Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5769-XI, miércoles 28 de abril de 2021
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a crear un instrumento destinado a supervisar y evaluar las acciones de los servidores de la nación en cuanto al cumplimiento de su objetivo, las capacidades laborales para desempeñarlas, el destino de los recursos materiales, el cumplimiento de la población meta, el condicionamiento en el otorgamiento del servicio, la responsabilidad social y, en general, la calidad en la atención, a cargo de la diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Maribel Aguilera Cháirez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes
Consideraciones
El gobierno de México, bajo la actual presidencia de Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha desde el inicio de su administración una serie de programas sociales para que grupos de diferentes sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad pudieran mejorar sus condiciones de vida. Para desplegar dichas acciones, se contrató a personal con vocación de servicio a quienes se les denominó “Servidores de la Nación” y forman parte de la plantilla de funcionarios de la Secretaría del Bienestar. El objetivo de estos servidores públicos es recorrer el país para llevar los beneficios del gobierno federal hasta la puerta de los ciudadanos.
Como parte de sus actividades legislativas, durante los recorridos que realiza la diputada Maribel Aguilera Cháirez en el Distrito 03, en el estado de Durango, para recoger las necesidades de la gente, se ha podido percatar en voz de los ciudadanos de que se obstaculiza el acceso a los programas sociales ya sea porque las personas no pueden desplazarse a las oficinas por impedimentos físicos; porque no existe criterio de los Servidores de la Nación para tomar decisiones en cuanto a los requisitos o los brindan de manera incompleta; porque se argumenta que no son elegibles a los beneficios cuando las reglas estipulan lo contrario; porque existe discrecionalidad de los beneficiarios, lo que se percibe como discriminación; porque les atienden de una manera prepotente, detienen o condicionan los pagos; y, finalmente, porque asumen que aunque se encuentran en los padrones de beneficiarios alguien diferente a su persona recibe el estipendio, no dan seguimiento a sus solicitudes y quejas, entre otros problemas referidos.
Por este motivo, se estima necesario crear una estrategia que permita evaluar el desempeño de los funcionarios que atienden estos programas de manera permanente, que su permanencia en el puesto sea relacional al cumplimiento de los objetivos para los cuales fue contratado, y que además cuenten con las habilidades sociocognitivas indispensables para una labor que requiere conocimiento de los derechos humanos y un muy alto sentido social.
Sabemos que existen diversos factores que pueden intervenir en la valoración que hacen las personas de la atención que reciben de los funcionarios públicos antes referidos, y en ese tenor es que se considera necesario disminuir percepciones y objetivar su actuar a través de un mecanismo evaluatorio que además permitirá mayor credibilidad en cuanto al cumplimiento y eficacia de los programas sociales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Bienestar a que considere la creación de un mecanismo para la supervisión y evaluación de las acciones de los Servidores de la Nación, en lo que corresponde al cumplimiento del objetivo de dichas posiciones y de las capacidades laborales para ocuparlas, del destino de los recursos materiales, del cumplimiento de la población meta, del condicionamiento para otorgar el servicio, de la responsabilidad social, y en general de la calidad en la atención, de tal suerte que los recursos etiquetados para los programas sociales lleguen en tiempo y forma e incidan en el bienestar de la gente fomentando un mejor nivel de vida.
Dado en el Pleno de la Cámara de Diputados, a 28 de abril de 2021.
Diputada Maribel Aguilera Cháirez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y la Sedena a implantar acciones orientadas a evitar que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas violen derechos humanos, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Alan Jesús Falomir Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, la seguridad pública es una función que el Estado debe brindar con el objetivo de salvaguardar los bienes y derechos de las personas manteniendo el orden y la paz social. La seguridad pública es de suma importancia para el bienestar de una sociedad. Cuando son óptimas las políticas públicas, así como las instituciones encargadas de brindar seguridad se genera que cada individuo pueda realizar sus actividades cotidianas con plena seguridad ya que sabe que su vida, su integridad, su patrimonio y demás bienes jurídicos tutelados se encuentran a salvo. Sin embargo, en el país eso es todavía utópico.
En México, la seguridad pública se comprende de la prevención, investigación y persecución de los delitos que menoscaban los derechos de las personas, estas labores se encuentran a cargo de corporaciones que fueron creadas para ello como las fiscalías y los cuerpos policiales tales como la recién creada Guardia Nacional.
Con la creación de la Guardia Nacional en 2019, y de acuerdo con el decreto publicado el 11 de mayo de 2020 de en el Diario Oficial de la Federación se le confirió a la Fuerza Armada participar en tareas de seguridad pública, justificado esto por la reciente creación de la Guardia Nacional y debido a que aún no se consolida esa institución por completo.
En el decreto se ordena que las Fuerzas Armadas realicen funciones asignadas a la Guardia Nacional, como
• Prevenir la comisión de delitos.
• Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, mantener el orden y la paz social.
• Llevar a cabo detenciones de personas y aseguramiento de bienes relacionados con la comisión de delitos conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia.
• Participar con autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos.
Las Fuerzas Armadas, así como la Guardia Nacional deben basar su actuación en principios básico a los que deben apegarse para su buen funcionamiento, estos principios son eficiencia, honradez, profesionalismo, objetividad, legalidad y respeto a los Derechos Humanos.
El respeto a los derechos humanos hace referencia a que, en todo momento, su actuación debe proteger aquellos derechos fundamentales establecidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales de que México es parte.
La protección de los derechos humanos resulta esencial a fin de que una sociedad pueda tener bienestar y seguridad para realizar sus actividades cotidianas, así como la sujeción a las leyes, pues el objetivo de éstas es regular la vida de las sociedades para evitar así desorden, abusos y, en general, trasgresiones en su esfera jurídica.
Sin embargo, es bien sabido que el ejercito y la marina nacional han trasgredido los principios rectores de su actuar y han infringido las normas, cometiendo violaciones de los derechos humanos de cientos de civiles. Haberle conferido tareas en materia de seguridad pública al ejercito no ha sido del todo una buena decisión, es bien sabido que elementos de las Fuerzas Armadas abusan de sus atribuciones y de su poder cometiendo con ello diversos atropellos y delitos.
Hay preocupación por diversas quejas presentadas por presuntas violaciones de derechos humanos por autoridades federales como la Fuerza Armada y la Guardia Nacional.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2020 se presentaron 350 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional mientras que, desde la creación de la Guardia Nacional, esto en 2019, hasta abril del presente año, se han presentado al menos 424 quejas en contra de actuaciones de dicha institución por presuntamente haber violado derechos de carácter fundamental. Lo que coloca a la Guardia Nacional como la sexta institución con mayor número de quejas presentadas en 2021.1
Un ejemplo de la violación de derechos es el suceso ocurrido el pasado 8 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde un civil resultó herido por elementos de la Guardia Nacional provocándole con la agresión la muerte. Dicho suceso resulta indignante, ya que la autoridad federal no se hace responsable del acto cometido, además de darse a conocer diversas irregularidades, como hacer pasar su actuar como legítima defensa, al supuestamente haber sido atacados por el ahora fallecido. Además, para dar mayor sustento a su versión, sembraron un arma de fuego en el lugar de los hechos, diciendo que pertenecía al hombre a quien abatieron. Sin embargo, dicha versión no ocurrió como los elementos de la Guardia Nacional aseguran.
Luego de esto, ofrecieron a los familiares de la víctima una fuerte suma de dinero como supuesta indemnización y que con ello eviten presentar denuncias ante el Ministerio Público u otras instancias como la CNDH o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo que provoca que no exista un real conocimiento del problema ni una reparación integral del daño como lo señala la Ley General de Víctimas; por tanto, no se adoptan medidas de no repetición y solución de esta situación.
Este caso no ha sido único ni aislado ya que se han reportado más casos similares en los que civiles han muerto en manos del Ejército o la Guardia Nacional y en donde por lo menos, la mitad de los casos no siguen un proceso que permita esclarecer y llegar a la verdad de los hechos, quedando así impunes las muertes y agresiones recibidas.2
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Defensa Nacional a implantar acciones que eviten que se comentan violaciones de derechos humanos por la Guardia Nacional y la Fuerza Armada.
Notas
1 Expansión Política. “La Guardia Nacional suma 424 quejas por actos contra derechos humanos”. Disponible en https://politica.expansion.mx/mexico/2021/04/19/voces-guardia-nacional- suma-424-quejas-actos-contra-derechos-humanos
2 Un millón de pesos para no investigar: la oferta de la Guardia Nacional a víctimas. Disponible en
https://www.animalpolitico.com/2021/04/guardia-nacional- ofrece-millon-pesos-familia-victima/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y diversas autoridades a formular y ejecutar con el gobierno de Tabasco acciones orientadas a garantizar la protección de los pobladores y solventar sus necesidades frente a las inundaciones, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, diputadas federales Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Soraya Pérez Munguía, Diputados Federales Luis Eleusis Córdova Morán, Lenin Nelson Campos Córdova y Brasil Alberto Acosta Peña, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, así como a los titulares de las secretarías y entidades del estado correspondientes, para que actúen, en el marco de sus competencias, junto con el gobierno del estado de tabasco, para formular y ejecutar las acciones que se requieran para asegurar la protección de la población tabasqueña y que solventen sus necesidades frente a las inundaciones.
Antecedentes
Derivado de las devastadoras inundaciones acaecidas en el estado de Tabasco en noviembre de 2007, la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la Cámara de Senadores solicito a diversas de las más importantes instituciones académicas y de investigación del país, que elaboran un informe respecto a las principales causas que generaron las inundaciones en la planicie tabasqueña.1 En el informe, las instituciones participantes, entre las que destacaron, el Instituto Mexicano de Tecnología de agua, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Posgraduados de Chapingo y el Instituto Mexicano del Petróleo, se señaló lo siguiente:
La planicie tabasqueña está sujeta a inundaciones frecuentes. En primer término, debido a que el sistema de ríos de la sierra, cuyo curso pasa por las inmediaciones de Villahermosa, y el río Usumacinta, generan grandes escurrimientos son control. En segundo término, la cuenca proveniente Por del Complejo Hidroeléctrico Grijalva formado por el sistema de presas Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, a pesar de estar controlada con esa infraestructura, genera escurrimientos importantes, que ocasionalmente originan desfogues de las presas.
Por otra parte, en la actualidad, en las inmediaciones de la ciudad, la capacidad de los cauces ha disminuido severamente por diversas causas, y se encuentran asentamientos humanos en zonas de riesgo, incrementando la vulnerabilidad. Destacan en la historia de eventos de inundación anteriores del año 2007, los de 1975, 1990 y 1999. Precisamente, a raíz de la inundación de 1999, se elaboró el Programa Integral de Control de Inundaciones (PICI), integrado por un conjunto de obras de infraestructura de protección, cuya ejecución se encontraba en proceso de construcción a la fecha de las inundaciones recientes en octubre y noviembre de 2007.
En el documento en comento, con carácter de preliminar, se trató de estudiar las principales causas de la inundación, así como de formular recomendaciones que ayudaran a disminuir los riesgos de que sucediera nuevamente, entre esas acciones. Las cusas inmediatas entonces fueron:
1. La mayor vulnerabilidad de las inundaciones debido principalmente a la presencia de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo que además han disminuido la capacidad de los causes.
2. La falta de infraestructura de control de los ríos de la Sierra y Usumacinta, incluido el PICI.
3. La carencia de un mejor sistema de pronóstico y de alertamiento temprano para emitir pronósticos precisos sobre la situación esperada las condiciones hidrometereólógicas imperantes en el golfo de México y zona montañosa de Chiapas, a tiempo real.
4. La falta de un plan integral de manejo de crecientes.
Y, por otro lado, entre las acciones inmediatas de entonces, se establecieron:
1. Revisar y terminar la infraestructura prevista en el Programa Integral de Control de Inundaciones, en particular la estructura de control en el río Carrizal; sin menoscabo de otras obras que se determinen necesarias.
2. Determinar las zonas de la inundación para avenidas con periodo de retorno de al menos 100 años, y realizar las acciones necesarias para relocalizar a la población asentada en estas zonas o, si se realizan obras para protegerlas, asegurar que no disminuya la capacidad necesaria de las cuencas.
3. Construir un sistema de pronóstico de avenida en tiempo real, que incluya redes automatizadas y mejores modelos de pronóstico numérico.
Ahora, a más de 10 años de distancia, el 9 de noviembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural, con lo cual Tabasco pudo acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres, mismo que, cabe señalar, dejó de existir el 31 de diciembre del mismo año, debido a que, como sabemos, el gobierno federal y la bancada mayoritaria en San Lázaro decidieron eliminar. Y que sirvió de apoyo a las poblaciones de Cárdenas, Centro (Villahermosa), Comalcalco, Cunduacán, Jalapa de Méndez, Mascupana y Nacajuca.
No obstante, el problema no ha sido atendido, pese a saber que, desde hace años, pues el análisis histórico así lo demuestra, que el Estado de Tabasco es propenso a estos desastres.
Tal es el caso que fueron miles de tabasqueños que expresaron su inconformidad con el Gobierno Estatal y con la Secretaría de Bienestar al no haber sido censados y que, por tanto, no habían recibido los apoyos prometidos por las diversas dependencias.
Según los quejosos, los recursos que se entregarían de diciembre de 2020 a marzo de 2021 no han llegado, a la fecha, a los pobladores de las demarcaciones afectadas, quienes siguen padeciendo los estragos derivados de la falta de vivienda.
Asimismo, el gobierno federal ha suspendido la entrega de apoyo a los damnificados por la veda electoral y ha pedido paciencia para retomar el programa después de las elecciones del 6 de junio.
Desde 2003 el gobierno del estado, junto con la Comisión Nacional del Agua, implementaron el Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI), mismo que no alcanzó la infraestructura necesaria para funcionar derivado de las severas inundaciones de 2007. Más adelante en 2008, el entonces el gobierno local, junto a la presidencia del presidente Felipe Calderón Hinojosa, presentaron el Plan Hídrico Integral de Tabasco. (PHIT), que fue actualizado más adelante en 2011 y 2012. Este plan contenía tres etapas en las que se desarrollarían diferentes planes para la acción urgente, inmediata, y a largo plazo. No obstante, según informes del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, las obras quedaron, una vez más, inconclusa. Según consta en informes de la Auditoria Superior de la Federación, así como en recomendaciones de la CNDH, el Estado ha sido víctima de la corrupción.
En 2013, con el cambio de gobierno se implementó el Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas y más adelante el programa Hidráulico de Tabasco.
Finalmente, las acciones no han resultado ser suficientes, pues en noviembre del año pasado, la población de Tabasco fue nuevamente afectada por los fenómenos naturales y la incompetencia del Estado para asegurar su patrimonio, salud y vida.
Cabe mencionar que, tras las inundaciones que azotaron al Estado de Tabasco en 2020, el Gobierno Federal anunció que se elaboraría un nuevo plan integral que daría una solución de fondo a las inundaciones en el Estado de Tabasco; mismo que se construiría a partir de los siguientes 3 elementos:
1. La emisión de un decreto presidencial, que obligue al manejo correcto de las presas para evitar que se mantengan a su capacidad máxima durante la temporada de lluvias en la región.
2. El mejoramiento urbano, que contempla recursos para la construcción de infraestructura hidráulica.
3. El incremento en los apoyos para los tabasqueños a través de los programas que trae la Secretaría de Bienestar.
No obstante, dicho programa, a la fecha, no ha sido presentado.
Tomando en cuenta estos antecedentes procedemos a la:
Consideraciones
Nos es urgente, desde esta Soberanía, pronunciarnos como representantes del pueblo, y exigir a las autoridades responsables que se tomen acciones contundentes y efectivas para garantizar la seguridad del pueblo de Tabasco. Según datos preliminares, los afectados por inundaciones alcanzan las 180,000 personas.
Es sorprendente que, pese a que el problema de inundación es conocido por las administraciones estatales y federales, sobra decir que el propio titular del Ejecutivo Federal es originario de Tabasco; pese a que se sabe que por su territorio fluyen dos de los ríos más caudalosos en el país, el Grijalva y el Usumacinta; y pese a saber que es una tercera parte del agua dulce que corre por México, la negligencia gubernamental no haya hecho eco en el problema y sobre todo, no haya, desde el primer día buscado soluciones efectivas
Las soluciones actuales plantean problemas económicos, políticos y morales importantes. Por ejemplo, tras la construcción de la compuerta “El Macayo” existió la posibilidad de bifurcar el cauce o cerrarlo hacía un lado, en este sentido, proteger a la capital, Villahermosa, la ciudad más poblada del Estado o a las comunidades rurales, como se puede suponer, el cauce siempre se ha desviado a las zonas rurales, indígenas y más pobres. No hay una lógica válida, la primera obligación del Estado es buscar la seguridad de todos sus pobladores, y tomar las medidas para cuidar, sobre todo a los más desprotegidos.
Las opciones del Estado mexicano se ven limitadas por la eliminación del FONDEN, y los recortes presupuestales a instituciones encargadas de prevenir estos desastres, como CONAGUA, cuyo presupuesto fue reducido. Las soluciones del gobierno están en el punto crítico, el cambio climático seguirá azotando las zonas más pobres del país, los tabasqueños seguirán siendo víctimas de huracanes y lluvias en tanto no se tomen otras soluciones. La explotación de los recursos naturales de los estados del sur contra la poca planificación en infraestructura encierra no sólo la ya citada corrupción, sino violaciones graves a derechos humanos, a dignidad, salud, vivienda digna, etc.
Aunado a lo anterior, se tiene conocimiento de que el 21 de abril del presente año, el “Comité Ciudadano, por un Nuevo Tabasco Sin Inundaciones” se presentó al Palacio Nacional, para plantearle sus exigencias al presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego, refirieron una petición también a la Cámara de Diputados. En esta se establecen las siguientes consideraciones.
1. Unas de cada tres viviendas de los 17 municipios del Estado, según cifras oficiales, se vieron afectadas severamente por las inundaciones.
2. Según el informe del Coneval 2020, el 53% de la población del estado se encuentra en una situación de pobreza, y ocupa el primer lugar en carencia por acceso a la alimentación.
3. Sólo el 10.4% de la población no es pobre ni se encuentra en situación de vulnerabilidad.
4. El gobierno Federal eliminó los apoyos otorgados por la Secretaría del Bienestar, mismos que consistían en una entrega de 10 mil pesos y enseres domésticos. Con ello se dejó fuera de protección a las familias beneficiadas, además de a las familias que tenían expectativa de recibir el apoyo, pues, a pesar de haber sido censadas y foliadas, aún no se les entregaba.
5. Que decenas de familias no fueron, si quiera, censadas para el programa del punto anterior.
Dentro de las peticiones, los ciudadanos de Tabasco representados por el Comité Ciudadano demandaron la creación de un Plan Hídrico Integral que garantice que la entidad no sufra, nuevamente, daños, muchas veces irreparables, como los acaecidos en 2007 y 2020. En este sentido las peticiones fueron:
1. Que se realice y ejecute sin falta por la federación un plan maestro que comprenda las grandes obras hídricas de protección que se requieren para que no volvamos a vernos afectados, como nos vimos en las inundaciones del año 2007 y 2020.
2. Que se incluya en ese plan maestro las obras de agua potable y drenaje para las colonias y localidades que tienen sistemas obsoletos o que carecen de ellas, así como el moderno equipamiento de todos los cárcamos y la adquisición de equipo de bombeo para desfogar el agua en caso de lluvias severas; asimismo, se incorporen las obras de construcción o reconstrucción de caminos y puentes que la inundación destruyó en diversos puntos de la entidad.
3. Que la Secretaría de Bienestar incluya en los apoyos a todos los tabasqueños que fueron afectados y no fueron censados, además de aquellos que fueron censados y no fueron apoyados por alguna razón.
Las peticiones son justas, se llama al Estado Mexicano ha garantizar una sociedad en la que se haga del agua una fortaleza para los Estados que la poseen, que se ayude a garantizar un uso racional y que su abundancia sea un beneficio y no un riesgo permanente para la gente.
Por tanto, a través de este exhorto solicitamos al titular del Ejecutivo Federal, así como a las Secretarías y entidades del estado correspondientes, que de acuerdo con sus facultades resuelvan la creación de un Plan Hídrico para el Estado de Tabasco.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y fundado, y haciendo nuestras las peticiones de los 52,385 ciudadanos tabasqueños que firmaron las peticiones del Comité ponemos a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, así como a los titulares de las Secretarías y entidades del Estado correspondientes para que, junto con el gobierno del Estado de Tabasco, actúen en el marco de sus competencias a formular y ejecutar de manera inmediata un Plan Hídrico Integral; mismo que deberá comprender las obras hídricas de protección que se requieran para asegurar la protección de la población tabasqueña y solvente sus necesidades frente a las inundaciones.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal a destinar, de acuerdo con su plan de emergencia, los recursos necesarios para salvaguardar la vida y salud de los damnificados, así como a instrumentar los programas de ayuda necesarios para la población damnificada.
Tercero. Se exhorta a los gobiernos federal y estatal para que, en el Plan Hídrico Integral, se incluyan, la construcción de obras de infraestructura que garanticen agua potable y drenaje para las colonias y localidades que tienen sistemas disfuncionales, obsoletos o que carecen de ellos, así como la modernización del equipamiento de todos los cárcamos y de la infraestructura necesaria para desfogar el agua en caso de lluvias severas.
Cuarto. Se exhorta a los Gobierno Federal y Estatal para que, en la construcción de dicho Plan Hídrico Integral, se incluyan las opiniones y participaciones de los legisladores locales y federales de la entidad, así como de especialistas, expertos y miembros de la sociedad civil organizada.
Quinto. Se exhorta a los Gobiernos Federal y Estatal a que se construyan y reconstruyan caminos y puentes que fueron inhabilitados o que quedaron inservibles por las inundaciones.
Nota
1 Informe de las inundaciones de 2007 en el Estado de Tabasco. Diagnostico Preliminar, disponible en:
https://www.imta.gob.mx/gaceta/anteriores/g12-04-2008/in forme-tabasco.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril del 2021
Diputados:Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC, la Guardia Nacional y el gobierno de Tamaulipas a implantar acciones encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana ante los altos índices de violencia registrados, a cargo de la diputada Zoraida Lara Cruz, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, diputada Zoraida Lara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Por décadas, la corrupción y la impunidad han llenado las calles del estado de Tamaulipas de dolor, sangre y violencia. Las tamaulipecas y los tamaulipecos hemos sufrido el embate de los grupos delincuenciales auspiciados por las autoridades que algún día prometieron servir y proteger al pueblo. Esta lamentable situación, ha posicionado a la entidad como uno de los lugares con el mayor índice delincuencial, no sólo a escala nacional, sino también internacional.
En las últimas semanas, hemos sido testigos de bloqueos carreteros, asesinatos, robos y enfrentamientos entre grupos delictivos; situación que ha generado incertidumbre y desconfianza entre las y los ciudadanos con respecto a la capacidad de respuesta por parte de las autoridades responsables de nuestro bienestar.
Hechos como el acontecido el 14 de marzo de 2021, en el que diversas vialidades del municipio de Reynosa resultaron afectadas con bloqueos, tras la instalación de retenes por parte de grupos delictivos en el puente internacional Reynosa-Pharr, que tenían como objetivo despojar de sus automóviles a ciudadanos que circulaban por esa zona, o bien, el lamentable asesinato del candidato a diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, Francisco Gerardo Rocha Chávez, conocido como “el Batata”, son algunos de los hechos que han puesto en tela de juicio a los cuerpos de seguridad del estado y que desgraciadamente han cobrado la vida de ciudadanas y ciudadanos.
De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), durante el primer trimestre de 2021, 1 de cada 4 personas mayores de 18 años se sintió insegura en la ciudad de Tampico; 3 de cada 4 en la ciudad de Reynosa y casi 7 de cada 10 encuestados se sintieron inseguros en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo1 .
Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, ubicó a Tamaulipas en el lugar catorce de los estados con mayor percepción de inseguridad a escala nacional; de tal modo que, Tamaulipas, tiene un índice de percepción de inseguridad de 79.8 por ciento, ubicándose por encima del promedio nacional de 78.6 por ciento. Asimismo, este sondeo ubica a la Secretaria de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional como las autoridades con mayor percepción de confianza y efectividad en Tamaulipas; mientras que la policía de tránsito, policía estatal y los jueces, figuran como las autoridades con mayor percepción de corrupción2 .
En ese mismo sentido de ideas, la policía en nuestro país, ha perdido la confianza de las y los mexicanos por cometer actos en contra de la ciudadanía, como las detenciones arbitrarias, la tortura, tratos crueles e inhumanos, abuso de poder, intimidaciones, detenciones sin orden de aprehensión, agresiones contra migrantes, incomunicación de los detenidos, desaparición forzada, privación de la vida y retención ilegal; todo esto se suma a la ausente capacidad para brindar seguridad y enfrentar la violencia.
Durante más de veinte años, las administraciones de los 3 órdenes de gobierno, han establecido políticas públicas en materia de seguridad que han permitido mejorar las condiciones laborales y la capacitación de los integrantes de las fuerzas policiales. Una de estas políticas es la apuesta por la creación de cuerpos profesionales, modernos y mejor equipados, para combatir de manera efectiva a los grupos de la delincuencia organizada, así como otros focos de violencia en nuestro país.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), de 2019, 26.2 por ciento de las personas se sienten satisfechas con el servicio que brinda la policía en su ciudad; es decir, tres de cada cuatro mexicanos, desconfían o están inconformes con el desempeño de los cuerpos de seguridad y, sólo 25.1 por ciento de la población mantiene la confianza en esta institución; asimismo, una de cada tres personas afirmó que las y los policías de su localidad contribuyen a generar una sensación de seguridad3 .
Desde el año 2016, las autoridades se comprometieron a certificar a sus policías con la entrada en vigor de los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial. No obstante, en la actualidad ninguna de las 32 entidades federativas ha logrado certificar al 100 por ciento de sus elementos policiales; un ejemplo de lo referido es el estado de Tamaulipas que, tan solo cuenta con 31.6 por ciento de sus elementos acreditados4 .
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, párrafo noveno, señala que:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
Por lo anteriormente fundamentado, el Estado mexicano cuenta con la obligación de garantizar los derechos de las y los ciudadanos en materia de seguridad, a través de la implementación de medidas razonables, eficientes y eficaces, que permitan garantizar el respeto a los derechos humanos.
Los altos niveles de incidencia delictiva hacen necesaria la elaboración de una estrategia integral de seguridad pública, que permita la coordinación y colaboración de los distintos niveles de gobierno y de los diversos actores sociales, para promover un cambio en las políticas públicas empleadas. Esto permitirá inhibir nuevas conductas delictivas y establecer una lucha frontal contra la delincuencia e impulsar políticas de prevención del delito que reflejen resultados positivos en el bienestar de las y los tamaulipecos.
La delincuencia es una problemática que se ha venido incrementado en algunos rubros y enfrenta rezagos acumulados; por lo que resulta de vital importancia que las autoridades unan esfuerzos para diseñar e implementar un andamiaje jurídico de gran calado que permita alcanzar el tan anhelado bienestar de las y los mexicanos.
De ahí que, el punto de acuerdo que pongo a consideración de este pleno, tiene por objeto exhortar a diversas autoridades encargadas de la seguridad y de impartir justicia, para que, en el ámbito de sus competencias, implanten acciones urgentes con el fin de garantizar la seguridad de las y los tamaulipecos ante los escandalosos índices de violencia que se han registrado en la entidad.
En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, al titular de la Guardia Nacional, así como al Gobernador del estado de Tamaulipas y a sus titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que, en el ámbito de sus competencias, implementen acciones urgentes con la finalidad de garantizar la seguridad de las y los tamaulipecos, ante los altos índices de violencia que se han registrado en la entidad.
Notas
1 file:///C:/Users/sans_/Downloads/ensu2021_mar_presentacion_ejecutiva.pd f
2 https://www.tamaulipas.gob.mx/sesesp/wp-content/uploads/sites/25/2020/1 2/infografia_envipe-2020.pdf
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_ principales_resultados.pdf
4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/ Hay-estados-con-menos-de-15-de-sus-policias-certificados20191217-0115.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputada Zoraida Lara Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a celebrar con los gobiernos estatales, los ayuntamientos, los organismos de cuenca y el Consejo Consultivo del Agua convenios orientados a mejorar y promover la cultura sobre el recurso; y concertar acciones y acuerdos con usuarios para la conservación, la preservación, la restauración y el uso eficiente del líquido, a cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Ariel Rodríguez Vázquez , diputado federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional señalaron que durante la primera quincena de marzo, en el 83.27 por ciento del territorio nacional se ha registrado algún grado de sequía. Esto debido a que se han registrado 24.8 por ciento menos lluvias en los primeros tres meses del año con respecto a lo habitual.1
Asimismo, es importante señalar que si bien es cierto que se trata de una problemática de carácter nacional, también lo es que la situación es especialmente crítica en el Estado de Guanajuato.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de los 46 municipios que conforman al estado de Guanajuato, en 39 de ellos existe algún grado de sequía. Según el Monitor de Sequía, los municipios de Pénjamo y Abasolo se encuentran dentro de la categoría de “sequía extrema”.2
Asimismo, es preciso señalar que los municipios guanajuatenses de Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Manuel Doblado, Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Moroleón, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria se encuentran dentro de la categoría de “sequía severa”.3
En este tenor, resulta imperante señalar que los municipios del noreste de Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San José Iturbide y Tierra Blanca padecen de “sequía moderada”.4
Del mismo modo, las presas Soledad y Esperanza ya no cuentan con capacidad para extracción del líquido vital pues su nivel de almacenamiento se encuentra por debajo del 15 por ciento. La única presa que puede abastecer a la capital del estado es la presa Mata la cual también tiene un nivel bajo pues sólo cuenta con el 37 por ciento de almacenamiento.5
Por su parte, es de mencionar que los ex delegados federales de la Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Guanajuato, Humberto Navarro de Alva y Victor Hugo Pineda Martínez, refirieron que la situación de sequía en el estado de Guanajuato se está agravando. Asimismo, apuntaron que es urgente que se realice la declaratoria de emergencia puesto que las presas del estado “tienen poco nivel de almacenamiento y eso pone en riesgo tanto la producción de alimentos y los empleos que genera el sector agroindustrial.”6 Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, apuntó que 2020 fue uno de los años más secos en los últimos 20 años del país.7
Efectos económicos causados por la sequía
Las repercusiones de la sequía no son sólo humanas, sino que también, resultan ser económicas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), la sequía fue catalogada como el desastre “más costoso entre 2005 y 2015” en América Latina y el Caribe.8 Según esta misma organización internacional, en esta área geográfica “las pérdidas alcanzaron los 22 mil millones de dólares en un periodo de diez años.”9 A continuación se cita una gráfica elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en la que se comparan las pérdidas económicas generadas por la sequía en Asia, América Latina y el Caribe y África.
Figura 1. Total de producción perdida de 2005 a 2015 en miles de millones de dólares por continentes10
En el ámbito local, de acuerdo con el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato, José Francisco Gutiérrez Michel, la sequía afectó a más de 30 mil hectáreas de siembra en Guanajuato en el ciclo agrícola primavera-verano 2020 y hubo 10 mil hectáreas que fueron consideradas como pérdida total. Esto en virtud de que no hubo cosechas por la sequía.11 De igual forma, el secretario Gutiérrez Michel apuntó que se prepara un apoyo de 20 millones para apoyar el rescate de casi 15 mil hectáreas.
Marco Jurídico
En referencia al marco jurídico, en primer lugar es de resaltar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como un derecho fundamental, el derecho al acceso al agua para consumo personal y doméstico. A la letra el texto constitucional establece lo siguiente:
“Artículo 4o.
(...)
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
(...)”
Asimismo, es preciso apuntar que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Aguas de Nacionales, dentro de las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, se encuentra la celebración de convenios de coordinación con la Federación, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), las entidades federativas y los municipios a fin de que se concrete la descentralización de la gestión de los recursos hídricos.
“Artículo 9. ‘La Comisión’ es un órgano administrativo desconcentrado de ‘la Secretaría’, que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.
‘La Comisión’ tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.
(...)
(...)
Son atribuciones de ‘la Comisión’ en su Nivel Nacional, las siguientes:
(...)
XXV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, el Distrito Federal, estados, y a través de éstos, con los municipios y sus respectivas administraciones públicas, así como de concertación con el sector social y privado, y favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los recursos hídricos en términos de Ley;”12
Por su parte, el artículo 14 Bis de la Ley de Aguas Nacionales refiere que la Comisión Nacional del Agua, de manera conjunta con los estados, el Distrito Federal y así como los municipios promoverá y facilitará la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica. Asimismo, las fracciones IV y V de dicho artículo establecen que se deberá de promover la celebración de convenios para mejorar y promover la cultura del agua así como la conservación, preservación, restauración y el uso eficiente del agua. Textualmente, el artículo 14 Bis de dicho ordenamiento establece lo siguiente:
“Artículo 14 Bis. ‘ La Comisión’, conjuntamente con los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, los organismos de cuenca, los consejos de cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, promoverá y facilitará la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica.
(...)
IV. Celebrará convenios de concertación para mejorar y promover la cultura del agua a nivel nacional con los sectores de la población enunciados en las fracciones anteriores y los medios de comunicación, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo V del Título Sexto de la presente Ley, y
V. Concertará acciones y convenios con los usuarios del agua para la conservación, preservación, restauración y uso eficiente del agua.”13
Por lo anteriormente expuesto, y considerando que las presas del estado de Jalisco sólo tienen entre un 20 por ciento y un 60 por ciento de almacenamiento; que 39 de los 46 municipios del estado de Guanajuato tienen algún grado de sequía; que las presas Soledad y Esperanza en el estado de Guanajuato ya no cuentan con capacidad para extracción del líquido vital pues su nivel de almacenamiento se encuentra por debajo del 15 por ciento y que según la FAO, las pérdidas económicas en América Latina y el Caribe derivadas de la sequía fueron de 22 mil millones de dólares de 2005 a 2015, es que someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua y en el ámbito de sus atribuciones establecidas en el artículo 14 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, celebre convenios de concertación para mejorar y promover la cultura del agua a nivel nacional con los gobiernos estatales, municipales, los organismos de la cuenca y el consejo consultivo del agua así como para que concerte acciones y convenios con usuarios del agua para la conservación, preservación, restauración y uso eficiente de este vital líquido.
Notas
1 Redacción Sin Embargo. (2021). El 83.2% del territorio de México sufre sequía, alertan. Noroeste. Recuperado de: <https://www.noroeste.com.mx/nacional/el-832-del-territorio-de-mexic o-sufre-sequia-alertan-LA727937>
2 [1] Reyes, O. (2021). Reporta Conagua sequía en 39 de los 46 municipios de Guanajuato. El Sol de León. Recuperado de: <https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reporta-conagua-sequia-en-39-d e-los-46-municipios-de-guanajuato-mexico-falta-agua-6439222.html>
3 Idem
4 Idem
5 [1] Redacción de El Heraldo de León. (2021). Sequía en la Capital. Registran dos presas al 15% de su nivel. El Heraldo de León. Recuperado de: <https://www.heraldoleon.mx/sequia-en-la-capital-registran-dos-presa s-al-15-de-su-nivel/>
6 [1] Reyes, O. (2021). Pide Gobernador de Guanajuato declaratoria de emergencia por sequía. El Sol de México. Recuperado de: <https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/pide-gobernador-de-guanaju ato-declaratoria-de-emergencia-por-sequia-6429878.html>
7 Idem
8 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2018). 22 mil millones de dólares en diez: el costo de las pérdidas agrícolas por desastres en América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.Recuperado de: <http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1112330/#:~:text=Tant o%20en%20%C3%81frica%20como%20en,respectivamente%2C%20entre%202005%20y% 202015.>
9 Idem
10 Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). 2017 The impact of disasters and crises on agriculture and food security. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Recuperado de:
<http://www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf>
11 [1] Reyes, O. (2021). Pega Sequía a 30 mil hectáreas. El Sol de León. Recuperado de: <https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pega-sequia-a-30-mil-hectareas -desarrollo-agroalimentario-y-rural-lluvia-sequia-6444983.html>
12 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020). Ley de Aguas Nacionales. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_060120.pdf>
13 Idem
Referecias
-Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). 2017 The impact of disasters and crises on agriculture and food security. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Recuperado de: <http://www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf>
-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2018). 22 mil millones de dólares en diez: el costo de las pérdidas agrícolas por desastres en América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.Recuperado de: <http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1112330/#:~:text=Tant o por ciento20en por ciento20 por cientoC3 por ciento81frica por ciento20como por ciento20en,respectivamente por ciento2C por ciento20entre por ciento202005 por ciento20y por ciento202015.>
-Redacción de El Heraldo de León. (2021). Sequía en la Capital. Registran dos presas al 15 por ciento de su nivel. El Heraldo de León. Recuperado de: <https://www.heraldoleon.mx/sequia-en-la-capital-registran-dos-presa s-al-15-de-su-nivel/>
-Reyes, O. (2021). Pega Sequía a 30 mil hectáreas. El Sol de León. Recuperado de: <https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pega-sequia-a-30-mil-hectareas -desarrollo-agroalimentario-y-rural-lluvia-sequia-6444983.html>
-Reyes, O. (2021). Pide Gobernador de Guanajuato declaratoria de emergencia por sequía. El Sol de México. Recuperado de: <https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/pide-gobernador-de-guanaju ato-declaratoria-de-emergencia-por-sequia-6429878.html>
-Reyes, O. (2021). Reporta Conagua sequía en 39 de los 46 municipios de Guanajuato. El Sol de León. Recuperado de: <https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reporta-conagua-sequia-en-39-d e-los-46-municipios-de-guanajuato-mexico-falta-agua-6439222.html>
-Redacción Sin Embargo. (2021). El 83.2 por ciento del territorio de México sufre sequía, alertan. Noroeste. Recuperado de: <https://www.noroeste.com.mx/nacional/el-832-del-territorio-de-mexic o-sufre-sequia-alertan-LA727937>
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputado Ariel Rodríguez Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de la Ciudad de México a presentar a esta soberanía la solicitud de juicio de procedencia contra el diputado Benjamín Saúl Huerta por presunto abuso sexual en agravio de un menor de edad, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, III, IV y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El diputado de Morena Benjamín Saúl Huerta fue detenido la mañana del 21 de abril por elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) debido a que un menor de edad lo denunció por intentar abusar de él en un hotel de la Ciudad de México.
De acuerdo con medios locales, los policías lo detuvieron después de recibir una denuncia a través del 911 y acudieron al inmueble donde empleados del hotel lo tenían detenido. Sin embargo, a las pocas horas fue puesto en libertad por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) debido a que cuenta con fuero legislativo.
De acuerdo con información de la FGJCDMX, ésta continuará el desarrollo de la carpeta de investigación que abrió por el delito de abuso sexual y, en caso de encontrar datos de prueba que acrediten la posible comisión del delito, deberá solicitar el juicio de procedencia para buscar su desafuero, en los términos del artículo 111 constitucional y después, ejercer una orden de aprehensión en su contra.
El Universal informó el día de ayer que, de acuerdo con versiones de su bancada, el diputado se encuentra en libertad. También publicó que, gracias al sistema de votación semipresencial, el diputado Benjamín Saúl Huerta pudo votar a distancia. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados
La Constitución nos mandata a todas las autoridades a tener como eje rector de nuestras actividades la protección al interés superior del menor; de ahí que sea necesario que este caso sea investigado y resuelto de la manera más expedita que nos sea posible.
El fuero no puede ser utilizado como una herramienta para entorpecer las diligencias de la autoridad, y menos en una situación en la que se está poniendo en riesgo a una persona menor de edad; y es nuestro deber moral y constitucional, tanto de la Fiscalía, como de la Cámara de Diputados, el garantizar que esto no ocurra. Es así que se exponen las consideraciones jurídicas pertinentes que sostienen la necesidad del presente punto de acuerdo.
En 2016, se llevó a cabo una reforma a la Constitución para modificar el párrafo referente al derecho de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 4°, párrafo noveno vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un principio rector del Estado el interés superior de la niñez:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
De esta reforma se reconoce expresamente que uno de los objetivos del legislador era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por México en materia de protección de los derechos del niño, de manera particular en lo que se refiere al “interés superior de la infancia”.
En este mismo decreto, se adicionó una fracción al artículo 73 de la Constitución, para darle al Legislador General la facultad de expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. La redacción establece que en el ejercicio de dicha facultad deberá “velar en todo momento por el interés superior de los mismos y cumplir con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte”.
En 2014 se expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en ejercicio de la facultad concedida en la fracción XXIX-P del artículo 73. En esta nueva legislación se hace referencia directa al interés superior de la niñez en el artículo 2o.:
“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.”
El artículo 18 establece la obligación de las autoridades de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno con relación a que: “en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio”.
Adicionalmente, el artículo 47 de este ordenamiento de ámbito de aplicación general se tiene que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados, el artículo a la letra señala:
“Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;
...”
Por otro lado, nos encontramos con que el Código Penal para el Distrito Federal tipifica el abuso sexual, específicamente, de la manera siguiente:
“Artículo 176. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a seis años de prisión.
Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad.
Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia.”
El artículo 111 de nuestra Carta Magna establece el proceso que debe seguirse para proceder penalmente en contra de servidores públicos. En este artículo se determina que:
“Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.”
En el caso que nos atañe, es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al ser quien conoció de los hechos probablemente constitutivos de un delito del fuero local, quien debe llevar a la Cámara de Diputados la Solicitud de juicio de procedencia, como lo establece el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que a la letra señala:
“Artículo 25.- Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.”
Sirve como antecedente, la declaración de procedencia declarada en 2019 por esta Cámara en la XLIV legislatura donde a un diputado, al que se le imputaba el homicidio de una persona al arrollarlo con su vehículo; en aquella ocasión, el órgano decisor del juicio de procedencia concedió a la Procuraduría del estado de Hidalgo la petición para poder proceder penalmente en su contra.
El marco de obligaciones internacionales y el conjunto de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuya capacidad vinculatoria se reconoce en la tesis de jurisprudencia de la primera sala con rubro: “jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona.” Que a la letra señala que:
“Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.”
De aquí que resulte especialmente importante la sentencia sobre el fondo del caso Guzmán Albarracín y otras, vs. Ecuador, del 24 de junio de 2020.
En este caso, la Corte condenó a las autoridades de Ecuador, entre otras cuestiones, por la omisión de investigar de la manera adecuada la denuncia de la menor, como se desprende del parárrafo 180 a 182 de la sentencia mencionada:
“180. La Corte ha señalado que el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales.
181. Si bien es cierto que a efectos de analizar el plazo razonable de una investigación y de un procedimiento, en términos generales la Corte debe considerar la duración global de un proceso hasta que se dicte sentencia definitiva177, en ciertas situaciones particulares puede ser pertinente una valoración específica de sus distintas etapas. Este Tribunal ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.
182. En primer término, sobre la complejidad del caso, debe señalarse que ofrece elementos de complejidad la indagación de violencia sexual cuando la víctima no puede brindar su declaración. Más allá de lo anterior, la Corte observa que se trataba de un caso con una sola víctima, que el Estado conoció los hechos poco tiempo después de que se habían producido, lo que facilitaba la recolección de prueba médica útil y de diversos testimonios relevantes. Por ello, este Tribunal entiende que existía un grado medio de complejidad pues, sin perjuicio de la dificultad señalada, el caso no presentaba mayores obstáculos para la indagación efectiva de lo sucedido.”
Así mismo, especifica la necesidad de actuar, aún con más diligencia, en casos que correspondan a personas menores de edad:
“186. En el presente caso, tratándose de una niña víctima de violencia sexual, las autoridades judiciales tendrían que haber obrado con mayor diligencia en el marco de las investigaciones y de los procedimientos judiciales sobre los hechos del presente caso. Lo anterior se debe a que de la celeridad de esas actuaciones judiciales dependía el objetivo primordial del proceso judicial, el cual era investigar y sancionar al responsable de la violencia sexual sufrida por ella, que era un funcionario público, como así también contribuir a que los familiares conocieran la verdad sobre lo ocurrido a Paola y que se pusiera fin a las humillaciones y a los estigmas y prejuicios denigrantes relacionados con ella que seguían afectándolos182 (infra párrafo 189). Ese objetivo no pudo lograrse y el transcurso del tiempo derivó en la prescripción de la acción penal y la consecuente impunidad de los hechos. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que se encuentra suficientemente probado que la prolongación de las investigaciones y del proceso en este caso incidió de manera relevante y cierta en la situación jurídica de los familiares de Paola Guzmán, por cuanto al retrasarse la resolución judicial del caso, se afectó el desarrollo diario de sus vidas, así como la posibilidad de conocer la verdad de lo ocurrido.”
Por último, se considera pertinente exponer la consideración de la Corte Interamericana de como estas acciones de omisión son suficientes para condenar al Estado por una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de investigación y protección judicial:
“187. Por lo dicho, considerando el reconocimiento estatal de falta de diligencia para la aprehensión del Vicerrector y, siendo que no constan acciones sustantivas de investigación desde el 22 de septiembre de 2004 (supra párr. 184), es atribuible a las autoridades estatales la inactividad durante al menos cuatro años de los cerca de seis que duró el proceso. Ello basta para considerar vulnerado el plazo razonable en las actuaciones.”
Es por ello que, de no llevar a cabo las acciones necesarias para la protección y acceso a la justicia del menor de edad, estaríamos incurriendo en una violación de derechos humanos como Estado.
Así mismo, es necesario poner sobre la mesa el penoso tema de la filtración de los audios respecto de este caso. Debemos recordar que nuestro sistema jurídico reconoce en un máximo nivel la protección a la Inviolabilidad de las Comunicaciones, como se desprende la tesis jurisprudencial de la primera sala con rubro: “Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Su ámbito de protección se extiende a los datos almacenados en el teléfono móvil asegurado a una persona detenida y sujeta a investigación por la posible comisión de un delito .” Que respecto de este derecho señala:
“En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para intervenir una comunicación privada se requiere autorización exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, por lo que todas las formas existentes de comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el teléfono móvil en el que se guarda información clasificada como privada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que el ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en tal dispositivo, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video . ....”
Por otro lado, la tesis aislada, también de la primera sala, con rubro menores víctimas del delito. Directrices en la práctica judicial penal, atendiendo a su interés superior . Nos ilustra la sensibilidad y cuidado especial con los que debe tratarse un delito que tiene como víctima a un menor de edad:
“... De acuerdo con las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos, emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dentro de los procedimientos judiciales en que intervengan menores como víctimas, deberán aplicarse las medidas suficientes con el fin de: a) reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias; b) evitar el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso; c) utilizar medios de ayuda para facilitar el testimonio del niño, como lo son los gestos, manierismos o materiales para expresar una situación (v. gr. muñecos, plastilina o dibujos), así como ejercer supervisión y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los niños víctimas sean interrogados con tacto y sensibilidad, para lo cual deben participar personas capacitadas en el trato de menores de edad que logren establecer con mayor facilidad una comunicación efectiva con el infante.”
Es así compañeras y compañeros diputados que los invito a que hagan suya esta proposición para garantizar la protección al interés superior de esta persona menor de edad. En esta LXIV legislatura hemos puesto siempre como prioridad a las personas más vulnerables, no podemos ignorar el deber ético y legal que supone el llevar a cabo todas las acciones en nuestras manos para que se resuelva este caso y se sancione a aquellos que resulten responsables.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que realice las acciones necesarias para cumplir los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, para proceder, sin dilación, a hacer llegar a esta soberanía la solicitud de juicio de procedencia en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta, en términos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que realice las investigaciones procedentes con el fin de identificar y sancionar, en términos de la legislación penal aplicable, a los responsables de la filtración del audio concerniente al caso de abuso sexual que se trata en la presente proposición, con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y demás autoridades en el marco de sus competencias a que realicen todas las acciones concernientes a este caso desde una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de abril de 2021.
Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura, la SFP, la Segob, la Conavim y el Inmujeres a solucionar y sancionar con la mayor brevedad el acoso sexual y la violencia de género en las escuelas dependientes del INBAL y diseñar con éste una política de prevención que garantice los derechos de estudiantes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña , diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 26 de febrero de 2021, estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana, ADM, adscrita al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Inbal, iniciaron un paro indefinido debido a las “continuas prácticas de hostigamiento sexual que realizan docentes dentro de la institución, sin que las autoridades inmediatas asuman su responsabilidad, razón por la cual, el colectivo mujeres organizadas ADM presentaron el pliego petitorio en el que exigían la destitución del director Raymundo Torres Torres, por omisiones y negligencia a las denuncias en contra del personal docente referentes a hostigamiento sexual así como por ejercer violencia psicológica, abuso de poder, nepotismo, conductas machistas, complicidad y minimización de diversas violencias; así mismo solicitan la destitución del cargo de 6 docentes más debido a las denuncias interpuestas por alumnas por los delitos de hostigamiento sexual, violencia y acoso sexual escolar.
A dos meses del paro que iniciaron en la ADM, y otras escuelas como la ENAT, el Inbal anunció las medidas que tomaría para abordar la situación, sin embargo, las y los estudiantes aseguraron que se les respondió con amenazas por la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA). Las autoridades enviaron el “plan de recuperación de aprendizajes”, con el cual se busca que aquellos estudiantes que decidieron no atender a las asignaturas no tengan que recursar todo el ciclo escolar, y también avisaron de destitución de varios docentes.
Es importante mencionar que el pasado 19 de abril de 2021, la Academia de la Danza Mexicana envió una segunda carta dirigida a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, y a la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en el que les solicitaron su intervención para atender los casos documentados de agresiones sexuales y que se traduzcan en iniciativas que sancionen a los responsables con el objeto de que, de manera definitiva, no tengan presencia dentro de las instalaciones educativas; así mismo solicitan se establezcan dentro de las instituciones educativas instancias y procedimientos que permitan la denuncia y en su caso el financiamiento de sanciones inmediatas contra quienes cometan actos de hostigamiento sexual u otras violencias en contra de estudiantes y del personal de las instituciones.
Asimismo, solicitan se faculten a las autoridades de las instituciones y a las instancias superiores para que apoyen directamente las denuncias de estas agresiones ante las entidades penales correspondientes como parte de sus funciones y no como decisión discrecional y ajena, y promover continuamente una cultura de respeto a la convivencia y protección de estudiantes y del personal de las instituciones educativas, como responsabilidad cotidiana de las autoridades de cada institución.
La violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, y su expresión máxima, el feminicidio, no respeta fronteras geográficas, culturales, económicas o edades, y pese al conocimiento de los altos índices de violencia contra ellas, aún no hay acciones efectivas para enfrentarla y por supuesto para erradicarla. Por lo que la nula reacción de las autoridades estatales ante el grave problema de la violencia de género en nuestro país, la forma en la que se investiga y los insuficientes programas de protección para prevenirlos, exhiben un trato discriminatorio para este grupo poblacional. Además, en la mayoría de los casos, el origen humilde de las víctimas genera una discriminación de doble impacto: de género y de clase social.
Desde el Grupo Parlamentario del PRD exhortamos a las autoridades de las competentes con la finalidad de atender la violencia que queja a las mujeres dentro de los centros educativos con la finalidad promover instrumentos jurídicos necesarios para que garantice la implementación efectiva del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con acciones como la emisión de la declaración de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en todos sus espacios de acción, evitando con ello, el aumento de la violencia, dejando de lado las medidas urgentes en prevención, seguridad y justicia que hasta el momento no han sido útiles ya que la violencia en contra de las mujeres no ha cesado en nuestro país.
Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las titulares de las secretarías de Cultura, de la Función Pública y de Gobernación, así como a las titulares de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y del Instituto Nacional de las Mujeres, para solucionar y sancionar a la brevedad, la problemática de acoso sexual y violencia de género en las escuelas dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes y, en coordinación con su titular, diseñar una política de prevención que garantice los derechos de las y los estudiantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE, la FGR, la Fepade, la Fevimtra y la SSPC a garantizar en el presente proceso los derechos político-electorales e integridad física y emocional de las candidatas y aspirantes a cargos de elección popular, mediante el refuerzo de las acciones de prevención de la violencia, investigación de los delitos y sanción contra los responsables, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado
La que suscribe, diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este órgano legislativo la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide que éstas gocen de sus derechos fundamentales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este tipo de violencia se clasifica como “violencia basada en el género”, ya que está motivada por “la estructura de discriminación y la cultura de subordinación y dominio patriarcal” sobre las mujeres por el simple hecho de serlo.
La violencia de género, es una de las violaciones de Derechos Humanos más presentes en el mundo y se manifiesta en diversos ámbitos de la vida social, laboral y política, tanto en escenarios públicos como privados.
La integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Leticia Bonifaz Alfonzo, destacó durante su participación en un seminario del INE y la Facultad de Derecho de la UNAM, que históricamente la afrenta contra las mujeres al intentar participar en la política se debe a que “desde el inicio los derechos políticos correspondieron a los hombres”.1
México forma parte del Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. Como Estado miembro de dichos organismos internacionales, nuestro país ha suscrito un importante número de convenciones internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, en los que destacan la CEDAW, por sus siglas en inglés; la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); adoptando una serie de compromisos que han contribuido significativamente al avance de la igualdad de género.
En 2011, Naciones Unidas reconoció el avance fundamental que representa la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos que llevó a cabo el gobierno mexicano, mediante la cual se elevó a rango constitucional los derechos humanos que se derivan de los tratados internacionales
En consecuencia, el Estado mexicano en los diferentes órdenes de gobierno, debe actuar de manera coordinada en su papel como garante de los principios y modalidades que respondan a la mujer, una plena vivencia de sus derechos fundamentales como persona humana.
A mediados de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma sobre violencia política de género que comprende a diversas leyes en México. La reforma impacta en cinco leyes generales y tres orgánicas, y fundamentalmente se ocupa de definir legalmente qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género, qué conductas deben considerarse como tal, las autoridades competentes para conocer de estos casos, así como las consecuencias legales de esas conductas.2
Si bien es cierto que se han hecho esfuerzos importantes para legislar en materia de discriminación y violencia política en contra de las mujeres, lamentablemente no se ha hecho con la fuerza que se requiere y vemos cómo el fenómeno, lejos de disminuir, crece, y hoy en día la violencia en razón de género se encuentra en niveles exacerbados, particularmente, la violencia política.
El proceso electoral en el país, en el que destaca la disputa de 15 gubernaturas, arrancó con más de 40 denuncias de violencia política por razón de género en 11 estados.3 Del 14 de abril de 2020 al 19 de febrero de 2021, el INE ha recibido quejas o denuncias de diputadas federales (5), senadoras (4), militantes de partido (4) y regidoras (3).4
En ese sentido, de diciembre a enero pasado, 21 personas, entre exalcaldes, presidentes municipales y hasta dirigentes estatales, han sido sancionados. Veracruz es la entidad que más denuncias ha reportado, seguida de Campeche y Quintana Roo.5
Las denuncias han sido por quejas por videos publicados en Facebook, en los que se les denigra, por insultos en eventos públicos, expresiones discriminatorias, amenazas, y tratos humillantes. Una de estas denuncias también alerto haber recibido ataques violentos en su contra.6
Actualmente, hay 30 personas registradas y 25 sancionadas (5 mujeres, 20 hombres), en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.7
Desafortunadamente a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, aumenta también el riesgo de que seamos víctimas de distintas formas de violencia, pues nuestra presencia desafía el status quo y obliga a una redistribución del poder.
Esta violencia, más que acciones individuales o al azar, está arraigada en estructuras sociales y trasciende geografía, edad, estatus socioeconómico y nivel educativo.
Algunos de los casos más sonados y más alarmantes por la gravedad de los hechos, son:
1. El atentado contra la candidata a la alcaldía de Sunuapa, Chiapas, a manos de un grupo armado que irrumpió en su domicilio, el pasado 12 de abril; donde cobardemente golpearon a su hijo menor amagándolo a un árbol y realizaron amenazas de muerte sino abandona la contienda electoral.8
2. El doble homicidio, ocurrido el 12 de febrero y efectuado contra la ex alcaldesa de Cosoleacaque, Veracruz, y su hija de 27 años, quien aspiraba a una alcaldía en el estado.9
Este tipo de hechos, nos laceran no sólo a las mujeres sino a la sociedad en general. La violencia contra las mujeres, en todas sus modalidades, causa estragos físicos y emocionales, y representa una forma de discriminación que impide que podamos ejercer, en igualdad con los hombres, nuestros derechos y libertades fundamentales, cómo son los derechos político-electorales.
Incluso con la aplicación de las cuotas, y la nueva reforma sobre violencia política de género, la participación y representación política de las mujeres se ha visto obstaculizada por el acoso político y las graves violaciones a nuestros derechos.
Nada ni nadie puede estar por encima de los derechos de las mujeres, y las autoridades están obligadas a garantizarnos el libre acceso a los cargos de elección popular y la protección a nuestra integridad física y emocional.
De ahí la urgencia de solicitarle a las autoridades antes mencionadas las siguientes acciones:
1. Brindar atención oportuna a las denuncias interpuestas por candidatas y aspirantes a cargos de elección, con el fin de investigar los hechos de violencia de los que han sido víctimas e identificar a los probables responsables, para garantizar sus derechos políticos, su integridad física y emocional;
2. Abrir un canal de comunicación con la autoridad investigadora, para dar seguimiento a las denuncias interpuestas por nuestras candidatas y aspirantes que han sufrido algún tipo de violencia en este proceso;
3. Contar con una recepción de denuncias y orientación física, telefónica y digital las 24 horas del día durante el desarrollo del presente proceso electoral;
4. Ampliar la cobertura de campañas informativas en donde se den a conocer los números, direcciones y vías, a los cuáles pueden acudir las candidatas y aspirantes que sean víctimas de violencia, y
5. Conocer las autoridades competentes encargadas de dar seguimiento a las denuncias y quejas presentadas, así como las acciones y sanciones previstas para los infractores.
La violencia en contra de las mujeres es un asunto donde sociedad y gobierno, deben trabajar por prevenir y, en su caso, combatir cualquier actividad al respecto. No podemos entender la omisión de esta función, si no como una perversa complicidad de actos antisociales, repudiable bajo cualquier contexto.
El cambio al que aspiramos, solo va a suceder logrando una verdadera concientización, visibilizando que aún existe ese techo de cristal, y porque para las mujeres sigue siendo difícil llegar a ciertos niveles de representación. Cuando tengamos esa claridad tendremos definitivamente otro país, otro México y otras condiciones de igualdad.
Por lo expuesto y fundado, cometo a la consideración de esta honorable legislatura, la citada proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalia Especializada en Delitos Electorales, a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a que en el ambito de sus competenecias garanticen los derechos politico-electorales de las mujeres candidatas y aspirantes a cargos de elección popular durante el presente proceso electoral, asi como su integridad fisica y emocional, mediante el reforzamiento de las acciones de prevención de la violencia, investigación de los delitos y sanción contra los responsables.
Notas
1 https://politica.expansion.mx/elecciones/2021/03/09/7-claves-sobre-la-v iolencia-politica-contra-las-mujeres-en-mexico
2 http://www.fepade.gob.mx/work/models/fepade/difusion/DOF13042020_Decret oViolenciaPolitica.pdf
3 https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/crece-violencia-politi ca-genero-elecciones-2021-casos
4 https://politica.expansion.mx/elecciones/2021/03/09/7-claves-sobre-la-v iolencia-politica-contra-las-mujeres-en-mexico
5 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/21/elecciones-2021-ine-r eporto-mas-de-40-denuncias-y-21-personas-sancionadas-por-violencia-poli tica-de-genero/
6 https://politica.expansion.mx/elecciones/2021/03/09/7-claves-sobre-la-v iolencia-politica-contra-las-mujeres-en-mexico
7 https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sanc ionadas/
8 https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/fuerza-x-mexico-condena-atent ado-contra-su-candidata-gloria-montiel-rubi-en-chiapas
9 https://aristeguinoticias.com/1602/aristegui-en-vivo/enlaces-en-vivo/ma tan-a-ex-diputada-priista-y-a-su-hija-que-aspiraba-a-una-alcaldia-en-ve racruz-video/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN a sobreseer la suspensión provisional concedida a Bayer Monsanto respecto a la distribución de sus productos o, en su caso, resolver con la denegación de dicha medida en sentencia definitiva, a cargo de la diputada Coyolxauhqui Soria Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe Coyolxauhqui Soria Morales, diputada federal por la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en lo siguiente
Consideraciones
Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, la suprema Corte de justicia de la Nación concedió una suspensión provisional a Monsanto, filial de Bayer, para eximirla de la aplicación del Decreto Presidencial que busca eliminar progresivamente el uso de glifosato hasta enero de 2024, así como del maíz genéticamente modificado en la alimentación, y ya no permitir su siembra en México, emitido por el Ejecutivo federal el 31 de diciembre del 2020.
Nos inquieta, sobre todo, que de ratificar su decisión se estaría poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, y la salud del planeta y las personas y sobre todo atentando contra el interés del pueblo de México, el cual es consumidor de maíz, café entre otros productos, atentando contra la biodiversidad de las generaciones presentes y futuras en México, así como contra el derecho constitucional a un ambiente sano y a una alimentación adecuada.
En ese sentido, están la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual señala que ningún alimento contaminado por plaguicidas puede considerarse adecuado.
Es decir que el glifosato está considerado como “probable cancerígeno” por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), de la Organización mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2015.
Es preocupante que en la suspensión no estén considerando estos elementos y que los órganos jurisdiccionales tomaron en cuenta para negar la suspensión y, por el contrario, y sobre todo que a pesar de todos y cada uno de los argumentos que esgrime una empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo pueda tener la aprobación de la Corte en la suspensión definitiva y llevar a cabo la producción del producto.
Por otra parte, se examinaron los considerandos del Decreto, en los cuales se afirma que una de las razones que sustenta su creación es la protección del interés general de la sociedad mexicana en conseguir la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mediante la adopción de prácticas de agricultura sostenible, que se de igual manera, la SCJN, consideró que el otorgamiento de la suspensión atenta contra la preocupación de la población de que se proteja la salud y se prohíba el uso de sustancias nocivas para la salud, como el referido herbicida.
Teniendo en cuenta lo anterior, una de las obligaciones que tiene cualquier órgano jurisdiccional es que las suspensiones de los juicios de amparo que conceda no impliquen un perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público.
En concreto, es decir que no se otorgue esta medida en detrimento de la salud de las personas ni respecto a otros elementos de interés colectivo, como la producción nacional, de lo contrario, se estarían violentando las propias reglas de la suspensión, contenidas en la Ley de Amparo, específicamente en el artículo 128, fracción II en relación con el artículo 129, por otorgarse una suspensión contra el interés público y sobre todo de los habitantes del país.
En este caso, suspender la aplicación del Decreto a Bayer-Monsanto representa una vulneración a la salud de los Mexicanos, pues, el uso de esta sustancia tiene una sólida evidencia científica que respalda el daño a la salud que causa. Numerosas investigaciones han alertado que dicha sustancia química tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales, y como ya se mencionó, ha sido identificada como probable carcinogénico en humanos.
En ese sentido, la protección de la salud, como una cuestión de interés público, obliga a todos y a cada uno de los actores de la SCJN, que emprender las acciones necesarias para atender los problemas de salud que afectan a la sociedad, por lo que la Ley de Amparo obliga a negar esta suspensión.
Así pues, conceder la suspensión a Bayer-Monsanto implica sobre todas las cosas perjudicar el interés social de los habitantes del país, dado que el uso de semillas de maíz transgénico y de glifosato ponen en riesgo la soberanía alimentaria y la salud de la población.
Cabe hacer mención, que el derecho a una alimentación adecuada implica la obligación de mantener los diversos sistemas sociales y culturales, así como preservar los sistemas físicos y biológicos que sirvan de soporte a la vida de los seres humanos, por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben respetarlo.
En ese sentido, consideramos que la suspensión provisional que concedió la Suprema Corte de justicia de la nación a Bayer-Monsanto sin duda alguna prioriza los intereses económicos de una empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo, y por si fuera poco tan solo en Estados Unidos esta empresa ha recibido 18,400 demandas por las afectaciones del glifosato, por lo que resulta sumamente extraño que se haya dado esta suspensión, pero no sin antes pensar que este órgano pueda poner en tela de juicio su garantía de una justicia social.
Respecto al maíz genéticamente modificado, sabemos que esta resolución ha violado el principio precautorio al ser nuestro país el punto clave de origen y diversificación constante del maíz y de cultivos nativos, entre los que se destaca el chile, el frijol, la calabaza, la vainilla, el algodón, el aguacate, el amaranto, el chayote, el cacao y el maguey entre otros.
Por lo que con esta resolución, se podría tener efectos adversos en la suspensión otorgada por un juez contra la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en México en septiembre de 2013, a partir de una demanda colectiva de acción presentada por 20 organizaciones civiles y 53 personalidades.
Es de mencionar que en el sector agrícola, el uso de estas tecnologías transgénicas y del paquete tecnológico asociado, incluyendo al glifosato, están relacionados con la pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria, debido a que la venta de semillas y agrotóxicos aún se encuentra controlada por unas cuantas empresas que son las que toman las decisiones de qué comemos y cómo se produce, que y no la Secretaria del Bienestar la cual sería la responsable de ejecutar este tipo de tecnologías.
Ante estos hechos, se hace un llamado para que en su labor como órgano de justicia considere las acciones al interés común como las alternativas agroecológicas en el campo sin químicos o plaguicidas lesivos como el glifosato, así como la defensa de nuestros maíces nativos con sus 64 razas, miles de variedades que no sólo son parte de nuestra cultura mexicana.
Está suspensión, sin lugar a dudas implica un revés a una medida orientada a la protección de la salud, la alimentación y los derechos culturales, por lo que violenta el interés social, pues existen diversos criterios judiciales como lo es el derecho a la protección a un ambiente sano y a la salud los cuales son motivos suficientes para no conceder la suspensión en el juicio de amparo.
Hasta ahora, de los 10 amparos admitidos que conocemos, en 6 casos la suspensión provisional fue negada, en 2 más, la suspensión definitiva fue negada. Por otro lado, está la resolución del amparo de Versimex, en el que el argumento para negar la suspensión fue el orden público, es decir, resulta improcedente conceder la suspensión solicitada porque de otorgarla, se afectaría el interés general dado que la sociedad está interesada en que se proteja la salud pública y se prohíba el uso de sustancias nocivas. En tanto, el juez Francisco Javier Rebolledo, es el único que ha otorgado la suspensión -por ahora provisional-, con base en argumentos que han sido probados como falsos.
El conceder la suspensión al quejoso el Tribunal Colegiado implican actos positivos susceptibles de ser paralizados mediante la medida cautelar de la suspensión provisional indefinidamente mientras se resuelve la sentencia definitiva.
Toda vez que un problema ambiental específico puede generar afectaciones que actualicen el interés legítimo, en ese sentido la SCJN han generado una violación al derecho a un medio ambiente sano, a conceder a Monsanto-Bayer la suspensión provisional.
Por lo que solicitamos se hace un exhorto a la SCJN a que resuelva conforme a derecho y al medio ambiren con base en los criterios más protectores del interés social y los derechos de las personas y del medio ambiente a no resolver definitivamente a favor de la empresa BAYER MONSANTO .
Finalmente, optar por la agroecología y la agricultura orgánica y regenerativa libres de agrotóxicos son un imperativo internacional, como lo establece el Acuerdo 4 X 1000 de París (2015) en la cumbre climática COP 21 (suscrito por México y más de 100 naciones) para combatir el cambio climático con agricultura orgánica; así como el Segundo Simposium de Agroecología de la FAO celebrado en Roma en 2018 donde gobiernos, instancias internacionales, integrantes del sector científico y académico, comunidades campesinas e indígenas e integrantes de empresas se comprometieron a trascender hacia la agroecología por el fracaso del modelo de agricultura industrial que ha erosionado la tierra, contaminado el agua, dañado al ambiente y afectado la salud de las personas que siembran y consumen alimentos con agroquímicos como el glifosato. Tanto en México como en el mundo, contamos con miles de experiencias agroecológicas exitosas que demuestran que esta vía además de necesaria es factible y eficaz.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La cámara de diputados del h. Congreso de la unión exhorta, respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a efecto de que niegue la suspensión del acto reclamado en sentencia definitiva, en relación a la empresa BAYER MONSANTO, en beneficio de todos los mexicanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que en el ámbito de su competencia, resuelva de manera inmediata el juicio de amparo interpuesto por la empresa BAYER MONSANTO, bajo el principio constitucional de una justicia y pronta expedita, atendiendo el artículo 4 Constitucional.
Dado en el Pleno de la Cámara de Diputados, 28 de abril del 2021
Diputada Coyolxauhqui Soria Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SEP a garantizar la imparcialidad, objetividad y transparencia en la elaboración del contenido de libros de texto gratuitos, a cargo de la diputada Alejandra Soria Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Alejandra Soria Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En días recientes, el presidente López Obrador confirmó la intención del Gobierno Federal de realizar un cambio sustancial en el contenido de los libros de texto gratuitos. El pasado 12 de abril, en conferencia de prensa, el presidente declaró: “Tenemos que regresar a la historia, que es la maestra de la vida, al civismo, a la ética y sí se van a modificar los contenidos. “¿Cómo vamos a nosotros estar enseñando con libros del periodo neoliberal?” Seguido de esta afirmación se confirmó la intención de la Secretaría de Educación Pública de modificar el contenido de los libros de texto para el ciclo escolar 2021-2022.
Los libros de texto gratuitos representan una pieza fundamental en el sistema educativo mexicano. Además de ser un derecho social, son un vehículo que permite el diálogo y la equidad de contenidos en todas las escuelas del país. Para miles de escuelas en el país los libros de texto son la única herramienta didáctica y basan enteramente su docencia en el contenido de los libros. Sin distinción alguna, los libros de texto gratuitos llegan a todas las aulas del país y significan una herramienta indispensable para la comunidad estudiantil que hasta el ciclo escolar pasado sumaba 26.2 millones de alumnos y 1.5 millones de maestros (https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/
principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf).
La convocatoria que lanzó el gobierno federal en 2018 para rediseñar el contenido de los libros, la cual es coordinada por Beatriz Gutiérrez Müller y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), ha hecho especial énfasis en la alteración del contenido histórico y bibliográfico de personajes célebres de la historia de México como Emiliano Zapata o Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con Felipe Arturo Ávila, director del INEHRM, se va a eliminar la versión oficial de la historia en la educación básica, la cual atribuyó a los “teóricos de los oligarcas”. Estas acciones y la narrativa que ha impulsado el gobierno para desacreditar la versión oficial de la historia e impulsar una más cercana a las creencias del actual presidente representan un riesgo inminente para la educación del país.
Los libros de texto gratuitos necesitan tener un contenido objetivo e imparcial, así como alejarse de toda corriente ideológica o esfuerzos por matizar o interpretar la historia según diversas líneas historiográficas. Los alumnos mexicanos deben de tener el derecho a un libro de texto imparcial, el cual narre la historia desde el punto de vista más objetivo y deje de lado toda creencia. El manipular el contenido de los libros de texto gratuitos, que son pieza angular del sistema educativo mexicano, es sinónimo de manipular y adoctrinar a los jóvenes hacia una corriente de pensamiento particular.
No se trata de defender una corriente histórica o decir cuál línea de pensamiento es mejor, sino que se trata de blindar a los libros de texto y a la educación pública de la ideología o corriente de pensamiento del Ejecutivo Federal en turno, cualquiera que sea. El contenido de los libros no debe ser el resultado de pugnas políticas sino el resultado de un proceso académico y pedagógico tanto objetivo, como transparente.
A pesar de que en 2018 la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión de contenidos en la Secretaría de Educación Pública y los titulares de esta institución han manifestado que mil 882 personas elaboran los nuevos contenidos y diseños de los libros de texto, no se han dado a conocer detalles de este proceso o invitado a expertos a participar de forma abierta y transparente. Un proceso tan delicado y transcendental para el futuro del país debe ser el resultado de un proceso integral, en donde participe una gran diversidad de actores y especialistas, no únicamente los que elige y aprueba el gobierno en turno.
En distintas ocasiones, el presidente López Obrador ha manifestado su desprecio a ciertos personajes históricos y hecho evidente la corriente histórica con que comulga. Declaraciones como la del 12 de abril del presente año, cuando sostuvo: “¿Para qué meterse a recordar a Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa y Zapata, el general Lázaro Cárdenas? Eso no, al contrario, hasta financiaban películas para demeritar a nuestros héroes”, dejan ver su visión sesgada y poco objetiva de la historia nacional y su intención por imprimir su propia versión de la historia en la educación pública.
Por esas razones considero de suma importancia que la Cámara de Diputados exhorte al presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Educación Pública a garantizar la imparcialidad y la objetividad en la creación del contenido de libros de texto y construir un proceso transparente donde se tome en cuenta a un amplio espectro de especialistas y expertos en la materia. Como representantes populares, no podemos permitir que se vea a la educación pública como patrimonio de un gobierno y no de la sociedad a que le pertenece.
Se exhorta a los titulares del Ejecutivo y de la Secretaría de Educación Pública a ajustarse a los lineamientos que ellos mismos proponen que deben regir la nueva escuela mexicana. En el documento de la Subsecretaría de Educación Media Superior La nueva escuela mexicana: principios y orientaciones pedagógicas se mencionan dos principios de gran interés para este exhorto. El primero de ellos alude a la honestidad, la responsabilidad social y, de gran relevancia, el sustento de la verdad. La historia no es una arcilla que se pueda moldear a placer ni un arte de libre interpretación. La historia es una disciplina que debe sustentarse en la verdad de los textos y registros históricos; y aunque toda historia es ideológica por naturaleza, no debe ser patológica ni deliberadamente dar la espalda a la verdad por motivos inconfesables. El segundo de estos principios es el compromiso de educar personas que empleen “el pensamiento crítico gestado a partir de análisis, reflexión, diálogo, conciencia histórica, humanismo y argumentación...” ¿Cómo se puede educar personas con pensamiento crítico y conciencia histórica, cuando las bases del currículum académico, que son los libros de texto gratuitos, no están forjadas bajo estos mismos principios y valores? Este exhorto busca el diálogo con los responsables de los contenidos de los libros de texto gratuitos; diálogo que la propia nueva escuela mexicana promueve en sus educandos. ¿O será acaso que esta revolución educativa quedará solo en papel? ¿Acaso será sólo letra muerta?
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, a garantizar la imparcialidad y objetividad en el contenido de los libros de texto gratuitos y crear las condiciones para modificar el contenido de los libros conforme al criterio de transparencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputada Alejandra Soria Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a atender a la población del sur de NL para enfrentar las problemáticas causadas por la sequía extrema en la zona; y a la Sader, a apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por las sequías en la entidad, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Juan Francisco Espinoza Eguia, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Este año, la sequía en México ha afectado gran parte del territorio y a su población. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 84% del territorio sufre de sequía en diferentes intensidades y esto se ha agravado por la falta de lluvias en los últimos meses. Para poder sobrellevar una sequía como la que está azotando a nuestro país, se necesitaría contar con capacidades importantes de agua almacenada en presas, sin embargo, este también es un problema, ya que más de la mitad de las presas están por debajo del 50% de su capacidad y algunas se encuentran por debajo del 25%, debido a la escasez de lluvia en 2020.1
En particular, la sequía ha afectado fuertemente al noroeste y noreste del país, abarcando a los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo león, Sinaloa, Durango y Zacatecas. En Nuevo León, una de las entidades más afectadas, la sequía ha alcanzado a 51 municipios y las presas del estado registran su peor nivel en casi ocho años. En conjunto, las tres presas de Nuevo León registran un 46% de almacenamiento y la Presa Cerro Prieto, la más afectada, registra un 17.5% de llenado.2
En algunas regiones la sequía ha sido muy prolongada, ya que no inició este año, sino en agosto del 2020 y las pocas precipitaciones que se han presentado no son suficientes para hidratar la tierra ni para llenar las presas. Este es el caso del municipio Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Zaragoza y Galeana en Nuevo León.
La sequía por la que están pasando estas entidades ya ha causado graves problemas para los agricultores y productores ganaderos, los cuales han perdido sus cosechas y ganado, al no haber forraje suficiente para alimentar a los animales. El ganado que no ha muerto se encuentra condenado a morir por la falta de alimento, ya que se encuentran en estado de desnutrición.
De acuerdo con el investigador del Centro de la Atmósfera de la UNAM, Benjamín Martínez López, la cantidad de lluvias dependen de un complejo sistema atmosférico y la relación entre los fenómenos del Niño y la Niña. Cuando el agua superficial del Pacífico oriental se enfría, no llueve en el continente, que es lo que precisamente está sucediendo ahora.3
El escenario próximo tampoco es alentador, ya que, aunque se prevé próximamente la llegada de lluvias, la cantidad de agua que pueden traer no sería suficiente para rellenar las presas ni para resarcir los daños que ya ha causado la sequía. Aunado a esto, se calcula que la temporada de huracanes en el Pacífico inicia hasta el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico inicia el 1 de junio, pero por ahora no se prevén precipitaciones importantes.4
Los agricultores y ganaderos ya han solicitado ayuda a las autoridades por la falta de agua. Una petición particular es que se le facilite el acceso a forraje a mejores precios, ya que, como no ha llovido, la hierba del campo no crece y no hay agua suficiente para el ganado, por lo que ya se les han muerto varios animales.
Las sequías por las que está pasando el país ponen en riesgo la fuente de ingresos de millones de familias que dependen de las actividades agrícolas y ganaderas, por lo que resulta necesario generar apoyos que les permitan sobrellevar esta problemática, al menos hasta que llegue la temporada de lluvias, a fin de que puedan salir adelante de esta crisis.
En este sentido, resulta fundamental proveer del agua y alimento necesario para que el ganado no siga muriendo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de está soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, en coordinación con las autoridades locales, se atienda a la población de los municipios de la región sur del estado de Nuevo León a fin de hacer frente a las problemáticas causadas por la sequía extrema que afecta a la región; asimismo, para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural apoye a los agricultores y ganaderos afectados por las sequías que padece Nuevo León.
Notas
1 La sequía que abrasa México, una tragedia predecible y devastadora, El País, en: https://elpais.com/mexico/2021-04-24/la-sequia-que-abrasa-mexico-una-tr agedia-predecible-y-devastadora.html
2 Pega sequía: vacía presas, El Norte, en:
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=
https://www.elnorte.com/pega-sequia-vacia-presas/
ar2170768?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—
3 La sequía que abrasa México, una tragedia predecible y devastadora, El País, en: https://elpais.com/mexico/2021-04-24/la-sequia-que-abrasa-mexico-una-tr agedia-predecible-y-devastadora.html
4 La sequía se agrava en México, Meteored, en: https://www.meteored.mx/noticias/prediccion/la-sequia-se-agrava-en-mexi co-mas-calor-incendios-forestales-falta-de-agua-en-primavera.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los 28 días del mes de abril de 2021.
Diputado Juan Francisco Espinoza Eguia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a analizar la situación de los trabajadores en proceso de jubilación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo se exhorta al titular de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de sus atribuciones analice la situación de los trabajadores en proceso de jubilación de la refinería “Miguel Hidalgo” en Tula de Allende, Hidalgo y para que, en su caso, agilicen los pagos correspondientes que conforme a derecho procedan, bajo las siguientes
Consideraciones
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha distinguido por una política a favor de las trabajadoras y los trabajadores de México. La recuperación del poder adquisitivo del salario es prueba de ello. De 2018 a 2021 pasó de 88.36 a 141.70 pesos, lo que representa un incremento de 60 por ciento en sólo tres años.
Asimismo, durante esta administración se aprobó la Reforma Laboral más importante del último siglo en México porque permite una libre sindicalización y una efectiva democracia sindical, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de mayo de 2019.
De igual forma, el pasado 23 de abril se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las diversas modificaciones que tienen como propósito acabar con la práctica lasciva del outsourcing o subcontratación.
Por otra parte, en la actual administración se han combatido las prácticas corruptas de las burocracias sindicales. En el caso de Petróleos Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, por depósitos de alrededor de 309 millones de pesos.1
Es evidente que este gobierno está combatiendo la corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se heredó de la administración anterior. Dichas prácticas no tienen cabida en la Cuarta Transformación. En este sentido, hace unos días trabajadores en proceso de jubilación de la refinería Miguel Hidalgo” en Tula de Allende, Hidalgo, me contactaron a través de mis redes sociales para solicitar apoyo ante presuntos retrasos en la entrega de los recursos correspondientes a su jubilación.
Los trabajadores señalan que, el pago de jubilación tarda hasta 6 meses. Asimismo, denuncian que no han podido cobrar el pago correspondiente al Sistema de Ahorro para el Retiro. De igual forma, comentan que los pagos de juicios laborales por salarios caídos tardan varios meses.
El Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos en la fracción III del artículo 42 señala que, la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene la atribución de: Supervisar el otorgamiento integral de los servicios y prestaciones al personal activo y jubilado, así como a los beneficiarios post mortem de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
En el Grupo Parlamentario del PT estamos del lado de los trabajadores. Es por ello, que solicitamos sean atendidas las legítimas demandas de los trabajadores en proceso de jubilación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, Hidalgo.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de sus atribuciones analice la situación de los trabajadores en proceso de jubilación de la refinería “Miguel Hidalgo” en Tula de Allende, Hidalgo y para que, en su caso, agilicen los pagos correspondientes que conforme a derecho procedan.
Notas
1 “La UIF tiene dos denuncias contra Romero Deschamps por depósitos por 309 mdp”, Expansión Política <https://politica.expansion.mx/mexico/2021/03/30/la-uif-tiene-do s-denuncias-contra-romero-deschamps-por-depositos-por-309-mdp> Consultado el 26 de abril de 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua, su homóloga del estado de México y los ayuntamientos cuyas demarcaciones colinden a diseñar políticas públicas en materia de conservación, saneamiento y captación de agua pluvial en el acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada federal Ruth Salinas Reyes , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión del Agua de Estado de México y al gobierno de los municipios cuyas demarcaciones colindan con el Acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco, a que en el ámbito de sus competencias, diseñen políticas públicas en materia de conservación, saneamiento y captación de agua pluvial, en el Acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Uno de los problemas más graves que se enfrenta la humanidad entera es el relacionado con el abasto de agua potable en los centros de población, tanto urbanos como rurales, ya que, el deterioro ambiental provocado por los seres humanos, ha ido afectando, de manera paulatina, el medio ambiente, y, con ellos los recursos naturales con los que cuenta nuestro país, incluida su riqueza hidrológica.
Hablar del agua es sinónimo de vida, bienestar y progreso ya que éste es un elemento indispensable para el desarrollo personal, económico y social de cualquier comunidad. Por ello, una de las prioridades en el mundo y de nuestro país es garantizar la sostenibilidad del agua para todos los centros de población.
A nivel internacional, la preocupación por garantizar el vital líquido ha hecho que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través su Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, reconociera, explícitamente, el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.1
Este derecho, tal como lo plantea la ONU, implica que tiene que ser, entre otras cosas, suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la colada, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud.
También tiene que ser saludable, es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Las medidas de seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares nacionales y/o locales de calidad del agua de boca. Las Guías para la calidad del agua potable de la OMS proporcionan las bases para el desarrollo de estándares nacionales que, implementadas adecuadamente, garantizarán la salubridad del agua potable.
Por último, la ONU establece que tiene que ser físicamente accesible, es decir, que todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones académicas, en el lugar de trabajo o las instituciones de salud. De acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de mil metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos.
En nuestro país, el derecho al agua está consagrado en el artículo 4o., párrafo sexto, de nuestra Constitución, en el que se establece que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Lo anterior cobra mayor importancia cuando, a causa de la sobre explotación de los mantos acuíferos y del subsuelo, se ha generado un problema ambiental que ha provocado que, en los últimos años, se presenten cada vez más quejas ciudadanas por fallas en el servicio de agua potable a lo largo y ancho del país.
Específicamente, en el municipio mexiquense de Ixtlahuaca, este fenómeno ha generado conflictos entre los vecinos, así como entre las autoridades municipales y estatales, los cuales se ven obligados a exigir el servicio de agua potable en esta demarcación.
Si bien se tiene conocimiento que el abasto de agua potable en el municipio corresponde a la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), quien suministra 124 litros por segundo cuando la necesidad real de abasto es de necesario es de 294.35 litros, es cierto que la problemática del agua no es exclusiva de una entidad, por lo que la coordinación entre los tres niveles de gobierno será vital para poder encontrar una solución definitiva al desabasto que se presenta en la región.
Además, se tiene el registro de mil 429 tomas de agua, de las cuales mil 385 (96.92 por ciento) corresponden al uso doméstico y sólo 44 son de uso comercial. Las localidades con mayor grado de cobertura de agua potable en las viviendas registradas son San Francisco Ixtlahuaca, colonia Cuauhtémoc, San Francisco del Río, Guadalupe del Río y Ejido 20 de noviembre. En el extremo, los que tienen menor cobertura son la comunidad de La Purísima, el barrio de San Pedro y el centro de Ixtlahuaca.2
Recordemos que el municipio de Ixtlahuaca, junto con los municipios de San Felipe del Progreso Jiquipilco y Jocotitlán se circunscriben el acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco, el cual ya presenta problemas de insostenibilidad en los recursos hídricos subterráneos, ya que el acuífero en la actualidad es capaz de abastecer el 32.59 por ciento de agua subterránea a la población actual, y para el año 2030 sólo aportará 27.06 por ciento de la demanda de este recurso, lo que no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población local y las actividades económicas que se desarrollan dentro de esta.3
Según datos de Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco han ocurrido abatimientos de los niveles del agua durante el periodo de 1971-96, que van de 5 a 25 m. con un ritmo de abatimiento de poco menos de 0.5 a 1 m. por año, siendo el área más afectada, la que se encuentra al noreste de Ixtlahuaca, debido a la intensidad del bombeo y la cercanía de los pozos ahí emplazados.4
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión del Agua de Estado de México y al Gobierno de los municipios cuyas demarcaciones colindan con el Acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco, a que en el ámbito de sus competencias, diseñen políticas públicas en materia de conservación, saneamiento y captación de agua pluvial, en el Acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco.
Notas
1 ONU, “El derecho humano al agua y al saneamiento”, consultado en:
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_righ t_to_water.shtml
2 Así Sucede, “Demandan diputados garantizar suministro de agua en Ixtlahuaca”, 6 de diciembre de 2019, consultado en:
https://asisucede.com.mx/demandan-diputados-garantizar-s uministro-de-agua-en-ixtlahuaca/
3 Ramírez Ángeles, Miguel, UAEMex, “Sobreexplotación del acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco, Estado de México. Análisis Espacio-Temporal (1970-2010)”, mayo de 2015, consultado en:
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/31018/
RAMIREZ-MIGUEL-LGE-2015.PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4 Conagua, “Actualización de la disponibilidad media anual en el Acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco (1502), Estado de México”, Diciembre de 2020, consultado en:
https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/ed omex/DR_1502.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputada Ruth Salinas Reyes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Misión Permanente ante la ONU de la SRE y del Conapo a abstenerse de promover en actos internacionales como la Comisión de Población y Desarrollo medidas o estrategias sin sustento jurídico, no previstas en el marco regulatorio nacional, a cargo de la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del PES
La suscrita, diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, integrante del Grupo Parlamentario del PES en la Cámara de Diputados, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Misión Permanente de México ante la ONU, de la Conapo y de la SRE a que en el marco del Quincuagésimo Cuarto periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU a abstenerse de promover en eventos internacionales como la Comisión de Población y Desarrollo, medidas o estrategias que no tienen sustento jurídico alguno por no estar contenidas dentro del marco regulatorio nacional, a partir de las siguientes
Consideraciones
El fenómeno de la pandemia, además de generar un impacto económico del que todavía no conocemos el alcance, también ha impactado en la dinámica demográfica de los países y en el movimiento de la población.
En medio de la crisis, nuestro país pudo realizar el decimocuarto Censo de Población y Vivienda 2020, que con base en la información del propio gobierno de México, comenzó a llevarse a cabo el 2 de marzo y concluyó tres días antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)1 en el que se recomendó a la población que permaneciera en sus casas, para contener la propagación de la enfermedad.
En dicho censo participaron 147 mil entrevistadores para producir la información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como de las principales características de las viviendas.
La información que se levante en próximas décadas podrá incluir datos que ayuden a determinar el efecto que en los fenómenos demográficos, causó la contingencia sanitaria, como es el índice de marginación, la erosión de las condiciones de vida de población o la estadística de nacimientos y defunciones.
Adicionalmente, los esfuerzos mundiales por evaluar los determinantes sociales de la población y su migración son coordinados desde la Organización de las Naciones Unidas a través de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; en el que se realizan investigaciones en la esfera de la población y el desarrollo para ayudar a los países a producir y analizar sus datos e información. Ante ello, año con año llevan a cabo una sesión de trabajo de la Comisión de Población y Desarrollo que, para el caso de este año, será la edición número 54 con el tema principal: “Población, seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo sostenible”.
La sesión de trabajo de dicha comisión se lleva a cabo del 19 al 23 de abril para evaluar la implementación de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo; y su avance hacia lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de poner fin a la pobreza y el hambre, mejorar la salud y las condiciones de igualdad de género, la seguridad alimentaria y los efectos del cambio climático.
Comprender y reconocer la pluralidad y los nuevos retos respecto al presente y el fututo con una visión de desarrollo sostenible, impone un desafío para quienes hemos asumido un compromiso de representación. Ante ello, nuestra participación como integrantes de la Delegación Mexicana que acompaña los trabajos de dicha Comisión incluye el análisis puntual de los documentos que integran la postura oficial de nuestro país; así como del documento de conclusiones que estará discutiéndose durante la semana y que determinará las puestas en común de las naciones.
Al respecto, es importante hacer mención que el Posicionamiento Nacional da muestra de temas de importancia para todos los mexicanos como es la seguridad alimentaria, la transición demográfica y los cambios poblacionales vinculados con el desarrollo económico y social de México. En dichos temas, no podemos estar más de acuerdo.
Sin embargo, cualquier enfoque que busca privilegiar los derechos humanos, su tutela y reconocimiento, requiere de la defensa abierta y decidida al cuidado de la vida, su reconocimiento y salvaguarda hacia el ser más débil e indefenso. Este resulta insustituible. Hecho que no se considera en el documento de Posición Nacional y el propio Draft de CPD, puesto que ambos, consideran argumentos que atentan contra la vida y que, además, no son parte de los términos internacionalmente acordados.
Específicamente nos referimos a los llamados “derechos sexuales y reproductivos” y al “aborto seguro”. Ambos términos, generan animadversión entre la población mexicana y consideramos que pueden afectar la relación y el trato diplomático que hasta ahora impera con algunos países del mundo.
Adicionalmente, ninguno de los dos términos se encuentra contenido o reconocido en la legislación mexicana, por lo que consideramos prudente, oportuno y necesario, que sean omitidos y/o se sustituyan por asuntos prioritarios en la agenda de intereses nacionales.
Nuestro objetivo debiera centrarse en los mecanismos para erradicar la pobreza, garantizar la alimentación para todos, mejorar la nutrición desde la primera infancia e impulsar armónicamente las capacidades humanas.
Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores promoventes, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a los titulares de la misión permanente de México ante la ONU, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional de Población a abstenerse de promover en eventos internacionales como la Comisión de Población y Desarrollo, medidas o estrategias que no tienen sustento jurídico alguno por no estar contenidas dentro del marco regulatorio nacional.
Segundo.- Se exhorta a los titulares de la misión permanente de México ante la ONU, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional de Población a conducirse conforme a los acuerdos previamente aprobados y contenidos en la Plataforma de Acción del Cairo de 1994.
Tercero.- Se exhorta a los titulares de la misión permanente de México ante la ONU, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional de Población a conducir la política exterior con base en la tradición diplomática que ha caracterizado al gobierno de México.
Nota
1 Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS – CoV2 (Covid-19). Puede consultarse completo en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/ 2020
Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 28 de abril de 2021.
Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CRE, la Cofece y la Profeco a iniciar una amplia investigación sobre prácticas anticompetitivas por los participantes del gas LP para incrementar el precio en 2021, y hacer de conocimiento público las acciones administrativo-regulatorias emprendidas frente a posibles infractores, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Las y los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El gas licuado de petróleo es un energético utilizado ampliamente por los hogares en la preparación de sus alimentos. De acuerdo con cifras del Inegi, poco más siete de cada diez hogares lo utilizan a lo largo y ancho de la República Mexicana.
2. Desde el 2017, cuando entró en vigor la liberación de los precios de las gasolinas y el diésel, el del gas LP, al ser un combustible, su precio de determina en libre mercado; es decir, que las distintas empresas distribuidoras y comercializadoras participantes determinan el valor al que lo comercializan.
Así, ante la liberación de los precios, actualmente, cada región tiene un precio que es definido por los distribuidores, bajo el argumento de cubrir los costos del gas, transporte y logística.
3. Sin embargo, en marzo de este año, en términos anuales, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el costo del gas LP al consumidor por subió 37 por ciento al cotizar en 13.02 pesos por litro en marzo pasado para el caso de los tanques estacionarios, en comparación con 9.51 pesos en marzo del 2020.
En cuanto a los cilindros de gas, el precio aumentó 36.16 por ciento al pasar de 17.81 pesos por kilogramo en marzo 2020 a 24.25 pesos en marzo pasado. Los aumentos anuales incluso fueron superiores al 40 por ciento en algunos estados, como Nuevo León, Tabasco, Oaxaca y Tabasco.
4. Al 7 de abril pasado, el gas en cilindro promedió 23.51 por kilo y el gas estacionario promedió 12.56 por litro, según informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
5. Si bien los aumentos, en cierta medida reflejan ajustes de precios en mercados del exterior, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha emplazado a varias empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en acuerdos ilegales para manipular precios en prácticas anticompetitivas para repartirse el mercado de la distribución y comercialización del gas LP en México.
Estas conductas consisten en contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con alguno de los objetos o efectos anteriores, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
6. De acuerdo a esa ley, las prácticas monopólicas absolutas o colusiones pueden ser sancionadas con multas de hasta 10 por ciento de sus ingresos, además de que pueden ir a procedimientos penales.
7. Según la Cofece, el 76 por ciento de las familias mexicanas consumen gas LP y los precios más elevados tienen un grave efecto regresivo en los hogares más pobres.
Debido a que el gas licuado de petróleo constituye uno de los combustibles de la canasta básica de los consumidores nacionales, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD exhortan a los organismos reguladores y sectoriales encargados de velar y supervisar, que los mercados se desenvuelvan en libre y concurrencia y competencia, así como neutralizar y mitigar los fallos de los mercados o en las acciones gubernamentales, a efectos de que los agentes económicos, empresas productivas participantes, en los diversos nodos de las cadenas de valor se conduzcan con eficiencia y apego a la normatividad de libre competencia.
Por lo expuesto y legalmente fundado, solicitamos atentamente se apruebe la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar una amplía y extensa investigación, en el ámbito de sus respectivas competencias, para determinar y deslindar responsabilidades y se sancione sobre eventuales prácticas de colusión entre las compañías proveedoras de gas licuado de petróleo a nivel nacional, así como a hacer del conocimiento público las acciones administrativas y regulatorias emprendidas frente a los posibles infractores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputados: Verónica Juárez Piña (rúbrica), Víctor Gilberto Aguilar Espinosa, José Guadalupe Aguilera Rojas, Mónica Bautista Rodríguez, Jorge Casarrubias Vázquez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Leticia Martínez Gómez, Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora y Karem Zobeida Vargas Pelayo.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a crear un programa de apoyo urgente destinado a cuidadores domésticos durante la pandemia para que los demandantes de cuidados puedan recibir éstos, a cargo de la diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Maribel Aguilera Cháirez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes
Consideraciones
1. El pasado 19 de noviembre, fue aprobado en San Lázaro por unanimidad el dictamen que eleva a rango constitucional el derecho al cuidado que tenemos todas las personas. Los artículos 4º y 73 , fueron modificados para incluir un nuevo paradigma de cuidados de las personas que quedaría incluido en un Sistema Nacional de Cuidados, al ser aprobado también por el Senado.
2. Nuestro país ha permanecido inmerso en una situación extraordinaria y enfrentado una problemática que ha alcanzado la salud, el empleo y la educación de los mexicanos, entre otros rubros. A más de un año de que se presentó el primer caso de Covid-19, la cifra de personas positivas confirmadas fue de 2,328,391 al 25 de abril de 2021, de los cuales 1,850,680 personas se han recuperado, según datos de Conacyt.
3. Este comportamiento de la propagación del virus ha llevado a una saturación hospitalaria y la recomendación del gobierno para que los enfermos sean atendidos médicamente en casa ya sea por contagio o por el padecimiento de otras enfermedades, siempre y cuando no sean graves. Esta última acción evita la transmisión viral en las instituciones médicas.
4. Por otro lado, para frenar el contagio la autoridad ha implementado una serie de medidas entre las que destacan conminar a las personas a quedarse en casa y el cierre total de escuelas, parques, centros de diversiones, etc., lo que ha ocasionado que las madres funjan como profesoras de sus hijos y los integrantes de la familia como enfermeros sin tener unos y otros la preparación necesaria, pero con la mejor de las disposiciones atendiendo a la emergencia.
5. Para lograr esta ardua tarea, hay quienes han tenido que renunciar a sus trabajos remunerados dejando a la familia sin sustento, lo que ha agravado a la precaria situación pre-COVID.
6. En términos numéricos, de ese 1,850,680 personas recuperadas, un gran número ha logrado sanar gracias a los cuidados de algún familiar, en el contexto antes mencionado. Por otro lado, quienes recibían antes de la pandemia alguna terapia o cuidado especializado también han quedado bajo la atención de algún pariente.
7. De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública, al mes de agosto de 2020 el padrón de estudiantes inscritos en educación básica ascendió a 25,680,370. De esta cifra, quienes han podido continuar con su preparación académica lo están haciendo bajo la supervisión de sus madres o de algún familiar cercano.
8. Bajo circunstancias inusuales como es el caso de la Pandemia Coronavirus-19, la población necesita estar en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas mientras que se ocupa de los miembros de su familia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Bienestar a que considere la creación de un programa de apoyo emergente para personas cuidadores y cuidadoras domésticas durante la pandemia para que las personas que demandan algún tipo de cuidado tengan la posibilidad de recibir la atención que requieren, y quienes se encargan de ellos, un ingreso para satisfacer sus necesidades básicas.
Dado en el Pleno de la Cámara de Diputados, a 28 de abril de 2021.
Diputada Maribel Aguilera Cháirez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y a la Semarnat a emitir la autorización para la continuación de las operaciones de la minera El Boleo, en Mulegé, BCS, a cargo del diputado Armando Fidel Castro Trasviña, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Armando Fidel Castro Trasviña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares del gobierno federal y de la Semarnat a emitir la autorización para continuar las operaciones de la minera El Boleo en Mulegé, Baja California Sur, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El presidente de la República recibió en su conferencia matutina del 15 de abril del año en curso cierta pregunta respecto a un caso de conflicto minero en Jalisco y Colima que, de acuerdo con la oradora, implicaba el supuesto despojo de terrenos a ejidatarios y grupos indígenas de la región.
Como respuesta a este cuestionamiento el titular del Ejecutivo federal indicó que “la instrucción que se ha dado es no entregar ninguna concesión minera ni ampliación” y ante la insistencia de la oradora sobre el caso expuesto, el presidente añadió: “Nos estaban pidiendo un permiso hace poco para la mina El Boleo, en Baja California Sur, que ya la van a cerrar y que querían un permiso para 300... 400 hectáreas y les dije de que no, de que ya no podemos... este... seguir entregando estas concesiones”.
Esta declaración, provocó la inmediata preocupación y los conducentes pronunciamientos tanto del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, como de la empresa Minera y Metalúrgica del Boleo, SAPI de CV, y sobre todo de los miles de familias sudcalifornianas cuyo sustento depende directa o indirectamente de las operaciones de la minera El Boleo.
Al respecto, es importante señalar que de una revisión del contexto en que se presenta el posicionamiento del presidente, se pueden identificar las siguientes imprecisiones que resulta fundamental esclarecer para comprobar que las operaciones de El Boleo son indispensables para el desarrollo del municipio de Mulegé, en Baja California Sur:
1. Como se mencionó, la periodista plantea un conflicto minero en Jalisco y Colima y señala problemas que tienen que ver con las tierras de ejidatarios y pueblos indígenas. Al respecto debe quedar claro que en el caso de El Boleo no existe ningún conflicto con las comunidades aledañas, por el contrario, sus operaciones son valoradas y defendidas por los habitantes de la región, muestra de ello, son las más de dos mil firmas de ciudadanas y ciudadanos de Santa Rosalía, San Bruno y San Ignacio, Mulegé, quienes con motivo de la declaración del presidente, expresaron su apoyo y respaldo a El Boleo y se unieron a la solicitud que se ha hecho al gobierno federal para que autorice los permisos necesarios que les permitan continuar con sus operaciones y conservar sus trabajos.
2. La segunda imprecisión radica en que El Boleo no solicitó una concesión minera como se menciona en la conferencia matutina, sino un trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A manera de alcaración de este punto, incluso la Secretaría de Economía emitió el 18 de abril del año en curso, la siguiente nota informativa (disponible para consulta en https://www.gob.mx/se/prensa/nota-informativa-269580?idiom=es):
Minera y Metalúrgica del Boleo SAPI de CV es parte de un consorcio de origen surcoreano, que está integrado por cinco empresas:
1. Kores Corp. (Korea Resources Corporation).
2. Nikko Copper.
3. Hyundai Hysco.
4. SK Networks.
5. Iljin Copper Foil.
Esta empresa opera la mina El Boleo, en Santa Rosalía, Mulegé, Baja California Sur. El proyecto minero inició su construcción en diciembre de 2010, con una inversión de mil 717 millones de dólares, y entró en producción en 2015. La empresa produce cobre, cobalto, zinc y manganeso.
Actualmente, genera mil 282 empleos directos (836 sindicalizados y 446 de confianza).
En julio de 2019, la compañía solicitó una ampliación de su Manifestación de Impacto Ambiental, en la que pidió una ampliación de su mina por 446 hectáreas contiguas a su actual operación. Esto se debe a que la vida de la mina principal va agotándose y sus reservas de mineral se encuentran en este terreno adjunto.
Es una ampliación dado que es contiguo a la Manifestación de Impacto Ambiental ya existente que les permite operar su mina, un trámite que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para el que aún no se ha dado un resolutivo oficial.
El Boleo cuenta con la superficie de concesiones mineras en orden, por lo que no está solicitando concesiones mineras.
La aclaración anterior, confirma que El Boleo es un proyecto que cuenta con la concesión minera en orden y vigente, y que lo que solicitó a la autoridad ambiental desde 2019, implica solo una ampliación por 446 hectáreas contiguas a su actual operación dentro de los terrenos que ya tiene concesionados.
El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, hizo un respetuoso llamado al gobierno federal para reconsiderar su posicionamiento al tomar en cuenta que la minera El Boleo es una empresa seria que ha contribuido al crecimiento de Baja California Sur y ha demostrado ser responsable con el ambiente.
Adicionalmente, indicó que la minera El Boleo genera mil 283 empleos directos y 478 indirectos. Eso significa que de cada 100 empleos que hay en Mulegé, 12 los genera la mina.
También es importante señalar que este centro minero mantiene relaciones comerciales con tres mil novecientos ochenta y cinco proveedores de bienes y servicios de todos los tamaños y ramas de la industria y que sólo el año pasado, la minera pagó doscientos noventa y nueve millones setecientos setenta y dos mil pesos de IVA.
Estos datos hablan claramente de la importancia de la contribución de El Boleo a la economía no sólo de Baja California Sur sino, también, de México y nos ayudan a dimensionar las afectaciones que tendría la negativa oficial del gobierno federal de los permisos que necesita para continuar sus operaciones.
La falta de respuesta de la Semarnat a la solicitud que desde 2019 presentó la empresa que opera El Boleo la coloca en una situación muy compleja pues, como indicó la Secretaría de Economía, la solicitud atiende a que ya concluyó la extracción de los minerales en el terreno permitido por la autoridad ambiental por lo que se requiere la ampliación de esa área, para que la minera pueda seguir extrayendo cobre (cabe enfatizar, dentro de los terrenos que ya tiene concesionados).
Desafortunadamente, si el gobierno federal no resuelve favorablemente y con la mayor brevedad la autorización de impacto ambiental solicitada desde 2019, El Boleo se verá obligado a iniciar, a partir de mayo del año en curso, el cierre total y definitivo de sus operaciones. Situación que como se ha expuesto representaría un duro golpe a la economía de miles de familias sudcalifornianas y a la estabilidad social de Mulegé y del norte de Baja California Sur.
En ese contexto consideramos necesario exhortar al gobierno federal a no considerar que El Boleo es como otros proyectos que tienen conflictos con las comunidades, entendemos que la administración federal tenga reservas hacia proyectos que no cumplen con las leyes y que pasan por encima de las comunidades y pueblos indígenas, sin embargo, debe quedar claro que El Boleo no es ese tipo de proyecto.
La continuación de este proyecto no vulnera derechos de los ciudadanos ni afecta el medio ambiente, por el contrario, su cancelación, sí afectaría a las comunidades de Mulegé que han encontrado empleo y desarrollo en las operaciones de El Boleo.
El Boleo es una empresa que no sólo genera empleo sino que, además, ha demostrado su compromiso con el desarrollo integral del municipio a través de acciones como
a) Una estrecha relación de cooperación y comunicación permanente con autoridades de todos los órdenes de gobierno, al trabajar en conjunto con dependencias como la Sedena, la Semar, la CFE, la Secretaría de Salud, Bomberos Santa Rosalía y el ayuntamiento de Mulegé, para establecer protocolos de seguridad para el antes, durante y después de una contingencia por tormenta tropical, huracán o sismo.
b) El inicio de los trámites para obtener el certificado de Industria Limpia.
c) La rehabilitación de poco más de veintisiete hectáreas dentro del predio de la minera El Boleo.
d) El acuerdo de colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para la conservación en la Reserva de la Biósfera del Vizcaíno.
e) Acciones de responsabilidad social, a través de su oficina de Enlace Comunitario y la Fundación Hagamos Más, que han beneficiado a la comunidad local con más de 542 actividades culturales, deportivas, educativas y de salud.
No hay argumento válido que justifique el cierre de esta empresa. Por ello exhortamos a la Semarnat a resolver con estricta sujeción a derecho y considerando que se trata de un proyecto que respeta la legislación en materia de protección del ambiente, la solicitud que realizó El Boleo desde 2019, a efecto de evitar el cierre definitivo de esta importante fuente de empleos y desarrollo social para Baja California Sur.
Por todo lo expuesto someto respetuosamente a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a verificar los múltiples beneficios que tiene la minera El Boleo en el desarrollo social y económico sustentable de Mulegé, Baja California Sur, a efecto de reconsiderar su posicionamiento respecto de las actividades de dicha mina y atender las solicitudes de miles de trabajadores para que la autoridad federal competente resuelva los trámites correspondientes que les permitan continuar con sus actividades y conservar sus empleos.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir con estricto arreglo a derecho la respuesta a la solicitud de autorización de impacto ambiental que la empresa Minera y Metalúrgica del Boleo, SAPI de CV, presentó en julio de 2019, para la ampliación por 446 hectáreas de la superficie disponible para explotación mediante la utilización de técnicas de minado superficial en las concesiones mineras vigentes otorgadas a la empresa.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- Ciudad de México, a 28 de abril de 2021.
Diputado Armando Fidel Castro Trasviña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Conanp y la Conagua a establecer políticas de conservación vinculadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales e instaurar acciones encaminadas al control, el manejo, la explotación, el uso, la preservación y la sustentabilidad de los acuíferos de Cuatro Ciénegas, Coahuila, a cargo del diputado Ramón Verduzco González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Ramón Verduzco González, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hablar del valle de Cuatro Ciénegas es hablar de un lugar único en el planeta. Se han realizado cientos de estudios relacionados con la importancia del ecosistema cieneguense, y todos han llevado a la misma conclusión: es un lugar como no hay otro en todo el mundo.
Son extensos y numerosos los aspectos que convierten a este Pueblo Mágico en una joya de la biología y del estudio de los ecosistemas. Desde organismos vivos que habitaron también en las primeras edades del planeta, hasta animales que evolucionaron en especies endémicas, que sólo viven dentro del valle de Cuatro Ciénegas. Por ejemplo, en palabras de la doctora Valeria Souza, catedrática de la UNAM y considerada una de las mejores especialistas en el ecosistema del enclave, dice: “Los estromatolitos (microorganismos que habitan en las pozas del valle) son los primeros fósiles vivientes que encontramos. Datan de hace unos 3 800 millones de años”.1
En este conjunto de 200 pozas existen bacterias que provienen de las que aparecieron hace cientos de millones de años, cuando no había oxígeno en la atmósfera, y éstas pueden tener la llave de la “cura” del planeta.
Es uno de los valores poco conocidos del humedal, explica Valeria Souza, mencionando que en su momento los antecesores de estos organismos “transformaron el planeta y lo pueden curar, tienen un potencial biotecnológico gigantesco”, ya que han vivido a partir de metales pesados, han estado reciclando los elementos que nos dieron la vida y pueden limpiar las minas, el mar, capturando CO2 en sus cuerpos”.2
También existe en el valle un sitio que ha impresionado al mundo. Las Dunas de Yeso que fueron el fondo del mar de Tetis hace millones de años. Ahora quedan yacimientos de yeso y el inmenso campo de arena blanca. Son una combinación de silicio y sulfato de calcio hidratado. Contaba con una extensión de al menos 800 hectáreas, pero ahora quedan alrededor de 200.
Todo esto será la pauta para intentar conocer un poco más la gran importancia de un lugar orgullosamente mexicano y punto de atención de organizaciones mundiales.
Será, pues, tarea de México defender y proteger este oasis detenido en el tiempo; a este laboratorio vivo de la prehistoria y a este pueblo de mexicanos trabajadores y nobles, que, junto con el valle de Cuatro Ciénegas, han sabido sobrevivir a cualquier adversidad.
Ha habido diversas personalidades dentro de la ciencia que han buscado defender este lugar. También lo han hecho foros internacionales y universidades extranjeras. Pero es momento de que los mexicanos defendamos la importancia de uno de los puntos más increíbles en cuanto a diversidad biológica existente en el mundo.
Los cuatrocieneguenses estamos orgullosos de nuestro pueblo y sabemos, igual o mejor que nadie, lo importante que es nuestro valle y cuánto debemos protegerlo.
Cuatro Ciénegas ante el mundo.
Considerado uno de los humedales más importantes de México, el valle de Cuatro Ciénegas es también clasificado como un sitio RAMSAR a nivel internacional. Esto quiere decir que se considera prioritaria su conservación a nivel mundial por instituciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
De igual manera, Cuatro Ciénegas está considerado como un sitio importante dentro de la Ecorregión “Desierto Chihuahuense”, esto decretado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, por medio de las Ecorregiones Prioritarias para la Conservación, puesto ganado por la gran cantidad de especies endémicas que viven en la zona del valle de Cuatro Ciénegas.
El decreto que protege a Cuatro Ciénegas es resultado de peticiones llevadas al Gobierno Federal, dirigidas por centros de investigación, instituciones internacionales, foros académicos y reuniones internacionales que han hecho saber al mundo el valor y la importancia del valle.
Se decretó como zona natural protegida en el año 1994, cuando se publicó dicho decreto en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre del año mencionado, tras un exhaustivo estudio técnico llevado a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila con la colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y la Asociación Civil Protección de la Fauna Mexicana se emitió el Decreto por el que la región de 84,347 hectáreas conocida como “Valle de Cuatrociénegas” se declara como área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna. Desde entonces, se ha logrado mantener presencia de personal capacitado en el área para tratar de disminuir las amenazas contra los recursos naturales.
El decreto que incorpora esta región al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, establece en su artículo cuarto que para la administración y desarrollo del Área de Protección de Flora y Fauna “Cuatrociénegas”, las autoridades responsables deberán llevar a cabo acciones tendientes a asegurar la protección de los ecosistemas y especies de la región; propiciar el desarrollo sustentable de la comunidad, y brindar asesoría a sus habitantes para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales de la región.
El artículo sexto relativo a las obras y actividades que se realicen en el área de “Cuatrociénegas”, señala que deberán sujetarse a los lineamientos establecidos en el programa de manejo del área y a las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizar dentro del Área de Protección, deberá contar previamente a su ejecución, con la autorización de impacto ambiental correspondiente, en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental.
Así mismo dicho Decreto establece artículos específicos en materia del aprovechamiento de agua, así como de flora y fauna, estableciendo que para poder hacer uso de los mismos se tendrán que realizar los estudios necesarios para determinar las épocas y zonas de veda para el aprovechamiento de su flora y fauna acuáticas dentro de los aprovechamientos y corrientes de agua comprendidas en el área de protección, tales estudios deberán realizarse atendiendo a las restricciones ecológicas contenidas en el programa de manejo, a las normas oficiales mexicanas, al calendario cinegético y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Haciendo especial énfasis en el artículo décimo segundo cabe señalar que el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales ubicadas en el Área de Protección, se regularán por las disposiciones jurídicas aplicables en la materia y se sujetarán a: las normas oficiales mexicanas para la conservación y aprovechamiento de la flora y fauna acuáticas y de su hábitat, así como las destinadas a evitar la contaminación de las aguas; las políticas y restricciones para la protección de las especies acuáticas que se establezcan en el programa de manejo, y los convenios de concertación de acciones para la protección de los ecosistemas acuáticos, que se celebren con los sectores productivos, las comunidades de la región e instituciones académicas y de investigación, también establece que dentro del Área de Protección, queda prohibido modificar las condiciones naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces naturales de corrientes, manantiales, riberas y vasos existentes, salvo que sea necesario para el cumplimiento de dicho decreto; verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósitos de agua, y desarrollar actividades contaminantes.
Personalidades dentro de las ciencias también han puesto su atención en el valle. Valeria Souza es una científica reconocida por la Academia Americana de Ciencias y Artes, y Miembro Honorario Internacional. Ha estudiado por más de treinta años este valioso lugar. Ella ha luchado para que las autoridades reconozcan y apoyen en la protección del valle, sus pozas, sus dunas, sus plantas y animales que son únicos en el mundo.
Especies únicas y organismo de hace millones de años.
Que existan tanta diversidad biológica en Cuatro Ciénegas se debe a los complejos humedales que han favorecido la evolución. El valle se encuentra “encerrado” entre sierras y las entradas son por medio de cañones o estrechos, por lo que el ecosistema se ha mantenido ajeno a un mundo abierto y cambiante.
Esta zona aislada cuenta con el mayor número de endemismos en Norte América, (más de 30). Sólo por mencionar algunos podemos hablar de los peces: Notropis xanthicara (Sardinita, carpa de Cuatrociénegas) en peligro de extinción, Cichlasoma minckleyi (Mojarra de Cuatrociénegas) en peligro de extinción, Cyprinodon atrorus (Cachorrito del Bolsón) amenazada, C. bifasciatus (Cachorrito Cuatrociénegas) amenazada; 2) Reptiles y Anfibios: Nerodia erythrogaster (culebra de agua vientre claro) amenazada, Apalone spinifera (tortuga de concha blanda negra de Cuatro Ciénegas) en peligro de extinción, Terrapene coahuila (tortuga de Cuatro Ciénegas, tortuga negra) y Scincella lateralis (encinela norteña); 3) Mamíferos: Nasua narica nelsoni (tejón o coatí) amenazada, Odocoileus virginianus (venado cola blanca), Procyon lotor (mapache), Puma concolor (puma, león de montaña), y Ursus americanus (oso negro) en peligro de extinción, Canis latrans (coyotes) , Didelphis marsupialis, leporidae (conejos y liebres), entre otras especies. Durante la temporada migratoria se reportan especies de aves como: Anas strepera (pato friso), Anas platyrhynchos (pato de collar), Anas clypeata (pato cuchara, pato común) y Grus canadensis (grulla gris).
En un panorama más amplio, podemos resumir los endemismos de la siguiente manera: crustáceos (12 especies, 50% endémicos), moluscos (7 familias, 10 especies endémicas de la Hidrobidae), peces (16 especies con 9 endémicas), reptiles (67 especies, 6 endémicas). Además, la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), menciona que existen más de 30 especies de plantas endémicas, todas ellas amenazadas o en peligro de extinción.
Los endemismos son una de las más importantes características del valle cieneguense, sin embargo, lo que ha dejado boquiabierta a la comunidad científica son los estromatolitos. Estos son una vasta diversidad de microorganismos, parecidos a los que existieron en la primera época del planeta. Además de tener la historia de millones de años dentro de estas bacterias y organismos vivos, también se sabe que son capaces de convertir el dióxido de carbono en oxígeno. En las eras donde el oxígeno era escaso en la atmósfera, estos microorganismos dieron lo necesario para que la vida pudiera existir en la superficie del planeta.3
Esto es un repaso general y breve de la importancia científica en cuanto a los endemismos que viven sólo en el valle de Cuatro Ciénegas, especies que no podrían sobrevivir sin las cualidades específicas geográficas, climáticas y estratigráficas del valle.
El hombre en el valle
En el valle se practican actividades que han generado daños al medio ambiente. El turismo es una de ellas, que usa de manera recreativa algunas pozas o manantiales, algunos acondicionados como balnearios. En el año 2008 una de ellas (poza de la becerra) fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente por el incumplimiento de las normas ambientales, ya que se sobrepasó la capacidad de carga y provocó un disturbio en los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, dicha clausura, además de tener un efecto positivo en el ecosistema, también perjudicó económicamente a parte de la población que dependía de los recursos obtenidos por el turismo.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) señala, en el 2009, que las principales problemáticas son: 1) la modificación del entorno, hay algunas pozas que han sido destruidas, hay desecación, deforestación, modificación de los cuerpos de agua para uso turístico y construcción de canales para riego y caminos, sobrepastoreo para caballos y cabras y quemas de pastos para ganadería; 2) contaminación por la industria minera y actividades humanas; 3) uso de recursos faunísticos y florísticos (acuicultura no controlada, deforestación, turismo incontrolado, caza furtiva, pesca ilegal); 4) sobreexplotación de recursos hidráulicos y construcción de canales encementados que no permiten la humedad del valle; y 5) falta de inventarios y monitoreo de recursos.4
Por otra parte, Valeria Souza encontró que el manto acuífero que suministra de agua a Cuatro Ciénegas se extiende mucho más allá del mismo valle, incluyendo a los otros valles cercanos.5 Esto lo logró gracias a estudios genéticos de microbios que viven en el agua del valle cieneguense “Valle del Hundido” y quiere decir que las condiciones del valle no sólo dependen de los cuidados en el mismo.
Otro investigador de la Universidad de Texas, Brad Wolaver, también encontró que el manto acuífero del valle es impactado por la extracción de agua en los valles aledaños.
Estos cambios, por ejemplo, se han visto reflejados en la Laguna el Churince, el que fuera el cuerpo de agua más abundante de la región y que se secó completamente en los últimos siete años. Actualmente sólo queda un fondo de rocas y de tierra seca del antiguo cuerpo de agua. Ahí vivían comunidades de microorganismos adaptados a condiciones de hace 600 millones de años, así como peces, ahora han desaparecido completamente. Esto no sólo ocurre con la desaparecida Laguna el Churince. Esto es una realidad que afecta a cada uno de los más de 200 cuerpos acuáticos de diferentes tamaños del valle de Cuatro Ciénegas.
Existen efectos negativos derivados de la gestión del agua, lo que se traduce en un descontento casi generalizado entre los habitantes de Cuatro Ciénegas hacia las acciones de gestión implementadas por las instituciones involucradas, entre ellas Semarnat, la Conanp y la Conagua, dicho descontento se asocia con la falta de consensos con los usuarios del agua, así como a la falta de información sobre dichas acciones, lo cual genera una especulación sobre las implicaciones que tendrán en la producción de sus cultivos. El resultado es que los usuarios se sienten limitados para llevar a cabo las labores que históricamente han realizado, como las agrícolas. Además, consideran que las acciones de gestión están perjudicando más a los pequeños productores y ejidatarios, no así a los grandes ni a los usuarios de otros valles, que son quienes utilizan mayores cantidades de agua.
De acuerdo con el estudio de hidrogeología de los acuíferos “El Hundido y Cuatrocienegas” realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua con la asesoría del UFZ- Centro de Investigaciones Ambientales Alemania en el 2004,6 el agua subterránea que alimenta las pozas de Cuatro Ciénegas tiene tiempos de residencia de por lo menos 1000 años y se recomienda incluir las zonas de recarga hidrológica efectiva de las pozas en la zona natural protegida.
Lo cierto es que entre las instituciones responsables de implementar las acciones de gestión del agua en la cuenca hidrológica de Cuatro Ciénegas de forma sustentable sobresale una evidente falta de coordinación y consecuentemente han fracasado en su intento de proteger el ecosistema y permitir un aprovechamiento ajustado a los muy necesarios principios de sustentabilidad ambiental.
Estas mismas autoridades, han puesto en marcha acciones unilaterales que por mucho dejan de lado la visión de la población del mencionado municipio coahuilense, al no fomentar la participación de la comunidad resulta obvio que la población que usa el agua del humedal no considera viables dichas acciones unilaterales y como resultado lógico deviene la inobservancia de las mismas en perjuicio del recurso hidrológico que se pretende proteger.
Como ya se había mencionado, las Dunas de Yeso son también parte importante del valle y, además, son estudiadas por los científicos debido a que en ellas se encuentran elementos que son difíciles de ubicar en esas condiciones. Se han podido encontrar restos del mar de Tetis, un mar que existió en los tiempos de la Pangea, y que debido a la separación de los continentes desapareció. Así podemos asumir que las Dunas serían el fondo de un mar milenario y ahí se guardan secretos que no podemos encontrar en otra parte del mundo. El hombre ha intervenido en la destrucción de más del 75% de la zona que abarcaban las Dunas de Yeso, debido a la explotación de este material por medio de una yesera que tiene años clausurada desde que se declaró Área de Protección de Flora y Fauna.
Ése es un ejemplo lamentable de la pérdida que se sufrió por el desconocimiento de las características tan importantes del valle, y es también un recordatorio de que antes debemos conocer para poder proteger.
Por lo anteriormente expuesto, deben revisarse las condiciones del Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatro Ciénegas para que no se repitan los errores del pasado, y para asegurar un futuro para este valle tan único en el mundo, por lo que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). a La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que en el ámbito de sus competencias establezcan políticas de conservación vinculadas con las de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como a instrumentar acciones encaminadas al control, manejo, explotación, uso, aprovechamiento, preservación y sustentabilidad de los acuíferos de Cuatro Ciénegas.
Notas
1 www.comover.unam.mx
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50259057.amp
3 www.bbc.com
4 Vela Coiffier, M. P., Vela Coiffier, E. L. y D. F. Lozano García. 2015. Evaluación del conocimiento actual del APFF de Cuatrociénegas, Coahuila.
5 Proceedings of the National Academy of Sciences. Abril del 2006
6 http://www.desertfishes.org/cuatroc/literature/pdf/IMTA_2005_Hidrogeolo gia_Hundido_Cuatrocienegas.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputado Ramón Verduzco González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a fortalecer por el CNEGSR las campañas de educación reproductiva y sexual para crear concienciar sobre la importancia de usar preservativo, los métodos anticonceptivos y las consecuencias del embarazo no planificado, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Geraldina Isabel Herrera Vega , diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de anticonceptivos fomenta el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que desea tener y el intervalo entre los embarazos; el acceso a la información sobre todos los métodos anticonceptivos que existen, la eficacia de cada uno de ellos y la garantía de acceso a los mismos permite favorecer el ejercicio de derechos humanos como la vida, la libertad, el trabajo, la educación y la salud, entre otros.
Además, el ejercicio responsable de la sexualidad que permite prevenir el contagio de enfermedades venéreas y los embarazos no planificados, situación que a su vez conlleva la posibilidad de mejorar las condiciones de vida para las mujeres al aumentar sus niveles de educación y autonomía e impacta positivamente en el control del crecimiento demográfico de los países.
En este sentido, de acuerdo con un estudio realizado por la OMS, “dos tercios de las mujeres sexualmente activas que deseaban retrasar o limitar la maternidad dejaron de usar métodos anticonceptivos por temor a sus efectos secundarios, por problemas de salud o por subestimar la probabilidad de concepción, lo que hizo que uno de cada cuatro embarazos fuera no planificado.”1 Al respecto, es importante resaltar que no todos los embarazos no planificados son embarazos no deseados, sin embargo, tener un hijo en un momento no esperado puede conllevar problemas en la salud de la madre y del bebé y en muchos casos reduce las posibilidades de continuar con el desarrollo educativo o profesional de los padres; situación que se agrava si hablamos de embarazos no deseados que pueden llevar al abandono, maltrato infantil, depresión o incluso la muerte; destacando que cada año hay 74 millones de mujeres de países de ingresos bajos y medianos con embarazos no planificados que son causa de 25 millones abortos peligrosos y 47 mil muertes maternas.
La misma OMS calculó que en 2019 en el mundo existían 1900 millones de mujeres en edad reproductiva, entre los 15 y 49 años, de las cuales mil 112 millones requerían planificación familiar. De ellas, 842 millones empleaban métodos anticonceptivos y 270 millones tenían necesidades desatendidas en materia de anticoncepción.2 Respecto del contagio de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, la organización ha informado que diariamente más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS), que cada año aproximadamente 376 millones de personas contraen clamidiosis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis; además estiman que más de 290 millones de mujeres alrededor del mundo están contagiadas del virus de papiloma humano.3
Vale la pena resaltar que los métodos anticonceptivos de barrera al ser empleados sistemática y correctamente son los más eficaces contra las ITS, incluida la infección por VIH; sin embargo, los preservativos femeninos son poco utilizados por las personas y la información sobre su uso es menos difundida que los preservativos masculinos.
A pesar de ser múltiples los beneficios del uso de métodos anticonceptivos, muchas personas en edad reproductiva no los emplean debido a la desinformación, al temor a las reacciones adversas sobre la salud, al limitado acceso a los servicios de planificación familiar (principalmente en las zonas de escasos recursos), los tabúes religiosos, culturales, los prejuicios personales o familiares o la mala calidad de los servicios de salud disponibles.
Hace 12 años se estimaba que cada año ocurrían en México 71 embarazos no planeados por cada mil mujeres en edad reproductiva y casi cada uno de ellos motivó un aborto inducido; en 2018, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica en nuestro país habían 26.9 millones de mujeres de 15 a 49 años de edad que habían tenido relaciones sexuales y de ellas el 59.4 por ciento informó no haber utilizado ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.
Actualmente, el uso de anticonceptivos ha logrado disminuir la fecundidad y por lo tanto el tamaño de las familias; principalmente en las zonas urbanas y en los hogares con niveles socioeconómicos medios y altos; sin embargo, los datos en las zonas rurales y en los niveles socioeconómicos con menores ingresos la tendencia a la baja no ha sido igual.
Respecto a la transmisión de enfermedades venéreas, entre los años 2018 y 2019 el número de personas atendidas por infecciones de transmisión sexual se incrementó, en prácticamente todos los tipos respecto de los cuales se lleva a cabo seguimiento mediante la notificación semanal que realiza la Secretaría de Salud mediante su Boletín Epidemiológico. Asimismo, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social el 30 por ciento de las personas entre los 18 y 30 años de edad en nuestro país han padecido o padecen alguna enfermedad de transmisión sexual.
En este tenor, no podemos olvidar que nuestro país ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes entre los 15 y 19 años. Aunado a ello, es importante resaltar que en México y el mundo, debido a la influencia de las redes sociales, música, internet, televisión y los medios de comunicación en general; las primeras experiencias sexuales se realizan cada vez a edades más tempranas, por lo que cobra importancia la enseñanza y concientización sobre el uso de métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no planificados y los contagios de enfermedades de transmisión sexual.
Al respecto, el Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó que debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19, se calcula que habrán más de 21,000 embarazos en adolescentes; lo anterior, debido a la reducción de asistencia a los servicios de salud reproductiva. De acuerdo con la titular de Conapo, Gabriela Rodríguez, “entre 2020 y 2021 habrá en promedio un excedente de 1 millón 172 mil 152 mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción, lo cual llevará a agregar cerca de 145 mil 719 embarazos adicionales respecto a los esperados sin la pandemia. Entre las menores de 19 años, planteando un cálculo conservador, se esperaría un aumento del 20 por ciento de las necesidades insatisfechas, porcentaje que llevará a sumar 21,575 embarazos de adolescentes.”4
Nuestro país, cuenta con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) que fue creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004, instaurándose como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, perteneciente a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, cuya misión es ser el “órgano rector que contribuye a incorporar la perspectiva de género en salud y a mejorar la salud sexual y reproductiva de la población a través de programas y acciones sustentados en evidencias científicas, mejores prácticas y las necesidades de salud de la población, con un sentido humanitario y compromiso social, en un marco de participación social y de respeto a los derechos humanos”.5 En este sentido el CNEGSR tiene a su cargo la elaboración e implementación de las políticas nacionales de los programas de anticoncepción y planificación familiar, salud reproductiva y sexual, cáncer de mama y cáncer cérvico uterino, salud perinatal y materna, igualdad de género y prevención y atención de la violencia familiar.
La difusión de información actualizada, oportuna y clara sobre la importancia de la educación reproductiva y la amplia gama de métodos anticonceptivos constituye un eje toral en la construcción de un futuro saludable para la sociedad; la información debe proveer los elementos necesarios para la toma de decisiones informadas encaminadas a ejercer la sexualidad con plena libertad, pero sobre todo con responsabilidad. Tomando en consideración los argumentos anteriormente esgrimidos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, fortalezca las campañas de educación reproductiva y sexual a fin de concientizar sobre la importancia del uso de preservativos, los métodos anticonceptivos y las consecuencias del embarazo no planificado.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud. Un nuevo estudio de la OMS relaciona las altas tasas de embarazos no planificados con las deficiencias de los servicios de planificación familiar. (25/10/2019). Obtenido de: https://www.who.int/es/news/item/25-10-2019-high-rates-of-unintended-pr egnancies-linked-to-gaps-in-family-planning-services-new-who-study
2 [1] Organización Mundial de la Salud. Planificación Familiar. (22/06/2020). Consultado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-con traception
3 Ibídem. Infecciones de Transmisión Sexual. Consultado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitte d-infections-(stis)
4 Expansión Política. El Conapo estima 21,000 embarazos en adolescentes debido al confinamiento. (04/08/2020). Obtenido de: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/08/04/
el-conapo-estima-21-000-embarazos-en-adolescentes-debido-al-confinamiento
5 Gobierno de México. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Misión. Obtenida de: https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/que-hacemos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos a otorgar como prestación a los policías municipales un seguro de vida que cubra los constantes riesgos e imprevistos en el cumplimiento de su deber, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La seguridad pública es una función de la federación, las entidades federativas y los municipios, quienes en el ámbito de sus respectivas competencias, salvaguardan la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas; asimismo, contribuyen a la generación y preservación del orden público y la paz social.
La función de seguridad pública es esencial para el bienestar de una sociedad, y en consecuencia el Estado debe generar las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos estarán exentos de peligro, daño o riesgo.
Para lograr lo anterior, es necesario garantizar a los 230 mil 630 policías estatales y 141 mil 196 policías municipales que hay en el país,1 las condiciones laborales necesarias que les permitan alcanzar una vida digna para cumplir su función.
Pues son los policías quienes se enfrentan a la delincuencia y que en muchas ocasiones carecen de salarios suficientes y con los que peor aún deben reponer el equipo que les han dado incompleto para el cumplimiento de su labor.
A nivel estatal, los policías perciben un salario que va de los 6 mil 330 pesos a los 21 mil 90 pesos y 26 entidades federativas cuentan con salarios por arriba del promedio nacional que es de 9 mil 333 pesos y 12 estados otorgan seis prestaciones básicas al 100 por ciento de sus elementos que consisten en: seguro de vida, seguro de gastos médicos, becas para hijos de policías, programa de vivienda, programa de retiro y apoyos para familias de policías caídos en cumplimiento del deber, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas.2
Sin embargo, según cifras disponibles de los “Resultados del Diagnóstico de Salarios y Prestaciones de Policías Estatales y Municipales del País” a nivel municipal los policías perciben un salario cercano a los 7 mil 302 pesos, con seguridad social y sólo cerca del 9 por ciento cuenta como prestación adicional con un seguro de vida.3
Lo anterior, los pone en desventaja, pues la policía municipal tiene una mayor interacción directa con la población, pues derivado de su trabajo cotidiano en las calles, están más expuestos a la violencia generada por los delincuentes, siendo que la mayoría de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, tan solo en 2020 se cometieron 1 millón 841 mil 1874 delitos del fuero común y de enero a febrero de este año van 298 mil 421.5
Desafortunadamente, los policías en el cumplimiento de su labor se ven expuestos a diversos riesgos, entre ellos, perder la vida. En 2020 fueron privados de la vida, al menos, 524 policías, en promedio, lo que representó que 1.4 policías fueron asesinados cada día, en ese año, los estados con más casos registrados fueron: Guanajuato (84), Edomex (39), Veracruz (39), Guerrero (37) y Chihuahua (35).6
De enero de este año y hasta el pasado 19 de marzo, se registraron por lo menos 109 asesinatos de policías en cumplimiento de su deber, lo que mantiene el promedio de 1.4 uniformados caídos por día. Las entidades con más elementos asesinados son el Edomex (22); Guanajuato (13); Zacatecas (11), Veracruz (10); CDMX y Chihuahua (ocho cada uno).
El hecho más reciente ocurrió el pasado jueves 18 de marzo, cuando 13 policías del estado de México —cinco de ellos ministeriales— fueron asesinados por parte de presuntos integrantes del grupo criminal Los Rojos. Los oficiales fueron atacados en Coatepec Harinas, estado de México.
En Encuentro Social estamos convencidos que los gobiernos municipales deben hacer un esfuerzo por otorgar a sus elementos policiales prestaciones laborales mínimas para otorgarles estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo, por lo que con el objeto de garantizarles un proyecto de vida digno, se estima necesario que los gobiernos municipales les otorguen como prestación mínima: la contratación de un seguro de vida.
Un seguro de vida les permitirá cubrir los riesgos e imprevistos a los que los policías se exponen en todo momento en el cumplimiento de su deber.
La pérdida de un ser querido es irreparable. Sin embargo, en momentos difíciles un apoyo económico permitiría paliar la intranquilidad por la que pasan los familiares de un policía que llegara a perder la vida en cumplimiento de su deber. Sobre todo, porque su fallecimiento puede provocar problemas económicos en el seno familiar, para el caso de que el policía caído sea la fuente de ingresos principal o la única, así como coadyuvar en el pago de préstamos, gastos de subsistencia, la hipoteca o los estudios de los hijos, entre otros.
Es necesario asegurar estabilidad y seguridad a quienes a diario se juegan la vida para velar por la seguridad de la población.
Por ello, se propone exhortar a las y los presidentes municipales del país para que otorguen un seguro de vida a los policías municipales que son quienes se enfrentan a la delincuencia para mantener la paz y el orden públicos.
A nivel municipal los policías difícilmente cuentan con prestaciones por lo que es necesario garantizarles al menos un seguro de vida, que permita cubrir los riesgos e imprevistos a los que los policías se exponen en todo momento en el cumplimiento de su deber.
De una revisión de las 32 legislaciones de las entidades federativas en materia de seguridad pública del país, sólo 11 (Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Sonora, Tabasco y Veracruz) prevén como un derecho de los policías estatales y municipales el acceso a un seguro de vida.
Por la importancia que representa garantizar a un policía que el Estado les cubra el riesgo que representa enfrentar a la delincuencia para garantizar la paz y tranquilidad a la población, se presenta esta proposición para que los municipios otorguen un seguro de vida como parte de las prestaciones de los policías.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto al principio de división de poderes, a las y los presidentes municipales del país para que otorguen como prestación un seguro de vida a los policías municipales que permita cubrir los riesgos e imprevistos a los que se exponen en todo momento en el cumplimiento de su deber.
Notas
1 https://www.animalpolitico.com/2020/09/solo-1-cada-3-policias-esta-cert ificado-apto-hacer-trabajo/
2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/MOFP_30_junio_2019.pdf
3 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/
Resultados_diagnostico_sueldos_prestaciones%20Policiales_SESNSP.pdf
4 https://drive.google.com/file/d/1faj8gojBo-aj3QruU_krAecMD9Xgy_av/view
5 https://drive.google.com/file/d/1Lo-ylZDr23PTPMWXIab-0YH2bBN27wDF/view
6 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Registran-109-asesinatos-de-policias-en-lo-que-va-del-ano-20210321-0089.html
Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de abril de 2021.
Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Inali a instaurar con la Secretaría de Educación de Veracruz acciones dirigidas a fortalecer la conservación, promoción y revitalización de las lenguas indígenas en la entidad, sobre todo las que se encuentran en peligro de desaparecer, a cargo del diputado Hermilo Arista Bonilla, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Hermilo Arista Bonilla, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz, lleven a cabo la instrumentación de acciones conjuntas dirigidas a fortalecer la conservación, promoción y revitalización de las lenguas indígenas en la entidad, con especial atención a las que se encuentran en peligro de desaparecer, bajo las siguientes
Consideraciones
Dentro del concierto de las naciones, México se posiciona como una de las naciones con mayor riqueza lingüística. Con orgullo, nuestro país es la quinta nación con mayor diversidad lingüística del mundo, patrimonio cultural intangible de alto valor para la conservación de la naturaleza y de la memoria histórica.1
A pesar de ello, no estamos exentos del fenómeno global tendiente al menoscabo de la diversidad lingüística, determinantes para preservar la pluralidad de culturas e idiomas, que a su vez tienen entre sus funciones elementales, las de propiciar la tolerancia y el respeto. Para dimensionar la magnitud de la inercia advertida, cabe señalar que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual .2
Al respecto, en días recientes, medios de comunicación dieron a conocer que cuatro lenguas indígenas del estado de Veracruz se encuentran en peligro de desaparecer. Refieren que niños, jóvenes y adultos han manifestado pena o temor a ser discriminados, por lo cual decidieron ya no aprender su lengua natal. En concreto, se expone que las lenguas en peligro de extinción son el popoluca de Texistepec, el oluteco , el misanteco y el sayulteco , las cuales han sido reconocidas por la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas como lenguas en riesgo de extinción, debido a que son utilizadas solamente por unas decenas de personas.3
Esta situación es incompatible con la reingeniería del régimen democrático que hemos comenzado a cimentar con la Cuarta Transformación de la vida pública en México. Además, se presenta en detrimento de lo dispuesto en el primer párrafo de artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a letra dice:
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas .
Con la presente proposición con punto de acuerdo se busca combatir de manera efectiva uno de los fenómenos que más lacera a la sociedad mexicana: la discriminación, cuya erradicación es determinante para transitar con éxito hacia un México incluyente con oportunidades de desarrollo para todos.
Estamos ante un tema de la mayor relevancia, así lo muestran las cifras. El Censo de Población y Vivienda 2020 indica que la población de tres años y más hablante de alguna lengua indígena asciende a 7 millones 364 mil 645 personas (6.1% de la población total). En proporción, este grupo demográfico disminuyó respecto de 2010 cuando conformaban 6.6% del total de la población, es decir, 6 millones 913 mil 362 de los 112.3 millones de habitantes censados 10 años atrás.4
En la misma tesitura, otro fenómeno es el contraste que existe entre el incremento de la población mexicana, la cual supera los 126 millones de personas en 2021; y la disminución del número de hablantes de alguna de las 68 lenguas maternas y 364 variantes que existen en el país.5
No podemos, ni debemos ser indiferentes ante el desuso de las lenguas indígenas en espacios públicos, en lugares comunitarios y familiares; así como a la falta de transmisión intergeneracional y la cohesión interna de la comunidad lingüística. Es momento de reivindicar nuestras lenguas originarias, en virtud de que forman parte del patrimonio cultural inmaterial y representan un legado de los pueblos originarios de México.
En el Grupo Parlamentario de Morena estamos comprometidos con la construcción de un México más justo, incluyente e igualitario, por ello se considera de vital importancia el asunto que se pone a consideración de esta Honorable Asamblea. Si bien es cierto que existen acciones en la materia, también lo es que éstas deben ser fortalecidas y complementadas con otras de igual naturaleza.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz, lleven a cabo la instrumentación de acciones conjuntas dirigidas a fortalecer la conservación, promoción y revitalización de las lenguas indígenas en la entidad, con especial atención a las que se encuentran en peligro de desaparecer.
Notas:
1. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (20/02/21). Día Internacional de la Lengua Materna 2021. Gobierno de México. Consultado en:
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-internacional-de-la-lengua-materna-2021?idiom=es
2. Unesco. (21/02/21). Día internacional de la lengua materna . Unesco. Consultado en:
https://es.unesco.org/commemorations/motherlanguageday
3. García, Alejandro. (18/04/21). Peligran 4 lenguas indígenas de Veracruz por miedo a discriminación. Central Noticias. Imagen del Golfo. Consultado en: https://imagendelgolfo.mx/xalapa/peligran-4-lenguas-indigenas-de-veracr uz-por-miedo-a-discriminacion/50088568
4. Inegi. Comunicado de Prensa Núm. 24/21. (25/01/21). En México somos 126 014 024 Habitantes: Censo de Población y Vivienda 2020 . Inegi. Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSoci odemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
5. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (20/02/21). Día Internacional de la Lengua Materna 2021. Gobierno de México. Consultado en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-internacional-de-la-lengua-ma terna-2021?idiom=es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días de abril de 2021.
Diputado Hermilo Arista Bonilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura a proponer ante la UNESCO la inscripción del Baile del Torito en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a cargo de la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Janet Melanie Murillo Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La vasta cultura del país es sin duda extensa y merecedora de protección, reforzar nuestras tradiciones y creencias nos otorgan sentido de pertenencia e identidad un factor sumamente importante para el amor y cuidado de la nación.
Mediante la cultura podemos reconstruir el tejido social tal como lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como, constatar que la cultura abarca desde los más preciados monumentos históricos y museos hasta los ritos tradicionales y el arte contemporáneo.
En la riqueza cultural que poseemos figura el patrimonio cultural inmaterial, o “patrimonio vivo”, el cual hace referencia a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidas por comunidades de generación en generación.1
Actualmente, la UNESCO protege este patrimonio a través de una relación en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad:2
2019
Procesos artesanales para la elaboración de la Talavera de Puebla y Tlaxcala (México) y de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo (España)
2018
La romería de Zapopan: ciclo ritual de La Llevada de la Virgen
2016
La charrería, tradición ecuestre en México
2012
Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: el Centro de las Artes Indígenas y su contribución a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del pueblo totonaca de Veracruz, México
2011
El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta
2010
La pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas
Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo
La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán
2009
Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado
La ceremonia ritual de los Voladores
2008
Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos
En virtud de lo anterior, es importante continuar reforzando y protegiendo a la cultura mexicana a través de estas valiosas expresiones como es el caso de la danza del Torito del Estado de Guanajuato. El origen de esta danza no se sabe con certeza, sin embargo, se cree que fue en la Ex Hacienda de Chichimequillas aproximadamente en el año de 1831, actualmente se celebra en León, Guanajuato, San Francisco del Rincón y Silao.
Este baile está formado por nueve personajes muy cómicos, cada uno baila de forma peculiar:
Toro
Caballito / Hacendado
Mulita / Caporal
Maringuia / Tamalera
Borracha
Moco / Jorobado
Viejito / Ermitaño
Diablo
Muerte3
La historia se desarrolla con Justo en medio de la fiesta, un toro embravecido por el diablo decide unirse a la celebración causando estragos en la hacienda hasta que se enfrenta al Charro hacendado seguido del Caporal (O Mulita), La Maringuiá, La Borracha, El Moco (O Jorobado), El Viejito (O Hermitaño), al mismo Diablo y finalizando con La Muerte, tratando de domar al animal en ese respectivo orden donde la muerte da fin a la faena del astado y en el proceso arrebatando la vida de cada personaje, la danza por si sola hace una analogía sobre todos los momentos a los que nos enfrentamos durante nuestras vidas hasta llegar a la muerte, mediante personajes de máscaras grotescas y un toque de algarabía y picardía al ejecutarla.
Cada uno de los personajes participa con su propia y singular danza, la música se compone únicamente por una persona que toca la flauta y otra que toca el tambor, actualmente con diferentes versiones de la misma, en algunos lugares aledaños a Silao se ha añadido un cántico que acompaña la pieza musical de cada personaje que participa, del mismo modo de manera negativa agregando personajes ajenos a la danza, de cualquier manera la tradición sigue teniendo la aceptación y cariño de su gente hasta hoy.4
Esta danza contiene un significado importante tanto cultural como religioso al representar el sincretismo de las culturas originarias con la religión católica, el triunfo del bien sobre el mal y la representación de los “pecados” y “vicios terrenales”.5
Como resultado de lo mencionado podemos visualizar que la danza del torito posee las características necesarias para ser reconocida dentro de la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad impulsando el amor e identidad del país.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a llevar a cabo en el ámbito de su competencia los trámites necesarios a fin de proponer frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción de la Danza del Torito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Notas
1 https://es.unesco.org/themes/patrimonio-cultural-inmaterial
2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/03/asun_4022201_ 20200319_1584640641.pdf
3 https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-danza-del-torito-color-y-tradic ion-colonial-de-guanajuato.html
4 https://www.detourporguanajuato.com/nuestras-ra%C3%ADces/danza-del-tori to/
5 https://mexicotravelchannel.com.mx/servicios/20201203/la-danza-del-tori to-una-magica-tradicion-guanajuatense/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2020.
Diputada Janet Melanie Murillo Chávez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de BC a especificar y transparentar el destino de los recursos aprobados mediante la adquisición de nueva deuda por 3 mil millones de pesos, a cargo de la diputada Miriam del Sol Merino Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Miriam del Sol Merino Cuevas, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La deuda pública de las entidades federativas ha crecido de manera ininterrumpida en los últimos años. Solamente de 2005 a 2020 se incrementó de 147 mil 412 millones de pesos (147,412 MMDP) a 637 mil 274 millones de pesos (637,274 MMDP).
Los estados más endeudados del país en cantidades absolutas son: la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Veracruz, sumando la deuda de estos 5 estados representa el 50.5% de la deuda subnacional.
Al cuarto trimestre de 2020, el promedio nacional de deuda pública para las entidades federativas era por 19 mil 900 millones de pesos (19.9 MMDP), ubicándose el estado de Baja California en la posición 11º de todo el país con una deuda de 21 mil millones de pesos (21 MMDP).
Por esta razón, el 27 de abril de 2016 se publicó la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para establecer los criterios de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y a los municipios.
Sin embargo, en Baja California, el estado que represento, el Congreso del Estado de Baja California acaba de aprobar hace unos días, el 21 de abril del presente año, una deuda por 3 mil millones de pesos (3 MMDP) a pagarse en 20 años y comprometiendo el 25% de los recursos que llegan por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales (FAFEF) que llegan para ser utilizados principalmente en infraestructura, saneamiento financiero y sistema de pensiones, entre otros rubros.
Con esta nueva deuda a largo plazo, nuestro estado de Baja California estará llegando a los 24 mil millones de pesos de deuda pública (24 MMDP) pasando al lugar 9º a nivel nacional, y sin contar con la deuda a corto plazo por 3 mil 150 millones de pesos (3,150 MMDP) que se contrató en once créditos con seis diferentes instituciones financieras y que vencen en junio y julio de este año 2021, más el pago de proveedores, contratos, pensiones, e infinidad de deudas que tiene nuestro estado.
Si no se cuenta con una disciplina financiera, seguramente en unos meses que el actual gobernador del estado Jaime Bonilla deje el cargo, estaremos entre los primeros estados con mayor deuda pública del país.
Es preocupante que se aprobará una cantidad tan elevada de deuda pública sin ni siquiera informar específicamente y sin transparentar en que se van a gastar estos recursos. Solamente hicieron referencia en el Congreso del Estado de Baja California que este recurso se utilizará para infraestructura y equipamiento para salud, educación, hídrica, hidroagrícola, alcantarillado, agua limpia, sistema de riesgo, movilidad urbana, carreteras, seguridad pública, etc.
Es claro que no tienen un proyecto ni saben en que se utilizara este recurso, o tal vez si lo saben, pero no lo quieren informar. Es debido a esto, que hago un exhorto al Gobernador del Estado de Baja California para que aclare e informe específicamente en que proyectos y en que rubros serán destinados los 3 mil millones de pesos (3 MMDP) que acaban de aprobar de deuda, y exhortarlo también, para que entregue un estado financiero estable a quien vaya a sustituirlo en el cargo este año.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Baja California para que transparente y especifique el destino que tendrán los recursos aprobados mediante la adquisición de una nueva deuda por 3 mil millones de pesos (3 MMDP).
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Baja California Jaime Bonilla Valdez a mantener las finanzas públicas del estado para asegurar la operación de la siguiente gobernadora o gobernador entrante.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputada Miriam del Sol Merino Cuevas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las instituciones del Sistema Nacional de Salud a promover, coordinadas por la Ssa, la detección y atención de adultos con carcinoma hepatocelular, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El cuarto Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 plantea reducir en un tercio de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles de aquí al 2030. Es por ello, que dicho objetivo señala la necesidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, con lo que se pretende reducir la tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas mediante su prevención y tratamiento1 .
En el caso específico, el cáncer es una enfermedad donde se desarrollan células anómalas que presentan un crecimiento desmedido, provocando que exista un exceso de células que no son necesarias para el cuerpo humano, dando lugar al crecimiento de una masa o tejido denominado “tumor o nódulo”, y con ello invadiendo algunas partes del cuerpo e inclusive extendiéndose a otros órganos2 .
En el 2020, el cáncer fue una de las causas principales de muerte en todo el mundo, con casi 10 millones de fallecimientos3 . El mismo año, en México, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se registraron 60,412 defunciones por tumores malignos4 . Los tipos más comunes son: el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal, el cáncer cervicouterino, el cáncer de próstata, y el cáncer primario de hígado o carcinoma hepatocelular; siendo este padecimiento la tercera causa de muerte, por debajo de enfermedades cardiovasculares y diabetes.
Es de resaltar el carcinoma hepatocelular que afecta al hígado, el órgano más grande del cuerpo, que lleva a cabo múltiples funciones vitales para el ser humano, tales como absorber nutrientes para el crecimiento y reparación del organismo; mantener las reservas de hierro, proteínas y minerales; eliminar todas las toxinas que se respiran, comen o se untan en la piel; y crear una reserva de glucosa y sangre para ser utilizadas en situaciones de estrés5 . El cáncer citado, originó 830,000 defunciones, siendo el tercer tipo de cáncer que causo un mayor número de fallecimientos en el mundo6 .
Si bien padecer carcinoma hepatocelular puede ser derivado de múltiples factores, actualmente permea la concepción de que esta enfermedad es desencadenada por un consumo reiterado y excesivo de alcohol, esto conlleva a un diagnóstico tardío y posteriormente a la muerte; no obstante, es de menester importancia comunicar a la población que esta enfermedad puede tener diversos orígenes como la falta de aplicación de vacunas para combatir el hepatitis B o de tratamiento para curar la hepatitis C, en los hábitos alimenticios y la deficiente actividad física que provoca obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) realizada por el INSP, la prevalencia de obesidad en el país es la más alta en todo el mundo con un 75.2 %, con base en datos obtenidos para el año 20187 .
Es de considerar lo dispuesto por el quinto objetivo, del programa sectorial de salud 2020-2024, puesto que plantea como propósito la atención de los problemas predominantes de salud pública, como es la obesidad y las enfermedades no transmisibles, la salud sexual y reproductiva, la salud mental y adicciones cuya conjunción afectan tanto la salud individual y poblacional8 .
El carcinoma hepatocelular es un problema de salud pública que, de acuerdo con la Estadísticas de mortalidad 2019 del Inegi, es la segunda causa de fallecimientos por tumores malignos en población mayor a 60 años y la tercera en la población menor a 15 años. Este tipo de cáncer comúnmente ante el diagnóstico la vida del paciente es limitado, y sus tratamientos son costosos o requieren personal especializado9 .
El Fondo de Salud para el Bienestar, en términos de la primera fracción del artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, tiene como fin destinar recursos a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos. Siendo el Consejo de Salubridad General, mediante una Comisión, la instancia que define tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. Por tal motivo, la población sin seguridad social menor de 14 años y mayor a 60 años que padezca carcinoma hepatocelular debe ser beneficiaria del Fondo mencionado.
Además, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, en coordinación de la Secretaria de Salud, debe impulsar una política pública encaminada a lograr la detección y atención de la población que padece carcinoma hepatocelular de manera oportuna para que se favorezca al tratamiento del padecimiento en beneficio de la salud del paciente, con la participación de comunidades médicas, académicas, las instituciones del sector salud, los pacientes y las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, es indispensable que las y los pacientes puedan recibir atención de grupos médicos multidisciplinarios, espacialmente de oncología, hepatología, gastroenterología, cirugía radiología y medicina interna.
Con base en lo anterior, es necesario en beneficio del paciente, contar con la especialidad necesaria de diversos médicos expertos, obtener un diagnóstico oportuno, un tratamiento eficaz y seguimiento adecuado para cada uno de ellos.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud para que, bajo la coordinación de la Secretaria de Salud del gobierno de México, promueva la detección oportuna y la atención eficaz a la población menor de 14 años y mayor a 60 años que padecen carcinoma hepatocelular.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a las instituciones del Sistema Nacional de Salud para que, bajo la coordinación de la Secretaria de Salud, promuevan campañas de difusión y comunicación entre la población sobre los factores de riesgo, la importancia de un diagnóstico oportuno, y la existencia de tratamientos para la atención del carcinoma hepatocelular.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, para que, en el ámbito de su competencia, incorpore al carcinoma hepatocelular dentro del Fondo Catastrófico, a fin de garantizar un tratamiento integral y de calidad para la población menor de 14 años y mayor a 60 años sin seguridad social que padecen esta enfermedad.
Notas:
1. Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.
2. Infocáncer (2019), ¿Qué es el cáncer? Disponible en el siguiente sitio web: https://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=que-es
3. Noticias ONU (2021), El cáncer mató a diez millones de personas en 2020, la mayoría en países de renta baja y media. Disponible en el siguiente sitio web:
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487492
4. Inegi (2021) Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer. Disponible en el siguiente sitio web:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2021/cancer2021_Nal.pdf
5. Fundhepa (2021) Cáncer. Disponible en el siguiente sitio web: https://fundhepa.org/enfermedades/cancer/
6. OMS (2021) Cáncer. Disponible en el siguiente sitio web: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
7. Ensanut (2018), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Disponible en el siguiente sitio web: https://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/
8. DOF (2020), Programa sectorial de salud 2020-2024.Disponible en el siguiente sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598474&fecha=17/08/2020
9. Jiménez-Luévano, Miguel Ángel et al. Manejo del hepatocarcinoma con celecoxib y pentoxifilina: reporte de un caso. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, [S.l.], v. 56, n. 3, p. 309-315, oct. 2018. ISSN 2448-5667. Disponible en: http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/art icle/view/1441. Fecha de acceso: 22 abr. 2021
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril del 2021
Diputada María Marivel Solís Barrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incluir al personal de seguridad pública y privada, bomberos y demás integrantes de los servicios de rescate y protección civil en la segunda etapa de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, a cargo del diputado Juan Martín García Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN
Juan Martín García Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del artículo 6 y I y V del Apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión a incluir al personal de seguridad pública, seguridad privada, bomberos y demás integrantes de los servicios de rescate y protección civil en la segunda etapa de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, con base en las siguientes
Consideraciones
A fin de establecer de forma clara las directrices que habrían de guiar la inmunización contra el Covid-19, el 8 de diciembre de 2020, el gobierno federal publicó la primera versión de la política nacional de vacunación (PNV) contra el SARS-Cov2.
En dicho documento, el gobierno, a instancias del grupo técnico asesor de vacunas en México, estableció el orden de prioridad en que se debería inmunizar primero a todo el personal de salud, seguido de los adultos mayores. A continuación se transcribe un extracto de la primera versión de la PNV:
Priorización de población a vacunar
Las recomendaciones preliminares del Grupo técnico asesor de vacunas en México están basadas en escenarios y supuestos que pueden cambiar conforme la evidencia científica sobre los perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas se actualicen.
El grupo analizó los beneficios potenciales acumulados en términos de tres indicadores: casos nuevos evitables, muertes y hospitalizaciones evitables, llegando a la conclusión preliminar de establecer una estrategia enfocada en reducir las muertes asociadas con Covid-19, diseñada con base en la mortalidad observada en México. Los beneficios se midieron asumiendo una disponibilidad de 25 millones de personas vacunadas, un escenario alterno con 50 millones y un tercer escenario considerando una cobertura universal que lograría la inmunidad de rebaño esperada con un programa de vacunación universal para prevenir la Covid-19, cubriendo al menos a 75 por ciento de la población mexicana.
Para definir la priorización se analizó la información de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población para obtener el tamaño de la población por grupo de edad. Para el nivel de riesgo se consideraron tres enfermedades asociadas a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa de Covid-19.
La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por Covid-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.
Con base en los resultados de este análisis, los grupos priorizados en orden de prelación son:
1. Trabajadores de salud.
2. Personas mayores de 80 años.
3. Personas de 70 a 79 años.
4. Personas de 60 a 69 años.
5. Personas de 50 a 59 años.
6. Personas de 40 a 49 años.
7. Población menor de 40 años.
Ninguna vacuna podrá aplicarse a personas menores de 18 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población. Actualmente, ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y embarazadas.
La PNV no incluyó al personal de seguridad pública ni privada; tampoco se consideró vacunar prioritariamente a bomberos y demás cuerpos de rescate y protección civil, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejaba en el “Marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación Covid-19” la inmunización prioritaria de dichos cuerpos de seguridad y urgencias.
Así, en el cuadro 2, “Marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación Covid-19”, publicado por la OMS, se especifica cuáles grupos poblacionales deberán ser inmunizados en las primeras etapas de vacunación por su edad, condición de salud o por la función que desempeñan, dicho documento señala a la letra:
De forma responsable, la OMS incluyó a los servicios de seguridad y rescate dentro de los grupos que deben ser inmunizados prioritariamente.
Los servicios que prestan el personal de seguridad pública y privada resultan esenciales para la seguridad de la población, como consecuencia de su importante labor, las personas que integran estos grupos no han podido recurrir al confinamiento para evitar ser contagiados y han tenido que seguir atendiendo sus labores, a pesar de tener un alto riesgo de contagio.
De igual manera, los cuerpos de bomberos, rescatistas y protección civil, realizan actividades esenciales para la salvaguarda de las personas, así como los policías, granaderos y elementos de seguridad privada, no les ha sido posible interrumpir los servicios que prestan a la sociedad, lo que les ha significado mantenerse bajo un grave peligro de resultar contagiados.
Asimismo, habría que tener en cuenta que la naturaleza de servicios como son mantener la seguridad de los ciudadanos, así como la atención de llamadas de rescate y emergencias, el personal encargado de estas actividades, se encuentra expuesto a un constante acercamiento físico para cumplir con sus funciones, lo que incrementa el riesgo de contagios.
A fin de ajustar la PNV, el 12 de enero de 2021 se publicó una segunda versión de ella, donde se establece un calendario de vacunación que incluye sólo al personal de salud como único grupo prioritario por inmunizar.
El resto de los grupos poblacionales que por la naturaleza de su trabajo se encuentran en alto riesgo de infección y trasmisión no fueron considerados como grupos prioritarios, con lo cual, los miembros de los cuerpos de policía (pública y privada), bomberos, rescatistas, y miembros de protección civil, deberán esperar a ser vacunados de acuerdo con su edad.
El 20 de abril pasado, el responsable del control de la pandemia advertía de un muy posible tercer pico de la pandemia, así lo hacía ver el repunte en el número de infectados y la ocupación de camas con ventiladores.
Los servicios de seguridad y rescate no pueden ser presentados de manera semi-presencial, es una inconsciencia que el gobierno federal no haya considerado a policías, cuerpos de seguridad pública y privada, bomberos, rescatistas y demás personal de protección civil como grupos prioritarios para su inmunización.
La presente proposición con punto de acuerdo busca exhortar al titular del ejecutivo federal para que considere la inmunización dentro de la segunda etapa del calendario de vacunación de la PNV a los elementos de seguridad pública y privada, así como a los miembros de los cuerpos de bomberos, rescatistas y de protección civil; lo anterior, con el único fin de garantizar la protección de la salud de éstos.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión a incluir al personal de seguridad pública, seguridad privada, bomberos y demás integrantes de los servicios de rescate y protección civil en la segunda etapa de vacunación de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2.
Referencias
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Gu iaAplicacionVx_BNT162b_08Ene2021.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Po lVx_Covid_-11Ene2021.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputado Juan Martín García Márquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a incorporar por la SEP en los libros de texto gratuitos información actualizada sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y las adultas mayores, así como fomentar su trato digno, ante la discriminación y violencia que aún enfrentan, a cargo de la diputada Rosa Elia Tijerina Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Rosa Elia Morales Tijerina, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las personas con discapacidad y las personas adultas mayores constituyen grupos vulnerables de la población, que enfrentan cotidianamente barreras en diferentes ámbitos de la vida nacional, que limitan el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y la incorporación efectiva a la sociedad.
La pandemia del coronavirus Covid-19 ha agravado su situación económica, toda vez que, si antes no encontraban trabajo, es más complicado en la circunstancia actual, aumentando la inequidad en las oportunidades.
Para poner en perspectiva el tema, basta señalar que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 6 millones 179 mil 890 personas con discapacidad a nivel nacional, cifra que representa 4.9% de la población total.1
Por su parte, se ha incrementado la población de 60 años y más, que pasó de 9.1% en 2010 a 12.0% en 2020. Es decir, hay más de 15 millones de personas residentes en México en ese rango de edad.2
La educación constituye uno de los derechos fundamentales al cual no tienen acceso pleno estos sectores. La Ley General de Educación (LGE) establece que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social.
En tal virtud, resulta indispensable que se incluya información actualizada en los libros de texto gratuitos sobre las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, a la vez que se fomente en su contenido el respeto y trato digno hacia ellas.
Como sabemos, la determinación de los planes y programas de estudio para los niveles obligatorios en toda la República, así como para la formación de maestros de educación básica, es competencia exclusiva de la autoridad educativa federal, cuyas facultades también comprenden la elaboración y actualización de los libros de texto gratuitos y de los materiales didácticos complementarios.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señala que “en México, persisten numerosos prejuicios en torno a las personas mayores. Por ejemplo, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se cree que son dependientes, menos productivas y menos capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas conforme envejecen (Gutiérrez y Giraldo 2015)”.3
El organismo también refiere que las personas mayores declaran tasas considerables de violaciones a sus derechos. De hecho, casi la mitad (45%) cree que sus derechos son poco o nada respetados, y una de cada cinco (18%) reporta haber sido discriminada por al menos un motivo en los últimos 12 meses, principalmente en la calle, en el transporte público y en la familia.
Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5, menciona que la Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los derechos de la integridad, dignidad y preferencia; de la certeza jurídica; de la protección de la salud, la alimentación y la familia; de la educación; del trabajo y sus capacidades económicas; de la asistencia social; de la participación; de la denuncia popular; y del acceso a los Servicios.
El Conapred menciona que las personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial. Ante un entorno que no considera dichas características, éstas tienden a estar asociadas con dificultades para la participación plena y efectiva en la sociedad.
Todos los obstáculos que las personas con discapacidad enfrentan en los espacios arquitectónicos y urbanos, en la transmisión de mensajes o ideas, e incluso en el trato cotidiano han alentado la generación y la prevalencia de prejuicios y estereotipos. Además, lejos de aportar a la inclusión social de las personas con discapacidad, estas barreras impiden tomar conciencia de la discapacidad como parte de la diversidad humana, de las aportaciones que las personas con discapacidad ofrecen a las comunidades, así como de la capacidad que estos individuos tienen para tomar sus propias decisiones, sin que tengan que ser sustituidas por una tercera persona.
Cabe señalar que, desde hace varios años, la discapacidad ha sido una de las causas de discriminación por las que más se presentan quejas ante el Conapred. Entre 2012 y junio de 2018, se calificaron 1,482 expedientes como presuntos actos de discriminación hacia personas con discapacidad. Éstos se dieron principalmente en el ámbito educativo y laboral, y los derechos fundamentales vulnerados fueron el trato digno, la accesibilidad, la educación y el trabajo.4
Actualmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentra trabajando en el rediseño de Libros de Texto Gratuitos, cuyo el objetivo es “convertirlos en una pieza clave para la solidaridad y la integración del país desde una visión humanista”.
Fueron convocados normalistas, investigadores de universidades públicas y privadas, becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Consejos Técnicos Escolares, maestros, bibliotecarios, así como cronistas y maestros jubilados, entre otros especialistas, que desearan participar considerando su profesión o la naturaleza de sus estudios, de acuerdo a las diferentes categorías, así como los requerimientos y orientaciones de las Nueva Escuela Mexicana.5
La SEP emitió un comunicado el miércoles 7 de abril en el que señaló que el proceso de rediseño de algunos libros de texto se inició en febrero y continuará, al menos, hasta mayo próximo. Se explicó que fueron seleccionados 1,882 participantes, quienes el 5 del mismo mes entregron1,092 materiales didácticos.6
Sin embargo, de acuerdo con especialistas, es un proceso confuso, acelerado y poco organizado, ya que no se explica qué criterios se selección se utilizaron para garantizar que quienes llegaran efectivamente tuvieran los conocimientos que se necesitaban.
Independientemente de los problemas que ha enfrentado el proceso para el rediseño de los libros de texto, es fundamental aprovechar la oportunidad para que se incluya en su contenido información actualizada sobre los derechos de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, la cual, permitirá visibilizar entre la población sus principales problemáticas, generar una mayor conciencia y contribuir con ello a eliminar los estereotipos, la discriminación y la violencia que persiste hacia estos dos sectores vulnerables.
Las personas con discapacidad y las personas adultas mayores no deben enfrentar barreras para alcanzar la inclusión plena a la sociedad; por el contrario, construir sociedades inclusivas impulsa el desarrollo de los sectores más vulnerables, para lo cual, es menester que las políticas públicas orientadas a combatir la discriminación no se limiten a garantizar los derechos de las personas, sino que se extiendan hacia las decisiones y planes sociales a efecto de cerrar las brechas y lograr el bienestar general.
Los pendientes son mayúsculos, por lo que se requiere del esfuerzo de los distintos niveles de gobierno y de la sociedad en general, con el objeto de atender sus demandas más apremiantes, para que dichos sectores vulnerables de la población puedan ejercer de manera efectiva sus derechos fundamentales, así como garantizar su plena incorporación al desarrollo nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se incorpore en los libros de texto gratuitos información actualizada sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, así como para fomentar su trato digno, ante las prácticas de discriminación y violencia que aún enfrentan a nivel nacional.
Notas
1 Inegi, “Censo de Población y Vivienda 2020”. Consultar en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSoci odemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSoci odemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
3 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf
4 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PcD%283%29.pdf
5 https://libros.conaliteg.gob.mx/Convocatoria_2021.pdf
6 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/04/09/el-rediseno-al-vapor-de -los-libros-de-texto-genera-dudas-y-criticas
Dado en el salón de sesiones del Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 28 de abril de 2021.
Diputada Rosa Elia Morales Tijerina (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la CRE a modificar y actualizar las NOM-016 y NOM-044-SEMARNAT-2017, para el uso del diésel de ultrabajo azufre, a cargo de la diputada Coyolxauhqui Soria Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Coyolxauhqui Soria Morales, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, Con fundamento en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto la proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Actualmente, los vehículos que operan con combustibles fósiles siguen acaparando el mercado, en México de un parque vehicular de 77, 246,224 a marzo de 2020, sólo 0.0023% son eléctricos y la gran mayoría del transporte de carga opera con diésel. El valle de México desde hace años enfrenta problemas relacionados con la calidad del aire, debido, entre otras razones, al crecimiento del parque vehicular y grandes concentraciones urbanas, para lo cual se han incorporado políticas públicas que contribuyan a mitigar esos efectos negativos, como el “Hoy no circula” o los combustibles con características químicas especiales, como el diésel de ultra bajo azufre (Duba). De acuerdo con un estudio realizado por la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) el diésel de ultra bajo azufre permite el uso de absorbentes NOx (gas contaminante), lo que aumenta el control de NOx a más de 90% en vehículos diésel y gasolina, por lo que los filtros de partículas logran la máxima eficiencia con combustibles de ultra bajo contenido de azufre, acercándose al 100% del control del material particulado.
Por otra parte, el diésel “regular” que produce Pemex tiene 500 partes de azufre por millón (ppm), el Duba tiene sólo 15 ppm y el cual se encuentra regulado por la CRE en las zonas con problemas en la calidad del aire y ciertos corredores de transporte, pero, desde finales de 2018, se generó el compromiso de sólo utilizar este diésel; primero se pospuso a 2020 y ahora hasta 2024.
En ese sentido, se han manifestado integrantes de la cadena de suministro del autotransporte en México los cuales han pedido que la NOM-016 sea modificada lo más pronto posible para que también la NOM-044-SEMARNAT-2017, que establece los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, se ajuste a la demanda de DUBA que requieren los vehículos nuevos y que la misma NOM-044 dicta para mejorar la calidad del aire, ya que en palabras de los integrantes del sector esta discordancia normativa causa incertidumbre en toda la cadena.
Cabe señalar que Pemex debe de garantizar el suministro de diésel DUBA al 100% en todo el país, ya que actualmente el abasto es del 75 por ciento.
Lo anterior, debido a que desde diciembre de 2019 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó a Pemex tener el Duba al 100% en todo el territorio nacional hasta 2025, cuando la NOM-016 establece la obligación de Pemex de garantizar el servicio a más tardar el 31 de diciembre de 2018, de conformidad a dicha NOM-016.
Es de llamar la atención la reciente declaración de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la cual solicita una revisión a la NOM-44-2017 de Semarnat y el retraso de la entrada en vigor de la NOM-016 de la CRE-2016 actualizada el año pasado, con el argumento de que en México no hay suficiente diésel ultra bajo en azufre (Duba).
Ambos ordenamientos establecen los tiempos y condiciones de transición para que fabricantes o importadores de automotores con peso bruto vehicular de 3,857 kg. Sólo vendan en México vehículos que garanticen el cumplimiento de las normas ambientales Euro 05 y Epa 7.
La idea original era que Pemex proveería a nivel nacional Duba, a través del plan de reconfiguración de sus 6 refinerías, sin embargo, a la fecha sólo 3 han llevado a cabo este proceso, por lo que la producción de Duba por Pemex en 2019 atendió al 19% de la demanda nacional lo que equivale a 74 mil barriles diarios, lo cual representó que aproximadamente por cada 5 litros de diésel, uno fue producido por Pemex. En el mismo año, la producción de diésel de 500 ppm fue de 54 mbd del total nacional.
De hecho, la segunda norma obligó a Pemex a realizar una fuerte transformación de su planta de refinamiento de diésel para poner a disposición del parque vehicular pesado del país que será vendido en México a partir de 2019, el Duba, y para lograrlo, la CRE determinó recalendarizar la entrada en vigor de la norma en dos ocasiones, por la moratoria de facto que tenía Pemex. Pero, desde 2018, la situación cambió radicalmente y más con la actual administración de Pemex, debido a un incremento de 32.86 a 99.3 MMbd, respecto a la producción nacional de Duba en el sistema, porcentaje que además se ha alimentado por la importación privada, que creció de 48.4 MMbd a 148.4 MMbd.
De acuerdo a datos estadísticos de la Secretaria de Energía, Pemex ha reducido de enero a mayo la importación del Duba (pues pasó de 233.5 a 180.2 MMbd), pero porque aumento su producción nacional y, hoy, el diésel que se vende en México, 92% del combustible es calidad Duba y lo que se produce de diésel regular no es un incumplimiento, pues la norma obliga al cambio progresivo de equipos de transporte de carga y pasaje y los automotores de más tiempo usan ese combustible en algunas zonas; además de los usos industriales que tiene el diésel fuera de las metrópolis y el Valle de México.
Entre las consideraciones para aprobar la prórroga, se destaca que en diciembre la CRE ya había otorgado a la petrolera una ampliación por cinco años, hasta 2025, a la fecha límite para ofrecer tanto diésel de ultra bajo azufre (DUBA) como diésel de hasta 500 ppm en la mayor parte del país.
Por lo que, es necesario modificar y actualizar la NOM-044 y que esta sea compatible con las tecnologías autorizadas actualmente con las que ya existen como es el caso de (Euro 5 - EPA 07), realizando una fuerte transformación de su planta de refinamiento de diésel para reducir la importación del duba, y que la Semarnat informe también por qué no se ha llevado a cabo la modificación del sistema nacional de refinación
Por otro lado, al día de hoy se desconoce y no se sabe en realidad quienes y cuáles son los armadores e importadores que no han obtenido su certificación, de cumplimiento respecto a la NOM-044-2017 pero sabemos de antemano que a través de transparencia se puede saber que armadoras venden y cuáles han producido o importado en México este tipo de camiones que han obtenido el certificado de cumplimiento de la NOM-044-2017 emitido por la Profepa.
Al final, la sorpresa es la siguiente: se han emitido 17 certificados, pero hay dos participantes en ese mercado que no tienen aún certificación: Ford y Peugeot. ¿Y por dos empresas automotrices retrasadas que a la fecha no han cumplido con su certificación se quiere modificar la entrada en vigor de la norma ambiental ? Ése sí sería un incumplimiento por parte de Pemex y la propia CRE que si sería digno de denunciar.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a modificar o actualizar la reforma de la industria Automotriz de vehículos pesados, así como la modificación de la NOM-044 para el uso del diésel de ultra bajo azufre (DUBA).
Dado en el Pleno de la Cámara de Diputados, 28 de abril del 2021
Diputada Coyolxauhqui Soria Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a actualizar la NOM-001-SEMARNAT-1996 para garantizar efectivamente el derecho al ambiente sano y la salud de todos los mexicanos, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral I, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a actualizar en el marco de sus atribuciones la NOM-001-SEMARNAT-1996, a fin de que el cumplimiento de ésta garantice efectivamente el derecho al ambiente sano y la salud de todos los mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera en el artículo 4o. que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley”. Sin embargo, comunidades enteras sufren las consecuencias del deterioro ambiental, lo cual repercute en su calidad de vida. Un caso paradigmático de lo anterior es la contaminación del río Lerma en el estado de México.
El río Lerma nace en Almoloya del Río, México, y termina en el Lago de Chapala. A partir de éste se desprende el río Santiago, el cual se extiende hasta San Blas, Nayarit, y desemboca en el océano Pacífico. Las aguas que nacen en Almoloya del Río atraviesan gran parte del país.
Para apreciar la importancia del río Lerma, es importante destacar que la cuenca alta de éste se halla en la zona centro y norponiente del estado de México, en los valles de Toluca e Ixtlahuaca-Atlacomulco y comprende una superficie de 5 mil 354 kilómetros cuadrados, lo que representa 24 por ciento del territorio estatal, donde se sitúan 33 municipios de la entidad.
Sin embargo, la influencia del río Lerma tiene efectos nocivos en la población por diferentes motivos. El primero de ellos es el alto nivel de contaminación que presenta. La acumulación de contaminantes en el río Lerma ha alcanzado niveles tóxicos para las poblaciones aledañas, como Lerma, Santiago Tianguistenco, San Mateo Atenco y Santiago Tultepec.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) se señala que el índice de niños que enfrentan algún cáncer se presenta con mayor frecuencia en municipios que colindan con el río Lerma, el número de casos diagnosticados entre niños ha ido en incremento, derivado de diversas condiciones, entre las cuales destaca la cercanía con los agentes patógenos del río. En esas condiciones, la leucemia representa 60 por ciento de los cánceres infantiles en la región.1
Lo anterior se puede corroborar en un informe de Greenpeace donde se señala que en el río Lerma se encontraron metales pesados como el cadmio y el cromo; ambos metales tienen la calificación más alta como probables cancerígenos para los seres humanos, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer y representan un riesgo para la salud.2 Aunado a los metales encontrados, se detectaron 51 compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, dentro de los cuales, algunos están clasificados como potencialmente cancerígenos para animales vertebrados y probables cancerígenos para seres humanos.3
Con lo expuesto, se reafirman los hallazgos encontrados por la AMANC; también se refuerza la correlación de los eventos; y el problema que representa el Río Lerma toma una mayor relevancia como problema público.
La contaminación en el Río Lerma es causada, principalmente, por los contaminantes que vierten las más de 500 industrias (químicas, metal-mecánicas, curtidurías, textiles, farmacéuticas, plásticas, alimenticias, automotrices) del corredor industrial Toluca-Lerma.4 Estas industrias cuentan con el servicio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Reciclagua, cuya misión es “otorgar el servicio de tratamiento de aguas residuales industriales y de servicios del corredor Toluca-Lerma-El Cerrillo, con eficiencia y apego a la normatividad ambiental vigente”.5
En este caso, la norma encargada de regular la cantidad de contaminantes vertidos en los cuerpos de agua es la NOM-001-SEMARNAT-1996. Sin embargo, la planta está lejos de cumplir con dicha normatividad, ya que su capacidad de tratamiento de agua equivale al 36% del total que es usado por las industrias en cuestión; es decir, incluso si la planta trabajase al máximo de su capacidad, la mayor parte del agua que se vierte en el Río Lerma, por parte de las industrias en cuestión, sería contaminante.6
Además, existe un vacío respecto a la variedad de contaminantes que se permite verter en los cuerpos de agua. Un ejemplo son el tolueno y benceno, metales pesados altamente tóxicos que no son regulados por la NOM-001-SEMARNAT-1996 y que son vertidos en el cauce del Lerma por el conjunto de industrias mencionadas. De manera sintética, se puede expresar que no se cumple con la NOM-001-SEMARNAT-1996 y al mismo tiempo ésta es insuficiente para cuidar los cuerpos de agua de la Nación debido a su falta de actualización.
La NOM-001-SEMARNAT-1996 es también rebasada por las aguas residuales que expiden los municipios por los que pasa el cauce del río Lerma.
De esta forma, las autoridades gastan millones de pesos en programas de saneamiento, a través de Reciclagua, mientras las industrias y los municipios, por falta de control y capacidad administrativa, siguen descargando contaminantes al río.7
También es necesario señalar que la NOM-001-SEMARNAT-1996 no ha sido modificada ni actualizada desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación incumpliendo el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En dicho artículo se establece que “la revisión, actualización o cancelación de las normas mexicanas deberá cumplir el mismo procedimiento que para su elaboración, pero en todo caso deberán ser revisadas o actualizadas dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la declaratoria de vigencia”.8
Por otro lado, es importante entender los diversos motivos por los cuales el Río Lerma sufre de una fuerte contaminación. Así, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México, la urbanización acelerada de las zonas metropolitanas de los valles de México y Toluca imposibilita la recarga de los mantos acuíferos de la cuenca del río Lerma.
La problemática principal presentada en la cuenca del río Lerma se centra en el deterioro ecológico de las Ciénagas del Lerma, las cuales son el tercer santuario de aves más importante de Norteamérica; en la pérdida de mil 566 hectáreas de bosque por año; en la erosión de cauces, lo cual aumenta las inundaciones; en la insuficiencia de recursos para la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica; y en la falta de cumplimiento de las normas ambientales.
Otro de los graves problemas en torno al río: las inundaciones. Los municipios que colindan con el río Lerma constantemente sufren de inundaciones por la llegada del agua derivada de las lluvias y que no pudo llegar a los mantos freáticos y también por la llegada de las aguas negras provenientes de los municipios altos de la región, principalmente Zinacantepec, Toluca y Metepec. Los mecanismos de compuertas que reciben estas altas cantidades de agua son insuficientes. Cabe agregar la reacción tardía de las autoridades para desazolvar los conductos de drenaje. Debido a estos factores, San Mateo Atenco o la comunidad de San Pedro Tultepec sufren de recurrentes inundaciones y también de las enfermedades gastrointestinales, gripes y fuertes pérdidas materiales asociadas a éstas. Dichas inundaciones han cambiado la forma de vida de la población. Por ejemplo, las inundaciones provocaron que se dejara de lado el uso del tule como materia prima para la elaboración de artículos utilitarios para su venta, lo cual era el principal motor de la economía local. Las afectaciones han provocado fuertes flujos migratorios. Tal como ha sido el caso de la joven activista Xiye Bastida, originaria de San Pedro Tultepec, quien tuvo que migrar a los 13 años a Estados Unidos junto con su familia en busca de mejores oportunidades, ya que en su tierra natal no las hubo. Además, durante su intervención en la Cumbre Climática 2021 exigió que los gobiernos se enfoquen en soluciones efectivas a los problemas ambientales del país.
En conclusión, los grandes pendientes de las políticas públicas ambientales son el efectivo cuidado de las aguas nacionales, el restablecimiento de las mismas que han sido deterioradas por la contaminación y cuidar el derecho a la salud de las poblaciones afectadas por los motivos mencionados.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a actualizar en el marco de sus atribuciones la NOM-001-SEMARNAT-1996, a fin de que el cumplimiento de ésta garantice efectivamente el derecho al ambiente sano y la salud de todos los mexicanos.
Notas
1 Velásquez, L. (2019). “Río Lerma, fuente de contaminación y enfermedades”, en Heraldo, Estado de México. Consultado el 22 de abril de 2021, https://hgrupoeditorial.com/rio-lerma-fuente-de-contaminacion-y-enferme dades/
2 Greenpeace. 2014. Ríos tóxicos: Lerma y Atoyac. La historia de la negligencia continua.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 Reciclagua, página oficial, http://reciclagua.edomex.gob.mx/mision_vision_objetivo
6 Greenpeace. 2014. Ríos tóxicos: Lerma y Atoyac. La historia de la negligencia continua.
7 Ibídem.
8 Ley Federal sobre Metrología y Normalización (última reforma: 30 de abril de 2009).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Profepa, autoridades estatales y ayuntamientos a explicar por qué se eliminó del plan municipal la Sierra de Juárez como área natural protegida, a cargo de la diputada Coyolxauhqui Soria Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Coyolxauhqui Soria Morales, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto la proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
En la actualidad nuestro país, cuenta con una infinidad de sierras las cuales a simple vista son cerros sin ningún chiste y que solo están allí por algo, pero al día de hoy la sierra de Juárez se encuentra en un proceso para llevar a cabo la urbanización en donde habitan entre 15 y 17 especies de mamíferos y plantas, por lo que el colectivo Defensa de la Sierra de Juárez impugnó el Plan Municipal de Desarrollo Urbano por quitarle a la zona el estatus de área protegida, cometiendo un ECOCIDIO para el medio ambiente.
Ante este cometido y en conjunto con la organización ambientalista, se exhorta a que se lleve a cabo una revisión del Plan Municipal de desarrollo Urbano (PMDU) y su modificación, buscando entre otras cosas que se declare a la Sierra de Juárez como zona de conservación y protección ecológica, toda vez que el lugar es un medio de filtración de agua y coincide con el acuífero somero del río Bravo y del Bolsón del Hueco, el principal manto que alberga el líquido para el consumo humano, ya que el área, que alcanza al norponiente y sur poniente, es el hábitat de 15 especies de cactáceas, la cuales corresponden a más de la mitad de las que existen en el municipio, así como también alberga una cantidad de especies de mamíferos silvestres medianos, como la liebre, el tejón el cual tiene una amenaza de distribución endémica, el zorro gris y el puercoespín, este último en peligro de extinción.
Por otro lado, es importante mencionar que habitan tres especies de mamíferos de talla grande, como el coyote, gato montés y el pecarí de collar, donde este tipo de especies corren el riesgo de morir por la alteración del ecosistema que tiene la sierra y la cual cuenta con alrededor de 17 tipos de reptiles y 2 de anfibios, de los cuales el 36.8 por ciento se encuentran en estado de conservación, en el caso del lado norte de la zona está se encuentra en proceso de ocupación con asentamientos urbanos, además de los puntos de explotación de materiales y otros recursos naturales, que se extienden en el 70 por ciento de la microrregión, por lo que los habitantes han denunciado ante la Profepa.
Si bien es cierto, en la actualidad la sierra de Juárez está funcionando como un hábitat de desechos tóxicos de maquila, residuos biológicos y explotación de materiales; y todo tipo de basura e incluso hasta radioactiva, por lo que se hace un exhorto a la Semarnat a la Profepa y a las autoridades estatales y municipales a llevar a cabo una investigación exhaustiva y tomar conciencia de este ecocidio, pues no es posible que existan este tipo de basureros clandestinos, donde maquiladoras arrojan desechos tóxicos e incluso también hay hospitales que e incluso esta zona se deshacen de residuos biológicos, y por otro lado se unen las también empresas constructoras que utilizan la zona para extraer materiales.
Derivado de todo esto, el 11 de marzo del presente año, los habitantes aledaños a la sierra realizaron una serie de denuncias ante la Dirección de Ecología Municipal, sin que a la fecha haya habido alguna respuesta firme y determinante, pues ellos el día 20 del mismo mes, respondieron que realizarán una investigación, palabras de los propios funcionarios de dicha dependencia de Denuncias Ambientales y Quejas y Participación Social.
Cabe destacar que la autoridad municipal se reunió con representantes de la industria del ramo, en donde aceptaron ser los autores de los basureros clandestinos. Se comprometieron a limpiar, pero no recibieron ninguna multa, mas, sin embargo, no se sabe desde cuándo están ahí esos desechos estimamos que el daño ya estaba hecho, dado que con las lluvias y la nieve, ya estaban filtrados en el subsuelo, ante estos hechos se realizó una búsqueda en la zona, que también abarcó hasta Los Kilómetros. Encontraron sondas que tenían líquido humano, donde se notificó a la Dirección de Ecología Municipal, en donde respondieron con un “no nos corresponde”.
Sobre este tenor, se observa que esto, no es más que un tiradero al aire libre de insumos hospitalarios donde se siguen incrementando las bolsas con solución para diálisis terminaron por esparcirse en la zona por los efectos del clima, hasta filtrarse al subsuelo de la sierra de Juárez y lo peor del caso, es que las bolsas todavía siguen en acumulándose en el lugar, cada vez más lejos de la zona urbana, sin que ninguna autoridad a la fecha ataje este problema.
Derivado de lo anterior, este grave daño al ecosistema de la Sierra Juárez, el Municipio aún sigue expidiendo permisos y concesiones a constructoras que siguen “pelando cerros” a punto de excavaciones que dañan la flora y la fauna y ante todo esto, las autoridades desconocen de las bondades de la sierra, la cual funciona como un mecanismo de aguas pluviales y la que se conecta con los mantos freáticos, por donde corre el líquido para el consumo humano siendo también una barrera que filtra el aire, evita la erosión de las casas y protege de tornados, por la acción de choque contra las paredes de las montañas.
En su mayoría la gente piensa que solo son cerros secos y sin vida; no obstante, existe una gran variedad de flora y fauna que nos ayuda a la captación de bióxido de carbono y va contra el cambio climático, pero las especias endémicas, ayudan a controlar plagas, como el tecolote mejor conocido como lechuza que es importante para el control de ratas y ratones, así mismo las aves pequeñas se comen las arañas y las cucarachas, con lo que se mantiene la riqueza de la tierra de la sierra y el control del ciclo ambiental del municipio de Juárez.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las autoridades estatales y municipales para que expliquen el motivo de la eliminación del Plan Municipal a la Sierra de Juárez como Área Natural Protegida, la cual beneficia a la humanidad.
Dado en el Pleno de la Cámara de Diputados, 28 de abril del 2021
Diputada Coyolxauhqui Soria Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a convocar al sector librero de México a participar en las mesas de análisis de la próxima reforma fiscal en materia de tasa cero aplicada a todas las librerías del país, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que Suscribe, Ricardo Flores Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción II, y 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 23 de abril de 1995, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura instauró la celebración del Día Mundial del del Libro y del Derecho de Autor. La citada fecha coincide con el fallecimiento de referentes mundiales de las letras hispanas e inglesas, Miguel de Cervantes Saavedra, Garci Lasso de la Vega y William Shakespeare.
2. De acuerdo con la UNESCO, “ahora más que nunca, en momentos en que numerosas escuelas en todo el mundo permanecen cerradas y las personas se ven obligadas a reducir el tiempo que pasan al aire libre, hay que aprovechar el poder de los libros. La lectura nos puede ayudar a combatir el aislamiento, reforzar los lazos entre las personas y ampliar nuestros horizontes, al tiempo que estimula nuestras mentes y nuestra creatividad.
Durante abril y todo el año es fundamental tomarse el tiempo para leer solo o con los niños. El Día del Libro es un motivo para celebrar la importancia de la lectura, fomentar el crecimiento de los niños y niñas como lectores y promover el amor a la literatura”, https://es.unesco.org/commemorations/worldbookday
3. Por ello es necesario no perder de vista los pendientes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, en materia de tasa cero aplicado a todas las librerías del país. Independientemente de la reforma aprobada en 2019 al artículo 16, apartado A de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2020, y de la adición a la fracción VIII del citado precepto por el que se otorga el estímulo fiscal consistente en una deducción adicional para los efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), por un monto equivalente a 8 por ciento del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente.
4. Actualmente, la LIVA aplica la tasa de 0 por ciento solamente a algunos bienes y servicios, entre los que destaca la enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados, medicinas de patente, productos destinados a la alimentación, hielo y agua no gaseosa ni compuesta cuando su presentación sea en envases menores de 10 litros; ixtle, palma y lechuguilla; tractores para accionar implementos agrícolas, fertilizantes, herbicidas y fungicidas que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería y oro; que a juicio del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, en la tesis asilada III. 2o.-A. 122a., Novena Época, tomo XXII, julio de 2005, página 1569, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: “La tasa cero , a diferencia de la exención, tiene como finalidad preponderante proteger a la población social y económicamente más desprotegida, pues al permitir acreditarse el impuesto que le es trasladado al sujeto del tributo se trasforma en un verdadero subsidio en apoyo a la actividad de que se trate...”
5. Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la viabilidad de la aplicación de la tasa 0 a las librerías del país, resulta fundamental en el marco del anuncio de una nueva reforma fiscal, misma que el 30 de marzo de 2021, durante la sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Pública de la Cámara de Diputados, la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que se está trabajando en una reforma fiscal en materia de simplificación administrativa, haciendo hincapié que la mencionada reforma no tiene como objetivo la creación de nuevo impuestos así como tampoco el aumento en las contribuciones y a solicitud del presidente de la República se acordó una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores para iniciar un proceso de reflexión y estudio para tratar de entender cuál es lo adecuado técnicamente con los secretarios de finanzas.
6. En mi carácter de secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, estoy convencido de que el estímulo a libros, periódicos y revistas contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal de 2020 es insuficiente para fortalecer a este sector e impulsar el fomento a la lectura y el libro en las niñas, niños y adolescentes quienes actualmente continúan en confinamiento derivado de la pandemia por el SARS-Cov2.
7. Asimismo, para alcanzar los objetivos de la actual Estrategia Nacional de Lectura, -que busca entre otros: que México sea un país de lectores; recuperar el placer de la lectura, promoviendo la difusión y consumo de libros mexicanos y globales; participar en la construcción de la paz, creando nuevos espacios de convivencia a través del diálogo que genera la lectura; estimular el hábito de la lectura y la escritura desde edades tempranas; fomentar el desarrollo de la lectura de comprensión y recuperar el hábito de la lectura como manera de adquirir y enriquecer conocimientos y, así ensanchar nuestra conciencia.
8. En el marco de la Conmemoración del Día Mundial del Libro en México, es indispensable que la nueva reforma fiscal contemple la incorporación de la tasa 0 a todas las librerías del país que siguen pagando rentas de locales, salarios y, sobre todo, impuestos, cuando tienen la obligación de vender libros sin IVA y el SAT se convoque a dicho sector a un proceso de reflexión y análisis de la viabilidad de la citada reforma.
Por lo expuesto se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a convocar en el marco de sus atribuciones al sector librero de México a participar en las mesas de análisis de la próxima reforma fiscal en materia de tasa cero aplicado a todas las librerías de México.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 28 de abril de 2021.
Diputado Ricardo Flores Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al ISSSTE, el IMSS y la STPS a determinar que el pago de las pensiones se considere según el salario mínimo y no la UMA, conforme a la Carta Magna, a cargo de la diputada Coyolxauhqui Soria Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe Coyolxauhqui Soria Morales, diputada por la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración el presente punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
En nuestro país los sistemas de pensiones están divididos en dos vertientes por un lado los trabajadores al servicio del Estado y por otro los trabajadores del sector Privado, de ahí que las pensiones sean administradas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, prestaciones que son de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo.
Es de mencionar que debido a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo en 2016, el pago de las pensiones, se vio gravemente afectada, en razón de que disminuyó el monto de su pago. Lo anterior, se debe a una indebida o incorrecta interpretación de la reforma constitucional del 2016 , por parte del IMSS e ISSSTE, quienes de manera INCORRECTA , tomaron la Unidad de Medida y Actualización, como referencia para calcular el monto de las pensiones, afectando así a millones de jubilados en nuestro país.
El tomar como referencia la Unidad de Medida y Actualización para el pago de las pensiones es incorrecto, ya que no tiene nada que ver la relación de trabajo y la remuneración por el servicio personal subordinado, con la UMA, ya que su naturaleza se establece como el valor de carácter financiero que se debe considerar ÚNICAMENTE para el pago de las obligaciones administrativas adquiridas, por lo que no tiene jurídicamente nada que ver con relación a los derechos laborales.
Debemos de recordar y no olvidar, que la Unidad de Medida y Actualización, se creó para sustituir al salario mínimo en las obligaciones financieras del pago de carácter administrativo, es decir como una referencia económica que sirve como base para calcular los pagos, obligaciones o multas que se le deben al gobierno. Tal como lo ordena la Constitución en el artículo 123, fracción VI, en los siguientes términos:
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo NO podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
De esto se desprende explícitamente y atendiendo a la literalidad de la letra; que prohíbe expresamente con forme a la naturaleza para la que se creó, para las obligación de carácter administrativo lo que significa que son obligaciones adquiridas por particulares en materia financiera de pagos a favor del gobierno, por tanto en una lógica jurídica y más elemental, el salario mínimo NO es una obligación del trabajador con el gobierno o con el contratado o patrón, por el contrario es un pago por los servicios subordinados.
Por ende no existe una relación entre un derecho por un servicio subordinado a un obligación de un pago de carácter administrativo.
Asimismo se establece en el artículo tercero transitorio la temporalidad en la que debería de entrar en vigor y las leyes donde se aplicaría tanto locales como federales. Pero evidentemente este artículo lleva ya implícita la prohibición plasmada en la fracción vi, del artículo 123 apartado a, el cual consagra que la unidad de medida y actuación, no tendrá nada que ver con el salario mínimo pues la naturaleza de estas son para el pago de las obligaciones de carácter administrativo adquiridas con el gobierno.
Artículo Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales , del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.
Esto significa que para el cumplimiento del pago de las pensiones, NO se debe utilizar la Unidad de Medida y Actualización por ser inaplicable para el cálculo de la cuotas otorgadas con base en las disposiciones jubilatorias previas, ya que su objetivo, naturaleza, finalidad, es para sustituir al salario mínimo cómo indicador de conceptos jurídicos como multas, prerrogativas o créditos , por eso NO es aplicable para el cálculo o pago de pensiones, ya que no está acorde con la propia naturaleza y finalidad de estas prestaciones, como sí lo es el salario mínimo, conforme lo ordenado y consagrado en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción VI, de ahí que se traduce que: No se debe usar el salario mínimo como unidad de medida en materia de pensiones.
A mayor abundamiento jurídico hay tesis y jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales hacen referencia a la mala interpretación de la ley, por parte de los institutos de seguridad de los trabajadores. No olvidemos que la jurisprudencia es un conjunto de decisiones y sentencias emitidas que crean una pauta para solucionar problemas jurídicos ya sea lagunas, interpretaciones erróneas o violaciones a derechos humanos; como es el caso que nos ocupa, que a través de una indebida e incorrecta interpretación se violan derechos de los trabajadores adquiridos y establecidos en la Constitución.
De las tesis emitidas por la Corte, se entiende que, si bien es cierto la UMA sirve como índice, base, medida o referencia para excluir al salario mínimo en materia financiera administrativa, ésta no debe ser utilizada para el incremento de las pensiones y/o jubilaciones; ya que existen casos en los que debe atenderse al concepto de salario mínimo por disposición expresa de la ley, en concreto, en materia de seguridad social y de pensiones y jubilaciones, la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es inaplicable en materia de seguridad social y para el cálculo del incremento de las pensiones otorgadas.
Derivada de la adición a los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y tiene como objeto servir como índice, base, medida o referencia que excluya al salario mínimo de esa función para que éste sea utilizado exclusivamente como instrumento de política social, en los términos apuntados, también lo es que conforme a la iniciativa de la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, lo precisarlo no implica que el salario mínimo no pueda seguirse empleando como índice, unidad, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a la seguridad social y las pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización; por tanto, la unidad de medida y actualización (UMA), no implica que esta unidad de cuenta deba ser utilizada en materia de seguridad social y para el incremento de las pensiones otorgadas, en virtud de que el legislador distinguió que existen casos en los que debe atenderse al concepto de salario mínimo por disposición expresa de la ley, en concreto, en materia de seguridad social y de pensiones.
Por otra parte las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La unidad de medida y actualización (UMA) es inaplicable para fijar su cuota diaria, que por lo que el indicador económico mencionado, que entró en vigor con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicadas el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, es inaplicable como referencia para los temas relacionados con las pensiones jubilatorias, ya que de la exposición de motivos que dio origen a esa reforma constitucional, se advierte que se creó para utilizarse como índice, unidad, base, medida o referencia para indexar ciertos supuestos y montos ajenos a la naturaleza del salario mínimo como el entero de multas, contribuciones, saldo de créditos de la vivienda otorgados por organismos de fomento , entre otras. Por lo tanto, es el salario mínimo y no la unidad de medida y actualización (UMA) el indicador económico aplicable a las prestaciones de la seguridad social, como parámetro para determinar el monto máximo del salario base para cotización, para fijar la cuota diaria de pensión, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
En ese tenor, cabe señalar que de esta tesis se desprende e indica que no hay confusión alguna “se advierte que se creó para utilizarse como índice, unidad, base, medida o referencia para indexar ciertos supuestos y montos ajenos a la naturaleza del salario mínimo como el entero de multas, contribuciones, saldo de créditos de la vivienda otorgados por organismos de fomento.
Si de la interpretación de la Norma fundante, o de la Ley de UMAS no se entendiese, acertadamente para que se utiliza la UMA, el objeto, espíritu o intención que da origen; no hay duda alguna de que no se puede utilizar como referencia para el pago de pensiones y jubilaciones, la unidad de medida administrativa.
Además, cabe mencionar que la misma hipótesis aplica para las pensiones jubilatorias otorgadas por el ISSSTE, ya que, desde el año 2017, se aplica indebidamente, el valor de la UMA o el porcentaje de su incremento y no el del salario mínimo, como referente para determinar la pensión o incrementarla. Cuestión por la cual, la Corte reitera que el uso de la UMA es inaplicable en materia de seguridad social del ISSSTE, al igual que para el cálculo del incremento de las pensiones otorgadas, por lo que no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo.
Con motivo del Decreto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se modificó el artículo 123, apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de des indexar el salario, el cual históricamente se utilizó como base y cálculo de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, para ahora establecer la Unidad de Medida y Actualización para esos fines reservándose el uso del salario sólo para cuestiones que no sean ajenas a su naturaleza laboral. En esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral, mediante aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo, es claro que esa prestación es laboral; consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza; además, para esos aspectos a la Unidad de Medida y Actualización se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible.
Con lo anterior, la Suprema Corte sienta las bases para establecer que la pensión de retiro de los trabajadores, es considerada una prestación de seguridad social respaldada en el salario mínimo , indicando que esta prestación es totalmente un derecho LABORAL . Por consiguiente, la UMA ya no debe, ni tiene, ni tuvo que emplearse para fijar el monto de las pensiones, toda vez que su aplicación no es materia laboral.
Asimismo, la Suprema Corte precisa que al aplicar la UMA se desnaturaliza la pensión, ya que se utiliza un factor e indicador ajeno a la prestación de seguridad social, reiterando que esto no es permisible jurídicamente. Además de estar consagrado en LEYES ESPECIALES.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación EMITIÓ la Jurisprudencia, mediante la cual se establece que la Unidad de Medida y Actualización, no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión , toda vez que esta última se trata de una prestación de naturaleza laboral regida por el salario mínimo.
Sin lugar a dudas, el objeto de la reforma constitucional fue que la UMA tenga mayor eficacia en su función de actualización para el pago de diversos impuestos y multas COMO OBLIGACIONES, sin embargo, bajo las circunstancias descritas, ha quedado claro que no se puede utilizar para SUSTITUIR el salario mínimo que es la medida de referencia para sus fines en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones , además el salario mínimo se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización, porque si no de lo contrario y en ese tenor las cotizaciones tendrían que ser también en UMAS para que exista una equidad jurídica.
La interpretación de la reforma constitucional del 2016, bajo el criterio de UMA para fijar el valor de las jubilaciones y pensiones, violenta los derechos de los trabajadores, en razón de que sus cotizaciones de seguridad social se han hecho y se hacen con base en salarios mínimos, es decir, los trabajadores continúan aportando en función a su salario y NO CON EL VALOR DE LA UMA , por tal motivo, no es congruente el cálculo de la pensión, si aporta con base en el salario que percibe. Aunado a ello, es preciso remarcar que tanto las aportaciones de las empresas como del gobierno también son con base en el SALARIO MINIMO de cada persona y no en UMA.
Derivado de esto, es injusto para los trabajadores, ya que hay una desproporcionalidad económica en cuanto se cotiza en salarios mínimos y se paga en UMAS, por lo que en la exposición de motivos del Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la UMA, precisa como ejemplo que la UMA no puede utilizarse en materia del Seguro Social, específicamente en el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Por consiguiente la autoridad administrativa no puede interpretar ni cambiar el sentido de la ley donde la ley no lo establece.
Recordemos que resulta indispensable remarcar que todas estas prestaciones como las pensiones y jubilaciones son derechos laborales adquiridos con antelación a la reforma constitucional.
Por lo tanto aquí aplica la máxima jurídica que ninguna ley puede ser aplicable en efecto retroactivo en perjuicio de persona , en el caso que nos aplica de los salarios mínimos de las pensiones son derechos adquiridos con anterioridad a la ley que entró en vigor, de ahí que las UMAS no pueden de ser aplicables a derechos sociales y laborales, toda vez que las UMAS son para obligaciones de carácter administrativo. Por tanto el ISSSTE y el IMSS no pueden llevar a cabo el pago de las pensiones basados en la UMA, sino por el contrario, debe seguir respetando que sea en SALARIOS MÍNIMOS .
Derivado de lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene que estar en defensa de los trabajadores y hacer valer los derechos para que se cumpla el pago de las pensiones en salarios mínimos y no en UMAS y por consiguiente las dependencias deben estar a lo ordenado en la Carta Magna y apegadas a la resolución de las tesis y de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a la propia Ley de UMAS, en virtud de que los preceptos establecen específicamente que las pensiones no pueden ser pagadas en UMAS, sino por el contrario deben de cubrirse en salarios mínimos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a que las pensiones y jubilaciones sean cubiertas de acuerdo al salario mínimo.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a velar por lo intereses de los trabajadores a efecto de que las jubilaciones y pensiones se paguen en salarios mínimos.
Dado en la H. Cámara de Diputados, a 28 de Abril de 2021
Diputada Coyolxauhqui Soria Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y el gobierno de Chiapas a informar a la opinión pública sobre las presuntas invasiones de tierra en la reserva de la biosfera Montes Azules, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno de Chiapas a informar a la opinión pública sobre las presuntas invasiones de tierra en la reserva de la biosfera de Montes Azules, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Enclavada en la selva Lacandona, Montes Azules es una de las zonas con mayor diversidad genética en México y el continente americano.
Durante los decenios de 1960 y 1970, las selvas tropicales húmedas de México fueron transformadas en terrenos agropecuarios. Fragmentadas y reducidas, quedaron sólo dos macizos importantes: el de los Chimalapas, en Oaxaca; y el de la selva Lacandona, en Chiapas.
Por los ecosistemas que la forman, la selva Lacandona es el centro de más alta diversidad biológica en la región tropical del continente americano. Este capital natural se encuentra protegido en la reserva de la biosfera Montes Azules, la cual fue decretada por el gobierno mexicano el 12 de enero de 1978. Un año después, la UNESCO la incluyó en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.
Montes Azules abarca 331 mil hectáreas, cubiertas por selvas perennifolias e importantes ecosistemas dulceacuícolas, como las lagunas Miramar y Lacanjá, y los ríos Negro, Tzendales y San Pedro.
No obstante, esta semana un grupo de indígenas lacandones denunciaron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador –a través de una carta– que la Procuraduría Agraria pretende despojarlos de zonas de su territorio en la reserva de la biosfera Montes Azules, a fin de regularizar invasiones y asignarlas a las comunidades Frontera Corozal y Nueva Palestina, cuando por ley corresponden al pueblo lacandón.
Autoridades lacandonas recordaron que esas tierras pertenecen al pueblo lacandón desde 1979, por lo que no aceptarán que se modifiquen los estatutos internos, pues el despojo de esas tierras, también llevaría a la extinción a la comunidad lacandona, de la que apenas existen por mil 500 familias (<https://www.milenio.com/estados/chiapas-lacandones-denuncian-quier en-despojarlos-reserva> consultado el 20 de abril de 2021).
Los representantes del pueblo lacandón, de los barrios Lacanjá Chansayab, San Javier, Bethel, Crucero Bonampak y Nahá también llamaron al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, a intervenir de manera urgente ante los planes de repartición de las tierras, ya que “además provocaría la deforestación de la reserva de la biosfera Montes Azules”, por lo que piden reconocer la legitimidad sobre las tierras del pueblo lacandón.
Ante la importancia vital que guarda la conservación de nuestras áreas naturales protegidas es fundamental que se informe a la opinión pública sobre las presuntas invasiones en la reserva de la biosfera de Montes Azules.
Resulta fundamental resaltar que la invasión de tierras protegidas en México es una de los principales factores que favorecen la deforestación y que año con año reducen y fragmentan nuestro patrimonio natural, de ahí que la revisión y en su caso, corrección de asuntos de esta naturaleza sea inmediata, imparcial y siempre en favor de la naturaleza y sus pobladores originales.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno de Chiapas a informar a la opinión pública sobre las presuntas invasiones de tierra en la reserva de la biosfera de Montes Azules.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a fomentar la formación, el desarrollo, la especialización y el sostenimiento de los enfermeros del país, y mejorar sus condiciones laborales para fortalecer el sistema de salud, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, David Bautista Rivera, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Antes de que empezara la pandemia por el Coronavirus SARS-CoV-2, en México se presentaban diversas situaciones desfavorables en el sector salud, desde la falta de insumos y equipo de trabajo indispensables para realizar funciones básicas, hasta el deterioro de la infraestructura, pasando por un desmantelamiento constante, presupuestos precarios y falta de personal médico, administrativo y de enfermería para atender a miles de personas que esperan por horas para una consulta.
Sobre este último punto podemos observar que, aunque el número de médicos y personal de enfermería incrementó aproximadamente 10% en los último 5 años llegando a una fuerza laboral de 647 mil 996 personas que, en su mayoría, se encuentran en la primera línea de atención de casos por covid-19, sigue siendo insuficiente el personal del sector salud para llegar a las recomendaciones internacionales.
La escasez de médicos fue planteada por nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita al Hospital Rural de Villamar, en Michoacán, donde aseguró que el sector salud tiene un déficit de 123 mil doctores. “Hay 270 mil 600 médicos generales en el país y debemos tener, de acuerdo con la norma internacional, 393 mil 600 médicos, es decir, nos faltan 123 mil médicos en el país”, aseguró el mandatario.1
Paralelamente, con apenas 2.8 enfermeros por cada mil habitantes, México tiene un déficit de alrededor de 350 mil trabajadores de salud de este nivel, que lo mantienen lejos de las recomendaciones de organismos internacionales, actualmente existen 315 mil integrantes del personal de enfermería en el sistema de salud, de los cuales 45% tiene licenciatura, especialización o un posgrado, mientras que el resto es de nivel técnico.2
El déficit de profesionistas en enfermería es de 6.2 por cada mil habitantes conforme a lo propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que sugiere 9 enfermeros por cada mil personas y en México solo hay 2.8 según a datos 2017. Al año apenas egresan entre 20 mil y 22 mil enfermeros entre técnicos y con nivel de licenciatura.3
Cabe destacar que, cerca del 55% son enfermeros con nivel técnico, y alrededor de 45% tienen nivel licenciatura, de ellos, sólo 3% cuenta con una especialización, maestría o doctorado. Asimismo, cerca del 70% de los enfermeros trabaja en instituciones públicas, aproximadamente, 42 horas semanales obteniendo, en promedio, $56.00 por hora laborada. Además, alrededor del 80% por ciento de enfermeros trabaja en algún hospital o clínica del país, mientras que el 20% restante se encuentran desocupados o dedicándose a otra actividad económica.
En ese mismo orden de ideas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, de todo el personal de enfermería registrado en el país, las mujeres sobresalen al representar casi el 80% de los recursos humanos en esta profesión, asimismo, el promedio de edad en encuentra en 38.5 años y el promedio de estudios son 14 años de escolaridad.
Fuente: Inegi
Los enfermeros no sólo se encuentran en los hospitales o en unidades de cuidados intensivos, sino en centros de atención preventiva, promoción de la salud o vacunación, donde se atiende al individuo sano y a la mujer embarazada. La enfermería ya no sólo se encarga del cuidado personalizado del paciente. Hablamos de una atención integral que incluye la educación en salud para el enfermo y sus familiares. Un enfermero sabe detectar riesgos para la salud, promocionar mejor salud, brindar cuidados básicos y rehabilitación del paciente. Es decir, cuidan y protegen.
Es importante hacer notar que la enfermería tiene un papel fundamental no solo en el cuidado de las personas enfermas y heridas, sino también como difusoras de conocimientos para prevenir padecimientos y proteger la salud de la ciudadanía, es decir, las personas dedicadas a la enfermería, son indispensables para el tratamiento de las enfermedades por su valiosa labor, ya que son quienes velan por los enfermos, vigilan el avance, buscan la mejoría del paciente, etc. El objetivo principal del personal de enfermería es cuidar a los pacientes sin que éstos pierdan su dignidad.
Históricamente, la enfermería, que comenzó como un oficio y que actualmente es una profesión, ha estado en primera línea de la lucha contra las epidemias y pandemias que amenazan la salud a nivel mundial demostrando su compasión, valentía y coraje, como sucede hoy, en su participación en la respuesta a la pandemia de Covid-19.
La pandemia pone de manifiesto de manera conmovedora, el papel fundamental que desempeñan las enfermeras, enfermeros y otros trabajadores de la salud que han ayudado a salvar vidas a través de cuidados basados en evidencias científicas, atención a las necesidades humanas, bajo principios disciplinares y éticos. Durante el transcurso de la misma en nuestro país, el liderazgo del personal de enfermería ha resultado clave en el desarrollo de procesos asistenciales fundamentales para la respuesta, entre los cuales se destacan los siguientes:4
• El fortalecimiento de la atención domiciliaria de casos leves.
• La organización del triage en los establecimientos de salud.
• La coordinación con las redes de servicios de atención prehospitalaria para la gestión de referencias y traslados.
• La gestión clínica en red para la continuidad de la atención y eficiencia del uso de los recursos hospitalarios.
• La reorganización y capacitación del personal en control de infecciones, seguridad y protección personal.
• El apoyo a la gestión de la cadena de suministros.
• La realización de teleconsultas para la evaluación, monitoreo, control y seguimiento de pacientes ambulatorios reduciendo las visitas innecesarias a los servicios de salud.
• Y ahora, que empezamos a tener vacunas, participan de manera destacada en el gran desafío de 2021 que significa la inmunización de la población de México.
Por todo ello, su labor es irremplazable y apreciada por la sociedad. Tan es así que la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (Enpecyt) 2017, publicada en el portal del Inegi, reporta que la enfermería es considerada por la población como una de las ocupaciones más respetadas y valoradas por la sociedad en nuestro país, considerado así por 41.5% de la población entrevistada, que la calificó con la máxima puntuación después de los bomberos y los inventores, en ese orden.
Sin embargo, en la Cuarta Transformación sabemos que existe una deuda social e histórica con las y los trabajadores de enfermería quienes se encargan de atender, en condiciones precarias, a más de 120 millones de mexicanos. Por lo que, en Morena, fomentamos la inclusión de más personal con salarios y condiciones laborales justas, pues a la fecha, no se ha logrado un salario equitativo, puesto que se les hace menos en comparación con otros profesionales de la salud, como los médicos.
Tomemos como ejemplo los salarios y cantidades tomados a una estadística y consulta hecha a profesionales en CDMX. Para los recién egresados, los salarios van desde $5,482. Para egresados con más experiencia, los ingresos son de desde $11,0375 que en comparación con los salarios de un médico general (Aprox. $20,000 mensuales) y ciertos administrativos del sector ($45,000 para arriba) están muy por abajo.
Fuente: https://www.excelsior.com.mx/nacional/cuanto-ganan-enfermeras-y-enferme ros-en-mexico/1381721
Asimismo, desde nuestro grupo parlamentario reconocemos la importancia de invertir en su formación, desarrollo, especialización y sostenimiento , pues la fuerza laboral de enfermería se encuentra sobreutilizada y se requiere una distribución más equilibrada de los recursos humanos en el país.
En primer lugar, una formación sólida y continuada en enfermería facilita el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, para lo cual es importante conocer cuáles son las necesidades de capacitación del personal de enfermería y así poder organizar, cursos de capacitación. El personal de enfermería que se capacita valoriza su trabajo, es proactivo, analítico, mejora la productividad y lo más importante de todo, proporciona cuidados seguros y de calidad que refleja en mejores resultados en los pacientes, menores eventos adversos, mejor clima laboral y permite acceder a mayores y mejores oportunidades de empleo.6
Por otra parte, una especialización permite a los enfermeros ganar sueldos más elevados, al menos en el sector público. Los hospitales privados no suelen remunerar bien a este personal de enfermería más cualificado. Sólo el 13.3 por ciento (5 mil 195) de los 38 mil 926 profesionales con especialidad está en el sector privado.7
Por último, el sostenimiento de los recursos humanos con condiciones laborales justas en el sector salud es obligatorio para fortalecer nuestro sistema de salud y este, indudablemente, se consigue con un reforzamiento salarial directamente proporcional a la importancia de las actividades realizadas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fomentar la formación, el desarrollo, especialización y el sostenimiento de las y los enfermeros del país, asimismo, mejorar las condiciones de empleo de los mismos para fortalecer el sistema de salud mexicano.
Notas:
1. Milenio “En México hay 2.1 médicos y 2.9 enfermeros por cada mil habitantes” [En Línea] [Fecha de Consulta 21 de abril de 2021] Disponible en: https://www.milenio.com/politica/mexico-2-1-medicos-2-9-enfermeros-mil- habitantes
2. La Jornada “México tiene déficit de 350 mil trabajadores de enfermería” [En Línea] [Fecha de Consulta 21 de abril de 2021] Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/05/sociedad/mexico-tiene-defic it-de-350-mil-trabajadores-de-enfermeria/
3. Ibídem
4. “El rol del personal de enfermería en México en la lucha contra la pandemia de COVID-19” [En Línea] [Fecha de Consulta 22 de abril de 2021] Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/7-1-2021-rol-personal-enfermeria-mexic o-lucha-contra-pandemia-covid-19
5. Excelsior “¿Cuánto ganan enfermeras y enfermeros en México?” [En Línea] [Fecha de Consulta 22 de abril de 2021] Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/cuanto-ganan-enfermeras-y-enferme ros-en-mexico/1381721
6. “Importancia de la capacitación continua en el personal de enfermería” [En Línea] [Fecha de Consulta 23 de abril de 2021] Disponible en: https://soyceince.com/2019/06/19/
importancia-de-la-capacitacion-continua-en-el-personal-de-enfermeria/
#:~:text=El%20personal%20de%20enfermer%C3%ADa%20que,acceder%20a%20mayores%20y%20mejores
7. El Economista “Sólo el 11 por ciento del personal de enfermería en México tiene una especialidad” [En Línea] [Fecha de Consulta 23 de abril de 2021] Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Solo-el-11-por-ciento-del-perso nal-de-enfermeria-en-Mexico-tiene-una-especialidad-20180827-0102.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021
Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 26 de abril de 1917, declaración de Venustiano Carranza como presidente de México, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
Venustiano Carranza, coahuilense, también conocido como el “Varón de las cuatrociénegas”, fue el autor del Plan de Guadalupe que comenzó con un levantamiento armado en 1913 en contra del usurpador Victoriano Huerta, en donde también dio nombre a las fuerzas armadas, denominándolo como Ejército Constitucionalista, el cual es el antecedente del actual Ejercito Mexicano.
El Plan de Guadalupe pretendía restablecer el orden constitucional después del asesinato de Madero y Pino Suarez, reconocía a Carranza como autoridad electa, que logro con su objetivo en julio de 1914 pues logro la renuncia de Huerta de poder ejecutivo y abandonó el país, y se firman los acuerdos de Teoloyucan dando fin al gobierno huertista.
Se mantiene como primer jefe encargado del poder ejecutivo después de entrar victorioso a la Ciudad de México el 20 de agosto de 1914, creo la Ley Agraria en 1915 y considero conveniente reformar la Constitución de 1857 por lo que convoco a un Congreso Constituyente el 1 de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro, promulgando la Constitución de 1917 el 5 de febrero, la cual aún nos rige.
Al siguiente día de la promulgación, llamo a elecciones para diputados, senadores y presidente, las cuales se llevaron a cabo al siguiente mes en donde el saldría victorioso, por lo que el Congreso de la Unión lo declara el 26 de abril de 1917 como Presidente Constitucional de la República, y el cual toma protesta el 1 de mayo del mismo año; duro en el poder 3 años, hasta 1920 debido a que ejercito y sociedad se inconformaron y mediante el Plan de Agua Prieta obligaron a Carranza a abandonar la Ciudad de México el 7 de mayo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2021.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
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