Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5725-VI, martes 23 de febrero de 2021

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Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar la Secretaría de Bienestar a modificar en las Reglas de Operación del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores la población objetivo, de tal suerte que se amplíe a 65 años, a cargo de la diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a priorizar la vacuna de los médicos y enfermeros en la primera fila de combate contra el Covid-19 en los sectores público y privado, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar la adquisición y disposición oportuna de la vacuna contra el Covid-19, y criterios de aplicación basados en zonas de mayor contagio, mortalidad, edad y ocupación laboral, así como su exposición diaria al SARS-Cov2, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar fundaciones y organizaciones de asistencia privada beneficiadas con la asignación de recursos del erario en el periodo 2000-2018, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener a transparentar la información sobre compraventa de gas natural en la presente administración, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y el SAT a agilizar el correcto desahogo de las denuncias y revisar las operaciones de Financial Investor Center, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR, la Sader y el Senasica a establecer con autoridades estatales y municipales convenios de colaboración para mejorar el manejo, aseguramiento y transporte del ganado mostrenco semoviente que se encuentre en la vía pública sin pastoreo y represente un riesgo, y combatir y prevenir el abigeato, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades mexiquenses a establecer, coordinar y aplicar una estrategia que permita, en el marco de la pandemia de SARS-Cov2, la reapertura del santuario del Señor de Chalma y la reactivación del sector comercial en el corredor Ocuilan-Chalma-Malinalco, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la SCT, la Semarnat y los gobiernos estatales a crear e implantar una campaña de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a fortalecer el sistema de salud en prevención y atención de cuidados prenatales para reducir la mortalidad materna, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal, estatales y municipales a reanudar labores con al menos 30 por ciento de su estructura operativa para no detener el desarrollo de las actividades ciudadanas ante la administración pública, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a incorporar integrantes de la Comisión de Igualdad de Género en la formación de la Sección Instructora; y a esa comisión, a solicitar formalmente proponer integrantes para integrar la Sección Instructora respecto a la solicitud de juicio político contra José Félix Salgado Macedonio, promovida por ciudadanas el 18 de febrero de 2021, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE y sus homólogos de las entidades federativas donde habrá comicios en 2021 a vigilar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser votado de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a suscribir el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a expandir la construcción de planteles destinados a la educación tecnológica industrial de nivel medio superior en las zonas con mayores índices de actividades económicas del sector industrial, y reforzar los planes de estudio para obtener una mejor preparación técnico-practica, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Conava a realizar por los institutos del sistema nacional de salud una campaña de difusión e informar a la opinión pública sobre la suspensión de la vacuna contra la poliomielitis, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, el IMSS y el ISSSTE a dar prioridad en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a trabajadores del sector obrero, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, su homóloga en Tamaulipas, la Conapesca y el gobierno de esa entidad a implantar programas de apoyo a los pescadores locales afectados por las bajas temperaturas en el estado, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a fomentar y ampliar las estrategias de almacenamiento y coberturas para atender las insuficiencias del sector eléctrico del país, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CRE y la CFE a reajustar las tarifas eléctricas de Chiapas según sus condiciones especiales de generador de energía hidroeléctrica y su temperatura, a cargo del diputado Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE, la CRE, el Cenace y la Sener a realizar una investigación externa sobre las causas de la interrupción de la electricidad en diversas entidades el 28 de diciembre de 2020 y 15 de febrero de 2021 y su efecto en las finanzas de la empresa y la economía nacional, a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y la SHCP a otorgar apoyos inmediatos a los citricultores de NL afectados por las bajas temperaturas, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo y diversas autoridades federales y de Tamaulipas a generar estrategias que proporcionen recursos suficientes a los productores locales afectados por las bajas temperaturas presentadas en la entidad, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE, los organismos públicos electorales y la SSP de las entidades a implantar acciones que garanticen la salud, seguridad e integridad física del personal y funcionarios de los organismos comiciales que participan en actividades de campo en el proceso 2020-2021, a cargo del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a constituir una mesa interinstitucional para atender las demandas del Comité pro Defensa de los Pueblos Indígenas Chinantecos desplazados por la presa Cerro de Oro a partir de la expropiación de sus tierras desde el 30 de agosto de 1972, suscrita por los diputados Marco Antonio Medina Pérez e Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a retirar su iniciativa preferente por la que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica e instruir a la Sener para que cumpla irrestrictamente las disposiciones constitucionales en materia energética, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a garantizar el derecho constitucional a la información plural y oportuna sobre el número de vacunas adquiridas para enfrentar la pandemia de Covid-19, suscrita por las diputadas Ivonne Liliana Álvarez García y Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General Anticorrupción de Oaxaca y la SFP a investigar al magistrado agrario de Huajuapan de León y el alcalde de Santo Domingo Ixtacatlán por actos de corrupción, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Profepa a tomar medidas y hacer pública la información relativa al daño ambiental ocasionado a la laguna Bacalar, en QR, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a promover entre la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños acuerdos diplomáticos para elaborar y firmar un convenio latinoamericano de ciberseguridad, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Salud a presentar el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre la Atención a la Pandemia de Covid-19, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a retirar de la estrategia de vacunación contra el SARS-Cov2 a todo el personal civil no perteneciente al sector salud para desarrollar con éxito la política nacional respectiva, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a establecer con su homóloga en Tamaulipas un plan de rescate urgente para productores, ejidatarios y ganaderos, y contribuir así a mitigar las pérdidas económicas por las bajas temperaturas registradas las últimas semanas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas secretarías de Estado a hacer públicas las medidas tomadas para apoyar a los pueblos mágicos en la pandemia por Covid-19, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a investigar por la SFP posibles actos de corrupción en la delegación del ISSSTE en Veracruz, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a difundir y explicar por la SEP la estrategia prevista para revertir el deterioro de los aprendizajes de los alumnos, sobre todo de educación básica, provocado por las medidas aplicadas contra la pandemia del Covid-19, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Oaxaca a establecer una mesa de trabajo permanente con pobladores de San Juan Mazatlán y la Secretaría General de Gobierno para garantizar la libre partición y el respeto de los usos y las costumbres de los lugareños y que el IEEPCO fije una postura profesional y sin injerencia en el proceso electivo del municipio, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS y el ISSSTE a realizar ajustes para que los pacientes tengan acceso al Compendio Nacional de Insumos de la Salud, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a publicar de inmediato los estudios de factibilidad técnica y aeronavegabilidad correspondientes a la construcción del aeropuerto internacional General Felipe Ángeles, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP, la Sader y el gobierno de Tamaulipas a efecto de que refuercen una estrategia para ejecutar un plan de acción de apoyo económico emergente de los productores agrícolas locales más afectados y contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y afrontar las inclemencias climáticas en sus campos y cosechas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a garantizar el suministro eléctrico en el país y cumplir su objeto de regular la organización, la administración, el funcionamiento, la operación, el control, la evaluación y la rendición de cuentas, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tamaulipas a transparentar el uso de recursos y el avance físico-financiero de la construcción de la obra en Reynosa, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al IMPI a implantar una campaña de difusión contra el fraude cibernético en materia de marcas registradas; y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, a suspender de inmediato como medida cautelar las cuentas bancarias de personas relacionadas con ese ilícito, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a incluir los museos y centros de ciencia y tecnología en sus planes de retorno, incorporación y reactivación económica ante la contingencia sanitaria por el SARS-Cov2, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Sener, la CFE y el Cenace para que hagan de conocimiento público el efecto económico de los cortes de electricidad el 14 de febrero de 2021, resuelvan de inmediato el problema de suministro y cancelen los cortes rotativos de energía en las regiones del norte, occidente y oriente, suscrito por los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Conafor a impulsar con el gobierno de Puebla un programa de prevención y contención de incendios forestales, así como una campaña informativa de toma de conciencia para la ciudadanía sobre las medidas oportunas de preservación y cuidado del ambiente en la temporada de incendios en la entidad, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a fortalecer y ampliar el espectro de la campaña informativa y de difusión masiva para hacer del conocimiento de instituciones privadas y públicas, así como de la ciudadanía, que la vigencia de la credencial con vencimiento en 2019 y 2020 se amplió y ésta puede seguir utilizándose como identificación hasta el 6 de junio y servirá en la jornada de este año, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco y Pemex a llevar a cabo un operativo conjunto de verificación de estaciones de servicio de gasolina y gas para sancionar a quien comercialice combustible en sus diversas modalidades de origen ilícito en Puebla, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Zacatecas a ampliar el plazo para regularizar motocicletas del programa Lo Legal y realizar una campaña de información ciudadana, a cargo del diputado Óscar Rafael Novella Macías, del Grupo Parlamentario de Morena

Efemérides

Con motivo de febrero, mes dedicado a la salud del hombre, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar la Secretaría de Bienestar a modificar en las Reglas de Operación del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores la población objetivo, de tal suerte que se amplíe a 65 años, a cargo de la diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Maribel Aguilera Cháirez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Como todos sabemos, el Gobierno de México, bajo la actual presidencia de Andrés Manuel López Obrador, desde prácticamente el inicio de su administración puso en marcha el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este programa consiste en otorgar una pensión a las personas de la tercera edad del país (personas mayores de 65 y 68 años, según su zona de residencia).

Anteriormente, este programa correspondía al programa 65 y más, de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Dicho programa constituía una estrategia integral para combatir la pobreza de las personas mayores de 65 años. Tiene como objetivo mejorar el nivel de bienestar de los adultos mayores, por medio de un esquema de atención completo, en donde se otorgan apoyos enfocados a satisfacer sus necesidades básicas.

Se trata de un programa de apoyo económico para las personas de la tercera edad que residen en México, actualmente, las reglas de operación del programa consideran como beneficiarios a las personas hombres y mujeres por igual, mayores de 65 años que viven en comunidades indígenas y a las personas mayores de 68 años que viven en el resto del país.

En México los adultos mayores enfrentan condiciones de escasos ingresos y carencias en el acceso a los sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en sus condiciones de vida. Por ello, el objetivo de este programa es contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social.

En México se considera adulto mayor a una persona que tiene más de 60 años y se refiere a la etapa que suma todas las experiencias de la vida y pasa por la mayoría de las metas familiares, profesionales y sociales. Pero también marca el inicio de una etapa donde las personas presentan condiciones de vulnerabilidad física, social y económica.1

El 12.3% de la población tiene 60 años o más, es decir, 15.4 millones de personas, el país está pasando por un proceso de envejecimiento demográfico, es decir, por un aumento en la proporción de personas de 60 años o más y la disminución de la población infantil y joven. Ello plantea diseñar políticas orientadas a mejorar el bienestar de vida de las personas que pasan por este ciclo de vida o que en un futuro cercano la transitarán.

La pandemia por Covid-19 ha enfatizado las necesidades y vulnerabilidades que tienen las personas mayores en lo que respecta a su salud y otros rubros, en este rango de población se encuentra la más alta mortalidad derivada de este padecimiento, siendo además causa de otro tipo de afectaciones sociales, económicas, etc.

En lo que respecta al Programa de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, con el cambio en las reglas de operación que elevo el requisito de la edad de 65, como se otorgaba anteriormente, a 68 años, se vino a afectar a un segmento importante de la población en este rango de edad, siendo que, de acuerdo a las estadísticas y diversos estudios, es una población vulnerable que enfrenta múltiples dificultades para su digna subsistencia, además, esta modificación es discriminatoria toda vez que existen personas de 65 años que por sus condiciones sociales, en específico indígenas y/o afromexicanos, son sujetos para recibir este beneficio, situación que vulnera los principios de equidad contenidos en la Constitución y en la propia Ley para los Derecho de las Personas Adultas Mayores, que establece en su artículo 4° Fracción III Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia;

En este mismo tenor el artículo 5 de la Ley en comento establece:

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I.- De la integridad, dignidad y preferencia:

a) A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.

b) Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran.

II.- De la certeza jurídica:

... b) A recibir apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.

Considerando también que en nuestro país ninguna persona puede ser discriminada por razón de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades, con mayor razón no podemos vulnerar los derechos de las personas adultas mayores, limitando su acceso a recibir el apoyo de los programas sociales del Gobierno Federal.

Por ello, considerando que entre el sector de la población de 65 años en adelante existen condiciones económicas y sociales muy diversas, existe un común denominador en lo que respecta a que es una población vulnerable que enfrenta múltiples dificultades y que, si bien las necesidades pueden variar, al no considerarlos como sujetos a un derecho que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se están violentando sus derechos bajo los principios de igualdad y equidad.

Siendo este un gobierno solidario que vela por la protección de los derechos y las causas en beneficio de los más vulnerables, no podemos ni debemos permitir que se haga distinción entre unos y otros para hacer valer los derechos, menos aun tratándose de un sector que merece de toda nuestra consideración y respeto como lo son nuestros adultos mayores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Bienestar a que considere modificar las reglas de operación del programa Pensión Universal para el Bienestar de las personas Adultas Mayores, en lo que corresponde a la población objetivo, de tal suerte que pueda ampliarse a los 65 años, y no hasta los 68 años, tal como se tiene considerado actualmente.

Nota:

1. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Artículo 3 Fracción I

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Maribel Aguilera Cháirez

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a priorizar la vacuna de los médicos y enfermeros en la primera fila de combate contra el Covid-19 en los sectores público y privado, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

Dulce Alejandra García Morlan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I,79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a priorizar vacunar a todas y todos los médicos y enfermeros que se encuentran en la primera fila de combate contra el Covid19, tanto en el sector público como en el privado, así como a paramédicos, bomberos y policías, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Estamos por cumplir un año desde el inicio de la pandemia en México, un año donde muchos mexicanos y mexicanas han perdido la vida contra este virus que ataca a todo tipo de personas sin distinción alguna.

Desde el inicio de la pandemia en México, las y los enfermeros y médicos han sido el grupo qué mas ha trabajado para mitigar este virus, dando todo su esfuerzo e incluso horas extras y dejar de ver a sus familiares por atender y cuidar a las personas que tienen Covid-19.

El gobierno federal no ha priorizado a estos héroes y heroínas que se encuentran en la primera fila del combate ante el Covid-19, hemos visto que las primeras vacunas no han sido en su totalidad para este grupo, ya hemos visto que Servidores de la Nación, Regidores y familiares que trabajan en el ámbito público que fueron vacunados, cuando los primeros lotes de las vacunas debe de ser dirigido a todo el personal de hospital que arriesgan su vida día con día para mantener al mayor número de personas vivas y regresen a su casa.

Con información oficial de la Secretaría de Salud del gobierno federal tenemos dos datos que son preocupantes, y la razón por la cual es necesario e importante el por qué de este exhorto. El primero, es que México es uno de los paises con más muertes de personal médico en el mundo, y el segundo, es que tenemos una tasa de mortalidad por Covid-19 de casi 9 por ciento, cuando éste es de 3 por ciento mundial.

Datos duros que hablan por sí solos, el primer dato habla sobre la poca protección que tienen el personal médico del país, y el segundo, casi uno de cada 10 personas que contraen el virus se muere en México, esto sin contar a las personas que desafortunadamente murieron en sus hogares por no encontrar camas y/o respiradores en los hospitales.

Aunado a lo anterior, también tenemos la ocupación hospitalaria en todo el país en sus máximos, teniendo muchos estados en rojo y otros en naranja. Esto hace que el personal médico se encuentre trabajando de tiempo completo y horas extras porque tenemos muchas personas enfermas, esto hace que su trabajo sea considerado de extremo riesgo.

Esta actividad la realizan tanto en hospitales que pertenecen el sistema nacional de salud, como en hospitales privados. Debo decir que el virus mortal del Covid-19 no distingue entre quienes trabajan en el sector público o en el sector privado: lo ataca

por igual. Por ello es de vital importancia que todo el personal médico y las y los enfermeros se consideren como prioridad en el esquema de vacunación.

Aunado a lo anterior, también encontramos en la primera línea de atención a personas enfermas de Covid-19 a los paramédicos, policías y bomberos, quienes desarrollan una labor primordial en la atención a la ciudadanía; son los paramédicos quienes trasladan a los pacientes enfermos de sus casas a los hospitales y viceversa; son los policías quienes deben garantizar el orden y la seguridad en los hospitales públicos y sus alrededores y en consecuencia tienen contacto directo con personas enfermas, que en muchas ocasiones son asintomáticas; y son los bomberos quienes brindan auxilio a la población no solamente en incendios sino que además cuenta con ambulancias para traslado de pacientes.

Por ello resulta vital que estén considerados como prioritarios para su vacunación y así cumplamos con la condicionante humana: Cuidar a quienes nos cuidan.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a priorizar el vacunar a todas y todos los médicos y enfermeros que se encuentran en la primera fila de combate contra el Covid19, tanto en el sector público como en el privado, así como a paramédicos, policías y bomberos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar la adquisición y disposición oportuna de la vacuna contra el Covid-19, y criterios de aplicación basados en zonas de mayor contagio, mortalidad, edad y ocupación laboral, así como su exposición diaria al SARS-Cov2, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Ivonne Liliana Álvarez García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todas las personas estamos en riesgo de contraer Coronavirus, Covid-19, sin embargo, son los adultos mayores quienes presentan mayor probabilidad de enfermar gravemente, debido entre otros aspectos, a sus enfermedades y patologías crónicas, de ahí su alta tasa de mortalidad.

Se trata de un sector poblacional vulnerable, según la Situación de las Personas Mayores en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por Covid-19 del Consejo Nacional de Población, de los adultos mayores de 60 años, al menos el 25.1% cuenta con un diagnóstico de Diabetes Mellitus, 42.4% de Hipertensión Arterial y 11.3% de tabaquismo, contexto que compromete su salud, integridad y vida ante los efectos del SARS-CoV2.1

A decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el proceso de envejecimiento se ha acelerado, muestra de ello es que la población de 60 años y más, transitó de 9.1% en el año 2010 a 12% en el 2020.2 El estado de Nuevo León aumentó significativamente su población en la última década, al pasar de 3 millones 834 mil 141 habitantes en el 2000 a más de 5 millones.

Respecto a la distribución de edad, más de un millón 381 mil habitantes tienen entre cero y 14 años de edad, 3 millones 948 mil 050 entre 15 y 64 años, y 436 mil 812 son personas de 65 años y más.3 Pese a estas consideraciones, el Gobierno Federal solo envió a la entidad 384 mil vacunas a Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, cifra que representa apenas el 9.5% de ese sector.4

A decir de la Secretaría de Salud federal, deberán aplicarse en las zonas rurales a pesar de que la mayoría de los contagios y de las defunciones se dan en las zonas urbanas. Con base en estadísticas del gobierno del estado de Nuevo León, es posible identificar que el 93.6% de los contagios han ocurrido en los 18 municipios metropolitanos y el 5.8% restante en las áreas rurales.

El mismo panorama corresponde con los decesos, ya que el 94% de las muertes son en demarcaciones conurbadas y 4.7% en zonas rurales, los demás, 1.3% son víctimas de otros estados que son atendidos en Nuevo León. Destaca que entre enero y agosto de 2020, el Covid-19 fue la segunda cauda de muerte global con 108 mil 658 casos, solo después de las enfermedades del corazón.5

La estrategia de vacunación carece de coordinación con los gobiernos locales, por lo tanto, serán funcionarios de la Secretaría del Bienestar quienes coordinarán la aplicación de la vacuna, transgrediendo de esta manera, la Ley General de Salud, quien en su artículo cuarto contempla al Presidente de la República, al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas como autoridades sanitarias, pero no a dicha dependencia.6

Se ha dado poca difusión al método de registro, los documentos a presentar y la ubicación precisa en donde serán puestos los espacios para su dotación, peor aún, ni a los adultos mayores o a sus familiares se les ha informado si esta dosis se les administrará en sus domicilios, en algún centro de salud, oficina gubernamental o a cualquier otro punto al que tengan que trasladarse.

Durante los primeros días de aplicación, no solo en Nuevo León, también en la Ciudad de México ha sido evidente los retrasos que han provocado largas filas, conglomeraciones y perdida de la sana distancia, hecho que pone en riesgo a los adultos mayores y a sus acompañantes, ya que algunos de ellos presentan discapacidad auditiva, visual o motriz.

La imposición de criterios y la falta de transparencia deriva en incertidumbre e ineficacia en la contención del Virus SARS-CoV2, de ahí la necesidad de modificar la política nacional de vacunación a efecto de incorporar diversos razonamientos en la atención, tales como zonas de mayor contagio, mortalidad, edad y ocupación laboral, así como su exposición diaria a factores de riesgo.

El Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recomienda que las vacunas deben estar orientadas a las zonas donde existe una mayor velocidad de contagios de coronavirus: en las ciudades, en áreas urbanas y metropolitanas relevantes.7

Sus especialistas creen que realmente iniciará la vacunación masiva, cuando se disponga de decenas de millones de dosis, y habiendo pocas, lo más razonable en este momento es aplicarlas en sitios con mayor tasa de contagios y concentración poblacional.

Actualmente existen sectores desprotegidos a pesar de que su labor está directamente relacionada con la pandemia como odontólogos, personas con enfermedades crónico degenerativas, personal de crematorios y funerarias, así como transportistas y niñas, niños y adolescentes con enfermedades con gastos catastróficos como cáncer.

Contar con datos básicos sobre el número total de dosis disponibles, su cronograma de llegada y hasta el nombre de las vacunas, abonará al interés de su aplicación y permitirá una mayor información bajo el principio de máxima publicidad y acceso a la información pública gubernamental, tutelados por la Constitución, sus leyes reglamentarias y los tratados internacionales de los que México forma parte.

Enfrentar al Coronavirus, Covid-19 es una tarea de todos, y juntos tendremos mayores posibilidades de superarlo, no obstante, la confrontación, imposición y descoordinación promovida desde federación, hace que las medidas sean poco eficaces en la protección de la salud de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que garantice la adquisición y disposición oportuna de la vacuna contra el coronavirus Covid-19, y los criterios de su aplicación estén basados en zonas de mayor contagio, mortalidad, edad y ocupación laboral, así como su exposición diaria al virus SARS-CoV2.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud para que transparente el número total de dosis disponibles, el nombre de las vacunas y los cronogramas de entrega en las entidades federativas y los municipios del país, en particular al estado de Nuevo León.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que dé a conocer las medidas que se llevarán a cabo en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, para solventar las irregularidades que se han presentado en los primeros días de vacunación a los adultos mayores, entre los que destacan retrasos, conglomeraciones, desinformación y falta de vacunas.

Notas

1 Consejo Nacional de Población. (2020). Situación de las Personas Mayores en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por Covid-19. 16/02/2021, de Secretaría de Gobernación Sitio web:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558004/Situacion_de_las_personas_mayores_en_el_contexto_del_COVID-19.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). En México somos 126 014 024 habitantes: Censo de Población y Vivienda 2020. 16/02/2021, de INEGI Sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf

3 César Cubero. (2021). Población de Nuevo León aumentó 50% en 20 años: Inegi. 16/02/2021, de Milenio.com Sitio web: https://www.milenio.com/estados/cuantas-personas-viven-en-nuevo-leon-in egi

4 Daniel Reyes y Mirna Ramos. (2021). Envían 9% de vacunas y van para zona rural. 16/02/2021, de El Norte Sitio web: https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2 124593

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Características de las defunciones registradas en México durante enero a agosto de 2020. 16/02/2021, de INEGI Sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pnles.pdf

6 Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 07-01-2021). Ley General de Salud. 16/02/2021, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_070121.p df

7 Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud. (2021). Urge Vacunación en Zonas de Riesgo. 16/02/2021, de CIPPS Sitio web: https://cipps.unam.mx/urge-vacunacion-en-zonas-de-riesgo/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero del 2021.

Diputada Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar fundaciones y organizaciones de asistencia privada beneficiadas con la asignación de recursos del erario en el periodo 2000-2018, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal Santiago González Soto, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La transparencia y rendición de cuentas es una de las características de las democracias, el uso de los recursos públicos debe realizarse atendiendo los criterios de legalidad referidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otros ordenamientos jurídicos, por lo que la asignación de recursos financieros provenientes del erario público a la sociedad civil a través de fundaciones, organizaciones civiles o fideicomisos deben ser objeto de revisión para determinar la eficiencia, eficacia y honradez con la que fueron administrados.

Los medios de comunicación en diversas ocasiones, se han referido al uso indebido que varias fundaciones u organizaciones de asistencia privada, han hecho de los recursos públicos que les fueron asignados en administraciones anteriores para apoyar a los sectores vulnerables o más desprotegidos de la sociedad, acciones que nada tienen que ver con la asistencia social; lo anterior en razón de la poca o nula trasparencia en la administración de estos recursos que pertenecen a la nación, desconociéndose si realmente fueron empleados para los fines que motivaron al Estado para otorgárselos.

Mucho se ha hablado de la triangulación de estos recursos, cuyo fin último pareciera que no fueron los “nobles propósitos” que dieron paso a su asignación, por el contrario, se ha mencionado que este dinero tuvo como destino campañas electorales, financiamiento hacia grupos de poder afines a los gobiernos en turno o en su caso el apropiamiento indebido por parte de quienes deberían administrarlos en beneficio de la sociedad.

Uno de los casos más destacados del financiamiento a fundaciones que no entregaron la debida comprobación de gastos de los recursos públicos recibidos, fue el acontecido en 2017 la fundación “Juntos Podemos” de acuerdo con lo señalado por uno de sus integrantes, recibió alrededor de mil quinientos millones de pesos, para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que se encontraban en Estados Unidos.i

De acuerdo con un artículo periodístico publicado en octubre de 2020, se señala que “en 2017, la Auditoria Superior de la Federación observó que la forma de comprobación de los gastos de estos programas por parte del IME era deficiente, incompleto y sin soporte probatorio de los gastos, presumiendo un posible daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal”.ii

En el artículo se menciona por parte del entrevistado quien formó parte de esta fundación: “que se deben de prohibir las donaciones de recursos públicos a fundaciones privadas o públicas extranjeras, entre otras razones, porque su aplicación y administración no se ajuste a la legislación mexicana en materia de transparencia y rendición de cuentas”.iii

Como podemos apreciar en este caso elegido, para exponer la corrupción que se ha dado en varias de ellas; la asignación de recursos dista mucho de alcanzar los objetivos de beneficio colectivo para el que deben emplearse. Por ello y en congruencia con las acciones que el actual gobierno viene llevando a cabo para evitar la malversación de los recursos públicos, es de considerarse que la Auditoría Superior de la Federación realice auditorías a las diversas fundaciones que han sido beneficiadas en las anteriores administraciones, durante el periodo comprendido del año 2000 al 2018, lo cual permitirá transparentar su administración y evaluar el debido cumplimiento de los fines que dieron pauta a estas asignaciones presupuestales; de igual manera determinar de manera fehaciente la posible comisión de delitos del orden federal.

Es de señalar que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 79, fracción I, la Auditoría Superior de la Federación:

“También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada , y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.”iv

Esta atribución de fiscalización de las asociaciones públicas y/ o privadas, que no necesariamente sean fideicomisos, permite la acción de este órgano del poder legislativo, para la supervisión en el manejo de los recursos públicos del orden federal; como ya se mencionó es importante la revisión del gasto público para determinar la posible comisión de delitos en perjuicio de la arcas nacionales.

Al respecto la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señala en su artículo 2, fracción X lo siguiente:

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

X. Entidades fiscalizadas: los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga , así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales , no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines; v

Más adelante el propio ordenamiento jurídico nos refiere de igual manera:

Artículo 37.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

...

Los lineamientos comprenderán además, la verificación del desempeño y la comprobación de la aplicación adecuada de los recursos que reciban las personas físicas o morales , públicas o privadas, en concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados por las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal con cargo a recursos federales.vi

Consideramos, que el ejercicio de la fiscalización y la consecuente transparencia en la rendición de cuentas de las entidades y dependencias públicas, es fundamental para la evaluación de la gestión que han llevado a cabo las autoridades de pasadas administraciones, en la construcción de una sociedad democrática, que existe la necesidad de determinar la posible utilización de los recursos públicos en fines diferentes para los que fueron asignados; para que en su caso, se proceda en el ámbito legal con el propósito de abatir la cultura de la impunidad por parte de quienes administraron el erario, pero que esta promoción de valores como la honestidad, la transparencia y el sentido de la consciencia social debe abarcar a particulares y asociaciones diversas, como lo son las fundaciones, en las cuales debió imperar el estricto sentido del respeto al orden jurídico y a los fines de bienestar social por el que fueron fundadas.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundamentado, presento a esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a realizar auditorías a fundaciones y organizaciones de asistencia privada, que fueron beneficiadas con la asignación de recursos del erario en el periodo 2000-2018.

Notas

i Piden auditoría a fundación de Vázquez Mota por los mil 500 mdp que recibió de fundaciones. El Universal, 21 -10-2020. En https://www.eluniversal.com.mx/nacion/josefina-vazquez-mota-piden-audit oria-fundacion-por-los-mil-500-mdp-que-recibio-de. Consultado el 11 de diciembre de 2020.

ii Ibídem.

iii Ibídem.

iv Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf el 14 de diciembre de 2020.

v Ley de de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, En https://www.senado.gob.mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LFRCF.pdf. 15 de diciembre de 2020.

vi Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado Santiago González Soto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener a transparentar la información sobre compraventa de gas natural en la presente administración, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscritos, integrantes Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Energía a transparentar la información sobre compraventa de gas natural durante la presente administración.

Exposición de Motivos

I. El 15 de febrero del presente año ocurrió un corte masivo en el suministro eléctrico en diversas entidades federativas, mismo que afectó a 5.9 millones de usuarios, principalmente en el norte del territorio nacional. De acuerdo con la dirección general de CFE Energía, dicho corte se debió a la relación entre la interconexión que se tiene con Estados Unidos en materia de suministro de gas, así como a la comunicación en las líneas de transmisión.1 La Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló en un comunicado: “Debido al vórtice polar que afecta a Estados Unidos, este país registra cortes en el suministro de gas natural y volatilidad en el precio de este combustible por más de 5 000 por ciento”.2

En tal sentido, se ha señalado que, tanto las cuestiones climáticas en el estado de Texas y la disminución en la oferta generada por la pandemia, derivaron en un alza significativa en los precios del gas. Aunado a lo anterior, en los últimos días, diversos compradores han incrementado su demanda de combustible. No obstante, se han cuestionado las declaraciones emitidas por la CFE, ya que no han ofrecido información completa sobre el suministro de gas a México, ni sobre las políticas que, por omisión o negligencia, ocasionaron este corte masivo en el suministro eléctrico.3

La electricidad producida en México tiene una alta dependencia del gas natural como fuente energética primaria, pues tan solo en 2017, de acuerdo al Sistema de Información Energética, 49.9 por ciento de la generación bruta de energía provenía de sistemas de ciclo combinado,4 el cual a través de la transformación de la energía térmica del gas natural produce electricidad mediante dos ciclos consecutivos: el de una turbina de gas y el de una turbina de vapor.5

Por su parte, para 2020, el volumen promedio de ventas internas de gas natural se situó en mil 313.6 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), de los cuales 853.1 MMpcd son provenientes de importaciones, lo que significa que 64.9 por ciento del gas natural requerido en el país proviene del extranjero.6

II. De acuerdo con afirmaciones emitidas por el Titular del Ejecutivo Federal, las administraciones anteriores otorgaron contratos para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica, mismas que serían abastecidas con gas natural importado desde Estados Unidos.7 Sin embargo, esto no sucedió, ya que no se realizó la licitación correspondiente y no se construyeron las plantas termoeléctricas señaladas; sin embargo, sí se firmaron los contratos para hacer gasoductos y comprar el gas, lo que generó una irregularidad, pues no se contaba con las plantas, pero sí con el gas.8

Tras esta problemática, se contempló realizar contratos con empresas para que tratasen el gas y éste se pudiera vender a países de Asia.9 En tal sentido, el propio Titular del Ejecutivo Federal afirmó que nuestro país contaba con un excedente de gas natural, por las compras al por mayor que se realizaron en administraciones pasadas, y que se debía buscar la manera de utilizarlo, pues no se iba a requerir en por lo menos en 30 años.10 Entre lo declarado por el Titular del Ejecutivo se encuentra lo siguiente:

Sí, se está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas, porque compraron gas al por mayor, por el negocio, no se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años, hay gas de sobra contratado y tenemos que buscar la forma de utilizarlo, porque ya son contratos que se suscribieron y tenemos que respetar esos contratos.

Entonces, hay varias opciones, las estamos analizando. Una empresa, Sempra, quiere se le otorgue un permiso para vender gas a Japón, esa empresa tiene su planta en Ensenada y quieren vender gas a Japón; pero esa misma empresa es socia de la que nos vendió gas a nosotros en el Pacífico, por donde pasa este gasoducto de los yaquis, entonces queremos ver si hay un acuerdo con la empresa para que ese gas excedente también se pueda ir a Asia y que no nos cueste a nosotros.

III. La política energética actual ha generado una gran cantidad de cuestionamientos, tanto por acciones que resultan ser anacrónicas y contradictorias con la búsqueda de la seguridad energética del país, como por su impacto negativo en el medio ambiente, la certidumbre jurídica y el clima para invertir en nuestro país.

En este sentido, el corte de suministro eléctrico que afectó a casi 6 millones de usuarios en todo el país, provoca una variedad de interrogantes, al no tener claro por qué, si de acuerdo al Presidente se contaba con gas natural para los próximos 30 años, esto no se vio reflejado en la continuidad del suministro hacia las plantas eléctricas para mantener activo el sistema durante la emergencia que se suscitó; asimismo, no ha existido rendición de cuentas ni claridad sobre el presunto excedente de gas que se buscaba vender a Asia. Igualmente, no existe claridad sobre las estrategias que se tendrán a mediano plazo para evitar este tipo de contratiempos, ello por la gran dependencia de las exportaciones de gas natural que tiene México, y porque casi 50 por ciento de la generación de energía eléctrica utiliza ese mismo combustible como fuente primaria.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos a hacer público un informe sobre las licitaciones, convenios o contratos de compraventa de gas natural durante la presente administración del gobierno federal, conforme a las afirmaciones del titular del Ejecutivo federal el 10 de agosto de 2020.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos para que hagan público un informe acerca de las estrategias de corto, mediano y largo plazo para reducir la dependencia de las importaciones de gas natural destinadas a la generación de energía eléctrica en nuestro país, y las acciones encaminadas a garantizar la seguridad y soberanía energética con certidumbre jurídica e impulso a las inversiones públicas y privadas en el sector.

Notas

1 “Se restableció al 100% el suministro de electricidad en estados afectados por el “megapagón”: CFE”, INFOBAE, 2021

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/17/se-res tablecio-al-100-el-suministro-de-electricidad-en-estados-afectados-por- el-apagon-cfe/

2 “Un apagón masivo deja sin electricidad a 4,7 millones de personas en el norte de México”, El País, 2021

https://elpais.com/mexico/2021-02-15/
un-apagon-masivo-deja-sin-electricidad-a-400000-personas-en-el-norte-de-mexico.html

3 Ídem.

4 “Sector Eléctrico, Generación bruta de energía por tecnología”, Sistema de Información Energética, 2017

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro &subAction=applyOptions

5 “Ciclos combinados de gas natural: tecnología punta y desarrollo sostenible”, Naturgy, 2020

https://www.naturgy.es/es/conocenos/compromiso+y+sostenibilidad/cambio+climatico/
energias+responsables/1297101993224/ciclos+combinados.html

6 “Estadísticas petroleras diciembre 2020”, Pemex, 2020

https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/Indicador esPetroleros.aspx

7 “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, lopezobrador.org.mx, 2020

https://lopezobrador.org.mx/2020/08/10/version-estenogra fica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel- lopez-obrador-357/

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputados: Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alán Jesús Falomir Sáenz, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencio González, Dulce María Méndez de la Luz Dauzon, Eduardo Ron Ramos, Geraldina Isabel Herrera Vega, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibiades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante, Lourdes Celenia Contreras González, María del Pilar Lozano Mac Donald, María Libier González Anaya, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martha Angélica Zamudio Macías, Martha Angélica Tagle Martínez, Ruth Salinas Reyes. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y el SAT a agilizar el correcto desahogo de las denuncias y revisar las operaciones de Financial Investor Center, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Jorge Argüelles Victorero, diputado de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y en la fracción II, del numeral 1, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado martes 16 de febrero de 2021 se hizo público que la empresa denominada Financial Investor Center ha incurrido en presuntos actos de defraudación en el estado de Morelos.

El medio de comunicación digital publicó una nota denominada “¡Cuidado!: Fraude en Morelos con empresa Investor Center, que ofrece empleo”.1 Dentro el contenido de la nota, detalla algunos datos relevantes que contribuyen a sustentar la afirmación de que esta empresa pueda estar incurriendo en ilícitos.

La supuesta empresa cuenta con una página de internet bajo el dominio https://investorcenter.mx/, la cual tiene una navegabilidad limitada y poco comprensible al usuario. Asimismo, desde el inicio se presenta como una “Plataforma privada, sólo accesible por invitación”.

Dentro de su sección “Nosotros” se define y presenta todo lo que hace a través de tres puntos únicamente:

• Estructura Modular: Nuestros asociados y operadores están especializados en áreas específicas.

• Interfaces Amigables: Fácil de navegar y comunicarse en caso de desear conocer más del environment.

• Asesoría Integral: Nuestros operadores están disposición de nuestros clientes.

Es notorio que los servicios a los que pueden acceder las personas que decidan contratar sus servicios o asociarse con la supuesta empresa no son claros, lo cual vulnera la certeza del capital que lleguen a invertir. Situación que puede constituirse como presuntos actos de defraudación.

Para mantener comunicación con la supuesta empresa el portal cuenta con una sección denominada “Comentarios” en la que se debe proporcionar una dirección de correo electrónico para dar seguimiento. Situación que resulta poco confiable y transparente para ser considerada una empresa seria y calificada para el manejo de valores.

Investor Center también publica en su portal que cuenta con sedes en Ciudad de México, Quintana Roo, Morelos, Pachuca, Puebla, estado de México y Guadalajara, pero en ninguna opción muestra direcciones para poder acudir o algún teléfono de contacto.

Sin embargo, la supuesta empresa cuenta se encuentra ubicada en el número 25 de la calle Galeana del centro de Cuernavaca, Morelos, en un domicilio que se encuentra en condiciones poco óptimas para desarrollar las labores que ofrecen.

La empresa opera solicitando a la persona que desea aplicar la cantidad de cuatrocientos pesos no reembolsables para un “estudio” del perfil de la o el aplicante, resultando negativo la mayoría de las ocasiones.

Posteriormente, las personas que sí califican le requieren una “inversión inicial” de cuatro mil quinientos a cinco mil pesos, dándoles a cambio productos como perfumes o esencias para que las vendan; resultando un esquema similar a los piramidales en los que también se cometen fraudes.

Como resulta evidente, el modo de operar de esta presunta empresa es sumamente irregular y poco o nada transparente. Situación que no se puede permitir que continúe ocurriendo, pues atentan contra la integridad y el patrimonio de muchas personas no sólo en Morelos, sino en todo México.

Es urgente que las autoridades correspondientes inicien una investigación en contra de la presunta empresa y a sus propietarios, fincando las responsabilidades y los cargos conducentes a quienes sean culpables de estos presuntos actos de defraudación.

No podemos permitir que la delincuencia continúe perjudicando a las y los morelenses, esta supuesta empresa se maneja de forma poco confiable y está cometiendo presuntos actos de defraudación. Las personas responsables de estas acciones no pueden continuar en libertad, dañando el patrimonio de muchas personas que trabajan arduamente para tratar de forjar un patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República para agilice la atención a las denuncias por presuntos actos de defraudación presentadas en contra de la empresa Financial Investor Center, en caso de resultar ciertos los actos denunciados, proceder en contra de la o las personas que resulten involucrados.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Servicio de Administración Tributaria para que revise las operaciones de la empresa Financial Investor Center y en caso de que resulten irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, proceda en contra de la o las personas responsables.

Nota

1 https://www.diariodemorelos.com/noticias/cuidado-fraude-en-morelos-con- empresa-investor-center-que-ofrece-empleo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado Jorge Argüelles Victorero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR, la Sader y el Senasica a establecer con autoridades estatales y municipales convenios de colaboración para mejorar el manejo, aseguramiento y transporte del ganado mostrenco semoviente que se encuentre en la vía pública sin pastoreo y represente un riesgo, y combatir y prevenir el abigeato, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), del gobierno federal; para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia, establezcan convenios de colaboración con autoridades estatales y municipales, para el mejoramiento del manejo, aseguramiento y transporte del ganado mostrenco semoviente que se encuentre en la vía pública sin pastoreo y represente un riesgo, así como para combatir y prevenir el abigeato; al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes

Consideraciones

La ganadería, como proveedora de alimentos y materias primas de origen animal, constituye sin duda una de las principales actividades económicas del sector primario de nuestro país, asimismo se constituye como uno de los elementos más importantes en la alimentación de todos los mexicanos ya que además de proveer productos cárnicos, esta actividad también se relaciona con la fabricación de lácteos como el queso, crema, mantequilla y leche. Nuestro territorio nacional se caracteriza por ser ganadero, contando con grandes áreas donde se desarrollan principalmente las ganaderías bovina, porcina, ovina, caprina y aviar.

Otro dato que refleja la importancia de este sector es la exportación de ganado bovino en pie a Estados Unidos de América, el cual es reportado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en colaboración con Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con un promedio superior a las 900 mil cabezas al año1 , lo que la convierte en una de las actividades pecuarias más importantes del país.

Ahora bien, dada la importancia de este sector en nuestro país se han instrumentado una serie de certificaciones y trámites con el fin de proteger y prevenir la diseminación de plagas, enfermedades y la comisión de actos delictivos dentro del territorio nacional. Además del creciente intercambio comercial, así como el establecimiento de políticas globales integradas a la protección alimentaria a los consumidores, es que fue necesario implementar un mecanismo de rastreabilidad de los animales y sus productos. Ante esta necesidad, se instrumentó y se puso en marcha en 2003, el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (Siniiga).

El registro Siniiga-Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas (Sinida), identifica de manera individual al ganado, conformando simultáneamente un banco central de información básica del ganado, que abarca desde su nacimiento hasta su sacrificio, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para establecer los procesos de rastreabilidad de los animales, sus productos y subproductos hasta el consumidor final. El Siniiga2 , se basa en la asignación de un código de identificación único impreso en dos aretes, uno de los cuales es de tipo bandera con un código de barras impreso, y el otro un tipo botón que podrá contener un dispositivo de radiofrecuencia, la información registrada en el Siniiga-Sinida se conforma por:

• Los datos básicos de los propietarios del ganado y de su unidad de producción pecuaria (UPP) registrados en el padrón ganadero nacional (PGN).

• La notificación de entradas y salidas de un animal de la unidad de producción.

• La solicitud de paquetes de identificación y de rearetados.

• La notificación de sacrificio en rastros.

• La notificación del ingreso al país de los animales importados.

• La notificación de la exportación de los animales.

Por otro lado, la Ley Federal de Sanidad Animal, establece un proceso de certificación que se debe realizar en conjunto con la secretaría o un organismo de certificación, con la finalidad de asegurar los productos y la calidad de éstos, es en este sentido que se han establecido mecanismos de certificación3 los cuales se deben seguir para la movilización de los rumiantes, entre los que se encuentran:

• Pasaporte sanitario y de identificación para caballos de deportes y espectáculos.

• Aviso de movilización para caballos de deporte y espectáculos.

• Certificado fitosanitario de movilización nacional.

• Certificado zoosanitario de movilización.

Como es de apreciarse estos mecanismos buscan que se garantice la mejor calidad en las materias primas que se consumen en nuestro país, así como la prevención de contingencias sanitarias.

Sin embargo, existe en nuestro territorio nacional una problemática con el ganado mostrenco, es decir, el ganado abandonado y/o perdido, que se encuentran en muchas ocasiones en la vía pública, toda vez que se desconoce su dueño o aparentemente carecen de éste.

Este tipo de animales pueden ocasionar accidentes viales, daños al mobiliario urbano, destrucción de áreas de siembra o atacar a los ciudadanos que se encuentren en su camino; por lo cual en los estados y municipios se han establecido centros de control y bienestar animal, en donde una vez que son asegurados estos animales, son trasladados y resguardados con el fin de que no causen un daño a la sociedad.

Es importante destacar, que cuando estos animales son trasladados a los corrales o espacios de resguardo quienes actúan son servidores públicos de los estados o ayuntamientos, los cuales se movilizan al lugar donde se encuentre el animal, lo aseguran y lo movilizan en remolques o vehículos asignados por estas autoridades para dicho fin. En diversas ocasiones los rumiantes pueden estar ubicados en caminos y carreteras lo puede prolongar el tiempo de aseguramiento, de tal forma que en los caminos es común que puedan encontrarse con autoridades sanitarias de la Sader, Senasica y la Fiscalía General de la República, quienes actúan en cumplimiento al marco normativo vigente, solicitando los certificados de transporte, de control de inocuidad y sanidad, así como documentos que permitan acreditar la legal posesión de los animales; sin embargo, como se trata de animales que en el momento de asegurarlos carecen o se desconoce el dueño, estos documentos es prácticamente imposible tenerlos a la vista, ya que los servidores públicos que acuden lo hacen como agentes preventivos y actúan bajo la comisión otorgada por los Estados y Municipios, de tal forma es necesario que se mejoren los procesos de aseguramiento y transporte del ganado mostrenco semoviente que se encuentre en la vía pública sin pastoreo y represente un riesgo para la población, lo cual se puede lograr si entre las autoridades federales se establecen convenios de colaboración y protocolos de actuación entre autoridades estatales y municipales, lo que permitirá a su vez la pronta identificación del ganado así como para combatir y prevenir el abigeato.

Ahora bien, como se ha mencionado, los centros de control animal son una parte operativa a cargo de los Estados y municipios, los cuales actúan ante la falta de un dueño responsable de los animales que transitan dentro de las zonas urbanas y que no se tiene certeza de su legítimo propietario, estas autoridades realizan una búsqueda cotejando los fierros, marcas, señales, tatuajes, identificación de aretes Siniiga, entre otros procedimientos para dar con el paradero del propietario, cuando esto no es posible al animal se le cataloga como mostrenco, quedando a disposición de las autoridades correspondientes, por lo cual el presente exhorto es un llamado a la colaboración gubernamental para mejorar los procesos de manejo y disposición de especies animales que carecen o se desconoce su legítimo propietario.

Por lo expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia establezcan convenios de colaboración con autoridades estatales y municipales, para el mejoramiento en el manejo, aseguramiento y transporte del ganado mostrenco semoviente que se encuentre en la vía pública sin pastoreo y represente un riesgo para la población, así como para combatir y prevenir el abigeato.

Notas

1 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, (28 de enero de 2021). Gobierno de México . Obtenido de

https://www.gob.mx/siap/prensa/exportacion-de-ganado-bov ino-103649?idiom=es

2 Siniiga, Sistema Nacional de Identifiación Individual del Ganado. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Obtenido de

https://www.siniiga.org.mx/identifica.html

3 Senasica. Movilización/Trámites y Servicios del Senasica. Obtenido de
https://www.gob.mx/senasica/documentos/movilizacion-111185

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades mexiquenses a establecer, coordinar y aplicar una estrategia que permita, en el marco de la pandemia de SARS-Cov2, la reapertura del santuario del Señor de Chalma y la reactivación del sector comercial en el corredor Ocuilan-Chalma-Malinalco, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito David Orihuela Nava, diputado federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1, fracción II, del artículo 79 y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A casi un año del inicio de la contingencia sanitaria derivada de la propagación del virus SARS-COV-2 (Covid-19), el sector turístico y la economía sustentada en el comercio han sido dos de los pilares más afectados, con enormes pérdidas para las familias mexicanas que encuentran en dichas actividades la base de sus ingresos. En el caso de la localidad de Chalma, ubicada entre los municipios de Ocuilan y Malinalco, Estado de México, ambas afectaciones se suman y han significado un terrible golpe a la economía de miles de familias que dependen del comercio turístico-religioso, una de las principales actividades económicas de la zona. Se estima que anualmente Chalma recibe a más de 5 millones de turistas, lo que convierte al Santuario del Señor de Chalma en el tercer destino de carácter religioso más visitado en el país.1

En 2020 se impidió el acceso de peregrinos a la localidad por la contingencia, lo anterior sumado a las afectaciones por la pandemia a las fechas religiosas de mayor importancia y afluencia turística para la zona, mermando enormemente la principal entrada económica de miles de familias que habitan y laboran en el área conocida como corredor Ocuilan-Chalma- Malinalco. En algunos casos se estima que dichas perdidas serían hasta del 100% para el sector artesanal, turístico y comercial.

En mayo de 2020 la Secretaría de Salud del Estado de México publicó el “Plan de Regreso Seguro”2 , en el que se establecen los ejes generales a considerar para una apertura escalonada acorde a la ocupación hospitalaria de la entidad, sin atender los contextos y necesidades específicas de las comunidades. En ese sentido, es de señalar que, en dicho plan de reapertura, las actividades religiosas no están incluidas expresamente en ningún grupo de actividades, lo cual significaría que su reapertura deberá darse hasta que el color del semáforo epidemiológico sea verde. Lo anterior es preocupante e inviable, al entender que la principal actividad económica (y por tanto esencial) del corredor Ocuilan-Chalma-Malinalco (con más de 20mil habitantes) está relacionado con las actividades religiosas. En ese sentido en octubre de 2020 los gobiernos municipales de Ocuilan y Malinalco se reunieron con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), acordando establecer mesas de trabajo para analizar las condiciones que permitirían avanzar a la apertura del Santuario del Señor de Chalma, posteriormente, en noviembre del mismo año, el tema fue delegado a la Unidad de Asuntos Religiosos del Estado de México (dependencia de la Secretaría de Gobernación), después de dicha fecha no hubo mayor avance en las mencionadas reuniones ante el regreso al semáforo rojo en el Estado de México.

El pasado 13 de febrero de 2021 la Ciudad de México y el Estado de México transitaron nuevamente a semáforo epidemiológico naranja; en la capital del país fue anunciada la reapertura de centros religiosos, así como también en algunas zonas del Estado de México, como es el caso de la ciudad de Toluca, lo anterior con un aforo restringido y las debidas medidas de atención sanitaria.3 Al 17 de febrero del año en curso el municipio de Ocuilan registra 111 casos y 17 defunciones por el virus, mientras que Malinalco registra 69 casos y 8 decesos4 , colocando a ambos municipios entre los que menor registro de casos tienen en la entidad. En ese sentido considero que se debe guardar una concordancia en las entidades, permitiendo la reapertura del Santuario del Señor de Chalma con las medidas pertinentes al interior y exterior del mismo.

La atención de la pandemia que enfrentamos a nivel mundial debe responder a un análisis situacional, contextual y socioeconómico de cada zona, buscando que nuestros ciudadanos tengan acceso a sus fuentes de trabajo y, por tanto, a los ingresos que les permitirán continuar sosteniendo a sus familias y aportando al desarrollo económico local y federal.

Es por lo anteriormente fundado y motivado que pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México y a la Unidad de Asuntos Religiosos del Estado de México a hacer públicos los resultados de las reuniones sostenidas en octubre y noviembre de 2020 con los gobiernos de los municipios de Ocuilan y Malinalco respecto al análisis para la reapertura del Santuario del Señor de Chalma.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Unidad de Asuntos Religiosos del Estado de México y a los gobiernos municipales de Ocuilan y Malinalco a restablecer a la brevedad las mesas de trabajo respecto al análisis para la reapertura del Santuario del Señor de Chalma, en la que se incluya al sector comerciante de la zona.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de México y al Gobierno del Estado de México a permitir y coordinar la reapertura de los centros religiosos de la entidad con un aforo limitado y con las medidas sanitarias pertinentes para minimizar el riesgo de contagio por el virus SARS-COV-2 (Covid-19).

Notas:

1. Reporte índigo, Abril 2019. Reporte: destaca edomex por sus santuarios religiosos.

2. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México. Mayo 2020. Plan Regreso Seguro.

3. El universal. Febrero 2021. Valle de México regresa a semáforo naranja.

4. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México. 16 de febrero de 2021. Casos positivos y defunciones a COVID-19 por municipio

Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de febrero de 2021

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la SCT, la Semarnat y los gobiernos estatales a crear e implantar una campaña de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

Dulce Alejandra García Morlan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, que exhorta a los secretarios de Salud, doctor Jorge Alcocer; de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Jorge Arganis; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, así como a los gobiernos estatales, a crear e implantar una campaña de promoción del uso de la bici como medio de transporte en el país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En diciembre de 2019, se presentó en Wuhan, provincia de Hubei, de la República Popular China un brote de neumonía de causa desconocida. Lo anterior derivó en una investigación por el país de tal forma que las autoridades de salud de la ciudad de Wuhan, informaron a la Organización Mundial de la Salud la presencia de un conglomerado de 27 casos de Síndrome Respiratorio Agudo de etiología desconocida, estableciendo un posible vínculo con el mercado mayorista de mariscos de Huanan, el cual además vende animales vivos.

La propia Organización mundial de la salud, dede el 11 de marzo del 2021 declaró a esta propagación como una Pandemia y ha llamado a los gobiernos de todo el mundo a tomar las medidas necesarias para contenerla y atenderla.

Al día de hoy los datos oficiales dados a conocer por la Secretaría de Salud indican que hay 1 millón 874 mil 092 casos acumulados confirmados, y más de 160 mil defunciones a causa del Covid-19. Sin duda alguna que estas cifras sin preocupantes y deben poner en estado de alerta a todo el sistema gubernamental de nuestro país.

Aunado a lo anterior, es importante el encontrar nuevas formas y métodos para mejorar las condiciones en las que actualmente vivimos las y los mexicanos. Muchos de los contagios que existen en México es porque las personas tienen que salir a trabajar, tienen tomar un servicio de transporte y llegar a sus destinos para poder tener un ingreso para sus familias.

Ante esta situación, es necesario realizar un plan de acción para tratar de disminuir los contagios, ayudar al ambiente y crear condiciones para que las personas que deseen ocupar otro medio de transporte sea seguro, eficaz y con un costo reducido.

Es por esto que explicaré a detalle los beneficios de ocupar una bicibleta en tiempos COVID para mejorar el número de personas que se contagian, la reducción en la contaminación de las ciudades y la poca inversión que se necesita para que México se pueda desarrollar en este sentido de la mejor manera.

La bicicleta, se ha convertido en nuestros días en un instrumento eficaz y de movilidad para contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental e incidir en la salud de la población de todo el mundo, porque su uso no solo ejercita el cuerpo, sino además contribuye a mitigar el calentamiento global al sustituir en la mayoría de los casos al automotor. Al construir una red de infraestructura ciclista, México puede ser no solo más bello, sino también más sano, más limpio y más equitativo.

En temas de salud, la actividad física constante es necesaria para mantener un buen estado de salud. La encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018 reveló que poco más de una quinta parte (22 por ciento) de niñas y niños con de 5 años tienen el riesgo de padecer sobrepeso. De igual manera adulto de entre 30 a 59 años reportan una prevalencia de obesidad (México. Inegi, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Ob esidad20.pdf Consultado el 28 de enero de 2021). En Oaxaca, 60 por ciento de los niños y niñas padecen sobrepeso u obesidad. México ocupa el segundo lugar con mayor incidencia de obesidad, la cual es asociada con las altas tasas de diabetes mellitus, hipertensión arterial, trastornos cardiovasculares y varios tipos de cáncer. La diabetes en particular es un grave problema para Oaxaca. Reduce el promedio de vida por 20 años en comparación con la esperanza de vida de la población general. Ocho de cada diez diabéticos tienen antecedente de obesidad.

Realizar ejercicio en bicicleta por solamente 30 minutos, los cinco días a la semana puede lograr una pérdida de peso comparable con tres clases de ejercicio aeróbico. Ademas andar en bicicleta tiene un efecto positivo en la salud emocional, mejorando la autoestima y reduciendo el estrés y dificultades en dormir. Para niños y jóvenes es especialmente importante desarrollar una vida activa para tener buena salud y prevenir enfermedades crónicas.

En temas Medio Ambientales : Según el Banco Mundial, la contaminación del aire mata a cerca de 33,000 mexicanos cada año. Casi 20 mil de estas muertes se deben a la contaminación del aire exterior, principalmente en pueblos y ciudades. Los 13 mil restantes provienen de la contaminación del aire en los hogares, causada por cocinar con leña y otros combustibles sólidos. Esto afecta principalmente a comunidades rurales.

Tanto en las ciudades como en el campo, la causa es la misma: partículas diminutas en el humo que respiramos y que pueden provocar enfermedades pulmonares crónicas e infecciones respiratorias agudas, cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Esto no solo afecta a América Latina, sino que es un problema global que causa más de 6 millones de muertes en todo el mundo cada año. La contaminación del aire es un problema real en México, causando aproximadamente una de cada 17 (5.9%) de todas las muertes en el país. Es la octava causa de muerte, después de factores como la dieta, el sobrepeso, la hipertensión arterial, el alcohol y las drogas, el tabaquismo y la falta de ejercicio.

Entre 2008 y 2016, los viajes en bicicleta en la Ciudad de México aumentaron en casi un 500 por ciento gracias a la introducción de una serie de políticas y proyectos incluidos en la Estrategia de Movilidad de Bicicletas de la ciudad, que fue desarrollada por el Gobierno de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y Gehl. Arquitectos.

Los proyectos culturales y educativos vieron la luz al igual que Ecobici, un sistema de bicicletas compartidas que llevó al establecimiento de carriles bici segregados y grandes centros de bicicletas. En sus primeros nueve años de existencia, Ecobici acumuló más de 300 mil usuarios, registrando 35 mil viajes diarios.

Mientras tanto, programas de Muévete en Bici han animado a la gente a pensar en cómo podrían reemplazar los viajes en automóvil por caminar o andar en bicicleta. La calle Madero, una avenida principal que atraviesa un kilómetro por el centro histórico de la ciudad, fue cerrada permanentemente a los automóviles en 2010. Hoy, alrededor de 200 mil personas atraviesan Madero cada día, lo que aumenta la actividad comercial de la franja en al menos un 30% y reduce la actividad delictiva en 96 por ciento. Actualmente es una de las avenidas más seguras, accesibles y valiosas del país.

Y por último en temas de movilidad e infraestructura : Según la Estrategia de bicicletas de la Ciudad de México, la bicicleta es el modo de transporte ideal para distancias cortas y medias. El cuarenta por ciento de los viajes diarios en la Ciudad de México no superan los ocho kilómetros, el equivalente a 30 minutos. paseo en bicicleta. Los viajeros pueden acortar sus viajes diarios montando una bicicleta, que es el modo de transporte más rápido en tráfico estancado, donde la velocidad media de los coches es de 11 kilómetros por hora en comparación con los 16,4 kilómetros por hora de bicicletas. Con una infraestructura y una planificación adecuadas, la bicicleta es el complemento ideal para otros modos de transporte, Proporcionar una opción de primer y último kilómetro más saludable, eficiente y respetuosa con el ambiente.

De igual manera, en las últimas décadas de inversión en planeación urbana se caracterizan por la priorización del uso de coches particulares. Estas inversiones han resultado en un aumento del uso del coche que genera presión para acomodar más el coche en un ciclo sin fin. Casi todos los fondos públicos para calles y carreteras se dedican exclusivamente a infraestructura para autos, ignorando las necesidades de peatones, ciclistas y gente con otros requisitos para la movilidad. El automóvil puede jugar un papel importante en la movilidad, pero el uso excesivo y dependencia total de él crea graves problemas, no solo para sus usuarios sino para toda la sociedad.

Hoy, el Presupuesto de Egresos de la Federación va dirigido al transporte y la vialidad motorizada, creando caminos y carreteras que conectan a los estados y ciudades, pero también hace falta conectar a las colonias y vecinos dentros de las mismas comunidades y esto se puede lograr con ciclovías ya que la inversión en infraestructura y su mantenimiento son bajas ya que no hay cargas pesadas que desgasten tanto como un camión con grandes pesos. El costo de un estacionamiento para bicicletas es solo, aproximadamente, 5 por ciento de lo ocupado para construir uno para coches.

Por esas razones es necesario un plan de acción que fomente el uso de bicicletas en todo el país, ya que el uso de la bicicleta tiene estímulos para toda la población.

En este plan debe de explicarse o que se cree una Red integral vial ciclista, es decir, una red de calles amigables al ciclista que conectan todas las colonias de los municipios.

Al igual que un Barómetro de la Bicicleta, que se realice cada dos años para ver el desempeño de este plan que sería estudio a nivel estatal y nacional sobre este medio de transporte, tambien para analizar si la bicicleta ha sustituido al coche o la moto en los desplazamientos cotidianos y que pueda ser un instrumento para seguir creando infraestructuras y fomentar el uso de la bicicleta.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Salud, doctor Jorge Alcocer; de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Jorge Arganis; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, así como a los gobiernos estatales, a crear e implantar una campaña de promoción del uso de la bici como medio de transporte en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a fortalecer el sistema de salud en prevención y atención de cuidados prenatales para reducir la mortalidad materna, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada María Ester Alonzo Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La muerte materna se define como “la muerte de una mujer embarazada o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, independientemente de la duración o sitio del mismo, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, sin incluir causas accidentales o incidentales”.1

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son una de las principales causas de muerte y de discapacidad entre las mujeres en edad reproductiva. Las principales causas de mortalidad materna son: hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva, infecciones, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio y, enfermedad del sistema respiratorio.

Ante esto, es necesario haces énfasis en que la mayoría de las muertes maternas son prevenibles si se establecen medidas sanitarias para evitar o tratar las complicaciones durante la etapa del embarazo, el parto y el periodo posnatal.

La OMS recomienda que la atención prenatal tenga “un mínimo de ocho consultas con profesionales sanitarios a lo largo del embarazo, lo que puede reducir las muertes perinatales”.2 De igual manera, la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, pide promover por lo menos cinco citas de atención preventiva y médica oportuna durante la etapa del embarazo; lo anterior puede suponer para la mujer y el niño la diferencia entre la vida y la muerte.

A pesar de que las muertes maternas son prevenibles, México no solo no ha podido reducir las cifras de mortalidad materna, sino que estas van en aumento; de acuerdo al informe semanal de notificación inmediata de muerte materna, para la primera semana de diciembre de 2020 “se registraron 853 defunciones acumuladas, en tanto que para el mismo corte de 2019 se registraron 647; lo descrito representa un incremento de 31.8% con respecto al 2019.”3

Este alarmante aumento en la de mortalidad materna significo volver a los niveles de hace una década y, este problema va en aumento, ya que hasta la primera semana de febrero del presente año, se registraron 126 muertes de mujeres embarazadas, representa un incremento de más del 100% en defunciones con respecto al 2020.4

A pesar de que el coronavirus, no representa un riesgo mayor para las mujeres embarazadas de desarrollar una enfermedad grave que el resto de la población, el Covid-19 se ha convertido en la primera causa de mortalidad materna en México, por encima de las muertes derivadas de enfermedades hipertensivas, hemorragia obstétrica, aborto, sepsis y enfermedades del sistema respiratorio; la mortalidad materna por Covid-19 representa un 17.5 por ciento del total de muertes relacionadas a la pandemia en el país, lo anterior, de acuerdo la Dirección General de Epidemiología.

Ante la pandemia, la Secretaría de Salud público, en abril de 2020, el documento “Lineamiento para la Prevención y Mitigación de Covid en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida”, donde se especifica que los servicios de atención materna son considerados esenciales y no deben suspenderse, sin embargo, el aumento en las cifras de mortalidad materna muestra que estas directrices quedaron solamente en papel.

Es así que la falta de implementación de los lineamientos por parte del gobierno federal, trae como consecuencia el aumento en las cifras de mortalidad materna tanto por Covid-19 como por otros padecimientos prevenibles, es decir, por la falta de garantías al derecho de acceso a la salud por parte del Gobierno federal, las mujeres embarazadas siguen muriendo por causas prevenibles.

Como se mencionó anteriormente, las muertes maternas son evitables en virtud de que las principales causas y los factores que las determinan son conocidos y, además se cuenta con el conocimiento científico y tecnología para impedirlas; por lo que corresponde al Gobierno Federal garantizar los servicios de salud a todas las mujeres embarazadas sin importar las condiciones del país. Pero la realidad hoy en día para miles de mujeres ha sido que las consultas para seguimiento prenatal disminuyeron a casi la mitad en el sector salud durante el 2020 y, en otros casos se suspendieron por completo. A esto, se suman diversas barreras que imposibilitan ofrecer atención a la salud materna y perinatal, como: la reconversión hospitalaria para la atención de la Covid-19, recursos limitados para atención de emergencias obstétricas y estudios como los ultrasonidos, servicios de odontología, psicología, falta de medios de traslado para emergencias obstétricas, así como la falta de pruebas de detección del Covid-19 en mujeres embarazadas y recién nacidos.

La mortalidad materna en México es inaceptablemente alta, ya que como se muestra, las mismas se han derivado de deficiencias y negligencias de parte de la Secretaria de Salud. Ante esto, el Gobierno Federal debe reforzar las medidas y responder a la problemática actual, tomando en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las evidencias científicas, los derechos humanos suscritos por México, la perspectiva de género y la normativa vigente para fortalecer la atención materna y neonatal.

Con la finalidad de garantizar el derecho humano de acceso a la salud de las mujeres, insto a la Secretaria de Salud a privilegiar y reforzar la atención integral a las embarazadas y sus bebés, con servicios eficientes y de calidad, así como a implementar acciones de carácter preventivo con la finalidad de asegurar los derechos reproductivos de las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter al pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer el sistema de salud en prevención y atención de cuidados prenatales para garantizar que todas las mujeres embarazadas tengan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer e implementar políticas públicas que favorezcan la salud materna, desde un enfoque de derechos humanos, privilegiando la atención integral a la embarazada y a su bebé con servicios de salud eficientes y de calidad a fin de reducir la mortalidad materna.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que, por conducto de las Secretarías de Salud, establezcan criterios durante la pandemia por Covid-19 para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, con la finalidad de garantizar la atención de la salud reproductiva de las mujeres.

Notas

1 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=341:salud-materna&Itemid=387

2 https://www.who.int/es/news/item/07-11-2016-pregnant-women-must-be-able-to-
access-the-right-care-at-the-right-time-says-who#:~:text=Una%20atenci%C3%B3n%20prenatal%20con%20un,
un%20m%C3%ADnimo%20de%20cuatro%20visitas.

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604103/MMAT_2020_SE53.pd f

4 https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-semanales-para-la-vigilanc ia-epidemiologica-de-muertes-maternas-2021

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 23 de febrero de 2021.

Diputada María Ester Alonzo Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal, estatales y municipales a reanudar labores con al menos 30 por ciento de su estructura operativa para no detener el desarrollo de las actividades ciudadanas ante la administración pública, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT

Consideraciones

La pandemia de Covid-19 que inicio hace un año propició que muchos de los trabajadores de la iniciativa privada y del gobierno se quedaran en casa, como parte de la estrategia sanitaria implementada a nivel nacional para contener a la enfermedad, laborando únicamente las aéreas esenciales en la producción de alimentos, bienes y servicios sin cuya actividad el país no hubiese podido funcionar; sin embargo, la reducción de las actividades industriales y de comercio pronto sufrieron grandes afectaciones que las colocó en situaciones de alto riesgo financiero, lamentablemente varias de ellas colapsaron al tener que seguir pagando todos los gastos de operación y no tener ingresos suficientes que les permitieran sufragarles; en estas condiciones muchas de ellas apelaron a las autoridades para que les perimieran el retorno de sus trabajadores siguiendo las normas sanitarias para evitar la propagación del contagio; como sabemos a medida que el semáforo epidemiológico cambiaba de color la apertura de comercios fue dándose paulatinamente abarcando los más diversos ámbitos de la industria y el comercio, deteniendo la caída de la economía al recuperarse gradualmente los empleos perdidos.

Sin embargo, en algunas áreas de la administración pública, tanto en los ámbitos federal, estatal y municipal aún siguen operando con niveles reducidos de su personal lo que provoca que diversos trámites y servicios se realicen también de manera restringida, con la consecuente afectación a la ciudadanía quien sigue esperando que se labore integralmente para poder cumplimentar los diversos trámites para el pago de impuestos, tramites de construcción, apertura de negocios o su regulación es decir, un sin número de trámites que al no poder realizarse en los tiempos debidos generan pérdidas económicas, retraso en la obtención de servicios y en general afectación al debido funcionamiento de la administración pública con las consecuentes afectaciones a la ciudadanía que desea un pronto restablecimiento de las diversas actividades que venía desempeñando.

Aparentemente no se percibe el daño que se está ocasionando al país, sin embargo, podemos señalar que existe un sin número de actividades productivas que dependen de los permisos que otorgan las dependencias públicas para poder seguir con sus actividades, es también oportuno señalar un caso aparte, que lo es la impartición de justicia ya que el cierre temporal de juzgados dejó a muchos mexicanos en la indefensión jurídica.

En tal virtud, es que se hace necesaria la normalización de las actividades que lleva acabo la administración pública en las tres esferas de gobierno: federal, estatal y municipal; para de esta manera incentivar la reactivación económica del país mediante el retorno presencial de cuando al menos el 30 por ciento de los servidores públicos de todas las áreas del sector público, bajo la premisa de que en la medida que el estado impulse esta normalización, se generarán condiciones de bienestar para la ciudadanía en general.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a los gobiernos: federal, estatales y municipales, para que se reinicien labores con al menos el 30 por ciento de su estructura operativa, a fin de no detener el desarrollo de las actividades que lleva acabo la ciudadanía ante las diversas dependencias de la administración pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado Santiago González Soto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a incorporar integrantes de la Comisión de Igualdad de Género en la formación de la Sección Instructora; y a esa comisión, a solicitar formalmente proponer integrantes para integrar la Sección Instructora respecto a la solicitud de juicio político contra José Félix Salgado Macedonio, promovida por ciudadanas el 18 de febrero de 2021, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo mediante los cuales se exhorta a la Junta de Coordinación Política a incorporar integrantes de la Comisión de Igualdad de Género en la formación de la Sección Instructora, así como a la Comisión de Igualdad de Género de esta soberanía a solicitar formalmente, en el momento procesal oportuno, proponer integrantes para la formación de la Sección Instructora, respecto a la solicitud de juicio político contra el ciudadano José Félix Salgado Macedonio, senador de la República, promovida por ciudadanas el 18 de febrero de 2021, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El 18 de febrero de 2021 y en términos del Artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, un grupo de ciudadanas formularon por escrito y ratificaron denuncia en contra del ciudadano José Félix Salgado Macedonio, Senador de la República, por la posible comisión de conductas que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, al tratarse de presuntas violaciones de los derechos humanos.

El escrito se sustenta en los siguientes hechos:

1. El 4 de enero de 2021, el ex procurador del Estado de Guerrero, el C. Xavier Olea, indicó en entrevista para el medio digital Al tanto Guerrero, que el Senador con licencia Félix Salgado Macedonio, y actual precandidato de Morena a la Gubernatura del Estado de Guerrero, contaba con una carpeta de investigación integrada por la Fiscalía de la referida entidad federativa, por el delito de violación.

Dicha carpeta de investigación, en palabras del ex procurador, “está integrada de tal suerte que estimo que el Ministerio Público puede ejercer la acción penal contra Salgado Macedonio”.

Asimismo, el ciudadano Xavier Olea manifestó que hay “más denuncias en la Fiscalía estatal contra Salgado Macedonio por ataques sexuales, pero que no han prosperado durante la actual administración”. El 6 de enero de 2021, el C. Xavier Olea afirmó que existen “fotografías del ataque sexual de Félix Salgado Macedonio contra una mujer”.

2. El 7 de enero de 2021, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que la carpeta de investigación 12030270100002020117, contra el C. Félix Salgado Macedonio, por el delito de violación, “se encuentra en revisión en la Dirección General de Justicia Consultiva de la Fiscalía, la cual determinará de forma definitiva la procedencia o no de la acción penal en dicha carpeta”.

3. Como consecuencia, el 8 de enero de 2021, la Comisión de Honestidad y Justicia del partido político Morena, abrió “un procedimiento de oficio contra el precandidato Félix Salgado Macedonio”. La decisión, se informó, “se tomó por mayoría de votos, luego de una sesión plenaria en formato virtual. Los resultados se darán a conocer “oportunamente”.

4. El 11 de enero de 2021, el periódico El País dio a conocer que existen dos acusaciones en contra del Senador con licencia Félix Salgado Macedonio por violación: “Una en 1998 contra una joven menor de edad y otra en 2016 contra una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero, cuando este era director del diario”.

De acuerdo con el referido medio de comunicación “del caso más reciente, la mujer fue abusada sexualmente en la casa de Salgado Macedonio y chantajeada después con fotos íntimas que supuestamente tomó el candidato, siempre según la versión de la denunciante”.

Asimismo, dicho medio informó que “la Fiscalía General de la República (FGR) investigará a Salgado Macedonio por el [...] [presunto] abuso contra otra mujer [...] [ocurrido] en 1998, cuando [...] [la víctima] era menor de edad”.

5. El 13 de enero de 2021, “la escritora Marxitania Ortega Flores acusó al precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, de haberla acosado durante la presentación de su novela Guerra de guerrillas, publicada en 2014”. “A través de Facebook, [...] [la escritora] señaló que el morenista se le acercó ebrio y de manera lasciva durante el evento realizado en el Centro Cultural Acapulco”.

6. Posteriormente, el 15 de enero de 2021 se dio a conocer en medios de comunicación que la Fiscalía General del Estado de Guerrero “confirmó la existencia de una segunda carpeta de investigación contra el precandidato de Morena al gobierno de la entidad, Félix Salgado Macedonio, por el delito de violación”, radicada bajo el expediente “FED/FEMDH/FEVIMTRA-GRO/0000341/2020 que fue remitido por la Fiscalía General de la República (FGR) a las autoridades estatales”.

En una nota informativa, la referida Fiscalía “aseguró que emitió medidas cautelares para la denunciante de Salgado Macedonio, así como le ofreció asistencia jurídica y psicológica. Estas medidas forman parte de la revisión que la Fiscalía realiza en torno a la carpeta de investigación sobre Salgado y obedecen a la “situación de vulnerabilidad a la que fue expuesta públicamente al darse a conocer de manera dolosa” copias de la indagatoria”.

7. El 26 de enero de 2021, se dio a conocer en medios de comunicación que el partido político Morena, a través de su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, recibió una tercera denuncia por acoso sexual en contra del Senador con licencia Félix Salgado Macedonio, radicado bajo el expediente CNHJ-GRO-014/2021, suscrito por “Basilia Castañeda, [...] militante de su partido, quien asegura haber sido víctima de violación por parte de Salgado Macedonio”. Por ello, la referida Comisión “inició el procedimiento contra Salgado Macedonio desde el 7 de enero por “supuestos actos de violencia de género cometidos por el demandado.

Asimismo, se refiere la explicación desarrollada por la activista Paola Zavala Saeb, sobre porqué las denuncias en curso en contra del Senador con licencia Félix Salgado Macedonio no han podido culminar en una sentencia:

1. No hay sentencia, primero que nada, porque este señor ha tenido fuero durante años al ser diputado federal y ahora senador. Proceder penalmente en su contra implicaría la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.”

2. No hay sentencia porque, antes de ser senador, cuando se inició una de las denuncias penales en su contra fue protegido por el gobernador priista Héctor Astudillo, según los dichos del ex fiscal de Guerrero Xavier Olea.

3. No hay sentencia porque, según los Hallazgos 2019 de México Evalúa, Guerrero es el cuarto estado peor evaluado en el índice de confianza en las autoridades penales y las víctimas prefieren no denunciar por miedo. A esto hay que sumarle que Félix Salgado Macedonio es un hombre que ha sido varias veces candidato a gobernador del estado y presidente municipal de Acapulco, lo que lo coloca en una posición de poder frente a cualquier víctima.

4. No hay sentencia porque en el delito de violación es particularmente difícil que la víctima decida denunciar de manera inmediata al hecho, lo cual complica recabar pruebas, además de que lo común es que no haya testigos.

5. No hay sentencia porque, aunque las víctimas decidan romper el miedo y denunciar, no tienen una representación legal adecuada. En Guerrero hay un representante legal por cada 98 víctimas.

6. No hay sentencia porque, estadísticamente, aunque la víctima denuncie, difícilmente conseguirá una sentencia condenatoria. En Guerrero, sólo 1.6 por ciento de las investigaciones del Ministerio Público deriva en vinculación a proceso ante un juez.

7. No hay sentencia, porque en México tenemos un sistema punitivo que castiga la pobreza y protege a los poderosos en el que será muy difícil que Salgado Macedonio reciba una sentencia; porque eventualmente si llega ser gobernador seguirá teniendo fuero y su poder será aún mayor.

Con relación a las denuncias, el pasado 20 de enero la Fiscalía General de Guerrero publicó un comunicado,1 donde señala:

Chilpancingo, Guerrero, a 20 de enero de 2021.- La Fiscalía General del Estado en relación a la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEVIM-TRA-GRO/0000341/2020 radicada por la Fiscalía General de la República y ahora bajo el número 12030270400032070121 de esta institución, en contra de Félix “S” y en agravio de la víctima de identidad reservada, informa lo siguiente:

Se realizó el estudio y análisis jurídico mediante el cual se ha determinado que se encuentra prescrita la acción penal, en virtud de que la denuncia fue presentada en noviembre de 2020 sobre supuestos hechos de 1998, es decir, 22 años después.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92, en relación al 90 y demás aplicables del Código Penal vigente al momento de los hechos, se ha extinguido la acción penal a favor del imputado. Se reitera que esta institución privilegia los derechos humanos de las víctimas y también respeta los principios a favor de los imputados, como el de presunción de inocencia.

Por otra parte, en lo que se refiere a la carpeta de investigación 1203027010000202017 e iniciada por la víctima de identidad reservada J.D.G., se informa que continúa su revisión a través de la Dirección General Jurídico Consultiva. Una vez concluido el estudio y el análisis jurídico, se dará a conocer la procedencia o no del ejercicio de la acción penal.

La Fiscalía General del Estado, como institución autónoma, seguirá actuando con estricto apego a derecho y respetando los principios de igualdad y objetividad sin distinción alguna. Igualmente, se reitera que en ningún caso se politizarán los asuntos que sean de su conocimiento y competencia, aplicando siempre lo establecidos en las leyes.

Atendiendo a la gravedad y naturaleza de las acusaciones, es que resulta fundamental que el imputado sea sujeto a juicio político, para ser puesto a disposición de las autoridades competentes en términos del artículo 111 constitucional y demás relativos y aplicables.

Lo anterior considerando la grave crisis de violencia de género que acontece en nuestro país, que se refleja en las trágicas cifras sobre feminicidios y violaciones que se perpetran diariamente en contra de niñas y mujeres en razón de su género; al menos 10 feminicidios cada día y una violación cada 4 minutos.

Es inadmisible que pesen acusaciones de esta naturaleza sobre un integrante del Honorable Congreso de la Unión, así como también lo es respecto de cualquier persona que aspire a contender por un cargo de representación popular, como es el caso del imputado quien ha manifestado públicamente su intención de ser candidato a la gubernatura de Guerrero, para lo cual ha recibido el beneplácito de su partido.

En ese sentido, es que recae en esta Soberanía la responsabilidad de procesar la solicitud ciudadana de juicio político con estricto arreglo a los principios de imparcialidad y exhaustividad, así como de incorporar en sus actuaciones y resoluciones criterios de perspectiva de género.

Lo anterior tiene sustento, como se señala en el escrito de solicitud de juicio político, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que obliga a las autoridades del Estado mexicano a investigar, con perspectiva de género, las denuncias y los casos de violencias contra las mujeres, que implica “eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género”, promover “la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres”; contribuir “a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones”.

Por ello, y dado que las violaciones a derechos humanos denunciados se han cometido contra mujeres, es que se vuelve indispensable que esta Cámara de Diputados sustancie el procedimiento que corresponde con perspectiva de género, con intervención de la Comisión de Igualdad de Género, órgano previsto en la fracción XXIII, numeral 2, artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para “el estudio, conocimiento, análisis y propuesta de la legislación más adecuada para las mujeres por medio de criterios incluyentes, elaboración de iniciativas de ley, decretos o puntos de acuerdo, y exhortos que sean benéficos y con perspectiva de género,2 así como ”elaborar informes, opiniones o resoluciones sobre los asuntos presentados ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relacionados con temas de equidad e igualdad de género, coadyuvando así a la integración de políticas transversales que tengan como fin el empoderamiento de las mujeres, garantizando en todo momento la creación de los instrumentos jurídicos que permitan propiciarlo”.

Para ello, la presente proposición busca exhortar a la Comisión de Igualdad de Género de esta Soberanía para que solicite formalmente se le considere en la integración de la Sección Instructora, con el propósito de garantizar que todas las etapas del proceso incorporen la perspectiva de género y evitar la re victimización de las denunciantes. Así como a la Junta de Coordinación Política para que considere las propuestas de la Comisión de Igualdad de Género en la integración de la Sección Instructora.

Por lo expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía para que considere incorporar a las integrantes que proponga la Comisión de Igualdad de Género en la conformación de la Sección Instructora, respecto de la solicitud de juicio político contra el ciudadano José Félix Salgado Macedonio, senador de la República, promovida por ciudadanas el 18 de febrero de 2021, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en el proceso.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Igualdad de Género de esta Soberanía para que solicite formalmente, en el momento procesal oportuno, proponer integrantes para la conformación de la Sección Instructora, respecto de la solicitud de juicio político contra el C. José Félix Salgado Macedonio, Senador de la República, promovida por ciudadanas el pasado 18 de febrero de 2021, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en el proceso.

Notas

1 https://twitter.com/FGEGuerrero/status/1352072437601509376?s=20

2 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/128925/646584/file/
Plan%20de%20Trabajo%20Comision%20de%20Igualdad%20de%20G%C3%A8nero.pdf; y,

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/166516/831630/file/
PROGRAMA-ANUAL-TRABAJO-SEGUNDO-ANIO%20(1).pdf.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE y sus homólogos de las entidades federativas donde habrá comicios en 2021 a vigilar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser votado de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Con la primera sesión de septiembre de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio inicio al proceso electoral más grande que haya organizado, toda vez que se competirá por 20 mil 868 mil cargos de elección popular en toda la República Mexicana, más 500 diputaciones federales.

Segunda. Lo anterior implica que todas las autoridades electorales federales y locales estén vigilantes y al pendiente de que se cumpla con la ley, y que se respeten los derechos político-electorales consagrados en la Constitución de los actores políticos y en general de la ciudadanía.

Tercera. No es óbice señalar que, desafortunadamente muchos grupos y sectores vulnerables son violentados en sus derechos elección tras elección, y en muy pocas ocasiones tienen o cuentan con representación en cargos de elección popular o son considerados para ocupar lugares en instituciones públicas como funcionarios.

Cuarta. Si bien es cierto que se han impulsado acciones para garantizar los derechos político electorales de votar y ser votados, de las personas con alguna discapacidad, esto no garantiza que sean considerados en la contienda electoral o bien que se les garanticen sus derechos al momento de ejercerlos, y en consecuencia son discriminados de manera pasiva.

Quinta. Frente al proceso electoral de 2021, organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad destacaron que la plena participación de esta población, tanto para ejercer su voto como para postularse en cargos de elección popular, sigue siendo una cuenta pendiente.

La Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló que el mayor desafío, sobre todo en estos momentos de pandemia de Covid-19, es garantizar información accesible en la que se exponga claramente cuáles son sus derechos político-electorales, pues si bien en las grandes ciudades se ha avanzado en esta materia, en las zonas más alejadas no es tan fácil encontrarla en los institutos electorales ni en los partidos políticos.1

Sexta. El 27 de enero de 2021 se publicó en el diario oficial el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.2

La sentencia del tribunal señalaba que el Instituto Nacional Electoral (INE) omitió la emisión de una acción afirmativa dirigida a las personas con discapacidad. Y se declaró fundada tal omisión en razón que existió una violación al principio de igualdad, en cuanto a la omisión de establecer la acción afirmativa que garantice la participación y representación política de las personas con discapacidad en los cargos de elección popular a renovarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, por lo que se debe garantizar a las personas con discapacidad, el derecho de representación y participación política en igualdad de circunstancias que al resto de las personas.

Así las modificaciones al acuerdo señalan que los partidos políticos nacionales y coaliciones deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por personas con discapacidad en 6 de los 300 distritos que conforman el país.3

Séptima. La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de Naciones Unidas en su artículo 29 establece que:

“Los estados parte garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.”4

Octava. Como se aprecia, si bien es cierto que existe normativa a nivel nacional e internacional que establece la obligación de garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad, eso no atestigua que su participación sea palpable y real, en razón que siempre existen huecos legales que violentan la ley.

Por lo anterior resulta necesario que las autoridades impongan estrategias que garanticen que estos derechos se van a respetar y que la ley se va a cumplir. De igual manera, es necesario promover acciones afirmativas que sensibilicen a los grupos políticos para la inclusión de ese sector en la vida política nacional.

Es entonces que resulta necesario que hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas donde se desarrollaran elecciones en el año 2021 para que vigilen y garanticen el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser votado de las personas con discapacidad.

Por lo expuesto, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas donde se desarrollarán elecciones en junio del año 2021, a vigilar, garantizar y proteger el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser votado de las personas con discapacidad.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/21/politica/aun-lejana-partici pacion-plena-de-personas-con-discapacidad-en-temas-electorales-alertan- ong/

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610455&fecha=27/01/2021

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610455&fecha=27/01/2021

4 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a suscribir el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Convención de los derechos del niño es un tratado internacional proclamado y adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989; es el documento de derechos humanos más ampliamente respaldado por 196 naciones. En ella se establecen los derechos inalienables de todos los niños y las niñas, obligando a los Estados, los poderes públicos, los padres y la sociedad en su conjunto, a garantizar el respeto de esos derechos y su disfrute sin distinción de ningún tipo.

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país.

Al aprobarse la Convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales, por ello con el fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Asamblea General aprobó dos protocolos facultativos de la Convención; el primero relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que entró en vigor en febrero de 2002, y un segundo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que entró en vigor en enero del mismo año. México firmó y ratificó ambos protocolos en el mismo año.

En el año 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el tercer Protocolo permitiendo asegurar el interés superior y el derecho de las niñas, niños y adolescentes a que se escuche su opinión en consonancia con su edad y madurez, contemplando con ello un procedimiento de comunicaciones, el cual podrá ser presentado en nombre propio, o en nombre de personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado parte y que afirmen ser víctimas de una violación por el Estado parte. Esta rúbrica supone un hito en la historia de los derechos humanos ya que sitúa en el mismo nivel los derechos de los niños y las niñas que los de los adultos, dado que podrá apelar a un instrumento de Derecho Internacional ante las Naciones Unidas para defenderse de las situaciones de vulnerabilidad. Durante la ceremonia de la firma, 20 Estados suscribieron el Protocolo; Eslovaquia, Eslovenia, Costa Rica, Portugal, Serbia, Brasil, Uruguay, Chile, Alemania, Marruecos, Montenegro, España, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Malí, Perú y las Maldivas. Sin embargo, este Protocolo aún no ha sido suscrito por México.

De acuerdo con los datos presentados en el Informe Anual de UNICEF 2019 sobre la situación de la infancia en México, 63% de las niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún tipo de violencia en el hogar, 32.8 % de las adolescentes de entre 15 y 17 años han sufrido algún tipo de violencia sexual de las cuales 4 de cada 10 probables violaciones sucedieron en su entorno más cercano a su comunidad; 5.4% de los padres, madres o cuidadores aprueban abiertamente el castigo físico, 2 de cada 10 personas desaparecidas en el país son niñas, niños y adolescentes.

Así mismo, la pandemia por Covid-19 ha teniendo repercusiones importantes en los derechos, vida e integridad de niñas, niños y adolescentes en el país, de acuerdo con la UNICEF, en México, se han registrado 115 mil 614 llamadas de emergencia al 911 por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. El número de reportes recibidos en marzo es 28 por ciento superior al de enero pasado y 22 por ciento mayor al de febrero. Sólo por casos de violencia de pareja, en marzo se recibieron 22 mil 628 llamadas, lo cual representa un incremento de 23 por ciento comparado con febrero y 33 por ciento más que lo reportado en enero. Antes de la epidemia, la evidencia mostraba que el hogar es a menudo el lugar más peligroso para una mujer y sus hijos e hijas. Se sabe también que más que seis de cada 10 personas de entre 1 y 14 años han experimentado alguna medida de disciplina violenta en sus hogares, situación que, como se ha mencionado, ahora se agrava por el confinamiento.

En este sentido, es importante señalar que en México, cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes viven una realidad donde el fenómeno de la violencia está presente en múltiples ámbitos y con distintos impactos. Por lo que al suscribir el Tercer Protocolo Facultativo, significaría una manifestación de voluntad política verdadera para proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a un acceso directo a los mecanismos internacionales para la protección, atención y restitución de sus derechos, teniendo así acceso a un sistema directo de denuncia en el supuesto de que se vean vulnerados sus derechos; dispondrán de un mecanismo internacional para ello en caso de no existir soluciones nacionales o que estas resulten insuficientes o ineficaces.

El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante a la Constitución en materia de derechos humanos desde su promulgación en 1917; dicha reforma permitió fortalecer el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en nuestro país, esta reforma, permitió reconocer a nivel constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internaciones al mismo nivel que los consagrados en nuestra carta magna, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de sus derechos, estableciendo la obligación de realizar la interpretación conforme a tratados; por lo que la firma del protocolo de referencia ampliará la protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia permitiendo garantízales la protección de los derechos que se consagran en el marco jurídico nacional e internacional, erradicando con ello la situación de pobreza, desigualdad y discriminación que vulnera sus derechos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, considera necesario que el Estado mexicano suscriba este protocolo, el cual garantizará que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a mecanismos internacionales para denunciar violaciones a sus derechos, en el caso de que el Estado parte no brinde los mecanismos eficientes y eficaces para ello. En nuestro país se requiere del respeto, promoción, defensa y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia; los diferentes actores involucrados debemos impulsar una agenda en esta materia, es por ello, que hoy exhorto respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a la firma de este protocolo, que representa un avance fundamental para el ejercicio pleno de derechos por parte de niñas, niños y adolescentes.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscriba el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días de febrero de 2021.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a expandir la construcción de planteles destinados a la educación tecnológica industrial de nivel medio superior en las zonas con mayores índices de actividades económicas del sector industrial, y reforzar los planes de estudio para obtener una mejor preparación técnico-practica, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe Ediltrudis Rodríguez Arellano, diputada federal por el estado de Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción IIl del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente:

Consideraciones

La Educación transforma vidas, consistente en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.

Durante los últimos años varias han sido las señales a nivel de organismos internacionales como la OECD o la Unesco, quienes incentivan la formación de técnicos, lo que nos dice que no sólo las universidades son una opción para muchos jóvenes, ya que también las carreras técnicas tienen un reconocimiento académico, y además la industria requiere de los jóvenes que las estudian.1

La educación técnica desempeña un papel económico clave en la mejora de las destrezas laborales y la integración de los jóvenes en el mercado laboral. Sin embargo, durante las últimas décadas, la educación técnica ha recibido poca atención en comparación con otros niveles educativos: las investigaciones y las reformas se han enfocado más en la educación básica y superior.2

Las diversas transformaciones competitivas, organizacionales y tecnológicas que enfrentan las sociedades en su conjunto y el mundo laboral en lo particular, han producido que actualmente se utilice como un argumento generalizado, el que la falta de capacitación de numerosos demandantes de trabajo, explique sus dificultades para encontrar empleo y que la estabilidad en el empleo, de los trabajadores que tienen una ocupación remunerada, dependa de su nivel de calificación, de ahí que una solución que se ha venido señalando, es la necesidad de aumentar los niveles de capacitación. Por tanto, la formación escolarizada o no, se convierte en un elemento clave para obtener o mantener un puesto de trabajo, en condiciones relativamente aceptables.3

Por otro lado, la aspiración a ser universitario por parte de la gran mayoría de la población y ocupar puestos directivos contrasta con la realidad económica mexicana que demanda cada vez más trabajos con calificaciones intermedias. Una manera en que esto se ve reflejado es que 45% de los jóvenes profesionistas empleados de entre 25 y 29 años trabajan en ocupaciones no profesionales y al mismo tiempo el 30.9% de las empresas reportan tener dificultades para encontrar candidatos aptos, según datos de la OCDE. Cuando observamos a los graduados de ciencia y tecnología, México ocupa el lugar 19 de 127 del Global Innovation Index; sin embargo, según datos del Conacyt sólo el 58.4% del acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología está ocupado en esta área, lo cual implica que una parte importante de estas personas está realizando labores en otras áreas, se encuentra inactiva o está desempleada.4

Este fenómeno se ve reforzado por algunas élites políticas que entienden que el derecho a la educación se cumple si se garantiza el acceso a educación universitaria a toda la población independientemente de la calidad (en todos los niveles), la orientación vocacional de las personas y las necesidades del sector productivo del país. Esta visión puede llevar a dos resultados: (1) ejercer un gasto regresivo, pues en el sector de la población que tiene la oportunidad de llegar a la educación superior están sobrerrepresentados los deciles de ingreso más altos, y a (2) un uso ineficiente de los recursos, pues se utiliza una gran cantidad de éstos para formar a gente que no utiliza sus conocimientos y habilidades en su actividad profesional.5

Proyectos como los que en la actualidad el Gobierno de la Republica desarrolla en distintas zonas del territorio Nacional, como la Refinería de “Dos Bocas” en Paraíso. Tabasco, el Tren Maya en el sur y sureste del país y el Aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar aérea de Santa Lucia en el Estado de México, abre la puerta a innumerables fuentes de empleo para técnicos en distintas actividades del ámbito industrial como pueden ser Electrónica, Mecatrónica, Soldadura, Operación de Maquinaria, entre otros.

Esto conlleva a que las empresas nacionales o extranjeras que participan en proyectos de esta envergadura, acudan a contratar personal en muchas ocasiones extranjero, dada la poca cantidad Técnicos certificados en México, otorgándole a los trabajadores nacionales oportunidades laborales en puestos con baja remuneración.

Este problema se relaciona con la poca existencia de planteles de Educación Tecnológica media superior en zonas donde se desarrollan magnos proyectos como los antes mencionados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación, a expandir la construcción de planteles destinados a la Educación Tecnológica Industrial en el nivel medio superior, a las zonas con mayores índices de actividades económicas del sector industrial, así como el reforzamiento de los planes de estudios, para la obtención de una mejor preparación Teórica- Practica.

Notas:

1. “Educación técnica, una necesidad para Latinoamérica [En Línea] [Fecha de Consulta 10 de febrero de 2021], Disponible en https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/educacion-tecnica-una- necesidad-para-latinoamerica

2. “Educación Técnica en México, Fortalezas, Desafíos, Recomendaciones” [En Línea] [Fecha de Consulta 10 de febrero de 2021], Disponible en http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/45166970.pdf

3. “La formación Técnica Profesional en México: La visión de los actores sociales” [En línea] [Fecha de consulta 10 de febrero de 2021], Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31227/S9930175_es. pdf?sequence=1&isAllowed=y

4. “Perspectivas para la formación profesional en México y el mercado laboral. Dudas razonables” [En línea] [Fecha de consulta 10 de febrero de 2021], Disponible en

https://educacion.nexos.com.mx/?p=1582

5. ibídem

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2021

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Conava a realizar por los institutos del sistema nacional de salud una campaña de difusión e informar a la opinión pública sobre la suspensión de la vacuna contra la poliomielitis, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y las fracciones IV y V del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en su función para apoyar en la toma de decisiones a los países miembros y atender los aspectos importantes que tienen que ver con la infancia en todo el mundo, comunicó la necesidad de impulsar las medidas que concedieran una mejor calidad de vida a la niñez desde los diversos ámbitos en que se desarrollen, a fin de evitar la pobreza, la violencia, la enfermedad y la discriminación.

En cuanto a la salud, en la Cumbre Mundial sobre las Vacunas, estableció que durante 2020 los efectos de la pandemia habían interrumpido temporalmente la prestación de los servicios de inmunización en 68 países que afectaría a más de 80 millones de niños. Asimismo, mencionó que los programas de vacunación más afectados fueron las campañas contra el sarampión y la poliomelitis.1

Como parte de los trabajos para erradicar la poliomielitis y en unión con los organismos internacionales antes mencionados, México como país aliado se sumó al plan de acción de la fase final para la erradicación de la misma, y asumió los compromisos derivados de estos, por lo que acordó que estaría prevista la conclusión para 2023.

Sin embargo, México fue uno de los países que durante 2020 suspendió en algunos lugares de la república mexicana el programa de inmunización y vacunación a causa de la pandemia, dejando en el desamparo a la población más vulnerable, adultos mayores y niños, sin la aplicación de sus cuadros y esquemas completos de vacunas.

Durante el año 2020, desde la Cámara de Diputados se exigió al gobierno federal no suspender el programa y los esquemas de vacunación para la población más vulnerable, en el caso particular siendo los niños, respecto de las vacunas que corresponden al sarampión y hepatitis, sin que a la fecha exista una respuesta institucional, sobre la continuidad de dicho programa o la reactivación de este servicio.

Por otro lado, en diversos medios de comunicación se dio a conocer a la opinión pública la suspensión de la vacuna contra la poliomielitis dejando un problema para la población de niños menores a un año que no le será aplicado este procedimiento de inoculación.

La poliomielitis, o comúnmente llamada polio, es sumamente contagiosa ocasionada por un virus, quienes la padecen presentan síntomas similares a los de la gripe y las consecuencias es la destrucción del sistema nervioso, ocasionando la parálisis permanente en piernas o brazos.

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de Salud Oficina Regional para las Américas, han estimado que la amenaza continúa. A pesar de los esfuerzos para su erradicación, al momento, en algunos países de Asia, sigue habiendo niños con parálisis permanente debida a este virus. Por su riesgo de importación, el principal factor de riesgo para que los niños menores de 5 años de edad adquieran esta enfermedad, son las bajas coberturas de vacunación.2

Cabe destacar que en el informe de Finanzas Públicas de Hacienda con corte al 31 de diciembre de 2020, presentado ante el Congreso de la Unión, se detalló que durante el año pasado la tercera parte de los menores de un año no completó su esquema de vacunación- compuesto por 13 vacunas en 12 meses-, por los problemas para adquirir dosis y distribuirlas.3

Desde 1990 se sabe que el último caso se presentó en México, no obstante que se declaró al país libre, debe considerarse como una amenaza la no erradicación total de este virus en virtud de las condiciones del movimiento de personas que pasan por territorio mexicano.

No completar el esquema de vacunación en la población infantil de México, traerá grandes consecuencias a mediano y largo plazo, como romper la inmunidad que hasta el momento se ha mantenido de manera permanente.

Existe un riesgo latente al que se encuentra expuesta la población menor a cinco años en México, no solo por suspender la aplicación de la vacuna de la poliomielitis, sino por no tener completo el cuadro o los esquemas de vacunación completos, en la que están presentes la rubeola, sarampión y hepatitis.

Aunado a la anterior situación, el gobierno debe prevenir cualquier situación que genere algún conflicto en un corto o largo plazo, como lo es evitar que exista algún brote del virus de la poliomielitis y de cualquier otro en la población de niños menores a cinco años en México.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la secretaria de salud y al consejo nacional de vacunación realicen una campaña de difusión a través de los institutos que integran el sistema nacional de salud e informen a la opinión pública sobre la suspensión de la vacuna en contra la poliomielitis, así como describan el protocolo que deben seguir quienes ya no contaran con los beneficios de esta inmunización.

Notas

1 Comunicado de prensa UNICEF, https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/80-millones-ninos-corren-r iesgo-difteria-sarampion-poliomelitis-por-covid19

2 https://www.paho.org/es/temas/poliomielitis

3 https://lopezdoriga.com/nacional/detiene-secretaria-de-salud-vacunacion -oral-contra-poliomielitis/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, el IMSS y el ISSSTE a dar prioridad en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a trabajadores del sector obrero, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Carlos Pavón Campos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia del coronavirus ocasionada por el Covid-19 ha provocado una crisis de salud y económica sin precedente a escala mundial, en perjuicio de millones de personas que se han contagiado y muchas más que lamentablemente han fallecido.

La situación se torna aún más grave debido a la segunda ola de Covid-19 que se ha presentado en Europa, principalmente, en países como Francia, España, Reino Unido e Italia, que se han visto en la necesidad de retomar medidas estrictas de distanciamiento social.

Para poner en su justa dimensión esta problemática, basta señalar que tan sólo a finales del mes de noviembre del 2020 se contabilizaron 61 millones 299 mil 371 casos confirmados de Covid-19 en el mundo (747 mil 82 casos nuevos) y 1 millón 439 mil 784 defunciones (13 mil 296 nuevas defunciones). Hasta la fecha, se han reportado casos en 219 países, territorios y áreas. Los casos se han notificado en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África.

Con corte a diciembre de 2020, la distribución de casos acumulados de Covid-19 por SARS-Cov2 por regiones es la siguiente: América, 25 millones 958 mil 213; Europa, 18 millones 283 mil 476; Asia Sudoriental, 10 millones 688 mil 202; Mediterráneo Oriental, 4 millones 12 mil 720; África, 1 millón 487 mil 650; y Pacífico Occidental, 868 mil 369.

Los efectos de la pandemia se han expandido cada vez más a un mayor número de países y, en muchos casos, al interior de los mismos, han aumentado sostenidamente, impactando de manera inherente el quehacer de las instituciones y las decisiones de políticas públicas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la responsabilidad de las medidas sanitarias en los gobiernos, ha impulsado a que alrededor de 60 por ciento de la inversión pública sea destinada al manejo de crisis en la primera línea; causando corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno y el presupuesto público.

Es indudable que la pandemia de Covid-19 está afectando vidas y economías. El Banco Mundial estima pérdidas del Producto Interno Bruto (PIB) mundial de 12 billones de dólares durante 2020 y 2021, lo que implica un beneficio de 500 millones si se pone fin a la pandemia sólo un mes antes.

México no escapa a las consecuencias de esta situación. La enfermedad del coronavirus ha venido incrementándose de manera preocupante, en perjuicio de la salud y la economía de miles y miles de familias.

Durante las últimas semanas del 2020, ocho entidades han reflejado un ascenso en los casos estimados, confirmados y defunciones de personas que no necesariamente son consideradas adultos mayores, y esos hombres y mujeres forman parte de la población económicamente activa. Los estados que han incrementado los casos de contagios de Covid-19 son Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, la Ciudad de México, Durango, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas. La cifras oficiales acumuladas al día 2 de febrero de 2020 ascienden a 159,533 fallecimientos y a 1,874,092 contagios, lo cual habla de un avance importante y crítico en los contagios y muertes de Covid-19 en lo que va del 2021.

En ese sentido, resulta de vital importancia que la clase trabajadora y el sector obrero de la economía mexicana reciba la vacuna lo antes posible, para evitar seguir perdiendo personas en contagios y lamentables fallecimientos. Trabajadoras y trabajadores que día a día se ven expuestos en arriesgar su vida, durante la jornada laboral y de regreso a sus casas.

Asimismo, en el IMSS con el objetivo de cumplir con las medidas preventivas de sana distancia y al no tener un claro panorama de actuación, han restringido las consultas médicas, así como los horarios de atención médica y administrativa; se han cancelado citas médicas y de especialidades, ya agendadas meses atrás, ya sea por falta de personal o falta de espacios. De igual manera, trámites administrativos necesarios para el día a día para empleados, patrones y derechohabientes se han quedado en el olvido. Las malas decisiones gubernamentales y posturas tomadas por los directivos de los Institutos médicos IMSS, ISSSTE e Instituciones dependientes de los gobiernos locales repercuten en la derechobabiencia, generando caos, aglomeraciones y principalmente mayores contagios y muertes.

Es importante señalar que derechohabientes con enfermedades graves del corazón, cáncer, diabetes o cualquier seguimiento de enfermedades crónicas o de carácter urgente se han visto desatendidos debido a la saturación de los hospitales por enfermos de Covid-19.

De acuerdo con un reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en conjunto con la Universidad de Washington y la Fundación Carlos Slim de la Salud, destaca que un incremento en las tasa de mortalidad durante el 2020 se deba a un incremento de muertes crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes, renales, cáncer, entre otras.1

Las diferentes vacunas contra el Covid-19 que ya han sido probadas representan una oportunidad para terminar con la pandemia, sin embargo, la alta demanda de vacunas, el aparcamiento y los tiempos necesarios para su producción en gran escala, provocan un desabasto mundial en los momentos más álgidos de la pandemia.

Lamentablemente, México figura como uno de los países que más han sido afectados por la pandemia y la crisis sanitaria, se encuentra en el 13º lugar mundial en contagios con más de un millón 874 mil 92 casos confirmados, y ocupa el tercer lugar de fallecimientos. Tan sólo a este lunes 15 de febrero se registraron 174,657 muertes acumuladas por Covid-19, y a eso falta sumarle las cifras de las muertes no oficiales.

Pese a que las autoridades constantemente han señalado que se tienen garantizados los contratos con farmacéuticas para vacunar a la totalidad de la población, la realidad es que las vacunas no han llegado a México en las cantidades prometidas, aunado a que los contratos de compra se han reservado y no se han hecho públicos, por lo que la Sociedad se encuentra en total desconocimiento de la situación real y de las vacunas existentes. En ese sentido también el Gobierno Federal anunció la compra de la vacuna Sputnik V, de la cual se acordó la compra de 24 millones de dosis para 12 millones de personas el pasado 25 de enero.2

Según la versión oficial, el actual gobierno pagó hace unos días un anticipo de casi 160 millones de dólares para participar del mecanismo Covax, liderado por la OMS para garantizar el acceso universal de todos los países del mundo a vacunas contra Covid-19 de diversas compañías. Además de integrar esa alianza, que garantiza para 20 por ciento de la población, se mencionó que el Gobierno recibiría entre 15.5 millones y hasta 34.4 millones de dosis de Pfizer, y anunció que negocia otro convenio con la china CanSino Biologics para obtener 35 millones de dosis más.

El pasado 8 de diciembre de 2020, el Gobierno Federal anunció la Política Nacional de Vacunación contra el virus Covid-19, que contiene una estrategia consistente en cinco etapas de vacunación en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas. En la primera etapa, que va del 1º de diciembre de 2020 a febrero 2021, se prevé vacunar al personal de la salud de primera línea de control del Covid-19; en la segunda etapa, que va de febrero a abril de 2021, se vacunará al personal de salud restante y se comenzará con la vacunación de personas de 60 y más años; la tercera etapa, que abarca de abril a mayo de 2021, se prevé vacunar a personas de 50 a 59 años; la cuarta etapa de mayo a junio 2021 se vacunarán de personas de 40 a 49 años, y la quinta y última etapa de junio de 2021 a marzo 2022; el resto de la población.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos conscientes de que la aplicación de la vacuna al personal de la salud y adultos mayores debe de ser una prioridad en la Política Nacional de Vacunación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que vacunar a los adultos mayores de 60 años puede disminuir entre 60% y 70% las hospitalizaciones y los fallecimientos, sin embargo consideramos que la estrategia debe de considerar la pronta vacunación a otros grupos poblacionales, como a las personas que padecen comorbilidad; así como al sector obrero y productivo del país para evitar seguir teniendo pérdidas económicas, desempleo, contagios y muertes en el sector y en el país.

Es evidente, pues, que no hay claridad en torno a las presuntas vacunas adquiridas por el Gobierno mexicano. Ante la agudización de la pandemia del coronavirus covid-19 en el país, es necesario generar certidumbre a toda la población, por lo que es fundamental que el Gobierno federal informe a la sociedad sobre la cantidad de vacunas que se han precomprado pero, sobre todo, la estrategia que tiene contemplada para su distribución en las 32 entidades federativas. Y, en ese sentido, se garantice la vacuna a las y los trabajadores del sector obrero de México, para seguir evitando pérdidas de empleos, contagios y sobretodo muertes por Covid-19 u otras enfermedades que se dejan de atender.

En México, la crisis sanitaria no sólo se ha traducido en miles de muertes, sino también en una de las perores crisis económicas de la historia. Tan sólo en el 2020, nuestro país sufrió una contracción del 9% en su economía, cifra superior inclusive a la prevista por el Banco de México de 8.8%; se sumaron más de 10 millones de personas nuevos pobres y se estima que cerraron más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Según datos del mismo IMSS durante en el 2020 se perdieron cerca de 650 mil empleos formales en México.

En ese contexto, el empleo formal resulta un motor fundamental para sacar al país de la crisis económica que hoy se encuentra, protegiendo el empleo formal se coadyuva a mantener el informal que se encuentra también relacionado directamente con las actividades económicas realizadas por las empresas y el sector gubernamental.

Por lo anterior, resulta de vital importancia el garantizar que la clase obrera y trabajadora que está al frente de batalla en el día a día, haciendo frente a la crisis sanitaria y económica cuente con la vacuna contra el Covid-19 a la brevedad, ya que además de pagar por una cuota de seguridad social y tener, como todos, el derecho de la salud como derecho fundamental, son ellos quienes arriesgan sus vidas todos los días al salir al trabajo para el sostenimiento de la economía nacional. Por ello, la clase obrera y trabajadora es un sector de la población que debe de ser tomado en cuenta como prioritario dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

Ante este panorama, es fundamental que el gobierno federal de certeza sobre la vacuna contra la Covid-19 para millones de mexicanas y mexicanos trabajadores de este país. Asimismo, no podemos soslayar el hecho de que las y los trabajadores formales pagan una cuota de seguridad social, por lo que tienen derecho a que se les garantice la vacuna contra el Covid-19 de forma oportuna y eficiente; así como todos los derechos de seguridad social a que tienen derecho por Ley.

La protección de la salud es un derecho constitucional fundamental de todos los mexicanos y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlo , no es un favor que lo haga; sino una obligación toral.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a dar por la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que garanticen a las y los trabajadores de la clase obrera la compra y aplicación de vacuna contra el Covid-19, así como a que se reestablezcan en su totalidad los servicios médicos y administrativos necesarios para atender a la derechohabientica y garantizar el derecho a la salud que les corresponde.

Notas

1 https://www.m-x.com.mx/al-dia/hospitales-desatienden-enfermedades-no-co vid-aumentan-muertes

2 https://www.gob.mx/salud/prensa/033-mexico-recibira-24-millones-de-dosi s-de-la-vacuna-sputnik-v-lopez-gatell

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 del mes de febrero de 2021.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, su homóloga en Tamaulipas, la Conapesca y el gobierno de esa entidad a implantar programas de apoyo a los pescadores locales afectados por las bajas temperaturas en el estado, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y en el artículo 79, ambos preceptos del Reglamento de Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pesca se ha posicionado en los últimos años como uno de los sectores de mayor crecimiento en la provisión de alimentos, nutrición y empleos. A pesar de que la pesca de captura es la más importante en este sector, la acuacultura ha demostrado que puede abonar significativamente a la producción pesquera, a fin de alcanzar la anhelada seguridad alimentaria.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que la producción mundial de pescado ha alcanzado unas 179 millones de toneladas en 2018. 156 millones de toneladas se destinaron al consumo humano, lo que equivale a un suministro anual estimado de 20,5 kilogramos per cápita. La acuacultura representó 46 por ciento de la producción total y 52 por ciento del pescado para consumo humano.1

En nuestro país, alrededor de 162 mil hombres y mujeres se dedican a la actividad pesquera a lo largo de 11 mil kilómetros de litorales. Esta actividad produce más de 2 millones de toneladas de peces de diversas especies, como la sardina, el camarón, mojarra, atún, cintilla, conejo, lebrancha, jurel, cojinuda, besugo, sierra, peto, cazón, bandera, trucha, bagre, carpa, jolote y lobina negra. Cabe destacar que gracias al arduo trabajo desempeñado por las y los pescadores de México, nuestro país logró escalar en los últimos años al lugar 17 en lo que se refiere a la producción pesquera a nivel mundial.2

Por su parte, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera informó que el estado de Tamaulipas se consolidó en 2018, como una de las entidades con mayor producción pesquera, al alcanzar una cantidad de 55 mil 212.97 toneladas de pescado vivo y un valor de producción de 1 millón 787 mil 887 pesos.3

No obstante, lo anteriormente expuesto, las y los pescadores tamaulipecos enfrentan diversos problemas que les impide ser más productivos y competitivos, entre los que destacan: temporadas de baja reproducción de especies; venta de pescado por debajo del valor comercial; deterioro de las redes y embarcaciones por falta de mantenimiento; presencia de fenómenos climatológicos; temperaturas extremas; y la presencia de organizaciones criminales con sus consabidas consecuencias. A la problemática anterior, se ha sumado la derivada de la pandemia provocada por el Covid-19.

Para muestra un botón. La presencia del frente frio número 36, el cual se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. La masa de aire polar que lo impulsa mantiene el ambiente de muy frío a gélido y arroja bancos de niebla sobre las entidades del noreste, oriente y el centro de México, incluido el Valle de México; además del evento de “Norte” que provoca niveles entre muy fuertes a intensos sobre el litoral de Tamaulipas y Veracruz.4

Las y los tamaulipecos nos hemos enfrentado en los últimos días a temperaturas históricas de -5 y -7 grados centígrados con sensación térmica de -12º. Debido a las bajas temperaturas registradas en estas fechas, los ciudadanos hemos sufrido afectaciones en la circulación vial, falta de luz eléctrica y la muerte de fauna marina que significan el ingreso vital para las familias tamaulipecas dedicadas a la actividad pesquera, convirtiéndose en las personas con mayor vulnerabilidad al ser esta actividad su única fuente de ingresos.

El pasado 19 de febrero, pescadores ribereños encontraron cientos de peces muertos flotando en las orillas de la “Presa Internacional Falcón”, situada sobre el Rio Bravo, en el municipio de Guerrero, Tamaulipas. Asimismo, la situación se repite en algunas lagunas aledañas al lugar. Esta problemática coloca a los pescadores en una situación de emergencia ya que disminuyó su producto de venta que es el principal sustento de sus familias.

En tal virtud, es menester que se instrumenten las acciones conducentes, para que los pescadores del estado de Tamaulipas sean beneficiados con todos los apoyos existentes, a efecto de fomentar el desarrollo productivo de la región, impulsar la actividad pesquera y garantizar el bienestar de las familias quienes actualmente atraviesan por una circunstancia especialmente crítica.

La presente petición se fundamenta en el principio de justicia distributiva, enarbolado por el presidente de la República, así como en las medidas para reactivar la economía presentadas por el gobierno federal con el objetivo de disminuir los efectos de la pandemia causados a raíz del Covid-19, al constituir una importante actividad socioeconómica que, entre otros aspectos, contribuye de manera importante al producto interno bruto estatal y nacional, a la generación de empleos y a la alimentación de las familias mexicanas, además de ser un medio de subsistencia.

En este orden de ideas, no podemos soslayar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece como una de sus prioridades la autosuficiencia alimentaria y el rescate al campo, a efecto de que la producción agropecuaria, pesquera y acuícola, alcance niveles históricos y la balanza comercial del sector agroalimentario sea superavitaria.

Cabe destacar que los apoyos otorgados por este gobierno respecto al diésel marino y la gasolina ribereña, como parte del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, han tenido resultados positivos, lo que ha permitido facilitar la actividad productiva en la pesca y la acuacultura nacional, mismo que, a través de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), inició con la dispersión de recursos en apoyo a más de cuatro mil 700 productores de 12 estados del país, entre los que se encuentran Yucatán, Veracruz, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Campeche, Nayarit y Veracruz.5

Finalmente, es de hacer notar que uno de los principales objetivos establecidos por la presente administración, se concentra en ampliar las oportunidades de empleo y mejorar los ingresos de los pescadores, de ahí que la prioridad es superar el rezago social en las comunidades pesqueras y las localidades acuícolas rurales, por lo que es necesario fomentar dichas actividades, a fin de contribuir al bienestar de los productores de pequeña escala para el aumento de la oferta de alimentos de calidad, incidir en la producción para el mercado interno y lograr que la actividad sea fuente de la autosuficiencia alimentaria de México.

A pesar de que se ha logrado un avance significativo en la búsqueda de la soberanía alimentaria nacional, es de vital importancia seguir impulsando la creación de políticas públicas y programas de apoyo y desarrollo sustentable que permitan aumentar las inversiones en la actividad pesquera y el bienestar de todas y todos los mexicanos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a su homóloga en el estado de Tamaulipas, al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como al gobernador del estado de Tamaulipas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera coordinada, implementen programas de apoyo a las y los pescadores tamaulipecos afectados por las bajas temperaturas que se han presentado en el estado.

Notas

1 http://www.fao.org/3/ca9231es/CA9231ES.pdf

2 https://www.gob.mx/conapesca/articulos/la-pesca-mexicana-una-actividad- inmensa-como-el-mar-227722?idiom=es

3 http://www.campomexicano.gob.mx/raw_pesca_gobmx/seccionar.php

4 https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte#:~:text=
Por%20su%20parte%2C%20el%20frente,sobre%20el%20litoral%20de%20Tamaulipas.

5 https://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/apoyo_incentivo_energetico_diesel_ y_gasolina_riber

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a fomentar y ampliar las estrategias de almacenamiento y coberturas para atender las insuficiencias del sector eléctrico del país, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un apagón en los estados de Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila dejó sin energía a 5 millones de usuarios, provocando numerosos debates y opiniones en torno a la seguridad energética en nuestro país. El gobierno de la República ha explicado que los apagones ocurridos son consecuencia de una histórica tormenta invernal que ha azotado el sur de Estados Unidos de América (EUA), extendiéndose a la zona norte de México.

Así, esta tormenta invernal que ha traído temperaturas históricamente bajas ha impedido la operatividad y funcionamiento adecuado de los ductos de distribución de gas natural en Texas, quien ha tenido problemas para satisfacer su demanda interna, y por ello optó por limitar la exportación de gas natural, con el argumento de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

En ese tenor, México es considerablemente dependiente del gas natural importado, el cual es utilizado para generar la mayor parte de la energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dicha dependencia energética se explica debido a que:

“Mientras que entre en el año 2000 se generaba casi 20 por ciento de la electricidad con gas natural, para 2020 esa cifra se triplicó. Y la importación del combustible pasó en ese periodo de 51 por ciento a casi 80 por ciento el año pasado.

En la última década, entraron en operación 7 de las 24 conexiones de gas natural entre México y EUA, siendo Texas el estado con el que más se conecta, con 15 tomas (véase imagen 1).1

Imagen 1. Conexiones de gas natural entre México y EUA 2

Imagen recuperada de: BBC. “Apagones en México: la enorme dependencia mexicana del gas de EUA que dejó al descubierto la tormenta invernal en Texas”, Fecha de publicación: 18 de febrero de 2021.

A pesar de que este problema se viene arrastrando desde administraciones pasadas, quienes irresponsablemente no invirtieron en una política energética que garantizara nuestra seguridad y soberanía, no nos debemos conformar con la crítica y la visualización al pasado, pues hay millones de mexicanos que en estos días se han visto afectados por los apagones que se generaron como consecuencia de los altos precios del gas natural, que hicieron imposible la adquisición de dicho producto.

Pero, ¿cuál es la mejor manera para evitar que esta situación se vuelva a repetir? Sobre todo, considerando que el cambio climático de nuestro planeta seguirá provocando drásticos fenómenos meteorológicos que pondrán a prueba la infraestructura de distribución de diversos hidrocarburos y, principalmente, del gas natural.

Una primera variable al respecto es procurar el desarrollo de los proyectos de almacenamiento de gas natural, ya que estos permiten que se guarde el combustible suficiente para abastecer la demanda del servicio eléctrico por varios días, cuestión que es crucial para mantener la seguridad energética del país.

La segunda variable hace referencia a los riesgos de volatilidad de precios que existen en el mercado de hidrocarburos, pues ante posibles embargos, crisis ambientales o demás escenarios, se pueden disparar los precios de gas natural. En ese sentido, resulta necesaria la contratación de servicios de cobertura que garanticen la seguridad en los precios de adquisición en caso de que alguno de los eventos mencionados ocurriera.

Ambas variables no estaban satisfechas en gobiernos anteriores. Sin embargo, se debe reconocer que se sentaron precedentes para subsanar dichas áreas de oportunidad. Por ello, la presente proposición tiene como objetivo exhortar a las dependencias de la administración pública federal, a que atiendan dichas problemáticas pues como se verá más adelante, esto puede traer severas consecuencias para nuestro país.

Es necesario mencionar que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó recientemente que, en la actualidad, existen al menos 20 proyectos de “infraestructura de gas que representan inversiones por 300 mil millones de pesos y 50 mil empleos directos e indirectos, y que están pendientes de aprobación”3 por parte del gobierno federal.

Si bien, tenemos que ser conscientes de que la energía es fundamental para el desarrollo e interés nacional, no debemos dejar de lado que fenómenos climatológicos de gran envergadura requieren de la atención y cooperación de todos y cada uno de los sectores involucrados en el mercado de hidrocarburos; por ello, el almacenamiento estratégico es esencial para nuestra sociedad.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos de (CNH), México es uno de los seis países con mayores reservas naturales de este combustible. Sin embargo, el consumo nacional representa más de 60 por ciento de sus importaciones,4 como se ha mencionado líneas arriba. Sin embargo, es imperativo impulsar una estrategia de depósito y resguardo de gas natural. Este combustible se almacena en “instalaciones confinadas, que pueden ubicarse en la superficie terrestre, en el mar o incluso en el subsuelo, y con ello ayudar a fortalecer la seguridad energética del país ”.5

Para el año 2019, México contaba con “tres terminales de almacenamiento y regasificación , pero únicamente para gas natural licuado (líquido), ubicadas en: Ensenada (Baja California), Manzanillo (Colima) y Altamira (Tamaulipas).”6 Su capacidad instalada de regasificación en ese año era de 2 mil 290 millones de pies cúbicos por día (MMpcd) y la capacidad de almacenamiento fue de 920 mil metros cúbicos, cifra que está lejos de las cifras de otros países líderes en el campo y lejos de la meta fijada por el propio gobierno federal,7 a través de la política pública en materia de almacenamiento de gas natural.

La política pública en mención se encuentra vigente desde marzo de 2018, y tiene como objetivo:

“Constituir un mínimo de 5 días de inventario estratégico de gas natural (45 billones de pies cúbicos) para el año 2026, mismo que serán utilizables para la atención del suministro nacional únicamente con la metodología aprobada por el Consejo de Coordinación del Sector Energético.”8

En dicho documento se establece que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) será el encargado de coordinar el desarrollo de la infraestructura de almacenamiento para tal fin, para lo cual propondrá proyectos estratégicos y, durante temporadas abiertas, el mercado también podrá acceder a estos.9

Se contempla también que mientras el país no cuente con un inventario estratégico, Cenagas debe contemplar un mecanismo que pueda mejorar las condiciones de seguridad energética en su sistema y, por lo tanto, debe tomar acciones que le permitan utilizar su infraestructura de almacenamiento existente para estos fines.10

El problema de falta de almacenamiento ya lo tenía contemplado Cenagas, pues en un diagnóstico hecho por esta misma agencia, determinó lo siguiente:

“En cuanto a la infraestructura de almacenamiento de gas natural, es importante señalar que, si bien existen tres (3) terminales de gas natural licuado (GNL), dichas terminales operan como suministro de gas natural a ciertos usuarios en particular como se muestra en la siguiente tabla:

En este sentido, ante una contingencia en el suministro de gas natural se podría poner en riesgo la capacidad operativa de los sistemas. Por ello, es necesario contar con opciones que permitan mantener la continuidad en el suministro de gas natural en la red de gasoductos. Particularmente, el Sistrangas requiere contar con inventarios operativos que le permitan balancear el sistema ante eventualidades y así garantizar la continuidad de sus servicios de transporte.”11

Sin embargo, de los ocho proyectos del Plan Quinquenal de la Secretaría de Energía, sólo se contempla el almacenamiento operativo en Caverna Salinas, que se prevé inicie operaciones hasta el 2022 y no se tiene claridad, al menos dentro del plan quinquenal, de la planeación estratégica.12

Por ello, se debe considerar que México “necesita invertir en infraestructura de almacenamiento, porque 60 por ciento de la electricidad del país se produce con este combustible y la mayor parte se importa de EUA”.13 Con esta amplitud de cobertura y almacenamiento se podrían evitar cortes de energía como los que se han vivido, pues el gas seguiría generando la electricidad que necesitan los hogares y el sector industrial de nuestro país.

Desde enero de 2018, el Cenagas propuso un proyecto para aumentar la capacidad de almacenamiento de combustible para emergencias, a fin de tener suficiente gas natural para satisfacer la demanda. Esto, previendo que no ocurriera lo que hemos sufrido desde el lunes 15 de febrero de 2021 en gran parte del país.14

En el proyecto de almacenamiento estratégico, Cenegas manifestó que está obligada a crear espacio durante cinco días en 2029 para almacenar suficiente combustible para satisfacer la demanda, que requerirá 42 mil millones de pies cúbicos de gas natural.15

El plan consideró el establecimiento de terminales de almacenamiento en cuatro campos petroleros terrestres considerados no rentables por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en una primera fase. Sin embargo, el proyecto no fue considerado dentro del presupuesto de la actual administración, y no se pudo completar en el año en que estaban programados: 2019.16

Si bien el objetivo de política energética del gobierno actual ha dejado claro que busca anteponer la soberanía de nuestros recursos naturales, no podemos ser omisos ante las implicaciones de estos sucesos, así como de los riesgos que la falta de almacenamiento conlleva, sobre todo en un contexto de contingencia sanitaria.

Los apagones eléctricos ocurridos a lo largo del país han provocado graves afectaciones a millones de familias, empresas, instituciones de salud, fábricas, negocios e instalaciones estratégicas por varias horas.

Muchos hogares se quedaron sin refrigerador, sin televisión y sin internet por varias horas, millones de empresas y fábricas se vieron seriamente afectadas y muchos hospitales tuvieron que echar a andar sus plantas de emergencia, que normalmente pueden operar por 3 o 4 horas.

De seguir con esta problemática se seguirán replicando y acrecentando los siguientes problemas:

• Los cortes de electricidad afectan de sobremanera a las personas que se encuentran haciendo homeoffice ;

• Los hospitales que mantienen un índice de ocupación elevado no pueden permitirse la pérdida de la energía eléctrica;

• Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están tomando clases en línea se ven afectados ante los cortes de energía;

• Las empresas disminuyen su productividad, y

• En el peor de los casos, las vacunas necesitan mecanismos de congelación permanente.

Recurrir nuevamente al sector privado como aliado en esta problemática energética está contemplado en nuestra normativa actual. La Secretaría de Energía del gobierno de federal contempla dichas atribuciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Hidrocarburos.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala en la fracción IV del artículo 33:

“Artículo 33. A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

IV. Promover que la participación de los particulares en las actividades del sector sea en los términos de la legislación y de las disposiciones aplicables;”17

Por su parte, la Ley de Hidrocarburos señala en la fracción IX del artículo 56, en la fracción II del artículo 80 y en su artículo 122, lo siguiente:

“Artículo 56. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus competencias, revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley.

Los permisos podrán revocarse por cualquiera de las causas siguientes:

XI. Realizar actividades de Transporte, Almacenamiento, Distribución o Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, que se compruebe hayan sido adquiridos de forma ilícita y que haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente.

...

Artículo 80. Corresponde a la Secretaría de Energía:

...

II. Determinar la política pública en materia energética aplicable a los niveles de Almacenamiento y a la garantía de suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacionales.

Con base en lo anterior, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía establecerán, mediante disposiciones de carácter general o bien en los permisos correspondientes, las medidas que deberán cumplir los Permisionarios respecto de dicha política pública.

La gestión de los niveles mínimos de almacenamiento podrá ser llevada a cabo por la Secretaría de Energía o por la instancia que ésta designe;

Artículo 122. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, será responsable de fomentar y vigilar un adecuado suministro de energéticos en el territorio nacional, para lo cual podrá instruir, previa opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Petróleos Mexicanos, a las demás empresas productivas del Estado y al Centro Nacional de Control del Gas Natural llevar a cabo aquellos proyectos que considere necesarios para la generación de beneficios sociales y como mecanismos de promoción de desarrollo económico, en términos de esta Ley y de la política pública en materia energética del país. En el caso de proyectos que requieran permiso de la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía solicitará la opinión de dicha Comisión.

...

Tratándose de proyectos de infraestructura de Transporte por ductos y de Almacenamiento de Gas Natural, a que se refiere el presente artículo la participación se realizará a través del Centro Nacional de Control del Gas Natural.”18

Por otro lado, la CFE tendría a bien en reconsiderar la contratación de servicios de cobertura de variación de precios que, en caso de un evento atípico, como lo es el actual, se respeten los precios de importación del gas natural proveniente mayoritariamente de EUA.

En lo que el país recupera la soberanía energética ideal que toda nación debe tener, es pertinente recurrir a dichos mecanismos, siempre y cuando se apeguen a los principios constitucionales de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, al contratar dichos servicios de cobertura.

Esto también está contemplado en la Ley de la Comisión de Electricidad, e incluso se tiene como obligación, contemplar estrategias respecto a los riesgos comerciales en el mercado de hidrocarburos que existen en el mercado:

“Artículo 8. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular, conforme a las disposiciones que al efecto emitan sus Consejos de Administración.

Artículo 13. El Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad se elaborará y actualizará con un horizonte de cinco años y contendrá al menos:

IV. Los principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa, considerando, entre otros aspectos, el comportamiento de la economía a largo plazo, innovaciones tecnológicas, así como tendencias en la oferta y demanda.

Artículo 77. La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias realizarán las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras que requieran en términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sujeción a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación.”19

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía, a que en el ámbito de sus atribuciones, revise y fomente la mejora de la política energética relativa a la extracción, producción, almacenamiento y distribución de gas natural, en aras de reducir la dependencia de la importación de gas natural.

Segunda . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía, a que en el ámbito de sus atribuciones y en ánimo de generar beneficios sociales y desarrollo económico, se retomen los proyectos de inversión en infraestructura de almacenamiento de gas, a través de la Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Control del Gas Natural, previa opinión favorable y acompañamiento permanente de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía, a potenciar, con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, la producción de energías limpias alternativas que permitan diversificar fuentes de energía y garantizar la seguridad energética nacional.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, a que en el ámbito de sus atribuciones, evalúe las condiciones regionales de producción de gas natural y, en su caso, considere la contratación de servicios de cobertura de variación de precios, a efecto de asegurar:

• Las mejores condiciones de precios de gas natural para la operatividad de la empresa;

• La disminución de afectaciones a los usuarios de energía eléctrica, y

• Una mayor productividad y rentabilidad que permitan la reducción de riesgos de volatilidad.

Notas

1 BBC. “Apagones en México: la enorme dependencia mexicana del gas de EE.UU. que dejó al descubierto la tormenta invernal en Texas”. Fecha de publicación: 18 de febrero de 2021. Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56106262#:~:text=La%20doble%20dependencia%
2C%20del%20gas,el%2080%25%20el%20a%C3%B1o%20pasado. [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2021].

2 Ibídem.

3 CCE. “Indispensable fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución de energía”. Fecha de publicación: 17 de febrero de 2021. Disponible en: https://cce.org.mx/2021/02/17/indispensable-fortalecer-la-infraestructu ra-de-transmision-y-distribucion-de-energia/ [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2021].

4 Arturo García Bello. “Almacenamiento de gas natural. Un tema estratégico para México”. Fecha de publicación: 8 de octubre de 2019. Disponible en: https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/almacenamiento -gas-natural.html [Fecha de consulta: 19 de febrero de 2021].

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Gobierno de México. “Política Pública en materia de Almacenamiento de Gas Natural”. Fecha de publicación: marzo de 2018. Disponible en:
https://www.gob.mx/sener/articulos/presentacion-a-consulta-de-la-politica-publica-en-materia-
energetica-aplicable-a-la-constitucion-de-almacenamiento-de-gas-natural?state=published#:~:text=
La%20Pol%C3%ADtica%20P%C3%BAblica%20en%20materia,%C3%BAnicamente%20con%20la%20metodolog%C3%ADa%
20aprobada [Fecha de consulta: 19 de febrero de 2021].

9 Ibídem.

10 Ibídem.

11 Sener. “Plan quinquenal de expansión del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural 2020-2024”. Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2020. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590407/2PQ_SISTRANGAS_2020_2024__05-11-2020_.pdf [Fecha de consulta: 19 de febrero de 2021].

12 Ibídem.

13 Ivette Saldaña. “Pendientes, 20 proyectos privados de gas, acusa CCE”. Fecha de publicación: 18 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pendientes-20-proyectos-privados -de-gas-acusa-cce [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2021].

14 Mario Ávalez. “México tiene congelados proyectos de almacenamiento de gas”. El Sol de México. Fecha de publicación: 17 de febrero de 2021. Disponible en:

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/
mexico-congelados-proyectos-almacenamiento-gas-natural-energia-electrica-apagon-6373538.html [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2021].

15 Ibídem.

16 Ibídem.

17 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110121.p df [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2021].

18 Ley de Hidrocarburos. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_06112 0.pdf [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2021].

19 Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCFE_110814.pdf [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2021].

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CRE y la CFE a reajustar las tarifas eléctricas de Chiapas según sus condiciones especiales de generador de energía hidroeléctrica y su temperatura, a cargo del diputado Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario de Morena

Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a reajustar las tarifas eléctricas para el estado de Chiapas en función de sus condiciones especiales, de generador de energía hidroeléctrica, así como a su temperatura.

El diputado federal por el estado de Chiapas, Marco Antonio Andrade Zavala, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La energía eléctrica es un servicio público, regulado por el Artículo 27 Constitucional, que a la letra señala: “corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. Lo anterior evidencia la naturaleza prioritaria y pública del servicio de energía eléctrica, lo cual respalda el que todos los municipios del país puedan gozar de este servicio sin menoscabo de sus obligaciones.

Muestra de lo anterior es que el 3 de mayo de 2019 las autoridades del Gobierno de Tabasco y de la CFE, firmaron el acuerdo Adiós a tu Deuda, en el que se convino el borrón y cuenta nueva, así como aplicar en la entidad la tarifa 1F, la más barata del sistema, como parte del compromiso que hizo Andrés Manuel López Obrador en su campaña a la Presidencia de la República.

Recientemente en febrero de 2021 se ha anunciado que gracias a este programa acordó condonar la deuda a más de 607 mil habitantes de Tabasco por un monto de más de 11 mil millones de pesos.

No obstante, Tabasco no es la única entidad que enfrenta problemas con el pago de energía eléctrica, durante 2019, se registraron un total de 55,000 millones de pesos en adeudos a la CFE concentrados en 8 entidades federativas.

Pero me gustaría enfocarme en el estado de Chiapas, al cual me honra el poderlo representar ante esta soberanía, quien gracias a su estratégica ubicación geográfica y sus abundantes recursos naturales y acuíferos cuenta con el sistema hidroeléctrico más importante del país, integrado por cuatro grandes presas construidas sobre el cauce del río Grijalva (La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas), así como por otras tres represas más pequeñas. En total, estas siete hidroeléctricas chiapanecas generan casi el 48% del total de la energía hidroeléctrica de todo el país. Asimismo, es importante mencionar la creación de la central hidroeléctrica Chicoasén II que ya comenzó su proceso de construcción y que tendrá tres turbinas tipo bulbo, las más grandes a nivel mundial; y que permitirán una producción mucho mayor de energía eléctrica.

Sin embargo, pese a que más de dos millones 500 mil, de estos megawatts generados por las hidroeléctricas ubicadas en Chiapas, son llevados por líneas de alta tensión hasta la Ciudad de México y zonas conurbadas; Chiapas no recibe retribuciones por su generosa contribución a la federación; y al igual que todo el país sufre por incrementos desmedidos en las tarifas eléctricas.

En ese mismo tenor cabe señalar que Chiapas le ha entregado a México miles de hectáreas de sus mejores tierras, sus aguas y hasta su certidumbre y estabilidad agraria, para la construcción de las presas hidroeléctricas más importantes del país, plantas de vapor, turbogás, combustión interna, ciclo combinado, por lo que sus habitantes esperan de la Comisión Federal de Electricidad los apoyos mínimos necesarios y su responsabilidad para generar las condiciones que les permitan transitar hacia un desarrollo sustentable, sostenido y progresivo en su entidad federativa.

Esta aportación energética le permite a la Comisión Federal de Electricidad contar con la capacidad necesaria, para cumplir los requerimientos de los usuarios del territorio nacional y de la planta productiva que mueve la economía, situación que le otorga a la Empresa Productiva del Estado gozar de certidumbre real de abastecimiento para sus consumidores.

Lo anterior debería traer beneficios considerables a la población de nuestro estado como productor de energía eléctrica o cuando menos otorgarle tarifas eléctricas adecuadas a su realidad social, política y económica de la población además de que las tarifas eléctricas deberían atender su realidad climatológica.

Actualmente muchas localidades municipales del estado de Chiapas se encuentran sin estaciones de medición de temperatura o estas estaciones de medición se encuentran ubicadas cerca de ríos, situación que afecta las mediciones de temperatura que registran, motivo por el cual las mediciones de temperatura son inexactas. Ello ha contribuido a que los chiapanecos paguen altas tarifas eléctricas y que estas no estén acordes con las realidades climáticas y sociales imperantes.

Los altos cobros en el consumo de energía eléctrica han obligado a que miles de familias de esa zona hayan entablado demandas en contra de la Comisión Federal de Electricidad, utilizando la instancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, en donde el organismo público ha ocupado el primer lugar en demandas en su contra en el ámbito estatal de los últimos años.

La Comisión Federal de Electricidad, debe considerar a estos Estados como una región productora de energía, para que con ello se obtengan tarifas equitativas y justas, tomando en consideración sus aportaciones a la Federación en generación de energía eléctrica y su situación climatológica, económica, social y cultural.

Como todos saben estas son zonas con dificultades por el alto índice de marginación, migración, diferencias étnicas, políticas y sociales. Por lo que es necesario que se destinen mayores recursos federales como parte de un rescate integral de las mismas, que permita hacerlas entidades más productivas, capaces de competir y atraer mayor inversión.

Es de mencionar lo anterior debido a la realidad de que los costos de los insumos energéticos que enfrentan las industrias y empresas constituyen una variable determinante en la competitividad de los países y las regiones para sus posibilidades de desarrollo; y es evidente la tremenda necesidad que existe en Chiapas de atraer la inversión y de generar mejores condiciones para su desarrollo. Por lo cual estos costos desmedidos representan una variable que representa una desventaja para mi Estado.

Hago hincapié en la necesidad de considerar los factores climatológicos para la reducción de estas tarifas eléctricas de Chiapas, toda vez que la temperatura promedio que presentan la mayoría de los municipios del estado en temporada de verano asciende hasta los 42 grados centígrados y está situación no se ve reflejada en la aplicación de una tarifa eléctrica justa.

En ese mismo sentido y de acuerdo con el reporte del Clima en México 2017 que realizó la Conagua, Chiapas tuvo un incremento de 39.8 por ciento en sus temperaturas; presumiblemente por los efectos del Cambio Climático en el país. Durante febrero, marzo, septiembre de 2020, el estado de Chiapas registro en varias ocasiones la temperatura más alta del país durante varios días consecutivos con temperaturas por arriba de los 41 grados centígrados.

Por lo cual es evidente que miles de familias chiapanecas se ven afectadas con estas condiciones, pero además el incremento de la temperatura y la humedad, afectan a los comercios, restaurantes y hoteles, quienes se ven en la necesidad de aportar aproximadamente el 50% de su gasto operativo al pago del recibo de energía eléctrica, llegando a verse afectados con incrementos de hasta 300 y 400 por ciento en el pago del recibo de electricidad durante el verano.

Por lo cual frente a fenómenos recientes como el cambio climático en donde se prevé que uno de los escenarios sea el incremento de las temperaturas para nuestro estado y el incremento de las lluvias, trae como consecuencia la urgente implementación de criterios más justos y equitativos en los cobros de los recibos de luz.

Lo anterior también tiene fundamento en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 1°, 2° y 3°); así como del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (artículo 15), en donde México se comprometió no sólo a generar las condiciones de desarrollo en la utilización de los recursos naturales que se extraigan de las regiones, sino que también se comprometió a generar los mecanismos de compensación por la utilización y aprovechamientos de dichos recursos.

Es de comentar que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica Nacional la Comisión Reguladora de Energía tiene la facultad para expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la distribución, la operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del Cenace y los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales del Suministro Básico en términos de lo dispuesto en los artículos 138 y 139 del mismo ordenamiento.

Esto último muestra que se cuentan con los mecanismos jurídicos para hacer una atenta solicitud para que estas instituciones analicen la viabilidad de la reducción de las tarifas eléctricas para el estado de Chiapas, por ser esta una demanda justa y necesaria.

Es por todo lo anteriormente expuesto que apelo a su generosidad, pero sobre todo apelando a su sentido de justicia y el reconocimiento de la necesidad imperante en mi estado Chiapas de mejorar las condiciones de desigualdad, crecimiento y desarrollo; que los invito a sumarse al llamado de los ciudadanos de Chiapas y someter a su consideración el presente:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhortó a la Comisión Reguladora de Energía para que en el marco de sus respectivas facultades realice un estudio en el que se analice la viabilidad de reclasificar a la baja, las tarifas eléctricas para el estado de Chiapas en razón de las altas temperaturas registradas de manera reiterada, así como su condición de productor de energía eléctrica, dicho estudio deberá ser remitido a esta Asamblea. Asimismo, para que en función de los resultados de dicho estudio se hagan los ajustes pertinentes a las tarifas eléctricas para disminuir sus costos en el estado de Chiapas, para que se le aplique una tarifa eléctrica social y justa; en razón de la temperatura que hay en la mayoría de sus municipios, así como su condición especial al tener una alta producción de energía eléctrica.

Segundo. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhortó a la Comisión Federal de Electricidad para revisar la viabilidad de la condonación de adeudos anteriores al 1 de julio de 2018 por concepto de energía eléctrica para los usuarios del estado de Chiapas, tal y como lo hizo con los habitantes del estado de Tabasco.

Palacio Legislativo de San Legislativo 23 de febrero 2021

Diputado Marco Antonio Andrade Zavala

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE, la CRE, el Cenace y la Sener a realizar una investigación externa sobre las causas de la interrupción de la electricidad en diversas entidades el 28 de diciembre de 2020 y 15 de febrero de 2021 y su efecto en las finanzas de la empresa y la economía nacional, a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN

Quién suscribe, Carlos Alberto Valenzuela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones I y II, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía y la Secretaría de Energía a realizar en el ámbito de sus competencias y de manera conjunta una investigación externa de las causas de la interrupción del servicio de energía eléctrica ocurrida el 28 de diciembre de 2020 y 15 de febrero de 2021 en diversas entidades federativas y el efecto en las finanzas de la empresa productiva del Estado y en la economía nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La generación, distribución, comercialización y suministro de la energía eléctrica son actividades estratégicas para el desarrollo del país y de rectoría estatal, tal como lo establece el artículo 27 de la carta magna, que señala en su párrafo sexto lo siguiente:

... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.

Énfasis propio.

Asimismo, el artículo 28 constitucional señala que “El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.” y permite que el Ejecutivo Federal se apoye de órganos regulares de energía y en particular de la Comisión Reguladora de Energía en materia eléctrica.

La Ley de la Industria Eléctrica permite dar forma a los dispositivos constitucionales previamente descritos. En ella se pueden determinar los alcances y responsabilidades de los actores en la industria.

El artículo 6 de la Ley de la Industria Eléctrica dice:

Artículo 6. El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la Secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo como objetivos los siguientes:

I. Garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional;

II. Promover que las actividades de la industria eléctrica se realicen bajo criterios de sustentabilidad;

III. Impulsar la inversión y la competencia, donde ésta sea factible, en la industria eléctrica;

IV. Propiciar la expansión eficiente de la industria eléctrica, respetando los derechos humanos de las comunidades y pueblos;

V. Fomentar la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica, así como la seguridad energética nacional ;

VI. Apoyar la universalización del Suministro Eléctrico, y

VII. Proteger los intereses de los Usuarios Finales.

Énfasis propio.

Para el caso de la Secretaría de Energía la Ley le otorga la siguiente facultad.

Artículo 11. La secretaría está facultada para

...

XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica nacional;

...

XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables ;

XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público , del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;

XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con las atribuciones que le confiere esta ley;

XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones jurídicas;

...

Énfasis propio.

En lo referente a la Comisión Reguladora de Energía la faculta para

Artículo 12. La CRE está facultada para

II. Determinar las metodologías de cálculo, criterios y bases para determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables a los generadores exentos y usuarios de suministro básico con demanda controlable cuando vendan su producción o reducción de demanda a un suministrador de servicios básicos;

III. Establecer las condiciones generales para la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, y resolver sobre su modificación;

...

XI. Vigilar la operación del mercado eléctrico mayorista y las determinaciones del Cenace a fin de asegurar el funcionamiento eficiente del mercado eléctrico mayorista y el cumplimiento de las reglas del mercado;

XII. Instruir las correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados de las centrales eléctricas y de la demanda controlable garantizada, así como a las ofertas basadas en ellos, e instruir al Cenace a rectificar la facturación correspondiente;

...

XXII. Autorizar al Cenace llevar a cabo subastas a fin de adquirir potencia cuando lo considere necesario para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, determinar la asignación de los costos que resulten de dichas subastas y expedir protocolos para que el CENACE Énfasis propio.

Asimismo, el artículo 109 dice respecto a la Cenace.

Artículo 109. El Cenace desarrollará prioritariamente sus actividades para garantizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad.

Énfasis propio.

Otra Ley referente a la industria eléctrica y que reglamenta el actuar de otra institución en materia de dicha industria es la Ley de la Comisión Federal de Electricidad como una empresa productiva del Estado, la cual tienen el siguiente objeto y actividades:

Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado mexicano.

Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes:

I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;

...

III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto;

...

Una vez, teniendo claro las atribuciones y facultades de los actores públicos institucionales dentro de la industria eléctrica me permito transcribir el comunicado oficial de la Comisión Federal de Electricidad al respecto de la interrupción del suministro de energía en diversos estados de la República, Boletín de Prensa

28 de diciembre de 2020, CFE-BP-191/20vf :

Desbalance en el sistema interconectado nacional afectó el suministro eléctrico a 10.3 millones de usuarios en el país; modelo de simulación indicará con precisión la falla

• Debido a la salida de operación de centrales de generación, operó un esquema de baja frecuencia que afectó el suministro a 10.3 millones de usuarios.

• Este esquema opera como medio de seguridad para no afectar el suministro eléctrico a todos los usuarios del país.

• A las 16:12 horas se restableció el servicio a 100 por ciento de los usuarios afectados

La salida de operación de dos líneas de transmisión entre las subestaciones Lajas y Güémez en 400 mil volts por oscilaciones en el Sistema Interconectado Nacional, provocó que la frecuencia del Sistema se incrementara en 61.8 hertz y salieran de operación 16 centrales eléctricas, mil 714 MW de fotovoltaicas y 877 MW de eólicas, por un monto de 9 mil 262 megavatios.

Al afectarse el balance-carga-generación, el sistema de protección se activó y evitó un apagón generalizado, donde solo se disminuyó la frecuencia baja a 58.9 hertz, con una afectación de 8 mil 696 mega megavatios de carga en todo el país o 26 por ciento de la energía que se consumía en ese momento, explicó Carlos Meléndez, director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en conferencia de prensa.

Este desbalance en el sistema interconectado nacional, que inició a las 14:36 horas (centro), afectó a 10.3 millones de usuarios –19 por ciento de los usuarios– de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principalmente de las regiones centro, occidente y noreste del país.

Manuel Bartlett, director general de la CFE, precisó que se informarán las causas que provocaron el desbalance en el sistema y serán definidas a partir de un modelo de simulación que determinará cuántas intermitentes y convencionales generaban bajo las condiciones operativas de hoy.

Noé Peña Silva, director corporativo de Transmisión de la CFE, detalló que durante la salida de operación de dos líneas entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo León, también se presentó la salida de una línea ente Mazatlán, Sinaloa y Tepic, Nayarit, y otra línea entre Durango y Fresnillo, Zacatecas, por inestabilidad.

El problema, indicó Peña Silva, se pudo haber originado entre Tamaulipas y Nuevo León, ya que al producir un escalón; es decir, una variación, la generación conectada al Sistema registró subidas y bajadas que activaron sistemas de protección contra variaciones para dar estabilidad.

Guillermo Nevárez Elizondo, director corporativo de Distribución de la CFE, aclaró que en ningún momento el suministro eléctrico en clínicas, hospitales y sistemas de agua potable se afectó.

El restablecimiento del suministro eléctrico en estos casos está sujeto a las instrucciones del Cenace, quien debe garantizar la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.

El restablecimiento inició a las 14:33 horas y se llevó a cabo de la siguiente manera:

• 15:30 horas se restablecieron 4.7 millones de usuarios (45 por ciento de avance).

• 16:15 horas se restablecieron 10 millones de usuarios (97 por ciento de avance).

• 16:30 horas se restableció el servicio a 100 por ciento de los usuarios afectados.

Continuaremos trabajando en coordinación con el Cenace para identificar la causa de la baja frecuencia y minimizar el riesgo de que se repitan eventos de esta naturaleza.1

Derivado del comunicado se dejan ver ciertas deficiencias en atención a las obligaciones establecidas en la Ley para cada uno de los actores involucrados; y hay cuestionamientos válidos para solicitar tanto una investigación independiente de peritos externos como de reunión de trabajo entre los titulares y esta soberanía ya que por un lado, hubo afectaciones a la continuidad del servicio que implican impactos económicos en diversas regiones del país como en las finanzas de la empresa productiva del Estado –en este caso la CFE.

Los cuestionamientos posibles para esta soberanía enunciativos más no limitativos son: ¿Por qué hubo oscilaciones en el Sistema Eléctrico Nacional en dos Subestaciones?; ¿Si bien se tiene un sistema de protección, el riesgo de apagón general existe si este sistema de protección presenta una afectación por su entrada en operación ante el desbalance del 28 de diciembre de 2020? ¿Si la afectación representó 26 por ciento de la energía requerida del país por un desbalance en dos líneas, es posible que exista un riesgo mayor si no se realiza una investigación exhaustiva para atender las causas de fondo?; o ¿Es posible que las fallas de estas dos líneas estén latentes o potencialmente se presenten en el resto d ellas líneas del Sistema Eléctrico Nacional?, además de requerirse el deslinde de responsabilidades administrativas sobre lo sucedido.

Asimismo, es preocupante que en menos de dos meses se susciten nuevos eventos de suspensiones programadas del servicio de suministro de energía eléctrica, como los ocurridos entre el 15 al 17 de febrero de 2021 en otras tantas entidades federativas; De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad se informó que

Operó el Disparo Automático de Carga (interrupción del suministro), por déficit de generación en el norte y noreste del país, quedando sin suministro 4.8 millones de usuarios, en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Durango. A las 16:30 horas se alcanzó un restablecimiento de 79 por ciento de los usuarios afectados.

El mismo día, el Cenace, alrededor de las 19:30 horas, solicitó un nuevo tiro de carga (interrupción del suministro) con el propósito de estabilizar el sistema eléctrico nacional, afectando el suministro de 5.9 millones de usuarios en 23 estados de país”.2

Esta situación desde el punto de vista del Acción Nacional se presume tiene que ver con decisiones de alto nivel dentro de la Empresa y no solo por efectos perturbadores externos a la misma como por la falta de suministro de gas. Además, se optó por el reinicio de producción de energía con carbón y combustóleo, como fue informado el 18 de febrero en Conferencia de Prensa ofrecida por el presidente de la República [1], fuentes de energía altamente contaminante que contraviene al derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la salud establecidos en la Constitución Política y a los convenios internacionales en materia de protección al medio ambiente y combate al cambio climático como el Acuerdo de París que obliga al Estado Mexicano a reducir las emisiones de carbono sumamente contaminante.

Por lo expuesto se someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de la Electricidad, a la Comisión Reguladora de Energía, al Centro Nacional de Control de Energía y a la Secretaría de Energía para que en el ámbito de sus competencias y de manera conjunta, realicen una investigación externa de las causas que originaron la interrupción del servicio de energía eléctrica ocurrido el día 28 de diciembre de 2020 y 15 de febrero de 2021 en diversas entidades federativas del país, y su impacto en las finanzas de la Empresa Productiva del Estado y en la Economía Nacional, así como una auditoría externa a los estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión convoca a una reunión de trabajo con los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Reguladora de Energía, del Centro Nacional de Control de Energía y de la Secretaría de Energía, para analizar la situación que guarda la infraestructura, así como la generación, distribución, y suministro básico de energía derivado de la interrupciones atípicas y recurrentes del servicio en diversas Entidades federativas del país.

Notas

1 https://www.cfe.mx/cdn/2019/Archivos/Boletines/191ConferenciaDesbalance VF.pdf

2 CFE. https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2114

3 CFE. https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2117

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y la SHCP a otorgar apoyos inmediatos a los citricultores de NL afectados por las bajas temperaturas, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Juan Francisco Espinoza Eguia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el pasado mes de diciembre de 2020, México ha registrado un ingreso permanente de frentes fríos en el noreste y noroeste del país. Esto, debido al incremento de interacción de la corriente invernal en chorro polar, provocando tormentas, nevadas y rachas intensas de viento en todo el territorio nacional.1

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante esta temporada se han pronosticado al menos 54 frentes fríos, que representan 10 más que el promedio – intensificándose de moderado a fuerte hasta lo que se estima que podría ser el mes de abril de 2021.2 Durante este periodo, se han reportado al menos cinco personas muertas, miles de damnificados, cierres de las principales carreteras e incluso un apagón de electricidad que afectó a 4,7 millones de usuarios en todo el país.3

Sin embargo, expertos especializados han señalado que estos frentes continuarán siendo más recurrentes debido al calentamiento de los polos de la tierra y otros fenómenos meteorológicos extremos en las alteraciones del Ártico. Esto en parte a que el Polo Norte se ha calentado el doble de rápido que el resto de la tierra en los últimos 30 años, mostrando las causas y consecuencias del cambio climático provocado por el ser humano.4

En este contexto, además de los daños directos que se han reportado de personas y sistemas de electricidad en México, también se han registrado perjuicios al sector agrícola y a los cultivos del norte de México. Un reporte reciente del Comité de Sanidad Vegetal de Nuevo León, así como otras organizaciones del norte del país, muestran que con los fenómenos climáticos, una parte importante del cultivo de la industria citricultora ha sido afectado, congelando a los árboles productores y causando perjuicios a su cosecha. Con ello, la dinámica de producción y venta de la industria citricultura se ha visto en crisis en las últimas semanas.

Según un comunicado por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saber), en conjunto con citricultores del Estado de Nuevo León, las heladas de estas semanas, que han llegado a temperaturas de hasta -4 grados centígrados, podrían terminar por afectar a más del 70% del ciclo de producción de la temporada 2020/2021 en el sur de aquél estado. Esto representa alrededor de 250 mil toneladas de cítricos como la naranja, mandarina y toronja.5 Destaca que estas cantidades principalmente se concentran en huertas de los municipios de Allende, Montemorelos, General Terán, Hualahuises, Linares y Cadereyta, según la información publicada.

Cabe mencionar que actualmente Nuevo León cuenta con casi 400 mil hectáreas destinadas a la agricultura, representando el 6 por ciento de la superficie total de la entidad. Sin embargo, es en los municipios del centro y sur del estado donde se concentra el 82% del área agrícola, y se genera entre el 1.5 y 2% de todos los productos cosechados en México. Estos generan un valor de más de 3 mil millones de pesos, derivando principalmente de la cosecha de naranja, mandarina y toronja, que representan el 80% de los cultivos del estado.6

De acuerdo con la Saber, los cultivos principales en el estado son la mandarina, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional; la naranja, que ocupa el cuarto sitio en el mismo índice, y la toronja que representa el 5,6 por ciento de producción en todo el país.

Al respecto de los daños causados por las bajas en la temperatura, diferentes actores del sector agrícola han referido que los fenómenos naturales podrían afectar hasta por dos ciclos la producción de cítricos en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Y aunque se prevé que ello pueda beneficiar de forma inmediata a la producción de otros estados como Veracruz, al mediano y largo plazo se estima que las pérdidas sean generales para todo el sector.7

Es preciso mencionar que a finales del 2020 el Estado de Tamaulipas también reportó afectaciones en al menos 2 mil hectáreas de naranjales debido a las bajas temperaturas derivadas del Frente Frío Número 23. En su momento, se calculó que la producción del periodo podría sufrir una reducción de hasta el 50% del volumen ordinario, que se estima en 600 mil toneladas anuales. Alrededor de 3 mil productores de naranja fueron afectados por los daños.8

En el mismo contexto, se debe considerar que esta situación se ve aún más vulnerada en consecuencia de la reciente eliminación del Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) y de los Seguros Contra Riesgos Catastróficos que anteriormente protegían y defendían a los productores en escenarios como el que se vive actualmente.9 En 2020 estos Fondos fueron eliminados.

Es en consideración de lo anteriormente expuesto, que exhortamos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de las áreas encargadas del fomento a la agricultura y administración de riesgos, para que junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, brinden apoyos inmediatos a todos los citricultores que han sido afectados en los últimos días en el norte del país a causa de las condiciones generadas por el cambio climático y la baja de temperaturas en el noreste y noroeste del territorio nacional.

En el Grupo Parlamentario del PRI externamos nuestro apoyo a todas y todos los agricultores de México que representan uno de los pilares económicos y sociales más importantes para el desarrollo y el bienestar.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único.– La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que otorguen apoyos inmediatos a los citricultores del estado de Nuevo León, afectados por las bajas en la temperatura en el norte del país.

Notas

1 Décima tormenta invernal por frente frío 36 provocaría caída de nieve en el Noreste de México: SMN. Disponible en:
https://www.elimparcial.com/mexico/Advierten-por-decima-tormenta-invernal-en-Mexico-por-el-frente
-frio-36-Preven-caida-de-nieve-en-el-Noreste-20210216-0012.html

2 ¿Cuántos frentes fríos habrá en México en 2020? Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/cuantos-frentes-frios-habra-en-m exico-en-2020

3 Nevadas y frente frío dejan cinco muertos en norte de México. Disponible en: https://latinus.us/2021/02/15/nevadas-frente-frio-dejan-cinco-muertos-n orte-mexico/

4 Millones sin luz en México y EU... y el calentamiento global tiene parte de la culpa. Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/millones-sin-luz-e n-mexico-y-eu-y-el-calentamiento-global-tiene-parte-de-la-culpa

5 Temen citricultores daño total. Disponible en:
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect
=https://www.elnorte.com/temen-citricultores-dano-total/ar2125880?referer=—7d616165662f3
a3a6262623b727a7a7279703b767a78—

6 Panorama de la citricultura en Nuevo León. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252018000100008

7 Heladas en el norte de la entidad aumentará precios de cítricos, auguran productores. Disponible en:

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/
heladas-en-el-norte-de-la-entidad-aumentara-precios-de-citricos-auguran-productores-337438.html#.YCx_BS1h3UI

8 Bajas temperaturas afectan dos mil hectáreas de cultivos en Tamaulipas. Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/30/estados/
bajas-temperaturas-afecta-dos-mil-hectareas-de-cultivos-en-tamaulipas/

9 La Confederación Nacional Campesina hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para apoyar a los productores que se han visto afectados por las heladas. Disponible en:

https://expreso.press/2021/02/15/miles-de-hectaras-conge ladas-citricultores-piden-ayuda/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de febrero de 2021

Diputado Juan Francisco Espinoza Eguia

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo y diversas autoridades federales y de Tamaulipas a generar estrategias que proporcionen recursos suficientes a los productores locales afectados por las bajas temperaturas presentadas en la entidad, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, ambos preceptos del Reglamento de Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), nuestro país cuenta con una extensión territorial de 198 millones de hectáreas (ha), de las cuales, 145 millones son dedicadas principalmente a la actividad agropecuaria. De ellas, 30 millones son tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero. Además, los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas.1

El estado de Tamaulipas se ha posicionado como uno de los productores agrícolas con mayor relevancia en los últimos años. Esta entidad federativa cuenta con 1 millón 525 mil 263 ha de uso agrícola, de las cuales 551 mil 762 son de riego y 973 mil 501 son de temporal. Tan sólo en el ciclo 2018-2019 se sembraron 891 mil 730 hectáreas; entre las que destacan principalmente la cosecha de sorgo grano, maíz grano, cártamo, algodón hueso, trigo grano, cebolla, canola y okra (angú o gombo), entre otros.

El cambio climático por el que atravesamos ha generado grandes consecuencias como el aumento en las precipitaciones, la constante presencia de eventos meteorológicos extremos y la pérdida de miles de hectáreas de cultivo a causa de estos eventos.

Tal es el caso de la presencia del frente frio número 36, el cual se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. La masa de aire polar que lo impulsa mantiene el ambiente de muy frío a gélido y bancos de niebla sobre las entidades del noreste, oriente y centro de México, incluido el Valle de México, además del evento de “Norte” que provoca niveles entre muy fuertes a intensos sobre el litoral de Tamaulipas y Veracruz.2

Las familias tamaulipecas pertenecientes a la frontera norte de esta entidad se han enfrentado a temperaturas históricas de -5 y -7 grados centígrados con sensación térmica de -12º. Debido a las bajas temperaturas registradas en estas fechas, las y los ciudadanos han tenido que lidiar con afectaciones en la circulación vial, falta de luz eléctrica y la pérdida de grandes extensiones territoriales de cultivo que significan el ingreso vital para las familias tamaulipecas dedicadas a la actividad del campo, convirtiéndose en las personas con mayor vulnerabilidad al ser esta actividad su única fuente de ingresos.

Lo anterior se sustenta con datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mismos que muestran las graves afectaciones que han sufrido los cultivos en el estado de Tamaulipas:

Gran parte de los cultivos afectados se ubican en los distritos de riego 025 y 026 en el norte de Tamaulipas, en lo que comprende el Bajo Río San Juan, que va desde Reynosa a Miguel Alemán. De manera particular, los daños ocurrieron principalmente en el Valle de San Fernando, y en los municipios del norte de la entidad, entre ellos Valle Hermoso, Matamoros, Reynosa y Río Bravo.

Durante los periodos neoliberales, el sector agrario fue devastado, así como todo mecanismo que resultaba fundamental para el desarrollo del agro. El apoyo público favoreció la implantación de agroindustrias y megaproyectos que únicamente han servido para encadenar a la pobreza a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Es inadmisible que actualmente nuestro país importe casi la mitad de los alimentos que consume, así como la mayor parte de los insumos, máquinas, equipos y combustibles.

Cabe destacar que la presente administración federal ha ponderado como uno de los principales objetivos la autosuficiencia alimentaria y el rescate al campo, mediante programas que han permitido aumentar las inversiones en la productividad agrícola como lo son:

Programa producción para el bienestar , orientado a los productores de pequeña y mediana escala, que beneficia a cerca de 2.8 millones de productores (hasta 20 hectáreas), que conforman 85 por ciento de las unidades productivas del país.

Programa de Precios de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche, que establece precios de garantía para alimentos básicos en beneficio de 2 millones de pequeños productores, a quienes se les pagará durante la cosecha 5 mil 610 pesos la tonelada de maíz; 6 mil 120 pesos el arroz; 14 mil 500 el frijol; 5 mil 790 el trigo; y a 8 pesos con 20 centavos el litro de leche; lo que equivale a un aumento promedio de más de 30 por ciento con relación al año pasado.

Crédito ganadero a la palabra, mismo que consiste en entregar de una a 10 novillonas y hasta un toro por productor, lo que implica adquirir 200 mil reses, con un presupuesto autorizado de 4 mil millones de pesos, en beneficio de 19 mil 200 ejidatarios y pequeños propietarios.

Creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) , su principal función es coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía; vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier otro producto que contribuya a elevar la productividad del campo; promover tanto la industrialización de alimentos básicos, leche y sus derivados, como la comercialización de los excedentes de la producción agroalimentaria dentro y fuera del país; promover la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas, asociadas a la comercialización de productos alimenticios; apoyar las tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico que se encuentren vinculadas con su objeto y distribuir la canasta básica en regiones de alta marginación económica.

No obstante, la loable labor que ha desempeñado el actual gobierno encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en esta transformación nacional, se deben crear políticas públicas e impulsar programas de desarrollo que permitan aumentar las inversiones en la productividad agrícola, para que nuestro país acceda de manera pronta a la tan anhelada soberanía alimentaria y, de este modo, alcanzar el bienestar de todas y todos los mexicanos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, al gobernador del estado de Tamaulipas, a los titulares de las

Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público y sus homólogas en el estado de Tamaulipas, al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, generen estrategias que proporcionen los recursos suficientes a las y los productores tamaulipecos afectados por las bajas temperaturas que se han presentado en el estado.

Notas

1 http://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/mexico-en-una-mirada/es/
#:~:text=M%C3%A9xico%20cuenta%20con%20un%20territorio,115%20millones%20son%20de%20agostadero.

2 https://smn.conagua.gob.mx/es/
aviso-de-norte#:~:text=Por%20su%20parte%2C%20el%20frente,sobre%20el%20litoral%20de%20Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE, los organismos públicos electorales y la SSP de las entidades a implantar acciones que garanticen la salud, seguridad e integridad física del personal y funcionarios de los organismos comiciales que participan en actividades de campo en el proceso 2020-2021, a cargo del Grupo Parlamentario del PES

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El 7 de septiembre de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio inicio al proceso electoral 2020-2021, en el que se competirá por 20 mil 868 mil cargos de elección popular en toda la República Mexicana, más 500 diputaciones federales.

Segunda. Dada la magnitud de la elección, esta implica un gran reto operativo y logístico, en donde la participación de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la ciudadanía es importantísima y fundamental para que la fiesta democrática cumpla con su objetivo.

Para la elección se estima que se instalen 163 mil 244, y se necesitara aproximadamente un millón 469 mil 196 personas, de las cuales el personal de campo y que visitara las casas de los ciudadanos para capacitación se estima en 6 mil 992 supervisores electorales y 41 mil 81 capacitadores-asistentes electorales.1

El supervisor electoral (SE) es el encargado de coordinar, apoyar y verificar las actividades de capacitación y asistencia electoral realizadas por los capacitadores-asistentes electorales (CAE), que están bajo su responsabilidad, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades encomendadas para la ubicación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla y a la operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), los mecanismos de recolección y traslado del paquete electoral, además de auxiliar en el cómputo distrital.2

Tercera. El viernes 12 de febrero comenzó la visita de los capacitadores asistentes electorales casa por casa, a los ciudadanos que resultaron electos luego de la primera insaculación para elegir a los funcionarios que representarán la mesa directiva de casillas.

Esta actividad implica que los capacitadores asistentes electorales recorran la infinidad de colonias y zonas de la República Mexicana, a fin de instar a la ciudadanía a que participe y, en su caso, darles una capacitación sobre las actividades que realizarán en la mesa directiva de casillas.

Cuarta. La actividad de los CAE, parecería fácil en una primer instancia, no obstante las condiciones por las que pasa el país exige que se tomen las medidas necesarias para garantizar su salud e integridad física.

Lo anterior en razón que, las visitas a diferentes casas y dada la emergencia sanitaria por la que pasa el país pone en una situación de riesgo a los funcionarios del INE, por lo que deberán de contar con todos los insumos necesarios para protegerse evitando ser susceptibles de algún contagio, y de igual manera garantizar la salud de las personas a las que visita.

Quinta. Aunado a lo anterior y de la misma forma, se debe de garantizar la integridad física de los funcionarios de campo, en razón que otro factor que pone en una situación de riesgo a estos funcionarios, es la inseguridad que impera en algunas zonas del país.

Sexta. Como ejemplo tenemos lo acontecido en el mes de enero de este año cuando tres trabajadores del Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral fueron retenidos por habitantes del nuevo municipio Honduras de la Sierra, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, que están en contra del decreto. El INE dio a conocer que una de las razones expresadas es el desacuerdo con la creación del municipio de Honduras de la Sierra. Aunque consideró que esta u otra razón, no justifica la afectación a su personal. Se trató de dos hombres y una mujer que se trasladaron al lugar a brindar servicio de trámites para la actualización del Padrón de Electores. El instituto señaló en un comunicado que la trabajadora fue liberada debido a problemas de salud.3

Séptima. Otro lamentable hecho ocurrió el 18 de febrero, cuando las autoridades del INE en Zacatecas confirmaron que fue asesinado un capacitador electoral en la comunidad de Plateros, en el municipio de Fresnillo, cuya investigación será atraída por la Fiscalía General de la República, por tratarse de un servidor perteneciente a una institución federal. El vocal de la Junta Local del INE en Zacatecas, confirmó la información y condenó este “cobarde hecho”, al considerar que no sólo es agravioso para la institución electoral, sino para toda la sociedad: “porque el INE es una institución de la sociedad, de buena fe, que no interferimos en nada y no generamos daño a nadie”, señaló.4

Octava. Dentro del mismo grupo de capacitadores encargados de visitar a la ciudadanía se vive incertidumbre y tanto la pandemia como la inseguridad son los dos principales miedos que les aqueja al realizar su trabajo.

Los mismos capacitadores señalan que el reto es demasiado grande debido a la pandemia ya que todos los días tiene que equiparse no sólo del material que proporciona el INE sino también de su careta, cubrebocas, guantes y gel antibacterial, para poder emprender su encomienda. Dice que experimenta incertidumbre sobre cómo estará llevando su labor de convencimiento hacia los ciudadanos que salieron seleccionados para participar como funcionarios de casillas y a la vez hacerles de su conocimiento que se cuenta con nuevas reglas de operación y seguridad para evitar que presenten más contagios, así como estar atentos por la inseguridad.5

Es entonces que para garantizar la seguridad del personal de campo del INE, el cual participa en el proceso electoral en curso, es necesario que autoridades electorales y cuerpos de seguridad pública locales implementen acciones y operativos, para garantizar la seguridad e integridad física de quienes participan en estas actividades. De igual manera las autoridades electorales deben de garantizar los insumos necesarios, para que las personas que fungen como capacitadores y que tienen contacto de manera frecuente con la ciudadanía, estén protegidos y protejan a las personas que visitan de algún contagio.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas, para que en coordinación implementen acciones que garanticen la seguridad e integridad física del personal y funcionarios que participan en actividades de campo en el proceso electoral 2020-2021.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales para garantizar los insumos sanitarios necesarios de protección al personal de campo que participa en el proceso electoral 2020-2021, a fin de evitar contagios entre los funcionarios y la ciudadanía.

Notas

1 https://www.ine.mx/numeralia-proceso-electoral-2021/

2 https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/asp irantes-se-cae/

3 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/26/retienen-funcionarios -del-ine-en-chiapas-249333.html

4 https://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-capacitador-del-ine-en- fresnillo-zacatecas

5 https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021-ine-tamaulipas-capacit adores-inseguridad-covid

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a constituir una mesa interinstitucional para atender las demandas del Comité pro Defensa de los Pueblos Indígenas Chinantecos desplazados por la presa Cerro de Oro a partir de la expropiación de sus tierras desde el 30 de agosto de 1972, suscrita por los diputados Marco Antonio Medina Pérez e Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputada federal Irma Juan Carlos y diputado federal Marco Antonio Medina Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del gobierno de México a constituir una Mesa de Trabajo Interinstitucional conformada por la Comisión Nacional del Agua; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Registro Agrario Nacional; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; así como por representantes de los gobiernos del estado de Oaxaca y Veracruz para atender las justas demandas de las y los campesinos indígenas chinantecos afectados por el proceso de expropiación de sus tierras iniciado el 30 de agosto de 1972, con motivo de la creación de la presa “Cerro de Oro”, y genere alternativas para resarcir en lo procedente los daños y perjuicios generados en todos estos años, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde hace algunos años los suscritos hemos conocido las justas demandas de diversos ejidos del pueblo chinantenco que fueron reubicados por la creación de la presa Cerro de Oro o Miguel de Lamadrid, en particular, las que se han gestado a partir del “COMITÉ PRODEFENSA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CHINANTECOS DESPLAZADOS POR LA PRESA CERRO DE ORO ”1 , encabezado por su presidente Juan Cohetero Perea.

A raíz de esto, se realizaron múltiples gestiones que culminaron con la instalación de mesas de trabajo en las oficinas de la Procuraduría Agraria con sede en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en donde participa personal comisionado por el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Conagua, así como representantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Posteriormente, en las instalaciones del Centro Coordinador del INPI en Tuxtepec se han seguido desarrollando estas reuniones. En dichas mesas que iniciaron en noviembre del 2019, se comenzó con la revisión de los expedientes indemnizatorios de los expropiados, así como de los libros que la Comisión del Papaloapan integró cuando realizaron el proceso expropiatorio e indemnizatorio.

Además de lo que muestran estos expedientes y libros, en todo este tiempo se han realizado muchas asambleas informativas en distintos ejidos de la cuenca del Papaloapan en donde hemos escuchado y recabado múltiples testimonios de los expropiados y de los descendientes de expropiados, los cuales nos han externado todas las irregularidades que hubo durante el proceso expropiatorio e indemnizatorio.

Son numerosas las historias de indígenas a los cuales nunca se les explicó correctamente qué estaba sucediendo. Simplemente les decían que se salieran de sus tierras o los iban a inundar y se iban a ahogar; que aceptaran lo que se les ofrecía o si no se quedaban sin nada. En muchos casos les hicieron grandes promesas de prosperidad en sus nuevos núcleos de población en donde se les iba a reacomodar. Sin embargo fueron engañados totalmente, puesto que en esa época prácticamente nadie hablaba o escribía en español. Los funcionarios de gobierno se aprovecharon entonces de la ignorancia y de la buena fe del pueblo indígena chinanteco, así como de la confianza que les brindaron a quienes consideraban representantes del gobierno federal. En suma, no se les respetaron sus derechos y garantías fundamentales como pueblos indígenas y, como consecuencia de ese proceso viciado e irregular, fueron engañados, timados y reacomodados en el olvido, al arrebatarles parte de su tradición y cultura, cortando sus lazos y núcleos familiares.

En estos últimos años hemos sido testigos del incumplimiento del proceso indemnizatorio y de lo que ello ha significado para el nivel de vida de los afectados.

En efecto, sus reclamos actuales se basan en que fueron reacomodados en tierras que no son aptas para la actividad agrícola; no se les dotaron de las cantidades de tierras que se les prometió; la calidad de la tierra que se les dio es muy inferior a la que tenían y/o casi inservible para la siembra; no cuentan ni se les dotó con sistemas de riego (en muchos poblados carecen del vital líquido y, en otros casos, sus tierras se inundan y quedan inservibles); no se les indemnizó económicamente de forma justa y adecuada, presentándose en la mayoría de casos falsificaciones de firmas y entregas de menores cantidades de dinero de las que se especifican en los libros que recabó la Comisión del Papaloapan; no se les hizo la correcta entrega de los materiales para la construcción de sus viviendas; no se les pagó de forma adecuada todas las prestaciones a las que tenían derecho en su calidad de expropiados y ejidatarios, por parte del extinto Fondo Nacional para el Fomento del Ejido (Fonafe), ahora Fideicomiso para el Fondo Nacional para el Fomento del Ejido (Fifonafe), quedando pendientes pagos individuales y pagos de bienes comunes como lo son parcela ejidal, parcela escolar, parcela de la mujer y parcela deportiva; la vivienda de las que se les dotó carecen de lo básico, ya que solo en algunos casos se les entregó con servicio de drenaje y agua; no existe electrificación, ni caminos carreteros que los conecten con el exterior y les permitan estar comunicados; por último, la supuesta entrega de infraestructura que se realizó a los ejidos de nueva creación, en su gran mayoría solo se hizo de forma documental puesto que físicamente nunca se entregó el material y, en otros casos, solo lo hicieron de forma parcial.

A lo anterior se suma que, actualmente, muchos de los expropiados viven en la incertidumbre jurídica, debido a que no se les entregó su certificado parcelario que les acredita la calidad de ejidatarios. A otros tantos se les desconoció completamente la calidad de ejidatarios, debido a la migración de lugares a los cuales fueron enviados por los representantes de la Comisión del Papaloapan.

Por lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto el incumplimiento del Estado Mexicano en sus anteriores administraciones, por el decreto expropiatorio y diversas resoluciones presidenciales, derivado de la expropiación de grandes extensiones de tierras ejidales en posesión de campesinos indígenas chinantecos asentados en la zona de la cuenca del Papaloapan (municipios de San Lucas Ojitlán, San Felipe Usila, Jalapa de Diaz, San José Chiltepec, Valle Nacional, de los cuales son los 52 exejidos afectados)2 , por la creación de la presa “Cerro de Oro” o “Miguel de la Madrid”, ubicada en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Por ende, es urgente establecer una Mesa de Trabajo Interinstitucional organizada por la Secretaría de Gobernación, a quien corresponde preponderantemente la búsqueda de soluciones integrales a los problemas de derechos humanos y la coordinación de diversas dependencias para la atención de problemáticas sociales como la que se presenta en esta Proposición con Punto de Acuerdo. Se propone que esta Mesa Interinstitucional sea integrada por la Comisión Nacional del Agua; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Registro Agrario Nacional; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; así como por representantes de los gobiernos de los estados de Oaxaca y de Veracruz, de la Cámara de Diputados y del Comité Prodefensa de los Pueblos Indígenas Chinantecos expropiados por la creación de la presa “Cerro de Oro”.

Dicha Mesa Interinstitucional tendrá como objetivos:

1) Evaluar el grado de cumplimiento del proceso indemnizatorio, reacomodo, dotación de tierras, creación de centros poblacionales y otorgamiento de seguridad jurídica, derivado de la expropiación de sus tierras, así como las condiciones de vida actuales que tienen los expropiados en los ejidos que se formaron con su desplazamiento;

2) Revisar los expedientes indemnizatorios integrados por la extinta “COMISIÓN DEL PAPALOAPAN”.

3) Ofrecer mecanismos de solución a las necesidades más básicas y apremiantes en cada ejido formado por el desplazamiento de los expropiados, generando las condiciones necesarias para que los pueblos de campesinos indígenas chinantecos continúen trabajando el campo pero de forma digna y con acceso a apoyos productivos, técnicos, financieros y de agua potable; se resarza en lo procedente los agravios materiales y comunitarios que se les infringió a raíz de la expropiación, se les brinde acceso a una vivienda digna y se les de seguridad jurídica por las tierras que hoy poseen.

En cuanto a las diversas instituciones gubernamentales involucradas en esta Mesa Interinstitucional, se solicita su intervención de la siguiente forma:

A) COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, (Conagua).

Revisar los expedientes de pagos indemnizatorios, la entrega de materiales para construcción de las viviendas que hacía la Comisión del Papaloapan, la entrega de dotación de cantidad y la calidad de tierras de los ejidos que se formaron por la expropiación y tecnificarlas con sistemas de riego, así como atender los diversos reclamos de los pueblos indígenas chinantecos.

B) SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, (Sedatu).

Revisar las cantidades y la calidad de las tierras que se entregaron y que les dotaron a los expropiados y ejidos que se crearon por la expropiación, debido a que por la ubicación, prácticamente son inservibles y la infraestructura de obra que se realizó en los ejidos fue parcial e suficiente.

C) REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN).

Revisar La entrega de certificados de derechos agrarios y reconocimiento de ejidos.

D) INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (Inpi)

Reconocimiento de la calidad de pueblos indígenas chinantecos a todos los ejidos y centros de población que se crearon por la expropiación y la representación jurídica de los pueblos indígenas durante este proceso.

E) GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE OAXACA Y VERACRUZ

Coadyuvar en lo que proceda de acuerdo a sus facultades y posibilidades al mejoramiento de la situación de marginación que se vive en las comunidades reubicadas creadas a raíz de la expropiación, así como en el reconocimiento como pueblos originarios.

F) SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Instalar, coordinar y dar seguimiento a los acuerdos que se generen en la Mesa de Trabajo Interinstitucional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a constituir una Mesa de Trabajo Interinstitucional conformada por la Comisión Nacional del Agua; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Registro Agrario Nacional; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; y representantes de los gobiernos de los estados de Oaxaca y de Veracruz; para atender las justas demandas de las y los campesinos indígenas chinantecos afectados por el proceso de expropiación de sus tierras iniciado el 30 de agosto de 1972, con motivo de la creación de la presa “Cerro de Oro”, en Tuxtepec, Oaxaca, y generar alternativas para resarcir en lo procedente los daños y perjuicios generados en todos estos años.

Segundo. La Mesa de Trabajo Interinstitucional arriba descrita tendrá los siguientes objetivos:

1. Evaluar el grado de cumplimiento del proceso indemnizatorio, reacomodo, dotación de tierras, creación de centros poblacionales y otorgamiento de seguridad jurídica, derivado de la expropiación de sus tierras, así como las condiciones de vida actuales que tienen los expropiados en los ejidos que se formaron con su desplazamiento;

2. Revisar los expedientes indemnizatorios integrados por la extinta “COMISIÓN DEL PAPALOAPAN”.

3) Ofrecer mecanismos de solución a las necesidades más básicas y apremiantes en cada ejido formado por el desplazamiento de los expropiados, generando las condiciones necesarias para que los pueblos de campesinos indígenas chinantecos continúen trabajando el campo pero de forma digna y con acceso a apoyos productivos, técnicos, financieros y de agua potable; se resarza en lo procedente los agravios materiales y comunitarios que se les infringió a raíz de la expropiación, se les brinde acceso a una vivienda digna y se les dé seguridad jurídica por las tierras que hoy poseen.

Notas:

1. Comité Prodefensa de los Pueblos Indígenas Chinantecos afectados por la creación de la Presa “Cerro de Oro”: Presidente.- Juan Cohetero Perea (Monte Bello); Secretario.- Raymundo Santana Carrera (Cafetal Segundo); Tesorero.- Pedro Pimentel Jiménez (Las Pochotas); Auxiliar Del Comité.- Miguel Angel Arregui Gallegos (Paso Novillo). Orientadores Politicos : Prof. Ignacio Pedro Angeles Zuñiga. (Santa Rosa); Prof. Fidel Ventura Pérez (Laguna Escondida); Vocales.- Gelasio Ramón Juarez (El Aguacate); Segundo Vocal.- Cristóbal Alejandro Montor (Potrero Viejo); Tercer Vocal.- Francisco Gonzalez Gonzalez.- (Raya De Las Carolinas); Cuarto Vocal.- Avelino Quintero Calixto.- (Arroyo Caracol Ideal); Quinto.- Samuel Mata García.- (Santa Rosa Pie De Cerro). Representantes: C. Santa Gómez Méndez (Zapotal, Ojitlán); C. Simón Santana Flores (El Aguacate); C.Enedina Ramón Juárez, Nuevo Mondongo (El Aguacate); Comisariado Ejidal De Las Pochotas, C. Miguel Angel Ramos Alfaro; C. Domingo Ramírez Osorno (Las Pochotas); C. Juana Tejeda Sánchez (Santa Rosa); C. Héctor García Soto (Santa Rosa); C. Ezequiel Estrada (Paso Limón); C. Alfredo Pablo Morales (Arroyo Culebra O Villafuerte, Ojitlán); C. Rolando Joaquín Esteban (Piedra De Amolar); Comisariado De Nuevo Potrero, Gerardo Jorge Rafael (Potrero Viejo); C. Rogelio Rafael García, Consejo De Vigilancia De Nuevo Potrero (Potrero Viejo); C. Erasmo Amado Moreno, Autoridad Municipal, Nuevo Potrero, (Viejo Potrero); Comisariado del Ejido Nuevo Los Ángeles (Los Ángeles); Martín Bolaños Contreras, Comisariado Ejidal De Nuevo Mondongo (Mondongo); Nemorio Domínguez M., Comisariado Ejidal De Nuevo Arroyo Tambor, (Arroyo Tambor De San Felipe Usila); C.José Agustín Cristóbal, Consejo De Vigilancia De Nuevo Arroyo Tambor, (Arroyo Tambor); C. Longino Toribio Antonio, Comisariado Ejidal De Nuevo Ideal De Abajo (Ideal de Abajo); C. Javier Francisco Pablo, Comisariado Ejidal De Nuevo Villa De Ojitlán, (Villa Ojitlán); Misael Pedro Cristóbal, Jefe De Manzana, Tierra Blanca, Nuevo Villa De Ojitlán (Villa De Ojitlán); Pedro Narciso Hilario, Consejo De Vigilancia de Nuevo Villa de Ojitlán (Villa de Ojitlán), Alberto Marcelino González, Consejo de Vigilancia de Nuevo Ideal de Abajo (Ideal de Abajo); C. Alfonso Manuel Segura, Comisariado Ejidal de Lázaro Cárdenas, (Monte Bello); Florentino Rojas Pablo, Comisariado Ejidal De Nuevo Platanar (El Platanar); Francisco Moreno Jiménez, Comisariado Ejidal de Nuevo Asunción, Cosamaloapan (La Asunción); Alejandro García Bravo, Consejo de Vigilancia de Jorge L. Tamayo, Cosamaloapan, (Arroyo Culebra O Villa Fuerte); Félix Alfaro Estillado, Comisariado Ejidal De Nuevo Piedra Blanca, Cosamaloapan (Piedra Blanca); C. Sabat Terán Castro, Comisariado ejidal de Jorge L. Tamayo, (Arroyo Culebra O Villa Fuerte); C. Horacio Ricardo Anaya Peña, Consejo de Vigilancia del Ejido Nuevo Santa Rosa, Ignacio De La Llave, (Santa Rosa); C. Armando Avendaño, Comisariado Ejidal de Nuevo Paso Limón, Ignacio De La Llave,(Paso Limón); C. Miguel Carlos Rubio, Comisariado Ejidal de Nuevo Santa Rosa, Juan Rodríguez Clara, (Santa Rosa); C. Aristeo Regules Ramos; C. Fermín Silvestre Villar, Representante en Nuevo Paso Novillo, Juan Rodriguez Clara (Paso Novillo); C. Alejandro Isidro Hilario, Ejido Vista Hermosa, San Lucas Ojitlán, (Vista Hermosa).

2. Lista de ejidos pertenecientes a San Lucas Ojitlán, Oaxaca : 1.- Arroyo Grande Privilegio 2.- Arroyo Remolino 3.-Arroyo Caracol Ideal 4.- Arroyo Culebra O Villa Fuerte 5.- Buena Vista 6.- Cafetal Segundo 7.- El Cantón 8.- El Aguacate 9.- El Ideal 10.- El Mirador 11.- El Nanche 12.- El Platanar 13.- El Porvenir 14.- El Zapotal 15.- Ideal De Arriba 16.- La Asunción 17.- La Esperanza 18.- La Laguna 19.- Laguna Escondida 20.- Las Pochotas 21.- Loma Alta 22.- Loma Del Cedro 23.- Los Ángeles 24.- El Malotal 25.- El Mondongo 26.- Monte Bello 27.- Paso Limón 28.- Paso Novillo 29.-Piedra De Amolar 30.- Piedra Blanca 31.- Potrero Viejo 32.- Pueblo Nuevo 33.- San José Laguna 34.- Santa Rosa Pie Del Cerro. 35.- Villa Ojitlán 36.- Yucatán 37.- El Cacahuatal 38.- Raya de las Carolinas 39.- San José Ojitlán Primera Fracción 40.- Vista Hermosa Primera Fracción. Lista de ejidos pertenecientes a San Felipe Usila, Oaxaca : 41.- Arroyo Tambor 42.- Santa Flora 43.- Piedra de Azúcar 44.- Arroyo Caracol Estrella. Lista de ejidos pertenecientes al municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca : 45.-La Concha 46.- La Chupa Rosa 47.- La Sorpresa 48.- Playa Chica 49.- La Permuta. Lista de ejidos pertenecientes al municipio de San José Chiltepec, Oaxaca : 50.- Rancho Faisán 51.-Mata de Caña. Lista de ejidos perteneciente al municipio de Valle Nacional: 52.- San Rafael Agua Pescadito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2021.

Diputada Irma Juan Carlos (rúbrica)

Diputado Marco Antonio Medina Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a retirar su iniciativa preferente por la que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica e instruir a la Sener para que cumpla irrestrictamente las disposiciones constitucionales en materia energética, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, anteponiendo el bienestar de toda la población y el desarrollo nacional, retire su iniciativa preferente por la que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica e instruya a la Secretaría de Energía cumplir irrestrictamente las disposiciones en materia energética que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; conforme a los siguientes

Antecedentes

Dos años intentando revertir la reforma energética

Desde su campaña presidencial, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió que recuperaría la soberanía energética y que revertiría la reforma constitucional en la materia; prometió incluso realizar un referéndum en el cual la población decidiera si dicha reforma energética debía ser revocada.1

En cuanto asumió el poder, su administración, a través de la Secretaría de Energía (Sener), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), principalmente, se ha dedicado a crear elementos normativos de fuente administrativa para socavar las disposiciones de la reforma energética o para, abiertamente, contravenir la Constitución en aras de fortalecer la CFE y Pemex.

La estrategia, hasta hace poco, era frenar el avance de la implementación de la reforma energética y, en la medida de lo posible, ir desmantelando, pieza por pieza, los componentes de la configuración normativa y operativa del sector relacionado con la producción y distribución de energéticos.2

En especial, en materia de energía eléctrica, la estrategia ha sido mucho más ofensiva y peligrosa, pues el 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Energía, para frenar y sacar del mercado a las plantas generadoras de energía eléctrica con fuentes limpias y fortalecer a la CFE, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional (SEN).

Este acuerdo buscaba que la Sener adquiriera el control total del SEN, dificultando la operación de las plantas de fuentes limpias por considerar que la intermitencia representa un riesgo para la estabilidad del SEN y tratando de frenar, con esto, la inversión en estas fuentes de generación eléctrica. Este acuerdo significaba parar de golpe la transición hacia fuentes fotovoltaicas y eólicas, principalmente.

Pero las empresas privadas dedicas al sector eléctrico que han hecho una considerable inversión en nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas, interpusieron juicios de amparo en contra de dicho acuerdo, el cual se conoció comúnmente como el “acuerdo Nahle”, obteniendo la suspensión del acto casi de inmediato.3

Además, al resolver la controversia constitucional 89/2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que dicho acuerdo invade las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), viola el derecho de libre competencia y da una “ventaja indebida” a la CFE.4

Con esta resolución, la SCJN dejó en claro que las disposiciones del “acuerdo Nahle” son inconstitucionales y, por ello, lo dejó sin efectos. Es claro que la política del gobierno federal que busca sacar del mercado a los generadores privados no tiene sustento legal ni constitucional y atenta en contra del estado de derecho.

La iniciativa preferente del presidente López Obrador

Al ver que todos los esfuerzos han sido infructuosos, pues su política de destrucción energética ha sido detenida por el Poder Judicial de la Federación por contravenir abiertamente a la Constitución y a las leyes secundarias, el presidente López Obrador tomó la decisión de asumir él mismo la cruzada y presentar al Congreso de la Unión una iniciativa con carácter preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y asegurar que el objetivo del “Acuerdo Nahle” sobreviva y se imponga.

La iniciativa “plantea modificar el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas, para quedar en prioridad: Energía Producida por las Hidroeléctricas, Energía Generada en otras Plantas de la CFE, Energía eólica o solar de particulares y Ciclos Combinados de empresas privadas”.5

Esta iniciativa de carácter preferente fue presentada ante esta Cámara de Diputados, como cámara origen y, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá ser tramitada bajo el procedimiento especial que se prevé para este tipo de iniciativas.

Pero esta iniciativa ha levantado muchas críticas sobre su contenido y, en especial, sobre el impacto negativo que tendrá en la industria eléctrica, pues lo que ya se determinó por la SCJN que es inconstitucional, que contraviene los principios de competencia económica y que vulnera el derecho del consumidor para recibir energía suficiente, estable, de calidad y barata, ahora se intenta aprobar a través de una modificación a la legislación secundaria.

El destino de esta iniciativa será, de nueva cuenta, una acción de inconstitucionalidad que, seguramente será resuelta por la SCJN en los mismos términos que fue resuelta la controversia constitucional 89/2020, pero, además, provocará una mayor inestabilidad en la industria eléctrica y generará incertidumbre que va a costar empleos e inversión.

El presidente de la República tiene la facultad de presentar este tipo de iniciativas con carácter preferente, pero extraña que en medio de la crisis más grave de salud que México ha enfrentado en siglos, el titular del Ejecutivo Federal, en lugar de presentar una iniciativa preferente que atienda esta grave problemática sanitaria, presenta una que intenta socavar el contenido de nuestra Constitución, obligando a la bancada de su partido, Morena, a votar a ciegas dicha propuesta legislativa.6

Esto atenta no sólo contra la industria eléctrica sino la seguridad nacional, el bienestar de toda la población y el desarrollo del país. En esta frenética cruzada en contra de la participación privada en el sector energético, el presidente López Obrador arriesga la estabilidad nacional para conseguir un objetivo que tiene fijo, regresar al esquema de hace 50 años o más y que no funcionó.

Los apagones son muestra de la crisis

En estos dos años se han dado muestras inconfundibles de que la industria eléctrica está pasando por una crisis auto provocada por el propio gobierno federal en su afán de fortalecer a la CFE: los apagones.

El 8 de marzo, el 5 de abril y el 22 de abril de 2019 se dieron apagones en la península de Yucatán, afectando, cada uno, a más de medio millón de usuarios. En ese entonces la CFE señaló diversas causas que originaron los apagones y se comprometió a que no habría más fenómenos de esta clase, pero no fue así.7

El 28 de diciembre de 2020, un mega apagón provocado, de acuerdo con la versión oficial de la CFE, por un incendio en un pastizal en Tamaulipas, dejó sin energía eléctrica a más de 10.3 millones de usuarios.8

Lo inverosímil de la versión oficial se hizo viral cuando la CFE exhibió documentos supuestamente emitidos por la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado de Tamaulipas, sobre los cuales, dicha Coordinación negó su autenticidad.

El 15 de febrero de 2021, otro mega apagón dejó sin energía eléctrica a 4.7 millones de usuarios en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Esta vez, la causa fue la carencia de gas natural proveniente de Texas.9

El mismo día, por la noche, se registraron nuevos apagones en Querétaro, estado de México, Morelos y Veracruz.10 Esto provocó que el Centro Nacional de Control de Energía determinara cortes temporales del fluido eléctrico en regiones del centro y norte del país, para tratar de superar la emergencia.

¿No es esto una muestra de que, además de los factores exógenos que, sin duda alguna, afectan la generación y distribución de la electricidad, también existen factores endógenos que han provocado esta crisis? Esos factores se concentran, justamente, en que el gobierno federal actual se ha enfocado en derrumbar a todos los competidores de la CFE, y estamos pagando las consecuencias, que pueden ser peores en caso de continuar esta ofensiva gubernamental.

Por ello, esta proposición con punto de acuerdo tiene el objetivo de exhortar respetuosamente al presidente de la República para que, anteponiendo el bienestar de todas y todos los mexicanos, cese en su intención de reformar la Ley de la Industria Eléctrica y se concentre en corregir la política energética que ha implementado.

Para ello se le exhorta a que retire su iniciativa preferente e instruya a la Sener para que cumpla irrestrictamente las disposiciones constitucionales en materia energética.

Por lo expuesto someto el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de esta soberanía, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, anteponiendo el bienestar de toda la población y el desarrollo nacional, retire su iniciativa preferente por la que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica e instruya a la Secretaría de Energía, cumplir irrestrictamente con las disposiciones en materia energética que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 “López Obrador promete revocar reforma energética”, en El Financiero. Recuperado el 15 de febrero de 2021, en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-promete-revocar- reforma-energetica

2 “López Obrador se deshace poco a poco de las reformas energéticas”, en Infobae. Recuperado el 15 de febrero de 2021, en https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/23/lopez-obrador-se-desh ace-poco-a-poco-de-las-reformas-energeticas/

3 “Juez suspende acuerdo energético promovido por Rocío Nahle”, en El Universal. Recuperado el 15 de febrero de 2021, en https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/juez-suspende-acuerdo-e nergetico-promovido-por-rocio-nahle

4 “Revés de la Corte a política eléctrica de Sener”, en El Financiero. Recuperado el 15 de febrero de 2021, en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suprema-corte-da-reves-a-polit ica-energetica-de-nahle-beneficia-indebidamente-a-cfe-dice

5 Recibe Congreso iniciativa preferente del Ejecutivo Federal para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Boletín No. 5786, de 01 de febrero de 2021. Cámara de Diputados. Recuperado el 15 de febrero de 2021, en

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicaci on/index.php/mesa/recibe-congreso-iniciativa-preferente-del-ejecutivo-f ederal-para-reformar-la-ley-de-la-industria-electrica#gsc.tab=0

6 AMLO NO dejará que le cambien ‘’NI UNA COMA’’ a su iniciativa de Ley Eléctrica. Cadena Noticias. Recuperado el 15 de febrero de 2021, en https://cadenanoticias.com/politica/2021/02/amlo-se-aferra-a-no-hacer-c ambios-a-iniciativa-de-ley-electrica

7 Península de Yucatán sufre tercer apagón del 2019. El Financiero. Recuperado el 15 de febrero de 2021, en https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/peninsula-de-yucatan-sufre-te rcer-apagon-del-2019

8 Apagón en varias partes del país fue provocado por incendio en pastizales en Tamaulipas: CFE. El Economista. Recuperado el 15 de febrero de 2021, en https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Apagon-en-varias-partes-del-pa is-fue-provocado-por-incendio-en-pastizales-en-Tamaulipas-CFE-20201229- 0107.html

9 Afecta apagón en el norte a 4.7 millones de usuarios. El Financiero. Recuperado el 15 de febrero de 2021, en https://www.elfinanciero.com.mx/economia/apagon-afecto-a-4-7-millones-d e-clientes-de-cfe-casi-12-veces-mas-lo-que-informo-el-gobierno-original mente

10 Se registran más ‘apagones’: ahora en Querétaro, Estado de México, Morelos y Veracruz. El Financiero. Recuperado el 15 de febrero de 2021, en https://www.elfinanciero.com.mx/estados/se-registran-mas-apagones-ahora -en-queretaro-estado-de-mexico-morelos-y-veracruz

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a garantizar el derecho constitucional a la información plural y oportuna sobre el número de vacunas adquiridas para enfrentar la pandemia de Covid-19, suscrita por las diputadas Ivonne Liliana Álvarez García y Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Ivonne Liliana Álvarez García y Laura Barrera Fortoul , diputadas federales del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México ha sido una de las naciones más afectadas por la Covid-19, desde el número de casos hasta las consecuencias económicas y sociales ocasionadas por la pandemia. Nuestro país figura en el décimo tercer lugar a nivel mundial en infecciones con más de un millón 900 mil casos confirmados y en el tercer lugar de muertes con más de 166 mil fallecidos, sólo por debajo de Estados Unidos y Brasil.1

Estamos conscientes de que la pandemia ha afectado a todos los países del mundo, colapsando sus sistemas e infraestructura de salud y causando crisis económicas como no se habían visto desde 1932.

Sin embargo, de acuerdo con el Ranking de resiliencia Covid, elaborado por la empresa Bloomberg, nuestro país se encuentra calificado como la peor economía entre las 53 analizadas para enfrentar la pandemia, debido al índice de letalidad y por la lentitud que ha mostrado la campaña de vacunación.2

En las zonas urbanas más pobladas como la Ciudad de México continúa la saturación hospitalaria y el número de casos confirmados sigue en aumento. Enero ha sido el mes más trágico registrando un total de 32 mil 729 muertes,3 según datos de la Secretaría de Salud, a pesar de que las autoridades sanitarias habían asegurado en 2020 que el pico máximo de la pandemia sería el 8 de mayo de ese año y que el escenario más catastrófico sería de 60 mil muertes,4 hoy, sin embargo, la cifra de fallecimientos es casi del triple.

Ante este escenario, el surgimiento de vacunas contra Covid-19 representa una oportunidad para reducir el número de contagios, fallecimientos y poner fin a la pandemia, no obstante, ello depende también de que se cuente con el presupuesto suficiente para su adquisición, de la efectividad y seguridad de las vacunas, así como de la estrategia de vacunación y la rapidez con que se vacune a las personas.

Desafortunadamente en este tema el gobierno federal también ha sido rebasado y la información disponible sobre la obtención de las vacunas y los avances en la campaña de vacunación es escasa y poco confiable.

En octubre de 2020, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon informó que, gracias a la firma de convenios con diversos países y laboratorios, México tendría garantizadas más de 100 millones de dosis de vacunas para hacer frente a la pandemia en 2021. Según fuentes oficiales, nuestro país había firmado convenios con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y CanSino, además de tener acceso Covax, un mecanismo de colaboración internacional para garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra Covid-19.5

Asimismo, el pasado 9 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia de prensa matutina que estaban garantizados 32 mil millones de pesos para la compra de 128 millones de dosis de vacunas contra Covid-19, además, reiteró que el laboratorio suizo Pfizer cumpliría con el contrato por el que se abastecerían al país 400 mil dosis cada siete días.6

Sin embargo, los hechos muestran una realidad diferente. No hay transparencia en la información sobre la entrega y la aplicación de las vacunas. Por ejemplo, el 17 de enero, el titular del Ejecutivo federal informó que México recibiría 50 por ciento menos dosis de la vacuna Pfizer durante esa semana y que en las siguientes semanas no se recibirían dosis, supuestamente porque el Gobierno mexicano había aceptado que se redujera la entrega de vacunas para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pudiera llevar dichas dosis a los países más pobres. La próxima entrega de dosis de Pfizer se tiene programada para el 15 de febrero.7

A pesar de que el gobierno federal ha reiterado constantemente que se tienen las vacunas suficientes para hacer frente a la pandemia, esto no se ha reflejado en la realidad e incluso, hay preocupación por la lentitud en la aplicación de la dosis.

El pasado 25 de enero, ante la falta de vacunas, el gobierno de México acordó la adquisición de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, con lo que se busca garantizar la vacunación de 12 millones de personas. Esta vacuna causó controversia desde su surgimiento, ya que se había cuestionado su seguridad y eficacia debido a la rapidez y falta de información sobre su elaboración, así como por no contar con el respaldo científico internacional, sin embargo, el pasado 2 de febrero la prestigiosa revista científica The Lancet publicó los resultados de los análisis de la vacuna, asegurando una eficacia contra la Covid-19 del 91,6 por ciento.8

Hasta el lunes 8 de febrero sumaban 717 mil 820 dosis aplicadas en nuestro país, y 79 mil 429 personas habían recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.

El abasto no es el único problema con las vacunas, desde que comenzaron las campañas de vacunación en todo el mundo se han reportado diversos efectos secundarios. Es por ello que es necesario que el gobierno dé a conocer cuáles son los efectos secundarios y los posibles riesgos de cada una de las vacunas que se aplicarán en México y en qué casos no deben aplicarse. Las y los mexicanos deben tener la certeza de que la vacuna que se les aplicará es completamente segura, que cumple con todas las normas de calidad y que no pondrá en riesgo sus vidas.

El gobierno debe garantizar a la población su derecho a la información plural y oportuna establecido en el artículo sexto de nuestra Constitución. Por otro lado, es importante que la población conozca los criterios que el gobierno ha utilizado para definir a la población prioritaria para ser vacunada y, en su caso, revisarlos y modificarlos, ya que hay grupos poblacionales que, por su condición de salud y profesión, deberían ser incluidos entre la población prioritaria, entre estos se encuentran los médicos particulares, dentistas, personas con diabetes, VIH, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, el personal del INE que se encargará de capacitar a los funcionarios de casilla, entre otros.

En este contexto de emergencia sanitaria y disponibilidad limitada de vacunas, es necesario que se tomen criterios de distribución y acceso a las vacunas basados en la ciencia y la ética. Debemos hacer extensivo el acceso a la vacunación a la población susceptible de enfermar de gravedad y a quienes, por sus empleos o funciones, tienen contacto directo con la población en general.

Finalmente, es importante que el gobierno federal informe a la población si existirá colaboración entre el sector público y privado para la distribución y aplicación de la vacuna. Se debe garantizar el acceso universal y gratuito a la vacuna, con una política integral y coordinada, donde las entidades federativas y la iniciativa privada sean un importante aliado del gobierno para hacer frente a la pandemia. En Estados Unidos, por ejemplo, se permitirá aplicar la vacuna en consultorios particulares, hospitales privados y farmacias con el objetivo de acelerar la vacunación, esta misma estrategia puede ser de gran utilidad en nuestro país.

De acuerdo con información del portal covidvax.live, que lleva la cuenta en tiempo real del número de vacunas aplicadas en todo el mundo, al medio día del 2 de febrero, México llevaba poco más de 684 mil vacunas aplicadas, en comparación con países como España con más de un millón 600 mil aplicaciones; Italia, con más de 2 millones 89 mil; Brasil, con más de 2 millones 257 mil; Reino Unido con más de 10 millones 670 mil; o Estados Unidos, con más de 33 millones 485 mil.9

Sin duda, es necesario redoblar esfuerzos y construir alianzas con todos los atores del sector público y privado para acelerar el proceso de vacunación y terminar con la crisis sanitaria.

La incertidumbre generada por la falta de elementos comprobables y la desinformación generada por la autoridad sanitaria, ha causado falsas expectativas y miedo en las familias mexicanas.

Diversas organizaciones de médicos, científicos e investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional, premios nacionales de distintas ramas de la medicina, profesores y profesionales de la materia, líderes de opinión y, sobre todo, quienes están en la primera línea de batalla frente a la Covid de instituciones públicas y privadas, preocupados por la grave situación que atraviesa el país, se han pronunciado a través de cartas, desplegados, comunicados y en redes sociales por la estrategia que el gobierno federal está llevando a cabo para reducir los contagios por Covid-19; por la falta de información y las contradicciones en torno a la disponibilidad, seguridad y eficacia de las vacunas que se aplicarán en el país, así como por la efectividad de la logística de la campaña de vacunación y los criterios utilizados para determinar al segmento de la población prioritaria.

La información accesible y veraz es esencial para construir confianza, salvar vidas y mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Por lo tanto, el gobierno federal debe responder a cada uno de los cuestionamientos que ha hecho la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que garantice el derecho constitucional a la información plural y oportuna sobre el número de dosis de vacunas que se han adquirido para hacer frente a la pandemia de Covid-19, los laboratorios de origen, el grado de eficacia, los riesgos y reacciones secundarias que pueden tener cada una de las vacunas para la salud de la población; así como los criterios utilizados para detectar a la población prioritaria para ser vacunada.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que incluya la colaboración del sector privado y de los gobiernos de las entidades federativas en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México, a fin de acelerar el proceso de inoculación.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de los portales digitales oficiales, medios de comunicación y redes sociales, se informe sobre los resultados de las pruebas científicas realizadas a las vacunas contra SARS-CoV-2 que se aplicarán en el territorio nacional, para que la población tenga la certeza de su seguridad y eficacia, así como sobre los tiempos en los que se aplicará a la población y los avances en la campaña de vacunación.

Notas

1 Covid-19 Data Repository, Johns Hopkins University, en: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

2 Best and worst places to be in Covid: Vaccine not slowing deaths, Bloomberg, en: https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/

3 Enero Trágico para México: sólo en un mes se registraron 32,729 muertes por COVID-19, El Financiero, en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sube-a-158-536-muertes-por-cov id-19-y-casos-llegan-a-2-millones-059-964

4 Escenario catastrófico: 60 mil muertes, Animal Político, en: https://www.animalpolitico.com/video/60-mil-muertes-por-covid-el-escena rio-catastrofico-en-mexico/

5 México tiene garantizadas más de 100 millones de dosis de vacuna contra Covid: Ebrard, El Universal, en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-tiene-garantizadas-mas-de- 100-millones-de-dosis-de-vacuna-contra-covid-ebrard

6 Garantizados, $32 mil millones para comprar vacunas, indica AMLO, La Jornada, en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/09/politica/garantizados-32-mi l-millones-para-comprar-vacunas-indica-amlo/

7 México dejará de recibir vacunas de Pfizer tres semanas; este martes llegarán 50% de dosis, Animal Político, en: https://www.animalpolitico.com/2021/01/amlo-mexico-reduccion-entrega-va cunas-covid/

8 Russias’s coronavirus vaccine is 91.6% effective, study shows, 5 months after the country approved it and started giving it to people, Business Insider, en: https://www.businessinsider.com/russia-coronavirus-vaccine-phase-3-inte rim-results-lancet-2021-2?r=MX&IR=T

9 [1] Live Covid-19 Vaccination Tracker, covidvax.live, en: https://covidvax.live/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputadas:

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General Anticorrupción de Oaxaca y la SFP a investigar al magistrado agrario de Huajuapan de León y el alcalde de Santo Domingo Ixtacatlán por actos de corrupción, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General Anticorrupción del Estado de Oaxaca, así como la Secretaría de la Función Pública investigar al magistrado agrario de Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca, así como al presidente municipal del Santo Domingo Ixcatlán por actos de corrupción, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como parte de la misión de los Tribuales Agrarios es el de impartir justicia en el ámbito agrario, garantizando la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, en la pequeña propiedad y derechos de los campesinos por medio de la declaración de sentencias, imparten justicia pronta y expedita dictando fallos, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, ayudan a mantener el estado de derecho, el respeto, la legalidad y contribuye a la paz social en el campo.

Para garantizar que la justicia llegue a todo el territorio nacional se consideró necesario que los juicios se realicen en forma local, por lo que la estructura administrativa debe ser suficiente para atender a toda la población del país, el marco normativo que los rige es muy amplio, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, leyes secundarias, lineamientos, acuerdos, reglamentos, códigos, aunque la principal es la Ley Agraria, la cual es reglamentaria del artículo 27 constitucional.

En el estado de Oaxaca el Tribunal Unitario Agrario cuenta con varias sedes, la 21 se encuentra en el municipio de Oaxaca, el 22 se encuentra en el municipio de Tuxtepec, y el 46 que se encuentra en el municipio de Huajuapan de León.

En esta última es donde se tiene actualmente un percance debido a la inconformidad de toda una comunidad ya que se presume que el magistrado Rubén Treviño Castillo, del Tribunal Agrario de Huajuapan, ha caído en actos de corrupción y soborno.

Desde 2019 la autoridad municipal de Santo Domingo Ixcatlán hizo una impugnación ante el Tribunal Agrario con sede en Huajuapan respecto a la representación agraria y el convenio de paz con Chalcatongo de Hidalgo y a través del Tribunal se les otorgó un amparo para su protección y restitución como representantes de Santo Domingo Ixcatlán, por lo que ambas comunidades refrendaron su compromiso de garantizar la paz en la zona que se consideraba de conflicto, además de llevar una buena convivencia, este acuerdo traslada 900 hectáreas del núcleo agrario de Chalcatongo y 400 hectáreas de Ixcatlán de un total de 1,356 hectáreas, sin embrago una intromisión violenta por parte del presidente municipal de Santo Domingo Ixcatán, Bertoldo Bernabe García, y de la síndica de ese mismo municipio Isabel Martínez Castro, pretenden violar los acuerdos de estos dos núcleos agrarios para conseguir un beneficio personal.

Se tiene conocimiento de que el presidente municipal de Santo Domingo desvió tres millones de pesos de recursos federales asignados para pavimentación del tramo carretero Ixcatlán-Yosunda los cuales se presumen fueron para corromper al magistrado del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan, en donde el cabildo de Ixcatlán mencionó que el dinero se usó para que el magistrado otorgase sentencia para anular la representación agraria de Ixcatlán y el acuerdo de paz con Chalcatongo.

Otro hecho se dio cuando se presume que este mismo dinero ha servido para la defensa legal del presidente de Santo Domingo junto con el de la síndica ante su revocación de mandato como consecuencia de la violencia política de género ejercida contra la regidora de salud Erendira Castro Rosales.

Y por último se hace mención de que los recursos públicos manejados por el presidente municipal de Santo Domingo sirven para financiar irrupciones violentas en zonas agrarias, extraer agua de nacimientos sin permiso correspondiente para invernaderos y proyectos productivos personales.

Estos hechos que he mencionado poner una alerta latente ya que podrían romperse los acuerdos de paz que firmaron ambas comunidades por caprichos e intereses personales de dos funcionarios públicos que están actuando con impunidad afectado a dos comunidades repartiendo dinero para que por vías legales apropiarse de miles de hectáreas.

Por lo anteriormente expuesto, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General Anticorrupción del Estado de Oaxaca que conforme sus facultades conferidas, realice las investigaciones correspondientes y sancionen al presidente municipal de Santo Domingo Ixcatán, Bertoldo Bernabe García, y la síndica Isabel Martínez Castro por actos de corrupción y desviación de recursos.

Segundo. - La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones correspondientes del magistrado Rubén Treviño Castillo, del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Bibliografía

– Señalan de corrupto al magistrado agrario de Huajuapan. Se agudiza conflicto agrario entre Chalcatongo e Ixcatlan. Escaparate político (8 de febrero de 2021)

https://www.escaparatepolitico.com.mx/cartas-del-lector/senalan-de-corrupto
-al-magistrado-agrario-de-huajuapam-se-agudiza-conflicto-agrario-entre-chalcatongo-e-ixcatlan/

– Página Oficial de Tribunales Agrarios México. https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Profepa a tomar medidas y hacer pública la información relativa al daño ambiental ocasionado a la laguna Bacalar, en QR, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada integrante de la LXIV Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, la laguna de Bacalar tiene el arrecife bacteriano de agua dulce más grande del mundo, mismo que estaría en peligro en caso de persistir el daño ambiental, pues la contaminación ha provocado que la laguna de Bacalar comience a perder tonalidades, la acumulación de basura y la contaminación por aguas residuales se han convertido en dos efectos indeseados de la explosión turística de este pueblo mexicano, uno de los pocos lugares del mundo donde hay formación de estromatolitos, la evidencia más antigua de vida.

La laguna de Bacalar es un sitio paradisíaco: está rodeada de frondosa vegetación en sus más de 40 kilómetros de longitud, y en sus aguas prístinas se perciben hasta siete tonalidades que van desde el turquesa hasta el verde profundo, pues en toda su extensión la laguna posee diversidad en los suelos de fondo y en sus niveles de profundidad.

Ubicado al sur del estado de Quintana Roo, Bacalar es un pequeño municipio de un poco más de 11 mil habitantes que hasta hace un par de décadas tenía pocas calles pavimentadas y un ambiente tranquilo, alejado del ruido y del turismo. Era uno de los secretos mejor guardados en un estado que concentra grandes atractivos como Cancún, Playa del Carmen o Tulum.

En 2007 Bacalar fue declarado Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo, una categoría que lo ha ido posicionando dentro de la ruta en guías de viajes y dándole una notoriedad que lo sacó del anonimato.

Muy pronto se corrió la voz de que en ese pequeño espacio de vida pueblerina, rodeado de naturaleza y hermosos cenotes, se podía apreciar atardeceres tan bellos como en las playas más cotizadas de México pero sin la delincuencia, peligro o el ruido de los epicentros turísticos. Su éxito ha sido tal que en el último feriado de Semana Santa Bacalar alcanzó el ciento por ciento de su capacidad hotelera (más de 515 habitaciones y 49 hoteles) y superó así a los destinos más emblemáticos de la región.

Sin embargo, ha tenido un costo significativo el aumento de desechos que sobrepasan la capacidad e infraestructura de la ciudad. “La basura por diversos orígenes, los lixiviados y desperdicios agrícolas, la contaminación por drenaje y el turismo están poniendo en riesgo el equilibrio del cuerpo lagunar y propiciando la eutrofización”, explica Omar Caballero Hernández, un biólogo que estudia la ecología de los humedales y participa junto a McGrath en Agua Clara.

Además de la acumulación de basura, el sistema de alcantarillado y drenaje de las aguas servidas tampoco da abasto. En época de lluvia, el agua rebasa y forma verdaderos ríos negros que desembocan en la Laguna de los Siete Colores. “En la península de Yucatán, una de las principales características a considerar es el tipo de suelo kárstico y su origen marino.

Cabe señalar que la contaminación por aguas residuales es uno de los principales problemas la proliferación de microalgas y otros organismos coliformes obstruyen la luz y pueden ser infecciosos; ambas situaciones ponen en riesgo la salud humana y la conservación de otras especies, pues al contaminar de esta forma estamos permitiendo que estos organismos aumenten, que cambien las dinámicas propias de la laguna y de los organismos que ahí viven y por lo tanto se ven afectados.

El cambio ha sido progresivo y sin retorno: más de 45 por ciento del litoral de la laguna ya se encuentra ocupado por residencias particulares, pero no existe un buen manejo de sus aguas negras ni cuidado de las fosas sépticas.

La mayoría de las casas que se ubican en el borde no están conectadas al sistema de drenaje y el aumento de población viviendo a la orilla de la laguna se traduce en mayor presión sobre el manglar, que incluye la tala para la creación de accesos públicos y privados, según un estudio publicado por el Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Al calentarse el planeta y al haber cada vez más nutrientes que vienen de fertilizantes, permite que el crecimiento de algunos grupos de algas que están siempre para que aumente su población. Le da más nitrógenos, más fósforo, aumenta la temperatura y con ello aumenta la cantidad de bacterias que crecen en el agua”.

Luisa Falcón, una investigadora que dirige el Laboratorio de Ecología Bacteriana del Instituto de Ecología de la UNAM y los arrecifes bacterianos asegura que desde 2015, cuando comenzaron las visitas masivas, hubo instantes en que la laguna se volvió completamente verde.

En abril pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una clausura temporal de un predio adyacente a la laguna de mil 306 metros cuadrados, pues carecía de autorización en materia de impacto ambiental. Lo mismo aconteció en 2015, pero los científicos y habitantes de Bacalar critican que se trate de hechos aislados, pues no existen políticas públicas que apunten a un proyecto transformador que abarque todo el municipio.

La palabra estromatolito se ha vuelto común en el último tiempo entre los habitantes de Bacalar. En el registro fósil, estas estructuras laminares formadas por microorganismos, que a primera vista parecen arrecifes de coral, son la evidencia más antigua de vida. Datan de alrededor de 3 mil 700 millones de años y han mantenido hasta hoy su línea evolutiva; es decir, no se han extinguido desde su aparición y puede llegar a tener un daño irreversible.

Existen pocos lugares en el mundo donde hay formaciones de estromatolitos. Bacalar es uno de ellos. Hoy la contaminación y exceso de visitantes son su principal amenaza, lo que se ha transformado en una verdadera causa para la comunidad científica internacional, salvar los estromatolitos es urgente pues hay sitios que ya están muy dañados y mientras no existan las condiciones necesarias para enfrentar el aumento de turistas, la laguna sufrirá un daño irreversible. Los mismos visitantes ignoran por completo su existencia y caminan sobre ellos con total tranquilidad, como si fueran rocas comunes.

Se pueden afectar por contacto, porque los toquemos o los rompamos directamente. Son rocas, pero la única parte viva de la roca mide cerca de 1 centímetro. Entonces, si los tocamos, estamos hablando que destruimos cientos de años de trabajo de las bacterias en un instante.

De acuerdo a un estudio por parte la UNAM, el cual reveló que la laguna de Bacalar, en Quintana Roo, comienza a perder sus tonos característicos por el aumento del turismo y los desechos de agricultura que son vertidos en ella, pues los especialistas señalan que las tonalidades de la llamada “Laguna de los Siete Colores” comienzan a tornarse verdosas y cafés.

Esta laguna es un tesoro que desafortunadamente no hemos sabido cuidar; el turismo desordenado y la falta de tratamiento de las aguas residuales están acabando con esta maravilla natural.

La arena blanca de la laguna y los diferentes gradientes de profundidad que le otorgan las siete tonalidades de azul, han empezado a desaparecer de manera recurrente y se transforman en una coloración verdosa y café. En los últimos 15 años, la laguna de Bacalar pasó de recibir decenas de visitantes al año a más de 140 mil; un incremento que coincide con la llegada del sargazo al Caribe mexicano, el cual ahuyenta a los turistas a otros sitios, como Bacalar.

Este aumento considerable del turismo ha propiciado la improvisación de hoteles y servicios, los cuales en su mayoría son inadecuados y sin ningún tipo de regulación.

Actualmente, la ocupación hotelera en Bacalar es mayor a 85 por ciento durante todo el año, situación que ha acelerado el deterioro del entorno, especialistas explican que las grandes cantidades de nitrógeno y fósforo vertidas en la laguna favorecen el crecimiento del plancton, lo que deriva en el cambio de coloración de esta laguna que es parte de la cuenca hidrológica, que constituye un corredor transversal costero de flujo de aguas superficiales y subterráneas que conecta al Caribe con otros cuerpos de agua.

Los factores que han ocasionado el daño directo o indirecto en la laguna son: los asentamientos humanos no planificados sin tratamiento de aguas residuales; la presencia de materia orgánica humana en la laguna; los basureros a cielo abierto, y los fertilizantes utilizados en cultivos de la región.

Especialistas de la UNAM, señalan que este tipo de arrecifes son sitios muy frágiles, y que si bien es cierto que comenzaron a recuperarse por el confinamiento por Covid, éstos necesitan décadas para restaurarse en su totalidad.

Ante este contexto, los expertos universitarios trabajan en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente para determinar qué zonas se consideran perdidas y cuáles deben ser “núcleo de conservación”, con lo que se prohibirían las visitas y se establecería un control muy estricto de acceso.

En ese sentido, se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a tomar las medidas necesarias sobre el daño ambiental, que ha ocasionado y provocado la contaminación a la laguna de Bacalar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a hacer pública la información relativa al daño ocasionado a la Laguna de Bacalar en el estado de Quintana Roo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a promover entre la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños acuerdos diplomáticos para elaborar y firmar un convenio latinoamericano de ciberseguridad, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, diputada federal de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a promover en el seno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los acuerdos diplomáticos apropiados para la elaboración y firma de un Convenio Latinoamericano de Ciberseguridad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. – Ciberseguridad riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe.

El estudio Ciberseguridad: Riesgos, Avances y el Camino a Seguir en América Latina y el Caribe1 pone en evidencia que la región de América Latina y el Caribe aún no está suficientemente preparada para enfrentar los ataques que se producen en el ciberespacio. Únicamente 7 países de los 32 analizados en este reporte cuentan con un plan de protección de su infraestructura crítica, y 20 han establecido algún tipo de grupo de respuesta a incidentes, llamado CERT o CSIRT, según sus siglas en inglés. Esto limita la capacidad de identificar ataques y responder oportunamente a los mismos.

Identificar un peligro cibernético es tan sólo el primer paso. Tomar medidas contra las amenazas y crímenes del ciberespacio es un reto aún mayor para nuestros países. En 22 de los países analizados se considera que hay pocas capacidades para investigar los delitos que se cometen en el ciberespacio. Más aún, que dichos delitos resulten en juicio es todavía un reto mayor.

El reciente reporte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) evalúa en 5 dimensiones los esfuerzos en los Estados Americanos por atender el fenómeno de la ciberseguridad las cuales son:

1. Política y Estrategia de Seguridad Cibernética

2. Cultura Cibernética y Sociedad

3. Formación, Capacitación y Habilidades de Seguridad Cibernética

4. Marcos Legales y Regulatorios

5. Estándares, Organizaciones y Tecnologías

Al respecto, es importante señalar que México, en la Dimensión 4 (Marcos Legales y Regulatorios), en la subdimension: Marcos de Cooperación Formales e Informales para Combatir el Delito Cibernético ha sido evaluado con 2 puntos de 5 donde 5 es la calificación más alta, y donde 2 es una calificación baja, como se ilustra en la siguiente imagen:

Dicho grafico nos muestra que México requiere mejorar sus instrumentos legales de cooperación formal para atender el fenómeno de la ciberseguridad.

Segunda. - Cooperación Internacional como Política Exterior.

Hay más de 4,000 millones de personas en el mundo conectadas a internet y esa cifra aumenta diariamente. Ante este escenario, en el que cada día son más necesarias las tecnologías emergentes para realizar cualquier actividad cotidiana, la ciberseguridad se convierte en algo imprescindible para poder garantizar la seguridad de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Cuando se produce un ciberataque no suele afectar a un solo país y aunque así suceda, en muchas ocasiones el ataque es realizado desde otro lugar del mundo.

Parte del problema se inicia muchas veces en la propia ley: en un tercio de los países en América no existe un marco legal sobre los delitos informáticos y únicamente 5 países de esta región se han adherido al Convenio Sobre Ciberdelincuencia, mejor conocido como Convenio de Budapest, que facilita la cooperación internacional en la lucha contra el crimen informático. Frente a un delito que no conoce fronteras, trabajar de la mano con otros países es un factor indispensable para el éxito, ante esta situación se han establecido convenios y acuerdos internacionales para hacer frente a los ciberataques, el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia de manera coordinada.

Algunos de estos Acuerdos y Convenios2 de colaboración más relevantes son:

• Acuerdo de Colaboración UE y OTAN – junio de 2018

• Paris Call for Trust and Security in CyberSpace – noviembre de 2018.

• Cybersecurity Tech Accord – abril de 2018.

• Convenio sobre Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest) – 2001.

Todos estos acuerdos de cooperación internacional en su mayoría han sido firmados en y por países de Europa, sin embargo, en América Latina no existe aún algún instrumento regional de este tipo que le ayude a los países de esta región a hacer frente a los ciberataques, el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia de manera coordinada.

Tercera. - Presidencia a tempore del CELAC por parte de México.

Según su página3 , la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo intergubernamental para el diálogo y el acuerdo político, que incluye permanentemente treinta y tres países de América Latina y el Caribe. Es un foro regional que reúne a toda América Latina y el Caribe. La CELAC aspira a ser una voz única de toma de decisiones en el ámbito político y la cooperación en apoyo de los programas de integración regional. Fue creada con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración regional, unidad y equilibrio cuidadoso de la diversidad política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe de 650 millones de personas. Desde su lanzamiento en diciembre de 2011, la CELAC ha ayudado a profundizar el diálogo respetuoso entre todos los países de la región en áreas tales como desarrollo social, educación, desarme nuclear, agricultura familiar, cultura, finanzas, energía y medio ambiente.

A partir del 7 de enero del 2020, México cuenta con la Presidencia pro tempore del mecanismo intergubernamental, y el pasado jueves 24 de septiembre del 20204 , los representantes de las 33 naciones miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños acordaron por unanimidad reelegir a México en la presidencia pro tempore de esa instancia para el periodo 2021-2022. Por ello, es importante considerar que el hecho de tener la Presidencia de la CELAC y formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este 2021, constituyen dos factores estratégicos para que México pueda proponer la creación de un Convenio Latinoamericano de Ciberseguridad.

Cuarta. - Plan de Trabajo 2020 de la CELAC

El gobierno mexicano en la Cumbre del CELAC en enero del 2021 presento su Plan de trabajo para 20215 . La propuesta de Plan de Trabajo, aceptada por la Cumbre, propone el desarrollo de 14 proyectos con la intención de obtener 14 resultados concretos. Esto implica plantearse metas concretas y bien definidas para fomentar el intercambio y articulación políticos entre los países miembros del CELAC. El Plan tiene teóricamente una amplia perspectiva, los proyectos propuestos buscan armonizar al sector público en la región atendiendo ejes muy particulares como: corrupción, gestión sustentable, ciencia tecnología e innovación, cooperación internacional entre otros. Sin embargo, temas como la inclusión del sector privado en dichos proyectos, los efectos del cambio tecnológico exponencial, o las capacidades en materia de ciberseguridad son escasamente mencionados.

Partiendo de las cifras del National Cybersecurity Index6 de la E-Governance Academy (Institución líder en la evaluación de capacidades de ciberseguridad), y el Global Cybersecurity Index, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es evidente que la región Latinoamérica aún se encuentra por detrás de Europa, América del Norte y Asia en cuanto a la preparación a atender el fenómeno de la ciberseguridad. Latinoamérica está enfocando sus esfuerzos en la seguridad cibernética e introduciéndola en su agenda como un tema principal. Sin embargo, tales esfuerzos han sido desarticulados7 , por lo que persiste un desequilibrio en la situación de cada país, tanto en términos de desarrollo como de implementación de políticas de seguridad cibernética.

En este contexto, es evidente que existen condiciones para promover que se incluya en la agenda de LA CELAC, la celebración de un Convenio Latinoamericano de Ciberseguridad . Tal proyecto es definitivamente pertinente y se convertiría en un mecanismo regional que unificaría criterios y acciones, ejes temáticos y líneas de acción concretas, para enfrentar el fenómeno de la ciberseguridad en América Latina.

Quinta. – Características generales del Convenio Latinoamericano de Ciberseguridad

El proyecto de Convenio Latinoamericano de Ciberseguridad, tendrá que incorporar los temas cruciales en materia de definiciones, identificación y tipificación de los delitos informáticos, disposiciones comunes, estrategias de cooperación regional e internacional, combate a las organizaciones cibercriminales trasnacionales, derechos humanos y derechos A.R.C.O.,

Del mismo modo, ese Convenio deberán abordar el tema de la privacidad de la información y promover la soberanía de cada Estado y de la región en general. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puede promover la elaboración conjunta y firma del Convenio Latinoamericano de Ciberseguridad, con base en el liderazgo renovado de nuestro país en la región Latinoamérica y el Caribe.

La estructura y el contenido específico de esta propuesta de Convenio Latinoamericano de Ciberseguridad, deberá definirse a partir de una metodología de trabajo diseñada por la propia CELAC, con base en las particularidades del fenómeno de la ciberdelincuencia en la región latinoamericana. En todo caso es importante que, a manera de orientación y referencia se considere la experiencia y el trabajo realizado en otras regiones del mundo, que se expresa en los Acuerdos y Convenios antes citados:

• Acuerdo de Colaboración UE y OTAN – junio de 2018

• Paris Call for Trust and Security in CyberSpace – noviembre de 2018.

• Cybersecurity Tech Accord – abril de 2018.

• Convenio sobre Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest) – 2001.

En definitiva, la elaboración multilateral de un Convenio Latinoamericano de Ciberseguridad, auspiciado por la CELAC, encuentra buenas posibilidades de realización. Tanto la necesidad imperiosa de contar con in Instrumento regional para hacer frente al desafío de la ciberdelincuencia, como la posición de liderazgo de México, hacen viable que prospere la propuesta en este tenor.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a promover en el seno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los acuerdos diplomáticos apropiados para la elaboración y firma de un Convenio Latinoamericano de Ciberseguridad.

Notas:

1. Ciberseguridad Riesgos, Avances Y El Camino A Seguir En América Latina Y El Caribe, Consultado noviembre 2020, a través de:

https://publications.iadb.org/publications/spanish/docum ent/Reporte-Ciberseguridad-2020-riesgos-avances-y-el-camino-a-seguir-en -America-Latina-y-el-Caribe.pdf

2. La ciberseguridad como reto internacional: La protección frente a las ciberamenazas; Consultado en diciembre del 2020, a través de: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/88685/7/annferguiT FM1218memoria.pdf

3. Página Web del CELAC, Consultado en Diciembre 2020, a través de: http://celacinternational.org/celac-4/

4. Por unanimidad religen a México en presidencia pro témpore de Celac; La Jornada; 24 de Septiembre del 2020; https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/24/por-unanimidad-r eligen-a-mexico-en-presidencia-pro-tempore-de-celac-9351.html

5. Plan de Trabajo 2020 de la CELAC, Consultado en Diciembre 2020, a través de: http://www.sela.org/media/3219456/celac-plan-de-trabajo-2020.pdf

6. National Cyber Security Index, Consultado en Diciembre 2020, a través de : https://ncsi.ega.ee/

7. Ciberseguridad: estado de la cuestión en América Latina; Revista de Administración Pública; INAP, 2019; Consultado a través de: https://www.inap.mx/portal/images/pdf/rap148.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021

Diputada María Eugenia Hernández Pérez

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Salud a presentar el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre la Atención a la Pandemia de Covid-19, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Salud a presentar el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre la Atención a la Pandemia de Covid-19; al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 22 de septiembre de 2020, el suscrito presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre la Atención a la Pandemia de Covid-19, la cual fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

La iniciativa propone fundamentalmente lo siguiente:

1. Investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, científicos, médicos, sociales, políticos, jurídicos, entre otros, para contribuir con las labores de las autoridades federales competentes en la investigación de posibles violaciones a derechos humanos y hechos probablemente constitutivos de delitos, contra personas que padecieron o padecen la enfermedad covid-19;

2. Garantizar el derecho irrenunciable a la verdad de toda la población en México, respecto de las medidas de prevención y mitigación de la enfermedad covid-19 y su efectividad, así como sobre la atención brindada por las instituciones de salud de la Federación, a las personas que lo contrajeron;

3. Promover las acciones necesarias para conocer, con certeza y objetividad, el número de personas que sufrieron afectaciones o que perdieron la vida a causa de la enfermedad covid-19 y asegurar su derecho a la memoria;

4. Garantizar la reparación completa del daño a cada una de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos o de los delitos que se hubieren cometido en su agravio durante la pandemia de covid-19; y

5. Garantizar que se inicien las investigaciones, quejas o denuncias en contra de los responsables de las violaciones a los derechos humanos o delitos, del orden federal, cometidos durante el periodo referido.

Toda vez que la situación de crisis provocada por la pandemia de covid-19 aún no ha sido superada y que miles de personas siguen perdiendo la vida cada semana debido, en parte, a las decisiones gubernamentales federales, es indispensable avanzar en la conformación del marco jurídico que permita conocer cuáles son las afectaciones que se están dando a la población y que fije las bases para llevar a cabo las investigaciones necesarias, así como, en su caso, el deslinde de responsabilidades que corresponda.

Por ello es fundamental que la Comisión de Salud presente de manera urgente el dictamen de dicha iniciativa.

Por lo expuesto, someto el presente Punto de Acuerdo, con la siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre la Atención de la Pandemia de Covid-19, presentada por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a retirar de la estrategia de vacunación contra el SARS-Cov2 a todo el personal civil no perteneciente al sector salud para desarrollar con éxito la política nacional respectiva, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Ma. Sara Rocha Medina , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Al día en que escribimos esta propuesta de punto de acuerdo, en cifras oficiales de la Secretaría de Salud hay registro de 178 mil 965 defunciones en México a causa del virus SARS-CoV-2.1

Ante el gran número de contagios y fallecimientos que el virus SARS-CoV-2 ha causado en nuestro país y en el mundo, es urgente una estrategia seria que permita detener esta pandemia. Los avances científicos y tecnológicos, además de la cooperación internacional, han permitido que se disponga de una vacuna para este virus en un tiempo relativamente corto.

El siguiente paso es lograr que la vacuna llegue también lo antes posible a todos los sectores de la población.

Cabe recordar que el 8 de diciembre de año pasado se presentó la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en donde las autoridades de salud señalaron claramente que primero se vacunarían los profesionales de la salud que están en hospitales Covid y posteriormente se comenzaría a vacunar por rangos de edad, comenzando con los adultos mayores.

Por otro lado, en una actualización de la Política Nacional de Vacunación, el 11 de enero de este año, previo a la llegada del cargamento de más de 439 mil dosis, se establecieron las metas del operativo de campo basado en 10 mil brigadas.

El mismo documento señala que para la segunda etapa se ha establecido, por instrucción presidencial, una estrategia federal denominada “Operativo Correcaminos”, cuyo objetivo es lograr la cobertura de toda la población mexicana de manera eficaz y eficiente, en los tiempos establecidos.

De esta manera, se consideran más de 10 mil puntos de vacunación en las 32 entidades federativas del país. Se integrarán brigadas de 12 miembros, que contemplan a 30 mil servidores de la nación adscritos a la Secretaría del Bienestar, además del personal de las diversas instituciones del sector salud, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y personal voluntario.

De acuerdo con el Plan, cada unidad está conformada por dos médicos o enfermeros para aplicar la vacuna, cuatro elementos de las Fuerzas Armadas, dos promotores de programas sociales, dos “servidores de la nación”, y dos voluntarios.

Desde que se anunció la presencia de los “servidores de la nación” en las brigadas, se cuestionó por qué personas que tienen afinidad con el partido en el poder debían integrar y coordinar estos equipos de vacunación. Debemos de recordar que estos funcionarios públicos son los encargados del levantamiento del Censo de Bienestar del actual gobierno a través de los que se reparten los programas y ayudas sociales, ahora también coordinan las “Brigadas Correcaminos” de vacunación.

No obstante, las propias advertencias de funcionarios federales sobre sanciones efectivas a quién no respetara los lineamientos del Plan, bastas han sido las anomalías al respecto, incluso se ha ido modificando el “plan”, considerando prioritaria la aplicación de la vacuna a estas personas, desplazando a médicos, enfermeras y otro personal del sector salud que si se encuentra en peligro de contagiarse y a su vez contagiar.

En el mismo sentido, también los llamados “servidores de la nación” han sido objetos de múltiples quejas por la “labor” que realizan, tanto de amenaza a los adultos mayores por condicionar la vacuna a solo personas inscritas en padrones de otros apoyos sociales gubernamentales, o a la recopilación de datos personalísimos como fotografías del rostro y credencial de elector, sin explicar la necesidad de dicha acción y la forma en que los datos serán protegidos.2

Abundando aún más, sobre la problemática que se desarrolla con la presencia física de los servidores de la nación en las áreas de vacunación, me permito traer a consideración la posición de los gobernadores que integran la Alianza Federalista:

“Que los siervos de la nación coordinen una brigada y tomen decisiones de prelación y ubicación pone en riesgo a las personas, porque no tienen conocimiento de la situación de la epidemia de cada entidad, ni el perfil epidemiológico de la población ni la red de servicios de salud. Esto puede generar confusión o miedos infundados sobre la naturaleza de la vacuna”.3

Posición con la que por demás estamos de acuerdo, porcada una de las razones que hemos expuesto, inclusive coincidimos más haya en que el uso del Sector Salud para desarrollar la labor titánica de vacunación es la vía:

“Es indispensable que sea el personal de salud de los estados quienes estén al frente de la jornada de vacunación. Ellos son quienes desde hace décadas han organizado, planeado y vacunado a millones de mexicanos, lo que les ha dado una experiencia invaluable, son personas de las regiones con profundo conocimiento de ellas y se han ganado la confianza y reconocimiento de la población y de las autoridades de todos los órdenes de gobierno”

Este grupo parlamentario del PRI hemos manifestado con anterioridad la solicitud a las autoridades federales para que se tome como con seriedad el honor y el deber que tenemos con la vida de los mexicanos.

Cabe señalar que estos personajes los “servidores de la nación” han provocado que las autoridades federales deban realizar múltiples “aclaraciones” con respecto de su persona y su actuar.4 Es importante aclarar que esta proposición no busca negar el derecho a la vacuna que todos los mexicanos tenemos en estos momentos, sino se trata de hacer un uso racional y eficiente de las dosis que van arribando a nuestro país, para que pueda contenerse de mayor manera la pandemia.

Con lo anteriormente expuesto, queda claro que la federación insiste en modificar el plan de vacunación de acuerdo a su mejor operación política en base a los momentos electorales que vive el país, beneficiando en primera instancia a los llamados “servidores de la nación”, personal siempre identificado y afín con el partido político de Morena y en consecuencia manipulando la aplicación de la vacuna con manejo político.

Se trata también de evitar cualquier sospecha sobre el uso electoral o distorsionado de un operativo que busca llevar hasta lo más recóndito de nuestro país el derecho a la salud y a la vacuna para terminar con esta terrible enfermedad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que retire de la estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2 a todo el personal civil que no pertenezca al Sector Salud con el fin de desarrollar con éxito la Política Nacional de Vacunación en México.

Notas

1 Cifras oficiales de la Secretaria de Salud, brindadas el 19 de febrero del 2021. Disponibles para su consulta en la dirección electrónica:

https://twitter.com/SSalud_mx/status/1362947135608619008

2 Notas de información. Disponibles para su consulta en las siguientes direcciones electrónicas:

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/28/el-gobie rno-paga-9-000-pesos-a-servidores-de-la-nacion-por-vacunar-contra-covid ,
https://www.m-x.com.mx/al-dia/se-saltan-la-fila-siervos-de-la-nacion-youtubers-regidores-artistas,
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/les-aplican-la-vacuna-y-les-toman-fotografias

3 Gobernador Javier Corral. Disponible para su consulta en la dirección electrónica:
http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article19496

4 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/
vacunas-en-mexico-gobierno-da-marcha-atras-ya-no-tomara-fotografia-vacunados-contra ,
https://aristeguinoticias.com/0202/mexico/
siervos-de-la-nacion-seran-los-encargados-de-contactar-a-adultos-mayores-para-programar-vacunacion-enterate/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Ma. Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a establecer con su homóloga en Tamaulipas un plan de rescate urgente para productores, ejidatarios y ganaderos, y contribuir así a mitigar las pérdidas económicas por las bajas temperaturas registradas las últimas semanas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, diputada de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país, por su ubicación geográfica, se ve afectado año con año por diferentes fenómenos de origen meteorológico que dependiendo de su intensidad llegan a impactar a la población, la flora y la fauna de diversas zonas del país y de las entidades. En el caso que nos involucra las lluvias, los huracanes, las sequías o las heladas han representado muchas afectaciones y dejan sentir lentamente su presencia destructiva causando graves daños.

El fenómeno de la helada puede provocar principalmente pérdidas a la agricultura y afectar la salud de la población de las zonas rurales y urbanas; sus inclemencias las sufren, sobre todo, las personas que habitan en casas frágiles o que son indigentes, así como los niños y personas de la tercera edad.1

En las últimas semanas del presente año, el norte mexicano se ha visto afectado por las temperaturas congelantes a causa de la novena tormenta invernal que ha cobrado la pérdida de vidas humanas, cortes de agua, desabasto de gas, afectaciones en el campo y falta de energía eléctrica, además del bloqueo de las principales carreteras y un apagón que afecta a 4.7 millones de usuarios. De acuerdo con las autoridades estatales y municipales, se trata de la helada más fuerte de los últimos 30 años y por tanto la de daños más cuantiosos.

Las entidades federativas del norte del país mayormente afectadas son: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Para el caso en específico de Tamaulipas, entidad que ha atravesado una situación difícil, debido a que la onda gélida ha provocado la pérdida de más de 450 mil hectáreas de cultivos de sorgo y maíz, a lo anterior se suman los estragos en la ganadería por la pérdida de pastizales praderas y agostaderos quemados por el hielo, además de la muerte de ganado, aunado a la paralización de la industria en la zona norte, por la falta de energía eléctrica, que ha dejado pérdidas por más de mil 500 millones de pesos, mencionó el gobernador constitucional del estado,2 lo anterior además se debe considerar la pérdida de vida humanas en la zona.3

Los municipios más afectados por la onda gélida son Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán, San Fernando, Río Bravo, Reynosa y Valle Hermoso.4

Tamaulipas se caracteriza por ser uno de los mayores y más importantes productores agrícolas del país, destacándose como una gran fuente de ingresos económicos con sus más de 90 mil productores que privilegian la siembra de sorgo, soya, sábila, limón italiano, ocra, canola y maíz palomero, todas éstas se encuentran en el primer lugar a nivel nacional.

En el segundo sitio se encuentra el cultivo de aceituna y naranja, tercero la producción de girasol y cuarto en caña de azúcar. Estos registros estadísticos nos indican la competitividad que existe de parte de los productores tamaulipecos y las autoridades gubernamentales.5

Tras el paso de la novena tormenta invernal que en estos momentos azota a la entidad, sumado a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantiene en alerta tras la entrada del frente número 36 y la inminente llegada de la tormenta invernal número diez, pronosticando para los próximo días temperaturas mínimas de -15 a 10-, que en conjunto ponen en situación de completa vulnerabilidad a los habitantes tamaulipecos, así como a toda la cadena de producción basada en las actividades agropecuarias y la ganadería.

Como diputada federal integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, cuya representación política está con la ciudadanía y como representante estado de Tamaulipas, ante la grave de la situación por lo que atraviesa gran parte de estado y preocupada por las pérdidas millonarias del sector agropecuario, considero necesario y urgente el respaldo de las autoridades tanto federales como estatales.

Es por lo anterior, que acudo ante esta, la más alta tribuna nuestro país, para solicitar el apoyo de las autoridades a través de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara Diputados de honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal para que, en coordinación con sus homólogas en el estado de Tamaulipas, se establezca un plan de rescate urgente para productores, ejidatarios y ganaderos y de esa manera contribuya a mitigar el impacto en las pérdidas económicas a causa de las bajas temperaturas registradas las últimas semanas en gran parte de la entidad federativa.

Segundo : La Cámara Diputados de honorable Congreso de la Unión exhorta con pleno respeto a la división de Poderes, al gobierno del estado de Tamaulipas, para hacer pública la información sobre las acciones y medidas que se tomarán con el objetivo de asistir a los ganaderos y agricultores afectados por las heladas registradas en las últimas semanas en el estado de Tamaulipas

Notas

1 http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/122-FASCCULOHELADA S.PDF

2 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/19/a-cuanto-equivalen-la s-perdidas-que-ha-tenido-tamaulipas-por-las-heladas-259924.html

3 https://www.milenio.com/politica/tamaulipas-pierde-400-hectareas-sorgo- maiz-citricos-helada

4 https://www.milenio.com/politica/tamaulipas-pierde-400-hectareas-sorgo- maiz-citricos-helada

5 https://www.gaceta.mx/2018/02/tamaulipas-y-la-produccion-agricola/
#:~:text=%2D%20Tamaulipas%20es%20uno%20de%20los,en%20sus%20diversos%20sectores%20geogr%C3%A1ficos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas secretarías de Estado a hacer públicas las medidas tomadas para apoyar a los pueblos mágicos en la pandemia por Covid-19, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

María Chávez Pérez, diputada integrante del grupo parlamentario Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción II del reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo, Bienestar, Salud y Hacienda y Crédito Público, a informar y hacer públicas, las medidas que se estan tomando para apoyar a los denominados “Pueblos mágicos”, en esta pandemia por Covid-19, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La actividad turística en México es de gran importancia para la generación de empleo, inter- cambio comercial, mantenimiento y creación de infraestructura de comunicaciones y transportes, difusión de arte y cultura, valoración de la ecología, entre otros. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), en nuestro país el número de visitantes extranjeros creció de 23.3 millones en 2010 a 39.3 millones en 2017; y a 41.4 millones en 2018 (UNWTO, 2019.20). Por lo que se observó un aumento constante en el número de visitantes, lo que se reflejó en la captación monetaria por este concepto, que de acuerdo con el organismo ascendió en ese último año a 22 mil 510 millones de dólares estadounidenses; lo que equivale a un 6.7% de lo recabado en todo el continente americano por este concepto.

El Barómetro Mundial del Turismo 2020 elaborado por la UNWTO señaló que en 2018 nuestro país se posicionó como el séptimo destino mundial en el número de visitantes extranjeros recibidos; sólo detrás de Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, y Turquía. El documento refiere que, en comparación del año inmediato anterior (2017), México descendió un lugar, pese a que el número de visitantes ascendió 2.1 millones en ese mismo periodo (UNW- TO, 2020.27). Sin embargo, en cuanto a los ingresos económicos de esta actividad, el ranking internacional situó a nuestro país en el lugar 17 con 22.5 mil millones de dólares en 2018; una posición menos que en 2017.

No obstante, la bonanza turística decayó en México en los primeros meses de 2020 debido a la propagación e impacto del coronavirus, al impacto en los principales países de procedencia de turistas a los destinos nacionales; y después por los efectos negativos locales. Estas consecuencias afectaron al turismo quizás más fuerte que otros rubros económicos en nuestro país, ya que “93% de las empresas turísticas –unas 450,000 unidades– son microempresas con menos de 10 empleados que, ante la cancelación de ingresos, difícilmente tendrán el margen para enfrentar sus compromisos fiscales, crediticios y laborales” (Madrid, 2020.20). Lo que dejó a ciudades como Acapulco, Cancún, Playa del Carmen, Huatulco, Mazatlán, Los Cabos, Vallarta, Manzanillo, entre otras, con su fuente primaria de ingresos sin operaciones.

Si bien la actividad turística en los últimos años en la región latinoamericana –México incluido- tenía un menor dinamismo, los efectos de la Covid-19 detuvieron las actividades turísticas mediante el cierre de playas, sitios de interés, hoteles y cancelaciones de vuelos. Lo anterior, puso en una severa crisis a este sector y el impacto tendrá repercusiones que se extenderán hasta el mediano plazo.

Entre algunas medidas que se deben considerar son las siguientes:

• Apoyar a las micro y pequeñas empresas turísticas en respuesta a la crisis económica.

• Evitar la pérdida de empleos en el sector causadas por la pandemia del Covid-19.

• Promover créditos destinados al turismo y al fomento y modernización del transporte aéreo y urbano de pasajeros.

• Implantar mayores y más rigurosos controles sanitarios en las fronteras y los sitios de acceso como puertos, aduanas y centrales aéreas para mitigar los efectos de la pandemia de la Covid-19.

• Instalar un esquema de promoción turística nacional acompañado de incentivos fiscales y económicos, con la intención de reactivar el mercado turístico interno para reactivar la economía tras los efectos de la Covid-19.

• Crear medidas orientadas a promover el turismo en el país esto en cuanto sea posible debido a la emergencia sanitaria por el SARS-Cov2.

• Desarrollar un programa de reactivación económica del turismo nacional que contribuya a fortalecer las capacidades de las empresas turísticas y aminore las consecuencias económicas adversas causadas por la epidemia de la Covid-19.

• Realizar un convenio de colaboración con el sector hotelero a fin de otorgar hospedaje a los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con la Covid-19, para salvaguardar su integridad y la salud de sus familias. (SIL, 2020).

El turismo ha sido una actividad sumamente afectada por los impactos de la pandemia de la Covid-19, con pérdida de empleos a escala internacional en general y en México en particular. Al respecto, algunos expertos señalan que la recuperación turística puede tardar 70 meses para alcanzar los niveles previos a la pandemia (Arsuaga, 2020). Sin embargo, el rubro puede recuperarse y atraer inversiones que permitan “crear muchos puestos de trabajo, especialmente para los grupos más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes. Es también un sector con capacidad probada de recuperarse y de tener un efecto multiplicador en la recuperación de otros sectores” (UNWTO, 2020.b.29). Quizás este crecimiento sea a mediano plazo, debido a que las diferentes opiniones de los expertos marcan caídas de la actividad en 2020 por el riesgo de nuevos rebrotes y una eventual recuperación gradual en años posteriores.

En tanto, la caída en las actividades turísticas ha generado problemas colaterales más allá de la pérdida de empleos y ganancias económicas. Una disminución en la captación de impuestos por dicho rubro, menor movilidad entre las entidades federativas o países de procedencia de los turistas, entre otros. Es por ello que la iniciativa privada ha dado a conocer estudios que dimensionan el impacto de la enfermedad en el sector, así como propuestas de reactivación y apertura de hoteles y sitios de interés, a fin de volver a posicionar a México como un polo de atracción.

El problema es global y complejo debido a que parte de la nueva competencia del ramo será ofrecer destinos saludables, seguros y libres de riesgos sanitarios por la Covid-19. En ese contexto el desafío para México es nuevamente posicionarse como potencia en la afluencia de viajeros a escala internacional, generar y mantener empleos al tiempo de desear el regreso y la bienvenida a todos las y los visitantes que deseen conocer nuestra cultura, degustar la gastronomía nacional, disfrutar de las playas, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, así como de la cordialidad de las y los mexicanos.

Por esta razón, es urgente y necesario que este sector cuente con el amparo de las autoridades, y que se emitan y hagan públicas las medidas de apoyo a los pueblos mágicos y en general a todo el sector dedicado al turismo, pues mucha de la economía de nuestro país depende de esa actividad. En este tenor y como diputada federal preocupada y ocupada por este sector, me permito presentar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Secretarías de Turismo, Bienestar, Salud y Hacienda y Crédito Público, a hacer públicas, las medidas que se estan tomando para apoyar a los denominados Pueblos mágicos en esta pandemia por Covid-19.

Bibliografía:

Aguirre Quezada, Juan Pablo (2020) “Caída del turismo por la covid-19. Desafío para México y experiencias internacionales”. Mirada Legislativa No. 186, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad de México, 13p.

Ciudad de México, Palacio Legislativo a 23 de febrero del 2021.

Diputada María Chávez Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a investigar por la SFP posibles actos de corrupción en la delegación del ISSSTE en Veracruz, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a investigar posibles actos de corrupción en la Delegación del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el estado de Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La licenciada María Cruz García Ramón, quien era administradora de la clínica hospital del ISSSTE con sede en Xalapa, Veracruz, recientemente fue nombrada encargada de administración de la delegación del ISSSTE Veracruz.

A decir de los trabajadores de dicha delegación, en esta administración se siguen cometiendo actos de compadrazgo y de corrupción lo que, de resultar cierto, sería una contradicción más en contra de la frecuente manifestación y estandarte de la llamada 4T: “Cero tolerancia a la corrupción”.

De acuerdo con lo expresado por los trabajadores, los actos de corrupción que refieren ya fueron denunciados ante el Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado con la finalidad de determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes, sin que se haya atendido y resuelto la situación de mérito.

En dichas denuncias se imputan a la licenciada María Cruz García Ramón una serie de actos de corrupción y abuso de poder, entre los que se encuentran: despidos injustificados; dejar deliberadamente sin contrato a personal de bolsa de trabajo; trato irrespetuoso al personal médico; movimiento de plazas y personal de hospitales a oficinas de administración; contar con un chofer personal que goza de un sueldo como jefe de departamento; uso de vehículos oficiales de la delegación Veracruz para uso personal en el estado de Tabasco; que ella y su personal cercano cobran el bono de riesgo por Covid-19 sin laborar en hospital y haber obligado al director del hospital para que le aplicaran la vacuna a ella y a sus familiares.

También se refiere que existe un desfalco de 2 millones de pesos en medicamentos, cometido en su administración en la clínica Xalapa, con el apoyo de su esposo el Candelario Pérez Alvarado.

Es así que el pasado lunes 8 de febrero se llevó a cabo una protesta afuera de la clínica del ISSSTE en el barrio de San Bruno, en reclamo por la falta de medicamentos y exigiendo la destitución de la administradora María Cruz García Ramón.1

En Acción Nacional estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas y estimamos que ante tantas irregularidades puestas de manifiesto y denunciadas ante el Órgano Interno de Control del ISSSTE, sin que se hayan resuelto, es evidente que la 4T se inclina por ocultar los actos de corrupción detectados dentro de las instituciones que tanto promueve.

Por lo anteriormente descrito, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la titular de la Secretaría de la Función Pública, doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, a realizar las investigaciones correspondientes, resolver y, en su caso, consignar ante las autoridades competentes, a los funcionarios responsables de la Delegación del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el estado de Veracruz, con motivo de las denuncias presentadas por presuntas irregularidades y actos de corrupción.

Nota

1 http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200211_062025_846

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a difundir y explicar por la SEP la estrategia prevista para revertir el deterioro de los aprendizajes de los alumnos, sobre todo de educación básica, provocado por las medidas aplicadas contra la pandemia del Covid-19, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes:

Consideraciones

La educación constituye uno de los pilares fundamentales para avanzar hacia mejores estadios de desarrollo y forjar economías más justas, equitativas, sostenibles e inclusivas, que sean más resilientes frente a contextos de crisis como el que se vive actualmente.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que la pandemia del coronavirus Covid-19 representa una amenaza real para el avance de la educación en todo el mundo, ya que tiene dos impactos significativos: 1. El cierre prácticamente universal de las escuelas de todos los niveles y 2. La recesión económica generada por las medidas de control de la pandemia.

El Banco Mundial ha planteado que si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar tales efectos, el cierre de escuelas provocará pérdidas de aprendizajes, aumento de la deserción escolar y mayor desigualdad, y la crisis económica –que afectará a los hogares– agravará el daño debido a la reducción de la oferta y demanda educativa. Estos dos impactos tendrán, en conjunto, un costo a largo plazo sobre el capital humano y el bienestar.1

Es un hecho que las consecuencias de la pandemia en la educación están a la vista. El secretario general de las Naciones Unidas dio a conocer el informe Education in the time of Covid-19 and beyond , en el que señala que la pandemia ha causado el trastorno más grave registrado en los sistemas educativos en toda la historia y amenaza con provocar un déficit de aprendizaje que podría afectar a más de una generación de estudiantes. Asimismo, enfatiza que es probable que el cierre de escuelas termine con décadas de progresos en la materia.2

El informe subraya que ya nos enfrentábamos a una crisis de aprendizaje antes de la pandemia, pero ahora, nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría despilfarrar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y agravar las desigualdades más arraigadas.

Para poner en su justa dimensión el tema, basta señalar que según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), casi mil 600 millones de alumnos de más de 190 países –el 94 por ciento de la población estudiantil del mundo– se vieron afectados por el cierre de las instituciones educativas en el momento más álgido de la crisis. De igual manera, menciona que 24 millones de estudiantes, desde el nivel de preescolar hasta el ciclo superior, podrían no volver a la escuela como consecuencia de los cierres provocados por la Covid-19.

También, refiere que un total de 63 millones de profesores de educación secundaria y primaria han sido afectados directamente por la pandemia y que, en muchos casos, los maestros han debido continuar la enseñanza sin la tecnología o la conexión necesarias. Se trata de un aspecto preocupante ya que, como sabemos, los docentes son los actores claves en el proceso enseñanza aprendizaje.

En el caso de América Latina, la pandemia provocó el cierre temporal de miles de colegios, afectando a 160 millones de estudiantes, según estimaciones de la misma Unesco.3 Conforme a los expertos, la conectividad debería ser un derecho humano, pero mientras eso no ocurra, la región está expuesta a enfrentar una catástrofe generacional. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), calcula que cerca del 20 por ciento de la población latinoamericana no tiene acceso adecuado a internet móvil.

Estas circunstancias son una fuerte limitante para millones de alumnas y alumnos, ya que afecta el nivel de aprendizaje y, por ende, su desarrollo a lo largo de la vida. En efecto, la consecuencia más evidente del cierre de escuelas es la interrupción de los aprendizajes, el cual, si bien representa un problema en todos los niveles educacionales, son los pequeños que están iniciando el ciclo escolar y aquellos a punto de egresar, los más afectados. Lo anterior, debido a que si no adquieren las destrezas básicas como leer y escribir o sumar o restar, se enfrentan a un déficit para avanzar hacia los cursos superiores.

Pero, el cierre de escuelas no solo afecta a la educación; también impide el suministro de servicios esenciales para los niños y las comunidades, entre otros el acceso a una alimentación equilibrada, y limita la capacidad de los padres para acudir al trabajo. Asimismo, las medidas incrementan el riesgo de que las niñas y las mujeres puedan padecer violencia doméstica. Todo ello, tiene un impacto negativo en el nivel de aprendizaje de las alumnas y los alumnos.

México no escapa a este grave fenómeno. A partir del 20 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció del cierre de las escuelas en todo el país y, por ende, la suspensión de clases presenciales, medida orientada a controlar el número de contagios entre la población escolar.

De la noche a la mañana, el Sistema Educativo Nacional transitó a la educación a distancia. Profesores, padres de familia y alumnos se vieron obligados a adaptarse -en pocos días- al nuevo modelo virtual, pese a las marcadas brechas que existen a nivel regional al acceso a de las tecnologías de la información.

El confinamiento sanitario ha provocado que 37 millones 589 mil niños deban continuar su educación en casa, sin asistir a la escuela ni ver a sus amigos, lo que ha afectado de diferente manera a los pequeños y a sus familias, tanto a nivel emocional como académico.4 Cabe destacar que de la matrícula total, poco más de 25 millones corresponden a educación básica, que son atendidos por 1.2 millones de docentes.5

Bajo lo que se ha denominado “nueva normalidad” han tenido que adoptar un modelo educativo a distancia que uniforma contenidos, que exige el uso de tecnologías a las que no todos tienen acceso, requieren apoyo de un adulto, el cual tampoco es observado en todos los casos, lo que para algunos especialistas podría generar un déficit en el aprendizaje de los estudiantes, entre ellos el dominio de lenguaje, en matemáticas, la convivencia y las solución no violenta de conflictos.

Los expertos han hecho importantes advertencias en este sentido. Sylvia Schmelkes del Valle, investigadora en Sociología y vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana (UIA) Ciudad de México, afirmó que la educación a distancia, sobre todo, cuando solo se lleva a cabo a través de medios que no son interactivos, como la televisión, uniforma los contenidos y los ritmos de enseñanza. “Al imponerse en una realidad diversa, heterogénea y desigual como la de México, excluye a muchas y muchos alumnos de seguir en el proceso educativo y lograr alcanzar los aprendizajes esperados”. Apunta que muchos de los niños, niñas y jóvenes han empezado a sentir los estragos, pues no tienen bien definida la separación del tiempo dedicado a las actividades escolares y al esparcimiento: todos están en casa, muchos con la presión de sus padres, en un ambiente de tensión.

La doctora Cimenna Chao Rebolledo, coordinadora de la Especialidad en Educación Socioemocional de la UIA Ciudad de México, comentó que la pandemia ha traído consigo la prevalencia de estados emocionales intensos o de gran aflicción, como el enojo y la ansiedad. “El estrés y la aflicción provocados por la pandemia, con sus efectos negativos en lo emocional, lo cognitivo y lo físico, en este momento pudieran empezar a generar una suerte de estado marchito de la esperanza y de carencia de estímulo para seguir aprendiendo”.

El catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Marco Fernández, ha aseverado que “Estamos ante el peligro, sin exagerar, en que si no actuamos de manera enfática y como sociedad para que la autoridad reaccione, esta sea una generación perdida en términos de aprendizajes y de sus efectos para el futuro en sus vidas”.6 También, señaló que las afectaciones no son tan palpables como en el sector salud, no se ven de manera inmediata tan clara, pero que van a impactar en niños y jóvenes cuando sean adultos. Y puntualizó que “No solo son con retrasos que se está aprendiendo, sino diferenciados por desigualdades tanto por el acceso a internet, la retroalimentación afectiva por parte de sus maestros y por parte de alumnos, que no han tenido contacto con ellos”.

Pero, al igual que a nivel global, la pandemia ha traído consigo otros efectos colaterales que merecen un tratamiento por separado, por las implicaciones para los alumnos y la educación en su conjunto. La Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que en nivel básico la deserción en el ciclo escolar 2019-2020 alcanzó 10 por ciento de la matrícula, porcentaje que representa a dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En educación superior el abandono se calcula en 8 por ciento, 305 mil 89 universitarios.7

En este contexto, la prioridad debe ser recuperar los aprendizajes de los alumnos, para lo cual, deberán implementarse medidas orientadas a revertir esta situación, desde la mejora en las evaluaciones, hasta los métodos pedagógicos y planes de estudio más focalizados, entre otros.

Pese a que se han dado algunos pasos, son a todas luces insuficientes ante la magnitud del problema. Cabe recordar que el lunes 20 de abril de 2020, el titular de la SEP puso en marcha el programa Aprende en Casa, el cual, consiste en diversas actividades de aprendizaje conforme al plan de estudios de educación básica apoyado en distintas plataformas a larga distancia. Establece una programación específica en Cana Once, TV UNAM y el 14.2 en un horario de 07:00 a 18:00 horas y de Google Education a través de la plataforma Google Classroom, lugar donde se establecieron un conjunto de clases previamente creadas que corresponden a diferentes campos formativos y alineados con su grado y asignatura.

Sin embargo, técnicamente, el plan careció desde un inicio de las capacidades mínimas para ser aplicado en todo el territorio nacional, ello debido a que la premisa de éxito de Aprende en Casa descansa en el acceso a la televisión e internet, situación que en un contexto urbano puede verse natural, pero en un país con 53 millones de pobres, donde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que 21 millones de personas sufren rezago educativo, es previsible que las carencias educativas y el deterioro en los aprendizajes se acentúen. Además, como lo ha señalado este mismo organismo, se prevé que el número de pobres se incremente hasta en 10 millones más a causa de la pandemia, lo que terminará por agravar las desigualdades educativas en el país.8

En este contexto, cabe preguntarse ¿dónde estamos? ¿cómo suministrar a distancia servicios académicos de calidad? ¿cómo asegurar el cumplimiento del plan de estudios a través de una provisión digital? ¿cuáles son los resultados del plan Aprende en casa? ¿en qué medida ha contribuido a mitigar los efectos negativos de la pandemia en los aprendizajes de los alumnos? y ¿qué acciones y recursos se tienen programados para atajar las afectaciones educativas? Son reflexiones de amplio espectro, que es imperativo realizar. Una cosa es cierta: lo que no se mide, no se puede mejorar.

La realidad es que no se cuenta con información pública que permita tener un diagnóstico objetivo sobre la situación de la educación en el país, ni mucho menos, se tiene claridad sobre la afectación en los aprendizajes y el impacto en los alumnos, así como de la estrategia gubernamental –si es que se tiene– para atender dicha situación.

Lo que es una realidad es que la pandemia está golpeando el Sistema Educativo Nacional, por lo que son necesarias y urgentes políticas públicas basadas en la evidencia, orientadas a corregir la crisis de aprendizajes que se está profundizando y brindar equidad de oportunidades para continuar aprendiendo a la distancia, sobre todo, a los grupos de la población más vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, difunda y explique la estrategia que se tiene contemplada a fin de revertir el deterioro observado en los aprendizajes de los alumnos, sobre todo, de educación básica, provocado por las medidas llevadas a cabo para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19.

Notas

1 https://www.bancomundial.org/es/topic/education/publication/
the-covid19-pandemic-shocks-to-education-and-policy-responses#:~:text=
Si%20no%20se%20realizan%20esfuerzos,la%20oferta%20y%20demanda%20educativa.

2 https://es.unesco.org/news/secretario-general-naciones-unidas-advierte- que-se-avecina-catastrofe-educacion-y-cita

3 [1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54097136

4 https://www.consumotic.mx/steam/educacion-uniformizada-y-ansiedad-afect a-aprendizajes-de-ninos-y-ninas-durante-la-pandemia/

5 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/
principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf

6 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estamos-ante-el-peligro-de-
crear-una-generacion-perdida-en-aprendizajes-y-efectos-para-el-futuro-marco-fernandez

7 https://www.excelsior.com.mx/nacional/dejan-la-escuela-28-millones-por- culpa-del-covid-desercion-en-nivel-basico-y-superior

8 [1]https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Efectos_COVID- 19.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado René Juárez Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Oaxaca a establecer una mesa de trabajo permanente con pobladores de San Juan Mazatlán y la Secretaría General de Gobierno para garantizar la libre partición y el respeto de los usos y las costumbres de los lugareños y que el IEEPCO fije una postura profesional y sin injerencia en el proceso electivo del municipio, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rosalinda Domínguez Flores diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 y 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.; somete a consideración de esta honorable asamblea la presente Proposición con punto de acuerdo;

Consideraciones

Que San Juan Mazatlán es una localidad perteneciente a la zona de la región mixe está situado en el municipio del mismo nombre en el estado de Oaxaca.

El municipio pertenece al V Distrito Electoral Federal con sede en Santo Domingo Tehuantepec y al XX Distrito Electoral Local con sede en Tamazulapan del Espíritu Santo.1

San Juan Mazatlán se encuentra dentro del catálogo municipal de usos y costumbres del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (Ieepco).

Que, para el desempeño de los principales cargos en San Juan Mazatlán, toman en cuenta que los ciudadanos sean honestos, trabajadores y cumplidos en los cargos que haya ocupado.2

Que, los primeros días del mes de febrero de manera ininterrumpida, unos mil pobladores de 16 comunidades mixes del municipio de San Juan Mazatlán bloquearon la carretera federal transístmica, exigiendo la destitución del presidente municipal Macario Eleuterio Jiménez.

El edil Macario Eleuterio ganó las elecciones asumiendo el 1 de enero por cuarta vez su mandato, lo que generó inconformidad debido a que aseguran hubo irregularidades en la elección como compra de votos y amenazas.

Señalaron que no se han rendido cuentas durante los años que ha gobernado esta entidad por parte del ciudadano Eleuterio, lo cual se refleja en el abandono por las obras inconclusas.

Que, el bloqueo carretero que inició al mediodía del martes 9 de febrero en la carretera federal 185 o Transistmica, en el tramo Palomares-Matías Romero, en las inmediaciones de Boca del Monte ha generado afectaciones de gran importancia como que los tanques de oxígeno no lleguen al centro de distribución de Salina Cruz, por lo que ya empieza a escasear este producto medicinal en la región.

Así mismo se retuvo, por parte de los pobladores, a tres empleados de la Secretaría general de Gobierno de Oaxaca, Jorge Toledo Toledo, Gabriel Hernández Vega y Osiris Jiménez.

Que, el titular de la Secretaría general de Gobierno, Francisco Javier García López, informó que, como resultado de la atención a través del diálogo, el presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez, realizó el pago de las participaciones correspondientes al año 2020, del Ramo 28 y 33, las cuales ascendieron a más de 10 millones de pesos.3

Con la acción anterior se estableció una mesa de trabajo en el municipio de Matías Romero, donde la petición mayor es el pago de las participaciones del ejercicio 2021, ante la manifestación de la autoridad municipal que no cuenta con el presupuesto, la comisión rompió el diálogo y volvieron a instalar el bloqueo en la Carretera federal 185.

Los pobladores acentuaron las exigencias al Congreso del estado, solicitando la desaparición de poderes en San Juan Mazatlán, bajo el argumento de que el alcalde electo por su Sistema Normativo Indígena Usos y Costumbres, cometió supuestos actos de corrupción, haciendo mal uso de los recursos públicos.

Que es necesario dejar manifiesto que la denuncia de los pobladores ya había tenido eco en el mes de noviembre pasado, cuando la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, dictó medidas cautelares a favor de toda la población a través de las cuales pidió a la Secretaría de Seguridad Pública y en colaboración a la Guardia Nacional, para que generen condiciones de seguridad en la zona y se garantice la integridad física y emocional de los pobladores.4

También, solicitó a la Secretaría general de Gobierno (Segego) reforzar las mesas de diálogo para construir soluciones definitivas a los problemas agrarios, electorales y sociales que se viven en el municipio.

Es necesario subrayar que los pobladores del municipio de San Juan Mazatlán han dejado expreso que, el bloqueo es por tiempo indefinido, y que no permitirán nuevas elecciones en el municipio si no hay solución a su denuncia, lo cual incluye una postura firme de parte del ejecutivo estatal en el cual se deje de lado la complicidad del actual alcalde con el Tribunal Electoral del estado.

Solicitan el respeto a su derecho de libre elección, con garantía de respeto a sus usos y costumbres, donde se haga valer el sentir del municipio, sin injerencias ajenas a su vida interna.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al poder ejecutivo del estado de Oaxaca para que, se establezca una mesa de trabajo permanente con pobladores del municipio de San Juan Mazatlán y la Secretaria general de Gobierno, para garantizar la libre partición y respeto a los usos y costumbres de los habitantes de la localidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco), para que fije una postura profesional y sin injerencia en el proceso electivo del municipio, garantizando la libre participación del sufragio.

Notas:

1. http://www.inafed.gob.mx/

2. http://www.ieepco.org.mx/

3. https://www.ciudadania-express.com/

4. https://www.derechoshumanosoaxaca.org/

Dado en la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión a los 23 días del mes de febrero de 2021.

Diputada Rosalinda Domínguez Flores

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS y el ISSSTE a realizar ajustes para que los pacientes tengan acceso al Compendio Nacional de Insumos de la Salud, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Martha Estela Romo Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a realizar los ajustes normativos necesarios para que los pacientes puedan acceder al Compendio Nacional de Insumos de la Salud, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

1. Del Compendio Nacional de Insumos para la Salud

El pasado 29 noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación1 una serie de reformas a la Ley General de Salud que dieron pie a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, cuya principal motivación es brindar servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y que no cuenten con seguridad social; bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.2

Dentro de esta reforma y con el ánimo de transitar hacia la Universalidad, se reformó el artículo 28 de la Ley General de Salud para incorporar el Compendio Nacional de Insumos para la Salud , en sustitución del Cuadro Básico de Insumos, y que comprende 14 mil 806 claves, a fin de garantizar la equidad en el acceso a medicamentos y tener mayor cobertura en la atención.3

De acuerdo con la misma Secretaría de Salud, este Compendio Único es parte de una nueva política de medicamentos que da prioridad a las necesidades epidemiológicas de la población,4 identificadas a través del trabajo de los grupos de expertos intersectoriales liderados por el Consejo de Salubridad General.

Resulta relevante que el artículo 28 de la Ley General de Salud, señala que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (IMSS, ISSSTE, Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi; Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena; Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos, Pemex) se ajustarán al Compendio Nacional de Insumos para la Salud . A continuación el cuadro comparativo del texto reformado:

En este sentido, desde el 1º de enero de 2020, el Ejecutivo federal tuvo 180 días para emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes, entre ellas, los ajustes de las diferentes instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Salud al Compendio Nacional de Insumos para la Salud, puesto que actualmente cada una de las instituciones cuenta con su propio Cuadro Básico. Sin embargo, a un año de la entrada en vigor de esta disposición, no hemos visto que de manera oficial se anuncien estos ajustes referentes al Compendio.

En ese sentido, resulta relevante analizar la normatividad del IMSS e ISSSTE, puesto que en su conjunto tienen afiliada a 58.7 por ciento de la población mexicana (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, 2020)5 , para que los ciudadanos y pacientes conozcan cuáles son las unidades responsables de cada instituto para que realicen la actualización de su Cuadro Básico o Catálogo Institucional.

2. De las normatividad en el IMSS e ISSSTE

El artículo 90 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que dicho Instituto es responsable de elaborar los Cuadros Básicos que considere necesarios6

“Artículo 90. Instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere necesarios, sujetos a permanente actualización, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia terapéutica”.

De manera particular, el artículo 6, fracción II, y 82, fracciones VII, VIII y IX del Reglamento Interior del Instituto,7 establece las facultades y procedimientos que deberá seguir la Dirección de Prestaciones Médicas para la inclusión, modificación y exclusión de insumos para la salud.

De hecho, en el Portal de Transparencia se encuentra el oficio del IMSS número 09 52 17 61 2000/056 (folio 0064100470420)8 donde en febrero de 2020, el Director de Prestaciones Médicas, doctor Víctor Hugo Borja Aburto, solicita al maestro José Antonio Olivares, director de Administración y al licenciado Humberto Pedrero Moreno, director de Finanzas giren sus instrucciones para la adquisición de insumos para la atención médica de los tres niveles de atención.

En el caso del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos de dicho Instituto, en el artículo 3 se reconoce que la Dirección Médica del ISSSTE es la responsable de integrar el catálogo institucional de insumos para la salud , con base en las necesidades de los usuarios

“Artículo 3.

...

XII. Catálogo Institucional de Insumos para la Salud. El documento que integra la Dirección Médica con el listado de los medicamentos, material de curación, material radiológico, material odontológico, material protésico que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adquiere y suministra, en razón de las necesidades de los Usuarios, mismos que se encuentran considerados en el cuadro básico para el primer nivel de atención y el catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel de atención que autoriza el Consejo de Salubridad General”.

Aunado a ello, el Manual de Organización General del ISSSTE9 señala que el Departamento de Catálogos e Investigación de Precios que se encuentra en la Subdirección de Infraestructura coadyuvará a actualizar e integrar el Catálogo Institucional de Insumos para la Salud, de acuerdo con criterios nacionales e internacionales de inclusión, exclusión, seguridad y eficacia; de conformidad con la normatividad establecida por el Consejo de Salubridad General. En ese sentido, podemos concluir que corresponde al mismo Instituto ajustar sus procesos internos para contar con un Catálogo de Insumos actualizado conforme al Compendio.

Con base en lo arriba señalado, observamos que corresponde a las direcciones médicas del IMSS y del ISSSTE realizar las adecuaciones internas necesarias para ajustar su Cuadro Básico o Catálogo Institucional conforme al Compendio Nacional de Insumos , pero sobre todo, hacerlo de conocimiento al público en general, así como la forma clara en que los médicos pueden prescribir los mismos en beneficio de los pacientes.

Sin embargo, realizando una revisión de la comunicación institucional del IMSS e ISSSTE, podremos observar que estos institutos no han informado nada sobre los ajustes normativos internos para acceder a los insumos del Compendio Nacional, dejando en completa incertidumbre a los pacientes que requieren algún medicamento o insumo para mantener su estilo de vida.

Por lo anteriormente expuesto, me permito a someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del IMSS y del ISSSTE a realizar los ajustes normativos necesarios para que los pacientes puedan acceder a los insumos que contempla el Compendio Nacional de Insumos de la Salud y los médicos puedan dar acceso a estos insumos de forma expedita a los pacientes, garantizando su bienestar e integridad.

Segundo. Esta asamblea exhorta respetuosamente al IMSS y al ISSSTE a realizar una campaña de medios masivos de comunicación dirigida a pacientes, profesionales de la salud y ciudadanía en general, donde se den a conocer los resultados de los ajustes normativos que le permitan a los pacientes acceder en forma temprana a la totalidad de medicamentos y tratamientos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580430&fecha=29/11/ 2019

2 https://www.gob.mx/insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienesta r-230778

3 https://www.gob.mx/salud/prensa/317-nuevo-compendio-nacional-de-insumos -para-la-salud

4 Ídem.

5 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/
?pxq=Derechohabiencia_Derechohabiencia_02_822ebcc5-ef41-40c1-9901-22e397025c64

6 http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/leyes/LSS.pdf

7 http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/reglamentos/RIIMSS.pdf

8 https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/
rMedioElectP.action?idFolioSol=0064100470420&idTipoResp=6#

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n279.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputada Martha Estela Romo Cuéllar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a publicar de inmediato los estudios de factibilidad técnica y aeronavegabilidad correspondientes a la construcción del aeropuerto internacional General Felipe Ángeles, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La construcción del nuevo aeropuerto internacional General Felipe Ángele s en el estado de México está generando muchas dudas e incertidumbre. Si bien, parte de las instalaciones ya fueron formalmente inauguradas por el titular del Ejecutivo federal durante febrero de 2021, aún permanecen retos significativos para su total apertura y operación.

Desde que se anunció que el proyecto del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía reemplazaría los trabajos llevados a cabo en Texcoco durante el sexenio anterior, se han formulado distintas expectativas y relación de hechos contradictorios sobre la efectividad de la decisión. Destacan los argumentos presentados sobre la reducción de costos que traería el nuevo proyecto sobre el anterior y la necesidad de generar mejores mecanismos de transparencia para el aprovechamiento de recursos públicos.1

Por ejemplo, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco tuvo un costo de 331 mil 996 millones de pesos, un monto que representa 232 por ciento mayor al previsto por el gobierno federal.

En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, según datos recopilados por diferentes medios, hasta octubre de 2020, el costo total del aeropuerto General Felipe Ángeles se estimaba a 30 mil millones de pesos de distancia de la inversión que representaba el proyecto del sexenio 2012-2018, es decir, tenía un ejercicio registrado por 174 mil millones de pesos, tanto que el aeropuerto de Texcoco habría registrado 202 mil millones de pesos.

De igual forma, desde que se anunció que el nuevo proyecto se desarrollaría en la base aérea militar de Santa Lucía, estado de México, agencias como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) cuestionaron la decisión por las implicaciones directas que tendría sobre la operatividad del sistema aeroportuario del valle de México.

Entre las preocupaciones, sobresalió la necesidad de valorar la capacidad de coordinación técnica de la gestión del tráfico aéreo, dado que este proyecto compartiría aire con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Licenciado Adolfo López Mateos , en Toluca.2

Posteriormente, otros análisis determinaron la inviabilidad técnica del proyecto debido a las escasas consideraciones en relación a los principios de sustentabilidad ambiental, social y económica. Según expertos en la materia, el diseño arquitectónico del nuevo aeropuerto refleja que el edificio terminal no integra de forma contundente temas de eficiencia energética, reutilización de aguas tratadas, o gestión integrada de residuos sólidos.3

Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha afirmado que los criterios con los que se desarrolla la construcción de las instalaciones cumplen con las recomendaciones y la evidencia que han arrojado diferentes estudios hasta el momento. Sin embargo, hasta el día de hoy se desconocen a nivel público los estudios completos de factibilidad técnica que soportan la construcción y activación del nuevo aeropuerto en el municipio de Zumpango.

En primera instancia, cuando los documentos fueron solicitados en septiembre de 2020, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel, confirmó que el aeropuerto aún no contaba con todos los estudios necesarios para determinar su viabilidad.4 Cabe destacar que, en conferencia de prensa el 7 de septiembre de 2020, el subsecretario señaló que sería hasta diciembre del 2021 cuando el gobierno federal contaría con toda la información necesaria para asegurar la entrada en operaciones del aeropuerto; pese a que los estudios de aeronavegabilidad se encuentran disponibles desde el primer semestre de 2019. Estos estudios no se han hecho públicos.

En este contexto, consideramos necesario recordar que durante julio de 2019, nuestro grupo parlamentario presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para urgir a la SCT a transparentar los estudios de factibilidad aérea que habían realizado las empresas NavBlue y ADP Ingenierie durante el periodo de tiempo que afirmaba el subsecretario.

La celebración de estos contratos por método de adjudicación directa se dio a conocer por la agencia Notimex en marzo de 2019, afirmando que con ellos la Secretaría de la Defensa y la de Comunicaciones y Transportes brindarían certidumbre sobre la estructura del aeropuerto, sumando la evidencia a otros estudios de espacio aéreo que, igualmente, tampoco habían sido publicados.5

Bajo este curso, es que el pasado 10 de febrero de 2021, el Ejecutivo federal encabezó la inauguración de la Base Aérea Militar Número 1 en el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles , que constituye una de las primeras fases de las instalaciones.6 Al momento de la inauguración el proyecto presentaba el 50 por ciento del avance físico, a poco más de un año de su proyección de finalización.7

Pese a ello, no se presentaron estudios técnicos que avalaran la entrada en operaciones de la base aérea o la totalidad del aeropuerto. Sobre ello, la SCT mencionó que en los próximos meses estaría presentando la totalidad de los estudios, antes de concluir el proyecto en marzo de 2022.8

Es en este sentido que en el Grupo Parlamentario del PRI solicitamos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no haga caso omiso a las requisiciones de transparencia y rendición de cuentas, a la vez que exhortamos a que cumpla de manera responsable con las dimensiones de un proyecto de tales implicaciones.

Por ello, solicitamos que presente de manera inmediata los estudios de factibilidad técnica y aeronavegabilidad correspondientes a la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles , a fin de garantizar la seguridad de sistema aéreo mexicano, así como la viabilidad de un proyecto que ha sido altamente cuestionado por la sociedad mexicana.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar de manera inmediata los estudios de factibilidad técnica y aeronavegabilidad correspondientes a la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles .

Notas

1 Santa Lucia, un aeropuerto de segunda categoría. Disponible en:

https://labrujula.nexos.com.mx/?p=3047

2 Santa Lucía, ¿sí o sí?. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Santa-Lucia-si-o-si-20191110-00 90.html

3 Santa Lucia, un aeropuerto de segunda categoría. Disponible en:

https://labrujula.nexos.com.mx/?p=3047

4 Estudios de factibilidad de Santa Lucía se presentarán en marzo. Disponible en:

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/estudios-de-fa ctibilidad-de-santa-lucia-se-presentaran-en-marzo-6348840.html

5 El segundo grupo aeroportuario más grande de Europa hará el plan maestro de Santa Lucía. Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/2019/03/grupo-aeroportuar io-europa-plan-maestro-santa-lucia/

6 AMLO inaugura Base Aérea en Santa Lucía con corte de listón. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-inaugura-base -aerea-en-santa-lucia-con-corte-de-liston

7 [1] Estudios de factibilidad de Santa Lucía se presentarán en marzo. Disponible en:

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/estudios-de-fa ctibilidad-de-santa-lucia-se-presentaran-en-marzo-6348840.html

8 Ibid

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP, la Sader y el gobierno de Tamaulipas a efecto de que refuercen una estrategia para ejecutar un plan de acción de apoyo económico emergente de los productores agrícolas locales más afectados y contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y afrontar las inclemencias climáticas en sus campos y cosechas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya a los Titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, a que refuercen una estrategia adecuada con el fin de actuar de manera inmediata para ejecutar un plan de acción que otorgue apoyo económico emergente para los productores agrícolas más afectados de los municipios del Estado de Tamaulipas y contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y afrontar las inclemencias climatológicas en sus campos y cosechas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del partido de Morena

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

“En América Latina y el Caribe se espera la mayor crisis económica y social del último siglo con motivo de la pandemia del Covid 19, previéndose una caída del producto interno bruto regional en un – 9.1% en 2020”, informaron los organismos, a través de la Declaración conjunta sobre el aumento de la inversión responsable en agricultura y sistemas alimentarios ante la crisis por Covid-19, la FAO y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), hicieron un llamado a que los países inviertan responsablemente en agricultura y sistemas alimentarios.i

Es entonces, que se concluyó que habrá graves repercusiones negativas en la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población, derivado del desempleo entre otras consecuencias derivadas de la pandemia.

En México, aunado a lo anterior, más de 500 mil hectáreas de los cultivos de maíz y sorgo resultaron siniestradas principalmente en la zona norte del estado de Tamaulipas, debido a las intensas heladas registradas durante los últimos días en el mes de febrero.ii

Las afectaciones se observan en las áreas agrícolas de los municipios de Matamoros, Valle Hermoso, Rio Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz y hasta Miguel Alemán así como hacia el municipio de San Fernando en donde la temperatura promedio registrada fue de menos cinco grados.iii

Para el ciclo temprano el programa de siembras es 750 mil hectáreas de las cuales según el reporte de la Secretaría de Desarrollo Rural el avance de siembras es del 80%.iv

De acuerdo con los reportes de las asociaciones agrícolas y organizaciones campesinas se estima que 500 mil hectáreas de los cultivos de sorgo y maíz se encuentran siniestradas por las bajas temperaturas. Ante ello se prevé un descenso en la producción de granos básicos en este ciclo temprano.v

Asimismo, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, mencionó que los pronósticos meteorológicos son de que las temperaturas gélidas se prolongarán por al menos las próximas 24 horas, por lo cual se espera pudiera haber nuevas afectaciones.vi

Será hasta el miércoles 17 de febrero del presente año, cuando se inicien las labores de inspección de campo para cuantificar los daños en las siembras, pero ya se advierten siniestros de acuerdo con los reportes de siniestro que están dando a conocer productores agrícolas.vii

Por ahora en la zona centro, en los cultivos de cítricos, no se tiene una cuantificación de los daños en los árboles de naranja, mandarina, toronja y limón pues será necesario dejar que transcurran por lo menos 48 horas en espera de que pudieran presentarse nuevas heladas.viii

De acuerdo con el Secretario de Desarrollo Rural del estado, estimó que será mínima la superficie que pudo haber quedado a salvo del siniestro por las heladas, luego de que contaran con humedad debido a precipitaciones pluviales registradas en días pasados.ix

También indicó que productores agrícolas querrán efectuar labores de resiembra por lo cual las siembras de maíz se reducirán ya que el retraso podría provocar afectaciones y por lo que en caso de llevar de nueva siembras estas serán solo de sorgo.x

La Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD) de Tamaulipas demando a los gobiernos federal y estatal crear una bolsa económica suficiente para ir tras el rescate de todos los productos, agrícolas, ganaderos y citricultores que se han visto afectados por las más recientes heladas.xi

También manifestó que de acuerdo con los reportes preliminares establecen que los cultivos de hortalizas, maíz, frijol y garbanzo, naranja, limón y sorgo fueron los más dañados por el frente frío número 26 que azotó los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, BCS, Veracruz y Durango la primer semana de febrero, y ahora habrá que ver las heladas mas recientes.xii

En Tamaulipas concretamente prevén afectaciones en 290,000 hectáreas de maíz y sorgo en ocho de los 43 municipios de la entidad.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que se refuerce una estrategia adecuada con el fin de actuar de manera inmediata para ejecutar un plan de acción que otorgue apoyo económico emergente para los campesinos afectados en los municipios del estado de Tamaulipas y contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y afrontar las inclemencias climatológicas en sus campos y cosechas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se otorgue apoyo económico emergente para los campesinos afectados en los municipios del estado de Tamaulipas, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya a los Titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Ejecutivo del estado de Tamaulipas, a que refuercen una estrategia adecuada con el fin de actuar de manera inmediata para ejecutar un plan de acción que otorgue apoyo económico emergente para los habitantes más vulnerables de los municipios del estado de Tamaulipas y contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y afrontar las inclemencias climatológicas en sus campos y cosechas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya a los Titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Ejecutivo del estado de Tamaulipas, para la asignación de más recursos para el funcionamiento del Seguro Catastrófico para los productores ante la contingencia sanitaria Covid-19.

Notas:

i. Para salir de la crisis, hay que invertir en agricultura, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 16 de febrero de 2021 en www.mexicosocial.org/para-salir-de-la-crisis-hay-que-invertir-en-agricu ltura/

ii. José A. Hernández, Heladas afectan 500 mil hectáreas de maíz y sorgo, por El Heraldo de México, consultado por última vez el 17 de febrero de 2021 en https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/15/heladas-afectan-500-m il-hectareas-de-maiz-sorgo-257707.html

iii. Ibídem.

iv. José A. Hernández, Heladas afectan 500 mil hectáreas de maíz y sorgo, por El Heraldo de México, consultado por última vez el 17 de febrero de 2021 en https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/15/heladas-afectan-500-m il-hectareas-de-maiz-sorgo-257707.html

v. Ibídem.

vi. Ibídem.

vii. José A. Hernández, Heladas afectan 500 mil hectáreas de maíz y sorgo, por El Heraldo de México, consultado por última vez el 17 de febrero de 2021 en

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/15/helada s-afectan-500-mil-hectareas-de-maiz-sorgo-257707.html

viii. Ibídem.

ix. José A. Hernández, Heladas afectan 500 mil hectáreas de maíz y sorgo, por El Heraldo de México, consultado por última vez el 17 de febrero de 2021 en

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/15/helada s-afectan-500-mil-hectareas-de-maiz-sorgo-257707.html

x. Ibídem.

xi. Ramón Mendoza S, Pide la CCCD que se emita Declaración de emergencia por heladas, El Mercurio de Tamaulipas, consultado por última vez el 17 de febrero de 2021 en

https://elmercurio.com.mx/la-ciudad/pide-la-cccd-que-se- emita-declaracion-de-emergencia-por-heladas

xii. Ramón Mendoza S, Pide la CCCD que se emita Declaración de emergencia por heladas, El Mercurio de Tamaulipas, consultado por última vez el 17 de febrero de 2021 en

https://elmercurio.com.mx/la-ciudad/pide-la-cccd-que-se- emita-declaracion-de-emergencia-por-heladas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2021.

Diputada Nohemí Alemán Hernández

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a garantizar el suministro eléctrico en el país y cumplir su objeto de regular la organización, la administración, el funcionamiento, la operación, el control, la evaluación y la rendición de cuentas, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN

Raúl Gracia Guzmán, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a garantizar el suministro eléctrico en todo el país y cumplir con el objeto de regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado.

Exposición de Motivos

1. El lunes 15 de febrero de 2021, una interrupción del sistema eléctrico afectó el norte y noreste del país, específicamente a los habitantes de los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Durango.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó a través de un boletín de fecha 16 de febrero que, quedaron sin suministro eléctrico 4.8 millones de usuarios. A las 16:30 horas se alcanzó un restablecimiento de 79 por ciento de los usuarios afectados.

El apagón no sólo afectó a los habitantes de estos estados, también dejó sin energía eléctrica a otros usuarios en distintas entidades federativas, así lo refiere el mismo boletín:

Posteriormente, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) instruyó un nuevo tiro de carga y, a las 19:00 horas, se encontraban sin suministro eléctrico 3.2 millones de usuarios, en 26 estados del país, que representan menos de 8 por ciento de los usuarios totales en dichos estados.

Considerando que los tiros de carga son aleatorios y rotativos, a las 22:30 horas, se encuentran sin suministro eléctrico 713 mil usuarios, en 4 estados del país, que representan 1.6 por ciento de los usuarios totales en dichos estados y 1.5 por ciento del total de usuarios de la CFE.

Los usuarios se rotan para no afectarse por largos períodos.1

2. Cenace emitió el comunicado de prensa 01/2021, donde expone las causas que dieron origen al apagón:

A consecuencia del frente frío número 35 en el norte del país y ante las posibles afectaciones al suministro y disponibilidad de gas natural proveniente de Estados Unidos de América (EUA) en unidades de centrales eléctricas ubicadas en esa región, el pasado 13 de febrero, el Cenace declaró estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) tras haber sido notificado por las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación de la CFE.

El Cenace informó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de manera oficial las condiciones de riesgo existentes y tomó las acciones de confiabilidad y seguridad para mitigar posibles riesgos en el SIN. Se reforzaron las previsiones de reserva de generación con combustibles alternos, así como las medidas de supervisión y control de las variables del Sistema Eléctrico Nacional, la permanente verificación de la disponibilidad de generación y sus reservas necesarias.

Durante la noche del 14 de febrero y la madrugada del 15 de febrero de 2021, se desconectaron centrales eléctricas generadoras del norte y noreste del país por la indisponibilidad de gas natural y fallas en infraestructura de generación por congelamiento.

Este 15 de febrero a las 6:19 horas se afectó 420 megavatios (MW) de carga por la operación de esquemas de protección del sistema, restableciéndose el cien por ciento a las 6:21 horas por la salida de una línea de transmisión y el alto flujo de energía eléctrica del sur al norte.

A las 7:48 horas, el Cenace notificó el estado operativo de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional ante la indisponibilidad y falta de suministro de gas natural que provocó la salida de centrales eléctricas de generación y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión en el norte y noreste del país.

Estos eventos causaron un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país provocando una afectación de 6 mil 524 MW de carga.2

En el comunicado, el Cenace invitó a la población de los estados afectados a reducir el consumo de energía eléctrica no prioritaria e informó que, a las 12:00 horas se reporta la recuperación de 58 por ciento de la carga afectada en el norte del país.

3. De acuerdo a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario.

En la ejecución de su objeto, la CFE deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la CFE garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia.3

Mientras que el Cenace, es el responsable de regular que las plantas eléctricas despachen energía en condiciones competitivas, y proponer a la Secretaría de Energía (Sener) la planificación y expansión de las redes de transmisión y distribución.

De este modo y por su relevancia estratégica, a través del Cenace, el Estado mexicano mantiene el control operativo del suministro de electricidad.4

Su objeto es el de “Ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional; operar el mercado eléctrico mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, y proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las redes generales de distribución que correspondan al mercado eléctrico mayorista.5

Consideraciones

I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene, para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. El director general de distribución de la CFE, detalló que en la región del norte y noreste hay 7 millones 200 mil clientes, de los cuales resultaron afectados 4 millones 700 mil. Sin embargo, el dato expuesto por el director general puede variar sensiblemente, considerando que los usuarios que estima se toman de cada hogar, comercio, hospital o industria que se quedó sin suministro eléctrico y no contempla la cantidad de personas que no pudieron hacer uso de la energía eléctrica. Es decir, no se considera el universo total de personas que se vieron afectadas por el apagón.

Es importante no perder de vista que el suministro de energía eléctrica es indispensable para realizar muchas de las tareas y diligencias cotidianas de la ciudadanía, desde actividades laborales, escolares, de salud hasta de ocio y entretenimiento.

III. En el boletín antes citado de la CFE, se expone con toda claridad que los apagones serán programados para tratar de solucionar el problema de desabasto de energía eléctrica, es decir, habrá cortes de electricidad de manera selectiva para intentar solucionar el inconveniente. Lo anterior, no sólo es grave, es muy preocupante, considerando que nos encontramos en medio de una pandemia que ha cambiado nuestra forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos y exige el uso de energía eléctrica en cantidades suficientes para realizar todas esas actividades, es necesario considerar que se dieron importantes pérdidas económicas producto del apagón, muchas fábricas, maquilas y otras diligencias que exigen el uso de electricidad no se realizaron.

Por la información que trasciende en medios de comunicación y lo expuesto por diversos analistas, se sabe que el problema del desabasto no sólo es consecuencia del frente frío número 35 en el norte del país y la disponibilidad de gas natural proveniente de EUA. Es producto de una cadena de malas decisiones y el incumplimiento del marco jurídico que regula la actividad de la Comisión Federal de Electricidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a garantizar el suministro eléctrico en todo el país y cumplir con el objeto de regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a garantizar el suministro eléctrico en todo el país y cumplir con el objeto de regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado.

Fuentes

Electricidad, C. F. (16 de febrero de 2021). Interrupción del suministro eléctrico por déficit de generación. Obtenido de https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2109

Electricidad, L. d. (s.f.). Obtenido de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCFE_110814. pdf

Energía, C. N. (s.f.). “Plan Estratégico” 2017-2021. Obtenido de
http://www.cenace.gob.mx/Docs/Transparencia/Plan_Estrategico_2017-2021.pdf

Energía, C. N. (15 de febrero de 2021). “Cenace informa sobre las interrupciones del servicio eléctrico a usuarios y el restablecimiento en el norte del país por frente frío No. 35”. Obtenido de https://www.gob.mx/cenace/articulos/cenace-informa-sobre-las-interrupci ones-del-servicio-electrico-a-usuarios-y-el-restablecimiento-en-el-nort e-del-pais-por-frente-frio-no-35

Federación, D. O. (28 de agosto de 2014). Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía. Obtenido de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357927&fecha=28/08/2014

Notas

1 Comisión Federal de Electricidad “Interrupción del suministro eléctrico por déficit de generación” recuperado de: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2109 revisión hecha el 17 de febrero de 2021.

2 Centro Nacional de Control de Energía “Cenace informa sobre las interrupciones del servicio eléctrico a usuarios y el restablecimiento en el norte del país por frente frío No. 35” recuperado de: https://www.gob.mx/cenace/articulos/cenace-informa-sobre-las-interrupci ones-del-servicio-electrico-a-usuarios-y-el-restablecimiento-en-el-nort e-del-pais-por-frente-frio-no-35 revisión hecha el 17 de febrero de 2021.

3 Ley de la Comisión Federal De Electricidad

4 Centro Nacional de Control de Energía “Plan Estratégico” 2017-2021 recuperado de: http://www.cenace.gob.mx/Docs/Transparencia/Plan_Estrategico_2017-2021. pdf revisión hecha el 17 de febrero de 2021.

5 Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357927&fecha=28/08/2014 revisión hecha el 17 de febrero de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tamaulipas a transparentar el uso de recursos y el avance físico-financiero de la construcción de la obra en Reynosa, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.i

La primera persona con Covid-19 en México se identificó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.ii

En México, la crisis que se vive en materia económica por la pandemia del Covid-19 es la “más profunda que cualquiera que hayamos vivido”, es entonces que resulta cuestionable la construcción de obra de ornato en el Municipio de Reynosa en el estado de Tamaulipas, como lo son las estructuras de los puentes vehiculares, y más aún que logre “beneficiar” como se dice a todo Reynosa.iii

¿Cómo beneficia? ¿Dará empleo? ¿Ofrecerá alimentos de la canasta básica? ¿Cura el Coronavirus? ¿Fortalece el tejido social? ¿Ayuda a la salud, a la educación? Indiscutiblemente que es un rotundo no a todas estas preguntas, la millonaria obra de construcción de estructuras en los puentes vehiculares en calle Herón Ramírez y San Luis no ofrecen ningún tipo de beneficio.iv

La obra de aproximadamente casi doce millones de pesos es dinero desperdiciado ante una población descontenta por la falta de apoyos del Ejecutivo del gobierno de Tamaulipas, doce millones de pesos que bien pudieron destinarse en acciones sociales para miles de reynosenses que en estos momentos necesitan en verdad de alimentos y cobijas, no una construcción sin objeto.v

Es entonces, que esta obra que supuestamente va a beneficiar a aproximadamente 650,000 personas, con esos 12 millones de pesos se pudieron comprar medicinas, cobijas, alimento en vez de una obra vana, hay más prioridades.vi

El artículo 134 de nuestra Constitución Política, establece a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Resulta evidente que el gobernador privilegió su agenda personal, por encima de las necesidades y principales problemas que actualmente aquejan a todos los tamaulipecos, sobre todo, en materia del patrimonio de la población.

El ejercicio de los recursos públicos debe realizarse con transparencia, eficiencia y eficacia, con el objeto de recuperar la credibilidad en las instituciones, las autoridades y los funcionarios en sus diferentes niveles, en beneficio de los ciudadanos.

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son componentes inherentes a la gobernabilidad democrática, de allí la pertinencia del presente punto de acuerdo.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que el Ejecutivo del estado de Tamaulipas y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tamaulipas, transparenten la construcción, el uso de recursos y el avance físico y financiero de la construcción de la nueva obra.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se transparente la construcción, el uso de recursos y el avance físico y financiero de la construcción de la nueva obra, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo del estado de Tamaulipas y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tamaulipas, a transparentar la construcción, el uso de recursos y el avance físico y financiero de la construcción de la nueva obra en el Municipio de Reynosa, del estado de Tamaulipas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo del estado de Tamaulipas, para que en el marco de sus facultades y obligaciones, transparente el proceso de licitación pública mediante el cual resultó favorecida la obra.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo del estado de Tamaulipas, para que haga pública la información detallada respecto al uso y destino que tiene contemplado darle a dicha obra, y la manera en que habrá de rendir cuentas periódicamente a la sociedad en esta materia.

Notas:

i. Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.

ii. Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.

iii. Por Editor-2, Obra de adorno ¡¿Beneficiados 650,000 ciudadanos?! – Periódico Valle Del Norte, consultado por última vez el 19 de febrero de 2021 en

valledelnorte.com.mx/sitio/2021/02/16/obra-de-adorno-ben eficiados-650000-ciudadanos/

iv. Ibídem.

v. Ibídem.

vi. Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2021.

Diputada Nohemí Alemán Hernández

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMPI a implantar una campaña de difusión contra el fraude cibernético en materia de marcas registradas; y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, a suspender de inmediato como medida cautelar las cuentas bancarias de personas relacionadas con ese ilícito, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo Flores Suárez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 19 de octubre de 2016, El Economista publicó un reportaje de Oliver Galindo Ávila, titulado: Engañan y se embolsan $366 millones, en los términos siguientes:

“Desde hace varios años ha proliferado en México un esquema que lucra mediante la utilización de los datos personales de quienes registran marcas y patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La argucia tiene diversas variantes y una de ellas consiste en enviarle a los dueños de marcas registradas cartas con apariencia de facturas o formatos de pago en donde, a cambio de 9 mil 850 pesos, se ofrece publicar su marca en internet. En la misiva se afirma que dicha publicación sirve para evitar la caducidad del registro, pues constituye una prueba privada del uso apto del signo distintivo.

Aunque en principio pareciera que ninguna persona estaría dispuesta a pagar casi 10 mil pesos por una publicación en internet sin valor oficial, el esquema funciona gracias a las reglas de la estadística. Las cartas se envían masivamente y aun cuando sólo un pequeño porcentaje de los titulares paga, la ganancia es monumental.

Y es que este tipo de comunicados toma por sorpresa a algunas empresas que, pensando que se trata de una factura de su despacho de abogados o de un cobro oficial, remiten el documento directamente a sus áreas de contabilidad para que realicen el pago. En otros casos, ante el desconocimiento de la materia, surge una duda razonable en el destinatario, quien prefiere pagar y evitar el riesgo de perder su registro por caducidad.

Lo cierto es que, bajo los criterios judiciales en materia marcaria, una publicación de este tipo carece de relevancia legal y no evita por sí misma la caducidad del registro de marca, pues no demuestra la presencia del producto o servicio en el mercado. De hecho, el propio IMPI ya tiene una base de datos publicada en internet donde aparecen todas las marcas registradas y los datos de sus titulares; muy probablemente de allí se extraen los datos de las personas que reciben las cartas. Adicionalmente, el instituto publica mensualmente una gaceta impresa en la que hace del conocimiento del público en general, todos los derechos de propiedad industrial que otorga.

Una de las empresas que envían estas cartas, es la sociedad panameña denominada Trademark International Index Corp ., cuyo sitio de internet es www.trademarkinternationalindex.org. En su base de datos se observan actualmente 37 mil 174 marcas publicadas en internet, lo que equivale aproximadamente a 3.7 por ciento de los registros de marca vigentes en México, pero si consideramos que cada publicación tiene un costo de 9 mil 850 pesos, estamos hablando de un ingreso de 366 millones 163 mil 900 de pesos.

...

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Enganan-y-se-em bolsan-366-millones-20161020-0002.html

2. De acuerdo con este esquema se encuentra el portal denominado Madimex, marcas y distintivos de México, que mediante solicitudes vía correo electrónico ofrece servicios por internet de publicación de marcas por periodos de entre 12 y 24 meses en el citado portal www.madimex.org e-mail: portal@madimex.org por la cantidad de 7 mil 983 pesos con los siguientes datos bancarios:

Banco BBVA
Sucursal: 3779

Número de cuenta: 0115492521
Clabe: 012580001154925218

Nombre del cliente / cuenta habiente: Portal de marcas y distintivos de México, SAS de CV.

3. Ante la proliferación de invitaciones fraudulentas a las propietarias y propietarios de marcas en México, firmas de abogados como AN–KI Abogados a través de Facebook , han alertado a la población sobre el fraude contra las personas propietarias de una marca, en los términos siguientes:

Fraude contra propietarios de marca

La empresa Madimex y World Patent & Trademark Agency mediante solicitudes engaña a los propietarios de marcas proporcionando un servicio de publicación de su marca.

Dicho trámite no es de carácter obligatorio, tampoco es emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y por ende no es requisito indispensable para la conservación de su marca.

Procura evitar caer en este tipo de engaños, y si tienes dudas sobre algún documento que llegue a tu domicilio con las mismas características y requiriendo un pago para salvar tu marca, contacta de inmediato a tu abogado en propiedad intelectual antes de efectuar cualquier depósito.

Fecha de publicación: 1 y 3 de enero de 2020.

4. En este marco, es necesario enfatizar que los servicios ofrecidos en los portales mencionados no son de carácter obligatorio, tampoco condicionan la vigencia de una marca y mucho menos, constituyen prueba plena para declarar el uso real y efectivo de las marcas.

5. En términos del artículo 237 de la Ley Federal de la Propiedad Industrial (LIMPI), cualquier marca registrada a partir del 10 de agosto de 2018, debe usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Su titular debe declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente. La declaración debe presentarse ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI) durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

6. Ahora bien, tratándose de los registros de marcas o avisos comerciales y los efectos de publicación de los nombres comerciales, otorgados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, conservarán su vigencia y, en su oportunidad, deberán renovar el título conforme a lo dispuesto en el artículo 237 y quedan exentos de presentar ante el IMPI la declaración de uso real y efectivo de la marca cada tres años. Lo anterior, de conformidad con el artículo décimo primero transitorio de la ley del IMPI.

7. Ante el incremento de esta actividad delincuencial, estoy convencido que es urgente que el IMPI en su carácter de autoridad administrativa garante de la protección industrial en México y de la prevención de actos que atenten contra la propiedad industrial, debe diseñar una campaña intensiva contra el delito fraude cibernético en materia marcas registradas en México antes y después del 10 de agosto de 2018, con el objeto de incentivar la cultura de la denuncia de portales web o seudo empresas que a diario atentan contra el patrimonio de miles de empresas que contribuyen al desarrollo de la actividad económica de nuestro país, y dicho organismo pueda contar con elementos suficientes para dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e inicie como medida cautelar el bloqueo de cuentas bancarias de personas relacionadas con este ilícito y el propósito que éstas no puedan realizar ningún acto, operación o servicio con las entidades del sistema financiero.

Por lo expuesto, se propone el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para que en el marco de sus atribuciones, implemente una campaña de difusión contra el delito de fraude cibernético en materia de marcas registradas en México.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones, suspenda de manera inmediata como medida cautelar las cuentas bancarias de las personas relacionadas con este ilícito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado Ricardo Flores Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a incluir los museos y centros de ciencia y tecnología en sus planes de retorno, incorporación y reactivación económica ante la contingencia sanitaria por el SARS-Cov2, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamentos en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 27 el derecho que tiene toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten1 . Por su parte, el Protocolo de San Salvador señala que los Estados Parte deben reconocer el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico2 .

En noviembre de 2015, la Organización de la Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) emitió una recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su función en la sociedad3 . Esa recomendación reconoce que los museos participan en la economía del turismo y en proyectos productivos que contribuyen a la calidad de vida de las comunidades y regiones en las que están situados.

Esa recomendación afirma que los museos pueden mejorar la integración social de las poblaciones vulnerables, fomentar principios de los instrumentos internacionales para la protección y promoción del patrimonio cultural y natural, y promover el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género. De igual forma, pueden ser espacios de reflexión y debate sobre cuestiones históricas, sociales, culturales y científicas.

La reforma a la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permitió establecer como derecho humano el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Esa misma reforma establece que El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2019, los 1177 museos existentes en México atendieron a más de 62 millones de personas; asimismo, el INEGI señala que los principales motivos por los que las personas acuden a los museos son: cultura general con 23.1%, aprender (17.4%) y para conocer la exposición (15.4%)4

El 23 marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en México 5 Las medidas implementadas por ese acuerdo ocasionaron los gobiernos de las Entidades Federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, instrumentaran planes que garantizaran la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Lo anterior ocasionó que museos y centros interactivos de ciencia y tecnología dejaran de prestar sus servicios al ser espacios cerrados con aglomeraciones. Por su naturaleza, dejaron atender a amplios sectores de la sociedad, incluidos las niñas, los niños y los jóvenes que forman parte del Sistema Educativo Nacional.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió disposiciones generales para el retorno e incorporación a la Nueva Normalidad ante la contingencia sanitaria por el SARS-CoV2 (Covid-19), mediante los cuales se establecieron protocolos y acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria para al personal del Instituto, en todas las formas de contratación, a los estudiantes de las escuelas del INAH, a los visitantes de zonas arqueológicas y museos, a los usuarios de servicios, proveedores, y a quienes acuden para atención de trámites institucionales6

Sin embargo, los museos operados por el INAH apenas representan el 13.5% del total nacional. Es decir, más de mil museos no han podido reabrir al público en general debido a que no pueden por sí mismos, establecer protocolos y acciones para el retorno de sus actividades ya que dependen de las normas que emitan los Gobiernos de las Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Por ejemplo, el Papalote Museo del Niño ” se encuentra, de acuerdo con sus directivos, en riesgo de cerrar de forma permanente. Para tratar de atenuar esa situación, ese museo realiza una campaña para que la población ayude, mediante aportes económicos7 , al sostenimiento de la infraestructura y del personal que allí labora.

Para revertir la situación que atraviesa a museos y centros de ciencia y tecnología, se requiere del apoyo de las autoridades locales para que se implementen medidas para el retorno de sus actividades.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las treinta y dos entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, incluyan a los museos y centros de ciencia y tecnología en sus planes de retorno, incorporación y de reactivación económica ante la contingencia sanitaria por el SARS-CoV2 (Covid-19).

Notas:

1. Noticias ONU (2018) Artículo 27: Derecho a la vida cultural, artística y científica. Disponible en:

https://news.un.org/es/story/2018/12/1447531

2. OEA (1988). Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo De San Salvador” Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html

3. UNESCO (2015) Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su función en la sociedad. Disponible en:

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=49357&URL_D O=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

4. INEGI (2020) Estadística de museos 2019. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/museos/doc/museos_2019_nota_tecnica.pdf

5. DOF (2020) ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México. Disponible en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&f echa=23/03/2020

6. INAH (2020) Plan de retorno e incorporación del INAH a la Nueva Normalidad. Disponible en:

https://www.inah.gob.mx/pdf/9201

7. El Financiero (2021) Papalote Museo del Niño dice que está en riesgo de desaparecer por la pandemia. Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
papalote-museo-del-nino-dice-que-esta-en-riesgo-de-desaparecer-por-la-pandemia

Palacio Legislativo de San Lázaro al veintitrés del mes de febrero del 2021

Diputada María Marivel Solís Barrera

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Sener, la CFE y el Cenace para que hagan de conocimiento público el efecto económico de los cortes de electricidad el 14 de febrero de 2021, resuelvan de inmediato el problema de suministro y cancelen los cortes rotativos de energía en las regiones del norte, occidente y oriente, suscrito por los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Saraí Núñez Cerón, Adolfo Torres Ramírez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Energía, al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al titular del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), haga del conocimiento público el impacto económico que generaron los cortes de energía eléctrica el pasado 14 de febrero de 2021 y resuelva inmediatamente el problema de suministro eléctrico, asimismo, se cancelen los cortes rotativos de energía eléctrica en las regiones del norte y hasta occidente y oriente del país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El día de hoy, 15 de febrero de 2021, en un comunicado de prensa 01/2021 del propio Cenace declaró estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) tras haber sido notificado por las empresas productivas subsidiarias de generación de la CFE y menciona que habrá interrupciones del servicio eléctrico a usuarios y el restablecimiento en el norte del país por frente frío número 35.

El comunicado lo cito textual:

“Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021. A consecuencia del frente frío número 35 en el norte del país y ante las posibles afectaciones al suministro y disponibilidad de gas natural proveniente de Estados Unidos de América (EUA) en unidades de centrales eléctricas ubicadas en esa región, el pasado 13 de febrero, el Cenace declaró estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) tras haber sido notificado por las empresas productivas subsidiarias de generación de la CFE.

Este 15 de febrero a las 6:19 horas se afectaron 420 megavatios (MW) de carga por la operación de esquemas de protección del sistema, restableciéndose el cien por ciento a las 6:21 horas por la salida de una línea de transmisión y el alto flujo de energía eléctrica del sur al norte.

Estos eventos causaron un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país provocando una afectación de 6 mil 524 MW de carga.

El proceso de restablecimiento de carga se inició a las 7:51 horas.

Además, a través de redes sociales, el Cenace solicitó a la población de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas su apoyo en la reducción del uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria, ya que la suma de estas acciones coadyuva a la seguridad y continuidad del suministro eléctrico ante la contingencia actual.

A las 12:00 horas se reporta la recuperación de 58 por ciento de la carga afectada en el norte del país.

Finalmente, es preciso reiterar que el Cenace continúa realizando el proceso de restablecimiento de manera conjunta con CFE Transmisión, CFE Distribución, Generadores Participantes del Mercado y demás integrantes de la industria eléctrica.

Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas adversas por las bajas de temperatura se han afectado equipos eléctricos y se ha demorado el restablecimiento.

El Cenace seguirá informando por medio de sus canales oficiales sobre este restablecimiento.1

Es inaudito que este gobierno no tengan la pericia suficiente para poder resolver estos tipos de problemas si es de conocimiento público que México utiliza el gas para generar alrededor de 60 por ciento de su energía, comparado con 40 por ciento de EUA.

México construyó gasoductos para aprovechar el gas natural barato de EUA, que a menudo se obtiene a través de la fracturación hidráulica en Texas, pero México no permite dicha técnica en su territorio.

El gobierno justifica su ineptitud por los alto flujos de energía eléctrica entre las regiones del sur y norte del país, ocasionado por las salidas de centrales eléctricas de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión. Este apagón afectó a más de 4.7 millones de personas usuarios de la luz.

Tenemos que tener en claro que sin luz se afecta al sector primario, empresas, hospitales, centros de seguridad y emergencias, escuelas en línea, bancos, agua, entre otros, hoy en día el internet, telefonía fija y móvil así como televisión por cable.

Como lo menciona el reportaje de Proceso que dice:

“En tanto, 90 por ciento de usuarios de Megacable señalan problemas con su internet y nueve por ciento con televisión desde las 7 de la mañana. Las afectaciones se han reportado en Hermosillo, Torreón, Guadalajara y Colima.”

De acuerdo con el periódico El Universal , Telcel informó que la intermitencia en los servicios de celular se debió a la falta de energía eléctrica.2

Porque la propia Cenace tiene los registros actualizados de la demanda de consumo eléctrico porque no puede prever estos apagones de energía tal y como lo muestra los siguientes datos el propio Cenace:

Una vez más la falta de coordinación entre los titulares de la CFE y la Cenace es un nuevo motivo de vergüenza para la CFE que es una empresa reconocida a nivel mundial, esto ocasionado por la incompetencia de su director general Manuel Bartlett y de Carlos Meléndez, nuevo titular del Cenace.

Por lo antes fundado y motivado, nos permitimos someter a la elevada consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Energía, al titular de la Comisión Federal de Electricidad y al titular del Centro Nacional de Control de Energía, hagan del conocimiento público el impacto económico que generaron los cortes de energía eléctrica el pasado 14 de febrero de 2021 y resuelva inmediatamente el problema de suministro eléctrico, asimismo, se cancelen los cortes rotativos de energía eléctrica en las regiones del norte y hasta occidente y oriente del país.

Notas

1 Comunicado de prensa 01/2021, 15 de febrero de 2021 Centro Nacional de Control de Energía, extraído el día 15 de febrero de 2021 de la página Web: https://www.gob.mx/cenace/articulos/cenace-informa-sobre-las-interrupci ones-del-servicio-electrico-a-usuarios-y-el-restablecimiento-en-el-nort e-del-pais-por-frente-frio-no-35

2 Reportan caídas en Telcel, Megacable, Izzi y Telmex tras macroapagón en el norte,
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/15/reportan-caidas-en-telcel-megacable-izzi-telmex
-tras-macroapagon-en-el-norte-258291.html?fbclid=IwAR0yZddxxzTyYDaY7zBa2KM7O21KIf1gqV-
YMEl6soMia2oxTc5Txu65FSM

3 https://www.cenace.gob.mx/GraficaDemanda.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputados:

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Conafor a impulsar con el gobierno de Puebla un programa de prevención y contención de incendios forestales, así como una campaña informativa de toma de conciencia para la ciudadanía sobre las medidas oportunas de preservación y cuidado del ambiente en la temporada de incendios en la entidad, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Claudia Báez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primero. - Los incendios forestales son la propagación libre y no programada del fuego sobre la vegetación en los bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas. El combustible es el factor principal que determina la magnitud del mismo. En la República Mexicana hay dos temporadas de incendios forestales, la primera inicia en el mes de enero y concluye en el mes de junio, en el norte, noreste, centro, sur, sureste del país. La segunda comienza en mayo y concluye en septiembre, en el noreste.

Durante el año 2020 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal informaron que entre el 1º de enero al 23 de julio de 2020, en México se registraron 5 mil 473 incendios forestales con afectación a una superficie de 305 mil 474 hectáreas, en su mayoría pastos y matorrales.1

Las causas de incendios que se tienen hasta el momento continúan siendo por actividades del ser humano entre las cuales destacan las actividades ilícitas (27%), agrícolas (27%), desconocidas (13%), pecuarias (9%), fogatas (9%) entre otras.

Las consecuencias que trae un incendio forestal son devastadoras y es de suma importancia impulsar acciones a fin de evitar que sucesos de esta naturaleza se sigan generando, a fin de:

• Evita perder suelo, como consecuencia de la devastación de la cobertura vegetal expuesta a la erosión generada por viento y lluvia.

• Contrarrestar la destrucción del hábitat de la fauna silvestre.

• Ayudar a conservar plantas que generan oxígeno.

• Disminuir el efecto invernadero en la atmósfera terrestre por la emisión de carbono y otros elementos nocivos al medio ambiente.

• Destruir grandes volúmenes de madera que impacta al medio ambiente y en algunos casos al detrimento económico de las comunidades.2

Entre el 1 de enero y el 18 de junio del 2020, en el estado de Puebla se registraron 252 incendios forestales, con lo que la entidad se mantuvo en el sexto lugar nacional, según el reporte de la Comisión Nacional Forestal, con una superficie afectada de 10 mil 562 hectáreas En el lapso mencionado se han registraron 4 mil 969 incendios forestales en todo el país, de los cuales el 5.07 por ciento ocurrió en territorio poblano. Mientras que, de las 255 mil 883 hectáreas forestales consumidas por el fuego en ese año, el 4.12 por ciento se encuentra en el estado de Puebla. Durante 2019 esa entidad federativa cerró con 353 incendios forestales y 18 mil 727 hectáreas siniestradas por las llamas.3

Para el año 2021 El estado de Puebla ya ocupa la posición cinco a nivel nacional con más incendios forestales registrados del 1 al 28 de enero de 2021, al acumular nueve siniestros, por lo que concentró el 4.3 por ciento de los 208 eventos registrados de los cuales 15 hectáreas afectadas por los incendios eran de tipo herbáceo, 2 hectáreas de tipo arbustivo. Para el combate de los incendios, la Conafor empleo diez días en el estado.4

La Conafor estimo que para este año se espera que la cifra sea similar de daños e incendios forestales, ya que hay pronósticos de que haya una fuerte temporada de sequía. Aseguró que se tiene contemplado que durante este año se presenten las mismas condiciones de sequía e incendios que en 2020. Los primeros incendios en Puebla se han registrado principalmente en Tepatlaxco de Hidalgo, Acajete y Chinautla, así como zonas de la parte centro de Puebla.5

Los incendios forestales se pueden prevenir si implementa un programa de contención y de información en las zonas susceptibles de ser impactadas por un incendio forestal, por lo que es indispensable actuar de manera oportuna supervisando e instando a la población que se reporte inmediatamente cualquier suceso de esta naturaleza. Los incendios se pueden evitar si promueve una cultura de protección al medio ambiente incitando a la gente para evitar arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos, no tirar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible. no enciendas fogatas, en caso de identificar restos de fogatas, extinguirlos con agua y tierra. En terrenos forestales, pastizales y zonas rurales evitar el uso de maquinaria y el tránsito de vehículos que emitan chispas, vigilar que en los predios no se acumulen materiales que pudieran servir como combustible para la generación de incendios.6

Por lo expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con el Gobierno del estado de Puebla impulsen un programa de prevención y de contención contra los incendios forestales, así como una campaña informativa de concientización para la ciudadanía sobre las medidas oportunas de preservación y cuidado del medio ambiente, en temporada de sequía.

Notas:

1. https://www.gob.mx/conafor/prensa/situacion-de-incendios-forestales-en- mexico-al-23-de-julio

2. https://www.gob.mx/cenapred/articulos/por-que-es-importante-evitar-los- incendios-forestales

3. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/incendios-forestales-hecta reas-conafor/

4. https://www.angulo7.com.mx/2021/02/01/con-9-incendios-forestales-en-ene ro-puebla-se-ubica-en-top-10-nacional/

5. https://www.inforural.com.mx/pronostica-conafor-sequia-e-incendios-fore stales-en-puebla-durante-2021/

6. https://www.gob.mx/cenapred/articulos/en-mexico-tenemos-dos-temporadas- de-incendios-forestales?idiom=es

Dado en la Honorable Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de febrero de 2021.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a fortalecer y ampliar el espectro de la campaña informativa y de difusión masiva para hacer del conocimiento de instituciones privadas y públicas, así como de la ciudadanía, que la vigencia de la credencial con vencimiento en 2019 y 2020 se amplió y ésta puede seguir utilizándose como identificación hasta el 6 de junio y servirá en la jornada de este año, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Consideraciones

El 7 de septiembre de 2020 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo inicial con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021, el cual implicará la renovación más grande de cargos populares en la historia del país y en el que se pondrán a disputa más de 20 mil cargos de elección con voto directo de la ciudadanía, tanto a nivel federal como a nivel local.

De manera preliminar se prevé que aproximadamente 95 millones de mexicanos estén en posibilidades de poder acudir a la casilla el 6 de junio de este año y poder emitir su voto.

Datos del INE apuntan a que instalarán 164.550 casillas, casi 8.000 más que en 2018 y también se visitará a 12 millones de ciudadanos en sus domicilios con el fin de reclutarlos y nombrar a cerca de 1,5 millones que fungirán como funcionarios de casilla.

Además de ser un gran reto por ser considerada la elección más grande jamás realizada en el país por el número de cargos, la organización de este proceso electoral también implica otro reto, incentivar la participación ciudadana en medio de una pandemia que ha desgastado los ánimos, así como el interés de las y los mexicanos de participar en este proceso electoral.

Con fecha 22 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo INE/CG284/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que las credenciales para votar que perdieron vigencia el 1º de enero de 2020 y no han sido renovadas, continúen vigentes hasta el 6 de junio de 2021, con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, Covid-19. Y que las mismas puedan seguir siendo útiles para identificarse ante cualquier trámite hasta el 6 de junio de 2021 y también servirán para votar en la jornada electoral.

El Acuerdo señala:

“Se aprueba que las Credenciales para Votar que perdieron vigencia el 1º de enero de 2020 y no han sido renovadas, continúen vigentes hasta el 6 de junio de 2021, con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, Covid-19, incluyendo los Procesos Electorales Locales 2019-2020.”

“Se instruye a las áreas competentes de este Instituto para que, en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a realizar la difusión necesaria a fin de informar a la ciudadanía, así como a las instituciones públicas y privadas ante las cuales las y los ciudadanos realizan diversos trámites, que las Credenciales para Votar con vigencia al año 2019 en su mica, continuarán vigentes hasta el 6 de junio de 2021 y podrán ser utilizadas como instrumento para votar y como medio de identificación.”

No obstante lo anterior la falta de conocimiento de dicho acuerdo ha hecho que las instituciones financieras, privadas y en algunos casos públicas nieguen los servicios, o no den continuidad a los trámites argumentando que las credenciales con vigencia hasta 2019 y 2020 ya no son válidas por desconocimiento de los acuerdos aprobados por el INE.

Un ejemplo claro es la negativa reiterada en los bancos de proporcionar servicios financieros a cuentahabientes o usuarios, argumentando que las credenciales 2019 y 2020 ya no son vigentes y que ya no son válidas para realizar trámites negando el servicio.

Aunado a lo anterior es de mencionar que el día 10 de febrero concluyo el plazo para darse de alta por primera vez en el padrón y para actualizar la información de los ciudadanos.

El desconocimiento del acuerdo emitido por el INE y en el cual ampliaba la vigencia de las credenciales 2019 y 2020, llevo a que en los módulos hubiera largas filas el último día para realizar el trámite poniendo en riesgo por la alta concentración de personas.

Un solo ejemplo se dio en los Módulos del Instituto Nacional Electoral ubicados en la Ciudad de México registran largas filas de ciudadanos para tramitar su credencial.1

Aunado a lo anterior resulta indispensable, para fortalecer la participación en el proceso electoral, que la ciudadanía tenga conocimiento de que si su credencial tiene vigencia 2019 y 2020 la misma puede seguir siendo utilizada como identificación y la misma podrá ser utilizada para votar.

Lo anterior resulta relevante no sólo para dar tranquilidad a las y los electores que tengan este tipo de Credenciales para Votar, sino también para que conozcan que, una vez concluida la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, estas credenciales perderán vigencia y ya no podrán servir como identificación oficial ni para emitir el voto en elecciones después del 6 de junio.

Es entonces que resulta necesario requerir al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca y amplié el espectro de la campaña informativa y de difusión masiva, para hacer del conocimiento a instituciones privadas y públicas, así como de la ciudadanía que la vigencia de la credencial para votar con vencimiento en los años 2019 y 2020 se amplió y pueden seguir siendo utilizadas como identificación hasta el 6 de junio y servirán para votar en la jornada electoral de este año.

Por lo expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca y amplié el espectro de la campaña informativa y de difusión masiva, para hacer del conocimiento a instituciones privadas y públicas, así como de la ciudadanía que la vigencia de la credencial para votar con vencimiento en los años 2019 y 2020 se amplió y pueden seguir siendo utilizadas como identificación hasta el 6 de junio y servirán para votar en la jornada electoral de este año.

Nota:

1. https://www.milenio.com/politica/ine-ciudadanos-largas-filas-cdmx-trami tar-credencial

Dado en la Honorable Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de febrero de 2021.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco y Pemex a llevar a cabo un operativo conjunto de verificación de estaciones de servicio de gasolina y gas para sancionar a quien comercialice combustible en sus diversas modalidades de origen ilícito en Puebla, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Claudia Báez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

La falta de atención de los anteriores gobiernos permitió durante muchos años que grupos delincuenciales muy bien organizados robaran de manera sistemática el combustible que circula por los diversos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), mismos que atraviesan por territorio nacional, mediante perforaciones rusticas, que han causado diversas desgracias y que mermaron durante mucho tiempo los ingresos de la hacienda pública. Aunado a lo anterior, otra vía recurrente para el hurto de combustible, era el robo recurrente de carro tanques completos cargados de combustible.1

Las bandas delincuenciales no actuaban solas, en muchos casos contaban con la complicidad interna de funcionarios en las refinerías y terminales de Pemex.

Cabe mencionar que el combustible robado de la infraestructura de Pemex, tiene un mercado de menudeo a través de oferta directa a personas que necesitan el combustible, llámese gasolina o diesel en pequeñas cantidades, así como al mayoreo, mediante venta directa del combustible robado a gasolineras y empresas que comercializan y usan los derivados en grandes cantidades.

En diciembre de 2018 el Presidente de la república anuncio un plan emergente contra el robo y extracción de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos, extracción que se estimaba, en aquel entonces, en 58 mil 200 barriles cada 24 horas, lo que suponía una pérdida para la hacienda pública de aproximadamente 200 millones de pesos diarios.

Esta guerra contra el llamado “huachicol” trajo buenos resultados como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su informe matutino en el mes de septiembre de 2020en el cual ha informado que, por el combate al robo de combustibles, desde el inicio de su administración a la fecha, se ha ahorrado alrededor de 100 mil millones de pesos. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que esta cifra ha representado 163 millones de pesos diarios en ahorro, recursos que, destacó, son canalizados a las pensiones para adultos mayores y para otros programas sociales del gobierno federal.2

No obstante, lo anterior, y a fin de continuar con la bandera que ha enarbolado el ejecutivo federal de combate a la delincuencia organizada dedicada al robo de combustible, resulta necesario un trabajo coordinado de las diversas instancias de verificar y hacer valer la ley a fin de reforzar las medidas que inhiban estas conductas ilícitas.

Un caso particular es el estado de Puebla donde la delincuencia organizada sigue buscando formas de delinquir perforando ductos de Pemex para extraer la diversidad de combustible en sus distintas modalidades.

Ejemplo claro fue el hecho suscitado el día 5 de febrero del presente año, cuando una fuga de gas provocada por una toma clandestina en un ducto de Pemex, obligó a la evacuación de al menos 500 personas en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.3

Aunado a lo anterior es del conocimiento público que diversas estaciones de servicio de despacho de combustible en el estado de Puebla, en sus diversas modalidades siguen ofertando combustible de dudosa procedencia.

El pasado 8 de febrero el propio gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta insto a la Profeco y a Pemex, a llevar acciones contundentes contra las empresas gasolineras y gaseras que comercializan con combustible de dudosa procedencia. En rueda de prensa, el mandatario estatal manifestó que el combustible ilegal se comercializa en las gasolineras y gaseras, por lo que quien debe verificar dicha actividad son ambas dependencias federales.4

Por todo lo anterior resulta necesario hacer un llamado respetuoso a la Procuraduría Federal del Consumidor y a Petróleos Mexicanos para que en coordinación implementen un programa de seguimiento y combate frontal contra la venta de combustible ilegal y lleven a cabo operativos de verificación de estaciones de servicio de gasolina y de gas, a fin de sancionar a quien comercialice con combustible ilegal, en el estado de Puebla

Por lo expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a Petróleos Mexicanos para que en coordinación y en apego a sus facultades y atribuciones lleven a cabo un operativo conjunto de verificación de estaciones de servicio de venta de combustible en sus diversas modalidades, a fin de sancionar a quien comercialice con gasolina, diesel o gas de origen ilícito, en el estado de Puebla.

Notas:

1. https://politica.expansion.mx/mexico/2019/01/12/como-comenzo-y-por-que- hay-tanto-robo-de-combustible-en-mexico

2. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-por-combate-al-huachicol-hem os-ahorrado-mas-de-100-mmdp

3. https://www.eluniversal.com.mx/estados/
evacuan-500-personas-por-fuga-de-gas-por-toma-clandestina-en-san-martin-texmelucan

4. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/
barbosa-insta-a-profeco-y-a-pemex-a-revisar-gasolineras-que-venden-huachicol/

Dado en la Honorable Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de febrero de 2021

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Zacatecas a ampliar el plazo para regularizar motocicletas del programa Lo Legal y realizar una campaña de información ciudadana, a cargo del diputado Óscar Rafael Novella Macías, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Federal, Oscar Rafael Novella Macías, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3 y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del estado Libre y Soberano de Zacatecas, a que amplíe el plazo previsto en el programa denominado “Lo legal”, a fin de que los propietarios y usuarios de motocicletas regularicen su situación legal; y para que inicie una campaña de difusión sobre los objetivos del programa “Lo legal”, a fin de sensibilizar a la ciudadanía para que regularice la situación legal de sus motocicletas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El gobierno del estado de Zacatecas implementó en el año 2019, el programa llamado “Lo legal”, para que todo propietario de motocicletas pudiera regularizar su documentación y el pago de adeudos, para tal efecto se dio un plazo que venció en diciembre de ese mismo año. El programa también tiene como finalidad supervisar a través de la Dirección de Policía Vial que los conductores de motocicletas cumplan con los lineamientos que señala la ley y el reglamento de tránsito.

Es en ese contexto que, para tal efecto se implementaron filtros de revisión en puntos estratégicos teniendo como principio las cero tolerancias a motociclistas y acompañantes que no usen casco de seguridad, sobrecupo y que no presenten la documentación en regla, como, por ejemplo, la portación de licencia de conducir.

Los objetivos fundamentales del programa “Lo legal” consisten en combatir la delincuencia, prevenir accidentes viales, fomentar la participación ciudadana y brindar certeza jurídica a los dueños de motocicletas.

“Lo legal”, es para invitar a los usuarios de motocicletas a regularizar su situación, en palabras de las autoridades las motocicletas son una constante en la mayor parte de los homicidios dolosos cometidos en el estado de Zacatecas.

El último trimestre del año 2019, fue el plazo que se dio para que se regularizara la situación legal de las motocicletas por la cantidad de quinientos pesos, no obstante, que se logró la regularización de un importante número de estos vehículos, muchos otros siguen ilegales.

El titular de la Dirección de Policía de Seguridad Vialidad, Oswaldo Caldera, señaló que no habrá tolerancias durante la tercera etapa del programa “Lo legal”, explicó que por la pandemia habían sido tolerantes, para ayudar a la reactivación económica, pero que no se puede dejar a las motos sin regularizar.1

Se informó por parte de la Dirección de Policía que la última semana de enero se revisaron 822 unidades, 274 motos aseguradas y 280 infracciones emitidas.

Respecto a este programa los usuarios de motocicletas se han manifestado que resulta arbitrario, pues con cualquier pretexto se despoja a los usuarios de su vehículo y posterior a esto les resulta excesivamente caro recuperar la moto, pues es oneroso el pago de la grúa y de la multa, señalan que incluso la suma de las dos cosas es mayor al monto de regularizar una motocicleta.

Igualmente, han alzado la voz los usuarios porque su motocicleta resulta ser su medio de transporte e incluso su instrumento de trabajo, pues muchos de ellos son repartidores, que como sabemos el servicio que prestan ha cobrado auge durante la pandemia Covid-19.

Es en ese sentido, que solicitamos respetuosamente que se vuelva a brindar un plazo razonable para que los usuarios de motocicletas regularicen su unidad y que la misma Dirección de Policía Vial implemente una campaña para informar a los ciudadanos del programa “Lo legal”, para que cumplan con sus obligaciones de tener todos los documentos en regla y sus responsabilidades tributarias, antes de que les sea asegurada la motocicleta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado Libre y Soberano de Zacatecas, a que amplíe el plazo previsto en el programa denominado “Lo legal”, a fin de que los propietarios y usuarios de motocicletas regularicen su situación legal.

Segundo. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado Libre y Soberano de Zacatecas, para que inicie una campaña de difusión sobre los objetivos del programa “Lo legal”, a fin de sensibilizar a la ciudadanía para que regularice la situación legal de sus motocicletas.

Nota:

1. https://imagenzac.com.mx/capital/decomisaran-motos-que-no-esten-en-regl a/

Palacio legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021.

Diputado Oscar Rafael Novella Macías

Ivonne Liliana Álvarez García y Laura Barrera Fortoul (rúbricas) Saraí Núñez Cerón, Adolfo Torres Ramírez (rúbricas)

Efemérides

Con motivo de febrero, mes dedicado a la salud del hombre, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Durante el mes de febrero, todo el sector salud de nuestro país realizará una campaña de salud enfocada a promover la detección oportuna de padecimientos que afectan exclusivamente a los varones o que tienen una alta frecuencia entre ellos, promoviendo información sobre la prevención del cáncer de próstata y testículo, diabetes e hipertensión.

En nuestro país, el cáncer de testículo es considerado uno de los principales padecimientos entre hombres de entre 15 y 40 años. Se estima que 60% de los casos llegan a solicitar atención en etapas tardías, no obstante que este tipo de cáncer tiene una de las tasas más altas de curación con respecto a otros tipos de neoplasias.

Históricamente, las cifras de consultas y de atención de urgencias en los servicios de salud muestran menor asistencia de los hombres. En este sentido, la campaña busca reducir la renuencia de muchos varones para asistir a seguimientos médicos y de cuidado de la salud.

Febrero es el Mes de la Salud del Hombre. Este es un buen momento para que en todo el país hablemos más sobre el cuidado de salud de los hombres. Y también alentemos a todos los hombres –niños, jóvenes y adultos– a que tomen decisiones saludables para su vida, como hacer ejercicio y comer más saludablemente.

En México los hombres viven en promedio 5 años menos que las mujeres, por ello es importante trabajar para concienciar sobre la importancia de la salud masculina y alentar a los hombres que vivan vidas más largas y sanas. Hombre, diagnostícate a tiempo y vive sin preocupaciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados a los 23 días de febrero de 2021.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)