Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 6012-VI, jueves 28 de abril de 2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL a implantar con la mayor brevedad un protocolo de actuación para investigar feminicidios en la entidad, suscrita por las diputadas Karla Estrella Díaz García y Esther Berenice Martínez Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
Las que suscriben, Karla Estrella Díaz García y Esther Berenice Martínez Díaz, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La desaparición de mujeres y niñas es un asunto que requiere la atención inmediata y contundente de las autoridades competentes, especialmente porque las primeras horas de búsqueda son cruciales para encontrar con vida a las personas y proteger su integridad física y psicológica.
Debanhi Escobar es una de las más de 300 mujeres reportadas como desaparecidas en Nuevo León en lo que va de 2022. Hoy se suma a lista de las víctimas localizadas sin vida en los últimos 15 días.
Los casos de Debanhi Escobar y el de María Fernanda Contreras, halladas muertas a las afueras de Monterrey, se suman a las decenas de desaparecidas en la zona y destapan una crisis de feminicidios en el estado.
La periferia de esta ciudad próspera, bastión industrial del país, se ha convertido en un rincón siniestro para la mitad de su población: al menos 41 mujeres han desaparecido en estas calles de la periferia en lo que va de año y más de mil 700 siguen sin aparecer en todo el estado, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).1
Tal como indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 16 de noviembre de 2009 –Caso González y Otras– (Campo Algodonero), los estados deberán eliminar todos los obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos, esto es, ante los casos de violencia contra la mujer, el Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponer las sanciones pertinentes.
El aumento este año de desapariciones de jóvenes, muchas adolescentes y otras que no llegan a los 30, en el estado, supuso una crisis para el gobierno del doctor Samuel García Sepúlveda. Las desapariciones al norte de la capital han desencadenado jornadas de protestas en la sede de gobierno y una presión mediática que ha obligado al nuevo gobernador a crear de manera urgente un grupo especial de búsqueda.
Resulta de vital importancia seguir fortaleciendo las políticas públicas, y las capacidades operativas del aparato gubernamental y las instituciones encargadas de atender la problemática; asimismo, la política pública en materia de seguridad pública debe sustentarse en la debida y obligada coordinación de los tres órdenes de gobierno y con los demás órganos que constitucionalmente tienen la facultad de perseguir los delitos, como lo es, la Fiscalía General de Justicia del Estado, conforme al tercer párrafo del artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.2
Es por ello, que para dar respuesta a esta problemática, y en cumplimiento a la sentencia conocida como Campo Algodonero (Caso González y Otras vs México)3 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2012 se modificó e instauró una serie de protocolos de atención para mujeres y niñas; uno de los señalamientos más significativos que aportaron estas sentencias, así como las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Observaciones finales del Comité de la CEDAW 52 periodo de sesiones-CEDAW/C/MEX/CO/7-8,4 Informe emitido el 7 de agosto de 2012; es que las instituciones de procuración de justicia cuenten con protocolos de investigación con perspectiva de género en los ámbitos ministerial, policial y pericial para casos de feminicidios y violencia sexual, primordialmente.
La activación de un protocolo de actuación para la investigación del feminicidio, deriva del propósito de proporcionar una herramienta metodológica estándar y efectiva en la investigación de la violencia feminicida, cometidos en agravio de las mujeres y niñas, para que se realicen con visión de género y estricto cumplimiento al principio de debida diligencia, competencia de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.
Implica un conjunto de procedimientos específicos, dirigidos a regular y unificar el actuar del personal sustantivo de la institución, bajo tres niveles de especialización, como lo son el ministerial, policial y pericial, para garantizar en su actuar el cabal cumplimiento y protección de los derechos humanos y evitar la discrecionalidad, para que la actuación sea coordinada y orientada.
La capacitación sobre los derechos de las mujeres y la procuración de justicia con perspectiva de género, será la medida para alcanzar la profesionalización de las y los funcionarios encargados de procurar justicia, que con voluntad de superación, esfuerzo, responsabilidad y sensibilidad se impongan de este instrumento y lo apliquen en todas sus investigaciones; es una acción que proyecta el mensaje de que esta violencia no se tolera por parte del Estado.
La aplicación de este protocolo no sólo significa el cumplimiento a la normatividad interna y de las sentencias y criterios de la Corte Interamericana, sino la convicción de combatir la impunidad en los delitos de violencia de género y afianzar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, a una vida libre de violencia, con lo que se acrecentará la confianza de la sociedad en las instituciones de procuración de justicia.
En suma, la consolidación de un Protocolo de Actuación para la Investigación en Casos de Feminicidio en nuestro Estado, permitirá responder de manera eficaz y oportuna el acceso a la justicia a las mujeres, niñas y a sus familiares víctimas de feminicidio. El alcance y aplicación de este protocolo debe estar destinado a fortalecer la capacidad y habilidades del personal sustantivo en las investigaciones que se realicen desde el enfoque de la perspectiva de género y la debida diligencia para el delitos de feminicidio a cargo del Fiscal General del Estado; se debe remover todos los obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos como en el reciente caso de la víctima de feminicidio Debanhi Escobar.
El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos.
El fenómeno del feminicidio está manchando la paz de nuestro estado, lastima y lesiona el tejido social, así como repercute en el buen funcionamiento del orden social, afectando los estratos de percepción de seguridad, convivencia social y económica, y en su legítima demanda de justicia de las víctimas y sus familias.
Es por lo anteriormente expuesto, y en el marco del día 25 de cada mes, proclamado como “Día Naranja”, un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León, por medio del titular, doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que a la brevedad implemente un protocolo de actuación para la investigación de feminicidios en el estado de Nuevo León.
Fuentes
• Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (Campo Algodonero) vs México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_2 05_esp.pdf
•Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres | 26 de enero de 202.
https://www.gob.mx/conavim/articulos/
protocolo-alba-la-busqueda-inmediata-de-mujeres-y-ninas-desaparecidas-262178?idiom=es
• Protocolo Alba (Atención, Reacción y Coordinación en caso de Extravío de Mujeres y Niñas para Cd. Juárez).
https://www.gob.mx/conavim/documentos/protocolo-de-atencion-reaccion-y-coordinacion-entre-autoridades-federales
-estatales-y-municipales-en-caso-de-extravio-de-mujeres-y-ninas-para-ciudad-juarez-protocolo-alba#:~:
text=El%20Protocolo%20de%20Atenci%C3%B3n%2C%20Reacci%C3%B3n,y%2Fo%20ausentes%20en%20el
• Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/
• XXXV Sistema Nacional: Uniendo esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres: https://www.gob.mx/conavim/articulos/xxxv-sistema-nacional-uniendo-esfu erzos-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres?idiom=e s
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nuevo León.
Notas
1 En este sitio se muestran datos estadísticos de la información que conforma el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, recabada e integrada al mismo por las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, mediante las herramientas tecnológicas implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB): Sistema Único del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (SU), Carga Masiva (CM), Web Service (WS) y el Portal Web de reportes de personas desaparecidas y no localizadas
https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/ (PW); por lo que cualquier información que no se visualice, puede ser consultada con la autoridad de origen.
2 Artículo 87, tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de nuevo León, que a la letra dice: El Ministerio Público, institución que tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad, velar por la exacta observancia de las leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común, será desempeñado por una Fiscalía General de Justicia del Estado que contará por lo menos con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otra especializada en Delitos Electorales, por los Agentes de dicho Ministerio y demás servidores públicos que determine la Ley.
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/c onstitucion_politica_del_estado_libre_y_soberano_de_nuevo_leon/
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (Campo Algodonero) vs México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
4 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer México 1. El Comité examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México (CEDAW/C/MEX/7-8) en sus reuniones 1051a y 1052a, celebradas el 17 de julio de 2012 (véase CEDAW/C/SR.1051 y 1052). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/MEX/Q/7-8, y las respuestas en el documento CEDAW/C/MEX/Q/7-8/Add.1. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_es p.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2022.
Diputadas: Karla Estrella Díaz García, Esther Berenice Martínez Díaz (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conavim a emitir la AVGM por violencia feminicida en el territorio nacional, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del PAN de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 34, Numeral 1, inciso B; el Artículo 6, Numeral 1, Fracción I, Artículo 79, Numeral 1, Fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para emitir y decretar a la brevedad Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia femenicida en el territorio nacional.
Antecedentes
El feminicidio no es un tema de actualidad, hace un cuarto de siglo, cuando México parecía todavía un país relativamente tranquilo, teníamos ya un trágico problema de asesinatos de mujeres.1
El termino feminicidio no era muy común y fue incorporado hasta 2012 al Código Penal Federal.
En la actualidad se han expuesto nuevos casos de feminicidio de manera descomunal, lo que ha generado una alerta a nivel nacional. Todas las mujeres de México nos encontramos en constante peligro día a día y es necesario hacer algo para protegerlas.
Para tener una mejor comprensión de lo está ocurriendo es muy importante hablar de género, para comprender la violencia contra la mujer. Estas acciones se transmiten a graves de la enseñanza, se vuelve parte de la cultura y la educación que se transmite entre generaciones. Además del papel esencial que los medios de comunicación juegan al crear una estereotipos y prejuicios que se naturalizan.
Desde siempre, el hombre pudo disciplinar a la mujer haciendo uso de la violencia o, incluso, disponiendo de su vida. De esto hay múltiples ejemplos en la historia; los que se reprodujeron en la ley y jurisprudencia.2
La historia incluye la de la antigua Roma y Grecia, en donde las mujeres eran consideradas propiedad privada de los hombres. Esto no mejoró en el Estado moderno; durante los siglos XVII y XIX no se les consideró ciudadanas ni se les reconocieron derechos. En la vida pública, correspondía al Estado el poder de sancionar a quienes transgredían el orden social.3
Consideraciones
En los últimos tres años se ha registrado un agravamiento considerable de la violencia cometida en contra de las mujeres, por razones de género. Así mismo, ha habido un estallido de violencia (machista) generalizada. Delitos como las violaciones, la trata de personas y el feminicidio, han incrementado, tan solo de enero a noviembre del 2021 en México fueron asesinadas 3 mil 462 mujeres, un promedio de 10 al día.4
Aunado a ello, los recortes a los presupuestos de igualdad y políticas de género débiles no contribuyen a frenar la crisis de feminicidios que se vive hoy en día. El limbo administrativo en el que se han quedado programas importantes, como el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres5 no sólo indican retraso en una asignatura tan sensible como la expuesta, sino también un desinterés gubernamental que le es evidente a la ciudadanía; un reflejo de la desatención es el gran rezago que hay en el registro y en la investigación de este tipo de delitos.
En total existen 25 alertas declaradas por violencia de género en 22 de los 32 estados del país. Los que más casos de feminicidio han registrado en sus ministerios públicos han sido, el estado de México (132); Jalisco (66); Veracruz (66); Ciudad de México (64) y Nuevo León (57), pero no son los únicos.6
En México uno de los problemas más graves son los elevados márgenes de impunidad. Se estima que la tasa de delitos sin resolverse supera 95 por ciento y tan sólo una de cada 10 mujeres denuncia a su agresor.7
De acuerdo a la Definición Oficial, la alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para erradicar y enfrentar la violencia feminicida y la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado. Su objetivo es garantizar la seguridad de mujeres y niñas.8
Según dichas disposiciones normativas, las entidades federativas y el Estado en sí, están comprometidos a proteger a las mujeres, por lo mismo las instancias gubernamentales no deben de ser reacias o politizar el tema de decretar la alerta de violencia de género contra las mujeres a nivel nacional; ya que esto no es un tema político sino uno de derechos humanos.
El caso de Debanhi Escobar, el de María Fernanda Contreras, así como muchos otros aún impunes han destapado una nueva ola de feminicidios y desapariciones en el noreste del país. En lo que va del año, en la periferia de Monterrey al menos 41 mujeres han desaparecido y más de mil 790 siguen sin aparecer en Nuevo León desde los últimos 50 años, 90 por ciento de ellas despareció después de 2010. Las crisis de desapariciones en Nuevo León no se pueden interpretar como casos aislados, México está envuelto en una espiral machista.9
Si hacemos una rápida búsqueda en el navegador de internet, ingresando los términos “feminicidio en México, últimas noticas”, podemos comprobar que en efecto la violencia contra las mujeres está desatada. El domingo 24 de abril de 2022 (día en que se redacta el presente punto de acuerdo) los encabezados son relativos al caso de Debanhi (en Nuevo León), al caso de Edith Vianey (en Veracruz) y a un presunto feminicida en Iztapalapa.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para emitir y decretar a la brevedad Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por violencia femenicida en el territorio nacional.
Notas
1 Eduardo Guerrero Gutiérrez, Nuestra historia feminicida, El Financiero , marzo 9, 2020.
2 María Rocío Morales Hernández, Feminicidio, Primera edición, DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, página 14.
3 Ídem.
4 Barragán Almudena (2021). “México cierra un año negro con más de 3 mil mujeres asesinadas”. El País. https://elpais.com/mexico/2021-12-31/mexico-cierra-un-ano-negro-con-mas -de-3000-mujeres-asesinadas.html
5 Ídem
6 Ídem.
7 Ídem.
8 Gobierno de México. Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres . https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-d e-genero-contra-las-mujeres-80739
9 Reina Elena (2022). “Las muertas de Nuevo León: el caso Debanhi revela una nueva ola de feminicidios en México”. El País. https://elpais.com/mexico/2022-04-23/las-muertas-de-nuevo-leon-una-nuev a-ola-de-feminicidios-recorre-el-noreste-de-mexico.html
Dado en la honorable Cámara de Diputados, el 28 de abril de 2022.
Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a dar seguimiento puntual a las irregularidades en la ejecución del programa La Escuela es Nuestra mencionadas en la revisión de la Cuenta Pública por la ASF, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Sonia Rocha Acosta, así como las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con el tenor de las siguientes:
Consideraciones
La educación en México es un derecho fundamental enmarcado por nuestra carta magna en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se considera que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos; por eso es fundamental el brindar las herramientas necesarias para poder garantizarlo.
A pesar de los enormes trabajos tanto de los gobiernos, legisladores y sobre todo de la sociedad para lograr que la educación sea cada vez mejor y pueda llegar a todos los rincones, nos encontramos aún lejos y con desafíos enormes.
Hoy nuestro país presenta enormes rezagos en materia educativa que impiden y limitan al desarrollo social, justicia con inclusión y prosperidad. Si bien el sistema educativo ha ido evolucionado y creciendo carga con un enorme rezago generacional que hoy se reflejan en una enorme inequidad, baja calidad y son una deficiencia de resultados.
El Estado ha tratado de solventar estas desavenencias con diversos programas inclusive en sexenios anteriores con reformas integrales al sistema educativo o en algunos años con el incremento al presupuesto a los ramos relacionados con la educación. En el de presupuesto de Egresos de la federación para el año 2020 se destinaron 807 mil 305 millones de pesos, destacando que es un monto menor a los ejercido a los años anteriores y así como la presentación de nuevos programas de parte del gobierno federal vendrían a generar desarrollo en la educación en México.
En cuanto a asistencia en nuestro país casi la totalidad de niñas y niños de 6 a 11 años (97 por ciento) asiste a la escuela primaria y se avanza de manera importante hacia la universalización de la educación secundaria, ya que 91 por ciento de los niños de 12 a 14 años asisten a ella. No obstante, estos logros, la cobertura universal del preescolar y del bachillerato aún constituyen un desafío: en 2010, sólo asistía a la escuela 71 por ciento de la población entre 3 y 5 años y 67 por ciento de quienes tenían entre 15 y 17 años de edad
Otros datos que nos reflejan nuestra situación complicada es que de acuerdo al Coneval reportan que “Entre 2018 y 2020 a nivel nacional, el porcentaje de la población con rezago educativo se mantuvo en niveles similares, pasando de 19.0 a 19.2 por ciento, respectivamente; sin embargo, se observó un aumento a nivel nacional del porcentaje de la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con la educación obligatoria. Además, se identifica que la inasistencia de la población que aún no completa la educación media superior aumenta tanto para la población de 3 a 15 años como para la población de 16 a 21 años, aunque de manera más pronunciada en el último grupo”, sin duda dato que nos pone en alarma, pues la efectividad y eficiencia de los planes educativos no están teniendo un balance positivo.
Algunas cifras relevantes1
El sistema educativo mexicano es de los más grandes del mundo, lo que de manera natural implica la existencia de una serie de retos y por ende la necesidad de implementar estrategias que permitan nivelar las condiciones de los componentes del sistema. En términos cuantitativos, en la últimos resultados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) antes de su desaparición arrojo los siguientes datos con respecto al ciclo escolar 2016-2017:
Total de alumnos cursando la educación obligatoria: 30 millones 909 mil 211.
Total de docentes: 1 millón 515 mil 526.
Total de escuelas/planteles: 243 mil 480.
La comparativa de las cifras arrojadas para los ciclos escolares 2012-2016 nos muestra un ligero crecimiento en el número de alumnos y docentes para la educación preescolar, secundaria y media superior, pero una importante disminución en los alumnos, docentes y escuelas para la educación primaria.
En lo que respecta a la infraestructura también podemos observar importantes carencias en distintas áreas, desde la falta de instalaciones sanitarias o de accesos para los usuarios con discapacidad motriz, hasta la ausencia de laboratorios de ciencias o aulas de cómputo en los planteles del nivel medio superior (49 por ciento y 29 por ciento, respectivamente).
Los resultados de ECEA primaria 2014 nos indican que las condiciones de infraestructura en las escuelas primarias del país son distintas en cada tipo de escuela; las peores condiciones se registran en aquellas que se ubican en los contextos más desfavorables. Esto revela la forma insuficiente y desigual como está operando el sistema educativo que, lejos de implantar medidas de equidad como se señala normativamente, reproduce un círculo de pobreza al brindar servicios de menor calidad a las poblaciones que se encuentran en mayor desventaja social.
En opiniones del Banco de Desarrollo de América Latina. “La mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una relación tan estrecha con el aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos incluyendo el ambiente familiar, la motivación, los buenos maestros, bibliotecas, las tecnologías o los servicios para los estudiantes”2 .
Apara atender el tema de la infraestructura educativa el 20 de octubre de 2019, mediante comunicación Social de la Presidencia de la república informó que El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el inicio del programa “La Escuela es Nuestra” en Oaxaca y el anuncio de la rehabilitación de 3 mil planteles de la entidad que resultaron dañados por los sismos de 2017 y 2018, a través del Programa Nacional de Reconstrucción.
Mediante un comunicado el presidente cito de manera textual “Es importantísimo, es un programa fundamental en la transformación de nuestro país. Involucra en cuanto a participación a madres y padres de familia, a maestras, maestros. Es un programa de gran trascendencia en lo educativo, en lo social, en lo democrático. Es un programa que nos ayuda para desterrar la corrupción en lo que se destina al mejoramiento, al mantenimiento de las escuelas, que era también una fuente de corrupción”, puntualizó el mandatario.
Destacó que “el dinero rinde porque no hay ‘contratismo’, no hay corrupción y no solo eso. Los padres aportan, ayudan”.
Precisó que en la segunda etapa la SEP en colaboración con la Coordinación Nacional de Programas Integrales de Desarrollo, la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llegará a 103 mil escuelas más durante 2020 y quedarán 70 mil pendientes para 2021.
Detalló que a partir de 2022 el presupuesto para La Escuela es Nuestra será de 40 mil millones de pesos que se entregarán de manera directa.
“Así nos ayuda la gente a gobernar. Esto es la democracia; gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. No hay corrupción, participa la gente y no hay burocracia. Todos participamos a partir del diagnóstico escuela por escuela”, remarcó.3
Bajo el esquema ya característico de este gobierno de austeridad y entrega directa se inició con dichos programas sin embargo bastaron pocos meses para desvirtuar los objetivos de dicho programa pues en febrero del presente año se presentó los resultados de la Auditoria Superior de la Federación
En el reporte de la Auditoría de Cumplimiento: NO 2020-0-11100-19-0124-2021 124-DS, se hace un muestreo auditado de 1 1187 650.00 millones de pesos de un total de 7 250 300.0 de 2020 miles de pesos del programa U282 “La Escuela es Nuestra” para el pago de apoyos a comunidades escolares de las escuelas públicas de educación básica para mejorar sus condiciones de infraestructura y equipamiento con cargo en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, de los que se revisaron 1 millón 187 mil 650 miles de pesos que representan el 16.4 por ciento de los subsidios económicos otorgados a las comunidades escolares para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento o construcción de espacios educativos.
Donde se informó los siguientes resultados:
- La normativa que regula la operación del programa carece de mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar su operación, ni se establecen los plazos máximos para que los planteles beneficiarios de los apoyos ejerzan y comprueben la aplicación de los recursos, ni se señalan posibles causales de incumplimiento en la aplicación de los apoyos.
- Los integrantes de los Comités Escolares de Administración Participativa denominados (CEAP) para sus reglas de operación , como responsables de la ejecución de los recursos, no cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física educativa que aseguren la integridad física de las comunidades escolares, ni tampoco en el manejo y administración de los recursos, además de que tampoco cuentan con acompañamiento y asesoramiento en dichas materias por parte de personal de la Secretaría de Educación Pública ni de la Secretaría de Bienestar que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas del programa.
- No se proporcionó la documentación que acredite el reintegro a la Tesofe de 9 mil 450.0 miles de pesos, correspondientes a los apoyos otorgados a 40 beneficiarios que no activaron las tarjetas bancarias en las que se les depositaron los apoyos del programa.
- Con la revisión de 1 mil 757 expedientes, se constató que éstos no cuentan con documentación que acredite la aplicación de apoyos por 564,155.8 miles de pesos.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 581 millones 205 mil 778.38 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7 millones 600 mil pesos, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación; 573 millones 605 mil 778.38 pesos están pendientes declaración.
ASF reporta irregularidades por 573 millones de pesos en La Escuela es Nuestra
En relación a lo anterior, el portal de noticias “Milenio” en su publicación de “ASF reporta irregularidades por 573 millones de pesos en La Escuela es Nuestra” nos muestra los reportes de La Auditoria Superior de la Federación (ASF) del programa “La Escuela es Nuestra” tuvo irregularidades en el ejercicio del presupuesto de 2020. Reportado lo siguiente:
La Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha podido acreditar que 573 millones 605 mil 778.38 pesos hayan sido usados para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas, como lo mandata el programa.
La autoridad no proporcionó la documentación que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación de 9 millones 450 mil pesos correspondientes a los apoyos otorgados a 40 beneficiarios que no activaron las tarjetas bancarias en las que se les depositaron los apoyos del programa.
Otro probable daño al erario se refiere a que en la revisión de los casos de mil 686 planteles se constató que éstos tampoco cuentan con documentación que acredite la aplicación de apoyos por 552 millones 055.8 miles de pesos.
Continúan las irregularidades, pero una parte que no podemos dejar de resaltarla ilegalidad de las reglas de operación y un punto en específico que menciona lo siguiente “El monto destinado para los gastos de operación del Programa será de hasta 3 por ciento del recurso asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que se destinará a Bienestar en una proporción no menor al cincuenta por ciento para el auxilió en sus actividades, mediante el convenio de transferencia de recursos respectivo.”, debido a esta falta de ilegalidad se han presentado diversas denuncias en los beneficiados y forma que han operado los recurso en cuanto a gastos de ejecución irregularidades en La Escuela es Nuestra por 573 millones de pesos; no dan evidencia sobre gastos
En el portal Forbes con su publicación “Irregularidades en La Escuela es Nuestra por 573 millones de pesos; no dan evidencia sobre gastos” relatan las denuncias públicas que han existido desde el año 2020 en dicho programa, así como las diversas formas en que diversos “servidores públicos” extorsionan a los beneficiarios, en base a ello, se encontró lo siguiente:
Según los informes de la Auditoría Superior de la Federación señala que hay un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 12 millones 100 mil pesos que fueron otorgados a 71 planteles –mediante sus respectivos Comités Escolares de Administración Participativa–, los cuales no presentaron evidencia que demuestre que, con los recursos otorgados, se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades.
Continuando en el Tenor de la falta de claridad y certeza en sus reglas de operación dentro de sus párrafos se hace mención del siguiente tema “De acuerdo con lo establecido en el artículo 70, fracción XV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública las unidades encargadas tendrán la obligación de publicar y mantener actualizada la información relativa al presente Programas de subsidios. Asimismo, en todo acto o promoción que se haga del Programa deberá mencionarse que éste es financiado con recursos federales a través de la SEP y, en su caso, con recursos del Estado o Institución correspondiente”, sin embargo, este criterio de ha hecho omiso ya que al ingresar a dicha información únicamente se menciona un listado de las escuelas, sin que sea claro, las acciones y/o comprobaciones realizadas.
EP debe entregar información sobre La Escuela es Nuestra
En una investigación publicada en el portal denominado “EP debe entregar información sobre La Escuela es Nuestra: INAI”, denunciando hechos en el estado de Puebla que sin duda son un ejemplo de lo que sucede en el resto del país, citando lo siguiente:
Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI, expuso que el 3 de octubre de 2019 se emitieron los lineamientos de operación del programa ‘La escuela es nuestra’, cuyo objetivo es asignar subsidios para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles públicos de educación básica, principalmente los ubicados en zonas de alta y muy alta marginación.
“La SEP, en su respuesta, dijo no haber localizado documento alguno que coincidiera con el diagnóstico de los planteles o inmuebles participantes en ‘La escuela es nuestra’ o sus similares, por lo que recomendó al solicitante presentar su petición a la Secretaría del Bienestar”, explicó el Instituto.
Según el análisis, la Secretaría de Educación no turnó la solicitud a la Dirección General de ‘La escuela es nuestra’, misma que puede poseer la información solicitada, lo que impide validar plenamente la inexistencia de los datos que argumentó el sujeto obligado.
“En virtud de lo anterior, por unanimidad, el pleno del INAI revocó la respuesta de la SEP, dependencia que deberá hacer pública la información relativa a ‘La escuela es nuestra’ en la capital poblana”, concluyó el instituto.
Por lo que ante tal y alarmante problemática, es prioritario que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP), de un seguimiento manera pronta y expedita esta situación y que la Secretaria del Bienestar y Secretaría de Educación Pública aclaren el destino de los recursos ya que no podemos dejar del lado todas las inconsistencias suscitadas en este Informe y tampoco podemos dejar a la educación y la infraestructura requerida, recordemos que no hay mejor herramienta para el desarrollo óptimo de este país como la educación el campo es una de nuestras principales prioridades para una alimentación sana, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Por lo expuesto es que la que suscribe, Sonia Rocha Acosta, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, exhortamos a la Secretaria de la Función Pública, Secretaría de Educación Pública y Secretaría del Bienestar a los siguientes puntos:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de la Función Pública para dar cumplimento a su encomienda y así darle un seguimiento puntal a las irregularidades en la ejecución del programa denominado “La Escuela es Nuestra” mencionadas en la “Cuenta Pública” de la Auditoria Superior de la Federación
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta exhorta a la secretaria de educación pública y a la secretaria del bienestar a que informe a la opinión pública los apoyos económicos entregados del programa “la escuela es nuestra” en el que incluya de manera detallada y explicita el listado de proyectos concluidos, proyectos en funcionamiento, proyectos no ejecutados, forma de pago, listado de contratistas si es que los hubiera, el proceso detallado de las auditorías internas y externas, las irregularidades detectadas en la contraloría social de y sus posibles sanciones del denominado programa la escuela es nuestra durante el ejercicio 2021 y 2022.
Referencias
1 https://ceey.org.mx/cual-es-la-realidad-de-la-educacion-en-mexico/
#:~:text=El%20sistema%20educativo%20mexicano%20es,de%20los%20componentes%20del%20sistema.
2 https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/10/la-importancia-de-te ner-una-buena-infraestructura-escolar/
3 https://presidente.gob.mx/la-escuela-es-nuestra-fomenta-democracia-e-involucra-a-familias-en-combate
-a-corrupcion-presidente-amlo-presentan-avances-en-rehabilitacion-de-escuelas/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2022.
Diputada Sonia Rocha Acosta (rúbrica)
Loading