Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5692-V, miércoles 13 de enero de 2021
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a actualizar y fortalecer las leyes de justicia ambiental, según los principios de precaución y participación ciudadana, así como reforzar las facultades de las respectivas procuradurías en materia de conservación, protección, inspección y restauración del entorno y recursos naturales, a cargo del senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, senador José Ramón Enríquez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, somete a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, del siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas, a la actualización y fortalecimiento de leyes en justicia ambiental, observando los principios de precaución y participación ciudadana; así como de reforzar las facultades de las Procuradurías del Medio Ambiente en materia de conservación, protección, inspección y restauración del medio ambiente y recursos naturales: cuyo objetivo y fin, es buscar el derecho humano a un medio ambiente sano, con base en las siguientes:
Consideraciones
La Organización Mundial de la Salud (OMS en lo subsecuente), señala que, aunque no hay una estimación oficial del número de personas que resultan afectadas por factores de riesgo ambientales, se sabe que tiene un peso importante en la salud pública.
Se estima que alrededor de 7 millones de personas mueren al año a nivel mundial por la exposición a la contaminación atmosférica, convirtiéndose en el riesgo ambiental más importante para la salud, según información de la OMS.
De conformidad con información oficial, “en las ciudades donde hay niveles elevados de contaminación atmosférica, sus habitantes padecen más enfermedades cardiacas, problemas respiratorios y cáncer de pulmón, contrario de que quienes viven en zonas donde el aire es más limpio”.1
En este mismo sentido, se estima que el impacto económico de la contaminación ambiental sobre la salud en el caso de México, ascendió en 2018 a unos 9,989 millones de pesos, de los cuales 8,225 millones de pesos corresponden a muertes prematuras, productividad y ausentismo laboral; y los restantes 1,763 millones de pesos a gasto de salud, lo anterior, con base a información del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Es una realidad que en México, se han creado una serie de directrices regulatorias en medio ambiente, añadiéndose su adhesión a tratados y acuerdos internacionales, asegurando así un ambiente sano. En ellos se indican las acciones para velar por un medio ambiente sano, estableciendo las sanciones y responsabilidades en caso de no cumplir con ello, así como la obligación de restaurar el daño ocasionado.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que participa, leyes generales y federales, reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX), decretos y acuerdos, constituciones estatales, leyes estatales, conforman el marco normativo o los instrumentos legales para regular la materia ambiental en México. Cierto es que, aún es necesario fortalecer el andamiaje jurídico para reducir los problemas del medio ambiente que afectan la salud de los mexicanos y la economía nacional, garantizando con ello el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano.
Ante esta problemática, es importante hacer énfasis que la participación de todos los sectores de la sociedad, es fundamental para lograr verdaderos avances en materia de protección ambiental.
La Primera Sala ha establecido en otros criterios que el derecho a un medio ambiente sano, implica el deber de todos los ciudadanos de colaborar en la protección al medio ambiente y de todas las autoridades para fomentar la participación de la ciudadanía, o bien, asegurar un entorno propicio para la protección del medio ambiente; esto, entre otras acciones, a través de herramientas institucionales y jurídicas para incluir a los ciudadanos en el control de las políticas públicas con impacto ambiental.
En este sentido, el principio de participación ciudadana implica un papel proactivo de las mexicanas y los mexicanos con las medidas que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementan para reducir el impacto nocivo sobre el medio ambiente. Hoy más que nunca, el Estado debe asumir de igual manera, un mayor compromiso y fortalecimiento institucional para aplicar las políticas públicas y cumplir y hacer cumplir las leyes ambientales.
Con esta responsabilidad compartida, debe también venir el fortalecimiento institucional y presupuestario para realmente dar cabal cumplimiento a la normatividad existente en México en materia ambiental.
En este caso en específico, es importante hablar de La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa en lo subsecuente), misma que comprende a un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y operativa. Desde su creación el 4 de junio de 1992. La Profepa ha tenido como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental2 conforme a las atribuciones que se les han otorgado, principalmente:
I. Atender a las Denuncias Ambientales, quejas y participación sociales;
II. Establecer y operar el sistema de denuncia popular en coordinación con las subprocuradurías, la Dirección General de Coordinación de Delegaciones y las Delegaciones de la Procuraduría en las entidades federativas;
III. Recibir, atender, investigar y, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes las denuncias en materia ambiental;
IV. Solicitar y recabar información de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de particulares, para el seguimiento y conclusión de las denuncias ambientales;
Conciliar los intereses entre particulares y de éstos con las autoridades, en la aplicación de las normas, criterios y programas ambientales.3
A su vez, la Profepa, es asistida por las Procuradurías del Medio Ambiente de las Entidades Federativas, mismas que representan a la autoridad encargada de la protección, vigilancia de los derechos humanos a un medio ambiente sano en cada Entidad Federativa y del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental. Siendo por medio de estas, que aquellas necesidades de cada estado son tomadas en cuenta dentro de las leyes federales y locales, siempre en apego a lo estipulado por el artículo 4o., párrafo quinto, de nuestra carta magna, misma que nos otorga el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.
Considero, que las ciudadanas y los ciudadanos únicamente percibirán que el acceso a la justicia ambiental es posible en la medida en que sus demandas se vean satisfechas con un cumplimiento estricto de la normatividad ambiental, a través de la verificación de la ley y sancionando en su caso.
Es por ello, que el presente exhorto busca reforzar las facultades de las procuradurías del medio ambiente en materia de conservación, protección, inspección y restauración del medio ambiente y recursos naturales: cuyo objetivo y fin, es que las mexicanas y los mexicanos disfruten el derecho humano a un medio ambiente sano; pues organismos mundiales como la Organización de las Naciones Unidas ha mencionado en diversos estudios que todos los países deben reconocer formalmente el derecho al aire limpio, al agua potable, a los alimentos sanos, a un clima estable, a una biodiversidad próspera y a ecosistemas saludables, ya que solo de este modo obtendremos grandes beneficios para nuestros ciudadanos.
Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta soberanía, el presente
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas, a la actualización y fortalecimiento de leyes en justicia ambiental, observando los principios de precaución y participación ciudadana.
Segundo. La honorable Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a reforzar las facultades de las Procuradurías del Medio Ambiente en materia de conservación, protección, inspección y restauración del medio ambiente y recursos naturales: cuyo objetivo y fin, es buscar el derecho humano a un medio ambiente sano.
Notas
1 “Verificación vehicular. El costo de no contaminar”. PROFECO. [en línea]. Disponible en:
https://www.gob.mx/profeco/documentos/verificacion-vehicular-el-costo-d e-no-contaminar?state=published
2 Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, SEGOB, [en línea]. Disponible en:
https://www.gob.mx/profepa/quehacemos#:~:text=La%20Procuradur%C3%ADa%20Federal%20de%20
Protecci%C3%B3n,con%20autonom%C3%ADa%20t%C3%A9cnica%20y%20operativa.
3 Principales atribuciones de la dirección general de la Profepa, SEGOB, [en línea]. Disponible en: https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1178/1/mx.wap/atribuciones_de _la_direccion_general.html
Dado en el recinto de la Comisión Permanente a los trece días del mes de enero de dos mil veintiuno.
Senador José Ramón Enríquez Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y la Ssa a llevar a cabo por la Cofepris verificaciones a las empresas que prestan el servicio de esterilización y desinfección en lugares públicos y privados, a cargo de la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Jacquelina Martínez Juárez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Al 9 de enero del año en curso, las defunciones en nuestro país causadas por Covid-19 suman 133, 204 según el Sistema de Seguimiento y Monitoreo de Covid-19 en México.
Actualmente la Ciudad de México y el estado de México, entre otros estados se encuentran en semáforo de riesgo epidemiológico en color rojo, el cual implica salir de casa si es estrictamente necesario, así como la apertura de los establecimientos de uso esencial, esto, debido a la alta ocupación en los hospitales de pacientes con Covid-19 y con ello poder evitar contagios.
Es un hecho que la realidad ha superado la ficción y nos encontramos viviendo momentos muy difíciles no sólo en México, sino en gran parte del mundo, la nueva realidad a la que nos hemos estado incorporando paulatinamente nos obligan a tomar las medidas necesarias para adaptarnos al entorno de este gran aprendizaje frente a la pandemia que atravesamos.
Las cifras que maneja particularmente México, como es de todos sabido, son de observancia general y lamentablemente muy desalentadoras por el gran número de contagios confirmados, sospechosos y de defunciones.
Por eso es de vital importancia que las acciones adecuadas para el sano retorno cumplan con todas las medidas necesarias para su total y completa eficacia.
Una de mis grandes inquietudes que de verdad me preocupa y me ocupa es reactivar la economía sin dejar de lado por supuesto el cuidar y salvaguardar la vida como principal valor y conjúntame salir adelante por todos los medios necesarios y posibles, con las políticas públicas necesarias para activar ciertos sectores que no son un riesgo potencial de contagio, y que son fuente de trabajo de miles de familias.
Es por eso que no podemos dejar nada a la suerte y debemos tener un control férreo de las medidas preventivas para nuestro debido cuidado, tales como la sana distancia, el evitar aglomeraciones, la debida sanitización y desinfección de lugares públicos y privados y las que el gobierno determine.
El gobierno federal emitió las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio del virus, dentro de las cuales se enuncian:
Lavarte continuamente las manos con agua y jabón, al menos durante 20 segundos, mantener tu casa ventilada y limpia, estornudar o toser en el ángulo interno del codo, desinfectar utensilios y superficies de área común, el uso de mascarilla y evitar tocar ojos, manos y boca si las manos no están limpias, entre otras.1
En este sentido, es importante resaltar que dentro de estas medidas de prevención se encuentra la de sanitización y desinfección constante de espacios, establecimientos, hospitales y domicilios particulares, cuya situación ha generado la creación de muchas empresas que brindan dicho servicio; sin embargo, de acuerdo al padrón de establecimientos con servicios de desinfección en áreas públicas y privadas que elabora la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sólo 23 de ellas cuentan con el permiso y autorización.
Bien sabemos que la Cofepris es el órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y operativa, de conformidad con las disposiciones del artículo 17 Bis de la Ley General de Salud la y el artículo 4o. de la Constitución y se encuentra al frente de ésta un comisionado federal nombrado por el Presidente de México a propuesta del secretario de Salud del cual supervisa su funcionamiento y el cual es el encargado de publicar los requisitos que deberán cumplir empresas que presten servicios de desinfección.
La Cofepris publicó el pasado 16 de junio de 2020, actualizada el 24 del mismo mes, un comunicado con los requisitos que deben cumplir los establecimientos que deseen implementar servicios de desinfección y sanitización.2
Para prestar el servicio, las empresas deben inscribirse en el padrón de establecimientos para desempeñar las actividades mencionadas y continuar con el proceso para inscribirse, que es importante mencionar y tener presente que ha sufrido algunas modificaciones.
Con fundamento en los artículos 4o. párrafo cuarto, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o. fracción I, 17, 26 y 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 3o., 4o. fracción III, 13 inciso a) fracciones IX y X y 17 Bis de la Ley General de Salud; 1o., 2o. inciso c) fracción IX, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1o., 3o. fracción I, V, XI, XII y XIII, 4o. fracción II inciso c) y último párrafo, 11 y 14 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en regiones afectadas para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de marzo de 2020, Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de marzo de 2020 y Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 y en atención a la emergencia sanitaria que impera en el país debido a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad conocida como Covid-19, y de la creciente necesidad de contar con servicios de desinfección que vayan acordes a la nueva normalidad que imperará en el país para dar mayor certeza en las condiciones sanitarias imperantes en los diferentes lugares de trabajo.
Esta perfectamente clara la normatividad expresa en dicho comunicado del 24 de junio de 2020 y en el del 8 de julio del mismo año para todos aquellos establecimientos interesados en proporcionar el servicio para sanear y/o desinfectar “sanitizar”, apegado a las buenas prácticas en el uso de desinfectantes durante la prestación de los servicios tales como los formatos de certificado, los formatos para el señalamiento preventivo, los procedimientos para el señalamiento de seguridad, la descripción del proceso de limpieza, el plan de limpieza, el plan de desinfección de áreas, el listado de productos o soluciones desinfectantes, la carta compromiso, la copia simple de las hojas de seguridad y etiquetas de los productos desinfectantes, el plan de manejo de desinfectantes, el listado del equipo de protección persona, el procedimiento de calibración del gasto de los equipos de aplicación que permita calcular dentro de lo posible la cantidad de mezcla a preparar, aquellos establecimientos que también realicen servicios urbanos de deberán contar con áreas específicas para el almacenamiento de sustancias desinfectantes, equipos de aplicación de desinfectantes y equipo de protección personal; esto es, el procedimiento a cabalidad, punto a punto.
Cómo podemos ver se encuentra perfectamente regulado y explícito, sólo que ante la gran demanda que rebasa a las mismas instituciones es nuestro deber la observancia y aplicación con el más estricto apego a la ya citada normatividad.
No obstante, es también que, debido a esta alta demanda, se han creado como ya lo mencioné, muchas empresas que no se encuentran debidamente reguladas para llevar a cabo este servicio de desinfección y sanitización, lo cual puede provocar en la población otras afectaciones por ejemplo de intoxicación, cuando no se utilicen las cantidades adecuadas y debidas en los materiales.
Dentro de las buenas prácticas en el uso de desinfectantes durante la prestación del servicio, se encuentra el procedimiento normalizado de operación (PNO) para el señalamiento de seguridad previo al inicio del tratamiento , con toda la señalética que evite que el personal ocupacionalmente expuesto y la población abierta pueda tener contacto involuntario con los desinfectantes, dicho procedimiento deberá contener además un formato para el señalamiento preventivo in situ donde se señalen claramente las zonas que se vayan a desinfectar y que incluya el tiempo de espera de cada área para el reingreso una vez aplicado el desinfectante.
El PNO deberá estar acorde con lo señalado en el numeral 9 Buenas prácticas en el uso de desinfectantes durante la prestación de los servicios de la norma oficial mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos de control de plagas mediante plaguicidas, y en el que se describan las consideraciones particulares que en cada área se requieren llevar a cabo para una eficaz desinfección, asimismo deberán indicar las medidas de prevención hacia la población expuesta en caso de que en las áreas a desinfectar existan sustancias tóxicas o Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos que pudieran generar un riesgo al entrar en contacto con las sustancias desinfectantes a fin de evitar riesgos a la salud de la población.
Deberá incluirse en este procedimiento un Plan de Manejo de desinfectantes, donde se describa el uso y las concentraciones indicadas en la etiqueta o el instructivo. Se podrá establecer mezclas de desinfectantes, siempre y cuando las indicaciones de la etiqueta lo permitan, así como indicar el equipo de aplicación de desinfectantes, y sus características técnicas.
Lo anterior es relevante, porque justamente se especifica que las empresas que brindan el servicio de desinfección o sanitización deben contar con normas estrictas sobre todo para la preparación de la solución desinfectante que se utilizará, ya que de lo contrario podría causar riesgos para los ojos, irritación, problemas respiratorios, en la piel y otros tipos de efectos negativos para la salud de las personas.
Por lo que considero de suma importancia llevar a cabo las verificaciones necesarias para evitar que empresas que no se encuentren certificadas presten el servicio de desinfección o sanitización por poner en riesgo la salud de la población mediante el uso inadecuado en la solución permitida por las autoridades sanitarias de nuestro país.
Con miras a un sano y pronto regreso a una nueva vida llena de protección y cuidados inherentes para nuestro apremiante desarrollo someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se lleven a cabo las verificaciones necesarias a las empresas que prestan el servicio de sanitización y desinfección en lugares públicos y privados.
Notas
1 https://coronavirus.gob.mx/quedate-en-casa/
2 https://www.gob.mx/cofepris/articulos/servicio-para-sanear-y-o-desinfec tar-sanitizar-excepto-fumigacion-y-o-aplicacion-de-plaguicidas?state=pu blished
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputada Jacquelina Martínez Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Conava a informar sobre la estrategia de planeación, distribución y aplicación del plan de vacunación contra el Covid-19, suscrita por la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
Sylvana Beltrones Sánchez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Vacunación a informar la estrategia de planeación, distribución y aplicación del plan de vacunación contra Covid-19, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus, Covid-19, como una emergencia de salud pública de importancia internacional, y afirmó que existía un alto riesgo de propagación a otros países en todo el mundo. En marzo del 2020 tras una evaluación, la OMS decidió que la Covid-19 se consideraba como una pandemia.
México está entre los 10 países con más contagios de Covid-19 a nivel mundial y de acuerdo con un análisis de la Universidad Johns Hopkins, ocupa el primer lugar en letalidad entre las 20 naciones más afectadas por la pandemia en el mundo, con 8.8 fallecimientos por cada 100 contagios registrados. Luego de la nación mexicana, sigue Irán con 4.5% de letalidad, le sigue Italia con 3.5%, Hungría e Indonesia con 3%, de acuerdo al reporte actualizado al 4 de enero.1
Sobre la tasa de mortalidad Covid-19 por cada 100,000 habitantes, México se posicionó en el séptimo lugar con 100.81 defunciones por la enfermedad. En primer lugar se ubicó Italia con
121.6 muertes por cada 100,000 habitantes, seguida por Reino Unido, Chequia, España, Estados Unidos y Hungría en los primeros seis lugares.2
Asimismo, en el ranking de dicha universidad, México ocupa el cuarto lugar de muertes por la enfermedad, sólo por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. Cabe mencionar que van 10 meses desde que el Covid-19 llegó a territorio nacional.3
El mundo ha estado esperando contar pronto con vacunas contra la Covid-19 como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad.4
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde julio del año pasado, emitió un documento guía, para que mientras se avanzaba en el desarrollo y la producción de vacunas contra la Covid-19, los países empezaran a trabajar en la planificación para la introducción de esta nueva vacuna e identificar los componentes claves que deben fortalecerse con miras a la vacunación. Considerando que las experiencias adquiridas en la Región de las Américas durante la vacunación contra la influenza pandémica H1N1 en el 2009, la vacunación anual contra la influenza estacional, las campañas de vacunación contra el sarampión y la rubéola, la polio y la fiebre amarilla, entre otras, deben ser aprovechadas para elaborar los planes nacionales de vacunación contra la Covid-19.5
Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la Covid-19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas.6
El proceso de desarrollo de la vacuna contra Covid-19 es complejo, debe pasar por tres fases de ensayos clínicos, y ser aprobada por instancias nacionales e internacionales para garantizar que tenga un perfil correcto de eficacia y seguridad, este perfil se actualiza con la farmacovigilancia y los estudios pos-mercadeo de la vacuna. Si bien, hay varias vacunas que se encuentran en la etapa final de ensayos clínicos, aún se evalúan posibles riesgos. La prioridad de toda nueva vacuna es garantizar su seguridad de uso y su eficacia y efectividad.7
A finales del año 2020, varias farmacéuticas lograron obtener resultados satisfactorios en la fase tres de ensayo clínico de la vacuna que desarrollaron, por lo que derivado de la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, se autorizó el uso en emergencia de estas vacunas en la población para contrarrestar el virus.
El 8 de diciembre de 2020, México lanzó la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México un efímero documento en el que se plantea de manera poco clara y sin datos concretos el plan de vacunación, estableciendo los grupos de población que tendrán prioridad en la aplicación de la vacuna, conforme lo siguiente:
1. Trabajadores de la salud (personal clínico) que están al frente de la pandemia
2. Personas de 80 años y más
3. Personas de 70 a 79 años
4. Personas de 60 a 69 años
5. Personas de 50 a 59 años
6. Personas de 40 a 49 años
7. Población menor de 40 años
Las metas que se establecieron fueron las siguientes:
Primera etapa: Diciembre 2020-Febrero 2021: Personal de salud de primera línea de control de la pandemia.
Segunda etapa: Febrero - abril 2021: Personal de salud restante y personas de 60 y más años.
Tercera etapa: Abril - mayo 2021: Personas de 50 a 59 años.
Cuarta etapa: Mayo - junio 2021: Personas de 40 a 49 años.
Quinta etapa: Junio - marzo 2022: Resto de la población.
En la primera etapa de vacunación, las vacunas que están llegando a México son las de la farmacéutica Pfizer. Se contempla contar con ellas en diciembre y se aplicarán 125 mil esquemas entre este mes y enero del 2021.
En las demás etapas, que iniciará en febrero del 2021, se aplicará en todo el territorio nacional, en sedes específicas, con participación de todo el Sistema Nacional de Salud, para toda la población de acuerdo con la priorización por grupo de edad.
Es importante mencionar, que en ninguno de los grupos de población, así como en ninguna de las etapas, se menciona nada en relación con los trabajadores de salud del sector privado, y hacemos mención de esto, porque la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios (UNIFACC) denunció que, los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras del sector privado en el país que se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronavirus, están en el “limbo” por no ser considerados para la vacuna contra Covid-19.8
Al 5 de enero del año en curso, el Gobierno ha recibido cuatro lotes:9
-23 de diciembre (3 mil dosis)
-26 de diciembre (46 mil 900 dosis)
-30 de diciembre (7 mil 800)
-5 de enero (53 mil 605 dosis)
En total, Pfizer ha enviado a México 111 mil 305 dosis de su inyección contra el nuevo coronavirus.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, adelantó que la empresa farmacéutica tiene programados otros tres envíos, para el 12, 19 y 26 de enero. Cada uno de esos cargamentos incluirá 436 mil 800 dosis. Es decir, para finales del primer mes del año, el total ascenderá a un millón 421 mil 705 inyecciones.
La vacuna, diseñada por Pfizer y BioNTech, es de dos dosis, por lo que el personal sanitario que las está recibiendo deberá ser inoculado nuevamente a los 21 días de aplicada la primera inyección contra el coronavirus.
Existen circunstancias extraordinarias por las que atraviesa el mundo derivado de la pandemia, un organismo de expertos de la Organización Mundial de Salud, Strategic Advisory Group of Experts on Inmunization, SAGE, por sus siglas, presidido por el mexicano Alejandro Cravioto, recomendó aplicar las dos dosis de la vacuna de Pfizer contra Covid-19 en lapso de entre 21 y 28 días. La recomendación hecha fue emitida a todos los países en donde la vacuna de Pfizer ya tiene presencia, México incluido por supuesto.
No obstante, Pfizer y BioNTech han respondido asegurando que los estudios hechos en las tres fases de ensayos clínicos no han investigado si la eficacia de la vacuna permanece siendo la misma cuando la segunda dosis se aplica después de 21 días de haber aplicado la primera.
Por lo anterior, no se sabe qué decisión tomará México al respecto, ya que hay un movimiento para aplazar la segunda dosis de la vacuna para que haya más primeras dosis disponibles para otros países, ya lo ha comenzado a hacer Reino Unido, en donde incluso se ha comunicado que la segunda dosis se aplicará hasta 12 semanas después de la primera.
Independiente a estos datos y después de revisar la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México , se infiere que México no cuenta con un plan de vacunación concreto, claro y accesible a todos, se habla de fechas en que llegarán efímeros lotes de vacunas, que en ningún momento se acercan a las necesidades reales del país, pero en ninguna parte se informa los tiempos, lugares, protocolos para la aplicación de las mismas, la estrategia, la logística que se seguirá para distribuirlas y aplicarlas a toda la población.
El plan de vacunación debería de establecer el número de personas que representan cada grupo, las dosis que se necesitarán de vacunas, dependiendo de la que se aplicará, en que Estados se ubica esa población y que estrategia de distribución se realizará para que llegue la vacuna, así como los tiempos en que se piensa se aplicará.
El Reglamento Interno del Consejo Nacional de Vacunación (Conava), establece que este tiene por objeto fungir como una instancia permanente de coordinación de los sectores público, social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación, entre toda la población residente en la República Mexicana, de las enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de vacunas. Y al día de hoy, el Conava no se ha manifestado al respecto ni parece involucrado en la planeación y protocolos para vacunar a los mexicanos.
Por su parte, Francisco Moreno, internista e infectólogo jefe de medicina interna del Centro Médico ABC, dijo que el gobierno de México no ha establecido un programa de vacunación contra Covid-19, además agregó que son muy pocas dosis las que se están suministrando en comparación con otros países.10 Se aplican aproximadamente dos mil dosis por día, mientras que se registran más de diez mil casos confirmados en las últimas 24 horas.11
En otros países se tiene una estrategia dependiendo las dosis que tendrán disponibles, mientras que en México, sólo se han basado en las de Pfizer-BioNTech,12 sin tomar en cuenta las otras vacunas que están por aprobarse y tener disponibilidad en el país.
Por parte del Gobierno Federal se han dicho muchas cosas que parecen improvisadas y no planeadas, estamos ante una crisis sanitaria que lo que menos necesita es de un descontrol en la única vía que puede sacar del confinamiento a la población y poder reactivar la economía.
El Gobierno Federal, ha manifestado la decisión de llevar a cabo la vacunación contra el Covid-19 en los 10 mil centros de bienestar de todo el país, en lugar de seguir los protocolos y hacerlo en los centros de salud, esto es una estrategia irresponsable ante la epidemia más grave que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años.13
La definición de a quien vacunar no debiera tomarse con base en los padrones de quienes reciben apoyos de los programas de bienestar, ya que como lo establece el artículo 157 Bis 1 de la Ley General de Salud, “Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas ...”. No tiene lógica empezar por las zonas rurales más alejadas porque es donde menos contagios hay. Su aplicación debiera iniciarse en las zonas urbanas de mayor densidad poblacional donde hay más contagios y es más urgente contener el virus.14
Lo anterior, como lo hemos mencionado, no forma parte de ningún plan de vacunación sino de dichos que cambian cada semana y dan incertidumbre a la población.
Por todo lo anterior, y en virtud de que se deben de salvaguardar los derechos de todos los mexicanos en la pandemia del Covid-19, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y al Conava para que ante la contingencia por Covid-19 se informe de forma clara, concreta, específica y transparente el plan de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 previsto para los mexicanos, en el cual se establezca el número de vacunas, dónde y a quién se aplicarán, cuándo, en cuánto tiempo, esto es, cuáles serán los protocolos de distribución y aplicación de las diferentes vacunas contra el virus SARS-CoV-2.
Segundo . La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y al Conava para que informe cuándo, dónde, en cuánto tiempo se vacunará al personal de salud del sector público y del sector privado.
Tercero . La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y al Conava a realizar las acciones necesarias para adquirir el número suficiente de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 para la población mexicana y establecer los protocolos para su correcta distribución y aplicación.
Notas
1 México, primer lugar en tasa de letalidad por Covid-19 en el mundo: Universidad Johns Hopkins. Infobae. 5 de enero de 2021. Consultado el 9 de enero de 2021 en: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/05/mexico- primer-lugar-en-tasa-de-letalidad-por-covid-19-en-el-mundo-universidad- johns-hopkins/
2 Ídem.
3 Ídem.
4 Orientaciones para la planificación de la introducción de la vacuna contra la Covid-19 Versión 1: 10 de julio del 2020. Consultado el 6 de enero de 2021 en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52533/OPSFPLIMCovid-1920 0014_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5 Ídem.
6 Ídem.
7 Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México. Documento rector. Versión 3.0. 8 de diciembre de 2020. Consultada el 6 de enero 2021 en:
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/Po lVx_Covid.pdf
8 Personal de salud en clínicas privadas no son considerados para vacunas anticovid. Milenio. 10 de enero de 2021. Consultado el 11 de enero de 2021 en: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/edomex-consideran-vacunas- anticovid-personal-salud-privado
9 Y a todo esto, ¿cuántas vacunas de Pfizer contra Covid-19 han llegado a México? El Financiero. 5 de enero de 2021. Consultado en https://www.elfinanciero.com.mx/salud/y-a-todo-esto-cuantas-vacunas-de- pfizer-contra-covid-19-han-llegado-a-mexico
10 Falta definir programa de vacunación contra el Covid-19 en México: experto. El Heraldo de México. 30 de diciembre 2020. Consultado el 8 de enero 2021 en: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/30/falta- definir-programa-de-vacunacion-contra-el-covid-19-en-mexico-experto-240 051.html
11 Comunicado técnico de Salud, 10 de enero de 2021.
12 Falta definir programa de vacunación contra el Covid-19 en México: experto. Op.cit.
13 El uso electoral de la vacuna. Lía Limón García. El Universal. 7 de enero 2021. Consultado el 8 de enero 2021 en:
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lia-limon-garcia/ el-uso-electoral-de-la-vacuna
14 Ídem.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día 13 de enero de 2021.
Suscribe en representación del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, vicecoordinador, en representación del coordinador del GP, diputado René Juárez Cisneros.
Senadora Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar la situación financiera y los problemas de deuda pública del gobierno de Nayarit; y a la SHCP, a informar sobre la situación de esa deuda, suscrita por la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del PT
La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Estado federal mexicano se encuentra definido y fundamentado en el artículo 40 constitucional,1 donde se establece la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), asimismo, las facultades que corresponden a las entidades federativas y municipios están previstas en los artículos 40, 41, 115 y 122.2
En este sentido, los gobiernos de la federación como proveedores de bienes y servicios públicos, así como vigilantes de los derechos que emanan de la Carta Magna, requieren de recursos económicos que provienen principalmente de la producción del país, recursos públicos federales que deben ser obligatoriamente vigilados con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género siendo la Auditoría Superior de la Federación, la entidad responsable de fiscalizar el estricto cumplimiento de estas observancias.
De esta forma, mediante el artículo 25 constitucional, segundo párrafo, se establece la rectoría económica del Estado,3 que velará por la estabilidad de las finanzas públicas, reglas y fundamentos que también deberán adherirse el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Estatales y Municipales.
La ejecución de la política financiera, fiscal y administrativa de la administración pública estatal, así como el ejercicio del gasto debe estar constantemente encuadrado bajo una óptima estructura financiera basada en normas y políticas que aseguren el buen ejercicio del gasto público, así como la recaudación y la gestión de ingresos, con la finalidad de mantener un constante crecimiento y sana gestión de los estímulos, programas y participaciones federales y así brindar solvencia financiera a la función pública federal, estatal y municipal.
Es importante hacer mención a los siguientes principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:
Honradez y honestidad
Eliminar corrupción en toda la administración pública, no sólo la monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira.4
No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera
Crecimiento económico con una perspectiva respetuosa e incluyente de los habitantes y de su entorno. En búsqueda de la equidad, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades.5
Economía para el bienestar
Generación de bienestar para la población, basada en disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación.6
Ahora bien, los gobiernos, para financiar la provisión de bienes y servicios, tales como educación, salud, e infraestructura, requieren contar con recursos suficientes. La decisión de qué bienes y servicios proveer no es fácil, ya que se da en un contexto de presupuestos restringidos y necesidades ilimitadas, situación que obliga a planificar, optimizar y ejecutar eficientemente los recursos disponibles.
El gasto público se define como la suma de las erogaciones realizadas por un gobierno, es decir, la suma de todos los compromisos de pago que tiene un gobierno. Los objetivos de dicho gasto se concentran principalmente en:
1) La prestación de servicios y provisión de bienes públicos, para promover el desarrollo económico y social de un país;
2) En la redistribución de la riqueza, para incrementar el bienestar social de todas las personas de un territorio o país;
3) En la estabilización macroeconómica, a fin de reducir la volatilidad de la actividad económica y permitir, además, las otras dos funciones.7
Muchas veces los estados, por diversas causas deben recurrir al endeudamiento para solventar los gastos, es por esta razón que las facultades del Congreso en materia de deuda pública están contenidas en el artículo 73 constitucional, fracción VIII, donde se contempla que se deben establecer en las leyes, las bases generales, para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento.
Así como los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan, estableciendo la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único y un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda de entidades federativas y municipios, además de las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan las disposiciones en materia de disciplina financiera antes señaladas.8
Por otra parte, en el artículo 117, fracción VIII, párrafos tercero y cuarto, se establecen como deben ser las autorizaciones de los créditos en el ámbito local y las obligaciones a corto plazo.9
Aunado a la legislación antes mencionada, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, la cual traza los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que rigen a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para conducir a un manejo sostenible de sus finanzas públicas; esta Ley otorga reglas claras y principios generales, a todos los Estados y los municipios, para que sus finanzas públicas sean sostenibles, que el financiamiento que contraten las entidades y los municipios sea para un uso específico y que además esté dentro de un plan de desarrollo estructurado y alineado con las fortalezas de cada región, y que su costo sea el más bajo posible, todo bajo un marco de transparencia sobre el uso de los recursos públicos, para que los gobiernos rindan cuentas a los ciudadanos
La mencionada ley se expidió a fin de establecer una regulación al endeudamiento de las entidades federativas que entre 1993 y 2018 creció más de cuatro veces en términos reales.10
Al día de hoy continúa siendo un problema de urgente atención el resolver el incremento de la deuda y de los pasivos estatales, problema financiero que ha sido tema de discusión desde hace años en México. Los escándalos recientes de corrupción, de verdadero desfalco en algunas entidades, como Chihuahua, Oaxaca, Sonora y Veracruz, entre otras, son sólo algunos ejemplos de la gravedad del fenómeno: prácticamente en todas las haciendas estatales existen pasivos y compromisos financieros elevados para las siguientes generaciones. Lo más grave, es que los congresos locales han sido cómplices junto con los gobernadores para aumentar el gasto y esconder la deuda.11
De acuerdo con el resumen de la calificadora Moody’s en México, 22 estados –66.66 por cientode las entidades- muestran perspectivas negativas en términos crediticios, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas aparecen en la lista. La calificadora reiteró que desde el Proyecto de Presupuesto 2017 de México se ha resentido un efecto negativo para los estados, debido a la gran dependencia que estos tienen sobre las participaciones federales.12
La reducción de las calificaciones y su colocación en revisión a la baja reflejan un deterioro significativo de la posición de liquidez de estados como Nayarit y una presión financiera considerable derivada de su débil desempeño operativo y de continuas presiones sobre los ingresos que probablemente continuarán durante los próximos años.
La calificadora prevé que el estado de Nayarit aumente su déficit operativo bruto a 9.6 por ciento de los ingresos operativos en el 2020 y a 12.6 por ciento en el 2021. Lo anterior debido un mal manejo financiero y los efectos de una profunda recesión económica relacionada con la pandemia, la cual es un riesgo social que ha derivado en una disminución de los ingresos propios, incluyendo impuestos provenientes de la industria turística estatal, además de caídas en las transferencias federales no etiquetadas.13
El estado de Nayarit, en los últimos años, ha enfrentado problemas por su excesivo endeudamiento, para el tercer trimestre de 2017 la entidad tenía un saldo de 6 mil 100 millones de pesos, pero desde la llegada al poder del panista Antonio Echevarría ese monto creció hasta los 7 mil 395.14
Actualmente, el monto de la deuda estatal representa 4.8 por ciento de su PIB y de acuerdo con los reportes financieros al segundo trimestre de 2020, se reparte de la siguiente manera: 67.9 por ciento en la banca de desarrollo y 32.1 por ciento en la banca múltiple.15
La grave situación lleva al estado de Nayarit a un severo problema de liquidez que se sumará a las presiones financieras existentes por un frágil desempeño operativo, esta alarmante la situación ha llevado al gobierno estatal a declarase insolvente para pagar a miles de burócratas desde la primera quincena de octubre del 2020, dependiendo de transferencias provenientes de la administración federal para solventar sus compromisos básicos tales como el pago de salarios de personal de base, de confianza, por contrato, funcionarios de todos los niveles, policía estatal, maestros, empleados de salud y proveedores.16
Queda claro que el estado de Nayarit está sumido en una severa crisis económica y social debido una irresponsable administración de los recursos públicos y mal manejo de las finanzas públicas. Por lo que es urgente una rendición de cuentas de un gobierno que ha perdido la capacidad para atender sus obligaciones más básicas, condenando al estado a una quiebra financiera que le dificultará en el futuro el acceso a créditos o proyectos de inversión.
Es momento de llamar al gobierno del estado de Nayarit a la responsabilidad, a poner orden en sus finanzas y promover un ejercicio del gasto transparente, es momento de poner un alto a un ejercicio del gasto irresponsable y destinar los recursos federales a los fines para los que fueron aprobados, no se puede seguir tolerando que se desvíen para otros fines, no se puede seguir tolerando que los trabajadores no cobren sus salarios en tiempo, pues son recursos que ya están etiquetados para ese fin y no se puede tolerar el endeudamiento para cubrir gasto corriente o pago a proveedores, pues eso sólo demuestra un mal manejo de las finanzas y transfiere el problema, hipotecando el futuro de los nayaritas.
Por todo lo anterior, es que el día de hoy me permito someter ante esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría sobre los recursos federales transferidos al gobierno del estado de Nayarit en el periodo 2015-2020.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que presente un informe sobre el estado que se encuentran las observaciones al gobierno del estado de Nayarit, en el periodo 2015-2020, qué monto fue observado y qué monto está pendiente por aclarar, así como las áreas responsables con observaciones pendientes.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe sobre la situación de la deuda del Estado de Nayarit con base en los artículos 73 fracción VIII. 3o., y 117, fracción VIII, párrafos tercero y cuarto de la Carta Magna.
Notas
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf 11/01/21
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf 11/01/21
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf 11/01/21
4 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef20 20 11/01/21
5 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef20 20 11/01/21
6 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef20 20 11/01/21
7 https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/
DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/CursoLDF/Modulo%20I.%202da%20ed.pdf 11/01/21
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf 11/01/21
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf 11/01/21
10 https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/
20200219_HABLEMOS_DE_DEUDA_Presentacio%CC%81n_marzo.pdf 11/01/21
11 https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/
20200219_HABLEMOS_DE_DEUDA_Presentacio%CC%81n_marzo.pdf 11/01/21
12 https://www.redalyc.org/jatsRepo/676/67658492006/html/index.html 07/01/21
13 [1] https://www.eleconomista.com.mx/estados/Moodys-baja-calificaciones-de-N ayarit-20201021-0143.html 11/01/21
14 https://www.milenio.com/politica/dejan-deuda-11-15-gobernadores-salient es 11/01/21
15 https://www.milenio.com/politica/dejan-deuda-11-15-gobernadores-salient es 11/01/21
16 https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/estados/026n3est 11/01/21
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ y el Congreso del estado de México a iniciar las investigaciones conducentes a deslindar las responsabilidades de los servidores públicos que autorizaron el incremento de contribuciones contenidas en la Ley de Ingresos de 2020 sin que esa instancia legislativa hubiese aprobado la correspondiente, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Mónica Bautista Rodríguez, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la legislatura del estado de México para iniciar las investigaciones correspondientes, a fin de deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos del gobierno del estado que autorizaron el incremento de contribuciones contenidas en la ley de ingresos para el año fiscal 2020, vigente al 1 de enero de 2021, sin haber sido aprobada por esa instancia legislativa la correspondiente para el año fiscal 2021, con base en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece entre las facultades que atribuye a la legislatura, en el artículo 61 fracción XXX, el aprobar el Presupuesto de Egresos del estado, una vez que se hayan aprobado las contribuciones correspondientes en la Ley de Ingresos de la entidad. Adicionalmente, establece que, en caso de no aprobarse a más tardar el 15 de diciembre, “seguirán en vigor hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal inmediato siguiente los expedidos para el ejercicio fiscal inmediato anterior al de las iniciativas en discusión...”
Debemos recordar que el pasado 20 de noviembre de 2020, el Ejecutivo del estado entregó el paquete fiscal para el año 2021 a la legislatura, mismo que habría de ser examinado y discutido por las y los diputados mexiquenses. En este tenor, el 7 de diciembre, la legislatura solicitó al Ejecutivo local una nueva propuesta de Ley de Ingresos, ya que la que habría entregado contiene un incremento en el monto de endeudamiento superior a los 13 mil 500 millones de pesos, con lo que la deuda superaría los 56 mil 500 millones de pesos, lo cual no resultó aceptable para la mayoría morenista que cerró el período ordinario de sesiones el 18 de diciembre pasado sin haber aprobado el paquete presupuestal para el año fiscal 2021.
En este sentido y conforme lo dicta la Constitución del estado, en tanto no se apruebe el nuevo paquete presupuestal, el 1 de enero quedaría en vigor el correspondiente al año 2020, sin que pudiera hacérsele ningún ajuste. No obstante, ha habido múltiples denuncias e informaciones de medios de comunicación en la que señalan que se han observado que los cobros por diversos conceptos son diferentes a partir del 1 del año, con lo cual se estaría violando flagrantemente la Constitución. Dichas denuncias señalan que
“Desde el primero de enero, la Secretaría de Finanzas aumentó el costo de diversos derechos que pagan los automovilistas... [ya que] al hacer una consulta de los montos a pagar este año, de refrendo, por ejemplo, se observa un incremento de 3.8 por ciento en motos, 6.09 por ciento en autos particulares y de 5.96 por ciento en unidades de transporte de carga mercantil... [es decir que] los autos particulares deberán pagar 700 pesos este año de refrendo, cuando el año pasado fueron 660 pesos... Las motos pasan de 498 a 517 pesos... el refrento de placas de una unidad de carga mercantil pasó de mil 659 a mil 758...”1
Posteriormente, el 4 de enero, se instaló un periodo extraordinario de sesiones para examinar el paquete económico, declarándose en sesión permanente. El 5 de enero se aprobó la Ley de Ingresos en las comisiones correspondientes y las y los diputados se encuentran a la espera de que se llegue a un acuerdo en relación con el Presupuesto de Egresos para el estado.
No obstante, aún y cuando se aprobara el paquete económico para la entidad a la brevedad, la violación a la Constitución de nuestra entidad se encuentra consumada al haber incrementado, sin justificación alguna, los montos correspondientes a las contribuciones antes señaladas. Es por lo anterior que tanto la Legislatura como la Fiscalía General de Justicia deben iniciar las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento y deslinde de las responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios del gobierno del estado que autorizaron estos ajustes, de manera ilegal e inconstitucional.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la legislatura del estado de México para iniciar las investigaciones correspondientes a fin de deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos del gobierno del estado que autorizaron el incremento de contribuciones contenidas en la Ley de Ingresos para el año fiscal 2020, vigente al 1 de enero de 2021, sin haber sido aprobada por esa instancia legislativa la correspondiente para el año fiscal 2021.
Nota
1 https://www.milenio.com/politica/sube-gem-costos-vehiculares-visto-cong reso
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al aumento del endeudamiento de Tamaulipas como fuente de financiamiento del gobierno estatal, suscrita por el diputado Erasmo González Robledo, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Erasmo González Robledo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Durante 2015, nuestro país enfrentó una seria problemática de sobreendeudamiento de las entidades federativas, originada por la irresponsabilidad en el ejercicio de la capacidad de contratación crediticia de las entidades federativas.
El Congreso de la Unión intervino mediante el diseño, amplia discusión y aprobación de una reforma al artículo 73 constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios para regular la capacidad de endeudamiento y evitar que los abusos en el déficit público de una entidad federativa lleguen a repercutir en la estabilidad nacional.
En abril de 2016, el legislativo federal expidió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, reglamentaria de las disposiciones constitucionales antes referidas.
A partir de este marco jurídico, la deuda del estado de Tamaulipas aumentó en 17.63 por ciento en términos reales entre el cuarto trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2019, al pasar de 13 mil 230 millones de pesos a 16 mil 83 millones de pesos en dicho periodo; es decir, un aumento nominal de 2 mil 853 millones de pesos. 92.5 por ciento del total del financiamiento corresponde al estado y sus entes públicos, y el 7.5 por ciento restante a los municipios y sus entes públicos1 .
El financiamiento se obtuvo a través de la banca múltiple en 92.4 por ciento, de la banca de desarrollo en 5.9 por ciento y de otras fuentes en 1.7 por ciento. Esta deuda tiene como fuente de pago sus participaciones federales en 92.5 por ciento, con ingresos propios en 1.7 por ciento y con deuda de corto plazo con 5.8 por ciento.
A partir de este comportamiento de endeudamiento, el estado de Tamaulipas sobresale por ser uno de los seis estados que han adquirido más deuda en los últimos 5 años a escala nacional.
Sin embargo, no sólo creció la deuda estatal entre 2018 y 2019. También aumentó el gasto estatal entre 2019 y 2020 en 4 mil 600 millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 4.57 por ciento, en términos reales.
Sobresale que, del aumento total del gasto estatal, 41 de cada 100 pesos se destina a servicios personales. En particular, el Capítulo de Servicios Generales tiene un aumento de 1 mil 856 millones de pesos, de los cuales 1 mil 391 millones se distribuyen en las siguientes cinco partidas presupuestales:
Sobresale el aumento del gasto público en arrendamiento de equipo de transporte por 556 millones de pesos, difusión de programas y actividades gubernamentales por 202 millones de pesos y servicios de capacitación con 90 millones de pesos, acciones distantes e incongruentes con una política de austeridad del gasto público que permita generar ahorros para destinarlo a programas y acciones prioritarias del gobierno estatal, y así evitar mayor endeudamiento público de las presentes y futuras generaciones de Tamaulipas.
Resulta urgente mejorar la calidad del gasto público del gobierno estatal, lo cual exige una mejor administración del gasto federalizado y mejorar la eficiencia recaudatoria local: ambas fuentes de financiamiento del gasto estatal.
Por un lado, el gasto federalizado aprobado para Tamaulipas en 2021 es de 56 mil 187 millones de pesos. Este monto representa un aumento de 685 millones de pesos que equivale a una reducción de 2.1 por ciento en términos reales, respecto al ejercicio fiscal de 2020, y representa 88.3 por ciento del gasto estatal para 2021.
Sin embargo, la administración de los recursos federales que recibe el estado de Tamaulipas no ha sido transparente y se ha ejercido con irregularidades, como por ejemplo, las detectadas e informadas por la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la Cuenta Pública de 2019, a saber:
1. Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1236-2020 1236-DS-GF2 .
Aspectos observados: En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de otras disposiciones de carácter específico, por no ejercer al 31 de diciembre de 2019, la totalidad de los recursos remanentes del FAM.
2. Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1238-2020 1238-DS-GF3 .
Aspectos observados: En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
3. Escuelas al Cien
Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1226-2020 1226-DS-GF4 .
Aspectos observados: En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa del programa, principalmente del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, y de la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimientos, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa (Programa Escuelas al Cien ).
4. Programa Nacional de Inglés
Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1235-2020 1235-DS-GF5 .
Aspectos Observados: En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
5. Expansión de la educación inicial
Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1228-2020 1228-DS-GF6 .
Aspectos observados: En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial.
6. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1229-2020 1229-DS-GF7 .
Montos por aclarar: Se determinaron 162,868.94 pesos están pendientes de aclaración.
Aspectos observados: En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y servicios personales. Se generó un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 4 millones 641 mil 500 pesos. Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo.
7. Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1234-2020 1234-DS-GF8 .
Aspectos observados: Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad federativa remitió extemporáneamente a la instancia normativa los informes mensuales sobre la aplicación y comprobación de los recursos del programa.
8. Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1225-2020 1225-DS-GF9 .
Aspectos observados: La gestión del proceso de distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el manejo del fondo. No obstante, se identificaron algunas irregularidades en el proceso, ya que la entidad fiscalizada no dispuso de una cuenta específica para la administración de los recursos, debido a que registró un depósito adicional a los recursos del FISMDF.
Igualmente, no se remitieron los resultados del cálculo de la distribución a la Secretaría de Bienestar para su validación, en la fecha establecida en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, ni se tienen documentados los procesos mediante manuales o lineamientos que permitan garantizar la continuidad y permanencia de procedimientos asociados a buenas prácticas.
9. Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1222-2020 1222-GB-GF10 .
Aspectos observados:
• El gobierno del estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Se observaron inconsistencias en la elaboración y presentación homogénea de la información financiera.
• No se proporcionó la valuación actuarial de pensiones, por lo que no fue posible constatar la vigencia y los datos presentados; no se presentaron las autorizaciones actualizadas de recursos, aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales de los últimos 5 años con las que se determinó que, como mínimo para el ejercicio fiscal 2019, le correspondió 7.5 por ciento, equivalente a 3 mil 70.2 miles de pesos.
• Excedió el monto autorizado para contratación de Deuda Pública a Corto Plazo conforme a la Ley de Ingresos del estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2019; reportó diferencias en el saldo de la deuda pública en la Información Financiera; no proporcionó la información que permitiera verificar el pago de amortizaciones e intereses de la Deuda Pública contratada en el ejercicio fiscal 2019.
• No difundió la información de los pagarés de las obligaciones de Deuda Pública a Corto Plazo; presentó diferencias en la información que enviaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los indicadores reportados en el Sistema de Alertas, debido a que no coinciden con la información financiera presentada en la Cuenta Pública 2019.
Por otro lado, sólo 11.6 por ciento del gasto estatal proviene de un esfuerzo local de recaudación propia, por debajo del promedio nacional de 12 por ciento.
En virtud de lo expuesto, se estima conveniente instar al gobernador del estado de Tamaulipas y a los presidentes municipales de dicha entidad, a evitar mayor endeudamiento de la hacienda pública local, adoptar diversas medidas congruentes con la política de austeridad para generar ahorros adicionales y fortalecer la recaudación local que permita financiar los principales programas y acciones del gobierno estatal, sin endeudar más a las presentes y futuras generaciones de Tamaulipas.
Por lo que, fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración la siguiente proposición:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas, a evitar la contratación de mayor deuda como opción de financiamiento durante el ejercicio fiscal de 2021 y reconsiderar la aplicación de una política de austeridad congruente con la eliminación de gastos innecesarios u onerosos a efecto de disponer de recursos públicos adicionales para destinarlos al financiamiento de los programas y acciones productivas del gobierno estatal durante el presente ejercicio fiscal.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas, a implementar acciones de política pública que permitan fortalecer la eficiencia recaudatoria local, con el objeto de generar recursos públicos adicionales y destinarlos como fuente de financiamiento de los programas y acciones productivas del gobierno estatal durante el presente ejercicio fiscal.
Notas
1 Puede consultarse en: https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/
DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISC IPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2019
2 Disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1236_a.pdf
3 Disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1238_a.pdf
4 Disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1226_a.pdf
5 Disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1235_a.pdf
6 Disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1228_a.pdf
7 Disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1229_a.pdf
8 Disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1234_a.pdf
9 Disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1225_a.pdf
10 Disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1222_a.pdf
Dado en pleno de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputado Erasmo González Robledo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a cumplir la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, la cual señala que en la etapa 1 comprenderá de diciembre de 2020 a febrero de 2021 al personal de salud de primera línea de control del Covid-19, suscrita por la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según la Organización Mundial de la Salud, el virus SARS-CoV2 (Covid-19) es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.1
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó el virus SARS-CoV2 como una pandemia ante los alarmantes niveles de propagación y gravedad.
Con fecha 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación por parte del Consejo de Salubridad General, el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2.
Con fecha 8 de diciembre de 2020 el gobierno de México emitió la versión 3.0 del documento rector para la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la Covid-19 en México.2
El documento citado tiene como objeto definir la política nacional de vacunación contra el virus que ocasiona la enfermedad infecciosa Covid-19, en el mismo se presenta la política nacional para ejecutar el programa de vacunación contra el virus SARS CoV-2. Asimismo se establece la priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, entre otras cosas.
El documento señala las etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados: diciembre de 2020 – junio 2022:
Etapa 1. Diciembre de 2020 a febrero de 2021: Personal de salud de primera línea de control de la Covid-19.
Etapa 2. Febrero a abril de 2021: Personal de salud restante y personas de 60 y más años.
Etapa 3. Abril a mayo de 2021: Personas de 50 a 59 años.
Etapa 4. Mayo a junio de 2021: Personas de 40 a 49 años.
Etapa 4. Junio de 2021 a marzo de 2022: Resto de población.
Sin embargo, se ha reportado por parte de la ciudadanía y de algunos medios de comunicación que la vacuna ha sido aplicada a personas que no son personal de salud de primera línea de control de la Covid-19. Tal es el caso más significativo donde el director del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, de Toluca, José Rogel, que aplicó la vacuna contra el Covid-19 a miembros de su familia, fue separado de su cargo.3 Asimismo, se han reportado diversos casos en los cuales no se ha cumplido con el protocolo publicado.
Por otro lado, y ante los efectos que el virus del SARS-CoV2 (Covid-19) está ocasionando en nuestro país y que son extensos e implacables, en vista de que los hospitales están sobrecargados y la economía está colapsada, es necesario redoblar esfuerzos e intensificar la estrategia de vacunación. Asimismo, la Política Nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 publicada el 8 de diciembre de 2020, establece que para el operativo de vacunación contará con una logística especializada con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional esto a través de las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Guardia Nacional, Secretaría de Salud, Secretaría de Marina, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Petróleos Mexicanos, el cual resulta a todas luces insuficiente considerando la cantidad de población que hay en México, y los cuidados especiales que requiere la vacuna, pues la vacuna PfizerBioNTech se debe almacenar en ultracongeladores a -70ºC, para ser descongelada antes de ser aplicada y se deben aplicar un total de 975 dosis en un período cinco días, y una vez reconstituido el vial de cinco dosis, este se debe aplicar en menos de seis horas para que la vacuna mantenga las características de calidad descritas en sus análisis intermedios de resultados.4
Por todo lo anterior, se debe considerar la estrecha colaboración entre los tres niveles de gobierno, solo así se logrará el objetivo de vacunar al 100 por ciento de la ciudadanía mexicana en un lapso menor de tiempo, evitando con ello más contagios y salvando vidas, y en consecuencia poder retomar el camino hacia la recuperación económica del país.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión exhorta a la Secretaría de Salud, a cumplir con lo establecido en la política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19, la cual señala que en la Etapa 1 de la estrategia de vacunación que comprenderá de diciembre de 2020 a febrero de 2021 la vacuna será aplicada al personal de salud de primera línea de control de la Covid-19; asimismo se le exhorta a coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios a efecto de asegurar una mejor y rápida distribución de la vacuna.
Notas
1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/q-a-coronaviruses
2 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/PolVx_COVID.pdf
3 http://viceversanoticias.com/2021/01/02/lord-vacunas-la-delicada-inyecc ion-del-influyentismo/
4 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/PolVx_COVID.pdf
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a concluir cuanto antes los procesos legislativos correspondientes para armonizar sus legislaciones con la Ley General de Archivos, y realizar las gestiones conducentes a finalizar la instalación de los consejos locales de archivo, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Dulce María Sauri Riancho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Con la publicación de la Ley General de Archivos en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de junio de 2018, el Estado mexicano dio un paso importante hacia la modernización de la legislación en materia archivística, al reconocer la importancia que tiene el acervo documental de la Nación como eje fundamental en el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones mexicanas.
En nuestro país, la cultura archivística es escasa y su tutela legal es relativamente reciente; la primera ley en la materia fue expedida hace menos de 10 años, siendo reemplazada por la Ley General en el año de 2018.
Dicha actualización normativa tenía por objeto ampliar sus alcances para obligar a todos los sujetos que ejercen recursos públicos a documentar su actuar, englobando no sólo a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el orden federal y local, sino también a órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, por nombrar algunos.
Tal ampliación permitió sentar las bases del Sistema Nacional de Archivos, constituido como un primer esfuerzo para homologar los procesos archivísticos a nivel nacional, con la finalidad de documentar y en su caso resguardar aquellos acervos que dan testimonio de los eventos trascendentales en la historia mexicana.
También se incluyeron procesos de gestión documental apegados a la doctrina archivística, los cuales regulan entre otras cosas: la integración del haber documental de los sujetos obligados, así como la revisión de su contenido para determinar el ciclo vital de los documentos generados y darles un tratamiento posterior como archivos de trámite, de concentración o históricos.
Se establecieron parámetros claros para la generación de archivos históricos y se adoptaron medidas para su preservación y consulta, regulando aspectos como: la digitalización de los documentos, la seguridad en la información contenida y los servicios en la nube; mismos que permitieron facilitar el acceso ciudadano a este tipo de información, que sobra decir, también es información pública, abona a la transparencia gubernamental y forma parte de la rendición de cuentas.
Es en este último punto, es donde la nueva legislación resalta más, ya que salvaguarda al principio de máxima apertura: “todos los documentos que las dependencias públicas producen para registrar o ejercer sus facultades deben ser públicos y accesibles; asimismo, los documentos históricos son de consulta irrestricta”.1
En ese sentido, el contenido de la Ley General de Archivos permite fijar un estándar mínimo para la archivística y sus procesos que, si bien es cierto, trae aparejado un costo económico; también lo es, que significa una inversión en la preservación del patrimonio histórico de México desde un enfoque de derechos humanos, que en el largo plazo terminará impactando en el desarrollo del Estado mexicano, fortaleciendo nuestra democracia, empoderando a nuestras instituciones2 y brindando los insumos que permitan el desarrollo de más y mejores investigaciones a nivel nacional e internacional, enalteciendo a la vasta y multifacética cultura mexicana.
Por ello, uno de los puntos torales de la ley en la materia tiene que ver con la adopción de criterios homogéneos a nivel nacional para garantizar que todas las entidades federativas cumplan con las bases mínimas de la Ley General de Archivos, ya que es innegable que el patrimonio cultural de México se enriquece de los procesos sociales, históricos y culturales de todos los Estados que componen la República Mexicana, por lo que el resguardo documental de su legado requiere de un tratamiento idéntico a lo largo y ancho del país.
Así, desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018, se ha otorgado a las entidades federativas un periodo considerable de tiempo para la adopción de los estándares de la Ley General de Archivos.
El primer plazo relevante tiene que ver con la entrada en vigor de la ley, que, de acuerdo con su artículo Primero Transitorio, ocurrió desde el 15 de junio de 2019, esto es, un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se comprueba de la transcripción literal que se realiza a dicho artículo, el cual establece:
“Primero. La presente Ley entrará en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”
El segundo plazo relevante para la homologación de la legislación en materia archivística se encuentra contenido en el artículo Cuarto Transitorio de la ley que establece a la letra lo siguiente:
“Cuarto. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las legislaturas de cada entidad federativa, deberán armonizar sus ordenamientos relacionados con la presente Ley.
El Consejo Nacional emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo de documentos de acuerdo a las características económicas, culturales y sociales de cada región en los municipios que no tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población menor a 70 mil habitantes.”
De la anterior transcripción se desprende que el plazo para que las Entidades Federativas armonicen en materia de archivos sus ordenamientos con la ley general, corrió del 15 de junio de 2019 al 15 de junio de 2020, lo cual es comprobable con la información que provee el propio Archivo General de la Nación, que hace un recuento de la armonización legislativa en la materia de los 32 estados de la república.3
No obstante, lo anterior, a más de dos años de la publicación de la Ley General de Archivos, aún existen entidades federativas pendientes de armonizar sus legislaciones, lo que impide la homologación de los procesos archivísticos y a más de dos años de su publicación en Diario Oficial de la Federación, pone en riesgo, debido a la falta de mecanismos uniformes para la conservación documental, la memoria histórica de los entes públicos que los integran; traduciéndose de manera clara en un posible menoscabo al patrimonio cultural de México.
Por lo anterior se realizó un análisis comparativo entre el contenido de los portales electrónicos de las 32 Legislaturas locales y la información pública del Archivo General de la Nación, observándose que a la fecha estos son los Estados que han armonizado su legislación en la materia:
Ilustración 1 Disponible en: https://www.gob.mx/agn/articulos/agnmex-brinda-acompanamiento-a-entidad es-federativas-para-la-armonizacion-e-implementacion-de-la-ley-general- de-archivos
Por lo que, a pesar de que existen avances en algunos Estados, aún continúa pendiente la armonización en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
Ahora bien, en los casos en los existe una armonización legislativa, se advierte que algunos estados aún no cuentan con el Consejo Local de Archivos a que hace referencia el artículo Décimo Transitorio de la Ley General de Archivos, que establece a la letra lo siguiente:
“Décimo. Los Consejos Locales, deberán empezar a sesionar dentro de los seis meses posteriores a la adecuación de sus leyes locales.”
En palabras de la otrora coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y Comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Areli Navarrete Naranjo, hasta el 13 de junio de 2020, sólo había cuatro Consejos Estatales de Archivos listos para operar (Durango, Zacatecas, Jalisco y Oaxaca),4 lo que retrasa la puesta en marcha del Sistema Nacional de Transparencia, el cual sólo trabajará a cabalidad cuando todas sus partes hayan sido designadas y se encuentren en funciones.5
Consecuentemente, resulta claro que las entidades federativas deben cumplir con la obligación legal de instalar y operar sus Consejos Locales de Archivos; en aras de salvaguardar el patrimonio histórico y cultural de nuestra nación.
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, pongo a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorabale Congreso de la Unión, aprobar el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a que concluyan, a la brevedad, los procesos legislativos correspondientes para armonizar sus legislaciones locales con la Ley General de Archivo; así como, a realizar las gestiones necesarias para concluir la instalación de los Consejos Locales de Archivo.
Notas
1 De conformidad con la información publicada por el Archivo General de la Nación, en la siguiente liga electrónica:
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/principios-sustanciales-de-la-ley-general-de-archivos?idiom=es (Última fecha de consulta: 11 de enero de 2021).
2 Idem
3 De conformidad con la información publicada por el Archivo General de la Nación, en la siguiente liga electrónica:
http://www.gob.mx/agn/articulos/agnmex-brinda-acompanamiento-a-entidades-federativas-para-la-armonizacion
-e-implementacion-de-la-ley-general-de-archivos (Última fecha de consulta: 11 de enero de 2021).
4 Idem
5 Camacho Servín Fernando, Sólo 25 por ciento de los estados del país ha armonizado sus leyes locales de archivos con la norma general, 13 de junio de 2020, Periódico La Jornada, en su versión electrónica ubicable en la siguiente liga electrónica: https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/015n3pol (Última fecha de consulta: 11 de enero de 2021).
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los ayuntamientos a evitar alzas del predial correspondiente a 2021 y, de ser posible, ofrecer descuentos con especial beneficio para los grupos vulnerables, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La diputada Ana Laura Bernal Camarena , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las reglas que rigen las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente durante el primer receso del tercer año de la LXIV Legislatura y demás relativos y aplicables, somete a su consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El impuesto predial (heredad, predio o posesión de un inmueble) es una fiscalización anual que cobran los municipios de México, a las viviendas que tiene cada individuo.
El aislamiento derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) genera la necesidad de desplegar todos los recursos hacía la obtención de las vacunas necesarias.
Ante ello, debemos observar los instrumentos disponibles que guíen de mejor forma la toma de decisiones en políticas económicas y sociales encaminadas a amortiguar el impacto y priorizar a los grupos que presentan afectación y vulnerabilidad, como lo es la herramienta presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) denominado “Visor Geoespacial de la Pobreza y la Covid-19 en los municipios de México”,1 el cual ofrece un panorama amplio sobre el avance de la pandemia sanitaria en el territorio nacional y permite visualizar su vínculo con los espacios de mayor incidencia de pobreza.
Lo anterior, derivado de que al estar aislados y con cierres parciales o totales en los diferentes comercios que generan derrama económica; existe falta de poder adquisitivo en millones de hogares en el país, lo que se agrava con el cobro de diferentes tipos de impuestos, como lo es el predial.
Tan sólo en el estado de México existe presunción del aumento del cobro del predial en 90 municipios:
“Estado de México. Durante el 2021, en 35 de los 125 municipios mexiquenses no habrá modificaciones respecto al pago del impuesto predial (los contribuyentes pagarán lo mismo que en 2020); mientras que en 59 de ellos, el valor unitario que sirve para estimarlo incrementará entre 0.1 y 5 por ciento; en otros 24 habrá incremento de entre 5.01 y 10 por ciento; en 4 aumentará entre 10.01 y 15 por ciento, y en 3 fueron autorizadas alzas del 15 al 20 por ciento.
La legislatura mexiquense aprobó las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcciones para el ejercicio fiscal 2021, que sirven de base para que el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables con los valores de mercado del inmueble. El promedio de actualización será de 3.11 por ciento para las zonas habitacionales, 3.02 por ciento para las comerciales, 2.6 por ciento para las industriales, 3.28 por ciento para equipamiento, 2.59 por ciento para las especiales y 2.92 por ciento como promedio general.”2
En otros municipios ha sido avalado el aumento del impuesto predial con mayoría simple al interior de su cabildo, afectando a los contribuyentes, como el caso de Acapulco:
“Acapulco, Guerrero. Regidores de Acapulco aprobaron el aumento al valor del impuesto predial para el 2021, durante la sesión extraordinaria de cabildo realizada en el Ayuntamiento viejo, ubicado en el centro de esta ciudad.
Con nueve votos a favor, ocho en contra y una abstención, los ediles aprobaron el 3.9 por ciento para terrenos urbanos, predios rústicos de construcción y característicos de categoría de construcción. La iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal del año 2021, será de 3 mil 851 millones de pesos.
Tania Sámano González, titular de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, informó que para el 2021 se proyecta recaudar 831 millones de pesos, 20 millones más que el presente año.”
Mientras que en otros municipios no existe claridad del mandato aprobado, pero sí de la disposición ejecutada para subir el cobro de impuestos:
“Guaymas, Sonora. Por disposición de la Tesorería Municipal de Guaymas, y sin someterlo a consideración del cabildo, se incrementaron los valores catastrales en predios, lo que se ve reflejado en un aumento en el impuesto predial.
La medida comenzó a aplicarse en días pasados de manera selectiva, pues según los contribuyentes, no a todos se les cobra de tal forma y se dirigen a quienes pagan con regularidad, no contra los morosos.”3
Por el contrario, en el caso de Ciudad de México, están considerando descuentos que apoyen la economía de los capitalinos, con mayores beneficios a los grupos vulnerables:
“Ante el golpe económico por el segundo confinamiento debido a la epidemia de Covid-19, el gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de descuentos extraordinarios para personas físicas y morales en el pago de impuestos predial, de agua y tenencia.
La secretaria de Administración y Finanzas de Ciudad de México, Luz Elena González, explicó que todos los capitalinos tendrán un descuento del 10 por ciento si realizan un pago anticipado durante el mes de enero en el pago de predial.
Apuntó que todos los propietarios de un inmueble de valor catastral de hasta 2 millones 212 mil pesos tendrán derecho a una cuota fija de 52 pesos; pero en las personas del sector vulnerable obtendrán un descuento del 30 por ciento .
En cuanto al pago de agua, dicho sector será acreedor a un descuento del 50 por ciento en su cuota bimestral por el suministro.
La encargada de las finanzas en la capital mencionó que sigue vigente el descuento del 100 por ciento en el pago de tenencia, el cual aplicará desde 1 de enero al 31 de marzo.”4
Independientemente del señalamiento de los ediles por la falta de recursos para la ejecución de servicios públicos municipales y obras sociales; ello no es justificante para lesionar el bolsillo de los contribuyentes que padecen desempleo, enfermedad, inseguridad y hambre, por mencionar algunos de los principales problemas en esta pandemia.
Los cabildos y las autoridades municipales están obligadas a ajustarse en el gasto público y buscar ahorros en la administración para ser eficientes en las diversas áreas municipales, sin dejar de atender las necesidades del pueblo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos municipales del país a evitar alzas en el cobro del impuesto predial correspondiente al año 2021 y, de ser posible, ofrecer descuentos con especial beneficio a los grupos vulnerables.
Notas
1 Tomado de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Visor_Geoespacial_Pobrez a_COVID-19.aspx el 11 de enero del 2021.
2 Tomado de https://www.trespm.mx/edomex/aumentan-impuesto-predial-en-90-municipios -del-edomex el 11 de enero del 2021.
3 Tomado de https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/239100-aumentan-el-impuesto-p redial-en-guaymas.html el 11 de enero del 2021.
4 Tomado de https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-descuento-extaordinario-predial -agua-tenencia-covid-19/ el 11 de enero del 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, el gobierno de la Ciudad de México y la Dirección General del STC a informar sobre el presupuesto destinado al mantenimiento de éste y las medidas extraordinarias por tomar para garantizar que en la movilidad de las personas se respeten las disposiciones sanitarias dictadas por la jefa de gobierno el 18 de diciembre de 2020, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Mónica Bautista Rodríguez, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, informe relativo al presupuesto destinado para el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México y a las medidas extraordinarias que se tomarán para garantizar que en la movilidad de las personas, se respeten las medidas sanitarias dictadas por la jefa de gobierno, el pasado 18 de diciembre de 2020, con base en las siguientes
Consideraciones
En la madrugada del sábado 9 de enero, se produjo un incendio en las instalaciones del Puesto Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro que dejó sin funcionamiento a las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de dicho Sistema. Debemos recordar que dada la cantidad de personas que utilizan diariamente este medio de transporte, estas instalaciones están consideradas como estratégicas y de seguridad nacional, por lo cual su mantenimiento y seguridad incumben tanto al gobierno de la Ciudad de México como al gobierno federal.
No obstante, con el discurso popular de austeridad republicana, los gobiernos morenistas han dejado sin recursos a programas indispensables para el desarrollo del país y servicios públicos de utilizan diariamente millones de habitantes, incluso exponiéndolos en su integridad física. Es por ello que desde la Cámara de Diputados hemos insistido en que se destinen y etiqueten estos recursos aún y a pesar de la opinión del presidente López Obrador, con el único objeto de que se garantice el buen servicio y correcto funcionamiento de este servicio.
El Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son los responsables del incendio en el Puesto 1 de la Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por aplicar su austeridad irresponsable para evitar invertir en programas y servicios prioritarios para los habitantes de la Ciudad de México y área conurbada del Valle de México, evitando con ello el mantenimiento adecuado de los equipos e instalaciones del STCM.
Debemos recordar que el año pasado las autoridades de la Ciudad de México solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su intervención para que se incluyera en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2021, recursos para dar mantenimiento a las instalaciones, trenes y dar atención a la subestación “Buen Tono”, debido a que ya se encuentran obsoletas, sin que la Secretaría Federal diera atención a dicha demanda. Incluso las autoridades de la CDMX, advirtieron en su solicitud a la SHCP que de no dar mantenimiento a las subestaciones se corría el riesgo de que se presentaran incendios, como el que acabamos de vivir y que costó la vida a una persona.
Las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones del STCM, se evidencian desde hace tiempo y es por ello que, desde el mes de marzo del año pasado, se han presentado diversos incidentes, como el que se suscitó cuando dos trenes chocaron en la estación Tacubaya de la Línea 1, con un saldo de una persona fallecida y 41 lesionados, todo ello sin tomar en consideración las constantes fallas en escaleras eléctricas y las goteras que aparecen principalmente en temporada de lluvia.
Es indispensable señalar que nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México, ha insistido en la necesidad de que el mantenimiento a las instalaciones del STCM sea el adecuado, para lo cual debe ser nombrado el funcionario responsable dado que, desde hace meses, el puesto se encuentra vacante. Al cuestionamiento anterior, realizado durante una reunión de trabajo de los diputados de la Junta de Coordinación Política a mediados del mes de diciembre del 2020, la directora general del STCM, Florencia Serranía, indicó que ella asumía totalmente esta doble responsabilidad, como directora general y como directora de mantenimiento, razón por la que ella debe ser investigada por sus probables responsabilidades en ambos cargos.
El STCM informó que en el transcurso del lunes 11 se restablecería el servicio en las líneas 4, 5 y 6. No obstante, en las líneas 1, 2 y 3 éste tardaría aproximadamente 3 meses en volverse a prestar. Como plan emergente, la Secretaría de Movilidad ha informado que se implementaron operativos alternos para garantizar la movilidad a las personas que cotidianamente utilizan el servicio, no obstante, se ha podido constatar que los camiones de RTP y concesionarios que apoyan en el transporte de los más de 1.3 millones de usuarios que diariamente utilizan el metro, no ha sido suficiente y se han presentado aglomeraciones.
Lo anterior representa un punto disruptivo en términos de las disposiciones sanitarias que fueron dictadas desde el pasado 18 de diciembre, cuando la Ciudad de México y el estado de México regresaron a semáforo epidemiológico rojo y se ha incrementado el nivel de hospitalizaciones en el Valle de México.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, informe relativo al presupuesto destinado para el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México y a las medidas extraordinarias que se tomarán para garantizar que, en la movilidad de las personas, se respeten las medidas sanitarias dictadas por la jefa de gobierno el pasado 18 de diciembre de 2020.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de la República para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y deslindar las responsabilidades penales y administrativas por el incendio ocurrido el pasado 9 de enero en las instalaciones del Puesto Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro, considerado como instalación estratégica.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno michoacano a atender y hacer públicos los medios y mecanismos empleados respecto a las observaciones formuladas por la ASF en el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2019 correspondiente al programa de atención de la salud y medicamentos gratuitos para población sin seguridad social laboral, suscrita por los diputados Ignacio Benjamín Campos Equihua e Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, Ignacio Benjamín Campos Equihua e Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorables Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera . El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud, y señala que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Carta Magna.
En términos del artículo 2o., fracciones I y II, de la Ley General de Salud, son finalidades del derecho a la protección de la salud, el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.
Conforme al artículo 6o., fracción I, del de la Ley General de Salud, uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud es proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de éstos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.
Finalmente, el artículo 9o. de la Ley General de Salud, indica que los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y, con tal propósito, dichos gobiernos planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el referido Sistema Nacional.
Segunda. Con fundamento en lo anterior, para el ejercicio fiscal de 2019 la Secretaría de Salud, a través de su Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, tiene a su cargo la operación del Programa U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, mismo que, de conformidad con las finalidades del derecho humano a la protección de la salud y la finalidad del Sistema Nacional de Salud, antes mencionados, tiene como objeto garantizar el acceso y continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad que demanda la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (en adelante IDH) y de alta o muy alta marginación, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud del primer nivel de atención y de hospitales comunitarios de los Servicios de Salud en las 32 entidades federativas , incluyendo a los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (en adelante CEREDI), así como a las unidades fijas y móviles del IMSS Bienestar que presten servicios a la población objetivo, en los términos que se convengan en los instrumentos jurídicos que al efecto se celebren.1
Tercera. Derivado de lo anterior, el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo recibió durante el ejercicio fiscal 2019 recursos para el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019 por la cantidad de 137,380.0 miles de pesos. 2
Cuarta. Luego, en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 3 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que revisó la totalidad de los recursos transferidos al gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019.
Quinta. En la auditoría que se practicó, se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) en una sola exhibición , recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral por 137,380.0 miles de pesos , mismos que no fueron ministrados por la SFA dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción, junto con los rendimientos financieros que se generaron por 404.5 miles de pesos, al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán , en incumplimiento al Convenio DGPLADES Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral -CECTR-MICH-01/19, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, cláusula segunda, párrafo cuarto; y séptima, fracción IX; y de los Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal de 2019, numerales 9 y 31.
Sexta. En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 137 millones 784 mil 517.06 pesos (ciento treinta y siete millones setecientos ochenta y cuatro mil quinientos diecisiete pesos 06/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación , por haber transferido los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019 al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán (ejecutor de los recursos) después de los 5 días hábiles siguientes a su recepción junto con los rendimientos financieros que se generaron.
Séptima. Aun cuando en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación se proporcionó información al respecto, se concluyó que no se cuenta con la determinación de que los recursos se aplicaron adecuadamente para el cumplimiento del objetivo del programa, por lo que la observación persiste.
Octavo. Así, en el ejercicio de los recursos, el gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, así como del Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la operación del programa Fortalecimiento a la Atención Médica que celebran por una parte el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y de los Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2019, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 137,380.0 miles de pesos, los cuales representan el 100.0 por ciento. La observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente.
En conclusión, el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio .
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Michoacán de Ocampo para que, con base en sus atribuciones y competencias:
a) Atienda y haga públicos los medios y mecanismos empleados respecto a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal de 2019.
b) Remita a esta soberanía un informe detallado sobre la aplicación de los recursos federales entregados por la Tesorería Federal, por la cantidad de 137.4 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019.
Notas
1 Localizable en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536689/
210519_CRITERIOS_OPERATIVOS_PROGRAMA_U013_24.pdf. Última consulta efectuada el 11 de enero de 2021.
2 Localizable en: https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0893_a.pdf. Última consulta efectuada el 11 de enero de 2021.
3 Ídem.
Dado en pleno de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputados:Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a dar trámite, realizar las investigaciones correspondientes, resolver y, en su caso, consignar ante las autoridades competentes a los posibles responsables funcionarios y ex funcionarios del Indep, con motivo de las denuncias presentadas por presuntas irregularidades y hechos de corrupción, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Fiscal General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, para dar trámite, realizar las investigaciones correspondientes, resolver y, en su caso, consignar ante las autoridades competentes a los posibles responsables funcionarios y exfuncionarios del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), con motivo de las denuncias presentadas por presuntas irregularidades y hechos de corrupción, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El ahora llamado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) que no es otra cosa que el antiguo Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), es una de las instituciones insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy envuelta en escándalos de corrupción aún cuando fue creado con la promesa de “acabar con la corrupción y el saqueo de los gobiernos anteriores”.
Cuando Ricardo Rodríguez Vargas era titular del INDEP comenzaron los rumores de corrupción, que fueron confirmados tras la carta de renuncia de Jaime Cárdenas Gracia enviada al presidente de la República en la que señaló: “1. Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas –procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al INDEP, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas–. En consecuencia, hemos presentado denuncias administrativas del órgano interno de control. 2. Por la manipulación de distintas piezas de joyería, hemos presentado las denuncias penales a la Fiscalía General de la República”.1
A lo que el primer mandatario respondió en su tradicional conferencia en Palacio Nacional, que los grandes problemas se enfrentan “echándose para adelante” y recalcó que a Jaime Cárdenas le dio miedo e impotencia por no saber manejar las cosas al interior del INDEP. Expresó además que el que ser aflige se afloja y que lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta. “Estaba de buen tamaño el animal, pero esa es la lucha de David contra Goliat, es una transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín”, puntualizó.
Sin embargo, en el programa Detrás de la Noticia , con el periodista Ricardo Rocha, Jaime Cárdenas aseguró que su lealtad con López Obrador y el gobierno federal no era ciega sino reflexiva, y que ahí comenzaron los problemas y que cuando ya no estás bien en un lugar, lo mejor es irse.
“Yo creo que la expectativa mía con el presidente, con el gobierno federal, con sus colaboradores más cercanos eran que me iba a escuchar, que iba a matizar, exponer puntos de vista, desde luego que los pude hacer, lo pude exponer y ellos esperaban, seguramente de mí, una lealtad que por supuesto la realicé, fui leal con ellos, soy leal con ellos, pero mi lealtad no era ciega, mi lealtad es reflexiva, creo que ahí comenzaron los problemas”, señaló.
Yo exponía dudas, puntos de vista, tanto a los colaboradores cercanos al presidente como al presidente mismo, y creo que esas dudas o comentarios que yo hacía no siempre gustaban”. Explicó que el presidente, como los políticos distinguidos, piensan que la política es de resultados y aunque coincide, por su formación de abogado, él insistía en procedimientos administrativos y en cumplimiento de normas administrativas. “Eso fue generando, en el plazo de estos tres meses, muchas molestias, pérdida de respaldo del presidente, que yo lamento, y fue inevitable que se diera esa salida. Varias veces el presidente cuestionó mi formación de abogado, mi carácter formalista, mi insistencia en los procedimientos”, comentó.2
La carta de Cárdenas Gracia confirma pues lo que ya denunciado por Ricardo Rodríguez Vargas, ante la Fiscalía General de la República (FGR): un grupo de funcionarios del INDEP habrían robado piezas muy valiosas hechas de oro, diamantes, esmeraldas, rubí y zafiro de piezas que serían subastadas más adelante.
A este respecto, la periodista Fátima Monterrosa reveló en el noticiero En Punto de Televisa que, de acuerdo con el documento de la denuncia, había 22 piezas con gemas que fueron “mutiladas”. Entre ellas se encontraban aretes, brazaletes, collares, y otras cosas que habrían saqueado quienes tenían la función de resguardarlas.
A decir del periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal , la salida de Ricardo Rodríguez que se manejó como “renuncia”, en realidad fue “un cese fulminante” ordenado por el presidente, lo que -a consideración del columnista- confirma que en Palacio Nacional supieron desde entonces que se estaban cometiendo graves irregularidades y manipulaciones en las subastas y el manejo de los bienes decomisados y en propiedad del gobierno federal.
Una de las irregularidades tuvo que ver con la venta de una casa de Jardines del Pedregal en 49 millones de pesos, al empresario Alejandro del Valle, quien adquirió la propiedad junto con su hijo, ganando la subasta del inmueble que en su momento perteneció al narcotraficante Amado Carrillo “El Señor de los cielos”.
Del Valle es socio del empresario tabasqueño Carlos Cabal Peniche, quien también habría sido beneficiado por Ricardo Rodríguez con la venta, también en subasta, de un terreno de 8 mil metros cuadrados en Calkiní, Campeche, una zona selvática y de playa con un alto valor comercial, por la cual Cabal sólo pagó 8.9 millones de pesos al INDEP. Pero a decir de Jaime Cárdenas en la entrevista otorgada este miércoles, los comentarios que le hizo al presidente y a la gente cercana a él, sobre lo que sucede dentro del INDEP, no fue bien recibido.
Por otro lado, es de señalarse que a septiembre pasado, cuando renunció su director Jaime Cárdenas, el INDEP sólo avanzó el 45 por ciento de sus metas y concretaron nada más el 67 por ciento de las subastas de bienes decomisados y que el director anterior a Jaime Cárdenas, Ricardo Rodríguez, fue cesado por actos de corrupción en la venta de inmuebles a un precio mucho menor de su valor comercial.
Como ya hemos comentado, en su renuncia Jaime Cárdenas hizo evidente la problemática imperante en la institución, con irregularidades tales como:
• Falta de liquidez financiera del Instituto ante la cancelación de subastas en electrónicas y disminución de subastas presenciales durante el 2020.
• Encontró contratos que eran más favorables a empresas que para el Instituto, en detrimento del principio de mayor beneficio para el estado.
• Que algunos bienes no se pueden subastar ya que se desconoce su origen.
• Denunció la manipulación y mutilación de joyería.
• Detectaron conductas de servidores públicos que violentaban las normatividad.
• Para octubre pasado ya había 47 denuncias de hechos de corrupción frente a la Fiscalía General de la República.
Para Acción Nacional ante tantas irregularidades puestas de manifiesto y denunciadas ante la Fiscalía General de la República, es evidente que la 4T se inclina por ocultar los actos de corrupción detectados dentro de las instituciones que tanto promueve, defiende y presume como es el caso del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), que no solo no devuelve lo robado, sino que lo incrementa considerablemente.
Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único .- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Fiscal General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, para dar trámite, realizar las investigaciones correspondientes, resolver y, en su caso, consignar ante las autoridades competentes a los posibles responsables funcionarios y exfuncionarios del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), con motivo de las denuncias presentadas por presuntas irregularidades y hechos de corrupción.
Notas
1 Información consultada el 5 de enero de 2021 en https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/23/golpe-a-la-4t-de-lope z-obrador-el-instituto-para-devolverle-al-pueblo-lo-robado-esta-bajo-so specha-de-corrupcion/
2 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2021.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tabasco a decretar como obligatorio el uso del cubrebocas en la entidad y proveer de éstos a los usuarios del transporte público, suscrita por la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero.- Que durante los primeros seis meses de la contigencia sanitaria decretada a causa de la pandemia del Covid-19, el estado de Tabasco se posicionó como el epicentro de la pandemia a nivel nacional, alcanzado el primer lugar en inicidencia de contagios y muertes por cada 100 mil habitantes, durante los meses abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.
Segundo.- Que, a la fecha, se tienen registrados 47 mil 232 casos confirmados de Covid-19 en la entidad, así como 3 mil 351 muertes y 2 mil 135 casos activos, de los cuales 315 (aproximadamente el 15 por ciento) se encuentran hospitalizados. Asimismo, la entidad se posiciona en el tercer lugar en incidencia de contagios por cada 100 mil habitantes y en el sexto lugar en defunciones por la misma proporción.1
Tercero.- Que el estado se encuentra en color naranja en el semáforo epidemiológico nacional; no obstante, el propio gobernador del estado, licenciado Adán Augusto López Hernández, reconoció que en los próximos días existen altas posibiliidades de que el estado regrese al color rojo debido a la alta incidencia de nuevos contagios.2
Cuarto.- Que el 14 de diciembre, como parte de sus acciones para contener la propagación del Covid-19 en la entidad, el gobernador del estado emitió las siguientes medidas y acciones extraordinarias para atender la contingencia sanitaria; mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado:3
1. Los establecimientos cuyos giros y actividades han sido considerados como no esenciales, conforme a lo establecido en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, expedido por el titular de la Secretaría de Salud federal, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020; y en el decreto por el que se emiten medidas y acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), expedido por el titular del Poder Ejecutivo del estado, y publicado en el suplemento H, edición número 8094 del Periódico Oficial del Estado el 1 de abril de 2020; podrán operar al 50 por ciento de su capacidad de atención al público siempre que se garantice la sana distancia, exclusivamente de lunes a viernes, en sus horarios habituales de apertura y hasta las 17:00 horas; absteniéndose de realizar eventos que hagan proclive la aglomeración de personas, tales como venta nocturna, liquidación, gran barata y demás de similar naturaleza, los cuales se podrán realizar únicamente en línea o vía telefónica bajo la modalidad de entrega a domicilio.
2. Se ordena el cierre temporal de salones y recintos destinados a la realización de fiestas o eventos, y demás de similar naturaleza, incluyendo los que se encuentren ubicados dentro de los hoteles.
3. Se ordena a la Secretaría de Finanzas para que por razones de interés público y social, restrinja los horarios para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en hoteles y restaurantes.
4. Se ordena a la Secretaría de Movilidad para que determine e implemente las medidas y acciones correspondientes, tendientes a reducir la movilidad en el estado.
5. Las autoridades estatales y municipales en materia de seguridad pública, tránsito vehicular y movilidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán la observancia de las disposiciones contenidas en el presente decreto y en caso de su incumplimiento, aplicarán las sanciones que correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Dichas medidas, el 5 de enero de 2021 fueron extendidas hasta el 15 de febrero del presente año.4
Quinto.- Que, por su parte, la Secretaría de Movilidad del estado publicó un acuerdo donde restringió los horarios de operación del transporte público en la entidad, estableciendo un horario de 5:00 a 19:00 horas de lunes a domingo. Asimismo, dicho acuerdo avierte que el uso del cubrebocas sigue siendo estríctamente obligatorio para todos sin excepción. Por otro lado, el acuerdo mandata que el servicio público de pasajaros en todas sus modalidades deberá operar al 50 por ciento de su capacidad. Finalmente, señala que todas las unidades deben contar con gel antibacterial, tanto para el conductor, como para los pasajeros.5
Sexto.- No obstante, en ninguno de los casos se dicta como obligatorio el uso del cubrebocas a la ciudadanía en general, o bien se proveé de éstos a las unidades del transporte público para que puedan ser distribuidos entre los usuarios. La OMS ha señalado que los cubrebocas deben formar parte integral de la estrategia para combatir el Covid-19 y la experiencia internacional de países como China, Japón, Alemania y Estados Unidos donde se ha regulado el uso del cubrebocas, nos ha demostrado que éstos han podido controlar la pandemia de manera exitosa, reduciendo la tasa de contagios día con día.
Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a emitir los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tabasco a decretar como obligatorio el uso del cubrebocas en todos los municipios de la entidad hasta que el estado se encuentre en color verde en el Semáforo Epidemiológico Nacional.
Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tabasco a proveer de cubrebocas a todas las unidades de transporte público de los 17 municipios de la entidad tanto para los conductores como para los usuarios que hacen uso de él.
Notas
1 https://datos.covid-19.conacyt.mx/
2 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/tabasco-alto-riesgo -regresar-semaforo-rojo-covid-19-coronavirus-adan-augusto-lopez-hernand ez-6203475.html
3 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1891
4 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1975
5 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1894
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 enero de 2021.
Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a instaurar con los 125 ayuntamientos de la entidad estrategias y, en su caso, reforzar las existentes dirigidas a la adecuada prevención y combate del feminicidio, ante su incremento sostenido, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de los 125 ayuntamientos de la entidad, se instrumenten estrategias y, en su caso, se refuercen las existentes, dirigidas a una adecuada prevención y combate del delito de feminicidio, ante su incremento sostenido en la entidad, bajo las siguientes
Consideraciones
La crítica situación generada por la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, nos ha mantenido abstraídos en temas coyunturales y dejamos de ver otros temas igual de importantes, como la realidad llena de riesgos para la vida e integridad de las mujeres y las niñas.
Por mencionar un ejemplo, en los primeros días de 2021, en el Estado de México se registró el primer feminicidio del año en el país.1 Asimismo, es la entidad que más veces ha ocupado el primer lugar en las estadísticas nacionales con las tasas más altas de asesinatos de mujeres de acuerdo con la ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.2
En el informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias”,3 se señala que las diez entidades federativas con el mayor número de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) en 2019 fueron el estado de México (455), Guanajuato (389), Chihuahua (267), Jalisco (248), Baja California (244), Guerrero (186), Michoacán (184), Veracruz (159), Ciudad de México (143) y Oaxaca (132), las cuales concentraron 64.2 por ciento de las DFPH ocurridas en el país.
En el reporte de enero a noviembre de 2020, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública “Información sobre violencia contra las mujeres”, el estado de México se encuentra en el primer lugar en el número de feminicidios con 132, mientras que 18 de sus municipios, se encuentran entre los primeros 100 lugares con estos delitos.4
Por si esto no fuese suficiente, las llamadas de emergencia al número 911 en la entidad, relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, en el mismo periodo llegaron a 39 mil 352.5
De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),6 la violación de los derechos humanos producto de la violencia contra las mujeres y las niñas está presente incluso si ocurre en contextos de conflictos armados, desastres, pandemias y en situaciones de violencia generada por el crimen organizado. La Recomendación General número 35 por parte de esta Convención hace énfasis en la necesidad de que los Estados parte coordinen sus políticas públicas para prevenirla, atenderla y sancionarla en todas las áreas de la función pública y en todos los niveles de la administración, ya sea nacional o local.7
Por su parte, la Convención de Belém Do Pará8 subraya la obligación de los Estados y, de sus servidores públicos, de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, así como de asegurar y garantizar el ejercicio de sus derechos humanos, en particular el derecho de estas a una vida libre de violencia.
En este sentido, en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte...”9
En el artículo 40 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece que:
“La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables”.10
Por su parte, en el caso del estado de México, el delito de feminicidio se contempla en el artículo 281 del Código Penal local:11
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
III. Existan antecedentes, datos o medios de prueba de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
V. Existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
VIII. Como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación...”
“...La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad,
embarazada o discapacitada, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.”
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reafirmamos que el feminicidio es un delito inadmisible, emerge como la mayor expresión de desigualdad construida sobre la discriminación de género. Es necesario considerar a la violencia en contra de mujeres y niñas como una cuestión social, política, cultural y de derechos, de esta forma se podrá ver la grave situación como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata, con esfuerzos adicionales de coordinación interinstitucional entre los distintos órdenes de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de los 125 ayuntamientos de la entidad, se instrumenten estrategias y en su caso, se refuercen las existentes, dirigidas a una adecuada prevención y combate del delito de feminicidio, ante su incremento sostenido en la entidad.
Notas
1 Eje Central. “En Edomex se registra el primer feminicidio de 2021”. Disponible en: https://cutt.ly/4jvervJ. Consultado el 11 de enero de 2021
2 ONU Mujeres. “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias”. Disponible en: https://cutt.ly/sjvyY1f. Consultado el 11 de enero de 2021
3 Íbid.
4 SESNSP, “Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911”. Disponible en: https://cutt.ly/LjvkQAj. Consultado el 11 de enero de 2021.
5 Íbid.
6 La CEDAW fue firmada por México en 1979 y ratificada en 1981.
7 CEDAW, Recomendación General número 35 sobre la Violencia por Razón de Género contra la Mujer, por la que se actualiza la Recomendación General número 19, CEDAW/C/GC/35, 26 de julio de 2017, Disponible en: https://cutt.ly/gjvz2pI. Consultado el 11 de enero de 2021.
8 OEA, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, artículo 7. Disponible en: https://cutt.ly/TjvxtbX. Consultado el 11 de enero de 2021
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://cutt.ly/mjvxnBg. Consultado el 11 de enero de 2021.
10 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Disponible en: https://cutt.ly/DjvxDzq. Consultado el 11 de enero de 2021.
11 Código Penal del Estado de México. Disponible en: https://cutt.ly/Mjvmfjm. Consultado el 11 de enero de 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los tres niveles de gobierno a coordinar acciones para el rescate del lago de Pátzcuaro, suscrita por el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, José Guadalupe Aguilera Rojas, diputado federal a la LXIV Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los tres niveles de gobierno a coordinar acciones para el rescate del Lago de Pátzcuaro, con base en las siguientes
Consideraciones
Desde hace muchos años, el Lago de Pátzcuaro enfrenta diversos problemas asociados con el deterioro ambiental.
La presencia de plagas como el lirio acuático, la desecación, la contaminación de aguas residuales, entre otras problemáticas, han afectado gravemente al lago, con repercusiones económicas para miles de personas cuyas actividades están ligadas estrechamente a este importante cuerpo hídrico.
No obstante que existen un gran número de investigaciones, diagnósticos y propuestas para el rescate del Lago, es imperativo adoptar acciones que conduzcan a su rescate en el corto plazo.
La conjunción de factores ambientales y las afectaciones de carácter económico, a las que nos hemos referido, exigen una respuesta contundente por parte de las instancias de gobierno, con medidas que superen medidas meramente paliativas.
Resulta indudable que se requiere la coordinación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, para enfrentar de manera decidida los retos que implica el superar las condiciones de deterioro en que se encuentra actualmente el lago.
Además de los acuerdos entre voluntades, es indispensable contar con los recursos presupuestales que demanda esta tarea.
La disponibilidad presupuestal de la que dispone el gobierno federal, resultado de diversas medidas adoptadas, como se ha informado a la opinión pública, es un factor fundamental para contribuir de manera decidida al saneamiento ambiental del Lago de Pátzcuaro, a fin de superar las diversas problemáticas derivadas, además de los efectos del cambio climático.
La magnitud del problema exige una coordinación que supere las respuestas aisladas o la desatención que ha experimentado en el pasado.
En esta coordinación, resulta indispensable, indudablemente, la participación de la Federación, para respaldar presupuestalmente las políticas públicas diseñadas para enfrentar el desafío.
La importancia del Lago de Pátzcuaro, desde distintos factores, como el ambiental, económico, turístico, entre otros requiere una respuesta oportuna y eficaz, pues los riesgos que enfrenta no permiten la postergación de las medidas necesarias.
La población que se ha visto afectada por la inacción gubernamental, demanda soluciones que superen los disensos provenientes de distintas visiones partidarias, mismos que muy probablemente han impedido arribar a los objetivos iniciales.
Ha llegado el momento de superar las visiones partidistas, para dar paso a la coordinación de esfuerzos que posibiliten el mejor tratamiento que requiere el tema.
Con base en lo anteriormente planteado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a los tres niveles de gobierno a coordinar acciones para el rescate del Lago de Pátzcuaro.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de una estación de servicio de venta de combustible para vehículos en Santa Lucía, Álvaro Obregón, Ciudad de México, suscrita por la diputada Adela Piña Bernal, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Adela Piña Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la construcción de una estación de servicio de venta de combustible para vehículos en el pueblo de Santa Lucía, ubicado en la demarcación territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Vecinas y vecinos del pueblo de Santa Lucía, ubicado en la demarcación territorial de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, denunciaron desde hace aproximadamente 18 meses la construcción de una estación de servicio o gasolinera en avenida Tamaulipas 13 de la citada localidad, como es lógico el inicio de esta obra trajo consigo la preocupación de la comunidad, por los riesgos inherentes que conlleva, además de que los propios vecinos han señalado que la zona donde se pretende instalar la citada gasolinera, está densamente poblada y el suelo es inestable.
Lo anterior los ha llevado a solicitar información ante diversas autoridades para conocer que la obra en comento cuente con todas las autorizaciones correspondientes, a la fecha Protección Civil de la Alcaldía Álvaro Obregón impuso sellos de suspensión de actividades, no obstante, los vecinos han señalado que los trabajos continúan al interior del predio.
Los artículos 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Hidrocarburos disponen lo siguiente:
Artículo 48.- La realización de las actividades siguientes requerirá de permiso conforme a lo siguiente:
I. Para el tratamiento y refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural, y la exportación e importación de hidrocarburos, y petrolíferos, que serán expedidos por la Secretaría de Energía; y
II. Para el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, según corresponda, así como la gestión de sistemas integrados, que serán expedidos por la Comisión Reguladora de Energía.
Artículo 49.- Para realizar actividades de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en territorio nacional se requerirá de permiso. Los términos y condiciones de dicho permiso contendrán únicamente las siguientes obligaciones:
I. Realizar la contratación, por sí mismos o a través de terceros, de los servicios de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público que, en su caso, requiera para la realización de sus actividades únicamente con permisionarios;
II. Cumplir con las disposiciones de seguridad de suministro que, en su caso, establezca la Secretaría de Energía;
III. Entregar la información que la Comisión Reguladora de Energía requiera para fines de supervisión y estadísticos del sector energético; y
IV. Sujetarse a los lineamientos aplicables a los permisionarios de las actividades reguladas, respecto de sus relaciones con personas que formen parte de su mismo grupo empresarial o consorcio.
Artículo 50.- Los interesados en obtener los permisos a que se refiere este título, deberán presentar solicitud a la Secretaría de Energía o a la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, que contendrá:
I. El nombre y domicilio del solicitante;
II. La actividad que desea realizar;
III. Las especificaciones técnicas del proyecto;
IV. En su caso, el documento en que se exprese el compromiso de contar con las garantías o seguros que le sean requeridos por la autoridad competente, y V. La demás información que se establezca en la regulación correspondiente.
Artículo 51.- Los permisos a que se refiere el presente capítulo se otorgarán a Petróleos Mexicanos, a otras empresas productivas del Estado y a particulares, con base en el reglamento de esta ley. El otorgamiento de los permisos estará sujeto a que el interesado demuestre que, en su caso, cuenta con:
I. Un diseño de instalaciones o equipos acordes con la normativa aplicable y las mejores prácticas, y
II. Las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad de la actividad objeto del permiso.
Por otra parte, en el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos contiene diversas disposiciones relativas a los permisos, para entre otros realizar las actividades de expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, disposiciones relativas al procedimiento para su obtención de dichos permisos y otras relativas a las obligaciones de los permisionarios.
De igual forma no puede perderse de vista el contenido de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015, “Diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación de servicio para autoconsumo, para diésel y gasolina”, la cual tiene por objetivo establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos mínimos de seguridad industrial y operativa, y protección ambiental que se deben cumplir en el diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de estación de servicio para autoconsumo para gasolinas y diésel. Esta norma aplica en todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para los regulados, responsables del diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación de estaciones de servicio de fin específico y asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación de servicio para autoconsumo para gasolinas y diésel.
La norma es clara al establecer que previo a la construcción de la obra se debe contar con los permisos y autorizaciones regulatorias requeridas por la normatividad y legislación local y/o federal, incluyendo el manifiesto de impacto ambiental y los diferentes niveles de análisis de riesgo; que sean aplicables.
Volviendo a la Ley de Hidrocarburos, es de destacar el contenido de su artículo 121 que dispone:
“Artículo 121.- Los interesados en obtener un permiso o una autorización para desarrollar proyectos en materia de hidrocarburos, así como los asignatarios y contratistas, deberán presentar a la Secretaría de Energía una evaluación de impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes, en los términos que señale el reglamento de esta ley.
La Secretaría de Energía emitirá la resolución y las recomendaciones que correspondan, en el plazo y los términos que señale el reglamento de esta ley.
La resolución señalada en el párrafo anterior deberá ser presentada por los asignatarios, contratistas, permisionarios o autorizados para efectos de la autorización de impacto ambiental.”
El Reglamento de la Ley de Hidrocarburos define a la “Evaluación de impacto social” como: “El documento que contiene la identificación de las comunidades y pueblos ubicados en el área de influencia de un proyecto en materia de hidrocarburos, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las consecuencias a la población que podrían derivarse del mismo y las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes”.
Por todo lo anterior, es del interés fundado de los vecinos de Santa Lucía, Álvaro Obregón, el conocer que la estación de servicio o gasolinera que pretende construirse en el perímetro de su comunidad, que además es importante señalar se trata de un pueblo originario, cumpla con todos y cada uno de los requisitos de carácter tanto federal como local, previstos en los ordenamientos correspondientes, como los anteriormente citados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Reguladora de Energía, así como a la alcaldía Álvaro Obregón, a efecto de que en el ámbito de sus competencias, remitan a esta soberanía un informe sobre el estado que guarda la construcción de una estación de servicio o gasolinera ubicada en avenida Tamaulipas 13, colonia Santa Lucía, demarcación territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, señalando si dicha obra ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos legales, reglamentarios y administrativos para su ejecución y operación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Diputada Adela Piña Bernal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar por la Ssa y la Cofepris el registro sanitario de las vacunas contra el SARS-Cov2, a fin de que particulares puedan adquirirlas para su distribución y venta en el territorio nacional, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo por el que se exhorta, al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a ocuparse de agilizar el registro sanitario de las vacunas contra el virus del SARS-CoV2 (Covid-19), a fin de que puedan ser adquiridas por particulares para su distribución y venta dentro del territorio nacional, con base en las siguientes
Consideraciones
Nuestra Carta Magna en el párrafo cuarto del artículo 4o. garantiza el derecho a la protección de la salud, así mismo, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como el disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno en materia de salud, dicho párrafo establece:
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
(...)
El derecho a la salud es el derecho social por antonomasia, el Estado tiene la obligación de proteger la salud de las personas y devolvérselas cuando ha sido afectada. Así, le corresponde al Estado asegurar la asistencia médica.
Sin embargo, el derecho a la salud constriñe también a los particulares para garantizar la salud de los integrantes de la sociedad, de tal manera, que los servicios privados de salud están obligados a proporcionar servicio de urgencia a cualquier persona que así lo requiera.
Ahora bien, la salud tiene un componente individual y uno colectivo o social; es un bien individual, ya que cada persona puede o no tener salud, y colectivo, si se tiene en cuenta que hay factores sociales que favorecen o alteran la salud de la colectividad social, tal es el caso de la pandemia de coronavirus que sufre actualmente la humanidad entera.
El artículo 2 de la Ley General de Salud, establece que el derecho a la protección de la salud tiene los siguientes fines: el bienestar físico y mental de la persona para garantizar el ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección de la salud que contribuyan al desarrollo social; el disfrute de servicios de salud y asistencia social; entre otros. Dicho ordenamiento señala a la letra:
Artículo 2o .- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud ;
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados;
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud;
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, y
VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
El 23 de diciembre de 2020, llegaron a nuestro país tres mil dosis de vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, se trató del primer lote que arribó a nuestro país, un día después dio inicio la campaña de vacunación contra el coronavirus en México.
Hasta el pasado 5 de enero, se habían recibido cuatro envíos de la vacuna de Pfizer, -23 de diciembre (3 mil dosis), 26 de diciembre (46 mil 900 dosis), 30 de diciembre (7 mil 800) y 5 de enero (53 mil 605 dosis)- contabilizando un total de solo 111 mil 305 vacunas, cantidad ínfima, sí se considera que somos casi 128 millones de mexicanos.
Según las autoridades de Salud se tienen programados tres nuevos envíos de vacunas, para los días 12, 19 y 26 de enero, cada uno de esos, anuncian, serán por 436 mil 800 dosis. Con lo cual se esperan recibir en este primer mes del año solo un millón 421 mil 705 vacunas .
Hasta el 10 de enero, 74 mil trabajadores de la salud habían recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer, lo que equivale, solo al 10 por ciento del personal que labora en centros de salud pública, se calcula que el número de trabajadores de la salud en el sector público es de más de 750 mil personas, este número no incluye al personal de salud que labora en el sector privado, es evidente que el estado mexicano no podrá contar con el número suficiente de vacunas para poder proteger a todo el personal que integra el Sistema Nacional de Salud.
Sobre el particular, el sector que presta servicios de salud en nuestro país ha manifestado su grave preocupación por contar con las vacunas necesarias para posibilitar la inmunización de su personal, por desgracia el gobierno federal no ha ofrecido ninguna alternativa para garantizar la salud de estos trabajadores.
Ante tal problemática, resulta urgente, que las autoridades sanitarias federales, trabajen en posibilitar a la brevedad la autorización sanitaria que permita a hospitales, laboratorios, médicos y enfermeras que prestan sus servicios desde la iniciativa privada, el poder adquirir las vacunas para la inmunización de su personal o la propia, según sea el caso.
Además, es necesario que el ejecutivo federal, anteponga la salud de los mexicanos, a su afán, de pretender usar la vacuna para promocionar su movimiento político. No se entiende, la necedad de monopolizar la logística para llevar a cabo el plan nacional de vacunación en un solo organismo público, que por cierto no tiene como su función la salud.
La emergencia exige la intervención y suma de todos los mexicanos, el ocuparse para facilitar la compra y aplicación de las vacunas en centros privados de salud sólo traerá beneficios, el primero y más importante, acelerar el plan de inmunización del gobierno federal . Por el contrario, la monopolización traerá abusos, ineficiencia, tortuguismo, corrupción e influyentísimo, ni una semana había pasado de la puesta en marcha de la campaña de vacunación y ya había denuncias por vacunas que se habían aplicado a personas que no estaban en la primera línea del combate a la pandemia.
El titular del ejecutivo federal señaló el 28 de diciembre de 2020, señaló, la responsabilidad del gobierno es garantizar la adquisición para inmunizar a toda la población de manera universal y gratuita, y enfatizó que, si alguna empresa tiene la capacidad para importar vacunas por otra vía para su venta en farmacias, su gobierno no tendría objeción.
Así mismo, indicó que, no existía ninguna gestión por parte de alguna empresa para solicitar a las autoridades sanitarias el permiso de importación, ni tenían conocimiento de gestiones en el extranjero para su adquisición. Como ya es costumbre, el titular del Ejecutivo mal informa, él sabe que la condición de uso de emergencia de la vacuna impide que pueda ser comercializada por el sector privado.
“Si empresas quieren comprar la vacuna y distribuirla en México, no hay ningún obstáculo. Solo se va a solicitar. Este fue ya un acuerdo que se tuvo, que presenten su escrito, su petición y que anexen el contrato de compra de la vacuna”,
Lo que ocupa el sector privado es que las autoridades sanitarias trabajen en agilizar al máximo el registro sanitario para que los laboratorios, en particular los que hayan mostrado eficiencia superior al 90 por ciento de sus vacunas contra el Covid-19, puedan estar comercializando sus vacunas en nuestro país, y no vaya a repetirse lo que ocurrió con las pruebas para la detección de coronavirus, en donde el gobierno federal se empeñó en bloquear por todos los medios su importación, con la finalidad de mantener, indebidamente, bajo el número de contagios reconocidos oficialmente.
Esas mismas pruebas que no permitió ingresar, por su supuesta ineficacia; hoy son ocupadas por el gobierno de la Ciudad de México para detectar los contagios de los capitalinos.
El gobierno federal ha señalado que el personal de salud estará completamente vacunado a finales de enero y a todos los mexicanos hasta marzo de 2022. Con dicho plan, si no surge ningún imprevisto, lo cual es poco probable, el gobierno mexicano no podrá inmunizar a su población antes del inicio del 2022.
Cualquier esfuerzo, público o privado, que sume para incrementar el despliegue y cobertura de la vacuna debe ser fomentado y apoyado por las autoridades sanitarias, la prioridad debe ser la inmunización, a la brevedad, de todos los mexicanos, solo así se podrán salvar miles de vidas, de lo contrario se seguirá multiplicando el escenario catastrófico, que por ser catastrófico implicaba no haber hecho nada, como ocurrió.
Las autoridades federales han declarado tener contratos de compra anticipada de 34.4 millones de vacunas con Pfizer, 77.4 millones de AstraZeneca y 35 millones de la vacuna de CanSino, el número de las vacunas, que asegura el gobierno tener ya comprometidas, resultan insuficientes si consideramos que por lo menos dos de las tres vacunas antes señaladas, requieren de dos aplicaciones o dosis para su efectividad.
Por todo lo anterior, es urgente y necesaria la intervención del sector privado para fortalecer y garantizar el éxito del plan de vacunación contra el coronavirus; generalmente los servicios privados de salud siempre han contribuido a que los esquemas de vacunación sean más completos y efectivos.
La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias han manifestado su interés por importar la vacuna contra el coronavirus, en cuanto esto pueda ya ser posible, incluso, dicho organismo empresarial, ha señalado que mantienen pláticas con Pfizer, y se encuentran en espera de que el laboratorio pueda conseguir los registros sanitarios para la vente al público de su vacuna.
No obstante que las autoridades sanitarias han señalado tener un plan nacional de vacunación, nada o poco se sabe del mismo, prueba de lo anterior, es que los gobernadores han solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación, para reunirse con los funcionarios encargados de la campaña de vacunación, a fin de detallar el calendario y el plan que se seguirá en cada una de las entidades federativas.
El titular del ejecutivo ha señalado que en marzo próximo todos los adultos mayores se encontrarán inmunizados contra el Covid-19, tal afirmación parece poco menos que imposible, considerando que se requieren 30 millones de dosis para vacunar a más de 15 millones de personas mayores de 60 años de edad y que se requeriría inmunizar a casi 40 millones de mexicanos para reducir la mortalidad por coronavirus en un 80 por ciento.
Un error más del mencionado plan de vacunación es el contemplar su inicio en las comunidades más alejadas, seguir en las pequeñas ciudades, continuar en las ciudades medianas para concluir la campaña en las grandes centros urbanos, lo cual, no augura nada bueno, pues por obvias razones, son las grandes ciudades las más afectadas por la pandemia. Una medida tan absurda, solo puede explicarse como una más de las medidas populistas emprendidas por la actual administración, las cuales solo sirven para polarizar al país, pero que no traen ningún beneficio para los mexicanos, ni siquiera para los que dice favorecer, prueba de ello es el fallido Insabi, que con su ineficiente operación, terminó por afectar la salud de los mexicanos más pobres.
Datos de Our World In Data, con cifras de la Universidad de Oxford, Israel es el país que más vacunas administró por cada 100 habitantes (8.8 millones), así como dosis diarias aplicadas en los últimos 7 días por cada millón de habitantes, hasta el 6 de enero pasado, tenían una tasa de vacunación del 20.81 por ciento, lo cual han logrado, gracias a que están aplicando 82 mil 429 dosis diarias, con lo cual, el gobierno de Israel ha conseguido vacunar a 1.8 millones de sus habitantes.
En dicho estudio estadístico, nuestro país se encuentra en el último lugar con un 0.06 de mexicanos vacunados por cada 100 habitantes; incluso Argentina tiene un mejor porcentaje con un 0.24 por cada 100 pobladores.
Está claro que la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19, amenaza con convertirse en una más de los ya cotidianos errores de la actual administración en la gestión de la epidemia.
Expertos avizoraron el grave problema que representaría el Covid-19 en la salud y economía del mundo y particularmente de los mexicanos. Antes de que se registrara el primer caso de coronavirus en el país, epidemiólogos alertaron del inconveniente de subestimar los alcances de la naciente pandemia que paralizaba a la mismísima China, no encontraron oídos en el gobierno federal, cuyo titular de manera decía que el coronavirus no llegaba a resfriado; hasta el 10 de enero pasado ya se contabilizaban oficialmente un millón 534 mil 39 casos confirmados de Covid-19 y 133 mil 704 muertos por dicha enfermedad, dichas cifras, podrían ser de hasta el triple, debido al subregistro en que ha incurrido el gobierno desde el inicio de la pandemia.
De igual manera, importantes economistas alertaron de los graves daños que ocasionaría la no implementación de medidas económicas contra-cíclicas, la gestión en materia económica ha sido por decirlo menos torpe e insensible, las fobias del titular del Ejecutivo contra la iniciativa privada ha condenado, con datos del Inegi, a dos millones de medianos y pequeños negocios a la ruina y ocasionando la perdida de millones de empleos formales y la pauperización generalizada de los mexicanos.
En este orden de ideas el ejecutivo a través de su plan nacional de vacunación pretende monopolizar la adquisición y aplicación de las vacunas contra el coronavirus en nuestro país.
Como ya se ha mencionado, se trata de una labor titánica, que incluso con toda la intervención del sector salud, para la adquisición, almacenaje, distribución y aplicación, resultaría altamente compleja y muy costosa.
Ahora bien, si toda la logística de almacenaje, transporte, distribución y aplicación se le deja al ejército mexicano, lo más probable es que tan noble institución quede rebasada y exhibida por su falta de eficacia para la ejecución de tan gigantesca tarea.
En este sentido, es necesario sumar la mayor cantidad de apoyos para garantizar el éxito de la inmunización de todos los mexicanos, millones de mexicanos están dispuestos a sacrificar alguna parte de sus ingresos para adquirir la vacuna que les permita reincorporarse a su vida productiva y ni que decir de miles de empresas que estarían dispuestas a solventar el costo de las vacunas de sus trabajadores y empleados con la intención de poder comenzar a operar al 100 por ciento de sus capacidades productivas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo:
Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a ocuparse de agilizar el registro sanitario de las vacunas contra el virus del SARS-CoV2 (Covid-19), a fin de que puedan ser adquiridas por particulares para su distribución y venta dentro del territorio nacional
Referencia
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero 2021.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a practicar por personal técnico certificado una revisión integral de la infraestructura del STC, a fin de tener un diagnóstico preciso y etiquetar recursos suficientes para su rehabilitación y mantenimiento, suscrita por la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Cynthia López Castro, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es la red de transporte público más importante de la Ciudad de México, se estima que cada año traslada a más de mil 600 millones usuarios.1
Actualmente, el Metro figura en el escalón 13 en cuanto a longitud con 226 kilómetros, cinco kilómetros más que el Metro de Teherán, Irán y seis en comparación al de Nueva Delhi, India, ambos en proceso de expansión. Es el noveno en cuanto a número de usuarios, ya que se contabilizan mil 678 millones al año. Detrás se encuentra el Metro de Hong Kong con mil 600 millones de pasajeros. En tanto que los sistemas de la capital japonesa y rusa son líderes en movilidad con 3 mil 463 y 2 mil 369 millones de pasajeros anuales, respectivamente.
De acuerdo con cifras del Transporte Urbano de Pasajeros difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en el Metro se concentran diariamente alrededor de 4.6 millones de personas, distribuidas en las 12 líneas que recorren toda la metrópoli,2 de esta magnitud es su trascendencia.
Cada tren del Metro de la CDMX se compone de nueve vagones en donde caben alrededor de 1,530 personas, 360 sentados y 1,170 parados, pero la realidad es otra, ya que debido a su sobresaturación en las horas pico se estima un sobrecupo, que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.
A pesar de ser uno de los medios esenciales para la movilidad de los capitalinos, también ha sido uno de los más descuidados por los gobiernos de la ciudad, ocasionando graves estragos en su funcionamiento. Entre todos los sistemas del metro que existen en el mundo, el de la Ciudad de México se encuentra como uno de los 10 más utilizados, no obstante, dejó de ser un referente internacional en infraestructura debido al estancamiento de su red, de acuerdo con datos de la Unión Internacional de Transportes Públicos, UITP.3
La falta de inversión en infraestructura ha generado graves afectaciones en los tiempos de traslado; asimismo, han ocurrido varios accidentes en los últimos dos años, sin mencionar lo inseguro que se ha convertido para los usuarios viajar, ya que al interior de sus instalaciones se ha denunciado diversos delitos.
No podemos olvidar que en marzo de 2020, se reportó el choque de dos trenes del STC Metro, en la estación Tacubaya, perteneciente a la Línea 1, sobre la vía dirección Observatorio, dejando más de 40 heridos, entre ellos, los dos conductores de los trenes y una persona de sexo masculino que perdió la vida.4
El ultimo percance ocurrió la mañana del 9 de enero del presente año donde se registró un grave incendio en las instalaciones del Puesto Central de Control (PCC) 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, por lo que tuvieron que ser suspendidas seis líneas. Este puesto de mando era el centro neurálgico de las líneas con mayor demanda de usuarios en la capital del país.
Las autoridades de la Ciudad de México ya conocían los riesgos. El diagnóstico integrado al Plan Maestro del Metro 2018-2030, por ejemplo, arrojó que este sistema de transporte presentaba serias dificultades económicas para enfrentar su futuro inmediato. Entre otros problemas acumula el rezago en mantenimiento del material rodante, instalaciones fijas y obra civil; además el término de vida útil de sistemas, equipos de las instalaciones fijas y el material rodante.
Asimismo, en agosto de 2020, el periódico El Universal dio a conocer que la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México corría el riesgo de incendios por las malas condiciones en las instalaciones eléctricas, las cuales había sobrepasado su vida útil, con 50 años de operación, de acuerdo con el Proyecto Integral de Modernización de Subestación de Buen Tono y subestaciones rectificadoras de la Línea 1 del STC.
En ese entonces se señalaba que “el daño en las instalaciones, entre ellas la subestación de Buen Tono y las subestaciones rectificadoras de la Línea 1, puede ocasionar fallas constantes, afectaciones en el servicio, elevados costos de mantenimiento preventivo y correctivo, y el riesgo de que en algún momento colapse y se pierda esta infraestructura por un defecto que provoque algún incendio con la consecuente suspensión del servicio y demás averías que llegue a provocar”.
También se resaltaba que “durante los últimos cinco años, las líneas 1, 2 y 3 de este transporte reportan el mayor número de fallas asociadas al sistema eléctrico, acumulando 2 mil 839, 2.5 diarias en promedio, lo que representa 44 por ciento de un total de 6 mil 500. Las averías provocaron que se detuviera la circulación de los trenes durante 2 mil 667 minutos, de 2014 a 2018, en las 12 líneas, para 533 minutos en promedio al año. Y solo en las mismas líneas se acumuló un retraso de mil 279 minutos, lo que significó 48 por ciento del total en la red”.5
Es importante destacar que el presupuesto 2020 de la Ciudad de México recortó recursos para la renovación de la infraestructura en estaciones y líneas de la red del Metro, para la construcción de galerías en la subestación “Buen Tono” y la modernización de su sistema de energía eléctrica.
De igual manera, no solo se ordenó una reducción presupuestal en todos los rubros mínimo de 15 por ciento en 2020, sino desde 2019 se reportó un menor ejercicio del gasto aprobado, de acuerdo con las cifras preliminares reportadas por sus autoridades.6
El Sistema de Transporte Colectivo ha estado plagado de irregularidades en las últimas dos décadas y no se ha invertido lo suficiente en mantenimiento. Por ejemplo, en 2007, la Línea 12 se anunció como la obra de infraestructura más importante; no obstante, su financiamiento y proceso de construcción estuvo plagado de irregularidades que la convirtieron en un símbolo de la corrupción.
La austeridad no debe poner en riesgo el patrimonio de nuestro país, menos la vida de los mexicanos. Ante esta lamentable situación que esta afectando a la movilidad de la Ciudad de México y que ha generado graves daños a la infraestructura del Metro, es que solicitamos que se le de el mantenimiento correspondiente a toda la red del Metro con el objeto de evitar futuros accidentes que pongan en peligro la integridad de los usuarios y evitarles problemas en su movilidad diaria.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Puntos de Acuerdo
Primero. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que a la brevedad haga una revisión integral a toda la infraestructura del Sistema de Transporte Colativo Metro, por personal técnico certificado, a fin de tener un diagnóstico preciso y etiquetar los recursos suficientes para su rehabilitación y mantenimiento.
Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Contraloría General y al Congreso de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las investigaciones pertinentes de los servidores públicos responsables de la dirección y operación del Sistema de Transporte Colectivo que, por acciones u omisiones, han propiciado fallas y accidentes en el metro durante los últimos dos años.
Notas
1 http://data.metro.cdmx.gob.mx/imagenes/organismo/varios/elmetroesdetodo s.pdf
2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuanta-gente-viaja-en-metro-en -la-Ciudad-de-Mexico-20200317-0069.html
3 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/el-metro-deja-de-ser-refe rente-mundial
4 https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/metro-de-la-cdmx-acciden tes-ocurridos-en-este-milenio/
5 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-l-1-del-metro-en-riesgo-de- colapso-por-un-incendio
6 https://www.milenio.com/politica/recortes-presupuesto-metro-cdmx-reduci ria-operacion
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Diputada Cynthia López Castro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al suelo de conservación ecológica, áreas verdes y desarrollo urbano en Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, Ciudad de México, suscrita por la diputada Adela Piña Bernal, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Adela Piña Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con puntos de acuerdo relativos a la preservación del suelo de conservación y áreas verdes, así como al ordenamiento del desarrollo urbano en las demarcaciones territoriales de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, al tenor de las siguientes
Consideraciones
“La Cuenca de México es una compleja área geográfica con al menos nueve nichos ecológicos principales (el sistema de lagos, la franja de las salinas, la zona de suelo aluvial profundo, la zona de suelo aluvial delgado, el aluvión de tierras altas, el pie de monte bajo, pie de monte medio, pie de monte alto y la sierra). Cada uno de estos nichos suministró una rica y diversa fuente de recursos naturales, desde madera, plantas comestibles, animales, peces y aves que hoy en día están colapsados ante el crecimiento de la mancha urbana, contaminación, agotamiento del agua y las insuficientes políticas de conservación...”1
Nuestra ciudad, asentada plácidamente sobre la Cuenca Lacustre, fue considerada hasta principios del siglo XX, uno de los lugares más bellos para vivir. Pero el acelerado crecimiento de la mancha urbana, cambió totalmente esta realidad. Así difícilmente podemos imaginar que en lo que ahora son colonias y avenidas, antes existían bosques, tierras de cultivos y arroyos de aguas cristalinas que corrían en el fondo de las barrancas.
Cuajimalpa y Álvaro Obregón comparten el megaproyecto Santa Fe, cuya construcción impactó severamente todo el poniente de la Ciudad de México: “El impacto de la construcción del megaproyecto Santa Fe, que inició en 1980 como proyecto inmobiliario financiero, corporativo y comercial, generó una valorización importante del suelo y la creciente formación de áreas residenciales y comerciales de muy alto nivel. Uno de sus efectos más evidentes fue el intenso crecimiento urbano de la delegación a partir de 1990, así como una profunda diferenciación entre la urbanización de alto nivel de la zona aledaña a Santa Fe y la que se lleva a cabo en el resto del territorio, integrado por los poblados rurales y las colonias populares en las zonas boscosas de la delegación.”2
Ante la exigencia de frenar el desarrollo urbano anárquico sobre demarcaciones como Cuajimalpa y Álvaro Obregón, en el año 2000, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, emitió el Bando Informativo número 2, que tenía por finalidad el establecer políticas y lineamientos para controlar el crecimiento de la mancha urbana sobre las demarcaciones territoriales periféricas, crecimiento que ya afectaba su estructura urbana, su tejido social y la suficiencia hídrica.
Sin embargo 12 años después, el objetivo del bando 2, fue echado por la borda, cuando el llamado “Boom inmobiliario” estalló en la Ciudad de México. La evidente corrupción por un lado y la gran desarticulación normativa en materia de ordenamiento urbano por otro, dieron lugar a graves y reiteras violaciones al uso de suelo.
Así las diversas denuncias ciudadanas que se presentaron por este tipo de violaciones “pasaron de 3 mil 643, durante la administración de Marcelo Ebrard, a 8 mil 463 , en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. El incremento de 132 por ciento ha sido el más alto en la historia de la capital del país...
En el actual gobierno capitalino, se han señalado a varios funcionarios de la administración pasada por malos manejos y corrupción. A Alejandro García Robles, exdirector de instrumentos de desarrollo urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), se le acusa de autorizar varios polígonos de actuación para la construcción de varios inmuebles, violando los usos de suelo...
Desde 2018 este exfuncionario tiene abierta una investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, derivada de las anomalías en las edificaciones que se derrumbaron tras el sismo de 2017...
En días pasados, otros personajes de la gestión de Mancera fueron fichados por la Interpol, ya que cuentan con una orden de aprehensión por desvío de recursos dedicados precisamente a la reconstrucción de edificios por los daños del sismo. Se trata del exsecretario de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, y del exsecretario de Obras y Servicios, Edgar Tungüi, quienes ahora son considerados prófugos de la justicia...
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, denunció irregularidades en los polígonos de actuación, que fueron detectadas en una revisión de la Seduvi. Del análisis de 174 dictámenes, 48 presentaron anomalías, entre las principales se encuentran: asignación de un mayor potencial de construcción, determinación de límites de zonificación que originan mayor área habitacional y autorización de mayor cantidad de niveles de construcción.
Los polígonos de actuación son la superficie delimitada del suelo integrada por uno o más predios, se establecen a solicitud de la administración pública o de particulares para realizar proyectos urbanos mediante la relotificación y relocalización de usos de suelo.
Información revelada por la actual administración capitalina indica que a partir de 2013 fueron autorizados 333 polígonos de actuación, cuando en 2012 eran 59. Tan sólo entre 2017 y 2018 se otorgaron 174 polígonos, que son los que están siendo revisados. No obstante, Sheinbaum Pardo ha dicho que los polígonos pudieran ser más, ya que los registros de la Seduvi no estaban en orden.
Lo anterior tiene una relación directa con el número de denuncias presentadas por violación de uso de suelo. Al observar los registros de la PAOT destaca que 2017 y 2018 son los años con mayor número de denuncias, mil 605 y mil 897, respectivamente.”3
En este sentido reconocemos la actuación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para buscar que no queden en la impunidad todas estas acciones que causaron grandes afectaciones al entorno urbano y al medio ambiente.
Por otra parte “es de todos sabido que existe una gran desarticulación normativa en materia de ordenamiento urbano de la ciudad, principalmente al no existir un Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) vigente -el último de estos instrumentos aprobados data de 2013-. Pero también por la aplicación discrecional de las Normas Generales de Ordenación que regulan la intensidad, ocupación y formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano, así como las características de las edificaciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano y el impulso de la vivienda de interés social y popular.
Cabe señalar que actualmente existen 29 de estas normas; muchas de ellas son técnicamente inviables o, en su caso, manifiestan un concepto desactualizado del desarrollo moderno y urbanísticamente sustentable...
El marco normativo vigente para la planeación y gestión territorial en la Ciudad de México, incluidos los aspectos urbanos, ambientales y de movilidad, así como los correspondientes a suelo y vivienda y las de infraestructura y equipamiento, refleja una sobrerregulación: existen alrededor de 10 leyes, 60 programas institucionales y sectoriales; 5 reglamentos y 60 normas de diversa índole y alcance, que son deficientes debido a que su contenido presenta inconsistencias en relación con la regulación de los procesos de ocupación del territorio. Esto ocasiona conflictos de interpretación y una deficiente aplicación.”4
En cuanto a las citadas Normas Generales de Ordenación, llama la atención, por ejemplo, la Norma número 26 misma que “...ha sido fuertemente criticada, ya que las principales violaciones a ésta fueron hechas por desarrolladores inmobiliarios que orientaban sus prácticas a la captación de beneficios fiscales para la obtención de ganancias al vender más caros los pisos construidos, que eran más de los permitidos por la Ley de Desarrollo Urbano, pero que ante el amparo de la norma 26, al argumentar que se trataba de vivienda social, se construían más niveles de los permitidos. Dicha norma 26 fue suspendida en 2013 para todos los desarrolladores de vivienda privados, excepto para el Invi, por las contradicciones inherentes a su flexibilidad normativa en materia de construcción y por la colusión entre autoridades y desarrolladores inmobiliarios. Durante su aplicación por parte de privados se han contabilizado más de 4 mil 500 construcciones irregulares realizadas bajo ésta...”5
En el tema normativo destaca también que “la actualización de los programas delegaciones de desarrollo urbano es otro de los grandes pendientes, el más antiguo data de 1997 (Cuajimalpa de Morelos), otros son de 2005, 2008 y 2010, y los más recientes fueron actualizados en 2011.”6
Las irregularidades sobre las que se levantan el día de hoy diversos desarrollo inmobiliarios, son evidentes, el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dispone en su artículo 76 que “el dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental tiene por objeto evaluar y dictaminar las posibles influencias o alteraciones negativas causadas al entorno urbano o al medio ambiente por alguna obra pública o privada en el área donde se pretenda realizar, con el fin de establecer las medidas adecuadas para la prevención, mitigación y/o compensación.”
El artículo 77 de este mismo Reglamento dispone que:
“Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano–ambiental para la obtención de autorización, licencia o registro de manifestación, cuando se pretendan ejecutar alguno de los siguientes proyectos:
I. De uso habitacional de más de diez mil metros cuadrados de construcción;
II. De uso no habitacional de más de cinco mil metros de construcción;
III. De usos mixtos de cinco mil o más metros cuadrados de construcción;
IV. Estaciones de servicio de combustibles para carburación como gasolina, diésel, gas LP y gas natural, para el servicio público y/o autoconsumo;
V. Crematorios;
VI. Se aplique la Norma de Ordenación General número 10.
...”
Este dictamen de impacto urbano es emitido por la Seduvi y en él se puede determinar la procedencia o improcedencia de una obra o proyecto, para su emisión la Seduvi debe considerar entre otros aspectos las opiniones emitidas por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades o unidades administrativas, así como la opinión vecinal que se integró en la consulta pública de los respectivos instrumentos de planeación urbana o ambiental.
Conforme al citado Reglamento una obra o proyecto es improcedente cuando:
– Sus efectos no puedan ser minimizados a través de las medidas de mitigación y compensación propuestas y, por consecuencia, se genere afectación al espacio público o a la estructura urbana;
– El riesgo a la población en su salud o sus bienes no pueda ser evitado por las medidas propuestas en el estudio o por la tecnología constructiva y de sus instalaciones;
– Existe falsedad en la información presentada por los solicitantes o desarrolladores; y
– El proyecto altera de forma significativa la estructura urbana.
No obstante, estas improcedencias, en Cuajimalpa y Álvaro Obregón se han construido grandes desarrollos inmobiliarios, que han generado graves afectaciones al espacio público, y que han alterado de forma significativa la estructura urbana.
Por su parte en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se establecen las siguientes disposiciones relativas a las autorizaciones de impacto ambiental:
Artículo 44.- La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden generar la realización de programas, obras y actividades de desarrollo dentro del territorio del Distrito Federal, a fin de evitar o reducir al mínimo efectos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
...
Artículo 46.- Las personas físicas o morales interesadas en la realización de obras o actividades que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o generación de riesgos requieren evaluación de impacto ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la realización de las mismas. Las obras y actividades que requieren autorización por encontrarse en el supuesto anterior, son las siguientes:
I. Los programas que en general promuevan cambios de uso en el suelo de conservación o actividades económicas o prevean el aprovechamiento de los recursos naturales del Distrito Federal;
II. Obras y actividades, o las solicitudes de cambio de uso del suelo que, en los casos procedentes, pretendan realizarse en suelos de conservación;
III. Obras y actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal;
IV. Obras y actividades dentro de suelo urbano en los siguientes casos:
a) Las que colinden con áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, suelo de conservación o con vegetación acuática;
b) Nuevas actividades u obras de infraestructura, servicios o comerciales o sus ampliaciones, cuyos procesos requieran de medidas, sistemas o equipos especiales para no afectar los recursos naturales o para cumplir con las normas ambientales para el Distrito Federal; y
c) Obras, actividades o cambios de uso de suelo que se pretendan realizar en predios con cobertura arbórea significativa o cuerpos de agua competencia del Distrito Federal;
V. Obras y actividades para la extracción de materiales pétreos, cantera, tepetate, arcilla, y en general cualquier yacimiento, así como su regeneración ambiental;
VI. Obras y actividades que afecten la vegetación y los suelos de escurrimientos superficiales, barrancas, cauces, canales y cuerpos de agua del Distrito Federal, y en general cualquier obra o actividad para la explotación de la capa vegetal; con excepción de los que sean de competencia federal. Los casos y modalidades para la presentación de los estudios de impacto ambiental señalados en el párrafo anterior se establecerán en el reglamento correspondiente a la materia y, en su caso, se precisarán en los manuales de trámites y servicios, guías técnicas, formatos y acuerdos administrativos correspondientes;
VII. Las obras y actividades que se establezcan en el programa de ordenamiento ecológico del territorio;
VIII. Las obras y actividades de carácter público o privado, destinadas a la prestación de un servicio público;
IX. Vías de comunicación de competencia del Distrito Federal;
X. Zonas y parques industriales y centrales de abasto y comerciales;
XI. Conjuntos habitacionales;
XII. Actividades consideradas riesgosas en los términos de esta ley;
XIII. Las instalaciones para el manejo de residuos sólidos e industriales no peligrosos, en los términos del Título Quinto, Capítulo V de esta Ley;
XIV. Aquellas obras y actividades que, estando reservadas a la federación, se descentralicen a favor del Distrito Federal;
XV. Aquellas obras y actividades que, no estando expresamente reservadas a la federación en los términos de la ley general, causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
XVI. Obras de más de 10 mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas en predios de más de cinco mil metros cuadrados para uso distinto al habitacional, para obras distintas a las mencionadas anteriormente, para la relotificación de predios y ampliaciones de construcciones que en su conjunto rebasen los parámetros señalados; y
XVII. Construcción de estaciones de gas y gasolina.
...
Artículo 56.- Las obras y actividades en suelo urbano que estarán sujetas a la evaluación de impacto ambiental a través de la presentación de un informe preventivo ante la Secretaría, además de las que se señalen en el reglamento correspondiente a la materia, son las siguientes:
a) Conjuntos habitacionales;
b) Conjuntos habitacionales mixtos;
c) Centros comerciales;
d) Oficinas; y
e) Estacionamientos mayores a diez mil metros cuadrados.
Artículo 107 .- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, la Secretaría deberá:
I. a IV. ...
V. Considerar las disponibilidades de agua en la evaluación del impacto ambiental de las obras o proyectos que se sometan a su consideración.
En el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, sobre este tema se dispone que:
Artículo 6. Quienes pretendan realizar alguna de las siguientes obras o actividades, previamente a su ejecución requerirán obtener la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:
A) ...
B) ...
C) ...
D) Obras o actividades dentro de suelo urbano en los siguientes casos:
I. Las que colinden con áreas naturales protegidas, suelos de conservación y con vegetación de galería;
II. Nuevas actividades u obras de infraestructura, servicios o comerciales o sus ampliaciones, cuyos procesos requieran de medidas, sistemas o equipos especiales para no afectar los recursos naturales o para cumplir con las normas ambientales para el Distrito Federal.
...
E) ...
F) Obras o actividades que afecten la vegetación y los suelos de escurrimientos superficiales, barrancas, cauces, canales y cuerpos de agua del distrito federal y en general, cualquier obra o actividad para la explotación de capa vegetal.
Todas las obras que se encuentren ubicadas en esta categoría.
G) ...
H) ...
I) ...
J) Conjuntos habitacionales que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:
1) Que el conjunto involucre el manejo de sustancias peligrosas en la cantidad y estado físico establecidos en los listados a que se refiere el artículo 7o. de este Reglamento.
2) Que el conjunto incluya la construcción de salón de fiestas, alberca, establecimiento comercial, o instalaciones de servicios distintas de las necesarias para la operación de la vivienda, cuando estas obras o instalaciones no formen parte del cuerpo de la edificación destinada para vivienda.
3) Que el conjunto pretenda localizarse en un predio con cobertura forestal significativa en los términos que establece la fracción XXX del artículo 3o. de este Reglamento.
4) a 7) ...
II. Conjuntos habitacionales cuyos predios que afecten barranca, cañada, suelo de conservación, cuerpo de agua o área natural protegida.
K) ...
L) ...
M) ...
N) Obras de más de diez mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas que se realicen en predios de más de cinco mil metros cuadrados para uso distinto al habitacional.
Todas las obras que se encuentren ubicadas en esta categoría, siempre que se realicen en suelo urbano.
O) ...
Artículo 67. Una vez concluida la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría deberá emitir en forma fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:
I. ...
II. ...
III. Negar la autorización solicitada, cuando:
a) La instrumentación de los programas, o la realización de la obra o actividad se contraponga con lo establecido en la ley, este reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales en el Distrito Federal, los planes y programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables;
b) La obra o actividad afecte a la población en su salud o una o más especies amenazadas o en peligro de extinción, o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que contribuyen al ciclo hidrológico, o a algún o algunos ecosistemas en particular; o
c) Exista falsedad en la información presentada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales asociados con su instrumentación o realización.
Al igual que en el caso de las disposiciones en materia de desarrollo urbano, también es evidente que diversos desarrollos inmobiliarios construidos en Cuajimalpa y Álvaro Obregón no han cumplido con las disposiciones en materia ambiental, ya que han afectado zonas intermedias de salvaguarda y elementos que contribuyen al ciclo hidrológico, o a algún o algunos ecosistemas en particular, así basta mencionar los grandes edificios que han sido levantados en barrancas afectándolas irreversiblemente, olvidando que estos espacios “cumplen con una función ecológica importante, ya que son reservorios de especies de flora y fauna silvestre y funcionan como corredores biológicos para la dispersión de especies o actúan como barreras naturales. Por otro lado, las barrancas tienen una gran relevancia desde el punto de vista hidrológico, ya que captan el agua de lluvia para la recarga del acuífero. Precisamente, en este último aspecto, la importancia de las barrancas se manifiesta por ser los cauces en cuyas laderas se infiltra el agua hacia el acuífero, el cual provee aproximadamente 70 por ciento del vital líquido que se consume en la Ciudad de México.”7
Como ya se refirió ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, se han presentado infinidad de denuncias en materia de violación de uso de suelo, por parte de desarrollos inmobiliarios en Cuajimalpa entre el 5 de diciembre de 2012 y el 5 de diciembre de 2018, se contabilizan 306 denuncias, de las cuales 20 se encuentran en investigación destacan por ejemplo las presentadas contra el proyecto denominado “Stampa Residencial” ubicado en Carretera México Toluca número 5860, colonia Contadero, demarcación territorial Cuajimalpa, el cual se compone por 5 edificios de 20 niveles que albergan cientos de departamentos.
Algunas otras como:
Mientras que en Álvaro Obregón entre el 5 de diciembre de 2012 y el 5 de diciembre de 2018, se contabilizan mil 50 denuncias, de las cuales 29 se encuentran en investigación.
En los últimos meses ha causado especial interés la probable construcción de un desarrollo inmobiliario más denominado “Origina Santa Fé”, sobre el cual la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ha expresado lo siguiente:
“Con relación al proyecto denominado “Origina Santa Fe” que se desarrolla en el predio ubicado en San Mateo 99, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informa que ha abierto dos expedientes sobre dicho proyecto. La primera investigación concluyó el 28 de agosto del 2019, mediante una resolución administrativa. La segunda es una investigación de oficio abierta en enero de este año, la cual aún no concluye.
Del primer expediente concluido en agosto de 2019 se desprende lo siguiente:
1. La PAOT realizó dos reconocimientos de hechos, entre el 5 y el 25 de abril de 2019. En ambos se observaron trabajos de demolición y remoción de escombros para los cuales se requería Licencia Especial de Demolición. Durante la investigación, PAOT constató que dichos trabajos contaron con dicha autorización.
2. El desarrollador informó que aún no contaba con proyecto y PAOT constató que aún no existían estudios de impacto de movilidad, de impacto urbano ni evaluación de impacto ambiental.
3. En virtud de que a la fecha de emisión de la Resolución solo existían trabajos autorizados de demolición y remoción de escombros, la PAOT no advirtió ningún incumplimiento al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, ni constató incumplimiento alguno a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México.
4. La PAOT también fue informada por la Dirección del Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX (SEDUVI), que el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo que exhibió el particular fue erróneamente emitido, toda vez que en el predio no se localiza un área con potencial de desarrollo y, en consecuencia, no le aplican las normas de fomento establecidas en el Polígono de Actuación de fecha 18 de abril de 2018. Por esta razón, la PAOT recomendó en dicha resolución a la Seduvi, realizar las actuaciones administrativas necesarias para corregir tanto el certificado de zonificación como el polígono de actuación.
En enero del presente año, la PAOT abrió la Investigación de Oficio PAOT-2020-AO-3-SOT-1 sobre el mismo predio. Dicha investigación se encuentra en curso y en días recientes, la SEDUVI informó la emisión de un nuevo Polígono de Actuación para un proyecto en los predios ubicados en Carretera San Mateo–Santa Rosa 99, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa, y Bulevar Adolfo Ruiz Cortines 4121, mismo que está siendo analizado por personal de esta Procuraduría para verificar que su emisión se haya hecho con apego a la normatividad. Cabe decir que, sobre este nuevo Polígono de Actuación, la PAOT no ha emitido comentario, opinión o resolución alguna.”8
Además de los problemas de carácter urbano y ambiental que ha generado el desarrollo inmobiliario en estas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se debe de mencionar los de carácter social, así los pueblos originarios y de las colonias no residenciales han resentido el avasallamiento de estos imponentes desarrollos, el tener ahora por vecinos a estos desarrollos residenciales de alta plusvalía ha implicado una significativa elevación de los precios del suelo, y con ello el aumento de impuesto como el predial, lo cual ha implicado que los pobladores tengan que vender sus propiedades cediéndolas justamente a empresas inmobiliarias y generándose así un desplazamiento de la población originaria, también las costumbres, tradiciones y vida comunitaria de los pueblos originarios se ve amenazada ante el avance de estas nuevas formas de vida.
Aquí cabe hacer mención al denominado fenómeno de “gentrificación” a partir del cual el desarrollo urbano intensivo produce un paisaje urbano cada vez más exclusivo y excluyente. “Este proceso, ... es la reestructuración de clase y de relaciones sociales en un espacio urbano determinado. Se caracteriza, principalmente, por el desplazamiento de una población de menores recursos por otra con mayores ingresos.
Ese movimiento social es detonado por una fuerte inversión de capital en desarrollo inmobiliario y comercial que cambia el paisaje urbano, tanto física (aparecen fraccionamientos y comercios: bares y restaurantes) como socialmente (donde vivía gente de clase baja ahora conviven la media y alta)”9
“A pesar de que la gentrificación es un proceso que se da en todas las ciudades, actos como corrupción en los cambios de uso de suelo y la falta de herramientas que controlen la especulación inmobiliaria han acelerado esta situación en la Ciudad de México”10
En Cuajimalpa y Álvaro Obregón, es innegable que los pueblos de San Pedro Cuajimalpa y San Mateo Tlaltenango pertenecientes a la primera demarcación, así como los pueblos de Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, Santa Lucía Xantepec, Santa Fe y Tetelpan, pertenecientes a la segunda, están hoy en día sufriendo este proceso; el gran desarrollo inmobiliario del que ahora son testigos no ha generado mejoras urbanas y ambientales para ellos, sino todo lo contrario; por ejemplo el pueblo de San Mateo Tlaltenango que es el que colinda directamente con el desarrollo Santa Fe, presenta un grave deterioro en su imagen urbana y una acelerada descomposición social, aunque la realidad es similar en todos los demás.
“En este sentido, la imposición del modelo de urbanización neoliberal en una zona con una estructura tradicional de poblamiento, una topografía muy accidentada y abundantes recursos naturales, que se consideran fundamentales para la sustentabilidad ambiental de la ciudad, ha causado problemas urbanos serios. La estructura territorial de los pueblos se caracterizó por la construcción de conectividad entre ellos mismos, pero poco relacionada con zonas no consideradas importantes, como el basurero de la ciudad, que ahora es el desarrollo Santa Fe. De esta manera, los caminos tradicionales se han saturado y no son suficientes para garantizar la conectividad regional y la movilidad necesaria para las nuevas zonas urbanas.”11
Ante esta situación, es urgente que los gobiernos de la Ciudad de México, pero también el Estado de México, considerando que ambas entidades conforman una zona metropolitana, en la que en muchas partes sus fronteras están prácticamente desdibujadas justo por la conurbación urbana, revisen con urgencia estos esquemas de urbanización, que es evidente no son sustentables, y por el contrario han acarreado diversos problemas urbanos, ambientales y sociales, comprometiendo así la viabilidad de toda la zona metropolitana del Valle de México, para ello es necesario hacer una exhaustiva revisión de toda la normatividad en materia ambiental y de desarrollo urbano, y hacer las adecuaciones y ajustes necesarios que nos permitan contar con un verdadero desarrollo urbano equitativo y sustentable.
Se debe de reconocer que la Ciudad de México vive uno de los contextos ambientales más complejos del mundo, en donde las condiciones naturales de la cuenca, así como las dinámicas demográfica, económica y social han derivado en una serie de consecuencias ambientales que ponen en riesgo la viabilidad de toda la Zona Metropolitana del Valle de México. La degradación de la superficie natural, así como la contaminación del ambiente representan una constante amenaza para la presente y futuras generaciones, su afectación implica la imposibilidad de disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado que es un derecho humano de la más alta importancia al estar vinculado con los derechos a la vida, a la salud, a la vivienda, entre otros
Por lo anterior resulta imprescindible controlar el desarrollo urbano en las demarcaciones del poniente de la ciudad con vocación boscosa, toda vez que los procesos de urbanización del suelo de conservación y de otras áreas verdes de vital importancia tales como el sistema de barrancas, han generado severas afectaciones, es importante mencionar que se trata tanto de asentamientos humanos de niveles socioeconómicos bajos, como altos, en el primer caso hablamos de asentamientos precarios que en la mayoría de las ocasiones se encuentran en situación de riesgo, en el segundo caso, como ya se dio cuenta ampliamente de ello, hablamos de la embestida de diversas empresas inmobiliarias que ha sido brutal, en ambos casos resulta evidente las trasgresión a la normatividad, cuando se observa como desde el fondo de las barrancas se levantan grandes e impresionantes edificios, que albergan cientos de departamentos de lujo que se cotizan en el mercado en miles de dólares, o como en amplias zonas de suelo de conservación continúan extendiéndose alarmantemente asentamientos irregulares ante lo inconcebible que resultan estas situaciones, también resulta evidente la corrupción que existió en torno a las mismas.
En este contexto es vital, por una parte, frenar el crecimiento urbano sobre el suelo de conservación y áreas verdes como barrancas, y por otra restringir la construcción de proyectos inmobiliarios de alto impacto ya sean habitacionales, comerciales, de oficinas, o mixtos, que afecten o alteren el entorno social, urbano y medio ambiental de las demarcaciones territoriales de Cuajimalpa y Álvaro Obregón para así garantizar no sólo su viabilidad, sino la de toda la Zona Metropolitana del Valle de México, por la importante cantidad de servicios ambientales que desde dichas demarcaciones se aporta.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las Secretarías del Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como a las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, para que de manera coordinada implementen acciones urgentes tendientes a frenar el crecimiento urbano sobre el suelo de conservación ecológica, estableciendo un muro verde que delimite físicamente el suelo urbano del suelo de conservación ecológica.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Congreso de la Ciudad de México, así como a las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Medio Ambiente ambas del gobierno de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus atribuciones y competencias generen las acciones de carácter legislativo y administrativo que sean necesarias para que en las demarcaciones territoriales Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón se restrinja la construcción de proyectos inmobiliarios de alto impacto ya sean habitacionales, comerciales, de oficinas, o mixtos, que afecten o alteren el entorno social, urbano y medio ambiental de la zona en donde se pretendan edificar.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Medio Ambiente, al Instituto de Verificación Administrativa y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial todas de la Ciudad de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen una investigación exhaustiva sobre todas las autorizaciones otorgadas durante los últimos 6 años para la construcción de desarrollos inmobiliarios de alto impacto en las demarcaciones territoriales Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, y se impongan, en caso de detectarse irregularidades y violaciones a la normatividad correspondiente, las sanciones de carácter administrativo que procedan, independientemente de las de carácter penal, así como las de carácter civil.
Notas
1 López de la Rosa, Edmundo. Historia de las divisiones territoriales de la cuenca de México. Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, 2005. Página 25.
2 Cruz Rodríguez, María Soledad, “Urbanización y procesos locales en los pueblos del poniente de la zona metropolitana de la Ciudad de México”.
3 https://www.m-x.com.mx/investigaciones/abuso-de-suelo-oleada-de-denunci as-apunta-a-corrupcion-inmobiliaria-en-tiempos-de-mancera
4 https://labrujula.nexos.com.mx/?p=2441
5 https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Informe-crecimiento-urb ano.pdf
6 Ídem
7 http://www.paot.org.mx/centro/programas/barrancas/01antecedentes.html
8 http://www.paot.org.mx/centro/comunicados_sintesis/2020/com_21.pdf
9 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_750.html
10 https://www.forbes.com.mx/corrupcion-causa-principal-del-aumento-de-la- gentrificacion-en-la-cdmx/
11 Cruz Rodríguez, María Soledad, Op. Cit. Página 79.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Diputada Adela Piña Bernal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los partidos políticos nacionales a abstenerse de realizar propaganda partidista con la campaña de vacunación contra el SARS-Cov2, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, a los partidos políticos nacionales a abstenerse de realizar propaganda partidista con la campaña de vacunación contra el virus del SARS-Cov2 (Covid-19), con base en las siguientes
Consideraciones
El numeral I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece la naturaleza de los partidos políticos, así como los fines que deben perseguir los mismos, dicho artículo señala a la letra:
Artículo 41. (...)
I. Los partidos políticos son entidades de interés público ; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo , así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.
II. a VI. (...)
De igual manera, en el primer párrafo del Apartado A del numeral V del mismo artículo 41 de la CPEUM, establece, cuales serán los ejes rectores sobre los que deberá guiar su función la autoridad electoral, para garantizar procesos electorales democráticos, mismo que se transcribe a continuación para su mejor comprensión:
Artículo 41. (...)
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño ; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.
(...)
Está probada la mala gestión que el gobierno federal ha tenido en la prevención, control, manejo, atención y solución de la pandemia, todos los días el titular del ejecutivo señala que la pandemia esta domada, y todos los días exhibe su falta de sensibilidad por los cientos de mexicanos, que oficialmente, mueren diariamente.
Ni que decir del funcionario encargado del control de la pandemia, que pronosticaba, el 27 de mayo de 2020, en su comparecencia ante el Senado de la República, 30 mil muertes por Covid-19, días después, el 4 de junio, señalaba ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, “No hay una sola estimación general, pero preservamos de manera referencial esta idea de que podría en este primer ciclo médico llegar hasta 30 mil o incluso 35 mil defunciones, todas y cada una, lamentables”.
Ese mismo día, en la conferencia de la Secretaria de Salud señaló que en un escenario “muy catastrófico” habría 60 mil muertos por coronavirus. Unas semanas después, el 21 de agosto de 2020, ya se registraban 60 mil 254 muertes por la pandemia, el panorama muy catastrófico había quedado rebasado y la pandemia no parecía controlada.
El 5 de enero pasado, ya se registraban más de 130 mil defunciones a causa del coronavirus, mientras tanto, el funcionario encargado de la pandemia era exhibido en redes sociales viajando sin cubrebocas en un vuelo comercial y disfrutando de las paradisiacas playas de Oaxaca.
Ni qué decir de la estruendosa autoalabanza hecha por el encargado de comprar las vacunas, quien el 8 de diciembre de 2020, en la presentación del plan de vacunación contra el Covid, señaló: “Presidente, pues hoy con el plan que nos acaban de presentar pues estamos en víspera de que esto sea una realidad, misión cumplida”.
Lo anterior, cuando no había llegado ni una sola vacuna y el tan cacaraqueado plan, solo hablaba de generalidades, pues durante su presentación, no se hizo mención de logística, calendarios y fechas precisas de cómo y cuándo la gran mayoría de los mexicanos podrían estar ya vacunados contra el coronavirus.
Prueba de lo anterior, es que la Conago ha solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación, para reunirse con los funcionarios encargados de la campaña de vacunación contra el Covid-19 a fin de detallar el calendario y el plan que se seguirá en cada una de las entidades federativas.
Al inicio de la pandemia, en febrero del año pasado, las autoridades federales de salud estimaron que habrían 275 mil contagiados por coronavirus y 12 mil 500 muertes por la pandemia, hoy esas cifras palidecen ante los casi 1.5 millones de infectados y los poco más de 130 mil muertos por coronavirus, según cifras oficiales, pues en la realidad se estima que la cifra de contagiados y muertes, puede ser 3 veces mayor. El titular del ejecutivo, desde un inicio minimizó al coronavirus, señalaba, “ni siquiera es equivalente a la influenza”, tamaño error el cometido por el gobierno federal.
Hoy, gracias a las inversiones en investigación que han realizado países y empresas, la humanidad cuenta con la vacuna para enfrentar el coronavirus. Nuestro país ha sido mero espectador, en nada hemos abonado al descubrimiento y desarrollo de la vacuna, incluso nuestro gobierno ha contribuido, con medidas y políticas irresponsables, -no hacer obligatorio el uso del cubrebocas y reducir al mínimo las pruebas de detección- con el agravamiento de la epidemia.
A pesar de lo anterior, con la llegada de las primeras miles de dosis de vacunas, el presidente del partido en el gobierno publicó en redes sociales: “¡La Cuarta Transformación cumple! Desde mañana empieza a aplicarse la vacuna contra Covid-19 en México. #VacunaUniversalyGratuita”. Con lo cual, el partido en el gobierno pretende usar la vacuna contra el Covid-19 con fines electorales.
Se trata de vulgar y oportunista propaganda y proselitismo electoral que busca influir indebidamente, en el voto de los mexicanos, ofende que el gobierno y su partido presuman unas decenas de miles de vacunas que han llegado al país, cuando se requieren decenas de millones de las mismas para controlar la pandemia y poder regresar a la normalidad, el tamaño del reto es enorme para un gobierno tan pequeño, así quedó claro en el mensaje publicado por el ejecutivo federal en sus redes sociales, cuando señaló “se adquirieron 120 mil dosis para que ningún mexicano se quede sin vacuna ”, muy desafortunado su comentario, evidencía la falta de ética con la que sale a pretender informar a los mexicanos.
La ineptitud, opacidad y la improvisación son la marca de la actual administración federal, pidamos para que todos nuestros adultos mayores estén vacunados en el primer trimestre del año, como lo ha prometido el titular del ejecutivo federal, de no ser así, los anuncios estruendosos por la llegada de unas cuantas cajitas de vacunas dará la razón a quienes piensan que, es mucho ruido para tan pocas nueces.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
al tenor del siguiente resolutivo:
Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, a los Partidos Políticos Nacionales a abstenerse de realizar propaganda partidista con la campaña de vacunación contra el virus del SARS-Cov2 (Covid-19).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero 2021.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los ayuntamientos y al gobierno de la Ciudad de México a implantar programas de apoyo para prorrogar a las personas con discapacidad y adultas mayores el pago de predial hasta que se decrete el fin de la contingencia sanitaria por el SARS-Cov2 y la enfermedad Covid-19, suscrita por la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI
Las que suscribe, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Que las condiciones de salubridad y de alerta sanitaria, decretadas por el gobierno federal a finales del mes de marzo del año 2020 persisten hasta la fecha, sin un tratamiento específico y eficaz, con una alta mortalidad y la lenta vacunación por la demanda del tratamiento para inmunizar a la población del virus SARS-CoV2.
II. Que la población con mayor riesgo de complicaciones y muerte por el contagio de esta enfermedad, son los adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, personas con discapacidad y sistemas inmunes débiles, por lo que se deben implementar medidas que prevengan situaciones de contagio.
III. Que, como parte de las medidas de protección a la población en mayor vulnerabilidad, se recomienda evitar las aglomeraciones, especialmente en aquellas zonas que los contagios se han multiplicado y la saturación hospitalaria se encuentran en alerta. Por ello, los gobiernos deben tomar acciones para que el cumplimiento de obligaciones, como el pago del predial, no sean razón para que una persona con discapacidad o adulto mayor, que por su condición de vida son más vulnerables, corran riesgo de contagio por acudir a una ventanilla de pago.
IV. Que es una obligación del Estado mexicano, contraída con la firma y aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en una emergencia humanitaria, “garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo”.
V. Que las medidas que se implementen a favor de la salud, tendientes a evitar contagios de grupos de población con mayor predisposición a presentar la enfermedad en una forma grave, en medida que tengan éxito, significan menor presión al sistema de salud.
VI. Que la medida propuesta, no significa un daño a las finanzas públicas, toda vez que la medida es para un segmento poblacional minoritario y la prórroga, no significa el dejar de recibir los recursos, únicamente se está posponiendo la recaudación para un momento de menor riesgo para los ciudadanos más vulnerables.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de los municipios y al de la Ciudad de México a implementar programas de apoyo para prorrogar a las personas con discapacidad y adultas mayores el pago de predial, hasta que se decrete el fin de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 y la enfermedad Covid-19.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Diputada Laura Barrera Fortoul (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGJ de Guerrero a llevar a cabo una exhaustiva indagatoria para aclarar y, en su caso, fincar responsabilidades por las omisiones que hubiere en la integración de las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias por violación contra el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, a cargo de Silvia Lorena Villavicencio Ayala y Laura Imelda Pérez Segura y suscrita por María Wendy Briceño Zuloaga, diputadas del Grupo Parlamentario de Morena
Las suscritas, diputadas integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 76, 78 de la Constitución Política, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Consideraciones
En primer lugar, es preciso señalar que la presente proposición con punto de acuerdo no tiene ninguna intención, ni el objetivo de intervenir en el proceso de selección de candidatos del partido Morena, ni incidir en las decisiones internas de dicho instituto político.
El propósito fundamental es solicitar a la Fiscalía del Estado de Guerrero y a las autoridades respectivas realicen una exhaustiva investigación para que se aclaren las irregularidades y omisiones respecto a la integración de las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias de violación que existen en contra del senador con licencia Félix Salgado Macedonio.
Como legisladoras de la paridad de género creemos firmemente que no podemos seguir permitiendo un círculo de impunidad, trátese de quien se trate.
Las acusaciones de violación en contra del senador Salgado Macedonio son muy graves y más para quien aspira a ocupar un cargo público de elección popular, en el que se debe demostrar no solo sus capacidades y experiencia, sino su probidad y honestidad.
La ocupación de un cargo público reviste de gran importancia, razón por la cual, se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos.
Desempeñar un cargo público no es un privilegio de la clase gobernante, conlleva una gran responsabilidad, implica dar un trato digno, respetuoso, sensible y cuidadoso a la ciudadanía, lo cual, le confiere al servicio público una dimensión no sólo humana, sino ética.1
Preocupa e indigna que, no obstante que existen acusaciones y denuncias que han sido documentadas y de las cuales se han hecho múltiples reseñas por parte de distintos medios de comunicación, no exista una investigación seria, debidamente fundada y sustentada para integrar la carpeta de investigación y determinar, en definitiva, la procedencia o no de la acción penal en contra del legislador involucrado.
También resulta importante que la Fiscalía General del Estado de Guerrero, lleve a cabo una indagatoria seria contra el exfiscal y todos los servidores públicos involucrados que conocieron de las denuncias e integraron la carpeta de investigación y saber si tienen responsabilidad o no, ya que se sabe que hubo la sustracción de la referida carpeta y una omisión grave en el cumplimiento de su responsabilidad legal.
El objetivo es que no exista impunidad y se demuestre que las autoridades del estado de Guerrero están comprometidas para combatir eficazmente la violencia sexual y de género.
Nuestro país vive una grave crisis de violencia familiar, violencia sexual y violencia de género, que vulneran gravemente los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres. La violencia es un acto abusivo de poder dirigido a someter, dominar, controlar, humillar y agredir de manera física, verbal, psicológica, económica, patrimonial, sexual, moral y social.
Quien ejerce violencia no reconoce su conducta, cree que los otros provocan su reacción, se justifica, se asume asimismo como perjudicado y minimiza las consecuencias, por tanto, las personas agresoras no están en condiciones de accionar para prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña a nuestra sociedad, situación aún más delicada tratándose de altos cargos públicos en cuyas manos está la gestión de la administración pública, la persecución de los delitos y la impartición de justicia.
En cientos de casos se han evidenciado las prácticas de violencia y violaciones a los derechos humanos perpetrada por acción u omisión desde las instituciones, principalmente las relacionadas con los cuerpos policiales y la impartición de justicia, y en este caso existen muchos elementos que pueden confirmarlo.
Es importante resaltar que la violencia institucional2 está reconocida como una modalidad de violencia tanto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual se define como:
“Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.”
Por lo anterior, se debe reconocer que la violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos de la vida, por parte de agresores diversos, entre quienes se encuentran los propios servidores públicos y autoridades con diversas responsabilidades políticas y legales, lo cual no puede seguir siendo tolerado y marca una pauta impostergable para sancionar y erradicar estas prácticas violatorias de derechos humanos que van desde los discursos misóginos y discriminatorios hasta agresiones que son generadas, consentidas y subestimadas por las autoridades de las instituciones del Estado en los distintos ámbitos y niveles de sus atribuciones.
La violencia en contra de las mujeres en México, y particularmente en el estado de Guerrero es alarmante, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública más de la mitad de las mexicanas reporta haber vivido algún incidente de violencia en uno o varios ámbitos, mientras que las estadísticas de homicidios dolosos de mujeres registradas reflejan un incremento de más de 200 por ciento. Las víctimas de estos delitos, en general, son mujeres jóvenes de entre 11 y 40 años y, en más del 50 por ciento de los casos, los actos permanecen en la impunidad, sea por la falta de denuncia o por la indiferencia de las y los servidores públicos para la atención, seguimiento y castigo.
Los mismos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que de enero a noviembre de 2020 en México cada hora dos mujeres sobre violadas sexualmente, sin omitir que esto no representa la Frida realidad ya que solo 8 de cada 100 mujeres que son violadas o abusadas sexualmente acude a denunciar, lo cual no solo demuestra una cifra negra, sino refleja la desconfianza en las instituciones y el nivel de impunidad que existe en estos casos. En este país no se garantiza el derecho de las mujeres a la justicia.
La violencia contra las mujeres por razones de género tanto en el ámbito público como en el privado por parte personas que ocupan o aspiran a ocupar un cargo en cualquiera de los niveles y órdenes de gobierno, se comete con un doble privilegio el cual debe ser desterrado de forma firme y decidida, por un lado la violencia es cometida con el privilegio que el patriarcado otorga a los hombres, “por ser hombres”, colocándolos como la medida y referencia universal, discriminando de manera sistemática a las mujeres; y por otro lado con el privilegio que otorga una posición de poder en un sistema político que por más que se diga democrático, aún cuestiona y se resiste a comprender y respetar por ejemplo que la paridad llego para quedarse y para cumplirse como parte de los derechos humanos de las mujeres y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
El pacto patriarcal se traduce en impunidad cuando este se acuña en las instituciones del Estado; muchos servidores públicos no identifican que las bromas, comentarios o preguntas incómodas con connotación sobre la vida sexual de las mujeres, piropos o comentarios no deseados sobre su apariencia, las miradas lascivas o gestos sugestivos, llamadas telefónicas o mensajes por correo electrónico de naturaleza sexual no deseada, el contacto físico innecesario y no deseado, como roces y caricias, así como supeditar cualquier acción a cambio de favores o relaciones sexuales, son comportamientos que no solo molestan y ofenden a las mujeres, sino son violatorios de los derechos humanos, de la libertad sexual y de la dignidad de las mujeres.
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición urgente y de obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero.- Esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión se hace un respetuoso exhorto a la Fiscalía del Estado de Guerrero lleve a cabo una exhaustiva investigación para aclarar y en su caso fincar responsabilidades a los servidores públicos de esa Fiscalía y de cualquier otra instancia, por las omisiones que pudieran existir en la integración y sustracción de las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias por violación que existen en contra del senador con licencia Félix Salgado Macedonio.
Segundo.- Esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión se hace un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, inicien una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos en el caso de la periodista víctima de la presunta agresión del senador Félix Salgado Macedonio, y de otros casos que resultaren, por las omisiones de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el estado de Guerrero.
Notas
1 Uvalle Berrones, Ricardo, La importancia de la ética en la formación de valor público , Estudios Políticos, Volumen 32, mayo–agosto 2014, página 66.
2 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia artículos 6 y 7.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputadas:
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Sener y al director general de la CFE que comparezcan para explicar las irregularidades presentadas en el sistema eléctrico nacional e informar respecto a las investigaciones realizadas sobre el apagón del 28 de diciembre, suscrita por la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Adriana Dávila Fernández, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Considerar la energía eléctrica como un derecho humano, o bien, un derecho para el desarrollo del bienestar común, es porque a través de ésta las personas pueden tener una mejor calidad de vida, lo que da al ser humano igualdad y dignidad, es por eso que los gobiernos se ven obligados a generar políticas públicas centradas en llevar a un mayor alcance poblacional, aunque esto no quiere decir que sea asequible al 100 por ciento, pues a pesar de que en algunos países de Latinoamérica este servicio goza de subsidio, no en todos es la misma historia.
El derecho humano a la electricidad es un medio de acceso al catálogo de los derechos humanos para logar el desarrollo y bienestar social, que el Estado debe respetar y garantizara los usuarios en su sistema normativo, mediante la tarifa eléctrica socialmente justa, para no sufrir un corte arbitrario, que debe ser complementado con la infraestructura adecuada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el servicio de la energía eléctrica constituye una necesidad humana básica insoslayable que forma parte integrante de los derechos humanos del tipo social, por ello el servicio de la energía eléctrica representa un mecanismo de protección jurídico.
Ahora bien, la electricidad es un derecho del tipo social, como lo ha reconocido la Corte, toda vez que la energía eléctrica es un elemento para la mejora continua del derecho humano a la vivienda.
Los indicadores de bienestar poblacional permiten medir, en parte, el desarrollo social del país; entre las variables se analizan aspectos como las condiciones de salud, calidad de la educación y el acceso a servicios esenciales para las familias, entre ellas la electricidad y el agua.
El artículo 27 constitucional establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, será exclusiva de la nación y se prohíbe otorgar concesiones; sin embargo, el Estado puede celebrar contratos con particulares.
El Plan Nacional de Energía Eléctrica busca que, en el corto y mediano plazos, la CFE atienda las necesidades de acceso a la electricidad que tiene la población, así como el sector industrial y comercial mediante la construcción, instalación y acciones de mantenimiento de centrales de generación eléctrica.
La misión y la visión de la Comisión Federal de Electricidad son
Garantizar el servicio de energía eléctrica a la población, que ya alcanza a 99 por ciento de los mexicanos. Al ser responsable de la red de transmisión y las redes generales de distribución protege la seguridad y la soberanía de la nación.1
Llevar electricidad y bienestar a las familias mexicanas, conservar bajo su responsabilidad la red de transmisión y las redes generales de distribución, fortalecerse financieramente para garantizar el suministro de energía eléctrica. Contribuir con el desarrollo nacional y los proyectos que fortalezcan financieramente al país.2
Sin embargo, ante estas buenas acciones que el gobierno plante en sus planes y programas para el sector energético, el pasado 28 de diciembre, a las 14:28 (hora centro), se presentó un desbalance en el sistema interconectado nacional entre la carga y la generación de energía ocasionando una pérdida de aproximadamente 7 mil 500 megavatios”, informó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), organismo público descentralizado, que ejerce el control operativo del sistema eléctrico nacional.
Las fallas en el suministro eléctrico afectaron a Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz,
Distintas unidades estatales de protección civil emitieron reportes locales:
UEPC Nuevo León: Confirman fallas en energía eléctrica en los municipios de Santa Catarina, San Nicolás, Apodaca, Escobedo y Monterrey.
UEPC Jalisco: Confirman fallas en energía eléctrica en los Zapopan.
UEPC Nayarit: Confirman fallas en energía eléctrica en la zona oriente de Tepic.
Sgirypc Ciudad de México: Confirman fallas en energía eléctrica en colonias de todas las alcaldías.
CEPC estado de México: Confirman fallas en energía eléctrica en Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan.
A las 15:30 horas la CFE reportó que salieron de operación 10.3 millones de usuarios a causa de una baja frecuencia en todo el territorio nacional, a causa de salidas de centrales de generación. Dicho programa se aplica para no afectar a todos los usuarios del país.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la Comisión precisó que a las 14:52 horas inició el restablecimiento de los usuarios afectados y está sujeto a las instrucciones del Cenace, quien debe garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional.
En rueda de prensa, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que un incendio en 30 hectáreas de pastizales en Padilla, Tamaulipas, provocó la salida de operación de dos líneas de transmisión en 400 kilovatios, situadas entre Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Linares, Nuevo León (donde se encuentran las subestaciones Lajas y Güémez), lo que originó el desbalance en el sistema eléctrico nacional que dejó sin suministro eléctrico a 10.3 millones de usuarios.
La empresa productiva del Estado señaló que los vientos provocados por el Frente Frío número 23 provocaron el incendio.
La salida de la línea afectada interrumpió un flujo de 900 megavatios que fluyen desde Monterrey hacia el área de Tampico, apuntó el director de Transmisión de la CFE.
El lunes, la CFE señaló que durante se registró la salida de cinco líneas de transmisión ubicadas en el norte del país, aunque no detalló qué había provocado ese problema.
Esas salidas provocaron un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional, lo que a su vez provocó cortes de luz en 15 entidades del país. Las regiones más afectadas fueron el centro, occidente y noreste de México.
La interrupción del servicio duró, en promedio, dos horas. Se restituyó en su totalidad pasadas las 16:00 horas del lunes.
Entre las explicaciones del director de la CFE, admitió que el documento presentado por la comisión a su cargo es falso, pero se justificó al decir que el incendio de pastizal en Tamaulipas sí sucedió, y puntualizó que se buscará a los responsables del documento.
El oficio presentado por la CFE en rueda de prensa, con el que informa que un incendio de 30 hectáreas de pastizal en el municipio de Padilla, fue la causa del mega apagón que afectó varios estados, es falso, afirmó el Coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, Pedro Granados Ramírez, quien desconoció el 30 de diciembre el oficio, al señalar que carece de logotipos oficiales y un folio que permitan verificar su autenticidad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles pasado que la CFE deberá explicar el origen del oficio apócrifo y lo calificó como “un error”.
“Es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, por el que se haya inventado un suceso, un incidente, entonces que la Comisión Federal siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas”, dijo en conferencia desde Palacio Nacional.
Autoridades de Tamaulipas dieron parte a la Fiscalía General de la República sobre el documento falso con que se intentó explicar el apagón nacional registrado el 28 de diciembre en varios estados.
Por ello es necesario que la Secretaría de Energía explique ante esta asamblea las causales ya que, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Energía es la responsable de la ampliación y modernización de la red nacional de transmisión, así como las redes generales de distribución.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, informe a esta asamblea respecto a las investigaciones que han realizado respecto de las causales y los responsables del apagón masivo en diversos estados de la República Mexicana el pasado 28 de diciembre, por la falsificación del documento con el que se pretendió acreditar la falla, de así como las acciones emprendidas para que en lo subsecuente, se eviten este tipo de eventos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la Republica para que, en el uso de sus facultades, atraiga las averiguaciones e integre las carpetas de investigación a fin de deslindar responsabilidades, por los hechos ocurridos que desencadenaron un apagón masivo en diversos estados de la República Mexicana el pasado 28 de diciembre, asimismo investigue los delitos de uso de documentación falsa que fue exhibida para justificar el apagón nacional ocurrido la tarde del pasado 28 de diciembre, que dejó sin luz a 10.3 millones de personas en el país, y ejerza las acciones penales correspondientes.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que presente un informe detallado de las acciones y el presupuesto ejercido y programado en el rubro de inversión y operación destinado al mantenimiento y la modernización de la infraestructura eléctrica en el país.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a los titulares de la Secretaria de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Reguladora de Energía para que expliquen ampliamente las irregularidades que se han presentado en el sistema eléctrico nacional.
Notas
1 https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/mision.aspx
2 https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/vision.aspx
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputada Adriana Dávila Fernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la SFP que informe del número y tipo de servidores públicos afectados por la pandemia del SARS-Cov2 y las acciones realizadas para proteger a afectados y familiares, y salvaguardar la continuidad del servicio público; y que dé cuenta de ello a esta soberanía, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Dulce María Sauri Riancho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Al 10 de enero de 2021, la pandemia que provoca el SARS-CoV-2 (Covid-19) ha contagiado a más de 90.1 millones de personas y ha causado la muerte a casi dos millones personas, en más de 180 países en el mundo.1
En nuestro país desafortunadamente y ante una pésima gestión gubernamental de la pandemia, según datos reconocidos por las autoridades, se han infectado más 1.5 millones de mexicanos y trágicamente, han perdido la vida más de 133 hombres y mujeres, solamente de acuerdo con las cifras oficiales, se ha demostrado, que están bastante rezagadas y/o subregistradas.2
Además de las implicaciones para la salud y la pérdida de vidas, la pandemia ha tensado los sistemas de atención médica, ha interrumpido el sistema educativo, ha causado estragos en las empresas y las economías, ha llevado a la pérdida de empleos y paralización de la vida social con bloqueos, toques de queda y otras medidas estrictas, destinadas a contener el virus a nivel mundial.
Ante este panorama que inició en 2019, fue hasta el 24 de marzo de 2020 que la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”; y mediante el decreto publicado el 27 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, el titular del Poder Ejecutivo federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la grave enfermedad de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).3
Luego, el 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”, señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia.4
En tal sentido, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias”, así como sus acuerdos modificatorios de los días 14 y 15 de mayo 2020, respectivamente.5
En estos acuerdos se estableció la prioridad de salvaguardar la vida y la salud de los mexicanos y de los servidores públicos, estableciendo la posibilidad de que, éstos pudieran realizar trabajos desde su casa y no asistir a las oficinas, en caso de pertenecer a grupos vulnerables o porque sus servicios no se enmarcaran en las actividades esenciales determinadas.
Asimismo, el 29 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas.6
El 31 de julio de 2020, la misma dependencia del Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal para mitigar la propagación del coronavirus Covid-19.7
Toda vez que la emergencia sanitaria en nuestro país no ha podido bajar de ritmo ni de nivel de peligro para la población, el 18 de septiembre de 2020, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos en materia de austeridad republicana de la administración pública federal, en cuyo numeral 9 se dispone que para aquellos casos en los que las condiciones lo permitan y que no generen costos adicionales, las unidades administrativas de los entes públicos podrán implementar esquemas de trabajo a distancia para las personas servidoras públicas, y para lo cual deberán contar con el visto bueno de la Oficialía Mayor, de la Unidad de Administración y Finanzas o los equivalentes que correspondan.8
Asimismo, el 30 de septiembre de 2020, la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se reforma el diverso que establece los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal para mitigar la propagación del coronavirus Covid-19, con el propósito de extender el periodo de trabajo a distancia para las personas servidoras públicas, que se ubiquen en los supuestos regulados en el mismo, en razón de los índices de propagación del Covid-19.9
El 21 de diciembre de 2020, la misma Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo federal publicó Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se modifica el diverso que establece los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal para mitigar la propagación del coronavirus Covid-19, con el objeto de establecer la aplicación de las medidas de acuerdo al semáforo epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud federal.10
Toda vez que la Zona Metropolitana del Valle de México concentra la mayor cantidad de dependencias y entidades de la administración pública federal y varias de las entidades federativas que ahí se encuentran comparten servicios o el desplazamiento de su población; que desde el pasado 19 de diciembre de 2020 se encuentra en riesgo máximo (conforme al semáforo de riesgo epidemiológico determinado por la Secretaría de Salud), y; en razón del alza en los indicadores epidemiológicos relacionados con los altos índices de ocupación hospitalaria, el gobierno federal y los gobiernos locales, determinaron la implementación de medidas de protección a la salud extraordinarias, de aplicación inmediata, apremiante y obligatoria a efecto de contener y reducir el acelerado número de contagios.
Toda vez que el mapa del semáforo epidemiológico del 6 de enero de 2021, emitido por la Secretaría de Salud, reflejó una situación de riesgo máximo en cinco entidades federativas, incluida la Ciudad de México, incidió a tomar medidas que coadyuven a reducir la probabilidad de incrementos en otras zonas del territorio nacional; la Secretaría de la Función Pública, se ha visto obligada a mantener la operación de la administración pública federal, en consonancia con
– La política de sana distancia;
– La reducción de movilidad, poniendo énfasis en el trabajo a distancia y la prevalencia en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones;
– Buscar el aprovechamiento de las capacidades productivas del capital humano y financiero del sector público, en aquellos casos en que esto sea materialmente posible y no se vea alterado el debido cumplimiento de las funciones;
– En aquellos casos en que esto no sea factible, acudir a los centros de trabajo en días y/o horarios escalonados, en concordancia con las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud,
El pasado viernes 8 de enero de 2021 se publicó en Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se modifica el artículo primero del acuerdo por el que se reforma el diverso que establece los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal para mitigar la propagación del coronavirus covid-19.11
Dicha modificación extiende del 11 de enero al 30 de abril de 2021, el periodo para que las unidades administrativas de los entes públicos, implemente esquemas de trabajo a distancia para las personas servidoras públicas, y para lo cual deberán contar con el visto bueno de la Oficialía Mayor, de la Unidad de Administración y Finanzas o los equivalentes que correspondan.
Ante este panorama inédito y tan desolador, consideramos que el gobierno de la República, respecto a los trabajadores al servicio del Estado, ha realizado una correcta interpretación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su párrafo cuarto, consagra el derecho humano a la protección de la salud, y asimismo del artículo 1o. de la Carta Magna que determina, entre otras cosas, que:
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Y es de notoria sapiencia y deber formal, de acuerdo a los tratados internacionales de todos los Estados, la obligación de adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia y que tales medidas deberán de ser adoptadas atendiendo a la mejor evidencia científica. 12
Sin embargo, ante este necesario actuar de los Estados, es menester de la misma manera, conocer con toda trasparencia, el impacto humano en las capacidades administrativas del Estado, atender sus consecuencias y apoyar al conjunto del sector público, para brindar a la población los servicios que les permitan ejercer sus derechos fundamentales y al mismo tiempo, mitigar los efectos de la pandemia, que azota a casi todos los continentes y regiones del país.
Desde los trabajadores de atención médica de primera línea y los funcionarios de salud pública, hasta los maestros, pasando por los trabajadores de saneamiento, los funcionarios de bienestar social, los responsables de atender servicios de trasporte, seguridad, pago de nóminas de servicios de agua, electricidad, combustible, telecomunicaciones y muchos otros más, hasta el humilde empleado público, ha sido centro de atención, ayudando a elevar la conciencia y la comprensión del papel fundamental que desempeñan estos trabajadores públicos en la vida cotidiana, y en particular, en tiempos de crisis severas, como la pandemia de Covid-19.
En tal sentido, la administración pública, piedra angular del trabajo de los gobiernos, juega un papel esencial y crítico en la mejora de la vida de las personas. Conservar la función activa y permanente de la administración pública es una forma positiva y necesaria de avanzar. Sin la operación de la administración pública para adaptarse a las necesidades de hoy, será imposible lograr un futuro mejor para todos. Donde faltan administraciones capaces, los gobiernos están incapacitados; y donde los gobiernos están incapacitados, el desarrollo sostenible y el ejercicio de derechos humanos, económicos sociales y ambientales se quedan cortos o sin posibilidad de ser plenamente ejercidos.
En instancias de carácter internacional se ha observado que la pandemia, ha dejado al descubierto los riesgos y vulnerabilidades a que hacían frente los gobiernos, por ejemplo, en cuanto a su falta de preparación para las crisis, la insuficiencia de la infraestructura y la inversión públicas, en particular en los sistemas sanitarios, y los desequilibrios en el desarrollo económico y social.13
En tal sentido se ha recomendado la adopción de medidas para reconocer la labor de los trabajadores esenciales del sector público, fortalecer la capacidad del sector para implementar políticas públicas eficientes y que mitiguen los estragos de la pandemia, invertir en su fuerza de trabajo, ampliar el uso de tecnologías digitales y atajar la brecha digital. Se ha destacado la importancia de fortalecer la capacidad de las instituciones del Estado y restablecer la credibilidad de la gobernanza y las instituciones de administración pública en los países afectados por conflictos.14
Otro de los aspectos fundamentales que se han observado es que, al responder a la pandemia y planificar la recuperación, el objetivo de los gobiernos deberá trascender el simple retorno a los procedimientos y la cultura institucional anteriores pues la pandemia brinda una oportunidad única de volver a concebir el papel de las instituciones y de la formulación de políticas, promover nuevas normas de gobernanza y sustituir las prácticas antiguas por una senda transformadora que apuntale la resiliencia y acelerar las medidas de cumplimiento de los verdaderos objetivos para el desarrollo.
Con la pandemia se ha demostrado que resulta vital que las instituciones sean resilientes y estén capacitadas para detectar las amenazas a la salud y el bienestar humanos y darles respuesta con rapidez y determinación. En particular, revalorar y fortalecer el papel de las autoridades y comunidades locales, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado, tanto para responder ante las crisis, como para seguir contextualizando la implementación de los Objetivos para el Desarrollo.
Las deficiencias estructurales y procedimentales de las instituciones plantean riesgos considerables para la gobernanza democrática, el estado de derecho y los derechos humanos. También menoscaban los progresos en el desarrollo humano, incluidos los esfuerzos por reducir la desigualdad en muchos países. Con la pandemia también se ha recalcado el papel central que desempeñan a todos los niveles las instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas y sean capaces de hacer frente a retos de gobernanza complejos y urgentes.
De igual manera, las respuestas ante la pandemia han demostrado que aplicando medidas audaces se pueden lograr cambios transformadores con un alcance y una velocidad mucho mayores de lo que nunca habríamos imaginado. Al responder a la pandemia y planificar la recuperación, el objetivo de los gobiernos debería trascender el mero retorno a los procedimientos y la cultura institucional anteriores. La pandemia brinda una oportunidad única de volver a concebir el papel de las instituciones y de la formulación de políticas, promover nuevas normas de gobernanza y sustituir las prácticas antiguas por una senda transformadora que apuntale la resiliencia.
Por ello, las estrategias para fortalecer la capacidad del sector público en favor la sociedad, deben incluir un panorama claro y completo de la fuerza de trabajo de ese sector. Es necesario ampliar el concepto de fuerza de trabajo del sector público que tienen los asesores y especialistas en materia de políticas. Para lograr un panorama completo del fortalecimiento institucional en favor los ciudadanos y su desarrollo humano, podría ser útil definir la fuerza de trabajo del sector público en términos amplios, incluyendo en ella no solo a los funcionarios de plantilla, sino a todas las personas que prestan servicios públicos en todos los niveles, incluido el personal por contrato y otro personal sufragado con cargo al presupuesto público, sean o no funcionarios.
Ampliar el concepto de fuerza de trabajo del sector público podía mejorar las evaluaciones de la capacidad de esa fuerza de trabajo y configurar un panorama más completo de la capacidad del sector y de su contribución al logro de la resiliencia, incluso por medio de mecanismos de colaboración con la sociedad civil y el sector privado.
Las estrategias de desarrollo de la fuerza de trabajo del sector público subsiguientes podrían ser de utilidad en el contexto del desarrollo de los recursos humanos y las estrategias nacionales de desarrollo, entre ellas las políticas y estrategias encaminadas a erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo social.
Al planificar la fuerza de trabajo del sector público de ese modo se deberían tener en cuenta tanto los perfiles como las tendencias y dinámicas demográficas nacionales. Como se ha demostrado con la pandemia, la fuerza de trabajo de lo público del futuro deberá ser más ágil y estar mejor formada y preparada para gestionar emergencias, perturbaciones o crisis y lograr los objetivos nacionales de desarrollo.
Por otra parte, se prevé que, mediante el teletrabajo, la combinación la combinación de modalidades de trabajo flexibles y por contrato, y las alianzas eficaces con múltiples interesados, los gobiernos pueden ser más adaptables y creativos a fin de atender las necesidades actuales y futuras. Además, la gobernanza eficaz facilita la cooperación y la integración regionales, que son fundamentales para lograr estrategias de desarrollo integradas y abordar los problemas transfronterizos determinantes.
Honorable Asamblea
Por todo ello es que consideramos fundamental y prioritario que el gobierno de la República de forma inmediata dé a conocer el impacto que la pandemia originada por la Covid-19, ha tenido en el personal del sector público para adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen, pues éstas, deben estar apegadas al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad.
El deber de los Estados es proteger los derechos humanos atendiendo a las necesidades particulares de protección de las personas y que esta obligación involucra el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos .
Ante las circunstancias actuales de la pandemia del Covid-19, que constituyen una situación de riesgo real, los Estados deben adoptar medidas de forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran. El objetivo de todas las políticas y medidas que se adopten deben basarse en un enfoque de derechos humanos que contemple la universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos; la igualdad y la no discriminación; la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad; la inclusión; la rendición de cuentas; el respeto al estado de derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados.
Las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios pro-persona, de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada.
De acuerdo con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional:15
Artículo 3o .- Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales.; y
Artículo 111.- Los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, tendrán derecho a que se les concedan licencias, para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen y la consecuente vigilancia médica, en los siguientes términos:
Por ello, es menester garantizar que las medidas adoptadas para enfrentar las pandemias y sus consecuencias incorporen de manera prioritaria el contenido del derecho humano a la salud y sus determinantes básicos y sociales, los cuales se relacionan con el contenido de otros derechos humanos, como la vida e integridad personal, tales como acceso a agua potable, acceso a alimentación nutritiva, acceso a medios de limpieza, vivienda adecuada, cooperación comunitaria, soporte en salud mental, e integración de servicios públicos de salud; así como respuestas para la prevención y atención de las violencias, asegurando efectiva protección social, incluyendo, entre otros, el otorgamiento de subsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo económico.
Proteger los derechos humanos, de las personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia y sus consecuencias, es fundamental y debe conllevar a tomar medidas que velen por asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia de todas las personas trabajadoras, de manera que tengan igualdad de condiciones para cumplir las medidas de contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de acceso a la alimentación y otros derechos esenciales.
Las personas que hayan de proseguir realizando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riesgos de contagio del virus y, en general, se debe dar adecuada protección a los trabajos, salarios, la libertad sindical y negociación colectiva, pensiones y demás derechos sociales interrelacionados con el ámbito laboral y sindical.
Asimismo, se debe asegurar el diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos a seguir para la prevención, detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia con base en la mejor evidencia científica y el derecho humano a la salud. Estos procedimientos deben ser transparentes, independientes, participativos, claros e inclusivos.
De la misma manera, consideramos indispensable, instrumentar espacios oportunos de participación social para la evaluación de los impactos y resultados de las medidas adoptadas, que permitan gestionar los ajustes necesarios desde un enfoque de derechos humanos. Asimismo, establecer espacios de diálogo nacionales con participación de personas expertas independientes, las instituciones nacionales de derechos humanos y el sector privado.
El Estado debe velar por una distribución y acceso equitativos a las instalaciones, bienes y servicios de salud sin discriminación alguna, sean públicos o privados, asegurando la atención de las personas con Covid-19 y los grupos desproporcionalmente afectados por la pandemia, así como personas con enfermedades preexistentes que las hacen especialmente vulnerables al virus. La escasez de recursos no justifica actos de discriminación directos, indirectos, múltiples o interseccionales.
Y para ello este Congreso de la Unión debe cumplir con sus obligaciones para asegurar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos, en el contexto de las pandemias y sus consecuencias, incluyendo abusos por parte de actores públicos y actos de corrupción o captura del Estado en perjuicio de los derechos humanos.
En el Congreso de la Unión, se ha hecho público el nivel de afectación de la pandemia en su principal fuerza que son las personas, tanto legisladores como equipo de apoyo, que se han contagiado o que desafortunadamente han fallecido.
La Cámara de Diputados de acuerdo con el reporte de la Secretaría General, cerró su periodo ordinario de sesiones con un saldo acumulado de 442 casos confirmados de Covid-19, incluidas 18 muertes por esa enfermedad, desde el comienzo de la pandemia y hasta el 16 de diciembre. Un total de 95 diputados y 347 trabajadores resultaron contagiados por el virus SARS-CoV-2 a lo largo de nueves meses, pero tan solo en las últimas dos semanas se registraron 83 casos positivos y tres defunciones. 16
En el Senado de la República, se han reportado al menos cuatro muertes ente legisladores y personal de apoyo o del Canal del Congreso y más de una treintena de contagios, por reportes de prensa.17
De igual forma, se ha conocido que el coronavirus ha afectado, al menos, a 131 alcaldes y 12 gobernadores que han dado positivo a Covid-19 en México, de los cuales desafortunadamente al menos 26 presidentes municipales en funciones han fallecido.18
Sin embargo, el gobierno federal no ha informado (salvo algunas excepciones y afectaciones a funcionarios de alto nivel y en ocasiones sólo de manera informal por redes sociales, tanto de algunos contagios como algunas lamentables pérdidas) el verdadero impacto que se ha tenido en todos los trabajadores al servicio del Estado.
Y es menester conocer a profundidad, el impacto humano que la pandemia ha tenido para los servidores públicos y sus familias, así como para el servicio público, indispensable, como hemos descrito en todo momento, pero más en esta etapa de crisis mayor, generada por la emergencia sanitaria.
El artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,19 , establece, entre otras, en su artículo 37 que, es obligación de la Secretaría de la Función Pública:
– Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal.
– Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias;
– Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus modificaciones;
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal que, protegiendo el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente de la información personal sensible de los pacientes y personas sometidas a exámenes durante la pandemia:
1. Informe por escrito y por tipo de relación laboral, el número de servidores públicos, que ha sido afectados por el virus SARS-CoV-2 Covid-19 en el gobierno federal en toda la República, señalando las cifras de servidores del Estado que se han recuperado y los que lamentablemente han fallecido.
2. Informe las acciones que ha realizado para que, en su caso, se indemnicen a las familias de las personas servidoras públicas fallecidas y el nivel y tipo de apoyo para las que se han enfermado, incluyendo las actividades para suplir los servicios públicos o vacantes que se han generado.
Notas
1 Covid-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU), en http://cvoed.imss.gob.mx/mapa_coronavirus/
2 http://cvoed.imss.gob.mx/mapa_coronavirus/ y ¿Cómo entender los datos de defunciones por Covid-19 en México? consultado en https://datos.nexos.com.mx/?p=1351 que demuestran que las cifras oficiales que anuncia la Secretaría de Salud cotidianamente, tienen al menos un rezago de 15 a 20 días.
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/ 2020
4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/ 2020
5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=15/05/ 2020
6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/ 2020
7 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597618&fecha=31/07/ 2020
8 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600749&fecha=18/09/ 2020
9 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601534&fecha=30/09/ 2020
10 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608411&fecha=21/12/ 2020
11 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609645&fecha=08/01/ 2021
12 Resolución número 1/2020 Pandemia y derechos humanos en las Américas CIDH
13 https://www.un.org/es/observances/public-service-day
14 Comité de Expertos en Administración Pública Informe sobre el 19 periodo de sesiones en https://undocs.org/es/e/2020/44
15 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_010519.pdf
16 https://www.milenio.com/politica/camara-diputados-cierra-periodo-18-mue rtos-442-casos-covid
17 13 horas de encierro con el coronavirus: crónica de un “supercontagio” en el Senado mexicano en https://elpais.com/mexico/2020-12-21/13-horas-de-encierro-con-el-corona virus-cronica-de-un-supercontagio-en-el-senado-mexicano.html
18 https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/alcaldes-y-gobernado res-que-han-dado-positivo-a-covid-19-en-mexico/
19 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_071220.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, donde se exhorta al Congreso de la Ciudad de México a realizar ajustes presupuestales destinados a homologar las tarifas de derechos por placas, tenencia, hologramas, fondo y multas con el estado de México y Morelos; a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a buscar un acuerdo con sus homólogas de esas entidades citadas para el mismo fin; y a diversas autoridades de la ciudad, a emprender una campaña que fortalezca e incorpore los valores de la empatía, solidaridad y corresponsabilidad entre los habitantes a efecto de cumplir sus obligaciones fiscales y se contribuya para cubrir los gastos de ella, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena
Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 76, 78 de la Constitución Política, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Según datos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, con base en la Encuesta Intercensal (EIC) de 2015, en México habitaban 119,938,473 (ciento diecinueve millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres)1 personas, de los cuales 8,918,473 (ocho millones novecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y tres) habitaban en la Ciudad de México. 2
Un estudio denominado Diagnóstico de movilidad en la Ciudad en México: El impacto del crecimiento vehicular (problemas, estadísticas y evaluación de políticas)”3 elaborado por el Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la antigua Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ahora Congreso de la Ciudad de México) en la VII Legislatura señala que:
“El 60 por ciento de los residentes de la Ciudad de México y 40 por ciento de la zona metropolitana, realizan al menos un viaje en algún medio de transporte al día.
Los automóviles privados utilizan el 85 por ciento del espacio vial , mientras que el transporte público el 15 por ciento restante, de los cuales 2/3 pertenece a los taxis.
Frente a ello han aparecido en los últimos años opciones de movilidad, tales como carsharing, motosharing y bikesharing, son la renta del vehículo por un período corto de tiempo, además del car pooling, ridesharing y ride-hailing, que se han convertido en importantes modelos de negocio para empresas como Uber, Cabify, Didi.
La principal alternativa que se presenta en la actualidad es la bicicleta y bicicleta eléctrica y los scooters que, en menor medida, han ido apoderándose de algunas colonias, principalmente aquellas en el centro de la Ciudad de México.
Todas estas alternativas representan un ahorro económico, de tiempo y de consumo de energía para los usuarios.
Tal es el caso de Ford que adquirió la ‘startup’ de renta de monopatines Spin, en una operación valuada en unos 40 millones de dólares, según refiere la revista Expansión como una solución para la micro movilidad al dar alternativas para las personas que requieren un desplazamiento que implique distancias cortas.”
Segunda. Asimismo, para 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaba que el total nacional de vehículos de motor registrados en el país era de 50,594,282 (cincuenta millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos ochenta y dos). 4
Así mientras en enero de 2018 el número de automóviles era de 31,011,375 (treinta y un millones once mil trescientos setenta y cinco vehículos), el número de camiones de pasajeros era de 401,862 (cuatro cientos un mil ochocientos sesenta y dos), el número de camiones de carga oscilaba en los 10,817,808 (diez millones ochocientos diecisiete mil ochocientos ocho) unidades. Para el año de 2020 el número de vehículo evoluciono conforme se describe en la siguiente tabla:5
Por su parte la producción de vehículos paso de 282, 077 (doscientos ochenta y dos mil setenta y siete) unidades en enero de 2015, a 362,078 (trescientos sesenta y dos mil setenta y ocho)6 en septiembre de 2020.
Mientras que la venta al público de vehículos paso de 69,264 (sesenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro) unidades en enero de 2015, a solo 45,630 (cuarenta y cinco mil seiscientos treinta)7 en septiembre de 2020.
Tercera. Cabe señalar que del año 2017 hasta el 2020, el parque vehicular en Ciudad de México se duplicó al pasar de 2.5 millones a 5 millones de autos , es decir el cien por ciento, de acuerdo con el reporte del Inegi sobre el número de vehículos de motor registrados en circulación.8
En contraste con ese crecimiento vehicular, la población de la capital solo creció 2 por ciento entre 2000 y 2017, al pasar de 8 millones 605 mil habitantes a 8 millones 802 mil; es decir, poco menos de 200 mil personas.
El estado de México merece mención especial, ya que los vehículos registrados se multiplicaron seis veces en el mismo lapso. Tenía 1.2 millones de autos y actualmente suman 7.2 millones. Para especialistas como Bernardo Baranda, director para América Latina del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, esta motorización es el resultado de una fallida apuesta por el automóvil privado en detrimento del transporte público, esto “es el resultado de la fragmentación, donde lo que pasa entre el estado de México y la capital es un claro ejemplo, ya que no hay transporte digno y seguro que las conecte”.
Conforme a los datos de la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el parque vehicular matriculado en la Ciudad ha pasado de 1,313,000 (un millón trescientos doce mil) en el año 2000, a solo 1,280,000 (un millón doscientos ochenta mil) en el año 2020, es decir, existe una disminución de 2.5 por ciento de vehículos formalmente registrados en la capital del país . A simple vista esto no es creíble, en razón que del gran número de autos que circulan diariamente en esta urbe.
En contraste, los datos del Inegi señalan que en el año 2019 los autos en la Ciudad de México era 6,084,903 (seis millones ochenta y cuatro mil novecientos tres) unidades , mientras que en el Estado de México existían 8,455,028 (ocho millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil veintiocho) vehículos y en Morelos había 905,051 (novecientos cinco mil cincuenta y uno) coches.
Esto se debe a que millones de vehículos de habitantes de la Ciudad de México tienen sus placas registradas formalmente en otras entidades federativas del país, principalmente en Morelos y el estado de México, lo que resulta una forma de evadir la Ley de la Ciudad, por ser más alto los derechos de
placas, tenencia, hologramas, fondo y multas. Todo lo cual repercute negativamente en las finanzas públicas de la capital del país y por ende se transforma en un daño para todos sus habitantes; daño que ellos mismos que están ocasionado.
Cuarta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros puntos, las obligaciones de los mexicanos y en su artículo 31 a la letra reza:
“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo;
II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.
III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”
Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México en sus artículos 19, 21 y 23 señala las obligaciones de las autoridades en materia de Coordinación Metropolitana, Hacienda Pública, Ingresos y Egresos, así como los Deberes de las personas en la ciudad y establece:
“Artículo 19 Coordinación Metropolitana y Regional
1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes de la Ciudad de México a través de la coordinación con la Federación, los Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de México.
Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la colaboración.
2. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia.
3. La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, podrá suscribir convenios y concertar con la Federación, los Estados y Municipios conurbados, la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o la realización de acciones conjuntas en la materia.
Se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que contribuyan a garantizar la aplicación de políticas y servicios suficientes y de calidad para las personas que habitan la Zona Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial ecosistémica, incluyente y participativa.
4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y en los organismos que correspondan, según lo disponga la ley.
El Congreso de la Ciudad de México impulsará la coordinación con los congresos locales de las entidades de la Zona Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas y respeto a la soberanía de estas entidades.
5. El Cabildo impulsará ante el Consejo de Desarrollo Metropolitano y los organismos correspondientes los mecanismos de coordinación metropolitana y regional que especifiquen los objetivos, plazos, términos, recursos y responsables para la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y programas acordados, así como de participación y representación ciudadana en los mismos.
6. Las alcaldías podrán suscribir acuerdos de coordinación para la prestación de servicios públicos con los municipios conurbados, en los términos que establezca y con el acuerdo de su respectivo concejo. El Congreso de la Ciudad autorizará los montos para la aportación de recursos materiales, humanos y financieros a que se comprometa la Ciudad en esta materia.
7. Los poderes públicos y las alcaldías propiciarán la participación ciudadana en la elaboración, ejecución y evaluación de la política de coordinación regional y metropolitana, de conformidad con los mecanismos de democracia directa y participativa previstos por esta Constitución; asimismo, difundirán los acuerdos y convenios para que se conozcan de manera precisa y rendirán cuentas sobre sus avances y resultados.
Se realizarán consultas a la ciudadanía cuando se prevea la suscripción de acuerdos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, susceptibles de afectarles directamente. Estas consultas serán vinculatorias conforme a lo previsto por esta Constitución.”
“Artículo 21 De la Hacienda Pública
A. Disposiciones generales
1. En la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública.
2. La hacienda de la Ciudad se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera. El gasto y la inversión pública, además de lo que establece esta Constitución, se orientarán a incrementar la infraestructura y el patrimonio públicos, a garantizar servicios de calidad, al impulso de la actividad económica, el empleo, el salario y a la mejora de la calidad de vida de la población.
3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad económica y social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las responsabilidades.
4. La generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son los principios que rigen la hacienda pública.
5. La recaudación y administración de los recursos quedará a cargo de las autoridades fiscales de la Ciudad en los términos que establezca la ley, sin menoscabo de los convenios de colaboración en la materia que puedan suscribir las alcaldías con el gobierno local.
6. El gobierno de la ciudad, conforme a la ley de la materia, podrá contraer deuda pública para destinarla a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. No podrá utilizarse para cubrir gasto corriente o de operación.
7. Ninguna información de carácter público podrá restringirse en su conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de gobierno abierto.
8. La Ciudad de México podrá establecer contribuciones de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación federal y local.
9. El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral y registral sea estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada en una institución única, conforme lo establezca la ley de la materia.
B. Ingresos
1. La hacienda pública de la Ciudad se conforma por las contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad establezca, el financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como por las participaciones, aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen federal por cualquier concepto, los rendimientos de los bienes que pertenezcan a la Ciudad y cualquier otro ingreso que en su derecho le corresponda.
2. En la planeación de las finanzas públicas de la ciudad se considerarán los recursos que determine la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las bases que la misma establezca para su ejercicio, a fin de apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos.
3. El Congreso de la Ciudad podrá establecer contribuciones especiales a las actividades que ocasionen consecuencias perjudiciales sobre la salud o el ambiente.
4. Las autoridades definirán las políticas de estímulos y compensaciones fiscales en los términos y condiciones que señale la ley.
5. La ley regulará los mecanismos que faciliten a las personas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como las instancias y procedimientos para la defensa de los derechos de los contribuyentes.
6. El Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con la ley en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y en la legislación local, en lo conducente, regulará la asignación de ingresos excedentes, excepcionales y remanentes; así como los procedimientos para efectuar las reducciones presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera.
C. Egresos
1. El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la ciudad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario.
2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos y metas establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo.
3. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen erogaciones no comprendidas en sus presupuestos o determinadas por ley posterior.
4. Los resultados de las evaluaciones a programas, políticas públicas y proyectos de inversión a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se considerarán en el proceso presupuestario e incidirán para la orientación del gasto público.
5. La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal de iniciativas de ley y las estimaciones económicas y financieras de la ciudad elaborados por la oficina presupuestal del Congreso de la ciudad, serán considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos.
6. El gobierno de la ciudad podrá celebrar contratos multianuales de gasto, en los términos de la legislación aplicable en la materia, los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios.
7. El gobierno de la ciudad deberá transferir a las alcaldías, con oportunidad y mediante calendarios públicos de ministración, los recursos públicos que, de acuerdo con la ley, les correspondan.
D. Alcaldías
I. De los ingresos sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, las alcaldías contarán con los recursos públicos siguientes:
a) Las participaciones, aportaciones y demás ingresos de procedencia federal, de conformidad con las leyes de la materia;
b) Los recursos de aplicación automática que generen;
c) Las asignaciones determinadas para sus presupuestos, contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; y
d) Los ingresos provenientes del fondo establecido en el artículo 55 de esta Constitución.
II. Bases para la determinación de criterios y fórmulas
1. El Congreso de la Ciudad de México expedirá las normas correspondientes en materia hacendaria, las cuales establecerán los criterios y fórmulas para la asignación presupuestal a las demarcaciones territoriales, de conformidad con lo siguiente:
a) Para la asignación del gasto público se considerará: población residente y flotante; población en situación de pobreza; marginación y rezago social; extensión territorial, áreas verdes y suelo de conservación; inversión en infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano, así como su mantenimiento;
b) Las participaciones federales se aplicarán conforme a los porcentajes y criterios establecidos en la normatividad aplicable;
c) El presupuesto asignado a las alcaldías, proveniente de los recursos señalados en el inciso c), fracción I del presente apartado, no podrá ser menor en términos porcentuales, a lo que éste representó en el ejercicio fiscal inmediato anterior, respecto al presupuesto total de la Ciudad de México, salvo los casos excepcionales que la ley determine.
2. El Fondo establecido en el artículo 55, de la presente Constitución será adicional al monto que reciban las alcaldías por los conceptos de los incisos a), b) y c) de la fracción I del presente apartado, a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones contenidas en este precepto.
3. A este fondo, se le deberá destinar el monto equivalente al dos por ciento de lo que resulte de restar, al total de los ingresos de libre disposición, los recursos propios de los organismos, el gasto no programable del Gobierno de la Ciudad de México, y el presupuesto destinado a los organismos autónomos y de gobierno.
4. La orientación de este fondo se establece en el artículo 55 de esta Constitución. Su ejercicio deberá de apegarse a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a la legislación que al efecto emita el Congreso de la Ciudad de México, así como a la normatividad que en materia de ejercicio y fiscalización emita la autoridad local. Las alcaldías ejercerán estos recursos con base en un programa de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos.
5. Este fondo deberá ser transparente en su aplicación, con informes trimestrales sobre su ejercicio al concejo, al Congreso, a las instancias de auditoría correspondientes y a las y los ciudadanos. En ningún caso los recursos de este fondo podrán transferirse a otros rubros o partidas de gasto.
III. De la autonomía del ejercicio presupuestal
1. En el ejercicio de sus presupuestos, las alcaldías gozarán de las facultades siguientes:
a) Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado por su respectivo concejo, y se enviará a la o el jefe de gobierno para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la ciudad;
b) Administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos, sujetándose a las leyes y reglamentos de la materia;
c) Elaborar y programar los calendarios presupuestales;
d) Disponer de los recursos asignados en sus presupuestos y efectuar los pagos con cargo a los mismos, conforme a las ministraciones de recursos que reciban, debiendo registrar y contabilizar sus operaciones en el sistema de contabilidad gubernamental, de acuerdo con la normatividad federal y local de la materia;
e) Autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con la ley;
f) Determinar, en los casos de aumento o disminución de ingresos en el presupuesto, los ajustes que correspondan sujetándose a la normatividad aplicable; y
g) Captar, registrar, administrar y ejercer los recursos de aplicación automática que generen.
2. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las alcaldías deberá destinar al menos el 22 por ciento a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la alcaldía ejerza con cargo al fondo referido al apartado D, fracción II de este artículo.
3. La Auditoría Superior de la Ciudad de México fiscalizará que las alcaldías cumplan con lo señalado en el numeral anterior.
4. Las alcaldías no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos.
“Artículo 23 Deberes de las personas en la ciudad
1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno.
2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:
a) Ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad y sin discriminación;
b) Conocer y cumplir las disposiciones de la presente Constitución y las leyes que de ella emanen;
c) Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de las familias;
d) Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable;
e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta Constitución;
f) Contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes;
g) Denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de un delito, particularmente actos de corrupción;
h) Promover la defensa del interés general por encima del interés particular;
i) Ser solidario con la comunidad y ayudar a otras personas en caso de un accidente o desastre natural, así como prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren legalmente requeridos;
j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos;
k) Participar en la vida política, cívica y comunitaria, de manera honesta y transparente; y
l) Promover los valores comunitarios.”
Quinta. Es decir, a pesar de que existe una obligación Constitucional de “contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”, esto en la realidad no ocurre, lo que ha llevado a que la contribución con los gastos públicos, no sean ni proporcional ni equitativa.
En la Ciudad de México esto es particularmente visible en el rubro referido al emplacamiento de automóviles de aquellos ciudadanos que son habitantes y residentes en la capital del país , circulan por sus calles y avenidas, utilizan la infraestructura, los servicios de salud, educación, seguridad, comunicación y movilidad, por mencionar algunos, pero no pagan los derechos correspondientes al emplacamiento de sus vehículos y que por el ahorro de cantidades ínfimas, perjudican al conjunto de la sociedad capitalina, a sus hijos, parientes, e incluso a si mismos, por el daño a la salud que ocasionan y que no son mitigados por que existe una disminución creciente en la recaudación que debería obtenerse por el emplacamiento de los automotores que circulan por esta gran ciudad y que son propiedad de quienes aquí radican.
En la siguiente tabla es posible comparar la disparidad existente entre el parque vehicular registrado en cada entidad federativa contra lo que la ciudadanía reporta que tiene:
Esta disminución de los ingresos de -$4,804,903.00 (cuatro mil millones ochocientos cuatro mil novecientos tres pesos 00/100 M.N.) tiene consecuencias de gran magnitud para el bienestar social, desarrollo, crecimiento, seguridad y salud de los habitantes de la Ciudad de México. Para su mejor comprensión se puede subdividir en tres rubros el daño que esto le ocasiona a la Capital de la República:
A) Ambiental, en razón de que no existe un programa homologado de verificación entre el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, la contaminación se acumula en la Ciudad de México, en razón del espacio reducido y la gran cantidad de vehículos que aquí circulan;
B) Social , porque se tiene problemas de inseguridad al no contar con un registro adecuado de los autos que son propiedad de quienes habitan el la Ciudad; por el desgaste de la carpeta asfáltica, los daños a calles y avenidas; por el aumento de los tiempos de traslado y la consecuente perdida de horas hombre; por la disminución de los recursos para otorgar servicios básicos de educación, programas sociales, de salud, entre otros;
C) Fiscal: Al no estar matriculados los autos en la entidad federativa en la que residen los propietarios, se ocasionan disparidades y afectaciones en la recaudación de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre Nómina; el Impuesto sobre Automoviles Nuevos (ISAN); así como las contribuciones y derechos tales como tenencias, verificación, fondo ambiental, multas. De la misma manera, al afectarse la economía de la Entidad Federativa que es el motor del país y que produce el 17 por ciento del Producto Interno Bruto, como lo es la Ciudad de México, la economía del Valle de México y de la Nación se frena.
Para ejemplificar lo anterior se presenta la siguiente tabla para apreciar la disparidad entre la población existente en cada entidad federativa y el número de vehículos matriculados para ver como se afecta a cada una de ellas:
Al día de hoy conforme a los estímulos fiscales que existen en la Ciudad de México, solo se benefician a 24 submarcas de vehículos, lo que se plantea es realizar una homologación con el emplacamiento existente en el estado de México, lo que automáticamente incrementaría a 91 submarcas de automotores las que aquí podrían matricularse. Es decir, 9 de los 10 autos más vendidos podrían matricularse en la capital del país.
Para dar un ejemplo, si la inmatriculación vehicular estuviera homologada con las tarifas que actualmente se cobran en el estado de México, los ingresos que la Ciudad de México podría percibir para el ejercicio fiscal 2021, con el parque automovilístico que actualmente circula por las calles y avenidas serían de $8,067,096,000.00 (ocho mil sesenta y siete millones noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.), es decir un habría un incremento en la finanzas públicas del orden de los $2,225,099,200.00 (dos mil doscientos veinticinco millones noventa y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.) tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Este no puede ser un esfuerzo meramente recaudatorio ni aislado, sino que implica una mejora en los servicios que actualmente presta el gobierno de la ciudad, en el cual deben estar involucradas otras dependencias de la administración pública centralizada.
En este sentido, para que el parque vehicular retorne a matricularse en la Ciudad de México, al menos es necesario realizar las siguientes acciones:
1. Buscar homologar el programa de emplacamiento del parque vehicular con la megalópolis;
2. Homologar los temas de tenencias, refrendo, y derechos con las entidades de México y Morelos;
3. Agilizar los trámites administrativos para la obtención de placas;
4. Desvinculación de la verificación vehicular y las multas; y
5. Implementación de la revisión físico-mecánica en los centros de verificación Morelos y el estado de México.
Estos problemas son ocasionados, entre otras cosas, por la fragmentación de acciones gubernamentales en cada Entidad, lo que han impedido su articulación en el Valle de México. Cabe señalar que la Megalópolis actualmente esta conformada por la Ciudad de México con 16 alcaldías; el estado de México con 80 municipios; Hidalgo con 29 municipios; Morelos con 33 municipios; Puebla con 22 municipios; y Tlaxcala con 60 municipios.
Para poder establecer acuerdos formales y obligatorios entre las entidades federativas, municipios y alcaldías que conforman la megalópolis del Valle de México y puedan afrontarse los problemas de manera conjunta, es necesario tener conversaciones al más alto nivel entre la jefa de gobierno, los gobernadores de los estados, las secretarías de Medio Ambiente del gobierno federal y de las entidades federativas, así como las Secretarías de Movilidad de cada una de ellas, así como sus respectivas Secretarias de Finanzas.
Sexta. La Ciudad de México, sus habitantes y los distintos sectores sociales que la componen, deben comprometerse a emprender una campaña de solidaridad y el cumplimiento de las obligaciones con una Ciudad que ha sido generosa con ellos, que les brinda libertades, servicios educativos, de salud, seguridad pública, esparcimiento y apoyos sectoriales a sus habitantes.
Cabe señalar que “proteger, preservar y generar un medio ambiente sano”, “contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes” y “ser solidario con la comunidad” es un deber de las personas de la ciudad de México, y lo cual esta prescrito en su Constitución.
Para ello debe implementarse una campaña que conmine a los habitantes a cumplir con sus obligaciones fiscales, mediante la utilización en radio, televisión y las redes sociales para hacer conciencia sobre el compromiso social que deben tener con la Ciudad de México. Evadir esta obligación social, equivale a un fraude contra los habitantes de la ciudad.
Como medidas que estimulen el emplacamiento de los vehículos de los habitantes de la capital en la propia Ciudad de México podrían realizarse, entre otras, las siguientes:
1. Debe aumentarse el estimulo fiscal para el emplacamiento para el ejercicio fiscal de 2021, pasando de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) con IVA que se cobra en la Ciudad de México, para llevarlo a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) sin IVA que se cobran en el estado de México; y
2. Mejorar el sistema de trámites para gestionar las placas y la licencia.
La solidaridad que tienen los habitantes de la Ciudad de México para contribuir con los gastos de ella, debe entenderse como que todos somos corresponsables del bienestar de los demás y mientras haya mexicanos vulnerables, todos somos vulnerables.
Para hacer frente a esta pandemia y enfrentar con éxito los retos y oportunidades del siglo XXI, todos tenemos que fortalecer o incorporar los valores de la empatía, solidaridad y corresponsabilidad en especial con aquellos que se han quedado atrás.
Empatía que nos permita sentir el sufrimiento de los demás, pero también sus esperanzas y anhelos.
Solidaridad para contribuir, cada quien en la medida de sus posibilidades, capacidades y fortalezas a efecto de generar mejores condiciones de vida para los demás.
Corresponsabilidad para reconocer con humildad que en el logro de nuestros éxitos intervinieron muchos otros, además de nuestro empeño y esfuerzo, y que así nos corresponde ahora contribuir a que otros alcancen los suyos.
El propósito de toda la sociedad debe ser contribuir a una economía que permita a cada persona llevar una vida con sentido y dignidad, teniendo éxito a través del trabajo y de la creatividad.
Por otro lado, las personas en lo individual debemos involucrarnos directamente en ayudar a quienes están a nuestro alrededor, sobre todo a quienes necesitan ayuda para solventar sus gastos más básicos como la alimentación, la salud o la educación.
Pero para apoyar a los demás a enfrentar estos tiempos, es que necesitamos hacerlo desde la empatía, la solidaridad y la corresponsabilidad. Esto a fin de tender puentes entre los diferentes segmentos sociales, que nos permitan alcanzar los acuerdos que tanto necesitamos como país.
Es momento de volvernos activistas de tiempo completo para construir, juntos, la Ciudad de México a la que todos aspiramos.
Por las consideraciones anteriores, presento ante esta honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución , la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Congreso de la Ciudad de México, para que realice los ajustes presupuestales necesarios para homologar las tarifas de derechos por placas, tenencia, hologramas, fondo y multas con las entidades de México y Morelos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para que a la brevedad busque un acuerdo con las Secretarías de Gobierno de las entidades de México y Morelos para homologar las tarifas de derechos por placas, tenencia, hologramas, fondo y multas.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a las Secretarias de Gobierno, Movilidad, Medio Ambiente y Finanzas de la Ciudad de México para que a la brevedad emprendan una campaña que fortalezca e incorpore los valores de la empatía, solidaridad y corresponsabilidad, entre los habitantes de la Ciudad de México, para cumplir con sus obligaciones fiscales y se contribuya para cubrir los gastos de ella.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La información de 2015 corresponde a una estimación de la población total realizada con base en la Encuesta Intercensal (EIC) 2015, que permite su comparación con la serie censal. Además de la población residente en viviendas particulares habitadas de la EIC 2015 (119 530 753), incluye una estimación de 407 720 personas en viviendas que no se captaron en dicha encuesta (viviendas colectivas, del Servicio Exterior Mexicano y las que carecen de vivienda). Por esta razón, los datos de 2015 de este indicador no son comparables con los publicados en los productos de la EIC 2015 o con el indicador de población total en viviendas particulares habitadas.
https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2015. Información por Entidad/Ciudad de México/Población. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
3 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. Diagnóstico de movilidad en la Ciudad en México: El impacto del crecimiento vehicular (problemas, estadísticas y evaluación de políticas).
http://aldf.gob.mx/archivo-9f6f5328e0f0853d4453d481cbffa 2b6.pdf
4 Inegi. Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados. La información incluye la clase de vehículo Automóviles, Camiones y camionetas para pasajeros, camiones para carga y motocicletas, así como el tipo de servicio oficial, público y particular. Para el año 2018 los datos tienen el carácter de cifras revisadas, derivado de la actualización realizada por los gobiernos de los estados de Baja California, Chiapas y Ciudad de México. https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/
5 Cifras preliminares. La Estadística mensual de vehículos de motor registrados en circulación excluye los datos de motocicletas y del servicio oficial, los cuales se incorporan hasta la obtención de los resultados anuales.Las cifras de los años de 2017 y 2018, se generan a partir del padrón vehicular registrado por los gobiernos de las 32 entidades federativas al 31 de diciembre de 2016, a este dato se incluyen los vehículos vendidos al público de manera mensual reportados por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y los del mercado de vehículos pesados en México de la Encuesta Mensual de Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi. Idem.
6 Cifras preliminares. Incluye la producción orientada a la exportación. A partir del mes de enero del año 2015, los datos corresponden a los reportados por el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) y desde el mes de junio de 2020 el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP). Fuente: Inegi. Con base en datos de la producción reportada en el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) y el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP). Ibid.
7 Cifras preliminares Los datos se refieren a la venta de automóviles se actualizan conforme a la última publicación del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). Se excluyen la venta de los camiones ligeros reportada por el RAIAVL. Fuente: Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). Ibidem.
8 Milenio. Septiembre 1 de 2018. Se duplica el número de autos en CdMx en 17 años. https://www.milenio.com/politica/comunidad/duplica-numero-autos-cdmx-17 -anos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 enero de 2021.
Diputada Silvia Lorena Villavicencio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a incluir en la primera fase del plan de vacunación contra el Covid-19 al profesorado de todo el país, agente fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, suscrita por la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada federal Cynthia López Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pandemia del coronavirus Covid-19 registrada desde hace prácticamente hace un año, ha impactado ámbitos fundamentales como la salud, la economía y la educación, entre otros, en perjuicio de millones de personas a escala mundial. Cabe destacar que, de manera particular, en el área educativa, el confinamiento obligó a las escuelas de todos los niveles a cerrar sus puertas, lo que ha afectado la continuidad de los estudios y aprendizajes de la mayoría de niñas, niños y jóvenes.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), son cerca de 363 millones de estudiantes afectados, es decir, uno de cada cinco estudiantes en el mundo está sin clases por el coronavirus.1
En este mismo tenor, el secretario general de las Naciones Unidas dio a conocer el informe Education in the time of Covid-19 and beyond, en el que señala que la pandemia ha causado el trastorno más grave registrado en los sistemas educativos en toda la historia y amenaza con provocar un déficit de aprendizaje que podría afectar a más de una generación de estudiantes. Asimismo, enfatiza que es probable que el cierre de escuelas termine con décadas de progresos en la materia.
Una primera problemática que está aquejando a los diferentes sistemas educativos en el orbe es el incremento en los niveles de deserción. Según la UNESCO, casi 1,600 millones de alumnos de más de 190 países -el 94 por ciento de la población estudiantil del mundo- se vieron afectados por el cierre de instituciones educativas en el momento más álgido de la crisis. Proyecciones de dicha organización, advirtieron que 24 millones de estudiantes desde el nivel de preescolar hasta el ciclo superior, podrían no haber regresado a la escuela el año pasado como consecuencia de los cierres provocados por la Covid-19.2
Por su parte, el Banco Mundial apunta que la pandemia representa una amenaza para el avance de la educación, ya que tiene dos impactos significativos: 1. El cierre prácticamente universal de las escuelas de todos los niveles y 2. La recesión económica generada por las medidas de control de la pandemia.3
En tal virtud, subraya que ésta amenaza con deteriorar aún más los resultados educativos, por lo que alude que, si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar sus efectos, el cierre de escuelas provocará pérdidas de aprendizaje, aumento de la deserción escolar y mayor desigualdad, y la crisis económica —que afecta a los hogares— agravará el daño debido a la reducción de la oferta y demanda educativa.
México no escapa a las consecuencias de la pandemia. A partir del 20 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció del cierre de las escuelas en todo el país y, por ende, la suspensión de clases presenciales, medida orientada a controlar el número de contagios entre la población escolar.
De la noche a la mañana el Sistema Educativo Nacional transitó a la educación a distancia. Profesores, padres de familia y alumnos se vieron obligados a adaptarse -en pocos días- al nuevo modelo virtual.
Es importante resaltar que el Sistema Educativo Nacional se integra por una matrícula de 36 millones 500 mil alumnos, que son atendidos por poco más de dos millones de docentes, en 262 mil 805 escuelas.4
Al igual que a nivel global, la pandemia ha traído aparejados efectos negativos. Basta destacar que la SEP indicó que en nivel básico la deserción en el ciclo escolar 2019-2020 alcanzó 10 por ciento de la matrícula, porcentaje que representa a dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En educación superior el abandono se calcula en 8 por ciento, 305 mil 89 universitarios.5
En este contexto, la prioridad debe ser recuperar los aprendizajes de los alumnos, con el objeto de evitar efectos negativos permanentes en las oportunidades a lo largo de su vida, para lo cual, deberán implementarse medidas orientadas a revertir las pérdidas de aprendizaje, desde la mejora en las evaluaciones, hasta los métodos pedagógicos y planes de estudio más focalizados.
Indudablemente, en ello serán determinantes la capacitación específica y práctica para las maestras y maestros, que son pieza medular del proceso de enseñanza aprendizaje.
Actualmente, la pandemia registra uno de los momentos más críticos, ya que se ha elevado dramáticamente el número de contagios y muertes a nivel nacional. Al 11 de enero pasado, se han confirmado 1 millón 541 mil 633 casos totales y 134 mil 368 defunciones por Covid-19.6
Con la llegada de un nuevo lote de 400 mil vacunas, nuestro país da inicio formal a la vacunación contra esta grave enfermedad, para lo que se pretende desplegar brigadas de vacunación cuyo objetivo será, en primera instancia, el personal médico y adultos mayores.
Con el proceso de vacunación nos acercamos al retorno de nuestras vidas, la vuelta a la escuela es una fase importante y positiva. Por lo cual, es necesario trabajar para el logro de un retorno que priorice la salud y garantice el bienestar de cada uno de los integrantes de las comunidades educativas.
En este contexto, resulta indispensable que antes del regreso a clases presenciales, se considere a las y los maestros como grupo prioritario en la aplicación de vacunas. Lo anterior, por las tres razones principales siguientes:
Primero. Un gran número de profesores son parte del grupo de riesgo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) destacó que el 30 por ciento de los docentes y trabajadores administrativos son mayores de 60 años, padecen comorbilidades, o se encuentran embarazadas, lo que significa que de un millón 700 mil docentes que hay en el país, al menos 510 mil docentes estarían en riesgo.7
Segundo. La salud de cada maestra y maestro es determinante para la continuidad de las clases de millones de estudiantes de los diferentes niveles educativos.
Tercero. Estar frente a grupo significa un riesgo de contagio entre alumnos y maestros, directivos y personal administrativo en general.
Las medidas que no tomemos el día de hoy tienen el potencial de convertirse en situaciones críticas que afecten aún más la salud de la población estudiantil y, con ello, los aprendizajes de los alumnos.
La educación constituye uno de los pilares para avanzar hacia mejores estadios de desarrollo y forjar economías más justas, equitativas, sostenibles e inclusivas, que sean más resilientes frente a contextos de crisis como el que se vive actualmente. Las maestras y maestros son actores claves en este proceso fundamental para el país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para incluir en la primera fase del plan de vacunación contra el coronavirus Covid-19 a las maestras y maestros de todo el país, toda vez constituyen los agentes fundamentales del proceso enseñanza aprendizaje, ante el aumento de los casos de contagios y fallecimientos a causa de esta enfermedad.
Notas
1 https://www.semana.com/educacion/articulo/coronavirus-efectos-en-el-mun do-estudiantes-sin-clase/656069/
2 https://es.unesco.org/news/secretario-general-naciones-unidas-advierte- que-se-avecina-catastrofe-educacion-y-cita
3 https://www.bancomundial.org/es/topic/education/publication/
the-covid19-pandemic-shocks-to-education-and-policy-responses
4 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/
principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf
5 https://www.excelsior.com.mx/nacional/
dejan-la-escuela-28-millones-por-culpa-del-covid-desercion-en-nivel-basico-y-superior
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/605346/Comunicado_Tecnic o_Diario_Covid-19_2021.01.11.pdf
7 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/16/sep-el-covid-19-sera- considerado-riesgo-de-trabajo-para-maestros-en-mexico/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.
Diputada Cynthia López Castro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a informar a esta soberanía respecto de la disponibilidad del agua para las viviendas programadas de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz, México; y a los gobiernos de la entidad y de Naucalpan de Juárez, a presentar los estudios de impacto ambiental sobre los recursos hídricos en la zona del borde poniente del municipio, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada María de los Ángeles Huerta del Río, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la Gaceta del Gobierno de fecha 23 de diciembre del año 2019, publicaron el Acuerdo del Ejecutivo del estado de México por el que se modifica el Plan Estatal de Desarrollo Urbano (PEDU).
Dentro de los objetivos que tiene este plan, es la vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), así como “desarrollar un sistema de ciudades compactas, competitivas, sustentables, resilientes y equitativas”, considerando la sinergia de la Ciudad de México con el estado de México y establecer un sistema de ciudades y regiones urbanas, mediante la alineación de los planes municipales de desarrollo urbano con el PEDU, con la finalidad de que los tres niveles de gobierno impulsen estrategias y políticas para reducir las desigualdades e inequidades en el territorio del estado de México, en un ambiente de sustentabilidad y competitividad.
La sustentabilidad queda en duda para los tres municipios metropolitanos, que son de paso a la Ciudad de México, toda vez que el gobernador del estado de México en las tablas 73 y 77 del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, calcula un incremento considerable de la población y en consecuencia el aumento de la demanda en vivienda para el año 2042, la cual estima para Atizapán de Zaragoza 43 mil 922, Naucalpan de Juárez 70 mil 629 y Tlalnepantla de Baz 43 mil 220, sumando un total de 157 mil 772 nuevas viviendas.
Esta determinación, tendrá consecuencias negativas de alto impacto ecológico y ambiental, pues en términos del Programa Hídrico Integral del Estado de México 2015-2017, mismo que no se ha actualizado, en el numeral 7.1 refiere que “...con una riqueza en recursos naturales el estado de México, paradójicamente, es una de las entidades con mayores problemas ambientales. La diversidad geográfica y la biodiversidad producto de la riqueza del suelo, la hidrológica y la variedad de climas entran en conflicto con la actividad económica y los asentamientos humanos. Los programas educativos en materia ecológica han tenido resultados limitados, así como la cultura del cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales. Mientras no se construyan más y mejores políticas públicas para atender estos problemas, se corre un riesgo sistémico de grandes proporciones.”
Lo anterior, es del conocimiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), toda vez que publicó en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 26 de septiembre del año 2016, el “Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas del acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México, clave 0901, en la Ciudad de México, Región Hidrológico-Administrativa Aguas del Valle de México ”, informando sobre el déficit de 591´184,799 millones de metros cúbicos de agua anuales y refiere que la sobreexplotación por el volumen de extracción es superior al valor de la recarga, puntualizando: “...por lo que cualquier incremento de la demanda de agua, agravará los efectos perjudiciales causados por la explotación intensiva, tales como el abatimiento del nivel del agua subterránea, con la consecuente inutilización de pozos .”.
Concluyendo que no existe volumen disponible, para nuevas concesiones en la unidad hidrológica denominada Acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Distrito Federal y estado de México
Por su parte el municipio de Naucalpan de Juárez, con fecha 21 de diciembre del año 2020, autorizó el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en el cual pretende ocupar más de dos mil hectáreas para expandir el desarrollo urbano, con lo que se concreta que ambas autoridades locales comprometen los recursos hídricos, omitiendo observar que, en materia de abasto de agua potable y saneamiento, la Ley de Aguas Nacionales, Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y en consecuencia los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de llevar a cabo la planificación hídrica para la gestión integrada de los recursos hídricos, la conservación de recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio ambiente.
En este sentido, la Conagua debe valorar, si estos proyectos causarán impactos ambientales adversos sobre el territorio, específicamente en las zonas de recargas de los mantos acuíferos, para prevenir conductas que puedan afectar la inutilización de pozos y en consecuencia afectar a terceros.
Por lo que se refiere a los megaproyectos, la Conagua debe analizar y valorar las posibles repercusiones las acciones emprendidas por las autoridades locales, adelantándose a lo que podría convertirse en mayor desabasto y escasez de agua, así como las descargas de aguas residuales, ante la grave problemática que enfrenta la Cuenca Madín y las barrancas localizadas en la sierra de la Cruces.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, que informe a esta soberanía respecto de la disponibilidad del agua para las viviendas programadas para los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del estado de México, en un término de 15 días.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México, para que informe a esta soberanía sobre los resultados obtenidos en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz, de acuerdo a las estrategias 1.4. y 1.5, de las acciones enfocadas a contrarrestar la sobreexplotación del recurso y la consolidación para la protección de la calidad del agua superficial y subterránea en la gestión integral del recurso hídrico, así como los obtenidos de acuerdo al numeral 6.7 Factibilidad ambiental, en cuanto a la reducción de las descargas de aguas residuales municipales e industriales no tratadas, la reforestación, la conservación de suelos, la protección de medios acuáticos, de acuerdo al Programa Hídrico Integral del Estado de México 2015-2017 el cual aún continua vigente, en un término de 15 días.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al municipio de Naucalpan de Juárez a efecto de que presenten a esta soberanía, los estudios de impacto ambiental sobre los recursos hídricos en la zona del borde poniente del municipio de Naucalpan de Juárez, en donde se pretende integrar como zona urbana el territorio de las más de dos mil hectáreas que menciona el plan municipal de desarrollo urbano de Naucalpan de Juárez, México, en un término de 15 días.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputada María de los Ángeles Huerta del Río (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a replantear diversas disposiciones de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, convocar a sesión al Conava y transparentar la información relativa a la aplicación de aquélla, suscrita por la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 8 de diciembre de 2020, la Secretaría de Salud del gobierno federal anunció la manera en la que se llevaría a cabo la política nacional de vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 que detalla el procedimiento de recepción, distribución y aplicación de la vacuna contra el Covid-19. En lo expuesto, el Secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, junto al subsecretario doctor Hugo López-Gatell Ramírez, señalaron que dicha política consta de 5 etapas, las cuales definen las fechas de aplicación de la vacuna por grupo de población.1
Según lo detallaron, las etapas previamente mencionadas serían las siguientes:
Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 se llevaría a cabo en los 10 mil centros del bienestar instaurados a lo largo del territorio nacional, es decir, donde actualmente se entregan los apoyos por parte de la Secretaría del Bienestar para todos aquellos beneficiados por los programas sociales del Gobierno Federal.2
Asimismo, el mandatario señaló que, para la entrega y administración de la vacuna en los centros integradores, el Gobierno Federal ordenaría el despliegue de brigadas de vacunación, en las que participarán 120,000 personas integrantes de la Secretaría de Salud, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y Secretaría del Bienestar; específicamente cuatro promotores sociales de los Programas de Bienestar, dos profesionales del sector Salud, cuatro elementos de las Fuerzas Armadas y dos personas voluntarias por cada brigada.3
Finalmente, el titular del Ejecutivo detalló que la segunda etapa, misma que dará inicio en el mes de febrero y donde se prevé vacunar a más de 12 millones 450 mil adultos mayores, comenzaría los procesos de vacunación en las zonas más alejadas, luego seguiría en ciudades de densidad media y, posteriormente, a las grandes zonas urbanas.4
Ante dicho panorama, expertos en la materia han manifestado varias preocupaciones, mismas que van desde la estrategia de atender primero a la población ubicada en las zonas más alejadas, hasta la composición de las brigadas de salud y las condiciones en las cuales se encuentran los centros integradores previo a la recepción de la vacuna; es decir, si estos se encuentran adecuadamente equipados para el almacenamiento y la conservación de la vacuna.
Entre dichos expertos se encuentra Roselyn Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford, la cual consideró que el plan del Presidente de atender, en primera instancia, a la población ubicada en las zonas alejadas era incorrecto y que lo que se tendría que hacer es atender primero a la población en zonas urbanas donde existe una mayor transmisión del virus hasta el momento. Asimismo, consideró que la Política Nacional de Vacunación no está tomando en cuenta a las personas que sufren de comorbilidades y que, si bien la estructura de las etapas planteadas por el Gobierno Federal pretende atender a la población más vulnerable primero, es necesario replantearla para que las personas que sufren de diabetes, hipertensión, obesidad y otras enfermedades crónicas puedan ser atendidas con prioridad.5
Por otro lado, Lía Limón García, Consultora y Directora de LIMA Diversidad e Inclusión, señaló que otros puntos de alarma se centran en la integración de las brigadas de vacunación y en que la distribución de la vacuna se lleve a cabo en base a los padrones de quienes reciben apoyos de los programas de bienestar.
Según lo expuesto por la ex Diputada Federal, es sumamente preocupante que, de las doce personas que integrarían las brigadas de vacunación, sólo dos sean especialistas del sector salud, especialmente si consideramos que normalmente estas estaban compuestas por enfermeras y voluntarios.6 Asimismo señaló que en el Presupuesto de Egresos 2021 se observó una reducción de los recursos destinados para el capítulo 4,000 en el rubro de contratación de personal de vacunación vía el seguro popular, resultando en que ahora la aplicación de la vacuna del Covid-19 no será administrada por personal capacitado.7
En este mismo sentido, cabe mencionar que el Consejo Nacional de Vacunación (Conava) en el que participan todas las instituciones de salud, representantes de las entidades federativas y expertos, es el órgano encargado de definir la política y protocolos en materia de vacunación, así como de emitir los lineamientos para la aplicación de estas. No obstante, éste no ha sido convocado a sesionar y, a su vez determinar, cuál debe ser la composición adecuada de las brigadas previamente mencionadas.8
De igual manera, la estrategia de distribuir la vacuna en los centros del bienestar en lugar de en los centros de salud ha sido fuertemente criticada, ya que, según los expertos, estos no están diseñados para la correcta aplicación de la vacuna, ni cuentan con la infraestructura necesaria para su almacenamiento; especialmente si consideramos la cadena de frío que resulta indispensable para la conservación de la misma.
Hasta el momento, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) sólo ha aprobado el uso de emergencia de las vacunas de Pfizer BioNTech, que requiere de una refrigeración aproximada de -70ºC para su conservación por lo que se necesitaría instalar refrigeradores industriales de alta capacidad en dichos centros integradores, ya que, de lo contrario, se puede perder la efectividad de la vacuna9 y la de Oxford/AstraZeneca la cuál no ha llegado a territorio mexicano.
Finalmente, no podemos olvidar que México se ha posicionado como uno de los países con el peor desempeño en relación los procesos de adquisición, distribución y aplicación de la vacuna del Covid-19. Según datos de la Universidad de Oxford, México ocupa el lugar 32 de 33 países en términos de personas vacunadas por cada millón de habitantes, sólo habiendo atendido al 0.03% de la población, mientras que países como Israel y Baréin han logrado vacunar al 13.5% y 3.8% de sus poblaciones, respectivamente.10
En medio de la peor crisis sanitaria que ha azotado a nuestro país, la información sobre la vacuna resulta ser un tema fundamental y de alto interés público y, por ende, es necesario que el Gobierno Federal actúe con total transparencia revelando toda la información, no sólo sobre los contratos alcanzados para la compra de las vacunas, sino sobre los protocolos que serán implementados para la recepción de la vacuna en los centros del bienestar, los padrones que serán utilizados para la entrega de estas así como de las partidas presupuestales utilizadas para financiar la compra de las vacunas y la adecuación de los centros del bienestar para funcionar como centros de vacunación. Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a emitir el presente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, a replantear la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para que la vacuna contra el Covid-19 sea distribuida de acuerdo a donde existe una mayor incidencia de contagios, comenzando por las grandes zonas urbanas con mayor densidad poblacional, seguido de las ciudades de densidad media y finalmente, las zonas más alejadas en el territorio nacional.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, a replantear la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para que, conforme a los protocolos establecidos, la vacuna contra el Covid-19 sea distribuida y administrada en los centros de salud del territorio nacional y no en los centros del bienestar que no cuentan con las condiciones o la infraestructura necesaria para la conservación y mantenimiento de la vacuna.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, a replantear la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para que las personas que sufren de comorbilidades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, entre otras, puedan recibir la vacuna contra el Covid-19 de manera prioritaria.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, para que convoque al Consejo Nacional de Vacunación y que éste determine los protocolos que se implementarán con relación a la vacuna contra el Covid-19, así como la conformación adecuada de las brigadas de vacunación que serán las responsables de la aplicación de la misma.
Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, a enviar a esta soberanía un informe de manera semanal en el que se revele la información relativa a los montos ejercidos en la compra de la vacuna contra el Covid-19 y en infraestructura para adecuar los centros del bienestar, así como de los padrones específicos que serán utilizados para la entrega de las vacunas y el número de personas vacunadas por municipio.
Notas
1 https://www.animalpolitico.com/2020/12/medicos-y-personas-mayores-asi-s era-el-plan-de-vacunacion-contra-la-covid-en-mexico/
2 https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/30/politica/habra-10-mil-centr os-para-aplicar-la-vacuna-anti-covid/
3 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/10/mexico-inicia-la-vacuna cion-masiva-contra-covid-19-este-12-de-enero
4 https://www.animalpolitico.com/2021/01/plan-vacunas-covid-adultos-mayor es/
5 https://www.imagenradio.com.mx/pascal-beltran-del-rio/
vacuna-de-cansino-no-se-debe-usar-para-vacunar-adultos-mayores-roselyn-lemus
6 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lia-limon-garcia/el-uso-electora l-de-la-vacuna
7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.pdf
8 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4701135&fecha=24/01/1991#:~:text=
DOF%20%2D%20Diario%20Oficial%20de%20la%20Federaci%C3%B3n&text=DECRETO%20por%20el%20que%20se%
20crea%20el%20Consejo%20Nacional%20de%20Vacunaci%C3%B3n.&text=Que%20el%20Plan%20Nacional%20de,
los%20programas%20de%20vacunaci%C3%B3n%20existentes.
9 https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/
la-vacuna-de-la-covid-19-podria-revolucionar-la-refrigeracion-en
10 https://elqueretano.info/trafico/mexico-penultimo-lugar-en-aplicacion-d e-vacuna-contra-covid-19/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al día 12 de enero de 2021.
Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y los 32 gobiernos locales a reforzar con el DIF, el Sipinna y sus homólogos en las entidades las acciones y políticas públicas orientadas a la concientización de niños y adolescentes sobre el uso de tecnologías de la información, las redes sociales y los videojuegos, a cargo de la diputada Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, María Guillermina Alvarado Moreno, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con el Sistema Nacional DIF y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y sus homólogos en dichas entidades, refuercen las acciones y políticas públicas orientadas a la concientización del uso de tecnologías de la información, las redes sociales y videojuegos, orientado a niñas, niños y adolescentes, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Derivado de la estrategia de salud implementada por el gobierno de México, las niñas, niños y adolescentes, han tenido que adoptar una vida totalmente diferente a la que estaban acostumbrados, en materia educativa se han adaptado los planes y programas de estudio de nivel básico, medio superior y superior con el objetivo de que la enseñanza y aprendizaje en nuestro país no se detenga.
Se ha implementado el sistema de aprendizaje en casa, estudios a través de plataformas informáticas a través de las tecnologías de la información, uso de redes sociales y muchos otros modelos más.
Por ello desde hace ya muchos meses las niñas, niños y adolescentes de nuestro país enfrentaron el reto del uso de muchos mecanismos de acceso a la información, los cuales, en muchos casos, no estaban familiarizados, sin embargo, gran parte de la población estudiantil ya conocía o había tenido acceso a estas herramientas con fines de esparcimiento.
Su servidora es una fiel creyente de la importancia del uso de las herramientas tecnológicas y lo que ello conlleva, sin embargo, reconozco que el uso excesivo de cualquier instrumento u objeto podría generar problemáticas en diversos niveles.
La contingencia sanitaria ha obligado a las niñas, niños y adolescentes a utilizar la tecnología a mayor escala, y es importante que desde el gobierno se generen políticas públicas para la orientación del uso efectivo de las tecnologías, a fin de salvaguardar los derechos y protección de ellos.
Bien es sabido que el acceso a la información genera interés, pero también no hacerlo de manera correcta puede llevar a que se vulneren derechos como la violación a la intimidad, el ciberacoso, la inseguridad e incluso la protección a los datos personales.
También sabemos que se debe generar conciencia sobre el uso “por tiempos excesivos de dichas tecnologías”, pues el sedentarismo podría generar problemas de salud física y mental a mediano y largo plazo.
Es por ello que considero pertinente que se deben reforzar las acciones encaminadas a evitar se vulneren los derechos y a generar una vida saludable, de las niñas, niños y adolescentes.
Por experiencias internacionales sabemos que la contingencia sanitaria tiene cabida en nuestro país en un plazo prolongado y por ello además de atender las políticas y estrategias de salud, debemos preocuparnos por la salud emocional y educación de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con el Sistema Nacional DIF y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus homólogos dichas entidades, refuercen las acciones y políticas públicas orientadas a la concientización del uso de tecnologías de la información, las redes sociales y videojuegos, orientado a niñas niños y adolescentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputada María Guillermina Alvarado Moreno (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de México a implantar acciones urgentes para superar la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, suscrita por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del numeral 1, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual, se exhorta al gobierno de México a coordinar e implementar acciones emergentes para superar la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 en México, con base en las siguientes:
Consideraciones
El 31 de diciembre de 2019, China informó a la Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 41 casos infectados por un nuevo tipo de coronavirus; que posteriormente se nombró como Covid-19.
El día 11 de marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, informó que debido al comportamiento de contagio del virus Covid-19 que, en tan solo dos semanas los casos fuera de China se habían multiplicado por 13, contabilizando más de 118 000 en 114 países, y 4291 personas que perdieron la vida.
El Director General de la OMS manifestó, en su discurso de fecha 11 de marzo, que “Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la Covid-19 puede considerarse una pandemia”. En tan solo 12 días, al 23 de marzo, los casos de coronavirus en el mundo llegaron a 332 mil 935 con 14 mil 510 decesos en 189 países. Al día 10 de enero de 2021, se registra un total de 90 millones de casos y 1.93 millones de muertes.
En México, se detectó el primer caso de Covid-19 a finales del mes de febrero de 2020, cuando a nivel mundial el virus y a representaba una amenaza. Para hacer frente a la pandemia la mayoría de los países optaron por tomar medidas de contingencia ante el contagio masivo de la población, lo c ual significó el cierre de aeropuertos y fronteras; mientras que la medida más drástica fue el aislamiento de la población dentro de sus respectivos hogares.
En nuestro país, la evolución de la epidemia continuó con el primer fallecimiento 20 días después del primer caso confirmado. En ese tiempo, los principales afectados sólo eran personas que habían viajado al extranjero, principalmente a Italia.
El 23 de marzo de 2020 se implementó el programa Sana Distancia , el cual ayudaría a reducir los contagios a través de la suspensión de clases en las escuelas a nivel nacional, así como de las llamadas actividades no esenciales, conciertos y eventos masivos.
El 21 de abril comenzó la Fase 3 de la epidemia, esto es el contagio comunitario; el número de casos comenzó a crecer exponencialmente a un ritmo mayor de lo esperado; con lo cual se estableció como fecha posible de reanudación de clases y labores el 17 de marzo. Sin embargo, la evolución de la curva de contagios no fue la esperada.1
Al día 10 de enero de 2021, a diez meses de presentarse el primer caso de Covid-19 en nuestro país, de acuerdo con datos de la plataforma para el monitoreo y pronóstico de la evolución del Covid-19 en México utilizando inteligencia artificial,2 creado por la Universidad La Salle, existe un total de 1,524,036 casos confirmados acumulados y 72, 978 confirmados activos, mientras que el registro oficial de defunciones es de 133, 204. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las defunciones estimadas mediante asociación epidemiológica y positividad de la última semana dan una falsa idea de certidumbre porque el valor real de defunciones por Covid19 es probablemente 2 a 4 veces mayor al aquí reportado según los diversos análisis de exceso de mortalidad.3
En el mes de mayo del 2020, el Dr. Eliseo Díaz González, del Departamento de Estudios
Económicos del Colegio de la Frontera Norte, publicó el documento denominado Efectos económicos del Coronavirus Covid-19 en la economía de México ,4 en el que, tomando como base los efectos en la economía provocada por la pandemia de la influenza, realiza una serie de proyecciones de lo que ocurriría en nuestro país en el marco de la pandemia por Covid-19.
Díaz González, establece que el brote de la influenza tiene efectos significativos en la oferta y la demanda, por un lado, se deprime la oferta de mano de obra por la respuesta de autoaislamiento ante el riesgo de contraer el virus, las restricciones de movilidad, enfermedades y una mayor mortalidad. Además, la pandemia provoca un trastorno general de la actividad económica ordinaria. También deprime la demanda a través de diversos canales .
Asimismo, ante el creciente riesgo de contraer el virus, los hogares reducen el gasto en compras que requieren contacto interpersonal. La disminución de los ingresos actuales y futuros por la parálisis en la actividad productiva también pesa negativamente sobre la demanda. Además, el aumento de la incertidumbre sobre los ingresos futuros y las perspectivas de empleo deprimen la demanda actual, especialmente de bienes duraderos. Del mismo modo, una mayor incertidumbre empresarial sobre la demanda futura deprime también la inversión de capital.
El doctor Díaz González puntualiza que, en países en desarrollo como México, en el caso de la oferta el problema es más complejo debido a la existencia de un sector formal e informal en la economía. Esta segmentación junto con el interés del Estado de proteger a la población en el sector informal, que depende para vivir del flujo de efectivo de los negocios, los incentivos para auto aislarse ante la pandemia son más bajos, por tanto, es baja la probabilidad de respetar el cierre de actividades decretado y más difícil hacer llegar los estímulos y ayudas de las empresas formales y apoyos fiscales del gobierno. En el sector formal las grandes empresas pueden continuar pagando los salarios de las personas que no trabajen, resienten una baja en la demanda de bienes de consumo, intermedios y bienes de capital, tanto por consumidores, como por empresas formales e informales. Se presenta una crisis económica en grandes empresas que es agravada porque hay un efecto internacional, parálisis en cadena de suministros, se interrumpen importaciones y exportaciones. Por último, la banca resiente una baja en depósitos, transacciones financieras y la demanda de créditos.
Mientras que, en el sector informal, el Estado titubea en cesar actividades, quienes ahí trabajan reaccionan lentamente al impulso de reducción de la oferta laboral. Por lo tanto, aumenta riesgo de contagio y se desprotege a la población.
Díaz González concluye que los efectos económicos de una pandemia, de por sí elevados, serán menores en cuanto más efectivo sea el sistema de salud para eliminar el padecimiento, en cuanto más efectivas sean las medidas no farmacéuticas para asegurar el cese de las interacciones sociales, desde distanciamiento social, cierre de actividades económicas, de fronteras
internacionales y estatales hasta la cancelación de eventos masivos; y la efectividad para eliminar en el menor tiempo todo riesgo de contagio y hospitalizaciones.
El autor analiza las acciones implementadas por el gobierno mexicano, hasta el mes de mayo de 2020, concluyendo que la intervención pública5 es insuficiente, al grado que muchos estados de la República han diseñado sus propios mecanismos de apoyo a empresas y trabajadores, a lo que se ha sumado la intervención de Banco de México para dar liquidez a bancos en apoyo a empresas y el acuerdo CMN-BID que busca dar fluidez a la asociación de negocios entre grandes y pequeñas empresas. Muchos se han referido a la falta de un seguro de desempleo en México, que es un estabilizador automático de la actividad económica que ayuda a amortiguar caídas económicas repentinas.
En el mes de abril de 2020, el expresidente Zedillo6 advertía que una estrategia de no-contenc ión también sería una muy mala decisión económic a. La morbilidad y mortalidad del contagio no mitigado perturbaría en cualquier país los cimientos económicos y el tejido social a un grado que provocaría una destrucción del ingreso nacional adicional, ciertamente mucho mayor que el valor agregado económico que se perdería a través de las víctimas directas de la enfermedad. Aunado a lo anterior, se pronunció a favor de la creación de un seguro de desempleo, sin precedentes en América Latina, “que detenga la destrucción catastrófica del empleo al tiempo que se le pone un piso a la caída del ingreso laboral, evitando así una prolongada contracción económica”. Zedillo Ponce de León considera que, si bien el apoyo a los empleos y a los ingresos de los trabajadores es fiscalmente costoso, sería “mucho más onerosa” para las finanzas públicas una depresión económica y señala que “sin apoyo para el empleo y la demanda agregada, la contracción de los ingresos fiscales y su impacto en el défic it fiscal sería inmensa”.
El Gobierno de México ha mantenido la postura de no apoyar a las empresas y apostar a los apoyos sociales directos, bajo las proyecciones oficiales de la duración e intensidad de la pandemia en nuestro país, sin embargo; no solo no se cumplieron las expectativas gubernamentales, sino que al concluir el año 2020, el sector salud enfrenta grandes complicaciones para hacer frente al aumento exponencial de casos y muertes por Covid, siendo el día 9 de enero de 2021, el día con mayor número de contagios, superando los 16 mil y las mil 100 defunciones.
El comportamiento de la economía ha sido relacionado directamente con el Covid-19, sin embargo, antes de la pandemia los datos ya indicaban un deterioro económico sustancial.
De acuerdo con Valeria Moy, Directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),7 entre el segundo trimestre de 2020 y el mismo periodo del 2019, la economía mexicana se contrajo 18.7%, siendo la caída más pronunciada desde que se tienen datos; mientras que la economía de Estados Unidos se contrajo 9.1% y la canadiense 13%.
La Directora del IMCO establece que en los meses previos a la llegada del Covid, comparando los primeros trimestres de 2019 y 2020, la economía se encogió 2.2%. Durante 2019, la economía decreció 0.3%. Aun con este escenario, México fue uno de los países que menos apoyos fiscales dio para abordar las consecuencias económicas de la pandemia, llegando a apenas al 0.4% del PIB.
En relación a la situación actual del empleo, según datos del monitor del mercado laboral, elaborado por el IMCO, se identifican los siguientes hallazgos:8
1. Falta recuperar 2.3 millones de empleos perdidos durante la pandemia para regresar a los niveles de ocupación registrados a inicios del año. Durante abril se perdieron más de 12 millones de empleos, es decir, el 22% de los puestos de trabajo registrados en el primer trimestre del 2020. Al mes de octubre se habían recuperado 9.7 millones empleos.
2. Los trabajadores informales han sido los más afec tados por el desempleo.
Sin embargo, también es el grupo en el que más rápido se han recuperado puestos de trabajo. De los 12 millones de empleos perdidos durante abril, 10.3 millones corresponden a trabajadores sin acceso a seguridad social. Es decir, casi nueve de cada 10 personas que salieron del mercado laboral eran informales. Hasta octubre del 2020, recuperaron 9 millones de empleos en la informalidad.
3. Los jóvenes y adultos mayores han experimentado el impacto más fuerte en términos de desempleo. Esto es más evidente entre trabajadores formales. Estos grupos perdieron el 37% y el 41% de sus empleos, respectivamente. En el caso de los trabajadores formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se observa una caída constante hasta agosto del empleo de adultos mayores y hasta junio del empleo de menores de 29 años.
4. La recuperación del empleo femenino se encuentra estancada. Los datos de octubre muestran que la brecha de recuperación de empleos entre mujeres y hombres creció. El nivel de ocupación para los hombres se encuentra un 3% por debajo de lo registrado a inicios de año. En el caso de las mujeres, el nivel de ocupación tiene una brecha del 7% respecto del primer trimestre.
La estrategia del Gobierno de México para la reactivación económica está basada en la campaña de vacunación contra el Covid-19, no obstante, el documento “Diez Riesgos Políticos para 2021” elaborado por Integralia Consultores, considera que, a pesar de que a finales del 2020 se dio inicio a la campaña, así como la autorización de COFEPRIS para el uso de emergencia de las vacunas producidas por las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca y la firma de compromisos de compraventa con CanSino y el protocolo COVAX, c on lo que — según el gobierno mexicano— se contarán con dosis suficientes para inocular a la totalidad de la población para principios de 2022; la estrategia de vacunación del gobierno federal ha sido cuestionada por no incluir un plan para encarar los reto s de logística y distribución que implica.
Asimismo, reconoce que, durante los últimos dos años, el gobierno ha enfrentado problemas recurrentes en la distribución de insumos médicos, que han derivado, por ejemplo, en el desabasto de medicamentos oncológicos. La falta de infraestructura y organización al interior del sector salud son dos barreras para la implementación exitosa de la estrategia de vacunación.
En conclusión, se prevé que la contingencia sanitaria se prolongue más de lo que el gobierno federal ha pronosticado con repercusiones para la actividad económica, por lo que aumenta el riesgo de tener un menor crecimiento al esperado por el gobierno (4.6%) e incluso por debajo de las actuales expectativ as del sector privado (3.5%) para 2021.
Aunado a lo anterior, el documento de Integralia establece que las proyecciones de ingresos y gastos de este año realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se basan en una recuperación rápida de la economía. No obstante, los últimos datos disponibles muestran un estancamiento de las actividades secundarias y una recuperación lenta de las terciarias. Lo anterior, previo a la fuerte aceleración de los contagios de las últimas semanas que condujo a medidas sanitarias más restrictivas.
La política del Gobierno de México para enfrentar, tanto la pandemia como sus efectos adversos, ha sido cuestionada por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien sostuvo que “La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo”.9
A pesar del llamado del Director General de la OMS, el Gobierno de México se niega a cambiar la estrategia de contención del Covid-19, por lo que, no es viable implementar un programa de reactivación económica mientras el contagio y los decesos continúen al alza, ya que éste no tiene continuidad.
Uno de los sectores más afectados durante las medidas de contingencia establecidas por el semáforo epidemiológico es la industria restaurantera. El 7 de enero de 2021, integrantes de este sector de la Ciudad de México y el Estado de México publicaron una carta abierta en la que exigen ser declarados una actividad esencial para poder regresar a trabajar. En el documento, la industria restaurantera señala que desde el inicio de la pandemia en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México se han cerrado 13 mil 500 establecimientos. Tan solo en el estado de México han cerrado definitivamente 10 mil unidades perdiendo al menos, 50 mil empleos directos.
Ante la crisis global, Países de todo el mundo han implementado una serie de medidas emergentes para amortiguar el impacto económico del Covid-19, las cuales tienen como común denominador el aplazamiento de pago de impuestos y apoyo a negocios y compañías; buscan garantizar la conservación de los empleos existentes, así como la continuidad del funcionamiento económico, no así nuestro país.
La pandemia de la Covid-19 es una emergencia sanitaria y social mundial que afecta a todos los ámbitos de la vida nac ional, a todos los sectores y agrupaciones, por lo que se requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas. La adopción de medidas emergentes reducirá los riesgos de corto plazo para los empleados y los costos de largo plazo para las empresas y la economía.
Por todo lo anteriormente expuesto, presento al pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes respetuosamente, exhorta al Gobierno de México a diseñar, coordinar e implementar un programa integral emergente para la continuidad del funcionamiento económico frente a la pandemia del Covid-19, con la participación de todas las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Federal para establecer directrices de acciones focalizadas por sector.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de soberanía, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a presentar un paquete fiscal de incentivos a personas físicas y morales que considere:
1. Ampliación del plazo para realizar la declaración anual.
2. Dispensa de 90 a 180 días del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
3. Eliminar el impuesto al Valor Agregado (IVA) durante los meses de pares.
4. Financiamiento para Mipymes a través de la Banca de Desarrollo, con una tasa de interés del 0% en una primera etapa para productores de alimentos e insumos de higiene y médicos a f in de evitar el desabasto; en una segunda etapa enfocados a la reactivación de la economía.
5. En apoyo al sector turístico, suspensión temporal del Impuesto por
Prestación de Servicio de Hospedaje.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de soberanía, respetuosamente, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE):
1. A realizar la exención o en su caso, posponer el pago o diferirlo, del servicio eléctrico a usuarios que no excedan el consumo promedio doméstico , así como la implementación de planes, programas o convenios de pago a micro, pequeñas y medianas empresas, y a usuarios domésticos que permita el pago y la continuidad del servicio, evitando cortes de energía eléctrica mientras dure la emergencia sanitaria.
2. Derivado que, he estado llevando a cabo la gestión directa con CFE, quien ya ha aceptado errores en el cobro de usuarios en todo el país, se le exhorta a que corrija de inmediato los errores, a que enmiende el cobro desproporcionado y que en los subsecuentes recibos no se repita el error.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de soberanía, respetuosamente, exhorta a los Gobernadores de las 32 entidades del país que, a través de sus dependencias u organismos competentes, como una medida de mitigación del impacto económico adverso y con el objetivo de apoyar a las empresas locales y regionales a mantener su plantilla laboral, se implemente la exención de 90 a 180 días del Impuesto sobre Nómina.
Asimismo que a través de los Organismos Públicos de Agua y Saneamiento de las 32 entidades , se otorgue como apoyo a la ciudadanía y sector empresarial más vulnerable, previa evaluación, la exención de uno y hasta dos bimestres de la cuota del servicio de agua potable, difiriendo el costo en recibos posteriores.
Notas
1 Fuente: Internet. https://omronhealthcare.la/Blog/contenido/covid -19-en -mexico-situacion-y-cronologia- del-coronavirus
2 Fuente: Internet. Estadísticas generales. Actualizado el 10/01/21 a las 12:37:47
https://monitoreocovid.lasalle.mx/#mx,us
3 Fuente: Internet. https://covid19.ciga.unam.mx/
4 Fuente: Internet. https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/efectos-economicos-del-coronavir us-covid-19- en-la-economia-de-mexico/
5 El gobierno ha decidido duplicar el peso de los programas de apoyo a grupos sociales desplegados, ha adelantado el pago de aportaciones futuras y ha puesto en marcha un programa de apoyo a microempresarios con créditos por 25 mil pesos. Se identificaron apoyos económicos que otorgan organismos públicos como el propio Seguro Social, el ISSSTE y el INFONAVIT, a su padrón de beneficiarios o afiliados.
6 Fuente: Internet. https://estepais.com/home-slider/una-inmensa-tragedia-llamando-a-la -puerta-de- america-latina/
7 Fuente: Internet. 01sep 2020. https://imco.org.mx/el-otro-informe/
8 Fuente: Internet. https://imco.org.mx/los-efectos-del-covid-19 -en-el-mercado-laboral-mexicano-se-visualizan-en-http-imco-org-mx -monitor-mercado-laboral/
9 Fuente: internet. https://www.marca.com/claromx/trending/coronavirus/2020/12/01/5fc579b24 6163f10a88b45d6.html
Ciudad de México, a 13 de enero de 2021.
Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y sus homólogas locales a implantar acciones para prevenir la deserción escolar, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las entidades federativas a implementar acciones para prevenir la deserción escolar, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La educación es un derecho humano fundamental mediante el cual se promueve la libertad y autonomía personal, generando importantes beneficios para el desarrollo de la sociedad y el de cada individuo, en este sentido, es importante reconocer que tanto la familia como la escuela son ámbitos de experiencias formativas esenciales. Asimismo, representa el acceso formal, sistemático y organizado a la cultura, a la formación cívica, al conocimiento y a la oportunidad de aprender a aprender, siendo la escuela un espacio social de convivencia justa y democrática.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que su inasistencia se asocia con la persistencia de ciertas barreras, tales como la lejanía de los centros educativos de sus comunidades, la falta de docentes capacitados en la lengua materna de los niños y niñas, la falta de registro de nacimiento, la ausencia de maestros capacitados para incluir a niños y niñas con discapacidades o dificultades de aprendizaje, situación de violencia en la escuela así como la falta de equidad de género o la insuficiencia de recursos financieros para la compra de uniformes y materiales escolares. En este contexto, y ante la realidad global en que están inmersos los países, se deben agregar las crisis sanitarias decretadas, en las cuales se establece como medidas preventivas para evitar contagios el aislamiento social. En el informe del organismo internacional denominado How Many Children and Youth People Have Internet Access at Home? , se expresa que ante el cierre de escuelas los estudiantes se han visto obligados a aprender de manera virtual, sin embargo, la brecha digital propicia desigualdad, a nivel mundial dos tercios de los niños de entre 3 y 17 años de edad, mil 300 millones, no tienen conexión a internet en sus hogares.1
Es de vital importancia facilitar el acceso a la educación a los sectores de pobreza y extrema pobreza que no pueden integrar a las instituciones educativas como consecuencia de la deserción2 o atraso escolar. En este rubro, en nuestro país aún persisten retos que requieren una revisión profunda de las políticas educativas y de la organización del sistema. Por tal motivo, resulta fundamental brindar mayor apoyo en materia de reinserción escolar a las niñas, niños y adolescentes en condiciones vulnerables, principalmente a todos aquellos pertenecientes a la población de menores ingresos, las cuales tienen menores posibilidades de acceder a una educación de calidad para concluir de manera satisfactoria sus estudios.
En consecuencia, es necesario disminuir el rezago educativo mediante un modelo articulado que permita a los alumnos incorporarse al desarrollo integral en la educación básica, creando ambientes de aprendizaje aptos para desplegar procesos continuos con acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como el fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento para acceder a ellas en todo el territorio nacional.
En ese escenario, es primordial la intervención pedagógica, como factor clave para brindar una atención educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes que presentan desventajas de desempeño escolar en los niveles básicos, ubicados en contextos desfavorables a fin de lograr una mejora constante en el aprendizaje. Consolidar un sistema de servicios integrales tendientes a garantizar la incorporación de las niñas, niños y adolescentes al sistema educativo y su permanencia en el mismo, identificando a la población en edad escolar que se encuentra fuera del sistema y diagnosticar las necesidades para una adecuada reinserción al sistema educativo.
La deserción escolar es el número de alumnos matriculados que se estima abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar,3 entre los factores que la ocasionan son las bajas calificaciones, la falta de interés por los estudios, la cantidad de números de alumnos que conforman los grupos escolares, la lejanía de la escuela, el matrimonio adolescente, la incorporación a la vida laboral, y la pobreza extrema, etcétera.4
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la deserción escolar es analizada como un problema causado por situaciones socioeconómicas, es decir condiciones de pobreza y marginación, incorporación al mercado laboral a temprana edad, adicciones y consumos de drogas, problemas en el seno familiar, entre otros; así como al bajo rendimiento en el aprendizaje, falta de oportunidades para estudiar, la lejanía de los centros de estudio en diversas comunidades, la insuficiente infraestructura educativa, la escasa convivencia escolar o vinculación entre los padres familia y las autoridades de los centros escolares.5
La deserción escolar es un problema que no sólo conlleva a una cuestión individual sino social, por tal motivo, es de suma importancia el involucramiento conjunto entre escuela, padres de familia, alumnos y gobierno. En México existen 31.9 millones de personas en rezago educativo, de las cuales 5.4 millones no saben leer o escribir; 10.1 millones no ha concluido la primaria y 16.4 millones no terminaron la secundaria. Se estima que para 2025 existirán 34 millones de personas sin concluir su educación básica.
Es trascendental que el gobierno federal junto con los gobiernos de las entidades federativas fortalezcan sus estrategias destinadas a atender las necesidades de las niñas y niños y jóvenes mexicanos, en razón de que, cuando la educación es truncada, a causa de deserción escolar se inicia un conflicto social, con respecto a los jóvenes en ocasiones, estos se ven orillados a incursionar en el mercado laboral sin vislumbrar una idea clara de lo que pasará en el largo plazo. Las consecuencias de abandonar sus estudios, es que enfrentarán problemas para integrarse a un mercado de trabajo calificado y conseguir un ingreso más remunerado, generando con ello pobreza o desigualdades, y su nivel de bienestar social se ve disminuido.
Es conocido que la educación mejora las habilidades de las personas fortaleciendo su funcionamiento en la sociedad y contribuyendo directamente a su bienestar. La inversión en capital humano es requerimiento para un desarrollo sostenible mejorando la eficiencia de muchos países en desarrollo,6 por tal motivo, la inversión en educación es básica para abastecer las necesidades inmediatas en cualquier empresa.
Hoy en día ante las circunstancias que enfrenta el país, se convirtió en un reto superar las diferentes brechas que representa la utilización de un esquema digital, debido a que ocasionó una gran desigualdad entre aquellos que tienen acceso a los diferentes medios digitales y aquellos hogares en donde tener una televisión ni siquiera es posible, aunado a ello, es claro que contar con una televisión o computadora no es suficiente si no se tiene acceso al internet. Otra situación es el desconocimiento de las herramientas digitales y las pérdidas de empleo en diversos senos familiares, provocando un cambio en las prioridades de atención para el sustento familiar ocasionando deserción escolar por tiempo indefinido.
Realizando un recuento del esquema educativo implementado a raíz del decreto por la pandemia Covid-19, en donde diversas actividades se adecuaron a la denominada “nueva normalidad”, con el objetivo de mantener la cuarentena para evitar contagios y con ello, pérdidas de vidas humanas. A fin de prevenir aglomeraciones, las autoridades educativas en coordinación con las sanitarias decidieron en primera instancia concluir el ciclo escolar 2019-2020, a distancia, en el inter del periodo vacacional, las autoridades acordaron mantener el esquema para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, con ello, las actividades educativas se realizan bajo la modalidad virtual, a través de los diversos medios de comunicación como son radio, televisión e internet, estableciéndose que dicho mecanismo de aprendizaje tendrá valor curricular.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo para que los alumnos de los diferentes niveles educativos continúen con sus estudios, la Secretaría de Educación Pública ha expresado que debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, en el ciclo escolar 2019-2020, se registró 10 por ciento de rezago educativo en educación básica y 8 por ciento a nivel superior, representando 2 millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria abandonaron sus estudios, y en educación superior fueron 305 mil 89 alumnos.
Entre los factores que provocaron la deserción escolar además de la pobreza uno de los más significativos fue la violencia intrafamiliar afectando el rendimiento escolar de los estudiantes. Aunado a lo anterior, otro factor ha sido la desigual distribución de la conexión y de los dispositivos digitales, así como la efectividad de estas herramientas con respecto a su conexión, propiciando que los estudiantes al verse imposibilitados de acceder o continuar con sus estudios, opten por abandonarlos. En este sentido es preciso señalar que 44.3 por ciento de la población cuenta con equipo de cómputo en sus hogares, con ello, se desprende que menos de la mitad de los hogares cuentan acceso a los cursos a través del uso de herramientas digitales.
Otra situación que se ha observado ante el uso permanente y cotidiano de las herramientas digitales, es que en algunas ocasiones los docentes han presentado dificultades para la impartición de clases en la modalidad a distancia, por lo que la capacitación permanente y adecuada a los mismos, es el mecanismo adecuado para mitigar los efectos negativos que se pudieran producir en el proceso de enseñanza.
Es necesario que las autoridades educativas diseñen e implementen acciones tendientes a mitigar la deserción escolar7 de los estudiantes de todos los niveles educativos, así como para motivar su permanencia en el ciclo escolar, garantizando el pleno acceso al derecho a la educación plasmado en nuestra Carta Magna. Por ello, es indispensable la articulación de políticas en materia educativa a través de una amplia coordinación entre los distintos niveles de gobierno, con la finalidad de evitar que los estudiantes opten por abandonar su preparación educativa convirtiéndose en blanco fácil de las organizaciones criminales para su reclutamiento.
Es importante señalar que en Plan Nacional de Desarrollo se señala que combatir la deserción escolar es fundamental para la actual administración, ante este postulado es de suma trascendencia que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, diseñen e implementen acciones con el fin de disminuir el índice de deserción escolar causada por el virus SARS CoV2 (Covid-19) a efecto de salvaguardar el derecho a la educación de las niñas y niños, así como de los jóvenes.
La pandemia no sólo impactó a la salud y economía, sino también provocó afectaciones en el ámbito educativo a nivel mundial, debido a que en la mayoría de los países se decretó que los planteles educativos cerraran sus puertas. En el informe de la Organización Naciones Unidas, Education in the time of Covid-19 and beyond , precisa que la pandemia podría provocar un déficit de aprendizaje afectando a más de una generación de estudiantes. Asimismo, señala que se podría afectar el progreso en materia educativa que se había logrado por décadas.8
En tanto, la UNESCO, señala que casi mil 600 millones de alumnos de más de 190 países, 94 por ciento de la población estudiantil del mundo, se verá afectada por el cierre de instituciones educativas. Según proyecciones 24 millones de estudiantes desde el nivel de preescolar hasta el ciclo superior, podrían no volver a la escuela en 2020 como consecuencia de los cierres provocados por la Covid-19. En este sentido, la educación superior podría experimentar los mayores índices de abandono escolar, con una reducción de las matrículas del orden de 3.5 por ciento, representando una pérdida de 7.9 millones de alumnos. Con respecto a la enseñanza a nivel preescolar, previenen una pérdida de 2.8 por ciento, unos 5 millones menos de niños escolarizados. En el nivel primaria, se podrían perder 0.27 por ciento del alumnado y en secundaria 1.48 por ciento; equivaldría a 5.2 millones de niñas y 5.7 millones de niños que abandonarían sus estudios. Este escenario suscita preocupaciones acerca de la erosión de los derechos humanos ahora y después de la crisis.9
Nuestro país no está exento de los efectos y consecuencias de esta grave situación, antes de la crisis sanitaria, 4.1 millones de niños, niñas y adolescentes en edad de cursar prescolar, primaria, secundaria y bachillerato no asistían a la escuela, así como 61 de cada 100 jóvenes en edad de estudiar la universidad. Con respecto al nivel bachillerato, se tenía registro de una deserción de 700 mil jóvenes en promedio por año. En este rubro, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estima que al menos 15.5 por ciento de los estudiantes del nivel medio superior, superior y posgrado no regresarán a clases para el ciclo escolar 2020-2021, representando un millón 431 mil 576 alumnos,10 provocando un retroceso a las condiciones en las que se encontraba el país en 2015.
Con la información dada a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las estimaciones del PNUD, se estima que un total de alrededor de tres millones 956 mil 906 alumnos podrían desertar.11 Este panorama evidencia la urgente necesidad de garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes del país, particularmente, de los grupos más vulnerables.
La educación es uno de los pilares para avanzar hacia sociedades y economías más justas, equitativas, sostenibles e inclusivas, que sean más resilientes frente a contextos de crisis como el que se vive actualmente a nivel global. Por tal motivo, resulta fundamental incrementar la resiliencia de los sistemas educativos con miras al desarrollo justo y sostenible, replanteando la educación dinamizando las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Por ello, es urgente establecer acciones orientadas a evitar la deserción escolar en los diferentes niveles educativos, a causa de la pandemia del Covid-19, y que los niños y jóvenes puedan continuar sus respectivos estudios.
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a los principios de división de poderes y de soberanía, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las entidades federativas a implementar acciones para prevenir la deserción escolar, asimismo aquellas enfocadas a motivar su permanencia en el ciclo escolar 2020-2021, garantizando el pleno acceso al derecho a la educación.
Notas
1 United Nations Children´s Fund and International Telecommunication Union, How Many Children and Youth People Have Internet Access at Home?, Estimating digital connectivity during the COVID-19, pandemic, UNICEF, New York, 2020, disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/How-many-children-and-young-people-h ave-internet-access-at-home-2020_v2%20(1).pdf
2 El análisis de la deserción escolar debe estar enfocado en el sentido de que los estudiantes dejan la escuela sin graduarse, independientemente si regresan o reciben un certificado. Fitzpatrick, K, “The Impact of Policy, School Structure, and Sociodemographic Composition on Statewide High School Dropout Rates”, Journal of Sociology of Education, número 65, 1992, p. 76-93.
3 Instituto para la Evaluación de la Educación, Panorama Educativo 2006, Indicadores del sistema educativo nacional, INEE, México, 2006.
4 Bachman, definen que las deserciones escolares se originan por aquellos estudiantes que interrumpieron su asistencia a la escuela por varias semanas por diferentes razones. Bachman, J., Dropping out: Problem or symptom?, Institute for Social Research University of Michigan, 1971.
5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Deserción escolar: un obstáculo para el logro de los Objetivos del Milenio,” en Panorama social de América Latina 2001-2002, CEPAL, 2002.
6 Bloe, Diasmer, “Development and Human Capital”, Heinz School Review, Vol. 1, lssue 1, 200 l.
7 La deserción escolar es cuando un estudiante que estuvo inscrito en la escuela, la abandona por un largo periodo de tiempo y no se inscribió en otro colegio. Morrow, G., “Standardizing practice in the analysis of school dropouts,” Teacher College Record, número 87, 1986, pp. 342-354.
8 United Nations, Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond, Agosto, 2020, disponible en
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/
sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
9 United Nations, Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond, Agosto, 2020, disponible en
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/
sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf UNESCO-CEPAL, La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19, Agosto 2020, disponible en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374075/PDF/374075spa.pdf.multi
10 ONU-México, Desarrollo Humano y COVID-19 en México. Desafíos para una recuperación sostenible, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2020, disponible en
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Desarrollo%2520Humano%2520y%2520COVID19%2520en%2520Mexico.%2520Final.pdf
11 ONU-México, Desarrollo Humano y COVID-19 en México. Desafíos para una recuperación sostenible, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2020, disponible en
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Desarrollo%2520Humano%2520y%2520COVID19%2520en%2520Mexico.%2520Final.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 enero de 2021.
Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a garantizar por Segalmex el abasto de los alimentos y artículos de primera necesidad para las poblaciones beneficiarias de programas sociales alimentarios, sobre todo en el contexto de la pandemia por Covid-19, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La pobreza y el hambre son dos de las principales amenazas a la seguridad internacional y que aquejan a cientos de países en el mundo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), actualmente, se estima que casi 690 millones de persona pasan hambre en el mundo, cifra que representa al 8,9% de la población mundial.1
Según la FAO, se considera que una persona padece de inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos indispensables para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable, esto se debe principalmente por la falta de disponibilidad de alimentos y/o la falta de recursos para obtenerlos.2
Por lo anterior, uno de los objetivos más importantes a nivel global es alcanzar la seguridad alimentaria. El segundo objetivo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es poner fin al hambre, a todas las formas de malnutrición, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados básicos alimentarios y sus derivados, entre otras metas.3
En México el hambre sigue siendo un grave problema que se agrava con el incremento de la pobreza. Según cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, al menos el 47% de los hogares en el país experimentaron alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias por falta de dinero o recursos, 41% tuvo preocupación porque la comida se terminara, 32% considera que no tuvo una alimentación sana y variada, 14% de los adultos dejaron de realizar alguna comida del día y 12% de los hogares se quedaron sin comida.4
Para hacer frente a este grave problema, la presente administración creó Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objetivo es lograr la autosuficiencia alimentaria, apoyar a los productores agrícolas y lecheros más necesitados para superar las condiciones de pobreza extrema, fomentar el desarrollo económico y social del país, así como para incrementar la productividad y bienestar de las comunidades rurales y de las zonas más necesitadas del país.5
Sin embargo, Segalmex no ha logrado cumplir con ninguno de estos objetivos y ha demostrado su ineficiencia para solventar el problema de seguridad alimentaria. De acuerdo con diversos medios de comunicación, en los primeros días del año se registró un desabasto de leche que afectó a casi 300 mil beneficiarios de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo, posteriormente, el desabasto se extendió a Chiapas, Chihuahua y Sonora.6
Ante esta situación Liconsa, uno de los brazos operativos de Segalmex, aceptó a través de un comunicado el retraso en el abasto de leche, argumentando que se debió a la escasez de bolsas de polietileno para envasar la leche, por lo que se comprometió a resolver dicho problema en 48 horas.
Sin embargo, existen otras versiones sobre el problema de desabasto. Según representantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Liconsa, el problema se debe a que existe un desorden financiero en la empresa paraestatal que ha ocasionado impagos a los productores de leche. Miembros de la Unión Ganadera Regional de Jalisco y de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas han demandado retrasos semanales en sus pagos y reclaman una deuda de más de 40 millones de pesos.7
El desabasto de leche no es un problema reciente, a mediados del año pasado se comenzaron a presentar indicios de carencia de productos lácteos en las unidades de Segalmex-Liconsa. A esto se suma que, según información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en noviembre de 2020, se detectó la desaparición de tres mil millones de pesos en Segalmex, lo que representa casi el 40% de la institución, así como la duplicación de padrones de beneficiarios y falta de información confiable, verás y oportuna sobre el ejercicio del gasto en diversos productos.
Liconsa no es el único organismo que presenta irregularidades, sino también Diconsa, empresa paraestatal que dirige las tiendas de productos básicos en comunidades marginadas. De acuerdo con medios de comunicación, el año pasado realizó una compra de cerca de 7 mil toneladas de maíz blanco a grandes productores por casi 30 millones de pesos, adquisición que, según expertos, era inservible y sospechosa, ya que en ese momento se tenían 450 mil toneladas de producto en almacenes.8
No se cuentan con registros claros sobre los apoyos ni los subsidios destinados a los productores de leche y existe evidencia de un exceso de compra a los grandes productores de lácteos.9
Cabe señalar que, de acuerdo con información de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en 2019, el Gobierno Federal retiró los subsidios a cerca de 500 mil mexicanos en situación de pobreza, se incrementó el precio del litro en 150% y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 municipios más marginados del país que recibían la leche a precios preferenciales. La cobertura alcanzada durante ese año fue la más baja en una década.10
El desabasto de lácteos cobra aún mayor relevancia en el presente contexto de pandemia por Covid-19, ya que, debido a las medidas de confinamiento y la paralización de las actividades económicas para contener la enfermedad, la población más pobre ha sido gravemente afectada y los índices de pobreza han aumentado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la contingencia sanitaria amenaza con elevar los 25.5 millones de personas que padecen hambre en el país. Hasta ahora, cerca del 46% de la población ocupada ha sufrido de la disminución de sus ingresos a causa de la pandemia.11
No podemos permitir que empeoren las condiciones de hambre y pobreza de los mexicanos, sobre todo en estos momentos de crisis económica. La alimentación de millones de mexicanos depende diariamente de los productos de primera necesidad distribuidos por Segalmex-Liconsa en las zonas más vulnerables del país, por lo que el desabasto de éstos puede causar una grave crisis de hambre, siendo los menores de edad los más afectados.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través de Seguridad Alimentaria Mexicana, se garantice el abasto de los alimentos y artículos de primera necesidad para las poblaciones beneficiarias de programas sociales alimentarios, sobre todo en el contexto de la pandemia por Covid-19.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se investiguen las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en Segalmex desde 2020.
Notas
1 Hambre e inseguridad alimentaria, FAO, en:
http://www.fao.org/hunger/es/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20hambre%3F&text=Hoy%20en%20d%C3%
ADa%2C%20se%20estima,hambre%E2%80%9D%20tambi%C3%A9n%20suele%20denominarse%20subalimentaci%C3%B3n.
2 Ibídem.
3 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
4 Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Alimentación, Inforural, en: https://www.inforural.com.mx/estadisticas-a-proposito-del-dia-mundial-d e-la-alimentacion/
5 Segalmex: Productividad agroalimentaria y distribución de alimentos, Liconsa S.A. de C.V., en: https://www.gob.mx/liconsa/articulos/segalmex-productividad-agroaliment aria-y-distribucion-de-alimentos-188609
6 El desabasto de leche se extiende a 6 estados; Liconsa minimiza gravedad, EME EQUIS, en: https://www.m-x.com.mx/al-dia/el-desabasto-de-leche-se-extiende-a-6-est ados-liconsa-minimiza-gravedad
7 El desastre en Segalmex, El Universal, en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-desastre-en-s egalmex
8 El desastre en Segalmex, El Universal, en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-desastre-en-s egalmex
9 Ibídem.
10 En el primer año de AMLO, Liconsa afecta a los más pobres, MCCI, en: https://contralacorrupcion.mx/aumento-precio-leche-liconsa-2020/
11 El Covid-19 amenaza con elevar los 25.5 millones de personas que padecen hambre, Expansión, en: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/10/16/el-covid-19-amenaza-con -elevar-los-25-5-millones-de-personas-que-padecen-hambre
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el día 13 de enero de 2021.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE a reclasificar las tarifas eléctricas; y a la Conagua, a llevar a cabo un estudio sobre las estaciones meteorológicas para obtener la medición de la temperatura exacta en Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a reclasificar las tarifas eléctricas y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a realizar un estudio sobre las estaciones meteorológicas para la obtención de la medición de la temperatura exacta que se presenta en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En materia energética la actual administración está enfocada en garantizar beneficios para la economía del país, mejores oportunidades de desarrollo y condiciones de vida para las mexicanas y mexicanos, especialmente a los grupos y regiones del país más vulnerables. Lamentablemente las políticas de las anteriores administraciones han tenido como resultado aumentos en los cobros por el servicio de energía eléctrica dañando la economía de las familias mexicanas.
Los altos cobros por el servicio de energía eléctrica son considerados un problema social, originando un descontento generalizado que en ocasiones se han traducido en actos de resistencia civil, principalmente en las comunidades rurales, quienes exigen tarifas justas, causando prácticas en donde los ciudadanos decidan “puentear” los medidores de energía para evitar cobros excesivos.
En Veracruz, las altas temperaturas que predominan en sus diversas regiones por sus características geográficas y climatológicas alcanzan los 40 grados centígrados, incidiendo directamente en el consumo de electricidad, en razón a estos escenarios de extremas temperaturas frío-calor, que se presentan en el estado de Veracruz, la población utiliza aparatos electrodomésticos para regular el clima y mantener la conservación de sus alimentos y por tanto, el consumo de energía eléctrica representa un mayor consumo.1
En los últimos años, a consecuencia del calentamiento global, en la entidad federativa se han registrado aumentos considerables en la temperatura en diversas regiones. Según el Reporte del clima en México 2017 , realizado por la Conagua, se manifiesta que las altas temperaturas fueron importantes en el incremento de la superficie nacional con sequía. En este sentido, geográficamente el estado de Veracruz es vulnerable a los impactos del cambio climático y a temperaturas extremas.2
Es del dominio público que la sociedad veracruzana desde hace varios años ha exigido a las autoridades gubernamentales y a la CFE tarifas justas y de bajo costo, asimismo ha levantado la voz para evidenciar los cobros excesivos por el servicio de luz.
En este contexto, es preciso recordarle a la CFE, que el estado de Veracruz, es una entidad productora de energía, cuenta con una planta nucleoeléctrica que genera más de 35 por ciento de la producción de energía para todo el país, criterio suficiente para garantizar a los pobladores tarifas justas, por tal motivo resulta pertinente efectuar un análisis a fin de que el estado de Veracruz, cuente con condiciones tarifarias que tengan como objetivo beneficiar a su población.
Según la CFE, durante 2019, el monto de adeudos asciende a 55 mil millones de pesos, significando un incremento de 22 por ciento, respecto de 2018. 87 por ciento de los adeudos se concentran en ocho entidades: estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Veracruz.3 Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Veracruz alcanza niveles de pobreza del 61.8 por ciento.4
Es oportuno recordar que el 23 de mayo de 2019, el gobierno del estado de Tabasco suscribió convenio de colaboración con la CFE (CFE SSB), a través del cual, se acordó la implementación de mecanismos de colaboración para realizar acciones para controlar y reducir la cartera vencida de los usuarios domésticos por consumo del suministro de energía eléctrica. Dicho acuerdo deriva del programa estatal Adiós a tu Deuda, el cual está encaminado a regularizar la falta de pago del consumo de energía eléctrica. El convenio representó una condonación por 11 millones de pesos, además aplicar la tarifa 1F a los usuarios domésticos del suministro de energía eléctrica.5
Asimismo, es preciso señalar que el 19 marzo de 2020, el gobierno de Campeche y la Comisión Federal de Electricidad, suscribieron acuerdo para reclasificar la tarifa eléctrica 1C a 1F, siendo esta la más baja que cobra la CFE, en los municipios de Palizada, Carmen y Candelaria, y subsidiar en 50 por ciento el consumo doméstico en el resto del estado que vaya del rango de 350 a 800 kilovatio hora (KWh) bimestralmente dependiendo del municipio que corresponda.6 Con este acuerdo se beneficiará a las familias campechanas con la reducción de los cobros de energía eléctrica generando ahorros en su economía.
Es importante resaltar que la situación en Veracruz es que con los reportes realizados por parte de la Conagua, organismo encargado de la medición de las temperaturas a través de sus estaciones meteorológicas, ha conllevado a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esté basándose en los estudios de dicho organismo, siendo éstos contrarios a la realidad climatológica, teniendo como consecuencia que la CFE cobre cuotas demasiado elevadas, esto es debido a que la Conagua toma en cuenta la temperatura ambiente y no así la sensación térmica que es un indicador más real de la intensidad del calor.
Por tal motivo, es trascendental la realización de estudios climáticos para determinar las tarifas eléctricas que estén enfocados en las mediciones de temperatura con estándares e instrumentos de última generación instalados en estaciones y hogares del estado de Veracruz para la obtención de reportes actualizados, con el objetivo de conseguir mediciones reales que se registran al interior de las casas habitación, las cuales requieren de un mayor uso de aire acondicionado, ventiladores y refrigeradores para obtener un grado de confort adecuado para sobrevivir y contrarrestar el clima extremo. Dicha investigación debe considerar la sensación térmica y no la ambiente para definir una clasificación de temperatura debido a las variaciones considerables entre estos criterios.
Es preocupante el ingreso familiar que destina una familia al pago del servicio de luz, en aquellas regiones de temperatura extrema, cuyas tarifas están sujetas a lo señalado en los termómetros empleados por la Conagua para el registro de las temperaturas, los cuales en ocasiones presentan fallas o se ubican en zonas rodeadas por diversos factores que influyen en las mediciones como son árboles o ríos.
A pesar de las acciones emprendidas por la sociedad veracruzana, las mediciones de la temperatura en el estado aún siguen arrojando datos que se apartan de la realidad, por ejemplo en el municipio de Poza Rica, de acuerdo con las mediciones realizadas por la Conagua la temperatura promedio sigue estando por debajo de los 33 grados centígrados (ºC), siendo que en ocasiones se rebasan los 40ºC y la sensación térmica ha sido de alrededor de los 50°C.
Es pertinente hacer énfasis en la necesidad de verificar la ubicación adecuada y el correcto funcionamiento de los termómetros que miden la temperatura con la finalidad de reclasificar las tarifas eléctricas, logrando que las familias veracruzanas paguen menos por este servicio.
Es fundamental solicitar al gobierno federal y a la CFE a que implemente un programa para la regularización de adeudos por consumo de energía eléctrica, así como de otorgamiento de tarifas eléctricas especiales y condonaciones destinado al estado de Veracruz a fin de que sus habitantes puedan acceder a los beneficios de reclasificación de las tarifas eléctricas y condonación de los adeudos.
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a los principios de división de poderes, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el marco de sus respectivas facultades y atribuciones realicen un estudio de viabilidad para considerar la reclasificación de tarifas eléctricas que se aplican en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de que los veracruzanos puedan acceder a tarifas eléctricas justas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a los principios de división de poderes, exhorta a la Comisión Nacional de Agua, a realizar un estudio climático para determinar las tarifas eléctricas en donde se proceda a efectuar un análisis respecto a la ubicación de los equipos instalados y utilizados en las estaciones meteorológicas ubicados en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de determinar si es necesaria su reubicación o se requiere la instalación de nuevos equipos, con el objetivo de garantizar que la medición interprete con mayor exactitud la temperatura basada en la sensación térmica.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a los principios de división de poderes, solicita al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Federal de Electricidad, implemente en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el programa Adiós a tu Deuda.
Notas
1 En el quinto informe denominado “Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático” (IPCC), se advierte un incremento en la frecuencia y la intensidad de los eventos meteorológicos a raíz de los efectos del calentamiento global, en consecuencia las temperaturas de algunas regiones de México, obligan al consumo permanente de la energía eléctrica tanto para la conservación de los alimentos como por la imperiosa necesidad de refrescarse. Disponible en: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml y http://cambioclimaticoglobal.com/
2 Comisión Nacional del Agua, Reporte del Clima en México, Anual 2017, Servicio Meteorológico Nacional, disponible en https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Diagn%C3%B3stic o%20Atmosf%C3%A9rico/Reporte%20del%20Clima%20en%20M%C3%A9xico/Anual2017 .pdf
3 Solís, Arturo, “Adeudos a CFE crecieron 22% durante 2019”, en Forbes México, disponible en https://www.forbes.com.mx/adeudos-a-cfe-se-dispararon-22-durante-2019/
4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de Pobreza y Evaluación 2020 - Veracruz, disponible en
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/
Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Veracruz_2020.pdf
5 Convenio de Colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado de Tabasco (CFE SSB), disponible en
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/public_files/convenios/cfe/
CONVENIO%20DE%20COLABORACI%C3%93N%20Y%20ANEXOS.pdf
6 Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, Apoyo tarifario a consumo, disponible en https://www.campeche.gob.mx/noticias/3541-apoyo-tarifario-a-consumo
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a supervisar en el ámbito de su competencia, ante la saturación de hospitales y la excesiva demanda de oxígeno, la compraventa y el rellenado de tanques para evitar sobreprecios y fraudes y garantizar el abasto a toda la población que lo requiera, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El número de enfermos y muertos a consecuencia de la enfermedad ocasionada por el virus Covid-19 ha aumentado de forma considerable durante los primeros días del presente año, esto como consecuencia de la temporada invernal que se presenta año con año y por la falta de una estrategia integral del Gobierno de México.
De acuerdo con las cifras presentadas por el gobierno federal, al 10 de enero, el coronavirus ha dejado un total de 1,534,039 casos confirmados acumulados y 133,706 defunciones.1
La letalidad del virus continúa en 6%, lo cual quiere decir que, de cada 100 pacientes, 6 mueren por complicaciones de esta enfermedad, pues mientras la aplicación de la vacuna no se generalice al público en general, el virus seguirá siendo un riesgo para la salud de toda la población en general.
Respecto a la ocupación hospitalaria, de acuerdo con lo reportado por la red de camas IRAG (Infección respiratoria Aguda Grave), se reportó una ocupación del 55% en la media nacional en las camas generales, lo que significa que de las 31,267 camas generales que se tienen para personas infectadas, 17,208 están ocupadas y 14,068 disponibles.
Asimismo, son cinco entidades federativas que tienen una ocupación que se encuentra por arriba del 70%, situación que representa un grave riesgo para la población de estos lugares: Ciudad de México tiene una ocupación del 90%, el Estado de México del 82%, Nuevo León 80%, Hidalgo 79% y Guanajuato con 78 por ciento.
En cuanto a las camas con ventilador (con soporte de respiración artificial), se dio a conocer que la ocupación general está al 46%; lo que quiere decir que de las 10,245 camas con ventilador en México, 4,746 están ocupadas y 5,499 disponibles.
Respecto al avance de la jornada de vacunación, la Secretaria de Salud informó que tan sólo el jueves 7 enero se aplicaron 4,444 vacunas, con un acumulado hasta el momento de 58,402 dosis, que comenzaron a aplicarse desde el pasado 24 de diciembre tras el arribo del primer lote de vacunas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
A pesar de que las cifras oficiales señalan que aun no se llega al límite hospitalarios, los trabajadores de la salud aseguran que esas cifras son engañosas y la cruda realidad es que encontrar una cama disponible para quienes la necesitan desesperadamente se ha vuelto una hazaña que a menudo parece imposible.2
Tras las celebraciones decembrinas, esta semana registro la cifra más alta de casos diarios de coronavirus, debido a que las reuniones durante la temporada navideña habrían impulsado la propagación del virus, tan solo en los últimos tres días, las autoridades han reportado más de 1,000 defunciones diarias.
En cuanto al número de defunciones de personal de salud, el país cerró el 2020 con 2 mil 470 que fueron reconocidas por causa relacionadas con el virus SARS – CoV2, lo que lo coloca como uno de los países con más muertes en esta área por Covid- 19.3
Uno de los problemas que se ha agudizado con el pasar de los días durante la pandemia es el sobreprecio de equipos de oxigeno medicinal, así como el relleno de los mismo, pues en ciudades grandes, como los es la Ciudad de México, o en el estado de México la sobredemanda que hay, ha obligado a los comerciantes a encarecer estos insumos, por su poca disponibilidad.
Tan solo el costo del precio del oxígeno medicinal aumentó un 4.5 % de acuerdo a la información proporcionada por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).4
La recarga de cilindro portátil de 682 litros de oxígeno es de 208.00 pesos, mientras que un cilindro grande de 10,000 litros vale la recarga 895.00 pesos, de acuerdo a información proporcionada por la Profeco.
De acuerdo a Grupo Infra, la recarga de oxígeno para un cilindro de 10 mil litros es de 885 pesos, sin embargo, se tiene que realizar un depósito reembolsable de 4 mil pesos, y la renta del equipo tiene un costo de 595 pesos por 30 días, en total un costo de 5 mil 480 pesos.
Mientras que un concentrador de 10 litros tiene un precio que asciende los 10 mil pesos por depósito, aunque cuenta con la ventaja de no requerir recargas, y brinda de forma ilimitada el oxígeno y sólo requiere de energía eléctrica estable para funcionar. La renta por 30 días es de 3 mil 900 pesos y requiere de aditamentos especiales de alto flujo de 335 pesos, en total el gasto es de 14 mil 235 pesos.
La sobre oferta de tanques de oxígeno también ha derivado en una nueva forma de estafa en la supuesta venta o renta en Internet de tanques y concentradores de oxígeno, lo que provoca un daño en el bolsillo de las familias y que también representa un riesgo en la salud de aquellas personas que lo necesitan.
La Policía Cibernética detectó que por medio de páginas apócrifas, sitios de mercado y grupos de ventas en redes sociales, se realizan ofertas de equipos de oxígeno a bajo costo, los cuales podían ser adquiridos con tan solo realizar un pago electrónico; sin embargo, luego del depósito, el vendedor ya no se vuelve a contactar con el posible comprador.
Ante el incremento de contagios es necesario que se supervisen los precios de insumos médicos como los tanques de oxígeno medicinal, así como del rellenado de los mismos con el fin de salvaguardar el patrimonio de la población que requiere de estos instrumentos para atender padecimientos crónicos que son ocasionados por el Covid-19.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que, ante la saturación de hospitales y la sobredemanda de oxígeno, en el ámbito de su competencia supervise la compra y venta de tanques de oxígeno medicinal, así como de su rellenado, con la finalidad de evitar, sobreprecios, posibles fraudes y garantice el abasto para toda la población que lo requiera.
Notas
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/605015/Comunicado_Tecnic o_Diario_COVID-19_2021.01.10.pdf
2 https://www.forbes.com.mx/noticias-hospitales-de-cdmx-totalmente-satura dos-por-aumento-de-casos-covid-19/
3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
una-tercera-parte-del-personal-de-salud-fallecido-por-covid-en-mexico-en-el-anonimato
4 https://www.elsoldezamora.com.mx/local/esto-cuesta-en-promedio-un-tanqu e-de-oxigeno-en-mexico-6213953.html
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de enero de 2021.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a las irregularidades detectadas por la ASF en la Cuenta Pública de Jalisco correspondiente a 2019 e implantar una política de austeridad para evitar mayor endeudamiento en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, Katia Alejandra Castillo Lozano, Francisco Javier Guzmán de la Torre, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, María Teresa López Pérez, Laura Imelda Pérez Segura, Verónica Ramos Cruz y Alberto Villa Villegas, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera por los que se deben regir las entidades federativas y los municipios, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
Asimismo, señala que la administración de los recursos públicos por parte de las entidades federativas, se llevará a cabo bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Por otra parte, la Ley de Coordinación Fiscal establece los criterios para determinar los recursos que la federación entrega a las entidades federativas y municipios, así como las fórmulas para distribuirlos.
Ante este tenor, el Gasto Federalizado aprobado para las entidades federativas y los municipios para el Ejercicio Fiscal de 2019 fue de 1.9 billones de pesos. Mientras que, para el estado de Jalisco, el monto por este concepto fue de 107 mil 314.5 millones de pesos.
Sin embargo, como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2019, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gasto Federalizado del Gobierno del Estado de Jalisco, se determinó un monto total por aclarar de 11 millones 083 mil 701.82 pesos.
Además, el informe de la ASF menciona que el gobierno del estado de Jalisco incurrió en diversas inobservancias de la normativa, principalmente en materia de las leyes de:
• Coordinación Fiscal.
• Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.
• Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento.
• General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Asimismo, incumplió en obligaciones de transparencia e incidió en un posible daño a la Hacienda Pública Federal por el mal manejo de los recursos, tales como:
• El Gobierno del Estado de Jalisco, en específico el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Jalisco, careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.1
• El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (Infejal) no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa Escuelas al Cien.2
• El gobierno del estado de Jalisco no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del Programa Nacional de Inglés, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas.3
• Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre:
? La gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un monto que no coincide con lo reportado como devengado al 31 de diciembre de 2019 por el organismo ejecutor de los recursos del fondo.4
? La gestión del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que la entidad federativa no reportó a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos transferidos de dicho programa.5
- La gestión de los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud (Seguro Popular) y el gobierno del estado de Jalisco.6
• El gobierno del estado de Jalisco careció de mecanismos de control adecuados para garantizar que las transferencias de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),7 así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF),8 se realicen exclusivamente en las cuentas bancarias específicas del fondo, reportadas de manera oficial por éstos.
• Para el caso de la distribución de las Participaciones Federales, la gestión del proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados,9 a saber:
- La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia sobre la actualización, ni publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, de los coeficientes de distribución de 30.0 por ciento del excedente de los recursos del Fondo de Fomento Municipal.10
- Se omitió publicar el calendario de entrega de las participaciones federales, así como la presentación de los porcentajes y montos en términos del anexo II de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.11
- De igual modo, no se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el ajuste definitivo del ejercicio 2018, aplicado al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal, al Fondo de Fiscalización y Recaudación, y al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.12
Segunda. Pese al escenario en comento por parte del gobierno del estado de Jalisco y ante la actual emergencia sanitaria y económica causada por el nuevo virus SARS-CoV-2, el estado de Jalisco ha presentado un incremento en su deuda pública, puesto que el pasado 19 de mayo de 2020, fue presentada la iniciativa de decreto por el ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, y el secretario general de Gobierno, ciudadano Juan Enrique Ibarra Pedroza, por la que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del estado a contratar financiamiento hasta por la cantidad de 6 mil 200 millones de pesos, para destinarlo a la ejecución de un plan de inversión pública productiva integral para la reactivación económica y fomento del empleo en el estado, durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021.13
Al tercer trimestre de 2020, la deuda del estado de Jalisco aumentó 25.11 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
Deuda pública del estado de Jalisco 2016-2020 (millones de pesos).
*Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la página de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como se puede observar, para el gobierno de Jalisco, incrementar la deuda sigue siendo la primera opción antes de instrumentar políticas de austeridad y racionalización del gasto, pese a los diversos incumplimientos de sus obligaciones en materia de transparencia y austeridad, el inadecuado manejo de los recursos públicos y la ausencia de conocimiento en el comportamiento de la recaudación federal participable para determinar si se dan o no las condiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera para incrementar el endeudamiento.
En virtud de ello, es oportuno hacer un llamado para que el gobierno del estado de Jalisco, ejerza un manejo responsable y prudente de sus finanzas públicas, implementando políticas de austeridad, con el propósito de reducir la contratación del empréstito de la deuda pública con apego estricto a la ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la contraloría gubernamental del estado de Jalisco a iniciar una investigación para determinar y fincar las posibles sanciones administrativas, así como presentar las denuncias penales a que haya lugar, en contra de quien o quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, relativas al Gasto Federalizado para dicha entidad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco a implementar una política de disciplina financiera y de austeridad en el manejo de sus finanzas públicas, con el objeto generar ahorros a partir de la reducción y/o eliminación de gastos corrientes innecesarios o excesivos, a fin de evitar un mayor endeudamiento del estado.
Notas
1 Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0864-2020 864-DS-GF, disponible en:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0864_a.pdf
2 Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0853-2020 853-DS-GF, disponible en:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0853_a.pdf
3 Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0861-2020 861-DS-GF, disponible en:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0861_a.pdf
4 Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0855-2020 855-DS-GF, disponible en:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0855_a.pdf
5 Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0860-2020 860-DS-GF, disponible en:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0860_a.pdf
6 Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0868-2020 868-DS-GF, disponible en:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0868_a.pdf
7 Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0585-2020 585-GB-GF, disponible en:
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0585_a.pdf
8 Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0851-2020 851-DS-GF, disponible en: :
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0851_a.pdf
9 Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0850-2020 850-DE-GF, disponible en:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0850_a.pdf
10 Ibídem.
11 Ibídem.
12 Ibídem.
13 Disponible en: https://congresoweb.congresojal.gob.mx/servicios/sistemas/agenda/
Documentos/SistemaIntegral/Estados/111881.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputados:Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Aguascalientes a remitir a esta soberanía un informe detallado sobre el destino de los recursos transferidos por concepto de participaciones federales, derivado de las observaciones formuladas por la ASF en el ejercicio fiscal de 2018, así como para que el órgano de fiscalización realice las acciones conducentes a esclarecer el uso y destino de 2 mil 83.2 millones de pesos pendientes de aclarar por esa administración, a cargo del diputado Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Marco Antonio Andrade Zavala diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera . Las participaciones federales son recursos que la federación transfiere a las entidades federativas, y que las autoridades estatales los ejercen libremente en la producción de bienes y servicios que consideren necesarios.
Segunda. Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de participaciones federales a entidades federativas y al gobierno del estado de Aguascalientes, fueron por 6 mil 715.5 millones de pesos, de los cuales la Auditoría Superior de la Federación revisó en su auditoría número 521-DE-GF, una muestra de 5 mil 733.6 millones de pesos, que representó 85.4% de los recursos transferidos por este concepto.
Tercera. La Auditoría Superior de la Federación observó que, la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes transfirió un monto de 4 mil 136.7 millones de pesos a 41 ejecutores del gasto, de los cuales, 32 reportaron el ejercicio del gasto por un total de 3 mil 138.7 millones de pesos y un saldo sin ejercer por 59.4 millones de pesos y, de 9 ejecutores del gasto, que integran un importe recibido por 938.6 millones de pesos , se desconoce el destino de los recursos, en incumplimiento de los artículos 42 y 70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dicen:
“Artículo 42. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.
El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal”.
“Artículo 70. Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales transferidos:
I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten; ...”
Cuarta. El gobierno del estado de Aguascalientes formalizó un contrato de fideicomiso en conjunto con el gobierno del estado de Jalisco, el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior Occidente, AC, el presidente del Consejo Regulador del Tequila y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes AC, como Fideicomitentes y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Sociedad Nacional de Crédito como Fiduciario, para la construcción y equipamiento de un Batallón de infantería y su Unidad Habitación Militar por 280 millones de pesos, para ser ejecutado por la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que el gobierno del estado de Aguascalientes transfirió 10 millones de pesos correspondientes a los recursos de Participaciones Federales 2018 a dicho Fiduciario, sin presentar la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de dichos recursos, en incumplimiento de los artículos 70, fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, citado en la consideración anterior; 61, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes; 138, y 143, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes:
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.
“Artículo 61. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el Sujeto de la Ley, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros tomando como referencia sólo la tasa que se establezca en la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio que corresponda, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista...”.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.
“Artículo 138. El uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios, debiendo permanecer bajo la responsabilidad de la residencia de supervisión y con acceso a las partes involucradas, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos”.
“Artículo 143. Las estimaciones se deberán entregar con una periodicidad no mayor de quince días naturales en la fecha de corte que fije el Sujeto de la Ley, actuando, a partir de ese momento, de la manera siguiente:
I. El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión los generadores a revisión, junto con el formato de la cédula de seguimiento, dentro de los cuatro días calendario siguientes a la fecha de corte, contando la residencia de supervisión con cinco días hábiles para su autorización a partir de su recepción;
II. ...
III. Ya autorizados los generadores, el contratista deberá entregar a la residencia de supervisión la estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente, tal como croquis, los mismos generadores, reportes de control de calidad y las fotografías representativas del concepto a estimar, dentro de los cuatro días calendario siguientes a la fecha de autorización de los generadores;”
Quinta. La Auditoría Superior de la Federación presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 3.3 millones de pesos , más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de Participaciones Federales 2018, por 46 conceptos con volúmenes de obra pagados que no se localizaron en la verificación física de 10 contratos, y una obra denominada “Mantenimiento y conservación de planteles Educativos del Instituto de Educación de Aguascalientes” por 1.8 millones de pesos; asimismo, por 9 conceptos con volúmenes con mala calidad por 90 mil pesos de dos contratos, y una obra denominada “Mantenimiento y conservación de planteles Educativos del Instituto de Educación de Aguascalientes”; adicionalmente, por cuatro conceptos de obra pagados que no se encuentran operando, por 1.4 millones de pesos, en tres contratos, incumpliendo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en sus artículos 61, párrafo segundo, 62, párrafo segundo y 72, que a la letra establecen:
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.
“Artículo 61. ...
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, tomando como referencia sólo la tasa que se establezca en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes del ejercicio que corresponda, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Sujeto de la Ley”.
“Artículo 62. ...
El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. En los casos en que parte o todo el contrato sea en moneda extranjera se deberá aplicar el mecanismo de ajuste de costos y periodos de revisión establecido desde la convocatoria”.
“Artículo 72. Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses, contados a partir de la firma del acta de entrega -recepción, por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los mismos, los contratistas de obra pública deberán constituir garantía por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de la obra y los contratistas de servicios relacionados con la obra pública lo harán, cuando proceda, hasta por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, de acuerdo a lo fijado en las bases de licitación.
No se deberá formalizar la presente garantía en el caso de los servicios relacionados con la obra pública indicados en el Artículo 2° Fracción XX de la presente Ley, a excepción de los mencionados en los incisos a), b), c), e i) de la Fracción citada.
Para los efectos de este Artículo, los Sujetos de la Ley establecerán las bases, forma y porcentaje a los que deberá sujetarse la garantía que deba constituirse a su favor, la que deberá fijarse de acuerdo a la complejidad, características y magnitud de la obra o servicio relacionado, que en ningún caso podrá ser superior al diez por ciento del monto total ejercido, y que podrá ser la fianza, prenda, hipoteca, documento mercantil o retención directa del 5% del monto total ejercido, para asegurar las obligaciones, precisando el Sujeto de la Ley en las bases de licitación el tipo de garantía a utilizar.
Para la opción de retención directa del 5% del monto ejercido, el Sujeto de la Ley lo aplicará en su totalidad del pago del Finiquito.
Quedarán a salvo los derechos de los Sujetos de la Ley a exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este Artículo.
Cuando se trate de servicios relacionados con la obra pública, el servidor público designado por el titular del sujeto de la Ley y que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo, lo cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo”.
Sexta. Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 17.2 mil pesos , más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones Federales 2018, por la falta de aplicación de penas convencionales de una obra con número de contrato IVSOP-IRE-URB-004-2018, que no se terminó en el tiempo pactado, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, artículos 66, y 71, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, artículo 151, párrafo tercero; y del contrato de obra pública número IVSOP-IRE-URB-004-2018, cláusula vigésima sexta, inciso B.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.
“Artículo 66. Los titulares de los Sujetos de la Ley podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, para lo cual designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y la temporalidad de ésta la que en ningún caso podrá prorrogarse o ser indefinida”.
“Artículo 71. ...
En el supuesto de existir atraso imputable al contratista, la penalización a la obra faltante por ejecutar, que se haga acreedor será preestablecida en el contrato por el Sujeto de la Ley, con base en lo establecido en la fracción VII del Artículo 51 de esta Ley”.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.
“Artículo 151. La fecha a partir de la que comenzarán a correr las penalizaciones, en caso de que el contratista incumpla con las fechas indicadas en el primer párrafo de este Artículo, será a partir de la fecha de terminación convenida y hasta que se tengan por recibidos los trabajos”.
Séptima. Con la revisión de tres expedientes unitarios de obra, seleccionados de la muestra de auditoría competentes al Instituto de Educación de Aguascalientes y al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, se constató la falta de diversa documentación justificativa y comprobatoria de los cuales se realizaron pagos por 8.4 millones de pesos, en incumplimiento de los artículos 61, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes; 138, 143, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes; y 70, fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; todos estos artículos citados en consideraciones anteriores.
Octava. De la revisión de los contratos 207/2018-DIRECTA-SECTUR, 001/2018-PS-SEGGOB y 002/2018-PS-SEGGOB y pedido número 486/18, por 3.8 millones de pesos , para la contratación de servicios de difusión en medios electrónicos a través de publicaciones para promocionar al estado de Aguascalientes como destino turístico, para servicios de asesoría jurídica y para asesoría y mantenimiento en instalación de redes informáticas en las instalaciones de la Secretaría de Administración del Estado, se obtuvo que no presentaron evidencia de la prestación de los servicios establecidos en los contratos, en incumplimiento de los artículos 62, 64, 66 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus municipios; cláusula cuarta de los contratos núm. 001/2018-PS-SEGGOB y No. 002/2018-PS/SEGGOB y cláusula quinta del Contrato núm. 207/2018-DIRECTA-SECTUR, que señalan a la letra:
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.
“Artículo 62. Cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato no imputables a las partes, que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido vigente, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados, atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en dicho contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64, de esta Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.
El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. En los casos en que parte o todo el contrato sea en moneda extranjera se deberá aplicar el mecanismo de ajuste de costos y periodos de revisión establecido desde la convocatoria.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en el Artículo 63 de esta Ley, conforme al cual, invariablemente la dependencia o entidad deberá efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja.
Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la dependencia o entidad.
La dependencia o entidad, dentro de los treinta días naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda.
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No darán lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos”.
“Artículo 64. La aplicación del procedimiento de ajustes de costos a que se refiere el Artículo anterior deberá pactarse en el contrato y se sujetará a lo siguiente:
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al de la junta de aclaraciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último;
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base al índice de precios al productor, actualización de costos de la obra pública difundido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, o la que el Órgano de Control estatal determine, de acuerdo al periodo que corresponda el estudio solicitado.
Cuando los índices que requieran tanto el contratista como el sujeto de la Ley, no se encuentren dentro de los determinados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los sujetos de la Ley procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas estatales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Órgano de Control;
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y de utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta con fundamento en el indicador económico base o líder que establezca el Banco de México, condiciones que no podrán cambiar durante la vigencia del contrato;
IV. La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante un oficio de resolución en el que se acuerde el aumento o reducción correspondiente;
V. El pago del ajuste de costos relativo a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse cuando se trate de incrementos por parte del Sujeto de la Ley a solicitud del contratista, la que deberá ser presentada adjuntando la resolución correspondiente dentro de los veinte días calendario siguientes a dicha resolución; por su parte el sujeto de la ley cubrirá el importe correspondiente según se establece en el Artículo 60 de esta Ley. Una vez transcurrido el plazo establecido, al contratista precluye el pago para el periodo correspondiente.
En caso de reducciones el Sujeto de la Ley elaborará el estudio que las determine, mismas que se harán constar en los términos señalados;
VI. El contratista contará con un plazo máximo de cinco días calendario posteriores a la terminación contractual de la obra asentada en bitácora, para presentar al Sujeto de la Ley, la solicitud y el estudio respectivo para el ajuste de costos del último periodo mensual programado; con base en los relativos de insumos últimos vigentes; a más tardar dentro de los cinco días calendario siguientes el Sujeto de la Ley resolverá por escrito el ajuste respectivo, a fin de que se incluya en el finiquito correspondiente. Una vez concluido el plazo establecido en este párrafo para este proceso, precluye el derecho del contratista para hacer exigible el cobro inherente a dicha solicitud.
Para efectos del párrafo anterior, se solicitará al contratista el estudio completo de ajuste de costos correspondiente a la obra realmente ejecutada incluyendo los volúmenes excedentes y los conceptos extraordinarios calendarizados según fue ejecutada la obra. Este estudio será el definitivo y de acuerdo al resultado del mismo se harán los ajustes estimados con anterioridad por concepto de ajuste de costos, ya sean a la baja o a la alza. El no hacer este estudio no dará derecho al contratista de cobrar el último ajuste de costos de los periodos que queden para el finiquito. La Secretaría en este caso procederá a realizar los ajustes correspondientes sí se estima que este último índice se comporta como decremento.
En caso de que sea decremento, y según se establezca en el Reglamento de esta Ley, el Sujeto de la Ley elaborará el estudio correspondiente y lo aplicará al trámite administrativo del contrato;
VII. A la solicitud de ajuste de costos, el contratista deberá anexar la siguiente documentación que conformará el estudio indicado en la fracción anterior:
a) El programa de ejecución contractual vigente en la fecha de la solicitud;
b) Una tabla que agrupe y compare los insumos en orden alfabético de la explosión global de insumos de la obra faltante por ejecutar según programa convenido, sus correspondientes relativos o índices, considerados para los insumos del contrato y sus ampliaciones desde su origen hasta la fecha de estudio; y
c) Cuando proceda, importe de la obra pendiente de ejecutar reflejado en la explosión global de insumos de la obra faltante por ejecutar según programa convenido; y
VIII. Los demás lineamientos que para el efecto se emitan”.
“Artículo 66. Los titulares de los Sujetos de la Ley podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, para lo cual designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y la temporalidad de ésta la que en ningún caso podrá prorrogarse o ser indefinida”.
Novena. Del mismo modo, la Auditoría Superior de la Federación solicitó al Gobierno del estado de Aguascalientes la aclaración y que se proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,119 millones de pesos , por concepto de falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de facturas, cuenta bancaria y banco) del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales 2018, la cual fue requerida mediante los anexos en materia de obra y adquisiciones, lo que impidió conciliarla con la información financiera emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado.
Derivado de las consideraciones anteriores, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el Gobierno del estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y/o servicios y obra pública; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, que generaron un monto por aclarar de 2 mil 083.2 millones de pesos , que represento 36.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de acciones de tipo Pliego de Observaciones y Solicitud de Aclaración.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Aguascalientes, para que a través de la Secretaría de Finanzas estatal informe a la brevedad a esta Soberanía el destino de los recursos transferidos por concepto de Participaciones Federales, por la cantidad de 2 mil 083.2 millones de pesos pendientes por aclarar, durante la fiscalización de la cuenta pública 2018 realizada por la Auditoría Superior de la Federación y, en caso de que no hayan sido comprometidos o devengados, sean reintegrados inmediatamente a la tesorería de la Federación.
Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que en el ámbito de su competencia y conforme lo establecen las normas jurídicas en la materia, realice las acciones conducentes a efecto de se esclarezca el uso y destino de los 2 mil 083.2 millones de pesos pendientes por aclarar por parte del gobierno del Estado de Aguascalientes, derivado de la fiscalización de la cuenta pública 2018, y en su caso, se lleve a cabo el procedimiento administrativo resarcitorio que corresponda, así como el consecuente deslinde de responsabilidades administrativas y penales.
Dado en Pleno de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021
Diputado Marco Antonio Andrade Zavala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a aplicar el mecanismo de valoración establecido en el artículo 39 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros a la totalidad de aspirantes en el proceso de selección para la admisión en educación básica del ciclo escolar 2020-2021, a efecto de garantizar que la contratación del personal cumpla el perfil profesional necesario, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz Santos, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Se registraron 161, 007 aspirantes a ingresar al sistema educativo nacional para el Ciclo Escolar 2020-2021, quienes están siendo evaluados para ocupar las 45 mil vacantes que se presentan anualmente.
El secretario de Educación Pública reconoció el elevado número de aspirantes para ingresar al sistema educativo nacional, por lo que consideró que el número de lugares que se debe abrir en las Normales debe ser de acuerdo a la demanda de docentes en el futuro, a fin de que los egresados puedan concretar sus aspiraciones.
Señaló que el proceso de admisión inició desde 2019, para el Ciclo 2020-2021. A partir de febrero de 2020, las autoridades educativas de Educación Básica y Media Superior realizaron de manera virtual o, en su caso, de manera presencial, la emisión de la convocatoria, el pre registro y verificación de documentación.
El contador público Francisco Cartas Cabrera, titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, explicó que los siete factores que se toman en cuenta para quienes integrarán la lista de los que ocuparán las plazas son: promedio de carrera, cursos extracurriculares, programa de movilidad, experiencia docente, curso de habilidades docentes para la Nueva Escuela Mexicana, valoración de conocimientos y aptitudes. Una vez cubiertos los siete factores, se determinará la calificación final.
Asimismo, explicó, que las listas que ahora se tienen no son las definitivas, por lo que los maestros que entren lo harán de manera interina hasta el término del Ciclo Escolar. Las plazas y promociones se asignarán de manera permanente cuando se hayan cubierto todos los procesos.1
Por otro lado, el Mtro. Enrique Quiroz Acosta, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP, aseguró que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establece que la admisión al servicio público educativo se realiza a través de procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales.
En el párrafo octavo del artículo tercero constitucional se establece que los procesos de selección en igualdad de condiciones y establecidos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, como a continuación se señala:
Artículo 3o. (...)
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley.
Aunado a lo anterior, en el artículo 39 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, reafirma los establecido en el artículo tercero constitucional, y establece los criterios objetivos que se tomaran en cuenta durante el proceso:
Artículo 39. La admisión al servicio de educación básica que imparta el Estado se realizará mediante procesos anuales de selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales.
Estos procesos apreciarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos y asegurar la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional necesario, de conformidad con los siguientes términos y criterios:
V. Los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta, como parte de este proceso, comprenderán, entre otros:
a) Un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos;
b) La formación docente pedagógica;
c) La acreditación de estudios mínimos de licenciatura;
d) El promedio general de carrera;
e) Los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial;
f) Los programas de movilidad académica;
g) Dominio de una lengua distinta a la propia, o
h) La experiencia docente;
Derivado de lo anterior, es que dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, no pueden existir dos listas de aspirantes. La autoridad educativa debe integrar sólo una lista ordenada de resultados, con la finalidad de garantizar que la contratación del personal cumpla con el perfil profesional necesario.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación a aplicar el mecanismo de valoración, establecido en el artículo 39 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a la totalidad de aspirantes para el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica Ciclo Escolar 2020-2021, con la finalidad de garantizar que la contratación del personal cumpla con el perfil profesional necesario.
Nota
1 Consultado en: https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-216-se-registraron-mas-d e-161-mil-aspirantes-a-ingresar-al-sistema-educativo-nacional-para-el-c iclo-escolar-2020-2021-sep?idiom=es, fecha de consulta 07 de enero de 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2021.
Diputada Flora Tania Cruz Santos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a cubrir los adeudos adquiridos por el programa de escuelas de tiempo completo y emitir las disposiciones pertinentes para cumplir el artículo décimo octavo transitorio del PEF de 2021, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz Santos, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Los programas de extensión de la jornada escolar han cobrado mucha fuerza en las últimas décadas en los países de Latinoamérica. El diseño y la implementación de este tipo de programas presentan variantes entre países, y a veces incluso al interior del país, pero todos se caracterizan por incluir horas adicionales de instrucción obligatoria para los estudiantes. En algunos países, como es el caso de México, en ocasiones vienen acompañados de servicios de alimentación escolar para los estudiantes y las horas adicionales de instrucción se utilizan para complementar las áreas curriculares tradicionales con actividades extracurriculares, como el aprendizaje de danza, música, literatura, lenguas extranjeras, o el desarrollo de habilidades socioemocionales.
Los estudios que miden los impactos sobre el desempeño académico de los estudiantes muestran que los programas de extensión de la jornada escolar inciden, en promedio, en forma positiva, mejorando los aprendizajes medidos a través de pruebas estandarizadas nacionales. Esto se observa en Chile (Valenzuela 2005; García 2006; Bellei 2009; Arzola 2010), Colombia (Bonilla, 2011; Hincapié, 2016), Uruguay (Cerdán-Infantes y Vermeersch, 2007; Llambi, 2013) y México (Cabrera-Hernández 2014, 2015, 2017; Andrade-Baena, G. 2014; Padilla-Romo, M. 2016; Acosta, M., 2017).1
Los programas de extensión de la jornada escolar pueden tener efectos sobre algunos indicadores referentes a la participación laboral de las familias de los estudiantes. La evidencia muestra que las madres de los niños que se benefician de estos programas tienden a incrementar su probabilidad de participar en el mercado laboral en México (Padilla-Romo y Cabrera-Fernández, 2017) y en Chile (Contreras et al., 2016). Entre las madres que recién se incorporan al mercado laboral en México, es común observar que éstas trabajan en un esquema de medio tiempo o por horas, en comparación con las madres que estaban empleadas con anterioridad que laboran en promedio más horas. Estos resultados sugieren que estos programas ayudan a las madres que no están trabajando a entrar al mercado laboral a través de empleos de medio tiempo que, en promedio, terminan traduciéndose en un menor número de horas trabajadas por las madres en general.2
En la Ley General de Educación, en el artículo 9, fracción VIII establece que las autoridades educativas establecerán de forma gradual y progresiva, escuelas con horarios completo en educación básica, como a continuación se señala:
Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:
VIII. Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos;
Es por lo anterior que, dando cumplimiento al artículo aludido, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reserva al Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 para asignar recursos para el programa Escuelas de Tiempo Completo.3 Se aprobaron 5 mil millones de pesos, mismos que se encontrarán dentro del programa La Escuela es Nuestra.
El programa La Escuela es Nuestra, fue creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer la equidad y confianza en la ciudadanía. Durante el 2020 se atendieron 14 mil 627 escuelas de muy alta marginación y 36 mil 262 escuelas de alta marginación, a través de dicho programa.4
En el artículo décimo octavo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se establece que el programa La Escuela es Nuestra incluye los recursos para el programa de Escuelas de Tiempo Completo, como a continuación se menciona:
Décimo Octavo. El programa denominado La Escuela es Nuestra incluye recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los apoyos de las y los docentes que imparten actividades académicas de este programa, en términos de las disposiciones que al efecto se emitan por parte de la Secretaría de Educación Pública.
Dada la importancia que tienen las Escuelas de Tiempo Completo para garantizar la educación de excelencia, aunado a los 3.6 millones de alumnas y alumnos beneficiarios,5 es que se logró el consenso del Pleno de esta Cámara de Diputados, para establecer recursos para el funcionamiento de las Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2021, sin embargo la Secretaría de Educación no ha emitido las disposiciones a las que se refiere el artículo décimo octavo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación a cumplir con los adeudos adquiridos por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo durante el ejercicio fiscal 2020.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación a emitir las disposiciones pertinentes para dar cumplimiento al artículo décimo octavo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.
Notas
1 Consultado en:
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/157301536217801694/pdf/
129769-WP-PUBLIC-SPANISH-EscuelasTiempoCompletoBajaRes.pdf, fecha de consulta 04 de enero de 2021.
2 Consultado en:
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/157301536217801694/pdf/
129769-WP-PUBLIC-SPANISH-EscuelasTiempoCompletoBajaRes.pdf, fecha de consulta 04 de enero de 2021.
3 Consultado en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2020/Noviembre/13/
7687-Aprueba-Pleno-reserva-al-PEF-2021-para-asignar-recursos-por-5-mil-mdp-para-el-programa
-Escuelas-de-Tiempo-Completo, fecha de consulta 04 de enero de 2021.
4 Consultado en: https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-324-evalua-sep-avances-del- programa-la-escuela-es-nuestra?idiom=es, fecha de consulta 05 de enero de 2021.
5 Consultado en: https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-mas-sobre-las-escuelas-de-tiemp o-completo, fecha de consulta 05 de enero de 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2021.
Diputada Flora Tania Cruz Santos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Colima a reforzar las acciones encaminadas a disminuir los índices de violencia en la entidad, suscrita por los diputados Hirepan Maya Martínez y Rosa María Bayardo Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, Hirepan Maya Martínez y Rosa María Bayardo Cabrera, diputado y diputada federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a la consideración de esta asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia e impunidad en el estado de Colima se ha incrementado a pasos agigantados. El estado ha alcanzado la tasa más alta de homicidios dolosos en México: tres veces mayor que la media nacional.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la entidad hay 66.6 víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, por encima de estados como Baja California y Guanajuato.
En conferencia de prensa, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que durante el primer semestre de 2020, Colima se convirtió en la entidad con el mayor número de feminicidios y homicidios dolosos, y en la cuarta en cuanto a delitos de extorsión.
Tan solo el municipio de Manzanillo, indicó el funcionario, destaca como la región con mayor incidencia de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes con 64.5 víctimas entre enero y junio, con lo que supera la tasa de 63.4 asesinatos intencionales reportados durante enero-junio de 2019.
En cuanto a feminicidios, uno de los delitos que más laceran a la sociedad, el crecimiento en el número de casos es preocupante, ya que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020; se cometieron en la entidad 90 asesinatos de mujeres, 78 de ellos clasificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como homicidios dolosos y 12 como feminicidios, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el SESNSP.
Pero no sólo es el estado más violento sino el más impune. Y es que, mediante solicitud de información que presentara un medio de comunicación, la Fiscalía del estado reportó, de enero a julio de 2020, cero carpetas de investigación judicializadas por homicidio doloso y cero personas procesadas por este delito.
No podemos olvidar el cobarde asesinato de nuestra compañera diputada local morenista, Francis Anel Bueno Sánchez, cuyo cuerpo fue encontrado junto con el de otras personas en una fosa clandestina en el municipio de Ixtlahuacán, en junio de 2020.
Tampoco olvidamos que, en junio de ese mismo año, otro asesinato sacudió la entidad, el del abogado Uriel Villegas Ortiz, quien fungía como juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Colima.
Y es que el desinterés del gobierno del estado por reducir el nivel de violencia en la entidad es evidente, así lo han señalado ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, los cuales, incluso, han pedido la renuncia del titular del Poder Ejecutivo estatal.
Es de señalar que, Colima es el tercer estado con mayor número de fosas clandestinas. De acuerdo con un informe sobre búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas a escala nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda, en los primeros 19 meses de la actual Administración Federal se han descubierto mil 143 fosas en el país, de las cuales 130 estaban en territorio colimense, lo que representa 11.37%. En el mismo lapso, se han exhumado mil 682 cuerpos, de los cuales 179 fueron localizados en Colima, lo que representa 10.64%.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Colima, José Ignacio Peralta, a fortalecer la estrategia de seguridad pública de la entidad ante el alarmante incremento de homicidios dolosos, feminicidios y delitos de extorsión en dicha entidad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Colima, a que en el ámbito de su competencia, implemente las acciones necesarias para que los homicidios dolosos, feminicidios y delitos de extorsión que han tenido lugar en la entidad no queden impunes.
Dado en Pleno de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputados:Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Chihuahua a remitir a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones llevadas a cabo para contrarrestar la inseguridad, suscrita por la diputada María Esther Mejía Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, María Esther Mejía Cruz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020 fueron asesinadas en Chihuahua 2 mil 408 personas, como resultado de eventos de alto impacto, según datos estadísticos dados a conocer en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Centro Nacional de Información.
Es decir, en promedio murieron 218 personas cada 30 días, siendo agosto del año pasado el mes más trágico, pues hubo 269 asesinatos: hecho que se traduce como el periodo más violento de la actual administración del gobernador, Javier Corral, y de los últimos 8 años.
En este mismo sentido, la Fiscalía del estado de Chihuahua contabiliza que, de octubre de 2016 al cierre de 2020, diez mil 024 personas han muerto por homicidio doloso.
De acuerdo con el portal Datos Abiertos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de enero a septiembre de 2020, en el estado de Chihuahua se registraron un total de 766 armas de uso exclusivo del ejército. Situación que coloca a dicho estado en el lugar 12 a escala nacional en cuanto al registro de los referidos artefactos. Asimismo, se presentaron en el primer trimestre del año referido, 322 armas de fuego de distintas modalidades.
Además de lo anterior, distintos medios de comunicación, como es el caso del Heraldo de Chihuahua, han señalado que durante el año 2020, la entidad ocupó el cuarto lugar en violaciones sexuales, con un total de 930 casos hasta el 20 de diciembre, de acuerdo con el informe publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En dicho informe, destaca que el promedio de mujeres que son víctimas de violación sexual en Chihuahua oscila entre los 900 y mil casos por año, siendo las niñas y adolescentes el sector más vulnerable.
A este delito también se le suma el de abuso sexual que, de acuerdo con cifras del portal de seguridad en mención, tiene una incidencia aproximada de entre 600 y 700 casos por año. Siendo además que estos delitos y el de hostigamiento sexual están al alza de acuerdo con el comparativo de las cifras que nos ofrece dicha página, por lo que urge una política y acciones contundentes con el fin de frenar estos deleznables actos cometidos en contra de mujeres y niñas.
Es de señalar que, en el último bimestre del año anterior, el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez prohibió a través de su cuenta de Twitter a los funcionarios y personal, viajar a la capital de Chihuahua por un aumento notorio en la actividad criminal.
Dicha sede diplomática recomendó a los funcionarios mantenerse alertas en los alrededores de Chihuahua y estar informados, lo mismo que contactar a las representaciones del gobierno de Estados Unidos en caso de emergencia. Esta alerta de viaje se emitió luego que se registraron decenas de asesinatos en distintos puntos del estado.
Todas estas cifras corresponden a las que son sujetas de contabilización; no obstante, faltaría conocer la cifra negra de delitos, armas y denuncias que, muy posiblemente, multiplicarían las cifras dadas a conocer.
Ya basta, la sociedad chihuahuense reclama seguridad y justicia. Las niñas, las adolescentes y las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, sin miedo y con la certeza de su integridad física y su vida están salvaguardadas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chihuahua Javier Corral, a que remita a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones llevadas a cabo por su gobierno para contrarrestar el ambiente de inseguridad que priva en dicha entidad.
Dado en el pleno de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2021.
Diputada María Esther Mejía Cruz (rúbrica)
Excitativas
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, a emitir el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de la representación plurinominal en el Senado, a cargo del senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Martí Batres Guadarrama, senador integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos; y 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; solicita respetuosamente que se formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, con base a las siguientes
Consideraciones
1. El 12 de septiembre de 2019, presenté ante el pleno del Senado la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de eliminar la representación plurinominal en el Senado; la cual se turnó en esa fecha a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos.
2. El 25 de septiembre de 2019 presenté ante el pleno del Senado la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en materia de disminución de la representación proporcional en la Cámara de Diputados; la cual se turnó en esa fecha a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos.
3. Sin embargo, es oportuno señalar que desde la fecha en que les fueron turnadas las iniciativas de referencia, las Comisiones mencionadas, no han emitido y, en su caso, aprobado los dictámenes correspondientes. Por tal motivo, ha transcurrido en exceso el término que establece la Ley y el Reglamento para tal efecto.
Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente a usted, ciudadana presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, lo siguiente:
Primero. Formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, a efecto de que a la mayor brevedad posible emitan el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de la representación plurinominal en el Senado.
Segundo. Formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, a efecto de que a la mayor brevedad posible emitan el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en materia de disminución de la representación proporcional en la Cámara de Diputados.
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
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