Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5908-V, miércoles 17 de noviembre de 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Unitario Agrario y la Procuraduría Agraria a resolver el rezago de los expedientes en demandas presentadas en materia agraria de SLP, a cargo del diputado Saúl Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Que suscribe, Saúl Hernández Hernández , diputado federal en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primero. En el siglo XX, los pueblos del territorio que ahora es México vivieron en sociedades agrarias. Milenios antes de la conquista española, en el territorio mexicano o cerca de él se cultivaron por primera vez el maíz, el frijol y el chile, y así se creó el perdurable sistema alimentario mesoamericano.1
La historia de las tierras y aguas del país en el tema agrario ha ido evolucionando por la actividad económica como un sector primario por la producción agrícola.
Con exactitud, como rama de la ciencia del derecho, adquirió una configuración muy propia y autónoma a raíz de la consagración de las garantías constitucionales de tipo social, especialmente en el artículo 27, como consecuencia del Constituyente de 1917.
Con él nació el derecho agrario revolucionario o derecho de la reforma agraria, modifica y adecua los principios y normatividad general que subsistieron y se crearon aisladamente desde la etapa que consideramos el antiguo derecho agrario, y que tiene su punto de partida en las disposiciones sobre la tenencia de la tierra en el México prehispánico y en la península ibérica, conjugados en el derecho indiano, como consecuencia de la conquista.2
Segundo. La materia agraria ha tenido controversia en sus fundamentos legales, sin embargo, las tierras siempre han sido un factor de problemas, se necesitaba un marco jurídico que integran su sustento legal son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.3
Tercero. Una de las facultades directas de la Procuraduría Agraria es promover la pronta, expedita y eficaz administración de la justicia agraria, tendente a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, en los terrenos nacionales, las colonias agrícolas y ganaderas y en la propiedad privada rural.4
Son atribuciones del Tribunal Superior Agrario: Fijar el número y límite territorial de los distritos en que se divida el territorio de la República para los efectos de esta Ley; establecer el número y sede de los tribunales unitarios que existirán en cada uno de los distritos.
Cuarto. Afirma el artículo 27 “...que la propiedad de las tierras y aguas, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, originalmente corresponden a la Nación, la que ha tenido y tienen derecho de transmitir su dominio a los particulares...” que tendrá que ser el más importante de todos los que pertenece a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Sin embargo existe un aspecto que es transcendente la parte socioeconómica es, sin lugar a duda que a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial 10 de diciembre 1934, es lo siguiente: “La nación tendrá en todo tiempo de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza publica”
Quinto.En la actualidad un porcentaje alto de los ejidos del país se están operando de los fenómenos del acaparamiento y arrendamiento de parcelas, derivando una fuerte intranquilidad para el medio rural, que da origen a los problemas y violando los artículos 171 y 159 de la Ley Agraria.
Sexto. Sobre tenencia de la tierra en la Huasteca potosina es cada vez más copiosa, aparte de las descripciones pioneras que describen la formación de haciendas en la región durante el periodo colonial los condueñazgos y ranchos de los siglos XIX y XX, sobre los problemas agrarios de la Huasteca recientemente se han multiplicado las investigaciones sobre las formas de propiedad y los usos del suelo en microrregiones de la Huasteca potosina.
A principios del siglo XX la Huasteca potosina se encontraba organizada principalmente en haciendas, ranchos y condueñazgos. Las comunidades indígenas habían visto reducidas sus antiguas posesiones agrarias al punto que muchas de ellas se involucraron en la Revolución Mexicana atraídas por el señuelo de la restitución de tierras.5
Séptimo. La solución debe ser precisa y certera por los diversos conflictos y problemas relativos a la tenencia y usufructo de la tierra, los cuales reclaman su atención de manera inmediata con la finalidad de otorgar seguridad al campesino.
Primeramente, lo que se debe de consolidar es la seguridad jurídica de la tenencia y usufructo de la tierra, el agua, esto trae como consecuencia las prácticas agrícolas, mayores rendimientos de la producción agropecuaria y mejoramiento en la calidad de vida de los campesinos, considerando circunstancias sociales, económicas y política primordial del país.6
Por lo anterior, someto a consideración de las y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a diversas autoridades, al Tribunal Unitario Agrario y a la Procuraduría Agraria, para que en el ámbito de sus facultades resuelvan el rezago de los expedientes en demandas presentadas en materia agraria del estado de San Luis Potosí.
Notas
1 Historias Del México Agrario. John Tutino. Boston Colle, pag. 177
2 http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjuntos/derecho-agrario -paola_02.pdf
3 https://www.gob.mx/pa/acciones-y-programas/marco-legal-de-la-procuradur ia-agrario
4 https://www.gob.mx/pa/acciones-y-programas/marco-legal-de-la-procuradur ia-agraria//misión.visión
5 https://www.redalyc.org/pdf/137/13710905.pdf
6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1973/12.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 de noviembre de 2021.
Diputado Saúl Hernández Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a restablecer el suministro de tratamientos inmunosupresores para trasplantados de riñón que lo requieran, a cargo de la diputada Berenice Juárez Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Berenice Juárez Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a restablecer con la mayor brevedad el suministro de tratamientos inmunosupresores para las personas trasplantadas de riñón que así lo requieran, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La insuficiencia renal es, quizá, una de las enfermedades más lacerantes y desgastantes que puede padecer una persona. La pérdida de capacidad de los riñones de filtrar los desechos de la sangre, es una afección que, en poco tiempo, puede deteriorar la salud de una persona al grado de causarle la muerte.
Los diferentes tipos de insuficiencia renal, exigen distintos tratamientos médicos especializados, no obstante, cuando dicho trastorno llega a su fase final, solo la diálisis o el trasplante de riñón son las alternativas que le permiten a quien la padece, poder seguir con vida.
La diálisis es un procedimiento que elimina los productos de desecho y el exceso de líquido de la sangre que los riñones no pueden eliminar. Este tratamiento realiza la función que normalmente hacen los riñones cuando están sanos y es administrado de por vida, salvo que se recupere la función renal, situación poco frecuente, o bien se produzca un trasplante de riñón.
El proceso por el cual atraviesa una persona con insuficiencia renal crónica y su familia, puede llegar a ser un verdadero suplicio. Permanecer durante varias horas, varios días a la semana conectado a una máquina para poder seguir con vida, debe ser realmente extenuante. Ello, aunado a la interminable espera que representa ser un número más en una larga lista para poder ser beneficiario de un trasplante o el cúmulo de estudios y candidatos que pueden pasar para que finalmente un familiar le pueda donar el órgano esperado. Lamentablemente para muchas personas con insuficiencia renal, nunca llega ese día.
Según datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante 2020, fueron otorgadas en sus hospitales 333 mil 948 consultas a personas por insuficiencia renal, siendo la Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Morelos las entidades donde más casos fueron atendidos.
Por otra parte, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes, hasta septiembre de 2021 se han realizado en el país 1162 trasplantes de riñón, siendo la Ciudad de México y Jalisco las entidades donde mayor número de intervenciones se han realizado.
Cuando finalmente, después de una desgastante espera, de años incluso, se lleva a cabo el tan esperado trasplante de riñón, comienza una nueva lucha por la vida. Los cuidados extremos y el tratamiento médico por lograr que el organismo no rechace el órgano trasplantado, representan un verdadero desafío.
Los llamados inmunosupresores, constituyen un fármaco de vital importancia para el trasplantado de riñón, pues estos disminuyen la actividad del sistema inmune con el objetivo de prevenir y tratar el rechazo, así como evitar la lesión crónica del órgano trasplantado.
No obstante que dichos esquemas de medicación resultan imprescindibles para brindar a los pacientes estabilidad, en los últimos meses no se encuentran disponibles para las pacientes que los requieren.
El desabasto de medicamentos para algunos padecimientos que actualmente sufre nuestro país, ha alcanzado también a pacientes trasplantados de riñón, quienes desde hace aproximadamente 9 meses padecen, cada día de manera más agudizada, la falta de dichos medicamentos, al extremo de no recibir absolutamente nada en los hospitales y clínicas donde son atendidos.
“Nuestra pena y necesidad ahora es de vida o muerte y así se encuentran bastantes de nuestros compañeros, en ventanilla de nuestra farmacia de la clínica médico familiar número 19 de Ciudad Hidalgo sólo se nos niega surtirnos las recetas”. Así lo relata un trasplantado de riñón del Estado de Michoacán, que sufre la falta de dichos medicamentos.
Como éste, muchos son los casos que la Asociación de Enfermos de Riñón, AC, de Ciudad Hidalgo, Michoacán, ha documentado y que son motivo de preocupación para las familias de los enfermos.
Ante tan grave situación y, toda vez que el tratamiento postrasplante resulta de vital importancia para el resultado exitoso de dicho procedimiento e incluso para la vida misma del paciente, los afectados se ven obligados a recurrir a la compra de los medicamentos mencionados, los cuales por ser de alta especialidad, tienen costos demasiado elevados, situación que afecta de manera grave la economía familiar del tratado, máxime que después del trasplante el paciente no puede retomar de manera inmediata su actividad laboral.
La falta de medicamentos en hospitales y clínicas públicos no es un hecho aislado, el pasado 22 de octubre el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, reconoció ante el pleno de esta Cámara que el desabasto de medicamentos es una realidad en el país, a la que él mismo denominó un “talón de Aquiles”.
Ante un discurso de constante negación del problema, así como descalificación e incluso acusaciones golpistas a las personas que denuncian y exigen su solución; el hecho de que el encargado de la política de salud en el país, reconozca la existencia del problema, representa un avance significativo.
Sin embargo, el reconocimiento de la falta de medicamentos en las farmacias de los hospitales, por parte de la autoridad responsable, no es suficiente. Se requiere la implementación de medidas prontas y contundentes. La salud de las personas que dependen de los fármacos faltantes no puede esperar, es su vida la que está en juego. Un día que pase sin el tratamiento requerido, puede representar la muerte misma del paciente.
Por otro lado, es necesario restablecer y fortalecer la atención que requieren los enfermos renales, cuyo tratamiento es la terapia sustitutiva renal, como recurso terapéutico de soporte renal en cualquiera de las modalidades: diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal.
La omisión y falta de resultados en cualquier área de la función pública resulta reprochable, sin embargo, cuando se trata de la salud y la vida de las personas se torna criminal.
Más allá de debates estériles o de acusaciones sin sentido, compañeras y compañeros, antepongamos el bien supremo que cualquier persona puede tener: la vida. La vida de mujeres y hombres que representamos, quienes votaron por nosotros, los que permitieron que hoy estemos reunidos en este pleno. Dejemos de lado mezquindades políticas y legislemos por la salud de miles de pacientes que hoy reclaman de nuestro trabajo.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y de los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que con la mayor brevedad restablezcan el suministro de tratamientos inmunosupresores para las personas trasplantadas de riñón que así lo requieran.
Segundo: La Cámara de Diputado del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y de los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a restablecer y fortalecer la atención de pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis o diálisis peritoneal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputada Berenice Juárez Navarrete (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos locales a implantar por sus secretarías de educación un mecanismo o fungir como intermediarios ante la CFE para establecer esquemas que permitan a los planteles públicos cubrir el costo de la electricidad que consumen, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada María del Carmen Pinete Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La educación en nuestro país es un derecho al que toda persona debe tener acceso según se reconoce el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La educación proporciona a las personas las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse, siendo un factor que influye en el avance y progreso tanto individual como colectivo; además, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.
En este sentido, la educación resulta necesaria para alcanzar mayores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, con la finalidad de acortar las desigualdades económicas y sociales, propiciando la movilidad de las personas, permitiéndoles acceder a mejores empleos y mayores ingresos.
Por ello es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho de acceso a la misma, lo que implica también asegurar que las comunidades cuenten con una infraestructura física educativa adecuada, pues la escuela es el contexto en donde se produce el aprendizaje escolar, es el ambiente físico donde transcurren las dinámicas e interacciones entre los docentes, estudiantes, los recursos, los contenidos pedagógicos y las tecnologías que propician la educación.
Con respecto a los estudiantes, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una adecuada infraestructura educativa se asocia respecto de los alumnos a su bienestar cognitivo y motivación; a la mejora en sus prácticas de higiene y su salud, a incrementos en los niveles de asistencia y matriculación, a su seguridad física, su potencial de aprendizaje y, en última instancia, a su logro académico.1
Existe una evidente relación positiva entre la calidad de la infraestructura educativa y el aprendizaje de los estudiantes y son claros los beneficios que trae consigo el hecho de que una escuela cuente con toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento, es decir, que cuente con mobiliario, espacios deportivos, agua potable, energía eléctrica, drenaje, conexión a internet, entre otros elementos.
Bajo esta lógica, la energía eléctrica juega un papel central en el proceso educativo. No olvidemos que, debido a la importancia alcanzada por la electricidad en la vida moderna, el acceso a ésta ha sido considerado por algunos juristas, instituciones y colectivos, incluso, como un derecho humano.
En las escuelas, la electricidad es indispensable para hacer funcionar la iluminación de las aulas, las bombas de agua, los equipos de cómputo y los servicios de telecomunicaciones que facilitan la transmisión de conocimientos como el internet, la televisión y la radio, así como el aire acondicionado o la calefacción en los lugares donde estos son necesarios.
El sector educativo en nuestro país resultó uno de los más afectados por las restricciones dictadas por las autoridades sanitarias derivadas de la pandemia por Covid-19, ya que durante más de 18 meses las aulas se trasladaron a casa para dar continuidad a la formación de millones de alumnas y alumnos, anunciándose en el mes de agosto del presente año, el retorno a clases presenciales.
En este contexto, en el estado de Veracruz el retorno es aún más complejo, la realidad de 212 municipios que presentan diferencias enormes entre sí, agrava superlativamente esta problemática, en donde, por ejemplo, existen niñas, niños y adolescentes que tienen que tomar clases, sin contar si quiera con de energía eléctrica.
El problema fundamental es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les suspendió el servicio a varias escuelas ante el incumplimiento de pago y muchas otras están en riesgo latente de que esto suceda derivado de los adeudos que tienen.
Ejemplo de ello es que en septiembre pasado, de acuerdo a declaraciones de un regidor de la Comisión de Educación del honorable Ayuntamiento de Veracruz, muchas escuelas no habían podido regresar a las clases presenciales porque la CFE cortó el servicio de energía eléctrica.2
Como se señaló, desde antes de la pandemia existían casos de escuelas que presentaban adeudos impagables, es el caso del jardín de niños Gabriela Mistral, ubicado en el municipio de Boca del Río, cuya comunidad de padres de familia bloqueó en mayo de 2019 la circulación de la carretera Veracruz-Medellín de Bravo, en protesta por la falta de energía eléctrica que estaba generando, además de problemas educativos, enfermedades en los menores. El adeudo con la CFE era de más de 348 mil pesos, un monto difícil de cubrir para una escuela pública.3
Si esta situación afecta a un buen número de escuelas en las principales ciudades del estado de Veracruz, la misma se replica incluso con mayor fuerza en municipios que concentran en su mayoría comunidades rurales en donde las niñas, niños y adolescentes enfrentan aún más obstáculos para acceder a una educación de calidad, como lo es la zona que represento del Distrito 02 con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, donde de los 15 municipios que lo integran, más de 80 por ciento es de población rural e indígena.
Derivado de lo anterior, según se ha dado a conocer en medios de comunicación del estado, algunas escuelas públicas han recurrido al cobro de cuotas,4 argumentando que éstas se requieren para el pago de los servicios que son indispensables para el funcionamiento óptimo de las mismas.
Si bien lo anterior pudiera parecer comprensible frente a la difícil situación económica por la que pasan muchos centros escolares, esto va en contravención de la gratuidad de la educación consagrada en el artículo 3o. de nuestra Carta Magna y de lo dispuesto en el artículo 7, fracción IV, inciso a) de la Ley General de Educación, el cual prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione el acceso al servicio educativo que imparta el Estado.
En atención a lo expresado, es urgente encontrar el o los mecanismos que permitan a la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, ambas del gobierno del estado de Veracruz, destinar recursos con la finalidad de ayudar a los planteles educativos públicos de la entidad a cubrir el costo de la energía eléctrica que consumen y/o fungir como intermediario entre la Comisión Federal de Electricidad y los centros escolares que presentan adeudos por energía eléctrica de la entidad para llegar a convenios que les permitan cubrir el costo de la energía eléctrica que deben, principalmente de manera paulatina o en plazos que les permitan finiquitar dichas moras, especialmente aquellas escuelas que se encuentren en mora o con imposibilidad de liquidar sus adeudos, con el propósito de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación de calidad.
La situación descrita no es exclusiva del estado de Veracruz, pues esta problemática se presenta lamentablemente en cientos o miles de escuelas en todo el territorio nacional.
En virtud de lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales, a través de sus Secretarías de Educación, a implementar un mecanismo y/o fungir como intermediarios ante la Comisión Federal de Electricidad para establecer esquemas que permitan a los planteles educativos públicos de sus entidades cubrir el costo de la energía eléctrica que consumen, especialmente a aquellas escuelas que se encuentren en mora o con imposibilidad de liquidar sus adeudos, con el propósito de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación.
Notas
1 Véase, Informe de evaluación a la política de infraestructura física educativa de la educación obligatoria en México , Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, junio de 2019. Página 1. Disponible en:
https://www.inee.edu.mx/portalweb/suplemento12/evaluacio nescuelas-al-cien-fam.pdf
2 Véase, Flor Meza, “Por falta de pago de luz y agua, escuelas no regresan a clases presenciales”, El Dictamen, 6 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.eldictamen.mx/noticias-deveracruz/boca-ver/por-falta-de-pag o-de-luz-y-agua-escuelas-no-regresan-a-clases-presenciales/
3 Véase, Ingrid Ruíz Rivera, “Sufren calor en kínder por falta de luz”, Diario de Xalapa, 21 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.diariodexalapa.com.mx/local/sufren-calor-en-kinder-por-falt a-deluz-3649300.html
4 Véase, Ariadna García, “Cuotas escolares ponen a temblar a padres; ve hasta cuánto piden”, Diario de Xalapa, 13 de agosto de 2021. Disponible en:
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/
cuotas-escolares-ponen-a-temblar-a-padres-piden-hasta-mil-500-pesos-7080006.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputada María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y los ayuntamientos de Sonora a crear reglamentos de protección animal para salvaguardar la salud de perros y gatos abandonados, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de motivos
Sonora cuenta con la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora que tiene como finalidad:
I.- Evitar el deterioro de las especies animales domésticas;
II.- Proteger y regular la vida y el crecimiento natural de estos animales;
III.- Favorecer el aprovechamiento y uso racional de los animales, así como el trato compasivo con los mismos;
IV.- Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales que acompañan, alimentan y ayudan al hombre;
V.- Fomentar en la población la educación ecológica y el amor a la naturaleza, principalmente en cuanto a la conducta protectora que deberán brindarse a los animales;
VI.- Conservar y mejorar el medio ambiente y ecológico en que se desarrolla la vida de los animales;
VII.- Promover el respeto y consideración hacia estos animales; y
VIII.- Proteger la salud y el bienestar público, controlando mediante programas permanentes de esterilización la población animal de perros y gatos.1
Por lo que los animales como perros y gatos están bajo la protección de esta ley, por lo que toda persona tiene la obligación de brindar un trato digno y respetuoso a cualquier animal doméstico.
Considerándose como animal doméstico a todo aquel que a través de la historia ha entrado en un proceso de domesticación mansedumbre y dependencia con el ser humano, el cual sirve de éste para cubrir necesidades básicas como la convivencia, alimentación, el trabajo, el deporte y la compañía, entre otras.2
Asimismo, la misma disposición normativa menciona lo que se considera como maltrato a:
[...] Todo hecho, acto u omisión del ser humano que puede ocasionar dolor o sufrimiento, en detrimento del bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo.3
Y mutilación a:
[...] Cortar o cercenar una parte de un animal vivo.4
El Código Penal del Estado de Sonora establece lo que se considera como delito contra los animales por actos de maltrato o crueldad, tipificando las penas por cometer las siguientes conductas típicas.
Conforme al artículo 342 del Código Penal del Estado de Sonora establece que:
Se impondrá prisión de uno a dos años y multa de cincuenta a cien Unidades de Medida y Actualización a quienes lesionen animales por crueldad o maltrato sin poner en riesgo sus vidas. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, las penas serán de dos a cuatro años de prisión y multa de setenta y cinco a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización.
Se consideran actos de crueldad o maltrato animal:
I.- Cualquier mutilación estética o que no se efectúe por necesidad, excepto cuando se trate de cirugía de castración para control de población canina y felina, la amputación de extremidades por traumatismo o enfermedad del miembro afectado, las cuales deberán ser realizadas por un médico veterinario;
II.- Provocar que perros y gatos se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado;
III.- Torturar o maltratar, brutalidad, o grave negligencia;
IV.- El suministro o aplicación consciente de sustancias u objetos ingeribles o tóxicos que causen o puedan causarles daño;
V.- Mantenerlos permanentemente amarrados, encadenados o enjaulados, en azoteas, balcones o lotes baldíos;
VI.- La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la integridad física de los animales, y el uso de los mismos en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan afectar su bienestar e integridad;
VII.- Las actividades de zoofilia con cualquier especie de animal;
VIII.- Las lesiones que pongan en peligro la vida de un animal, que le generen una incapacidad parcial o total permanente, que disminuyan alguna de sus facultades, o que afecten el normal funcionamiento de un órgano o miembro;
IX.- Causar la muerte de un animal injustificadamente, sacrificar un animal empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas, o privar de la vida a un animal utilizando cualquier medio que le provoque un sufrimiento extremo o prolongue su agonía; y
X.- El abandono deliberado en la vía pública o en el domicilio, en lugares de alto riesgo o que representen un peligro para su supervivencia.
Cuando el acto de maltrato o crueldad animal sea realizado por médico veterinario o persona relacionada con el cuidado o resguardo de animales, o sea realizado por un servidor público en ejercicio o con motivo de sus funciones, además se le inhabilitará por un lapso de seis meses a un año del empleo, cargo, autorización o licencia respectiva. En caso de reincidencia, serán privados definitivamente del derecho a ejercer la actividad de que se trate, o se revocará en forma definitiva la autorización o licencia respectiva.
Se reducirá en una mitad la pena que corresponde al supuesto de grave negligencia.5
Además, se aumentarán las penas conforme al artículo 343 del mismo ordenamiento penal para aquellas personas que den muerte de algún animal por maltrato o crueldad.
Desafortunadamente, solo 5 de los 72 municipios que componen al estado de Sonora cuentan con algún reglamento de protección animal, conforme al Código Penal de la entidad. Siendo así que los reportes más comunes son el de perros abandonados.6
Tal es el caso del municipio de Álamos, Sonora, en la que un perro fue amarrado a un costal de boxeo para ser torturado, pero que después se presume que fue retirado del costal para no dejar evidencias del animal. Otro caso de los casos muy frecuentes es el envenenar a perros y gatos con alevosía y ventaja, considerándose maltrato animal.
Dicho lo anterior, propongo que con la ayuda del gobierno del estado y aquellos 68 municipios que no cuenten con un reglamento de protección animal puedan comenzar a crearlos para la defensa y protección de estos animales que principalmente se encuentran en estado de calle por abandono.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado Sonora y los 65 municipios de la entidad, a crear reglamentos de protección animal en cada una de sus alcaldías para proteger y salvaguardar la salud de perros y gatos que se encuentran principalmente en estado de abandono.
Notas
1 Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora, 2018.
2 Ídem.
3 Ídem.
4 Ídem.
5 Código Penal del Estado de Sonora, 2021.
6 Expreso, En Sonora van 6 personas sancionadas penalmente por maltrato animal. 22 de enero de 2021.
https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/
280593-en-sonora-van-6-personas-sancionadas-penalmente-por-maltrato-animal.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a actualizar el documento rector Política Nacional de Vacunación contra el SARS-Cov2 para inmunizar a niños y adolescentes de 12 a 17 años, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de motivos
Las vacunas tienen como función primordial el fortalecimiento del sistema inmunológico a fin de que éste pueda combatir los virus y bacterias. Dicho de otro modo, en cuanto el cuerpo humano se vea expuesto a los patógenos en cuestión, éste estará listo para destruirlos y, por ende, prevenir una enfermedad.1
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al 18 de febrero de 2021 hay al menos siete vacunas que se han comenzado a administrar en distintos países del mundo. Sin embargo, según este organismo internacional también existen más de 200 vacunas experimentales en desarrollo, de éstas 60 ya se encuentran en fase clínica.2 Sin lugar a dudas, las vacunas salvan vidas y, por ello, resultan ser una herramienta clave en contra de la pandemia de Covid-19.
Ahora bien, es de señalar que de acuerdo con Jiménez et al en el artículo La obesidad como factor de riesgo en personas con Covid-19: posibles mecanismos e implicaciones, las personas que padecen obesidad tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones ante la Covid-19. Textualmente las y los académicos refieren lo siguiente:
“Los primeros datos disponibles acerca del papel de la obesidad en Covid-19 sugieren que las personas con obesidad severa tienen más riesgo de hospitalización, cuidados intensivos, ventilación mecánica y/o muerte, independientemente de otras comorbilidades. Los datos apuntan también a que la obesidad podría ser un factor muy importante en las personas más jóvenes. ”3
En este sentido, resulta preciso apuntar que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. De acuerdo con el Inegi, en 2020, el 22 por ciento de las niñas y niños menores de 5 años en México tienen riesgo de padecer sobrepeso.4 Por su parte, el 18 por ciento de la población de 5 a 11 años, el 21 por ciento de los hombres de 12 a 19 años y el 27 por ciento de las mujeres de la misma edad presentan sobrepeso.5 Resulta evidente que existe un especial riesgo a complicaciones generados por la Covid-19 en los grupos etarios que componen a los menores de edad en México.
Por su parte, es de apuntar que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) recomienda que todas las personas de 12 años o más deben vacunarse a fin de protegerse contra la Covid-19.6
Ahora bien, es de resaltar la preocupación de las madres y los padres de familia por el regreso a clases presenciales de las niñas y niños y adolescentes el pasado 30 de agosto de 2021. Ello pues a la fecha, y pese al regreso escolar, las autoridades sanitarias mexicanas no han autorizado la aplicación de las vacunas contra la Covid-19 para el grupo etario de 12 a 17 años. Esta situación, sin duda, expone a las niñas, niños y adolescentes a un contagio de esta enfermedad.
En virtud de ello, es de suma importancia que la Política Nacional Rectora de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la Prevención de la Covid-19 en México contemple a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años a fin de que este grupo etario sea inmunizado contra la Covid-19. Lo anterior, en virtud de que el 95 por ciento de las escuelas públicas y privadas arrancó el ciclo escolar 2021-2022 el día 30 de agosto de 2021 con clases presenciales7 y que, al momento, el 99 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, sigue sin ser vacunado.8
Vacunación niñas niños y adolescentes en Nuevo León
El pasado 16 de septiembre, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, anunció que se concretó la gestión con autoridades de McAllen, Texas, en Estados Unidos, a fin de vacunar contra la Covid-19 a niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años neoleoneses en McAllen. Lo anterior, como parte del Programa de Vacunación Transfronterizo impulsado por el gobernador electo.9
Con este programa, Nuevo León se convierte en el primer estado de la República Mexicana en realizar gestiones para comenzar a vacunar contra la Covid-19 a niñas, niños y adolescentes. El pasado 20 de septiembre 360 menores de edad fueron inmunizados gracias a este programa.10
Posteriormente, el 31 de octubre del presente año se anunció que el gobierno del estado de Nuevo León determinó inmunizar a adolescentes de 12 a 17 años que padezcan alguna comorbilidad.11
Marco jurídico
En cuanto al marco jurídico, en primer lugar, es de señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en su artículo 1 que queda prohibida toda forma de discriminación, incluyendo por supuesto, la motivada por la edad. A la letra, dicho artículo refiere lo siguiente:
“Artículo 1. (...)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”12
En este sentido, privar a este grupo etario de la vacuna no sólo se traduciría en la comisión de un acto que podría poner en riesgo la salud de las niñas, niños y adolescentes, sino que también, se traduciría en un acto discriminatorio violatorio del artículo 1 constitucional.
Por su parte, es de mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4 el derecho de toda persona a gozar de protección a la salud. A la letra este artículo establece lo siguiente:
“Artículo 4 . (...)
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
(...)”13
En este sentido, resulta evidente que las niñas, niños y adolescentes, al igual que el resto de las y los mexicanos, tienen derecho a la protección de la salud. Por ello, como consecuencia lógica, también tienen derecho a ser inmunizados contra la Covid-19 incluso aunque se trate de una parte de la población de bajo riesgo. Esto pues, no por formar parte de este sector quedan exentos de adquirir el virus e incluso ser portadores asintomáticos.
El martes 16 de noviembre de 2021, el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell, anunció que se inmunizará contra la Covid-19 a menores de edad de 15 a 17 años.14 Lo anterior, se da después de que diversos jueces otorgaran múltiples amparos a familiares de menores que desean ser inmunizados contra el virus SARS CoV-215 y después de que el propio subsecretario haya calificado el acudir al Poder Judicial para solicitar una vacuna como una conducta “egoísta y que atenta contra los principios de la sanidad.”16
Finalmente, dado que el documento rector de Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la Covid-19 en México, no contempla a las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, es preciso incorporar a este grupo etario en la calendarización de la vacuna a fin de garantizar su salud.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.– La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a actualizar el documento rector de Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la Covid-19 en México, a fin de que se vacune contra la Covid-19 a todas y todos los adolescentes de 12 a 17 años.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud. (2021). Vacunas contra la Covid-19. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de: <https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ covid-19-vaccines>
2 Ídem.
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7247450/
4 Inegi. (2020). Estadísticas a propósito del Día Mundial contra la Obesidad (12 de noviembre). Inegi. Recuperado de:
<https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apr oposito/2020/EAP_Obesidad20.pdf>
5 Ídem.
6 Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2021). Niños y adolescentes. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Recuperado de: <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendati ons/adolescents.html>
7 El Financiero. (2021). Así se vive el regreso a clases en la CDMX. El Financiero. Recuperado de: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/30/asi-se-vive-el- regreso-a-clases-en-la-cdmx/>
8 Letal regresar a clases, sin vacuna. El Financiero Recuperado de: <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-pazos/2021/08/25/letal -regresar-a-clases-sin-vacuna/>
9 El Financiero. (2021). Samuel García anuncia vacunación contra Covid para menores en NL en McAllen. El Financiero. Recuperado de: <https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/09/16/samuel-garcia-an uncia-vacunacion-contra-covid-para-menores-de-nl-en-mcallen/>
10 ADN40. (2021). Menores de edad de NL van a la frontera para vacunarse contra Covid-19. ADN40. Recuperado de:
<https://www.adn40.mx/mexico/menores-de-edad-nl-front era-covid-19-lhp>
11 Gobierno del estado de Nuevo León. (2021). Iniciará NL este lunes vacunación de menores con comorbilidades. Gobierno del estado de Nuevo León. Recuperado de:
https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/
iniciara-nl-este-lunes-vacunacion-de-menores-con-comorbilidades
12 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados.
13 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados.
14 Monroy, J. (2021). López -Gatell anuncia vacunación contra Covid-19 para menores de 15 a 17 años sin comorbilidades. El Economista. Recuperado de:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lopez-Gatell-anuncia-vacunacion-contra-Covid-19-
para-menores-de-15-a-17-anos-sin-comorbilidades—20211116-0034.html
15 Ocampo, A. (2021). Familias buscan con amparos vacunas para sus hijos; madres denuncian discriminación de juez. Animal Político. Recuperado de:
<https://www.animalpolitico.com/2021/09/familias-ampa ros-vacunas-ninos-discriminacion-juez/>
16 Hernández, E. (2021). López-Gatell se lanza contra vacuna infantil. Eje Central. Recuperado de:
<https://www.ejecentral.com.mx/lopez-gatell-se-lanza- contra-vacuna-infantil/>
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 17 de noviembre de 2021.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa sobre la vacunación infantil contra el SARS-Cov2 en México, a cargo de la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, la diputada Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Política Nacional de Vacunación contra el SARS CoV-2, ha excluido y discriminado a los menores de edad de la aplicación de las vacunas contra los efectos del Covid-19.
Que, se carece de un plan integral de regreso a clases, así como claridad de la aportación y apoyos que el gobierno federal consienta a los planteles educativos para abrir las aulas.
Existe una violación grave de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes por parte del gobierno federal y de las autoridades sanitarias, dado que el Interés Superior de la Niñez, estriba en otorgar todas las medidas necesarias posibles para proteger el bien mayor de la humanidad, la vida y el libre desarrollo personal.
Que, contrario a lo que se dicta por el subsecretario de Salud, no existe estudio que indique el riesgo de los efectos del Covid-19 es igual a cero en los menores de edad, incluso no existe garantía médica que permita determinar que los efectos del Covid, no causarían daños vitales a sus órganos fundamentales.
Que, para garantizar la política de vacunación se debe privilegiar la opinión del Grupo Técnico Asesor para la Vacuna (GTAV), que es un grupo de expertos en la materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud.
Que, el derecho fundamental a la salud y vida de los menores de edad se relega a último término, a partir de criterios utilitarios político económicos; sin embargo, desde la perspectiva garante al interés superior del menor, no puede existir una razón estadística, ni política pública, económica, que induzca a no observar su derecho irrestricto a la vida y a la salud.
Que, en el país se decidió por vacunar contra el Covid-19 a los y las adolescentes, especialmente con comorbilidades de riesgo (enfermedades que ya tienen y que debilitan su sistema inmunológico),1 así como a las adolescentes embarazadas a partir de la novena semana, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud federal.
Que, a partir del 19 de noviembre de 2021, se inicia con el registro de menores de 15 a 17 años, lo que es un paso en la estrategia de vacunación nacional.
Sin embargo, el secretario de Salud federal señaló que no se contempla en lo inmediato a los niños en el proyecto de vacunación, con base en la opinión de un grupo asesor ligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que le invita a esperar hasta en tanto se defina si las vacunas no limitan el desarrollo natural del sistema inmunológico para enfrentar otras enfermedades.2
Esta estrategia ha motivado que se ejerza un derecho pleno de los padres para el acceso a la vacunación, esto mediante amparos, hasta el mes de octubre se tenían contemplados en existencia al menos 250 amparos, principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, México y Ciudad de México.
Estados Unidos de América (EUA), dio a notar que es necesaria la vacunación a menores dado que la variante delta del virus ha provocado la hospitalización de miles de niños, que constituyen 25 por ciento de los casos en el país.3
Por su parte los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), recomiendan que todas las personas de cinco años de edad o más se vacunen contra el Covid-19 para ayudar a protegerse del Covid-19.
Esta decisión se consideró con base en el conocimiento de que, aunque el Covid-19 tiende a ser más leve en niños, también puede hacer que los niños se enfermen gravemente y sean hospitalizados, incluso a causa de las complicaciones puede provocar la muerte.
Vacunarse contra el Covid-19 puede ayudar a proteger a los niños de cinco años de edad o más de contraer el Covid-19.
La vacunación también puede ayudar a evitar que los niños se enfermen gravemente, incluso si contraen Covid-19.
Vacunar a los niños de cinco años de edad o más puede ayudar a mantenerlos en la escuela y ayudarlos a participar de manera segura en actividades deportivas, juegos y otras actividades grupales.4
El pasado martes 2 de noviembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron, al igual que la FDA, la vacuna de Pfizer Inc/BioNTech SE para su uso generalizado en el grupo de 5 a 11 años.
Con base en esas autorizaciones, EUA va a empezar a administrar la vacuna contra Covid-19 a niños de entre 5 y 11 años, alrededor de 28 millones de menores en edad escolar han sido incluidos en la población a inocular en ese país.
La decisión abonará para prevenir en 90 por ciento la infección sintomática en los niños, y según lo dieron a conocer las autoridades sanitarias de ese país, ofrece una vía para reducir las cuarentenas o el cierre de escuelas y aumentar las libertades.
Que, Israel se sumó a la autorización de vacunar contra Covid-19 a los niños de entre 5 y 11 años con dosis de Pfizer/BioNtech, la permisión nace bajo el argumento de que la mayoría de los expertos consideraron que los beneficios para los niños eran mayores que los riesgos.
Vale señalar que países como China, Emiratos Árabes Unidos, Camboya y Colombia, entre otros, han comenzado a vacunar menores de 12 años.
Asimismo, el estado de Nuevo León, inicio una campaña de vacunación en Puente Colombia, y la frontera con McAllen y Laredo, donde se vacunarán alrededor de 500 menores de entre 5 y 11 años de edad, en el Programa de Vacunación Transfronterizo.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para que se considere como parte de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de Covid-19 en México, a la población infantil de los cinco años de edad en adelante, garantizando con ello lo establecido en el artículo 4o. constitucional de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Notas
1 http://vacunacovid.gob.mx/
2 www.jornada.com.mx/
3 https://www.forbes.com.mx/
4 https://espanol.cdc.gov/coronavirus
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputada Fabiola Rafael Dircio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía, a recordar la celebración de la efeméride con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans, suscrita por las diputadas María Clemente García Moreno y Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
Las diputadas María Clemente García Moreno y Salma Luévano Luna , integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La población perteneciente a la diversidad sexual, y particularmente las personas trans, han recorrido un largo camino en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos, así como en la erradicación de la discriminación, la marginación, la exclusión y la violencia que padece.
De acuerdo con la encuesta LGBT+ Orgullo 2021 elaborada por la consultora Ipsos, en México, el 11 por ciento de la población se consideró como no heterosexual. En materia de aceptación de la homosexualidad, se encuentra apenas a la mitad del camino, pues tiene una calificación de 5, en una escala de 1 a 10, cifra que se encuentra dentro del promedio de los países de la OCDE.
Esta baja aceptación de las personas de la diversidad sexual, las coloca en riesgo latente de ser víctimas de discriminación. Esta discriminación, según encuestas representativas (que no incluyen a México), se ve reflejada principalmente en categorías como el empleo y la remuneración laboral.1
En el año 2020 y lo que va de 2021, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) ha recibido 147 denuncias de discriminación contra personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT+).
La discriminación que las personas LGBT enfrentan comienza en su entorno familiar, dado que el 92 por ciento de los adolescentes LGBT tuvieron que esconder su orientación sexual y/o identidad de género de su familia, de acuerdo a la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género.
A falta de un espacio seguro en su familia, los jóvenes LGBT enfrentan, desde sus primeros años de vida, barreras para descubrir libremente su potencial. Más allá de la familia, la escuela y el trabajo son dos entornos donde la discriminación también limita el desarrollo de las personas LGBT. Por ejemplo, tres de cada cuatro estudiantes LGBT fueron víctimas de acoso verbal por su orientación sexual, según la Segunda Encuesta Nacional Sobre Violencia Escolar Basada en la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género Hacia Estudiantes LGBT en México.
En nuestro país, seis de cada diez personas LGBT consideran que su orientación sexual ha sido un obstáculo para acceder a un empleo. Aun cuando obtienen un trabajo, el 70 por ciento de los mexicanos LGBT perciben que no reciben el mismo trato que sus compañeros heterosexuales.
De acuerdo con el Conapred, las mujeres trans son las que viven mayor nivel de desigualdad, son más discriminadas y ello conlleva que su calidad de vida sea ínfima porque están más expuestas a la pobreza, a problemas de salud y a no permitirles el acceso a la educación.
Las mujeres trans en México son una población que presenta las tasas más altas de prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), de manera que el promedio de vida de una mujer transexual en México es de 37 a 40 años; cuando en este país la población tiene un promedio de vida de 100 años.
En torno a la situación ocupacional, los investigadores destacan que la mayor parte de las poblaciones LGBT+ se concentran en el grupo de sólo estudiantes o trabajadores/as. Con excepción del grupo de personas de identidades sexuales no normativas, el resto de las poblaciones reportaron al menos un 12 por ciento en afectación laboral por la pandemia. Además, el grupo que tuvo más desempleo fue la población trans y de otras identidades de género no normativas, donde se presenta que 13 por ciento ya estaba desempleada desde antes de la pandemia.
En ese sentido y derivado de la situación de marginación en la que viven las personas trans a nivel mundial, el 20 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans (Trans Day of Remembrance o TDoR, por sus siglas en inglés).
Esta fecha fue elegida por Gwendolyn Ann Smith en 1999, en memoria de Rita Hester, mujer trans afrodescendiente asesinada en 1998, en Allston, Massachusetts. Este fue un delito sin resolver considerado como un crimen de odio, de acuerdo con información de Amnistía Internacional.2
Cabe destacar que, de acuerdo con Trans Murder Monitoring, 350 personas trans y de género diverso fueron asesinadas en el mundo, entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.
En el caso de México, de 2014 a mayo de 2020, se han registrado 209 casos de crímenes de odio contra las personas trans, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México.3
Derivado de lo anterior y tomando en consideración que, en términos del artículo 38, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, podrá decretar o acordar la celebración de sesiones solemnes para conmemorar sucesos históricos, someto a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, para que acuerde la celebración de una Sesión Solemne con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans para llevarse a cabo el miércoles 17 de noviembre de 2021.
Notas
1 OCDE. Society at a Glance 2019. A spotlight on LGBT people. Disponible en: https://www.oecd.org/mexico/sag2019-mexico-es.pdf. Consultado el 5 de agosto de 2021.
2 López Pérez, Emilia “Día Internacional de la memoria Trans” en El Financiero, 20 de noviembre de 2020 en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/20-de-noviembre-dia-internacio nal-de-la-memoria-trans/
3 Ibid
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputadas:Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a informar a la opinión pública sobre el monto de los recursos obtenidos de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 2 de abril de 2020, el Ejecutivo federal ordenó la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, mediante la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Lo anterior, con el argumento que es propósito del gobierno que la administración pública federal se conduzca con austeridad, “lo que implica combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
En dicho decreto, el Ejecutivo federal dispuso que los recursos públicos que integren los fideicomisos y fondos públicos fueran enterados a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de abril de 2020 y que se llevarán los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal.
Se facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para resolver las excepciones, en consulta con la Secretaría de la Función Pública.
Quedando excluidos del referido decreto aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
Al respecto, en Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero (véase Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público. Fundar, Centro de Análisis e Investigación), informe del Centro de Análisis e Investigación de Fundar publicado en mayo de 2018, se dio a conocer que hay 374 fideicomisos a escala federal, que administran un monto de 835 mil 477 millones de pesos. El 90 por ciento, es decir 337, no tienen estructura administrativa (se les conoce como fideicomiso, no entidad paraestatal) y cuentan con 772 mil 63 millones de pesos.
Sin embargo, el referido decreto no detalló información oficial respecto al número de fideicomisos existentes y los recursos con que contaba cada uno de ellos; ni tampoco se rindió cuentas después de su desaparición, del monto que se obtuvo y del destino que se dio a los recursos, limitándose a decir que se usaron para atender la pandemia de Covid-19.
El 6 de noviembre de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se reformaron diversos ordenamientos para extinguir aquellos fideicomisos creados por ley, que no pudieron ser eliminados de manera unilateral por el ejecutivo federal en el decreto de abril del mismo año.
Dentro de dicho decreto se estableció que las dependencias y entidades, por conducto de sus unidades responsables, deberían concentrar la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y análogos a más tardar dentro de los 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto de publicación, en la Tesorería de la Federación, salvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará una fecha distinta para la concentración de los recursos.
Dentro de los 109 fideicomisos que se eliminaron mediante este decreto se encuentran el Fondo Nacional de Desastres Naturales; el Fondo Minero; el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine; los fondos del Conacyt; el Fideicomiso del CIDE; el Fondo para el Cambio Climático y el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas; el fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de Mi Pymes y emprendedores; así como el fondo para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, por citar solo algunos.
Evidentemente al igual que el decreto del 2 de abril de 2020, tampoco se hizo pública la información respecto al monto que se obtuvo con la extinción de estos 109 fideicomisos, y nunca se rindió cuentas del destino que se le dio a estos recursos.
En ambos decretos ha transcurrido más de un año sin que tengamos claridad sobre el monto total que se recuperó de esos fideicomisos, y el destino que se les dio a dichos recursos públicos.
La transparencia debe comprender el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción. Por ello es que presentamos este exhorto a efecto de que esta información se haga pública.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a presentar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe a la opinión pública a través de su página electrónica sobre el monto de recursos obtenidos mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2020 que ordenó la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, y la administración que se dio a dichos recursos.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a presentar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe a la opinión pública a través de su página electrónica sobre el monto de recursos obtenidos mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020 que ordenó la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, y la administración que se dio a dichos recursos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sedatu a flexibilizar las Reglas de Operación del PMU correspondientes a 2022 de municipios y ciudades con menos de 15 mil habitantes, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Araceli Celestino Rosas, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a flexibilizar las reglas de operación del programa de mejoramiento urbano (PMU), para el ejercicio fiscal 2022 a municipios y ciudades con menos de 15 mil habitantes, con base en las siguientes
Consideraciones
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) define el Derecho a la Ciudad como el derecho todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.
Asimismo, el artículo 4o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano indica que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:
“I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia;
II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas, de acuerdo con sus preferencias, necesidades y capacidades;
III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;
IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;
V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás legislación aplicable en la materia;
VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica;
VII. Protección y progresividad del espacio público. Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciadas por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;
VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos, así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo;
IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques; y
X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.”
Así mismo dentro de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encuentran:
“1. Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que, por su identidad, género, condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial.
2. Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de espacios de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad.1
En este orden de ideas, el Programa de Mejoramiento Urbano indica que el programa busca mejorar las condiciones de vida de comunidades de escasos recursos y colonias con altas de marginación y violencia, rehabilitando espacios públicos y viviendas.
Así mismo las reglas de operación del Programa de Mejoramiento Urbano emitidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, señalan que:
“Que el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) tiene como propósito que sus acciones y apoyos, cumplan con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus artículos 4 y 5, referentes a que toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana y coordinación metropolitana deberá observar los principios de equidad e inclusión; el derecho a la propiedad urbana; coherencia y racionalidad; participación democrática y transparencia; productividad y eficiencia; protección y progresividad del equipamiento urbano y espacio público; resiliencia, seguridad urbana y riesgos; sustentabilidad ambiental, accesibilidad universal y movilidad”.
Y que la población objetivo del programa:
“Son las personas que habitan en manzanas con medio, alto y muy alto grado de rezago urbano y social en los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de las ciudades de 15 mil habitantes o más que forman parte del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, reduzcan sus condiciones de rezago urbano y social, mediante la mejora en el acceso a bienes y servicios.”
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) argumenta que más de 92.7 millones de personas residen en 401 ciudades con población mayor a 15 mil habitantes que conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN), esto es 74.2 por ciento del total nacional y se espera que para 2030 esta cifra alcance los 114 millones de personas.
Si bien es cierto la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizo un diagnóstico del rezago urbano y social para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024 (PND), también es cierto que se está dejando de atender a ese 25.7 por ciento de población que no está considerada dentro del objetivo del programa PMU por residir en ciudades con menos de 15 mil habitantes, por lo que consideramos que a fin de no dejar a nadie atrás y que todos los ciudadanos mexicanos tienen derecho a vivir en entornos sustentables, con equipamiento urbano y espacios públicos seguros, con movilidad y acceso a servicios públicos, hacemos un atento exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a flexibilizar las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) para el ejercicio fiscal 2022, o bien se les permita a municipios con menos de 15 mil habitantes realizar el trámite al programa (PMU) de manera conjunta con otros municipios con los cuales compartan características culturales y regionales.
Por lo antes descrito, esta soberanía hace un atento exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a flexibilizar las reglas de operación del programa de mejoramiento urbano (PMU), para el ejercicio fiscal 2022 a municipios y ciudades con menos de 15 mil habitantes.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. - La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a flexibilizar las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), para el ejercicio fiscal de 2022 a municipios y ciudades con menos de 15 mil habitantes.
Nota
1 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. ¿Qué hacemos? https://www.gob.mx/sedatu/es/que-hacemos
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a impulsar la aplicación de una segunda dosis de la vacuna Cansino contra el Covid-19 a todo el personal docente de los sectores público y privado, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de motivos
I. Pandemia de Covid-19
En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, República Popular de China, se detectaron casos de infección de un virus que en esa fecha se desconocían sus efectos y los medios de transmisión y que ataca las vías respiratorias, causando una enfermedad conocida como síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus Covid-19 (SARS-CoV2), cuyo paciente cero se cree que contrajo la enfermedad el día 1 de diciembre de 2019.1
El 27 de marzo de 2020, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto mediante el cual se dieron a conocer de manera oficial las acciones extraordinarias en materia de salubridad, tras la expansión del virus SARS-CoV2 que origina la enfermedad de Covid-19, medidas que describen la coordinación entre las dependencias y entes de la administración pública federal a fin de mitigar y controlar entre la población los efectos de dicha enfermedad.
El 30 de marzo de 2020, a través del Consejo de Salubridad General se publicó el acuerdo por el que se declaraba la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, formulando oficialmente el inicio de la cuarentena por la situación que prevalecía de manera internacional ante la epidemia de Covid-19 y la inminente llegada a nuestro país, declarando así las acciones extraordinarias en las regiones de todo el territorio nacional para atender los sectores público, privado y social.
En este sentido, vale la pena destacar que a más de un año donde se establecieron las actividades esenciales y no esenciales mediante dichos acuerdos o decretos, hoy hasta la fecha el país atraviesa por un momento crucial derivado de los estragos sociales, económicos y de salud, que se han reflejado en el número de contagios diarios, los fallecimientos ante la evidente falta de coordinación y de toma de decisiones entre el sector salud y el gobierno federal.
La pandemia de Covid-19 ha generado tremendos estragos económicos, sociales y sanitarios en nuestro país. Según la Johns Hopkins University of Medicine, al 16 de noviembre se han identificado en nuestro país 3 millones 845 mil 733 casos de Covid-19 y 291 mil 147 lamentables decesos por esta enfermedad. Sin embargo, según la propia Secretaría de Salud del gobierno federal, desde el inicio de la emergencia sanitaria, se han identificado 621 mil 43 defunciones en exceso.2
Aunado a lo anterior, el cierre de actividades en las escuelas, tanto a nivel público como en el privado, han repercutido en la salud mental de niños, niñas y adolescentes por no acudir de manera presencial a sus actividades escolares. Pues conforme a datos del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han provocado a las y los estudiantes de todos los niveles educativos ansiedad y depresión por el uso excesivo de las tecnologías de la información para poder continuar con sus estudios,3 por lo que es necesario tomar las medidas necesarias, comenzando por el reforzamiento de la vacuna del personal docente y posteriormente los que así correspondan de los menores de edad.
II. CanSino, segunda dosis
Las y los maestros mexicanos fueron de los primeros grupos poblacionales en inmunizarse contra la Covid-19 pues desde mayo de 2021 se comenzó a aplicar a todo el personal docente el biológico chino CanSino.4
Sin embargo, es de señalar que, en comunicado de prensa del 8 de agosto de 2021, CanSino Biologics, la empresa farmacéutica que desarrolló el biológico CanSino, señaló que es altamente recomendable la aplicación de una segunda dosis de la vacuna seis meses después de la primera, a fin de que se multipliquen los anticuerpos y se ofrezca una mayor protección. Textualmente se señaló lo siguiente:
“Con base en los resultados observados de manera preliminar, es claro que existe un beneficio en la respuesta de anticuerpos con la aplicación de una segunda dosis, seis meses después de la primera .”5
En este sentido, según la propia empresa productora de la vacuna, resulta mucho más efectivo que haya una segunda dosis de la vacuna CanSino a los seis meses de la primera aplicación a fin de reforzar la respuesta de los anticuerpos neutralizantes, ya que estos logran multiplicarse por ocho. Además, la empresa aseveró que esta vacuna es eficaz, segura y sin efectos secundarios graves, evita la hospitalización y la muerte en 90 por ciento de las personas a las que se le aplica.6
Algunos medios de comunicación han señalado que, en diversas entidades federativas, las y los maestros de los diferentes niveles educativos han externado su preocupación por recibir la vacuna Casino y hasta la fecha no contar con algún refuerzo o por no estar aprobada por Organización Mundial de la Salud (OMS), generando su inconformidad por razones de salud y no por querer viajar a otro país. Se estima que más de 100 mil maestras y maestros de escuelas públicas y privadas son quienes solicitan el refuerzo de la segunda dosis.7
En la bancada naranja, las diputadas y los diputados estamos conscientes de que al regresar a clases presenciales, el personal docente de la iniciativa, tanto pública como privada, son aquellos quienes están más expuestos a contagiarse de Covid-19, por lo que aplicarles una segunda dosis de la vacuna CanSino o bien que se le aplique a dicho grupo poblacional biológicos autorizados por la Organización Mundial de la Salud, lo anterior es necesario para que el personal docente puedan llevar a cabo sus funciones de una manera más segura y adecuada.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, para que, con base en sus atribuciones, impulse las acciones necesarias encaminadas a que se aplique una segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 CanSino a todo el personal docente de la iniciativa pública y privada o, en su defecto, a que se le aplique a dicho grupo poblacional biológicos autorizados por la Organización Mundial de la Salud.
Notas
1 Disponible en: https://www.sciencemag.org/news/2020/01/wuhan-seafood-market-may-not-be -source-novel-virus-spreading-globally. Fecha de consulta 5 de diciembre de 2020.
2 Gobierno Federal. (2021). Exceso de Mortalidad en México. Gobierno Federal. Recuperado de:
<https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-m exico/>
3 Proteger a los niños más vulnerables de los efectos de Covid-19, UNICEF, año 2021, recuperado de: https://www.unicef.org/es/coronavirus/proteger-los-ninos-mas-vulnerable s-de-efectos-coronavirus-covid19
4 Varela, M. (2021). Los maestros de Chiapas, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas y Coahuila recibirán la vacuna china de CanSino. El País. Recuperado de: <https://elpais.com/mexico/2021-04-16/los-maestros-de-chiapas-nayari t-veracruz-tamaulipas-y-coahuila-recibiran-la-vacuna-china-de-cansino.h tml>
5 Animal Político. CanSino recomienda en México una vacuna de refuerzo tras seis meses de primera aplicación. Animal Político. Recuperado de: <https://www.animalpolitico.com/2021/08/cansino-mexico-segunda-dosis -refuerzo-seis-meses/>
6 Cansino Biologics México, “Refuerzo de la vacuna CanSino, a los seis meses, reporta una protección amplificada contra Covid-19, 8 de agosto de 2021, recuperado de: https://twitter.com/CansinoBio/status/1424479310476349440?s=20
7 Maestros, con derecho a una vacuna Covid-19, periódico Milenio, Edith Álvarez, 15 de noviembre de 2021, recuperado de: https://www.milenio.com/opinion/edith-alvarez/caleidoscopio/maestros-co n-derecho-a-una-vacuna-contra-covid-19
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INM y las autoridades que hacen uso de la fuerza a garantizar los derechos humanos de quienes atraviesan el país hacia el norte continental, a cargo del diputado Sergio Peñaloza Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Sergio Peñaloza Pérez , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el cual se exhorta al Instituto Nacional de Migración y a las autoridades que hacen uso de la fuerza a garantizar los derechos humanos de las personas en contexto de migración que atraviesan nuestro país hacia el norte continental, tras los lamentables acontecimientos vividos en el sur del país, donde personas perdieron la vida , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El país, en los últimos años, ha vivido un éxodo de personas en contexto de migración, quienes son procedentes de varias latitudes del orbe. Sin embargo, este fenómeno se ha incrementado tras los lamentables sucesos que han acontecido en Haití, donde su presidente fue brutalmente asesinado, lo que ha causado una desestabilización política, económica y no se diga social en aquel país.
Tras estos hechos, miles de personas han emprendido largos viajes en busca de mejores oportunidades de vida, de desarrollo y económicas, buscando en todo momento el bienestar de ellos y sus familias.
Esto ha ocasionado que atraviesen países e incluso emprendan la huída desde sus natales tierras, donde se encuentran con polleros, con rutas de la muerte e incluso con traficantes. Panorama que vive Centro y Sudamérica. Esto se acrecienta aún más al llegar al triangulo norte centroamericano, pues ahí se han establecido grupos del crimen organizado de aquellos países, donde se les cobra un derecho de viaje para poder transitar, siendo la inestabilidad política de Centroamérica un caldo de cultivo para emprender acciones criminales en contra de quien busca una mejor vida.
Tras el recorrido de miles de kilómetros, cruzar hacia México se vuelve aún más complejo. Al llegar, el Estado mexicano brinda todas las acciones necesarias para que la estancia y, legal documentación se dé conforme a derecho. Es de reconocer que nuestras autoridades migratorias están para salvaguardar y hacer cumplir la ley del Estado.
Asimismo, la Comar ha desempeñado un papel significativo para la protección internacional de los solicitantes de asilo y refugio en el país. Aunado a ello, diversas autoridades han sido auxiliares ante el desbordamiento migratorio que se da primordialmente en el sur del país.
A nivel nacional encontramos la ley que regula el uso de la fuerza, la cual tiene aplicatividad y cabal observancia en cada rincón del país, y sobre las autoridades legítimamente creadas para hacer uso de estos instrumentos.
A su vez la ley antes mencionada, señala:
“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional; tienen como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública.
Cuando las autoridades a que se refiere el párrafo anterior realicen tareas de protección civil, y se requiera el uso de la fuerza, lo harán en los términos que dispone la presente Ley.”
“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I-V
VI. Instituciones de Seguridad Pública: las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias o entidades encargadas de la seguridad pública de orden federal, local o municipal.
Por lo que la Guardia Nacional se instituye como un órgano de seguridad pública, que ayuda a mantener el orden en el país a través de su personal, sin embargo, en los últimos días, hubo un altercado entre agentes de esta institución con personas en contexto de migración, quienes lamentablemente perdieron la vida, recordemos que menciona la ley respecto de la institución en materia de seguridad;”
“Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se observarán las siguientes definiciones:
I-IV
IV. Instituciones de seguridad pública: las instituciones policiales de procuración de justicia, del sistema penitenciario y las encargadas de la seguridad pública de orden federal, local o municipal;”
“Artículo 4. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría.”
Compartimos la visión del Presidente de la República, que los elementos que trasgredan la ley deben ser juzgados y sentenciados, todo bajo el principio de presunción de inocencia.
Que este exhorto sirva como una voz desde esta curul para mandar un mensaje fuerte y claro; los mexicanos, las personas en contexto de migración, tienen una representación en esta Cámara de Diputados.
¡Que viva la cuarta transformación del país y del servicio público!
Por tal motivo, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Migración a que haga público un informe sobre el número del personal que ha sido capacitado en derechos humanos y uso de la fuerza en este 2021, tras los acontecimientos vividos en las últimas fechas donde personal de este instituto presuntamente ha cometido violaciones a derechos humanos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Guardia Nacional que haga públicos los protocolos sobre el uso de la fuerza y saber cuántos elementos han sido capacitados sobre el tema y en que consiste su capacitación, de acuerdo con los lineamientos de la ley nacional sobre el uso de la fuerza.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la República se apegue al principio sobre presunción de inocencia y a las garantías procesales que asisten a las personas imputadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputado Sergio Peñaloza Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa sobre las fallas presentadas en la plataforma del examen nacional de aspirantes a residencias médicas, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Sonia Rocha Acosta y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El examen nacional de residencias médicas (Enarm) es una prueba aplicada anualmente y es regulada por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), la cual busca seleccionar a los médicos mejor preparados para realizar los cursos de especialización médica en las plazas disponibles dentro del territorio mexicano. Además, constituye la primera etapa del proceso para ingresar en el Sistema Nacional de Residencias Médicas y se realiza con un sistema de seguridad integral mediante acciones de evaluación en sus diferentes fases y dimensiones de trabajo para garantizar su integridad y calidad.
Específicamente, el Enarm mide los conocimientos médicos centrándose en salud pública, urgencias y medicina familiar; en el contexto de las cuatro troncales de especialidad: medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía general; el examen incluye preguntas estructuradas en reactivos con formato de casos clínicos, además contiene de una a tres preguntas por cada caso con respuestas de opción múltiple con una sola opción de respuesta correcta, siendo un examen altamente reconocido por su dificultad y especialización.
La convocatoria al Enarm se abre cada marzo, y hasta 2019 se ofertaban 9 mil plazas aproximadamente, posteriormente para los últimos dos años se anunció que se ampliará a casi 19 mil nuevas plazas, por lo que el número de especialistas de la salud aumentará a mediano plazo.
La CIFRHS es la institución rectora, encargada y tutelada para elegir mediante un examen y una plataforma digital los resultados para elegir una especialidad médica. Para poder presentar el Enarm de 2021 se requirió de una larga preparación por meses de parte de los médicos que buscaban un lugar.
Aunque eso no fue suficiente porque al igual que en las dos ediciones anteriores 2020-2021 se han reportado múltiples fallas. La más frecuente es la relacionada con la plataforma al carecer de un vínculo digital para responder las dudas y fallas del propio sistema. Dicha situación ha provocado un gran enojo, desesperación y una falta de credibilidad institucional de parte de los aspirantes hacia la CIFRHS.
Algo que ha sido una constante en las últimas dos ediciones de la prueba es la deficiente página de internet oficial para solicitar información o contestar preguntas frecuentes. Por ello se ha vuelto una costumbre que el día de publicación de los folios seleccionados no se pueda visualizar los resultados, ya que no soporta una gran cantidad de interacciones en el portal. Para el periodo de resultados en octubre de 2021 las quejas se han presentado desde antes.
En ese sentido, se debe recordar que el mayor cambio del Enarm de 2021 es el formato para elegir especialidad. Anteriormente se realizaba primero el examen de casos clínicos y ahora se realiza hasta el final de la tramitación. Aunque la propia CIFRHS publico una guía para cumplir con este procedimiento de forma correcta han sido múltiples y constantes las quejas de los aspirantes al respecto.
En este sentido, lo más lamentable es que esta falla no se prolonga por minutos sino por horas. Algunos médicos han señalado que han tenido que esperar desde 12 hasta 36 horas para poder acceder a su cuenta y elegir su especialidad. En este sentido es un problema en la cantidad de lugares y asignaciones elegidas.
La situación anterior genera frustración porque no solo se trata del tiempo perdido sino la impotencia que causa observar cómo disminuyen las plazas disponibles en cada una de las opciones disponibles. Con base en lo publicado en la convocatoria, del 14 al 20 de octubre de 2021 será el período para elegir la especialidad.
Lo que señalan los médicos aspirantes es que la fecha y hora que cada uno recibió para comenzar con su inscripción no se ha respetado, lo cual genera asombro y mucha indignación. Por ello este punto de acuerdo pide una explicación formal para que la institución responsable de plataforma, el CIFRHS, mantenga su carácter institucional como institucional pública para que busque solucionar las fallas comentadas y ya no se presente casos que reporten la misma deficiencia.
Al respecto, a pesar del aumento de lugares que prometió la Secretaría de Salud para el Enarm de 2021, estas fallas en la plataforma han causado decepción en los aspirantes. De poco ayuda que existan más plazas si no se pueden registrar en tiempo y forma los aspirantes.
Entre las evidencias suscitas en redes existen testimonios de aspirantes que grabaron con su celular la manera, en la cual la página de internet falla al momento de pretender realizar el registro o elegir la especialidad.
Ante este grave problema la CIFRHS es la única instancia oficial en el tema, recordemos que los médicos aspirantes han sido un pilar para la sociedad mexicana en tiempos de la pandemia, ya que tienen la formación profesional, los valores como personas, pero sobre todo son profesionales del área de la salud. México necesita reconocer sus capacidades y estar a la altura de sus necesidades de un mejor destino como especialistas competentes.
En consecuencia, para lograr un reconocimiento de las fallas existentes que los estudiantes, han detectado y precisado en el Enarm es que este mecanismo puede ser perfectible
En conclusión, se debe reconocer las fallas en el Examen de residencias médicas, para que los médicos residentes en diversos hospitales de nuestro país, tengan la oportunidad de una calificación justa, ya que son personal sumamente necesario en el sector salud.
Por ello es necesario crear los mecanismos adecuados para aprovechar sus conocimientos. Por ello la CIFRHS deben realizar una revisión y entregar un informe fehaciente explicando las fallas existentes en su plataforma.
Con esta proposición con punto de acuerdo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional agradece y reconoce a todos los médicos y estudiantes de medicina por su valiente labor, por no callar un problema recurrente y hasta con tintes dramáticos, este tipo de acciones, contribuimos al fortalecimiento del sistema de salud en nuestro país, ya que el aprendizaje que se obtiene en circunstancias tan adversas fortalece el desarrollo de nuestros médicos especializados.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a ejecutar por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud un informe a la opinión pública donde explique de manera pormenorizada las fallas presentadas en su plataforma.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Salud a realizar una capacitación adecuada a su personal en tecnologías de la información para que, en la eventual operación de la plataforma digital, no ocurran tan penosos incidentes, los cuales erosionan la capacidad y credibilidad institucional del Estado mexicano.
Notas
ENARM 2021: Médicos esperan hasta 36 horas para elegir especialidad (saludiario.com)
Cómo lograr un registro exitoso y elegir especialidad en el ENARM 2021 (saludiario.com)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputada Sonia Rocha Acosta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal –a través de la SRE y la SHCP– y la Guardia Nacional a prevenir y erradicar la extorsión y el maltrato contra migrantes como estrategia integral permanente para vigilar su ingreso, estancia y retorno, a cargo del diputado Alfredo Femat Bañuelos, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Alfredo Femat Bañuelos, diputado federal, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete como de urgente u obvia resolución, a la consideración del pleno de esta honorable LXV Legislatura, el siguiente punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, y la Guardia Nacional, prevengan y erradiquen la extorsión y maltrato a los migrantes como estrategia integral permanente para vigilar el ingreso, estancia y retorno de los migrantes, en los siguientes términos:
Exposición de motivos
La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente, con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar.
Este fenómeno se ha convertido en un tema relevante en el mundo actual. Millones de personas se mudan de sus lugares de origen a otros del mundo para buscar una mejor vida. Esta migración mundial constante ha formado parte de la humanidad desde sus comienzos. En últimas épocas, las personas tienen muchas razones para emigrar y éstas pueden ser desde cuestiones económicas, reunirse con miembros de su familia, buscar mejores oportunidades de trabajo, hasta huir de la violencia.
Diversos instrumentos internacionales consagran a la migración como un derecho humano; a manera de ejemplo se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos : “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado... toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país” (artículo 13). Disposición similar se encuentra en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22.2), que consagra el derecho de emigrar, pero no a inmigrar.
El migrante mexicano enfrenta experiencias muy particulares, debido a la proximidad geográfica entre ambos países o a la historia y el territorio comunes que una vez compartieron, esto da lugar a que la relación entre México y Estados Unidos continúe siendo bastante dinámica. Con todo, la relación entre los dos países nunca ha sido completamente beneficiosa para los inmigrantes, quienes, durante más de un siglo, han cruzado la frontera norte encontrándose con todo tipo de experiencias desagradables alimentadas, en parte, por la forma como son percibidos.
El contexto de la migración en México es tema complejo, al desarrollarse en él diversos tipos o flujos migratorios como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser los Estados Unidos el principal destino de la migración mundial. (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH.)
Las peripecias de nuestros connacionales son innumerables para estar, vivir, trabajar y subsistir en USA; y aún más, cuando tienen deseos de retornar o visitar a su país. La situación de inseguridad y proliferación de la delincuencia organizada, han tenido un fuerte impacto en nuestros migrantes (al visitar a sus familiares) no sólo en el mes de diciembre, sino en el trascurso de todo el año.
Los hostigamientos e incertidumbre no sólo provienen de las bandas de criminales, sino del Estado mismo, desde cuando arriban a un puente internacional, les interponen múltiples obstáculos, unos generados por la desinformación o ignorancia, otros (en su mayoría) generados por quienes debían darles luz o conducción. Son innumerables las quejas de atropellos que guardias nacionales, policías ministeriales y preventivos municipales, realizan extorsionando a los migrantes.
Persisten detenciones arbitrarias por parte de algunos agentes de seguridad pública contra migrantes, quienes por temor a represalias no interponen las denuncias correspondientes, porque tienen miedo de quejarse: porque o bien tienen el tiempo muy reducido de estadía en México, o bien, consideran que, si son corruptos los elementos policíacos, cómo no serán sus jefes superiores; favoreciendo involuntariamente, la impunidad de dichas conductas. La mayoría de estos atropellos, son por detenciones injustificadas, decomiso de artículos, no portar identificación fehaciente que lo acredite como nacional, robo de sus pertenencias, discriminación y destrozo de sus documentos.
Los migrantes que emprenden camino hacia México (su país de origen) son víctimas de una serie de atropellos, que afectan su patrimonio, seguridad y certeza de respeto a su vida.
Aparte de la presencia de grupos y bandas delictivas, de algunos elementos de las instituciones del gobierno, se conjugan otros actores y abusos, que prestadores de servicios en hoteles y casas de huéspedes, taxis y autobuses incrementan sus tarifas, y desde luego, agentes policiales federales, estatales y municipales, situados en retenes en las vías de comunicación (quebrantando la garantía del libre tránsito, consagrada en numeral 11 de la Carta Magna).
Al respecto, se contraviene la política que implementa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cito textualmente: “Muchos de los servidores públicos ven a los migrantes como una materia de comercio, como actos de corrupción, y del dinero que han generado durante un año de trabajo traen incluso una cantidad específica para distribuir con cada servidor público con el que tienen contacto. Y eso se acabó”,1 nos obliga a que llevemos a cabo las acciones permitentes para erradicar este tipo de actos que solo dañan la economía de nuestros paisanos y empañan la buena imagen que debiera tener el gobierno.
El Instituto Nacional de Migración cuenta con un programa llamado “Programa Héroes Paisanos”, que nació en 1989 a partir de la propuesta ciudadana de organizaciones sociales, empresariales y religiosas, así como políticas de la comunidad mexicana y México - Americana de los residentes en los USA, que realizaron con el gobierno de México, ante la necesidad de crear mecanismos que controlaran y gradualmente eliminaran los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos en contra de connacionales en su tránsito por el país.
Así, el Programa Paisano, nació con el “Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servidores públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país”. Con la finalidad de dar seguridad y garantía a los migrantes que visitan nuestro país a pasar una buena instancia con sus seres queridos.
Nace para controlar y gradualmente eliminar en las fronteras, puertos y aeropuertos, el maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían funcionarios públicos del gobierno federal en perjuicio de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en su ingreso a México. Los grupos Beta fueron también creados en 1990 por iniciativa del gobierno federal para proteger los derechos humanos de los migrantes en las fronteras norte y sur de México.2
En la década de los ochentas, líderes de organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en los Estados Unidos se unieron para presentar al gobierno de México la propuesta de crear mecanismos que controlaran y gradualmente eliminaran los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos de diversas dependencias del gobierno federal, en contra de los connacionales en su ingreso al país.
Como resultado de ello, se expidió el Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país. 3 La instrumentación de este acuerdo derivó en 1989 lo que se denominó Programa Paisano, con la participación de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de la Contraloría General de la Federación, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Comunicaciones y Transportes, de Salud y de Turismo, así como la Procuraduría General de la República y el organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares. El Programa Paisano entró en funciones desde diciembre de 1989, bajo la figura de comisión intersecretarial con la suma de 15 secretarías y dos entidades del Ejecutivo federal, así como tres procuradurías, con una eficiente coordinación interinstitucional. El programa tiene como objetivo garantizarles a los connacionales su ingreso, tránsito y salida del país, lo hagan con absoluta garantía de sus derechos, seguridad de sus bienes y personas.4
Esta legislatura federal debe promover acciones y medidas que dignifiquen no sólo la figura del migrante, sino también se genere una cultura de respeto y fortalecimiento de la identidad cultural, del respeto a los derechos humanos y promueva se garantice la seguridad a la que tiene derecho nuestros hermanos migrantes, porque sólo así generaremos una cultura solidaria, un ideal común que sólo es posible con amor por México.
De acuerdo con las quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido, las principales autoridades relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes son:
• Instituto Nacional de Migración (INM)
• Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)
• Policía Federal (PF)
• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
• Procuraduría General de la República (PGR)
• Secretaría de Marina (Semar)
• Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz
• Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
• H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz
• Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas
• Comisión Nacional de Seguridad
Los principales derechos vulnerados por las autoridades son los siguientes:
• El derecho a la seguridad jurídica (faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones).
• El derecho a la protección de la salud (omitir proporcionar atención médica).
• El derecho al trato digno (acciones y omisiones que transgreden los derechos de las y los migrantes y sus familiares).
• El derecho a la integridad y seguridad personal (trato cruel, inhumano o degradante).
• El derecho a la igualdad (omitir prestar atención médica).
• El derecho de petición (omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho).5
En las aduanas, los paisanos que regresan al país en las diferentes épocas del año, desde tiempos atrás han sufrido abusos y actos de corrupción, debido a que muchos servidores públicos ven a los migrantes como una materia de comercio, como actos de corrupción, y del dinero que han generado durante un año de trabajo traen incluso una cantidad específica para distribuir con cada servidor público con el que tienen contacto. Con la llegada de la nueva administración federal se han implementado diferentes políticas públicas, enfocadas a combatir dicho problema, pero también debemos tener presente que los principales puntos de entrada son demasiados, por lo tanto, se requiere impulsar más acciones similares con el fin de lograr un trato humanitario, legal y seguro.6
Bajo esta tesitura, es necesario que se asegure el ingreso, permanencia y retorno de nuestros connacionales de manera permanente, y en especial, en el marco de las fiestas decembrinas. Vienen con la ilusión de ver a sus familiares, de festejar y ejercer sus creencias religiosas. Nunca llegan con las manos vacías, y los corruptos lo saben.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa de
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal , a través de la:
I) Secretaría de Relaciones Exteriores : difusión de medidas de seguridad y fortalecimiento del programa “Amigo Paisano”, a efecto de que se binde asesoría a todo migrante que ingrese al país.
II) Secretaría de Hacienda y Crédito Público : en aduanas y puertos, se difunda información sobre los impuestos por ingreso e importación de mercancías y de montos en que se está exento. Verifique estricta vigilancia para evitar el maltrato, la corrupción y el abuso.
III) Guardia Nacional , para otorgar seguridad a los migrantes, salvaguardando la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, mediante una estricta vigilancia en todos los puertos y fronteras, especialmente hacia los estados de mayor afluencia migrante.
Teniendo como objetivo principal, erradicar el maltrato y extorsión de los migrantes que visitan nuestro país (en todo tiempo y) en especial en la celebración de las fiestas decembrinas. Exhorto que implementen estas autoridades en todo el país, como estrategia integral permanente, y de manera específica para este periodo y fin.
Notas
1 Véase sitio web: https://politica.expansion.mx/mexico/2018/12/11/cero-abusos-contra-pais anos-la-promesa-del-gobierno-de-amlo-para-fin-de-ano
2 Véase: http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/coleccion_america_latina/
relaciones-estado1/RelacionesEstado1_6hacia.pdf
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1989.
4 Véase http://amoxcalli.leon.uia.mx/Pobreza/Alex/htm/documentos/publicaciones/ publicacion_03/revista03_1.pdf
5 El derecho a la libertad (detención arbitraria). Véase: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30055
6 Véase el sitio web: https://www.debate.com.mx/politica/amlo-presenta-mision-paisano-plan-pa ra-cuidar-migrantes-corrupcion-20181211-0150.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputado Alfredo Femat Bañuelos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a reforzar por la Ssa la campaña de comunicación y seguir difundiendo los avances de la vacunación contra el SARS-Cov2 en menores de 18 años con comorbilidades de riesgo, así como considerar la inmunización del resto de los menores de edad, a cargo del diputado Joaquín Zebadúa Alva, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Joaquín Zebadúa Alva , integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde el momento de su descubrimiento, las vacunas han sido sin duda alguna, junto a la potabilización del agua, la medida de prevención que más beneficios ha aportado a la humanidad.
Las vacunas han logrado controlar enfermedades graves en todo el mundo, hoy en día son las principales medidas preventivas para padecimientos infecciosos, pues preparan de forma anticipada al organismo contra los patógenos invasores o lo apoyan en la lucha activa contra los gérmenes.
Desde este punto de vista, las vacunas son fundamentales para el cuidado de la salud de las personas, ya que son las encargadas de protegerlos de numerosas enfermedades muy graves, sobre todo a los niños y niñas.
Con la aparición del virus del SARS-CoV-2 en el mundo se puso a prueba la capacidad de gobiernos y sociedad civil para contrarrestar los efectos mortales que traían consigo este padecimiento.
El primer caso registrado de contagio con este virus se dio, a nivel mundial, un 17 de noviembre de 2019, en un paciente masculino de 55 años, que vivía en la provincia de Hubei, en Wuhan; en nuestro país se detectó el 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México. Se trataba de un mexicano que había viajado a Italia y tenía síntomas leves. El 11 de marzo de 2020 la Covid-19 fue declarada una pandemia.i
Hacer frente a este problema no ha sido fácil para nadie, pues se tenían muy pocos datos al respecto y aunque los avances médicos en materia de salud han dado pasos agigantados al respecto, esta epidemia representaba un reto nunca antes visto.
Con la autorización de la primera vacuna contra el virus del SARS-CoV-2, en diciembre de 2020, abrió la puerta para que los gobiernos iniciaran sus propios procesos de administración de la vacuna, en nuestro país esta estrategia se basó en políticas y recomendaciones específicas sobre la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 en grupos de población, basándose en las recomendaciones generales que, el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) de la OMS emitió en septiembre de 2020.ii
Las decisiones acerca de la manera en que se estuvieron y están asignando los suministros limitados de vacunas contra la Covid-19 y determinar los grupos prioritarios para recibirlas en México, se guiaron por los mejores conocimientos científicos disponibles acerca de las características epidemiológicas de la pandemia y las medidas disponibles para controlarla, la evolución clínica de la Covid-19, la transmisibilidad del virus, la eficacia y la inocuidad de las vacunas disponibles, y las características para su administración.
Gracias a esto, al día de hoy podemos contar a 75 millones 170 mil 848 mexicanos mayores de edad vacunados hasta el momento, de los cuales se estima que 62 millones 684 mil 986 cuentan con el esquema completo de vacunación, siendo el equivalente al 83 por ciento de las personas vacunadas.
Esto, a todas luces, representa un avance titánico si nos ponemos a considerar que ha habido una distribución desigual de las vacunas en el plano mundial, pues a principios de este año, de un total de más de 27,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer entregadas hasta ahora, los países ricos acumulan un 99,3 por ciento, los estados de ingresos medios solo han recibido un 0,0009 por ciento y los países en vías de desarrollo, ninguna.iii
Ahora bien, luego del avance logrado en la vacunación a mayores de edad, el gobierno federal ha ampliado su plan de vacunación hacia los menores de edad cuyas edades fluctúan entre los 12 y 17 años, especialmente aquellos con comorbilidades de riesgo (enfermedades que ya tienen y que debilitan su sistema inmunológico), así como a las adolescentes embarazadas a partir de la novena semana.
Esta estrategia es acorde con las recomendaciones que el Grupo Técnico Asesor (TAG) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió, en julio de este año, relativas a la vacunación de niños y adolescentes contra la Covid-19:
-Abogar firmemente a que los gobiernos implementen la hoja de ruta SAGE para priorizar las vacunas Covid-19 y lograr una alta cobertura de vacunación entre los trabajadores de salud y de primera línea, los adultos mayores y otros grupos de alto riesgo antes de administrar dosis a los adolescentes.
-Los adolescentes que no tienen una comorbilidad de alto riesgo no deben ser incluidos en el plan nacional de vacunación en este momento.
-La vacunación con la vacuna Covid-19 no es un requisito previo para los niños o adolescentes que regresan a la escuela.
-Se debe alentar a las adolescentes embarazadas a que reciban la vacuna.iv
Sin embargo, como se ha manifestado con anterioridad, esta pandemia ha representado un reto para todas las naciones, en el mundo hay tipos de variantes diferentes del Covid-19 en circulación que son potencialmente más peligrosas que el resto de cepas. Actualmente se conocen la B16172 (Delta - India), la B117 (Alpha - Reino Unido), la B1351 (Beta - Sudáfrica) y la P1 (Gamma - Brasil). Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) añadió a la variante Mu, o B.1.621, a su lista de variantes de interés de la Covid-19.v
Las nuevas variantes del SARS-CoV-2 atraen la atención del mundo entero ya que parecen significativamente más transmisibles que las anteriores. En relación a los niños, se teme que podrían peligrar el cierre de los colegios, con las consecuencias negativas que esto implica, aunque la evidencia con la que se cuernta hasta ahora no ha arrojado indicios en ese sentido.
Aun cuando el índice de mortalidad en menores de edad por causa del virus es relativamente bajo, no podemos dejar pasar desapercibido la importancia que tendría adecuar el esquema de vacunación contra la Covid-19 a toda la población menor de edad, hasta ahora la única vacuna que cuenta con autorización para su uso de emergencia en menores de edad de entre 12 y 17 años, es la Pfizer-Biotech, la cual mostró resultados de seguridad y eficacia del 75 por ciento después de la primera dosis y del 95 por ciento 7 días después de la segunda dosis.
Ante este panorama, es que nos atreveríamos a exhortar al gobierno federal a que, siguiendo el protocolo y las recomendaciones de los expertos tanto de la OMS como de la OPS, se contemplara, en la medida en que haya atendido a los menores con comorbilidades, y exista disponibilidad del biológico, a ese sector de la población menor de edad, para que se les realizara la inoculación correspondiente y se estuviera en posibilidades de tener una mejor respuesta inmunitaria a las mutaciones del virus.
Asimismo, conforme se vayan autorizando otras vacunas o la misma para el resto de la población menor de edad se puedan ir considerando dentro de los planes de vacunación.
Además, ante los repetidos intentos de grupos de interés por politizar el manejo de la pandemia, se enfatiza la necesidad de proceder con criterios técnicos y con base en las recomendaciones de los organismos internacionales de salud.
Cabe resaltar que, dentro del Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública respecto de los recursos para el Sector de la Salud contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación se están previendo recursos por más de 30 mil millones que garantizarán la aplicación de vacunas correspondientes al Plan de Vacunación contra la Covid-19, pero también al Programa de Vacunación Universal, es decir para darle continuidad al esquema básico de vacunación que es un tema no menos importante para la población infantil.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud, refuerce su campaña de comunicación y siga haciendo del conocimiento público los avances que se tienen respecto de la vacunación contra el virus del SARS-CoV-2 en menores de 18 años con comorbilidades de riesgo, así como en su oportunidad y acatando el protocolo y las recomendaciones de los expertos tanto de la OMS como de la OPS se contemple la vacunación al resto de la población menor de edad.e
Notas
i [1]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/
ii https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53323/OPSFPLIMCOVID-1921 0014_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
iii https://www.msf.es/actualidad/los-paises-ricos-acaparan-mas-99-las-dosi s-la-vacuna-la-covid-19
iv https://www.paho.org/es/noticias/19-9-2021-recomendaciones-ante-vacunac ion-contra-covid-19-ninos
v https://newsweekespanol.com/2021/09/cuantas-variantes-covid-19-existen/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputado Joaquín Zebadúa Alva (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a vacunar con criterio global de inclusión y no discriminación a todos los niños y adolescentes, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Sonia Rocha Acosta y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a vacunar a todas las niñas, los niños y los adolescentes con un criterio global de inclusión y no discriminación, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
La Ley General de Salud determina, supervisa y cataloga las formas, tiempos y acciones para vincular afirmativamente el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y, la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, estos criterios son de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Es decir, existe un tono de orden, seguridad, continuidad, basándose en un criterio de no discriminación.
Entre sus objetivos principales busca integrar los diversos servicios de salud existentes con la coordinación de la Secretaría de Salud, a quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o. de la Ley General de Salud, le corresponde establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo federal, esto a fin de dar certeza a toda la población mexicana.
Ante la eminente emergencia que seguimos viviendo desde hace 19 meses en la cual la Secretaria de Salud emitió la advertencia de casos, marzo de 2020-septiembre de 2021, presentándose los primeros casos de Covid-19 (SARS-Cov2), el Estado mexicano necesito atender el control y prevención mediante la logística que la misma Secretaría de Salud emitió, por ello dio a conocer un plan de vacunación en diciembre de 2020, el cual sigue en proceso y a partir del mes de octubre del 2021 se vacunarán a niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años que padecen alguna enfermedad crónica, como cáncer, VIH, trasplantes, quienes padecen enfermedades pulmonares, neurológicas, o cardiovasculares crónicas, entre otras, ya que se trata de personas más susceptibles de desarrollar la infección mencionada, en este tenor de ideas se estima vacunar una población entre 750 mil y 1 millón 500 mil niñas, niños y adolescentes en todo el país.1
Sin embargo, no se menciona nada de la población restante de niñas, niños y adolescentes, la cual según estimaciones del Censo de Población de 2020 del Inegi, rondaría cercana a los 15 millones de personas que afortunadamente no padecen estas enfermedades crónicas, pero no están exentos de adquirir la infección por el Covid-19 y la aplicación de las dosis necesarias de vacunas también es primordial para esta población.
Nos parece un despropósito no vincular un criterio de inclusión global, acerca de cuándo, cómo y en qué forma se vacunarán a estas niñas, niños y adolescentes que estarán bajo la zozobra de saber si serán vacunados, Eso sin contar a sus familiares como padres, madres y tutores que no saben y dudan de las capacidades del Gobierno Federal para acercarles las vacunas a los miembros de sus familias.
Ante esta falta tan grave por parte de las autoridades en materia de salud del gobierno federal, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional alzamos la voz y pedimos porque exista un plan adecuado de vacunación, que muestren en un calendario aproximado que son capaces de llevar a buen puerto la vacunación de todas las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años a lo largo y ancho del país.
Oto punto por destacar es el incumplimiento del artículo 13, fracción IX, de la Ley General de Derechos de Niñas de Niños y Adolescentes, el cual señala el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Aunado a lo anterior, se tiene información en un reporte de la revista digital México Social, que las cifras de casos notificados para Covid-19 en México, de los casi 9.7 millones de casos totales, 620 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes y el comportamiento mostro un aumento brusco a partir de julio de 2020, correspondiente a la tercera ola, ligeramente más pronunciada entre menores de edad que entre la población en general.2
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) indicó que, de mil 613 casos registrados en junio de 2021 entre menores de 0 a 17 años, para julio de 201 aumentaron a 5 mil 373, un alza de 233 por ciento. A la primera quincena de agosto sumaban 4 mil 055 casos. Es importante destacar que Sipinna usa para su reporte sólo los casos confirmados por prueba de laboratorio.
La mayoría de los contagios ha sido entre adolescentes de 12 a 17 años, con 87 mil 378 casos. Además, 36 mil 534 niños de 6 a 11 años y 22 mil 381 menores de 6 años han resultado positivos al SARS-Cov2 y de acuerdo con un reporte,3 la fecha con más casos de Covid en menores de 6 años fue el 27 de julio de 2021, con 239 contagios. El 26 de julio fue el día con más niños y adolescentes con coronavirus: 451 de 6 a 11 años y mil 8 adolescentes de 12 a 17 años.4
Lo anterior significa que el número de casos positivos en menores de 18 años se incrementó a niveles sin precedentes a finales de julio de este año, tal como lo muestran las siguientes gráficas:
Como se observa en las gráficas, la letalidad entre la población de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad va en incremento y es importante tomar las acciones necesarias, para todo el conjunto de la población y no solo a la población en estado de comorbilidad o morbilidad asociada se apliquen las vacunas como prevención del Covid-19, sino también a las niñas, niños y adolescentes en general, toda vez, que como se mencionó anteriormente, no están exentos de adquirir la infección a causa del Covid-19.
Por lo expuesto se plantea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a dar a conocer públicamente un plan programado y un calendario con la oportuna fecha estimada para la vacunación de todas las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, con un criterio global de inclusión y no discriminación cumpliendo oportunamente con los artículos citados de la Ley General de Salud, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Carta Magna.
Referencias y citas
1 https://www.gob.mx/salud/prensa/402-en-octubre-inicia-vacunacion-contra -covid-19-para-ninas-ninos-y-adolescentes-con-enfermedades-cronicas
2 https://www.mexicosocial.org/una-oleada-de-covid-19-no-tan-pequena/
3 https://serendipidina.digital/
4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/contagios-de-covid-se-aceleran-23 3-en-ninos-sipinna-de-1613-casos-en-junio-a-5373-en-julio
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputada Sonia Rocha Acosta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la Ssa a modificar sus parámetros de ingreso en el servicio social y prácticas profesionales para evitar los recintos hospitalarios de zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numerales 1 y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo tomado en cuenta las siguientes:
Consideraciones
Dentro de la gran variedad de temas que forman parte de la agenda educativa nacional de las instituciones a nivel superior, se encuentra el servicio social, que puede ser visto como un reflejo de la vinculación entre las universidades con la sociedad, en donde con la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera que se curse, este proceso social atiende una problemática nacional.
El servicio social ofrece la oportunidad a las y los estudiantes de consolidar el aprendizaje y la formación que las y los estudiantes han desarrollado a lo largo de su proceso educativo, al mismo tiempo que les permite obtener experiencia profesional y forja en gran medida sus valores.
Con apego al Reglamento General de Servicio Social de la UNAM, el servicio social se define como: “aquella actividad práctica realizada en forma temporal y obligatoria, previo a la obtención del título profesional, es decir, es una acción desempeñada por el alumno o pasante para extender a la sociedad los beneficios de la formación científica, humanística, tecnológica y cultural que ha recibido.
El servicio social reviste especial importancia en la medida en que se manifiesta como una fase de la formación académica, cuyo objetivo es articular el ejercicio de la profesión con el desarrollo social y con el mercado laboral, sin duda tiene una connotación ética y moral que se relaciona con un espíritu solidario”1
Planteamiento del Problema
El problema de la delincuencia y los conflictos armados dentro de todo el país es algo que se lleva dando durante muchos años, especialmente por el mal manejo de los gobiernos pasado, la indiferencia o su colusión con los grupos delictivos que se han encargado de convertir al país en un campo de guerra.
Este problema ha desembocado en ya incontenibles denuncias de asesinatos, violaciones, asaltos, extorsiones y secuestros, los y las pasantes de medicina y enfermería que realizan su servicio social en diferentes partes del país continúan a merced del crimen organizado, sumado al tema de la Covid-19 que solo ha acrecentado el problema.
“El presidente del Colegio de la Profesión Médica (CPM) en el estado de San Luis Potosí dio a conocer que la intimidación y violencia contra los médicos y profesionales de la salud continúa a pesar de los esfuerzos de las autoridades gubernamentales y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), una condición que se ha maximizado debido al temor de los médicos para interponer alguna denuncia por el miedo a la represalias.
A finales del año pasado, la organización #YoSoyMédico17 dio a conocer que entre 2013 a 2017 se reportaron 26 médicos asesinados, 2 desapariciones y 71 amenazas a médicos, pasantes y enfermeras”.2
Basta con abrir un periódico o leer en las noticias de cualquier medio, para enterarse de que inocentes sufren los estragos de la delincuencia en todo el país; en este entendido, los estudiantes al hacer servicio social son algunos de los más afectados al estar sujetos a realizar sus labores en zonas con un alto índice de delincuencia y riesgo.
El problema que esto representa para los estudiantes de medicina y enfermería se ha extendido a tal punto de que entre ellos mismos han planteado las propuestas de reducción en la temporalidad del servicio social, el cambio de instituciones para realizar sus prácticas, y hasta se han planteado la posibilidad de cancelar este proceso tan importante en la culminación de su carrera.
“En la Encuesta Médica Nacional de Riesgo, realizada en 2015, el Colegio Médico de México señala que 7 de cada 10 médicos han sido víctimas de alguna agresión por el simple hecho de ser médicos. Sin embargo, sólo 4 de esos 7 se animaron a denunciar ante las autoridades lo que les había ocurrido.
El líder del movimiento ha mencionado que la violencia y los crímenes en contra de médicos, enfermeras y residentes continua en aumento en nuestro país. Asimismo explicó que, de los profesionales asesinados, 7 eran pasantes de medicina y residentes, mientras que los otros 19 eran médicos, enfermeros o especialistas”.3
Queda claro que este es un problema que no debe pasar desapercibido, los estudiantes y pasantes de las distintas carreras de salud, deben contar con las condiciones necesarias para formarse profesionalmente, debemos cuidar la vida de quienes algún día se encargaran de cuidar la nuestra.
No es posible que por obligación y requisito escolar tengan que luchar por “sobrevivir” en zonas de alto riesgo y con ello, crezca la incertidumbre de que llegaran a culminar sus prácticas profesionales a costa de arriesgar su seguridad.
Está en nuestras manos mejorar sus condiciones educativas y de vida. Compañeras y compañeros legisladores, por los argumentos anteriormente expuestos, someto a su consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud para que modifiquen sus parámetros de ingreso al servicio social y prácticas profesionales de las carreras enfocadas en la salud, con el fin de evitar los recintos hospitalarios que se encuentren en zonas de alto riesgo, especialmente en las que llevan a cabo conflictos armados.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las universidades de todo el país, incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, para evitar generar convenios de colaboración de practicantes y prestadores de servicio social, con hospitales que se encuentren en zonas de alto índice delictivo, esto derivado de la constante alza en los casos donde las y los estudiantes se ven perjudicados.
Notas
1 UNAM.MX. “El ABC del Servicio Social”. Disponible en: http://www.siients.unam.mx/serviciosocial/inicio.php?clave=ABCSS
2 Saludaría. “Pese al peligro, pasantes siguen realizando servicio social en zonas inseguras” Disponible en: https://www.saludiario.com/pese-al-peligro-pasantes-siguen-realizando-s ervicio-social-en-zonas-inseguras/
3 Colegio Médico de México. Encuesta Médica Nacional de Riesgo. Disponible en: https://www.saludiario.com/pese-al-peligro-pasantes-siguen-realizando-s ervicio-social-en-zonas-inseguras/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a generar por la SEP y el INEA un programa de apoyo para los municipios reconocidos por la UNESCO como “ciudades del aprendizaje”, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El crecimiento económico, el empleo, la urbanización, el cambio demográfico, los avances científicos y tecnológicos, la diversidad cultural y la necesidad de mantener la seguridad pública son sólo algunos de los desafíos para la sostenibilidad de las sociedades.
El aprendizaje a lo largo de toda la vida cobra mayor relevancia en el mundo actual, en el que se redefinen constantemente las convenciones sociales, económicas y políticas. La crisis global provocada por la diseminación del Covid-19 también ha puesto en evidencia la gran brecha que existe entre el conocimiento necesario y el conocimiento disponible, la insuficiencia de nuestros sistemas nacionales de salud, la artificialidad de nuestras fronteras pero, sobre todo, la necesidad de consolidar dentro de los sistemas educativos estructuras que permitan distribuir oportunidades de aprendizaje no formal e informal para preparar, constante, oportuna y rápidamente a toda la población no escolarizada.
El concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida no es un concepto nuevo; es un rasgo integral del desarrollo humano y está profundamente enraizado en todas las culturas y civilizaciones, es parte de la condición humana y que tiene lugar en múltiples contextos, tiempos y modalidades. Es decir, el aprendizaje es una parte integral de las personas, ya que comenzamos a aprender cuando nacemos y continuamos haciéndolo hasta el final de nuestras vidas. Esto implica que las escuelas deberían representar solamente una parte de todas las oportunidades para aprender, y que deberían considerarse políticas nacionales y locales para promover aprendizajes en múltiples contextos: con las familias, en comunidades, museos, parques, lugares de trabajo y bibliotecas.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo abandonarán la escuela, 495 millones de empleos se perderán y 4 mil millones de personas permanecen refugiadas en casa bajo condiciones de riesgo por violencia.1 En este panorama adverso, El Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres reafirmó que a nivel nacional se debe establecer las expectativas de atención a estas problemáticas, pero puntualizó que a nivel local debe darse la implementación, las ciudades deberán ser las organizaciones responsables de detectar cuáles son los aprendizajes más significativos para los ciudadanos y de crear oportunidades de aprendizaje alineadas a estas necesidades y desafíos.
Cabe señalar que las ciudades desempeñan una función por demás relevante en el cuidado de la salud; la educación ciudadana; el alfabetismo de información; la sensibilización social; la cooperación y tolerancia; los procesos de recalificación para el empleo; nuevas prácticas de convivencia, la adopción de nuevas tecnologías y la creación de oportunidades de aprendizaje no escolarizadas; además, su proximidad al ciudadano incrementa las posibilidades de cambiar el comportamiento de las poblaciones, permite la instrumentación de políticas articuladas entre diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad y, por tanto, las condiciones para la construcción de comunidades resilientes y democráticas.2
El Instituto para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida de la UNESCO UIL emprendió en 2013 la creación de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO (GNLC, por sus siglas en inglés: Global Network of Learning Cities) y desde entonces el número de ciudades miembro de la red ha aumentado hasta alcanzar un total de 254 ciudades activas procedentes de las cinco regiones de la UNESCO.
La GNLC de la UNESCO es una red internacional orientada a la formulación de políticas que ofrece inspiración, conocimientos técnicos y buenas prácticas a nivel local. Su misión es apoyar e impulsar la práctica del aprendizaje a lo largo de toda la vida en las comunidades del mundo mediante la promoción del diálogo de políticas y el aprendizaje entre iguales dentro de las ciudades miembro, el establecimiento de vínculos, el fomento de asociaciones, la creación de capacidades y la elaboración de instrumentos para alentar y reconocer los progresos en la creación de ciudades del aprendizaje.
Una ciudad del aprendizaje, de acuerdo con el UIL UNESCO es la que
Moviliza de un modo efectivo los recursos de todos los sectores para
La promoción de un aprendizaje inclusivo desde la educación básica a la superior;
La revitalización del aprendizaje en las familias y comunidades;
La facilitación del aprendizaje para y en el lugar de trabajo;
La ampliación del uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje;
La mejora de la calidad en el aprendizaje; y
El fomento de la cultura del aprendizaje.
Los municipios inscritos en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO deben demostrar y comprometerse a cumplir las características fundamentales de las ciudades del aprendizaje descritas, atender los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular el 4 y el 11, y reconocer al aprendizaje a lo largo de toda la vida como la vía clave para enfrentar los desafíos de un desarrollo urbano acelerado. Esto implica un compromiso de largo plazo, que debe trascender los cambios de administración y asegurar la continuidad de las políticas y programas.
México se ha convertido en el punto de referencia en Latinoamérica en el diseño e implementación de políticas locales de aprendizaje permanente, ya actualmente se cuenta con 7 municipios mexicanos inscritos en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, producto del fuerte compromiso multisectorial para brindar oportunidades de aprendizaje formal, no formal e informal a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
La Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre de 2019, en su Artículo 5 reconoce la contribución del aprendizaje al desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. Así mismo en su Artículo 35 estipula que el Sistema Educativo Nacional se organizará en distintos tipos (formal y no formal), niveles (obligatoria, superior y adultos), modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta) y opciones educativas.
Establece también en el artículo 70 que la educación para personas adultas será considerada una educación a lo largo de la vida y está destinada a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social. Posteriormente en su Artículo 80, estipula que el Estado ofrecerá servicios de orientación educativa y de trabajo social a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida para su desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades.3
Si bien México enfrenta importantes retos (fragmentación social, normalización de la violencia, brechas en aprendizajes esenciales, desigualdad, deserción escolar, etcétera), la pandemia por Covid-19 exacerbó estos desafíos. La complejidad y la incertidumbre de como retomar la normalidad exige poblaciones adaptables, resilientes, abiertas al cambio y al aprendizaje constante. Adaptarse a las nuevas condiciones sociales requerirá generar y fortalecer las estrategias y programas articulados a nivel local que promuevan el aprendizaje bajo las modalidades no formales e informales. Por una paradoja poco frecuente, en medio de esta crisis la demanda por educación no formal ha rebasado la de la educación formal por lo que los esfuerzos públicos no sólo deberán enfocarse en el reinicio de actividades del sistema de educación formal escolarizado, sino desarrollar programas flexibles de aprendizaje que incluyan a toda la población, principalmente a grupos vulnerables y en situación de marginación.
En este contexto sin precedente, reconociendo el papel del país en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO y la relevancia de la preservación de estas designaciones internacionales para los estados y las ciudades integrantes; el efecto directo del aprendizaje permanente en las condiciones de vida de la población particularmente vulnerable y para contribuir en el cumplimiento de lo plasmado en la Ley General de Educación, sometemos el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de esta soberanía, con el siguiente resolutivo:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a generar en el ámbito de sus atribuciones un programa de apoyo con recursos concursables para los municipios reconocidos por la UNESCO como ciudades del aprendizaje, con el objetivo de preservar la características fundamentales y dar cumplimiento a los compromisos que les permitieron obtener su inscripción a la red mundial de la UNESCO para progresivamente garantizar el derecho universal a la educación, así como consolidar a México como referente internacional en materia de aprendizaje a lo largo de la vida.
Notas
1 UNESCO (2020) Recuperado de: https://es.unesco.org/news/secretario-general-naciones-unidas-advierte- que-se-avecina-catastrofe-educacion-y-cita
2 Raúl Valdés Cotera, Sergio Cárdenas Denham (2020). Recuperado de https://educacion.nexos.com.mx/?p=2262
3 Ley General de Educación. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Guanajuato a ejecutar ajustes razonables en materia de accesibilidad y diseño universal para que las personas con discapacidad gocen de desarrollo integral y vida independiente, a cargo del diputado Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Pedro David Ortega Fonseca , integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Estado mexicano adquirió un fuerte compromiso con los derechos humanos a partir de la reforma constitucional del año 2011,1 estas transformaciones jurídicas no solamente involucran al cumplimiento de obligaciones por parte del Estado, sino que es una apuesta cultural por el respeto a la dignidad humana.
Es así que, de acuerdo a dicha reforma, en su último párrafo del artículo primero constitucional, señala en términos generales que queda prohibida todo tipo de discriminación, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por lo que es fundamental focalizar cada una de las acciones del Estado mexicano, para los grupos que históricamente han sido discriminados y vulnerados, como lo han sido las personas con discapacidad.
De acuerdo con el artículo 4o., numeral 1, inciso a, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,2 hace alusión que los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, mismo que fue firmado por el Estado mexicano el 30 de marzo del año 2007.
Es por ello, que este instrumento puntualiza que la discapacidad no es la limitante, sino son las mismas barreras del entorno social, de tal manera, que existe una necesidad y una obligación para hacer la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad.
Ahora bien, dicha Convención, en su artículo 9o., específica la importancia de la participación plena de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, es por ello, fundamental adoptar las medidas pertinentes como asegurar el acceso en el entorno físico, las comunicaciones, los edificios, las vías públicas y el transporte.
Por lo anterior, en el estado de Guanajuato, de acuerdo con el censo población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 935 mil 673 personas con discapacidad, las cuales han sido olvidadas, excluidas y vulneradas en el acceso a sus derechos humanos por parte de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, debido a que ha sido omisa en no planear, programar y ejecutar eficientemente la infraestructura de calidad e innovadora para una movilidad y conectividad segura e incluyente, como lo señala en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; la cual, ha obstaculizado el desarrollo de una vida integral de las personas con discapacidad.
Existe una necesidad de que se realicen los ajustes razonables en materia de accesibilidad y diseño universal en todos los espacios públicos, ya que no hay datos o informes ni evidencia física que permitan visibilizar la existencia de entornos físicos, edificios, vías públicas y de transporte accesibles y con diseño universal para que las personas con discapacidad gocen y disfruten del acceso a sus derechos humanos y tengan una vida independiente en el estado de Guanajuato.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato para que realice y establezca los ajustes razonables en materia de accesibilidad y diseño universal, a efecto que las personas con discapacidad gocen de una participación plena y efectiva en la sociedad y se mitigue la discriminación estructural.
Notas
1 La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual, Primera edición, enero de 2014, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.
2 [1]Instrumento internacional adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, aprobado por el Senado de la República el 27 de septiembre de 2007 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de octubre de 2007. Entró en vigor, tanto en el ámbito internacional como para el Estado Mexicano el 3 de mayo de 2008, previa su ratificación del 17 de diciembre de 2007 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación del 2 de mayo de 2008
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputado Pedro David Ortega Fonseca (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y diversas autoridades de salud a garantizar la entrega de insumos, equipo y medicamentos para atender a los pacientes en los hospitales, a cargo de la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Mónica Becerra Moreno y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Ssa a garantizar con los titulares del IMSS, el Insabi y el ISSSTE la entrega de insumos, equipo y medicamentos para una adecuada atención de los pacientes en los hospitales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, toda persona tiene derecho a la salud. Así lo prevé el artículo 4o. de la Constitución, que a la letra dice: “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
Sin embargo, desde 2018 se han reducido el presupuesto para dicho sector, provocando con eso una disminución en el personal médico, en los insumos, en los medicamentos y en los diversos tratamientos para darle continuidad a enfermedades como el cáncer o la diabetes. La escasez en los dispositivos y las diversas fallas en la administración han provocado una crisis en el sistema de salud, afectando a diversos grupos vulnerables.
La pandemia fue otro de los factores que afectó considerablemente la situación que ya venía en declive desde meses previos, entre los años de 2019 y 2021 se han reportado 6 mil 413 denuncias que se hicieron públicas y fueron en 30 Estados del país.
El colectivo Cero Desabasto, en el último informe sobre reportes del segundo cuatrimestre del 2021 (Segundo cuatrimestre de 2021, Mapeo del desabasto de medicamentos en México, septiembre de 2021, Ciudad de México) menciona que sólo en este periodo se recabaron mil 823 reportes, la cifra más alta en todos los años desde su creación. La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos reportados, seguido del Estado de México, Jalisco y Michoacán; por su lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social ocupa la primera posición, con 54 por ciento de los reportes, seguido por el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, con 21; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con 14; y el restante 11 por ciento se distribuye en los demás servicios estatales de salud.
Con los datos anteriores podemos percatarnos que efectivamente existe una irregularidad en la administración y en la entrega de insumos, poniendo en riesgo la salud de miles de mexicanos.
La crisis que está sufriendo el sistema de salud va en crecimiento y afecta no sólo a los pacientes, lamentablemente las condiciones de trabajo en las que se encuentra el personal médico son cada vez más precarias, tienen que modificar las cantidades, los medicamentos y los tratamientos para que los pacientes no sufran, además de que no cuentan con las protecciones indispensables para su propia protección y diariamente se enfrentan a riesgos de contagio en el que ponen en riesgo su vida.
Los reportes más recurrentes van enfocados en la falta de medicamentos, vacunas o material en las Instituciones, sin embargo, las instalaciones también se encuentran en un pésimo estado, no se les ha podido dar el mantenimiento adecuado. La falta de camas, de sanitarios o de los servicios básicos como el agua y la luz también forman parte de los reportes.
Durante el tiempo en el que se ha encontrado presente la pandemia, los médicos han sido uno de los grupos más vulnerables, y también han sido de los grupos que menos atención les ha brindado el gobierno federal, es necesario que cuenten con los elementos indispensables para combatir las enfermedades y que, en conjunto con las Instituciones de Salud puedan garantizar la salud y la vida de las personas.
Por otro lado, y a fin de garantizar el derecho a la salud de todas las personas, sin importar que se encuentran impedidos por un tema de traslado, las Instituciones de salud optaron por realizar el programa de “Atención médica domiciliaria” en el cual se proporciona a los derechohabientes que están imposibilitados, física o psíquicamente, contar con una consulta médica. En este caso, los doctores realizaban traslados a las casas de los pacientes y los atendían sin problema, sin embargo, a partir de la pandemia el programa fue suspendido con la justificación que era para evitar mayor contagio, pero con el paso de los meses el programa sigue sin funcionar, pero ahora es debido a que los hospitales les han indicado a los médicos que ya no se cuenta con el presupuesto para solventar los gastos de dichas consultas, dejando en vulnerabilidad a los pacientes imposibilitados para asistir a los hospitales.
Por lo descrito y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, para que con el maestro Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, el licenciado Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, y el licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, garanticen la entrega de insumos, equipo y medicamentos a todos los hospitales y las clínicas del país para que los tratamientos y las consultas puedan llevarse de manera adecuada y en tiempo.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela; y de Hacienda y Crédito Público a realizar la entrega oportuna del presupuesto a los institutos de salud, a fin de garantizar los tratamientos y las consultas médicas en todos los hospitales y las clínicas del país.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela; al maestro Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social; al licenciado Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar; y al licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realicen los estudios correspondientes y el programa Atención Médica Domiciliaria pueda continuar y se llegue a más comunidades del país, beneficiando a los grupos vulnerables, garantizado el derecho a la salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputada Mónica Becerra Moreno (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Morelos a llevar a cabo acciones para atender y dar seguimiento a la irregularidad de los asentamientos humanos existentes, a cargo del diputado Jorge Alberto Barrera Toledo, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Jorge Alberto Barrera Toledo , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos para que se lleven a cabo las acciones necesarias para atender y dar seguimiento a la irregularización de los asentamientos humanos existentes , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En el país cada vez son más las zonas que presentan el fenómeno de asentamientos humanos irregulares, situación que ha existido durante décadas y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cada año más de 90 mil familias se establecen en espacios irregulares,1 lo que se traduce en una aceleración desordenada en el crecimiento urbano que, de igual forma, origina un encapsulamiento que deteriora la calidad de vida de la ciudadanía. Es evidente que esta problemática ha sido rebasada por los gobiernos.
Para dilucidar la presente propuesta es importante tener claro el significado del ordenamiento territorial de asentamientos humanos, tal como se establece en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el artículo 3, fracción XXVI, el cual a la letra señala:
“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. a XXV. ...
XXVI. Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: el ordenamiento territorial es una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental;
XXVII. ...”
Con base en lo antes señalado, podemos darnos cuenta que en la mayoría de los casos no se lleva a cabo oportunamente tal ordenamiento, ya que, si bien es cierto, en cada estado existen programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, como es el caso del estado de Morelos, donde la Secretaría de Desarrollo Sustentable es quien se encarga de ejecutar dichos programas, sin embargo, a todas luces es evidente que no se cumple con la “ocupación y utilización racional del territorio”,2 porque día a día se sigue dando la venta de lotes irregulares de los cuales, muchas veces se hacen acreedores personas de bajos recursos por los precios asequibles que les ofrecen en comparación con aquellos asentamientos registrados y legalizados que cuentan con mayores servicios y certeza jurídica, es decir un título de propiedad.
Asimismo, es importante recordar que, al existir la irregularidad de asentamientos, también se origina un cambio al uso de suelo, debido a que este tipo de lotes pueden presentarse en barrancas, campos agrícolas, zonas ecológicas que posteriormente repercuten con un desequilibrio ambiental y, al mismo tiempo, se vuelven zonas de riesgo donde, desafortunadamente, muchas veces surgen tragedias debido a los desastres naturales que acaban con la vida de quienes menos tienen.
Como lo sucedido el pasado 10 de septiembre en la colonia Lázaro Cárdenas, Tercera Sección, del municipio de Tlalnepantla, estado de México, donde el cerro del Chiquihuite se desgajó, desprendiendo toneladas de piedras que sepultaron varias viviendas y, donde lamentablemente, perdió la vida una persona.3
De igual manera, otro desafortunado derrumbe ocurrido el pasado 28 de septiembre del presente año, en la colonia Vista Hermosa del municipio de Jiutepec, Morelos, donde ocurrió el desgajamiento de un cerro y, por lo cual, las familias tuvieron que desalojar la zona donde dicha colonia, años atrás, se asentó de forma irregular.4
En ambos casos, las familias se negaban a dejar sus hogares por el miedo a perder su único patrimonio pero la reubicación fue obligatoria.
Los sucesos antes mencionados son solo algunos de los muchos que ocurren todos los años debido a los asentamientos humanos irregulares en lugares que no son aptos para una vivienda adecuada, ya que, además, la mayoría de las veces, las familias que viven en estas zonas carecen de los servicios básicos como luz, agua, seguridad, salud, entre otros. En estos casos, o no se cuenta con todos los servicios o es probable que estos servicios hayan sido instalados para un número determinado de personas y se vuelve complicado para los municipios poder dotar de redes de infraestructura necesarias, así como de tener una base de datos y un control que les permita hacer un reordenamiento.
Es cierto que es una tarea titánica y que el gobierno del estado ha llevado a cabo ciertas gestiones para hacer entrega de escrituras en algunas colonias, pero sigue siendo insuficiente y, sin duda alguna, se debe continuar trabajando para darle seguimiento a todas las peticiones de habitantes que por muchos años han anhelado esta oportunidad de regularizar; además, por seguridad de todas y todos es urgente estudiar el uso de suelo y verificar la zona de posible riesgo donde muchos de estos lotes se encuentran establecidos.
En ese sentido, con la responsabilidad que tenemos como autoridades no podemos ser omisos ante esta situación y se debe buscar facilitar el trámite de la regularización de los asentamientos para que la gente no viva con la incertidumbre de no contar con un título de propiedad que les brinde la certeza de tener un patrimonio asegurado.
Por tal motivo, como legislador del estado de Morelos, para mí es de gran importancia no dejar a nadie atrás y no desproteger a las personas que por falta de recursos o por engaños, adquieren lotes en zonas irregulares; motivo por el cual, respetuosamente, exhorto al gobierno del estado de Morelos para que, con base en lo señalado en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, actué vertiginosamente, en especifico respecto a lo señalado en el artículo 10, fracción XI, el cual a la letra versa:
“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas:
I. a X. ...
XI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los programas de Desarrollo Urbano, de conurbaciones y zonas metropolitanas incluyendo el enfoque de género y el marco de los derechos humanos;
XII. ...
...”
En esa misma tesitura, se debe reforzar el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal para mitigar los riesgos de estos asentamientos y ejecutar una correcta planeación territorial sostenible que permita el acceso a mejores condiciones de vida, así como impulsar y promover la ejecución de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.
Finalmente, además de evitar riesgos y dar certeza jurídica, con la regularización de los asentamientos se busca combatir el rezago, la marginación y desigualdad social y con ello consolidarse dentro del continuo y acelerado desarrollo urbano, que, por igual, permitirá un avance en el ámbito económico.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Morelos para que se lleven a cabo las acciones necesarias para atender y dar seguimiento a la irregularización de los asentamientos humanos existentes.
Notas
1 https://www.gob.mx/sedatu/prensa/
sedatu-e-insus-otorgaran-certeza-juridica-sobre-su-vivienda-a-36-mil-familias-en-2020?idiom=es
2 Artículo 3, fracción XXVI de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
3 https://politica.expansion.mx/estados/2021/09/10/el-cerro-del-chiquihuite-se-desgaja-en-tlalnepantla-y-sepulta-viviendas
4 https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/
se-desgaja-el-cerro-de-la-colonia-vista-hermosa-en-jiutepec-7267865.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputado Jorge Alberto Barrera Toledo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Veracruz y el Instituto Metropolitano del Agua de la entidad a gestionar que 1 por ciento del pago de servicios ambientales se destine a la reforestación y conservación del Pico de Orizaba, a cargo de la diputada Rosa Hernández Espejo, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Rosa Hernández Espejo , diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al honorable ayuntamiento de Veracruz y al Instituto Metropolitano del Agua de Veracruz a gestionar que el 1 por ciento por concepto de pago de servicios ambientales se destine a la reforestación y conservación del Pico de Orizaba , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El volcán pico de Orizaba, denominado “la gran fábrica de agua”, es el inicio de la cuenca hidrológica Jamapa-Cotaxtla en el estado de Veracruz, de la cual se abastecen todos los pobladores de la cuenca, incluyendo la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Medellín. Sin embargo, esta región durante las décadas de la política neoliberal de extracción de recursos naturales y generación de desechos contaminantes, aunado a la tala ilegal, incendios forestales, saqueo de especies nativas y cambio climático, es que se fue deteriorando esta importante región ambiental, en consecuencia, generando una grave pérdida de volumen de agua del río Jamapa, que es la máxima fuente de abastecimiento hídrico de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Medellín.1
Se han buscado mecanismos para mejorar el ciclo de agua y garantizar con ello el derecho humano consagrado en la Constitución, de ahí que, a partir del 2009, mediante una gran suma de voluntades, paulatinamente se comenzó a destinar el porcentaje del 1 por ciento de la tarifa de agua que pagaban los usuarios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, en favor del Pico de Orizaba y zonas aledañas.2
Se denominó bajo el concepto de “pago de servicios ambientales”3 que recaudaba el prestador del servicio denominado Sistema de Agua Saneamiento (SAS), los cuales se redirigían mediante un convenio de colaboración, a la asociación civil Fondo Ambiental Pico de Orizaba, integrada por activistas, académicos y empresarios con verdadero sentido de responsabilidad social, que estaban acompañados y asesorados por la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional del Agua, y universidades públicas, para la ejecución de un programa de conservación de flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, en colaboración con los pobladores de la zona a los cuáles se les daba empleo, mejorando con ello el tejido social.
Lamentablemente, por la corrupción de los gobiernos municipales gobernados por el PRI y el PAN, y la posterior extinción del SAS de Veracruz, Boca del Río y Medellín realizada por funcionarios corruptos e incompetentes, se privatizó el sistema de distribución de agua potable y el saneamiento en estos municipios, por lo que se dejó de destinar este recurso ambiental para la zona del Pico de Orizaba.
Sin embargo, este concepto de “pago de servicios ambientales” se sigue cobrando a la población en sus recibos de agua por parte de la empresa Grupo MAS, sin que a la fecha se haya firmado un nuevo convenio para la ejecución del mismo, además, este recurso de más de un millón ochocientos mil pesos anuales se lo queda el Instituto Metropolitano del Agua,4 ente público del municipio de Veracruz y Medellín, regulador de la concesión, el cual tampoco ha destinado el recurso al rubro originalmente pactado. Es decir, se cobra a la población el servicio ambiental pero este dinero no se ejerce para lo que fue creado. La consecuencia de esto es una grave falta de agua potable para la población de esta zona conurbada año con año.
Por lo anterior, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al honorable ayuntamiento de Veracruz y al Instituto Metropolitano del Agua, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con la concesionaria Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, se firme un nuevo convenio de colaboración con los organismos de la sociedad civil del Pico de Orizaba y con la Comisión Nacional Forestal, para destinar el 1 por ciento por concepto de pago por servicios ambientales para la reforestación y conservación del Pico de Orizaba, con el objeto de que se garantice el derecho humano al agua para la población que se beneficia de la cuenca Jamapa-Cotaxtla.
Notas
1 “Programa de manejo: Parque Nacional El Pico de Orizaba”. Semarnat. 2015. Fuente:
https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/ve racruz/DR_3008.pdf
2 “Integración del SAS Metropolitano”. Salvemos al Pico de Orizaba. Fuente: http://salvemosalpicodeorizaba.org/inicio.html
3 ”Servicios Ambientales y Cambio Climático”. Conafor. 2010. Fuente:
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/5/
2290Servicios%20Ambientales%20y%20Cambio%20Clim%C3%A1tico.pdf
4 “Perdieron vigencia convenios para reforestar Pico de Orizaba: Instituto Metropolitano del Agua”. Avc Noticias. 26 de abril de 2021. Fuente:
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/314837/
perdieron-vigencia-convenios-para-reforestar-el-picode-orizaba-instituto-metropolitano-del-agua.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputada Rosa Hernández Espejo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a atender la reparación del ducto de gas en el complejo petroquímico Pajaritos, en la zona industrial de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Flora Tania Cruz Santos , diputada de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Exposición de Motivos
El pasado 20 de abril del presente año, alrededor de las tres de la tarde hubo una explosión1 en una línea subterránea de alta presión aledaña al Complejo Petroquímico Pajaritos, línea que pasa por las avenidas 4 y 7 del mencionado complejo, la cual causó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia, derivado de que el fuego proveniente de dicho ducto era demasiado intenso, hecho por el cual las plantas petroquímicas Industria Química del Istmo (Iquisa), el Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM)2 y de Pemex aplicaron los protocolos (Código 3)3 de emergencia y evacuación a causa de la explosión.
En un principio se dio a conocer que la explosión se había originado en uno de los ductos de la planta Iquisa, por ello se llevó a cabo la evacuación de los trabajadores de las diferentes empresas que laboran y se colocaron en el centro de reunión que se encuentra ubicado a escasos metros de las vías del tren y de la vía de comunicación del sector industrial.
Sin embargo, a escasos metros de la entrada principal de la planta, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzó a realizar el cierre de algunas avenidas para evitar poner en riesgo a los miles de trabajadores del sector, por el inminente riesgo que representaba dicha explosión y el incendio provocado.
Cabe señalar que este es el segundo siniestro que se registra en la zona industrial de Coatzacoalcos, toda vez que minutos antes, el complejo Morelos se quedó sin energía eléctrica tras la falla de un turbogenerador de corriente.4
Sin duda, ambos hechos pusieron en alerta a la población, sobre todo, porque ocurre en el quinto aniversario de la explosión de la planta Clorados III en Pajaritos, que dejó 32 muertos y decenas de lesionados.
En punto de las 17:00 horas, se confirmó que el siniestro fue sofocado al ciento por ciento y solo se concentraron en el enfriamiento de la zona. Sin embargo de forma provisional y temporal se estableció un ducto que invade y obstaculiza la circulación por las avenidas 4 y 7 del Complejo Industrial Pajaritos, algo que representa un gran riesgo para los trabajadores que transitan por estas avenidas diariamente.
Atendiendo a las políticas de seguridad, salud y protección ambiental y enfocados al análisis de riesgos, no se deben perder los objetivos en cuanto a que todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir o disminuir. El objetivo es establecer los elementos y acciones necesarios para organizar la seguridad en los procesos después de ocurrido un incidente como el del complejo petroquímico Pajaritos, en la zona industrial de Coatzacoalcos, Veracruz, a fin de prevenir accidentes mayores y proteger de daños a los trabajadores e instalaciones de los centros de trabajo.
Lo anterior, sin menoscabo de las acciones para la reparación final del ducto afectado sean notificadas a las instancias de protección civil y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que dentro de sus atribuciones y coordinación con las autoridades le corresponda.
Ante tal incidente, y como diputada federal del Distrito 11 y ciudadana oriunda de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, estoy comprometida a realizar las acciones necesarias para promover y preservar todas las acciones necesarias a fin de dar certeza jurídica y medidas de seguridad para preservar la integridad de las y los trabajadores que transitan y acuden a la zona diariamente.
Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a dar solución final a la reparación del ducto de gas en el Complejo Petroquímico Pajaritos, en la zona industrial de Coatzacoalcos, Veracruz.
Segundo. Se notifique de las acciones a realizar por parte de Pemex a las instancias estatales y municipales de Protección Civil y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que realicen a lo que sus facultades correspondan.
Notas
1 https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-20/estado/
incendio-en-complejo-pajaritos-tras-explosion-de-ducto-de-gas-natural
2 https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/clam-realizo-el-primer-simulacr o-mayor-virtual-en-coatzacoalcos/50048884
3 El) Código 3 en las empresas socias del CLAM significa que los recursos ya no son los adecuados para atender una emergencia local y que necesita la presencia de todas las empresas asociadas en el CLAM, además de que significa que ya hay una afectación a la comunidad.
4 https://www.eluniversal.com.mx/estados/
tras-falla-electrica-sale-de-operacion-complejo-petroquimico-morelos-en-veracruz
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Diputada Flora Tania Cruz Santos (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PRI
“En el escenario de la historia contemporánea, la Revolución ocupa un sitio de honor”.1
Han pasado más de 60 años desde que el expresidente mexiquense Adolfo López Mateos acuñara esta frase, que aún sigue vigente, pues no se puede entender el México contemporáneo sin la gesta revolucionaria.
El México que conocemos, el de las instituciones, la infraestructura y los derechos sociales no hubiera sido posible sin la Revolución, sin ideales como “Tierra y Libertad” o “La tierra es de quien la trabaja” del general Emiliano Zapata.
Este movimiento no solo fue una lucha armada, sino que también contribuyó al perfeccionamiento de la República que se comenzó a gestar con la Independencia, trayendo consigo muchos cambios, destacando los relacionados con derechos sociales, educativos, agrarios y laborales; pero, sin duda, fue nuestra Carta Magna el principal resultado que consagró y dio respuesta a los grandes desafíos nacionales de principios del siglo XX.
La Revolución Mexicana constituye una gran hazaña y a 111 años de su inicio podemos afirmar que es la gran obra de la sociedad mexicana, en la que se reivindicaron los derechos sociales, sin quebrantar las garantías fundamentales de los mexicanos.
Hoy debemos reflexionar sobre el camino que hemos recorrido, cuáles son los avances, pero, sobre todo, cuál es el país que queremos no sólo para nosotros, sino para las próximas generaciones.
Compañeras, compañeros diputados: La Revolución Mexicana fue un movimiento que sentó las bases institucionales del México moderno, que movió conciencias y unió voluntades para cambiar la realidad del país.
Hoy por hoy, las ideas revolucionarias se plasman en principios como igualdad, justicia, equidad y libertad, que debemos defender con firmeza y convicción.
Como integrante del Partido Revolucionario Institucional es un orgullo coincidir con esos postulados, que más allá de ideas retóricas, sustentan la convivencia civilizada en una sociedad marcada por la pluralidad.
Debemos de continuar trabajando y legislando por un México que camine con certeza y estabilidad. Necesitamos seguir luchando en contra de la pobreza, la exclusión y la polarización; pero también por el desarrollo, la democracia y las instituciones que le dan soporte.
Honremos este legado, recordando las palabras de don Octavio Paz cuando afirmaba que “las revoluciones del siglo XX fueron y son, justamente, el semillero de las democracias”.
Nota
1 Adolfo López Mateos. El Itinerario de la razón y la elocuencia. Instituto Mexiquense de Cultura. 1994.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Atentamente
Diputado Miguel Sámano Peralta (rúbrica)
Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
El Día Mundial de la Diabetes se considera como un día en donde se debe hacer conciencia sobre esta enfermedad que afecta a la población a nivel mundial, por lo que, en 1991, la Federación Internacional de Diabetes pidió a la Organización Mundial de la Salud que se incorporara este día en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas, y a partir de 2007 se celebró este día para reflexionar y tomar medidas en contra de esta enfermedad.
Para conmemorar este día se propone que se dé una mayor información acerca de esta enfermedad por medio de programas de radio, televisión, actividades deportivas, campañas informativas, entre otras actividades.
Para este año el 2021, la Organización de las Naciones Unidas el tema es el “Acceso a la atención de la diabetes”, ya que después de 100 años del descubrimiento de la insulina millones de personas aún no pueden acceder a este medicamento que los diabéticos necesitan.
Esta enfermedad se divide en tipo 1, en donde los enfermos no sintetizan la insulina, el de tipo 2 donde el cuerpo no usa eficazmente la insulina y la diabetes gestacional, que se caracteriza por hiperglucemia que se detecta desde el embarazo.
Se considera que a nivel mundial existen 382 millones de personas con diabetes, en el caso de México es la segunda causa de muerte, en donde el 90 por ciento está relacionada con sobrepeso y obesidad, por lo que en esta fecha debemos hacer conscientes a la población sobre el cuidado del peso, la importancia de hacer ejercicio, el comer sanamente, evitar azucares saturadas y harinas procesadas para tener un mejor nivel de vida y prevenir enfermedades crónico degenerativas como lo es la diabetes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.
Atentamente
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Loading