrenos propiedad de la empresa Novopan de México, SA de CV, en el que con escrituras del notario 100, David Vásquez Urdiales, se llevó a cabo el mismo esquema de alteración de registros públicos y falsificación de escrituras, defraudando en aquella ocasión al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por último, nuevo escándalo se ha producido en Oaxaca a partir de la muerte del doctor Gerardo Ricardez Bernardino, a cuya viuda intentan despojar 7 terrenos en ese estado, mismos que presuntamente fueron vendidos a precios irrisorios ante la fe del notario 84, Jorge Zárate Ramírez, a diversas personas, entre ellas a Roxana Amerlinck Pratz Jarquín, quien es pareja sentimental del director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, Jorge Zarate Medina.
Además de la inseguridad jurídica que reina en el estado de Oaxaca, son de destacar las recientes ejecuciones en dicha entidad, en particular, el asesinato del magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Enrique Pacheco Martínez, ya que aunado al repudio que merece tal acción, toma especial relevancia para el caso: i. el hecho de que son los mismos notarios de Oaxaca, el 106, Alejandro José Vidaña Luna, el 135, Jorge Alberto Merlo Gómez (involucrados en el intento de despojo a los hermanos Gómez Conzatti) y 100, David Vasquez Urdiales (por el caso de Novopan), los que se encuentran involucrados a esta ejecución, por notas informativas que adjudican al magistrado ejecutado un escrito que pretende convertir a estos notarios sin mayor explicación en víctimas; y ii. el magistrado Enrique Pacheco Martínez era propietario de un valioso inmueble ubicado en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, cuyo registro a desaparecido del Instituto de la Función Registral y del Catastro del Estado, que además colinda con uno de los inmuebles que se intenta despojar a los hermanos Gómez Conzatti y del que ahora tiene posesión el notario 133, Rafael Avilés Álvarez.
Como legisladores y garantes del cumplimiento de la ley, no podemos seguir permitiendo que este tipo de injusticias y actos de corrupción se sigan maquinando desde oficinas de gobierno que se crearon para garantizar derechos fundamentales del ser humano, sobre todo por la afectación que se da al patrimonio, a las familias y a las personas.
Por lo anteriormente expuesto, propongo los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al fiscal general del Estado de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, integre las carpetas de investigación correspondientes y ejerza acción penal en contra de quien resulte responsable de las suplantaciones de identidad en el Registro Civil del Estado de Oaxaca y de los despojos descritos en la presente proposición.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, y de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción integre las carpetas de investigación correspondiente por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos, falsedad de declaraciones, y se ejerza acción penal en contra de personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, notarios y servidores públicos por las alteraciones a la Base Nacional de Actas de Nacimiento y al Registro Nacional de Población a cargo de la Secretaría de Gobernación, cometidas al amparo del Convenio de Coordinación y Colaboración para Implementar la Consulta e Impresión de Actas del Registro del Estado Civil de las Personas en Línea, simulación de laudos y actos jurídicos, blanqueo de capitales de naturaleza inmobiliaria a través de escrituraciones notariales y los demás que se deriven.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que implemente medidas de seguridad en la integración, sincronización y actualización del Registro Nacional de Población a través de la Conexión Interestatal con el Registro Civil del Estado de Oaxaca, así como investigar los hechos descritos en la presente proposición y sancionar a los involucrados en dichos actos y realizar las denuncias penales que correspondan.
Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción investigar, en el ámbito de sus atribuciones, las alteraciones a la Base Nacional de Actas de Nacimiento y al Registro Nacional de Población a cargo de la Secretaría de Gobernación, cometidas al amparo del Convenio de Coordinación y Colaboración para Implementar la Consulta e Impresión de Actas del Registro del Estado Civil de las Personas en Línea e imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos involucrados.
Quinto. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca para que se investigue y, en su caso, retire las patentes a los notarios involucrados en los casos de suplantación de identidad y despojos; denunciados al interior del Registro Civil del Estado de Oaxaca; revisar las actividades e irregularidades del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca; y las omisiones de la Consejería Jurídica, así como interponer las denuncias penales que correspondan.
Sexto. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca instruya al secretario de Finanzas, cumpla con sus obligaciones de vigilar, supervisar y practicar visitas de inspección del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, a fin de garantizar en el ámbito de su competencia, los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, asimismo ordene la reinstalación de los trabajadores del archivo que fueron despedidos injustificadamente por no acceder a declarar falsamente dentro de las investigaciones que se han abierto por los hechos descritos en la presente proposición.
Bibliografía
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Amparo Indirecto 575/2020, radicado en el 2o. Juzgado de Distrito del Décimo Tercer Circuito.
- Amparo Indirecto 832/2020, radicado en el 8o. Juzgado de Distrito del Décimo Tercer Circuito.
- Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos para la Modernización Integral del Registro Civil, que, para el Ejercicio Fiscal de 2017, celebran la Secretaría de Gobernación y el estado de Oaxaca. Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017.
- Convenio de Coordinación y Colaboración para Implementar la Consulta e Impresión de Actas del Registro del Estado Civil de las Personas en Línea, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Oaxaca. Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2016.
- Página oficial de la UNICEF. https://www.unicef.org/mexico/informes/derecho-la-identidad
- Página oficial de Renapo. https://www.gob.mx/segob/renapo/acciones-y-programas/derecho-a-la-ident idad-la-puerta-de-acceso-a-tus-derechos
- Página Oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derecho-la-propiedad
- Revista mujeres (mayo20,2021) Mafia en Registro Civil borra identidad y roba inmuebles.
https://revista-mujeres.com/2021/05/20/mafia-en-registro -civil-borra-identidad-y-roba-inmuebles/
- Pedro Matías (2 de julio, 2021). Página 3. Recuperado de: https://pagina3.mx/2021/07/otra-mas-del-registro-civil-da-muerte-legal- a-mil-13-comuneros-mixtecos-para-despojarlos-de-sus-tierras/
- Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Consar y la SRE a incrementar la información referente a las aportaciones voluntarias y el registro de los trabajadores independientes de México y EUA a las Afore, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Elvia Martínez Cosío, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo con objeto de exhortar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Secretaría de Relaciones Exteriores a elaborar en uso de sus facultades una amplia campaña de información a fin de estimular las aportaciones voluntarias a las Afore, así como la inscripción y el ahorro de los trabajadores independientes que laboren en territorio nacional y de los mexicanos en el Exterior.
Exposición de Motivos
Los activos administrados por las Afores se ubican en el segundo lugar en el sistema financiero.
Los activos invertidos por las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (Siefore) representan casi el 15 por ciento del producto interno bruto.
Las cifras de la Consar destacan que las Afores financian al sector privado en México con más de 1 billón de pesos.
Sin embargo, solo 11 por ciento de los trabajadores realizan ahorro voluntario.
Sin duda, este ahorro, es un detonante para nuestra economía: Usar el ahorro interno para potencializar a nuestra nación, de esta manera lograremos que el capital productivo sea prioritario al especulativo.
Sin embargo, existe un segmento de la población que no ha recibido la suficiente información sobre la importancia de contar con algún sistema de ahorro para el retiro.
De las aportaciones voluntarias a las Afore pocos saben que son deducibles de impuestos; no todos los trabajadores independientes saben de la importancia de contar con una Afore.
“Las aportaciones voluntarias son cantidades adicionales que se pueden depositar en la Cuenta Individual, sin importar el monto, con la finalidad de incrementar y mejorar el fondo para el retiro, sobre el cual se puede aplicar el beneficio fiscal establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta o bien servirán para tener un ahorro con rendimientos más altos”.1
“En México, existe en la Ley del Impuesto sobre la Renta la posibilidad de obtener beneficios fiscales por el ahorro voluntario en las Afores. Esta ley establece que las personas pueden hacer deducibles de impuestos los recursos que depositen en la subcuenta de ahorro complementario para el retiro (en su Afore), o en planes de pensiones para el retiro, así como en aportaciones voluntarias.2
En otras palabras, el dinero que se aporte al ahorro a futuro se resta del ingreso total que se obtiene en el año y, por tanto, no se debe pagar impuesto sobre la renta de esa cantidad.
La única condición para que estos recursos sean deducibles es que deben permanecer en la cuenta de ahorro para el retiro hasta que se cumplan 65 años, con excepciones en caso de invalidez o incapacidad para trabajar.
Una adecuada promoción logrará que un mayor número de patrones consideren la posibilidad de aportar voluntariamente a las cuentas-Afore de sus trabajadores porque además de los beneficios fiscales contribuirán directamente al desarrollo nacional.
El trabajador independiente, de cualquier naturaleza, entrará paulatinamente en el terreno de la cultura del ahorro y no se encontrará desprotegido cuando llegue la edad del retiro. De igual forma el sector informal verá una forma inicial de entrar al terreno de la legalidad.
Debe estimularse que los sectores que tradicionalmente no cuentan con un ahorro para el retiro lo hagan; amas de casa, estudiantes, micro empresarios, trabajadores del campo, empleadas domésticas, comerciantes en pequeño, taxistas, etcétera.
En 1997, el entonces senador José Ángel Conchello advirtió sobre las graves fallas que representaba a futuro el sistema de ahorro para el retiro.
Algunas de estas carencias quedaron cubiertas con la incorporación de las cuotas voluntarias, tanto de patrones como de trabajadores y la apertura de cuentas afores para trabajadores independientes.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda las aportaciones voluntarias en los siguientes términos:
“La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informa sobre la importancia de que la juventud se preocupe por su ahorro para el retiro desde que inician su vida laboral. La mayoría de las personas jóvenes ven muy lejano su retiro, siendo que entre más temprano empiecen su ahorro, podrán aumentar el monto de su pensión, inclusive por arriba de su mejor salario.
De acuerdo con la “Encuesta ahorro y futuro: ¿Cómo viven los jóvenes el retiro?”, de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, de las personas entre 18 y 40 años, 56 por ciento piensa que algún familiar (sobre todo hijas e hijos) se hará cargo de ellos durante su retiro, 40 afirmó que no requerirán de nadie y el restante 4 no supo qué responder; 15 dijo que se mantendrá de sus ahorros, 14 piensa que podrá vivir de su pensión y 3 confía en que el gobierno velará por él en su vejez.3
Cabe destacar que, a finales de 2020, se aprobaron diversas reformas a las leyes del Seguro Social y del Sistema de Ahorro para el Retiro. Entre los principales cambios destacan
• Se reducen las mil 250 a mil las semanas de cotización. A partir del 1 de enero de 2021, el requisito comienza en 750 semanas cotizadas y se incrementará 25 semanas cada año para acumular las mil semanas en 2031.
• La aportación patronal CV se incrementará de manera gradual a partir de 2023 de acuerdo con el SBC de cada trabajador (de 3.150 por ciento hasta alcanzar 11.875 del SBC en 2030).
• A partir del 1 de enero de 2021, la Pensión Garantizada se otorgará a quienes tengan 60 años de edad o más, hayan cotizado 750 o más semanas al IMSS y se calculará considerando la edad, semanas de cotización y rango salarial. El monto podrá ser de entre 2 mil 622 y 8 mil 241 pesos y se actualizará conforme al INPC a la fecha en que se pensione el trabajador.
• Tendrán derecho a recibir los recursos de la cuenta individual, los beneficiarios designados expresamente en los contratos de administración de fondos para el retiro que las Afore celebren con los trabajadores, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.
• A partir del 1 de enero de 2023, se otorgará una cuota social para los trabajadores que perciban hasta 4 veces la UMA y el monto de la aportación será de carácter progresivo . Asimismo, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 el Gobierno Federal otorgará una cuota social a trabajadores que perciban entre 4.01 y 7.09 veces la UMA.
• A partir de 2022, las comisiones que cobren las Afore estarán sujetas a un máximo que resultará del promedio aritmético de las cobradas por los sistemas de Estados Unidos de América, Chile y Colombia.
De los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cotizan con un promedio de 4.5 salarios mínimos; es decir, siete mil 200 pesos y no tienen como prioridad el ahorro para el retiro como lo demuestra el hecho de que únicamente 1.4 por ciento utiliza la subcuenta de aportaciones voluntarias, mientras que 28 por ciento de los trabajadores prefiere otro tipo de alternativas de ahorro.
Esta situación resulta preocupante al considerar que el promedio de vida es de 75 años y que el ahorro que se realiza es a corto plazo para la compra de bienes.
Los ahorros de los trabajadores se invierten a través de las Siefore, en valores gubernamentales, deuda, deuda privada y acciones en el mercado local y extranjero, lo cual permite obtener utilidades.
Las aportaciones voluntarias se suman a la aportación obligatoria para el retiro, que es del patrón, trabajador y gobierno, y es independiente de la subcuenta de vivienda, la cual sólo se utiliza al momento de que se decida ejercer un crédito del Infonavit o del Fovissste.
Es momento de no sólo preocuparnos sino de ocuparnos del futuro de una gran cantidad de mexicanos trabajadores, honorables y honrados. Consolidemos las sanas condiciones sociales para el futuro de México.
Adicionalmente, para que en las oficinas consulares en Estados Unidos se difundan los diferentes programas de seguros y atención que están disponibles para la población migrante y en especial para sus familiares que residen en el país.
En marzo de 2021, el IMSS firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que trabajadores independientes mexicanos radicados en el exterior puedan afiliarse al Instituto y contar con seguridad social extensiva a sus familiares, además de reactivar su fondo de ahorro para el retiro.
Con el nuevo esquema de aseguramiento los trabajadores independientes tendrán acceso a los cinco seguros con que cuenta el IMSS: enfermedades y maternidad; riesgos en el trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales.4
En Estados Unidos hay una amplia población de mexicanos que trabajan y que en 2020 enviaron remesas por 51 mil 594 millones de dólares.
Desde 2002, las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Salud han hecho esfuerzos para atender a mexicanos en el exterior a través de Ventanillas de Salud.
En la actualidad México cuenta con más de medio centenar de ventanillas de salud en Estados Unidos y desde su creación han atendido a más de 12 millones de connacionales.
En Estados Unidos hay 8.8 millones de connacionales entre los 18 y los 64 años que reportan no tener ningún tipo de cobertura médica.
El siguiente cuadro muestra el estado actual de las Afore:
Cuentas administradas por las Afore (cifras al cierre de diciembre de 2021)
5
Por lo expuesto someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de los titulares de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Secretaria de Relaciones Exteriores, en uso de sus facultades, elabore una amplia campaña de información, a fin de estimular las aportaciones voluntarias a las Afore, así como la inscripción y el ahorro de los trabajadores independientes que laboren en territorio nacional y de los mexicanos en el exterior.
Notas
1 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/25751
2 https://www.profuturo.mx/blog/beneficios-fiscales-afore
3 https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1775&idcat=1
4 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202103/132
5 Fuente: Consar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a implantar en las actividades escolares de educación básica 10 minutos diarios de calistenia para prevenir la obesidad y diabetes, a cargo de la diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que la Ley General de Educación en su artículo 18, fracción IX, señala que la orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad.
2. Que la Ley General de Educación en su artículo 29 Párrafo Segundo, relativo a los planes de estudio, se argumenta que los programas de estudio deberán contener los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir orientaciones didácticas y actividades con base a enfoques y métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así como metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los que se contemple una enseñanza que permita utilizar la recreación y el movimiento corporal como base para mejorar el aprendizaje y obtener un mejor aprovechamiento académico, además de la activación física, la práctica del deporte y la educación física de manera diaria.
3. Que la Ley General de Educación en su artículo 30, fracción VII, dentro de los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, el fomento de la activación física, la práctica del deporte y la educación física.
4. Que el artículo 75 de la Ley General de Educación en su párrafo cuarto fundamenta que la Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la Secretaría considerará las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.
5. Que el artículo 102 de la Ley General de Educación sustenta en su párrafo tercero que a partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría, así como de espacios para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física.
6. Que el artículo 113 de la Ley General de Educación señal en su fracción XVI que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, la atribución de iintervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, activación física, educación física y práctica del deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la formulación de programas de cooperación internacional en materia artística y cultural.
7. Que datos del UNICEF señalan que el sobrepeso y la obesidad en México son un problema que se presenta desde la primera infancia, es decir, entre 0 y 5 años. Al menos 1 de cada 20 niños y niñas menores de 5 años padece obesidad, lo que favorece el sobrepeso durante el resto de su vida y los pone en riesgo de sufrir enfermedades circulatorias, del corazón y de los riñones, diabetes, entre otras. La proporción de niños y niñas mayores de 5 años con sobrepeso u obesidad aumenta a 1 de cada 3. El principal problema de nutrición que padecen niñas y niños de entre 6 a 11 años es la presencia de ambos padecimientos, obesidad y sobrepeso; lo cual sitúa al país entre los primeros lugares en obesidad infantil en el mundo.1
8. Que en México aproximadamente 542 mil infantes viven con diabetes tipo 1 y casi 78 mil la desarrollan cada año;2 los niños y los adolescentes están en mayor riesgo de diabetes tipo 2 si tienen sobrepeso u obesidad, tienen antecedentes familiares de diabetes o no hacen ejercicio. Y según lo señalado por Ana Lilia Rodríguez Ventura, académica de la Facultad de Medicina: “[Antes de decenio de 1990], de cada 100 pequeños con diabetes que teníamos únicamente dos por ciento correspondía a la tipo 2, y ahora ha aumentado hasta 22 veces más, y eso es grave porque esta modalidad sí se puede prevenir, no así la tipo 1. Como sociedad no podemos permitir que se esté presentando esto en la población infantil”.3
9. Que el país, en 2020 la diabetes mellitus fue la tercera causa de defunciones, superada por el Covid- 19 y las enfermedades del corazón. En ese año, 151 mil 19 personas fallecieron a causa de dicho padecimiento, lo cual equivale a 14 por ciento de las defunciones (1 millón 86 mil 743) ocurridas en el país; 78 mil 922 defunciones en hombres (52 por ciento ) y 72 mil 94 en mujeres (48 por ciento ).4 Que 70 por ciento de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Que los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan 32 por ciento de las muertes de mujeres y 20 por ciento de hombres en el país.5
10. Que datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2020, 61.1 por ciento de la población de 18 y más años de edad declaró ser inactiva físicamente (menor que en los levantamientos de 2018 y 2019 con 68.3 y 66 por ciento, respectivamente). De este grupo, 71.7 alguna vez realizó práctica físico-deportiva, mientras que 28.3 por ciento nunca ha realizado ejercicio físico.6 Asimismo, dicho estudio señala que el nivel de escolaridad se relaciona de forma directa con la participación en la actividad física. De la población de 18 y más años de edad que no ha concluido su educación básica, 25.7 por ciento son activos; entre quienes tiene al menos un grado de educación superior la proporción alcanza 51.5. Y que 70 por ciento de la población que realiza práctica físico-deportiva en tiempo libre señaló que lo hace por salud. Esta proporción aumentó con respecto a 2019 y disminuyó la de las personas que lo realizan por diversión o para verse mejor.
11. Que más de 95 por ciento de los casos de obesidad infantil se deben a dietas con alto valor calórico y a baja actividad física,7 por lo que el sobrepeso y la obesidad pueden prevenirse en la mayoría de las niñas y niños mejorando sus hábitos de nutrición y salud, y promoviendo una mayor actividad física; por lo tanto el ejercicio es esencial para todos, pero especialmente para las niñas y niños; ya que necesitan estar activos físicamente a diario para evitar la obesidad y la diabetes, así como promover un crecimiento y desarrollo físico, emocional y mental sanos. El ejercicio ayuda a aliviar problemas como la ansiedad y la depresión. Y eso no es todo, también conduce a mayores niveles de autoconfianza, a niveles reducidos de estrés y al estímulo para una vida sana y positiva.
12. Que, según lo establecido por la Real Academia de la Lengua, calistenia es definida como “conjunto de ejercicios que conducen al desarrollo de la agilidad y fuerza física”.
13. Que, según la descripción de los organizadores curriculares de la Secretaría de Educación Pública, la educación física en la educación básica requiere de una propuesta que considere las características del desarrollo y crecimiento de los alumnos y, al mismo tiempo, oriente la intervención pedagógica de los docentes en cada uno de los niveles educativos. Por ello, este programa delimita, con fines didácticos, un eje curricular: “competencia motriz”; y tres componentes pedagógico-didácticos: “desarrollo de la motricidad”, “Integración de la corporeidad” y “Creatividad en la acción motriz”, que favorecen la articulación de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se pretende que adquieran desde preescolar hasta secundaria.8 Sin embargo, este tipo de actividades se implementa una vez por semana, lo cual en muchas ocasiones significa una mínima actividad física, lo cual no representa un aprendizaje significativo sobre el deporte ni una actividad cotidiana que represente un beneficio para la salud y la prevención de enfermedades crónico degenerativas derivadas del sedentarismo, como es la obesidad o la diabetes.
14. Considerando los numerales precedentes, es menester que la Secretaría de Educación Pública, a través de lo que le mandata la Ley General de Educación, implemente dentro de las actividades escolares correspondientes a la educación básica, 10 minutos diarios de calistenia durante la jornada escolar, como mecanismo de prevención de obesidad y diabetes, ello debido a que dicha actividad física, al iniciarse en etapa escolar fungirá no sólo como un medio preventivo, sino especialmente como un fenómeno educativo; especialmente, cuando formamos parte de un tipo de sociedad en la que, cada vez más, es mayor el tiempo de ocio de la población, y donde el crecimiento de las nuevas tecnologías nos llevan, sin quererlo, a conductas sedentarias.
Por lo expuesto someto a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública a implantar entre las actividades escolares correspondientes a la educación básica 10 minutos diarios de calistenia durante la jornada escolar, como mecanismo de prevención de obesidad y diabetes.
Notas
1 UNICEF, Sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes. Disponible en https://www.unicef.org/mexico/sobrepeso-y-obesidad-en-ni%C3%B1os-ni%C3% B1as-y-adolescentes
2 Frías, Leonardo. “Acecha la diabetes tipo 2 a la niñez: crece en México la cifra de menores entre 8 y 10 años de edad y de adolescentes que ya la padecen”, en Gaceta UNAM, 11 de noviembre de 2021, Academia. Disponible
https://www.gaceta.unam.mx/acecha-la-diabetes-tipo-2-a-laninez/#:~:text=Nuestro%20pa%C3%ADs%20ocupa%20el%
20sexto,infantes%20la%20desarrollan%20cada%20a%C3%B1o
3 Ídem.
4 Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Diabetes, 12 de noviembre de 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Di abetes2021.pdf
5 Cónfer La obesidad en México, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Disponible en https://www.gob.mx/issste/articulos/la-obesidad-en-mexico?idiom=es
6 Cónfer Resultados del Módulo de práctica deportiva y ejercicio físico 2020. Disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2021/EstSociodemo/mopradef2020.pdf
7 Obra citada, https://www.unicef.org/mexico/sobrepeso-y-obesidad-en-ni%C3%B1os-ni%C3% B1as-y-adolescentes
8 Cónfer https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/
basica-educ-fisica/V-b-EDUCACION-FISICA.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a colaborar con el gobierno de Zacatecas para salvaguardar la integridad ciudadana y recuperar los municipios desplazados por la inseguridad, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos meses la violencia en Zacatecas se ha incrementado y no da tregua a la ciudadanía zacatecana. A pesar del operativo “Zacatecas 2”, anunciado el pasado 25 de noviembre de 2021 y el traslado de 290 efectivos de la Guardia Nacional, además de la llegada en los últimos días de vehículos todo terreno y artillados del Ejército mexicano, la violencia, los secuestros, los crímenes y los desplazamientos no paran.
En este sentido, se considera que la estrategia “Zacatecas 2” no ha dado los resultados esperados hasta el momento, es un hecho que debe ser replanteada y modificada. El estado de Zacatecas, al 2020, contaba con una población de 1 millón 622 mil 138 habitantes en sus 58 municipios.1 Sin embargo, el miedo está haciendo presa de los ciudadanos del estado, muestra de ello es que el 98 por ciento de los habitantes del municipio de Fresnillo, Zacatecas, señala vivir inseguro y con miedo.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana,2 que recopila la percepción de la población sobre el tema, indicó que, en diciembre de 2021, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo , Ciudad Obregón, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Irapuato y Uruapan, con 96.8 , 95, 92.1, 89.4 , 89 y 86 por ciento, respectivamente.
La violencia no para y podría decirse que a simple vista que en lo que va de 2022 va en aumento. Para ello, se hace mención de un recuento de algunos de los últimos hechos que, a pesar de las declaraciones de las autoridades, la realidad es otra:
Publicación de El Financiero, 6 de enero 2022.3
“El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que los homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado en Zacatecas disminuyeron a partir del Plan de Apoyo”.4 En otra parte del texto, “afirmó, durante la conferencia de prensa del 20 de diciembre, que a 25 días de haber iniciado el plan se registró un decremento del 45 por ciento en homicidios vinculados a la delincuencia organizada”.
“La realidad que enfrenta Zacatecas parece no coincidir con los datos duros y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la violencia en el estado ha disminuido a pesar de que en la madrugada de este miércoles una camioneta con 10 cuerpos fuera abandonada en la Plaza de Armas del estado”.
Publicación de El Financiero, 6 de enero de 2022.5
“El gobernador de Zacatecas, David Monreal, lamentó los hechos ocurridos durante la madrugada de este jueves cuando un sujetó aún no identificado abandonó una camioneta con 10 cuerpos frente el Palacio de Gobierno de Zacatecas”. Declaro: “Yo he dicho y sostengo, confío en la bendición de Dios y espero que hayamos llegado a tiempo para detener todo este deterioro”.
Publicación de El Financiero, 5 de febrero de 2022.6
“La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSPZ) informó del hallazgo de 16 personas muertas en las primeras horas de este sábado.
Luego de las 6:00 horas, el sistema de emergencia 911 recibió una llamada donde se informaba sobre la presencia de cuerpos en una calle de la comunidad Pardillo Tercero, en Fresnillo.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes descubrieron que en una de las calles de la comunidad se encontraban esparcidos los cuerpos de 10 personas, todos ellos envueltos en cobijas”. Otro párrafo informa: “Horas después, la SSPZ confirmó el hallazgo de seis cuerpos en una bodega ubicada entre las comunidades de San Pablo y Santa Elena, en el municipio Pánfilo Natera, a 54 kilómetros al sureste de la capital del estado”.
Publicación de El Financiero, 7 de febrero de 2022.7
“Identifican los cuerpos encontrados en Zacatecas. Algunos de los cadáveres corresponden a varones que habían sido secuestrados”.
Publicación de El Financiero, 14 de febrero de 2022.8
“La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ) confirmó que los cuatro cuerpos sin vida localizados este domingo en el municipio Genaro Codina fueron privados de la libertad horas antes en la capital del estado”. “La versión dada a conocer por la Fiscalía establece que la madrugada del sábado se reportó la privación de la libertad de cinco personas, originarias del municipio Francisco R. Murguía; 3 hombres y 2 mujeres”.
Publicación de El Financiero, 17 de febrero de 2022.9
La Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas informó este jueves que dos personas del sexo femenino se encuentran detenidas por su probable participación en el homicidio de cuatro estudiantes, el pasado fin de semana.
Publicación de El Financiero, 19 de febrero de 2022.10
“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que fueron detenidos tres hombres, presuntamente implicados en el homicidio de cinco estudiantes”.
Como se puede observar en las notas anteriores, los crímenes, secuestros y violencia en el estado de Zacatecas no han parado en lo que va de la puesta en operación el “Plan Zacatecas 2” sumando a lo anterior, el desplazamiento de habitantes de varias comunidades de la entidad a consecuencia de la inseguridad que viven.
Las y los ciudadanos se ven obligados a abandonar sus hogares y pertenencias para no poner en riesgo a sus familias sin importar perder todo lo que dejan atrás, literalmente salen huyendo.
Según la publicación de El Sol de México del 22 de febrero de 2022,11 “En el estado de Zacatecas se calcula que podría haber 30 mil personas han abandonado su hogar y pertenencia en 15 municipios por la violencia”.
La misma publicación destaca que: “las personas se vieron obligadas a dejar sus hogares a causa de enfrentamientos entre grupos armados, amenazas, ataques a viviendas y propiedades y temor al reclutamiento forzado de los hombres y jóvenes”.
“En los últimos días, centenares de familias abandonaron sus hogares en al menos 22 comunidades de tres municipios de Zacatecas: Fresnillo (Tres Hermanas y Santa Rosa), Valparaíso (El Romerillo y Las Atarjeas) y es el municipio de Jerez, quizá el caso más alarmante ya que 18 comunidades se están convirtiendo en ‘poblados fantasmas’ destacando las de Sarabia y Palmas Altas”.
En la publicación se puede observar una declaración del “propio alcalde José Humberto Salazar lamentó que esas comunidades donde la gente vivía de la siembra de frijol, durazno y ciruela ahora luzcan desoladas.
“Algunos habitantes de Jerez exigen que no se realice la próxima feria del pueblo y que los recursos de la misma sean destinados a los desplazados, para que vivan dignamente y que, si no pueden regresar a sus hogares, puedan comenzar de nuevo. No quiero feria, quiero seguridad, dice un mensaje en redes sociales”.
“Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional han implementado operativos, en el que, apoyados por las fuerzas de seguridad locales, los desplazados del municipio de Jerez regresen por algunas horas a sus hogares y recuperen documentos, vehículos, semillas”.
Esta acción se considera totalmente inverosímil, que la misma nota señale el apoyo en el acompañamiento por parte de las fuerzas castrenses y de la Guardia Nacional para que los que habitaban las comunidades desplazadas vayan a sacar sus pertenencias y, contrario a lo que debería de ser, no se haga nada por recuperar las comunidades cuando ya se habían denunciado públicamente estos hechos, como se puede observar en la misma nota periodística.
“Habitantes de la comunidad de Romerillo del Sur -otrora lugar cien por ciento ganadero-, ubicada en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, fueron víctimas de desplazamiento forzado , luego del arribo de integrantes de un cartel de la delincuencia organizada que los amenazó de muerte, además que saqueó sus casas y robó camionetas”.
“En más de una ocasión, el alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, ha denunciado que la disputa territorial puso al municipio como un punto rojo de violencia”.
Ante estos hechos, la sociedad zacatecana pide que regrese la paz y la justicia al estado. Es un grito de auxilio a todas y cada una de las autoridades, las y los zacatecanos no merecemos tanta violencia, tanta impunidad y tanta inseguridad.
Las y los zacatecanos no podemos hacer de la inseguridad algo cotidiano, las y los zacatecanos estamos expuestos a la violencia constante, a salir de nuestros hogares sin saber si vamos a regresar, vivir con miedo y con altas posibilidades de ser secuestrado, asesinado y violentado no es vivir.
Por ello, el pasado 19 de febrero de 2022, las y los ciudadanos del estado de Zacatecas salimos al Centro Histórico de la capital por un Zacatecas libre de violencia.
Todo esto, tras el secuestro y homicidio de los cinco estudiantes que, hasta donde se sabe, su único pecado fue salir a divertirse un sábado por la noche. Del mismo modo, en la marcha se observaban fotografías y pancartas con nombres de personas desaparecidas, globos y flores blancas sinónimo de paz.
Lo que busca este exhorto no es una petición aislada o una ocurrencia de una persona, es una solicitud y un grito de auxilio de más de 1 millón y medio de zacatecanas y zacatecanos, que queremos y merecemos paz, justicia y respeto a nuestros derechos como mexicanas y mexicanos plasmados en nuestra Carta Magna. Este exhorto es un reflejo de lo que necesita Zacatecas y deja claro que las acciones que hasta ahora se han realizado no están dando resultados.
Esta problemática ha superado por mucho al gobierno estatal, lamentablemente el gobernador no ha logrado controlar la situación, al contrario, la violencia se incrementa y la estrategia conjunta con la Guardia Nacional, “Zacatecas 2” no está funcionando, quizá por la carencia de inteligencia.
Lo que es un hecho es que la violencia en Zacatecas no se va a acabar con declaraciones políticas o cifras alegres que manifiestan los funcionarios estatales y federales, se requiere más que eso para salvar el estado, se requiere de un golpe de timón para recuperar la paz y tranquilidad que clama la ciudadanía zacatecana.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, en busca de la paz y la justicia, intensifique su presencia y participación en materia de seguridad en el estado de Zacatecas.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que evalúe la pertinencia de modificar la estrategia del plan “Zacatecas 2” y la posibilidad de incluir acciones precisas, eficientes y eficaces de inteligencia, inteligencia financiera y el uso de nuevas tecnologías en la materia.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que implementen las acciones necesarias que garanticen la seguridad de la ciudadanía, así como recuperar el patrimonio y las comunidades que han sido evacuadas por la inseguridad en el estado de Zacatecas en busca de la paz y la justicia.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional para que desarrollen de manera exhaustiva y oportuna sus atribuciones en materia de investigación del delito en Zacatecas, especialmente de aquellas conductas de la delincuencia organizada que ostensiblemente han vulnerado la paz y seguridad e la entidad.
Notas
1 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Zac/Poblacion/
2 https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7098
3 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/01/06/
zacatecas-pese-a-camioneta-con-10-cuerpos-amlo-asegura-que-violencia-va-en-picada/
4 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/01/06/
zacatecas-pese-a-camioneta-con-10-cuerpos-amlo-asegura-que-violencia-va-en-picada/
5 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/01/06/
confio-en-la-bendicion-de-dios-para-frenar-violencia-en-zacatecas-dice-david-monreal/
6 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/02/05/
violencia-en-zacatecas-localizan-16-cadaveres-10-de-ellos-en-fresnillo/
7 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/02/07/identifican-los-cuer pos-encontrados-en-zacatecas/
8 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/02/14/encuentran-sin-vida- a-cuatro-personas-secuestradas-en-zacatecas/
9 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/02/17/detienen-a-2-persona s-por-asesinato-de-estudiantes-en-zacatecas/
10 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/02/19/suman-5-detenidos-po r-el-asesinato-de-5-estudiantes-en-zacatecas/
11 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/violencia-genera-pu eblos-fantasmas-en-zacatecas-7898397.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a crear un mecanismo intersectorial de protección de los derechos humanos de niños y adolescentes migrantes, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Sofía Carvajal Isunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Durante los últimos años las violaciones hacia los derechos humanos de menores de edad migrantes van en constante aumento y son un tema pendiente en las agendas de protección de derechos humanos de personas migrantes y de derechos de la niñez. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las detenciones de menores migrantes aumentaron 402.5 por ciento interanual en México en 2021, tan sólo de enero a octubre de ese año las autoridades detuvieron a 48 mil 707 niños y adolescentes migrantes en el territorio, muchos de los cuales viajaban solos. El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que en ese mismo periodo el flujo de niñas, niños y adolescentes extranjeros que viajaban solos en México rondaba en una cifra 9 mil 585 menores de edad. Los peligros a los que se exponen los menores migrantes son múltiples y variados, ya que son una población vulnerable a la violencia, la discriminación y la violación de sus derechos humanos.
Por ejemplo, el 4 de febrero de este año, en Tapachula, Chiapas, durante una protesta de migrantes exigiendo al INM la regularización de sus documentos, se expusieron los datos e imágenes de menores de edad migrantes ante medios de comunicación divulgando información de su lugar de origen, condiciones de vida, situación económica, y social, sin ninguna autorización por parte de sus padres o tutores, y sin ninguna seguridad para los menores de edad, violando su derecho a la identidad y privacidad.1
Otro ejemplo de violación a los derechos de menores migrantes ocurrió al norte del país, en el estado de Tamaulipas, donde la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHET) abrió una investigación entorno a casos relacionados con violencia sexual contra menores de edad que se encuentra en un campamento de migrantes en Reynosa. Se tiene el registro de que en el campamento hay alrededor de 600 menores de edad, vulnerables a ser víctimas de diferentes violaciones de sus derechos humanos. Por lo tanto, la CODHET, solicitó el apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con el objetivo de que se puedan poner en marcha acciones para apoyar a los menores migrantes. Asimismo, emitió una medida cautelar dirigida para el gobierno de Reynosa, de la cual se tiene conocimiento aun no es aceptada.
Las niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos a la violencia y a la violación de sus derechos humanos, las acciones u omisiones de las autoridades encargadas de garantizarlos, tiene que ver, además, con el rebase de sus capacidades institucionales y con la ausencia de mayores mecanismos efectivos de coordinación entre los diversos órdenes y niveles de gobierno. Se requiere contar con datos y cifras claros, así como con diagnósticos institucionales, para poder realizar las acciones necesarias encaminadas a garantizar los derechos de los menores migrantes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todas las niñas, niños y adolescentes, sin hacer distinción de su situación migratoria, tienen derecho a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como las autoridades tienen la obligación de trabajar bajo el principio del interés superior de la niñez.
Aunado a lo anterior, el artículo 13 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que los menores migrantes tienen derecho, entre otros, a la paz, desarrollo, prioridad, identidad, unidad familiar, a la no discriminación, a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la protección de salud, a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, sin importar su situación migratoria, pues son derechos inherentes a su dignidad.
Si bien corresponde al INM, en conjunto con las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, instrumentar y garantizar los derechos de los menores migrantes, también es cierto que son facultades de la Secretaría de Gobernación formular y dirigir la política migratoria del país; así como, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), realizar el seguimiento y monitoreo de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro territorio. Por lo que cuenta con facultades para establecer un mecanismo intersectorial que garantice el cumplimiento transversal de los derechos de los menores migrantes, a fin de que las diferentes autoridades de la administración pública federal y las entidades federativas instrumenten su cumplimiento en sus diferentes dimensiones.
Es urgente que la Secretaría de Gobernación como cabeza de sector ejecute acciones contundentes que detengan el incremento de casos de violaciones de los derechos de los menores migrantes en nuestro territorio. Para ello, es necesario que se tome en cuenta la opinión, demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, gobiernos de las entidades federativas, gobiernos municipales fronterizos y de la sociedad civil, a efectos de que se reflejen sus propuestas en el diseño de este mecanismo especializado en la atención de menores migrantes, por lo que será importante el establecimiento de una mesa de trabajo que incluya a estos actores.
La garantía de los derechos de los menores migrantes es una responsabilidad compartida entre la federación, las entidades federativas y los municipios, sin embargo, es responsabilidad de la federación coordinar su cumplimiento, por lo que es necesario que establezca un mecanismo ejecutivo concreto que delimite responsabilidades y transversalice su cumplimiento en cada rubro.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a establecer una mesa de trabajo con representantes de los Poderes de la Unión, gobiernos de las entidades federativas, municipios fronterizos y representantes de la sociedad civil, a efecto de escuchar sus opiniones, demandas y posicionamientos sobre el estado que guarda la protección de los derechos de niñas y adolescentes migrantes en nuestro país.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a la creación de un mecanismo especializado en la atención, protección y vigilancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, que transversalice el interés superior de la niñez migrante y que contemple la actuación coordinada de los gobiernos de las entidades federativas y municipios fronterizos de conformidad con sus facultades.
Nota
1 Diario Chiapas, Exponen a niños en protestas migrantes, consultado el 14 de febrero de 2022 en
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/exponen-a-ninos-en-protestas-migrantes/183613
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada Sofia Carvajal Isunza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a solicitar que se dicte orden de aprehensión contra Ricardo Anaya Cortés por su resistencia a presentarse ante juez de control del reclusorio norte, en Ciudad de México, a cargo de la diputada Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena
Lidia Pérez Barcenas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La impunidad, entendida como la ausencia de castigo por la comisión de hechos antijuridicos, típicos, punibles y culpables, se ha convertido en el principal aliciente para la realización de estos. El saber que existen una enorme posibilidad que de cometerse un delito el mismo no será sujeto a sanción, incentiva a los delincuentes a realizarlos.
La corrupción, es uno de los principales problemas que no permiten conseguir el tan ansiado anhelo de construir una sociedad más igualitaria, donde todas y todos tengamos la posibilidad de tener satisfechas nuestras necesidades básicas, acceder a educación, salud, alimentaciones suficientes y de calidad, por ejemplo.
Si bien en México, gracias a la alternancia democrática de 2018 hemos avanzado como nunca en construir un mejor país, reduciendo las brechas de desigualdad, apoyados entre otras cosas por los programas sociales que materializan los ahora derechos sociales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), quedan resabios de esa visión corrupta del pasado enquistadas en múltiples partes de la sociedad mexicana.
Segunda. Ricardo Anaya Cortés ha sido denunciado por recibir 6 millones 800 mil pesos a cambio de votar a favor de la reforma energética en diciembre de 2013, mientras era presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Hechos delictuosos imputados por Emilio Ricardo Lozoya Austin, mientras este último era director de PEMEX, tal como se señala en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) de fecha 11 de agosto de 2020.1
Para mayor detalle a continuación se trascribe lo que Lozoya Austin declaró a la FGR: “Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó para recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura. Así, en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi jefe de escoltas, y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández, con teléfono celular número (+52) 442354856. La entrega de dinero fue confirmada por Anaya a Luis Videgaray. La entrega fue realizada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”.2
En virtud de la denuncia arriba descrita, Anaya Cortés fue citado a comparecer el 26 de agosto de 2021 ante un juez federal, fecha en que de forma remota solicito fuera diferida la audiencia bajo el argumento de “falta de acceso a la carpeta de investigación”, petición que fue concedida por el juzgador.
Con fecha 3 de octubre de 2021 se llevó por segunda ocasión la audiencia de control en cita, sin embargo, fue nuevamente diferida luego que la defensa de Ricardo Anaya argumento que tuvo acceso a la carpeta de investigación con sólo 3 días previos a la celebración de la diligencia.
En consecuencia, se citó al indiciado a comparecer el 8 de noviembre de 2021, fecha en la que, por tercera ocasión, sus abogados solicitaron fuera pospuesta la audiencia, argumentando que la carpeta de investigación era muy grande y requerían más tiempo para una defensa adecuada, petición que fue acordada de conformidad por el juez de control.
El día 31 de enero de 2022 había sido programada para llevarse a cabo por cuarta ocasión la audiencia inicial, empero, por un supuesto contagio de Covid-19 por parte del juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, la misma fue nuevamente diferida.3
Sin embargo, el 14 de febrero de 2022, fecha en la que tuvo que haberse llevado a cabo por fin la audiencia inicial de Ricardo Anaya Cortés y quien había sido emplazado para comparecer de forma presencial, el indiciado no se presentó de forma injustificada y según ha trascendido por la prensa, a pregunta expresa del Juez a sus abogados acerca de su paradero, estos señalaron no saber dónde se encuentra su representado.4
La resistencia del ex candidato a la Presidencia que en 2018 fue postulado por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, para enfrentar a la justicia, tal y como puede verificarse en la cuenta de Twitter de Ricardo Anaya, a continuación corren agregadas capturas de pantalla que dan testimonio de ello:
De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Migración a través de la cuenta de Twitter oficial de la institución, Ricardo Anaya Cortés huyo de México[1], pese a que sabe que se ha iniciado un procedimiento judicial en su contra, hecho que configura una de las causales previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) para que ante el riesgo de que el indiciado pueda evadir la acción de la justicia, la FGR pueda solicitar la medida cautelar.
Tercera. De conformidad con el artículo 21 de la CPEUM, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y toda vez que el artículo 102, apartado “A” de nuestro texto fundacional señala: “El Ministerio Público de la Federación se organizará en una fiscalía general de la república, como órgano público autónomo”.
Ante la negativa del indiciado, Ricardo Anaya Cortés de presentarse de forma voluntaria ante un Juez Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, conducta que en suma con estrategias dilatorias han provocado que en cinco ocasiones ha tenido que ser diferida su audiencia inicial. Entonces, corresponde a la FGR solicitar se gire orden de aprensión contra aquel que pretende sustraerse de la acción de la justicia, tal y como lo señalan los artículos 19 de la CPEUM y 141 del CNPP.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República, en el marco de la lucha contra la corrupción, para que solicite se gire orden de aprehensión contra Ricardo Anaya Cortés por su resistencia a presentarse ante un juez de control del reclusorio norte, en Ciudad de México, dentro el proceso penal que se le sigue por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, por supuestamente recibir sobornos provenientes de la empresa Odebrecht.
Notas
1 Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/esta-es-la-denuncia-completa-de-e milio-lozoya-ante-la-fgr
2 Ibídem, páginas 19-20.
3 https://aristeguinoticias.com/3101/mexico/posponen-audiencia-de-ricardo -anaya-por-covid-del-juez-se-realizara-el-14-de-febrero/
4 https://www.animalpolitico.com/2022/02/cuarto-audiencia-anaya-abogados- excandidato-presidencial/
5 https://twitter.com/inami_mx/status/1431096681299423235
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada Lidia Pérez Barcenas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SICT, el IFT y la Profeco a publicar las acciones administrativas y normativas que llevan a cabo para garantizar la calidad del servicio de telefonía móvil, a cargo del diputado Alán Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Alan Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los teléfonos celulares han revolucionado el área de las telecomunicaciones, redefiniendo cómo percibimos las comunicaciones de voz. Tradicionalmente, los celulares se mantuvieron fuera del alcance de la mayoría de los consumidores debido a los altos costos involucrados. En consecuencia, las compañías proveedoras de servicios invirtieron tiempo y recursos en encontrar nuevos sistemas de mayor capacidad, y, por ende, menor costo.
Como resultado y de conformidad en lo citado en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México residen aproximadamente más de 125 millones de personas, de las cuales 51.1 por ciento son mujeres y 48.9 por ciento son hombres. Tomando estas cifras en consideración, en el país se cuenta ya en promedio con 112 millones de teléfonos inteligentes (smartphones ) en manos de mexicanos, número que crece a diario y a gran escala.1
No necesariamente se trata de equipos baratos o de gama baja, sino de teléfonos de más de 6 o 7 mil pesos. De hecho, 6 de cada 10 de estos equipos, son ya de gama alta y media, por la conciencia de los consumidores de contar con las mejores capacidades de procesador, memoria, captura de imagen, etcétera, para lo cual hacen un marcado esfuerzo financiero y, con ello siguen elevando su calidad.
Asimismo, los sistemas celulares se están beneficiando de las investigaciones y han comenzado a desarrollarse como productos de consumo masivo. La telefonía celular es un sistema de comunicación telefónica totalmente inalámbrica. La nueva revolución que implementa el uso social de celulares genera ventajas y al mismo tiempo desventajas. La accesibilidad al nuevo medio de comunicación, en un fuerte aumento en los últimos años, propone un contacto constante entre los ciudadanos.
En este sentido, hoy en día, varias empresas conviven y compiten por el mercado mundial de telefonía fija y celular, para ello, emplean recursos y tecnología de punta con objeto de responder a las necesidades de un mercado de usuarios cada día más exigente.
Como resultado, el Inegi, en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, en donde se estimó una población de 84.1 millones de usuarios de internet, que representan 72.0 por ciento de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2019 (70.1 por ciento).2
Asimismo, la encuesta estimó que en 2020 se contó con 88.2 millones de usuarios de teléfono celular, lo que representa 75.5 por ciento de la población de seis años o más. En 2019 la proporción fue de 75.1 por ciento (86.5 millones de usuarios). Es decir, 9 de cada 10 usuarios de teléfono celular disponen de un celular inteligente (smartphone ). Entre 2019 y 2020 los usuarios que sólo dispusieron de celular inteligente registraron un crecimiento de 3.5 puntos porcentuales (88.1 por ciento a 91.6 por ciento).
Dicho informe señaló de los usuarios que se conectan a internet mediante su smartphone , se observó un aumento de quienes se conectan sólo por Wi-Fi, que pasaron de 9.4 por ciento en 2019 a 13.7 por ciento en 2020.3
Por otro lado, la telefonía móvil es conocida también como Servicio Móvil y es un servicio de conexión a la red telefónica pública mediante una red inalámbrica, en la cual los usuarios tienen la posibilidad de originar y recibir llamadas telefónicas. Además, con el servicio móvil también pueden enviar o recibir mensajes de texto (SMS) y tener acceso a internet (transferencia de datos).
La telefonía móvil tiene dos modalidades para su servicio: prepago, que funciona por medio de recargas periódicas y pospago, en la que se fijan montos y productos incluidos en el servicio. Esta convierte todo el tráfico que utilizamos diariamente para comunicarte (voz, datos, texto, mensajes multimedia etcétera) en señales de radiofrecuencia, las cuales viajan a través del aire (espectro radioeléctrico) hasta llegar a su destino.4
En el caso del pago anticipado, el consumidor debe adquirir el equipo de su preferencia y las respectivas tarjetas y/o recargas, las cuales se comercializan en diversas denominaciones.
La ventaja principal de este sistema es que no es forzoso contratar un plazo determinado, ya que cada persona elige el monto económico y el tiempo requerido de uso; este sistema es conveniente para personas que sólo quieren estar localizables, pero que no necesitan realizar demasiadas llamadas, ni por tiempo prolongado; es necesario hacer notar que en este sistema las tarifas por minuto están por arriba de las ofrecidas en los planes por contrato. Sin importar si el usuario contrata un plan o se encuentra en el sistema de prepago, las compañías que operan en México el servicio de telefonía celular inician el cobro de llamadas desde el momento en que le contestan.
Es importante aclarar que para usar los sistemas celulares existen restricciones geográficas, como los tramos carreteros y lugares cercanos a montes o cerros; y/o físicas, como edificios, elevadores, puentes, etcétera, que no permiten la transmisión de las ondas propias de las comunicaciones telefónicas, por lo que para realizar una conexión efectiva deberá procurar que sus llamadas salgan desde áreas con menor interferencia, como en la calle, el automóvil y, en su caso, cerca de ventanas y balcones si se encuentra en un edificio.
Al contratar un plan, las compañías ofrecen diversos servicios adicionales al consumidor, entre los que sobresalen los siguientes:
• Identificador de llamadas.
• Transferencia de llamadas.
• Correo de voz.
• Llamada en espera.
• Conferencia tripartita.
• Mensajes escritos.
• Consulta de saldos.
• Seguro contra robo de celular (con violencia).
Estos servicios y sus precios varían según el plan seleccionado, es decir, en algunos sólo se cobra el tiempo aire y en otros un cargo adicional.
Con respecto al sistema de prepago, los servicios adicionales están más limitados ya que solamente ofrecen identificador de llamadas, rescatel básico y transferencia de llamadas sin costo.
En otro orden de ideas, los elementos que componen el funcionamiento de este sistema son los siguientes:
Centrales de Telefonía Celular (MTX Mobile Telephone Exchange; MTSO Mobile Telephone Office “Switch” o MSC Mobile Service Center ), que se definen como: Central de Telefonía Pública dedicada al servicio de telefonía celular y se compone de dos sistemas: APT o sistema de computación y APZ o sistema de procesamiento de datos. Su principal función es el manejo y control de los demás elementos del sistema como son las estaciones base, enlaces y los equipos terminales.
• Estaciones Base: es el equipo que se encarga de comunicar a la central de telefonía celular con todos los equipos terminales y unidades móviles, que se encuentren dentro de la cobertura del sistema.
• Enlaces: son medios de transmisión que sirven para unir o enlazar los componentes del sistema.
• Equipos terminales o unidades móviles: a través de estos, los usuarios finales obtienen el servicio.
• Red de Telefonía Pública Conmutada: a pesar de que no forma parte integral, al funcionar como interconexión con el Sistema de Telefonía Celular, es considerada como parte para su operación.
En cuanto al funcionamiento del Servicio de Telefonía Celular cuando se marca un número a través de su celular (A), la señal es recibida por la Central de Telefonía Celular (CTC). La CTC verifica que el número celular (A), esté autorizado para hacer llamadas, si no está autorizado, la CTC le envía un mensaje y da por terminado el proceso.
Si está autorizado, la CTC analiza el número al que se está llamando y decide si éste pertenece a otro usuario de celular (B), o bien a un número de la Red de Telefonía Pública Conmutada (C).
Si el número al que se llama pertenece a otro usuario de celular (B), la CTC investiga la validez, disponibilidad y ubicación de dicho usuario (B), conectando, enlazando e iniciando el proceso de tasación, dando principio a la llamada.
Si el número al que se llama corresponde a la Red de Telefonía Pública Conmutada (C), la CTC envía la llamada a la Red, asignando canal y esperando respuesta, si está libre se envía la señal de regreso al número celular (A), iniciando el proceso de tasación y dando principio a la llamada.
En esta tesitura y haciendo uso de estas tecnologías de la información. Como legisladores y en consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19, debemos utilizar nuestros smartphones a fin de enlazarnos de manera semipresencial a las sesiones realizadas en el honorable Congreso de la Unión, así como las reuniones de las diferentes comisiones a las que pertenecemos, en donde debemos participar de viva voz en la discusión de los temas y posteriormente votar de manera electrónica los mismos.
Sin embargo, en diferentes lugares de la zona metropolitana del Valle de México esta señal no cumple con su objetivo, el cual es comunicar. Ante el constante reclamo de la deficiencia que existe en la calidad del servicio de telefonía móvil (celular) y la calidad de los productos comercializados por las empresas concesionadas que brindan ese servicio y la falta de difusión acerca de las tarifas que rigen en nuestro país en comparación con las existentes en otras naciones de similar crecimiento económico y desarrollo social resulta importante conocer la información que aporten las autoridades competentes en la materia que permita valorar ese tipo de servicios y productos que se ofrecen por las compañías de telefonía celular en México y, en su caso, el estado que presentan las diferentes quejas registradas por usuarios de la telefonía celular, derivadas de la deficiencia en dicho servicio y productos.
Cabe mencionar que no sólo se trata de un tema en particular sino esta problemática la presencian cientos de familias. Debido a la contingencia sanitaria derivada del Covid-19 y durante el segundo trimestre de 2020 se registraron 7 mil 348 inconformidades, de las cuales se resolvieron 5 mil 80 folios, 1 mil 495 se encuentran en proceso, 669 fueron canceladas por duplicidad o por los propios usuarios y 104 desechadas por falta de seguimiento de los interesados.5
Entre las quejas más recurrentes se encuentran las fallas en el servicio, con 4 mil 263 inconformidades; seguidas de cargos, saldos o bonificaciones, con mil 43 casos; y portabilidad, con 577 reportes.6
Del total de inconformidades, se canalizaron a los proveedores 6 mil 670 folios, repartidos de la siguiente manera:
El informe trimestral también muestra el tiempo promedio que tardan los operadores en dar respuesta a las inconformidades de los usuarios; en el caso de servicios móviles, el tiempo promedio de atención fue de 9 días hábiles, mientras que para servicios fijos el tiempo promedio de atención fue de 11 días hábiles.7
En esta tesitura, el Estado de México registró el mayor número de inconformidades con 20.1 por ciento; seguido de la Ciudad de México con 18.3 por ciento; Jalisco con 7.5 por ciento; Nuevo León con 4.7 por ciento y Puebla con 4.6 por ciento.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que publiquen en sus portales de internet cuáles son las acciones administrativas y normativas que están llevando a cabo para garantizar a los usuarios la calidad del servicio de telefonía móvil (celular) y la calidad de los productos comercializados por las empresas concesionadas que brindan ese servicio.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor publique en su portal de internet el seguimiento y solución, que esa institución está dando a las quejas y denuncias por la deficiente prestación del servicio de telefonía móvil (celular), y la mala calidad de los productos comercializados por las empresas concesionadas que brindan dicho servicio.
Notas
1 Inegi, “Estadísticas a propósito del día mundial de la población”, disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Poblacion2020_Nal.pdf
2 Inegi, IFT, SCT, “Comunicado de prensa 352/21”, fecha 22 de junio de 2021, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemE con/ENDUTIH_2020.pdf
3 Ibídem
4 Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Sabías qué la Telefonía Móvil...”, disponible en: http://www.ift.org.mx/usuarios-telefonia-movil/sabias-que-la-telefonia- movil
5 Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Resuelve Plataforma Soy Usuario”, disponible en:
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-?page=17
6 Ibídem
7 Ibídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a atender e investigar las declaraciones formuladas el 22 de febrero del presente año por el ministro presidente de la SCJN sobre los procesos penales del caso de la Guardería ABC, a cargo del diputado Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Hirepan Maya Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El 5 de junio de 2009, la bodega contigua de la estancia infantil se incendió mientras las niñas y los niños dormían su siesta. El incendio invadió la Guardería ABC, provocando que 25 niñas y 24 niños fallecieran y que 70 infantes resultaran heridos.
El incendio suscitado en la Guardería ABC fue una consecuencia que tiene que ver con una política de subrogación de estancias infantiles que solamente incrementaba el patrimonio de los propietarios. Esa política de mercantilización extrema y corrupta de la guarda de la infancia, que podríamos identificar como neoliberal, ocasionó que 49 niños y niñas perdieran la vida en Hermosillo, Sonora.
Según el expediente relativo al ejercicio de la facultad de investigación 1/2009,1 en 2009 únicamente el 0.3% de las estancias infantiles operaban de manera regular. Hoy, el PRI y el PAN exigen regresar a las políticas públicas de las estancias infantiles para enriquecer a unos cuantos, privilegiando a los parientes o particulares relacionados con la elite de los gobiernos neoliberales. La oposición no tiene memoria y busca que el pueblo de México no la tenga: las estancias infantiles eran contrarias a los derechos más básicos de la infancia, de las madres y los padres trabajadores, pues funcionaban como un negocio corrupto y criminal, y no como un bien social y público.
Las madres y los padres de las víctimas directas de la guardería ABC exigen que se haga efectiva la búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva; han pasado 12 años desde que ocurrieron estos hechos lamentables y este asunto sigue impune.
El 22 de febrero de 2022, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, mencionó en la presentación de su libro lo siguiente acerca del caso de la Guardería ABC, cita en extenso:
Quizás el asunto que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro que es el de la guardería ABC. Cuando llego a la Corte, tenía todavía la Corte esta facultad de investigación de violación de derechos fundamentales del artículo 97 constitucional. Realmente para lo que había servido esta facultad hasta ese momento, era para que la Corte pagara los platos rotos de lo que no habían hecho los otros poderes, y era una facultad que honestamente nunca había servido para nada y las ministras y los ministros nunca se tomaron la molestia de que sirviera para algo. Como yo iba llegando, tenía dos meses en la Corte, pues me turnan a mí este asunto que no me tocaba. Se alteró el turno para que me tocara a mí. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la Corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los dos meses de haber llegado este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros, “chamaqueándome”; pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno y nunca se esperaron que yo fuera a promover/presentar un proyecto como el que presente, era un asunto muy complejo porque durante un año los ministros y ministras habían estado recibiendo informes de la Comisión de Investigación de la Guardería ABC. Yo no había recibido ningún informe, no era ministro, iba llegando, tenía una ponencia muy complicada porque mi antecesor tuvo a bien darle base a todos los que estaban ahí, subirles el sueldo, aunque la mayoría ni siquiera sabían redactar un acuerdo elemental, y entonces con la mitad de la ponencia de quienes yo lleve y dos talentosas secretarias que ya estaban, seis secretarios y secretarias empezamos a analizar el tema de la Guardería ABC. Y lo primero que hice fue buscar a los papás de las niñas y de los niños fallecidos y lesionados. Ninguna autoridad en México los había buscado, ninguna autoridad en México los había recibido. Logré contactarlos y algún día en el salón de usos múltiples de la Corte, estuve presente en una de las reuniones, que yo nunca pensé que iba a estar, en donde se respiraba el mayor dolor que yo he sentido en mi vida de alguien ajeno. Y en una reunión donde yo no pensé ni siquiera que pudiera haber un dolor tan grande como el que se estaba percibiendo ahí, las mamás y los papás de los niños fallecidos y lesionados se fueron presentando uno a uno y una a una, diciéndome su nombre, el nombre de su niña-niño y si su niño-niña estaba lesionado o había fallecido. Las mujeres se sentían culpables por haber trabajado, porque como ellas tenían que trabajar por su culpa se habían muerto sus bebes. Un papá me narró cómo durante todo un día fue buscando a su niña Emilia, no la encontraba en ningún lado, hasta que a la una de la mañana la encontró en un hospital. La reconoció por su ropita y a la hora que tocaba su piel, su piel se rompía y se despegaba. Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Me contaron los papás y mamás de niños lesionados que los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos, para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos de sus niñas y sus niños. Después de terminar esa reunión de más de tres horas, en la cual todavía hoy no entiendo por qué pude aguantar no llorar, subí a mi ponencia y les dije: “secretarias y secretarios ni un paso atrás, yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños, esto es una infamia que yo no voy a convalidar”; y empezamos a hacer el proyecto sin decirle a nadie ni cuándo ni cómo iba a salir. Le dije a mi equipo: “tiene que salir antes del 5 de junio que es la fecha del aniversario de la Guardería ABC”. Y lo primero que les dije es que teníamos que replantear la facultad para que tuviera sentido. Y recordaba Fabiana Estrada hace unos días, que yo en mi laptop redacte ese capítulo, precisamente para redimensionar la función de la facultad de investigación. Seguimos trabajando y previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas; según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos; en un momento me dice el Secretario: “dice el Presidente que no te apoyamos para esto”. Y le dije: “dile al Presidente que postulo un ministro, no designo un secretario de estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños”, y ahí termino la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé dos ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que, si a las ocho y media de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte. Sale el proyecto y varios ministros que me dijeron que me apoyaban, a la mera hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa, pero a partir del segundo día se dio una operación de Estado impresionante para denostar el proyecto, para denostarme a mí y para decir incluso que el proyecto lo había dicho Ana Laura Magaloni. Y así empezaron a pegar, pegar y pegar. Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Ahí estaban los secretarios de estado, el director del IMSS anterior el director de ese entonces. La Corte entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las tres de la tarde; eran las once de la noche y todos los privados estaban abiertos y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal, ahora que se habla tanto de independencia, y de que por qué yo voy a desayunar a Palacio y todo eso, los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte.
Se publica el proyecto en internet, como habíamos quedado, y recibo durante la semana varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo y llegamos a la discusión, que fueron tres días -mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde-. Antes de cada sesión nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate, saliendo al salón de plenos todo lo que habíamos acordado; háganse ustedes de cuenta que no lo habíamos platicado y empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado que no se iba a hacer. Se dijeron cosas horribles estando ahí los papás y las mamás de los niños quemados y lesionados, con una carencia de sensibilidad y de humanidad, por ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando yo. Debatí prácticamente solo, votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, nada más, y llevé el debate tres días contra el resto del pleno de ministras y ministros. Y hoy puedo decir con orgullo que ganaron la votación, porque hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate ni ganaron el juicio de la historia. Y hoy, después de tantos años, el caso Guardería ABC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Hoy podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta de que podía servir para algo, era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho, de autotomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ése el comportamiento. Ahí está el proyecto que presente. Vean ustedes los debates. Vean ustedes la carencia de argumentos y quiero decirles otra cosa, por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el pleno los memorandos que nos había llevado la autoridad, no tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento, pero este asunto nos demuestra cómo el derecho cuando se toma en serio puede hacer diferencia. 2
Las manifestaciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, no son extemporáneas, porque el proceso continúa ante el sistema interamericano de derechos humanos.
El ministro es un testigo clave –en palabras del jurista– de la operación de Estado por el ex presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, a través de su secretario de Gobernación, para proteger a la familia de su esposa, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, quien fungía como directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias y que hoy se desempeña como diputada en la LXV Legislatura, y con el fin de que las y los ministros del máximo tribunal del país se sometieran a las órdenes del titular del Ejecutivo Federal, así como para ocultar la verdad y mantener impunes los hechos que se les imputaban a los funcionarios públicos de alto nivel, entre los que se encontraba la prima de la esposa del expresidente, Marcial Matilde Altagracia Gómez del Campo.
De los 11 ministros que integraban el máximo tribunal del país en ese tiempo, 6 calificaron como insuficientes los datos que arrojó la facultad de investigación citada, pues en ese medio de control jurisdiccional se estableció una lista de posibles responsables del incendio. Sin embargo, solamente fueron sujetos a proceso penal funcionarios públicos de bajo rango, mientras que los de alto rango siguen sin ser sujetos a una responsabilidad, por lo tanto, existe impunidad en el caso.
En consecuencia, estos actos de la maquinaria del Estado demuestran una grave violación a principios constitucionales y convencionales, tales como el estado constitucional y democrático de derecho, la división de poderes, la independencia judicial y la imparcialidad de las juezas y los jueces constitucionales en la toma de sus decisiones.
También estas declaraciones del juez constitucional vislumbran una obstrucción de la justicia por parte del Poder Ejecutivo en ese momento, lo cual ha dado como resultado que la Fiscalía General de la República tenga expedientes abiertos después de 12 años de la tragedia de la Guardería ABC, mismos que deben ser resueltos a la brevedad posible para que las víctimas hagan efectivo el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, entre otros.
A mayor precisión, es de señalar que existe un vasto andamiaje legal que sustenta los razonamientos de este cuerpo expositorio, basta señalar:
I. Que los artículos 1.1, 2, 4, 5, 8, 19, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen y garantizan los siguientes derechos: la vida; la integridad personal; protección a la niñez; garantías y protección judiciales; el incumplimiento de la obligación general de respetar y garantizar derechos y; el deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
II. Que el artículo 123 constitucional establece la obligación del Estado de proporcionar servicios de cuidado infantil:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A. [...]
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
B. [...]
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
[...]
c) Las mujeres... disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
III. Que la recomendación 49/2009, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refirió:
“En las investigaciones realizadas por esta comisión nacional pudo acreditarse la violación de los derechos humanos relativos al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, así como al derecho a la salud, a la legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de los menores de edad que resultaron fallecidos y lesionados con motivo de los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, SC, de Hermosillo, Sonora, y subrogada por el IMSS, de los adultos que en ella se encontraban, así como de los familiares y demás personas que acudieron al lugar para brindar auxilio, por parte de servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del gobierno de Sonora, así como del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.
[...]
Con base a las consideraciones vertidas con anterioridad, esta Comisión Nacional contó con elementos suficientes para establecer que el Instituto Mexicano del Seguro Social y los funcionarios responsables de la Delegación Estatal y de la Jefatura Delegacional de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales, incurrieron en la inobservancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-167-SSA1-1997 para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores y NOM-002-STPS-2000, Condiciones de Seguridad, Prevención, Protección y Combate de Incendios en Centros de Trabajo en materia de puertas de salida de emergencia de fácil operación, al no exigir a la Guardería subrogada su cabal cumplimiento, como tampoco dar seguimiento a las indicaciones giradas mediante oficio 279001320100/23180 del 26 de julio de 2005, por el cual el jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Hermosillo, Sonora, comunicó al representante legal de la Guardería ABC, SC, que era necesario instalar puerta de dos metros de ancho libres y dos metros de altura tipo abatible de doble hoja, salida de emergencia, puerta de seguridad con banda de empuje abatible y puerta de seguridad con barra de empuje abatible al exterior de un metro de ancho en las salas de lactantes C.
[...]
Conforme a la tabla del número de plazas del personal educativo de acuerdo con la cantidad de niños por sala de atención, elaborada por la Coordinación de Guarderías de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, el Área de Lactantes debería contar al momento del siniestro, con 8 Asistentes Educativas y no con 6, el Área de Lactantes C debía contar con 6 Asistentes Educativas y no con 4; el Área de Maternal C1 debía contar con 3 Asistentes Educativas y no con 2; al igual que Maternal C2 que debían ser 3 y no 2 y por el número de menores inscritos el Área de Pedagogía debería de contar con 2 especialistas y no 1 como lo indica la Plantilla de Personal de la Guardería ABC, SC, que fue proporcionada por el representante legal de dicha sociedad civil a las autoridades delegacionales del IMSS en Sonora”.
IV. Que el derecho a la verdad se satisface con la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de derechos humanos.3 A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que el derecho a la verdad tiene dos esferas: una dimensión individual (el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad de los hechos) y una dimensión colectiva (el derecho de la sociedad a conocer la verdad).4
V. Respecto a las declaraciones del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, esposa del ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, la Corte Interamericana manifestó que “[L]a obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencia, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. [...] [S]ólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en el que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación”.5 Además, ha mencionado que “[L]os hechos del presente caso se mantienen en la impunidad y que ello viola el derecho de los familiares de las víctimas y propicia la repetición crónica de las violaciones... toda la actividad procesal desplegada por las autoridades hondureñas se dirigió a establecer la responsabilidad penal del entonces director del centro... no se investigó con la debida diligencia a ninguna otra autoridad. Por otra parte, han transcurrido más de siete años sin haberse deslindado las responsabilidades correspondientes... Por lo anterior, el Estado no proveyó a los familiares de las víctimas de un recurso efectivo para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes, lo cual violó los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1...6
VI. Que el acceso a la justicia es la debida diligencia encaminada al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, requiere que todos los recursos, herramientas y cooperación por diversos órganos del Estado que puedan ser necesarios para la conclusión de la misma.7 Los Estados tienen la obligación de identificar y sancionar a todos los responsables de violaciones de derechos humanos.8
VII. Que la Fiscalía General de la República ha demorado injustificadamente la procuración de justicia de esta tragedia, en virtud de que no ha definido cómo comenzó el incendió y que no existen resoluciones firmes en los procesos penales que se encuentran abiertos ante ella.
VIII. Que en términos del artículo 102, Apartado B, último párrafo, refiere que la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas. Las manifestaciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, constituyen una probable obstrucción de la justicia por parte de funcionarios públicos de alto nivel que, en consecuencia, violentan gravemente los derechos humanos de las víctimas de la Guardería ABC.
IX. Que la imparcialidad y la independencia son principios fundamentales en el ejercicio de la función judicial reconocidos en el artículo 17 constitucional y 8o. de la Convención Americana de Derechos Humanos.
X. Que la división de poderes es el “procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales. Los formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu). Ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios”.9
XI. Que conforme al artículo 17 constitucional: “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.
XII. Que la Corte Interamericana ha definido la impunidad como: “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.10
XIII. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 refiere que “la delincuencia de cuello blanco habrá desaparecido y la corrupción política y la impunidad que han prevalecido como norma hasta 2018 habrán quedado reducidas a casos excepcionales, individuales e inmediatamente investigados y sancionados. Las instituciones estarán al servicio de las necesidades del pueblo y de los intereses nacionales, el principio de la separación de poderes y el respeto al pacto federal serán la norma y no la excepción, el acatamiento de las leyes regirá el comportamiento de los servidores públicos...”11
Por lo expuesto y fundado se someten a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, desde el ámbito de sus atribuciones y competencias, atienda y ejercite las acciones correspondientes acerca de las manifestaciones hechas el 22 de febrero del presente año por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, relativos a los procesos penales de la tragedia de la Guardería ABC en aras de hacer efectivos los derechos humanos de las víctimas.
Segundo. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, desde el ámbito de sus atribuciones y competencias, que ejerza la facultad de investigación a raíz de las manifestaciones hechas el 22 de febrero del presente año por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a efecto de determinar si ha lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, resarcitorias, penales y/o políticas contra quienes resulten responsables de las violaciones graves de derechos humanos de las víctimas de la tragedia de la Guardería ABC.
Notas
1 https://arturozaldivar.com/wp-content/uploads/2019/06/FacultadDeInvesti gacion-1-2009V1.pdf
2 https://youtu.be/q2w6pIV2uig
3 CoIDH, Caso Barrios Altos , párrafo 48; CoIDH, Caso Almonacid Arellano y Otros , párrafo 148.
4 CoIDH, Caso de la Masacre de la Rochela , párrafo 195.
5 CoIDH, Caso Cepeda Vargas , párrafo 118.
6 CoIDH, Caso Pacheco Teruel y otros , párrafo 62.
7 CoIDH, Caso Tiu Tojín , párrafo 77.
8 CoIDH, Caso de la Masacre de Mapiripán , párrafo 236.
9 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=89#:~:text=La%20divisi%C3%B3n%
20tradicional%20se%20ha,funcionales%20y%20de%20mutuo%20control.
10 https://www.corteidh.or.cr/tablas/r24428.pdf
11 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2 019
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputado Hirepan Maya Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a emitir un boletín nacional sobre los grumos de hidrocarburo que arribaron a lo largo de 135 kilómetros en las costas de Campeche, a cargo del diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con el tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los primeros días del mes de febrero se detectaron grumos de hidrocarburo en Playa Norte, Isla del Carmen, Campeche. Habitantes carmelitas, quienes acostumbran a hacer recorridos en el malecón, denuncian que los grumos de hidrocarburo se encuentran a lo largo de toda la orilla de Playa Norte.1
En lo que respecta a pescadores del Carmen, han denunciado encontrar grumos de hidrocarburo en sus redes de pesca, los grumos se adhieren, imposibilitándoles seguir con la pesca, ya que los materiales con los que les recomiendan hacer limpieza a las redes, las debilitan y las dejan inservibles. Lo anterior ha tenido como consecuencia la falta de ingreso y alimento en sus hogares.
Pobladores de Sabancuy, Isla Aguada y Península de Atasta, reportan presencia de grumo de hidrocarburos en sus costas a lo largo de 135 kilómetros de playa.
De acuerdo con investigaciones de La Jornada Maya , trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron labores de limpieza de playas en la zona de los restauranteros en el Malecón Costero Nelsón Barrera Romellón, en las que se lograron recolectar aproximadamente 40 bolsas de 20 kilógramos cada una de hidrocarburos.
Sin embargo, en un recorrido realizado en la zona de la playa, se puede apreciar que continúan arribando a la costa grumos de hidrocarburos.
Es común que Pemex exprese que la presencia de grumos de chapopote sean producto de las denominadas chapopoteras naturales y niegan en todo momento que se trate de derrame de crudo en la sonda de Campeche.2
Eduviges Contreras Barrientos, ambientalista y presidente de la Red de Jóvenes por la Laguna de Términos, señaló el pasado 13 de febrero de 2022 que el personal que ha destinado Pemex para la limpieza de las playas es insuficiente, sólo se han destinado a 4 personas para ello y que, además, la actitud de la paraestatal ha sido la indiferencia y la irresponsabilidad al no dar una postura al respecto.3
Todo lo anterior tiene graves afectaciones en las aves como el charral que desova en Playa Norte, así como como a las tortugas marinas y otras especies.
Desafortunadamente, hasta el día de ayer, 21 de febrero de 2022, después de hacer una consulta en la página oficial de Pemex, no se ha emitido ningún comunicado o boletín nacional de su postura sobre el tema.
(https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/def ault1.aspx)4
Considero de suma importancia que Pemex se pronuncie al respecto, que haga las aclaraciones pertinentes pero, sobre todo, que destinen los recursos materiales y humanos suficientes para atender dicha problemática a la brevedad, ya que han pasado 13 días y en las playas continúan arribando grumos de hidrocarburos, trayendo consigo graves afectaciones al medio ambiente del municipio de Carmen y a las cadenas productivas de las que dependen los pescadores en mi estado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que emita un boletín nacional en el que pronuncie postura respecto a los grumos de hidrocarburo que arribaron a lo largo de 135 kilómetros en las costas de Campeche, así como a tomar las medidas oportunas para realizar de manera inmediata y a detalle, la limpieza y reparación de los daños causados en el ecosistema del municipio de Carmen, Campeche.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que organice y ejecute una visita de inspección en coordinación con una comisión plural conformada por diputados y diputadas integrantes de las Comisiones ordinarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Cambio Climático y Sostenibilidad, y de Pesca, a efecto de verificar el estado en el que se encuentra la zona afectada.
Notas
1 Alonzo, L. (2022, 9 febrero). Grumos de hidrocarburo aparecen en playas de Campeche La ciudadanía alertó sobre estos grumos en Playa Norte de Ciudad del Carmen; personal de Pemex trabaja en la zona. El Financiero. Recuperado 21 de febrero de 2022, de https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/02/09/grumos-de-hidrocarbu ro-aparecen-en-playas-de-campeche/
2 Graniel Herrea, G. (2022a, febrero 10). Pemex limpia las playas de «Carmen» de grumos de petróleo Los residuos de hidrocarburos arribaron tras fuerte oleaje provocado por el frente frío. La Jornada Maya. Recuperado 21 de febrero de 2022, de https://www.lajornadamaya.mx/campeche/189755/pemex-limpia-las-playas-de -carmen-de-grumos-de-petroleo#
3 Graniel Herrea, G. (2022b, febrero 13). Arriban más grumos de petróleo a Carmen; Pemex no ha declarado. Debido al fuerte oleaje que se ha registrado, las manchas llegan a la vegetación costera. La Jornada Maya. Recuperado 21 de febrero de 2022, de https://www.lajornadamaya.mx/campeche/189985/arriban-mas-grumos-de-petr oleo-a-carmen-pemex-no-ha-declarado
4 Pemex. (2022, 21 febrero). PEMEX. Boletines nacionales. PEMEX. Boletines nacionales. Recuperado 21 de febrero de 2022, de https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/default 1.aspx
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputado Pedro Armentía López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a concluir la reparación de los daños en avenida Morones Prieto, de Guadalupe, NL, tras la tormenta tropical Hanna, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
Quién suscribe, diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, a la brevedad, se concluya con las obras de reparación de los daños ocasionados por la tormenta tropical Hanna , en la avenida Morones Prieto, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La fracción XXII del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala:
“A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de entre otros asuntos: el de construir y conservar los caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares”.
A su vez el artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, señala que:
“Corresponde originalmente al secretario la representación de la Secretaría, así como el trámite y resolución de todos los asuntos competencia de ésta”.
La tormenta tropical Hanna se hizo presente en el estado de Nuevo León el 25 de julio de 2020, dejando innumerables deterioros en la infraestructura urbana en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.
Los daños que ocasionaron las lluvias de Hanna en el municipio de Guadalupe ascienden a 368 millones 715 mil pesos, la Secretaría de Obras Públicas del municipio detectó seis socavones en puntos aledaños al río Santa Catarina. Estos se ubican en tramos de la avenida Morones Prieto.1
Hoy, las obras de reparación a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encuentran en total abandono y aún sin concluirse; específicamente la obra de reparación del socavón que se formó por dicha tormenta en el cruce de la avenida Morones Prieto y la calle Durazno, frente a las colonias Valle Hermoso y Unión Modelo, de la municipalidad mencionada.
Viéndose afectados más de 90 mil habitantes de esa área del municipio de Guadalupe y de los municipios vecinos de Juárez y Cadereyta en Nuevo León, día a día los ciudadanos tienen que pasar horas en el intenso tránsito vehicular para poder llegar a sus actividades, además de los inconvenientes que se provocan a los vecinos del lugar, que deben soportar que los vehículos tengan que atravesar por sus colonias. Actualmente los conductores se ven en la necesidad de tener que buscar otras alternativas viales para poder llegar a sus ocupaciones, destinando más tiempo y combustible, para poder llegar a su destino.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a que se concluyan las obras de reparación de los daños ocasionados por la tormenta tropical Hanna , en la avenida Morones Prieto, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.
Nota
1 https://panoramadenuevoleon.com/calculan-danos-en-guadalupe-por-hanna/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.
Diputada María del Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 29 de febrero, Día Internacional de las Enfermedades Raras, a cargo de la diputada Angélica Ivonne Cisneros Lujan, del Grupo Parlamentario de Morena
Cada cuatro años, tenemos un día inusual en nuestro calendario: el 29 de febrero. Este día es el que se escogió para conmemorar las enfermedades raras y para poder visibilizarlo se celebra el último día de febrero de cada año.
Estas enfermedades son poco frecuentes, 5 entre 10 mil nacimientos; sin embargo, a nivel mundial hay más de 300 millones de personas que viven con una enfermedad rara, afectan del 3.5 al 5.9 por ciento de la población mundial. En México se calcula que aproximadamente 8 millones de personas las padecen.
En el plano internacional se han identificado más de 6 mil enfermedades raras. Suelen ser crónicas, progresivas y, con frecuencia, potencialmente mortales. El 70 por ciento de las enfermedades genéticas raras comienzan en la infancia.
El 72 por ciento de las enfermedades raras son genéticas. Muchas son congénitas, el 80 por ciento hereditarias, y casi todas con afectación multiorgánica por lo que su atención requiere de varios especialistas.
Las personas que viven con la misma enfermedad rara suelen estar dispersas geográficamente en muchos países, por lo que no se pueden reclutar miles de pacientes con una enfermedad para investigarla, pues en la mayoría de los casos son solo cientos.
La investigación, los conocimientos médicos y la experiencia sobre las enfermedades raras son muy limitados, por lo que las personas que las padecen luchan por obtener un diagnóstico y acceder a terapias, servicios y la atención sanitaria y social adecuada.
El retraso diagnóstico de estas enfermedades, puede durar en promedio hasta diez años por lo que la incertidumbre y ansiedad asociado a esto, es otra característica común de las personas que las padecen.
Las personas enfermas y sus familias experimentan múltiples desigualdades y vulnerabilidades, como la difícil inclusión e integración en los sistemas educativos convencionales, la discriminación y la exclusión social, y un mayor riesgo de empobrecimiento.
Las madres, padres y cuidadores luchan por encontrar escuelas dispuestas y capaces de incluir a los niños que viven con una enfermedad rara.
Las familias se ven empobrecidas por el aumento de los gastos asociados a la atención de las enfermedades raras, mientras que el acceso y la conservación de un trabajo decente es un reto para las personas cuidadoras y las que viven con una enfermedad rara.
La falta de concienciación pública hace que las personas que viven con esta clase de enfermedad y sus retos sean a menudo invisibles y no se reconozcan, es por ello que en este día la demanda es mayor reconocimiento, inclusión y participación en la sociedad.
Una buena noticia se dio el de diciembre de 2021, tras una campaña internacional impulsada por personas que padecen enfermedades raras y sus familiares, que logró asegurar la adopción por parte de las ONU de la primera resolución acerca de cómo “Abordar los desafíos de las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias”.
La Resolución se centra en la importancia de la no discriminación y promueve las bases fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), incluido el acceso a la educación y a un trabajo decente, la reducción de la pobreza, la lucha contra la desigualdad de género y el apoyo a la participación plena y efectiva en la sociedad.
Es un punto muy importante y significativo, que coloca definitivamente a la comunidad de enfermedades raras en la agenda de la ONU.
En México es prioritario diagnosticar a las y los niños desde su nacimiento con una enfermedad rara.
Ello puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
El tener una prescripción en el momento preciso da la oportunidad de adecuar un tratamiento integral y su seguimiento, se pueden contar con centros de referencia nacionales e internacionales y ensayos clínicos que pueden ayudar a garantizar calidad de vida.
Con motivo del Día Nacional de la Ganadería, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI; 62, numeral 2 y 76, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente efeméride, relativa a la conmemoración del Día Nacional de la Ganadería, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Los antecedentes del Día Nacional de la Ganadería, se remontan al 6 de marzo de 1935, cuando el entonces secretario de Agricultura y Ganadería, don Tomás Garrido Canabal convocó por instrucciones del ex presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, la celebración de la Primera Convención Nacional Ganadera, con el objetivo de impulsar un marco normativo que conciliara la constitución y funcionamiento de organismos ganaderos, para que trabajaran con una visión articulada por todo el territorio nacional en colaboración con el gobierno para impulsar el desarrollo de las actividades del sector pecuario.
Los resultados de la Primera Convención Nacional Ganadera de 1935 fue solicitar la expedición de la Ley de Asociaciones Ganaderas y con el apoyo institucional del presidente Lázaro Cárdenas del Río a través de las entonces facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión el 30 de diciembre de 1935, decretó, expidió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1936 la Ley en comento, la cual, es el antecedente de la Ley de Organizaciones Ganaderas publicada en 1999.
Posteriormente, el 6 de marzo de 2015 fue realizado el octogésimo aniversario de la Primera asamblea de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, donde reconocieron al sector ganadero como uno de los más sólidos, competitivos y productivos, por lo que, el Gobierno de la República consideró de suma importancia reconocer la labor de quienes se dedican a la ganadería, en virtud de su aporte a la seguridad alimentaria y a su desempeño y desarrollo económico para México.
Los anteriores antecedentes marcaron el rumbo, para que el 11 de marzo de 2016, el entonces presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, decretara al 6 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Ganadería.
En este sentido, las actividades ganaderas producen carne, leche, pollo, huevo, lana, pieles, miel, quesos, yogurt, entre otros productos y mercancías para consumo que son necesarios para la población, la economía y autosuficiencia y soberanía alimentaria de México.
Al respecto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural1 , Sader, indicó en 2021, que las y los ganaderos tienen en custodia más de 177 millones de hectáreas, es decir, el 55 por ciento del territorio nacional se dedican a las actividades pecuarias. Esto ubica a México en el lugar 7o. de los países productores de ganado y el 6o. lugar mundial en el consumo de carne, situando a la ganadería como una actividad fundamental en la economía de México.
Datos de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas2 , CNOG, indican que hay 817 mil productores que se transformaron en más de un millón de Unidades de Producción Pecuaria en el 2020; generando casi 24 millones de toneladas de proteína animal con un valor de casi 550 mil millones de pesos. En bovinos-carne se envían 302 mil toneladas al extranjero y un millón cuatrocientas mil cabezas de ganado, lo que representa un valor de 150 mil millones de pesos.
El rubro de bovinos-leche alcanzó una producción de casi 13 mil millones de litros, con un valor superior a los 5 mil millones de pesos; en porcicultura un millón 650 mil toneladas y un valor de 75 mil millones de pesos, elevando su producción y exportaciones. En la avicultura, refiriéndose a la producción de pollo y huevo, se elevó en 2.6 por ciento arriba, es decir, más de 6 millones 600 mil toneladas con un valor de 209 mil millones de pesos3 ; mientras la producción apícola, ovina, caprina y especies menores acumularon un valor de 22 mil millones de pesos.
Por tal motivo, el Día Nacional de la Ganadería simboliza nuestra identidad como país, simboliza una cultura y forma de vida que tiene un arraigo social y familiar de generación en generación, por lo que, es necesario fortalecerla con presupuesto, programas federales, estímulos fiscales y simplificación en trámites administrativos para que el sector pecuario siga teniendo calidad e inocuidad en sus alimentos, mantenga la producción de artículos y mercancías para consumo, todo ello, bajo las mejores prácticas sociales, económicas y ambientales.
Notas:
1 Con datos https://www.gob.mx/agricultura/prensa/impulsa-agricultura-una-ganaderia -productiva-sustentable-y-con-fuerte-estatus-sanitario
2 Con datos https://bmeditores.mx/ganaderia/celebran-gobierno-federal-y-cnog-el-dia -nacional-de-la-ganaderia-2021/
3 https://www.gob.mx/agricultura/prensa/
impulsa-agricultura-una-ganaderia-productiva-sustentable-y-con-fuerte-estatus-sanitario
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de marzo de 2022
Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (rúbrica)
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