Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la SEP, a resolver la baja de estudiantes en la licenciatura de medicina, a cargo del diputado Antolín Guerrero Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Antolín Guerrero Márquez, diputado en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Aparte de su enorme impacto sanitario y económico, la pandemia de Covid-19 ha modificado la forma de practicar la medicina y la educación médica, es probable que dicho efecto acelere la transformación que están experimentando ambas actividades.

Esta crisis debería servir a médicos, docentes y estudiantes de medicina para extraer conclusiones y estar mejor preparados para el futuro, en primer lugar, es esencial mantener un pensamiento crítico que proteja contra la “infodemia”, además, no deberían rebajarse, sino mantener íntegros, los estándares científicos y éticos aprendidos en la facultad. Por último, debe recordarse que, en una pandemia tan devastadora como la actual, aparte de la medicina científica, la que se practica con el cerebro, debe ejercerse también esa otra medicina que se practica con el corazón

Segunda. Muchos profesionales sanitarios se enfrentan a la pandemia en unas condiciones subóptimas y se han convertido en uno de los colectivos más vulnerables. Ya hay casi 10 mil infectados, 15 por ciento de la población afectada, aunque son conscientes del riesgo que corren, se levantan cada día sabiendo que son la última barrera ante la pandemia, la última esperanza de miles de pacientes.

Trabajan infatigablemente durante largas jornadas y cada día llegan a sus casas con sensación de agotamiento, irritación e impotencia, cada noche se acuestan intuyendo que el día siguiente será aún peor, ellos dicen que no son héroes, que solo están haciendo su trabajo.

Tercera. Son pocas las generaciones de médicos que tienen que enfrentarse a una situación tan grave como la de estos días. Es un escenario para el que la universidad no prepara, para el que aún no se han elaborado preguntas del examen.

Todo el mundo repite que, cuando la pandemia termine, veremos el mundo con ojos diferentes, es probable que todos aprenderemos algo, pero la huella que esta crisis dejará en los profesionales sanitarios será imborrable.

Las facultades de medicina deberían aprovechar la situación creada por la pandemia, no solo para integrar la formación a distancia como una herramienta más en la enseñanza de la medicina, sino para transmitir a los futuros médicos las enseñanzas que estamos extrayendo de esta crisis, sin duda, las lecciones serán muchas.

Cuarta. Al analizar el caso de los estudiantes de medicina en México no fue posible comprobar que se les otorgaran las condiciones de seguridad mínimas necesarias durante su enseñanza en las unidades hospitalarias en el periodo de contingencia.

Al respecto todas las instituciones de educación superior se pronunciaron, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en un comunicado informó que en sesión extraordinaria el Consejo Técnico de esta facultad había tomado la decisión de “separar a los médicos en formación de las sedes clínicas a partir del día 06 de abril hasta el 30 de abril, momento en el cual se valorará de nuevo la situación”, hasta el día de hoy prácticamente todas la instituciones académicas del país han retirado de manera indefinida a sus estudiantes de los hospitales por no tener garantizada la seguridad de los mismos.

Los médicos residentes de todas las especialidades actualmente continúan activos en las sedes hospitalarias, la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud indicó que deberán continuar con sus actividades de práctica clínica, según su programa académico, también indicó que en el escenario de fase III de la contingencia los médicos residentes deberán permanecer en las unidades médicas por jornadas no mayores de 24 horas, para disminuir el riesgo de contagio en este personal, las instituciones de salud deben brindar los recursos necesarios para garantizar su seguridad. En este periodo de contingencia antes que la enseñanza está la seguridad y protección de todos los estudiantes.

Quinta. La pandemia ha puesto al descubierto la enorme desconfianza de los mexicanos hacia los servicios públicos de salud. Un 76% de los afectados acudió a los centros privados para recibir tratamiento, tanto a hospitales (53%) como a las consultas de las farmacias (23%). Estas cifras son aún mayores entre los trabajadores sin afiliación a un seguro, apenas el 12% usó la red pública sanitaria.

Preocupante es también el dato de los que no visitaron a ningún médico cuando percibieron malestar que podría estar asociado a la covid por miedo a contagiarse en los centros médicos, 16 por ciento. Cerca de 10 personas de cada 100 no fueron por falta de dinero.

Por lo anterior, sometemos a consideración de las legisladoras y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus facultades resuelvan la baja de estudiantes en la licenciatura de Medicina.

Dado en la Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 septiembre de 2021.

Diputado Antolín Guerrero Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP, la CNBV, el IMSS y el ISSSTE a analizar los esquemas de pensiones y emitir un estudio a la opinión pública sobre el cálculo para que los trabajadores beneficiarios obtengan pensiones equitativas y dignas, suscrita por la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El sistema de pensiones en México actualmente se encuentra ante un gran desafío, expertos han considerado ser un esquema que debe analizarse debido a que se puede afectar a la mayoría de los trabajadores que en la actualidad se encuentran en activo.

Históricamente el sistema de pensiones en México, su esencia se encuentra ligada a la formalidad y estabilidad laboral. Y se concibe como un derecho del trabajador, al ser una prestación que se concede cuando este enfrenta un riesgo de trabajo, ante una enfermedad, accidente; o cuando cumplido los parámetros establecidos en la ley de la materia, ha llegado a la etapa que concluye con su edad laboral y procede a su retiro,i con una cantidad mensual para su sustento.

El año 1997, está determinado por el cambio que se dio al esquema de pensiones en México, en la reforma a la Ley del Seguro Social lejos funcionar sobre un sistema de beneficios definidos se transitó a un procedimiento de capitalización individual.

Se ha estimado que, alrededor del 30 por ciento de la población entre la generación de 1973 y 1997 se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Para que proceda la separación de su retiro laboral, están divididos por el régimen y las condiciones impuestas en la Ley. No obstante, lo anterior, los trabajadores que se encuentra registrados a partir del 1 de julio 1997, su régimen de pensiones será menor a lo esperado.

Lo anterior, reside en que el esquema del año 1993 era determinado por el número de semanas cotizadas y los últimos años de trabajo formal, lo que daba beneficios para alcanzar una pensión digna del 100 por ciento derivada de su último sueldo. A diferencia de lo dispuesto para el año 1997, se ha estimado que el trabajador recibirá una pensión menor, en virtud de que será pagada por el monto ahorrado en su cuenta de retiro o afore, imponiéndoles más semanas cotizadas para recibir una pensión que se estima sea del 40 por ciento del último sueldo.ii

Al respecto, especialistas han señalado que el 90 por ciento de la población que se encuentra bajo el esquema de la Ley de 1997, contará con pocos recursos para sobrevivir, mientras que existe un 10 por cientoiii al que se le está ofreciendo mucho, sin embargo, no se tendrá el suficiente presupuesto para solventar esta prestación.

Por otro lado, en el caso de los trabajadores al servicio del estado, en la reforma del año 2007 a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se incluyó el aumento en la edad, el tiempo de cotización, de quince a veinticinco años, por cada trabajador y para las pensiones por vejez y por cesantía en edad avanzada, el aumento del tiempo de cotización fue de diez a veinticinco años. Así como, el efecto derivado de esta reforma fue la privatización de la seguridad social, que pasó de un ahorro individual a estar en manos de un órgano público desconcentrado del Instituto, denominado Pensionissste.

El régimen de pensiones ha generado un sin fin de problemas a los trabajadores que deciden retirarse y recibir su pensión, este sistema hace que exista un trato desigual entre los trabajadores y sus derechos se ven afectados en la aplicación de la Ley del ISSSTE, por mencionar algunos se encuentran el modelo de atención a la salud, pero principalmente el derecho a la jubilación que vulnera los derechos adquiridos de las y los trabajadores al servicio del Estado.

Dos de los problemas a los que actualmente se enfrenta este sector de la sociedad, es la aplicación de la unidad de medida aritmética, donde la Suprema Corte determinó que todas las pensiones deberían de pagarse a través de este medio, cuando anterior a esta reforma el cálculo de su pensión se hacía a través del salario mínimo general vigente, es decir, que del 100 por ciento de su pensión con la aplicación de la UMA este se ve reducido en un 60 por ciento.

Antes de la reforma a la Ley de 2007, respecto a la generación de transición, en el tema de los años de servicio, los trabajadores deberían de contar con treinta años de cotizaciones para hombres y veintiocho para mujeres, sin embargo, actualmente con la modificación los trabajadores no pueden hacer uso de este derecho, debido a que deben contar con cierta edad de acuerdo con una tabla de cotización que define como límite la edad de sesenta años.iv

Los factores que inciden para analizar el sistema de pensiones en México y que resulta satisfactorio para sus beneficiarios a largo plazo son: el gasto público, de este rubro proviene la mayor erogación por parte de la federación, tan solo se calcula que un 162 por ciento del año 2000 a 2017, que comprende un 8 por ciento anual.v

La tasa de cotización actual para el IMSS y el ISSSTE, actualmente se encuentra ubicada en el 6.5 por ciento del salario base, que al ser una pensión que deriva de la contribución de los trabajadores proviene de los años laborados y la otra proviene de los esquemas definidos por la ley, ambos al ser integrados para el sistema pensionario es menor de los esperado por los trabajadores.

Las acciones en conjunto que el gobierno implemente a favor de todos mexicanos, que en mayor medida beneficiara a la mayor parte de la población que se encuentra activamente trabajando, por ello, urgen acciones y políticas públicas encaminadas a solucionar los derechos y beneficios de los trabajadores en materia de pensiones, para quienes están a punto de ejercer su derecho de retiro o jubilación, así como, de aquellos que a largo plazo aplicaran para este rubro tan importante para la sociedad.

Por lo anterior, urge que las instancias involucradas desde el gobierno federal y los organismos descentralizados que tienen la dirección y la operación de los recursos que se convertirán en pensiones, consideren realizar el análisis que conlleve a que los trabajadores cuenten con pensiones dignas y equitativas, que no impliquen un costo laboral en la sostenibilidad económica financiera destinada a este sector de la sociedad.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que analicen los esquema pensiones y emitan un estudio a la opinión pública sobre el cálculo, a fin de que los trabajadores beneficiarios de las mismas, obtengan pensiones equitativas y dignas.

Notas

i https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales /recuadros/%7B097F33DE-A56A-DA9E-9620-7A9CDC32AA8B%7D.pdf

ii https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45820/1/S2000382_e s.pdf

iii Idem

iv http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05 652018000300121

v https://ciss-bienestar.org/wp-content/uploads/2020/01/Pensiones-colores .pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE sobre el PROY-NOM-237-SE-2020, “servicios educativos-disposiciones a las que se sujetarán los particulares que presten servicios en la materia”, para que considere todas las normas jurídicas vigentes que regulan el quehacer educativo, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

Cynthia Iliana López Castro , diputada federal por la Ciudad de México, integrante de esta Sexagésima Quinta Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, elevó a la digna consideración de esta Soberanía, la presente propuesta con punto de acuerdo con el objeto de realizar exhortó a la Secretaría de Economía , con base en las siguientes:

Consideraciones

Desde agosto del año 2020, la Secretaría de Economía ha llevado a cabo trabajos para realizar el anteproyecto de la NOM 237, cuyo propósito es establecer las disposiciones a las que se sujetarán todos los proveedores que presten servicios educativos a cambio de una contraprestación económica, proporcional a los servicios ofrecidos e instalaciones habilitadas para los mismos de acuerdo a su objeto. A su vez, tiene como finalidad establecer los derechos de los consumidores que contraten dichos servicios.

Para el 12 de mayo de 2021, ya avanzado el proceso de creación de la norma, se publica en el Diario Oficial de la Federación con la calidad de proyecto de norma oficial mexicana (PROY-NOM-237-SE-2020, Servicios educativos-Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia), producto del trabajo de la Dirección General de Normas y del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), proyecto que una vez publicado se sujetó a consulta pública durante 60 días naturales posteriores a dicha fecha, concluyendo tal consulta pública el 11 de julio del año en curso.

Ahora mismo dicho proyecto de norma se encuentra en la etapa de revisión de los comentarios que los interesados aportaron, para dar respuesta a cada uno de dichos comentarios, para modificar el proyecto de norma y afortunadamente para cancelar el proyecto de norma cuando derivado de los comentarios recibidos en el periodo de consulta pública, se estime que no hay materia por no ser necesaria su expedición.

Y es justamente en este último escenario en el que nos encontramos, derivado de una reciente reforma constitucional en materia educativa, que expresamente reconoce en su artículo 3o. el derecho fundamental a la educación, dejando bastante claro que la educación es un servicio público intangible y permanente, dando paso a la nueva Ley General de Educación vigente en la que ya se encuentran debidamente establecidos los mecanismos para:

1. El ejercicio del derecho a la educación;

2. Lo necesario para alcanzar la equidad y la excelencia educativa;

3. La función de la nueva escuela mexicana;

4. Manifiesta claramente los fines de la educación;

5. Los criterios conforme a los que se deberá impartir la educación;

6. Deja de manifiesto que la educación debe ser integral, lo que significa que se fundamenta bajo el principio de intangibilidad de la dignidad humana, siendo el servicio educativo un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que permitan al individuo alcanzar su desarrollo personal y profesional, como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y mejoramiento de la sociedad de la que forma parte; durante este proceso es posible referirse a las personas con los términos: estudiante, alumno, discípulo e incluso aprendiz, a los maestros como educadores y cuando se trata de menores de edad a sus representantes legales llamarles padres de familia;

7. Se fortalece al Sistema Educativo Nacional en el que se concentrarán y coordinarán los esfuerzos del Estado, de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos por la Constitución y las leyes de la materia, del cual nos sentimos honrados de formar parte, priorizando siempre al educando;

8. Distingue sin dejar lugar a duda, los diferentes tipos de educación, pasando por la indígena, la humanista, la inclusiva y para personas adultas; alcanza disposiciones para el fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación;

9. De esta Ley General emanan disposiciones que regulan, la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos;

10. La capacitación de los docentes y el personal que labora en los planteles de educación;

11. Promueve la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos;

12. Establece lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela;

13. Conforme a los criterios asequibilidad y adaptabilidad genera condiciones para que todo tipo de población ya sea indígena, afromexicana, rural, marginada o personas con discapacidad, ejerzan el derecho a la educación;

14. Dispone que las madres y padres de familia o tutores son corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años y no solo deben participar sino también acercarse a la mayor posibilidad de información y orientación para cumplir con su obligación ciudadana;

15. Dispone la formación para el trabajo;

16. Se considera utilizar el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semipresencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población;

17. Se revaloriza a las maestras y los maestros considerando al magisterio como agente fundamental en el proceso educativo, constituyendo el sistema integral de formación, capacitación y actualización, para las maestras y los maestros para que sea permanente el fortalecimiento de la formación docente;

18. Respecto de los espacios físicos donde se lleva a cabo la actividad educativa, dispone las condiciones que debe darse para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, emitiendo los lineamientos para establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación;

19. Se considera la emisión de una Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, el cual es un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al contexto regional de la prestación de los servicios educativos;

20. Se dispone la creación del Consejo Técnico Escolar por plantel, con su respectivo Comité de Planeación y Evaluación para formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales y obviamente evaluar sus avances;

21. Se establece el Sistema de Mejora Continua de la Educación previsto en la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, organismo que contará con un Consejo Ciudadano honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa.

Que del propio artículo 3o. constitucional y la Ley General de Educación que de él emana, se constituye el Sistema Educativo Nacional, cuyos integrantes son entre otros: los educandos; las maestras y los maestros; las madres y padres de familia o tutores, así como a sus asociaciones; las autoridades educativas; las autoridades escolares; los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; considera parte del Sistema Educativo Nacional la formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación física y la educación tecnológica. Para la educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en la Ley General de Educación y de acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para ofrecerles una oportuna atención. Desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias; se concentrarán y coordinarán los esfuerzos del Estado, de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos por la Constitución y las leyes de la materia.

Que se establece la corresponsabilidad social en el proceso educativo, fomentando la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como de los particulares, ya sean personas físicas o morales para que coadyuven en el mantenimiento de las escuelas.

Igualmente dispone los derechos y obligaciones de las madres y los padres de familia o tutores de los educandos, corresponsables del proceso educativo, tanto como personas físicas como a través de asociaciones de los mismos.

Que también regula que en cada escuela se pueda instalar y operar un Consejo de Participación Escolar o su equivalente, el cual será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros, para que entre otras cosas puedan: promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité Escolar de Administración Participativa, y llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar.

Que se prevé que en cada municipio, se podrá instalar y operar un Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros, para que entre otras cosas puedan: gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar comunitario, proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la comunidad, y en general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

Y también podrá instalarse y operar un consejo equivalente en cada Entidad Federativa denominado Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo.

Que está dispuesto todo lo relativo al servicio social que deben prestar las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que así lo establezcan, así como las tutorías y acompañamientos e inclusive las prácticas profesionales, que benefician al bien común y permiten ejercitar los conocimientos adquiridos.

Que dispone que medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico que les rige, en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro de los fines de la educación, gracias a esta disposición en la Ley General de Educación es que ahora mismo durante la pandemia causada por el Covid-19, se logró la implementación del programa nacional “Aprende en Casa”.

Que dispone que los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la república. Las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República. La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la república sean reconocidos en el extranjero, y también prevé cómo se validan los estudios de los extranjeros en nuestro país.

Que dedica un título completo a la educación impartida por particulares, quienes podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de Ley General de Educación, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la misma ley ya mencionada.

Además de cumplir con lo dispuesto por la Ley General de Educación, también se especifican los requisitos que se deben cumplir de forma especial, la información que se debe publicar para dar seguridad al usuario del servicio educativo, el otorgamiento obligatorio de becas, el cumplimiento con la evaluación y vigilancia que hacen las autoridades educativas, los refrendos de las autorizaciones, los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares, y en general todas y cada una de las actividades y relaciones que los particulares con autorización o registro de validez de estudios tienen en el desempeño de la labor educativa coadyuvante con el Estado mexicano.

Es de llamar la atención que no hay mención alguna respecto de que la educación sea susceptible de comercializarse, será porque no constituye un acto de comercio, y por ende las actividades que realizan los particulares con autorización o registro de validez de estudios, debe regirse por las disposiciones legales vigentes para la actividad educativa en general y sus específicos, que como queda claro, regula y prevé a detalle el servicio educativo, protegiendo siempre al educando que está al centro de esta noble y necesaria labor, que con la participación de los particulares el Estado mexicano ha podido ir históricamente, proporcionando a la ciudadanía mayores oportunidades sin que signifique un costo directo al erario mexicano.

Que además de todo lo antes citado, existen incontables leyes, reglamentos, códigos, decretos, acuerdos, programas, manuales y circulares, entre otros, a los que se deben ajustar quienes presten el servicio educativo.

Dado que todo en materia educativa ya está regulado, y lo que no es materia educativa también ya se encuentra regulado en alguna norma jurídica, lo ético, lo sano para la ciudadanía es que se estime que no hay materia y no es necesaria la expedición de la NOM 237, procediendo a la publicación de la cancelación del proyecto.

A todo lo antes expuesto habrá que agregar que nos encontramos en un contexto crítico para los ciudadanos y para las instituciones de educación particular ya que, se calcula que casi 2 millones de estudiantes, de diferentes niveles académicos, se han dado de baja de las escuelas particulares durante esta pandemia. No obstante, no existe claridad de que estos estudiantes que dejan las aulas de escuelas particulares que prestan el servicio educativo sean acogidos por el sistema educativo que prestan las Instituciones Educativas del Estado.

Consecuencia de tan complejo escenario, se estima que 4 de cada 10 escuelas desaparecerán, lo cual representaría la desaparición de 18 mil 657 escuelas particulares tan solo de inicio. De acuerdo con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), la “mayoría de sus afiliados tendrán una disminución del 30 por ciento en matrícula, mientras que otros podrían llegar al 60 por ciento menos”.1

Al tratarse de un tema de gran impacto para millones de alumnos y sus familias, y siendo el Congreso una instancia cuya característica esencial es el diálogo y los acuerdos, resulta pertinente utilizar esta alta tribuna para hacer un exhorto a la Secretaría de Economía.

Por ello en lo antes expuesto, presento el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, como la emisora del proyecto de norma oficial mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020, Servicios educativos-Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia”; para que considere todas las normas jurídicas vigentes que regulan el quehacer educativo entre las que ya existen normas que cumplen con lo planteado por el proyecto de NOM que nos ocupa; para que tome en cuenta todas las artistas y detalles que conforman la urdimbre educativa, que considere que con las normas jurídicas vigentes el destinatario final del servicio educativo está protegido desde todos los ángulos posibles y los prestadores del servicio educativo más que nunca supervisados y cuando es necesario sancionados; exhorto para que en función de que, como ya ha quedado establecido, no hay materia por no ser necesaria su expedición, se cancele dicho proyecto en bien de los ciudadanos mexicanos.

Nota

1 https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-privada-a-la-baja-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT, la Secretaría de Bienestar y la SHCP a implantar un programa de apoyo para los afectados por el huracán Grace en la Sierra Norte de Puebla, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sábado 21 de agosto del 2021, el huracán Grace tocó tierra en la costa de Veracruz como huracán categoría 3, afectando de forma severa 64 municipios de la Sierra Norte y nororiental de Puebla, en donde habitan 1 millón 227 mil 862 personas.1

Según las primeras estimaciones, el huracán Grace causó la muerte de 5 personas en la Sierra Norte de Puebla y provocó daños a viviendas, caminos, infraestructura hídrica y eléctrica, así como a cultivos y cosechas (maíz, café, frijol, y cultivos frutales, especialmente, aguacate y manzana). En palabras de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla, Ana Lucía Hill, más de 20 mil viviendas fueron afectadas, muchos caminos quedaron totalmente destrozados, interrumpiéndose durante varios días los servicios eléctricos para más de 315 mil personas y un número aproximado de 63 centros médicos y 28 escuelas resultaron con afectaciones.2

El gobernador de Puebla, licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, solicitó el 23 de agosto apoyo a la federación para atender a los damnificados y especialmente para reparar las carreteras afectadas porque, según sus palabras, “hay lugares inaccesibles y muchos caminos quedaron despedazados”.3

El gobierno estatal inició con rapidez el apoyo a las comunidades afectadas. El 25 de agosto aprobó las Reglas de operación para otorgar apoyos con la finalidad de atender a la población afectada por el fenómeno hidrometeorológico denominado huracán Grace.4

En el primer artículo del decreto del ejecutivo estatal se afirma que “Es objeto de las presentes Reglas establecer los criterios para el otorgamiento de apoyos a la población afectada, a través de ayudas en especie consistentes en láminas, cobijas, colchonetas, agua, despensas, ropa, calzado, equipo de limpieza u otros bienes necesarios, así como ayudas, asignaciones, subsidios, transferencia de recursos, ayudas por siniestros a la pérdida de cosechas, la contratación de obras y servicios relacionados con las mismas que permita rehabilitar, limpiar y reconstruir carreteras y caminos, entre otros”.5

Si bien la actual administración ha puesto especial énfasis en la atención de este tipo de situaciones producto de las afectaciones por desastres naturales, lo cierto es que los municipios del estado de Puebla afectados por el huracán Grace siguen enfrentando serias dificultades para atender de manera oportuna y suficiente esta situación extraordinaria, por lo cual se debe responder al llamado de auxilio de las autoridades municipales quienes piden no ser abandonados.

Es por esta razón que hoy se presenta un exhorto que busca abonar en las tareas de apoyo a la reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura de las zonas afectadas por el huracán Grace en la Sierra Norte de Puebla, mediante el exhorto a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público a fin de que instrumenten un programa de apoyo para los afectados por el fenómeno hidrometeorológico señalado, cuyo objetivo sea otorgar recursos y ayudas para que ninguna comunidad quede incomunicada, como es el caso del municipio de Francisco X. Mena, el cual no puede comunicarse con las comunidades de La Máquina y Los Juanes por la imposibilidad de atravesar el río Pantepec (Tuxpan) y para coadyuvar con el gobierno del estado de Puebla en sus programas de reconstrucción, especialmente los que tienen que ver con los productores agrícolas y la pérdida total de sus cosechas.

Para lo anterior se requiere de la participación activa de las instituciones federales mencionadas para definir, de acuerdo a los principales problemas estructurales detectados, las acciones que deberán integrar dicho programa de apoyo para los afectados por el huracán Grace, así como las reglas de operación, los lineamientos de entrega y los destinatarios del mismo.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Bienestar, y de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones y de manera coordinada, diseñen e implementen un programa de apoyo para los afectados por el huracán Grace en la Sierra Norte del estado de Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, de acuerdo con los principales problemas detectados tras el paso del huracán Grace en la Sierra Norte del estado de Puebla, defina las acciones que deben integrar la reconstrucción de la infraestructura dañada, garantizando que no queden zonas incomunicadas como es el caso del municipio de Francisco X. Mena.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar para que, en el marco del programa de reconstrucción, defina las reglas de operación y los lineamientos de apoyo para los productores agrícolas y sus familias afectados por el huracán Grace en la Sierra Norte del estado de Puebla.

Notas

1 Véase, Carlos Morales, “Solicitan declaratoria de desastre en Puebla”, Milenio, 25 de agosto de 2021. Disponible en:

https://www.milenio.com/politica/gobierno/puebla-se-decl ara-en-desastre-por-huracan-grace

2 Ibídem.

3 Véase, Óscar Uscanga, “Urge Barbosa apoyo federal a Puebla por Grace”, El Norte, 23 de agosto de 2021. Disponible en: https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as px?__rval=1&urlredirect=/urge-barbosa-apoyo-federal-a-puebla-por-gr ace/ar2244938

4 Acuerdo del Ejecutivo del estado, por el que establece las Reglas de Operación para otorgar apoyos con la finalidad de atender a la población afectada por el fenómeno hidrometeorológico denominado huracán Grace ocurrido en Puebla el 21 de agosto de 2021, así como los procedimientos de coordinación entre las diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal”, publicado el 25 de agosto de 2021. Disponible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/reglas-de-op eracion-para-otorgar-apoyos-con-la-finalidad-de-atender-a-la-poblacion- afectada-por-el-fenomeno-hidrometeorologico-denominado-huracan-grace

5 Reglas de operación para otorgar apoyos con la finalidad de atender a la población afectada por el fenómeno hidrometeorológico denominado huracán Grace file:///C:/Users/encua/Downloads/Reglas_Operacion_otorgar_apoyos_atende r_a_la_poblacion_afectada_por_el_Fenomeno_Huracan_Grace_EV_25082021.pdf

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a liberar por la SHCP, el SAT y la STPS estímulos fiscales a empresas para deducir aportes tributarios, por recaer en el ISR o el ISN, a fin de ayudar a mexicanos de 45 años y adultos en situación de vulnerabilidad durante esta pandemia, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, sustenta el derecho a la no discriminación por actos que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ya sea por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo quinto, provee la libertad de ocuparse en la profesión, industria comercio o trabajo que se le acomode siendo lícito y la única razón para vedarse es por determinación judicial, se ataquen derechos de terceros o por resolución gubernativa.

Estando alertas y de conocimiento por los obstáculos causados por la enfermedad de Covid-19, y que, tomando en cuenta los avances en la generación de empleos, hay aún números alarmantes respecto a la desocupación laboral.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo trimestre de 2021, se tomó como totalidad la población de 15 años y más, que representa a 97.7 millones de mexicanos.

De esos 97.7 millones que representan el cien por ciento, sólo 57.7 millones (59 por ciento) se encuentra categorizada como población económicamente activa (PEA), que se refiere a todas las personas en edad de trabajar, o contaban con una ocupación durante el periodo de referencia o no contaban con una, pero estaban buscando emplearse con acciones específicas. Así, la PEA tiene 4.2 por ciento de población desocupada (2.4 millones de personas de 15 años y más), es decir abiertamente desempleada.

Sin embargo, la población no económicamente activa (PNEA) representa 41 por ciento, es decir 40 millones de personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados.

De ese 41 por ciento de PNEA como totalidad, 19.8 por ciento se encuentra disponible para ocuparse laboralmente, es decir, 7.9 millones de mexicanos de 15 años o más dispuestos a emplearse.

Ahora, teniendo el contexto de la situación del país, y tomando sólo los datos de la Población Económicamente Activa brindadas por el Inegi y su ENOE, la población desocupada de 45 años y más pasó de 641 mil 112 desempleados en el segundo trimestre de 2020 a 544 mil 67 en el segundo trimestre de 2021. Contando con un detrimento en el desempleo de apenas 97 mil 45 mexicanos en un año.

Por lo anterior, sabemos que los adultos de 45 años y más, añadiendo a los adultos en situación de vulnerabilidad, necesitan de un impulso frente a las generaciones más jóvenes en cuanto a la oportunidad de ocuparse y participar de manera activa en la situación económica del país.

Se toma como un acto de discriminación que vulnera los derechos de los mexicanos y como excusa la asunción que los adultos y el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no son compatibles o imposibles de dominar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal para que, de acuerdo a su facultad plasmada en el artículo 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, liberen estímulos fiscales a empresas para poder deducir aportes tributarios, y que recaigan en el Impuesto sobre la Renta (ISR) o en el Impuesto sobre Nómina (ISN), a fin de ayudar a mexicanos de 45 años y adultos en situación de vulnerabilidad durante esta pandemia, logrando una inserción e inclusión laboral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a convocar a sesión de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Amalia Dolores García Medina, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Desde septiembre de 2018, se han formado rápidamente, caravanas de migrantes con el propósito de arribar a los Estado a Unidos, integradas en su gran mayoría por familias migrantes provenientes de los países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) pero también de Cuba, Haití, Venezuela y algunas naciones africanas.

Las razones que alientan la migración son multifactoriales; fundamentalmente las amenazas del crimen organizado, la expansión de las redes de trata y traficantes de personas y la precarización del mercado de trabajo, han detonado flujos masivos de migrantes, batiendo récord de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos y México.

Desde que inicio su gestión la actual administración en Estados Unidos, más de 1.3 millones de migrantes han sido detenidos. Las autoridades migratorias realizaron más de 188 mil detenciones en junio; de ese total, 76 mil 751 fueron de personas de Honduras, Guatemala y El Salvador, migrantes que huyen de la pobreza, la violencia criminal y el cambio climático.

Los mexicanos siguen siendo el grupo de migrantes que llegan en mayor número a Estados Unidos. En junio, 64 mil 854 de mexicanos cruzaron sin documentos, mientras que un mes antes fueron casi 71 mil.

La patrulla fronteriza registró el arribo de 212 mil migrantes en julio y de 208 mil en agosto.

De acuerdo con estadísticas del gobierno mexicano, en el periodo comprendido de enero a julio de este año, han sido presentados 117 mil migrantes indocumentados ante autoridades migratorias de nuestro país y bajo el eufemismo del retorno asistido, han sido repatriados 49 mil 530 migrantes acompañados de sus familias. Por su parte, el gobierno norteamericano ha repatriado a 130 mil connacionales en el mismo periodo, una cifra no vista en los últimos años.

La llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos y la crisis política y económica de naciones de Caribe como Haití , con masivos flujos de personas intentando llegar primero a Ecuador y Colombia, y desde ahí comenzar su largo periplo hasta alcanzar la frontera estadounidense, han puesto de manifiesto la ausencia de una política migratoria del gobierno mexicano y la carencia de políticas públicas orientadas a la defensa y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. La inclusión de personas vulnerables y la exclusión de la perspectiva de género, como dispone el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada.

Es decir, a la par de la crisis humanitaria que se supone al arribo de centroamericanos y caribeños, su desplazamiento por el país y su alarga espera en las ciudades fronterizas, no debe de perderse de vista que también existe un creciente número de mexicanos y sus familias que desean internarse en los Estados Unidos y que en su mayoría son deportados por autoridades migratorias norteamericanas.

II. En el sexenio pasado, grupos de derechos humanos criticaban la política unilateral de los Estados Unidos para fichar y deportar mexicanos a través de vuelos charter a diversas ciudades del país. Esas expulsiones incluían mujeres y menores no acompañados y hombres que incluso eran trasladados esposados en los aviones bajo la custodia de alguaciles (marshalls) en territorio nacional.

Desde el inicio de la actual administración, se han impuesto una visión policiaca u de seguridad como única respuesta y solución a la crisis migratoria, Hemos observado dramáticas imágenes de agentes del Instituto Nacional de Migración lastimando. Maltratando y humillando a migrantes por su condición; hemos visto a la Guardia Nacional desalojando, arremetiendo y disolviendo a las caravanas de migrantes en el sur del país. La contención es la regla, y se aplica sin matices.

Ya no hay muchas diferencias entre la ferocidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y los agentes de migración en México al momento de enfrentar a los migrantes.

Las acciones adoptadas por el Gobierno Federal para mitigar los efectos de esta crisis humanitaria no han tenido resultados positivos, ya que en la toma de decisiones ha imperado la improvisación y el desconocimiento del fenómeno, teniendo como estrategia migratoria la contención sin sentido humanitario, todo ello sin tomar en cuenta a los expertos y especialistas en la materia. Las acciones de los agentes fronterizos pueden calificarse como abusivas de los derechos humanos, crueles, inhumanas, y suponen una flagrante violación de leyes nacionales e internacionales, particularmente del marco normativo constitucional aprobado en 2011 en materia de derechos humanos y de legislación secundaria como la Ley de Migración promulgada el mismo año, y la Ley sobre refugiados, Protección complementaria y Asilo Político.

Si antes la normalidad eran las deportaciones exprés de los migrantes vía aérea desde Estrados Unidos a México, hoy la nueva modalidad son fuetes y látigos de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas, y las patadas y empellones de la Guardia Nacional en Chiapas.

III. El 19 de septiembre de 2019 entró en vigor el decreto que crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria que “dependerá de la Secretaria de Relaciones Exteriores y tendrá por objeto fungir como instancia de coordinación de las políticas, programas y acciones que las dependencias, órganos administrativos desconectados y entidades de la Administración Pública Federal tienen en materia migratoria para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias de coordinación que al efecto establezca la Comisión en dicha materia”.

La Comisión Intersecretarial es presidida por el titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores y está integrada por ocho Secretarías y ocho dependencias federales. Desde su creación y hasta abril de 2021, únicamente ha celebrado cinco sesiones ordinarias de carácter informativo, sin que sus opiniones o recomendaciones sean vinculantes.

Simultáneamente, existe una Mesa Interinstitucional para la Atención Integral a Familias Mexicanas en Retorno y Repatriada, que esta integrada por las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Educación, de Economía, de Salud, y de Trabajo y Previsión Social, además del IMSS, el SAT, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Desde su creación en diciembre de 2020, la Mesa Interinstitucional ha llevado a cabo sólo tres reuniones, la última de ellas el pasado mes de junio en medio de la crisis migratoria más grave en las últimas tres décadas en México.

Por otro lado, México tiene la presidencia pro témpore 2021 del Grupo de Trabajo sobre Gestión Fronteriza, de la Conferencia Regional sobre Migración.

La Conferencia está integrada por Canadá, Estados Unidos y México; por Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Esas naciones comparten problemáticas relacionadas con el origen, transito, destino y retorno de migrantes.

El Grupo de Trabajo sobre Gestión Fronteriza es coordinado por el Instituto Nacional de Migración (INM) y lo conforman: el INM, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas de la Secretaria de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Lo anterior demuestra que, si bien existen instancias gubernamentales encargadas de atender ese fenómeno, no se le otorga la debida la debida a tención, ni la relevancia de sus consecuencias o implicaciones. No existe conjunción de esfuerzos, ni unificación de criterios en materia migratoria ni una política transversal y eficaz de Estado en la materia, Pareciera que se invisibiliza a la migración en cualquiera de sus modalidades.

México debe poner en marcha, con carácter urgente, una iniciativa que permita respuestas eficaces junto a sus pares centroamericanos. Es imperativo contar con una respuesta regional a los flujos migratorios.

Por el lado de Estados Unidos, no basta lanzarle propuestas inviables ni limitar sus estrategias policiacas.

IV. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos comprometidos en velar por los intereses y el respeto de los derechos de las personas migrantes en tránsito y sus familias, así como de las mexicanas y los mexicanos que se desplazan hacia el vecino país, por lo que llamamos al Ejecutivo federal a abandonar la desafortunada estrategia policiaca de contención de los flujos migratorios y atender bajo una visión de respeto a los derechos humanos, su arribo al país.

Creemos en la necesidad de establecer un acuerdo migratorio regional amplio que defina estrategias de corto y mediano plazo, avanzando de manera integral en alternativas de ocupación e inserción laboral y social de los migrantes y sus familias.

Se requiere, en suma, el diseño de un pacto de América del Norte y de Centroamérica en materia de migración, refugio y desarrollo regional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a convocar a sesión permanente a la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria para coordinar acciones de corto y mediano plazo sobre la actual crisis migratoria fronteriza.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores a ampliar las atribuciones y la población objetivo de la Estrategia Interinstitucional de Atención Integral a Familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno, con el propósito de atender, dar seguimiento y proponer alternativas de solución integrales y emergentes a la población migrante transfronteriza.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que se convoque a la instalación en sesión permanente, a la Mesa Interinstitucional para la Atención Integral a Familias Mexicanas en Retorno y Repatriada con el propósito de atender, monitorear, revisar y proponer alternativas de soluciones integrales a la crisis migratoria.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Grupo de Trabajo sobre Gestión Fronteriza del Gobierno Mexicano de la Conferencia Regional sobre Migración, para que delinee estrategias efectivas de mediano plazo y aborde desde un enfoque multidimensional y no sólo de seguridad, el fenómeno migratorio con perspectiva de derechos humanos, no discriminación, inclusión e igualdad, y desarrollen una agenda una agenda de atención integral de la migración trasfronteriza.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2021.

Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la crisis forense derivada de la incesante violencia en Jalisco, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Introducción

Jalisco atraviesa una ola de violencia e incidencia criminal, producto, principalmente, de la presencia de grupos organizados delictivos en la entidad. De acuerdo con datos oficiales, del propio gobierno de Jalisco, se han registraron 1 mil 260 homicidios dolosos, esto se traduce en un promedio de 5 personas asesinadas diariamente1 .

Los datos también indican un aumento en el número de homicidios por arma de fuego con respecto al mismo periodo del año anterior, este pasó de 707 en 2020, a 793 en lo que va de 2021. Esto indica que la presencia de grupos criminales trae consigo una mayor circulación de armas en las calles2 .

Ante una elevada incidencia de crimen y homicidios, que no tienen una reducción significativa desde hace años, el Estado de Jalisco ha presentado desde tiempo atrás una crisis forense que se ha visto entorpecida en sus procesos de identificación y entrega de cuerpos, llegando incluso a actos de negligencia. Lo anterior, debido a una mala administración del Gobierno Estatal tanto en materia de seguridad como en materia administrativa.

II. Antecedentes

La crisis forense en Jalisco se comenzó a dejar en evidencia cuando en el año 2016, se contrató una primera caja frigorífica, como resultado de un acuerdo entre el ex director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Octavio Cotero Bernal y el entonces fiscal Rafael Castellanos. Esta caja frigorífica funcionaría como resguardo de cuerpos sin identificar, que incluso desde ese entonces, ya era un problema por el espacio de resguardo con el que se contaba.

Como consecuencia de una mala organización, falta de permisos y ante la queja de los vecinos, la expresidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, clausuró la bodega donde se resguardaba la caja frigorífica y exigió al gobierno retirar el vehículo de la zona3 .

Una vez que se hizo pública la existencia de estos contenedores en 2018, se dio el número preliminar de 157 cuerpos, para después pasar a 273 cadáveres que eran resguardados en esta caja de tráiler. Sumado a lo anterior, se reveló la existencia de otro contenedor con más de 49 cuerpos, que más los 122 en resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sumaron 444 cuerpos sin identificar.

En aquel entonces, las medidas inmediatas para buscar solucionar el problema fueron: el anunció de la construcción de dos cámaras refrigerantes en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la contratación de 18 peritos que apoyarían en las labores de identificación y entrega de cuerpos y la integración de una comisión de inhumación para garantizar que los cuerpos contaran con datos para su identificación. Al final, de los 444 cuerpos sin identificar, 380 fueron inhumados en el Panteón de Guadalajara y solo 64 fueron reclamados por familiares.4

III. Contexto

A más de tres años de estos sucesos, la situación actual no es muy diferente de aquel entonces. Los índices de violencia en el estado son altos y se presenta un rezago en la identificación de cuerpos en el IJCF de 40 por ciento tan solo en los dos primeros años de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.5

A pesar de los esfuerzos del IJCF, la ola de violencia que vive Jalisco trae consigo que diariamente se presente el fallecimiento de múltiples personas que en muchas ocasiones no son identificadas, es así como por consecuencia de el alto número de homicidios al día y la lenta respuesta del IJCF, se presenta una saturación de los servicios forenses.

De acuerdo con datos oficiales, tan solo del 20 de septiembre al 22 de septiembre del presente año, se han presentado 12 muertes por homicidio.6

Fuente Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Mientras que, en términos anuales, para el pasado 2020, Jalisco fue el quinto estado con más homicidios dolosos, esto según a datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.7

Fuente Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Además de la ya mencionada situación de violencia que se vive en el Estado, es inevitable mencionar que el IJCF cuentas con fallas estructurales que entorpecen su campo de acción. Por ejemplo, la carga excesiva de trabajo, la resistencia a la comparación de procesos, el trabajo paralelo de direcciones que podrían trabajar de manera conjunta y las restricciones administrativas han sido algunas acciones que impiden el correcto funcionamiento del IJCF.

Dentro del IJCF se vive una falta de coordinación entre las autoridades que son las encargadas de los procesos de localización, resguardo, identificación y disposición final de los cuerpos de los fallecidos sin identificar. Además, el nuevo sistema de justicia penal se enfoca en dar una mayor relevancia a las pruebas periciales ante los órganos de justicia. Lo anterior trajo consigo una mayor carga laboral para el personal pericial, pero no se obtuvo los recursos humanos, económicos y materiales, como se reconoció en el plan institucional del IJCF.8

A su vez, la crisis forense también ha traído consigo importantes violaciones a los derechos humanos, pues la incineración de cuerpos sin identificar ha perfilado como la falta más grave de todas.

Ya que dentro del artículo 346 de la Ley General de Salud, se establece que:

Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración.

Sin embargo, a pesar de lo establecido en la Ley el IJCF reconoció haber cremado cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Declarando que incineraron a más de 1,571 personas entre 2006 y 2015, de los cuales 1 mil 430 no se les tomo muestras de tejido orgánico para la obtención del perfil de ADN.9

Esta práctica actualmente es ilegal según el artículo 128 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, ya que viola los derechos de las víctimas y sus familiares, al imposibilitar futuras identificaciones y negar una restitución digna.

La mala gestión de labores por parte del IJCF ha violentado los siguientes derechos humanos:

• Derecho la dignidad humana

• Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

• Derecho a la identidad

• Derecho a la integridad personal

• Derecho a no ser sometida a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

La cremación de cuerpos que no han sido identificados se considera una acción inhumana de destrucción de personas, acción que se sabe fue realizada con la participación del IJCF, autoridades estatales y municipales.10

A pesar de la mala situación que se vive en el IJCF, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, descarta que se viva una situación tan preocupante como la que se dio hace años con la aparición de los contenedores. Pero los cerca de 5 mil 738 cuerpos sin identificar y un regazo en el rubro de identificación humana colocan a Jalisco como el cuarto estado a nivel nacional con este problema.11

Otro punto para considerar es que El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses depende de la Secretaría de Gobierno del estado de Jalisco, por consiguiente, se ve subordinado al Ministerio Público, ya que éste tiene las atribuciones constitucionales para aquello que involucra al sistema penal.

Esto no ha traído más que una falta de comunicación entre las dos instituciones, así como falta de seguimiento de los agentes del MP en los expedientes para la identificación forense. Lo anterior se traduce en fallas en los procesos del IJCF para la identificación de cuerpos, además de avances muy lentos en las investigaciones por parte del MP, por lo que el impacto que tiene en la crisis forense esta falta de comunicación y coordinación entre estas dos instituciones, más la falta de recursos humanos de calidad, recursos monetarios, materiales e infraestructura agravan la crisis ya existente.

Se necesita la correcta comunicación y disponibilidad de trabajo entre el IJCF así como de la Secretaría de Gobierno del estado, se deben agilizar los procesos de identificación de cuerpos respetando las leyes de derechos humanos. También es sumamente importante un competente apoyo policial en los casos que se requiera para poder lograr una disminución de la actividad delictiva y así poder lograr un menor número de ingreso de cuerpos al IJCF.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo estatal, así como a las instituciones y dependencias estatales públicas involucradas, a que, dentro del ámbito de sus atribuciones, implementen soluciones y medidas efectivas para:

• Garantizar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones encargadas de la búsqueda, investigación, identificación, entrega de cuerpos y atención a víctimas, respetando siempre los derechos humanos.

• Mejorar los procesos de identificación, preservación y resguardo de cuerpos respetando plenamente los Derechos de las Víctimas.

• Garantizar la infraestructura necesaria, el personal calificado, equipo material y fuentes de información que permitan el correcto funcionamiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

• A detener la violación del artículo 128 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada por medio de la inmediata detención de la incineración de cuerpos de personas fallecidas sin identificar.

• Combatir los altos índices de violencia que existen en el estado de Jalisco.

Lo anterior a fin de solucionar la grave situación que atraviesa el estado en materia de crisis forense.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que, en coordinación con su homóloga estatal, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que dentro de ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen las presuntas violaciones a derechos humanos, así como los posibles actos de negligencia en los que hayan incurrido el gobierno del estado de Jalisco en materia de identificación forense durante los últimos años.

Notas

1 Dirección de Planeación y Estadística, Fiscalía del Estado de Jalisco. (Cifra preliminar al 31 de Septiembre de 2021). Disponible en: https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/757

2 Secretariado Ejecutivo (2021). Incidencia del Fuero Común 2021. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1zKPpd-GNwZJOT7xeehOQs5UqwnTpyfEj/view

3 El Universal (2018). Del Trailer de la Muerte de Jalisco. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/lo-que-sabemos-de-los-cuerpos-ha llados-al-interior-de-un-trailer-en-jalisco

4 Ibídem.

5 Martín, R. (2021). La crisis forense en Jalisco. Noreste. Disponible en: https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/la-crisis-forense-en-jalisco -BD984737

6 Disponible en: http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/

7 Ibídem

8 https://seplan.app.jalisco.gob.mx/bibli oteca/archivo/descargarArchivo/2194

9 Rodríguez, L. (2021). Jalisco acumula 11% de cuerpos sin identificar. El Diario NTR. Disponible en: https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=170948

10 CEPAD (2018). Incineraciones de Cuerpos no identificados: Crímenes sin Justicia-Jalisco. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/11Rk4aaylze68QoyO-6mWhJlrWazus76f/view

11 Rivas, R. (2021). Niega gobernador crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Informador. Disponible en: https://www.informador.mx/jalisco/Alfaro-niega-crisis-en-el-Instituto-J alisciense-de-Ciencias-Forenses-20210920-0099.html

Fuentes

• https://www.informador.mx/ideas/La-infame-crisis-forense-en-Jalisco-202 10522-0020.html

• https://www.cepad.org.mx/infodh/crisis-forense/#section-derechos-violad os-por-la-crisis

• http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/

• https://cienciasforenses.jalisco.gob.mx/documentos/C-D001%20Catalogo%20 de%20Servicios%20del%20IJCF.V06.pdf

• https://drive.google.com/file/d/11Rk4aaylze68QoyO-6mWhJlrWazus76f/view

• https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-870 05

• https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2021/05/ESP-MPI-202 1-web-1.pdf

• https://www.cepad.org.mx/infodh/crisis-forense/#section-su-especializac ion

• https://movndmx.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-La-Crisis-Forens e-en-Me%CC%81xico.pdf

• https://cienciasforenses.jalisco.gob.mx/documentos/C-D001%20Catalogo%20 de%20Servicios%20del%20IJCF.V06.pdf. Recuperado el 23 de 09 de 2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SEP para que ejerza los recursos por derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería en 2021, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Amalia Dolores García Medina, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Desde septiembre de 2018, se han formado rápidamente, caravanas de migrantes con el propósito de arribar a los Estado a Unidos, integradas en su gran mayoría por familias migrantes provenientes de los países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) pero también de Cuba, Haití, Venezuela y algunas naciones africanas.

Las razones que alientan la migración son multifactoriales; fundamentalmente las amenazas del crimen organizado, la expansión de las redes de trata y traficantes de personas y la precarización del mercado de trabajo, han detonado flujos masivos de migrantes, batiendo récord de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos y México.

Desde que inicio su gestión la actual administración en Estados Unidos, más de 1.3 millones de migrantes han sido detenidos. Las autoridades migratorias realizaron más de 188 mil detenciones en junio; de ese total, 76 mil 751 fueron de personas de Honduras, Guatemala y El Salvador, migrantes que huyen de la pobreza, la violencia criminal y el cambio climático.

Los mexicanos siguen siendo el grupo de migrantes que llegan en mayor número a Estados Unidos. En junio, 64 mil 854 de mexicanos cruzaron sin documentos, mientras que un mes antes fueron casi 71 mil.

La patrulla fronteriza registró el arribo de 212 mil migrantes en julio y de 208 mil en agosto.

De acuerdo con estadísticas del gobierno mexicano, en el periodo comprendido de enero a julio de este año, han sido presentados 117 mil migrantes indocumentados ante autoridades migratorias de nuestro país y bajo el eufemismo del retorno asistido, han sido repatriados 49 mil 530 migrantes acompañados de sus familias. Por su parte, el gobierno norteamericano ha repatriado a 130 mil connacionales en el mismo periodo, una cifra no vista en los últimos años.

La llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos y la crisis política y económica de naciones de Caribe como Haití , con masivos flujos de personas intentando llegar primero a Ecuador y Colombia, y desde ahí comenzar su largo periplo hasta alcanzar la frontera estadounidense, han puesto de manifiesto la ausencia de una política migratoria del gobierno mexicano y la carencia de políticas públicas orientadas a la defensa y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. La inclusión de personas vulnerables y la exclusión de la perspectiva de género, como dispone el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada.

Es decir, a la par de la crisis humanitaria que se supone al arribo de centroamericanos y caribeños, su desplazamiento por el país y su alarga espera en las ciudades fronterizas, no debe de perderse de vista que también existe un creciente número de mexicanos y sus familias que desean internarse en los Estados Unidos y que en su mayoría son deportados por autoridades migratorias norteamericanas.

II. En el sexenio pasado, grupos de derechos humanos criticaban la política unilateral de los Estados Unidos para fichar y deportar mexicanos a través de vuelos charter a diversas ciudades del país. Esas expulsiones incluían mujeres y menores no acompañados y hombres que incluso eran trasladados esposados en los aviones bajo la custodia de alguaciles (marshalls) en territorio nacional.

Desde el inicio de la actual administración, se han impuesto una visión policiaca u de seguridad como única respuesta y solución a la crisis migratoria, Hemos observado dramáticas imágenes de agentes del Instituto Nacional de Migración lastimando. Maltratando y humillando a migrantes por su condición; hemos visto a la Guardia Nacional desalojando, arremetiendo y disolviendo a las caravanas de migrantes en el sur del país. La contención es la regla, y se aplica sin matices.

Ya no hay muchas diferencias entre la ferocidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y los agentes de migración en México al momento de enfrentar a los migrantes.

Las acciones adoptadas por el Gobierno Federal para mitigar los efectos de esta crisis humanitaria no han tenido resultados positivos, ya que en la toma de decisiones ha imperado la improvisación y el desconocimiento del fenómeno, teniendo como estrategia migratoria la contención sin sentido humanitario, todo ello sin tomar en cuenta a los expertos y especialistas en la materia. Las acciones de los agentes fronterizos pueden calificarse como abusivas de los derechos humanos, crueles, inhumanas, y suponen una flagrante violación de leyes nacionales e internacionales, particularmente del marco normativo constitucional aprobado en 2011 en materia de derechos humanos y de legislación secundaria como la Ley de Migración promulgada el mismo año, y la Ley sobre refugiados, Protección complementaria y Asilo Político.

Si antes la normalidad eran las deportaciones exprés de los migrantes vía aérea desde Estrados Unidos a México, hoy la nueva modalidad son fuetes y látigos de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas, y las patadas y empellones de la Guardia Nacional en Chiapas.

III. El 19 de septiembre de 2019 entró en vigor el decreto que crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria que “dependerá de la Secretaria de Relaciones Exteriores y tendrá por objeto fungir como instancia de coordinación de las políticas, programas y acciones que las dependencias, órganos administrativos desconectados y entidades de la Administración Pública Federal tienen en materia migratoria para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias de coordinación que al efecto establezca la Comisión en dicha materia”.

La Comisión Intersecretarial es presidida por el titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores y está integrada por ocho Secretarías y ocho dependencias federales. Desde su creación y hasta abril de 2021, únicamente ha celebrado cinco sesiones ordinarias de carácter informativo, sin que sus opiniones o recomendaciones sean vinculantes.

Simultáneamente, existe una Mesa Interinstitucional para la Atención Integral a Familias Mexicanas en Retorno y Repatriada, que esta integrada por las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Educación, de Economía, de Salud, y de Trabajo y Previsión Social, además del IMSS, el SAT, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Desde su creación en diciembre de 2020, la Mesa Interinstitucional ha llevado a cabo sólo tres reuniones, la última de ellas el pasado mes de junio en medio de la crisis migratoria más grave en las últimas tres décadas en México.

Por otro lado, México tiene la presidencia pro témpore 2021 del Grupo de Trabajo sobre Gestión Fronteriza, de la Conferencia Regional sobre Migración.

La Conferencia está integrada por Canadá, Estados Unidos y México; por Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Esas naciones comparten problemáticas relacionadas con el origen, transito, destino y retorno de migrantes.

El Grupo de Trabajo sobre Gestión Fronteriza es coordinado por el Instituto Nacional de Migración (INM) y lo conforman: el INM, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas de la Secretaria de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Lo anterior demuestra que, si bien existen instancias gubernamentales encargadas de atender ese fenómeno, no se le otorga la debida la debida a tención, ni la relevancia de sus consecuencias o implicaciones. No existe conjunción de esfuerzos, ni unificación de criterios en materia migratoria ni una política transversal y eficaz de Estado en la materia, Pareciera que se invisibiliza a la migración en cualquiera de sus modalidades.

México debe poner en marcha, con carácter urgente, una iniciativa que permita respuestas eficaces junto a sus pares centroamericanos. Es imperativo contar con una respuesta regional a los flujos migratorios.

Por el lado de Estados Unidos, no basta lanzarle propuestas inviables ni limitar sus estrategias policiacas.

IV. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos comprometidos en velar por los intereses y el respeto de los derechos de las personas migrantes en tránsito y sus familias, así como de las mexicanas y los mexicanos que se desplazan hacia el vecino país, por lo que llamamos al Ejecutivo federal a abandonar la desafortunada estrategia policiaca de contención de los flujos migratorios y atender bajo una visión de respeto a los derechos humanos, su arribo al país.

Creemos en la necesidad de establecer un acuerdo migratorio regional amplio que defina estrategias de corto y mediano plazo, avanzando de manera integral en alternativas de ocupación e inserción laboral y social de los migrantes y sus familias.

Se requiere, en suma, el diseño de un pacto de América del Norte y de Centroamérica en materia de migración, refugio y desarrollo regional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a convocar a sesión permanente a la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria para coordinar acciones de corto y mediano plazo sobre la actual crisis migratoria fronteriza.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores a ampliar las atribuciones y la población objetivo de la Estrategia Interinstitucional de Atención Integral a Familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno, con el propósito de atender, dar seguimiento y proponer alternativas de solución integrales y emergentes a la población migrante transfronteriza.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que se convoque a la instalación en sesión permanente, a la Mesa Interinstitucional para la Atención Integral a Familias Mexicanas en Retorno y Repatriada con el propósito de atender, monitorear, revisar y proponer alternativas de soluciones integrales a la crisis migratoria.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Grupo de Trabajo sobre Gestión Fronteriza del Gobierno Mexicano de la Conferencia Regional sobre Migración, para que delinee estrategias efectivas de mediano plazo y aborde desde un enfoque multidimensional y no sólo de seguridad, el fenómeno migratorio con perspectiva de derechos humanos, no discriminación, inclusión e igualdad, y desarrollen una agenda una agenda de atención integral de la migración trasfronteriza.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura, el INBA, el INAH y diversas autoridades en la materia a llevar a cabo gestiones para la restauración y el mantenimiento del mural de la biblioteca del hospital general Dr. Pedro López, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Brasil Alberto Acosta Peña , integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a la directora del Inbal, Lucina Jiménez López, y al director del INAH, Diego Prieto Hernández, así como a las instancias correspondientes del sistema de cultura del estado de México, a llevar a cabo las gestiones necesarias para la restauración y mantenimiento del mural de la biblioteca del Hospital General Dr. Pedro López , así como otras instalaciones del mismo hospital, ubicado en Zoquiapan en el municipio de Ixtapaluca.

Antecedentes

El mal de Hansen, conocido más comúnmente como lepra, es una enfermedad crónica causada por el bacilo Mycobacterium leprae , y afecta en gran medida la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Y es una de las enfermedades que, además del intenso sufrimiento físico que causa en los afectados, lleva aparejado el mal de la exclusión social y la discriminación. Así lo describen diversas fuentes literarias desde la antigüedad, reflejando el rechazo para los enfermos y sus familias.

Fue hasta 1940 cuando se comenzó a descubrir la eficacia de algunos fármacos que irían sentando las bases del tratamiento multimedicamentoso que curaría la lepra. Pero lo cierto es que fue considerada incurable hasta antes de 1981, según datos de la OMS,1 y durante mucho tiempo las formas de tratar con el mal fueron variadas. En México, la incapacidad de dar tratamientos, la falta de médicos especializados, así como otros factores, llevó a que se establecieran múltiples dispensarios a lo largo de la república, pero al final carecían de las mismas posibilidades, no abasto de tratamientos ni de médicos y para la década de los treinta, muchos estaban ya rebasados en cuanto a capacidad y conocimientos médicos para el manejo de los pacientes, la propia Ciudad de México pese a contar con el hospital militar de Tlalpan y el dispensario Ladislao de la Pascua, ahora hospital dermatológico, se vio superada, los medios periodísticos describían la situación como: “enfermos que están cayéndose a pedazos y viviendo en extrema pobreza, hacinados con sus hijos a quienes condenaban a la enfermedad“, el mismo medio decía después que, “aquellas personas eran considerados como un estorbo para la sociedad o piltrafas humanas”. Otros medios afirmaban que ciertas colonias, como la Buenos Aires y la Obrera eran almácigos de leprosos.2

A tan evidente falta de soluciones al problema de salud en 1936, la Campaña contra la Lepra, encabezada por el general Lázaro Cárdenas y por los doctores Jesús Gonzalez Ureña y posteriormente Fernando Latapí, encontró cómo una de las soluciones para el tratamiento de los cientos de enfermos del mal de Hansen, la creación de pequeños lazaretos y leprosarios, uno de ellos, quizá el más importante, fue el leprosario Dr. Pedro López , que se inauguró en 1939 y que ha evolucionado de nosocomio leprológico a hospital dermatológico y finalmente, hoy en día, a un hospital de segundo nivel insigne del oriente del estado de México.

Dentro de sus instalaciones, cuando funcionaba como asilo de enfermos de lepra, contaba con más de 20 pabellones para que los asilados vivieran, tierras para que trabajaran, biblioteca, casino, billar, lavandería, cárcel, iglesia, cocina, comedor, entre otros establecimientos para que los pacientes pudieran desarrollar su vida ahí, al mismo tiempo que ser tratados y observados por los médicos. El terreno que se ocupó para establecer el lazareto era la hacienda de Zoquiapan, de la que se adaptó una parte y se construyó otra. Destaca además de su arquitectura, la forma art deco de las letras que señalan a los edificios, el tipo de mini ciudad, el vitral de la iglesia del nosocomio y un mural pintado en 1946 en los cuatro muros de lo que antes fuera la biblioteca, mismo que expresa parte de la historia de la lepra, desde los diferentes tipos de enfermedad, hasta médicos destacados e institutos que se encargaban del cuidado y estudio de los hanesianos en México y el mundo.

Después de que las posibilidades de dar un tratamiento a los enfermos del mal de Hansen fuera en aumento, el lazareto se convirtió en un hospital, que sigue aún funcionando y que recientemente obtuvo del gobierno de México, la condecoración Miguel Hidalgo , en Grado Placa, al personal de salud que labora en el hospital, por su lucha contra la Covid-19.

Hoy día, aún se conservan parte de las instalaciones adaptadas en el hospital, pabellones que se han convertido en consultorios u oficinas, otra parte ha sido parcialmente abandonada y una porción más del terreno, en donde por cierto se encuentra el casino, se donó para la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca. En el nosocomio aún viven asilados quienes por decreto presidencial son poseedores de una casa y tierras, además de que son atendidos por el personal del hospital.

Tomando en cuenta estos antecedentes procedemos a la:

Exposición de Motivos

Como se ha visto en los antecedentes, el Hospital Dr. Pedro López se reviste de una gran importancia para el tratamiento de la salud, pero además de ello, esta soberanía estima pertinente el estudio tanto del conjunto de sus instalaciones como de sus aportaciones culturales por parte de las autoridades gubernamentales encargadas de salvaguardar la historia y cultura de México, para que reconozcan el incalculable valor histórico que tienen las instalaciones del hospital, por ejemplo, parte de ellas perteneció a la Hacienda de Zoquiapan, cuya construcción es del siglo XIX, y que se ampliaron cuando se construyeron los pabellones y otras áreas. El conjunto que funciona como el hospital de referencia que ha sido durante ya mucho tiempo, podría verse beneficiado por una declaración que ayude a darle el reconocimiento que se merece, además de, quizá, asegurar la memoria histórica del hospital, de Ixtapaluca, y del estado de México.

El hecho de que la hacienda haya sido edificada en el siglo XIX hace jurídicamente posible, al menos en primera instancia, que se obtenga una declaratoria de monumento histórico, según la propia Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,3 cito a la letra los artículos 35 y 36 de dicha norma, señalando en negritas las partes aplicables a la edificación perteneciente a la hacienda:

Artículo 35. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación , a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley.

Artículo 36. Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:

I. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.

En el mismo tenor, el artículo 41 declara que será una zona de monumentos históricos:

Artículo 41. Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país.

En 1936, año en que se mandata a construir el área de los pabellones y demás instalaciones en las que vivirían los enfermos, la lepra era un problema nacional de gran relevancia, el asilo de Zoquiapan significó, de primer momento, un avance en las políticas de salud que permitió atender a muchos pacientes de todo el país. Su relevancia es tal, que fue la última leprosería con ese carácter a nivel nacional, como ya se ha dicho en los antecedentes. Por lo que su cuidado y conservación histórica es necesaria. Además, hoy en día el hospital cuenta con un museo que debe ser reconocido, documentado y catalogado por las autoridades correspondientes, se trata del Museo Dr. Santamaría . Como también se advirtió en los antecedentes, el asilo contaba con una iglesia construida por el reconocido arquitecto Israel Katzman, misma que se encuentra adornada por un vitral de gran valor artístico.




Por otro lado, un aspecto digno de protección y estudio es el mural que se encuentra pintado en las cuatro paredes del edificio que otrora funcionara como biblioteca (hoy área de enseñanza). Por lo que puede leerse fue pintado en 1946, y que en la actualidad ha sido afectado severamente por la humedad, adjunto a esta proposición el material fotográfico probatorio. En este sentido, la misma ley, pero a través del Inbal y no del INAH, como en el caso de la hacienda y el museo, también puede certificarlo como una obra artística con carácter de monumento:

Artículo 33. Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante.

Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística , grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas.

Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano.

Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse monumentos artísticos.

Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser declaradas monumentos las obras producidas en territorio nacional.

La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca.

La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.

Se observa a simple vista que el mural cumple con los siguientes requisitos de ley:

1. Valor estético relevante;

2. Representatividad, inserción en determinada corriente estilística (muralismo);

3. Significación en el contexto urbano;

4. El artista no se encuentra vivo;

5. De artista mexicano producida en México.

6. Se encuentra dentro de un edificio que en sí mismo ya representa una corriente artística y arquitectónica de los años 30 y 40.

7. Finalmente, al tratarse de una obra mural de 1940, es responsabilidad del estado su conservación y restauración.


Fotografía panorámica de tres de las cuatro paredes del mural, y ampliación de una de las zonas que requiere más atención.

Estos puntos, denotan la pertinencia de esta proposición, no se debe olvidar que fueron muchas las personas a quienes se les violentaron sus derechos humanos, y que, por ignorancia y un trato incapaz, se les mancillo por completo la vida. La historia debe preservarse, porque el que no conoce su historia lleva en sí la condena de volver a repetir los errores del pasado.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, a la directora del Inbal, Lucina Jiménez López, y al director del INAH, Diego Prieto Hernández, así como a las instancias correspondientes del sistema de cultura del estado de México a llevar a cabo las gestiones necesarias para la restauración del mural de la biblioteca del hospital general Dr. Pedro López , ubicado en Zoquiapan en el municipio de Ixtapaluca.

Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, a la directora del Inbal, Lucina Jiménez López, y al director del INAH, Diego Prieto Hernández, así como a las instancias correspondientes del sistema de cultura del estado de México, a llevar a cabo las gestiones necesarias para el mantenimiento del vitral de la iglesia ubicada dentro de las instalaciones del Hospital Dr. Pedro López .

Tercero. Se exhorta a la titular de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a la directora del Inbal, Lucina Jiménez López, y al director del INAH, Diego Prieto Hernández, así como a las instancias correspondientes del sistema de cultura del estado de México, a llevar a cabo un estudio sobre la relevancia histórica de las instalaciones del mencionado hospital, a efecto de determinar su posible protección y mantenimiento. Así como a posibilitar los recursos humanos necesarios para clasificar el Museo Dr. Santamaría .

Notas

1 Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/leprosy

2 Información obtenida de diversos medios, rescatada por Ignacio González Villarreal, en su tesis “Aislar y vigilar. La campaña contra la lepra en México, 1930-1946”, disponible en: https://repositorio.unam.mx/contenidos/aislar-y-vigilar-la-campana-cont ra-la-lepra-en-mexico-1930-1946-292111?c=plwwJ9&d=false&q=human idades&i=1&v=1&t=search_0&as=0

3 Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.p df

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputado Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Nogales, Sonora, a analizar la viabilidad de otorgar descuentos o suministrar el servicio de agua por tandeo sin costo a contribuyentes al corriente en pagos de derechos y sin ésta, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al ayuntamiento de Nogales para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice la viabilidad de otorgar descuentos y/o suministrar el servicio de agua por tandeo sin costo a aquellos contribuyentes que están al corriente en sus pagos de derechos y no reciben dicho servicio. Asimismo, para que instrumenten mecanismos que garanticen que el servicio de tandeo llegue a las partes altas del municipio, bajo las siguientes

Consideraciones

La creciente falta de disponibilidad de agua potable es una problemática de escala global. Estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalan que, la escasez del vital líquido afecta a más de 40 por ciento de la población mundial. Por si esto no fuera suficiente, dicha situación va en aumento, principalmente por el incremento de las temperaturas a consecuencia del cambio climático.

Nuestro país no es ajeno a esta problemática y cada vez es más recurrente que distintas entidades federativas se encuentren ante prolongadas sequías o en situación de estrés hídrico. Datos del Monitor de Sequía de México señalan que al primero de mayo de 2021 el porcentaje de áreas con sequía de moderada a extrema a nivel nacional llegó a ser de 72.63.

En el caso del estado de Sonora, al 15 de septiembre de 2021, 17 municipios1 se encuentran con sequía que va de moderada a extrema, lo que representa 23 por ciento de los municipios del estado. Actualmente, el municipio de Nogales se encuentra con una sequía moderada, no obstante, es oportuno mencionar que atravesó por una sequía extrema durante el periodo que va de enero a abril de este año.

A finales del mes de marzo de 2021, en el municipio de Nogales aumentaron las quejas por el incremento del desabasto de agua. Algunas de las principales colonias afectadas por la falta del vital líquido fueron: Altamira, CTS-CROC, Héroes, Buenos Aires, 5 de Mayo, y el sector de Pueblitos.2

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta señalar que estimaciones del entonces director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), Marco Antonio Morales Ortiz, señalaban que poco más de 19 mil usuarios presentaban afectaciones relacionados con el abasto de agua y 70 por ciento de éstos recibían el suministro a través del uso del servicio de tandeo,3 es decir, se suministraba el vital líquido a través de pipas.

Cabe señalar que, a mediados de junio de este año, el entonces director del Oomapas realizó un contrato para comprar agua durante dos meses con una ciudad de Arizona, Estados Unidos de América (EUA). Para el suministro de agua se instaló un tanque elevado con una capacidad de 40 mil litros cerca de la Garita Morley, el cual era abastecido del vital líquido de forma permanente desde EUA. El agua de dicho tanque era distribuida a través de 135 pipas: 15 de ellas pertenecientes al Oomapas; y las 120 restantes eran particulares y abastecían de agua a 26 mil viviendas, principalmente en las colonias en las que no contaban con el servicio de agua potable.4

En este sentido, una de las demandas más recurrentes durante mis recorridos que realicé en mi campaña para la diputación federal del Distrito 2 del estado de Sonora, estaban relacionadas con la falta del suministro de agua. Además, los vecinos estaban inconformes porque a pesar de haber pagado oportunamente los derechos correspondientes no contaban con el servicio y tenían que pagar los altos costos de las pipas privadas, lo cual sin duda representa una afectación a la economía familiar. De igual forma un reclamo recurrente era en relación a que el servicio de las pipas no llega a las partes altas del municipio, situación que representa un verdadero viacrucis para los vecinos de estas colonias.

La falta de acceso al servicio de agua es una situación muy grave, debido a que el acceso al agua potable resulta crucial para diversos aspectos del bienestar humano como lo es: la salud, el saneamiento, la nutrición y diversos servicios de la vivienda, pero también representa un factor determinante para la conservación del medio ambiente, el bienestar social y el desarrollo económico.

En ello radica la importancia y trascendencia de la presente proposición con punto de acuerdo, ya que busca que aquellos ciudadanos que realizaron el pago de los derechos por el servicio de agua no tengan que desembolsar pagos extras por el suministro de agua a través del tandeo o, en su caso, que se les realice un descuento cuando tengan que realizar gastos extras para recibir dicho servicio.

El párrafo primero de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa , integrado por un presidente o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.

Asimismo, el inciso a) de la fracción III del artículo en comento señala que los municipios tendrán a su cargo el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

Por otra parte, la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política establece que los municipios administrarán libremente su hacienda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al ayuntamiento de Nogales para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice la viabilidad de otorgar descuentos y/o suministrar el servicio de agua por tandeo sin costo a aquellos contribuyentes que están al corriente en sus pagos de derechos y no reciben dicho servicio. Asimismo, para que instrumenten mecanismos que garanticen que el servicio de tandeo llegue a las partes altas del municipio.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los 72 ayuntamientos que integran el estado de Sonora para que, en el ámbito de sus competencias, instrumenten las acciones de gobierno y políticas públicas que sean necesarias para garantizar el suministro de agua suficiente y de calidad en sus respectivos municipios.

Notas

1 Los municipios son: 1. Agua Prieta, 2.Altar, 3. Bacerac, 4.Bacoachi, 5.Bavispe, 6.Caborca,7. Fronteras, 8. Naco, 9. Nacozari de García, 10. Nogales, 11. Pitiquito, 12. Puerto Peñasco, 13. San Luis Río Colorado, 14. Santa Cruz, 15. Sáric, 16. Villa Hidalgo 17. General Plutarco Elías Calles. Consultado el 23 de septiembre de 2021 en:

https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/ Sequ%C3%ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%2 0de%20Sequ%C3%ADa/MSM20210915.pdf

2 “Crecen problemas por falta de agua”, Nuevo día, Consultado el 23 de septiembre de 2021 en https://www.nuevodia.mx/vernoticias.php?artid=12718&cat=92

3 “Se torna crítica la sequía que afecta a los nogalenses” El Imparcial, Consultado el 23 de septiembre de 2021 en:

https://www.elimparcial.com/sonora/nogales/Nogales-Sonor a-le-compra-aguaa-Estados-Unidos-debido-a-la-grave-sequia-que-azota-al- estado-mexicano-20210605-0009.html

4 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Senado a aprobar la minuta que reforma los artículos 4o. y 73 de la CPEUM, en materia del Sistema Nacional de Ciudadanos, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Amalia Dolores García Medina, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Cámara de Diputados aprobó elevar a rango constitucional el derecho a cuidar y ser cuidado. El dictamen aprobado menciona que cualquier persona tiene derecho al cuidado digno que le proporcione apoyo para llevar una vida sana, segura, en sociedad que abone a mejorar la calidad de vida de las personas e infantes que necesiten cuidado y otorga el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, cuidado y desarrollo. Al mismo tiempo, establece la obligación del Estado para promover que los cuidados sean parejos, es decir, entre hombres y mujeres; buscando así una igualdad, crecimiento e independencia económica entre todas las personas cuidadoras.1

La minuta otorga facultades al Congreso de la Unión para que expida la Ley General en materia del Sistema Nacional de Cuidados en el ámbito de sus respectivas competencias en los tres órdenes de gobierno. De esta forma se logra tener una normatividad integral en materia de cuidados.ii

Otro de los grandes logros que se marcan en la minuta es la distribución del trabajo no remunerado, rompiendo el estereotipo de las labores del hogar que por años ha mantenido a las mujeres en casa situándolas en el rol de principales cuidadoras, lo que las deja en desventaja de desarrollarse profesionalmente, estudiar, lograr acceder a una autonomía económica y alcanzar una vida plena o disponer de su tiempo libre.iii

Los cuidados de las niñas, niños, adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad debe entenderse también como una responsabilidad de las políticas públicas, lo cual requiere acción inmediata que beneficiará a miles de familias mexicanas y sentar las bases para la construcción de relaciones igualitarias, de justicia y dignas para toda la sociedad.

Debemos considerar que esta modificación no generará ninguna estructura nueva o gastos adicionales, ya que actualmente contamos con instituciones de diversos órdenes de gobierno, que tienen la capacidad de solventar las necesidades que requiere el Sistema Nacional de Cuidados.

El dictamen en la Cámara de Diputados fue aprobado en lo general y en lo particular, por mayoría calificada, con 302 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones.iv

El Senado de la República recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional de Cuidados el 19 de noviembre de 2020 (Cámara de Diputados, 2020), sin que hasta el momento se tenga fecha para la discusión y aprobación en el pleno de la Cámara de Senadores.

En marzo de 2021, el senador Martí Batres, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en conferencia de prensa, mencionó que la comisión abordaría en breve el proyecto para establecer el Sistema Nacional de Cuidados e indicó que “ONU Mujeres me pidió directamente que la podamos procesar, discutir y, en su caso, dictaminar positivamente”.v

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República indicó que sesionarían el día 7 de abril del presente año, con el objetivo de abordar diversos temas, entre ellos la minuta que crea el Sistema Nacional de Cuidados.vi Sin embargo, al día de hoy, a 10 meses de haber recibido la minuta, esta no ha sido analizada en la Comisión indicada y el retraso en su discusión y aprobación es injusto para la sociedad. Tenemos una deuda pendiente y estamos a tiempo de subsanarla, para que esta reforma pueda ser tomada en cuenta dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y se ejecute de manera inmediata, apoyando así a este segmento de la población que por años ha sido vulnerado en sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El honorable Congreso de la Unión emite un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República para que aborde, discuta y dictamine positivamente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional de Cuidados.

Segundo. El honorable Congreso de la Unión emite un atento y respetuoso exhorto, para que el Senado de la República procese, discuta y, en su caso, dictamine positivamente la minuta con Proyecto de Decreto o por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional de Cuidados.

Notas

i Revisado en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-11-26-1/assets/docu mentos/ Minuta_Art_4_73_Const_Sistema_Nac_Cuidados.pdf

ii Revisado en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-11-26-1/assets/docu mentos/ Minuta_Art_4_73_Const_Sistema_Nac_Cuidados.pdf

iii ídem.

iv Gaceta Parlamentaria, LXIV Legislatura, Cámara de Diputados, Ciudad de México (2020). Revisado en:

http://www.diputados.gob.mx/Votaciones.htm

v Comunicación Social, Boletines. Senado de la República (2021). Senadores perfilan reforma para establecer Sistema Nacional de Cuidados en breve, anuncia Martí Batres. Revisado en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/5063 2-senadores-perfilan-reforma-para­establecer-sistema-nacional-de-cuidad os-en-breve-anuncia-marti-batres.html

vi Comunicación Social, Boletines. Senado de la República (2021).Acuerda Comisión de Puntos Constitucionales analizar minuta sobre sistema nacional de cuidados. Revisado en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50640 -acuerda-comision-de-puntos­constitucionales-analizar-minuta-sobre-sist ema-nacional-de-cuidados.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SAT a construir opciones que permitan atender con oportunidad el rezago de los trámites y proteger a los contribuyentes, con servicios y herramientas para cumplir las obligaciones fiscales en cada etapa, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Daniel Murguía Lardizábal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a que, en la medida de lo posible, se construyan alternativas que permitan atender de manera oportuna el rezago prevaleciente en sus trámites y proteger a los contribuyentes, brindándoles los servicios y herramientas requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en cada una de sus etapas, con base en las siguientes:

Consideraciones

El impacto de la pandemia Covid-19 en el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Con motivo de la pandemia, el SAT se ha visto afectado directamente en sus funciones presenciales y en los servicios prestados a través de plataformas digitales. Para evitar una propagación de contagios, limitó su funcionamiento por medio de la implementación de acciones que prevenía la formación de aglomeraciones en sus instalaciones.

Otra de las principales afectaciones que tuvo el SAT, fue la reducción de su personal, con el objetivo de sanear finanzas y poder solventar los impactos de la pandemia.

Se estima que en la actualidad cuenta con una cifra de 31 mil 449 empleados para el primer trimestre del 2021, es decir, mil 20 trabajadores menos en relación con el mismo periodo de 2020. Son en total 4 mil 418 empleos menos que en el mismo período de 2018, lo que significa una disminución del 12.31 por ciento del personal.1

El gobierno se vio obligado a priorizar el distanciamiento social a causa de la pandemia, lo que llevo a limitar el acceso a espacios físicos (en especial el acceso presencial a las oficinas del propio SAT), reduciendo significativamente la circulación de personas dentro de las instalaciones.

Con la reducción en la circulación de personal y contribuyentes, se tuvieron que incrementar los servicios a través de plataformas digitales, buscando crear alternativas para los trámites que normalmente se efectúan dentro de las oficinas de manera presencial. Sin embargo, los resultados obtenidos por la implementación de estas acciones llevaron a un resultado completamente distinto al esperado.

La saturación de trámites y sus afectaciones sobre los contribuyentes

Derivado de los problemas que se ha enfrentado el SAT, se ha potencializado una saturación de trámites tanto en línea como presenciales. Existe una gran problemática dentro de las plataformas digitales, especialmente en la generación de citas que son requisito para completar trámites dentro del propio SAT.

De acuerdo con una encuesta emitida por la Coparmex, 87 por ciento de agremiados han tenido dificultades para conseguir citas en el SAT; 65 por ciento ha tardado 30 días en lograrla y, una vez obtenida, 78 por ciento acusó que le fue asignada por lo menos un mes después.2 Esto es un reflejo de la problemática mencionada, y que tiene a los contribuyentes varados por la falta de atención y conclusión de trámites.

Cabe destacar que, de acuerdo con diversas notas, el trámite más solicitado es la solicitud o renovación del certificado de la firma electrónica, sobre todo para personas físicas, que se realiza presencial. La e.firma es la que permite a un contribuyente realizar trámites y servicios por internet ante el fisco, así como en otras dependencias, entidades federativas, municipios y en la iniciativa privada, que tiene la validez de una firma autógrafa.3

Algunos representantes de los empresarios, contadores y despachos fiscales han manifestado su preocupación entorno a este aspecto, ya que, la regularización fiscal de las propias empresas y de sus trabajadores se realiza de forma presencial y que aún no existen herramientas que puedan agilizar los trámites de forma digital. No es algo que afecte sólo a las pequeñas empresas, sino que, también afecta a las medianas y grandes corporaciones que ven frenada su recuperación económica y les impide la creación de nuevos empleos formales.

Si un contribuyente no posee su firma electrónica, o si no se encuentra regulado en los demás temas fiscales, entonces, este no podrá cumplir con sus obligaciones tal como se cita el siguiente artículo:

Artículo 31. Fracción IV. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la ciudad de México y del municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes...

Por lo argumentado, se somete a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a que, en medida de lo posible, se construyan alternativas que permitan atender de manera oportuna el rezago prevaleciente en sus trámites y proteger a los contribuyentes, brindándoles los servicios y herramientas requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en cada una de sus etapas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a que en el marco de sus atribuciones amplié el plazo establecido para la recepción y generación de citas designadas para la atención presencial de los contribuyentes.

Notas

1 El Contribuyente. Recorte de personal del SAT, una de las causas de la falta de citas: Coparmex. En línea, consultado el día 23 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.elcontribuyente.mx/2021/08/recorte-de-personal-del-sat-una- de-las-causas-de-la-falta-de-citas-coparmex/

2 La Jornada. Problemas con sistema SAT y la generación de venta de citas. En línea, consultado el 23 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/15/estados/problemas-con-siste ma-sat-genera-venta-de-citas-cce/

3 El Universal. Oficinas del SAT entre el abandono de citas y la saturación. En línea, consultado el 23 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/oficinas-del-sat-entre-el-abando no-de-citas-y-la-saturacion

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex y la CFE a informar a la opinión pública sobre los cortes de electricidad comunicados por la prensa nacional por adeudos de Pemex, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, a la brevedad posible, informen a la opinión pública sobre los cortes de energía eléctrica que se comunicaron por la prensa nacional, derivados de adeudos de Pemex, conforme a los siguientes

Antecedentes

La CFE corta la luz a Pemex

El 13 de julio de 2021, el periódico El Sol de México publicó una nota periodística por demás inquietante, relacionada con un suceso que no es común en nuestro país: la CFE cortó el servicio de energía eléctrica a Pemex en al menos tres estados.1 Posteriormente, varios medios de comunicación retomaron la información.

De acuerdo con la nota de El Sol de México, firmada por Luis Carriles, el hecho derivó de un error en el Sistema de Compensación de Adeudos (SCA), que opera entre la CFE y Pemex. Este error habría causado que no se reflejaran las cancelaciones de adeudos de Pemex, por lo que la empresa eléctrica procedió al corte en distintas instalaciones de la petrolera en Sonora, Campeche y Morelos.2

De acuerdo con el reportero, en Campeche, la CFE cortó la energía en al menos cuatro instalaciones de Pemex Exploración y Producción, mientras que se preveían cortes adicionales en instalaciones en Guerrero, Guanajuato e Hidalgo.3

La nota también señala que los cortes de energía se dieron debido a los adeudos acumulados entre enero y mayo de este año y que, la CFE dio aviso del corte, al menos desde la semana pasada, sin que Pemex lograra cubrir el adeudo antes de ello.4

Finalmente, es de destacarse que el reportero menciona que antes del corte hubo reuniones entre las gerencias regionales de la CFE y directivos de Pemex, pero que el asunto pasó a manos de las direcciones generales de ambas empresas y no hubo acuerdo para finiquitar el pago del adeudo.5

Un día después del corte, la CFE reconecta a Pemex

Al día siguiente, el 14 de julio de 2021, nuevamente una nota de Luis Carriles volvió a tocar el tema: ahora trascendía que la CFE había desistido de sus intenciones de continuar con más cortes de energía en instalaciones de Pemex y que había reconectado el servicio a las que suspendió el día anterior, pero sin haberse registrado el pago del adeudo.6

Todo indicaba que ese día, la CFE procedería con nuevos cortes de energía en instalaciones de la Ciudad de México, Tabasco y Guerrero, pero fueron cancelados de manera provisional. De acuerdo con la nota, los cortes se darían de la forma siguiente:

“En Guerrero, la CFE iba a cortar el suministro a la terminal de almacenamiento y reparto de Acapulco, que abastece de combustible a toda la zona turística e influye en la oferta disponible en Chilpancingo.

En la capital del país, la suspensión del servicio programada incluía las clínicas y hospitales de Pemex en Satélite, Azcapotzalco y Picacho, por ejemplo. En el caso de Picacho, la paraestatal buscó tener disponible diésel extra para echar a andar sus plantas de emergencia, en caso de ser necesario.

En Tabasco, las amenazas estaban sobre Villahermosa y Cunduacan, donde el corte de energía que se iba a realizar incluía instalaciones de Pemex Exploración y Producción como una estación de bombeo y una terminal de almacenamiento.”7

De lo que se filtró a la prensa se desprende que la contraorden de corte ocurrió luego de que ambas empresas llegaron a un acuerdo de revisión de los costos y adeudos que tienen entre sí, por lo que estarían buscando firmar un convenio para hacer frente al pago, pero nada más se ha informado.

Un mes después, vuelve el problema

Pero un mes después de estos sucesos, otra nota periodística del mismo reportero retrata que, al 25 de agosto de 2021, la CFE tenía la intención de volver a cortar el suministro de energía a Pemex debido a la falta de pagos.

La pieza de investigación retrataba que el corte afectaría al menos a cuatro instalaciones de Pemex Logística, ubicadas en Acapulco, Iguala, Cuautla y Cuernavaca.8

Pocos días después, una nueva nota periodística señalaba que entre 2019 y el cierre de junio de 2021, Pemex arrastraba una deuda de mil 640 millones de pesos con la CFE, más intereses moratorios, lo que generó estos cortes y amagos de corte del suministro.9

Es de destacar que, si los cortes del suministro eléctrico se dieran de manera permanente en las instalaciones de Pemex, el impacto sería muy negativo para la sociedad, pues se pondría en riesgo la atención de pacientes en sus hospitales, la distribución y abasto de hidrocarburos a las gasolinerías, entre otros servicios que se verían afectados.

Es de llamar la atención que entre empresas productivas del Estado exista este tipo de discrepancias por los pagos, pues como es sabido, Pemex le entrega a la CFE combustóleo para generación eléctrica, cuyo costo se compensa en las facturas que ésta última le entrega a la petrolera por el consumo de energía eléctrica que presenta. Pero si no pueden ponerse de acuerdo en el precio del barril de combustóleo, entonces es posible interpretar que existe un problema de comunicación y de coordinación entre ambas instituciones que podría poner en riesgo a diversos sectores productivos y a la población en las regiones del país donde se están dando estos cortes de energía.

Como es evidente, estos impactos negativos son prevenibles y deben evitarse a toda costa, por lo que es indispensable que esta soberanía apruebe la presente proposición para exhortar a ambas empresas productivas del Estado, para que informen de manera urgente, cuál es la situación que están atravesando, así como las acciones que han adoptado para cubrir los adeudos que, en su caso existan y para evitar más cortes del fluido eléctrico en las instalaciones de Pemex.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de esta soberanía, con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para que, a la brevedad posible, informen a la opinión pública sobre los cortes de energía eléctrica que se comunicaron por la prensa nacional, derivados de adeudos de Pemex, en el que se aclare, al menos, lo siguiente:

1. Si existió o existe un error o falla en el Sistema de Compensación de Adeudos y qué acciones han adoptado para corregirlo;

2. A cuánto asciende el adeudo de Pemex y qué periodo comprende;

3. Si se dieron los cortes de energía eléctrica que se mencionan en la prensa nacional, en los estados de Sonora, Campeche, Guerrero y Morelos y que detallen en qué instalaciones se dieron los cortes y por cuánto tiempo;

4. Si han alcanzado algún acuerdo o convenio sobre el monto adeudado y sobre la forma y plazos para el pago;

5. Cuáles fueron las afectaciones sufridas por las instalaciones de Pemex a las que se les cortó la energía; cómo continuaron operando sin fluido eléctrico y si hubo algún impacto negativo para la sociedad, la industria o la economía de las ciudades o regiones donde se encuentran dichas instalaciones, y

6. Cualquier información adicional que consideren necesaria para comprender a cabalidad la dimensión de la problemática y de las acciones que han llevado a cabo para resolverla.

Notas

1 Carriles, Luis. Pemex se queda sin luz en tres estados. El Sol de México, 13 de julio de 2021. Disponible en https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cfe-corta-la-energia-en-insta laciones-de-pemex-en-tres-estados-6960125.html

2 Ídem.

3 Ibídem

4 Ibídem

5 Ibídem

6 Carriles, Luis. Sin pago, CFE reconecta a Pemex. El Sol de México, 14 de julio de 2021. Disponible en https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cfe-reconecta-electricidad-a- pemex-pese-a-adeudos-6963916.html

7 Ídem.

8 CFE vuelve a cortar la luz de Pemex por falta de pago. El Sol de México. Disponible en https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cfe-vuelve-a-cortar-la-luz-de -pemex-por-falta-de-pago-7131865.html

9 Pemex adeuda mil 640 mdp de luz a la CFE. El Sol de Mazatlán. Disponible en https://www.elsoldemazatlan.com.mx/finanzas/pemex-adeuda-mil-640-mdp-de -luz-a-la-cfe-7152820.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a investigar por la SFP, la Sedatu y la FGR el presunto fraude cometido por Bienestar con Amor del estado de México en contubernio con la confederación Produce Zinacantepec con recursos del programa Vivienda Digna, en perjuicio de cientos de usuarios de buena fe, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Araceli Celestino Rosas, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar, respetuosamente, al Ejecutivo de la Unión, a través de las Secretarías de la Función Pública y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como de la Fiscalía General de la República, a realizar todas las investigaciones del presunto fraude cometido por la Fundación "Bienestar con Amor" del Estado de México en contubernio con la organización "Confederación Produce Zinacantepec", realizado con recursos del Programa "Vivienda Digna" en perjuicio de cientos de usuarios de buena fe, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Presuntamente la dirigencia de las organizaciones Confederación Produce Zinacantepec y Bienestar con Amor, se han dedicado a engañar a cientos de personas para inscribirse (con una cuota injustificada que oscilaba entre 35 mil y 40 mil pesos) al programa Vivienda Digna operado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), prometiendo que participarían por un crédito por 2 millones de pesos que, con algunos descuentos por servicios varios y entre ellos el apoyo a un fideicomiso del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), que finalmente se les entregaría un total aproximado de un millón setecientos cincuenta mil pesos. Cabe mencionar que el importe ofrecido, con el paso de los meses, fue bajando sin mayores explicaciones, se redujo y pasó a ser de 1 millón de pesos.

Para cubrir los requisitos, se les pedía a los ciudadanos que entregaran copia de documentación general (credencial de elector; CURP, acta de nacimiento, constancia de situación fiscal) y firmaran un contrato con logotipos de Sedatu, Fonhapo y el gobierno del Estado de México.

Aunque el contrato y sus anexos adolecían de información fidedigna (hablaban del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017-2019, por ejemplo), las personas que suscribían por parte del gobierno Federal y el aval del correspondiente al Estado de México eran reales y sus nombres aparecen en los documentos oficiales, como se ilustra a continuación con extractos ilustrativos:

En algún momento se les dijo a las personas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había auditado el programa y, en otra ocasión, se les citó a algunos usuarios para la firma de un convenio a fin que el dinero se les pagara por medio de una SAPI a fin de justificar la obtención del recurso por medio de un aparente préstamo; dicha operación no se logró con la compañía con la que suscribieron el contrato, en razón de que no llegaron a un acuerdo con el porcentaje de la comisión del servicio acordado.

Se trata, como se expone anteriormente, de un programa que implica un escenario transexenal; desde 2017 hasta 2019 dos administraciones federales se encontraban comprometidas con el programa Vivienda Digna.

De la Sedatu a lo que sería la bolsa de los beneficiarios del programa Vivienda Digna ya habría pasado por varios filtros y a la fecha, los recursos no han sido cubiertos a los inscritos y las excusas son cada vez absurdas. No hay argumento válido para la espera del pago y ni siquiera les han devuelto lo que corresponde a las inscripciones al programa, que abarca a más de mil personas del Estado de México y otros 7 estados de la República, aproximadamente.

Es indispensable que se persiga y castigue ejemplarmente a los defraudadores que abusan de la confianza y las necesidades de las familias así como de la esencia de los programas que manejan recursos de las y los ciudadanos de buena fe, quienes justamente se inscriben para mejorar sus condiciones de vida y se topan con esquemas fraudulentos que los despojan de su dinero a cambio de nada.

Las fundaciones también son recursos de particulares afectados para hacer el bien a las y los demás; las organizaciones agrarias fueron creadas para ayudar a quienes hacen producir al campo que a todos alimenta y, finalmente, los gobiernos municipales son electos para darle un verdadero bienestar a las personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de la Función Pública y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como de la Fiscalía General de la República, a realizar todas las investigaciones del presunto fraude cometido por la fundación Bienestar con Amor, del Estado de México, en conjunto con la organización Confederación Produce Zinacantepec, realizado con recursos del programa Vivienda Digna en perjuicio de cientos de usuarios de buena fe.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a reparar el daño vial del BRT, obra en etapa troncal que la administración saliente dejó inconclusa y con presupuesto superior al proyectado inicialmente, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Daniel Murguía Lardizábal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la proposición con punto por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a reparar el daño vial que está ocasionando el BRT, una obra en su etapa troncal que la administración saliente dejó inconclusa y con un presupuesto superior al proyectado inicialmente, con base en las siguientes:

Consideraciones

La movilidad sostenible es un modelo que busca reducir el impacto negativo en el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas a su alrededor.

Su concepción, prioriza el bienestar y la movilidad de las personas; por lo que, las políticas públicas para consolidar este fin, deben jerarquizar una planeación urbana sostenible, anteponiendo soluciones que logren reducir y eliminar toda externalidad negativa.

Uno de los principales objetivos de la optimización vial, es disminuir los tiempos de traslado a través de un sistema de transporte público eficiente con una menor huella de carbono.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal (Inegi), en México, el transporte público es uno de los medios más utilizados por las personas para desplazarse a sus centros de estudios o de trabajo (32 por ciento).

Por lo que, una mala planeación y ejecución para el ordenamiento del sistema de transporte, conlleva a una interferencia directa en el propio desarrollo vial de la ciudad.

Un sistema de transporte sustentable “puede impulsar el crecimiento económico y mejorar la accesibilidad, logrando una mejor integración económica mientras se lleva a cabo el cuidado del medio ambiente, como un medio para mejorar la equidad social y la salud...”1 .

El impulso de un transporte sustentable es un elemento neural del sistema y es pieza clave para el desarrollo, por lo que se debe crear una infraestructura de transporte mejor y con más capacidad de adaptación en vez de solo mayor cantidad.

Tal es el caso del BRT de Ciudad Juárez, Chihuhua, un sistema de autobús de tránsito rápido que, en la construcción de su segunda ruta troncal, ha generado un mayor estrés vial por la reducción de carriles, lo que genera una mayor crisis en sus principales vialidades; evidenciando una planeación no acorde a las necesidades de la propia ciudad.

El BRT cuenta con una línea troncal, misma que se está ampliando y mejorando; y la construcción de la nueva ruta troncal en Ciudad Juárez que, a palabras del gobierno de estado, será un sistema con tecnología de punta, mismo que busca elevar la calidad de vida y otorgar una mayor fluidez de traslado a más de 170 mil personas.

No obstante, una serie de anomalías han envuelto las obras de este sistema de transporte BRT. El gobierno estatal saliente, no logró concluir los trabajos correspondientes y, los heredó a la administración que entró en funciones el pasado 8 de septiembre, argumentando de que, “no se abandona ninguna obra, lo que estamos dejando es una obra en proceso de construcción”2 . Adicionalmente, se debe observar el sobre costo de esta obra; que con base a información disponible, incrementó en 59 millones de pesos3 .

Diversos sectores de la sociedad, han puntualizado sobre la importancia de que se concrete esta obra, al ser que, causa una afectación a la población en general y, al no concluirse, representa un gasto que merma las finanzas públicas del gobierno.

Es preocupante que, este proyecto en algunos de sus tramos, no cumple con los principios de diseño vial urbano, tales como: seguridad, inclusión, sustentabilidad y resilencia.

Es importante resaltar que, un proyecto de diseño o rediseño de movilidad, sin principios será un proyecto sin sustento, sin ningún tipo de objetivo urbano. La planeación debe hacer énfasis hasta en los pequeños detalles o de lo contrario, se derrumba aquella visión integral que facilitará la movilidad eficiente de las y los habitantes de la ciudad.

No se pueden consentir obras mal planeadas que, en un corto o mediano plazo impactarán de manera negativa a la ciudadanía. Es urgente impulsar en el estado de Chihuahua una verdadera política de movilidad ordenada, planeada y sustentable.

Por lo argumentado, se somete a la consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a reparar el daño vial que está ocasionando el BRT, una obra en su etapa troncal que la administración saliente dejó inconclusa y con un presupuesto superior al proyectado inicialmente.

Notas

1 Peralta Castillo, Francisco Javier. “Sustentabilidad y transporte desde un enfoque de jerarquización para la ciudad de Mexicali, Baja California”.

2 “Sistema BRT de Juárez no es un capricho político ni de intereses económicos: Coparmex. Consultado el 23 de septiembre de 2021. En línea. Disponible en:

http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article22258

3 Aumenta 59 mdp la inversión para Bravobus en Ciudad Juárez. Gobierno de Chihuahua. Consultado el 23 de septiembre de 2021. En línea. Disponible en:http://bravobus.gob.mx/spip.php?article2

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a informar a la opinión pública sobre las causas del incendio cercano a la plataforma satélite KU-C, en la sonda de Campeche, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que respetuosamente se exhorta a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que, a la brevedad posible, informe a la opinión pública sobre los hechos que generaron el incendio cercano a la plataforma satélite KU-C, localizada en la Sonda de Campeche, perteneciente al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, sus causas, el impacto y daños estimados al medio ambiente, así como las acciones de remediación que se llevarán a cabo y, especialmente, que informe si el incendio se generó en alguno de los ductos a cargo de la compañía J. Ray Mcdermott, conforme a los siguientes

Antecedentes

Arde el Golfo de México

El viernes 2 de julio de 2021, México amaneció con una noticia insólita: una parte de las aguas del Golfo de México frente a Campeche estaban envueltas en fuego y sin control. A algunos cientos de metros del incendio marítimo, una plataforma petrolera de Pemex era mudo y afortunadamente indemne testigo del extraño fenómeno.

Pronto, las redes sociales y los medios de comunicación dieron cuenta del incendio y los videos del suceso se hicieron virales de manera inmediata. La noticia se esparció como pólvora en los medios de comunicación electrónicos y las teorías y explicaciones empezaron a surgir.

Durante varias horas, la única fuente de información sobre el hecho fueron las redes sociales y los medios de comunicación, pues Pemex, que era el indicado para informar qué estaba pasando en las aguas del Golfo, brillaba por su ausencia.

Fuimos testigos de que, por horas, algunos barcos cisterna luchaban contra las llamas, mientras que, desde el aire, helicópteros monitoreaban la zona. Nadie entendía qué sucedía ni se explicaba cómo era posible que el mar ardiera así, desde la aparente nada.

Fue hasta las 16:00 horas de ese día cuando Pemex por fin dio señales de vida. Con un escueto comunicado, fechado en Ciudad del Carmen, Campeche, informó lo siguiente:

“Ciudad del Carmen, Camp. – A las 5:15 horas de hoy se registró una fuga de gas en el ducto submarino de 12 pulgadas y la presencia de fuego en el mar, a 150 metros de la plataforma satélite KU-C, localizada en la Sonda de Campeche perteneciente al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción.

El incidente fue atendido de inmediato al activarse los protocolos de seguridad y con el acompañamiento de embarcaciones cercanas de contraincendio como Isla Santa Cruz, Bahía de Campeche y Bourbon Alienor.

Además, se procedió al cierre de válvulas de interconexión en el ducto, extinguiéndose el fuego y la emanación de gas, quedando concluida la contingencia alrededor de las 10:45 horas y restableciendo condiciones normales de operación. No se reportan lesionados, ni evacuados.

Petróleos Mexicanos realizará un análisis causa-raíz de este incidente.”1

Desde entonces, Pemex ha guardado silencio sobre la fuga de gas, sobre el incendio, sobre las causas del hecho y sobre las consecuencias que tuvo. Como es lógico, un evento de esta naturaleza despierta grandes suspicacias y, por ello, diversos medios de comunicación y analistas han deslizado la idea de que este incendio se generó debido a la falta de mantenimiento,2 pero hasta el momento no existe certeza sobre ello debido a la poca claridad en la información, a pesar de que ya han pasado casi tres meses desde los hechos.

Asimismo, organizaciones no gubernamentales como Greenpeace y Azul, señalaron que este lamentable acontecimiento demuestra lo importante que es volver a impulsar las energías de fuentes limpias, que eviten estas catástrofes, pues, a pesar de que Pemex no ha dado un informe sobre los daños ocasionados, la fauna y el medio ambiente marino sufrirán un grave impacto.3 Es de destacar que, al respecto, Greenpeace señaló textualmente lo siguiente:

“Si bien Petróleos Mexicanos reportó que ya está bajo control el incidente, identificado como un “ojo de fuego” en medio del mar y que afortunadamente no hubo personas lesionadas, es evidente el riesgo que las instalaciones petroleras y su escaso mantenimiento, implican para el medio ambiente y para la seguridad de las personas.”4

Por su parte, Jesús Carillo Castillo, al analizar exhaustivamente el incendio y los datos que existían en ese momento, expresó lo siguiente:

“Es difícil pensar que incidentes como el de hoy ocurran simplemente por azar. Según los especialistas a los que consulté para este texto, se requieren condiciones operativas inadecuadas para que esto suceda. En particular, incendios como éste no se explican sin un mantenimiento deficiente, que implica, entre otras cosas, una omisión en el reemplazo oportuno del equipo desgastado.”5

Un día antes, Forbes publicaba una nota sobre incumplimientos en ductos marinos

Casi como una trágica premonición, un día antes de la tragedia, el 1 de julio de 2021, Forbes publicó un reportaje intitulado “Pemex perdona multa de 159 mdp a contratista de ductos marinos”, en el que se describe que la compañía estadounidense J. Ray Mcdermott se retrasó en el cumplimiento de un contrato por más de 300 días, para el mantenimiento y construcción de dos ductos marinos en los yacimientos Ku-Maloob-Zaap,6 es decir, el lugar donde se dio el incendio.

De acuerdo con el reportaje publicado por Forbes, una de las obras es un oleogasoducto de 24 pulgadas de diámetro, por 3.2 kilómetros de longitud, entre dos plataformas, mientras que, la segunda, es un oleoducto de 8 pulgadas de diámetro, por 1.5 kilómetros, de interconexión submarina en el Golfo de México.7

Debido a la falta de información oficial certera, es imposible saber si estos retrasos documentados por la Auditoría Superior de la Federación y publicados por Forbes, están relacionados con el incendio cerca de la plataforma satélite KU-C, pero llama la atención la coincidencia.

En este contexto de falta de información y opacidad por parte de Pemex y, ante las diversas hipótesis que se han planteado en los medios de comunicación y por parte de expertos en materia energética, esta proposición con punto de acuerdo plantea a esta Cámara exhortar respetuosamente a Pemex para que, a la brevedad posible, informe a la opinión pública sobre los hechos que generaron el incendio, sus causas, el impacto y daños estimados al medio ambiente, así como las acciones de remediación que se llevarán a cabo y, especialmente, que informe si el incendio se generó en alguno de los ductos a cargo de la compañía J. Ray Mcdermott, que ha sido señalada en el reportaje publicado por Forbes.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración del pleno de esta Cámara, con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que, a la brevedad posible, informe a la opinión pública sobre los hechos que generaron el incendio cercano a la plataforma satélite KU-C, localizada en la Sonda de Campeche, perteneciente al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, sus causas, el impacto y daños estimados al medio ambiente, así como las acciones de remediación que se llevarán a cabo y, especialmente, que informe si el incendio se generó en alguno de los ductos a cargo de la compañía J. Ray Mcdermott, que ha sido descrita en el cuerpo de esta proposición.

Notas

1 Controla Pemex emanación de gas y fuego en ducto submarino en cercanías de la plataforma satélite KU-C en la Sonda de Campeche. Comunicado 21. Julio 2 de 2021. Petróleos Mexicanos. Recuperado el 4 de julio de 2021, en https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_regionales/Paginas/2021-02 1_cddelcarmen.aspx

2 Arde el Golfo de México; se incendia ducto submarino de Pemex. Excelsior, 3 de julio de 2021. Disponible en https://www.excelsior.com.mx/nacional/arde-el-golfo-de-mexico-se-incend ia-ducto-submarino-de-pemex/1458040

3 Ídem.

4 El incendio en Campeche muestra los riesgos del modelo fósil: Greenpeace México. Greenpeace México, 2 de julio de 2021. Disponible en https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/10574/el-incendio-en-campeche -muestra-los-riesgos-del-modelo-fosil-greenpeace-mexico/

5 Carillo Castillo, Jesús. Un incendio más en Pemex. Gatopardo, 2 de julio de 2021. Disponible en https://gatopardo.com/opinion/un-incendio -mas-en-pemex-acontecido-en-campo-ku/?s=09

6 Pemex perdona multa de 159 mdp a contratista de ductos marinos. Forbes, 1 de julio de 2021. Recuperado el 4 de julio de 2021, en https://www.forbes.com.mx/pemex-perdona-multa-contratista-ductos-marino s/

7 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incluir por la Ssa en la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 a los niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

Araceli Celestino Rosas, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que se incluya dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la Covid-19 en México, a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad, con el fin de garantizar la salud de los menores en el regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 18 de agosto, la Secretaría de Salud publicó la actualización del Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones Covid-19, con la finalidad de establecer a las actividades educativas como esencial para el correcto desarrollo de la niñez y las juventudes.

Al respecto el mencionado Lineamento, señala a la letra:

“El Semáforo de Riesgo y el Sistema Educativo Nacional

La educación es una actividad esencial para el correcto desarrollo de la niñez y las juventudes.

La actividad educativa no se sujeta a cierres de acuerdo con nivel de riesgo epidémico, sino que se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la “Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas”

Asimismo en la Tabla 4 de los mismos Lineamientos se establece:

De lo cual se desprende que será la Secretaría de Educación Pública (SEP) la que unilateralmente deberá establecer la guía del modelo educativo bajo la nueva normalidad.

Cabe hacer mención que dentro de los Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones Covid-19 no se establece ninguna medida o pauta por parte de la Secretaría de Salud para garantizar la salud de los educandos, deja sin restricciones cada uno de los colores del semáforo para que sea la SEP quien libremente y sin mediar ninguna restricción establezca las medidas sanitarias para el control epidemiológico en cada uno de los colores del semáforo.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos la SEP, publicó el 20 de agosto de 2021 el acuerdo número 23/08/21 por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y los educandos.

En el artículo primero del acuerdo se establece el objeto del mismo, señalando: (el subrayado es nuestro).

“Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto :

I. Establecer disposiciones para el ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada , así como dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares con autorización y/o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y los educandos, con estricto apego y cumplimiento a las disposiciones que emitan las Autoridades Sanitarias;

II. Coordinar acciones para mitigar los efectos negativos de la pandemia en los aprendizajes , mediante una valoración diagnóstica que permita conocer el avance del aprendizaje de las y los educandos durante el ciclo escolar 2020-2021. Establecer un periodo extraordinario de recuperación y generar un Plan de Atención para aquellas y aquellos educandos que lo requieran durante el ciclo escolar 2021-2022, y así continuar dando cumplimiento a los planes y programas de estudio de preescolar, primaria, secundaria, Normal y demás para la formación de maestros de educación básica; así como de los tipos medio superior y superior que dependan de la Secretaría de Educación Pública. De igual forma, será aplicable para las y los particulares con autorización y/o reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la Autoridad Educativa Federal, y

III. Facilitar y flexibilizar el ingreso, la permanencia, el tránsito y el egreso en los diversos tipos y niveles educativos , así como coordinar las acciones tendientes a identificar, atender y prevenir el abandono escolar”.

De igual manera, en su artículo tercero, establece nueve acciones a implementar para un regreso responsable y ordenado a clases presenciales, ninguno de las medidas prevé acciones para el caso de un brote de coronavirus entre el personal docente y alumnos de las escuelas, como se puede observar de la transcripción del artículo en comento:

“Tercero. Para promover y coadyuvar la seguridad, salud e higiene para un regreso responsable y ordenado a clases presenciales, se implementarán las siguientes nueve acciones clave:

I. Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera;

II. Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases;

III. Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial;

IV. Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca;

V. Mantener la sana distancia;

VI. Dar mayor uso a los espacios abiertos;

VII. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar;

VIII. Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV2 (Covid-19), y

IX. Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD “Retorno Seguro” climss.imss.gob.mx.

Las recomendaciones del regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022, se darán a conocer por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, mediante la “Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas”, misma que se podrá consultar en las páginas electrónicas oficiales de dichas dependencias.

Lo dispuesto en el presente numeral será aplicable durante el tiempo requerido por las Autoridades Sanitarias. La Autoridad Educativa Federal, las Autoridades Educativas Locales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y las Autoridades Educativas Municipales, en el marco de sus respectivas competencias, realizarán las acciones que correspondan con objeto de dar cumplimiento a la presente disposición”.

En dicho artículo, nuevamente se hace mención a la llamada Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, Ciclo Escolar 2021-2022.

La Guía contiene información básica sobre Covid-19, una justificación para la reapertura de las escuelas, los principios clave para la reapertura de las escuelas, el sistema de monitoreo de las escuelas, entre otros.

Asimismo, se establecen nueve intervenciones (acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas):

1. Comités Participativos de Salud Escolar: Relación Escuela-Centro de Salud Local, Jornadas de Limpieza, Filtros de corresponsabilidad, Filtro de casa, Filtro en la entrada de la escuela y Filtro en el salón de clases;

2. Manos limpias;

3. Vacunación del personal educativo ;

4. Cubrebocas obligatorio;

5. Sana distancia;

6. Optimizar el uso de espacios abiertos;

7. Suspensión de ceremonias o reuniones;

8. Detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de la enfermedad, y

9. Apoyo socio-emocional para docentes y alumnos

Si bien en la Guía ya se contempla como requisito para el regreso a clases presenciales, la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 solo aplica para el personal docente, administrativo y logístico de las instituciones educativas, no así para los educandos de la educación secundaria y bachillerato.

Resulta preocupante que no se considere vacunar a las niñas, niños y adolescentes mayores de 12 años, sobre todo, cuando hemos observado que las nuevas cepas del virus del coronavirus son cada vez más agresivas para los menores, por esta razón resulta necesario replantear la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19 en México” con la finalidad de incluirlos en una nueva etapa para ser inmunizados después de haber vacunado a todos los adultos del país.

Es importante señalar que en la Guía solo se presenta una propuesta de articulación de las nueve intervenciones, durante los cinco momentos clave para el regreso a clases, lo cual resulta insuficiente para salvaguardar y garantizar la salud de los educandos del nivel secundaria y bachillerato.

La propuesta contenida en la Guía se encuentra contenida en el siguiente cuadro:

De la lectura del cuadro se desprende que no se ha considerado vacunar contra la Covid-19 a los educandos, particularmente a los del grupo de edad de 12 a 17 años de edad, para quienes ya se han aprobado vacunas para una inmunización segura.

La segunda versión de la Política Nacional de Vacunación fue publicada el 12 de enero de 2021, en esta segunda versión se contempla un calendario de vacunación transparente y democrático, donde sólo se deja como grupo prioritario al personal de salud de primera línea y se especifica que el resto de la población será vacunada por su grupo de edad de mayor a menor.

En este sentido el presente punto de acuerdo propone la inclusión de una etapa para la inmunización de adolescentes mayores de 12 años de edad.

Asimismo, en la versión del 28 de abril de la Política Nacional de Vacunación se establece:

“Ejes de priorización de la vacunación en México

Tomando en cuenta las recomendaciones del GTAV, otras recomendaciones internacionales, así como diversos criterios éticos y socioculturales, el Gobierno de México ha definido cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país:

1. Edad de las personas;

2. Comorbilidades;

3. Grupos de atención prioritaria, y;

4. Comportamiento de la epidemia.

Como lo recomienda el GTAV, la edad es el primer eje de priorización, ya que la edad es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país. Posteriormente se considera la presencia de comorbilidades, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, inmunológicas e infecciones crónicas, entre otras, que han demostrado incrementar el riesgo de hospitalización y muerte ante la infección por Covid-19.

Sin embargo, dado que la presencia de las comorbilidades antes mencionadas se asocia fuertemente a la edad, el GTAV ha recomendado vacunar a las personas por grupo de edad de 50 años y más, independientemente las comorbilidades. De acuerdo con las estimaciones del GTAV, un primer objetivo de la Estrategia de Vacunación debe ser proteger a las personas más susceptibles; vacunando al 20 por ciento más susceptible se puede lograr una reducción de aproximadamente 80 por ciento en la mortalidad y una disminución muy considerable de las hospitalizaciones, lo que permitiría la reapertura de las actividades socioeconómicas con un menor riesgo para las personas.

Los grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes, personas de 60 años o más, mujeres, personas con discapacidad, víctimas, personas jóvenes, personas de la comunidad LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, personas en situación de calle, personas privadas de la libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y las de identidad indígena son contemplados como el tercer eje de priorización de la vacunación. Esto significa que, como eje de priorización, se cuidará de manera especial que su acceso esté garantizado en el momento en que por edad, condición de vida o comorbilidad deban vacunarse.

Desafortunadamente ninguna de las vacunas que actualmente cuentan con una autorización de uso en emergencia a nivel mundial, tienen autorizado su aplicación en menores de edad (si acaso la edad mínima de aplicación de alguna de las vacunas es de 16 años ), por lo que un grupo considerado especialmente vulnerable, como la niñez que vive con cáncer no podrán ser considerados para la vacunación mientras no se cuente con estudios y análisis específicos de seguridad y eficacia de las vacunas en menores de 16 años”.

Al respecto de lo anterior, desde junio pasado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 para menores entre 12 y 17 años de edad.

El 11 de junio de 2021 el Comité de Moléculas Nuevas (CMN), aprobó el uso de dicha vacuna para la inmunización de niñas, niños y adolescentes mayores de 12 años, la autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación en dicho grupo poblacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud para que se incluya dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad, con el fin de garantizar la salud de los menores en el regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022.

Referencias

- https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/2021.8.18-Metodo_ semaforo_COVID.pdf

- http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627244&fecha=20/08/2 021

- https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/GuiaAperturaEscol ar-SEP-20agosto202119hrs.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce al Ejecutivo federal por su labor al frente de la presidencia pro témpore de la Celac y los trabajos llevados a cabo en la sexta Cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno, el 18 de septiembre de 2021, a cargo del diputado Fernando Marín Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Fernando Marín Díaz, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por lo que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce la labor realizada por el Ejecutivo federal durante el tiempo que asumió la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), así como de los trabajos llevados a cabo durante la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, realizada el 18 de septiembre de 2021, con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 18 de septiembre de 2021, se celebró la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, Celac”, donde se llevó a cabo un trabajo conjunto entre los treinta y tres países miembros y que dio como resultado la “Declaración de la Ciudad de México1 ”.

La Declaración refleja la necesidad de la región Latinoamericana y del Caribe por el reconocimiento y respeto de su soberanía nacional, su participación en el escenario global y, principalmente, la visión humana y pacífica con la que se conduce.

La Declaración contiene 44 puntos, entre los que se encuentran aquellos relativos al reconocimiento pleno de sus gobiernos, su diversidad, el diálogo como el mecanismo ideal para la resolución de los conflictos entre los países miembros.

Así mismo, cabe resaltar que uno de los temas sensibles fue el relacionado a la pandemia global de Covid-19, la cual trajo consigo la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre los países miembros para contar con un plan regional para la atención de la pandemia, la obtención de vacunas y la producción e investigación de las diversas vacunas generadas por países de la región como son: Cuba, México, Chile y Argentina.

Se reconocen los esfuerzos para que en fechas próximas se lleve a cabo la Asamblea Mundial de la Salud, con carácter extraordinario y logren concretar el instrumento internacional correspondiente, de la Organización Mundial de la Salud para la preparación y respuesta frente a las pandemias.

De igual manera, se agradece la propuesta presentada por México, como presidente Pro Témpore, para la creación del Fondo Celac para la respuesta integral a Desastres, que beneficiará a los Estados miembros.

Otro punto que cabe destacar, corresponde a los logros alcanzados en la Cumbre, para la promoción, conservación y revitalización de la cultura y de las lenguas de los pueblos indígenas a través del establecimiento del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas que aportará para el intercambio de la riqueza cultural e histórica de la región y el reconocimiento de los pueblos indígenas u originarios y afrodescendientes, para que nunca más sean marginados.

De igual forma, se reconoce el esfuerzo de los Estados para acabar con todas las formas de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas u originarios y afrodescendientes.

Por último, pero no menos importante, se hace un particular reconocimiento al Ejecutivo federal y extensivo a los miembros de la Celac en su conjunto, por haber concretado la firma del Convenio Constitutivo para la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ALCE, por sus siglas, que sin lugar a dudas contribuirá en la investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías entre los Estados latinoamericanos y caribeños, con miras a la exploración del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce al Ejecutivo Federal por su labor al frente de la Presidencia Pro Témpore de la Celac y los trabajos llevados a cabo durante la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, Celac, llevada a cabo el 18 de septiembre de 2021.

Nota

1 Recuperado de:

https://www.gob.mx/presidencia/documentos/declaracion-de -la-ciudad-de-mexico-celac-2021?idiom=es. Consultado el 18 de septiembre de 2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputado Fernando Marín Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu a publicar en el DOF la NOM-002-SEDATU-2020, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, integrante de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; en el artículo 79, numeral 2, incisos I, II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

I. El derecho al deporte se encuentra establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice “toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

También el término “Deporte” se encuentra en el 3o. constitucional referente a la educación y donde dice que los planes y programas de estudio deben incluir la educación física y el deporte.

Asimismo, se incluye que el sistema penitenciario “el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir (artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

II. El 28 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-SEDATU-2020, “Equipamiento en los instrumentos que conforman el Sistema General de Planeación Territorial. Clasificación, terminología y aplicación”, por parte del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En el proyecto de la Norma indica que sus objetivos y su campo de aplicación es:

• Definir, clasificar y jerarquizar la terminología empleada para la identificación de los equipamientos públicos y privados.

• Se ha identificado falta de consistencia y homologación en la definición de los equipamientos en los distintos instrumentos de planeación.

• Esta carencia deriva en dificultades para ejecutar una planificación coherente con las metas que los diferentes órdenes de gobierno se planteen, así como en la dificultad para dar seguimiento y evaluar la política territorial de la nación.

• La presente norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en la elaboración de los instrumentos de planeación del Sistema General de Planeación Territorial, que al efecto sean emitidos por el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y el de los municipios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales.

En lo que se refiere en materia deportiva para los equipamientos públicos y privados, indica el proyecto de la norma oficial mexicana, lo siguiente:

4.4 Equipamiento para las actividades deportivas

Instalaciones que responden a la necesidad de la población de realizar actividades deportivas en forma libre y organizada, contribuyendo al esparcimiento y a la utilización del tiempo libre.

Adicionalmente al equipamiento público de los distintos órdenes de estado, también se consideran inmuebles privados, ya que es muy común que se renten por tiempo, se tenga que pagar por periodos específicos o contar con algún tipo de membresía.

4.4.1 Deporte

Componentes

a) Básico

- Cancha deportiva

Espacio destinado a la práctica formal de deportes de pelota, que de manera singular se utiliza para una sola actividad en horarios subsecuentes, pudiendo ser a cubierto o a descubierto. Puede ser de usos múltiples o de un deporte en específico, como fútbol, básquetbol.

- Pista deportiva

Área deportiva con secciones longitudinales y en algunos casos curvas, con superficie de acuerdo con la naturaleza del deporte. Entre otros, puede ser atletismo, para la tercera edad, remo y/o canotaje, Pista BMX modalidad race, motocross.

- Campo deportivo

Área deportiva destinada a la práctica formal de deportes variados comúnmente de pelota, que se utiliza para una sola actividad en horarios subsecuentes, contando con dos características preponderantes: amplia extensión de terreno cuadrados y descubierto. Puede ser para futbol soccer, béisbol, softbol, rugby, futbol americano, polo, entre otros.

b) Intermedio

- Arena deportiva

Espacio deportivo destinado específicamente a la práctica formal y enfocado además al espectáculo de disciplinas de Combate (Box, Lucha, Tae Kwon Do), contando con graderíos fijos o móviles para espectadores.

- Lienzo charro

Instalación deportiva especializada con áreas y espacios destinados a la selección, manejo de ganado y deportivos y/o recreativos que de acuerdo con sus características físicas puedan estar cubiertas o a descubierto, utilizando un diseñado para realizar eventos de charrería, competencias ecuestres y/o equino-terapia.

- Polígono de tiro con arco

Área deportiva destinada a la práctica formal del tiro con arco en sus diversas modalidades de tiro con diana, tiro de campo, con arco: recurvo, corto, largo, compuesto, con poleas, ballesta, entre otros.

- Pabellón deportivo

Espacio deportivo totalmente cubierto destinado a uno y hasta diez deportes diferentes, referentes a deportes de combate, gimnasia

- Centro acuático

Centro integral destinado a la difusión, enseñanza, práctica, entrenamiento, ejercicio, relajación, competencia de las actividades relacionadas a la natación con la característica primordial de estar conformado por albercas, piscinas, chapoteaderos, fosa de clavados, tinas de relajación y servicios auxiliares y complementarios que hacen de este el centro el complejo deportivo acuático por excelencia.

c) Especializado

- Centro deportivo, módulo deportivo o polideportivo

Infraestructura deportiva conformada en un solo predio, por tres y hasta cinco áreas deportivas (ejemplo: dos canchas de basquetbol, un campo de fútbol y una cancha de tenis), que puede o no incluir espacio deportivo techado (inmueble destinado a algún deporte), pudiendo agregarse los servicios complementarios correspondientes (estacionamiento, sanitarios, regaderas, vestidores, casetas de vigilancia, pórticos de acceso, entre otros.); construidos o no con aportaciones mancomunadas entre la federación y/o el estado y/o el municipio.

- Unidad deportiva

Conglomerado de áreas y espacios deportivos destinados a 6 o más disciplinas deportivas, complementados con servicios auxiliares como andadores, plazoletas, casetas de vigilancia, servicios sanitarios, estacionamientos, entre otros.

- Complejo deportivo

Conglomerado de áreas, espacios y servicios complementarios destinados a 6 o más disciplinas deportivas, que en su conformación cuentan con servicios de alojamiento, alimentación y servicios médicos básicos para los usuarios de éste, otorgándole un sentido de permanencia extenso y funcional, contando con alto impacto local y regional.

- Ciudad deportiva

Conglomerado de áreas, espacios y servicios complementarios, destinados a 10 o más disciplinas deportivas, diferenciándose del complejo deportivo en que por su área de desplante y desarrollo de proyecto, se consideran además vialidades secundarias e incluso primarias, servicios integrales de transporte interno y/o periférico, autosuficiencia de alumbrado, energía eléctrica, tratamiento de agua y desechos sólidos, sustentabilidad, aparcamiento notable de vehículos, extensión amplia de terreno y con un impacto sustantivo a nivel municipal, estatal y/o regional, dándole al conjunto un sentido de permanencia vasto.

- Campo de golf

Inmueble de dimensiones considerables para la práctica o torneos de golf, el número de hoyos puede variar, pero comúnmente son entre 9 y 36, puede contar con espacios para la práctica de tiros largo o cortos de aproximación a la bandera y otros deportes. Asimismo, puede estar aislado o dentro de un complejo de vivienda.

- Estadio

Inmueble conformado por áreas y espacios deportivos destinado generalmente a deportes de pelota y/o atletismo, con la característica primordial de ser utilizado para efectos no solamente deportivos sino también para espectáculos masivos; con este propósito el inmueble comprende además de la área o espacio deportivo de graderías, servicios complementarios y una operación especial para llevar a cabo las actividades de que se trate.

- Centro paralímpico

Instalación deportiva conformada por diversas áreas y espacios deportivos, complementados con rampas, barandales, implementos, equipamientos, señalizaciones y aditamentos diseñados exprofeso; enfocada a la práctica, enseñanza, entrenamiento e inclusive competencia, de diversas disciplinas deportivas paralímpicas, por parte de personas con discapacidad, sin que ello implique una dicotomía, segregación o diferenciación con personas fuera de este grupo, redundando en un uso general e incluyente.

- Autódromo

Espacio destinado a las carreras de automotores siendo su forma comúnmente un circuito cerrado de formas, trayectorias y peraltes diversos, con gradas y servicios para los espectadores.

- Centro hípico

Instalación deportiva destinada a las diversas disciplinas inherentes a deportes con animales, en este caso el de caballos, con la práctica de equitación, competencias y saltos ecuestres y/o equino-terapia con el enfoque hacia el deporte olímpico (deporte de representación) y/o deporte recreativo o terapéutico.

- Galgódromo

Instalación destinada a las carreras de perros, comúnmente galgos, que persiguen una liebre mecánica alrededor de un circuito en forma de óvalo a descubierto.

- Hipódromo

Instalación destinada a las carreras de caballos o de enganches (atelajes) ecuestres, siendo su forma comúnmente un circuito en forma de óvalo a descubierto.

- Velódromo

Instalación deportiva especializada, techada o a descubierto destinada a ciclismo de pista, consistente en un circuito de forma rectangular redondeada, con dos rectas y dos curvas peraltadas y una deportivos y/o recreativos que de acuerdo a sus características físicas puedan estar cubiertas o a descubierto, utilizando un sección denominada “Costa Azul”, contando ya sea con rampa de acceso o túnel de acceso al interior del velódromo, su entorno concebido, construido, adaptado o dotado de equipo y/o equipamiento deportivo. A los servicios complementarios estructura comúnmente es de concreto con superficie final de madera especial.

III. De acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef), levantado en noviembre de 2020, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta los siguientes datos:

• El 61.1 por ciento de la población de 18 y más años declaró ser inactiva físicamente. De este grupo, 71.7 por ciento alguna vez realizó práctica físico-deportiva mientras que 28.3 por ciento nunca ha realizado ejercicio físico.

• El tiempo promedio semanal de práctica físico-deportiva con nivel de suficiencia es de 6 horas para los hombres, mientras que en las mujeres es de 4 horas 55 minutos.

• El 60 por ciento de la población activa físicamente realiza deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares públicos.

• De la población que realiza práctica físico-deportiva en instalaciones o lugares privados, el 67.8 por ciento alcanza nivel de suficiencia para obtener beneficios a la salud, en comparación con aquella población que utiliza instalaciones o lugares públicos, solo el 55.9 por ciento lo alcanza, esto señala que quienes realizan ejercicio en instalaciones o lugares privados dedican mayor tiempo a la semana y lo realizan con mayor intensidad.

De allí se desprende la necesidad de publicar la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDATU-2020, “Equipamiento en los instrumentos que conforman el Sistema General de Planeación Territorial. Clasificación”, en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de la planificación de las instalaciones deportivas de nuestro país.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 79 del Reglamento, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito pone a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que publique la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDATU-2020, “Equipamiento en los instrumentos que conforman el Sistema General de Planeación Territorial. Clasificación”, en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a verificar que los salarios se paguen de acuerdo con la tarifa respectiva e inspeccionar que no se incurra en prácticas que trasladen a aquéllos las cargas impositivas en la industria manufacturera y maquiladora en Chihuahua, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El paquete económico delineado por el gobierno de México y remitido a la Cámara de Diputados, tiene como líneas estratégicas intensificar las políticas sociales en beneficio de los grupos menos favorecidos; impulsar la inversión pública, especialmente en proyectos de infraestructura, desarrollo regional y convergente; ejercer las finanzas públicas en forma responsable y honesta, con ingresos equitativos y equilibrados; un gasto austero, racional, suficiente y bien distribuido en el país; y, mantener la deuda pública en proporciones manejables, de acuerdo con los límites establecidos por el Congreso de la Unión.

Como sabemos, el pilar central del proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador está cifrado en el apoyo a los grupos más desfavorecidos, que fueron víctimas de la política económica rapaz implementada por los gobiernos neoliberales.

En ese sentido, el gobierno de México diseñó una estrategia basada en la implementación de programas sociales prioritarios dirigidos a atender a la población más vulnerable, con el objeto de mitigar sus necesidades en un corto plazo, e insertarlos en una dinámica social que les permitirá sobreponerse a la desigualdad y a la pobreza, a mediano y largo plazo.

En ese tenor, dados los resultados arrojados por estos programas, resulta pertinente incentivar a los gobiernos de las entidades federativas a que implementen programas y mecanismos fiscales acordes a sus necesidades para contribuir al combate a la desigualdad y la pobreza.

En Chihuahua, 2.9 por ciento de la población vive en condición de pobreza extrema; 25.3 por ciento vive en pobreza; 24.4 por ciento de la población es vulnerable por carencias sociales mientras que 12.3 por ciento lo es por ingresos.1

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima que 464 mil 600 chihuahuenses son vulnerables por ingresos, es decir, es población con un ingreso inferior o igual a la línea de pobreza extrema por ingresos.2

Si bien uno de los sectores formales que brindan cobertura social a los trabajadores es la industria manufacturera, también debemos considerar los estragos que causó la pandemia entre las y los trabajadores de maquilas.

Chihuahua ocupa el tercer lugar en número de establecimientos manufactureros activos, con un total de 500, sólo después de Nuevo León, con 658, y Baja California, con 930. De tal suerte que es una entidad estratégica para la industria maquiladora y nuestra economía y estabilidad depende fuertemente de ello; tan sólo Ciudad Juárez alberga más de 65 por ciento del total de sus naves industriales.3

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el municipio de Ciudad Juárez hay alrededor de 330 maquilas; 109 en la ciudad de Chihuahua y 61 en el resto del estado, lo que se traduce en 384 mil 665 personas ocupadas en la industria manufacturera y 405 mil 426 en establecimientos manufactureros con programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX).4

Con la llegada del virus SARS-CoV2, esta industria vio mermadas sus actividades, producción y, por tanto, sus percepciones. Ello impactó directamente en los trabajadores, que debieron trabajar con el riesgo de contraer el virus y con políticas poco amigables para sus bolsillos.

Debe tenerse en cuenta que los trabajadores de las maquilas son un sector importante que brinda seguridad social a sus agremiados (tan sólo en Ciudad Juárez representan 65 por ciento de los trabajadores formales), no obstante, con el fin de sacar adelante a sus familias las personas deben tener dos o hasta tres trabajos para cubrir sus necesidades básicas.5

Una de las medidas que estas empresas implementaron para equilibrar la falta de actividad económica fue la reducción de los salarios de los trabajadores, quienes percibieron salarios con descuentos desde 35 hasta 50 por ciento.

Esto sin duda fue y a la fecha sigue siendo un golpe muy duro para muchos hogares. Consideremos que, gracias a que es un sector formal que ofrece prestaciones, la mayoría de los trabajadores tiene préstamos de vivienda, lo que implica descuentos de alrededor 30 por ciento de su salario; si a esto le sumamos algún otro préstamo solicitado a la empresa y los compromisos de manutención, la afectación del ingreso de las y los trabajadores se ve bastante comprometido.

Ahora bien, a pesar de que más de 60 por ciento del Impuesto sobre la Nómina (ISN) que se paga en la frontera recae en la industria maquiladora, en Chihuahua se pretende aumentar la tasa del ISN para el siguiente año, lo cual se ha comprobado que tiene al menos tres consecuencias:

1) El patrón reemplaza fuerza de trabajo por maquinaria y equipo.

2) Reduce el sueldo que paga a sus empleados o la cantidad de horas contratadas.

3) Aumenta el precio de sus productos o servicios.

Entonces, llevarlo a la práctica implicaría un fuerte golpe a las familias de nuestro estado y, con ello, a la economía local. Al respecto, el Laboratorio de Economía de la Universidad de Ciudad Juárez refiere que en 23 de las 32 entidades federativas en las que se incrementó el ISN, la carga impositiva fue para el trabajador.6 En suma, los trabajadores ganan menos, consumen menos y por tanto las empresas venden menos y producen menos.7

Si bien el gobierno federal ha tenido resultados positivos a partir de la aplicación de programas especiales para la región fronteriza, como contener la inflación, una recuperación más acelerada del empleo formal en comparación con el resto del país y un mayor dinamismo en comercio exterior y comercio al pormenor, resulta necesario intensificar programas sociales y proyectos regionales de inversión para aligerar o beneficiar a los trabajadores juarenses.

En ese sentido, se propone al gobierno del estado de Chihuahua que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar que las y los trabajadores no sean sujetos de traslados de las tasas impositivas del sector, lo anterior con miras a apoyar a las familias que viven de la industria manufacturera, dado que la base trabajadora del rubro han sido de los más afectados por la pandemia de Covid-19.

Apelo también a la sensibilidad de las autoridades del estado, por tanto le solicito respetuosamente a la gobernadora Maru Campos que considere implementar o intensificar los programas sociales de la entidad que tengan en cuenta las necesidades de la industria manufacturera.

Al tenor de las consideraciones presentadas, se pone a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de México a que verifique que los salarios se paguen de acuerdo a la tarifa respectiva, y que inspeccione que no se incurra en prácticas trasladen las cargas impositivas de la industria manufacturera y maquiladora a los salarios de las y los trabajadores; asimismo a que, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Chihuahua, realicen acciones con el objeto de garantizar que no se vean afectadas las condiciones salariales ni laborales de las y los trabajadores del sector.

De igual forma, se le exhorta respetuosamente a implementar o intensificar, según sea el caso, programas sociales que tengan como propósito mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores de las maquiladoras del estado de Chihuahua, cuya labor es un componente esencial en la estructura económica de este estado.

Notas

1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la Pobreza 2020, Chihuahua. Disponible en: https://n9.cl/tmm5p

2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Informe de Pobreza y Evaluación 2020, Chihuahua. Disponible en: https://n9.cl/jxlth

3 Gaytán, B. (19 de mayo de 2021) Especial: Vive Juárez ´boom´ de naves industriales. Disponible en: https://bit.ly/3EW41OQ

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México en cifras, Chihuahua. Disponible en: https://bit.ly/3uet62t

5 Meyra, Clara. Trabajar en alto riesgo dentro de la industria maquiladora: voces de mujeres en Ciudad Juárez en tiempos de la Covid-19. Disponible en: https://bit.ly/3zQeS8V

6 Barranco, C. (15 de septiembre de 2021). Aumento al ISN pegaría a salarios de trabajadores. Disponible en: https://bit.ly/3ukscBp

7 Levy, Santiago. Good Intentions, Bad Outcomes: Social Policy, Informality, and Economic Growth in Mexico. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 2008” Disponible en:

https://n9.cl/tmm5p

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para proponer la creación de una comisión especial de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, suscrita por los diputados Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Triana Tena y Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, los diputados Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Triana Tena y Guillermo Octavio Huerta Ling, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación de una Comisión Especial de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, conforme a los siguientes

Antecedentes

Las estrategias que las grandes urbes han promovido para atender los serios problemas de movilidad son una gran red de metro y trenes urbanos; y una estricta regulación del uso del automóvil. Esto conlleva diversos beneficios, menor consumo de combustible, menores tiempos de traslado y menor contaminación y congestión, incluso se ha comprobado que las ciudades que cuentan con una red de metro, tienen un impacto en el aumento de puestos de trabajo.

Ciudades como Barcelona, Berlín, Hong Kong, Londres, Madrid, Nueva York, París, Tokio, entre otras, han encontrado en el uso del metro una solución al problema de movilidad. En la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha sido una pieza fundamental de movilidad en los últimos 50 años, por lo económico que resulta y la forma tan rápida de trasladarse.

La primera línea del metro inaugurada en la Ciudad de México fue en 1969 por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, actualmente el STC Metro cuenta con una extensión de 226 kilómetros, 195 estaciones y un total de 12 líneas.

La última línea se construyó en el año 2012, por el entonces jefe de gobierno y hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, con un costo inicial de 17 mil 538 millones de pesos, la cual se adjudicó a Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Carso Infraestructura y Construcción, SA (CICSA, de Carlos Slim) y Alstom Mexicana.

Desde su inicio, el proyecto presentaba irregularidades que hacían evidente la puesta en riesgo de los usuarios, al proyectarse totalmente subterránea, pero ante los altos costos y extensión de tiempo en la conclusión de la obra, se modificó para realizar una parte elevada.

Al aproximarse la conclusión de la administración del gobierno de la Ciudad de México y cercanas las elecciones, el proyecto tuvo una aceleración para poder entregar la obra y ser inaugurada, por ello, en octubre de 2012, se estrenó la Línea 12 en un recorrido realizado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, y el empresario Carlos Slim, teniendo un costo final de 26 mil millones de pesos.

Horas después de inaugurase, ya se habían detectado problemas operativos, interrumpiendo el servicio por unos minutos y un año después, en octubre del 2013, se suspendió el servicio en la mitad de la línea (el tramo elevado donde se encontraba la estación “Olivos”), por trabajos de mantenimiento y zonas en donde las curvas se encontraban “muy cerradas”, desgastando los rieles a tal grado de deformarlos, dando como resultado un posible descarrilamiento. En el año 2014, se suspende por segunda ocasión el servicio en 12 estaciones, por supuestos problemas de construcción en la parte del tramo elevado.

Derivado de las múltiples irregularidades, la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, creó la Comisión Especial de investigación de la Línea 12, para revisar los procesos de licitación y la ejecución del proyecto, emitiendo una serie de conclusiones, tales como: “fallas importantes de concepción y planeación (...), así como que las modificaciones a la ingeniería básica, al trazo original (al cambiar algunas estaciones subterráneas a elevadas) y a las especificaciones del material rodante, afectaron severamente las condiciones técnicas de operación”.

La Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX solicitó un diagnóstico a la consultoría Systra, con el objeto de conocer las causas de la problemática que afectaba a la Línea 12 y dar una solución. En septiembre de 2014, dicha consultoría entregó un informe, donde se detectaron los principales defectos en fisuras, grietas y el peralte de las curvas, soldaduras realizadas de forma incorrecta sin atender las normas ni procedimientos de fábrica y con balasto no adecuado.

De forma paralela, el 28 de abril de 2014, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, creó la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales destinados a la Línea 12 del Metro, cuyo objeto fue colaborar con el esclarecimiento de irregularidades en dicha línea y sus aspectos adyacentes, donde en sus primeros informes se mencionó que era necesario “fincar responsabilidades a quienes aprobaron que proyecto Metro y el Consorcio Constructor acordaran, a través de sucesivos convenios modificatorios, incrementos en el costo de estaciones, de tramos de conducción y en los porcentajes de los anticipos entregados a las compañías privadas mencionadas.”

En el año 2015, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, vuelve a poner en marcha las operaciones de toda la línea. No obstante, en el sismo de septiembre de 2017, vuelve a presentar daños, provocando un descarrilamiento de un tren en la estación “Nopalera”, reportado con fallas estructurales en una columna e incluso desplomándose una parte de la vía.

El 3 de mayo de 2021, aproximadamente a las 22:30 horas, se desplomó la estructura de la Línea 12 del Metro, mientras pasaba un convoy con usuarios en el tramo elevado entre las estaciones “Olivos” y “Tezonco”, dando como resultado la muerte de 27 personas y casi 100 hospitalizadas.

Como parte de las investigaciones para determinar lo sucedido en el desplome, el 7 de septiembre del presente año, la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) entregó un dictamen final respecto a los peritajes realizados, mismo que tuvo un costo de 26 millones de pesos, concluyendo lo siguiente:

“Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta.”

Aunque se descartó que el sismo del año 2017 hubiera afectado directamente a la estructura, dado que el peso de los trenes ya la había dañado severamente, se podría tomar como una causa secundaria.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está realizando las indagatorias correspondientes, sumando la información emitida por la empresa DNV y próximamente dará a conocer los resultados en un informe, con el objeto de determinar las responsabilidades en torno a los hechos.

La falta de mantenimiento en el Metro ha sido un problema constante, generando múltiples accidentes, pues tan solo en el año 2020, de acuerdo con el “Informe de las características significativas del estado en que se encuentran los activos del STC”, se realizaron apenas poco más de la mitad de los programas de mantenimiento para el Metro, es decir de las 483 mil 774 programadas se realizaron 262 mil 989 tareas de manteniendo.

El hecho de que aún no hay claridad en las responsabilidades y sanciones, tanto del desplome como de la serie de irregularidades que estuvieron latentes a lo largo de 14 años, desde que inició la construcción de la Línea 12, resulta necesario un órgano especial que dé cause a toda la serie de denuncias, informes y resultados de los distintos organismos para dar certeza a lo sucedido.

Considerandos

I.- El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II.- Que conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

III.- Que conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la legislatura, el secretario general de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

IV.- Que conforme al artículo 205 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, la Cámara puede constituir comités y comisiones especiales para la atención de las funciones constitucionales y legales, que no sean competencia de las comisiones ordinarias.

V.- Conforme a lo establecido en el artículo 207 párrafo primero y segundo, del Reglamento de esta Cámara de Diputados:

1. Las comisiones especiales son órganos colegiados no dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que se les encomiendan. Se crearán mediante acuerdo del pleno de la Cámara, a propuesta de la Junta que debe señalar:

I. Su objeto y duración;

II. Sus tareas, con plazos para su cumplimiento;

III. Las tareas específicas que le sean encomendadas;

IV. El número de integrantes que la conforman, y

V. Los integrantes de su Junta Directiva.

2. Una vez que haya finalizado la legislatura o que hayan cumplido o agotado su objeto, se extinguirán. La Conferencia a través de acuerdo, lo comunicará al pleno.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se propone la creación de la Comisión Especial para el esclarecimiento de las causas del desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México ocurrido el 3 de mayo del 2021, con el objeto de analizar los antecedentes y resultados de los peritajes de la obra, colaborar en las investigaciones y dar seguimiento a la reparación del daño a las víctimas y a los trabajos de reconstrucción de la línea.

Segundo.- La duración de la Comisión Especial será a partir de la aprobación de ésta por el pleno de la Cámara de Diputados y hasta concluir su objeto o a la conclusión de la presente legislatura.

Tercero.- La Comisión Especial estará integrada, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, por un número proporcional de la Mesa Directiva de esta Cámara, donde se reflejen todas las fuerzas políticas de forma equitativa y proporcional, sus integrantes serán elegidos por cada grupo parlamentario.

Cuarto.- La junta directiva de la Comisión Especial estará conformada por un presidente y cuatro secretarios.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 30 de septiembre de 2021.

Diputados:

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a mejorar y crear por las secretarías y entidades de la APF a su cargo más políticas públicas y programas sociales donde mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores sean los principales beneficiarios, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a mandatar a las Secretarías y entidades de la administración pública federal a su cargo, a mejorar y crear más políticas públicas y programas sociales en los que las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, y los adultos mayores sean los principales beneficiarios. Conforme a las siguientes

Consideraciones

Es contundente, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer en su artículo cuarto, principalmente en lo referido que a la letra dice “la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”, es decir, ésta deberá establecer mecanismos e instituciones suficientes para garantizar la igualdad y promover la equidad de género; sin embargo, aún y cuando así lo establece nuestra carta magna con tal claridad, fatalmente se siguen afrontando una gran cantidad de situaciones que sin duda desfavorecen el pleno goce de los derechos como mujeres, esto sumado aun y cuando la importancia de la igualdad esté siendo reconocida a niveles internacionales.

Aunado a lo anterior, las instituciones que lo conforman tienen la obligación de garantizar la igualdad en todo nuestro territorio mexicano, mediante la adopción de políticas públicas, programas sociales, proyectos acciones alternativas e instrumentos que coadyuven en este sentido, y sobre todo prever los recursos presupuestarios necesarios y que satisfagan el interés para llevarlos a cabo.

Asimismo, México, en su ley suprema, contempla la protección de los derechos de los niños a través de diversos instrumentos legales, como antecedente el 21 septiembre de 1990 cuando ratificó la Convención sobre los Derechos de los Niños, misma que da pauta a las adecuaciones de las legislaciones de cada estado, pero no es sino hasta el 7 de abril del 2000, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4o. constitucional, mediante la cual se incorporaron los derechos de las niñas y los niños, señalando como básicos: alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, mismo que de igual manera tiene que verse beneficiados con la mejora de políticas públicas, programas sociales, etcétera.

Cabe señalar que el 29 de mayo del mismo año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la cual se regulan los derechos contemplados en la Constitución y en la Convención.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en el país residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8 por ciento del total de población. De este grupo, 19.6 millones son hombres y 18.9 millones mujeres. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, un total de 580 289 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años presentan alguna discapacidad.1

De acuerdo con el Inegi, en 2015, residían en México 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, que representan el 25.7 por ciento de la población nacional, es decir, un poco más de la cuarta parte. Del total de la población joven, 35.1 por ciento son adolescentes (15 a 19 años), 34.8 por ciento son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1 por ciento tienen de 25 a 29 años de edad.

En lo concerniente al nivel de escolaridad, 32.9 por ciento de personas jóvenes, cuentan con educación media superior, mientras que 19.4 por ciento, educación superior. El 1.2 por ciento de jóvenes no tiene escolaridad y 2.9 por ciento solo estudiaron la primaria incompleta.

Las personas jóvenes son sujetos plenos de derechos que ameritan y exigen su reconocimiento, protección, respeto y defensa a través de la generación de políticas con perspectiva de juventud que consideren los ámbitos social, económico, político y cultural, permitan la transformación de su realidad y que se genere un ambiente propicio para la construcción de su personalidad adulta, basada en principios, valores y con sentido de responsabilidad.

El Estado mexicano tiene la obligación de reconocer a las y los jóvenes como actores principales y estratégicos para el desarrollo de nuestro país; brindarles oportunidades incluyentes que les permitan prepararse y obtener su primera experiencia laboral; crear acciones que contribuyan a mejorar el desarrollo de sus potencialidades; regular mecanismos para la integración, elaboración, utilización y sistematización de la información; construir en la población una cultura de conocimiento y participación en temas relacionados con la juventud, y propiciar que su entorno social y familiar se desenvuelva en un ambiente armónico, saludable y libre de toda forma de violencia.2

En cuanto a la situación de las personas adultas mayores, las proyecciones demográficas de México apuntan al envejecimiento de la población en los próximos treinta años. Las estimaciones elaboradas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que para el año 2050, en México habrá una población total de 129 millones 855 mil 700 personas, de las cuales el 28 por ciento (32 millones 222 mil 200) tendrá más de 60 años, en comparación con un 20.7 por ciento (31 millones 234 mil 600) de menores de 15 años. La mayor porción de esa población serán mujeres (56.1 por ciento), en contraste con el porcentaje de hombres (43.9 por ciento). Para ese entonces, la esperanza de vida de las primeras se habrá incrementado a 81.60 años mientras que la de los segundos a 77.34.3

En el 2000, 61 por ciento de la población tenía menos de 30 años, y ahora este grupo es solamente de 50 por ciento, “en el otro extremo los mayores de 60 años eran tan sólo el siete por ciento en el año 2000 y ya para el año 2020 excede el 12 por ciento de la población”. Es decir, hay más de 15 millones de personas residentes en México que tienen 60 años y más.4

Por ello, estrategias sobre los objetivos para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población deberán ser eficaces, eficientes, transparentes, y sobre todo con políticas públicas que mejoren los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de género, mejoras en la atención de nuestras niñas niños y adolescentes, así como a nuestros adultos mayores.

En Acción Nacional tenemos un interminable compromiso con la sociedad, pero aún más con aquellos sectores vulnerables de nuestro país, es por ello que, con lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno de esta soberanía para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a mandatar a las Secretarías y entidades de la administración pública federal a su cargo, a mejorar y crear más políticas públicas, y programas sociales en los que las mujeres, las niñas, niños, y adolescentes, y los adultos mayores sean los principales beneficiarios.

Notas

1 Inegi

2 Inegi

3 Conapo

4 https://www.milenio.com/politica/edad-promedio-mexicanos-censo-inegi-20 21

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.

Diputada Ana Laura Sánchez Velázquez (rúbrica)

Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Triana Tena, Guillermo Octavio Huerta Ling (rúbricas).
Inklusion
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