Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5764-V, miércoles 21 de abril de 2021
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a proporcionar alimento para sostener la vida del ganado en Veracruz de Ignacio de la Llave durante la sequía de 2021, a cargo de la diputada Velia Laura Landeros García, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Velia Laura Landeros García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a proporcionar alimento para sostener la vida del ganado en el estado de Veracruz, durante la sequía de 2021.
Exposición de motivos
En el estado de Veracruz, la ganadería de pastoreo representa la principal actividad pecuaria en más de 50 por ciento de su territorio y tiene una gran importancia social, cultural y ambiental.
La temperatura de la Tierra ha aumentado de 0.3 a 0.6°C durante los últimos 100 años, si bien el ritmo de cambio ha variado, con aumentos más rápidos, las temperaturas mínimas del invierno se elevaron casi 3°C y las temperaturas máximas de la primavera se incrementaron 1.4°C en el hemisferio norte; aunque los cambios en la temperatura varían geográficamente y tienden a ser mayores durante los meses más fríos.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) define al cambio climático como la variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o de su variabilidad, que se mantiene durante un periodo prolongado (generalmente durante decenios o por más tiempo), y que puede deberse a procesos naturales internos, a un forzamiento externo, a cambios antropogénicos duraderos en la composición de la atmósfera o en el uso del suelo.
El cambio climático incide sobre la producción agropecuaria, en los balances hidrológicos y en la oferta, así como en el suministro de insumos. La producción agropecuaria está directamente afectada por cambios en los factores climáticos como temperatura, precipitación pluvial, frecuencia y severidad de fenómenos extremos (sequías, inundaciones o tormentas). El cambio climático también altera el tipo, la frecuencia y la intensidad de varias enfermedades de plantas y animales; por otro lado, se ve afectada la disponibilidad y la distribución de los suministros de agua para riego, lo que incrementa la erosión del suelo.
El estado de Veracruz, gracias a su riqueza y diversidad de recursos humanos y naturales, ha permitido el desarrollo de actividades como la agricultura y la ganadería.
Esta última es un sector productivo de gran importancia para el estado y hasta hace unos años su impacto en la producción pecuaria nacional era el siguiente: quinto lugar en producción de leche de bovino, primero en carne de bovino, tercero en carne de ovino, segundo en carne de ave, cuarto en miel y tercero en cera en greña, entre los rubros más relevantes.
La superficie territorial del estado de Veracruz es de 7’000,281.5 hectáreas, de los que 3’000,687.4 se dedican a la ganadería; es decir, 50.6 por ciento del total. Concretamente, la ganadería bovina ha sido y es una de las actividades más dinámicas, y se considera que su práctica repercute sobre diversos aspectos de la sociedad; aunado a lo anterior, se le considera un factor fundamental en la constitución de los complejos sistemas ecológicos que definen la singular biodiversidad del estado.
Mayoritariamente, tanto la producción de carne como la producción de leche de bovino que se generan en Veracruz son soportadas por el ganado manejado en las regiones tropicales húmedas, subhúmedas y secas del estado, donde predomina el sistema denominado de doble propósito.
El estado cuenta con una fuerte tradición ganadera bajo el sistema de doble propósito, en el cual existen diferencias entre los estratos de productores respecto al tipo de tenencia de la tierra o posesión de los medios de producción básicos (tierra y ganado), lo que se refleja en el nivel tecnológico y de organización, así como en la lógica de la producción.
En Veracruz, los sistemas de doble propósito están representados por unidades de producción pequeñas, de tipo extensivo y dispersas en una gran variedad de ecosistemas, que hacen poco uso de tecnología y que poseen una estructura económica donde la tierra y el ganado representan del 80 al 90 por ciento del capital total.
Las vacas, aparte de producir leche, crían directamente a sus becerros, los cuales sirven de “apoyo” durante el ordeño para estimular el descenso de la leche. Los animales pertenecen a cruzas indefinidas entre razas europeas (tanto lecheras como cárnicas) y cebuinas. Dentro de las características más importantes de los sistemas de doble propósito, destaca que la alimentación del ganado depende casi exclusivamente del pastizal, el cual todavía se encuentra representado en una gran proporción por especies nativas de bajo valor forrajero y que, en general, se manejan en forma inadecuada.
La estacionalidad de las lluvias determina la disponibilidad de forrajes, en tanto que la edad de los pastos determina su valor nutritivo, lo que se traduce en una “estacionalidad” de la producción, sobre todo de leche.
Desafortunadamente, las condiciones climáticas que imperan hoy en el estado de Veracruz, no son favorables para sostener la vida de buena parte del ganado, toda vez que existen productores ganaderos que han perdido hasta el 70 por ciento de su rebaño, ya que muchos ranchos se han quedado sin pastura y sin agua, otros que tienen una poca de pastura no tienen agua y los propietarios se han dedicado a acarrear el vital líquido para abrevar al ganado y solo unos cuantos, muy contados, son los que tienen pasto y agua.
De acuerdo al Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la temporada de estiaje en la entidad veracruzana inicia el 1 de febrero y termina el 31 de mayo. Periodo durante el cual, debido a la disminución de las precipitaciones (lluvias) y las altas temperaturas, entre otros factores, se reduce el suministro de agua para los diferentes usos consuntivos como: uso doméstico, agrícola industrial, servicios, etcétera, por un tiempo prolongado en algunas zonas o regiones.
Existen muchos motivos por los que aparecen periodos prolongados sin precipitaciones y/o reservas de agua en diferentes partes del mundo.
Los principales efectos de la sequía son el hambre y la sed, y en su última consecuencia la muerte, tanto de animales y plantas, o inclusive, de seres humanos.
Sus efectos perturban los siguientes aspectos:
Al provocar pérdidas en cosechas, animales, disminución de la producción industrial, y otros, ocasionan la reducción del poder adquisitivo de la población y la migración obligada de la fuerza laboral hacia otras regiones menos afectadas y cierto retroceso en el nivel de vida y graves problemas con enfermedades gastrointestinales.
En las plantas aumenta la materia orgánica potencialmente combustible y con la sola presencia de una pequeña llama de fuego (natural o intencional) hace que se forme un incendio forestal. Una vez consumida por el fuego la capa vegetal, el suelo queda desprotegido ante los agentes climáticos como son el viento o la lluvia, acelerando el proceso de erosión.
Los períodos de estiaje pueden causar graves problemas y perjuicios económicos en las actividades relacionadas al agua: riego de cultivos, generación de energía, alimentación de animales, etcétera. Además de causar mortandad de plantas y animales, aumenta la posibilidad de incendios, desabastecimiento de ciertos productos, entre otros.
En más del 50 por ciento de la superficie del estado de Veracruz la lluvia en el año 2020 estuvo por debajo de lo normal,1 lo que nos indica que en los municipios que se ubican en el norte de estado principalmente, llevarán esa misma tendencia, no obstante no se pueden descartar que algunos municipios de la zona sur sufrirán la misma sequía.
La sequía en Veracruz ha dejado daños importantes a la ganadería del estado, vacas flacas que no tendrán crías para el próximo año; hasta el momento los ganaderos en las diferentes regiones del estado han registrado una pérdida que asciende a más de siete mil 500 cabezas, pero la cifra puede continuar aumentando.
Se están perdiendo las praderas. Esta seca, ya causó además la migración de productores de ganado, que, al ver perdido su hato, salieron de sus comunidades para buscar ocuparse en otras actividades.
Si bien las autoridades estatales han apoyado con pipas de agua a esta región, no son suficientes para la demanda tan alta porque no sólo se trata del consumo humano, sino de las actividades agrícolas y ganaderas.
En la región central del estado, hay un reporte de cuando menos dos mil 500 municipios afectados. En el sur el tema está igual de complicado porque hay cuatro municipios en los que ya se declaró sequía excepcional, ahí el reporte es de cuando menos dos mil cabezas perdidas.
Por otra parte, el artículo 6o., de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, en su inciso b) dice “El abandono de un animal es un acto cruel y degradante”.
Las condiciones que se encuentra el ganado en el estado de Veracruz es deplorable, al grado que como hemos visto, llegan a la muerte, cosa que es muy lamentable toda vez que ellos no pueden valerse por sí mismos, aún buena parte de los ganaderos no cuentan con los recursos económicos ni naturales para sostener la vida de su ganado, adquiriendo pérdidas económicas importante para ellos, en consecuencia, para el estado.
Es por ello propongo exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a proporcionar alimento para sostener la vida del ganado en el estado de Veracruz, durante la sequía de 2021.
Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a proporcionar alimento para sostener la vida del ganado en el estado de Veracruz, durante la sequía de 2021.
Nota
1 https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/precipi tacion-form
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2021.
Diputada Velia Laura Landeros García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a investigar por la SRE los presuntos abusos sexuales contra niños migrantes mexicanos en EUA, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se investiguen los presuntos abusos sexuales en contra de niños migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) recientemente dio a conocer que el gobierno federal estadounidense recibió en cuatro años más de 4 mil 500 quejas por abuso sexual a niños migrantes que estaban en custodia de centros de detención financiados por el estado y que hubo un notorio aumento en las denuncias durante la política de separación familiar de Donald Trump.
De acuerdo con tales denuncias se trata de niños que ingresaron a EUA sin acompañamiento adulto –o que fueron separados de sus padres en la frontera–, que fueron acosados de distintas maneras (tocados, besados, observados mientras se bañaban, casos de violación, por personal adulto de los centros; y algunos casos de posible abuso sexual por parte de otros menores de edad en los centros).
De octubre de 2014 a julio de 2018, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos que cuida a los menores no acompañados, recibió 4 mil 556 denuncias de abuso o acoso sexual; mil 303 de ellas fueron referidas al Departamento de Justicia. El reporte dice que de esos mil 303 casos considerados los más serios, 178 eran acusaciones de que el personal adulto de los centros había abusado sexualmente de los niños migrantes y el resto eran acusaciones de abuso sexual de los menores por parte de otros niños.1
A este respecto Jonathan Hayes, director en funciones de la ORR en un comunicado expresó que “La seguridad de los menores es nuestra principal preocupación en la gestión del programa UAC (menores no acompañados) y que ninguna de las acusaciones involucran al personal federal de ORR. Todas las acusaciones fueron investigadas y se tomaron acciones correctivas cuando fue apropiado”. Los registros indican que se determinó que algunas de las denuncias eran infundadas o que no había evidencia suficiente para procesarlas.
Los documentos, reportados en un inicio por el medio Axios , fueron hechos públicos por el representante demócrata de Florida, Ted Deutch, justo antes de una audiencia sobre la política de separación familiar en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, realizada el martes 26 de febrero. Con la política de separación adoptada a principios de 2018, más de 2 mil 700 menores de edad fueron alejados de sus padres.
Entre marzo y julio de 2018 la agencia recibió 859 quejas, la mayor cantidad de reportes en cualquier periodo de cinco meses de los años previos. De esas quejas 342 fueron referidas al Departamento de Justicia, de acuerdo con el informe.
Durante la audiencia del martes, una discusión de los registros llevó a un intercambio intenso entre el representante Deutch y el comandante Jonathan White, del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de EUA, quien advirtió en varias ocasiones el año pasado a un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos que la política de separación familiar causaría trauma permanente entre los niños afectados.2
En dicha audiencia Deutch señaló que al menos 154 de las denuncias son en contra de trabajadores de las propias instalaciones es decir, en promedio, una agresión sexual perpetrada por alguien del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sobre un menor no acompañado por semana.3 Por su parte, White clarificó que dichas acusaciones no son contra personal del HHS sino contra contratistas que son pagados por el HHS para gestionar los centros de detención de menores inmigrantes.
Se debe tomar en consideración que los refugios son gestionados por centros que ofrecen servicios de cuidado infantil con permisos de las autoridades del estado y que cada uno de los concesionarios que gestionan los refugios está autorizado por los correspondientes servicios de cuidado infantil del estado. Y que además de los estrictos estándares que debe aplicar la ORR, los controles de antecedentes de todos los empleados son obligatorios.
Las cifras de abusos fueron reveladas al mismo tiempo que demócratas del Comité de la Cámara sobre Supervisión y Reforma votaron para emitir citaciones a funcionarios del gobierno de Trump involucrados en la ahora suspendida política de separación de padres e hijos que cruzaban de forma ilegal la frontera entre México y EUA.
Esta política incluía la aceleración del proceso para determinar si las personas son elegibles para quedarse en el país, la expulsión inmediata a quienes se les niegue la permanencia y el procesamiento penal a los inmigrantes que entren al país de forma ilegal por primera vez (antes eran procesados por la vía civil). La separación de las familias fue consecuencia de esta política ya que al no ser imputados por ningún delito, los hijos de los inmigrantes procesados no podían estar en la cárcel con sus padres y eran separados.4
Sin embargo, las acusaciones presentadas por Deutch van más allá de la práctica de separación de familias, pues los documentos se remontan a años anteriores y las denuncias comprenden también casos de menores inmigrantes que no fueron separados, sino que cruzaron solos la frontera.
Indudablemente la política de “tolerancia cero” de la administración Trump fue nociva e inconstitucional, destrozó a familias y sus hijos todavía están sufriendo las consecuencias más de un año después de que fueran reunificados.
Algunas de las denuncias van acompañadas de demandas de indemnización para obtener una compensación que ayude a mitigar los daños sufridos y para garantizar que el gobierno nunca más implemente una política tan maliciosa.5
En virtud del interés superior de la niñez, los abusos sexuales denunciados, independientemente de ser realizados por personal de las instalaciones, por contratistas, o por otros menores migrantes –ante la negligencia de las autoridades– deben ser investigados, sancionar a los responsables conforme a derecho y proporcionar a las víctimas (menores abusados y familiares) toda la atención y apoyo médico y sicológico que requieran.
Acción Nacional manifiesta su rechazo absoluto hacia cualquier tipo de violación a los derechos humanos de la niñez y, en este caso específico, de los menores de edad migrantes, que en estas condiciones ya viven situaciones y experiencias traumáticas, agravadas por abusos sexuales por parte de quienes debieran desempeñar un rol cuidador y protector. Por ello, estimamos prioritario que el Poder Ejecutivo federal cumpla su compromiso con la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos, incluyendo las personas mexicanas en el exterior, a quienes en caso de padecer los abusos sexuales denunciados y antes referido, es indispensable proporcionarles el apoyo consular necesario.
Por lo anteriormente descrito, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los Consulados Generales en Estados Unidos, a dar seguimiento a los presuntos abusos sexuales en contra de migrantes mexicanos, menores de edad, durante su estancia en centros de detención financiados por el estado, a fin de proteger los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el personal de los Consulados Generales de México en Estados Unidos de América, a través de los instrumentos diplomáticos y jurídicos de que disponga, solicite la información precisa y oportuna a las autoridades competentes sobre los procedimientos realizados, les dé seguimiento y, en su caso, proporcione el apoyo consular necesario a las víctimas de nacionalidad mexicana.
Notas
1 https://www.nytimes.com/es/2019/03/01/espanol/menores-migrantes-abuso.h tml
2 Idem.
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47381258
4 Idem.
5 https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/10/denuncian-que-ninos-migrantes
-fueron-abusados-en-hogares-de-acogida-de-ee-uu-tras-ser-separados-en-la-frontera/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2021.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a incluir a los médicos del sector privado en la estrategia de vacunación contra el SARS-Cov2, a cargo de la diputada María del Carmen Mata Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, María del Carmen Mata Valenzuela, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pandemia del coronavirus, Covid-19 ha generado diversas afectaciones en lo económico, social y salud pública. México no ha sido la excepción ante tales acontecimientos, ya que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del gobierno federal, tiene registro de casi los 2.3 millones de casos totales y más de 211 mil defunciones.1
Ante este complejo panorama, el sector privado ha demostrado su sensibilidad social, empatía y compromiso con la salud de la población, no solo por disponer de espacios que fortalecieron la capacidad hospitalaria y personal altamente capacitado, sino también, porque atendieron otros padecimientos que el sector salud público, se vio limitado a garantizar.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)2 en el 2019 se contabilizaron por lo menos 2 mil 855 hospitales del sector salud privado que proporcionaron más de 14 millones de consultas externas y que debido a sus cuidados egresaron solo ese año más de 1.9 millones de pacientes que por algún padecimiento requirieron hospitalización.
La mayor concentración de estos establecimientos se da en entidades federativas como el estado de México con 449, la Ciudad de México con 225 y Jalisco con 216, seguido de Guanajuato con 196, Michoacán con 144 y Puebla con 141, entre otros.
Los hospitales privados disponen de un importante número de médicos para el cuidado y preservación de la salud con más de 92 mil 169 elementos de los cuales, 76 mil 261 son médicos especialistas, 11 mil 102 generales, mil 935 residentes, mil 76 odontólogos y 808 pasantes.
La infraestructura de estos lugares ha sido determinante para enfrentar la crisis sanitaria del Coronavirus, ya que dispone de 917 laboratorios clínicos y otros servicios como 5 mil 032 quirófanos, 389 equipos de escáner para tomografía axial computarizada y 65 equipos útiles para la realización de radioterapia.
Prueba de su importancia para el combate a la pandemia fue el convenio denominado ¡Todos juntos contra el Covid-19!, en el que el gobierno aceptaba que frente al complejo panorama del Covid-19 se había alcanzado un acuerdo que catalogaron como “inédito” a fin de fortalecer la capacidad de atención.3
Por medido de esta alianza la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales pusieron a disposición del gobierno federal por lo menos la mitad de sus camas de los 146 hospitales para el tratamiento de casos graves de Covid-19.
El 17 de noviembre de 2020, la misma Secretaría de Salud informó que se ampliaba dicho convenio para lo que llamaron “garantizar atención médica de calidad”.4 Con este compromiso el sector privado amplió su capacidad hospitalaria mediante 150 camas adicionales para el tratamiento específico de casos de coronavirus.
A pesar esta relevancia, ha sido constante la negación por parte del gobierno federal para asegurarles el acceso a la vacuna, pasando por alto que constituyen personal que enfrenta la crisis sanitaria en primera línea y que, por dicha circunstancia, muchos han perdido la vida.
Tal postura es discordante con la que hizo de conocimiento público la Secretaría de Salud el pasado 20 de enero de 2021,5 por medio de la cual, dijo que en la primera fase del plan especial de vacunación se tenía como objetivo el de inmunizar a “todo” el personal de salud que trabaja en hospitales Covid-19 públicos y privados del país.
Ante esta exclusión, representaciones de este sector se han manifestado en diversos puntos del país, entre estos acontecimientos destacan los siguientes.
1. El pasado 15 de abril de 2021, personal médico y de enfermería se manifestaron en la capital del estado de Veracruz, para solicitar que se les otorgue la vacuna debido a que continúan los decesos de médicos, enfermeras y camilleros tanto del sector público, como del privado.6
2. El 14 de abril de 2021, lo hicieron los médicos privados en el estado de Puebla, específicamente en el Paseo Bravo, señalando que no se les ha puesto la vacuna, pese a que son de la primera línea de batalla contra esta enfermedad, junto con otras especialidades que no son tan visibles como dentistas, oftalmólogos, paramédicos y demás personal que continúan expuestos a la transmisión.7
3. El 5 de abril de 2021, médicos cerraron la avenida Tlalpan en la Ciudad de México, después de ser citados a una reunión de trabajo a la que no asistieron autoridades locales de la Secretaría de Salud.8 Es decir, no representan un sector prioritario.
Los hechos descritos, son contradictorios con el apoyo que se tuvo por el sector privado en los momentos más problemáticos de la pandemia, en el que su participación resultó determinante para recuperar la salud, atender a los enfermos y fortalecer la capacidad hospitalaria.
El gobierno federal debe corresponder a la ayuda que proporcionó el sector privado y además ser más empático con sus problemáticas, ya que son parte indispensable en el cuidado de la salud de las familias mexicanas.
Bajo estas consideraciones, se solicita al gobierno federal para que garantice las dosis suficientes para vacunar a la brevedad a las y los médicos que se encuentran en primera línea combatiendo el coronavirus, Covid-19 sin importar que labore en el sistema nacional de salud público o privado.
Nos sumamos al llamado que han realizado colegios, federaciones y asociaciones de médicos para facilitar la vacunación inmediata a todo el personal sanitario, tanto público como privado a efecto de contar con trabajadores inmunizados para enfrentar siguientes olas, como medio de contención a la transmisión y de control epidemiológico.
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Puntos de Acuerdo
Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, para que se incluyan a las y los médicos del sector privado dentro de la estrategia de vacunación contra el virus SARS-CoV2, por el riesgo que representa su labor y también su importancia para el cuidado de la salud de la población que atienden.
Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que transparente el número total de médicos del sector privado vacunados hasta este momento contra al virus SARS-CoV2, así como los hospitales beneficiados, entidades federativas atendidas y el número de dosis aprobadas para dicho sector relevante en la atención de la emergencia sanitaria.
Notas
1 Secretaría de Salud. (2021). Informe Técnico Diario Covid-19 México. 17/04/2021, de gobierno de México Sitio web:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/630865/Co municado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.04.16.pdf
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Resultados de la Estadística de Salud en Establecimientos Particulares 2019. 17/04/2021, de Inegi Sitio web: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSoci odemo/EstadisticaSalud2019_08.pdf
3 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (2020). Convenio con hospitales privados ¡Todos juntos contra el Covid-19!, 17/04/2021, de gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/issste/articulos/convenio-con-hospitales-privados
4 Secretaría de Salud. (2020). 210. Amplía gobierno de México convenio con hospitales privados para garantizar atención médica de calidad. 17/04/2021, de gobierno de México Sitio web:
https://www.gob.mx/salud/prensa/210-amplia-gobierno-de-mexico-convenio-con
-hospitales-privados-para-garantizar-atencion-medica-de-calidad?idiom=es
5 Secretaría de Salud. (2021). Inicia aplicación de vacunas contra Covid-19 a personal de salud en hospitales privados. 17/04/2021, de Gobierno de México Sitio web:
https://www.gob.mx/salud/prensa/inicia-aplicacion-de-vac unas-contra-covid-19-a-personal-de-salud-en-hospitales-privados
6 Verónica Huerta. (2021). Médicos privados protestan en Xalapa para exigir vacuna contra el Covid-19. 17/04/2021, de AVCNoticias Sitio web: https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/xalapa/314423/medicos- privados-protestan-en-veracruz-para-exigir-vacuna-contra-el-covid-19.ht ml
7 Bibiana Diaz. (2021). “No es justo que Obrador haga esas diferencias”, exigen médicos privados vacunas contra la Covid-19. 17/04/2021, de El Sol de Puebla Sitio web: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/no-es-justo-que-obrador-haga-esa s-diferencias-exigen-medicos-privados-vacunas-contra-la-covid-19-659657 3.html
8 Eduardo Murillo y Laura Gómez Flores. (2021). Médicos del sector privado cerraron Tlalpan por casi siete horas. 17/04/2021, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/05/sociedad/personal-medico-pr ivado-protesta-afuera-de-escuela-naval-en-demanda-de-vacuna/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de abril de 2021.
Diputada María del Carmen Mata Valenzuela (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y su homóloga de Tamaulipas a aplicar la vacuna Sinovac, recibida ahí el 7 de marzo de 2021, pues cumple las normas sanitarias para ello, a cargo de la diputada Zoraida Lara Cruz, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, diputada Zoraida Lara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, ambos preceptos del Reglamento de Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), a escala mundial se han registrado 136 millones 284 mil 991 contagios y 2 millones 940 mil 601 muertes.1 Tan sólo en nuestro país, la pandemia alcanzó cifras nunca antes vistas, con 209 mil 338 fallecimientos y 2 millones 280 mil 213 casos de contagios.2 Por su parte, el estado de Tamaulipas reportó 51 mil 854 casos positivos y 4 mil 822 defunciones. Datos actualizados al 11 de abril de 2021.
Con el objetivo de aminorar los efectos negativos de la pandemia, la presente administración encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha sumado una gran cantidad de recursos humanos, materiales y financieros, a fin de que las y los mexicanos contemos con las herramientas necesarias para afrontar de manera eficiente y eficaz los estragos causados por la crisis sanitaria, la cual, no sólo afecta la salud de las personas, sino también, presenta repercusiones en la economía familiar, la vida laboral, la educación, e incluso, en el desarrollo diario de cada persona.
El pasado 11 de enero de 2021, se difundió el documento rector de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la Covid-19 en México,3 cuyo objetivo general es: “Disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionada por la Covid-19” y que tiene como objetivo específico:
• Inmunizar como mínimo a 70 por ciento de la población en México para lograr la inmunidad de rebaño contra el virus SARS-CoV-2.
• 100 por ciento del personal de salud que trabaja en la atención de la Covid-19.
• 95 por ciento de la población a partir de los 16 años cumplidos.
Priorizando a los grupos poblacionales a vacunar, en la orden de prelación y etapas siguientes:
1. Personal sanitario que enfrenta Covid-19 (estimado en un millón de personas).
• Etapa 1: diciembre 2020 – febrero 2021, fungiendo como capacitación en campo para incrementar la fuerza de tarea de vacunación que implementará el programa completo de vacunación con el fin de inmunizar al menos a 70 por ciento de las personas en México en los primeros 15 meses.
2. Personas adultas mayores:
a) Mayores de 80 años (2 millones 35 mil 415 personas).
b) Personas de 70 a 79 años (4 millones 225 mil 668 personas).
c) Personas de 60 a 69 años (8 millones 199 mil 671 personas).
• Etapa 2: febrero 2021 – abril 2021
3. Personas con comorbilidad o comorbilidades
a) Obesidad mórbida.
b) Diabetes mellitus.
c) Hipertensión arterial sistemática.
d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
e) Asma.
f) Enfermedades cerebrovasculares.
g) Infección por VIH.
h) Enfermedad renal crónica.
i) Estados patológicos que requieren de inmunosupresión.
j) Cáncer en tratamiento.
• Etapas subsecuentes: a partir de abril 2021
4. Personal docente de las entidades federativas en semáforo epidemiológico verde.
• Etapas subsecuentes: a partir de abril de 2021.
5. Resto de la población (mayor a 18 años).
• Etapas subsecuentes: a partir de abril de 2021.
El 15 de febrero de 2021, inició la segunda etapa de vacunación que tiene por objeto inocular a las personas adultas mayores: uno de los sectores con mayor vulnerabilidad ante la pandemia del coronavirus. Tal es el caso del estado de Tamaulipas, en donde el gobierno federal y las autoridades del estado, de forma coordinada, establecieron un plan para el almacenamiento, distribución y aplicación de la dosis, en el que, a través de brigadas conformadas por un médico o médica responsable, enfermera o enfermero y personal de apoyo, en coordinación con elementos de las Fuerzas Armadas y dependencias federales, administran las vacunas en las sedes de aplicación establecidas.
En un primer envío, las y los tamaulipecos recibieron 2 mil 605 frascos de diez dosis cada uno que fueron distribuidos para su aplicación en los municipios de Altamira con 23 mil 800 dosis; San Carlos, con 2 mil 50 y San Nicolás, con 200 dosis, para un total de 26 mil 050 vacunas para adultos mayores de 60 años.4
No obstante, el trabajo desempeñado por ambas instituciones, el pasado 7 de marzo del presente año, a las 21:40 horas, se recibieron varias dosis de la vacuna Sinovac.
En condiciones fuera de rango de temperatura, cuando lo recomendable es que permanezca entre 2 y 8 grados, por lo que la dependencia procedió a su recepción y posterior notificación por escrito de la condición de la temperatura en la que se encontraba la vacuna.
Por su parte, el líder estatal de la brigada “Correcaminos” hizo llegar a las autoridades de salud en Tamaulipas un dictamen relacionado con el lote de vacunas Sinovac, recibidas fuera de norma en el estado y detalló que el oficio dirigido al líder de la estrategia federal “Operativo Correcaminos” señala que la vacuna se debe aplicar a la población ya que su condición de estabilidad es de 25°C por 14 días o 37°C durante no más de 5 días.
Pese a que la autoridad sanitaria federal realizó una serie de pruebas de “termo sensibilidad” y determinó que las vacunas no han perdido ningún tipo de eficacia, ni representan ningún tipo de peligro para la salud de las personas, el estado de Tamaulipas se ha negado tajantemente en cumplir con su obligación de garantizar la salud y el bienestar de las y los tamaulipecos.
Por lo anterior, es menester de este órgano legislativo exhortar al gobierno del estado a que inmediatamente sean aplicadas las vacunas. No podemos seguir esperando ni perdiendo el tiempo en trámites administrativos: la gente exige que las autoridades tamaulipecas garanticen el derecho a la salud de los ciudadanos. No es justo que las autoridades tamaulipecas echen por la borda la loable y titánica labor que durante más de un año ha realizado el personal de salud en su compromiso con el bienestar de México.
La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al gobierno federal y a su homóloga en el estado de Tamaulipas, para que, de manera coordinada, apliquen a las personas de la tercera edad las vacunas que se encuentran inactivas por parte las autoridades del estado y que su aplicación, no representa un peligro para la salud de las y los tamaulipecos.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . La LXIV legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a su homóloga en el estado de Tamaulipas, para que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, apliquen la vacuna Sinovac recibida en dicho estado el pasado 7 de marzo de 2021, toda vez que cumple con las normas sanitarias para su aplicación.
Notas
1 https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402994 23467b48e9ecf6
2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-11-de-abril-mexico-ac umula-209-mil-338-muertes-por-covid-19
3 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11En e2021.pdf
4 https://www.tamaulipas.gob.mx/salud/2021/02/inicia-tamaulipas-vacunacio n-de-adultos-mayores-contra-covid-19/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2021.
Diputada Zoraida Lara Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, en coordinación con el DIF y el Inapam, así como a sus homólogas locales, a implantar un programa de supervisión sobre el servicio de asistencia social en las casas hogar y los albergues públicos y privados para adultos mayores a efecto de que se cumpla la normativa, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, diputada federal Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, pone a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. En México existen 819 Asilos y otras residencias para el cuidado del anciano, 85% son del sector privado y 15% del sector público, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi. Acorde con el DENUE, todos los estados de la república cuentan con asilos y otras residencias, públicos, privados o ambos. No obstante, del total de asilos privados, 64% se encuentran en 9 estados (Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán).1
Segunda. La Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, señala que para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, es necesario estimular y fortalecer las acciones de asistencia social que realizan los integrantes del Sistema Nacional de Salud de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas, no sólo en el control y supervisión del uso de los recursos y aspectos administrativos, sino principalmente en la calidad de la atención, a fin de asegurar mayor coherencia entre instrumentos y objetivos, para alcanzar una operación integral más eficaz, una gestión más eficiente y la contribución hacia una sociedad más justa y democrática.2
La misma NOM-167-SSA1-1997, en su apartado numero 8 establece que la prestación de servicios en casa hogar y albergues para adultos mayores debe incluir:
“8.1 Alojamiento mediante infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas con los espacios requeridos por los adultos mayores, para que lleven una vida digna, segura y productiva.
8.1.1 Las casas hogar y albergues para adultos mayores comprenderán las siguientes áreas:
8.1.1.1 Atención a la Salud: consultorios, y sala de observación.
8.1.1.2 Recreación y Adiestramiento: talleres, servicios religiosos, salón de usos múltiples, sala de T.V., en su caso, sala de exposición y venta de artículos.
8.1.1.3 Dormitorios: podrá tener cuartos individuales, grupales no mayor de seis camas y matrimoniales.
8.1.1.4 Sanitarios Hombres y Mujeres: WC, lavabos, mingitorios y regaderas.
Ajustar las áreas con el mobiliario y equipo específico.
8.1.2 Se debe considerar:
Atención de quejas y sugerencias de usuarios y familiares, con garantía de que sean tomadas en cuenta para su solución, vigilancia y seguimiento; Promoción de la participación de la familia y la comunidad en el proceso de atención de los usuarios.
8.1.3 Para la distribución de los espacios en la vivienda se deben analizar los diferentes movimientos de personal, usuario, público, interrelación de áreas para facilitar el desplazamiento autosuficiente del adulto mayor.
8.1.4 En plazas de acceso, evitar en lo posible los escalones, utilizar materiales antiderrapantes, y donde hay escaleras utilizar barandales a una altura de 90 cm con pasamanos tubular redondo de 5 cm de diámetro y rampas de 1.55 m de ancho con declive no mayor al 6%.
8.1.5 En áreas comunes de usos múltiples evitar desniveles en el piso y pasillos; colocar pasamanos tubulares de 5 cm de diámetro en muros a una altura de 75 cm sobre el nivel de piso terminado.
8.1.6 Contar con aparatos telefónicos, a la altura y distribuidos de tal forma que los adultos mayores puedan recibir llamadas con la privacidad necesaria.
8.1.7 En guarniciones y banquetas, se deben prever rampas de desnivel con un ancho mínimo de 1 m y 20% máximo de pendiente.
8.1.8 En puertas o canceles con vidrios que limiten diferentes áreas, utilizar elementos como bandas anchas de 20 cm de color, a una altura de 1.40 m sobre el nivel del piso, que indiquen su presencia.
8.1.9 Las habitaciones deben tener pasamanos próximos a la cama de cada uno de ellos, así como sistemas de alarma de emergencia contra incendios y médica.
8.1.10 Los baños tendrán excusados y regaderas con pasamanos tubulares de 5 cm de diámetro y los lavabos estarán asegurados con ménsulas metálicas.
8.1.11 Los pisos en baños deben ser uniformes, con material antiderrapante de fácil limpieza, y con iluminación y ventilación natural.
8.1.12 En caso de personas discapacitadas, se seguirán los criterios señalados en la NOM-001-SSA2-1993, Que Establece los Requisitos Arquitectónicos para Facilitar el Acceso, Tránsito y Permanencia de los Discapacitados a los Establecimientos de Atención Médica del Sistema Nacional de Salud.
8.2 Alimentación.
8.2.1 El usuario tendrá derecho a recibir tres alimentos al día con un intervalo de seis a siete horas entre un alimento y otro.
8.2.2 La alimentación debe ser de buen sabor y aspecto, en cantidad suficiente para una adecuada nutrición y servida en utensilios decorosos.
8.3 Atención médica.
8.3.1 Se debe contar con equipo médico indispensable que incluya:
a) Botiquín de primeros auxilios.
b) Estetoscopio biauricular.
c) Esfigmomanómetro.
d) Estuche de diagnóstico con oftalmoscopio.
e) Aspirador.
8.3.2 La atención médica que se proporcione al adulto mayor debe estar sustentada en principios científicos, éticos y sociales; comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, que se llevan a cabo por el médico, la enfermera, gericultista, psicólogo y terapista físico - ocupacional.
8.3.3 Las actividades preventivas comprenderán las acciones siguientes:
8.3.3.1 Educación y promoción de la salud del adulto mayor.
8.3.3.2 Fomento de una cultura de dignificación del adulto mayor, que implica la difusión de preceptos gerontológicos que permitan conocer y comprender el proceso de envejecimiento.
8.3.3.3 Detección oportuna de factores de riesgo y enfermedades, para prevenir secuelas discapacitantes y mantener la funcionalidad y autonomía del individuo, entre las cuales se encuentran:
a. Hipertensión arterial.
b. Diabetes mellitus.
c. Enfermedad del sistema músculo esquelético.
d. Aterosclerosis.
e. Malnutrición.
f. Cáncer.
g. Otras enfermedades cardiovasculares.
h. Depresión.
i. Enfermedades respiratorias.
j. Enfermedades visuales.
k. Enfermedades auditivas.
l. Enfermedades estomatológicas.
m. Enfermedades dermatológicas.
8.3.3.4. Diseñar y aplicar programas orientados a la atención integral del adulto mayor con acciones relativas a:
8.3.3.4.1 Orientación nutricional.
8.3.3.4.2 Prevención de enfermedad peridontal.
8.3.3.4.3 Prevención de alteraciones psicoafectivas.
8.3.3.4.4 Prevención de caídas y accidentes.
8.3.3.4.5 Prevención de adicciones.
8.3.3.4.6 Prevención de hábitos nocivos para la salud.
8.3.3.4.7 Fomento de la actividad física.
8.3.3.5 Actividades culturales, recreativas, ocupacionales y productivas.
8.3.3.6. Promover la interacción familiar y social mediante el aprovechamiento de sus conocimientos y experiencias.
8.3.4 Las actividades curativas en los establecimientos de casa hogar y albergues para adultos mayores se llevarán a cabo mediante las siguientes acciones:
8.3.4.1 Valoración clínica del caso y elaboración de la nota correspondiente.
8.3.4.2 Apertura del expediente clínico.
8.3.4.3 Elaboración de la historia clínica.
8.3.4.4 Estudio psicosocial.
8.3.4.5 Estudios de laboratorio y gabinete.
8.3.4.6 Elaboración del diagnóstico, evaluación funcional, pronóstico y tratamiento.
8.3.4.7 Referencia, en su caso, a una unidad de atención médica para su manejo.
8.3.4.8 Las señaladas en la Norma Oficial Mexicana correspondiente de acuerdo al padecimiento que se trate.
8.4 Rehabilitación integral.
8.4.1 Las actividades de rehabilitación se desarrollarán de acuerdo a las necesidades particulares de los usuarios, con la participación interdisciplinaria de los trabajadores de la salud, la familia y la comunidad en general, en la esfera cognoscitiva, afectiva y psicomotora.
8.4.2 Para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de rehabilitación física, psicológica, ocupacional, de entrenamiento laboral, culturales y recreativas, se incluyen las siguientes actividades:
8.4.2.1 Coordinación psicomotriz, gruesa y fina.
8.4.2.2 Prevención y atención de deformidades físicas.
8.4.2.3 Mantenimiento de la conciencia de su esquema corporal.
8.4.2.4 Mantenimiento de la conciencia de espacio.
8.4.2.5 Funcionalidad de sus sentidos.
8.4.2.6 Elaboración de trabajos manuales.
8.4.2.7 Actividades sociales.
8.4.2.8 Actividades de autocuidado.
8.4.2.9 Actividades ocupacionales y recreativas.
8.4.2.10 Otras que se señalen en la normatividad aplicable.
8.5 Las casas hogar y albergues para adultos mayores deben estar vinculadas y promover el desarrollo de programas de la comunidad, para facilitar al usuario su reincorporación a la vida familiar, productiva, laboral y social mediante su atención en los centros de día y casas de bienestar social. Estos centros deberán diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas que favorezcan la incorporación del adulto mayor a la vida productiva y gozar de los beneficios económicos del producto de su actividad.
8.6 Trabajo Social.
8.6.1 Las actividades de trabajo social en relación con el adulto mayor son:
8.6.1.1 Elaborar el estudio socioeconómico de ingreso.
8.6.1.2 Seguimiento del caso en relación con el núcleo familiar para propiciar su reintegración social.
8.6.1.3 Apoyar la referencia a unidades de atención médica.
8.6.1.4 Apoyar trámites legales y administrativos.
8.6.1.5 Apoyar las actividades recreativas y culturales.
8.6.1.6 Gestionar descuentos y concesiones.”
Tercero. No obstante lo anterior, al día de hoy no hay pocos asilos, tanto públicos como privados, que cumplen con la NOM-167-SSA1-1997. En los asilos públicos y privados hay gente en condiciones extremas de abandono y pobreza. Están en una condición complicada.
Aunado a lo anterior, la pandemia vino a complicar más la situación en razón que en muchos de estos lugares no cuentan con las medidas sanitarias, insumos, mobiliario e infraestructura para enfrentar la situación por la que pasan los adultos mayores.
Un ejemplo claro es que en lo que va de la pandemia, en los 174 asilos privados que existen en la Ciudad de México –29 de instituciones y 145 residencias– han fallecido 79 adultos mayores por Covid-19 y otros 85 son
positivos al virus. Lo anterior, de acuerdo con la información proporcionada por la Junta de Asistencia Privada.3
Los contextos habitacionales, así como en el confinamiento por la emergencia sanitaria, muchas personas mayores tienen dificultad para poner un alto a dinámicas que les afectan y es más difícil aún denunciar el maltrato o el abuso físico, psicológico y patrimonial, pues con frecuencia la violencia es ejercida por la propia familia o por integrantes de la instituciones como asilos.4
Cuarta. Ahora bien la misión del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores es promover el desarrollo de las personas adultas mayores mejorando el nivel de bienestar y calidad de vida, bajo los valores de ética, servicio, de equidad y consolidación de sus líneas de acción, las cuales lleva a cabo a través de los diversos entes que coadyuvan para el cumplimiento de sus objetivos.
En razón de ello, y en virtud del envejecimiento progresivo y acelerado de la población, dado que los adultos mayores de 60 o quienes cumplan con los requisitos establecidos por el INAPAM pueden acceder a los servicios de estancia prolongada, con el propósito de favorecer su bienestar, una vida digna, un entorno seguro y decoroso que cubra sus necesidades básicas, promoviendo el desarrollo humano integral y optimizando su autonomía.
Dichas estancias deben considerar lo establecido en la NOM-167-SSA1-1997, relativo a servicios de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, psicológica, rehabilitación, trabajo social, actividades ocupacionales, recreativas y culturales, entre otras.
Quinta. Si bien es cierto que el trabajo debe ser coordinado con cada uno de las instancias en atención gerontológica para el debido cumplimiento de los servicios que se ofrecen en las Casas Hogar, lo cierto es que como se ha señalado existen denuncias constantes de los propios afectados respecto al trato inhumano, condiciones físicas de los inmuebles, condiciones de sanidad que se incumplen por parte de quienes se encuentran a cargo de las mismas. Un caso reciente es en el que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró un asilo para adultos mayores localizado en avenida Palma Criolla, colonia San Fernando La Herradura, debido a que detectó un riesgo inminente para la vida de los residentes, así como condiciones higiénico-sanitarias no óptimas.
Sexta. Aunado a lo anterior es necesario precisar que en la actualidad se reporta que no existe un control fidedigno Casas Hogar que operan en el ámbito privado y que cumplan con la normatividad establecida para su funcionamiento, resultando necesario que se lleven a cabo las visitas, procedimientos o diligencias que en derecho correspondan para su verificación y cumplimiento, debido a las denuncias realizadas por las condiciones que se suscitan al interior de los mismos. Por lo que se deben implementar de manera inmediata acciones de verificación y supervisión a Casas Hogar y Albergues para Adultos Mayores, a fin de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones y en su caso adoptar las medidas necesarias que correspondan para garantizar los derechos las personas que ahí habitan.
Es en ese sentido que resulta necesario que la Secretaria de Salud Federal en coordinación con el Sistema Nacional DIF, con el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM), y sus homólogos en las entidades federativas implemente acciones para la supervisión de las Casas Hogar y Albergues para Adultos Mayores del país, así como actualizar el padrón de las personas que habitan estos lugares a fin de verificar las condiciones en las que se encuentran.
Por lo expuesto, quien suscribe somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud Federal para que en coordinación con el Sistema Nacional DIF, con el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, y a sus homólogos en las Entidades Federativas para que en el ámbito de sus facultades implementen un programa de supervisión que verifique la prestación del servicio de asistencia social en las casas hogar y albergues para adultos mayores, públicos y privados a fin que se cumpla con la normatividad y se garanticen los derechos fundamentales de quienes las habitan.
Notas
1 https://www.gob.mx/profeco/documentos/
asilos-una-alternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-mayores?state=published
2 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/167ssa17.html
3 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/10/capital/
en-asilos-79-ancianos-han-muerto-por-covid-y-hay-85-contagios-ocejo/
4 https://www.milenio.com/politica/cdmx-confinamiento-duplico-violencia-a dultos-mayores
Dado en el Cámara de Diputados, a 21 de abril de 2021.
Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNDH a resolver la queja número 25937/2021 y formular recomendaciones a las dependencias correspondientes para que los derechos humanos del ciudadano Rogelio Franco Castán sean respetados, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Antonio Ortega Martínez, diputado de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos, por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.
Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
Antecedentes
El pasado 12 de marzo de 2021 se giró una orden de aprehensión en contra de Rogelio Franco Castán, presuntamente por el delito de violencia familiar, situación procesal ventilada dentro de una carpeta administrativa del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, cuyo número de proceso penal se desconoce hasta el momento.
Como es de conocimiento público Rogelio Franco Castán es un político ampliamente conocido que se encontraba, hasta antes de su detención, desarrollando actividades propias de su profesión, el proceso penal señalado por la supuesta violencia familiar comenzó a ser utilizado para empañar primero, su imagen pública, pero posteriormente, para acarrearle consecuencias jurídico penales, por ello el 11 de marzo de 2021 se promovió un amparo contra cualquier acto de autoridad derivado de la indebida investigación por el delito de violencia familiar, mismo que fue radicado ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz, bajo el número 174/2021, concediéndose en el citado proceso de amparo el 12 de marzo del año en curso, la suspensión provisional del acto reclamado, con el efecto de que ninguna autoridad ejecutara en su perjuicio algún tipo de mandamiento judicial de detención respecto de su persona.
Sin embargo y aun contando con el amparo correspondiente, el sábado 13 de marzo del año en curso, antes del mediodía, personas encapuchadas, a bordo de camionetas blancas, sin ningún tipo de logotipo que les identificara y que posteriormente, supimos que se trataban de elementos de la policía ministerial y de la Fuerza Civil de Veracruz, obstruyeron el paso del vehículo en el que se trasportaba Rogelio Franco Castán en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, rodeándolo y haciéndolo bajar de su vehículo, mientras le apuntaban con armas de alto calibre, para señalarle que estaban ejecutando una orden de aprehensión en su contra por el delito de violencia familiar , acto que resultaba improcedente en virtud de que como se indicó, había sido concedida, el día anterior, la suspensión provisional , dictada por el juez primero de distrito en el estado de Veracruz dentro del proceso de amparo 174/2021, violando en consecuencia un mandamiento de la autoridad federal. Cabe destacar que la violación al incidente de suspensión, antes referido ha sido puesta en conocimiento del juez de distrito que conoce del amparo citado.
Ahora bien, no obstante que ninguna autoridad podía ejecutar un acto de detención, lo cierto es que los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública que detuvieron a Rogelio Franco Castán , actuaron violando no sólo el amparo citado anteriormente sino que también violaron sus derechos humanos, al trastocar principios propios de sus funciones como servidores públicos, al inobservar los protocolos de actuación policial aplicables, propiamente el de detención y puesta a disposición, al omitir identificarse desde el primer contacto como personal de la Policía Ministerial o de alguna otra institución de seguridad pública, aunado a que ejercieron un uso desmedido de la fuerza sobre su persona, quien incluso al estar siendo inmovilizado mediante controles físicos, desconocía si efectivamente las personas que se aproximaron a él y lo estaba sometiendo formaban parte de la institución de la Fiscalía General del Estado de Veracruz o alguna otra corporación, ya que estos servidores públicos no portaban ni uniforme ni identificación que permitiera advertir que se trataban de personas adscritas a alguna institución del Estado mexicano.
Aunado a lo anterior, en el momento en que fue inmovilizado por quienes posteriormente supo que eran elementos de la policía ministerial de Veracruz y de la Fuerza Civil, no fue informado de sus derechos como detenido, ni del motivo de la detención, como debiera realizarlo cualquier servidor público adscrito a alguna institución de seguridad pública. Asimismo, se señala que la hora aproximada de su detención lo fue a las 11:35 horas del 13 de marzo del año en curso, en el boulevard Independencia, a la altura del local denominado “Villa Tamiahua”, de la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, contrario a lo asentado en el Informe Policial Homologado, en el cual se señala indebidamente por los elementos aprehensores que se realizó una primera actuación a las 11:59 horas del 13 de marzo de 2020, lo que significa una alteración de la circunstancia de tiempo de alrededor veinte minutos.
Si bien esto podría parecer una cuestión propia del proceso penal, lo cierto es que viola derechos humanos al no haberse realizado por una institución imparcial, lo que vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica, impidiendo con ello el derecho humano de acceso a la justicia libre de sesgos y en igualdad de condiciones, en virtud de que la Unidad Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso forma parte de la estructura administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y no tienen un origen desconcentrado, como lo señala la norma procesal penal aplicable (Código Nacional de Procedimientos Penales) no obstante, al ser una cuestión procesal, el estado de Veracruz viola sistemáticamente derechos humanos a una justicia pronta, expedita e imparcial en el proceso penal, obstaculizando su derecho a una defensa adecuada en su sentido formal y material, al actuar como tanto como parte procesal e institución parcial, violando de esta forma el Poder Judicial del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública el derecho humano de seguridad jurídica.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vigile que la juez de ejecución del distrito de Córdoba, Veracruz, cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos al garantizar de forma integral el respeto de éstos durante el internamiento preventivo y vigile que Rogelio Franco Castan se encuentre en condiciones dignas, con suministros de limpieza y abrigo ante las inclemencias y cambios de clima, atención médica acorde a sus padecimientos, seguimiento y monitoreo para prevenir el contagio por Covid-19 y se prevengan otras violaciones a derechos humanos, todo ello por la indebida prisión preventiva en la que se encuentra.
Punto de Acuerdo
Único. Por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que resuelva la queja 25937/2021 y que en medida de sus atribuciones gire sus recomendaciones a las dependencias que correspondan para que los derechos humanos del ciudadano Rogelio Franco Castán sean respetados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2021.
Diputado Antonio Ortega Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a diseñar e incorporar al plan de estudios por la Subsecretaría de Educación Media Superior y en coordinación con el INE la materia de política electoral para explicar a los jóvenes el sistema comicial del país e incentivarlos a participar en los respectivos procesos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Barradas, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María de Jesús Aguirre Barradas, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México estamos viviendo una época de cambios políticos constantes, en donde todos los ciudadanos somos coparticipes en las decisiones consideradas por nuestros gobernantes.
No podemos eludir esta responsabilidad como ciudadanos y constructores de esta gran nación, debemos de tener claro que el ejercicio de nuestros derechos electorales es un derecho constitucional
En este mismo orden de ideas, debemos de considerarla que la democracia es la forma en que el gobierno crea una sociedad más justa a través de la cual todos los ciudadanos se ven representados por sus gobernantes, estableciendo el dialogo para alcanzar objetivos comunes en el bienestar, disminuyendo las asimetrías de desigualdad.
Es así que en un ejercicio pleno y efectivo todos los ciudadanos deben de estar incluidos en las decisiones gubernamentales que afectan su entorno y la forma de vida tanto individual como colectiva y en donde todos tengamos la misma capacidad de incidencia frente a las decisiones de políticas públicas y ejerzamos una forma de control del Estado.
La democracia es así en su sentido literal, el gobierno del pueblo o el gobierno para el pueblo.1
Está misma representa la soberanía popular y sus expresiones, como son la elección de los gobernantes y la participación ciudadana en ejercicio del gobierno, los ciudadanos son representados el gobierno, en la aprobación de una ley o en la proposición de una iniciativa de ley por parte de la ciudadanía.2
Sin embargo, para que la participación ciudadana se ejerza de manera apropiada por los ciudadanos es necesario que el estado fomente la cultura de la participación ciudadana, sobre todo en la población joven.
La participación de los jóvenes es crucial en la representación política; ya que forman una parte importante del electorado, por lo que deben de contar con las herramientas suficientes para poder elegir de manera adecuada a quienes los van a representar y ejercer su derecho contemplado en el artículo 35 de nuestra Constitución Política.
Por lo que, debemos de considerar que no todos los jóvenes por coincidir en edad fisiológica tienen acceso a la misma cantidad de información y tienen los mismos intereses es decir no comparten, posturas religiosas, ideológicas y políticas, lo que los lleva a ser una población heterogénea y a relacionarse de distintas formas con el mundo que los rodea. En ello radica la importancia del ejercicio de sus derechos dado que la participación es la forma de expresión y representación.
Basándose en la importancia a nivel mundial de la participación de los jóvenes en el artículo 21 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes dice que tienen derecho a la participación política. El numeral 2 del mismo artículo dice: “Los Estados parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión”. México es uno de los Estados parte que se ha comprometido a cumplir con estos derechos.3
La participación de los jóvenes en los parlamentos de todo el mundo es muy baja, así lo demuestra el Informe parlamentario mundial. De acuerdo con este estudio, la edad promedio de los parlamentarios es de 53 años y la edad promedio de las parlamentarias es de 50. Mientras que el rango de edad de 20 a 29 años (jóvenes) apenas representa 1.65 por ciento, son los adultos de 50 a 59 años quienes ostentan la mayoría, con 33.12 por ciento.4
Los jóvenes deben de estar representados en los Parlamentos, no solo como legisladores sino como voz activa de las demandas sociales y representación política que permita conocer las necesidades más apremiantes de sociedad.
Sin embargo, es importante reconocer que actualmente, entre culturas juveniles existe un poco participación en los movimientos sociales y políticos.
En la actualidad los jóvenes no optan por prácticas y formas de agrupación partidistas o institucionales, careciendo de aportaciones en proyectos políticos; por lo que es necesario impulsar su participación.
En México, las y los jóvenes representan el 29.32 por ciento del padrón electoral.5 Sin embargo, nos encontramos con una problemática constante en los distintos estados en donde la participación de los jóvenes es escasa y en muchos de los casos desconocen cómo están conformación los distritos electorales, a qué distrito pertenecen, como se designan los candidatos Plurinominales, y lo que es aún más preocupante en algunos de los casos desconocen de cuantos municipios están conformados sus Estados.
Las elecciones en México cuestan cada vez más caras, en un escenario en el que los ciudadanos se muestran insatisfechos con la democracia.
El costo de las elecciones federales, es decir, tan solo para elegir al nuevo presidente, 500 diputados y 128 senadores para el 2018 fue de 28,033 millones de pesos, este monto considera los recursos otorgados para el proceso al Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el financiamiento a los partidos políticos.6
A pesar de gastar muchos recursos en las elecciones, el nivel de ausentismo en la ciudadanía aumenta en las votaciones, el reporte de Integralia muestra que la participación ciudadana en las elecciones federales ha ido a la baja. Por ejemplo, en 2012 el promedio de participación fue de 62.22 por ciento, mientras que en 2015 la cifra bajó a 49.31 por ciento.
La principal caída en la participación se dio entre los más jóvenes. En el grupo de 18 a 19 años la participación pasó de 62.03 a 44.21 por ciento, mientras que en el grupo de 20 a 29 años cayó a 35.66 por ciento.7
De lo anterior se desprende, existe un abstencionismo muy marcado y realmente los que ejercen su derecho a votar son las minorías, por lo que no existe una representación popular al elegir a los candidatos, y es precisamente aquí donde surge el problema ya que se están pagando unas elecciones muy caras con una participación ciudadana por debajo de la media de otros países, es por ello, que es necesario que nuestros jóvenes entiendan el proceso electoral y se les incentive a participar en el mismo a través del conocimiento.
Los nuevos ciudadanos (jóvenes que cumplen los 18 años), desconocen totalmente la información sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), únicamente lo conocen por los spots que transmiten en los diferentes medios de comunicación, sin embargo, no tienen el conocimiento exacto de sus funciones, alcances y tramites en la mayoría de los casos, creen que dicho organismo únicamente sirve para emitir la credencial de elector que les da derechos, y en la mayoría de los casos olvidan que tienen obligaciones al tener este documento y que al final del día, es el instrumento más importante que se tiene para construir de manera pacífica la construcción de la democracia nacional. Desconocen que también es el órgano rector de las elecciones en nuestro país y quien determina las reglas a seguir en dichos procedimientos.
Si bien es cierto, que el Instituto Nacional Electoral realiza campañas masivas en medios de comunicación para llevarle a la gente la información básica sobre las elecciones, también es bien sabido que sigue existiendo un abstencionismo como se señaló en párrafos anteriores, por lo que considero que es necesario ampliar la información sobre los procesos democráticos del país, integrando una materia en el plan de estudios de las preparatorias, para que los jóvenes como voceros de sus familias se alienten a participar en estos procesos y no solamente eso, sino que expliquen a sus familiares la importancia de construir procesos democráticos de calidad en los que realmente los ciudadanos cumplamos con nuestro deber patriótico establecido en nuestra carta magna de participar activamente en los procesos electorales de nuestra nación (votar y ser votado) independientemente de la ideología política que se tenga, porque lo único que interesa es que ejerzamos nuestros derechos como integrantes de una sociedad en desarrollo.
Si bien deseamos avanzar a una democracia participativa e incluyente es necesario crear mecanismos de coordinación en donde se fomente la cultura participativa teniendo como pilar el conocimiento pleno de la estructura gubernamental.
En este mismo orden de ideas, debemos de considerar que las escuelas de educación media superior, son un medio de difusión de la creación de una cultura electoral, enseñando a los jóvenes como funciona el sistema electoral, actores participan, autoridades electorales, partidos políticos, secciones, candidatos, conformación de sistemas de gobiernos en otros.
Por lo que es necesario crear mecanismo de coordinación entre las escuelas y las autoridades electorales. Si bien en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su artículo 58, numeral 1, inciso b da atribuciones a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica, paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, entre otros, debemos de hacer efectivo este precepto, con la finalidad de que la Secretaría de Educación Pública por medio de la Subsecretaría de Educación Media Superior y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral incluyan dentro del plan de estudios de la preparatorias una clase que este destinada a enseñarle a los jóvenes la distribución de los distritos electorales, municipios y estados, como se elige a nuestros representantes, entre otras cosas, además de lo anterior, se les proporcionará la información necesaria para que puedan hacer conciencia de la importancia de su participación en las elecciones y sobre todo que les genere el gusto por la vida política del país, estas herramientas ayudaran a que no exista un desconocimiento total como al día de hoy sobre los procesos de elección de nuestros gobernantes y sobre todo no que la juventud ejerza su derecho de votar y ser votado de una manera responsable.
Con ello aspiraremos a la construcción de un andamiaje institucional en donde los jóvenes sean impulsores de una participación efectiva de sus derechos políticos, garantizando un ejercicio pleno de la democracia participativa
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa para que la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, diseñen e implementen dentro del plan de estudios la materia de política electoral, para explicar a los jóvenes el sistema electoral de nuestro país e incentivarlos para que participen en las elecciones.
Notas
1 Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor investigador titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
2 http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/congreibero/ponencias/olivosc amposjoserene.pdf
3 https://oij.org/wp-content/uploads/2017/01/Convenci%C3%B3n.pdf
4 http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/150/consulta %20Informe%20Parl%20Mundial.pdf
5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Jovenes-en-Mexico-en-numeros-20190129-0077.html
6 https://www.altonivel.com.mx/elecciones-2018/ine/cuanto-cuestan-las-ele cciones/
7 https://integralia.com.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril del 2021.
Diputada María de Jesús Aguirre Barradas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a incluir en el grupo prioritario para recibir la vacuna contra el SARS-Cov2 al personal médico del sector privado, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La emergencia sanitaria presentada en todo el mundo a causa del coronavirus SARS-CoV-2 ha provocado millones de contagios entre la población, así como un gran número de fallecimientos. La rápida expansión de este virus y su elevado nivel de contagio hizo que diversos laboratorios se enfocaran en la realización de vacunas que funcionen como una medida más para frenar los múltiples contagios.
La función de las vacunas es generar anticuerpos que nos protegen de enfermedades1 que se propagan entre los seres vivos y que pueden ocasionar daños en los seres humanos al estar en contacto con dichas enfermedades.
En términos sencillos, cuando se administra una vacuna, el sistema inmunológico de la persona a la que se le aplicó interpreta que se trata de la enfermedad por lo que produce defensas que sirven para proteger su salud cuando se llegue a estar realmente en contacto con el causante de la enfermedad, como en este caso lo es el virus SARS-CoV-2.
El proceso para la fabricación y aplicación de una vacuna no es un proceso sencillo pues deben realizarse pruebas que garanticen la seguridad y eficacia de la vacuna además de que debe ser aprobada por instancias sanitarias que aprueben el uso masivo de estas.
Ante la situación extraordinaria que aún se vive en todo el mundo y ante el panorama incierto y desolador que comenzaba a dejar la Covid-19, en 2020 iniciaron los trabajos por la fabricación de vacunas que ayudaran a frenar la emergencia provocada por el contagio masivo del nuevo coronavirus.
Tras varios meses luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia por el coronavirus, y luego de diversos trabajos de investigación y ensayos clínicos para comprobar la eficacia de algunas vacunas producidas alrededor del mundo, comenzó por fin la etapa de vacunación, lo que nos ha dado un alivio frente a la crisis sanitaria presentada desde diciembre de 2019.
En enero del presente año fue publicado el documento Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México en el cual se especifica la estrategia y logística de la vacunación en el país.
La estrategia implementada con la cual se pretende inmunizar a por lo menos 70 por ciento de la población para así lograr la inmunidad de grupo o lo que se conoce como “inmunidad de rebaño”, consiste principalmente en cinco etapas en las que se vacunará a la población de acuerdo con el nivel de prioridad que fue establecido:
• Etapa 1: personal de salud de primera línea de control de la Covid-19.
• Etapa 2: personal de salud restante y personas mayores de 60 años.
• Etapa 3: personas de 50 a 59 años.
• Etapa 4: personas de 40 a 49 años.
• Etapa 5: resto de la población mayor a 16.2
De acuerdo con este esquema de vacunación, todo el personal que se encuentra laborando en el sector salud debió de haber sido vacunado de manera prioritaria, sin embargo, se contempló principalmente al personal que trabaja en el sector público, dejando para después a aquel personal médico que labora en el sector privado como clínicas, hospitales e incluso a los médicos que dan consulta en farmacia, siendo estos en muchos de los casos, la primera línea de atención de posibles casos de Covid-19 debido al bajo costo de las consultas.
En diversos lugares de la República se les ha brindado la aplicación de la vacuna a médicos privados que se encuentran en atención de pacientes enfermos de Covid-19, no porque les toque el suministro de la vacuna sino porque en algunos lugares se les ha aplicado a petición de parte y se les ha concedido debido a que ha sobrado el algunos centros de vacunación, un ejemplo de ello es el estado de Sinaloa, en donde se han aplicado un total de 2 mil 681 dosis a médicos del sector privado.3
Si bien en algunos puntos del país se les han administrado vacunas contra la Covid-19 a un número reducido de personal médico privado, en algunos otros puntos, médicos acuden a las calles a manifestarse por no haber sido contemplados en el esquema de vacunación. Tal es el caso del municipio de Chihuahua, así como en otros municipios del país en donde médicos y enfermeros solicitan ser contemplados en el esquema de vacunación pues laboran en hospitales que pueden ser centros de contagio del coronavirus SARS-CoV-2.
Incluso, médicos que se encuentran en la primera línea de atención han presentado demandas de amparo para que sean vacunados de igual forma que el personal médico que se encuentra en el sector público.
Es importante proteger a aquellos que en cumplimiento de su profesión protegen y salvan la vida de miles de personas. En la situación por la que el mundo está atravesando, las médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, y todos aquellos que laboran el sector salud nos han enseñado la verdadera vocación pues han arriesgado sus vidas y lamentablemente, muchos de ellos han fallecido en cumplimiento de su deber. Por lo que es prioridad brindarle los medios necesarios para su protección frente a esta pandemia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a incluir en el grupo prioritario para recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 al personal médico que labora en el sector privado.
Notas
1 Gobierno de México. Vacunación Covid. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/
2 Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11En e2021.pdf
3 Periódico Digital Noreste . Disponible en: https://www.noroeste.com.mx/culiacan/se-han-vacunado-contra-el-covid-19 -a-2-mil-681-trabajadores-de-la-salud-del-sector-privado-gobierno-del-e stado-NJ86538
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2021.
Diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a implantar con las autoridades estatales y municipales de medio ambiente un programa integral de cuidado de la calidad del aire para disminuir la grave contaminación en Mexicali, BC, a cargo de la diputada Guadalupe Janneth Moreno Argüelles, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Janneth Moreno Arguelles, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Compañeras diputadas y diputados vengo respetuosamente a exponer para su consideración y respaldo la problemática de contaminación que se presenta en el municipio de Mexicali, derivada de los altos niveles de contaminación de aire, lo que conlleva a severos impactos en la salud de sus habitantes, por los altos niveles de incidencia de enfermedades de vías respiratorias, que se ha agravado por la actual crisis sanitaria de Covid-19.
Mexicali capital de Baja California, es una de las ciudades que presenta los mayores índices de contaminación del aire en México y de la región de América del Norte. Los niveles de contaminación del municipio de Baja California superan en casi dos veces los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según datos del Informe Mundial de la Calidad del Aire 2020, realizado por la firma IQAir.1
Según datos del Informe Mundial de la Calidad del Aire 2020, la ciudad fronteriza se ubica en la 54 posición en el país en cuanto a urbes con mala calidad de aire debido a la presencia de partículas contaminantes, al registrar en 2020, 19.7 microgramos de partículas finas por metro cúbico.2
Mientras que el volumen recomendado por la OMS para aminorar los efectos en la salud de las personas de partículas finas suspendidas en el ambiente menores a 2.5 micras es de 10 microgramos por metro cúbico, los niveles de la urbe ubicada en la frontera con Estados Unidos son de 19.7 microgramos por metro cúbico, no obstante, al cierre del 2019 fue de 38 microgramos por metro cúbico en el mes de diciembre.
De acuerdo con el presidente del Colegio de Biólogos de Baja California, Efraín Nieblas Ortiz, en Mexicali se lanzan al ambiente 260 mil toneladas de contaminantes atmosféricos al año. Como consecuencia de ello, la tasa de muertes prematuras asociadas a la contaminación en esta urbe fronteriza de poco más de un millón de pobladores es de 32.49 casos por cada 100 mil habitantes, según datos de la Secretaría de Salud.
Los perjuicios económicos se calculan en 25 millones de pesos erogados a la salud pública para atender las enfermedades derivadas de la contaminación, así como 200 millones de pérdidas de productividad en el municipio de vocación industrial.
La OMS estima que cerca de siete millones de personas mueren cada año por la exposición a las partículas finas contenidas en el aire contaminado, las cuales penetran profundamente en los pulmones y el sistema cardiovascular y provocan enfermedades como accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón, neumopatía obstructiva crónica e infecciones respiratorias, por ejemplo, neumonía.
La contaminación del aire ambiente por si sola provocó aproximadamente 4,2 millones de muertes en 2016, mientras que la contaminación del aire doméstico originada por la cocción de alimentos con combustibles y tecnologías contaminantes causó unos 3,8 millones de muertes en el mismo periodo.
Más del 90 por ciento de las muertes relacionadas con la contaminación del aire se producen en países de ingresos bajos y medianos, principalmente de Asia y África, seguidos por los países de ingresos bajos y medianos de la Región del Mediterráneo Oriental, Europa y las Américas.3
De acuerdo al biólogo Efraín Nieblas, Mexicali no cuenta con un sistema de monitoreo de contaminantes en el aire suficiente, por razón que las autoridades exponen no contar con los recursos necesarios. No obstante, el motivo podría ser otro.
Una investigación realizada por el periódico estadounidense The Desert Sun confirmó que las agencias ambientales mexicanas no están haciendo lo suficiente para monitorear la contaminación en el municipio fronterizo. De acuerdo el testimonio de Lori Wallach, directora de Global Trade Watch (Observatorio del Comercio Mundial) de la organización Public Citizen, las compañías empresas que se asientan en Mexicali llegan atraídas por la mano de obra barata y por la laxitud de las regulaciones ambientales.4
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- El Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se lleven a cabo acciones conjuntas con las autoridades estatales y municipales de medio ambiente, que permitan la implementación de un programa integral de cuidado de la calidad del aire a fin de disminuir la grave contaminación en el municipio de Mexicali Baja California, que la posiciona como una de las ciudades más contaminada del continente norteamericano.
Notas
1 Ver: https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Mexicali-la-urbe-mas-contaminada-del-pais-y-de-Norteamerica-20190312-0051.html
2 Ver: https://www.iqair.com/world-most-polluted
3 Ver: https://www.who.int. Siete millones de muertes cada año.
4 Ver: https://www.desertsun.com/in-depth/news/environment/border-pollution/poisoned-cities/2018/12/05/
mexicali-industrial-city-factories-maquiladoras-border-pollution/1295896002/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de abril de 2021.
Diputada Janneth Moreno Argüelles (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las Jucopo de esta soberanía y de la colegisladora a expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, a cargo del diputado Ismael Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Ismael Sánchez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores para que realicen las acciones necesarias para dar cumplimiento a su responsabilidad de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares); dicho decreto incorporó un artículo cuarto transitorio en el que se establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
El término de dicho mandato constitucional se cumplió en marzo de 2018, desde entonces el Congreso de la Unión se encuentra en omisión legislativa, la cual se produce cuando el Congreso incumple con el mandato constitucional de expedir leyes, o bien, cuando legisla de manera parcial, incompleta o deficiente.
La importancia de la reforma constitucional aprobada, dotó al Congreso de la Unión de la facultad para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar; la cual tiene como propósito establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar la justicia civil y familiar en todo el país.
Sin embargo, a más de tres años de haberse cumplido el término para que se expidiera la legislación; hoy todavía nos encontramos con distintos sistemas procesales a lo largo del país que regulan los procedimientos civiles y familiares de manera diferenciada; lo que genera no sólo una marcada disparidad en los tiempos y requisitos para acceder a la justicia, sino que, en algunos casos, la justicia pareciera estar marcadamente más lejana para las personas en una entidad federativa que en otra.
La diversidad de contenidos en las normas procesales del país, genera diversos obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita en la materia civil y familiar debido a la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas; las cuales en algunos casos son contradictorias entre sí, en relación a un mismo procedimiento. Lo anterior tiene como consecuencia que las personas se enfrenten a un estado de incertidumbre respecto a la aplicación y sentido de la justicia.
Como se ha señalado, las relaciones civiles y familiares son los cimientos para una convivencia armónica y pacífica en nuestra sociedad, son las relaciones entre las personas que se viven en la cotidianeidad. Por ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria para dichas relaciones, para que en ella se fijen los elementos comunes necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país.
Se requiere de procedimientos homologados en todo el territorio nacional para dirimir las controversias entre particulares, para minimizar las formalidades en las actuaciones judiciales y eliminar la diversidad de criterios judiciales sobre una misma institución procesal. Con reglas que atiendan a los más altos estándares internacionales en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que permitan eficientar y agilizar el desarrollo de los procedimientos y juicios en materia civil y familiar.
No existe justificación técnica alguna para que los procedimientos en materia civil y familiar sean distintos entre las entidades federativas. Además, contar con procedimientos homologados en todo el país reducirá costos para los particulares, acelerará la solución de los conflictos y evitará disparidades en los criterios judiciales entre los distintos tribunales del país, lo que favorece a la seguridad jurídica.
La administración de la justicia en México ha evolucionado de manera importante, ahora tenemos reglas más claras, procedimientos más expeditos en distintas materias y en muchos casos, como el penal o el mercantil, la justicia oral permite que los tiempos procesales se reduzcan considerablemente.
Es importante destacar que la justicia civil representa 30 por ciento de los asuntos que se resuelven en los tribunales locales del país, mientras que la justicia familiar representa 35 por ciento del total de los asuntos que conocen dichos tribunales.
Este nuevo mandato constitucional otorgado al Congreso de la Unión para expedir la legislación procesal única, tiene como finalidad que las personas puedan tener acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que permitan hacer eficiente y ágil el desarrollo de los procedimientos y juicios en materia civil y familiar. Debemos tener presente que el contenido sustantivo de las materias civil y familiar permanece inalterable en la esfera de facultades de las legislaturas de las entidades federativas y al Congreso de la Unión sólo le corresponde la facultad de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar.
Tenemos un mandato constitucional para ello y el compromiso de darle a las personas una mayor certeza y seguridad y jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar. Para cumplir con este compromiso constitucional diversos legisladores ha presentado ya proyectos legislativos al respecto.
En el caso del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se tiene la iniciativa que expide el Código Nacional de Procedimientos Familiares, presentada por las diputadas María Guadalupe Murguía Gutiérrez y María García Pérez; y, el diputado José Hernán Cortés Berumen, en febrero de 2018.
También se encuentra la iniciativa que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, presentada por las putadas María del Pilar Ortega Martínez y Janet Melanie Murillo Chávez en junio de 2020.
O la iniciativa que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de adopción, presentada por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del PRI, en octubre de 2017.
Por ello es necesario que el Congreso y en particular esta Cámara de Diputados impulse el cumplimiento del mandato constitucional que debió haberse generado desde 2018.
Es necesario señalar que el Congreso federal ha incumplido con la expedición de varias leyes reglamentarias de reformas constitucionales, acumulando plazos vencidos que van desde los dos meses hasta los siete años.
También que las omisiones legislativas se producen cuando el Congreso incumple con el mandato constitucional de expedir leyes, o bien, cuando legisla de manera parcial, incompleta o deficiente; y que dichas omisiones, según criterios jurisprudenciales recientes, en casos extremos, implica que todos los legisladores federales pueden ser separados de sus cargos y enfrentar procesos penales si no cumplen con la expedición de las normas pendientes ordenadas por la Constitución.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a efecto de que realice las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo que establece el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a efecto de que realice las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo que establece el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2021.
Diputado Ismael Sánchez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar por la SEP la operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo a las instituciones incorporadas y cumplir la remuneración económica del personal directivo, docente y de apoyo, a cargo de la diputada Lily Fabiola de la Rosa Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien que suscribe, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) ha venido operando en instituciones públicas de educación básica desde el año 2008, teniendo un impacto positivo en el aspecto académico del alumnado adscrito a las instituciones incorporadas al mismo.1
En efecto, existe una importante evidencia del impacto del programa en la mejora de aprendizajes de los estudiantes, sobre todo, de los grupos más vulnerables, en los apoyos a la alimentación e, inclusive, en la participación de la mujer en el mercado laboral.
Este programa además ha favorecido al personal directivo, docente y de apoyo a la educación que labora en las instituciones que hasta el año 2020 estaban incorporadas al PETC, quienes por su desempeño en las mismas, habían percibido una compensación económica mensual por su trabajo en escuelas de jornada ampliada, la cual, desafortunadamente se ha visto suspendida en el presente ciclo escolar 2020-2021 sin un estudio técnico previo que justifique su desaparición, afectando con ello a miles de trabajadoras y trabajadores adscritos, a millones de alumnas y alumnos de escuelas públicas, así como a miles de madres de familia trabajadoras en todo el país.
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo tenía como objetivo general establecer en forma paulatina, conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas con jornadas de entre seis y ocho horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las y los alumnos de educación básica.
En dicho programa se impulsaron esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al alumnado a través del servicio de alimentación en beneficio de alumnos de comunidades con alto índice de pobreza y marginación para fomentar su permanencia en el Sistema Educativo Nacional (SEN), con lo cual se coadyuvó a mejorar la calidad de los aprendizajes en educación básica.2
El PETC en México se convirtió en una de las intervenciones más importantes del en materia educativa, iniciando con 500 escuelas de educación básica, buscando mejorar las oportunidades de aprendizaje al aumentar la jornada escolar de cuatro y media a seis u ocho horas, para brindar a las y los maestros más tiempo para consolidar las clases de español, escritura, expresión oral, pensamiento matemático científico y crítico con el uso de tecnologías, así como la enseñanza de una segunda lengua.3
En este contexto, es importante señalar que en 2020 el programa alcanzó más de 27 mil escuelas, beneficiando a más de 3.6 millones de alumnas y alumnos a nivel nacional. Operó en 19 mil 91 escuelas indígenas y rurales y ofreció servicio de alimentación en 14 mil 554 escuelas, en beneficio de un millón 397 mil niñas, niños y jóvenes que, en su mayoría, se encuentran en condición de pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación.4
De igual manera, se benefició a un total de 137 mil docentes, es decir, 132 mil más que al inicio del programa, actores fundamentales en la operación del programa y en el proceso enseñanza aprendizaje.
El PETC se concentró en atender las escuelas más marginadas, con lo que también buscó aumentar sus recursos financieros para gastos operativos emanados de la ampliación de la jornada escolar, lo cual permitió mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las instituciones incorporadas.
Sin duda, uno de los componentes más sobresalientes del PETC es la provisión de alimentos a los estudiantes en escuelas, lo que ha tenido un impacto positivo en el aspecto académico del alumnado.5
El PETC ha favorecido miles de trabajadoras y trabajadores de educación básica, personal directivo, docente y de apoyo a la educación que labora en las mismas, quienes por su desempeño han percibido una compensación económica adicional a su salario, la cual fue suspendida a partir del ciclo escolar 2020-2021, impactando la economía de miles de trabajadoras y trabajadores de educación en plena crisis por la pandemia Covid-19, a quienes de manera reiterada el gobierno federal ha dicho que no tendrán afectaciones en sus beneficios y prestaciones.
Sin embargo, en el presupuesto 2021 se desaparece el programa de un plumazo, sin ninguna justificación sustentada en estudios técnicos, dejando sin recursos a miles de escuelas en todo el país para su operación.
El servicio de alimentación de las escuelas incorporadas al PETC también se vio interrumpido, siendo escuelas con población infantil de escasos recursos y en una condición de vulnerabilidad evidente.6 Este constituyó uno de los diez compromisos presentados por el presidente de la República en mayo del 2018 durante su campaña. Con la cancelación de dicho servicio, se afectó además a cientos de madres de familia responsables de los comedores escolares para quienes la compensación recibida era su único ingreso familiar, mismo que dañó severamente la economía de sus familias. ¿Dónde quedó el compromiso del gobierno federal con las y los trabajadores de la educación? ¿dónde quedó el compromiso con el interés superior de la niñez mexicana?
Desde su creación, el programa registró aumentos presupuestales anuales, pero desde el inicio de esta administración comenzó el recorte. En 2018 contó con un presupuesto de 11 mil 245 millones de pesos; en 2019 de 10 mil 190 millones; el año pasado a 5 mil 100 millones; y para el 2021 no se le asigna presupuesto, ya que el programa denominado La Escuela Nuestra incluye recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los apoyos de las y los docentes que imparten actividades académicas de este programa.7 De esta manera, entre 2018 y 2020, el presupuesto del PETC registró una caída de 54 por ciento.
La estrategia Escuela en Casa implementada por la actual administración federal ha ampliado las jornadas de trabajo del personal docente y directivo, quienes por su compromiso y responsabilidad brindan más tiempo del que corresponde a su jornada escolar para la atención a su alumnado durante esta crisis causada por la pandemia Covid-19.
El regreso a las clases presenciales es inminente,8 por lo que es fundamental que existan definiciones claras con respecto a la operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, ya que existe inquietud en la comunidad escolar de las escuelas de educación básica del país con respecto a la continuidad de dicho programa.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, garantice la operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en las escuelas incorporadas en el país y se cumpla con la remuneración económica del personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación que se encuentra adscrito a dichas instituciones, ante la eliminación del presupuesto para el programa en 2021.
Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que las escuelas beneficiadas con el servicio de alimentación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, una vez reanudadas las clases presenciales, gocen de dicho servicio y la población infantil más vulnerable sea atendida.
Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que justifique académicamente la suspensión y/o cancelación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo
Notas
1 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Exploratorio_Impa cto_PETC.pdf
2 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/201 7_MR-PETC_a.pdf
3 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Exploratorio_Impa cto_PETC.pdf
4 Presidencia de la República, “Segundo Informe de Gobierno 2019-2020”. Consultar en:
https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/
PRESIDENTE%20AMLO%202INFORME%20DE%20GOBIERNO%202019-2020.pdf
5 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Exploratorio_Impa cto_PETC.pdf
6 https://lopezobrador.org.mx/2018/05/12/104356/
7 SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, varios años. Consultar en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017;
8 Regreso a Clases SEP: Clases presenciales se retomarían 15 días después de vacaciones de Semana Santa, El Heraldo, en:
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/24/regres o-clases-sep-clases-presenciales-se-retomarian-15-dias-despues-de-vacac iones-de-semana-santa-274872.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de abril de 2021.
Diputada Lily Fabiola de la Rosa Cortés (rúbrica)
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