Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5710-VIII, jueves 4 de febrero de 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Sonora y al Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno a acelerar las indagatorias sobre la desaparición de la ex funcionaria de Nogales ingeniera Cecilia Yepiz Reyna, suscrita por diputadas de los Grupos Parlamentarios de Morena, PT y PES
Quienes suscriben, diputadas María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Laura Imelda Pérez Segura, Aleida Alavez Ruiz, Sandra Paola González Castañeda, Katia Alejandra Castillo Lozano, Rocío Barrera Badillo, Clementina Martha Dekker Gómez y Olga Patricia Sosa Ruiz, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Derivado del contexto de desaparición en México, el 17 de noviembre de 2017 se publicó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley obedece a las exigencias de víctimas, organizaciones y colectivos de la sociedad civil, así como a recomendaciones de mecanismos internacionales de supervisión de los derechos humanos y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Radilla Pacheco contra México.
La ley mencionada con anterioridad establece, entre otras cuestiones, la descripción del delito de desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares. Se trata de un avance importante, ya que todos los documentos internacionales sobre la materia se limitaban a considerar como desaparición sólo aquella en la que existe intervención directa o indirecta de agentes del Estado.
Sin embargo, a pesar de los avances legislativos en materia de desaparición, en México las estadísticas sobre personas desaparecidas han aumentado considerablemente, a enero de 2019 el número de personas desaparecidas era de 40,180 conforme a lo señalado la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.1 Si añadimos la violencia contra las mujeres, la situación se vuelve de urgencia para la atención del Estado mexicano.
En Sonora se han reportado miles de personas desaparecidas; no hay una cifra exacta, pues la Fiscalía Estatal no tiene el reporte completo debido a que no todas han sido denunciadas formalmente. Por lo tanto, el pasado 10 de octubre, el Congreso local declaró al estado de Sonora en emergencia humanitaria por el incremento de víctimas de desaparición forzada, sobre todo de mujeres jóvenes.
No obstante, en los últimos 2 años, por el trabajo de colectivos de familiares desaparecidos, han encontrado cuando menos 240 fosas clandestinas.
Sobre la desaparición de mujeres en 2020, de acuerdo con los resultados y datos de Madres Buscadoras de Sonora y a la Red Feminista Sonorense, la mayoría de las víctimas se presentaron en Ciudad Obregón con 50 casos, 20 en Hermosillo y 12 en Guaymas, en el periodo de junio a septiembre de 2020.
Este es el contexto bajo el cual el pasado 5 de enero se tuvieron los últimos rastros de referencia de la ingeniera Cecilia Yépiz Reyna, quien hasta el año 2020 se había desempeñado como secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología y también como directora de Planeación en el Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
Sus familiares levantaron su reporte de desaparición el día 12 de enero, no obstante que desde el día 5 de enero ya no se tenía rastro de ella. Su automóvil fue encontrado en la zona de estacionamiento de un comercio de refacciones, sin que de parte de ninguna autoridad municipal o estatal se haya emitido algún pronunciamiento al respecto.
La Fiscalía General del Estado de Sonora, por su parte, emitió únicamente la ficha de búsqueda, pero de igual manera no se han dado declaraciones sobre la serie de investigaciones para esclarecer la situación. Por lo que es imperativo que se informe, como parte de la indagatoria, un análisis público que no vulnere la investigación, para determinar las circunstancias que generaron este hecho.
Por lo que exhortamos a la Fiscalía del Estado de Sonora a que apresure los mecanismos de búsqueda en la investigación, pues no podemos dejar de lado que, bajo el contexto de la entidad, donde las desapariciones de son cada vez más frecuentes, es imperativo la presentación con vida de la C. Cecilia Yépiz Reyna.
Es así que las diputadas firmantes nos pronunciamos enérgicamente en contra de la desaparición de Cecilia Yépiz Reyna y de las de todas las mujeres que han sido víctimas a causa de la ineficiencia de gobiernos locales, en el ámbito municipal o estatal en Sonora, y que han fallado en garantizar vidas libres de violencia a las mujeres y han fallado en el planteamiento de políticas públicas y estrategias de prevención de las diversas violencias que vivimos las mujeres.
Se añade además que el día de ayer, la familia de Cecilia Yépiz Reyna emitió un comunicado haciendo un llamado urgente a las autoridades y solicitando el apoyo del pueblo de Nogales, a fin de dar con el paradero de su hermana e hija Cecilia Yépiz. Manifiestan, entre otros puntos: “Les pedimos especialmente a las autoridades del Ayuntamiento de Nogales su apoyo y colaboración en la búsqueda de nuestra hermana Cecilia, que fue exservidora publica que trabajó para la actual administración del municipio”.2
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo,
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Sonora, así como al Poder Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno, para que a través de las instancias correspondientes aceleren las indagatorias que den con los responsables de la desaparición de la ingeniera Cecilia Yépiz Reyna, acontecido en días recientes en ese estado y haga la presentación con vida de la víctima.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de Nogales Sonora, Jesús Antonio Pujol Irastorza, y a la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, a que hagan públicas las estrategias realizadas en sus ámbitos de competencia para disminuir los casos de desapariciones de mujeres en la entidad, así como a sumar todos los esfuerzos para encontrar urgentemente a Cecilia Yépiz Reyna.
Notas
1 https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabrera
-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacional-de-busqueda?tab=
2 https://www.eluniversal.com.mx/estados/
familia-de-cecilia-yepiz-pide-apoyo-del-gobierno-y-pueblo-de-nogales-para-localizarla publicado el 20 de enero de 2020.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Laura Imelda Pérez Segura, Aleida Alavez Ruiz, Sandra Paola González Castañeda, Katia Alejandra Castillo Lozano, Clementina Martha Dekker Gómez, Olga Patricia Sosa Ruiz, Julieta Kristal Vences Valencia, Rocío Barrera Badillo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo a adoptar medidas para colocar en las instalaciones de esta soberanía una placa en reconocimiento a los médicos y personal de salud del país fallecidos en la lucha contra el Covid-19, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo a un análisis de la Universidad John Hopkins publicado el 4 de enero de 2021 en diferentes medios informativos, México ocupa el primer lugar en letalidad por Covid-19 en el mundo, con 8.8 fallecimientos por cada 100 contagios reportados.1
Le siguen en la lista emitida por el mencionado análisis, Irán con 4.5 por ciento de letalidad, Italia con 3.5 y, Hungría e Indonesia con 3 por ciento. El análisis también incluye la mortalidad por Covid-19 por cada 100 mil habitantes, en la que México se encuentra en el séptimo lugar con 100.81 defunciones por dicho virus. En primer lugar, se ubicó Italia con 121.6 muertes por el virus por cada 100 mil habitantes. Le siguen Reino Unido, Chequia, España, Estados Unidos y Hungría en los primeros seis lugares.
En el ranking de la mencionada universidad, México está en el cuarto lugar de defunciones por la enfermedad después de Estados Unidos, Brasil y la India. Además, está en el lugar 13 de casos acumulados antes que Argentina.
Por otro lado, el 5 de enero de 2021, la Secretaría de Salud presentó su reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país. Se informa que a esa fecha existen 1 millón 466 mil 490 casos acumulados; 128 mil 822 defunciones y; 11 mil 271 casos nuevos.
Definitivamente estos resultados son el reflejo de un pésimo e irresponsable manejo de la pandemia en nuestro país, por parte del gobierno federal. Lo que está presentando diversas consecuencias negativas para la población, particularmente para los sectores de mexicanas y mexicanos con menores ingresos. Hay estudios como el del especialista Héctor Hernández, que indican que siete de cada diez víctimas de coronavirus tenían una escolaridad máxima de primaria o inferior y vivían en pobreza.2
Además, uno de los sectores más desprotegidos y afectados ha sido el de los médicos y personal de salud. Las deficientes condiciones de protección en las que se ven obligados a atender a los pacientes con Covid-19, los ha llevado a manifestarse para que sean escuchados, y presionar a las autoridades de salud federales para que le sean entregados equipos de protección adecuados para seguir en la lucha diaria contra la pandemia.
Sin embargo, las carencias en los equipos personales de protección continúan, lo que ya ha provocado un incremento de decesos de médicos, enfermeros y demás personal de la salud.
Un informe publicado el 19 de septiembre de 2020 por la revista científica especializada The Lancet, 3 destaca que la combinación de falta de pruebas para saber quién tenía la enfermedad, y la ausencia absoluta de equipo básico de protección para trabajadores en la primera línea de batalla en los primeros meses de la pandemia, asoman como la causa principal de las infecciones y muertes del personal de salud mexicano.
La mencionada revista señala que, al 3 de septiembre de 2020, mil 320 trabajadores mexicanos de la salud habían fallecido, según información de Amnistía Internacional, pero la cifra se ha incrementado desde entonces.
Al respecto, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, indicó unos días después que el número había llegado a mil 410, la mayoría de ellos doctores, es decir, 20 por ciento de los 7 mil fallecidos registrados en todo el mundo entre quienes trabajan en el sector salud.
El funcionario de la Secretaría de Salud hizo un desglose del total de fallecimientos confirmado, 691 (49 por ciento) corresponde a médicos; 408 (29 por ciento) trabajadores de otras áreas de la salud; 255 (18 por ciento) personal de enfermería; 28 (2 por ciento) dentistas y otros 28 (2 por ciento) laboratoristas.
Con respecto al género, el 705 de los decesos ha sido en hombres. Mientras que, por grupos de edad, la mayoría ha ocurrido en los que van de los 55 a 59 años y de los 60 a 64 años. En cuanto al lugar de residencia, las entidades que encabezan la lista con más personal sanitario fallecido por coronavirus son Ciudad de México, estado de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.
Respecto al número de contagios, hasta el mes de septiembre se habían registrado 104 mil 590 dentro del gremio de la salud, además de 10 mil 438 sospechosos. En este caso existe una mayoría de mujeres con 60 por ciento.
En otro reporte publicado en noviembre de 2020, autoridades de salud informaron que a ese mes existían 1 mil 884 muertes en personal de Salud, así como otras 198 sospechosas. Para esa fecha se confirmaban 140 mil 196 casos entre el personal de salud, principalmente en la capital del país y en el estado de México. Sin embargo, también se estimaba que 3 mil 362 (un 2 por ciento) son casos activos.
Las enfermeras y enfermeros fueron mencionados como el sector más afectado, con 41 por ciento de los casos, seguido de otros trabajadores de la salud, con 29 por ciento; médicas y médicos, con 26 por ciento; laboratoristas, 2 por ciento; y odontólogos, con 1 por ciento.
Es de conocimiento público que el equipo que se proporciona a este sector de trabajadores de salud es importado por el gobierno mexicano mayormente desde China, y es a menudo de muy baja calidad, de acuerdo con trabajadores del sector salud. Por otro lado, también han externado que no tenían acceso a una sola prueba para detectar el virus.
De acuerdo con la revista The Lancet, entre el 28 de febrero 2020, cuando comenzaba a haber registros documentados de los primeros casos de infecciones por el coronavirus en México, y el pasado 23 de agosto del mismo año, se contagiaron con Covid-19 al menos 97 mil 632 trabajadores del sistema de salud en México, es decir, más de 500 cada día, nada más entre este sector de la población.
Además, a principios de septiembre de ese año, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, declaró que casi la mitad de los trabajadores en el sistema de salud mexicano no recibieron ningún equipo especial para protegerlos.
Por otro lado, actualmente, al iniciarse el proceso de aplicación de la vacuna contra el virus al personal médico que está en la primera línea de atención de pacientes contagiados, se han presentado denuncias sobre posibles irregularidades en relación a la prioridad que se les está dando al personal de salud para la aplicación de dicha vacuna.
En este orden de ideas, no se deben escatimar esfuerzos para que todo el personal cuente con las garantías necesarias que les permitan realizar su labor con seguridad. Y definitivamente su entrega en la lucha contra la pandemia y salvar vidas debe ser reconocida desde todos los ámbitos.
Es por ello que la presente proposición con punto de acuerdo busca que las y los médicos, enfermeros, camilleros y todo el personal de salud que han caído en la lucha contra la terrible pandemia del coronavirus, sean reconocidos a través de la colocación de una placa conmemorativa en las instalaciones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Además, se exhorta a las autoridades de salud responsables para que todo el personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención de la población con Covid-19, reciba la vacuna contra el virus a tiempo y el equipo de protección necesario y de buena calidad.
Es por todo lo anterior, que someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que adopte las medidas necesarias a fin de que se coloque en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, una placa conmemorativa de reconocimiento a las y los médicos y personal de salud del país que han fallecido en la lucha contra la Covid-19.
Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de las autoridades de salud responsables, instrumenten las medidas necesarias con el fin de que todo el personal de salud que está a cargo de la atención de los pacientes con Covid-19, sea vacunado a tiempo contra el virus, y sea dotado de equipo de protección completo y de buena calidad.
Notas
1 Consultado en: https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-encabeza-tasa-letalidad-covid-19 -universidad-johns-hopkins-418451
2 Hernández Bringas, Héctor Hiram (2020). “Mortalidad por Covid-19 en México”. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3 Consultado en: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)3195 5-3/fulltext
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a garantizar la atención de pacientes que requieran servicio médico por causas distintas del SARS-Cov2, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Alan Jesús Falomir Sáenz, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para garantizar la atención a pacientes que requieran del servicio médico por causas diversas al coronavirus SARS-CoV2, con base en las siguientes
Consideraciones
Nuestra Constitución política reconoce el derecho humano a la salud en su artículo 4o. en el que se establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. El amparo de este derecho implica una serie de criterios para que pueda lograrse el grado máximo de salud posible en cada individuo integrante de la sociedad. Uno de los criterios requeridos es la disponibilidad de servicios de salud.
Este servicio se integra en un sistema de salud definiéndose éste como la suma de todos aquellos recursos financieros, materiales y humanos, cuyo objetivo principal consiste en proteger la salud. En nuestro país el sistema de salud está conformado por el sector público y el privado. El sector público se comprende de las instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras, así como de las instituciones que brindan servicios a la población sin seguridad social.
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020, 36.8 por ciento de los entrevistados son usuarios de los servicios de salud que conforman el sector público de nuestro país, mientras que 2.8 por ciento acude a servicios médicos privados.1
Esta diferencia tan disparada entre el porcentaje de quienes acuden a servicios de salud públicos y servicios privados se debe a que en nuestro país el ingreso de 67 de cada 100 mexicanos es entre 3 mil 80 y 15 mil 429 pesos, siendo el promedio de gastos de mantenimiento del hogar 13 mil 529 pesos al mes2 por lo que para la mayoría es imposible costear un servicio de salud privado cuando apenas y pueden cubrir gastos básicos que se requieren dentro del hogar.
Actualmente nuestro país, así como muchos otros, enfrenta una situación grave debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, esta situación ha dejado aún más al descubierto la deficiencia del servicio que brinda el Sector Salud. De acuerdo con un estudio realizado en 2016 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), México ocupa el tercer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos recursos destina para la salud ya que en ese año se le asignó 5.8 por ciento del total del producto interno bruto (PIB) frente al 9 por ciento que en promedio destinan los demás países miembros.3
A consecuencia de la crisis sanitaria que la pandemia ha representado para nuestro país, hospitales han desatendido pacientes con enfermedades crónico-degenerativas ya que la atención a pacientes enfermos de Covid-19 se ha priorizado.
Desde marzo de 2019 se han reportado casos en los que derechohabientes no enfermos de Covid no han sido atendidos en las especialidades médicas que cada caso necesita. Pacientes como niños, mujeres con cáncer, personas que requieren cirugías, trasplantes o tratamientos especializados han quedado desprotegidos por el IMSS e ISSTE debido a insuficiencia de recursos económicos, materiales y humanos.
Aunado a lo anterior, se han dejado de lado también a pacientes que recién presentan problemas de salud y requieren de una consulta con especialista, pues al acudir a su clínica familiar les indican que debido a la contingencia por Covid-19, no pueden enviarlos a especialidad, lo que deja a miles de pacientes en desprotección pues la mayoría no puede acudir a una clínica particular para obtener la atención medica que requieran.
Se ha reportado que en 2020 se presentaron más muertes de las estimadas y se calcula que 60 por ciento del exceso de muertes registradas por la Secretaría de Salud no están relacionadas con la enfermedad Covid-19 o al menos, no se tiene la certeza, se estima que del 1 de enero de 2020 a la segunda semana de diciembre del mismo año se tienen 254 mil 625 más muertes de las que se proyectaban para ese periodo.4
En consecuencia, el coronavirus debe ser para nuestro país un parteaguas para mejorar la calidad del servicio que se brinda a los usuarios del sector público de la salud, mejorar las estrategias aplicadas, así como reforzar los mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas hará posible que más personas puedan tener acceso a la protección de su salud, incluso en situaciones extraordinarias como la que actualmente vivimos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para garantizar la atención a pacientes que requieran del servicio médico por causas diversas al coronavirus SARS-CoV2.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Derechohabiencia 2020. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/temas/derechohabiencia/
2 Solo 4 de cada 100 trabajadores en México ganan más de 15, 429 pesos al mes. El Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Solo-4-de-cada-100-trabajadore s-en- Mexico-ganan-mas-de-15429-pesos-al-mes-20191013-0002.html
3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Estudio Diagnostico del Derecho a la Salud 2018, Coneval, Ciudad de México, p. 70. Disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/De rechos_Sociales/Diag_derecho_Salu d_2018.pdf
4 Eme Equis , Hospitales desatienden enfermedades no Covid: aumentan muertes. Disponible en: https://www.m-x.com.mx/al-dia/hospitales-desatienden-enfermedades-no-co vid-aumentan-muertes
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a considerar en la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, la evidencia estadística sobre hospitalizaciones y muertes causadas por la pandemia, a cargo del diputado José Francisco Esquitin Alonso, del Grupo Parlamentario del PES
José Francisco Esquitin Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del artículo 6, y I y V del Apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, por el que se exhorta, al titular del Ejecutivo de la Unión, a través de la Secretaría de Salud, a tomar en cuenta la evidencia estadística sobre hospitalizaciones y muertes causadas por el Covid-19 en la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, con base en las siguientes
Consideraciones
El 8 de diciembre de 2020, el gobierno federal hizo pública la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, donde se establecen las bases que guiarán la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19.
En el mencionado documento se señala de manera puntual cuáles serán los segmentos de la población que tendrán prioridad para recibir la vacuna en el inicio de la campaña de vacunación, con dicha política de vacunación se busca salvar vidas de grupos poblacionales de riesgo y poner fin a la corrupción, amiguismo e influyentismo en la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, en este sentido se establece:
Priorización de población a vacunar
Las recomendaciones preliminares del Grupo técnico asesor de vacunas en México están basadas en escenarios y supuestos que pueden cambiar conforme la evidencia científica sobre los perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas se actualicen.
El grupo analizó los beneficios potenciales acumulados en términos de tres indicadores: casos nuevos evitables, muertes y hospitalizaciones evitables, llegando a la conclusión preliminar de establecer una estrategia enfocada en reducir las muertes asociadas con Covid-19, diseñada con base en la mortalidad observada en México. Los beneficios se midieron asumiendo una disponibilidad de 25 millones de personas vacunadas, un escenario alterno con 50 millones y un tercer escenario considerando una cobertura universal que lograría la inmunidad de rebaño esperada con un programa de vacunación universal para prevenir el Covid-19, cubriendo al menos a 75 por ciento de la población mexicana.
Para definir la priorización se analizó la información de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población para obtener el tamaño de la población por grupo de edad. Para el nivel de riesgo se consideraron tres enfermedades asociadas a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa de Covid-19.
La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por Covid-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.
Con base en los resultados de este análisis, los grupos priorizados en orden de prelación son
1. Trabajadores de salud.
2. Personas mayores de 80 años.
3. Personas de 70 a 79 años.
4. Personas de 60 a 69 años.
5. Personas de 50 a 59 años.
6. Personas de 40 a 49 años.
7. Población menor de 40 años.
Ninguna vacuna podrá aplicarse a personas menores de 18 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y mujeres embarazadas.
Si bien el documento resulta claro y preciso en cuanto al orden en que le corresponderá acceder a la vacuna a cada sector de la población; lo cual permitirá, un mejor control en la aplicación de la vacuna, además de eliminar cualquier intento de vivales, por buscar ser vacunados antes de su turno; lo cierto es que, sin proponérselo, la política de vacunación del gobierno federal deja fuera de los grupos prioritarios a sectores de la población que, independientemente de su edad, condición médica o de género, estadísticamente han resultado ser más vulnerables al Covid-19.
Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha publicado su Marco de Valores para la asignación y priorización de la vacunación Covid-19, en el mismo se establecen los grupos prioritarios para la vacunación Covid-19 y se incluyen las consideraciones de igualdad, equidad global y legitimidad que se deberán aplicar a todos los grupos, mismo que se establece en el siguiente cuadro 2 del mencionado documento:
Mediante él, la OMS busca crear una guía para un acceso equitativo, justo y responsable a la vacuna contra el coronavirus.
Sobre lo anterior, la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, no ha tomado en cuenta aspectos relevantes como son la condición médica y de salud de la población, estadísticamente está comprobado que personas con enfermedades como hipertensión, enfermedades respiratorias o la diabetes, están en mayor peligro frente al coronavirus, como consecuencia de la preexistencia de alguna de estas enfermedades.
El 12 de enero pasado, se dio a conocer la versión actualizada de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, si bien en el nuevo documento ya se contempla para la priorización de la aplicación de la vacunación contra el SARS-Cov2 en México:
1. Edad de las personas.
2. Comorbilidades personales.
3. Grupos de atención prioritaria.
4. Comportamiento de la epidemia.
Lo cierto es que el calendario de vacunación no se observa ninguno de estos aspectos como se observa en la Figura 2. Etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados, del mencionado documento, mismo que se presenta a continuación:
En este sentido, según datos del sitio de internet Covid-19 México, se muestra los siguientes datos estadísticos respecto de las comorbilidades principales que padecían los mexicanos que murieron por coronavirus, hipertensión 45.71 por ciento; diabetes 38.05 por ciento, obesidad 22.73 por ciento y tabaquismo 7.79 por ciento.
De igual manera, en dicho sitio se muestra un dato relevante en materia de género, si bien el Covid-19 contagia casi en la misma proporción a mujeres y hombres –49.89 por ciento mujeres por 50.11 hombres– son estos últimos a quien afecta más gravemente la enfermedad, pues en promedio del total de personas muertas en nuestro país por coronavirus 63.08 por ciento corresponde a masculinos y sólo 36.92 a mujeres.
Se trata de datos duros que exigen ser tomados en cuenta para potenciar al máximo el número limitado de vacunas con las que en el corto plazo contará el Sistema Nacional de Salud.
De tal suerte que es necesario tomar en cuenta la evidencia estadística para buscar proteger de la mejor manera a la población general a fin de disminuir al mínimo las hospitalizaciones y defunciones por causa de la pandemia de Covid-19.
Contamos con los datos estadísticos que nos advierten de la letalidad que tiene el coronavirus en personas con hipertensión diabetes y obesidad; asimismo, tenemos evidencia de que el Covid-19 ha resultado ser más letal en los hombres, este último ha sido consistente en todo el mundo, se ha observado que casi se contagian el mismo número de mujeres y hombres, sin embargo, la enfermedad ataca con mayor severidad a los varones.
Resulta importante señalar que la evidencia estadística por género inexplicablemente no ha sido tomada en cuenta por la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, dicho dato podría representar salvar miles de vidas de personas que por cuestiones de su género son significativamente más vulnerables al virus de la pandemia.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, a tomar en cuenta la evidencia estadística sobre hospitalizaciones y muertes causadas por el Covid-19 en la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, en el marco de la estrategia de vacunación.
Referencias
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Gu iaAplicacionVx_BNT162b_08Ene2021.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Po lVx_COVID_-11Ene2021.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/
WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1
https://datos.covid-19.conacyt.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputado José Francisco Esquitin Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a incluir a médicos generales, especialistas, internos, pasantes, residentes, estudiantes de enfermería y medicina prestadores de servicio social, y al personal de protección civil, bomberos, paramédicos y socorristas del sector salud en instituciones públicas o privadas, hospitales, clínicas, centros de salud y consultorios como población prioritaria en la primera etapa de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Salud para que incluyan a médicos generales, especialistas, internos, pasantes, residentes, estudiantes de enfermería y medicina de cualquier grado que estén prestando su servicio social; así como personal de protección civil, bomberos, paramédicos y socorristas, independientemente de la naturaleza jurídica de su vínculo laboral, que presten sus servicios en el sector salud tanto de instituciones públicas, privadas, hospitales, clínicas, centros de salud y consultorios; como población prioritaria en la primera etapa de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19, en México, en virtud del peligro y la posibilidad inminente de contagio; al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes
Consideraciones
I. Que por medio de este punto de acuerdo se tiene por objeto que se garanticen los derechos humanos y el derecho constitucional a la salud, de todo el personal del Sector Salud que se encuentra atendiendo a la población afectada por el virus SARS-CoV-2, causante del Covid-19. Toda vez que no se consideró al personal de primer contacto o primeros respondientes tanto de instituciones públicas y privadas, así como a estudiantes de las carreras afines a las ciencias de la salud, y que se encuentran en el frente de batalla contra esta terrible pandemia, tal es el caso de: médicos generales, especialistas, internos, pasantes, residentes, estudiantes de enfermería y medicina de cualquier grado que prestan su servicio social; así como personal de protección civil, bomberos, paramédicos y socorristas, los cuales independientemente de la naturaleza jurídica de su vínculo laboral en el sector salud, auxilian a la población tanto en instituciones públicas, privadas, hospitales, clínicas, centros de salud y consultorios como primeros respondientes, dejándolos expuestos a un posible contagio. Lo anterior en razón de que en la Política Nacional de Vacunación, no están considerados en los subgrupos como personal prioritario para recibir la dosis de la vacuna que pueda prevenir un posible contagio.
II. Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRA-CoV). Un nuevo coronavirus el Covid-19, es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano, produce infecciones que suelen acompañarse de fiebre y síntomas respiratorios tales como tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.
III. Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
IV. Que el lunes 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en Acuerdo del Consejo de Salubridad General, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), en razón al aumento en el número de casos, por lo que se ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el Covid-19.
V. Ante la calificación del brote de coronavirus Covid-19 como una pandemia por la OMS, y la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de esta enfermedad declarada por el Consejo de Salubridad General de nuestro país, resulta indispensable salvaguardar la salud e integridad de todo el personal que se encuentra combatiendo en la primera línea esta pandemia, tanto de instituciones públicas como privadas, así como estudiantes y prestadores de servicio social, por lo cual las acciones encaminadas para proteger a este sector de la población son urgentes y relevantes.
VI. Que el informe emitido por la Secretaría de Salud del gobierno federal, sobre el avance que ha tenido el coronavirus Covid-19 en nuestro país hasta el 1 de febrero de 2021, menciona 159 mil 100 de mexicanos y mexicanas muertas, de un estimado de 2 millones 64 mil 109 de casos positivos con Covid-19, en el país.
VII. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se han documentado que existen más de 200 vacunas candidatas contra el Covid-19 en desarrollo en el mundo, sin embargo, únicamente trece han llegado a iniciar ensayos clínicos fase 3. Las vacunas que están en desarrollo son catalogadas como de emergencia y su evidencia sobre su eficacia clínica así como su inmunogenicidad y seguridad es limitada.
VIII. Los diferentes avances científicos en busca de una vacuna que pueda auxiliar en el combate de la pandemia, se encuentra la desarrollada por la farmacéutica Pfizer, los cuales obtuvieron de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorización para el uso de emergencia, de su vacuna bajo la plataforma ARN mensajero, misma que se desarrolló en conjunto con la alemana BioNTech y la China Fosun pharma. Asimismo, AstraZeneca ingresó expediente para la vacuna desarrollada por la farmacéutica y la Universidad Oxford, y el 4 de enero de 2021, Cofepris otorgó la autorización para uso de emergencia en México de esta vacuna.
IX. Que el pasado 24 de diciembre de 2020, después de una larga espera inicio el proceso de vacunación a nivel nacional de dos mil novecientos veinticuatro, dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Estas primeras vacunas se aplicaron a personal médico que se encuentra en la primera línea de atención de pacientes que padecen la Covid-19, es así que de acuerdo al reporte emitido por la Secretaria de Salud federal, reporta que al 1 de febrero de 2021 han llegado a nuestro país 766 mil 350 dosis, de las cuales se han aplicado un total de 675 mil 202.
X. Que, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, estableció una Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, en la que de manera general estableció la política rectora para la vacunación contra el Covid-19, donde se destaca los siguientes grupos de priorización de la inmunización en México:
1. Personal sanitario que enfrenta Covid-19 (estimado en un millón de personas).
2. Personas adultas mayores.
3. Personas con comorbilidad o comorbilidades.
4. Personal docente de las entidades federativas en semáforo epidemiológico verde.
5. Resto de la población (mayor a 16 años).
En el primer grupo, referente al personal sanitario que enfrenta Covid-19, se contemplaron en el documento rector (versión 4.0 del documento del 11 de enero de 2021), once subgrupos de personal que labora en el sector salud y que tienen una exposición a personal, pacientes o material potencialmente contaminado con el virus SARS-CoV-2.
XI. Sin embargo, en estos subgrupos no se consideró a personal de primer contacto o primeros respondientes tanto de instituciones públicas y privadas, así como a estudiantes de las carreras afines a las ciencias de la salud que se encuentran en el frente de batalla contra esta terrible pandemia, tal es el caso de: médicos generales, especialistas, internos, pasantes, residentes, estudiantes de enfermería y medicina de cualquier grado que prestan su servicio social; así como personal de protección civil, bomberos, paramédicos y socorristas, los cuales independientemente de la naturaleza jurídica de su vínculo laboral en el sector salud, auxilian a la población tanto en instituciones públicas, privadas, hospitales, clínicas, centros de salud y consultorios como primeros respondientes, dejándolos expuestos a un posible contagio, por lo cual el presente punto de acuerdo pretende exhortar al titular del Poder Ejecutivo, para que se incluyan específicamente como población prioritaria en la primera etapa de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Salud para que incluyan a médicos generales, especialistas, internos, pasantes y residentes, independientemente de la naturaleza jurídica de su vínculo laboral, que presten sus servicios en el sector salud, tanto de instituciones públicas, privadas y consultorios; como población prioritaria en la primera etapa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19, en México, en virtud del peligro y la posibilidad inminente de contagio.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Salud para que incluyan a estudiantes de enfermería y medicina de cualquier grado, que estén prestando su servicio social, en hospitales, clínicas o centros de salud, de instituciones públicas y privadas; como población prioritaria en la primera etapa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19, en México, en virtud del peligro y la posibilidad inminente de contagio.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Salud para que incluyan al personal de protección civil, bomberos, paramédicos y socorristas, que laboren en el Sector Salud tanto de instituciones públicas, privadas y cruz roja; como población prioritaria en la primera etapa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19, en México, en virtud del peligro y la posibilidad inminente de contagio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a considerar actividad económica esencial y prioritaria la turística, a cargo del diputado Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numeral II, fracciones III a VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El 9 de junio de 2020, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, en una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló, estando presente la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, que el Turismo sea considerado como una actividad económica esencial y prioritaria.1
Cabe mencionar que el secretario Miguel Torruco ha insistido en este tema, incluso el pasado 1 de febrero en una misiva enviada a la maestra Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, señaló: “Antes de la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 que a nivel mundial estamos padeciendo, en nuestro país, el turismo presentó un consumo de 172 mil millones de dólares, 82 por ciento nacional y 18 por ciento extranjero. Representó la tercera fuente generadora de divisas; con 24 mil 573 mdd, 8.7 por ciento del PIB, 4.4 millones de empleos directos... El turismo participa en 11 de los 20 sectores que integran el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SIAN); en 27 de los 94 subsectores; en 62 de las 306 ramas de actividad; en 84 de las 615 subramas, y en 126 clases de actividad (29 características y 97 conexas) de las 1,084 existentes”.2
Estos argumentos los expuso para fundamentar su solicitud de considerar al sector turismo como actividad económica esencial.
Estas razones que le asisten al titular de sector se pueden complementar con otros elementos adicionales. Nuestro país cuenta con más de 400 municipios de vocación turística, incluyendo las localidades de los 132 Pueblos Mágicos -11 de reciente creación-, 35 sitios patrimonio de la humanidad y lugares de sol y playa en todos los litorales de México que suman más de 11 mil 100 km.3
De esta actividad dependen más de 30 mil familias, considerando conservadoramente, 3 miembros por cada familia.
Esta normalidad, con la crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica sin precedente, se ha visto duramente afectada. El Turismo ha sido el sector que mas ha resentido esta situación. Los indicadores siguientes así lo demuestran:
PIB y consumo turístico. Segundo trimestre 2020.(Cifras desestacionalizadas)
Fuente: Inegi. Comunicado de prensa número 530/20 12 de noviembre de 2020.
Aquí se puede observar como la caída en el PIB turístico en el segundo trimestre de 2020 fue más del doble de la que registra el PIB total. También como el consumo se desploma en -46 por ciento en el trimestre previo y en su comparación anual en casi -50 por ciento.
Sin embargo, con todo y estos indicadores que son dramáticos, el consumo interno es el que menos cae con -37.5 por ciento y -41.6 por ciento respetivamente. Lo que es demoledor es el turismo receptivo, es decir, el que ingresa del exterior a nuestro país, cuya caída en el segundo trimestre en comparación con el previo es de -88.8 por ciento y en su comparación anualizada casi -90.0 por ciento.
Para entidades y regiones que viven del turismo internacional la situación es muy difícil, donde también se refleja en el decrecimiento del PIB estatal, cuyas caída -de acuerdo al Inegi- para el caso de Quintana Roo fue la más alta de las 32 entidades del país con -38.2 por ciento, seguido por otro estado de vocación turística como Baja Sur con -37.9 por ciento. Incluso en el tercer trimestre del 2020 estas mismas entidades fueron, nuevamente las que mas decrecieron en su PIB con -28.9 por ciento y -24.8 por ciento respectivamente.4
No obstante, solo para efectos de análisis, vale la pena señalar que el consumo receptivo representa alrededor del 18 por ciento de toda la derrama económica que genera el turismo en México. Veamos los siguientes indicadores.
Derrama económica del turismo en México. (Millones de pesos corrientes 2019).
Fuente: Elaboración propia con datos de SECTUR.
Derrama Económica estimada del turismo en México. (Millones de pesos corrientes 2020).
Fuente: Elaboración propia, con datos de SECTUR.
En su comparación 2019- 2020 la caída de la derrama económica es de -36 por ciento. Esto equivale a casi 1.2 billones de pesos. Para ponerlo en perspectiva esta cantidad equivale a más del 19 por ciento de todo el PEF aprobado para el 2021 o casi 4.5 puntos porcentuales del PIB total.
De igual manera podemos deducir que el turismo receptivo es necesario fortalecerlo y continuar con su reactivación, lo que ha venido sucediendo de manera gradual pero permanente; este se ha venido recuperando, sin embargo, está muy lejos de alcanzar los niveles observados en el 2019.
Así, en el periodo enero-noviembre de 2019, se registraron ingresos por concepto de turismo internacional de 22.1 miles de millones de dólares y en el mismo periodo de 2020 9.7 miles de millones de dólares, un decremento de -55.8 por ciento. En cuanto a turistas internacionales, en el mismo periodo de 2019 en número de personas fue de 40.3 millones y para el 2020 fue de 21.9 millones, un decrecimiento de -46.2 por ciento.
Vale la pena señalar que si bien la actividad turística siguió siendo superavitaria, en el mismo periodo de enero- noviembre de 2019 de 13.2 miles de millones de dólares, cayó hasta 6.5 miles de millones de dólares en el 2020, que significa una caída de -50.5 por ciento. Lo anterior significará presiones en la cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.
No obstante, en el turismo doméstico -el que realiza internamente nuestros paisanos- es sensiblemente mayor y aparece como la opción prioritaria para seguir reactivando la actividad turística en nuestro país.
En esta administración la visión de desarrollo turístico, no es la misma que tradicionalmente se tenía. Aunque han sido devastadores los efectos de la pandemia del Covid-19, el licenciado Miguel Torruco, secretario de Turismo ha insistido, como lo reitero en la Asamblea de la OMT que “esta pausa obligada es una gran oportunidad para reflexionar sobre la vulnerabilidad del turismo y la imperiosa necesidad de mirar hacia un nuevo modelo turístico, con un sentido más humano y social”.5
Sin duda la razón le asiste. Sin embargo, con esta pandemia hemos aprendido que el confinamiento puede ser una solución sanitaria, pero agrava la crisis económica. Esto no quiere decir por supuesto, que se anteponga la actividad económica por la de la salud. Nada mas fuera de esta consideración.
Lo que si se puede y en muchos países ya se está haciendo es implementar medidas de protocolos sanitarios, como la de Sello de Calidad Punto Limpio V2020. Buenas Prácticas para la Calidad Higiénico-Sanitaria del Sector Turismo, dirigido a toda la cadena de valor turístico en México; el Timbre de Seguridad Turística en la CDMX ; el Safe Travel que creo la WTTC, todos ellos con la finalidad de garantizar confianza y seguridad sanitaria a los turistas.
Dentro de la actividad turístico los servicios de alojamiento (hoteles) participan con el 28.1 por ciento del PIB turístico y el de restaurantes con el 15.3 por ciento. Estas dos actividades del sector turismo representa el 43.4 por ciento de toda la actividad turística del país y sin duda han sido de los más duramente golpeados por esta crisis.
De acuerdo a indicadores dados a conocer por Sectur, de los 22 mil 570 establecimientos de hospedaje, que suman poco más de 830 mil cuartos, las micro empresas -que registran de 1 a 10 empleos- absorben el 80 por ciento; las pequeñas el 15.7 por ciento; las medianas y grandes 4.3 por ciento.
En cualquier lugar del país que se visite, en especial los 132 Pueblos Mágicos, los más de 400 municipios de vocación turística, las zonas de sol y playa, así como los 35 sitios considerados por la UNESCO patrimonio de la humanidad entre muchos otros, hay un lugar de hospedaje y un establecimiento de consumo de alimento que es la manera en que sobreviven millones de familias mexicanas, hoy duramente afectados por esta pandemia y las medidas sanitarias que impide visitar estos lugares. Entonces la gran pregunta es ¿de qué vivirán estas familias que duramente décadas han vivido de los servicios de la hotelería y los restaurantes?
En el país hay casi 200 mil empresas de alimentos. Las cuales generan 2.14 millones de empleos y participan con el 1.3 por ciento del PIB; representando el 15.3 por ciento del PIB turístico.
Si la industria gastronómica en México cuenta con alrededor 200 mil establecimientos, haciendo una simple proyección podríamos estimar que 190 mil son microempresas, que no supera 10 empleos cada una. En ellas se ubican las fondas, taquerías, pequeños restaurantes, entre otros.
En otras palabras, de los 2.14 millones de empleos de esta industria, más de 814 mil corresponden a las consideradas microempresas.
Si bien las más vulnerables son las microempresas durante esta pandemia del Covid-19, de las cuales se debe tener prioridad en su atención, toda la industria restaurantera necesita de apoyo y es necesario echar andar la imaginación para hacerlo, asumiendo la responsabilidad que le corresponde a cada quien.
México es rico en gastronomía, es un mosaico de degustación milenaria, con platillos distintivos en cada región, estado o localidad que se visite.
Esta industria está seriamente golpeada en esta crisis. Sus ventas se han caído entre un 80 y 90 por ciento.
Es una industria donde los más de 22 mil 500 establecimientos de hoteles con los que cuenta nuestro país, en su mayoría tienen un establecimiento de consumo de alimentos. Las zonas turísticas de nuestro país, los Pueblos Mágicos y otros polos de desarrollo turístico en todos ellos la gastronomía, junto con sus establecimientos son características que los hacen ricos y variados en este mosaico de degustaciones y disfrute.
Esta industria es fundamental para el turismo y para la economía del país, por su alta transversalidad, y por los empleos que genera donde el 58 por ciento son mujeres, muchas de ellas jefas de familia.
Por lo anterior, deben considerarse esenciales y prioritarios para la actividad económica del país y para impulsar la reactivación del turismo en la hotelería y el consumo de alimentos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular de la Secretaría de Economía del gobierno federal para que en uso de las facultades que le confiere la Constitución General de República, emita un decreto por el que la actividad turística relacionada con todos los establecimientos de hospedaje y consumo de alimentos sean considerados como actividad económica esencial y prioritaria.
Notas
1 Sectur 9 de junio de 2020. Reunión virtual de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con diversos miembros del gabinete del gobierno de México, encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; y el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, para analizar la reactivación turística del país.
2 Oficio ST/017/2021 Ciudad de México, 1 de febrero de 2021.
3 https://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/litorales-de-mexico.
4 Inegi. Informa. Bit.ly/3ptgFwr#Comunicado INEGI, 28 de enero de 2021.
5 https://www.gob.mx/sectur. 5 de noviembre de 2020.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputado Luis Javier Alegre Salazar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a llevar a investigar las presuntas irregularidades encontradas en la auditoría practicada por el OIC en la Secretaría de Bienestar respecto al programa Sembrando Vida y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
pan2La que suscribe, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que lleve a cabo una investigación en relación con las presuntas irregularidades encontradas en la auditoría practicada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, al programa Sembrando Vida y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En la página de la Secretaría de Bienestar se lee que: “En Sembrando Vida trabajamos por convertir los ejidos y comunidades en un sector estratégico para el desarrollo del campo mexicano, trabajando juntos para incrementar la productividad de zonas rurales, bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo regional a corto, mediano y largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad en la que viven los campesinos de estas regiones.”
Y se especifica que: “El programa, busca atender dos problemáticas: la pobreza rural y la degradación ambiental. De esta manera, sus objetivos son rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades, por lo que se trabaja en cuatro componentes: inclusión productiva, cuidado del medio ambiente, fomento a la cultura del ahorro y, reconstruir el tejido social.”
Sin embargo, desde el primer año de su ejecución el programa Sembrando Vida ha sido objeto de diversos señalamientos en relación a diversas irregularidades e inconsistencias. Una nota periodística publicada el 3 de enero de 2021, da seguimiento a diversas columnas que se dieron a conocer durante 2020 sobre el mencionado programa, y en las que se destacan la opacidad y mala planeación de las acciones del programa.1
Asimismo, la mencionada nota destaca los resultados de una auditoría practicada a Sembrando Vida por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar. De acuerdo a los resultados obtenidos, se reportaron irregularidades por 402.2 millones de pesos en el 2019. Se especifica que la auditoría 25/2019 fue realizada al programa entre enero y septiembre de 2019, y que se detectaron irregularidades como pagos sin evidencia documental, tarjetas bancarias no entregadas y reporte de gastos superiores al número de beneficiarios.
Este programa entrega apoyos a campesinos de 20 estados para que siembren árboles frutales y maderables. Entre las nueve observaciones del Órgano Interno de Control, que con sello de recibido del 23 de enero de 2020 le fueron notificadas a Javier May Rodríguez, responsable del programa en el periodo de las anomalías, se pidió aclarar el destino de más de 402 millones de pesos, pero hasta el 14 de octubre de dicho año no había respuesta.
De acuerdo a la información, la auditoría reveló que no existe evidencia de la forma de pago a los beneficiarios en febrero del 2019 a pesar de que el programa transfirió los recursos al entonces Bansefi. Se detalla que se realizó el pago, solicitado mediante oficio BIE/SSPEDR/0029/2019 de fecha 25 de enero del 2019, suscrito por el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, por un total de 296 millones 80 mil pesos a la institución Bansefi, sin acreditarse con evidencia documental el medio de pago en dicho mes de los apoyos económicos.
Además, la auditoria también evidencio anomalías en el padrón de beneficiarios, como inconsistencias en altas y bajas, pagos en entidades federativas donde no se aplica el programa y falta de vigilancia en un contrato asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional para instalar viveros.
Por otro lado, de acuerdo con el Análisis de los programas prioritarios al primer año de la Administración 2018-2024 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval), con Sembrando Vida se apoyaron a 225 mil 306 personas, que representan 9.6 por ciento de su población objetivo.2
Además, advierte que el programa no identifica con claridad el problema público que busca atender y debe mejorar su enfoque de resultados. Este programa está integrado a la Secretaria de Bienestar, pero en su análisis el Coneval recomienda que potencie su colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por atender a una población objetivo muy similar a las que se enfoca esa dependencia.
El Coneval también advirtió que el programa no cuenta con mecanismos para determinar el método apropiado de plantación por regiones y localidades. Y que tampoco cuenta con un calendario de distribución y entrega de plantas que coincida con los ciclos agrícolas para evitar la muerte de plantas.
En su momento Coneval alertó que, es importante considerar que la entrega de plantas, herramientas e insumos, estén acordes a los ciclos productivos, puesto que hacerlo de manera posterior generará un alto porcentaje de mortandad de las plantas en caso de no contar con riego.
Estas observaciones por parte de Coneval fueron corroboradas por los hechos, toda vez que, desde julio de 2020, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, al hacer un balance del primer año de funcionamiento de Sembrando Vida, admitió que, de una meta inicial de 575 millones de árboles y plantas, sólo alcanzaron a plantar 80 millones y, de ese total, apenas la mitad sobrevivió.
El incumplimiento en las metas, las irregularidades, la opacidad y el despilfarro de los recursos en relación a la instrumentación del programa Sembrando Vida, hacen necesaria una tarea más exhaustiva de seguimiento y fiscalización por parte del Poder Legislativo, y solicitarle a la dependencia responsable que asuma su responsabilidad y adopte las recomendaciones realizadas por el organismo encargado de la evaluación de la política social.
No se puede omitir que para el ejercicio fiscal de 2021 fueron aprobados para el programa Sembrando Vida 28 mil 929 millones de pesos, pese a que en 2019 únicamente cubrió a 9.6 por ciento de su población objetivo y no identifica con claridad el problema público que quiere atender.
Es por lo anterior, que someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que lleve a cabo una investigación con relación a las presuntas irregularidades encontradas en la auditoría practicada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, al programa Sembrando Vida y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar para que, en la implementación del programa Sembrando Vida, adopte las recomendaciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social y potencie su colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Notas
1 Consultada en:
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=
https://www.elnorte.com/siembra-fallas-gobierno-lo-premia/ar2099042?utm_source=bcm_nl_noticias_
norte&utm_medium=email&utm_campaign=nl_noticias_elnorte_20210103&referer=
—7d616165662f3a3a726760657a6770737a6778743b70797b7a6761703b767a783a—
2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Análisis de los programas prioritarios al primer año de la Administración 2018-2024. Ciudad de México: Coneval, 2020.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a investigar la situación del Sindicato de Trabajadores en Transportes Terrestres y Casas de Comercio de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, para contribuir al esclarecimiento de circunstancias que actualmente se encuentran en la Junta Especial Número Dos Local de Conciliación y Arbitraje del estado, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El artículo 123 A, XVI, establece que tanto obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Para efectos de establecer una instancia conciliadora ésta estará a cargo de un organismo descentralizado, mismo que llevará el “registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados (XX).
El organismo descentralizado para sus efectos normativos “contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará por la ley en la materia.
Lo anterior está armonizado con lo dispuesto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece los criterios de máxima publicidad en razón de que
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.
En el artículo 123 XXII Bis además se establece que la libertad de negociación colectiva, y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberá garantizar la representatividad de las organizaciones sindicales. Esto es vital puesto que la representatividad, después de las reformas de esta legislatura, han permitido que haya voto libre, personal y secreto para garantizar que quien hable en nombre del sindicato lo haga con plena certeza jurídica y personalidad.
Segunda. En el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo que es una causa de recisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón la causal siguiente:
Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador;
Entendemos por sindicalizado a toda persona que se encuentre agremiada a una organización sindical legalmente constituida. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 714 establece que la actuación de los Tribunales, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y de los Centros de Conciliación Locales deben practicarse en días y horas hábiles. Al respecto las atribuciones señaladas en el artículo 590 referente a los Centros de Conciliación Locales son las siguientes:
I. Realizar en materia local la función conciliadora a la que se refiere el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123 constitucional;
II. Poner en práctica el servicio profesional de carrera a que se refiere el numeral tres del artículo 590-A;
III. Capacitar y profesionalizarlo para que realice las funciones conciliadoras referidas en el párrafo anterior; y
IV. Las demás que de esta ley y su normatividad aplicable se deriven.
Lo anterior cobra relevancia puesto que, del caso que nos ocupa, se trata de una situación sindical en la cual, el agremiado abusó de la confianza del sindicato, mismo que fue identificado y acorde con los estatutos internos fue separado del cargo, ha generado un perjuicio económico a la organización denominada Sindicato de Trabajadores en Transportes Terrestres y Casas de Comercio de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, en Tamaulipas.
Los anteriores en el uso de sus facultades y de su interés colectivo han externado a la persona titular de la Secretaría de Gobernación la siguiente carta:
Secretaria de Gobernación (México) Segob
Licenciada Olga Sánchez Cordero
Presente
Por medio del presente me dirijo a usted, primeramente, en mi carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores en Transportes Terrestres y Casas de Comercio de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas y a nombre de todos mis compañeros agremiados que integramos el Sindicato antes indicado, nos dirigimos ante usted con el debido respeto para exponer lo siguiente:
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a nombre de todos los compañeros agremiados y de quienes formamos el Comité Ejecutivo solicitamos su valiosa intervención en caso de no existir inconveniente alguno y su apoyo de una manera clara y solidaria en apelar la situación jurídica legal que este Sindicato ha estado atravesando por espacio de 8 años dentro del juicio laboral número 575/2/2013 promovido por el ciudadano Gerardo Morales Ramírez (ex agremiado de este sindicato) vs Sindicato de Trabajadores en Transportes Terrestres y Casas de Comercio de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, mismo que se encuentra radicado ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Tampico, Tamaulipas, y en el cual actualmente se encuentra promovido el Juicio de Amparo Directo número 236/2020 radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; así como el recurso de revisión interpuesto por mi representada bajo el número 647/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la que deriva de la denuncia penal interpuesta en contra de ciudadano Gerardo Morales Ramírez.
De acuerdo con lo mencionado y ante su protestad pedimos únicamente se haga justicia sin corromper lo que marca la ley ya que el ciudadano Gerardo Morales Ramírez, en el periodo comprendido del 25 de octubre de 2009 al 25 de octubre de 2013 desempeñó el cargo de Secretario de Relaciones, además de seguir siendo agremiado de esta agrupación sindical, sin embargo por actos que afectaban a nuestra agrupación por parte de él y bajo nuestros estatutos en septiembre del año 2013, por quórum mayoritario fue sustituido de su comisión, aunado a lo anterior es el hecho de que el ciudadano Gerardo Morales Ramírez desde el año de 1987 ingreso a laborar al servicio de una persona moral totalmente distinta y en la cual fue inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajador de la empresa Grupo Modelo del Noreste, S de RL de CV, ubicada en colonia Españita s/n de Altamira, Tamaulipas, y de la cual causa baja en el año 2013, mediante un convenio fuera de juicio radicado bajo el número 2146/1/2013 radicado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Tampico, Tamaulipas, y en el cual se estipulaba que el ciudadano Gerardo Morales Ramírez había sido trabajador de la empresa Las Cervezas Modelo del Noreste, S de RL de CV, en el periodo comprendido del año 1987 al 2013 y que en fecha 04 de octubre del año 2013 habían decidido dar por terminada la relación laboral por mutuo consentimiento en términos de los numerales 33 y 53 de la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo, se hace hincapié que el ciudadano Gerardo Morales Ramírez únicamente desempeñaba dentro de este sindicato una comisión como delegado sindical por tiempo determinado, sin embargo y en virtud de sus malos manejos desafortunadamente el C. Gerardo Morales Ramírez indebidamente y sin medir consecuencia alguna por su destitución demando a esta agrupación argumentando que era trabajador de la misma cuando únicamente él era agremiado. Asimismo, conduciéndose bajo calumnias y falacias con el fin de perjudicar a nuestra honorable organización perjudicando a más de mil familias que dependemos del sindicato ya que pretende lucrar para obtener por una cantidad de 4 millones 619 mil 375.56. pesos.
Lamentablemente el C. Gerardo Morales Ramírez y su apoderado legal el Lic. Roberto Noguera Lerma representante jurídico del sindicato de aquella fecha abusaron del poder sindical y de la confianza ya que hasta la fecha con trampas y calumnias buscan obtener ese lucro indebidamente.
Secretaria de Gobernación entendemos que es una persona inteligente y muy ocupada pero sobre todo muy justa y atenta por tal motivo suplicamos nos regaló 30 minutos de su valioso tiempo para revisar nuestro tema delicado, ya que la única finalidad por parte de nosotros es su valioso apoyo para que en la Ciudad Victoria, Tamaulipas, se nos haga justicia con el magistrado del Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materias penal y del trabajo del Decimonoveno Circuito con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con nuestro tema ya que como dice nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su gobierno no se tolerará corrupción y mucho menos impunidad.
Finalmente, agregamos documentos legales donde usted misma de una manera clara se dará cuenta que lo que requiere el Sindicato de Trabajadores en Transportes Terrestres y Casas de Comercio de Tampico, Ciudad Madero y Altamira Tamaulipas, es justicia.
Reciba un fraternal y afectuoso saludo de parte de esta agrupación sindical y a nombre de miles de familias que depende del mismo. Usted, secretaria de Gobernación, licenciada Olga Sánchez Cordero, y nuestro señor presidente.
El licenciado Andrés Manuel López Obrador, muchas bendiciones y salud, nos despedimos no sin antes mencionarles que tienen todo nuestro apoyo como núcleo sindical.
Tampico, Tamaulipas, a 25 de enero de 2021.
Secretario General
Roberto Martínez Olivo
Honor, Trabajo y Justicia
Tercera. Como parte de mi labor como representante popular del distrito VIII con cabecera en Tampico, Tamaulipas, y con estricto apego a la revisión de los documentos comprobatorios de rendición de cuentas y de transparencia, así como de respeto a las organizaciones sindicales, solicito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a la Secretaría de Gobernación para que, en el conocimiento de los casos, pueda determinar acciones que favorezcan la conciliación y solución de la situación.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el uso de sus facultades, pueda investigar la situación correspondiente al Sindicato de Trabajadores en Transportes Terrestres y Casas de Comercio de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, para contribuir al esclarecimiento de circunstancias que actualmente se encuentran en la Junta Especial Número Dos Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en Tampico.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes y las soberanías, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que junto con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social pueda implantar acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la ley en el marco del respeto a los estatutos internos de los sindicatos y, para que, en conocimiento de la situación del Sindicato de Trabajadores en Transportes Terrestres y Casas de Comercio de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, pueda intervenir favorablemente en el caso.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a garantizar la dotación de insumos médicos a pacientes no derechohabientes o que por el sobrecupo hospitalario deben ser atendidos de Covid-19 en el hogar, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la dotación de insumos médicos para pacientes no derechohabientes o que debido al sobrecupo hospitalario tengan que ser atendidos de Covid-19 en sus casas; dentro de esos insumos médicos se deberán integrar los medicamentos correspondientes, los tanques y/o las recargas de oxígeno, las pruebas de detección del virus de forma masiva, así como los demás insumos que sean necesarios para garantizar el derecho a la salud, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
El derecho a la salud en México es una utopía, las cifras son demoledoras: en 2012, 25.3 millones de personas no contaban con acceso a la salud y 47.8 millones estaban afiliadas al seguro popular. Para 2017, las cifras no mejoraron el panorama del derecho a la salud en México. En el cuarto trimestre del año pasado, 57 por ciento de la población ocupada de México trabajaba en la informalidad. 30.2 millones de personas sin acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que en muchos casos dependen de la ayuda del Seguro Popular, cuyo padrón de afiliados ya rebasó los 53 millones de mexicanos.
Por su parte en esta administración lejos de mejorar, con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se agravó la crisis en materia de salud, no hay servicios, inició sin reglas de operación, y hay una gran opacidad en los recursos que lo integran donde hoy en día no se sabe cómo, ni en qué se ha gastado, mientras que se pierden miles de vidas, cifras que se agravaron sin duda con la entrada de la pandemia Covid-19.
A mayor abundamiento, entre enero y agosto de 2020, un total de 108 mil 658 personas murieron a causa del Covid-19 en México, de acuerdo con el conteo preliminar de certificados de defunción revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esto ubica a la nueva enfermedad como la segunda causa de muerte en México en ese periodo, sólo detrás de los padecimientos del corazón. Las defunciones en México escalaron casi 37 por ciento entre enero y agosto de 2020 respecto al mismo periodo del año previo, lo que implicó un aumento de unas 184 mil muertes. Se trata de 33 mil 641 muertos más por Covid respecto a los que, en su momento, dio a conocer la Secretaría de Salud federal al cierre de agosto pasado. Es decir, la cifra real de decesos confirmados por Covid es casi 45 por ciento superior a la que se reporta diariamente.
Por su parte el artículo 4o. constitucional señala que se debe garantizar para todas las personas el derecho a la protección de la salud y corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama el “derecho a la atención o asistencia sanitaria”, y tiene por ende el Estado obligaciones positivas, es decir de hacer, consistente en evitar que terceros o por omisión ante alguna situación se dañe la salud de los mexicanos, hoy no sólo el gobierno es errático en sus acciones, está siendo omiso ante el mandato constitucional.
En ese sentido es de conocimiento público la catastrófica gestión de la pandemia en nuestro país, donde lamentablemente ya no podemos mirar al pasado, se deben atender las situaciones que hoy en día se presentan, ya que, en la mayor parte de los estados, a más de un año de la aparición de esta pandemia, no sólo no se ha podido domar, sino que se encuentra en su punto más alto y la crisis hospitalaria y de insumos médicos es un caos.
Una de las situaciones en lo particular que se está observando es la falta de oxígeno, no sólo en los hospitales, sino en los pacientes que se están atendiendo en casa, ya que existen diversos establecimientos que venden o rentan tanques de oxígeno a precios muy elevados e imposible de acceder, utilizando la crisis para tener ganancias indebidas a través de la escasez aparente que se está impulsando por los propios vendedores para elevar aún más los precios.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 80 por ciento de las personas infectadas por coronavirus se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento alguno. El 20 por ciento restante presenta un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos, pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves, por lo que hoy en día el oxígeno se está convirtiendo en un accesorio de lujo y que debido a la gran desigualdad social que se sigue acrecentando en el país, las personas con menos recursos y con más necesidades se ven seriamente afectadas, se están muriendo por no tener un gobierno que preste atención médica y por no tener dinero para poder pagar su tratamiento y atención, si no paramos esta acción la brecha de desigualdad en el país será irremediable, las muertes seguirán en aumento y por consecuencia la crisis económica del país también se agravará.
Es por ello que considero necesario realizar acciones que velen por la gente más pobre, la más desprotegida, ya que en el país la mayoría de personas no tienen acceso a seguridad social y también son los que menos recursos tienen para poder atenderse en hospitales particulares, por lo tanto ante esta emergencia sanitaria, el gobierno si bien, ya se encuentra rebasado en atención médica, debe por lo menos garantizar las condiciones para que la gente pueda salvar su vida desde casa, sin abusos, sin acaparamientos y con el poder del Estado, velando por la gente.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, de manera atenta y respetuosa, exhorta a la Secretaría de Salud, a garantizar la dotación de insumos médicos para pacientes no derechohabientes o que debido al sobrecupo hospitalario tengan que ser atendidos de Covid-19 en sus casas, dentro de esos insumos médicos se deberá integrar los medicamentos correspondientes, los tanques y/o las recargas de oxígeno, las pruebas de detección del virus de forma masiva, así como los demás insumos que sean necesarios para garantizar el derecho a la salud.
Segundo. La Cámara de Diputados, de manera atenta y respetuosa, exhorta al Ejecutivo federal a emitir un decreto en el cual se instruya a la Secretaría de Salud y la Procuraduría Federal del Consumidor, a establecer medidas de control de precios y, en su caso, subsidios para regular el costo de los tanques y recargas de oxígeno durante la presencia de la pandemia, dar seguimiento y realizar las denuncias que así lo ameriten para aplicar las sanciones correspondientes al delito de acaparamiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de BC a instruir a la Secretaría de Salud local para que en los grupos prioritarios se vacune contra el Covid-19 a policías y bomberos del estado, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN
pan3La diputada Lizbeth Mata Lozano, y sucrito por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Baja California, a fin de que en el ámbito de sus competencias, gire instrucciones a la Secretaría de Salud de la entidad, a efecto de que se vacunen contra Covid-19, dentro de los grupos prioritarios a policías y bomberos de todo Baja California, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde marzo de 2019 que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al virus de Covid-19, en Baja California se extremaron precauciones, así como en todo el país y el Mundo.
Sin embargo, en algunos municipios de Baja California, policías y bomberos fueron capacitados para estar preparados en caso de ser necesario atender casos de Covid, además que han estado trabajando de forma permanente y normal sin que se les otorgue momentos de cuarentena, como sí ocurrió en otras areas y dependencias de gobierno.
Precisamente, al ser actividades prioritarias el tipo de trabajo que realizan los policias y bomberos, ha sido personal que sigue laborando como de costumbre y, más aún con capacitación para atender, de ser necesario, casos de Covid.
Derivado de esto, los policías y bomberos de Baja California se encuentran expuestos de forma constante, ya que son personas que trabajan en un area considerada esencial, por lo que se arriesgan a contraer la enfermedad. Y desafortunadamente ya se han dado varios casos en la entidad, de policías y bomberos que se han contagiado en el ejercicio de sus labores, incluso hay reportes de varios fallecidos.
Es indispensable poner a la par a policías y bomberos porque son personas que trabajan en servicios de emergencias de los gobiernos municipales de Baja California, y en muchos casos no estan protegidos adecuadamente con prestaciones.
Por ende, se requiere que se les garantice la integridad humana como personas que son, que se les otorgue la vacuna contra Covid antes que a la población en general, y que sean tomados en cuenta para la inmunización dentro de los grupos prioritarios de las primeras etapas de vacunación. Ya que son los policías y bomberos quienes estan trabajando por los ciudadanos, y en ocasiones sin la protección adecuada, porque incluso aveces ni eso se les proporciona por los gobiernos para los que trabajan.
Al día de hoy, el municipio de Tijuana, Baja California, ha sido el más afectado con contagios en las fuerzas policiales y en el area de Bomberos, con alrededor de 500 contagios dentro de ambas corporaciones, con 17 fallecidos.
Es menester mencionar que Baja California sigue en semáforo rojo por la pandemia, y que Mexicali y Tijuana están en el lugar 13 y 14 en la lista de mayor contagios en el país.
Por lo anterior, es de carácter urgente que el gobernador del estado y la Secretaría de Salud de la Entidad, tomen las medidas necesarias para incluir en la vacunación lo más pronto posible a los elementos de policías y bomberos de Baja California.
En días recientes se inició el proceso de vacunación en Baja California, en la que se aplicarán un total de 9 mil 750 vacunas en esta primera etapa.
De este modo, se propone punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo de Baja California, a fin de que en el ámbito de sus competencias, gire instrucciones a la Secretaría de Salud de la entidad, a efecto de que se vacunen contra Covid-19, dentro de los grupos prioritarios a policías y bomberos de todo Baja California.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, emite atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo de Baja California, a fin de que en el ámbito de sus competencias, gire instrucciones a la Secretaría de Salud de la entidad, a efecto de que se vacunen contra Covid-19, dentro de los grupos prioritarios a policías y bomberos de todo el estado de Baja California.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputados: Lizbeth Mata Lozano (rúbrica), Ana Paola López Birlain, Jacquelina Martínez Juárez, Saraí Núñez Cerón, Mario Mata Carrasco, María Liduvina Sandoval Mendoza, Ricardo Flores Suárez, Jesus Guzmán Aviles, Martha Estela Romo Cuellar, Lura Angélica Rojas Hernández, Josefina Salazar Báez, Verónica María Sobrado Rodríguez, Martha Elisa González Estrada, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Dunyaska García Rojas, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Adriana Dávila Fernández, Karen Michel González Márquez, Silvya Violeta Garfias Cedillo, Juan Carlos Romero Hicks, Annia Sarahí Gómez Cardenas, Janet Melanie Murillo Chavez, María del Rosario Guzmán Aviles, Gloria Romero León, María de los Ángeles Ayala Díaz, Dulce Alejandra García Morlan, Carlos Carreón Mejía, Ector Jaime Ramírez Barba, Ivan Arturo Rodríguez Rivera.
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave a investigar el probable desvío de recursos de la Secretaría de Educación Pública estatal, con motivo del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial, cuyo contrato de aseguramiento fue adjudicado a Seguros Azteca Daños, SA de CV, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que se investigue el probable desvío de recursos de la Secretaría de Educación Pública estatal, con motivo del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial cuyo contrato de aseguramiento fuere adjudicado a Seguros Azteca Daños, SA de CV, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con el manual del usuario1 el Sistema para el Control de Bienes Patrimoniales (SiCoBiP) es un proyecto que tiene la intención de brindar un sistema mejorado para el control de bienes patrimoniales, tiene el objetivo de ser una herramienta que brinde ayuda al usuario para llevar un control más eficiente de los bienes patrimoniales que tiene la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV en adelante) en sus oficinas centrales, en las delegaciones regionales y en los centros de trabajo que se encuentran a lo largo y ancho del estado de Veracruz.
Nace debido al incremento de necesidades del personal de la Oficina de Registro Contable del Patrimonio de la Secretaría. Se ejecuta bajo el entorno del Sistema operativo Windows, para facilitar su manejo.
El mismo manual refiere las siguientes ventajas del SiCoBiP:
• Mayor seguridad de los datos.
• Vigila la integridad referencial de los datos.
• Elimina al máximo la redundancia de datos.
• Se eliminan al máximo la inconsistencia en los datos.
• Se optimiza el procesamiento de los datos.
• Brinda una capacidad de procesamiento eficiente para grandes volúmenes de datos.
• Brinda la capacidad de trabajar en red.
• Brinda capacidades de procesamiento para medianas y grandes organizaciones.
• SiCoBiP también vigila desde su interfaz la entrada válida de datos, asegurando así un 99% de efectividad al registrar datos por el capturista.
Así mismo, destaca los siguientes Beneficios del proyecto SiCoBiP:
• Generar un solo y único número de inventario para cada bien.
• Permite trabajar en red (varios usuarios capturando simultáneamente)
• Capturar y /o seleccionar de manera más eficiente los datos de los bienes muebles que se dan de alta.
• Capturar solo aquellos datos que sean funcionales para controlar el inventario.
• Eliminar la captura de aquellos datos que son inservibles y que actualmente entorpecen la capturan y ocupan espacio innecesario.
• Contar con consultas en pantalla que apoyen al personal de las delegaciones a tomar decisiones de manera más eficiente.
• Contar con reportes impresos que apoyen al personal de las delegaciones a tomar decisiones de manera más eficiente.
• Homogeneizar las operaciones en todas las delegaciones dentro del estado de Veracruz y que pertenecen a la SEV.
• Contar con un sistema que ataque y resuelva la necesidad institucional que tiene la Secretaría.
Cabe señalar, que todas las escuelas del Estado están inscritas en este sistema y deben actualizar periódicamente sus inventarios -que incluyen no solo los bienes adquiridos por la propia SEV sino también aquellos que han sido adquiridos directamente por la escuela por otros medios, como pueden ser donativos o adquisiciones a cargo de la sociedad de padres de familia - por lo que, cuando acontece un siniestro por desastre natural (lluvias, inundaciones, deslaves o temblores, entre otros) o por robo, también debe actualizarse el inventario correspondiente debiéndolo reportar, además al 911.
En los últimos años se ha visto un incremento notable en el robo a mobiliario de escuelas que ha llegado a incluir no solo enseres, equipo electrónico y mobiliario sino incluso ventanas, puertas, cables, etc. Es decir, se han desmantelado totalmente algunas escuelas, lo que imposibilita su uso para el objetivo de la enseñanza, tanto presencial como a distancia. Situación que se ha agravado en esta época de pandemia, confinamiento y crisis económica.
Paralelamente al sistema SiCoBiP, existe un “Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial”2 de la SEV que fue notificado a los Subsecretarios, Directores Generales, Coordinadores Generales, Subdirectores y Delegados Regionales mediante oficio de fecha 15 de junio de 2020, a través del cual la SEV refiere el oficio 712/DGASAI/405/2020 de fecha 22 de abril de 2020, mediante el cual el Director General Adjunto de Servicios, Almacenes e Inventarios de la Secretaría de Educación Pública comunica a los Secretarios de Educación en las entidades federativas, sobre dicho programa.
Así mismo, se les informa que el contrato objeto de éste se adjudicó al proveedor Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V., mediante la Póliza número ISEP0001 con una vigencia de las 00:00 horas del día 1o de abril de 2020 a las 24:00 hrs del 30 de junio del 2021, misma que cubre los siniestros de responsabilidad civil generada por daños patrimoniales a bienes muebles e inmuebles de la infraestructura escolar Federal y Estatal, de los sistemas de Educación Básica, Especial e Indígena; sistemas oficiales de Educación Normal en las Entidades y de Media Superior (Escuelas de bachilleres, telebachilleratos, telebachilleratos comunitarios, Universidad Pedagógica Nacional y Pedagógica Veracruzana)
En el marco del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial se solicita a los planteles educativos presentar acta circunstanciada de hechos y soporte fotográfico, así como su envío por correo electrónico, para integrarlo al reclamo de la indemnización por seguros; también se solicita especificar cuando se trate de aulas enciclomedia, la clave del centro de trabajo y el número de aulas dañadas.
Con motivo de este seguro de daños, al acontecer un siniestro, la aseguradora debe pagar a la SEV los montos correspondientes derivados de cada siniestro, según lo estipulado en su contrato, sin embargo, es sabido que la SEV no restituye estos recursos a las escuelas ni en efectivo, ni en especie, respecto de los bienes destruidos o robados con motivo de los siniestros.
En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa tanto la carencia de recursos materiales que hagan posible la enseñanza presencial o a distancia en el país y particularmente en el Estado de Veracruz; como el eventual desvío de recursos que eventualmente pudiera ocurrir con motivo de este contrato de seguro por el cual se reclaman siniestros y se obtienen lo pagos correspondientes, mismos que, al parecer, no son entregados ni en efectivo ni en especie a las escuelas afectadas.
Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que se investigue la existencia de desvío de recursos en la Secretaria de Educación estatal con motivo del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial cuyo contrato de aseguramiento fuere adjudicado a Seguros Azteca Daños, SA de CV.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que, por conducto del titular de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, Zenzayen Escobar García, transparente e informe a la opinión pública los siniestros denunciados en el marco del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial, los procedimientos realizados y los pagos recibidos por la aseguradora antes referida, así como el destino de tales recursos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, para que se realicen las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer posibles hechos de corrupción y desvío de recursos relacionados con el Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y, en su caso, se detenga y consigne ante las autoridades correspondientes a los probables responsables de tales delitos.
Notas
1 Manual consultable en https://www.sev.gob.mx/v1/sistemas-institucionales/sicobip/
2 https://www.sev.gob.mx/servicios/sicobip/aseguramiento_patrimonial.php
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a autorizar por la Cofepris en el uso emergente de vacunas contra el SARS-Cov2 sólo las aprobadas por la OMS, según las normas internacionales aplicables, para tener plena certeza sobre su proceso de creación, la realización adecuada de protocolos de ensayo clínicos, su efectividad y posibles riesgos secundarios, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobierno federal a través del titular de la Cofepris para que sólo se autorice el uso emergente de vacunas en México contra el Virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad Covid-19, de aquellas que ya hayan sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de conformidad con las normas internacionales aplicables, para tener plena certeza sobre su proceso de creación, la realización adecuada de protocolos ensayo clínicos, su efectividad y posibles riesgos secundarios, a fin de proteger la vida y la salud de las y los mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con un estudio de la Universidad de Johns Hopkins, con cifras actualizadas al 23 de enero de 2021, México ocupa el 2o lugar en letalidad por el virus del SARS-CoV-2, que produce la enfermedad denominada Covid-19.
En nuestro país mueren 17 personas por cada 200 contagiadas y ya superamos las 150 mil víctimas mortales; en otras palabras, tras cumplirse 11 meses de la crisis sanitaria la tasa de letalidad en las personas contagiadas es de 8.5%.
Es así que México supera los índices de mortalidad de naciones con mayor número de casos, como Reino Unido, Brasil, Estados Unidos e India.1
De acuerdo con el reporte técnico de la Secretaría de Salud al 25 de enero de 2021, México llegó a 1 millón 771 mil740 casos confirmados y 150 mil273 defunciones a causa de esta enfermedad.2
Estas cifras colocan al país en un nuevo máximo histórico en el conteo de víctimas letales de esta enfermedad. Hasta el momento, el pico más alto de fallecimientos llegó el pasado 21 de enero, cuando se contabilizaron mil 803. En el país, la cantidad de muertos alcanzó su primer máximo histórico el pasado 30 de diciembre de 2020, cuando la cifra llegó a los cuatro dígitos, con mil 52 personas.
De acuerdo con la revisión de las cifras de la Universidad de Johns Hopkins, 10 países tienen el mayor número de decesos por causa del Covid-19, sin considerar el tamaño de la población: Estados Unidos, con 417 mil 399; Brasil, con 216 mil 445; India, con 153 mil 339 casos; México, con 149 mil 84 (en la última actualización con que contaba la institución), y el Reino Unido, con 97 mil 518.3
Entre estos países con más víctimas mortales de la enfermedad, México tenía la tasa de mortalidad más alta: 8.5%; Reino Unido, 2.7%; Brasil y Colombia, 2.5%; Alemania y Francia, 2.4%; España, 2.2%; Rusia, 1.9%; Estados Unidos, 1.7%, e India, 1.4%. De ellos, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Colombia e India reportan una tendencia a la baja en la cantidad de nuevos casos diarios. El resto: Alemania, México, Francia, Brasil y España continúan reportando alzas diarias de contagios.4
Entre 173 países que analizó la institución, México ocupó el segundo lugar con la mayor tasa de mortalidad por cada 100 pacientes. El primer lugar es Yemen, con 29%.
Ante esta pandemia que tanto ha afectado al mundo entero, son varias las empresas internacionales que se han dado a la tarea de buscar métodos para la creación de vacunas, que han venido desarrollando - algunas de ellas con mejores resultados que otros - con una gran demanda de compra por parte de las naciones afectadas por la pandemia. La demanda es tan grande y la capacidad de producción tan baja que se ha entrado en el mercado de la disputa por los medicamentos y vacunas que demuestran mayor efectividad.
En México el gobierno federal determinó que ellos serían los recipiendarios de la vacuna, la que se distribuiría de acuerdo con los calendarios establecidos por las autoridades sanitarias. Para tal efecto se firmaron acuerdos con la empresa Pfizer, la que inició el envío de la vacuna en pequeñas porciones, cuyas primeras dosis serían usadas para la vacunación del personal médico de primera línea que atiende a los enfermos de Covid, entre finales de diciembre y principios de enero y de pronto se frenaron los envíos por dos situaciones: la primera: la reorganización de los laboratorios productores, para concentrar mayores producción y segundo por la atención requerida para naciones en mayor márgenes de pobreza que México.5
La realidad es que la producción no alcanza para cubrir las expectativas de un mundo que sucumbe ante los embates de una pandemia que se presentó de improviso y ha provocado la muerte de miles de personas en todo el planeta.
Y en este escenario, la estrategia de vacunación del Gobierno Federal resulta insuficiente para atender a la población en México y no podrá cumplir con sus propias metas establecidas. Pareciera que para el Gobierno Federal ha sido más importante proteger su popularidad que reducir el número de contagios o la cantidad de fallecidos por el Covid-19 y que impulsar la economía. No cabe duda que la estrategia de vacunación denota más su interés en las elecciones intermedias de 2021.
Mientras que México es el país que ocupa el primer lugar mundial en muertes de personal médico y de salud que se enfrentan a la pandemia, el Gobierno Federal ha optado por una estrategia de vacunación en la que los primeros beneficiados no es el personal médico, sino los mal llamados “Siervos de la Nación”, que son sus movilizadores de votos para las elecciones.
Todo esto mientras que Morena utiliza sus tiempos electorales para hacer campaña con la vacuna, que no está llegando al personal de salud y que tanto diputados, ediles y funcionarios públicos de Morena se han aprovechado de su posición para poder aplicarse la vacuna antes que las personas que arriesgan día con día su vida tratando de contener esta ola de más de 150 mil muertes, según sus propias cifras.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Sputnik V se encuentra en fase 3 y en nuestro país, la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sólo ha autorizado las vacunas de Pfizer y AstraZeneca para su uso de emergencia. Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la vacuna Sputnik V no se podrá aplicar en México hasta que cuente con la autorización para uso de emergencia de la Cofepris.6
Hungría se ha sumado a Bielorrusia, India y Emiratos Árabes Unidos en la lista de países que prueban esta vacuna; y México, Bielorrusia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Argelia, Serbia y Palestina apuestan por la vacuna rusa.7
Son muy preocupantes los contratos realizados para traer la vacuna a México: En primer lugar el Gobierno Federal reservó los contratos para la adquisición de vacunas. Por otro lado, ya compraron 12 millones de dosis de la vacuna “Sputnik V”, que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por la Food and Drug Administration (FDA); mientras tanto, la vacuna de Pfizer tuvo que reducir su producción, como ya señalamos, para reorganizar su fábrica. El plan de vacunación no ha logrado concretar ni un millón de vacunados de los 33 millones que deberían lograr para marzo, de acuerdo con su propias metas.
No se debe permitir poner en riesgo la salud con vacunas aún no aprobadas por la OMS, ya que en tanto no se cuente con dicha aprobación, se desconoce su proceso de creación, los protocolos de ensayos clínicos, su efectividad real y sus efectos secundarios.
Tan es así, que dentro del propio gobierno federal se comenta que Hugo López-Gatell no está del todo de acuerdo con la idea de abrir la puerta a los biológicos rusos ni a los chinos. Prueba de ello es que la Cofepris le ha estado dando largas a la vacuna de CanSino, traída de China y que se encuentra en la llamada fase 3 de pruebas en el llamado Comité de Moléculas Nuevas, órgano de Cofepris que debe dar luz verde para la autorización de las vacunas. Sin embargo, su presidente, Gustavo Reyes Terán, al parecer por órdenes de López-Gatell, se está tomando las cosas con calma.8
Como es sabido, ante la baja en la entrega de dosis por parte de Pfizer, el gobierno de la 4T necesita urgentemente tener otras opciones, por lo que la vacuna rusa representa más que la mejor opción médica, un salvavidas político. Es así que en la llamada telefónica celebrada el 26 de enero entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, el gobierno mexicano se propuso realizar una compra de unos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para que el Presidente cumpla con su promesa de inmunizar a 15 millones de adultos mayores en 70 días. El compromiso, que ha reiterado varias veces AMLO, es que al 31 de marzo a todos los adultos mayores estén vacunados.9
En síntesis, para el 25 de enero ya acumulábamos 1.7 millones de contagios y 150 mil fallecidos. La cifra no incluye a quienes no se les hicieron pruebas y fallecieron supuestamente de otras causas. Y en este terrible escenario la vacunación parece la luz al final del túnel, pero en México está empezando muy lentamente y mal, mientras que la recomendación de los expertos es comenzar con todo el personal de salud de primera línea, para seguir con las personas de mayor edad, vacunando primero en los lugares más afectados, particularmente las zonas urbanas más susceptibles a contagios masivos, el Presidente López Obrador ha anunciado que va a empezar la vacunación de maestros, la mayoría jóvenes, en Calakmul, Campeche, una zona en donde casi no hay contagios.10
Para Acción Nacional en este caótico escenario en el que la pandemia por Covid -19 ha propiciado más de 1.7 millones de contagios y cobrado ya la vida de más de 150 mil mexicanos, el derecho a la vida y a la protección de la salud, derecho humano y garantía prevista en nuestra Carta Magna, debe ser la prioridad número 1 del Poder Ejecutivo, de manera urgente, efectiva y segura. Por lo que, estimamos totalmente indispensable
Por lo anteriormente descrito, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a través del titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, doctor José Alonso Novelo Báez, para que sólo se autorice el uso emergente de vacunas en México contra el Virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad Covid-19, de aquellas que ya hayan sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de conformidad con las normas internacionales aplicables, para tener plena certeza sobre su proceso de creación, la realización adecuada de proyectos de ensayo clínicos, su efectividad y posibles riesgos secundarios, a fin de proteger la vida y la salud de las y los mexicanos, así como evitar riesgos adicionales.
Notas
1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-segundo-en-letalidad-por-v irus-estudio
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/608700/Comunicado_Tecnic o_Diario_Covid-19_2021.01.25.pdf
3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-segundo-en-letalidad-por-v irus-estudio
4 Ibídem
5 De Frente y de Perfil . Ramón Zurita Sahagún. La Guerra de las Vacunas 250121.
6 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
lilly-tellez-sputnik-v-es-la-vacuna-barata-por-eso-la-eligio-el-gobierno-la-aprobara-cofepris
7 Ídem.
8 Columnas Políticas, 25 de enero de 2021. Templo Mayor (Reforma)
9 Bajo Reserva (El Universal) Putin, un salvavidas político para AMLO. 25 de enero de 2020.
10 Jaque Mate (Sergio Sarmiento / Reforma) Realismo trágico. 25 de enero de 2020.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2021.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a implantar acciones inmediatas de desazolve del río Santa Catarina, en la zona metropolitana de Monterrey; y ampliación del cauce del arroyo Topo Chico, en San Nicolás de los Garza, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Ricardo Flores Suárez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Han pasado seis meses desde que la tormenta tropical Hanna el 23 de julio de 2020, afectó considerablemente el estado de Nuevo León. La caía de árboles, múltiples encharcamientos, accidentes de tránsito, así como daños en innumerables inmuebles y vehículos, hasta el desbordamiento del Arroyo Topo Chico, en San Nicolás de los Garza, así como del Río Santa Catarina que atraviesa parte de los municipios de Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, Guadalupe, Juárez, Santiago y Cadereyta, forman parte de las afectaciones. El desbordamiento de ríos y arroyos en Nuevo León en tiempo de lluvias ha sido una problemática que todos los años constituye un riesgo directo a sus habitantes y a la infraestructura urbana.
II. El Río Santa Catarina y el torrente desmesurado de su corriente por las intensas lluvias en 2020, pusieron al límite su capacidad para convertirse en un riesgo inminente de desbordamiento e inundación de la ZMM, como sucedió en el año 2010 con el huracán Alex, a pesar de la función de la Presa Rompepicos con escurrimientos regulados.
III. El cauce de los arroyos Topo Chico, Seco y el Obispo, en época de lluvias constituyen un gran riesgo para la vida y la seguridad de los habitantes de las colonias Las Puentes, sectores 4o., 7o., 8o. y 14; Valle de las Flores y Padreas de Santo Domingo, principalmente debido a que éste al desbordamiento desde la avenida San Nicolás hasta la avenida Vicente Guerrero, limítrofe al municipio de Apodaca y actualmente los citados cauces se encuentran sucios y tapados por los desechos de los daños que aún permanecen en ellos.
IV. En este marco, diversas autoridades en los tres órdenes de gobierno como el Dr. Zeferino Salgado Almaguer, Alcalde de San Nicolás de los Garza, han realizado esfuerzos extraordinarios al destinar $180 millones de pesos para ampliar la capacidad del Arroyo Topo Chico y evitar mayores daños a la población que habita en las zonas aledañas. Lo anterior, ante la nula respuesta de la Comisión Nacional del Agua, como instancia responsable de conservar los arroyos, en términos de la Ley de Aguas Nacionales.
V. Adicionalmente, en reiteradas ocasiones diputados federales de diversos partidos políticos de Nuevo León, han alzado la voz para pronunciarse a favor de la aprobación de recursos públicos federales vía Presupuesto de Egresos de la Federación que permitan la construcción de obras bajo la coordinación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que tengan por objeto la ampliación del citado cause en el municipio de San Nicolás de los Garza.
VI. Por lo anterior, es urgente que la Comisión Nacional del Agua, -en su carácter de Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico- atienda la situación en la que se encuentran los arroyos de la ZMM del Estado de Nuevo León.
VII. En mi calidad de Diputado Federal del Distrito 4 de San Nicolás de los Garza, hago un enérgico llamado a la Comisión Nacional del Agua para que en 2021 no continúe postergando su responsabilidad en el marco de sus atribuciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales, para limpiar y conservar los arroyos del Estado de Nuevo León.
Por lo expuesto, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus atribuciones implemente acciones inmediatas de desazolve del Río Santa Catarina en la Zona Metropolitana de Monterrey y de ampliación del cauce del Arroyo Topo Chico en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de febrero de 2021.
Diputado Ricardo Flores Suárez (rúbrica)
Loading