Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 5919-V, jueves 2 de diciembre de 2021
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al ayuntamiento de Ecatepec y la Ssa mexiquense a instruir las medidas pertinentes para el tratamiento potable del agua utilizada en el Centro Médico Issemym, a cargo de la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Alma Delia Navarrete Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual, exhorta a H. Ayuntamiento del municipio de Ecatepec de Morelos para que a través de su organismo público desconcentrado SAPASE instruya e implemente las medidas sanitarias pertinentes para el mantenimiento y consumo de agua en el municipio de Ecatepec de Morelos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México ha logrado avanzar en materia de derechos humanos de manera progresiva, sustentando su compromiso desde diferentes acciones, y una de las más revolucionarias y reconocidas, ha sido la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que en el señala, artículo 25:
1.Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación , el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otro caso de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
En este sentido, se reconoce el derecho humano al agua en nuestra Carta Magna, la cual señala en el artículo 4, párrafo 6:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines ”.
Por último, en el artículo 115, fracción III, inciso a, se establece la facultad que tienen los municipios para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales ”.
Es así que se introduce la importancia de estos derechos tan básicos y vitales para el pleno desarrollo de toda persona. Sin embargo y dada la importancia del uso del recurso hídrico en todas las comunidades, es que resulta necesario señalar la problemática que día a día vive la población del municipio Ecatepec de Morelos, el cual radica en la insuficiencia del suministro de agua potable , en los hogares y diferentes comunidades del municipio.
Ante esta problemática, los centros de salud del municipio, concretamente ISSEMyM denunció ante la autoridad correspondiente los bajos parámetros de cloración con los que se está suministrando el agua en las áreas del centro de salud. Lo anterior preocupa, ya que el consumo o uso de este vital liquido en malas condiciones generará infecciones nosocomiales, que afectarán la salud de toda la población. Y un compromiso como Legisladora de esta LXV legislatura es velar por la salud de todas y todos los mexicanos.
Cabe señalar que existe la normatividad que vigila la calidad del agua. En este sentido, la NOM-127-SSA1-1994, establece que:
El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere establecer límites permisibles en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas.
Con el fin de asegurar y preservarla calidad del agua en los sistemas, hasta la entrega al consumidor, se debe someter a tratamientos de potabilización .
Ante estos hechos y en consecuencia de lo anterior, se presentaron diversas solicitudes, dirigidas al ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, para verificar que el suministro del agua fuera de calidad, y especialmente en el caso de los hospitales, ya que demanda los más altos parámetros de cloración para su uso. Sin embargo, es difícil concebir que el tratamiento de agua que se le otorga a los hospitales no es el suficiente, por lo tanto, el agua que es distribuida en su totalidad en el Municipio, no tiene las mejores condiciones para su uso y consumo, lo que generaría un daño a la salud de la población, entonces qué se puede esperar de las demás zonas a donde es distribuida el agua como; el hogar, escuelas, oficinas, etc...
A raíz de este cuestionamiento, se solicitó la toma de muestras de agua para su análisis y conocer si los parámetros de consumo eran los permisibles dentro de lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994.
En respuesta a estas solicitudes, se recibieron los informes emitidos por parte del área de jurisdicción de regulación sanitaria del Estado de México, manifestando su preocupación hacia los resultados encontrados en las pruebas del “agua potable” suministrada en los sistemas hídricos del municipio de Ecatepec de Morelos.
Dado que se detectaron residuos de coliformes fecales en los depósitos de agua. Esto indica la presencia potencial de bacterias causantes de enfermedades por el consumo de esta agua. De hecho, las bacterias coliformes generalmente persisten en el agua más tiempo que la mayoría de los organismos que causan otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, las bacterias coliformes fecales deben estar totalmente ausentes del agua potable. (Se adjunta oficio de informe bacteriológico )
Lo anterior es alarmante, es así que se requiere urgentemente la atención de las autoridades correspondientes para instruir las acciones y de ser necesario emitir las sanciones, por la deficiencia en el suministro de agua que es consumida y utilizada por los habitantes del municipio de Ecatepec de Morelos y especialmente por los centros hospitalarios. Poniendo en riesgo el cuidado de su salud y atentando contra sus derechos.
Lo anterior con fundamento y acorde con el artículo 4 antes señalado y la alineación internacional que adquiere el país en conjunción con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 64/292 reconoce:
Explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente
Punto de Acuerdo
Primero. - La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y a su organismo desconcentrado SAPASE para que se implementen las medidas y acciones necesarias para el saneamiento, cloración, distribución y suministro de agua suministrada en el centro médico ISSEMyM.
Segundo. - La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud del Estado de México que en el ámbito de sus atribuciones y facultades emita las acciones y medidas pertinentes para proteger el derecho humano al acceso salubre, aceptable y potable del agua.
Notas:
Declaración Universal de los Derechos Humanos
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of- human-rights
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
NOM-127-SSA1-1994
https://www.pediatria.gob.mx/archivos/burbuja/
13.4_NOM-127-SSA1-1994_Salud_Ambiental_Agua_limites_permisibles_de_calidad.pdf
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 64/292
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/6 4/292&Lang=S
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2021
Diputada Alma Delia Navarrete Rivera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y diversas autoridades a atender la problemática de la brecha salarial en la Liga Mx Femenil, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández , diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Nacional de las Mujeres a que, en uso de sus facultades y atribuciones, atiendan la problemática de la brecha salarial en la Liga MX Femenil , al tenor de las siguientes
Consideraciones
La participación de la mujer en la actividad económica es fundamental para el crecimiento de la economía de cualquier país, por ende, se debe siempre buscar generar las oportunidades y que se garantice la inclusión de las mexicanas en el mercado laboral con empleos bien remunerados y con igualdad de condiciones con los hombres.
Sobre todo en un contexto en el que muchas se han visto afectadas por el impacto de la pandemia y no solo han perdido su trabajo, sino que también han tenido que dedicarse aún más al cuidado de los hijos o de la familia. De acuerdo con el informe realizado por el Banco Mundial denominado “La Participación Laboral de la Mujer en México”,1 los datos no son nada alentadores.
Pero incluso antes de la pandemia, la participación laboral de las mujeres en México fue tan solo de 45 por ciento en 2019, comparado con 77 por ciento para los hombres, una brecha de 32 puntos porcentuales. De los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo Turquía e Italia tienen menor participación laboral de la mujer, y en América Latina y el Caribe, México está solo por encima de Guatemala. Si las mujeres participaran a la misma tasa que los hombres, el ingreso per cápita del país sería 22 por ciento más alto. Los bajos niveles de participación femenina en el trabajo remunerado y el espíritu empresarial representan una gran pérdida de productividad y, por lo tanto, una pérdida en el producto interno bruto (PIB).
Para ejemplificar la brecha es necesario comprender que la realización de funciones equivalentes, 77 por ciento de las mujeres labora más para ganar lo mismo que 27 por ciento de los varones, además de que en el país hay más del doble de desempleadas, respecto de ellos.
La población femenina tiene menos oportunidades, ya que frente a 18 por ciento de desocupadas –4.6 millones– existe ocho por ciento –2.9 millones– de hombres sin trabajo y 56 por ciento de ellas efectúa las tareas en casa, dedicando en promedio cerca de 48 horas a la semana a actividades domésticas, sin remuneración, frente a 19 horas de los hombres, lo cual refleja la desigualdad existente.
De acuerdo con datos del Coneval, en 2021 creció la brecha salarial, fue diferencia de 1.3 veces mayor el de los hombres a las mujeres. El ingreso laboral mensual de los hombres ocupados en el segundo trimestre fue de 4 mil 755.36 pesos; y el de las mujeres, de 3 mil 803.92 pesos.
La brecha no logra eliminarse y en este periodo la diferencia salarial fue de 951.45 pesos, 94.91 pesos mayor que la del primer trimestre del año, cuando fue de 856.54 pesos.
A continuación, se muestra la evolución del último año y medio en cuanto a la brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país.
Asimismo, entre el primer trimestre y el segundo trimestre de este año, el ingreso laboral real promedio de los hombres ocupados disminuyó 0.7 por ciento, mientras que el de las mujeres ocupadas presentó una mayor de 3.2 por ciento.
El futbol en nuestro país no está exentó de verse involucrado en temas donde la brecha salarial está presente, ya que los sueldos son extremadamente bajos para las mujeres. Mientras en la rama varonil existen sueldos que rondan los millones de dólares, en la rama femenil apenas los sueldos alcanzan para cubrir la canasta básica.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) llevó a cabo una investigación y de la cual dio a conocer los resultados de la misma el 23 de septiembre de 2021, de dicha investigación se generaron multas por 177.6 millones de pesos (unos 8.87 millones de dólares) a 17 clubes y a la Federación Mexicana de Futbol por fijar topes salariales a jugadoras y restricciones de movilidad laboral a jugadores, en una histórica sanción al futbol mexicano.
De acuerdo con la autoridad, tras la creación de la liga femenil en 2016, los clubes se coludieron para imponer techos en los sueldos de las jugadoras de entre 500 pesos (25 dólares) y 2 mil pesos mensuales (99.91 dólares). Las de sub-17 tendrían una ayuda para estudios y alimentación, pero no un salario. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) envió comunicados para “persuadir” a los clubes de adherirse a los topes y verificaba que los cumplieran, de acuerdo a la Cofece.
Esta práctica fue realizada por 15 de los 18 clubes de primera división que hay en México y no solo repercutió negativamente en su ingreso, sino también tuvo como consecuencia ampliar la brecha salarial entre mujeres y hombres, menciono la Cofece en un comunicado.
La brecha no solo tuvo consecuencias económicas, sino que también futbolísticas ya que hubo casos de jugadoras de la Liga MX Femenil que por los sueldos tuvieron que dejar momentáneamente sus carreras para incursionar en otros ámbitos, como fueron los casos de Norma Palafox, jugadora de Chivas, o Alondra González, del América, que participaron en el reallity show Exatlón en Estados Unidos. En el caso de ellas dos, regresaron a participar en la liga con las Tuzas del Pachuca y el Cruz Azul, pero también existen casos como el de Jennifer Muñoz, igual jugadora del club América, que acepto una oferta para formar parte de los medios de comunicación en Estados Unidos y dedicarse de lleno a esa faceta.
O el caso de Alicia Cervantes, que en 2018 era la goleadora del club Atlas y de la liga y que al no darle un aumento de sueldo (era de mil 500 pesos y solo alcanzaba para cubrir sus pasajes) terminó renunciando y tras estar trabajando en otros ámbitos, en 2019 las Rayadas, donde marcó 45 goles y fue campeona en el apertura 2019. A la larga, los sueldos bajos no solo afectan a las jugadoras, sino a los equipos, ya que tienen una fuga de talentos y eso también ha propiciado una disparidad en el nivel que se presenta entre todos los miembros de la liga.
Estos son solo algunos casos que se han conocido, porque eran jugadoras que ya contaban con un reconocimiento de la afición, en todos los equipos se presentan situaciones similares, pero tristemente no fueron de conocimiento público.
Como respuesta a la sanción de Cofece a los equipos de la liga y la Femexfut, estos respondieron que no apelarían ya que habían sido partícipes de la investigación y proporcionaron toda la información necesaria que les fue requerida para poder concluir de manera satisfactoria dicha investigación.
En ese comunicado la Federación2 manifiesta que, si bien eran ciertos los topes salariales, manifestaron que en la temporada 2018/2019 el acuerdo se modificó y los techos salariales se fijaron en 15 mil pesos (750 dólares), mientras que los apoyos en especie no podían exceder de 50 mil pesos por torneo, lo cual significa un avance, pero no detallan si los 18 clubes se adhirieron a este nuevo techo ni si proporcionaron información referente a si se les imparte asesoría legal a las jugadoras al momento de que firman algún vínculo contractual con alguno de los 18 equipos.
El portal Expansión Mujeres realizó una investigación denominada “La brecha salarial en el futbol femenil tiene a jugadoras cenando agua”,3 donde aborda la problemática de los paupérrimos sueldos, que son la razón de que existan casos como el de Balbina Treviño, ex portera de las Rayadas de Monterrey y de las Centellas del Necaxa, que junto con su pareja organizaba colectas de víveres para así poder apoyar a las jugadoras a tener una mejor alimentación y que su rendimiento en la cancha se viera afectado.
Balbi, como la conocen sus compañeras, cuenta con una licenciatura y dos maestrías; en su paso por el equipo femenil del Necaxa en 2019 (el tercer año de existencia de la Liga MX Femenil) percibía un sueldo de 3 mil 300 pesos. Al comentar con gente del club que si creían que era suficiente el sueldo para subsistir, le respondieron que existen personas que sí lo harán. Al firmar las jugadoras del Necaxa lo hacen sin ser beneficiarias de aguinaldo, sin prestaciones, sin bonos, sin acceso a la casa club ni apoyos alimenticios.
En dicho trabajo se indica que en realidad el tope salarial es de 8 mil pesos como mínimo, pero no ha sido aplicado por todos los equipos de la liga. Una fuente anónima que trabaja en el club Necaxa consultada durante la elaboración de la investigación, explicó que en orden de “cumplir con la demanda” liquidaron a las jugadoras para darles un contrato nuevo con un plazo de 24 horas para responder. Este nuevo contrato, a diferencia del contrato antiguo, dejó de reconocerlas como jugadoras profesionales para pasar a ser reconocidas como jugadoras en formación, y por esa razón sólo les pagarían 6 mil pesos.
La investigación antes mencionada contradice el comunicado de la Femexfut, por lo que es necesario que se brinde certeza jurídica a las agremiadas de la Liga MX para que no existan más jugadoras que tengan que dejar su carrera profesional para encontrar otro trabajo donde aspiren a tener una mejor calidad de vida y que no tengan que estar a expensas a que la gente se organice para apoyarlas con víveres o donativos económicos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la cámara de diputados, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a que informe a la opinión pública respecto a las acciones que ha llevado a cabo en materia de erradicación de la brecha salarial entre mujeres y hombres, asimismo, exhorta llevar a cabo acciones que permitan mejorar las condiciones laborales de las jugadoras de la Liga MX Femenil.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a brindar acompañamiento a las jugadoras de la Liga MX Femenil, con el objeto de erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres que se presenta en esta modalidad deportiva.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a que informe a la opinión pública si está realizando alguna investigación que comprenda el periodo 2019 al 2021 respecto a los topes salariales de las jugadoras de la Liga MX Femenil y de no ser así realice una nueva investigación para conocer si han dejado de realizarse dichas prácticas por parte de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres a que realice campañas de asesoramiento y acompañamiento a las jugadoras de la Liga MX Femenil, en razón de la violencia económica que enfrentan en el ámbito que se desempeñan.
Notas
1 https://www.bancomundial.org/es/region/lac/publication/la-participacion -de-la-mujer-en-el-mercado-laboral-en-mexico
2 https://fmf.mx/Noticia/23831
3 https://mujeres.expansion.mx/especiales/2021/10/13/brecha-salarial-suel do-futbol-femenil-mexico
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2021.
Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, la FGR y diversas autoridades estatales a implantar acciones afirmativas de paridad de género en la estructura y organización del sistema de justicia penal, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI
Sofia Carvajal Isunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión los presentes puntos de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El 5 de octubre de 2021, la organización civil México Evalúa, en colaboración con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y la Fundación Friedrich Naumann Stiftung publicaron la octava edición del reporte “Hallazgos” dedicado a evaluar el desempeño del sistema de justicia penal durante 2020. Lo novedoso de este análisis es que integraron como paramento de evaluación la equidad de género, a efectos de conocer las brechas de desigualdad estructural entre hombres y mujeres en ese sistema. Los datos arrojados por esta evaluación urgen a que el gobierno federal actúe en consecuencia, a continuación, compartiré algunos de los datos arrojados.
Primeramente, se documentó que en los espacios de toma de decisión de las instancias de justicia existe una fuerte preponderancia de los hombres, pues de las 32 fiscalías y procuradurías estatales únicamente cuatro de ellas son ocupadas por mujeres, representando sólo 12.5 por ciento de las instancias de justicia de los estados. En cuanto a las personas juzgadoras, los datos son similares, solo 5 de 33 Tribunales de Justicia son encabezados por mujeres. Estamos hablando de que son hombres quienes están investigando y juzgando todos los asuntos, de ahí la ausencia de la perspectiva de género en las investigaciones y juicios penales. Para reforzar esta tesis, se encontró que 58.4 por ciento del personal que labora en los juzgados son hombres, caso muy similar al de la Fiscalía General de la República, donde 56.9 por ciento del personal corresponde a hombres.
En segundo término, este documento también arrojó datos sobre el Presupuesto sensible al género, de acuerdo con la publicación de los 8 programas en los que se distribuye el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), ninguno de ellos se enfoca en atender la desigualdad de género; por lo que la aparente neutralidad respecto al género de los presupuestos públicos mantiene las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, ya que no se dirigen específicamente a la atención de las brechas de desigualdad de género existentes, por ejemplo, en la distribución de salarios.
En las procuradurías y fiscalías del país, las mujeres ocupan en mayor medida (58 por ciento) los puestos con un ingreso mensual de hasta 5,000 pesos. Sin embargo, esta proporción cambia conforme los ingresos se elevan, a partir de un ingreso de 15,000 pesos o más, el porcentaje de mujeres se reduce a menos del 45 por ciento, y llega a sólo un 22 por ciento en los puestos con ingresos de más $70,000 pesos.
En un tercer punto, el trabajo de investigación demostró brechas en la división sexual del trabajo, pues encontró que los puestos de toma de decisiones son ocupados en su mayoría por hombres, mientras las mujeres ocupan en su mayoría puestos administrativos o de apoyo. Este tipo de división es un factor característico de las organizaciones “generizadas”. Encuentra su base en la asociación de las mujeres con labores de servicio, cuidado de otras personas y tareas administrativas, y la ubicación de los hombres en mayor medida en puestos en los que las destrezas físicas son requeridas o el conocimiento de ciencias exactas. Una muestra elocuente de esta división sexual del trabajo: los servicios periciales de las fiscalías del país se integran en un 54 por ciento por hombres, y las policías de investigación se conforman en un 82 por ciento por ellos, como se observa en la Gráfica 73. Esta división se verifica en las mismas proporciones en los órganos jurisdiccionales estatales. Allí, los cargos de decisión y mayor jerarquía son ocupados en mayor proporción por hombres. Las magistraturas son ocupadas por el 67 por ciento de hombres, y el personal juzgador por el 57 por ciento de ellos.
La desigualdad revelada en las organizaciones e instituciones procuración e impartición de justicia que forman parte del sistema de justicia penal, sin lugar a duda corresponde con la ausencia de perspectiva de género existente en el ámbito de justicia.
El 6 de junio de 2019 se publicó la reforma constitucional en materia de género para buscar la paridad en todos los niveles de gobierno, entre las modificaciones se insertó en el artículo 41 la obligación de observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la integración de los organismos autónomos, como es el caso de la Fiscalía General de la República y las estatales. Por lo que corresponde al ámbito judicial, a escala federal, el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano establece la obligación de realizar concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales observando el principio de paridad de género. De igual forma en el artículo 100 establece el mismo principio para la formación y actualización de funcionarias y funcionarios y el desarrollo de la carrera judicial.
Pese a lo anterior, a escala estatal persisten omisiones en este sentido en los Poderes Judiciales, aun cuando de conformidad con el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional del 6 de junio de 2019 en materia de género ordena a las legislaturas de las entidades federativas que en el ámbito de su competencia realicen las reformas correspondientes en su legislación para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41.
De conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal corresponde a la Secretaría de Gobernación auxiliar al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República y a las correspondientes de las entidades federativas para el debido ejercicio de sus funciones, para ello la Secretaría de Gobernación cuenta con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la cual de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, al respecto, cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Fungir como enlace operativo y de coordinación entre las autoridades locales y federales para el fortalecimiento y consolidación del sistema de justicia penal, en términos de la normativa aplicable;
II. Implantar acciones de coordinación con las autoridades competentes de la federación, de las entidades federativas, de los municipios o de las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el fortalecimiento del sistema de justicia;
III. Coordinar, con las instituciones responsables, la celebración de convenios y otros instrumentos jurídicos, así como el desarrollo de mecanismos que permitan fortalecer el sistema de justicia penal, así como las acciones necesarias para su consolidación;
IV. Establecer criterios técnicos, jurídicos, de formación y difusión sobre el sistema de justicia penal dirigido a los sujetos de procedimiento penal referidos en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el fortalecimiento y apoyo a la consolidación del sistema de justicia penal; y
V. Establecer acciones de coordinación con las instituciones de procuración e impartición de justicia, así como con las de seguridad pública, de los tres órdenes de gobierno que así lo soliciten, para el fortalecimiento de sus atribuciones en el marco del sistema de justicia penal.
Además de las legislaturas de las entidades federativas y la Secretaría de Gobernación, corresponde también a las gobernadoras y gobernadores de los estados, impulsar la perspectiva de género en la integración de la estructura y organización de las instituciones de procuración e impartición de justicia, pues si bien es cierto, es responsabilidad de los congresos estatales reformar su marco legal para establecer el principio de paridad, también lo es que corresponde a los titulares de los poder ejecutivos de los estados proponer o enviar las ternas para elegir a los titulares de las fiscalías y procuradurías generales de los estados. Aunado a ello, corresponde a los consejos de la judicatura estatales implantar programas para materializar el principio de paridad de género en sus correspondientes entidades federativas.
Por todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implantar y coordinar un programa con el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República, los Poderes Judiciales y las fiscalías y procuradurías generales de las entidades federativas que tenga como objetivo general la materialización de la perspectiva de género en la estructura y organización del sistema de justicia penal.
Segundo. Se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 6 de junio de 2019, en materia de paridad de género, por el cual se les fija el mandato de que en el ámbito de su competencia realicen las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41.
Tercero. Se exhorta a las y los titulares de los Poder Ejecutivos de las entidades federativas a implantar acciones afirmativas en materia de paridad de género en las propuestas o ternas que envían a las legislaturas de las entidades federativas para las elecciones de jueces o juezas del Poder Judicial estatal, así como de titulares de la Procuraduría o Fiscalía General de las respectivas entidades federativas, a fin de favorecer la alternancia de género en sus instituciones de procuración e impartición de justicia.
Cuarto. Se exhorta tanto a la Fiscalía General de la República como a las fiscalías y procuradurías generales de las entidades federativas a implantar en el ámbito de sus competencias programas o acciones tendentes a reducir las brechas de género en sus organizaciones y estructuras administrativas.
Quinto. Se exhorta a los Poderes Judiciales y los consejos de la judicatura de las entidades federativas a implantar en el ámbito de sus competencias programas o acciones tendentes a reducir las brechas de género en sus organizaciones y estructuras administrativas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2021.
Diputada Sofía Carvajal Isunza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno, el Registro Civil y la FGJE de Oaxaca a otorgar protección a la hija y familia de Fany Guadalupe López Nolasco y esclarecer el homicidio en razón de género de que fue objeto, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Amalia Dolores García Medina, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 26 de septiembre del presente año, en la comunidad de El Provenir, la cual pertenece al municipio de San Juan Cotzocón en la comunidad Mixe de Oaxaca encontraron sin vida a Fany Guadalupe López Nolasco, en su domicilio. Los vecinos la escucharon pedir ayuda, sin embargo, no atendieron al llamado, ya que esas escenas eran frecuentes en casa de Fany.1
Fany era una chica de 16 años, quien a los 13 dejó la escuela siendo menor de edad para irse a vivir con Alexis Trujillo Varela de entonces 24 quien actualmente tiene 27 años. De acuerdo con sus vecinos ellos siempre estaban peleando. El 26 de septiembre cuando llegaron los agentes al domicilio donde encontraron el cuerpo de Fany, manipularon la escena de los hechos y concluyeron que había sido suicidio. Pero grupos de activistas lograron que se investigara como feminicidio y no como suicidio, ya que de acuerdo con la tía de Fany los vecinos la escucharon pedir ayuda y también escucharon cuando un hombre decía “pásenme una reata”.2 También un mes antes Fany había denunciado ante la Fiscalía del Estado de Oaxaca violencia de género, amenazas y abuso por parte del agente municipal Isaac Hernández padrino de Alexis quien de acuerdo con la tía de Fany la amenazó diciéndole: “Mira, a mí no se me va a hacer difícil matar a una perra como tú. Si yo quiero te lleno la cabeza de tiros...”3 El agente permanece junto con la pareja de Fany como los principales sospechosos de este homicidio en razón de género.4
Dora Anabel Hernández Bautista la tía de Fany, comenta que cuando fue a reconocer el cuerpo de su sobrina, encontró que la familia de Alexis Trujillo ya “habían lavado todo alrededor de donde encontraron a Fany”; Otra irregularidad es que el agente que estuvo a cargo de las diligencias fue el mismo que un mes atrás Fany había denunciado y cuya investigación estaba en curso.5
Con la muerte de Fany se deja en estado de indefensión a su hija de 6 meses de edad, la cual no estaba registrada aún y que, como comenta Dora Anabel Hernández Bautista, tía de Fany, Alexis Trujillo Varela (pareja de Fany), no la quiso reconocer; de acuerdo con una investigación de la Revista PROCESO el “Registro Civil la revictimiza al negarse a registrarla en tanto “no se sepa si el caso de Fany fue un suicidio o un feminicidio”.6 Se revictimiza a la niña, ya que ninguna ley establece que la muerte de la madre sea un impedimento para el registro de una menor de edad; se le niega su derecho a la identidad y violenta sus derechos humanos. Por lo que es indispensable que se proteja el interés superior de la niña y se le restituyan sus derechos de manera inmediata, sobre todo ahora que ha quedado en estado de vulnerabilidad al haber perdido a su madre.7
Bernardo Rodríguez Alamilla, que es defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, indicó que se otorgaron medidas cautelares a ocho familiares de Fany Guadalupe, por las amenazas recibidas y como prevención de agresiones. Al mismo tiempo, se le da acompañamiento a Dora Anabel Hernández, la cual tuvo que salirse del pueblo donde vivía, por las amenazas de Alexis Trujillo y el temor que le ocasiona el que el agente Isaac Hernández quien también es padrino de Alexis, la ande buscando para pedirle que ya no siga con esto. También Dora ha tenido que lidiar con el silencio de las autoridades, ya que no le quieren dar información sobre los avances de la investigación.8
Es inadmisible que la violencia sistemática que vivió Fany a lo largo de su vida haya sido invisibilizada en su momento, y ahora, aunque ella ya no está viva se le revictimice al igual que a su hija y su familia. Esté delito no debe quedar impune, ya son 574 niñas y mujeres muertas de forma violenta en Oaxaca en lo que va de la presente administración, por lo que, se deben tomar acciones que les otorguen protección y justicia a las niñas y mujeres, no debemos admitir un sistema que no respete y garantice la vida y la seguridad de mujeres y niñas, no a un sistema que violenta sus derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que otorgue medidas de protección y cuidados para la hija de Fany Guadalupe López Nolasco y su familia, proporcionando alojamiento temporal en un espacio seguro como refugios o albergues que garanticen su seguridad, dignidad y respeto pleno a sus Derechos Humanos.
Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta a la titular del Registro Civil del estado de Oaxaca, para que lleven a cabo las medidas conducentes para el registro de la hija de Fany Guadalupe López Nolasco se garantice su derecho a la identidad y se le deje de revictimizar.
Tercero. La Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Fiscalía General de Oaxaca, para que tomen las medidas conducentes para esclarecer el feminicidio de Fany Guadalupe López Nolasco y fortalezca la protección a la hija de Fany y a su familia.
Notas
1 Proceso. (2021) Fany, víctima de todas las violencias. Revisado en:
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/11/24/fany-victima-de-todas-las-violencias-276383.html
?fbclid=lwAR3NLtfC4cy64QHRKZEn66DI7BOD_qOw9WaS2wlmCGylh9LkUWyWI3h7UIQ
2 Ídem.
3 Proceso 201121 (2021). Número 2351 Pp. 42. Revisado en:
file:/1/C:/Users/alber/Downloads/PROCESO_201121.pdf
4 Lozano, R. E. {2021). Piden justicia para Fanny Guadalupe. Revisado en:
https://avispa.org/piden-justicia-parafanny-guadalupe/
5 Proceso. (2021) Fany, víctima de todas las violencias. Revisado en:
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/11/24/fany-victima-de-todas-las-violencias-276383.html
?fbclid=lwAR3NLtfC4cy64QHRKZEn66DI7BOD_qOw9WaS2wlmCGylh9LkUWyWI3h7UIQ
6 Proceso. (2021) Fany, víctima de todas las violencias. Revisado en:
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/1l/24/fany-victima-de-todas-las-violencias-276383.html
?fbclid=lwAR3NltfC4cy64QHRKZEn66DI7BOD_q0w9Wa52wlmCGylh9LkUWyWI3h7UIQ
7 Ídem.
8 Proceso 201121 (2021). Número 2351 Pp. 42. Revisado en:
file:/1/C:/Users/alber/Downloads/PROCESO_201121.pdf
8 Lozano, R. E. (2021). Piden justicia para Fanny Guadalupe. Revisado en: https://avíspa.org/piden-justicia-parafanny-guadalupe/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2021.
Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a verificar por la SE y la Profeco los precios de la canasta básica para evitar alzas injustificadas en la temporada decembrina y la cuesta de enero, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Alberto Villa Villegas, diputado del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La crisis transitoria derivada por la contingencia del COVID 19 ha creado efectos en la economía nacional, el empleo y las condiciones de vida de la población en general se han visto afectadas, principalmente se ha visto mermado el poder adquisitivo de la población más vulnerable.
Gráfica 1
Población ocupada por nivel de Ingresos – 1er trimestre 2021
Fuente: Elaboración con datos del Coneval .
Cabe señalar que un salario mínimo debe cubrir las necesidades de alimentación, vestido, techo y recreación del trabajador y su familia. Si bien el poder adquisitivo se ha reducido en los últimos 20 años, los efectos económicos nacionales y mundiales han debilitado más el salario del trabajador.
De acuerdo con datos del CONEVAL, para el primer trimestre del 2021 cerca del 32% de la Población Ocupada percibe un salario menor al mínimo, mientras que el 3% reporta obtener hasta un salario mínimo. Es de considerar que obtener un ingreso respalda el nivel de vida y el poder adquisitivo para la canasta alimentaria, y este varia en las entidades federativas dado que varias los precios de la canasta básica de alimentos.
Gráfica 2
Evolución del porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, por entidad federativa.
Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval 2020 - 2021
Por otro lado, acorde a datos del CONEVAL a nivel nacional el porcentaje de la población que obtiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria se incrementó, pues paso de 35.6% al 38.5%. Si resaltamos que una canasta básica se compone productos alimenticios básicos que satisfacen las necesidades alimenticias y de nutrientes de las personas, además su accesibilidad determina el combate el hambre, la desnutrición y la injusticia de no tener lo más elemental como lo es la comida.
Como tal el acceso a los alimentos es de gran importancia y el actual Gobierno de México ha reconocido la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria. En dicho sentido dentro de los programas iniciales de esta administración se consideró el programa Canasta Básica de Alimentos dentro de la cual paso de 23 a 40 productos de primera necesidad mismos que están disponibles en las 27 mil tiendas comunitarias de Segalmex, cabe señalar que las tiendas se ubican en localidades de alta o muy alta marginación.1
Procurar accesibilidad en los productos alimentario es un factor importante en todo momento, sin embargo, se han detectado etapas o momentos en donde es más complicado mantener la estabilidad, como lo es la famosa “cuesta de enero”, la cual corresponde al periodo de inicio del año y se trata de un fenómeno económico que se da por dos factores:
• El mal manejo de las finanzas personales
• El aumento de precio en algunos productos y servicios.
De tal manera que es importante garantizar precios justos de los productos alimentarios ya que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Ante ello, es de puntualizar el crecimiento de precios que han tenido los productos básicos de la canasta alimenticia ya que en la cuesta de enero se verán los efectos reales en el consumo de la población.
Tabla 1
Crecimiento porcentual de los precios de algunos productos básicos.
Fuente: Elaboración con datos de la Profeco 2018 y 2021 para la CDMX .
Para la población más vulnerable el acceso a los productos alimentarios básicos es vital, por ello, dentro de los productos de la canasta básica para el análisis se han considerado los siguientes:
Huevo
Si bien durante el 2011 se producían 2.459 miles de toneladas en México a un precio promedio de $16.87, durante el primer semestre de 2021 se proyectó una producción de aproximadamente 3.1 mil toneladas de huevo, mientras que la Secretaría de Economía maneja un precio promedio que va desde los $30 a los $37 en tiendas de auto servicios.
Gráfica 3
Producción (miles de toneladas) /Precio Promedio del Huevo 2011 - 2021
Fuente: Elaboración con datos de Sedeco, Seguimiento de Precios de la Canasta Básica 23 de noviembre 2021.
Si bien en los últimos años se ha incrementado tanto el precio como la producción, se podría pensar que es lo mismo ha pasado con el poder adquisitivo, ya que este 2021 el salario mínimo se incrementó y alcanzó los $141.7.00 pesos, sin embargo, esto no ha sido así:
Gráfica 4
Kilos de Huevo que se podían adquirir con un salario mínimo
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (Sniim). Secretaría de Economía y del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
Durante 1982 con un salario mínimo se podrían adquirir 8.59 kilos de huevo, esto ha cambiado, ya que para 2021 se han alcanzado hasta 3.83 kilos, y con la variedad de precios en las entidades federativas y en los canales de abasto, se vulnera el poder adquisitivo de la población.2
Tortilla
En el caso de la tortilla, el cual es un producto básico en la dieta alimenticia de los mexicanos en los últimos 10 años ha presentado modificaciones importantes en el precio,
Grafica 5
Precio del kilo de Tortillas 2010 – 2021
Grafica 6
Kilos de Tortillas que se adquieren con un salario mínimo
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (Sniim). Secretaría de Economía y del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
Durante el 1982 se podían adquirir 57.83 kilos de tortilla con un salario mínimo, y actualmente solo 6.03 kilos.3
Si bien el encarecimiento de los productos afecta a los productores y consumidores, también es oportuno mantener una vigilancia constante en los precios de los productos básicos para dar certeza a la seguridad alimentaria de México.
Referencias:
• Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).
• Secretaría de Economía
• Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM
• Procuraduría Federal del Consumidor
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente
Punto de Acuerdo
Único .- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, y la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar verificación correspondiente de los precios de la canasta básica a fin de evitar alzas injustificadas en los precios en la temporada decembrina y la cuesta de enero.
Notas:
1. Canasta Básica de Alimentos. https://www.gob.mx/canastabasica
2. Datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Secretaría de Economía y del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
3. Datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Secretaría de Economía y del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre 2021.
Diputado Alberto Villa Villegas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y diversas autoridades a atender la problemática laboral y de derechos humanos de Notimex, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández , diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Instituto Nacional de las Mujeres a que, en uso de sus facultades y atribuciones, atiendan la problemática laboral y de derechos humanos de la Agencia del Estado Mexicano Notimex , al tenor de las siguientes
Consideraciones
En marzo de 2019, Sanjuana Martínez Montemayor fue designada como directora de la Agencia del Estado Mexicano Notimex, y al asumir el cargo aseguró que tenía dos objetivos principales: acabar con la corrupción, generada sobre todo, por líderes del sindicato de trabajadores; y hacer de esta la agencia de noticias más prestigiosa del mundo.
Casi dos años después de que asumió el cargo, las promesas de la directora están muy lejos de ser realidad, con una agencia de noticias paralizada por la huelga que está llevando a cabo el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, como resultado de los más de 110 despidos injustificados por parte de Sanjuana Martínez.
Es así, que el 21 de febrero de 2020 estalló la huelga en Notimex, la cual se derivó de dos emplazamientos; el primero, por la revisión contractual, y el segundo, por violaciones al Contrato Colectivo de Contrato y los despidos injustificados.
En dicha huelga, que cumple ya 21 meses, el 80 por ciento de quienes participan son mujeres, la gran mayoría madres solteras y jefas de familia, por lo que, además de las afectaciones ocasionadas por la pandemia de Covid 19, se suman a la falta de pagos, lo que provoca que los trabajadores, y en especial las trabajadoras, sean víctimas de violencia económica. Esta huelga es la más larga en la historia de nuestro país con relación a un organismo público.
El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a mesas de dialogo de alto nivel; pero la situación de la huelga está en un punto muy complicado, a tal grado que el 10 de noviembre del presente año, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex emitió un comunicado en su cuenta de Twitter,1 donde solicitó el apoyo de la Secretaría de Gobernación para que se retome el diálogo, que de forma unilateral rompió Sanjuana Martínez.
Sin embargo, lo más grave es el desacato de Sanjuana Martínez al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que declara legal la huelga, y entre otras, realizó las siguientes acciones:
-La operación de la agencia se realiza en instalaciones ajenas a la sede de Notimex.
-Ejercer sin justificación el gasto del presupuesto asignado a Notimex aun cuando la huelga está en curso.
-Sanjuana y otros mandos medios y superiores de la agencia, cobran un salario sin devengarlo.
-Contrata y despide personal durante la huelga.
Aunado a la crisis laboral provocada por la indolencia de Martínez, hay también una crisis de violación de los derechos humanos de las y los trabajadores de Notimex y de las y los periodistas que han abordado la problemática, a consecuencia de los ataques coordinados para acosar a quienes consideran “adversarios”, de acuerdo con la investigación2 realizada por Aristegui Noticias, Sigma_Lab del Iteso y Artículo 19.
Los ataques sistemáticos instruidos por la funcionaria han tenido eco internacional, pues en el informe anual3 2020 del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, se señala:“Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado, ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios”.
Dicho informe fue elaborado al final de la administración de Donald Trump y se dio a conocer por Antony Bliken, secretario de Estado del gobierno de Joe Biden.
Las acusaciones a nivel nacional e internacional ponen en entredicho las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha repetido en distintas ocasiones, respecto a que en nuestro país hay libertad de expresión y no se persigue a quienes critican a su gobierno, que existe tolerancia y respeto a la pluralidad de ideas.
La libertad de expresión y de prensa en México son derechos que se han fortalecido durante los últimos 25 años, por lo que es importante preservarlos, es inadmisible que el Estado mexicano use su estructura para intimidar y amedrentar a aquellos que considera como personajes incómodos.
Uno de los principios rectores que pregona el gobierno de la auto llamada cuarta transformación son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; sin embargo, todo lo contrario a estos postulados los ha ejecutado Sanjuana Martínez desde que asumió el cargo.
Es necesario que la funcionaria rinda cuentas de su actuar al frente de la Agencia de Noticias Notimex y acate el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que reconoce como legalmente existente la huelga, la cual es resultado de su inexperiencia y nula sensibilidad para la toma de decisiones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la directora de la Agencia del Estado Mexicano Notimex, Sanjuana Martínez, a tomar acciones tendientes a resolver el conflicto laboral con las y los trabajadores despedidos de dicha agencia.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a llevar a cabo acciones que permitan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la Agencia de Noticias Notimex y que informe a la opinión pública los avances en las negociaciones para facilitar el fin a la huelga instaurada por el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que informe a la opinión pública si está realizando alguna recomendación que comprenda el periodo 2019 al 2021 respecto a las violaciones a los derechos humanos que han sido reportadas por las y los trabajadores de la Agencia del Estado Mexicano Notimex, asimismo, si se ha dado asistencia o llevado a cabo acciones para proteger los derechos humanos de los trabajadores despedidos.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres a que realice campañas de asesoramiento y acompañamiento a las trabajadoras de la Agencia del Estado Mexicano Notimex, en razón de la violencia económica que enfrentan en el ámbito que se desempeñan.
Notas
1 https://twitter.com/sutnotimex/status/1458506290280468485?s=20
2 https://aristeguinoticias.com/1205/mexico/
directivas-de-notimex-atacan-periodistas-y-organizan-campanas-de-desprestigio-en-redes-sociales/
3 https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/30/eu-acusa-sanjuana-martine z-directora-de-notimex-de-atacar-periodistas-en-mexico-261031.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2021.
Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el CSG y la SRE a implantar medidas para evitar el esparcimiento de la variante de Covid-19 Ómicron, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados., someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I. La pandemia de Covid-19 ha generado en el país, según la Johns Hopkins University of Medicine, 3 millones 887 mil 873 contagios y 294 mil 246 muertes confirmadas.1 Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, desde marzo de 2020 hasta octubre de 2021 se han registrado 621 mil 43 muertes como exceso de mortalidad.2
En semanas pasadas se detectó en Sudáfrica una nueva variante del SARS-Cov2 la cual se caracteriza por un gran número de mutaciones (55 en todo el genoma, 32 en la proteína S o espícula).3 Las variantes dentro de la proteína S son de suma relevancia puesto que éstas juegan un papel clave en la infección de las células y respuesta inmunitaria.4
El 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud, tomando en cuenta el consejo del Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del SARS-Cov2, clasificó a la variante B.1.1.529 (Ómicron) como una “variante preocupante”.5
Lo anterior, debido a que los primeros datos refieren que esta nueva variante genera una mayor transmisibilidad así como un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes.6
Esta variante ha comenzado a esparcirse en el mundo y ya se han confirmado casos en Sudáfrica, Botsuana, Australia, España, Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido,7 Israel y Brasil.8
Países como Reino Unido y Estados Unidos han decidido cerrar sus fronteras a los viajeros procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia y Zimbabue.9 Por su parte, Marruecos ha suspendido por dos semanas todas las llegadas internacionales e Israel ha prohibido la entrada de todas las personas extranjeras en su extranjero.10
Sin embargo, y mientras otros países se preparan para la eventual llegada de esta preocupante variante, el Titular del Ejecutivo Federal, ha optado por no tomar medidas adicionales y por desacreditar a la variante ómicron. A la letra señaló lo siguiente:
“Si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica, no se sabe más, si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países pero sobre el grado de peligro que representa en cuanto a contagios y fallecimiento no hay información”.11
El titular del Ejecutivo federal mencionó: “Estamos preparados para todo, estamos atentos siempre, cuidado a la población porque es nuestro trabajo”.12 Sin embargo, considerando el importante desabasto de medicamentos en el sistema de salud público13 y las más de 621 mil 43 defunciones como exceso de mortalidad desde que inició la pandemia de Covid-19, resulta evidente que el sector salud de nuestro país padece importantes deficiencias.
En este tenor, y ante la inminente llegada de la variante ómicron a nuestro país, se solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que implementen las medidas necesarias para evitar el esparcimiento de dicha variante.
Por lo expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a implantar de manera pronta y oportuna por la Secretaría de Salud medidas a fin de evitar el esparcimiento de la variante de Covid-19 Ómicron en los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General a que implemente de manera pronta y oportuna las medidas necesarias a fin de evitar el esparcimiento de la variante de Covid-19 Ómicron en los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a implantar de manera pronta y oportuna medidas a fin de evitar el esparcimiento de la variante de Covid-19 Ómicron en los Estados Unidos Mexicanos.
Notas
1 Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (2021). Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University . Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Recuperado de <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>
2 Instituto Nacional de Salud Pública (2021). Exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por Covid-19, México, 2020-2021. Instituto Nacional de Salud Pública. Recuperado de <https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/>
3 González, F. (2021). “Ómicron: ¿es realmente tan peligrosa la nueva variante del coronavirus?”, en BBC News. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-59459009>
4 Ídem.
5 Organización Mundial de la Salud (2021). Situación actual relativa a la variante ómicron. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de <https://www.who.int/es/news/item/28-11-2021-update-on-omicron>
6 BBC News Mundo. “Ómicron: los síntomas de la nueva variante de Covid-19 según la médica que la descubrió en Sudáfrica”, en BBC News. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59455475>
7 ABC (2021). “Casos confirmados de la nueva variante de coronavirus en el mundo”, en ABC. Recuperado de
https://www.abc.es/sociedad/
abci-mapa-paises-afectados-omicron-nueva-variante-coronavirus-nsv-202111301205_noticia.html
8 BBC News. “Ómicron: confirman los primeros casos de la nueva variante del coronavirus en América Latina”, en BBC News. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59479355>
9 Ídem.
10 Ídem.
11 El Financiero (2021). “‘Estamos preparados para todo’: AMLO sobre variante ómicron”, en El Financiero. Recuperado de < https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/29/estamos-preparados- para-todo-amlo-sobre-variante-omicron/>
12 Ídem.
13 Castañeda y Corral (2021). El desabasto de medicamentos existe y reconocerlo es el primer paso para solucionarlo . Contra la Corrupción. Recuperado de <https://contralacorrupcion.mx/el-desabasto-de-medicamentos-existe-y -reconocerlo-es-el-primer-paso-para-solucionarlo/>
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2021.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales a garantizar en todas sus formas el cumplimiento irrestricto de la protección de los derechos humanos previstos en la Constitución en favor de periodistas y defensores de los derechos humanos, suscrita por la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena, e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos
La que suscribe, diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas e integrantes de la Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El respeto a los derechos humanos ha tenido una presencia permanente en el debate público nacional. Hoy en día, el respeto que se les brinda supone el parámetro desde el cual se suele evaluar la legitimidad con que se ejerce el poder público. Además, su garantía efectiva nos permite vislumbrar el nivel de vida que se tiene en un determinado país.
Vivimos, sin duda alguna, en un mundo global. Pero la globalización no puede significar solamente libertad para que a través de las fronteras viajen las mercancías, las divisas y las señales de televisión. Debe suponer también y sobre todo, respeto y tutela de los derechos humanos.
La universalización de los derechos humanos es un fenómeno que cobra cada día más importancia; nadie podría negar que tales derechos determinan aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Por ejemplo, de ellos depende en gran medida la estabilidad necesaria para la gobernabilidad democrática. Los alcances de gran parte de las relaciones sociales, económicas y políticas que se presentan en el plano mundial, se califican de acuerdo con su vigencia, validez y positividad. En consecuencia, podemos decir —en palabras de Norberto Bobbio— que se han convertido en un “signo de los tiempos”[1] : no cabe duda que, en nuestros días, la modernidad los reclama inexcusablemente como su signo distintivo.
En México hay una clara conciencia de lo anterior, si bien es cierto que todavía nos falta mucho por avanzar en el terreno del respeto que les es debido, de modo que sean universalmente ejercidos y respetados.
Nuestro país no ha sido ajeno al fenómeno de la globalización del discurso alrededor de los derechos humanos. Prueba de ello es la importante reforma a la Constitución mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, la cual provee un marco de reflexión ideal para defender una vez más que una globalización sin respeto compartido de los derechos humanos tiene escaso valor.
Afortunadamente, el avance en la transición democrática y la apertura de las fronteras de México han traído vientos renovados, tal como lo ha plasmado la reforma constitucional de junio de 2011. Si bien su carácter es eminentemente positivo, debemos reconocer que es solamente un primer paso dentro de lo mucho que hay que hacer para transformar una realidad en la que se violan diariamente los derechos humanos.
El primer párrafo del artículo 1º de la Constitución establece las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Por un lado, señala las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; por el otro, las de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Esta separación responde a que existen obligaciones genéricas y obligaciones específicas para asegurar la protección de los derechos humanos, sin que eso signifique que haya una jerarquía entre ellas.
Cualquier gobierno en nuestro país tiene la obligación de adoptar medidas encaminadas a lograr una cultura basada en derechos humanos a través de cambios en la conciencia pública. Se trata de conseguir que la moral positiva de la sociedad coloque a los derechos como un bien conocido y valorado.
El cumplimiento de esta obligación puede ocurrir de manera gradual y progresiva, aunque es exigible de forma inmediata a través de la adopción de medidas concretas cuando existen coyunturas que demandan una promoción especial de los derechos.
Una muestra del cumplimiento de esta obligación son las campañas de sensibilización y divulgación sobre los derechos humanos. Sería el caso, por ejemplo, de una campaña de concientización sobre la protección de los derechos humanos de los periodistas y las y los defensores de los Derechos Humanos.
Las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, hemos reconocido de manera reiterada la relevancia y trascendencia social de la labor que desempeñan los periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos.
A pesar de ello, en México su actividad ha sido sistemáticamente obstaculizada por medios diversos en los que la censura, ya sea directa o indirecta, la estigmatización y el descrédito de su labor, han afectado de manera profunda y sensible a quienes ejercen tales derechos, colocándolos en una situación de vulnerabilidad que es preciso atender de manera prioritaria.
El Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las víctimas, que no se puede cuantificar o compensar, ya que mientras la mayoría de los casos permanezcan impunes no les será posible acceder a la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho. La violencia, impunidad y falta de condiciones de seguridad en diversas regiones del país, es parte del complejo panorama que enfrentan los derechos humanos en México.
Tenemos una gran preocupación por la falta de mecanismos de prevención por parte de la autoridad, para evitar homicidios y agresiones que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo, así como del derecho a defender.
La violación a los derechos humanos de periodistas son hechos inaceptables y reprobables que lastiman a la sociedad mexicana en su conjunto y a la vida democrática de nuestro país, por ello es necesario asumir la obligación de protección y poner fin a todo tipo de agresiones, desde las amenazas hasta el homicidio contra los periodistas y personas defensoras, recorrido que pasa por el miedo, la incertidumbre, la autocensura, el cierre de medios informativos, el cambio de profesión de periodistas y personas defensoras y el auto destierro o movilidad forzada.
La obligación de respeto es la que se exige de manera más inmediata. Requiere que las autoridades se abstengan de llevar a cabo acciones que vulneren derechos y, en paralelo, que no impidan u obstaculicen las circunstancias que hacen posible el goce de los derechos humanos a todas las personas. Se trata de una obligación tendiente a mantener el goce del derecho, y su cumplimiento es exigible de inmediato, cualquiera que sea la naturaleza del derecho.
Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado, en cualquiera de sus niveles (federal, local o municipal) e independientemente de sus funciones (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), debe violentar los derechos humanos por medio de sus acciones.
El Estado tiene la obligación de asegurar que las personas no sufran violaciones de derechos cometidas por las autoridades o por parte de algún particular. El Estado debe hacer que se cumplan las obligaciones de respeto, pero también debe impedir las violaciones a los derechos, provengan de donde provengan.
El Estado tiene la obligación de adoptar medidas que creen las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos. No se refiere sólo a las medidas que permitan mantener un determinado grado de realización de los derechos, sino también a aquéllas encaminadas a mejorar dicha realización o goce.
Se trata de crear las condiciones institucionales y materiales que hagan posible la realización de los derechos humanos. Puede tratarse de medidas diferenciadas por tipos de derechos o sujetos específicos, o bien medidas generales comunes a todos los derechos y todas las personas. Es decir, el cumplimiento de esta obligación genérica está encaminado a proporcionar, facilitar o mejorar los medios para que las personas puedan ejercer sus derechos por sí mismas.
Es por ello la urgente necesidad de que las entidades federativas redoblen sus esfuerzos y redimensionen los programas, presupuestos y acciones que actualmente llevan a cabo para el disfrute pleno de los derechos de humanos de las personas, particularmente de periodistas y defensoras de los Derechos Humanos, a fin de cumplir con las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano. Es por ello que se propone el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las personas titulares de los Poderes Ejecutivos Estatales de las treinta y dos Entidades Federativas, a garantizar en todas sus formas, el cumplimiento irrestricto de la protección de los Derechos Humanos contenidos en los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de las personas periodistas y defensoras de los Derechos Humanos.
Nota:
[1]. https://archivo.estepais.com/site/2012/los-derechos-humanos-en-mexico-r etos-dilemas-y-propuestas/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2021.
Diputados: Nelly Minerva Carrasco Godínez, presidenta (rúbrica); Marisol García Segura (rúbrica), Evangelina Moreno Guerra (rúbrica), Julieta Andrea Ramírez Padilla (rúbrica), Rojas Martínez Beatriz (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo, Ana María Esquivel Arrona (rúbrica), Mariana Mancillas Cabrera, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Carolina Dávila Ramírez, Jaime Baltierra García (rúbrica), María Leticia Chávez Pérez, Secretarios; Norma Angélica Aceves García (rúbrica), Ricardo Aguilar Castillo (rúbrica), María Del Rocío Banquells Núñez (rúbrica), Wendy Maricela Cordero González, María del Carmen Escudero Fabre, Marisela Garduño Garduño, Rosa María González Azcárraga, Esther Mandujano Tinajero, Nora Elva Oranday Aguirre, Inés Parra Juárez, Pedro Sergio Peñaloza Pérez (rúbrica), María Sierra Damián (rúbrica), Jorge Ángel Sibaja Mendoza (rúbrica), Martha Robles Ortíz (rúbrica), Integrantes.
Con punto de acuerdo, relativo a una reunión de trabajo con el Conacyt, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para solicitar se cite a una reunión de trabajo a de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla ; al tenor de los siguientes:
Considerando
Que, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE), fue constituido mediante escritura pública número 42956 de fecha 25 de noviembre de 1974, ante la Notaría Número 6 del Distrito Federal;1 constituido como una asociación civil con el firme propósito de crear un centro especializado en la enseñanza de la economía.
Que, mediante Acuerdo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Educación Pública, el CIDE fue reconocido como centro público de investigación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de agosto de 2000.
El 3 de mayo de 2018, Tatiana Clouthier, como coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, asistió a una entrevista en el CIDE donde mencionó que el CIDE era intocable y que uno de los objetivos del entonces candidato a la presidencia era fortalecer la ciencia y la tecnología.2
Que el primero de agosto del 2021, Sergio López Ayllón presentó su renuncia como director general del CIDE al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la directora General del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces.
Un mes después, en septiembre del mismo año, el Conacyt anunció que José Antonio Romero Tellaeche sería el director interino de la institución.
En octubre, el director general del CIDE, Región Centro, Alejandro Madrazo Lajous, fue destituido por el director interino debido a “pérdida de confianza”.
Que el 3 de noviembre del año en curso, el Sindicato de Personal Académico del CIDE (Sipacide) inició acciones de protesta por incumplimiento de contratos colectivos de trabajo, que establece como prestación el pago de estímulos a la publicación y el desempeño docente.
El 16 de noviembre del año en curso trascendió en medios de comunicación que el director interino destituyó, de manera injustificada, a las profesoras: Catherine Andrews, que fungía como secretaría académica, y Celine González Shont, quien era directora de Evaluación Académica, ambas del CIDE.
Que, el dìa de ayer, 29 de noviembre del año en curso, de manera unilateral, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, designó a José Antonio Romero Tellaeche, sin ser ratificada por el Consejo Directivo,
Que, el CIDE es un centro de investigación y educación superior especializado en ciencias sociales, orientado por estándares internacionales de calidad que forma parte del sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt.
Que, con base en sus estatutos es una entidad paraestatal asimilada al régimen de las empresas de participación estatal mayoritaria a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, cuyo objeto es producir y difundir conocimiento a través de investigación científica sobre aspectos medulares de la realidad social contemporánea y contribuir al desarrollo del país a través de un núcleo especializado de programas de docencia y vinculación de alta calidad, prioridad e impacto.3
Que el CIDE es una institución reconocida a nivel nacional e internacional por su alto rigor académico, y por la calidad de su investigación ha sido calificada, en numerosas ocasiones, como una de las mejores universidades de México, al lado de El Colegio de México, para estudiar Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Políticas Públicas.
Que, si bien, en términos de sus estatutos cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, de conformidad con los artículos 39, 40 Bis, 43 y 47 a 63 de la Ley de Ciencia y Tecnología,4 es importante reconocerlo como una institución universitaria que ha cumplido satisfactoriamente los propósitos que le dieron origen.
Por tal motivo, y ante los sucesos acontecidos durante los últimos meses resulta sumamente necesario e importante defender al CIDE, estamos conscientes que el instituto atraviesa un proceso político-educativo delicado, considerándose preocupante el periodo de incertidumbre que toda la comunidad esta viviendo.
La destitución arbitraria e injustificada de la doctora Catherine Andrews, quien fungía como secretaría académica, no es el único caso; en octubre también fue removido el director general del CIDE, Región Centro, Alejandro Madrazo Lajous.
Consideramos que las decisiones tomadas por el entonces director interino José Antonio Romero Tellaeche representan una amenaza a esta institución. Por tal motivo, la comunidad del CIDE ha realizado las peticiones siguientes:
1. Esclarecer y transparentar las acciones tomadas por parte del director interino.
2. Destitución inmediata del doctor José Antonio Romero Tellaeche.
3. Promover la estabilidad y certidumbre al interior de la institución, asì como resarcir los daños generados.
4. Restitución de quienes fueron removidos en sus cargos.
5. Generar una asamblea estudiantil permanente que tenga incidencia en los procesos administrativos internos del CIDE, que se reconozca en el reglamento como un mecanismo legítimo de comunicación y colaboración.
6. Que se genere el dialogo de parte del Sipacide con las autoridades pertenecientes al Conacyt, de modo que los pagos de proyectos de investigación que no han sido liberados sean procesados a la brevedad.
Por tal motivo, es necesario que la Secretaría de la Función Pública investigue al director del CIDE, con la finalidad de esclarecer los acontecimientos y dotar de certeza jurídica.
Asimismo, resulta indispensable que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, aclare la situación que vive el CIDE, asì como la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director, por lo que es necesario solicitar una reunión de trabajo con la funcionaria, para que:
a) Aclare el presunto conflicto de intereses de los integrantes del grupo de auscultación externa y del aspirante a director general, José Antonio Romero Tellaeche.
b) Aclare la participaciòn de la comunidad estudiantil en el proceso de selección y designación de la dirección general del CIDE, ya que aseguró que los estudiantes fueron tomados en cuenta, cuando ellos mismos manifiestan que no fue así.
c) Informe el motivo por el cual no se sometió a votación del Consejo Directivo, la propuesta de la dirección general como ha sucedido en todos los procesos previos y está establecido en la normatividad interna.
Por lo que, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita citar a reunión de trabajo a directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, ante la Cámara de Diputados, con la finalidad de aclarar el presunto conflicto de intereses de los integrantes del grupo de auscultación externa y del aspirante a director general, José Antonio Romero Tellaeche.
Segundo. Se exhorta a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, a que aclare la participación de la comunidad estudiantil en el proceso de selección y designación de la dirección general del CIDE, ya que aseguró que los estudiantes fueron tomados en cuenta, cuando ellos mismos manifiestan que no fue así.
Tercero. Se exhorta a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, para que informe a la opinión pública, el motivo por el cual no se sometió a votación del Consejo Directivo, la propuesta de la dirección general como ha sucedido en todos los procesos previos y esta establecido en la normatividad interna.
Cuarto . Se exhorta, respetuosamente, a los asociados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE): el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energìa, la Secretaría de Economía, El Colegio de Mèxico, AC, el Fondo de Cultura Económica, el Banco de Mèxico, y a su Asamblea General, para que intervengan en el conflicto en que se encuentra el CIDE, así como conocer su postura respecto a las decisiones de la directora del Conacyt y con respecto al pliego petitorio realizado por la Comunidad.
Quinto. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública que investigue al director del CIDE, José Antonio Romero, con la finalidad de esclarecer los acontecimientos sucedidos el CIDE, la arbitrariedad y el autoritarismo en la toma de decisión al interior de la institución, así como de las destituciones y las suspensiones realizadas.
Notas
1 https://www.cide.edu/transparencia/fracciones/1.-Acta_Constitutiva_cide .pdf1.-Acta_Constitutiva_cide.pdf
2 Diálogo con Tatiana Clouthier - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=J9fXOrAWEEQ
3 https://www.cide.edu/transparencia/fracciones/2.-Estatuto_General_Sanci onado_cide.pdf
4 Idem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre del 2021.
Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a implantar un carril confinado para el autotransporte de carga en la autopista Puebla-México, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Miguel Carrillo Cubillas, diputado del Grupo Parlamentario Morena de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
“La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y salud de las personas”1 .
Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que al año resultan heridas entre 20 y 50 millones de personas, mientras que lamentablemente alrededor de 1,35 millones de personas mueren cada año por accidentes de tránsito.
Por este motivo, en marzo de 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó el periodo 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial. Posteriormente a finales del 2020, la misma organización proclamó el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-20302 cuyo propósito es reducir el 50% de las muertes y lesiones que ocurren por accidentes de tránsito3 .
El Gobierno de México se ha sumado a esta iniciativa, para este segundo periodo lo hace a través del “Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024”, el cual tiene como estrategia prioritaria mejorar la seguridad vial en la Red Carretera Federal para el bienestar de todas y todos los usuarios4 .
En ese sentido, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) se propuso realizar las siguientes acciones para tener una infraestructura más segura5 :
• Identificación de sitios con alta concentración de accidentes.
• Atención de puntos de conflicto.
• Realización de Inspecciones de Seguridad Vial en sitios seleccionados.
• Gestión de la atención de los hallazgos de riesgos viales de las Inspecciones mediante un sistema informático denominado Portal de Seguridad Vial.
• Videoconferencias de seguimiento con las oficinas regionales.
• Instalación de dispositivos “perdonadores” de seguridad vial.
• Bandas de alerta vibratoria: evitan salidas del camino.
• Defensa metálica, de cables y amortiguadores de impacto: evitan que las salidas tengan consecuencias graves.
• Barreras monolíticas: evitan choques frontales.
• Superficies de alta fricción: evitan las volcaduras en curvas.
• Rampas de frenado: evitan accidentes en pendientes.
• Señalamiento adecuado: para orientar a las personas usuarias en la vía.
A pesar de los esfuerzos emprendidos, en el año 2019 se registraron 12,056 accidentes de tránsito en las carreteras de la república mexicana lo que implicó daños por 1,175 millones de pesos y el lamentable deceso de más de 2000 personas6 .
En el mismo año, “el Instituto Mexicano del Transporte destacó 3,770 causas de accidentes en carreteras federales en los que camiones fueron señalados como responsables7 .
De acuerdo con el Texas A&M Transportation Institute una estrategia que ayuda a la reducción de accidentes ocasionados por camiones de carga es la aplicación de restricciones en carriles para camiones de carga dentro de las autopistas.
De acuerdo con éste Instituto, gracias a la aplicación de restricciones de carriles en autopistas norteamericanas, se han registrado reducciones en el número de accidentes viales. En la autopista interestatal (IH) 10 Este, en Houston, se han reducido en 68 % los siniestros en los carriles principales. En el caso de la IH 20, en Dallas, se han reducido los accidentes en un 78%.
Entre una de las explicaciones que se mencionan para estas reducciones se encuentra la menor interacción entre vehículos particulares y camiones de carga lo que reduce el cambio en carriles y rebases.
En México la práctica ha llevado a la creación de carriles confinados los cuales se describen como “superficie de rodadura con dispositivos de delimitación en su perímetro para el uso preferente o exclusivo de servicios de transporte, así como de cierto tipo de transporte”8
De acuerdo con el Anuario Estadístico en Carreteras Federales, al año se registran en promedio más de 100 accidentes en la Carretera Puebla – México, la mayoría de las cuales suceden en el tramo que va de Río Frío hasta la caseta de San Marcos,9 es por ello que es considerada una de las más peligrosas del Valle de México.
Es por esta razón, que en aras de reducir la siniestralidad de esta carretera se propone la asignación de un carril confinado para el autotransporte como estrategia para reducir los accidentes y con ello el número de personas fallecidas en este tramo carretera.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a implementar un carril confinado para el autotransporte de carga en la autopista Puebla – México con la finalidad de reducir la siniestralidad de esta vía.
Notas:
1. SCT disponible en: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/ajardon/Material/Acciones_Seguridad_Via l.pdf [consultado el 25 de noviembre de 2021]
2. Disponible en: https://www.gob.mx/capufe/articulos/decenio-de-accion-para-la-seguridad -vial-265479 [consultado el 25 de noviembre de 2021]
3. http://www.ciao.com.mx/2020/10/16/segundo-decenio-de-accion-por-la-segu ridad-vial-2021-2030/ [consultado el 25 de noviembre de 2021]
4. Ídem
5. Disponible en https://www.gob.mx/capufe/es/articulos/acciones-de-seguridad-vial-imple mentadas-por-capufe?idiom=es [consultado el 25 de noviembre de 2021]
6. Instituto Mexicano del Transporte, disponible en:
https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/d t82.pdf [consultado el 29 de noviembre de 2021]
7. https://www.tyt.com.mx/nota/estas-son-las-principales-causas-de-acciden tes-provocados-por-camiones
8. https://www.ste.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Manuales%20y%20Lineamient os/Nuevoreglamentodetransitocdmx_2019.pdf
9. https://www.televisa.com/noticias/por-que-la-carretera-mexico-puebla-es -la-mas-peligrosa-del-valle-de-mexico/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 2 días de diciembre de 2021.
Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar por la Conagua la limpieza, el retiro y el manejo sustentable del lirio acuático de la presa Allende, en San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado Ricardo Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 2, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua a dar prioridad para realizar la limpieza, el retiro y manejo sustentable de lirio acuático de la Presa Allende, ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato. Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Presa Allende, que se encuentra ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato, es una de las presas más importantes del municipio, actualmente se encuentra al 83 por ciento de su capacidad, muestra recuperación en su nivel de almacenamiento, después de permanecer varios meses con niveles bajos debido a la sequía, las lluvias arrastraron lirio del Río Laja, por lo que la contaminación ha propiciado su crecimiento.
Este lirio acuático, también conocido como Jacinto de agua, es una planta acuática de la familia de las Pontaderiaceae. Tiene bulbos con aire que le permiten flotar y da flores moradas.
Es una planta originaria de las aguas dulces de las regiones cálidas de América del Sur. Su abundancia cambia drásticamente las condiciones de los humedales. Es usada como planta medicinal, fertilizante de suelos y decorativa. Actualmente ha colonizado casi todos los continentes donde se convierte en especie invasora. Está incluida en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.
En el caso específico de San Miguel de Allende, los pescadores se sienten preocupados debido a que desde la llegada del lirio acuático no han podido trabajar desde hace más de tres meses y el turismo ha disminuido notablemente.
Los vecinos de la comunidad Presa Allende se han organizado para retirar de manera manual el mayor lirio acuático, para evitar que «seque» la Presa Begoña (también conocida como Presa Allende).
Actualmente, el lirio cubre los ríos y lagos en 27 de las 32 entidades federativas de la república mexicana, tiene una extensión mínima de 50 mil hectáreas, y para exterminarlo, se utilizan máquinas trituradoras, limpiar una hectárea de lirio tiene un costo de 70 mil pesos.
Los ciudadanos del municipio urgen atención por parte de todos los niveles del gobierno para solucionar la problemática del crecimiento descontrolado del lirio acuático.
Con las recientes lluvias, miles de plantas han sido arrastradas del Río Laja hacia la Presa Allende, lo que ha provocado que se cubra de verde y lila el cuerpo de agua.
Pescadores de la Comunidad de Begoña, indican es un problema grave para ellos porque merma la producción de peces, complica la navegación y «seca» la presa. Esperan en próximas fechas, cuando deje de llover, iniciar las labores para retirar todo el lirio acuático, también conocido como «Jacinto de agua».
Como resultado del monitoreo satelital realizado el pasado 8 de octubre por el municipio arroja 105 hectáreas de la presa cubiertas por lirio; para el 15 de noviembre (39 días después) hubo un incremento, ya que había 180 hectáreas pobladas; ocho días después (el martes pasado 23 de noviembre) la zona abarcó 240 hectáreas de esta maleza.
Ante estas mediciones, se considera que el tratamiento para el retiro y manejo del lirio debe ser de manera urgente, ya que como se señaló anteriormente, las afectaciones están siendo cada vez mayores sobre todo para los pescadores y sus familias que están resintiendo el impacto en no tener ingresos económicos.
Efectos sobre la biodiversidad y ecosistemas
Es importante destacar que el lirio acuático es una planta de estructura carnosa crece en las superficies de los lagos y cursos del agua tranquila, sus hojas tienen una temperatura muy alta, por esta razón las serpientes de agua duermen encima de ellas, sus hojas forman un tapiz sobre el agua, formando así un pequeño ecosistema en miniatura. Bajo las hojas de estas plantas residen peces, caracoles, insectos e infinidad de seres que han hecho de esta planta su hogar además de su incontrolable multiplicación, hace que los niveles del agua se reduzcan, genera problemas de oxigenación en el agua y crea condiciones para que aves y peces no desarrollen una vida normal.
La problemática es que el lirio en grandes cantidades tiene como efecto que los cuerpos de agua pierdan oxidación, porque impiden el paso de los rayos solares al fondo de los ríos, lo que se vuelve un problema cuando se convierte en una plaga incontrolable.
Crece rápidamente y cubre grandes extensiones en lagunas, presas y canales de riego, impidiendo el paso del agua y la navegación de pescadores, afectando la supervivencia de las plantas y animales nativos.
No es nada bueno que los lirios sigan creciendo en las afluentes del río, porque se vuelve perjudicial tanto para el agua como para los seres vivientes en esas zonas, son perjudiciales principalmente porque son plantas que consumen mucha agua para su reproducción, y a la medida que crece, requiere más.
Así mismo, favorece el desarrollo de mosquitos que producen daños a la salud humana y de los animales. Crea problemas a la pesca, la navegación y al mantenimiento apropiado de áreas recreativas.
Impacto económico y social
Crea problemas a la pesca, la navegación y al mantenimiento apropiado de áreas recreativas. Causa problemas para la acuacultura.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua a dar prioridad para realizar la limpieza, el retiro y manejo sustentable del lirio acuático de la Presa Allende, ubicada en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, que está afectando a los pobladores y la fauna de manera considerable.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de diciembre de 2021.
Diputado Ricardo Villarreal García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno mexiquense a dar respuesta a la solicitud del alcalde Juan Hugo de la Rosa García sobre la donación de un predio de Netzahualcóyotl para construir un hospital del IMSS, a cargo de la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Angélica Ivonne Cisneros Luján, diputada de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo estipulado en lo establecido por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Primera: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como mandato legal al gobierno en turno, asegurar a toda persona el acceso pleno y efectivo a los servicios de salud.
El artículo 4o. del ordenamiento en cita, en su párrafo tercero, consagra que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en su artículo 25, Inciso 1o, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios
El derecho a la salud obliga a los Estados a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar del mejor estado de salud posible. El Estado otorgará servicios de salud a través de la Federación, Estados y Municipios de acuerdo a lo establecido en la ley.
Segunda: Nezahualcóyotl1 es uno de los 125 municipios del Estado de México. Se localiza al oriente de Ciudad de México en la región oriente del Estado de México.
Tiene una superficie de 63.74 km2 ? y una población de 1,109,363 habitantes;2 ? cada kilómetro de superficie alberga 17,537 personas, la densidad de población más alta del país.
El municipio fue creado en 1963 con 24 terrenos que pertenecían a los municipios de Texcoco y Chimalhuacán, así como terrenos del oriente de la Ciudad de México, ocupando superficie de las aguas del antiguo lago de Texcoco2 . En las últimas décadas ha repuntado en su capacidad económica, producción de empleos y de impacto socioeconómico a los municipios adyacentes. ? A la par, enfrenta problemas de pobreza, inseguridad y carencia de servicios públicos, entre otros. ?
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución que brinda el mayor número de atenciones en la prestación de servicios de salud en este Municipio.
En Nezahualcóyotl podemos encontrar los siguientes hospitales y cinco unidades médico familiar del IMSS:
• Hospital General “Dr. Gustavo Baz Prada”
• Hospital General “La Perla Nezahualcóyotl”.
• Hospital Regional de Nezahualcóyotl.
• Unidad Médico Familiar No. 183 Nezahualcóyotl.
• Unidad Médico Familiar No.75 Nezahualcóyotl.
• Unidad Médico Familiar No. 182 Nezahualcóyotl.
• Unidad Médico Familiar No. 78 Nezahualcóyotl.
• Unidad Médico Familiar No. 96 Nezahualcóyotl
Las cinco Unidades Médicas Familiares con que cuenta Nezahualcóyotl en su conjunto atienden a una población derechohabiente adscrita de 478,708 beneficiarios; solo la UMF 075 ubicada en Av. López Mateos esquina con Chimalhuacán en la Colonia Agua Azul proporciona atención a 199,467 derechohabientes. Con este número tan elevado de pacientes, es evidente la necesidad que se tiene de más unidades médicas en el Municipio, para poder brindar un servicio de salud de calidad.
Desde hace más de 30 años, no se ha construido ni un hospital en este Municipio. El Alcalde Juan Hugo de la Rosa García, señala de acuerdo con el número de población la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda contar con dos mil camas, sin embargo, sólo hay 280 camas disponibles.
Tercera: El sector salud en México3 arrastra un déficit de camas hospitalarias y de equipo básico para enfrentar las eventuales fases más agudas de la pandemia de coronavirus. Evaluaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificaron que en México hay 1.5 camas de hospital por cada mil habitantes, lo que es un gran déficit porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales coindicen en que se necesitan 4.7 unidades por cada mil personas.
La misma OCDE señala que el número de profesionales de la salud que se recomiendan por cada mil habitantes es de 3.4 médicos y 9 enfermeras. En México existen 2.4 médicos y sólo 2.8 enfermeras.
La pandemia que sufrimos por la COVID 19 desde el 2020 evidenció la falta de infraestructura médica, material clínico y medicinas, así como el déficit de personal médico a nivel nacional, a lo que el gobierno federal y los estatales respondieron en base a las necesidades de la pandemia, con la reconversión de varios hospitales y centro de salud para atender la emergencia.
La OPS señaló que a pesar haberse disminuido significativamente la mortalidad por COVID-19 en México nos encontramos aún lejos de estar en la proporción de población protegida que se requiere para reducir la transmisión.
Hay que considerar también que a raíz de la pandemia se dejó vulnerable a la población que padece de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, renales, entre otras.
Cuarta: El 4 de noviembre de 2019 mediante oficio PM/NEZA/0852/2019 el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García informó al gobernador del Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza, la situación que guarda el sistema de atención a la salud de Nezahualcóyotl, en especial la del IMSS que no cuenta con hospital alguno en este municipio.
En el mismo documento se señala que los derechohabientes del IMSS de este municipio anteriormente se atendían en el Hospital General Regional Numero 25, y que fue cerrado debido a los daños que sufrió en el Sismo de septiembre de 2017. Estas personas adscritas al Instituto ahora son canalizadas al Hospital que se encuentra en el municipio de Texcoco, lo que les implica más de cinco horas de traslado mermando su salud, economía y calidad de vida.
Continúa el alcalde diciendo que su administración ya ha iniciado los trámites correspondientes ante el IMSS para la construcción de un hospital en este Municipio, y que las autoridades del Instituto para continuar la gestión necesitan contar con un predio para concretar, darle viabilidad y celeridad a la solicitud.
Después de una intensa búsqueda para encontrar algún lote que satisficiera las necesidades que se requieren, se ubicó un inmueble de 112,546.48 metros cuadrados denominado 7-D resultante de la subdivisión del Lote 7, resultante de la regularización de la subdivisión del inmueble identificado como Polígono IV ubicado en Ex vaso del Lago de Texcoco, actualmente Av. Bordo de Xochiaca sin número, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
El 26 de enero de 2020 se solicitó al Registro de la Propiedad de este Municipio mediante oficio SHA/1326/2020 de fecha 26 de enero de 2020 los antecedentes registrales y la impresión del folio del predio arriba mencionado.
El 5 de marzo de 2020, la Lic. Maribel Hernández Pérez, Registradora de la Propiedad y del Comercio de Nezahualcóyotl informó que el titular registral del inmueble es del Gobierno del Estado de México, asentado en la Partida electrónica es 5008070 del 6 de diciembre de 2010, actualmente con Folio Real Electrónico 00026416.
Por lo anterior, el presidente municipal solicitó atentamente al gobernador del Estado de México la donación del predio mencionado para que albergue al nuevo Hospital General del IMSS en el municipio de Nezahualcóyotl, para el bien de toda la población de la región.
Al no obtener respuesta del gobierno estatal, el 18 de marzo de 2020 bajo oficio PM/NEZA/0566/2020 dirigido al Lic. Alfredo del Mazo Maza, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México vuelve a solicitar la donación del predio para la construcción de un nuevo hospital del IMSS, estableciendo la disposición de los directivos del Instituto para la construcción de dos hospitales generales y una Unidad Médico Familiar que podrán atender a más de 500,000 derechohabientes domiciliados en este municipio y sus alrededores. Al oficio se anexó croquis de ubicación del inmueble y el folio real electrónico del mismo, pero no hubo respuesta.
El 19 de julio de 2021 mediante oficio SHA/4087/2021 el Secretario del ayuntamiento Lic. Marcos Álvarez Pérez se dirigió de nueva cuenta al Lic. Del Mazo Maza para presentarle de nuevo los oficios y anexos enviados anteriormente en virtud de que no se ha hecho pronunciamiento alguno al respecto de la donación o no del predio solicitado.
El 31 de agosto de 2021 mediante oficio PM/NEZA/00211/2021 dirigido al Maestro Ernesto Nemer Álvarez, Secretario General del gobierno del Estado de México, el Presidente Municipal Juan Hugo de la Rosa García reiterativamente solicita respuesta a la solicitud de la donación del predio citado.
Quinta: Finalmente el 9 de noviembre de 2021 mediante oficio PM/NEZA/0253/2021 el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, solicita la intervención de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de mi persona, para que se requiera una respuesta del gobernador del Estado de México sobre la donación del predio antes mencionado, para poder brindar una atención médica oportuna y de calidad a los habitantes de este municipio.
Por lo anteriormente mencionado, someto a la consideración de este pleno de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México para que dé respuesta a la solicitud hecha reiteradamente desde el 4 de noviembre de 2019, por el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, para la donación de un inmueble de 112,546.48 metros cuadrados denominado 7-D resultante de la subdivisión del Lote 7, resultante de la regularización de la subdivisión del inmueble identificado como Polígono IV ubicado en Ex Vaso del Lago de Texcoco, actualmente Av. Bordo de Xochiaca sin número, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que aparece en el Registro Público de la Propiedad, con Folio Real Electrónico 00026416 a nombre del Gobierno del Estado de México.
Dicho inmueble será utilizado para la construcción de un nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que el mismo Instituto requiere tener un predio para concretar, darle viabilidad y celeridad a la construcción del mismo y así fortalecer y mejorar el sistema de atención de salud del municipio, beneficiando a 500,000 personas derechohabientes.
Notas:
1. Nezahualcóyotl, Gobierno Municipal de
2. Recuperan ofrendas en Templo Mayor. Imagen del Golfo. 8 de diciembre de 2014. Archivado desde el original el 2 de abril de 2015.
3. https://www.informador.mx/mexico/Enfrenta-Mexico-pandemia-con-deficit-d e-camas-hospitalarias-20200326-0141.html consultado el 26 de noviembre 2021
Dado en el Palacio Legislativo, a 2 de diciembre de 2021.
Diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la colegisladora a ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; en artículo 79, numeral 2, incisos I, II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
I. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de no discriminación por razones de edad; asimismo, indica que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.
En este mismo sentido la reforma constitucional en favor de los adultos mayores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020, establece que “las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años”.
II. El 22 de agosto de 1979, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Instituto Nacional de la Senectud que fue un organismo público descentralizado que tenía por objetivo proteger, ayudar, atender y orientar a la vejez mexicana y estudiar sus problemas para lograr las soluciones adecuadas.
Dentro de sus considerandos, el decreto menciona:
Que es necesario proteger, ayudar, atender y orientar a las personas en edad senil, por medio de instituciones adecuadas que permitan aliviar sus padecimientos y enfermedades, así como sus necesidades económicas más apremiantes cuando no cuenten ni con medios económicos suficientes ni con los servicios de los sistemas de seguridad social y sanitaria ya establecidos.
Que también es indispensable estudiar los problemas específicos derivados de la senectud, entre los que figura la desocupación de los ancianos.
El 25 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que tiene por objeto “garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:
I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;
II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional,
III. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta las cifras de las y los adultos mayores en México:i
- Información censal de 1990 y 2020 indica que la población de 60 años y más pasó de 5 a 15.1 millones, lo cual representa 6 por ciento y 12 por ciento de la población total, respectivamente. Este incremento evidencia el proceso de envejecimiento que se observa a nivel mundial.
- Por grupos de edad, en 2020, 56 por ciento de las personas adultas mayores se ubican en el grupo de 60 a 69 años y según avanza la edad, disminuye a 29 por ciento entre quienes tienen 70 a 79 años y 15 por ciento en los que tienen 80 años o más.
- Las cifras censales señalan que en 2020 hay 48 adultos mayores por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años. Por entidad federativa, Chiapas, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur y Tabasco tienen los índices de envejecimiento más bajos (29 a 39 adultos mayores por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años).
- En la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Sinaloa, Colima y Yucatán, se observan los índices más altos (de 51 a 90 adultos mayores por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años).
- En México, casi tres millones (2 millones 993 mil 653) de personas adultas mayores (20 por ciento) no están afiliadas a alguna institución de servicios de salud.
- Los porcentajes más altos de personas de 60 años y más no afiliadas a los servicios de salud se ubican en Michoacán, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, México y Puebla, con porcentajes que van de 24 a 32 por ciento. En tanto que los estados de Nuevo León, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Sonora, Colima, Yucatán y Aguascalientes reportan los porcentajes más bajos, con proporciones entre 10 y 13 por ciento.
- Según datos del Censo 2020, hay 2.4 millones de adultos mayores que no saben leer ni escribir, lo que equivale a 16 por ciento de la población total de este grupo de edad.
- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en su nueva edición (ENOEN), durante el primer trimestre de 2021 la tasa de actividad económica en los adultos mayores es de 29 por ciento.
- La participación económica disminuye conforme avanza la edad, pasa de 39 por ciento para el grupo de 60 a 69 años a 8 por ciento entre quienes tienen 80 años y más.
IV. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con fecha del 14 de diciembre de 1990 a través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad.
La resolución 45/106 propone que “Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia”.ii
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012).iii
V. El lunes 15 de junio de 2015 en la Cuadragésimo Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70).
La Convención tiene los principios generales aplicables (artículo 3)iv
a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.
b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.
c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.
d) La igualdad y no discriminación.
e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.
f) El bienestar y cuidado.
g) La seguridad física, económica y social.
h) La autorrealización.
i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.
j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
k) El buen trato y la atención preferencial.
l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.
m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.
n) La protección judicial efectiva.
o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.
La Organización de los Estados Americanos informa que los Estados parte que han ratificado la Convención son:v
• El 15 de agosto de 2017, la República de Chile depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en la sede de la OEA, en Washington, DC, Estados Unidos.
• El 23 de octubre de 2017, la República de Argentina depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en la sede de la OEA, en Washington, DC, Estados Unidos.
• El 18 de abril de 2018, la República de El Salvador depositó el instrumento de adhesión de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en la sede de la OEA, en Washington, DC, Estados Unidos.
• El 21 de marzo de 2019, la República de Ecuador depositó el instrumento de adhesión de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en la sede de la OEA, en Washington, DC, Estados Unidos.
• El 1 de marzo de 2021, Perú procedió al depósito del instrumento de adhesión de la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” de 15 de junio de 2015, mediante una nota dirigida a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Hasta la fecha el Estado Mexicano no ha realizado la Declaración, Ratificación, Aceptación y Adhesión de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 79 del Reglamento, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito pone a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, impulsen la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos.
Segundo. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Senadores para que apoye la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos.
Notas
i Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores (1 de octubre)”, comunicado de prensa número 547/21 del 29 de septiembre de 2021, en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_AD ULMAYOR_21.pdf
ii Asamblea General de las Naciones Unidas, “46.91 Ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y actividades conexas”, en: https://undocs.org/es/A/RES/46/91
iii Organización de los Estados Americanos, “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70)”, en:
https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
iv Ibídem. -70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
v Organización de los Estados Americanos, “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70). Estado de Firmas y Ratificaciones”, en: https://www.oas.org/es/sla/ddi/
tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2021.
Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a convocar al CSG a sesionar con miras a establecer las medidas por adoptar para enfrentar los efectos de la nueva variante del SARS-Cov2 Ómicron, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Las y los que suscriben, diputadas y diputados federales de diversos grupos parlamentarios de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 24 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud, OMS, fue notificada por primera vez de la variante B.1.1.529 por Sudáfrica. El primer caso conocido de infección por esta variante se confirmó en una muestra tomada el 9 de noviembre de 2021.
El 26 de noviembre de 2021, el Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2, grupo independiente de expertos que supervisa y evalúa periódicamente la evolución del SARS-CoV-2 y que determina si determinadas mutaciones y combinaciones de mutaciones alteran el comportamiento del virus; se convocó a este Grupo para estudiar la variante B.1.1.529 del SARS-CoV-2.
En comunicado de prensa de 26 de noviembre la OMS1 ha dado a conocer que la variante B.1.1.529 presenta un gran número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes; las pruebas iniciales indican que el riesgo de reinfectarse por esta variante es mayor que con otras variantes preocupantes y, al parecer, el número de casos que ocasiona están aumentando en casi todas las provincias sudafricanas.
También señala que, por el momento, las pruebas de PCR que se utilizan para diagnosticar el SARS-CoV-2 continúan detectando esta variante; con este método, la variante B.1.1.529 se ha detectado a un ritmo mayor que las que han causado brotes anteriores, lo cual indica que tal vez crece con mayor rapidez.
Basándose en las pruebas presentadas que apuntan a que la variante B.1.1.529 da lugar a cambios perjudiciales en la epidemiología de la Covid-19, el Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 recomendó a la OMS que la designara como variante preocupante.
Por lo tanto, la OMS la ha designado como variante preocupante y le ha dado el nombre de variante ómicron.
Las variantes preocupantes (VOC , por sus siglas en inglés) del SARS-CoV-2 cumplen con los criterios de las variantes de interés (VOI , por sus siglas en inglés) del SARS-CoV-2; es decir, presentan cambios en el genoma que, según se ha demostrado o se prevé, afecta a características del virus como su transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad que causa y su capacidad para escapar a la acción del sistema inmunitario, ser detectado por medios diagnósticos o ser atacado por medicamentos. Y, según se ha comprobado, da lugar a una transmisión significativa en medio extrasanitario o causan varios conglomerados de Covid-19 en distintos países, con una prevalencia relativa creciente y ocasionando números cada vez mayores de casos con el tiempo, o bien que presentan, aparentemente, otras características que indiquen que pueden entrañar un nuevo riesgo para la salud pública mundial.
La nueva variante, además de haber cumplido con los criterios como variante de interés, se le ha catalogado como variante de preocupante VOC, porque según se ha demostrado tras una evaluación comparativa, se asocian a uno o más de los siguientes cambios en un grado que resulta significativo para la salud pública mundial:
• un aumento de la transmisibilidad o un cambio perjudicial en la epidemiología de la Covid-19;
• un aumento de la virulencia o una variación en la presentación clínica de la enfermedad;
• una disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles.
Por esta razón, la OMS recomienda a los países a seguir estas instrucciones:
• Intensificar las actividades de vigilancia y secuenciación para conocer mejor las variantes del SARS-CoV-2 en circulación.
• Enviar las secuencias completas del genoma y metadatos conexos a una base de datos públicamente disponible, como la GISAID.2
• Notificar a la OMS los casos o conglomerados de casos de infección por las variantes preocupantes, por medio del mecanismo del Reglamento Sanitario Internacional.
• Si se dispone de capacidad suficiente, y en coordinación con la comunidad internacional, realizar estudios en el terreno y análisis en laboratorio para conocer mejor los efectos de las variantes preocupantes en las características epidemiológicas de la Covid-19, la gravedad de los síntomas que producen, la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, los métodos diagnósticos, la respuesta inmunitaria, la neutralización por anticuerpos y otras cuestiones pertinentes.
También realiza recomendaciones a la población para reducir el riesgo de contraer la Covid-19, señalando que ésta debe aplicar medidas sociales y de salud pública de eficacia demostrada, como el uso de una mascarilla bien ajustada, la higiene de las manos, el distanciamiento físico, la buena ventilación de los espacios interiores, evitar los espacios concurridos y la vacunación.
Desafortunadamente, en nuestro país dichas recomendaciones no parecen tener eco, pues nuestras máximas autoridades sanitarias han minimizado los efectos que pudiera tener esta nueva variante del SARS CoV-2, denominada ómicron, sobre la salud pública y sus repercusiones económico-sociales.
Mientras la mayoría de los países en el mundo están tomando ya medidas preventivas ante la nueva variante, en el nuestros, se señala que no son necesarias y que se continuara con las mismas acciones, por ello estamos proponiendo que la Cámara de Diputados exhorte al Consejo de Salubridad General, organismo constitucional responsable de atender éste emergencias sanitarias, a efecto de que sea éste el que determine qué medidas debe adoptar nuestro país ante la nueva variante de preocupación ómicron.
Se requiere que este organismo evalué, con base científica e información fidedigna la situación para tomar las acciones para instrumentar un plan de preparación y acción para atender las acciones prioritarias solicitadas a los estados miembros y que a continuación enumero: Acciones prioritarias para los Estados miembros:
1. Mejorar los esfuerzos de vigilancia y secuenciación para comprender mejor las variantes circulantes del SARS-CoV-2, incluido ómicron. Donde exista capacidad, se realice investigaciones de campo y evaluaciones de laboratorio para mejorar la comprensión de las características de ómicron. Esto debe incluir pruebas comunitarias para detectar si ómicron está circulando en la comunidad.
2. Como el fallo de la diana del gen S (SGTF) de una prueba de PCR ampliamente utilizada (ThermoFisher TaqPath) está indicado para ómicron, el SGTF se puede utilizar como marcador para esta variante, lo que puede conducir a una detección eficaz de ómicron.
3. Informar los casos/grupos iniciales asociados con la infección por ómicron a la OMS a través del mecanismo del RSI o posteriormente, informe (públicamente o mediante el RSI) la proporción de ómicron entre las muestras secuenciadas (y/o, cuando esté disponible, la proporción de SGTF).
4. Acelerar la cobertura de vacunación contra Covid-19 lo más rápido posible, especialmente entre las poblaciones designadas como de alta prioridad que permanecen sin vacunar o que aún no están completamente vacunadas.
5. Utilizar un enfoque basado en el riesgo para ajustar las medidas de viajes internacionales de manera oportuna. Adoptar los consejos de la OMS para el tráfico internacional en relación con la variante ómicron del SARS-CoV-2 para obtener información adicional.
6. El uso de cubrebocas, distanciamiento físico, ventilación del espacio interior, evitación de multitudes y la higiene sigue siendo clave para reducir la transmisión del SARS CoV-2 incluso con la aparición de la variante ómicron. Recomendar el rastreo de contactos de los casos de Covid-19 para interrumpir las cadenas de transmisión del SARS-CoV-2.
7. Asegurar que los sistemas de alerta temprana estén en su lugar para informar un ajuste eficiente de las medidas sociales y de salud pública.
8. En previsión del aumento de casos de Covid-19 y la presión asociada sobre el sistema de salud, asegúrese de que existan planes de mitigación para mantener los servicios de salud esenciales y los recursos de atención de salud necesarios para responder a posibles aumentos repentinos.
9. Las autoridades deben comunicar regularmente información basada en evidencia sobre el ómicron y otras variantes circulantes y la implicación potencial para el público de manera oportuna y transparente, incluyendo lo que se sabe, lo que se desconoce y lo que están haciendo las autoridades responsables.
Nuestro país no puede ni debe quedarse impasivo o mantener la misma inercia ante la nueva variante del SARS CoV-2, es necesario revisar y adoptar las recomendaciones de la OMS para proteger la vida de las personas.
Aunque aún se desconoce mucho sobre esta variante, hay evidencia científica para tomar medidas preventivas oportunas, pues solo de esa manera se podrá evitar la que muchos enfermen, incluso una baja proporción de complicados si se acumulan podría colapsar hospitales.
Aunque en nuestro país no se han reportado casos por la variante ómicron, seguramente los habrá pronto, por lo que es necesario adoptar las medidas preventivas para salvar vidas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a convocar al Consejo de Salubridad General a sesionar de manera urgente, para establecer las medidas que se deben adoptar para enfrentar los efectos de la nueva variante del virus SARS CoV2 denominada Ómicron, misma que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como de “alto riesgo” para la salud mundial.
Notas
1 Ver https://www.who.int/es/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-( b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
2 La iniciativa GISAID involucra asociaciones público-privadas entre el brazo administrativo de la iniciativa, Freunde de GISAID eV, una asociación sin fines de lucro registrada, y los gobiernos de la República Federal de Alemania, el anfitrión oficial de la plataforma GISAID, Singapur y los Estados Unidos de América, con el apoyo de la filantropía privada y corporativa. https://www.gisaid.org/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2021.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)
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