Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 5917-VI, martes 30 de noviembre de 2021

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Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Jalisco a considerar en el Presupuesto local de 2022 mayores recursos para la Comisión de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a considerar una prórroga en la disposición de entrada en vigor de los comprobantes fiscales digitales por internet del complemento de carta porte, a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a implantar medidas para agilizar la vacunación completa contra el Covid-19 en toda la población ante el riesgo que representa Ómicron, la nueva variante del SARS-Cov2, suscrita por los diputados Frinné Azuara Yarzábal, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a realizar campañas de difusión entre quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niños, adolescentes y jóvenes en los distintos niveles educativos, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la CNDH a impulsar las acciones pertinentes y cumplir las recomendaciones internacionales sobre desapariciones forzadas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN a resolver de manera expedita las acciones de inconstitucionalidad 59/2021 y 66/2021, a cargo del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a cumplir el laudo definitivo emitido en las actuaciones del juicio laboral radicado en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con el expediente número 8533/2013, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía homenajea a los medallistas participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2020 de Tokio, Japón, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a prevenir y contener la propagación de la variante de coronavirus Ómicron en el país, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGJEBC a crear un programa para la prevención y protección de las bajacalifornianas, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a garantizar un diálogo alumnos-profesores del CIDE para subsanar los inconvenientes generados por la destitución de dos académicos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a garantizar el respeto de los derechos humanos de los paisanos que retornan de EUA a México en temporada decembrina e impedir extorsiones de autoridades aduaneras, a cargo del diputado Mauricio Prieto Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a implantar con los tres niveles de gobierno un programa de cuidado ambiental durante las fiestas decembrinas, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN sobre la revisión del acuerdo presidencial emitido en el DOF el 22 de noviembre de 2021 en materia de proyectos y obras públicos, a cargo del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Jalisco a reconsiderar la solicitud para aumentar el costo del servicio de agua por el ayuntamiento de Zapopan, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a garantizar condiciones para el ejercicio del derecho de libertad de expresión y de prensa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSP de Guanajuato a redoblar esfuerzos a fin de restablecer la seguridad pública, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob a incorporar a la ciudadana Claudia Martínez Sánchez al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, suscrita por la diputada Inés Parra Juárez, de Morena, y diputadas de los Grupos Parlamentarios del PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y PRI

Efemérides

Con motivo del 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Jalisco a considerar en el Presupuesto local de 2022 mayores recursos para la Comisión de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Introducción

La inseguridad en Jalisco es hoy un tema prioritario para las y los jaliscienses, lo cual se ha visto reflejado en los datos arrojados por el Inegi en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021.

En dicha encuesta, en el apartado referente a la Percepción sobre la Seguridad Pública en el estado de Jalisco, el 58.5% de la población de 18 años y más, consideran el tema de la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa.

Asimismo, los datos mostrados anteriormente se refuerzan y cobran sentido al visualizar que, en la actualidad, existe un incremento importante en el índice de personas desaparecidas en el estado de Jalisco, mismo que se ha intensificado durante la actual administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

De acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), del total de personas desaparecidas en el estado que suman 10 mil 909 casos, 4 mil 674 han ocurrido durante los últimos tres años, de 2019 al 2021.1 Lo que representa el 42.84% del total acumulado.

A su vez, el reporte de “Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas”2 del Gobierno Federal de este año, señala que Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas, ya que tan solo dentro de los primeros seis meses del 2021, se han contabilizado 3 mil 948 casos de personas desaparecidas y no localizadas3 .

II. El actuar del Gobierno estatal

En el 2018 el Gobierno de Jalisco creó la Comisión de Búsqueda de Personas, con el objetivo de “impulsar los esfuerzos de las autoridades del Estado que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas a fin de dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en la normatividad internacional, nacional y estatal, así como los Principios Generales y Rectores en materia de búsqueda” (Gobierno de Jalisco, 2021).

A pesar del intento del Gobierno Estatal por atender la crisis, los índices de personas desaparecidas no disminuyen, escenario que los medios de comunicación han resaltado en los últimos meses en notas como:

• El portal El diario sin límites- “Jalisco ocupa primer lugar en personas desaparecidas”.4

• El Diario NTR- “Jalisco, primero en desaparecidos”.5

• El portal de la Universidad de Guadalajara- “Un fracaso, estrategia para combatir desapariciones forzadas en Jalisco, considera especialista.”6

En 2018, Jalisco cerró sus cifras de personas desaparecidas en 1 mil 426 personas, y para 2019, año donde la administración de Enrique Alfaro ha registrado la mayor cantidad de personas, cerró con 2 mil 058 personas. (Cepad, 2020).

Justamente es Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, son los municipios en los que más cantidad de hombres y mujeres han desaparecido y, desde mayo del año anterior, el hallazgo de fosa tras fosa no cesa. (López, 2020)

Al respecto, especialistas, académicos, organizaciones civiles, colectivos de búsqueda y diversos movimientos de la ciudadanía organizada, consideran que las acciones implementadas por el gobierno estatal no abonan a lograr disminuir el problema, tanto en la búsqueda, como en la identificación de cuerpos, reflejando así una falta de eficiencia gubernamental.

Tal es así, que el pasado 26 de octubre, las asociaciones Por amor a Ellxs, Guerreras de Chapara, Hasta Encontrarles Lagos de Moreno, Guerreras, San Miguel el Alto, Entre Cielo y Tierra, Huellas de Amor Jr 33:33, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y Altos Sur Jalisco En Busca de Ti , se pronunciaron en contra de la criminalización por parte del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, hacia las víctimas de desapariciones forzadas.

“Exigimos al Gobierno del Estado sea más sensible y nunca más criminalice a las víctimas de violencia. Además, al hablar de cifras de violencia, no olvidemos que detrás de cada víctima de homicidio o desaparición se encuentran sus familias que han sido profundamente afectadas, y no se debe reducir su dolor en dar números alterados y negar la problemática.

Tal vez para el gobernador las personas desaparecidas son un número más en la estadística de “Pendientes de Localizar”, pero para quienes buscamos a un ser querido desaparecido, son personas que tienen nombres, historias de vida y sus familias que les aman. ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!.7

De igual manera, el pasado viernes 29 de octubre de 2021, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, convocó a una rueda de prensa virtual para dar a conocer la situación de los desaparecidos en Jalisco. Ahí, una de sus académicas mencionó lo siguiente:

“El balance sobre la violencia homicida y la desaparición de personas que hizo el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, es un ejercicio de simulación, incompleto y carente de autocrítica; utiliza datos a conveniencia, guarda silencio sobre hechos graves, desconoce el esfuerzo de los colectivos de familiares y ofende la memoria de las víctimas”, expresó la doctora Carmen Chinas Salazar, integrante del Comité Universitario de Análisis en materia de Personas Desaparecidas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (Cucsh), de la Universidad de Guadalajara.8

Por otra parte, en el año 2019, el estado de Jalisco creó la Comisión para la Búsqueda de Personas, misma que lamentablemente no ha dado resultados, y que, sumado a ello, para el siguiente ejercicio fiscal de 2022 en el Presupuesto de Egresos del Estado enviado por el Ejecutivo Estatal al Congreso Local , se prevé un decremento en su presupuesto a pesar de la crisis en materia de personas desaparecidas que atraviesa el estado.

En el siguiente cuadro, se muestran los recursos asignados por parte del Gobierno del Estado para la Comisión para la Búsqueda de Personas 2021 en comparación con lo que se pretende presupuestar para el 2022.

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de Jalisco de los años señalados

En este sentido, para el próximo ejercicio fiscal se percibe una reducción de 454 mil 643 pesos, que se traduce en uno de -4.55% en términos reales, a pesar de que las estrategias por parte del gobierno del estado no han sido suficientes para frenar esta problemática.

Menos presupuesto implican menos personal, menos tecnología o herramientas para hacer las búsquedas. Menos profesionistas capacitado para atender debida y dignamente a las madres, padres, esposas e hijos que van a las oficinas a pedir o a llevar información. Esta mezquindad presupuestal es el reflejo de la desatención o incluso desprecio que el gobierno del estado da a las familias de víctimas. (Martín, 2021)

Lo anterior expone que, para las 3,948 personas desaparecidas y no localizadas, se destinarán para cada una solamente 27.2 pesos diarios para su búsqueda, una cifra totalmente fuera de la realidad que atraviesa el estado.

Por otro lado, y en contraste, el Gobernador de Jalisco se ha encargado únicamente, de exponer los avances que supuestamente se han logrado durante su gestión en materia de desaparición, escenarios que las y los familiares de las víctimas han refutado, y quienes, en más de una ocasión, han tenido que salir a declarar la verdad, mencionando que la realidad es otra, que no hay atención, ni apoyo por parte del Gobierno del Estado, para la búsqueda de sus familiares.

“Que dé la cara, que dé la cara”, gritó en coro sin éxito un grupo de manifestantes, en la quinta protesta en poco más de una semana a las afueras de Casa Jalisco, pero otra vez el gobernador Enrique Alfaro evitó salir a atender a personas desesperadas en las cada día más constantes marchas para exigir resultados en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. (G. Partida, 2021)

El gobierno del Estado ha presentado cifras y datos erróneos sobre un tema tan sensible como las personas desaparecidas, y para ejemplo, el siguiente:

PRONUNCIONAMIENTO RESPECTO AL 3ER INFORME SOBRE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE JALISCO

Las 10 mil 777 personas que señala Enrique Alfaro en el informe difieren de las más de 14 mil 500 personas desaparecidas, que indica el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que reúne información proporcionada por las autoridades locales de las fiscalías y comisiones locales, así como personas en lo individual, por lo que la información sistematizada a nivel nacional y estatal no debería presentar las discrepancias, y menos ser ignorada por el Gobierno de Jalisco en tanto que se trata de sus propios datos proporcionados a la federación.

Con un tono triunfalista el gobernador señaló que “hay menos personas desaparecidas cada año”, señalando que las desapariciones van a la baja y hubo reducción de 30% comparando los periodos de enero a septiembre de 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, considerando sólo a este sexenio, del 6 de diciembre de 2018 al 25 de octubre de 2021, a Jalisco corresponden 3 mil 950 personas que se encuentran en calidad de desaparecidas, de acuerdo con el Rnpdno.9

En contraste:

Tan solo el año pasado, el Gobierno de Jalisco gastó 214 millones 563 mil pesos en comunicación social, que aludía, en su mayoría, a las actividades del gobernador, esto con el fin de comenzar a levantar su imagen para ser un referente de candidato para la próxima contienda electoral 2024, situación que enfureció a las personas que cuentan con alguna discapacidad, puesto que, fue uno de los ramos más olvidados en dicho ejercicio fiscal. (Ortiz, 2020)

Asimismo, según datos del Diario NTR, entre enero y marzo de este año, el gobierno del estado gastó 73.5 millones de pesos, en publicidad y comunicación, periodo en el que aconteció la crisis más aguda por la pandemia de Covid-19 en Jalisco; sin embargo, la mayor parte del gasto en difusión se usó para promocionar el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Sólo 11.5 por ciento se destinó a campañas preventivas.10

Lamentablemente, la comunicación social de Jalisco se ha enfocado principalmente en promocionar la imagen del gobernador, esto sumado al excesivo monto que ha destinado a ello, situación que ha dejado en descobijo presupuestal a otros ramos de suma importancia para el bienestar social.

Por ejemplo, en un comparativo, el gasto en comunicación social del Gobierno de Jalisco ha sido mayor que el presupuesto para la Comisión para la Búsqueda de Personas 22.3 veces en el 2019; 7.37 veces en el 2020 y casi el doble en lo que se ha erogado en los primeros 6 meses del 2021.

En conclusión, podemos visualizar una preocupante situación en cuanto a la distribución y uso de los recursos públicos de las y los jaliscienses, es por lo anterior, que presento el siguiente punto de acuerdo, con el firme objetivo de alzar la voz, a nombre de todas las y los jaliscienses, que buscan justicia y resultados positivos por parte del gobierno del estado de Jalisco, y quienes sin lugar a duda merecen vivir en un ambiente de seguridad y tranquilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXV Legislatura, exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Jalisco, con pleno respeto a su autonomía, para que, dentro del ámbito de sus competencias, consideren la viabilidad de una mayor asignación presupuestal para la Comisión para la Búsqueda de Personas, en monto y en destino del gasto, en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2022, que atienda la crisis en materia de personas desaparecidas que actualmente atraviesa la entidad.

Segundo. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXV Legislatura, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco, a que haga público un informe sobre las acciones que ha implementado en materia de personas desaparecidas, así como los recursos utilizados en ellas, su destino y los resultados que se han obtenido.

Notas:

1. Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición. Disponible en: https://sisovid.jalisco.gob.mx/

2. Reporte Semestral Enero a Julio 2021

3. Gobierno Federal (2021) Disponible en :

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650760/8_ AM_AER_Karla_CNB_7_julio_2021.pdf

4. Disponible en: https://www.24-horas.mx/2021/04/19/jalisco-ocupa-primer-lugar-en-person as-desaparecidas/

5. Disponible en: https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=159131

6. Disponible en: https://www.udg.mx/es/noticia/un-fracaso-estrategia-para-combatir-desapariciones
-forzadas-en-jalisco-considera#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Secretar%C3%ADa,
contabilizadas%20desde%20diciembre%20de%202018.

7. Pronunciamiento, Colectivos de familiares de desaparecidos y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 2021,

https://drive.google.com/file/d/1RUUXTBcB1fJSrnSt3XW4gHX R8PDjsagJ/view

8. Incompleto y sin autocrítica el Informe de gobierno en materia de violencia y desaparecidos: especialistas, Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2021, prensa de la UDG,

https://www.udg.mx/es/noticia/
incompleto-y-sin-autocritica-el-informe-de-gobierno-en-materia-de-violencia-y-desaparecidos

9. Pronunciamiento, Colectivos de familiares de desaparecidos y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 2021,

https://drive.google.com/file/d/1RUUXTBcB1fJSrnSt3XW4gHX R8PDjsagJ/view

10. Se promueve más gobierno que Covid, Lauro Rodríguez, 26 de julio 2021, https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=169506

Bibliografía:

CEPAD. (2020). Informe Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco a dos años de su creación, ¿Cuál es la apuesta? Guadalajara, Jalisco.: Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD).

G. Partida, J. (26 de 04 de 2021). Evita Enrique Alfaro dar explicaciones sobre desaparecidos en Jalisco. Obtenido de La Jornada: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/26/estados/evita-enrique-alfar o-dar-explicaciones-sobre-desaparecidos-en-jalisco/

Gobierno de Jalisco. (16 de 11 de 2021). Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Obtenido de https://sgg.jalisco.gob.mx/comision-estatal-de-busqueda-personas-desapa recidas

López, D. (21 de 01 de 2020). Jalisco, el hoyo negro de México: es el estado con más desaparecidos. Obtenido de Infobae:

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/21/
jalisco-el-hoyo-negro-de-mexico-es-el-estado-con-mas-desaparecidos/

Martín, R. (03 de 11 de 2021). Desaparecidos: mezquindad presupuestal. Obtenido de Informador.mx:

https://www.informador.mx/ideas/Desaparecidos-mezquindad -presupuestal-20211103-0037.html

Ortiz, E. (3 de 12 de 2020). Gasto en publicidad supera recurso destinado a personas con discapacidad en Jalisco. Obtenido de 44 UDG TV: https://udgtv.com/noticias/gasto-publicidad-supera-recurso-destinado-pe rsonas-discapacidad-jalisco/

SISOVID. (16 de 11 de 2021). Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición. Obtenido de https://sisovid.jalisco.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de noviembre de 2021

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a considerar una prórroga en la disposición de entrada en vigor de los comprobantes fiscales digitales por internet del complemento de carta porte, a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Carlos Alberto Valenzuela González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 2, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a que considere una prórroga para la implementación total de la incorporación a los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) del complemento de carta porte , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El 29 de diciembre 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución Miscelánea Fiscal para 2021, con el cual se dieron a conocer diversas modificaciones como lo señalado en la regla 2.7.1.9, referente al complemento “Carta Porte”. Conforme a lo señalado en artículo Trigésimo Sexto Transitorio de dicha resolución. La obligación establecida en la regla 2.7.1.9., referente a la incorporación del complemento “Carta Porte” a los Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que se señalan en la misma, iniciará su vigencia una vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publique en su Portal el citado complemento y haya transcurrido el plazo a que se refiere la regla 2.7.1.8. (Serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique, pasados treinta días naturales, contados a partir de su publicación en el citado Portal).

2. El 1 de mayo del año en curso, el SAT publicó en su portal el complemento Carta Porte señalado, con lo cual, la regla 2.7.1.9 de la Miscelánea Fiscal entraría en vigor a partir del 1 de junio.

3. Al ser una nueva regla, el SAT publicó el 3 de mayo 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, el cual estableció en el artículo décimo primero transitorio, lo siguiente:

“Para los efectos de las reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9., y el artículo Trigésimo Sexto Transitorio de la RMF 2021, el complemento “Carta Porte” entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2021.

Durante los 120 días naturales, siguientes al inicio de la vigencia del complemento a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes señalados en la regla 2.7.1.9. podrán optar por expedir el CFDI sin incorporar el complemento “Carta Porte”, al finalizar dicho periodo el uso del complemento “Carta Porte” será obligatorio para los citados contribuyentes.’’

4. Lo anterior provocó que representantes de diferentes organismos empresariales y representantes de los sujetos obligados al cumplimiento de la regla, encontraran afectaciones directas en la aplicación de esta disposición y ocasiona problemas de logística y distribución de mercancías en el país, entre ellas:

a) Modificación en los sistemas tecnológicos para la emisión de los CFDI con complemento Carta Porte.

b) Aumento en la expedición y cancelación de CFDI por la operación natural en la distribución de mercancías.

c) Riesgos en materia de seguridad patrimonial, por la exposición de la información requerida para cumplir con los requerimientos del Complemento Carta Porte.

5. Empresas y organismos empresariales, durante los meses de junio, julio y agosto, expusieron la problemática y las consecuencias que tendría la aplicación de la regla para el consumidor final. Lo anterior, con la finalidad de poder modificar el precepto en cuestión, así como buscar una prórroga que les permitiera cumplir con lo señalado.

En consecuencia, los pasados 10 y 29 de septiembre del año en curso, el SAT publicará en su portal la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021 “Tercera Versión Anticipada”, en la que se señaló una prórroga para el cumplimiento de la regla 2.7.1.9 de la Miscelánea Fiscal para 2021 (30 de noviembre), así como la modificación de la regla en referencia, buscando ser más claro en cuanto a la forma de cumplir con lo señalado.

6. El pasado 18 de noviembre del 2021, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y sus Anexos 1 y 1-A, con lo cual se da certeza jurídica a lo publicado en el mes de septiembre en el portal del SAT respecto a las nuevas reglas de emisión del CFDI Complemento Carta Porte (CCP), los requisitos de las representaciones impresas del CFDI y los dos nuevos supuestos para la cancelación de CFDI sin aceptación del receptor. Sin embargo, dichas modificaciones continúan dejando variables que no dan certeza jurídica al obligado, entre ellas:

I. Falta de certeza para la aplicación de la responsabilidad compartida, en la que se considera se debe de definir como se aplicará la responsabilidad del llenado CFDI con Complemento Carta Porte, ya que una parte corresponde al prestador del servicio y otra al usuario o contratista, es decir la responsabilidad es de manera independiente y no en su conjunto.

II. Aclarar lo referente al intermediario o agentes de transporte señalados, ya que ellos no cuentan con transporte propio, para poder cumplir con lo señalado en la regla.

III. Definir qué se considera como tramo de jurisdicción federal, así como qué pasa en temas de caso fortuito y fuerza mayor que obliguen a pasar por un tramo federal en distribuciones locales, de paquetería y mensajería, así como consolidados, si se pasa por un tramo federal en el traslado local, primera milla y última milla.

IV. El SAT debe aclarar si con lo señalado en el párrafo segundo del artículo Decimo Primero Transitorio, es aplicable para deducir y evitar sanciones, a pesar de que no se cumpla con los requisitos del “Estándar del complemento Carta Porte” y el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, es decir, si a demás de no sanción, se puede acreditar al cliente.

V. Se considera se debe de reformar el Transitorio Décimo Primero para incluir en la prórroga señalada las reglas 2.7.1.7.; 2.7.1.39 y de 2.7.1.51 a la 2.7.1.57 y que su entrada en vigor sea a partir del 1 de diciembre y aplicación de sanciones a partir del 1 de enero de 2022, para dar certeza al obligado, tal y como se señala para las reglas 2.7.1.8., y 2.7.1.9.

7. La publicación de esta nueva modificación a las reglas para la emisión del CFDI con Complemento Carta Porte, ha provocado que las empresas de tecnología encargadas de generar los programas para la emisión de este nuevo CFDI tengan que iniciar nuevas programaciones que complican dar inicio a la emisión de este instrumento fiscal en la fecha prevista, lo cual, se considera no permitirá a los sujetos obligados a dar cumplimiento a lo estipulado por el SAT.

Así también, es necesario que los sistemas que se implementen tengan una mayor flexibilidad que permita hacerlos compatibles con todas las maneras de operación logística que existen en México, estableciendo un sistema complementario a la emisión del primer CFDI, ya que de manera contraria se tendrá una implicación en la cadena de suministro de las diferentes industrias del país y que, en el corto plazo puede causar un efecto inflacionario.

Aunado a lo anterior, el SAT continúa realizando actualizaciones en diferentes documentos de la versión 2.0, lo cual complica que los programadores así como a los Proveedores Autorizado de Certificación (PAC), continúen realizando modificaciones a los programas para la emisión de los CFDI con Complemento Carta Porte, lo cual, tiene como consecuencia que los sujetos obligados, no estén en posibilidades de llevar a cabo la implementación y actualización de sus sistemas tecnológicos para dar cumplimiento a lo establecido en la reglas fiscales.

8. Por último es importante señalar, que las sanciones establecidas por el incumplimiento a la emisión del CFDI con Complemento Carta Porte pueden ir de $760.00 a $14,710.00 cuando no se expida o no se acompañe la representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI (factura) con complemento Carta Porte que ampara el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional y de $17,020.00 a $93,330.00 en caso de no expedir, entregar o poner a disposición de los clientes el CFDI (factura) con complemento Carta Porte, cuando estén obligados a ello, o expidiéndolo no cumple con los requisitos fiscales.

Así como lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 84 respecto a las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a que se refiere el Artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones de $400.00 a $600.00 por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los complementos que se determinen mediante las reglas de carácter general, que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria y el artículo 103 respecto a la presunción del delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin el comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore el Complemento Carta Porte.

Por lo expuesto anteriormente, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a emitir nueva prórroga de por lo menos 60 días a la disposición de entrada en vigor del Complemento de Carta Porte a los Certificados Digitales por Internet, con la finalidad de que los sujetos obligados cuenten con los programas tecnológicos necesarios para el cumplimiento de esta disposición, y no sean sujetos a la imposición de sanciones.

Segunda. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a que difunda y aclare por los medios oficiales el término “tramo de jurisdicción federal para la distribución local, primera y última milla”, así como el efecto normativo sobre el supuesto cuando el origen o destino de las mercancías sea local, primera o última milla y que por las características de la red carretera, ubicación de ciudades o localidades, causas de fuerza mayor o caso fortuito, sea necesario cruzar, transitar mínimamente o que la carretera de jurisdicción se encuentre al interior del poblado o ciudad.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a que explique las consideraciones vertidas con la finalidad de dar certeza jurídica a los obligados de cumplir con lo relacionado al CFDI con Complemento Carta Porte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.

Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a implantar medidas para agilizar la vacunación completa contra el Covid-19 en toda la población ante el riesgo que representa Ómicron, la nueva variante del SARS-Cov2, suscrita por los diputados Frinné Azuara Yarzábal, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados Azuara Yarzabal Frinné, Moreira Valdez Rubén Ignacio, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Viggiano Austria Alma Carolina, Abramo Masso Yerico, Aceves García Norma Angélica, Acosta Peña Brasil Alberto, Aguilar Castillo Ricardo, Aguilar Cifuentes Yeimi Yazmín, Aguirre Maldonado Ma. De Jesús, Alcalá Ruiz Blanca María del Socorro, Alcántara Rojas María Guadalupe, Amezcua González Cristina, Angulo Briceño Pablo Guillermo, Arcos Velázquez Montserrat Alicia, Armentía López Pedro, Ayala Villalobos Karla, Aysa Damas Carlos Miguel, Barrera Fortoul Laura, Barrón, Perales Karina Marlen, Bernal Bolnik Sue Ellen, Bueno Zertuche Jaime, Camarena Jáuregui María del Refugio, Campos Huirache Adriana, Cantú Ramírez Andrés Mauricio, Cárdenas Monroy Oscar, Gustavo, Carvajal Isunza Sofia, Casique Zárate Javier, Castellanos Ramírez Alan, Cruz Mendoza Eufrosina, Dávila Ramírez Carolina, de la Torre Valdez Yolanda, Díaz Tejeda Nelida Ivonne Sabrina, Espinoza Eguia Juan Francisco, Fernández Hernández Shamir, Fletes Araiza José Guadalupe, Fuentes Ávila Rodrigo, Gamboa Miner Pablo, Garza Ochoa José Luis, Gómez Villanueva Augusto, González Aguirre Mariano, González Zirión Xavier, Guajardo Villarreal Ildefonso, Guerra Castillo Marcela, Guerrero Esquivel Fuensanta Guadalupe, Gutiérrez Jardón José Antonio, Haro Ramírez Laura Lorena, Hernández Deras Ismael Alfredo, Hernández Pérez Johana Montcerrat, Hernández Zetina Hiram, Herrera Anzaldo Ana Lilia, Iriarte Mercado Carlos, Jaimes Albarrán Jazmín, Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc, López Castro Cynthia Iliana, López García Roberto Carlos, Medina Ramírez Tereso, Mendoza Bustamante Marco Antonio, Murat Hinojosa Eduardo Enrique, Nassar Piñeyro Mariana Erandi, Piñón Rivera Lorena, Rodríguez Muñoz Reynel, Ruiz Sandoval Cristina, Sámano Peralta Miguel, Sánchez Ramos Paloma, Serrano Maldonado María Elena, Vargas Camacho Melissa Estefanía, Vargas Rodríguez Sayonara, Villaseñor Dávila Maribel Guadalupe, Yunes Zorrilla José Francisco y Zarzosa Sánchez Eduardo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79 numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

Más de 5 millones de muertos ha provocado el coronavirus SARS-COV2 en todo el mundo desde que hizo su aparición en China a finales de 2019, aunque la OMS estima que las cifras reales podrían ser muy superiores. En cuanto a contagios estos ya alcanzan al 27 de noviembre 259.5 millones de personas.1

En México, en este mismo periodo, suman 3.8 millones de casos confirmados y 293 mil 859 defunciones. Y por lo que toca a la vacunación se lleva un avance del 57.6% con 64.8 millones de personas inoculadas con 2 dosis y 76.4 millones con una dosis.2

Esta pandemia que estamos librando, considerada una de la más devastadora de los últimos 100 años, a 2 años de su aparición no deja de causar estragos, angustia y preocupación en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció recientemente que la nueva variante del SARS-CoV-2, a la que llamó ómicron, es “de preocupación ” en vista de la gran cantidad de mutaciones que presenta.3

El Grupo Técnico Asesor sobre la Evolución del Virus del SARS-CoV-2 de la OMS, celebró una reunión extraordinaria ante el hallazgo de la nueva variante, cuya primera muestra se recolectó el 9 de noviembre pasado en Sudáfrica, país que la notificó el día 24 a la OMS .

Los expertos del Grupo, indicaron que la ómicron muestra mutaciones múltiples, algunas de las cuales sugieren un mayor riesgo de reinfección que otras variantes que también son de preocupación.

La OMS alertó que el número de casos de ómicron está aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica, donde el índice de vacunación es bajo , y que se le ha detectado a tasas más rápidas que los aumentos repentinos de infección anteriores, lo que hace pensar que puede tener una ventaja de crecimiento.

A la población en general, la OMS le pidió mantener las medidas de salud pública comprobadas, como usar máscaras bien ajustadas, lavarse la manos con frecuencia, respetar el distanciamiento físico, mejorar la ventilación de los espacios interiores, evitar espacios abarrotados y vacunarse.

El doctor Michel Martínez, jefe de la unidad de vigilancia epidemiológica de TecSalud del Tecnológico de Monterrey y también líder del Programa Covid-19, manifestó que “La variante ómicron , que en un inicio se iba a designar como Nu, ha demostrado tener mutaciones en la proteína spike, que es la parte del virus que permite el anclaje al epitelio respiratorio, en más de 30 puntos”.4

Se ha demostrado que la Vacunación es la mejor medida para combatir esta pandemia, sin embargo solo Cerca del 54% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de vacuna anticovid, pero en los países con ingresos bajos, esta proporción es de solo el 5,6%, según el portal Our World in Data.5

El presidente de EU, Joe Biden , reiteró este viernes su petición a los países ricos para que donen más vacunas , ante la aparición en el Sur del continente africano de una nueva variante del coronavirus bautizada como “ómicron ”.6

Biden también dijo que la nueva variante hace “todavía más claro” que la pandemia no terminará hasta que haya vacunas disponibles en todo el planeta y reiteró su petición de que se elimine la propiedad intelectual de las vacunas para que puedan fabricarse en cualquier parte del mundo.

Por su parte, expertos dijeron que la vacunación debe seguir siendo una prioridad a pesar de las dudas sobre la eficacia contra ómicron, porque es probable que siga siendo protectora hasta cierto punto. Todo el mundo debe seguir usando mascarillas, evitar las multitudes, ventilar las habitaciones y lavarse las manos.7

El Dr. Martínez, del Tecnológico de Monterrey, dijo que en México hay que ampliar la vacunación a niños y a adolescentes. 8 “Ya hay que hablar de refuerzos, sobre todo en adultos mayores, con más de 6 meses de haber recibido su segunda dosis, y no tener miedo a combinar plataformas de vacunas”.

Respecto a restricciones de viaje, diversos gobiernos han adoptado medidas restrictivas ante el temor de contagios en sus respectivos países.

El Gobierno de Estados Unidos avisó el viernes 26 de noviembre que a partir del próximo lunes 29 de noviembre pondrá restricciones a los viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del sur del continente africano por la nueva variante.9

La OMS reconoce que ómicron se está extendiendo rápidamente por distintas regiones de Sudáfrica. Además, han sido detectados casos en otros puntos del planeta, como Israel, Hong Kong y Bélgica.10

Por su parte, la Unión Europea acordó suspender los vuelos a siete países del sur de África (Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Eswatini, antes Suazilandia), como una medida para intentar contener el avance de ómicron. Asimismo, los residentes europeos que vengan de esos países y tengan derecho a ingresar a UE deberán hacerse un test pcr y guardar cuarentena.

Queda claro la importancia de seguir con la vacunación de la población, como lo ha expuesto la OMS y diversos expertos de todo el mundo; por lo que México debe seguir esa ruta y aprender de la lección que nos ha dejado lo que ha pasado en el continente Europeo que nuevamente se encuentra en crisis por la gran cantidad de contagios y que como sabemos después se replica en el continente americano y particularmente en México.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Salud Federal, doctor Jorge Alcocer Varela, y demás instancias competentes, para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, implementen medidas urgentes para agilizar la vacunación completa contra la Covid-19 en toda la población mexicana que lo requiera, incluyendo a los niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad, ante el riesgo que representa la nueva variante del Sars-Cov2 denominada ómicron, surgida recientemente en África y que se presume presenta un mayor riesgo de infección; asimismo se establezcan tanto las medidas necesarias en los aeropuertos del país para imponer restricciones a viajeros procedentes del continente africano y otras regiones donde prevalece la nueva cepa; como las medidas epidemiológicas necesarias para detectarla a tiempo, a la par de realizar las acciones preventivas para estar preparados ante un eventual incremento de atención hospitalaria y demanda de medicamentos.

Notas

1 Coronavirus Covid-19 Comunicado Técnico Diario | Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

2 Vacunación Covid 19 México - Bing

3 Covid-19: La OMS considera “de preocupación” la Ómicron, nueva variante del coronavirus | Noticias ONU (un.org)

4 Variante ómicron de la Covid-19: ¿qué sabemos y qué se espera? | Tecnológico de Monterrey

5 Qué tan preocupante es ómicron, la nueva variante de Covid-19 - Infobae

6 Por variante Ómicron, Biden pide a más países donar vacunas contra Covid-19 (eluniversal.com.mx)

7 Qué tan preocupante es ómicron, la nueva variante de Covid-19 - Infobae

8 Variante ómicron de la Covid-19: ¿qué sabemos y qué se espera? | Tecnológico de Monterrey

9 Por variante Ómicron, Biden pide a más países donar vacunas contra Covid-19 (eluniversal.com.mx)

10 OMS: nueva variante se llama ómicron y es “de preocupación” | Coronavirus | DW | 26.11.2021

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 30 de noviembre de 2021.

Diputados: Azuara Yarzabal Frinné, Moreira Valdez Rubén Ignacio, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Viggiano Austria Alma Carolina, Abramo Masso Yerico, Aceves García Norma Angélica, Acosta Peña Brasil Alberto, Aguilar Castillo Ricardo, Aguilar Cifuentes Yeimi Yazmín, Aguirre Maldonado Ma. De Jesús, Alcalá Ruiz Blanca María del Socorro, Alcántara Rojas María Guadalupe, Amezcua González Cristina, Angulo Briceño Pablo Guillermo, Arcos Velázquez Montserrat Alicia, Armentía López Pedro, Ayala Villalobos Karla, Aysa Damas Carlos Miguel, Barrera Fortoul Laura, Barrón, Perales Karina Marlen, Bernal Bolnik Sue Ellen, Bueno Zertuche Jaime, Camarena Jáuregui María del Refugio, Campos Huirache Adriana, Cantú Ramírez Andrés Mauricio, Cárdenas Monroy Oscar, Gustavo, Carvajal Isunza Sofia, Casique Zárate Javier, Castellanos Ramírez Alan, Cruz Mendoza Eufrosina, Dávila Ramírez Carolina, de la Torre Valdez Yolanda, Díaz Tejeda Nelida Ivonne Sabrina, Espinoza Eguia Juan Francisco, Fernández Hernández Shamir, Fletes Araiza José Guadalupe, Fuentes Ávila Rodrigo, Gamboa Miner Pablo, Garza Ochoa José Luis, Gómez Villanueva Augusto, González Aguirre Mariano, González Zirión Xavier, Guajardo Villarreal Ildefonso, Guerra Castillo Marcela, Guerrero Esquivel Fuensanta Guadalupe, Gutiérrez Jardón José Antonio, Haro Ramírez Laura Lorena, Hernández Deras Ismael Alfredo, Hernández Pérez Johana Montcerrat, Hernández Zetina Hiram, Herrera Anzaldo Ana Lilia, Iriarte Mercado Carlos, Jaimes Albarrán Jazmín, Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc, López Castro Cynthia Iliana, López García Roberto Carlos, Medina Ramírez Tereso, Mendoza Bustamante Marco Antonio, Murat Hinojosa Eduardo Enrique, Nassar Piñeyro Mariana Erandi, Piñón Rivera Lorena, Rodríguez Muñoz Reynel, Ruiz Sandoval Cristina, Sámano Peralta Miguel, Sánchez Ramos Paloma, Serrano Maldonado María Elena, Vargas Camacho Melissa Estefanía, Vargas Rodríguez Sayonara, Villaseñor Dávila Maribel Guadalupe, Yunes Zorrilla José Francisco y Zarzosa Sánchez Eduardo.
(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a realizar campañas de difusión entre quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niños, adolescentes y jóvenes en los distintos niveles educativos, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, María Rosete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, artículo 6, fracción I y el artículo 79, numeral 1, fracción II, ambos preceptos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación de calidad es un objetivo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, una de sus metas es: “Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”1 .

Todas las personas tienen derecho a acceder a la educación a fin de contribuir al desarrollo de cada individuo y de la sociedad de manera positiva, consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así también en los Tratados Internacionales siguientes:

• Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos2 ;

• Artículo 13 de el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;3

• Artículo 13 de el Protocolo de San Salvador y;4

• Artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño5

Datos presentados por la Encuesta para la Mediación del Impacto COVID-19 en la Educación realizada a una población de 3 a 29 años de edad registraron, que al ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones de estudiantes, esto es, el 60.6% de la población estudiantil del rango de edad antes citado, mientras que 1.8 millones no finalizaron el ciclo escolar 2019-2020.6

En nuestro país el 30% de los jóvenes entre 15 y 17 años deciden no estudiar, la tasa de abandono oscila entre el 13.3% y el 15.5%, algunas de las razones para desertar son económicas, sociales, familiares (como lo es, la falta de apoyo de los padres a sus hijos), la reprobación de materias, la dificultad de entendimiento a los profesores, el desinterés o el desaliento por el estudio, entre otros.

A futuro el abandono escolar trae consigo inconvenientes para conseguir un trabajo digno, debido al requisito mínimo indispensable que diversas empresas solicitan como lo es, la secundaria terminada. El estudio es la herramienta que puede mejorar la condición de vida y asegurar un mejor futuro para el desarrollo y crecimiento de cada individuo.

La educación que imparte el Estado es obligatoria, universal, inclusiva, pública, laica y sobre todo gratuita, con base en el derecho humano de toda persona a la educación

La permanencia de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes en la escuela les permite trascender de la adolescencia a la vida adulta. La familia es un factor importante en el proceso educativo de los estudiantes, especialmente en las niñas y niños en los primeros años de escuela, el apoyo afectivo, social y moral constituyen el desarrollo integral de los estudiantes.

En esa tesitura, es indispensable promover la permanencia escolar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los distintos niveles educativos a fin de mitigar el número de estudiantes desertores y garantizar una educación de calidad, respetando el derecho humano de toda persona a la educación consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública, realice campañas de difusión para promover en las personas que ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los distintos niveles educativos.

Notas

1 Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación de Calidad | Agenda 2030 | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

2 La Declaración Universal de Derechos Humanos | Naciones Unidas

3 ACNUDH | Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ohchr.org)

4 Art. 13 Se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 Derecho a la educación Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económic Artículo 13 -

5 CDN (un.org)

6 Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-ED) 2020 (inegi.org.mx)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.

Diputada María Rosete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la CNDH a impulsar las acciones pertinentes y cumplir las recomendaciones internacionales sobre desapariciones forzadas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se entiende por desaparición forzada a “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.1

La desaparición forzada, en un principio fue utilizada por dictaduras militares, sin embargo, hoy en día se producen a nivel mundial y se han convertido en un serio problema de seguridad bajo contextos diversos. Asimismo, las desapariciones forzadas ocurren bajo conflictos internos, a manos de gobiernos que intentan reprimir principalmente a grupos opositores, defensores y defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas, testigos clave y profesionales de derecho.

En nuestro país, lamentablemente, la desaparición forzada tiene con antecedente el periodo conocido como la “guerra sucia”, de los decenios 1970-80, así como a raíz del movimiento impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.2

De igual forma, es importante recordar casos de desaparición forzada que han impactado al país, tales como el caso Rosendo Radilla y el caso Campo algodonero, mismos que dejan de manifiesto que, lamentablemente en México, existe impunidad en torno a las desapariciones forzadas.

Casos como los mencionados dieron pie a reformas en materia de derechos humanos como la reforma constitucional de 2011 que buscaba proteger los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, han pasado 10 años desde esta reforma y vemos que las desapariciones siguen incrementando y no existe una eficacia en la búsqueda por parte de las autoridades competentes.

En julio de este año, según cifras actualizadas por la Comisión Nacional de Búsquedas, se desconocía el paradero de más de 90 mil 34 personas desaparecidas y no localizadas.3

De acuerdo con este registro, del 5 de enero de 1964 al 29 de julio de 2021, habían 81 mil 617 personas desaparecidas y 8 mil 417 no localizadas. En este periodo se reportó la desaparición de 221 mil 820 personas; 131 mil 786 personas fueron encontradas, de ellas 123 mil 067 fueron localizadas con vida y 8 mil 719 encontradas sin vida”.4

II. El pasado 15 de noviembre, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU arribó a México, tras años intentando visitar el país. Durante su visita, que duró 15 días, el comité visitó 13 de las 32 entidades. Mantuvo 48 reuniones con autoridades de distintos niveles y 33 encuentros con familiares de víctimas.5

Lamentablemente, tan sólo durante la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en el país desaparecieron 100 personas. Asimismo, México ocupa el segundo lugar, sólo después de Irak, como el país con más desapariciones forzadas en el mundo.6

La visita de representantes del comité ocurre debido a la grave crisis que se vive en el país, por lo que al finalizar su visita, miembros del comité aseguraron que existe un incremento notable en el número de desapariciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres, además subrayaron, que las personas migrantes son un grupo particularmente vulnerable frente a las desapariciones.7

También comentaron que les preocupa el riesgo que corren quienes se involucran en los esfuerzos de búsqueda y de justicia, una situación que queda evidenciada con el asesinato de varias personas buscadoras y la desaparición de una, así como la estigmatización y la revictimización de los desaparecidos y sus familias.8

Así, el Comité advirtió que las desapariciones forzadas en México son generalizadas en el territorio nacional, e hizo una dura valoración preliminar en la que arremetió contra las autoridades mexicanas por incumplir recomendaciones internacionales y condenó que “la impunidad es casi absoluta” en los casos de desaparecidos, al concluir su visita.9

Por último, el comité aseguró que el informe final y las conclusiones de la visita a México, serán discutidos ante el pleno en Ginebra, entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2022, con el fin de generar recomendaciones vinculantes que el gobierno mexicano deberá adoptar e implantar inmediatamente.10

III. Marco jurídico

La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,11 tratado internacional firmado y ratificado por el Estado mexicano, entró en vigor en 2010, cuyo objetivo es evitar las desapariciones forzadas y el descubrimiento de la verdad. Es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que busca prevenir este fenómeno y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y una reparación.

El órgano encargado de supervisar la aplicación de la convención es el Comité contra la Desaparición Forzada. En el momento de ratificar o adherirse a la convención, o incluso en un momento posterior, los Estados pueden declarar que reconocen las competencias del comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por víctimas o en nombre de ellas y por otros Estados parte. El comité también proporciona interpretaciones autorizadas de la convención.12

A pesar de que México forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde 2010, el Estado mexicano no había reconocido la aceptación para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas.13

En octubre de 2020, el gobierno mexicano firmó la Declaración que formulan los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, esto debido a la creciente demanda de familiares de personas desaparecidas en México.14

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que en el artículo 3 que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad:

Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.15

Las desapariciones forzadas violentan esta disposición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En 2011 se dio una de las Reforma en materia de derechos humanos a la Constitución en 2011, un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno.

La reforma representa el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Los principales cambios de la reforma fueron

• La incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales.

• La obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona.

• La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con cuatro obligaciones específicas:

1. Promover;

2. Respetar;

3. Proteger; y

4. Garantizar los derechos humanos.16

Además, se estableció la obligación de que, cuando existe una violación, las autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones.

En 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Dicho ordenamiento considera los siguientes principios: efectividad y exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida y verdad.17

Por lo expuesto someto su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulse e implante las acciones pertinentes para cumplir puntualmente las recomendaciones internacionales en materia de desapariciones forzadas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulse y dé acompañamiento a las acciones pertinentes para cumplir puntualmente las recomendaciones internacionales en materia de desapariciones forzadas.

Notas

1 ONU, Oficina del Alto Comisionado. Desapariciones forzadas, ONU. Recuperado de https://hchr.org.mx/cajas_herramientas/desaparicion-forzada/

2 Chávez y Guevara (2018). “La impunidad en el contexto de la desaparición forzada en México”, en Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad. Recuperado de <http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-la-impunidad-en-el-c ontexto-de-la-desaparicion-forzada.pdf>

3 Animal Político (2021). “México llega a las 90 mil 34 personas desaparecidas”, en Animal Político. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2021/07/mexico-90-mil-desaparecidos-no-l ocalizados/

4 Animal Político (2021). “México llega a 90 mil 34 personas desaparecidas”, en Animal Político. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2021/07/mexico-90-mil-desaparecidos-no-l ocalizados/

5 Méndez, Ernesto. “Desapariciones forzadas en México no es un fenómeno del pasado”: ONU. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/nacional/desapariciones-forzadas-en-mexico -no-es-un-fenomeno-del-pasado-onu/1484710

6 Villacorta, A. (2021). “El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas arremetió contra el Gobierno mexicano”, en France 24. Recuperado de

<https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/2021 1127-mexico-onu-desapariciones-forzadas-informe>

7 Méndez, Ernesto. “Desapariciones forzadas en México no es un fenómeno del pasado”: ONU. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/nacional/desapariciones-forzadas-en-mexico -no-es-un-fenomeno-del-pasado-onu/1484710

8 Ídem.

9 Enfoque Noticias. “La ONU condena la ‘casi absoluta’ impunidad de las desapariciones en México”. Recuperado de https://enfoquenoticias.com.mx/canciller-ebrard-se-reune-con-integrante s-del-comite-contra-la-desaparicion-forzada-de-la-onu/

10 Méndez, Ernesto. “Desapariciones forzadas en México no es un fenómeno del pasado”: ONU. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/nacional/desapariciones-forzadas-en-mexico -no-es-un-fenomeno-del-pasado-onu/1484710

11 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. ONU. Recuperado de https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx

12 Amnistía Internacional. Desapariciones forzadas. Amnistía Internacional. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/what-we-do/disappearances/

13 Gobierno de México. El gobierno de México reconoce formalmente la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Gobierno de México. Recuperado de https://embamex.sre.gob.mx/francia/index.php/es/comunicados/805-el-gobi erno-de-mexico-reconoce-formalmente-la-competencia-del-comite-contra-la -desaparicion-forzada-de-la-onu

14 Ídem.

15 Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuperado de

<https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Transla tions/spn.pdf>

16 Secretaría de Gobernación (2017). ¿Por qué la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 modificó la relación entre el gobierno y la sociedad? Recuperado de https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-la-reforma-constitucional-de -derechos-humanos-de-2011-cambio-la-forma-de-ver-la-relacion-entre-el-g obierno-y-la-sociedad?idiom=es

17 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2017). Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Recuperado de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_200521.pdf>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN a resolver de manera expedita las acciones de inconstitucionalidad 59/2021 y 66/2021, a cargo del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Jesús Alberto Velázquez Flores , diputado de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

Si bien es cierto, la investidura del servidor público se daña cuando se le ofende, denigra, ataca, agrede y ultraja, ya sea a su persona, a sus bienes, o a su salud personal, esta es, desgraciadamente, una práctica hasta cierto punto común en el comportamiento de algunos connacionales, producto histórico de corruptelas y vejaciones.

Crecimos con un temor, pero en ocasiones repudio a la autoridad y muchas veces hasta se le ha perdido el respeto, llegando incluso a actuar con comportamientos reprobables por parte de los ciudadanos.

Es ahí, cuando la norma penal va en auxilio de la autoridad, ejecutando su acción punible con rigor, pero es igual de detestable, cuando esta acción se convierte en arma para que la autoridad reprima a sus gobernados.

Hoy, en algunos estados se vive con un clima de desconcierto, de intranquilidad, hasta cierto punto de temor, ejemplo claro de esto es el estado de Veracruz, pues aunque el delito de ultrajes a la autoridad en otras legislaciones se considera obsoleto y ha sido derogado, en ese estado el 11 de marzo de 2021 fue publicado en la Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto Número 848 que reforma diversas disposiciones del Código Penal del estado,1 quedando de la siguiente manera, artículo 331 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, dicen al pie: “Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

...”

Aunque el delito de ultrajes a la autoridad ya era vigente, ha causado polémica, y se han pronunciado en contra colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil, pues desde esa fecha se le ha dado la connotación de yugo con el que se le ha sometido a políticos, jóvenes, empresarios, simpatizantes partidistas, a quienes ejercen la profesión del periodismo y a cualquier ciudadano que sea considerado incómodo.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad.2 Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció diciendo que este tipo de leyes restrictivas violenta sistemas democráticos, pues limita el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo.

Cabe destacar que en marzo de 2016, por mayoría de nueve votos contra dos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad el delito de ultrajes a la autoridad, al resolver los amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015, derivado de procesos penales abiertos desde 2013, en contra de algunas personas por protestar en la Ciudad de México, lo cual también demostró abiertamente, su uso criminalizante y coercitivo contra la libre expresión, derecho constitucional plasmado en el artículo 6o. y en el artículo 19 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

También, en octubre de 2019 la misma SCJN declara procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad contra el delito de ultrajes a la autoridad, fundamentándola en que “dado que el delito de ultrajes a la autoridad daba mucho margen al operador jurídico para aplicarlo prácticamente a cualquier manifestación, el principio de taxatividad se lesionaba frente a una indefinición de la conducta del sujeto activo del delito...”. De igual forma, mencionó como preceptos que se consideran vulnerados, a los artículos 1o., 6o., 7o., 14 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 1, 2, 5 y 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

En Veracruz, el 6 de abril de ésteeaño, 18 de los 50 diputados del Congreso local presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, registrada con el expediente 59/2021, con lo que buscan derogar en su totalidad el delito vigente3 en ese estado. El 4 de mayo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz presentó también una acción de inconstitucionalidad registrada con el número de expediente 66/2021,4 sin que para ambas haya hasta el momento resolutivo.

Actualmente existen personas procesadas y privadas de su libertad por éste delito, y se corre el riesgo, si no se apresura la resolución, a que en muy poco tiempo existan sentenciados injustamente.

En esta tesitura, y dada la naturaleza e importancia del presente asunto, realizamos la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva de manera pronta y expedita las acciones de inconstitucionalidad 59/2021 y 66/2021, tomando en consideración la gravedad a la violación de los derechos humanos que se está dando en Veracruz, motivo del delito de ultrajes a la autoridad; y se pronuncie en ese sentido, garantizando con ello los derechos fundamentales de las y los veracruzanos.

Notas

1 https://sisdti.segohttps://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=3507#:~:text=Art%C3%ADculo%20331.,
o%20con%20motivo%20de%20ellas.bver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=3507#:~:text=
Artículo%20331.,o%20con%20motivo%20de%20ellas.

2 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-05/Acc_Inc_ 2020_205.pdf

3 https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?As untoID=281447

4 https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?As untoID=281850

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.

Diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a cumplir el laudo definitivo emitido en las actuaciones del juicio laboral radicado en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con el expediente número 8533/2013, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita Susana Prieto Terrazas, diputada de la LXV legislatura de la cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6 numeral I fracción I y 79 numeral 2 fracción II y del reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita de manera respetuosa, a la Secretaría de Educación Pública, que operan en el domicilio calle Brasil número 31, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad de México, para que de manera inmediata proceda a dar cumplimiento al Laudo definitivo emitido en las actuaciones del juicio laboral radicado en el índice de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje bajo el número de expediente 8533/2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los trabajadores académicos altamente especializados, al servicio de la Secretaría de Educación Pública, del Gobierno federal, fueron contratados como Jefes de Enseñanza de Educación Secundaria , para prestar sus servicios personales y subordinados en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, (Organismo desconcentrado de La Secretaría de Educación Pública) , adscritos a la Dirección General de Escuelas Secundarias en el Distrito Federal y a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica (Dgest), la SEP recibió sus servicios a la entera satisfacción y éstos los prestaron con la diligencia y esmero propios de la labor desempeñada como Jefes de Enseñanza de Escuelas Secundarias Diurnas, Técnicas y para Trabajadores en el Distrito Federal.

En el gobierno anterior con la llamada “reforma educativa”, y bajo el principio de “Austeridad” el día 26 de junio de 2013, sin que mediara motivo alguno para que se dieran por terminados los efectos jurídicos de sus nombramientos y relación de trabajo, cesaron de sus cargos de Jefes de enseñanza a los Ciudadanos

1.- Victoria Eugenia Casariego Vázquez,
2.- Eduardo Miranda Moreno,
3.- Pablo Melchor Velez,
4.- Martha Roth Tapia Flores,
5.- Lilia Villena Randolph,
6.- Jaime López Sixtos,
7.- Elvia Muñiz Cortés,
8.- Judith García Bustamante,
9.- José Hugo Martínez Ballinas,
10.- Rosa Victoria Gómez Toledo,
11.- Laura Belia Navarro Martinez,
12.- Sara Guadalupe De La Torre Villagran,
13.- Judith Garduño Rojas,
14.- Olga Alicia Ramirez Martínez,
15.- María De Lourdes Castro Ontiveros,
16.- Teresa Vega Ocampo,
17.- Lorenzo Cortés Alarcon,
18.- Pedro Rodolfo Méndez Mejía,
19.- Blanca Lidia Esquivel Sánchez, y
20.- Irene Sánchez Machain

El 27 de junio de 2013, los ciudadanos Ramón Gustavo Chávez Quiroga , en su carácter de Coordinador Sectorial de Educación Secundaria y del ciudadano Manuel Salgado Cuevas , en su calidad de Director General de Educación Secundaria Técnica , citaron a los 20 trabajadores para presentarse a “una reunión de trabajo” en la sede de dicha coordinación, ubicadas en calle Arcos de Belem 23, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, y en Av. Fray Servando Teresa de Mier, No. 135, colonia Centro, el día 27 de junio de 2013 , quienes empleando violencia moral representada por la presencia masiva de policías federales, intimidó y coaccionó la voluntad de los actores, simulando un acto jurídico obtuvo la firma y huella digital de los mismos, para crear la falsa apariencia de que se trataba de Renuncia Voluntaria , así mismo logró que los actores firmaran los Finiquitos por Terminación de la Relación Laboral , en los que como consecuencia de la supuesta “renuncia voluntaria”, les hizo pago de cantidades de dinero que no obstante haber sido recibidas, implican renuncia de derechos de los actores, toda vez que tanto las renuncias como los finiquitos aludidos fueron elaborados unilateralmente por la patronal, sin que hubiera establecido el salario diario integrado para efectos de liquidación, como tampoco contempló todas las prestaciones percibidas en forma permanente por los actores, con motivo de su trabajo al servicio de la demandada, en tal virtud y al existir vicio en el consentimiento, tanto en las renuncias como en los finiquitos, queda en evidencia que en la especie no hubo acuerdo de voluntades para terminar la relación de trabajo y del texto con el que les notificaron la terminación de sus nombramientos se desprende, con toda claridad, que se trató de una imposición unilateral del patrón, lo que se traduce en un despido injustificado.

En virtud de que los hechos narrados en el párrafo precedente, constituyen un despido injustificado, porque la Secretaría de Educación Pública, omitió seguir el procedimiento legal, a que está obligado en términos de los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal del Trabajo Burocrático en vigor, los trabajadores, interpusieron demanda laboral que fuera radicada En el Índice de la Segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje bajo el número de Expediente 8533/2013, que concluyera, con Laudo Definitivo, de fecha 13 de noviembre del 2019, emitido en cumplimiento a la Ejecutoria de amparo 818/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, RESUELVE en su apartado TERCERO lo siguiente:

“Tercero. - se condena al titular de la Secretaria De Educación Pública, a declarar la nulidad de las renuncias y finiquitos, ambos de fecha treinta de junio del dos mil trece, así como a pagarle a cada uno de los actores la indemnización Constitucional, a razón de tres meses de salario, de igual forma los salarios caídos a partir del primero de julio del 2013 al veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, sin perjuicio de los que se sigan generando con fecha posterior a los cuantificados en la presente resolución, para lo cual se ordena la apertura del incidente de liquidación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con el ultimo considerando del presente laudo .”

Así como la sentencia interlocutoria de liquidación de Laudo de fecha 18 de octubre de 2021, RESUELVE en su apartado SEGUNDO en su primer párrafo lo siguiente:

“Segundo. - Se condena al Titular de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, a pagar a los actores, las cantidades determinadas en el último considerando, salvo error u omisión de carácter aritmético, por concepto de salarios caídos , por el periodo comprendido del dieciséis de noviembre del dos mil diecinueve al quince de octubre del año dos mil veintiunos.”

Ahora bien, hasta la fecha, la Secretaría de Educación Pública ha sido omisa en dar cumplimiento al laudo definitivo y su cuantificación, trayendo como consecuencia al erario público, y en perjuicio, del pueblo de México, y sus recursos, el incremento de la deuda, día con día, al grado de que mensualmente, la patronal, organismo descentralizado del Ejecutivo Federal , incrementará su deuda con los trabajadores jefes de enseñanza, obligados a firmar sus renuncias, la cantidad de $1,062,730.28 (Un millón sesenta y dos mil setecientos treinta pesos 28/100 M.N.), a cargo del erario.

Es inadmisible la falta de atención a los juicios laborales por parte de los gobiernos, federal, estatal y municipal, quienes, por no erogar el pago derivado de los mismos, de su patrimonio personal, lesionan los intereses del pueblo de México, al incumplir el pago de los laudos, de forma inmediata, y por ello, se exhorta a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, pagar a los trabajadores mencionados las prestaciones que fuera condenada a cubrir, y que se encuentran debidamente cuantificadas por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje , en la sentencia incidental de liquidación Laudo, de fecha, 18 de octubre de 2021.

Gran Total $ 75,501,573.00

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública que opera juicio laboral radicado en el Índice de la Segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje bajo el número de Expediente 8533/2013, a efecto de evitar un menoscabo al Erario público con conocimiento de causa y de forma intencional por parte de los funcionarios o representantes legales del organismo descentralizado, por el incumplimiento a la condena , que hasta el día 29 de octubre de 2021, es de $75,501,573.00 (Setenta y cinco millones quinientos un mil quinientos setenta y tres pesos) más la cantidad de $1,062,730.28 (Un millón sesenta y dos mil setecientos treinta pesos 28/100 m.n.), que incrementará mensualmente a partir de esa fecha.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de noviembre del año 2021.

Diputada Susana Prieto Terrazas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía homenajea a los medallistas participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2020 de Tokio, Japón, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo , integrante de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por parte del Grupo Parlamentario del Partico Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; en artículo 79, numeral 2, incisos I, II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, desde el 2011, en su artículo 4o. que: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

Con la recién aprobada reforma constitucional en materia educativa del artículo tercero incluyó que los planes y programas de estudio deben tener una orientación integral que incluya la educación física y el deporte, para la promoción de estilos de vida saludables.

Derivado de lo anterior, es que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que el deporte es “salud, cohesión social y orgullo nacional”. Por ello, propone que los ejes rectores sean:

-Es una prioridad la activación física.

-El deporte para todos.

-Apoyo al deporte de alto rendimiento con transparencia.

Estos tres ejes del deporte mexicano permitirán que tenga “un país más sano, con una mejor convivencia social y con una niñez y una juventud plenas”.

En este mismo sentido el Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cuenta con seis objetivos, que son:

1. Mejorar las condiciones de coordinación y comunicación con los miembros del Sinade, para promover, fomentar y estimular la cultura física y el deporte.

2. Incrementar la calidad y cantidad de los servicios de formación, acreditación, capacitación, certificación, investigación y difusión para contribuir al aumento, actualización y mejoramiento de los profesionales especialistas en cultura física y el deporte.

3. Fomentar la práctica regular de actividades físicas, deportivas y recreativas, coadyuvando a la disminución del porcentaje de sedentarismo en la población.

4. Promover la práctica del deporte de manera sistemática e incluyente desde la iniciación hasta la competencia deportiva de la población, principalmente en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como una herramienta para contribuir al desarrollo deportivo del país.

5. Incorporar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la formación hacia el deporte de alto rendimiento, a través de procesos de identificación, desarrollo y seguimiento técnico a partir de la participación en eventos multideportivos nacionales.

6. Mejorar los resultados en las participaciones de las y los deportistas de alto rendimiento en eventos del ciclo olímpico, paralímpico y campeonatos mundiales del deporte convencional y adaptado, a través de procesos de preparación, servicios médicos y asistenciales, así como apoyos económicos.

La Organización de las Naciones Unidas establece la importancia del deporte al decir que: “El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social”.

II. La participación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrado este año, permitió que deportistas mexicanos obtuvieran 4 medallas de bronce.

Y un excelente desempeño de nuestros atletas de la delegación en las diferentes disciplinas.

También las mexicanas y los mexicanos que participaron en los Juegos Paralímpicos nos han dado 7 medallas de oro, 2 de plata y 13 de bronce.

Sabemos que el esfuerzo que hacen los deportistas que nos representan en estas justas olímpicas son producto del esfuerzo, trabajo -arduo y constante-, además del esfuerzo día a día por dar lo mejor de sí y para nuestro país.

También no debemos olvidar a entrenadores y equipo multidisciplinario que con su conocimiento preparan a nuestros deportistas, pues gracia a su trabajo y esfuerzo nos permiten dar resultados en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos.

III. La Cámara de Diputados aprobó el 9 de febrero de este año el dictamen a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para establecer que se otorgarán reconocimientos a las y los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte, que corresponde dar a la Comisión Nacional del Deporte.

En este mismo sentido la actual legislatura debe sumarse para reconocer a las mujeres y hombres deportistas, pero también a sus entrenadores, con el fin de reconocer sus esfuerzos y su dedicación por poner en alto a nuestro país en materia de deporte.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 79 del Reglamento, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito pone a consideración del pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión felicita y reconoce públicamente a las y los jóvenes atletas y a toda la delegación mexicana por su destacada participación en los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020; y, asimismo, solicita hacer en sesión solemne un reconocimiento especial a los deportistas acreedores de alguna medalla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.

Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a prevenir y contener la propagación de la variante de coronavirus Ómicron en el país, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Yolanda de la Torre Valdez, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde finales de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informo? a la comunidad internacional sobre la aparición de un grupo de casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan, provincia de Hubei, China. Sin embargo, no fue sino hasta el 7 de enero de 2020, que las autoridades sanitarias chinas identificaron como agente causante del brote, a un nuevo virus que días después se le denomino? Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-CoV- 2, por sus siglas en inglés), el cual genera la enfermedad infecciosa Covid-19, comúnmente conocida por la sociedad como coronavirus.

Debido a su alarmante nivel de propagación y alta gravedad el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaro? al coronavirus como pandemia el 11 de marzo de 2020.

Hasta la fecha, la enfermedad se ha propagado a 236 países, territorios y áreas de las América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África.

Conforme se ha expandido la pandemia por Covid-19 en el mundo, las cifras sobre mortalidad han cobrado mayor relevancia y ha sido objeto de atención tanto de los gobiernos de los distintos países afectados como de especialistas de distintas disciplinas.

La búsqueda de una vacuna efectiva que permita desarrollar defensas contra el virus SARS-CoV- 2, se ha convertido el principal reto de salud y de política pública, tanto a nivel nacional como internacional.

La forma en cómo se ha propagado el coronavirus en nuestro país, ha provocado un debate en torno a las cifras de fallecimientos causados por esta enfermedad y las medidas de confinamiento social implementadas por parte del Gobierno Federal para intentar reducir la velocidad del contagio.

De acuerdo con expertos en el tema, las muertes son superiores a los casos reportados por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSa), del Gobierno Federal las cuales ascienden a 293,859 defunciones.

El elevado número de muertes ubica a México dentro de los países con más pérdidas de vidas humanas por Covid-19, con una tasa de letalidad de hasta 12 defunciones por cada 100 contagios de acuerdo con cifras de la Organización Mundial para la Salud (OMS), lo cual nos habla de la gravedad de la situación en cuanto a su manejo adecuado.

De acuerdo con cifras de dicha organización, al 26 de noviembre del presente año, el número de casos confirmados por coronavirus en el mundo asciende los 260.1 millones de personas y se han reportado 5.16 millones de personas fallecidas.1

Como todos los virus, el SARS-CoV2 ha estado en constante cambio para sobrevivir. Al transmitirse de una persona a otra se reproduce por millones y en ese proceso se registran variantes aleatorias en su secuencia genética, es decir, en su genoma, lo que se conoce como mutaciones.

A casi dos años de haberse detectado los primeros casos de coronavirus en el mundo, se han detectado alrededor de 12 clases de variantes del SARS-CoV2, entre las cuales se encuentran: Alpha (linajes B.1.1.7 y Q), Beta (linajes B.1.35 y descendientes), Gamma (linajes P.1 y descendientes), Epsilon (B.1.43 y B.1.43), Eta (B.1.52), Iota (B.1.53), Kappa (B.1.617.1), 1.617.3, Mu (B.1.621, B.1.621.1), Zeta (P.2), Delta (linajes B.1.617.2 y AY), las cuales han sido clasificadas de acuerdo a su alto grado de transmisibilidad.2

La mayoría de las mutaciones no inducen cambios en el comportamiento del virus, pero hay otras que provocan que se propague más fácilmente, que se incremente el riesgo de enfermedad grave y/o de muerte, o una menor eficacia de las vacunas, siendo la variante Delta hasta hace algunos días la que mayor riesgo representaba para la OMS por su alto grado de transmisión y variación en su genoma.

Ante la aparición el pasado 24 de noviembre en Sudáfrica de una nueva variante conocida como B.1.1.529, la cual ha recibido el nombre de Ómicron por parte de la OMS y que ha sido declarada ya como una variante de preocupación, debido a su elevado grado de transmisión y que se considera podría superar por mucho a la variante Delta. La variante Ómicron ha comenzado a generar que los países de todo el mundo se empiecen a tomar medidas sanitarias de cierre en sus fronteras.3

Ante los estragos que la pandemia de Covid-19 ha dejado en los sistemas de salud a nivel mundial, las vacunas contra en Covid-19 aprobadas hasta el momento siguen representando el mecanismo de protección por excelencia, ya que las mismas crean inmunidad contra esta grave y mortal enfermedad, la cual provoca la activación del sistema inmunitario para que detecte la presencia del virus, generando anticuerpos y guardando información sobre la enfermedad y la forma de combatirla.

Por tal motivo resulta de la mayor importancia no minimizar los riesgos de posibles casos de la variante Ómicron en nuestro país e el impulsar las acciones logísticas necesarias que permitan completar y/o aplicar el mayor número de dosis de vacunas contra Covid-19, en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a instrumentar las acciones necesarias para prevenir y contener la propagación de la variante de coronavirus denominada Ómicron en nuestro país, a decretar las alertas sanitarias correspondientes y a realizar las evaluaciones necesarias que garanticen la salvaguarda de la población mexicana.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a instrumentar las accesiones necesarias que permitan avanzar a un mayor ritmo en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en las 32 entidades federativas de nuestro país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a instrumentar las acciones afirmativas necesarias que permitan avanzar e incluir a un rango de edad más amplio en la política nacional de vacunación contra el Covid-19 de menores de 18 años.

Notas

1 https://coronavirus.onu.org.mx/se-han-notificado-5-millones-de-muertes- por-covid-19-y-la-cifra-puede-ser-mayor-oms

2 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.htm l#anchor_1632158885160

3 https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-28/directo-variante-omicr on-covid-europa_3331939/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2021.

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGJEBC a crear un programa para la prevención y protección de las bajacalifornianas, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Armando Reyes Ledesma, diputado federal de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Baja California a crear un Programa para la Prevención y Protección de las Mujeres Bajacalifornianas al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace muchos años México se ha vuelto un país con unos de los niveles de violencia más altos de América Latina y el Caribe es por ello que con el aumento de la inseguridad y la impunidad se afecta de manera particular a los grupos vulnerables entre los que se encuentran las mujeres.

Las estadísticas son desalentadoras como se presenta a continuación por un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo:

“Las estadísticas son escalofriantes: una de cada tres latinoamericanas ha experimentado algún tipo de agresión física o sexual en algún momento en su vida. Y al contrario de lo que se piensa, la violencia contra las mujeres es un fenómeno que no discrimina por edad, ni por nivel económico o social.”1

Como legislador y representante de uno de los distritos electorales mas grandes de nuestro país, una de mis prioridades es que en la agenda social y ciudadana incrementar la seguridad para las mujeres es prioridad.

Para lograr esos objetivos consideramos que es necesario una coordinación entre diferentes instituciones y autoridades, en todos los niveles de gobierno, pues solo en este conjunto de esfuerzos podremos lograr disminuir la violencia de género que tanto afecta a las mujeres.

Para ello se debe elaborar un plan de trabajo en el que destacan los siguientes modelos de intervención:

1. La modernización de normas jurídicas relativas a la violencia contra la mujer, planes nacionales contra la violencia contra la mujer, y el acceso a la justicia;

2. programas de cambios de actitudes y de masculinidades prosociales dirigidos sobre todo a hombres jóvenes;

3. centros integrales de atención a mujeres víctimas;

4. programas de tratamiento para maltratadores; y

5. programas de empoderamiento a mujeres jóvenes y adultas.2

Como legisladores trabajamos en crear y actualizar las legislaciones locales y federales para reconocer los derechos de las mujeres y la igualdad de género , pero no basta solo con eso si no que debemos llevarlo a la práctica por medio de autoridades que son las encargadas de hacer cumplir la ley.

Para ello el papel de la Fiscalía General del Estado de Baja California es indispensable pues sabemos que a través de las fiscalías los ciudadanos tienen un acercamiento mas directo en caso de ser víctimas de algún tipo de delito.

Aunado a lo anterior, creemos que la prevención y la educación para las nuevas generaciones puede hacer la gran diferencia en la disminución de todo tipo de delitos relacionados directamente con la Violencia de Género.

En ese tenor estamos de acuerdo en lo que menciona el Banco Interamericano de Desarrollo cuando señala que:

“Está demostrado que el nivel de vulnerabilidad a la violencia de la mujer depende en gran medida de su posicionamiento social y de factores de riesgo de los agresores.”3

Es decir que mujeres que viven en situación de pobreza y que viven en zonas de bajos recursos o alta marginación son las que se encuentran en situaciones de mayor riesgo pues el acceso a la justicia y a ser escuchadas en caso de sufrir violencia de género es mucho menor.

A la par de la actuación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en todos los municipios trabajamos y creamos conciencia erradicando las normas culturales discriminatorias contra la mujer.

Pero para atacar el problema de raíz, necesitamos tener cifras, estudios y diagnósticos concretos es por ello que a través de un programa que busque proteger y ayudar a las mujeres de Baja California podremos identificar adecuadamente todos los factores de riesgo.

Dicho programa debe ser evaluado frecuentemente para poder establecer estadísticas respecto del avance del mismo o las mejoras que pueden hacerse a fin de beneficiar al mayor número posible de mujeres en todos los municipios de Baja California.

Por lo anteriormente expuesto un servidor presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado de Baja California a crear un Programa para la Prevención y Protección de las Mujeres Bajacalifornianas.

Notas

1 5 políticas que sí funcionan para proteger a las mujeres, August 21, 2018 by Bárbara Cedillo - Karelia Villa, consultado en https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/5-cosas-que-si-funcionan- para-proteger-las-mujeres/

2 Ídem

3 Ídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de noviembre del 2021.

Diputado Armando Reyes Ledesma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a garantizar un diálogo alumnos-profesores del CIDE para subsanar los inconvenientes generados por la destitución de dos académicos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Exposición de Motivos

I. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) atraviesa una crisis en su interior, ello debido a que las destituciones de dos de sus académicos, algo que ha generado que la comunidad científica, así como alumnos y catedráticos se opongan al autoritarismo del director Interino, José Antonio Romero Teallaeche.1

De acuerdo con el director interino del CIDE, el centro educativo está atravesando una manipulación colectiva por parte de los profesores hacia los estudiantes, ya que, con tal de no perder sus privilegios, estos mal informan a los alumnos.2

Una de las docentes afectadas por los despidos del actual director del centro fue Catherine Andrews, la cual fungía como secretaria académica del CIDE, con la justificación de que la secretaría incurrió en actos de rebeldía.3

Lo anterior derivó de un comunicado por parte de Romero Tellaeche, en el cual se pedía a los profesores abstenerse de realizar las reuniones de Comisiones Académicas Dictaminadoras, las cuales tiene por objeto la evaluación del desempeño de los docentes, y de este modo establecer la continuación o salida de los profesores en el instituto. Dicha petición se realizó, de acuerdo a Romero Tellaeche, debido a que aún no se elegía al director del centro.4

Sin embargo, diversos académicos explicaron que esto se dio de manera unilateral y sin sustento, ya que el proceso de elección del director, no impedía que el CIDE continuará con su operatividad cotidiana, pues por ello se había nombrado un director interino, por lo que dicha reunión continuó su curso de manera normal de acuerdo a la normatividad interna del centro. Por lo anterior, se emitió un oficio donde se ordenó la destitución de la secretaria académica del CIDE.5

La ex secretaria del CIDE emitió un comunicado en el cual informó que la destitución de su labor se debió a que esta mantuvo la convocatoria a las reuniones de evaluación, aun cuando el director interino dio una instrucción explicita de que estas fuesen canceladas. No obstante que, la decisión por parte de la dirección violentaba la normatividad del centro de investigación, además de que esto afecta y pone incertidumbre en los procesos de evaluación académica.6

Asimismo, el pasado 5 de octubre Alejandro Madrazo quien fungía como director regional del CIDE Región Centro, fue destituido de su cargo, con la justificación de que se tenía una “pérdida de confianza”.7

II. Tras la salida de la secretaria Catherine Andrews, Romero Tellaeche convocó a una junta con los alumnos, mismos que expresaron su inconformidad sobre la toma de decisiones que se estaban suscitando dentro del plantel, asimismo, mencionaron que la actual dirección no contaba con el conocimiento suficiente sobre la institución y le reprocharón por considerarlos como personas sin juicio crítico para saber cuándo se les está manipulando.

Varios estudiantes mencionaron que era insultante para los profesores y los alumnos decir que eran personas manipulables. Pues estos contaban con un criterio que el propio CIDE había ayudado a forjar y que por ello estaban defendiendo a la institución. Además de que nadie los obligaba a estar en el centro, pues tenían convicción propia, algo por lo que se ha peleado durante años en el CIDE y que se debía de mantener.

El director interino mencionó que el CIDE se ha convertido en un centro neoliberal, donde se impone la enseñanza de una misma ideología, y que esto se debía corregir por medio de la inclusión de nuevos cuadros académicos que no cuenten, de manera exclusiva, con estudios en Estados Unidos.

Aunado a lo anterior, dijo que los profesores del CIDE cuentan con su salario y sus compensaciones académicas, además de que se les paga por clase, las publicaciones, e ingresos externos. Por ello, el modelo neoliberal del instituto les ha servido para su propio beneficio.

Asimismo, comentó que se ha utilizado a los alumnos, haciéndoles creer que existe una inestabilidad en el tema de las becas, así como en sus estudios o en sus premios e incluso en su mercado laboral.

III. Como reacción a las decisiones tomadas por parte de Romero Tellaeche alumnos y profesores del CIDE se manifestaron el viernes 19 de noviembre de este año, a las afueras de las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ubicadas en la Ciudad de México, sobre la avenida Insurgentes Sur. Ello con la consigna “¡Un dictador no será director”!, además de que exigían la cesantía del cargo del director interino Romero Tellaeche.8

Hoy seguimos viendo como los ataques contra el Centro de Investigación y Docencia Económicas continúan, pues la actual administración ha sido la responsable de poner trabas al instituto, las cuales lo han afectado directamente, ello a través de la desaparición de fideicomisos y la reducción presupuestal en materia operativa.

Como legisladores reconocemos la importancia que tiene la labor docente y más aún la libertad de cátedra que debe tener esta, y que cualquier cosa que contravenga a ello debe ser eliminada para garantizar este derecho.

En la bancada naranja somos conscientes de que debe existir un diálogo entre las autoridades competentes, los alumnos y profesores del CIDE para que se pondere el respeto de la autonomía académica y se deje de lado cualquier actuación política que intervenga en el correcto juicio de una institución tan importante.

IV. Por otro lado, la Fiscalía de la República Mexicana se ha dado a la tarea de acusar de delincuencia organizada a 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), lo cual ha generado gran indignación a la comunidad científica, pues diversos premios nacionales han manifestado su descontento y se han pronunciado para que se detenga el hostigamiento a la comunidad científica de nuestro país, donde la organización de Premios Nacionales de Artes y Ciencias, ha mencionado que, “La persecución se vuelve aún más inquietante cuando ahora se agrupa a instituciones que realizan contribuciones de primer nivel al conocimiento”.9

Las acusaciones por parte de la fiscalía no es algo que se haya suscitado de manera espontánea, ya que detrás de estas imputaciones excesivas se encuentra la propia directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, la cual ha manifestado ante miembros de la comunidad científica y funcionarios que esto es totalmente falso, e inclusive llegó a desconocer tales imputaciones, sin embargo, hoy se sabe que estas declaraciones han resultados ser solamente falacias, y que además se ha dado a la tarea de mantener latentes las acusaciones en torno a dichos científicos.10

Para agosto de este año, un juez federal del penal del Altiplano, en el Estado de México, negó la detención de los científicos, ello debido a que se tenían diversas inconsistencias en las acusaciones. No obstante, la Fiscalía intentó nuevamente con otra petición, la cual establecía que los implicados fueron actores de un esquema ilegal de asignación de recursos que realizaba el Conacyt.11

Pese a la negativa, la Fiscalía hizo una segunda petición, insistiendo en que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos por labores que ya realizaba el Conacyt. Esto tuvo como resultado otra negativa por parte del juez federal, ya que la empresa privada que fue creada por los servidores públicos, en donde posteriormente se incorporaron, no resulta ser un hecho delictivo, toda vez que esto se encuentra autorizado en el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt.12

Pese a ello, la fiscalía continúa insistiendo en las acusaciones y solicitando la aprehensión de los científicos, pues argumenta que éste es un hecho delictivo patrimonial imputable y que cuenta con todas las pruebas que acrediten dicho delito.13

Por lo expuesto someto su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a respetar la autonomía académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que tenga un diálogo extenso con los alumnos y los profesores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, a fin de subsanar los inconvenientes generados por las destituciones de dos académicos.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que haga pública una investigación detallada y fundada del despido de los académicos Catherine Andrews y Alejandro Madrazo.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a pedir la renuncia de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, por su reiterada y sistemática indebida actuación en el ejercicio del encargo.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a garantizar el pleno derecho al acceso a la educación a las y los estudiantes del Centro de Estudios y Docencia Económicas, AC, en un ambiente libre y seguro, así como que haya un permanente diálogo y apertura a las demandas de la comunidad estudiantil en torno a la designación del director o directora del Centro de Estudios y Docencia Económicas, AC, con pleno arreglo al Estatuto General de dicho instituto.

Notas

1 “Frente a crisis, director del CIDE señala visión neoliberal; ¿Qué hacemos?: egresada”, La Silla Rota, 2021,

https://lasillarota.com/nacion/frente-a-crisis-director- del-cide-senala-vision-neoliberal-que-hacemos-egresada/583326

2 Ibídem.

3 “Director interino del CIDE destituye a secretaría académica por ‘actos de rebeldía’”, en Animal Político, 2021, https://www.animalpolitico.com/2021/11/director-cide-destituye-investig adoras-ilegalidad-decisiones/

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 “Investigadora del CIDE pide que ‘se respeten las reglas’ tras destitución de directivas”, en Milenio, 2021. Recuperado de https://www.milenio.com/politica/investigadora-del-cide-pide-que-se-res peten-las-reglas

7 Ibídem.

8 “Alumnos y académicos del CIDE protestan frente a las oficinas del Conacyt”, en Expansión, 2021. Recuperado de https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/11/19/protesta-cide-exigen-dest itucion-director

9 “Esto ha llegado a un grado de persecución inquietante”: 31 premios nacionales se unen al repudio por la orden de arresto de científicos del Conacyt”, en El País, 2021. Recuperado de https://elpais.com/mexico/2021-09-28/esto-ha-llegado-a-un-grado-de-pers ecucion-inquietante-31-premios-nacionales-se-unen-al-repudio-por-la-ord en-de-arresto-de-cientificos-del-conacyt.html

10 “Quién le calentó la cabeza al presidente”, en El Financiero, 2021. Recuperado de

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-pa lacio/2021/09/28/quien-le-calento-la-cabeza-al-presidente/

11 “¿Por qué la FGR busca arrestar a 31 científicos del Conacyt y de qué les acusa?”, en Expansión, 2021. Recuperado de https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/23/fgr-arresto-cientificos -conacyt-de-que-se-les-acusa

12 Ibídem.

13 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a garantizar el respeto de los derechos humanos de los paisanos que retornan de EUA a México en temporada decembrina e impedir extorsiones de autoridades aduaneras, a cargo del diputado Mauricio Prieto Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Mauricio Prieto Gómez , diputado de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La promesa presidencial hecha en 2020 de que se terminaría con la corrupción, extorsiones y mordidas en contra de los más de 3 millones de paisanos que regresan a México desde Estados Unidos para pasar las fiestas decembrinas en sus lugares de origen, queda en entredicho, pues persisten este tipo de prácticas que cuestan a cada paisano o familia que retorna un promedio de mil 500 dólares, es decir unos 30 mil pesos.

El programa Héroes Paisanos tiene como objetivo establecer políticas, estrategias y acciones preventivas de asistencia y de orientación para asegurar que el ingreso, tránsito y salida de los mexicanos residentes en el extranjero, se lleve a cabo con respeto de sus derechos, la seguridad de sus bienes y el conocimiento de sus obligaciones.1

La derrama económica en mordidas y extorsiones para los funcionarios federales, estatales, municipales y, por supuesto, para el crimen organizado, se estima en alrededor de 4 mil 500 millones de dólares, sólo en el mes de diciembre.

A 30 años de haber sido establecido el llamado programa Paisano y a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado a los mexicanos que trabajan y viven en Estados Unidos como “héroes vivientes”, la realidad es que nuestros paisanos sufren hoy, más que nunca, dichos atropellos e injusticias que los obligan a replantearse volver a México a convivir con sus familias.

Solamente en este fin de año se prevé la llegada a México de 3 millones 800 mil connacionales provenientes de Estados Unidos y Canadá, sin embargo, la realidad de los datos que les he compartido coloca a nuestros connacionales en situaciones de alto riesgo.

Las autoridades migratorias, de derechos humanos y, por supuesto, las diputadas y diputados que integramos esta soberanía, reconocemos que persisten el robo, la extorsión y el secuestro, como los principales delitos que sufren nuestros migrantes que vuelven a su lugar de origen en algún punto del territorio nacional, a pasar las fiestas de fin de año, por lo que urge tomar medidas tanto para mejorar el programa Héroe Paisano, como para garantizar la seguridad en las carreteras nacionales.

Es lamentable, y una muestra de que nada ha cambiado en México en estos tres años, el hecho de que las propias autoridades encargadas de cuidar a nuestra gente violen los derechos humanos; nuestros paisanos tienen que cuidarse, pero de las propias autoridades.

En las encuestas se muestra que el 80 por ciento de los paisanos sufren de extorsiones en la aduana, en las carreteras, en cada municipio y cada ciudad que pasan hasta llegar a su destino pues los responsables de la seguridad de los tres órdenes de gobierno les piden su mochecito, de tal manera que los paisanos “presupuestan”, desde que salen de la Unión Americana, hasta mil dólares para pagar extorsiones.

La temporada de “caza” de paisanos inicia desde noviembre. Al momento de llegar a México los funcionarios de Aduanas, del SAT y Guardia Nacional son los primeros que reciben su “aguinaldo”, ello al exigir documentos, facturas de regalos, aunque sean usados o inventan cualquier pretexto.2

De acuerdo con experiencias de los propios migrantes, cuando determinan viajar a México deben traer en la guantera un extra de entre mil y mil 200 dólares para el pago de extorsiones y cuotas legales, para volver a sus lugares de origen en México, una vez que pasan por todos los filtros, legales y no legales durante el camino de vuelta a casa, actualmente dan acompañamiento a un hecho de extorsión a gran escala.

Entonces, la corrupción no ha terminado; quien diga que las aduanas han cambiado, no han cambiado nada, lo dicen siempre. El presidente Fox lo ofreció; luego fue Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y hace tres años Andrés Manuel López Obrador. Hoy nada ha cambiado.

No obstante, los indicadores del Instituto Nacional de Migración (INM), hacen ver que el delito de extorsiones en las aduanas sí ha disminuido, y el actual gobierno dice hacer un esfuerzo por erradicar este tipo de prácticas, para cuidar a los paisanos que vuelven a sus lugares de origen en cada temporada, como la próxima de Navidad. La realidad es que estamos también en este rubro con la moda de los “otros datos”, porque las y los paisanos a quienes les preguntemos, nos dirán que hoy está peor que nunca este tipo de prácticas.

Es de todos conocido que, si viajan en camión, es 100 por ciento seguro que los agentes pedirán “cuotas” para no revisar los camiones. También se da el coyotaje cuando ante el temor de pagar caros impuestos, optan por esta práctica, pero luego son detectados y de todas formas los migrantes son obligados a pagar por las pertenencias que traen a sus familiares. En un círculo de terror en el cual, de la manera que sea, terminarán pagando. Estoy seguro que en esta soberanía hay diputadas y diputados que podrán aportarnos más ejemplos y experiencias de estas prácticas.

Lo más lamentable es que los paisanos vuelven de Estados Unidos con herramientas, enseres y otras cosas, así como utensilios indispensables, que acá en las comunidades difícilmente podrían conseguir y ellos tratan de llevarlos incluso hasta por acto humanitario a sus familiares y conocidos; pero para lograrlo se enfrentan a la extorsión, que, como ya dije, es preciso llevar consigo hasta los mil 200 dólares; en promedio deben llevar preparados entre 500 y 700 dólares para cumplir con lo que los agentes aduanales exigen solamente para entrar a nuestro país; falta lo que suceda en el camino.

Y, por fortuna, a pesar de lo que les ocurre siguen teniendo el interés de volver a sus lugares de origen, ya que ellos viven precisamente con la ilusión de volver a dónde están sus raíces y sus familias. ¿Y por qué no denuncian?, nos podríamos preguntar. Es sencillo, las paisanas y paisanos temen las represalias y lo único que desean es llegar a ver a sus familias.

Este y muchos otros temas a nivel nacional nos muestran que en México nada cambia, solamente gobierna otro color en Palacio Nacional, y a pesar de que se niegue que existe, y en mayor medida, la corrupción, la realidad está ahí para quien quiera verla: Nuestros migrantes serán extorsionados este fin de año como siempre, si no hacemos algo hoy, aquí y ahora.

Ahora, hay varias maneras de acceder a los datos que les comparto, una de ellas son los grupos y asociaciones de migrantes en Estados Unidos, los representantes de la comunidades de migrantes, entre ellas la de Illinois, describe que desde el 2001 se realizan este tipo de atracos por parte de la delincuencia organizada. Los paisanos son fácilmente detectados por las placas de sus vehículos estadounidenses o por ser camionetas pick up.3 Sin embargo creyeron que con el actual gobierno cambiarían las cosas. Salió peor.

Por otra parte, líderes comunitarios del norte de Texas advirtieron sobre los riesgos que corren los viajeros que visitan México por la temporada navideña y que viajan en auto, todos los días hay quejas de que el crimen organizado detiene a los viajeros y los extorsiona.

Son las mismas versiones recurrentes de que en la frontera de Texas, del lado mexicano, las extorsiones suceden las 24 horas del día. No ha habido más que el buen deseo del gobierno de México de acabar con esa situación. Pero sin hechos que demuestren que el problema desaparece.

El propio gobierno mexicano reconoce este problema y para la temporada navideña se ha instalado una oficina especial en la Presidencia de la República para atender las necesidades de los migrantes, sin que hasta el momento haya dado resultados eficaces. Sirvió de florero tal oficina.

Uno de los objetivos de esta nueva oficina, llamada Nuestros Héroes Paisanos 911, es proporcionar seguridad en el camino de los viajeros y combatir las extorsiones. Quienes se vean afectados por una situación en su camino, pueden llamar al 911. Mientras tanto, en redes sociales abundan testimonios de personas que han sufrido alguna extorsión al cruzar a México, particularmente por la frontera de Laredo-Nuevo Laredo.

Sin embargo, la queja es la misma, la impunidad, nuevamente dan un número de teléfono en el que puedes denunciar las extorsiones, los migrantes aseguran, que no hay un seguimiento, no hay una investigación al respecto.

En algunos casos para mitigar el riesgo a ser extorsionados, los migrantes se organizan en caravanas para ser escoltados por la policía estatal hasta el llamado kilómetro 26, ya fuera de Nuevo Laredo, donde termina la zona fronteriza y se encuentra un retén de las autoridades migratorias. Sin embargo, estas caravanas solo están disponibles para quienes tramitan su permiso de importación de vehículo en la frontera, no para quienes ya lo pidieron por internet, lo que deja a un gran grupo de paisanos a merced de los grupos delincuenciales.

“La gente no denuncia por miedo, porque los amenazan con armas, porque les dicen que trabajan con ellos (con las autoridades) o les quitan una identificación y hay miedo de que te encuentren y le hagan algo a tu familia, así que mejor no se denuncia”, señalan los mismos paisanos.

El 14 de diciembre de 2020, en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo advirtió a los servidores públicos de Aduanas, Migración, Guardia Nacional, Policías de Caminos a que actúen con rectitud, honestidad con el objeto de apoyar y respetar a nuestros paisanos, porque no se va a permitir ningún abuso.4

Sin embargo, la situación sigue prácticamente igual es necesario realizar un plan de acciones para erradicar estas prácticas y brindar la seguridad en tránsito de los connacionales a nuestro país.

Invito al análisis y juicio de las consideraciones que sustentan esta propuesta de punto de acuerdo, los elementos de mérito son amplios y suficientes, espero se apoye esta legítima propuesta y construir juntos un ambiente de seguridad y total respeto a los derechos humanos de nuestros paisanos.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo acciones que garanticen a los paisanos que retornan a México en fin de año, el respeto pleno a sus derechos humanos y que impidan las extorsiones por parte de las autoridades aduaneras, migrantes, de caminos o de la Guardia Nacional.

Notas

1 Instituto Nacional de Migración. Guía Héroe Paisano.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649066/GU IA_HEROESPAISANOS_VERANO2021.pdf

2 González Hernández, M., Persisten extorsiones y mordidas a paisanos que regresan de EU. https://www.mexicampo.com.mx/persisten-en-la-4-t-extorsiones-y-mordidas -a-paisanos-que-regresan-de-eu/

3 Becerra,B. Paisanos blanco del crimen organizado en su retorno a México. el sol de México.

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/paisano s-blancos-del-crimen-organizado-en-su-retorno-a-mexico-nuevo-laredo-mon terrey-fiestas-decembrinas-estados-unidos-mexico-asaltos-extorsiones-61 18330.html

4 Morales A. Crearán oficina para proteger héroes paisanos. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crearan-oficina-para-proteger-her oes-paisanos-de-extorsiones

Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de noviembre de 2021.

Diputado Mauricio Prieto Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a implantar con los tres niveles de gobierno un programa de cuidado ambiental durante las fiestas decembrinas, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente para que en el marco de sus respectivas competencias establezca junto con los tres niveles de gobierno la implementación de un Programa de Cuidado al Medio Ambiente en el marco las fiestas decembrinas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2016 la contaminación atmosférica causó 4.2 millones de muertes prematura.1 Comparado con los datos del 2012, de esta misma organización internacional se puede identificar que solamente en el periodo de 4 años las muertes a causa de la mala calidad del aíre creció en medio millón de casos.

En 2012 el organismo internacional reportaba las siguientes cifras de muertes a consecuencia de la contaminación atmosférica:

3.7 millones de muertes en el planeta

• 11% por enfermedad pulmonar obstructiva crónica;

• 6% por cáncer de pulmón;

• 40% por enfermedad isquémica del corazón;

• 40% por accidente cerebrovascular

• 3% por infección respiratoria aguda).2

Este estudio demuestra también que 91% de estos decesos ocurren en los países de bajos y medianos ingresos, ante estas cifras la OMS ha urgido a los países a adoptar medidas para disminuir la contaminación del aíre.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, asegura que en México durante el año 2015 se suscitaron 14,600 muertes prematuras relacionadas a la mala calidad del aire3 .

Cifras que dan señal contundente que como país y sociedad debemos tomar conciencia del daño que la contaminación atmosférica causa a la salud pública y comenzar a actuar en consecuencia.

La llegada de las festividades decembrinas, lamentablemente traen aparejados niveles de contaminación, de ello dan cuenta los diarios de circulación nacional o locales, derivado de la quema llantas, juegos pirotécnicos, la quema de “viejos” como una representación de despedida del año que termina.

Todas estas formas de celebración impactan negativamente en la salud pública al contaminar de manera profusa la atmosfera, si bien es cierto durante las celebraciones de las fiestas de diciembre del año 2020 se vieron reducidas como consecuencia del aislamiento por la pandemia del Covid-19, el regreso paulatino a la cuasi normalidad, podría nuevamente disparar los niveles de contaminación como las generadas durante estas festividades en el 2019.

La Comisión Ambiental Metropolitana en su comunicado de prensa del 26 de noviembre del 2020 alertó que históricamente, las quemas de juegos pirotécnicos en las noches de 24 de diciembre y 31 de enero generan contingencia ambiental. (CAM, 2020)

De ahí que, es necesario exhortar a las autoridades competentes en materia de medio ambiente a realizar los esfuerzos necesarios a fin de disminuir el impacto negativo, en la calidad de aire, como consecuencia de las celebraciones.

Aunado a lo anterior, es necesario también que como sociedad reflexionemos en torno al estrés que causa el ruido del estallido de los juegos pirotécnicos en los animalitos. Gregory Berns, especialista en el comportamiento en perros asegura que “ la pirotecnia resulta tan dañina para los perros ya que estos no tienen la capacidad de racionalizar su ansiedad y puede que sufran una forma más profunda e intensa de terror, similar al estrés post traumático en seres humanos.”4

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso del Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el marco de sus respectivas competencias establezca junto con los tres niveles de gobierno la implementación de un programa de cuidado al medio ambiente en el marco de las fiestas decembrinas.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud. (2021). Contaminación del aire ambiente exterior.

2. Organización Mundial de la Salud. (?2014)?. Estadísticas sanitarias mundiales 2014. Organización Mundial de la Salud.

3. Comisión Ambiental de la Megalópolis. (2020, 26 noviembre). Acciones para prevenir episodios de mala calidad de aire en la época invernal y proteger la salud de los habitantes de la Megalópolis. https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/acciones-para-prevenir- episodios-de-mala-calidad-del-aire-en-la-epoca-invernal-y-proteger-la-s alud-de-los-habitantes-de-la-megalopolis?idiom=es

4. Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (pág. 2)

https://avatmaorgblog.files.wordpress.com/2017/03/informe-pirotecnia .pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021

Diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN sobre la revisión del acuerdo presidencial emitido en el DOF el 22 de noviembre de 2021 en materia de proyectos y obras públicos, a cargo del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ignacio Loyola Vera , integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura Federal, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que somete a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 22 de noviembre del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación; “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

El acuerdo, publicado y signado por la propia Presidencia de la República, está dividido en un apartado de considerandos, tres artículos centrales del acuerdo y, dos artículos transitorios quedando de la siguiente manera:

Considerando

Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado mexicano organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y la democratización política, social y cultural de la nación;

Que México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país;

Que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente;

Que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos, y

Que a fin de que la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social, he tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

Artículo Primero. Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

Artículo Segundo. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

Artículo Tercero. La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

Transitorios

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Dado en la Residencia del Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2021.Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán.- Rúbrica.- La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Eduardo Ramírez de la O.- Rúbrica.- El Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez.- Rúbrica.- La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González.- Rúbrica.- La Secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García.- Rúbrica.- La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.- Rúbrica.- El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.- Rúbrica.- La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica.- La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer Falcón.- Rúbrica.- La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero.- Rúbrica.- El Secretario de Turismo, Miguel Tomás Torruco Marqués.- Rúbrica.1

Segundo. El ciudadano presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, fundamenta en los artículos 89 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de este acuerdo. Se ha considerado pertinente la revisión de estos artículos de manera textual, para poder establecer un marco de análisis pertinente y apegado a derecho.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior 2

VII. ...

VIII....

Al revisar este artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente se establece la facultad del presidente de la república para “preservar la seguridad nacional en los términos de la Ley respectiva”, lo cual nos remite, evidentemente a revisar la Ley de Seguridad Nacional, la cual fue publicada en el DOF con fecha de 31 de enero de 2005.

El artículo 2 de la Ley de Seguridad Nacional, faculta al presidente de la república, sustentado en el 89 constitucional, la determinación de la política en la materia y dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.3

En el artículo 3, se establecen, para efectos de la Ley, las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.4

Dentro del contexto de Seguridad Nacional, tanto lo expresado en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional, no se expresa que la obra pública (toda), la desempeñada en este mandato, pueda ser considerada como tal, en acorde con lo expresado sobre la materia legal y constitucional vigente.

Las atribuciones que se ha conferido el titular del Ejecutivo federal, para la publicación de este acuerdo, no se encuentran sustentadas en las leyes vigentes y, en los artículos referidos, donde se funda la declaración, elaboración y publicación del acuerdo en comento.

Al continuar con nuestra revisión sobre la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 5, establece lo siguiente:

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;

VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;

VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y

XIII. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Tercero. La publicación de este acuerdo en comento en el DOF, ha generado una discusión que versa en la inconstitucionalidad del procedimiento, pues no se puede considerar como un atentado contra la Seguridad Nacional, la prevalencia del Estado de Derecho, la rendición de cuentas y, el respeto al marco jurídico vigente en los Estados Unidos Mexicanos.

La interpretación sesgada de las facultades del titular del Ejecutivo federal hace que el debate, en la actualidad, cimbre las condiciones generales del estado de derecho en México y, apegados en un procedimiento disciplinado al principio fundamental republicano de la división de poderes, es que este documento se dirige a la Suprema Corte de Justicia, poder envestido con las facultades propias de declarar procedente o improcedente esta acción, que a título personal, consideramos como inconstitucional, por la naturaleza del mismo y, los objetivos establecidos en el decreto en comento. No se puede considerar a la búsqueda de la transparencia de los recursos públicos en el gasto gubernamental, la asignación de contratos públicos y, la transparencia de los mismos, así como una búsqueda para que impere la legalidad y el Estado de Derecho, como un atentado en contra de la Seguridad Nacional. La utilización de estos recursos legales, podemos considerarla como un acto de ilegalidad, opacidad y, encubrimiento de actos ilícitos en la asignación de las obras, los contratos y el destino del gasto.

Permitir la violación de la Constitución y las leyes que de ella emanan por una interpretación sesgada, es abrir una brecha al debilitamiento institucional que tanto ha costado construir para los mexicanos. Nadie puede estar por encima de la Ley y, nadie al margen de la misma.

Es menester de la Corte, dirigir bajo los principios rectores, la revisión puntual y oportuna de este Acuerdo, confiando en que la legalidad impere y se establezca como eje rector por el bien de la nación.

Por lo anteriormente expuesto he invocado en el proemio, someto a consideración de esta soberanía y honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, bajo el principio republicano de división de poderes, al ciudadano Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a establecer los mecanismos pertinentes para la atracción, revisión y divulgación pública de los resolutivos sobre el estudio del Acuerdo emitido por la Presidencia de la República el 22/11/21 en el Diario Oficial de la Federación en materia de proyectos y obras públicas bajo la premisa de Interés Público y Seguridad Nacional.

Notas

1 Transcripción textual del Acuerdo del DOF con fecha 22/11/21. Revisado y consultado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021

2 Transcripción textual del Artículo 89, Fracción I y Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=
http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf_mov%2FConstitucion_Politica.pdf&clen=
1198130&chunk=true

3 Chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2F
www.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FLSegNac_200521.pdf&clen=396403&chunk=true

4 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.

Diputado Ignacio Loyola Vera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Jalisco a reconsiderar la solicitud para aumentar el costo del servicio de agua por el ayuntamiento de Zapopan, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Jalisco para reconsiderar la solicitud para aumentar el cobro del servicio de agua por parte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, considerando los siguientes

Antecedentes

En meses recientes más de 1.5 millones de personas que viven en el municipio de Zapopan enfrentan un grave problema que atenta en contra de su dignidad, complicando sus vidas y estropeando sus rutinas. Desabasto, irregularidad y suciedad en el servicio de agua municipal es el grave problema al que hago referencia.

El 8 de abril de 2021, “Milenio” publicó una nota en donde señala desabasto de agua en la Colonia Constitución. La nota menciona que los vecinos señalaban que en ese entonces llevaban un mes padeciendo falta de agua, sin embargo, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado no ha hecho caso a los diversos reportes y agregan que es fundamental contar con el servicio para mantener sus hogares limpios y sin que esto se convierta en un foco de infección.1

Por su parte, el medio digital “El Diario NTR” en fecha similar publicó que hacía un mes, habitantes de las colonias Lomas de Tabachines, Agua Fría y otras colonias del norte de Zapopan padecen el calvario de constantes cortes en el suministro de agua por desabasto.

Al respecto menciona:

Personas que viven cerca de la cisterna del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillo (Siapa), instalada en la calle Flores al cruce con calle Las Tullas, en la Colonia Lomas de Tabachines, denunciaron que desde hace más de seis días no es llenado.

Además, otro de los vecinos entrevistados en Lomas de Tabachines y Agua Fría, indicó que a estas colonias ni llega ni una sola gota de agua prometida por los tandeos porque hay problemas con las válvulas del Siapa, que no han permitido que por lo menos “disfruten” del beneficio del tandeo.

También, externaron que algunos vecinos ya presentan problemas de salud como diarrea y temperatura por la falta de agua. Y la falta de este líquido les impide cumplir a cabalidad las medidas preventivas contra Covid-19.2

Recientemente, el medio “El Informador.MX” publicó una nota en la que revela que personas usuarias del SIAPA han presentado en promedio 34 quejas a la semana entre 2018 y 2021. Considerando los últimos siete años, el 2020 es el año que más quejas se han recibido con 1,943 en total.3

Asimismo, mencionó que “mientras las quejas por la mala calidad del agua han aumentado en los últimos siete años en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la sustitución de tuberías de agua potable por mantenimiento disminuyó por parte del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”.4

Y aún a pesar de todos estos problemas, el Ayuntamiento de Zapopan se atreve a tomar la decisión de solicitar al Congreso del Estado de Jalisco la autorización para incrementar el costo en el cobro del servicio de agua como se muestra a continuación:

Habitantes de Zapopan muestran inconformidad por este incremento sin sentido, Asimismo, representa una clara violación a sus derechos, toda vez que no hay lugar para incrementar el costo en el servicio del agua cuando el servicio es deficiente, tanto por abasto como por la calidad del agua.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las y los legisladores del Congreso del estado de Jalisco para que en medida de sus atribuciones analice y considere votar en sentido negativo la solicitud del ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para incrementar el cobro por concepto del pago del servicio de agua en el municipio.

Notas

1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/agua-zapopan-colonia-constit ucion-enfrenta-escasez

2 https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=164468

3 https://www.informador.mx/Reviven-quejas-contra-el-SIAPA-por-la-mala-ca lidad-del-agual202111100001.html

4 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.

Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a garantizar condiciones para el ejercicio del derecho de libertad de expresión y de prensa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. En México ser defensor de derechos humanos, activista, periodista independiente y, en general, criticar a los gobiernos –actual y anteriores– del país es sinónimo de ser víctima de acoso, intimidación, amenazas y violencia. Múltiples ejemplos sustentan esta afirmación: el 19 de junio de 2017, The New York Times publicó un reporte extensivo,1 en colaboración con Aristegui Noticias, Article 19, R3D y Social TIC, con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá,2 en el que se dio cuenta del despliegue de acciones de vigilancia e intervención de comunicaciones de periodistas y activistas mexicanos, tales como Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, Salvador Camarena, de Mexicanos contra la Corrupción, Carlos Loret de Mola, Mario Padrón, del Centro Prodh, y Carmen Aristegui.3

Los ataques fueron dirigidos, de acuerdo con la investigación, “cuando los blancos cuestionaron las políticas del [...] [entonces] gobierno federal, por ejemplo: la difusión del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, el acompañamiento a la investigación independiente del caso Ayotzinapa, la actuación de la Policía Federal en Tanhuato y el debate de las leyes anticorrupción”.4

Así, tan solo en la administración de Enrique Peña Nieta se duplicaron las agresiones contra periodistas, en comparación con la de Felipe Calderón en la que se agredía a un comunicador cada 48.1 horas.5

De acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015, de Reporteros Sin Fronteras, México se ha distinguido por ser el “país más mortífero de América Latina para los medios de comunicación”.

Artículo 19, en su informe anual Estado de censura, publicado en el sexenio de Peña Nieto, dio cuenta “del deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión y la violencia contra la prensa durante 2014”,6 revelando que cada 26.7 horas se agredía a un periodista en el país, y más del 90 por ciento de los casos permanecen en la impunidad.7 Artículo 19 registró que durante 2014, 48 por ciento de las agresiones registradas fue responsabilidad de funcionarios.8

Por si fuera poco, durante la actual administración la situación, lejos de mejorar, ha empeorado, pues de acuerdo con Artículo 19, nuestro país “registra un ataque contra la prensa cada 11 horas”,9 señalando “las constantes descalificaciones de López Obrador como uno de los principales detonantes de las agresiones contra los periodistas en el país”:10

Hemos visto cómo las intimidaciones y campañas de desprestigio empiezan en las conferencias mañaneras del presidente y se replican por otros miembros de su Gobierno o en los estados y municipios”.11

El 29 de noviembre de 2021, el titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, criticó fuertemente la libertad de expresión y de prensa de la periodista Carmen Aristegui, quien constantemente ha trabajado en reportajes que denuncian actos de corrupción de distintos partidos políticos y servidores públicos. Textualmente, el presidente de la República mencionó lo siguiente:

Y también aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento, que ellos dicen que porque son independientes y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo, entonces nada más dejarlo en claro porque luego hay confusión, se piensa que estos medios, seudoobjetivos, seudoprogresistas, seudoindependientes, tienen vinculación con nosotros y no, ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación, no hay simpatías.

Carmen Aristegui escribe en Reforma y pertenece al grupo que apoya al bloque conservador, entonces nada más aclararlo porque ya no estamos en los tiempos de la simulación y hay muchos que están en nuestro movimiento, que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento o apoyan al movimiento, no, ni cuando vivía don Julio Scherer, que lo quiero mucho, lo sigo queriendo, pero en Proceso tenían una línea editorial que no era afín a la nuestra. Además, recuerdo que estábamos en plena guerra sucia, nos estaban bombardeando en vísperas de las elecciones de 2006 y la portada de Proceso fue en contra mía, la recuerdo bien porque es parecida a la campaña de ahora, de que soy autócrata, autoritario, dictador, en aquel entonces la campaña de la portada de Proceso era “El Estado soy yo”. Pero eso en la época de don Julio, estoy hablando del Francisco Zarco del siglo XX según el finado Carlos Fuentes. Pero Francisco Zarco que era muy cercano a Juárez, que escribía muy bien, era un hombre de avanzada, llegó a tener diferencias con Juárez (...)

Decirles que el terreno que tienen mis hijos son 52 hectáreas, tienen 16 hectáreas cada uno, se las entregó su abuelo, el papá de la mamá, por eso los chocolates se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos que falleció y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao.

En el sexenio pasado les ofrecieron créditos, nunca aceptaron, nunca se ha aceptado ningún apoyo del gobierno. No tienen nada qué ver con el programa Sembrando Vida, porque no he visto lo que dicen en la entrevista pero me consultó Andrés, porque le mandaron, así al estilo del periodismo muy objetivo, le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo hasta un día a tal hora y si no contestaba pues ya podían decir en el reportaje que fueron consultados pero no respondieron. Venía una pregunta ahí acerca de que, en el sentido de que el programa Sembrando vida había surgido de un agrónomo, amigo de mis hijos, que estuvo trabajando en el gobierno y que él fue quien creó el programa Sembrando vida, no, aprovecho, este programa salió de aquí, de esta cabeza, como el programa de adultos mayores salió de aquí, no está copiado de ningún lugar del mundo.12

II. Marco jurídico

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la libertad de expresión así como a que nadie pueda ser juzgado por la expresión de sus ideas. A la letra el artículo 6 de nuestra Carta Magna refiere lo siguiente:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa , sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

(...)13

La Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento internacional firmado y ratificado por el Estado mexicano, establece en el artículo 19 la libertad de expresión y de opinión:

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Por lo expuesto se propone exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, a garantizar condiciones para el pleno ejercicio del Derecho de Libertad de Expresión y de Prensa, por lo que sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a garantizar condiciones para el pleno ejercicio del derecho de libertad de expresión y de prensa.

Notas

1 “Using texts as lures, government spyware targets Mexican journalists and their families”, en The New York Times. Disponible en https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticr ime.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcore-iphone-share&_r=1&referer=https://t.co/3FCwv17kwz Consultado el 19 de junio de 2017.

2 “#GobiernoEspía a periodistas y activistas con herramientas para perseguir criminales”, en Aristegui Noticias. Disponible en http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/gobiernoespia-a-periodistas-y- activistas-con-herramientas-para-perseguir-criminales/ Consulado el 19 de junio de 2017.

3 “‘Activistas y periodistas en México son espiados con un software adquirido por el gobierno’: NYT”, en Animal Político. Disponible en http://www.animalpolitico.com/2017/06/periodistas-gobierno/
?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=3316c100d1-ga&utm_medium=email&utm_term=0_
ae638a5d34-3316c100d1-366999270 Consultado el 19 de junio de 2017.

4 Obra citada, “#GobiernoEspía a periodistas y activistas con herramientas para perseguir criminales”, en Aristegui Noticias.

5 Ibídem.

6 “México: Article 19 lanza informe anual Estado de censura”, en Artículo 19. Disponible en

https://www.article19.org/resources.php/resource/37906/es/
m%EF%BF%BD%EF%BF%BDxico:-article-19-lanza-informe-anual-%E2%80%9Cestado-de-censura%E2%80%9D

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 “México registra un ataque contra la prensa cada 11 horas”, en El País. Disponible en https://elpais.com/mexico/2020-09-15/mexico-registra-un-ataque-contra-l a-prensa-cada-11-horas.html Consultado el 29 de noviembre de 2021.

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 Aristegui Noticias (2021). “‘Mis hijos no tienen nada que ver con Sembrando Vida’: AMLO; critica a Aristegui y Proceso por reportaje”. Recuperado de https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/mis-hijos-no-tienen-nada-que- ver-con-sembrando-vida-amlo-critica-a-aristegui-y-proceso-por-reportaje /

13 Cámara de Diputados (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSP de Guanajuato a redoblar esfuerzos a fin de restablecer la seguridad pública, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Considerandos

El Estado como un ente jurídico conformado por el gobierno, sociedad y territorio; con el fin de proveer bienestar individual y colectivo, así como garantizar la igualdad, seguridad y el mantenimiento de la vida del derecho1 .

Sin embargo, en las últimas décadas el colapso en la seguridad se ha dado debido a la fallida implementación de estrategia nacional en materia de seguridad, generando inseguridad en la sociedad y socavando la credibilidad de las instituciones públicas y en consecuencia del Estado.

En cuanto a la seguridad pública y políticas de prevención, es necesario que se tome en cuenta un modelo de policía no sólo reactiva sino proactiva que se encuentre totalmente ligada a la sociedad de manera permanente y no sólo cuando se es víctima de algún delito; por tanto, el modelo no se debe basar en acciones de reacción y disuasión, sino de prevención y de proximidad con la ciudadanía, en donde el nivel de participación ciudadana sea dirigido y consolidado en acciones que permitan cambiar el rumbo de la percepción de inseguridad prevaleciente2 .

Desafortunadamente el actual gobierno de Guanajuato y en particular en quien recae la responsabilidad de generar las acciones que permitan mantener el control de la seguridad social, es decir, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, ha dejado de hacer su trabajo, afectando a miles de familias pues de acuerdo con el reporte presentado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública el día 26 de noviembre del año en curso, en la rueda de prensa diaria que ofrece el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dio a conocer que en el territorio de la república mexicana hubo 67 homicidios, de los cuales 11 se habían presentado en dicho estado, lo que comprende un 16% a nivel nacional.

Figura 1

Como se aprecia en la figura 1. Guanajuato es el estado con mayor número de homicidios, hecho que ha sido una constante en la administración el gobierno de Digo Sinhue Rodríguez Vallejo, el problema se da cuando afecta el desarrollo de las y los habitantes, generando desorden social y arrebatando la paz de las personas.

Por ello someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a que redoble lo esfuerzos y redireccione la estrategia de seguridad a efectos de restablecer a seguridad pública para las y los 6.167 millones habitantes en la demarcación territorial.

Notas:

1. Como lo refiere el autor George Jellinek señala en su obra Teoría del Estado

2. Tapia Pérez, José La inseguridad pública: causas y consecuencias El Cotidiano, núm. 180, julio-agosto, 2013, pp. 103-112 Universidad Autónoma Metropolitana.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 30 días de noviembre de 2021

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob a incorporar a la ciudadana Claudia Martínez Sánchez al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, suscrita por la diputada Inés Parra Juárez, de Morena, y diputadas de los Grupos Parlamentarios del PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y PRI

La que suscribe, diputada Inés Parra Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB Federal, la incorporación inmediata de la C. Claudia Martínez Sánchez al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que implemente de manera urgente el protocolo de actuación para la protección de los derechos de las personas que ejercen el periodismo; a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión a resolver de manera pronta y expedita la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-PUE/0000925/2021 y al Bachillerato General Oficial Héroes de la Reforma, de la Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta, de la Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior del Estado de Puebla a conducirse con apego al debido proceso y respeto a los derechos laborales.

Exposición de Motivos

Claudia Martínez Sánchez, periodista y docente a nivel medio superior en el Bachillerato General Héroes de la Reforma turno vespertino ubicado en: C. 13 Poniente 902 Col. Centro de la Ciudad de Puebla, misma que se encuentra incorporada a la Dirección de Educación Media Superior Y Preparatoria Abierta del Estado de Puebla; así mismo en su libertad de profesión y expresión funge como defensora de los Derechos Humanos siendo coordinadora de la asociación “Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos A.C”. En su actuación como periodista realizó reportajes sobre el conflicto post-electoral en el municipio de Coyomeapan Puebla, así como reportajes de la situación de cacicazgo y violación de derechos humanos en la llamada sierra negra de Ajalpan, en donde se vive una red de cacicazgos y complicidades entre el Gobernador Miguel Barbosa Huerta y los llamados “celestinos” del municipio de Coyomeapan; las notas periodísticas realizadas, eran de carácter crítico hacia el gobierno local y Estatal, particularmente sobre abuso de poder, lo que ocasionó una acción de amedrentamiento por parte del Gobernador, a través de la Dirección General de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta del Estado de Puebla, bajo la Dirección de Andrés Gutiérrez Mendoza, incorporada de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, del Director del Bachillerato Héroes de la Reforma, Carlos Roberto Martínez Peláez y el líder del sindicato de la sección 51 del SNTE.

Claudia Martínez Sánchez fue citada el 15 de octubre del año 2021 a las instalaciones del bachillerato por el Director del Bachillerato C. Carlos Roberto Martínez Peláez a fin “de instrumentar un Acta Administrativa” en su contra, una de las acusaciones que se manifestaron en el escrito del citatorio con número de oficio BHR/008/21-22 con fecha de 12 de octubre del 2021, donde se describe en el numeral 1 que: por utilizar un grupo de comunicación vía WhatsApp llamado delegacion-d-II-235 que utilizaba personal docente y administrativo del turno vespertino del citado bachillerato. La profesora Claudia Martínez Sánchez compartió “Artículos periodísticos redactados por ella y exponiendo su opinión personal mostrando oposición al titular del gobierno del Estado, denigrando o cuestionando los actos del gobierno Estatal; como ejemplo se tiene la publicación del 15 de septiembre del año en curso titulada Elementos de la policía estatal ingresan a las instalaciones de la secretaria de educación y otras ”.

Este hecho se considera violatorio del Derecho de libertad de expresión, pensamiento, opinión, difusión y publicación que refiere en el artículo 2° de la LPPDHP. Por lo que el Acta administrativa levantada el día 15 de octubre de 2021, se considera un proceso sumario e inquisitorial, violatorio del debido proceso de defensa laboral, para la docente Claudia Martínez Sánchez, quien posteriormente fue notificada verbalmente de que se le había rescindido como docente de la Dirección General de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta del Estado de Puebla, sin fundamento en la normativa laboral.

Por lo que se considera una acción directa por parte del Gobernador Miguel Barbosa Huerta, que se molestó por las notas periodísticas críticas a sus acciones políticas y de gobernanza que atentan contra los derechos humanos en el estado de Puebla y fue una certera muestra de autoritarismo y represión contra la profesora.

Ante esta situación la agraviada presentó queja ante la CNDH con fecha 04 de noviembre de 2021 y con folio de recepción 101271/2021; así mismo presentó vía telefónica ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB Federal, la solicitud de medidas cautelares al mecanismo de protección a periodistas y presentó denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, bajo la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-PUE/0000925/2021.

Así mismo por el señalamiento expuesto en el oficio denominado “Acta administrativa” en donde se da por terminada la relación laboral por parte de la Secretaria de Educación del Gobierno de Puebla; oficio SEP-1.4.2.2-DAL/4465/2021 . Citando “falta de honradez y probidad” lo cual es una injuria extremista en el cual no se toma valor a la declaración por parte de la profesora como del representante sindical que piden esclarecer la situación ya que es una acusación ventajosa, autoritaria violentando el derecho a una defensa adecuada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados exhorta a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB Federal, la incorporación inmediata de la C. Claudia Martínez Sánchez al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que implemente de manera urgente el Protocolo de Actuación para la Protección de los Derechos de las Personas que Ejercen el Periodismo.

Tercero. - La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a resolver de manera pronta y expedita la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-PUE/0000925/2021.

Cuarto. - La Cámara de Diputados exhorta al Bachillerato General Oficial Héroes de la Reforma, de la Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta de la Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior del Estado de Puebla a conducirse con apego al debido proceso y respeto a los derechos laborales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de noviembre de 2021

Diputadas:

Inés Parra Juárez (rúbrica), en adhesión; Ana María Esquivel, Nora Oranday, María Leticia Chávez, Martha Robles Ortíz, Erika Vanessa del Castillo, Beatriz Rojas Martínez, Sue Ellen Bernal, Nelly M. Carrasco (rúbricas)

Efemérides

Con motivo del 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 fracción XI, 38 numeral 1 fracción I y 76 fracción VI, tiene a bien someter a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente efeméride, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Aunque no puedo moverme y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre”

—Stephen Hawking, físico y escritor.

Han pasado 29 años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución A/RES/47/31 de 1992, declarara el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad , con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como para considerar su situación en todos los aspectos de la vida política, social, y económica.

Lo anterior permitió articular esfuerzos a nivel nacional e internacional para avanzar en cuanto a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, sin embargo, los avances siguen siendo insuficientes e incluso se han presentado retrocesos por distintos factores, algunos de ellos imprevistos y otros premeditados.

La pandemia ha remarcado las grandes brechas de desigualdad y ha mostrado una cruda realidad, no hemos sido capaces de evitar que las personas con discapacidad sean excluidas y se encuentren dentro de los grupos más afectados por la crisis sanitaria y económica.

Es cierto que la pandemia nos ha traído grandes retos, sin embargo, las personas con discapacidad ya vivíamos antes de esta crisis sanitaria enormes dificultades tan solo para acceder a todos los derechos que nos corresponden, como lo son la atención médica, la educación y el empleo, peor aún si se trata de actividades recreativas que nos permitan contar con una mejor calidad de vida, todo esto relacionado con las limitaciones y barreras en el entorno que el Estado no ha podido subsanar.

Además de lo anterior las personas con discapacidad ha tenido que enfrentarse constantemente a niveles altos de pobreza, violencia, abandono y abuso, dando como resultado que se encuentren entre los grupos más marginados.

Podría pensarse que somos un grupo pequeño, nada más equivocado, cifras de la OMS reconocen que más de mil millones personas que representan el 15% de la población mundial tienen algún tipo de discapacidad,ii y en nuestro país, el censo 2020 del Inegiiii cuantificó a 20 millones 838 mil 108 personas dentro de la población con discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental, cifra que representa el 16.5% de la población mexicana.

De las 20 millones 838 mil 108 personas, 6 millones 179 mil 890 (4.9%) fueron identificadas como personas con discapacidad, 13 millones 934 mil 448 (11.1%) cuentan con alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), y 723,770 (0.6%) presentan un “problema o condición mental”.

Lo anterior nos muestra que somos un gran porcentaje de la población y que a pesar de los avances y de las acciones afirmativas no contamos con la representación suficiente o necesaria, ya que por lo menos deberíamos contar con 82 legisladoras y legisladores con esta condición y no solamente ocho, dejándonos en una subrepresentación.

La encuesta también nos brinda datos muy valiosos que debemos considerar como legisladoras y legisladores, si observamos la distribución por sexo, nos podemos percatar de que entre la población con discapacidad hay más mujeres que hombres, 11 millones, 111 mil 237 mujeres (53%) y 9 millones 726 mil 871 hombres (47%).

En cuanto a la población con discapacidad y su distribución por grupo de edad podemos observar que el mayor porcentaje se encuentra en los grupos de 60 a 84 años (40.9 o 2 millones 530 mil 617), seguido del grupo de 30 a 59 años (29.8 o mil millones 840 mil 428), posteriormente se encuentran las personas de 0 a 14 años (10.3 o 637 mil 113) y los de 15 a 29 (9.8 o 608 mil 560) y el de 85 y más (9.1 o 562 mil 920).

En cuento a la distribución de la población con discapacidad según la actividad cotidiana, podemos apreciar que el 47.6% está relacionado con caminar, subir o bajar, el 43.5% con ver aun usando lentes, el 21.9% con oír aun usando aparatos auditivos, el 18.9%, con bañarse, vestirse o comer, el 18.6 con recordar o concentrarse y el 15.3 con hablar y comunicarse. En este punto posiblemente se pregunten ¿Por qué el porcentaje es superior a 100? No se trata de un error, es superior a 100 debido a la población que tiene más de una discapacidad en la actividad cotidiana que realiza.

Los resultados complementarios nos permitieron además conocer la distribución de la población con discapacidad según la causa, dando como resultado que el 15.4% está relacionado con el nacimiento, el 41.2% con una enfermedad, el 12.2 con un accidente, el 27 % con una edad avanzada y el 10.6 con otra causa.

Todo esto nos permite comprender hacia donde deben dirigirse las políticas y los programas públicos, y sobre todo la legislación, tema donde entramos las y los legisladores, en un principio sostuve que los avances siguen siendo insuficientes e incluso se han presentado retrocesos por distintos factores, algunos de ellos imprevistos y otros premeditados, vuelvo a comentarlo, precisamente porque parte de los avances y retrocesos se han dado en esta Cámara.

Fue aquí donde nacieron nobles causas y proyectos que significaron un gran avance, como lo fue el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) que significo un incremento en la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad, pero también aquí de forma premeditada se han presentado retrocesos cuando a pesar de reconocer las problemáticas y necesidades se decide no destinar el presupuesto suficiente para pasar de la letra muerta al pleno ejercicio de los derechos.

Entender lo que nos muestra el INEGI debería bastar para comprender que todas y todos en algún momento de nuestra vida tendremos algún tipo de discapacidad, y que nos enfrentaremos a todas las dificultades que he descrito, no tendría que ser necesario que lo vivamos para que seamos consientes de la necesidad de trabajar para garantizar el ejercicio pleno de los derechos para todas y todos.

Sirva este día para reafirmar nuestro compromiso por construir un país más equitativo, donde la máxima de “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” sea una realidad y no solo se quede como un lineamiento más del Plan Nacional de Desarrollo, donde todas las personas puedan acceder a lo que para muchos son derechos y para otros solo sueños.

El 3 de diciembre constituye un recordatorio de que los esfuerzos seguirán siendo insuficientes si no se destinan presupuestos dignos y a la altura de los grandes retos que enfrentamos, por tal motivo hago un llamado a no permitir que esta legislatura sea recordada como la legislatura de los retrocesos.

Notas

i Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (1992). Cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, 1 de diciembre de 2020, de OMS. Sitio web:

https://undocs.org/en/A/RES/47/3

ii Retomado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-heal th

iii Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/
Censo2020_Principales_resultados_EUM.pdf

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)