De la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, anual de trabajo referente al lapso septiembre de 2020-agosto de 2021)
Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2021.
1. Presentación
La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (Cocopa) es una instancia del Poder Legislativo Mexicano creada en 1995 para facilitar el diálogo y la conciliación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno mexicano, a fin de terminar con el conflicto armado iniciado en Chiapas en enero de 1994.
El fundamento legal de la Comisión Bicamaral es la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 1995. De acuerdo con el artículo 8o. de esa ley, la Comisión Bicamaral está integrada por los miembros de la comisión legislativa del Congreso para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del estado de Chiapas.
La Cocopa participó de manera conjunta con la entonces Comisión Nacional de Intermediación (Conai) en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, suscritos entre el EZLN y el gobierno federal, que se trató de un pacto social y político sobre los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, la Cocopa fue la encargada de retomar el contenido de los Acuerdos de San Andrés y convertirla en una propuesta de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena (conocida como “Iniciativa de la Cocopa” o “Ley Cocopa”); sin embargo, la propuesta legislativa fue aprobada con modificaciones por las Cámaras del Poder Legislativo federal en 2001.
En este sentido, a casi más de dos décadas de su creación, la Cocopa debe convertirse en una instancia legislativa de acción estratégica y de coadyuvancia que posibilite una salida al conflicto y que pueda dar cauce a las anteriores y nuevas demandas derivadas del levantamiento armado.
2. Fundamento legal
El programa anual de trabajo de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (septiembre de 2020-agosto de 2021) tiene su fundamento legal en el artículo 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como a nivel reglamentario en los numerales 161 y 213 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 133, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Senadores; y 6o. del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; en el que señala el procedimiento para la discusión y aprobación del programa de trabajo de la Comisión, así como la publicación en la Gaceta Parlamentaria y su difusión en medios electrónicos.
El programa anual de trabajo de la Cocopa será el eje rector de las actividades de esta comisión bicamaral, la cual será informada de manera anual y semestralmente, conforme a lo establecido en los artículos 45, numeral 6, inciso b) de la Ley Orgánica precitada y, 149, numeral 2, fracción XII del Reglamento referido.
3.·Integrantes
Presidente: diputado Alfredo Vázquez Vázquez, Morena
Senador José Erandi Bermúdez Méndez, PAN
Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, PVEM
Diputado María del Carmen Cabrera Lagunas, PES
Diputado Jorge Casarrubias Vázquez, PRD
Senadora Sasil de León Villard, PES
Senador Ángel García Yáñez, PRI
Diputado María Roselia Jiménez Pérez, PT
Diputado Javier Manzano Salazar, Morena
Diputado Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Morena
Senadora María Leonor Noyola Cervantes, PVEM
Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Morena
Diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, Movimiento Ciudadano
Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, Morena
Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, PRI
4.·Objetivo general
Las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación de la LXIV Legislatura asumen el compromiso de coadyuvar y de reactivar esta instancia legislativa a fin de generar condiciones que permitan alcanzar una paz duradera en el Estado de Chiapas y dé por finalizado el conflicto armado iniciado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Asimismo, comparten la preocupación de atender la problemática que se generó por el levantamiento armado y que involucra una serie de actores invisibilizados por décadas: familias indígenas y no indígenas desplazadas de sus lugares de origen; pequeños propietarios desplazados; los profesores indígenas que pertenecen al Programa Educativo Comunitario Indígena (PECI) que atienden municipios con alta marginación; la desmilitarización de los territorios zapatistas; los grupos paramilitares creados como respuesta al EZLN; y la delimitación territorial de la brecha lacandona –como uno de los conflictos añejos–, donde se busca prevalecer la paz social y duradera en la Zona Lacandona, puesto que se trata de delimitar territorios entre la zona señalada y la zona de Las Cañadas con presencia zapatista y adherentes del EZLN.
5.·Principales actividades de la comisión
• Celebrar reuniones ordinarias cuando menos una vez al mes a fin de dar respuesta a los asuntos o temas de competencia de la comisión.
• Celebrar reuniones de trabajo para dar seguimiento a los asuntos tratados en la comisión.
• Redactar el informe semestral y anual de las actividades de la comisión de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados.
• Convocar a los titulares de las secretarías de Estado o de instituciones de gobierno a reuniones de trabajo para solicitarles la coadyuvancia u opinión sobre los asuntos de la comisión:
• Realizar foros de debate, conferencias, investigaciones y estudios para visibilizar los problemas añejos derivados del conflicto armado.
• Trabajar de manera coordinada con otras comisiones ordinarias del Congreso de la Unión en los asuntos vinculados con esta comisión: derechos humanos, entre otros.
6. Situación actual de los pueblos indígenas de Chiapas y del conflicto armado
En nuestro país, previo a la constitucionalización de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en los años noventa, existe toda una lucha de organizaciones y movimientos indígenas que irrumpieron en América Latina durante finales del siglo pasado y que, pretenden reivindicar la libre determinación en sus diversas manifestaciones.
De tal modo que, para el caso mexicano, el reconocimiento de la diversidad cultural se dio por vez primera en el Convenio 169 de la OIT; meses después ello se reiteró con la insípida reforma constitucional indígena de 1992 y posteriormente en 2001, dentro del contexto del movimiento zapatista en Chiapas (1994) en el que no se reflejaron los Acuerdos de San Andrés suscritos por el gobierno mexicano y el EZLN.
A pesar de todo el entramado normativo constitucional y convencional en materia de derechos humanos y sobre pueblos indígenas, la situación de éstos no ha cambiado sustancialmente, pues existen constantes violaciones a sus derechos humanos, además de las ínfimas condiciones que tienen para el acceso a la justicia, como lo muestra el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México en 2018, el cual señala los problemas y desafíos que presentan los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos: derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada; conflictos territoriales; desplazamientos forzosos, criminalización, violencia, entre otros.1
En el caso de Chiapas, algunos de los principales problemas que aquejan a los pueblos indígenas son: protección de los recursos naturales frente a proyectos turísticos; la creación de áreas protegidas decretadas en territorios indígenas; proyectos de infraestructura sin consulta previa; falta de justicia de los sobrevivientes y familiares de la masacre de Acteal de 1997. Además, a esto se suman los problemas surgidos del conflicto armado del EZLN: desplazamientos de miembros de pueblos y comunidades indígenas, así como pequeños propietarios de la zona de conflicto; la regulación del Proyecto Educador Comunitario Indígena (PECI); la militarización de los territorios zapatistas, entre otros.
Por otro lado, hay que señalar que ya transcurrieron 27 años del surgimiento del movimiento armado, desde luego, actualmente bajo otras condiciones, pero en resistencia. A lo largo de los últimos años, el EZLN se ha transformado gradualmente y transitó de un movimiento armado hacia una resistencia civil y pacífica como su principal instrumento de lucha. Los tiempos han cambiado, ese movimiento social sufrió divisiones a su interior y hoy día mantiene un poder acotado en ciertos territorios del estado de Chiapas.
7·Líneas de acción
La reactivación de la Comisión de Concordia y Pacificación obedece a la coyuntura política del momento, puesto que existe la voluntad de coadyuvar en la atención de las demandas históricas y legítimas de los actores del conflicto armado, así como de visibilizar aquellos asuntos olvidados e ignorados en los últimos años, para ello se plantean las siguientes líneas de acción.
• Elaborar un diagnóstico sobre los derechos de los pueblos indígenas de Chiapas y la situación actual del movimiento armado.
• Retomar la agenda pendiente de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
• Visibilizar los problemas sociales surgidos a raíz del conflicto armado en Chiapas: familias indígenas y no indígenas desplazadas; pequeños propietarios desplazados; la regularización del Programa de Educación Indígena (PECI) integrado por docentes indígenas que prestan sus servicios en comunidades y locales de alta marginación en el estado; problemas agrarios, entre otros.
• Fortalecer el marco normativo de la Comisión acorde con la realidad política y social del estado de Chiapas, para ello, se plantea reformar la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas para ampliar sus atribuciones, objetivos y bases jurídicas.
• Intervenir en las iniciativas o proyectos de reforma constitucional o legal en el que involucren los derechos de los pueblos indígenas o asuntos relacionados con la Comisión.
• Incidir en la mejora de la infraestructura carretera, hospitalaria y educativa en puntos estratégicos de la zona de conflicto zapatista.
• Participación en las mesas intersecretariales constituidas para la atención de los asuntos relacionados con la agenda de la Comisión: Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas y otras instituciones.
• Reuniones de seguimiento a los acuerdos celebrados entre las comunidades indígenas para la solución de sus conflictos agrarios y que dé certeza jurídica sobre los mismos (delimitación de la brecha de la Zona Lacandona).
8. Calendarización de actividades
Actividad
– Reunión de trabajo con la presidencia de la Cocopa y el licenciado Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, para atender la agenda pendiente derivada del conflicto armado en Chiapas: pavimentación de los caminos rurales en las zonas de influencia zapatista; la desmilitarización de los territorios zapatistas; atención integral a las personas desplazadas que fueron víctimas del conflicto armado y; la necesidad de atender una serie de demandas en materia de salud como infraestructura indispensable, personal médico y otras prioridades en la región del conflicto.
– Reunión de trabajo con integrantes de la Cocopa, representantes del situación del Programa Educador Comunitario Indígena (PECI) y el licenciado José Carlos Midiavaca Muñoz, comisionado de la Secretaría de Educación Pública, para atender situación del PECI.
– Reunión de trabajo (seguimiento) con integrantes de la Cocopa, representante del PECI y el licenciado José Carlos Midiavaca Muñoz, Comisionado de la Secretaría de Educación Pública, para atender situación del Programa Educador Comunitario Indígena.
– Reunión de trabajo de la Cocopa con el licenciado Luis Cruz Nieva, director de Concertación Agraria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de atender la situación de los desplazados a causa del conflicto armado (familias indígenas y no indígenas; pequeños propietarios; entre otros involucrados).
– Reunión de trabajo con integrantes de la Cocopa, representantes del PECI y el Director General de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Rafael Ochoa Morales (designado por el secretario de Hacienda y Crédito Público) para atender la situación del Programa Educador Comunitario Indígena. Reunión de trabajo (seguimiento) con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la atención de los profesores indígena pertenecientes al Programa Educador Comunitario Indígena.
– Reunión de trabajo (seguimiento) con la Secretaría de Educación Pública para la atención de los profesores indígenas pertenecientes al Programa Educador Comunitario Indígena.
– Reunión de trabajo (seguimiento) con integrantes de la Cocopa y el licenciado Rabindranath Salazar Solario, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, para atender la agenda pendiente derivada del conflicto armado en Chiapas.
– Reunión de trabajo con integrantes de la Cocopa y la Mesa intersecretarial para dar seguimiento al tema de la delimitación de la Zona Lacandona.
– Reunión de trabajo con integrantes de la Cocopa y el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para atender asuntos de la Comisión.
– Reunión de trabajo con integrantes de la Cocopa, el titular de la Secretaría de Educación Pública y autoridades de diversos ejidos de la zona de conflicto, sobre la creación de escuelas de educación media superior.
– Reunión de trabajo (seguimiento) con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la atención de los profesores indígena pertenecientes al Programa Educador Comunitario Indígena.
– Reunión de trabajo (seguimiento) con la Secretaría de Educación Pública para la atención de los profesores indígenas pertenecientes al Programa Educador Comunitario Indígena.
Nota
1 Véase Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas a México, 2011. Disponible en:
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/2018-mexico-ahrc-39-17-add2-sp.pdf
El estado actual de los derechos de los pueblos indígenas, también puede apreciarse en las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que contienen diversos análisis sobre los derechos de los pueblos indígenas (derecho a la consulta, propiedad colectiva, entre otros). Véase la Recomendación general número 27/2016, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 11 de julio de 2016, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/generales/recgral_ 027.pdf
La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación
Presidente: diputado Alfredo Vázquez Vázquez
Senador José Erandi Bermúdez Méndez
Senador Raúl Bolaños Cacho Cué
Diputado María del Carmen Cabrera Lagunas
Diputado Jorge Casarrubias Vázquez
Senadora Sasil de León Villard
Senador Ángel García Yáñez
Diputado María Roselia Jiménez Pérez
Diputado Javier Manzano Salazar
Diputado Emeteria Claudia Martínez Aguilar
Senadora María Leonor Noyola Cervantes
Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar
Diputado Juan Francisco Ramírez Salcido
Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz
Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, PRI