Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5620-I, miércoles 30 de septiembre de 2020
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Comunicaciones oficiales
De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite acuerdo sobre la reanudación de plazos y procedimientos relativos a obligaciones pendientes de cumplir
Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2020
Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Cámara de Diputados
Presente
Por instrucciones de la Mesa Directiva envió a usted el siguiente Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para la reanudación de plazos y procedimientos relativos a obligaciones pendientes de cumplir.
Para conocimiento preciso del referido acuerdo, adjunto copia del mismo.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para la reanudación de plazos y procedimientos relativos a obligaciones pendientes de cumplir
La Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, numeral 2 y 275 del Reglamento del Senado de la República, y
Considerando
I. Que con fecha 24 de marzo de 2020, el Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en relación con la suspensión de plazos y procedimientos relativos a obligaciones pendientes de cumplir en virtud de las medidas sanitarias adoptadas ante la pandemia del denominado Covid-19.
II. Que en el referido Acuerdo, el Senado de la República solicitó a las dependencias y entidades de la administración pública federal, órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órganos constitucionales autónomos y demás órganos públicos competentes, ampliar los plazos o, en su caso, suspenderlos, en aquellos supuestos en que esta Cámara tuviese que cumplir con alguna obligación frente a ellos, con el fin de que el Senado de la República estuviera en condiciones de atender sus responsabilidades constitucionales y legales correspondientes ante esas instancias públicas.
III. Que, por otra parte, se estableció que en el caso particular de las solicitudes de acceso a la información turnadas al Senado de la República, como sujeto obligado en la materia por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en concordancia con la determinación acordada por dicho órgano autónomo el pasado 20 de marzo de 2020, se suspendieron los términos y plazos establecidos para que las instancias responsables al interior del Senado de la República atendieran dichas solicitudes, las de protección de datos personales y, en su caso, formularan los agravios que correspondieran dentro de los recursos existentes.
IV. Que, asimismo, respecto a aquellos asuntos pendientes de desahogar ante la Auditoría Superior de la Federación por parte del Senado de la República, en concordancia con la determinación de dicho órgano técnico especializado, que entró en vigor el 23 de marzo de 2020, se suspendieron los términos y plazos establecidos para que las instancias al interior del Senado de la República dieran cumplimiento a las auditorías y a cualquier otro procedimiento ante dicho órgano que se encontrase sujeto a plazo perentorio.
V. Que en cuanto a aquellos asuntos pendientes de atender por parte del Senado de la República, turnados por la Cámara de Diputados, que no implicasen un proceso legislativo, en concordancia con la determinación de la colegisladora del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los términos y plazos establecidos para que las instancias al interior del Senado de la República dieran cumplimiento a los mismos, en términos legales y reglamentarios.
VI. Que, adicionalmente, se indicó que para el caso de que las sesiones plenarias del Senado de la República no se llegasen a realizar con la temporalidad que marca su normatividad y alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órganos constitucionales autónomos o demás órganos públicos tuvieran que presentar informes o comunicaciones que no estuvieran sujetos a plazo perentorio, se publicarían en la Gaceta y se daría cuenta de los mismos al pleno en la primera sesión ordinaria siguiente. Si la presentación del informe o comunicación referido estuviese sujeto a plazo perentorio, el vencimiento de dicho plazo no generaría consecuencia jurídica alguna en su perjuicio, se publicarían en la Gaceta y se daría cuenta del asunto en la primera sesión ordinaria siguiente.
VII. Que los procedimientos que se tenían que desarrollar en el Senado de la República en materia de nombramientos, expedición de ordenamientos, ejercicio de alguna facultad exclusiva o desarrollo de un proceso legislativo sujeto a plazo, quedaron suspendidos hasta en tanto existieran las condiciones de salud pública necesarias que permitieran celebrar sesiones ordinarias o sesiones extraordinarias que, para tal efecto, se convocaran, y
VIII. Que el Senado de la República inició las actividades del primer periodo ordinario de sesiones de tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura el 1 de septiembre de 2020, por lo que es llegado el caso de proceder a reanudar los plazos y procedimientos tendientes a que el Senado de la República cumpla sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, las cuales quedaron suspendidas con base al Acuerdo de fecha 24 de marzo de 2020, por lo que la Mesa Directiva somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único. A partir del 1 de septiembre de 2020 se reanudan los plazos y procedimientos aplicables para que el Senado de la República y sus unidades administrativas cumplan sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, que por efecto del Acuerdo de fecha 24 de marzo de 2020 se suspendieron.
Transitorios
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos jurídicos a partir de su aprobación.
Segundo. Notifíquese del presente Acuerdo al titular del Ejecutivo federal, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la presidenta de la Cámara de Diputados, y a las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos.
Tercero. Comuníquese a las áreas de Servicios Parlamentarios Administrativos y Técnicos del Senado de la República.
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta del Senado, para su máxima difusión y observancia.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de septiembre de 2020.
Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)
Presidente
Senadora Imelda Castro Castro (rúbrica)
Vicepresidenta
Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica)
Vicepresidenta
Senador Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
Senadora Verónica Delgadillo García (rúbrica)
Secretaria
Senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica)
Secretaria
Senadora María Merced González González (rúbrica)
Secretaría
Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica)
Secretario
Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros (rúbrica)
Secretaria
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica)
Secretaria
Senadora Eunice Renata Romo Molina (rúbrica)
Secretaria
De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite ocho proposiciones con punto de acuerdo a fin de solicitar a esta soberanía que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del PEF de 2021 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Sylvana Beltranes Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, recursos asignados a la Secretaría de Turismo para la creación de un Plan de Recuperación del Sector Turístico, debido a las afectaciones que ha sufrido con motivo de la pandemia Covid-19.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
Sylvana Beltrones Sánchez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presenta proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, recursos asignados a la Secretaría de Turismo para la creación de un plan de recuperación del sector turístico debido a las afectaciones que ha sufrido con motivo de la pandemia Covid·19, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19 la economía del país se ha visto gravemente afectada. En el informe trimestral de abril-junio el Banco de México (Banxico) explicó que la evolución de la pandemia aún está en proceso, por lo que persiste un alto grado de incertidumbre para cualquier proyección económica. Existen riesgos de nuevos brotes y no existe conocimiento de cuándo podría haber una vacuna disponible o un tratamiento efectivo. Todo esto incide en los tiempos y el ritmo en los que podría esperarse una recuperación y normalización de la actividad económica nacional. Ante ello, Banxico presentó tres posibles escenarios:
El primer escenario es el de “afectación tipo V” donde la variación del PIB en 2020 se revisó de -4.6 por ciento en el informe previo, a -8.8 por ciento, y para 2021 pasó de 4 a 5.6 por ciento.
El segundo escenario es el de “afectación tipo V profunda” donde como resultado de la reapertura, en el tercer trimestre se presenta una reactivación de la actividad y posteriormente se observará una recuperación con mayor gradualidad durante el resto del horizonte de pronóstico, como reflejo de una posible mayor persistencia de la pandemia en el país y de una lenta recuperación de la economía global, la variación del PIB en este escenario se revisó de -8.8 a -11.3 por ciento y para 2021 de 4.1 a 2.8 por ciento.
El tercer escenario es el de “afectación tipo U” profunda donde se supone que la debilidad de la actividad económica causada por el choque en el primer semestre de 2020 se extiende durante el resto del año, derivado de una posible intensificación de la pandemia, la variación del producto interno bruto (PIB) para 2020 en este escenario, se revisó de -8.3 a -12.8 por ciento y para 2021 de -0.5 a 1.3 por ciento1 .
Uno de los sectores de la economía más afectado por medidas de distanciamiento social es el sector turístico, del cual dependen servicios como hoteles, restaurantes, comerciantes y otros servicios recreativos. Sus ingresos dependen del consumo en establecimientos, la llegada de turistas y las aglomeraciones sociales, lo que hace ser de los primeros sectores afectados en la actualidad.
El sector turístico en México aportó en 2019: 8.7 por ciento del PIB nacional, generando más de 14 mil 700 millones de dólares en el saldo de la balanza turística y aportando a la economía del país 4.1 millones de empleos siendo la principal fuente de empleo para los jóvenes mexicanos y la segunda fuente de ocupación para el género femenino.
Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), en el segundo trimestre de 2020 el PIB de México tuvo una contracción de 18.9 por ciento, donde las actividades terciarias, a las cuales pertenece el turismo, mostraron una disminución del 15.6 por ciento en ese mismo periodo en comparación del año previo. El presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), Luis Humberto Araiza, previó una pérdida de más de un millón de empleos en el sector, donde la caída será de entre 2.5 y 9.8 por ciento del PIB turístico y se prevé que la recuperación tardará al menos dos años.
En la OMT (la Organización Mundial del Turismo) son muy conscientes de esto y del hecho de que todas las restricciones de movimientos que se impongan, así como los cierres temporales de museos, espectáculos y cualquier tipo de locales de ocio son inevitables y comprensibles y llevan a un frenazo notable del turismo; por eso no se detienen demasiado en este punto sino en lo que vendrá después ¿cómo lograremos una recuperación rápida del turismo una vez contengamos la pandemia de coronavirus?
La OMT recomienda que el turismo se incluya como sector clave en los planes de recuperación tras el coronavirus, una petición bastante razonable, especialmente hablando de que el turismo es uno de los sectores clave y de los que más aportan a nuestro PIB.2
México acogió en junio un 74.8 por ciento menos de turistas internacionales que en el mismo mes de 2019, al pasar de 3.9 millones a unos 981 mil viajeros por la pandemia y pese a que en ese mes comenzó la reapertura económica del país.
La Secretaría de Turismo informó que en el primer semestre del año México sufrió una caída en la visita de turistas del 41.2 por ciento. Lo que derivó en una caída de 51.5 por ciento en el ingreso de divisas.
Por su parte, el Inegi informó que el principal descenso de un 92.1 por ciento, se dio en los turistas llegados por vía aérea, que en junio del año pasado representaron algo más 1.7 millones de personas y este año fueron 135 mil 230 viajeros.
El gasto medio de cada turista también se desplomó, al pasar de 253 dólares en 2019 a sólo 95.4 dólares en junio pasado, es decir, un 62.4 por ciento menos.
México se consolidó en 2019 como uno de los 10 países más visitados del mundo al recibir más de 45 millones de turistas internacionales con una derrama económica de 24mil 563 millones de dólares, un crecimiento de 9 por ciento anual.
El gobierno de México presentó el 23 de julio el “Programa de impulso al sector hotelero” para sortear la crisis de la Covid-19 que consistirá en prestar 11,400 millones de pesos (unos 509 millones de dólares) a estos establecimientos a una tasa máxima del 13.5 por ciento de interés.3
Es importante precisar que este programa operará sólo para 2020.
Asimismo, Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) ha expresado que la industria turística mexicana no se recuperará por completo hasta 2023, por lo que se requiere mayor apoyo. Tal y como lo expresó al presentar: “la micro, pequeña y mediana empresa dedicada al servicio de alojamiento, que significa el 98.9 por ciento de la hotelería nacional, hoy requiere de liquidez suficiente para afrontar y solventar su actual situación4 .”
De acuerdo con una estimación del impacto de la actividad turística de nuestro país, el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur), el 93 por ciento de las empresas turísticas son microempresas que, ante la falta de ingresos, difícilmente tendrán el margen para enfrentar sus compromisos fiscales, crediticios y laborales. Los empresarios del Consejo Nacional Empresarial Turístico han expresado sus preocupaciones por la caída del 18 por ciento en ingresos, 1.1 por ciento en ocupación y hasta el 15 por ciento en tarifas promedio.
Según la Asociación Mexicana de Hoteles y, Moteles, de los 23 mil hoteles ubicados en todas las categorías, aproximadamente 92 por ciento detuvieron sus operaciones y el resto se mantiene con ocupaciones de hasta 10 por ciento. Con esto se prevé que el sector turístico caerá entre un 50 por ciento y 80 por ciento, provocando una caída del 3 al 5 por ciento en el PIB nacional. En el escenario más optimista el turismo en el país acumulará este año pérdidas por 172.9 mil millones de pesos; superando la inversión que se necesita para la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, los dos grandes macroproyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los estados más afectados son aquellos en los que las actividades turísticas y recreativas representan más del 10 por ciento del producto interno bruto estatal. Los más dependientes del turismo
son Quintana Roo, donde estas actividades representan el 25 por ciento del PIB, Baja California sur con una dependencia del 14 por ciento del PIB y Nayarit con 13 por ciento5 .
Sonora se ve igualmente afectado por el sector turismo, en los últimos cinco años el turismo en Sonora ha crecido de manera considerable. El sector turístico en Sonora en 2019 aportó al PIB estatal el 7.1 por ciento. En el 2014, Sonora ya tenía al turismo como una industria importante, pues recibió 2 millones 457 mil turistas, de los cuales, 2 millones 261 mil; para el 2019 Sonora incrementó a 5 millones 894 mil 546 turistas nacionales e internacionales, generando una derrama económica superior a los 20 mil millones de pesos. Los destinos turísticos más importantes de la entidad son Puerto Peñasco que recibe al 40 por ciento de los turistas en el estado, seguido de Hermosillo que capta el 20 por ciento del turismo, Guaymas-San Carlos con el 11 por ciento seguidos de Obregón, los pueblos mágicos de Álamos y Magdalena, entre otr6s1 .
El pasado agosto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó sobre el desplome del sector turístico, la mayor fuente de ingresos de numerosos países.
Aseguró que unos 120 millones de empleos en el sector turístico están en peligro a nivel mundial como resultado de la pandemia del coronavirus.
Desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, los países han tomado medidas unilaterales para limitar el avance de la enfermedad, como confinamientos o restricciones de acceso para los extranjeros, lo que paralizó el turismo internacional.
La ONU pide una colaboración unánime de todas l as naciones para reactivar el sector. Naciones Unidas califica la crisis de un duro golpe para las economías en desarrollo y una emergencia para estos países. La organización calcula que el sector turístico mundial podría perder más de 900 mil millones de dólares este año.
En ese contexto, la OMT ha preparado un documento, “Apoyo al empleo y a la economía a través de los viajes y el turismo: Llamamiento a la acción para mitigar el impacto socioeconómico de la Covid-19 y acelerar la recuperación”, dirigido en primer lugar a los Estados miembros, y con una serie de recomendaciones centradas en:
I. Gestión de la crisis y mitigación de sus efectos
II. Suministro de estímulos y aceleración de Ja recuperación
III. Preparación para el futuro
Con el fin de ayudar a los Estados miembros a desarrollar un enfoque gradual para abordar la recuperación, la OMT ha diseñado el “Programa de asistencia técnica para la recuperación del turismo de la crisis de la Covid-197 ”. El programa ofrece orientación a los agentes del sector turístico públicos y privados en su respuesta a la crisis, explicando, en primer lugar, el alcance de la asistencia técnica de la OMT y, en segundo lugar, detallando las áreas de intervención potenciales, así como las funciones y responsabilidades de evaluación de impacto.
Cuando la pandemia de Covid-19 empiece a amainar, los países se encontrarán con una realidad nueva y harán todo lo posible para adaptar el sector de los viajes y el turismo a la nueva situación. Es aconsejable que los países intenten hacer una utilización óptima de los recursos, los conocimientos y la experiencia disponibles para encarrilar de nuevo al sector.
El Programa de Asistencia Técnica de la OMT para la recuperación del turismo de la crisis de la Covid-19 se estructura en torno a tres pilares fundamentales:
l. Recuperación económica: Mediante la medición de los impactos cuantitativos y cualitativos de la Covid-19 en el sector turístico y la preparación de recomendaciones basadas en estudios para la recuperación económica y el apoyo a las empresas relacionadas con el turismo, en especial las microempresas y pyme.
11. Marketing y Promoción: Mediante la revisión de las estrategias de marketing y promoción, identificando los mercados que pueden ayudar a acelerar la recuperación y orientándose específicamente a ellos, abordando la diversificación de productos, y formulando recomendaciones y directrices en materia de precios y combinación de servicios.
Fortalecimiento institucional y mejora de la resiliencia: Ayudar sobre todo a los gobiernos y las empresas turísticas a adaptar sus servicios a las condiciones de trabajo posteriores a la Covid-19 en materia de salud, seguridad y restablecimiento de la confianza de los consumidores; y promover la gobernanza turística, las alianzas público privadas y los esfuerzos de colaboración para la recuperación del turismo, con sistemas, protocolos y capacidades de preparación para situaciones de crisis y gestión.
Asimismo, este programa hace énfasis de que en esta fase crítica, debemos actuar de manera responsable y sostenible, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Respecto al pilar número 1, Recuperación Económica, señala que además del apoyo técnico tradicional de la Organización, la OMT ha identificado las siguientes actividades de asistencia técnica dirigidas a estimular y acelerar la recuperación económica:
Medición del impacto de la Covid-19
Planes de recuperación del turismo específicos para cada país
3) Programa de apoyo a las microempresas y pymes turísticas 4. Reorientación de la cadena de valor hacia la sostenibilidad
Sin duda para seguir estas recomendaciones, se requieren recursos.
Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, asigna al ramo administrativo de Turismo 38 mil 613 millones de pesos, 641.5 por ciento más que los 5.2 mil millones de pesos para 2020.
Lo anterior significa que el Presupuesto en Turismo aumentará en 7 veces. Pero, de ese monto, 36 mil 287.9 millones de pesos están enfocados en el concepto “Transporte por Ferrocarril” de Fonatur es decir, el Tren Maya.
En 2020, Fonatur, quien ha sido la instancia encargada del Tren Maya, concentró 82.7 por ciento del presupuesto destinado al turismo. Para 2021, esa proporción se elevaría al 93.9 por ciento.
Ramos del sector turismo que presentan recorte:
Para el rubro de Fomento y promoción de la inversión en el sector se destinarían 636 millones 377,996 pesos, una caída de 18 por ciento en términos reales en relación con el año anterior.
Para el rubro sobre el Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables: se proyectan 1 mil 448 millones; 111 millones menos que lo aprobado en 2020; una reducción del 10.2 por ciento en términos reales.
Para el rubro de Turismo con sello propio de calidad. hospitalidad y seguridad. Se destinarán 344 millones 934 mil pesos; una reducción de casi 20 por ciento en términos reales. Mientras que para el rubro de Atención y trato a los turistas. se solicitaron 231 millones 516 mil pesos; un recorte del 7.8 por ciento en términos reales.
Para mitigar el impacto negativo de una desaceleración económica en el bienestar social es necesario implementar una estrategia de distribución de recursos federales para aminorar la recesión económica a nivel nacional. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, recursos asignados a la Secretaría de Turismo para la creación de un plan de recuperación del sector turístico debido a las afectaciones que ha sufrido con motivo de la pandemia Covid-19.
Notas
1 Esquivel, Gerardo. "Los impactos económicos de la pandemia en México." Banxíco.org.mx, Julio 2020, https://www.banxico.orq.mx/publicaciones-y-prensa/articulos-y-otras-pub licaciones/%7BD442A596-6F43- D1B5-6686-64A2C F2F371B%7D.pdf
2 "Cómo está afectando el Covid-19 al turismo y cuáles son las recomendaciones de la OMT" publicado en La Sexta, el 12 de marzo de 2020, https://www .lasexta.com/viajestic/consejos-viajeros/como-esta-afectando-covid19-tu rismo-cuales-sonrecomendaciones-omt 202003125e69e8d4 7795c7000198c86c.html
3 Turismo internacional en México se desploma 74.8 por ciento durante junio, publicado el 10 de agosto de 2020 en Forbes México https://www.forbes.com.mx/economia-turismo-internacional-en-mexico-se-d esploma- 74-8/
4 Comunicado de prensa SECTUR publicado el 23 de julio de 2020. https://www.gob.mx/sectur/prensa/presentan-sectur-y-la-asociacion-de-ba ncos-de-mexico-programa-para-impulsar-al-sector-hotelero?idiom=es
5 Cicotour. "Estimación del impacto a la actividad económica en México por el Covid-19."
Anahuac.mx, 2020, Estimación del impacto a la actividad turística en México.
6 Roberto Bahena El Sol de Hermosillo. "Turismo De Los Más Afectados En Sonora Por Covid-19." El Sol De Hermosillo, 27 Junio 2020, https://www.elsoldehermosillo.eom.mx/finanzas/turismo-de-l os-mas afectados-en-sonora-por-c ovid-19-5420440.htm1
7 https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-07/
Covid-19%20Tourism%20Recovery%20TA%20Package8%20May%202020%20ES.pdf
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de septiembre de 2020.
Senadora Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica)
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2021, se reasignen al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, por lo menos, recursos equivalentes a los destinados para el ejercicio de 2020.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
Sylvana Beltrones Sánchez, senadora de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2021 se reasignen al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), por lo menos recursos equivalentes a los destinados para el ejercicio 2020, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 74, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Ejecutivo federal deberá hacer llegar a la Cámara de Diputados, a más tardar el día 8 del mes de septiembre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y que ésta, a su vez, deberá aprobar el citado presupuesto a más tardar el día 15 de noviembre siguiente.
En cumplimiento de lo anterior, el día 8 de septiembre de 2020, el Ejecutivo federal entregó a la Cámara de Diputados el comúnmente conocido como Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2021, que incluye anexos en los cuales se concentran las iniciativas que reforman, adicionan y derogan una serie de ordenamientos legales relacionados con la materia, entre los que se encuentran las de la Ley de Ingresos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 y los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2020, entre otros proyectos normativos.1
De esta manera se dio inicio formal al procedimiento legislativo de análisis y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2021, a cargo, como Cámara origen, de la Cámara de Diputados.
En ese sentido, en estricto respeto de los trabajos que en la materia está realizando aquel órgano legislativo, la suscrita considera que el paquete económico presentado como proyecto debe velar por asignar partidas presupuestales o recursos en cualesquiera de las modalidades que admite la legislación a todos los rubros de la administración pública con el objeto de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Para las entidades federativas el origen de los recursos del presupuesto de egresos de la federación tiene su fuente en el gasto federalizado que a su vez se compone de Participaciones, Aportaciones, Subsidios y Convenios de descentralización y reasignación.2
El contexto actual en que se presentan los Criterios Generales de Política Económica para el Ejercicio Fiscal 2021 (CGPE-21) difiere al de años anteriores ante la presencia de la situación sanitaria de la pandemia por Covid-19.
Así, la incursión de la pandemia y la implementación de las medidas de confinamiento para su contención, implicaron restricciones a la movilidad y la paralización de actividades económicas que provocaron impactas profundos sobre la economía global y nacional, en los mercados financieros y de materias primas.
El ejercicio fiscal del próximo año se da bajo una coyuntura sanitaria y económica extraordinaria derivada por la pandemia del Covid-19, lo que ha conducido a una ampliación de la capacidad en los suministro de servicios de salud y el reforzamiento del gasto orientado a fortalecer las funciones de desarrollo económico y social, con el propósito de apoyar la economía de hogares y empresas3 según lo justifica el Ejecutivo federal.
Para contextualizar la situación del presente ejercicio fiscal debemos recordar que este año tenemos algunos elementos de presión a las finanzas públicas:
1. Incremento del gasto en salud para atender la emergencia sanitaria;
2. Una mayor asignación de recursos destinados a desarrollo social y económico;
3. Menores ingresos tributarios y no tributarios asociados a la disminución en la actividad económica;
4. Impacto en los ingresos petroleros por las caídas en los precios y ventas de combustibles; y
5. El mayor tipo de cambio que aumentó el valor en moneda nacional de la deuda externa.
Para el cierre de 2020, la actualización de las principales variables macroeconómicas se encuentra dentro de un contexto en el que la recuperación económica global es aún incierta y muchos analistas y entidades financieras ven la situación de las finanzas mexicanas en contracción y con estimado de una caída de -8 puntos de la actividad productiva al finalizar et periodo.
Mercado laboral
Trabajadores Asegurados en el IMSS
En cuanto al empleo informal, el Inegi reportó 12.5 millones de ocupaciones perdidas entre marzo y abril. Posteriormente, entre los meses de mayo y julio se recuperaron 6.6 millones de ocupaciones.
En lo que respecta al empleo formal, en el bimestre de abril mayo se perdieron 4 millones de empleos y para el periodo de junio y julio se recuperaron 1.4 millones.
La anterior información nos da una idea clara de que se requiere del establecimiento de acciones de gobierno tendientes a recuperar el dinamismo económico y conseguir estabilidad.4
Inflación
Los Criterios de Generales de Política Económica 2021 plantean que el nivel de la inflación guarde una tendencia descendente y sea de 3 5 por ciento ante el hecho de que las expectativas de la inflación están bien ancladas; aunque se prevé que se coloque por arriba del objetivo inflacionario establecido por Banxico, se mantendrá dentro del intervalo de variabilidad.
Dicho de otra forma, hay una expectativa de inflación ya considerada y la incertidumbre de que pueda incrementarse.
La importancia de la estabilidad económica se entiende por sí misma en cuanto a lo que refiere sobre el sustento familiar y de cada ciudadano en lo individual, por supuesto que se requiere de un panorama económico estable para conducir hacia estadios sanos de finanzas públicas y más importante, finanzas sanas en los ciudadanos.
Pero hay otro aspecto de la estabilidad económica que se hace presente cuando precisamente hay ausencia de estabilidad y es el aspecto de la insatisfacción, de la necesidad, e incluso las acciones fuera de la legalidad para obtener sustento.
Estas sencillas consideraciones llevan a señalar la importancia de la seguridad pública y la prevención, que es lo que realizan las corporaciones policiacas estatales y municipales dentro del marco legal de seguridad pública nacional y con fundamento primario en los artículos 21, 73 fracción XXIII y 115, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen:
Artículo 21. ....
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito...5
Igualmente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce la participación de las entidades federativas y los municipios en el resguardo de la seguridad, como lo definen claramente los artículos 1 y 2.
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública, y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en esta materia
Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.6
En materia constitucional la seguridad pública ha sido una de las prioridades en el gobierno federal, las instituciones policiales, llamadas ahora de esta forma de acuerdo al artículo 21 constitucional, es muestra clara de la firme intención por mejorar y abatir el tema de la inseguridad en nuestro país. Gran parte de la piedra angular del funcionamiento de la seguridad pública se basa en la coordinación de los tres niveles de gobierno y su objeto es claramente abatir los niveles de inseguridad que sufre el país y mejorar el funcionamiento de las instituciones policiales para ofrecer a todos los ciudadanos la tranquilidad y seguridad necesarias para el desarrollo social.
Javier Oliva, investigador de la UNAM, advirtió que uno de los principales retos para 2020 en materia de seguridad pública es fortalecer las policías estatales y municipales para evitar la colusión de agentes o funcionarios públicos con el crimen organizado “porque en cada tragedia casi siempre está metida una policía municipal, o el alcalde o policías estatales”.
El investigador afirmó que “desde la federación deben instrumentarse las medidas para el fortalecimiento de estas corporaciones, por un lado con financiamiento, y por otro, de auditoría del destino de los recursos que son para armamento, uniformes, cuarteles, patrullas, sistemas, adiestramiento, todo un paquete importante”. El fortalecimiento de las policías municipales y estatales, agregó, es un reto que se arrastra en México desde hace lustros.7
Ahora bien, tomando en cuenta las proyecciones complicadas para la economía en nuestro país, se pudiera esperar un proyecto de presupuesto que tomara muy en cuenta la necesidad de apoyo a las entidades federativas y en igualdad de importancia a los municipios de todo el país, que son los que requieren del apoyo gubernamental para proveer a los ciudadanos de los servicios esenciales.
Es de conocimiento general que tanto las entidades federativas y los municipios en mayor medida, por no contar con suficientes formas de obtener recursos propios, pasan por un período de una complicada disponibilidad de financiamiento para cumplir sus obligaciones y ya ni se diga para inversiones en los órdenes de infraestructura para todos los ramos, equipamientos, mantenimiento y capacitación por mencionar algunos.
Constantemente los alcaldes hacen llamados a la federación y a su estado y también explican ante medios de comunicación que requieren ayuda financiera para solventar las necesidades, que como sabemos, en el ámbito municipal las más apremiantes, sin demérito o restar importancia a ninguna de ellas, son seguridad y servicios públicos, separando para objeto de mejor ilustrar.
Los desafíos que enfrenta un gobernante municipal son enormes ante la falta de presupuesto y en materia de seguridad pueden traer consecuencias que nadie desea y que van en perjuicio de la comunidad, porque atenta contra la tranquilidad, el patrimonio y la integridad física, los principales bienes que el estado mexicano está obligado a tutelar.
Como un indicador evidente de la necesidad de recursos para fortalecer el esquema de seguridad pública en los estados y municipios, la organización Causa en Común publicó en pasado mes de agosto la Ficha Estatal Sonora 2020, en donde entre otros rubros aborda el de seguridad pública con los siguientes hallazgos:
Principales hallazgos de la Encuesta “¿Qué piensa la policía? 2019”, realizada por Causa en Común para el estado.
(Debe tomarse en cuenta que en la encuesta no participaron 4 estados: Michoacán, Tabasco, Puebla y Nayarit, por lo que el rango en la escala nacional va del 1 al 28)
Equipamiento:
• El 88 por ciento de los policías en el estado reportan haber pagado durante el último año uniforme. Esta cifra coloca al estado en la posición 2 a nivel nacional entre los estados en los que los policías gastan en este equipamiento.
• El 85 por ciento de los policías en el estado reportan haber pagado durante el último año calzado/botas. Esta cifra coloca al estado en la posición 2 a nivel nacional entre los estados en los que los policías gastan en equipamiento.
• El 5 por ciento de los policías en el estado reportan haber pagado durante el último año chaleco antibalas. Esta cifra coloca al estado en la posición 21 a nivel nacional entre los estados en los que los policías gastan en este equipamiento.
• El 86 por ciento de los policías en el estado reportan haber pagado durante el último año fornituras. Esta cifra coloca al estado en la posición 1 a nivel nacional entre los estados en los que los policías gastan en este equipamiento.
• El 45 por ciento de los policías en el estado reportan haber pagado durante el último año papelería para informes. Esta cifra coloca al estado en la posición 10 a nivel nacional entre los estados en los que los policías gastan en este equipamiento.
• El 54 por ciento de los policías en el estado reportan haber pagado durante el último año cartuchos. Esta cifra coloca al estado en la posición 4 a nivel nacional entre los estados en los que los policías gastan en este equipamiento.
• El 12 por ciento de los policías en el estado reportan haber pagado durante el último año gasolina para la patrulla. Esta cifra coloca al estado en la posición 4 a nivel nacional entre los estados en los que los policías gastan en este equipamiento.
• El 40 por ciento de los policías en el estado reportan haber pagado durante el último año reparaciones para la patrulla. Esta cifra coloca al estado en la posición 4 a nivel nacional entre los estados en los que los policías gastan en este equipamiento.
• Vale la pena señalar que en Sonora sólo el 1 por ciento de los policías mencionan que no han tenido que pagar nada de su bolsillo. Esto coloca al Estado en la primera posición nacional, por lo que se refiere a los porcentajes de policías que deben de pagar por equipamiento.8
Ahora bien, con independencia de los resultados de la investigación realizada por Causa en Común, que sirven para matizar uno de los aspectos, las necesidades de los municipios y las entidades en materia de seguridad son reales y palpables en todos los rubros: equipamiento, infraestructura, capacitación, remuneraciones y cualquier otra categoría que incide administrativa y financieramente.
Sin embargo, muy lejos de pretender brindar atención a estos requerimientos, que, se reitera, son muy reales, pareciera que lo que se hace mediante el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, es agravar la situación de la seguridad pública, retroceder en lo avanzado y abandonar a los municipios.
Sin tomar en cuenta el objetivo de fortalecer y profesionalizar a las policías locales y municipales, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 que presentó el gobierno federal a la Cámara de Diputados, propone eliminar casi 4 mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de la seguridad en los municipios más conflictivos del país, y en vez de invertir esos recursos en las policías civiles y locales, destinará la mayor parte de esos recursos a incrementar en 3 mil 300 millones de pesos el presupuesto de la militarizada Guardia Nacional.
Con la cancelación de recursos al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), fondo con el que se apoyaba a la seguridad y las policías de los 300 municipios más poblados e inseguros de la República, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas donde se concentra 90 por ciento de la incidencia delictiva a nivel nacional, la Secretaría de Hacienda no sólo golpea a las autoridades y los habitantes de las grandes urbes con mayor inseguridad, sino que también se debilita al Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la institución federal que coordina y mide los resultados de la estrategia de seguridad a nivel nacional y que, sin esos recursos, quedará debilitado y sin poder marcar directrices a los municipios.
Según el proyecto del PEF 2021, el mencionado Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) recibirá cero pesos y se le eliminan los 4 mil millones de pesos que, etiquetados por el gobierno federal, eran enviados a los municipios o los estados que tienen mando único policial.
En lugar de eso, el presupuesto prevé que los municipios compensen la pérdida con 20 por ciento de los recursos de otro fondo para seguridad pública, denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), que se reparte de acuerdo con el número de población pero que no obliga a los ayuntamientos ni estados a seguir lineamiento o regla alguna de la federación porque no son etiquetados, lo que no garantiza que los destinen a sus policías municipales ni siquiera a temas de seguridad.
De hecho, la fracción IX del artículo 7 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación establece la “obligación” de “promover” que ese 20 por ciento de recursos se destinen a seguridad pública, es decir se elimina un importante Fondo de recursos municipales destinados a la seguridad pública y se aconseja que de otros Fondos, como son el Fortamun y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se tome un 20 por ciento para compensar. Así lo establece el numeral citado:
Título Segundo
Del Federalismo
Capítulo Único
De los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
Artículo 7. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente:
IX. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobará a más tardar en el mes de enero, los criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para efectos del párrafo anterior, se promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, al aprobar los criterios para la distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal que se otorguen a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la seguridad pública, promoverá y vigilará que su aplicación se oriente al cumplimiento de los ejes estratégicos y programas con prioridad nacional definidos por dicho Consejo, así como que su erogación se realice en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Para tales efectos, los convenios relativos a estos fondos establecerán mecanismos que contribuyan a agilizar la recepción y el ejercicio de los recursos que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Dicho Consejo promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se distribuya entre los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.9
Ya pudiera incluso pensarse, dada la magnitud de la decisión por desaparecer el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que eliminar esos fondos es un golpe a los municipios al reducirles su capacidad de hacer frente a la inseguridad.
El descalabro financiero más grande lo reciben aquellos municipios con mayor población, que a su vez hacen frente a los mayores problemas de inseguridad, como lo ejemplifica la información publicada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, con datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública.10
En la Gráfica 1 se representa la incidencia delictiva estatal de enero a junio de 2020, denotando que en 13 municipios, de un total de 72 en el estado, se concentra el 93.5 por ciento de comisión de delitos.
En virtud de la falta de formalidad y certeza en la asignación de recursos del proyecto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, vengo solicitando que se reconsidere una reasignación de recursos al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), por lo menos igual a lo presupuestado para el presente ejercicio fiscal de 2020, pero idealmente con un incremento equivalente a la tasa de inflación proyectada para fines del presente año, que ronda el 4 por ciento.
Esta medida dará a las entidades y municipios una herramienta de seguimiento a sus planes
y proyectos en seguridad pública y les permitirá tomar mejores decisiones en este rubro.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efectos de que durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, se reasignen recursos al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), por lo menos igual a lo presupuestado para el presente ejercicio fiscal de 2020, pero idealmente con un incremento equivalente a la tasa de inflación proyectada para fines del presente año, que ronda el 4 por ciento.
Notas
1 Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2021.
http://www.diputados.gob.mx/PEF2021/inicio.htm
2 Presupuesto federalizado e indicadores.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225601/Ga stofederalizado_e_indicadores.pdf
3 Paquete Económico 2021. Análisis de los Criterios Generales de Política Económica.
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2020/cefp0332020.pdf
4 Derivado de la contingencia por Covid-19, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diseñó la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) 2020, cuyo objetivo es ofrecer información sobre la situación de la ocupación y el empleo en México. Aunado a lo anterior y derivado de la reanudación de todos los censos y encuestas en México (DOF, 17 de julio), el Inegi reinició las entrevistas presenciales, dando origen a la ENOE-Nueva Edición, cuya muestra se conformó de un 72 por ciento de entrevistas cara a cara y un 28 por ciento de entrevistas telefónicas.
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1080520.pdf
6 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP270519 .pdf
7 Perfilan retos en seguridad para 2020, publicado en diario Reforma, 1 de enero de 2020.
https://www.reforma.com/perfilan-retos-en-seguridad-para -2020/ar1844507
8 Causa en Común-Ficha Estatal Sonora 2020-seguridad-publicado el 16 de agosto de 2020.
http://causaencomun.org.mx/betalwp-contenUuploads/2020/08/050820_Ficha-Sonora.pdf (páginas 19 y 11)
9 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021.
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/sep/20200908- B.pdf (páginas 7 y 8)
10 Participación porcentual por municipio en la incidencia delictiva.
http://apps.sspsonora.gob.mx/matriz_publica/Content/analisisdelictivo/
EneroDiciembre2019/PRESENTACION%20Mensual%20Municipios%20DIC%202019%20-%20CAJEME.pdf
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2020.
Senadora Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica)
Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2020.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes qué en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en la discusión y aprobación del Paquete Económico 2021, destinen los recursos necesarios y suficientes para la atención de migrantes.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
El que suscribe, Ismael García Cabeza de Vaca, senador por Tamaulipas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno del Senado de la República, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión y aprobación del Paquete Económico 2021, destinen los recursos necesarios y suficientes para la atención de migrantes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Los estados de la frontera norte y sur de nuestro país presentan una particular y grave problemática ante la llegada de cientos de migrantes.
En el caso de nuestra frontera norte, se trata de una doble problemática, en primer lugar son estados receptores de pisanos repatriados de los Estados Unidos de América, y en segundo lugar reciben cientos de migrantes provenientes de diversos lugares de la república y de Centroamérica que intentan cruzar al país vecino.
Segunda. Hasta la entrada de la presente administración federal existían el Fondo para Migrantes y el Fondo para Fronteras, primero de ellos, utilizado para apoyar a los mexicanos en retorno que cuenten con matrícula consular de preferencia o algún documento que avale su residencia laboral en los Estados Unidos de América. Este fondo se destina a ayudarles a encontrar una oportunidad dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, o en su caso fomentar la operación de albergues que los atiendan o apoyar con el pasaje terrestre para que puedan regresar a su lugar de origen. Sin embargo, es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario resolver los casos no previstos en las reglas de operación de dicho fondo, por lo que se podría hacer una excepción y destinar recursos a los estados de la frontera debido a lo extraordinario de la situación actual.
En cuanto al Fondo para Fronteras, se destina para obras de equipamiento urbano, infraestructura e imagen urbana que coadyuven a abatir la pobreza y generen bienestar social, proyectos de desarrollo económico que fomenten la competitividad en las entidades federativas o municipios en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país. Resulta prioritario que este fondo se utilice por estados y municipios de manera indistinta, tomando en cuenta el flujo migratorio, ya sea de estancia permanente o de paso; repatriados o migrantes que necesiten regresar a sus países de origen. Lo anterior, ya que se trata de los movimientos y flujos más importantes de personas y todos requieren de nuestra atención.
Tercera. Desde la entrada de la presente administración federal hace dos años, ha sido una constante primero la disminución de recursos y segundo la desaparición inminente de las partidas presupuestales destinadas a la atención de migrantes. Sin embargo, actualmente la crisis económica que ha generado la pandemia del Covid-19 a afectado fuertemente a los migrantes mexicanos que se encuentran en territorio de Estados Unidos de América quienes, ante el desempleo, han tenido que regresar a nuestro país, o en su caso han disminuido considerablemente el envío de remesas hacia México.
Cuarta. Desde el mes de abril el periódico La Jornada (de fecha 12 de abril de 2020), documentó que la administración del presidente Trump ha expulsado casi 10 mil migrantes, bajo el argumento de medidas de salud, con lo que ha logrado deportar de inmediato sin ninguna evaluación a casi todo indocumentado que cruza la frontera.
En la misma fecha el diario mencionado señala que el Comisionado del Servicio de Aduanas y Patrulla Fronteriza, Mark Margan, informó al periódico que México da apoyo a migrantes de origen centroamericano que están siendo expulsados de territorio estadounidense.
Es preciso señalar que el gobierno federal del país ha dejado solos a los gobiernos estatales para hacer frente en apoyos a deportaciones ya tención a migrantes mexicanos y centroamericanos al desaparecer todos los fondos a migrantes del presupuesto de los últimos dos años.
Considerar la inclusión de los programas de fondos para migrantes en el Presupuesto de 2021, no es solo un capricho, se trata de una demanda de los migrantes nacionales que merecen ser escuchados y necesitan de apoyo para regresar a sus hogares y reactivar la economía local y de sus familias.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno del Senado de la República, los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que considere la inclusión en el Paquete Económico 2021 de los recursos necesarios y suficientes para la atención, retorno e inclusión a actividades productivas de los migrantes mexicanos.
Segundo. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que el proceso de análisis y discusión del Paquete Económico 2021, se destinen los recursos suficientes para la atención, retorno e inclusión a actividades productivas de los migrantes mexicanos.
Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2020.
Senador Ismael García Cabeza de Vaca (rúbrica)
Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2020.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Eva Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, durante el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, asigne mayores recursos al Programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
La que suscribe, Eva Eugenia Galaz Caletti, senadora de la república de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 108 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En septiembre de 2013, fue rediseñada la Estrategia Nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes1 En dicho documento, se da por hecho que el desarrollo del país puede estar comprometido por problemáticas tan complejas como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Asimismo, se señala que estos son temas que no sólo incumben al sector salud, por el contrario, tienen repercusiones en diversos estratos del gobierno, de la sociedad y de la iniciativa privada. Además, esta situación genera costos económicos y sociales que afectan en mayor medida a los grupos más desprotegidos y en condiciones de desventaja, ya sea por su ubicación geográfica o nivel socioeconómico en general.
La estrategia califica que como evidente que los padecimientos crónicos vinculados a la obesidad pueden afectar de manera directa e indirecta los avances obtenidos en el desarrollo económico y social del país. Por ello, las acciones de prevención y control de obesidad deben de realizarse en una colaboración intensa y comprometida de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores público, social y privado.
Por lo anterior, se concluya que la estrategia no solo debe abarcar el sector salud sino invitar a los distintos ámbitos de la vida social a trabajar para promover entornos saludables que permitan una mejor calidad de salud en las personas; por ello, dicha estrategia incluye acciones destinadas al entorno escolar, laboral y a los espacios públicos. De esta forma, la estrategia es multisectorial y tiene un eje de políticas públicas donde todas las dependencias del gobierno deben de trabajar en conjunto para cumplir las metas establecidas.
A pesar de que las ideas que plantee el documento en comento son buenas, no fueron suficientes para reducir de manera significativa los índices de obesidad, sobrepeso y todas las enfermedades derivadas de estos padecimientos.
Y es que los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 mostraron que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos fue de 71.3 por ciento (que representan a 48.6 millones de personas). La prevalencia de obesidad en este grupo fue de 32.4 por ciento y la de sobrepeso de 38.8 por ciento. La obesidad fue más alta en el sexo femenino (37.5 por ciento) que en el masculino (26.8 por ciento), al contrario del sobrepeso, donde el sexo masculino tuvo una prevalencia de 42.5 por ciento y el femenino de 35.9 por ciento.2
La prevalencia de sobrepeso y obesidad, tanto en hombres como en mujeres, tienen sus valores más bajos en los grupos de edad extremos en la edad adulta; el grupo más joven, entre 20 y 29 años y el grupo de mayor edad, más de 80 años. El sobrepeso aumenta en hombres en la década de 60-69 años, mientras que en las mujeres el valor máximo se observa en la década de 30-39 años.
En el caso de la obesidad, la prevalencia más alta se presenta en el grupo de edad de 40 a 49 años en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres. La prevalencia de obesidad fue 28.5 por ciento más alta en las localidades urbanas.
En cuanto a los menores de edad, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años ha registrado ascenso a lo largo del tiempo, en 1988 era de 7.8 por ciento mientras que en 2012 ha llegado a 9.7 por ciento.
La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en los escolares en 2012, utilizando los criterios de la OMS, fue de 34.4 por ciento. Para las niñas esta cifra es de 32 por ciento y para los niños de 36.9 por ciento. Estas prevalencias representan alrededor de 5 millones 664 mil niños con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional.
En cuanto al grupo de los adolescentes, los resultados apuntan a que 35 por ciento tiene sobrepeso u obesidad, esto es, más de 6 millones de personas entre 12 y 19 años de edad. Además, indica que más de uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad. La prevalencia de peso excesivo en los adolescentes ha aumentado casi tres veces de 1988 a 201216.
Ahora analicemos los resultados de la misma encuesta, pero de 20183 para poder compararlos con los de 2012.
Los datos arrojan que el grupo de infantes de 5 a 11 años es e1 que reporta mayor porcentaje de consumo de alimentos no recomendados, como bebidas no lácteas endulzadas (85.7 por ciento), botanas, dulces y postres (64.65 por ciento), cereales dulces (52.9 por ciento), bebidas lácteas endulzadas (38.2 por ciento) y carnes procesadas (11.2 por ciento).
El porcentaje de sobrepeso en población en infantes (de 0 a 4 años) pasó de 9.7 por ciento (en 2012) a 8.2 por ciento (en 2018); de los cuales 8.4 por ciento se presenta en localidades urbanas y 7.8 por ciento en localidades rurales.
El grupo de infantes de 5 a 11 años, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 34.4 por ciento (en 2012) a 35.6 por ciento (en 2018). En población de 12 a 19 años, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 33.2 por ciento (en 2012) a 35.8 por ciento (en 2018).
Mientras que en población de 20 años y más:
• La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 71.3 por ciento (en 2012) a 75.2 por ciento (en 2018); 39.1 por ciento presentan sobrepeso y 36.1 por ciento obesidad.
• 8 por ciento de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad.
• 73 por ciento de los hombres tienen sobrepeso y obesidad.
Con estos datos, podemos comprobar que a pesar de los buenos deseos que tenía la estrategia lanzada en 2012, no obtuvo los resultados deseados. Si bien se debe a múltiples factores, entre ellos la corrupción que se incrustó en las instituciones de gobierno como un cáncer en el sexenio pasado, nuestra labor como legisladores se centra en rescatar lo mejor de dichos programas y tratar de relanzarlos para paliar los graves problemas de salud del país, que han quedado al descubierto con la pandemia de coronavirus que nos azota desde marzo, la cual ha causado miles de muertes.
En este orden de ideas, es que proponemos que se reasigne su presupuesto original al Programa de Prevención y control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Este programa, dependiente directamente de la Secretaría de Salud, busca contribuir a mejorar la salud de la población mediante la detección y tratamiento del sobrepeso y la obesidad en la población mayor de 20 años de edad cuya atención es responsabilidad de la Secretaría de Salud.
Y es que si bien, el Paquete Económico 2021 señala que para fortalecer la atención primaria de la salud, con estrategias de prevención para el control de la obesidad, así como otras enfermedades crónico-degenerativas asociadas, la propuesta de gasto de la Ssa para el próximo ejercicio fiscal incorpora recursos por 567.7 millones de pesos dentro del programa Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes,4 esta cantidad es menor que la asignada en años anteriores.
Con esto, se busca reducir el número de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, dislipidemias y problemas cardiovasculares. Para lograr lo anterior, a través del programa se otorga capacitación a personal médico de las entidades federativas y realiza acciones de prevención de la salud a fin de evitar enfermedades como la diabetes y la hipertensión. El programa realiza acciones de detección, tratamiento y control en el primer nivel de atención.5
Los fines que el programa persigue son encomiables, pues se trata de reducir los índices de sobrepeso, obesidad y diabetes de las personas que se encuentran en edad productiva. Punto y aparte son nuestros niños y jóvenes, a quienes se les ha atendido este sexenio de manera prioritaria a través de modificaciones al etiquetado de alimentos altos en calorías o con exceso de ingredientes perjudiciales.
Reconocemos que, en distintas evaluaciones, el CONEVAL ha señalado que el Programa no ha dado los resultados esperados.6 Sin embargo, debe reconocerse que en este momento hay personas diferentes al frente de las instituciones encargadas de implementar este tipo de acciones. Por eso, consideramos necesario que se reactive dicho programa y que se pueda poner en práctica con recursos suficientes y de manera inmediata, ya que las condiciones de salud de la población son muy malas y se requieren acciones inmediatas para mejorarlas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, durante el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se asignen mayores recursos al Programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.
Notas
1 Estrategia Nacional para la Prevención y el control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Disponible en: http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/EstrategiaNacionalSobre peso.pdf
2 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Disponible en:
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2012/doctos/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
3 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. Disponible en:
https://ensanut.insp.mx/eneuestas/ensanut2018/doctos/inf ormes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf
4 Proyecto de Egresos de la Federación de 2021.
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_pr ogramaticas-2021
5 Informe de Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015. Disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/
SALU D/U008_PYCOBESIDAD/U008_PEYCOBESIDAD_IC.pdf
6 Íbid.
Dado en el salón de sesiones, a 10 de septiembre de 2020.
Senadora Eva Eugenia Galaz Caletti (rúbrica)
Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2020.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes qué en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, se incrementen los recursos financieros necesarios para las Fuerzas Armadas de nuestro país.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
Quien suscribe, Lucía Virginia Meza Guzmán, senadora de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; así como por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención al oficio número DGPL-2P2A.-5022, de fecha primero del mes y año en curso suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El concepto de seguridad nacional surge a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, fue adoptada como un conjunto de teorías y experiencias relacionadas con la geopolítica en el marco de la Guerra Fría por los representantes del poder militar.
La seguridad de los ciudadanos de un país está garantizada cuando la propia seguridad del Estado también lo está. Este modelo tradicional de seguridad queda reflejado en el término seguridad nacional, que, según George F. Kennan (1948), es “la capacidad continuada de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria, o amenaza de interferencia de potencias extranjeras”.
Al término de la Guerra Fría las amenazas dejan de tener un carácter militar y se amplía su cobertura a temas como el crimen organizado, terrorismo, degradación del medio ambiente, recursos naturales, refugiados, inmigración, pobreza y hambre. La seguridad nacional es un tema de máxima prioridad para todos los mexicanos, debido a que implica la protección del Estado mexicano en sus partes integrantes fundamentales como lo son: la población, el territorio y el poder político. Una nación como México no debe prescindir de un aparato de seguridad nacional avalado por nuestra Constitución.
En el caso de nuestro país, la seguridad nacional, según la ley de la materia se define como: las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:
1. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
2. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
3. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
4. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
5. La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (DOF 16/05/19) y al Plan Nacional de Desarrollo (DOF 17/07/19), el gobierno de México entiende a la seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera.
Las Fuerzas Armadas son organismos profesionales y permanentes, cuya misión es proteger a la nación y en su caso proteger y ayudar a la población civil, a fin de mantener la seguridad interior, lo que deriva en una estabilidad económica y social en beneficio de todos.
El Ejército se funda, en su actividad, en valores éticos que hacen posible su existencia y organización, éstos son los que distinguen e identifican a sus miembros, son las características morales que estructuran su origen, su historia y su realidad actual, motivo por el cual el sistema militar es muy rígido, buscando siempre la preservación de la disciplina militar, ya que la actitud de sus hombres es la trascendencia en el ejército por lo que en la axiología militar se conoce como virtudes militares
No podemos en este apartado dejar de apreciar la problemática de nuestra nación, últimamente se ha convulsionado frente a problemas que no se esperaba, como las transgresiones al Estado de derecho en Chiapas, Guerrero y aún la existencia de actos terroristas en países vecinos, que han puesto en entredicho al Estado hacia el exterior, la intervención de las Fuerzas Armadas ha sido de acuerdo a la estrategia nacional de reconciliación social y que constituye el menor riesgo para la seguridad nacional y la estabilidad frente a los bloques internacionales.
Para evitar estos eventos es que las Fuerzas Armadas previenen actos como terrorismo y delincuencia organizada que ponen en peligro a la sociedad, trastocando flagrantemente las normas de derecho público, por que son estos grupos con grandes intereses personales y gran capacidad económica los que pretenden sobreponerse al interés superior de la nación, incluso pretendiendo socavar los cimentos de nuestras Fuerzas Armadas.
La preparación de personal militar en cursos de elite en diversos países logra hacer que se cuente con una base suficiente para crear centros de preparación de fuerzas especiales o personal especialista que logra encaminar a las Fuerzas Armadas en su meta de autosuficiencia.
La Secretaría de la Defensa Nacional es una dependencia del Poder Ejecutivo federal, cuyas funciones específicas se encuentran contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, a la vez, constituye el Cuartel General Superior del Ejército y Fuerza Aérea. Al amparo de los artículos 73, fracción XIV, y 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los demás ordenamientos legales que sustentan el quehacer del Instituto Arruado, el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, se fundamenta en las cinco misiones generales establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que son:
• Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.
• Garantizar la seguridad interior.
• Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.
• Realizar acciones cívicas y obras sociales, que tiendan al progreso del país.
• Prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas, en caso de desastres.
Las Fuerzas Armadas contribuyen a la seguridad nacional de nuestro país a través de la defensa de la integridad territorial de le independencia y soberanía de la nación, así como efectúan tareas de labor social entre los sectores más marginados del país.
La activa presencia de efectivos militares en el territorio nacional en los momentos y situaciones de mayor apremio ha tenido por objeto garantizar la seguridad y bienestar de la población, auxiliar a los damnificados en casos de desastre y sumarse a las tareas de beneficio social en apoyo a las comunidades marginadas observando, siempre lo dispuesto por nuestra Constitución política y por las leyes que de ella emanan.
Es así que debemos considerar a las Fuerzas Armadas como una base fundamental de la estrategia gubernamental para lograr la revolución educativa y lograr el desarrollo de nuestro país como pretende el titular del Poder Ejecutivo y cuyas directrices quedan contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales respectivos.
De lo anterior se desprende que las instituciones armadas de nuestro país han transformado sus misiones hacia actividades muy específicas que resultan trascendentales para atacar los problemas nacionales en coordinación con las demás instituciones gubernamentales. Ante tal escenario, resulta trascendental buscar garantizar los recursos financieros que garanticen la adecuada implementación de los múltiples y diversos programas que las Fuerzas Armadas llevan acabo.
En este orden de ideas, es importante comentar que, con independencia de sus funciones de nuestras Fuerzas Mexicanas, el Presidente de la República les encomendó las siguientes tareas:
a) El resguardo de los ductos de Petróleos Mexicanos para evitar el robo de combustible. Esa acción fue el emblema del inicio de la actual administración federal.
b) Hacerse cargo de la construcción de dos pistas y una terminal aérea civil en la base de Santa Lucía.
c) Otra de las tareas al Ejército fue la edificación de sedes del Banco del Bienestar.
d) La construcción de instalaciones de la Guardia Nacional es otra de las tareas asignadas por el primer mandatario.
e) También se comisionó al Ejército la distribución de libros de texto gratuitos.
f) Se implementó el Plan DN-III para atender la pandemia del coronavirus (Covid-19). Para estas acciones, como reconvertir hospitales, distribución de medicamentos, elaboración y transportación de insumos médicos.
g) Se desplegó a la recién creada Guardia Nacional en los puntos fronterizos del norte y sur del país para evitar la migración hacia Estados Unidos.
h) Finalmente, otra de las asignaciones al Ejército fue la operación del programa Sembrando Vida, en diferentes entidades federativas.
Por ende, la presente proposición con punto de acuerdo, tiene como objetivo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 , tome en cuenta las necesidades sociales y económicas por las que atraviese el país y en este sentido, garantice los recursos necesarios para las Fuerzas Armadas, y tenga presente su importante contribución a la nación a través de la aplicación y ejecución en forma permanente de diversas campañas de labor social en beneficio de la población que habita en las áreas más desprotegidas del país.
Por todo lo expuesto, se somete a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se incrementen los recursos financieros necesarios para las Fuerzas Armadas de nuestro país con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento, mantenimiento y operación de sus altas tareas en materia de seguridad y defensa nacional, considerando el bien superior de la nación.
Dado en la sede de la Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de septiembre de 2020.
Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica)
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Salud, al Instituto de la Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a que garanticen urgentemente el abasto de insumos, equipamiento y medicamentos oncológicos para atender a enfermos de cáncer en todo el país, satisfaciendo los estándares de calidad, seguridad y eficacia de los mismos.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
La suscrita, Verónica Martínez García, senadora de la República. integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 1, fracción II, 108 y 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno del Senado de la República la presente, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El cáncer es una enfermedad que pudiera presentar hasta 100 diferentes tipos, los cuales tienen como un común denominador, el rápido y desordenado crecimiento de células anormales en alguna parte del cuerpo u órgano.
Desafortunadamente, muchos de los casos de cáncer, paulatinamente se van convirtiendo en padecimientos crónico-degenerativos, por lo que el índice de mortalidad se ha elevado junto con la edad de los pacientes.
Es importante mencionar que, ante la preocupación generada y solidaridad con las familias afectadas por esta problemática, esta es la tercera ocasión en la que he presentado exhortos a la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Insabi y Cofepris, con la finalidad de que sea resuelto el desbasto de medicamentos oncológicos para enfermos de cáncer que aún existe en nuestro país. Dichos exhortos fueron presentados en febrero y en junio de 2020, los cuales considero como totalmente reproducidos y como parte de este nuevo documento, sólo que no fueron dictaminados por las comisiones a los que se turnaron.
El desabasto de medicamentos para personas enfermas de cáncer, es una de las mayores crisis que el gobierno federal no ha resuelto desde el 2019, por lo que muchos pacientes han dejado de recibir sus tratamientos de quimioterapia oportunamente, lo que pone en riesgo su salud e incluso su vida debido al avance de dicha enfermedad.
Las instituciones públicas de salud han perdido su capacidad de respuesta ante este problema, por lo que en muchas ocasiones las familias son quienes han recurrido a las instituciones privadas u organizaciones de la sociedad civil para conseguir los referidos medicamentos, comprometiendo su patrimonio para adquirirlos, cuyos costos llegan a ser muy elevados y desproporcionados para su capacidad económica, agudizándose si la periodicidad con que deben recibir dichos tratamientos es muy corta.
Podemos advertir que el tratamiento de cualquier tipo de cáncer es muy costoso, máxime si el paciente carece de un esquema de seguridad social que lo respalde lo que constituye un factor de empobrecimiento para las familias que se encuentran en estas circunstancias.
La falta o insuficiencia de medicamentos como el purinethol, ciclofosfamida ifosfamida, y vincristina, los cuales son ministrados a través de los tratamientos de quimioterapia a enfermos de cáncer, ha impedido que estos sean eficaces, sobre todo si se toma en cuenta que tales medicinas deben ser aplicadas conjuntamente para lograr detener los efectos del padecimiento.
Debe mencionarse que a los derechohabientes del IMSS e ISSSTE que se encuentran en dichas circunstancias, al cobrar sus salarios les son realizadas deducciones por concepto de seguridad social, sin embargo, la atención medica que reciben para sí o para sus beneficiarios es deficiente, lo cual es una situación que injustamente les causa perjuicio, y que se replica en las personas que carecen de seguridad social.
Al efecto, el Insabi fue diseñado para que las personas que no cuenten con algún esquema de seguridad social, acudan para recibir servicios médicos gratuitos de primer, segundo y tercer nivel (unidades familiares, hospitales generales y de alta especialidad, respectivamente).
En el caso de la atención de tercer nivel, por sus características, requiere del respaldo económico de los llamados “gastos catastróficos”, mismos que ya no aplican para todos los padecimientos que se atienden en especialidades, entre ellos, algunos tipos de cáncer, por lo que hay pacientes que han sido afectados por los cobros excesivos que actualmente tienen que cubrir sus familias por esa atención médica.
Sobre el particular, el gobierno federal ha argumentado que el desabasto de medicamentos oncológicos se ha generado como parte del combate que ha emprendido contra la corrupción, aduciendo también, que el mismo responde a una crisis de desabasto a nivel internacional que ha impactado en nuestro país, sin embargo, estimaron que pronto se solucionaría con la compra directa de este tipo de insumos en el extranjero, lo que después de varios meses no ha sucedido y sólo ha colocado en riesgo a quienes requieren urgentemente de los medicamentos para continuar con sus tratamientos.
Al advertirse una inacción del gobierno federal para resolver tal problemática, se está violentando el derecho humano a la salud de estos pacientes, el cual no puede ser condicionado o restringido en ninguna circunstancia, como sucede en los hechos, al poner en riesgo su vida.
El cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”
Aunado a lo anterior, el derecho humano a la salud también es previsto en instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte y tiene la obligación de tener las condiciones indispensables para que las y los mexicanos tenga servicios médicos adecuados en las instituciones de salud, independientemente de que sean públicas, privadas o de asistencia social.
En ese sentido, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento del que México es parte, establecen:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
De ese modo es que podemos dar cuenta de las transgresiones en las que el gobierno federal está incurriendo sobre la legislación internacional y nacional, al no resolver el desabasto de medicamentos oncológicos en nuestro país desde 2019.
A nivel mundial en 2018, se detectaron 18 millones de nuevos casos de cáncer y 9.5 millones de muertes derivadas de ese padecimiento; para 2030, se estima que habrá 29 millones de casos de cáncer a nivel mundial y 359 mil casos de cáncer en México. Debido a los diversos factores que han incidido en el incremento de la morbilidad del cáncer en nuestro país durante los últimos años, es que esta enfermedad se ha convertido en un problema de salud pública.
En ese sentido, “la magnitud de los efectos del cáncer en la salud del país no es muy diferente al panorama mundial, pues es la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Además de acuerdo con cálculos de organismos internacionales, los cánceres de mama, de próstata, cervicouterino, colorrectal y de pulmón son los más recurrentes en la población en general en ambos sexos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2016, 3 de cada 10 muertes por cáncer en la población de 30 a 59 años, son consecuencia del cáncer en órganos digestivos. Asimismo, se han identificado tipos de cáncer que tienen mayor presencia en mujeres o en hombres, así como otros que se han convertido en exclusivos por sexo. Ejemplo de esto son las neoplasias malignas que se desarrollan en el aparato reproductor. Al respecto, durante el periodo de 2011 a 2016, en la población de 60 y más años, 4 de cada 10 defunciones por cáncer en mujeres se deben a tumor en órganos digestivos, contra 3 de cada 10 en varones, por la misma causa; respecto al cáncer de mama, en 2016 se observan 16 defunciones por cada 100 000 mujeres de 20 años y más.
Al haber mencionado el gobierno federal que el desabasto de medicamentos oncológicos se solucionaría mediante la importación, es necesario exhortar también a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con la finalidad de que implemente los protocolos de control y vigilancia indispensables para garantizar los estándares de calidad, seguridad y eficacia que deben tener tales medicamentos.
El gobierno federal es quien debe delinear la estrategia y política para combatir las condiciones que propician el padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas, como lo es el cáncer, a mediano y largo plazo entre la población, primordialmente en los sectores poblaciones que presentan mayor vulnerabilidad, sólo que lo han omitido, además de incumplir los acuerdos que han tomado con las familias afectadas al reunirse con ellas.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, es la segunda causa de mortalidad, presentándose al menos 7, 000 casos anualmente, lo que sin duda tiene una gran repercusión no sólo para ellos, sino para su familia.
Las tasas de incidencia (por millón) en nuestro país en 2017, fueron 89.6 nacional, 111.4 en niños de 0 a 9 años y 68.1 en adolescentes de 10 a 19 años. Al desglosar la información por grupo de edad, podemos observar que en el grupo de 0 a 4 años se presentó una mayor incidencia con 135.8, en comparación con el grupo de 15 y los 19 años, en donde fue menor el número de casos reportado con una menor incidencia con 52.6, lo anterior de acuerdo a información vertida por el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes en ese año.
En los recientes años, los diferentes tipos de cáncer que se han presentado con mayor frecuencia en menores de edad son la leucemia (48%), linfoma (12%) y tumores en el sistema nervioso central (9%).
Ante el desamparo en el que el gobierno federal ha dejado a niñas, niños y adolescentes, es que los padres de familias han tenido que organizarse a través del denominado “Movimiento Nacional de la Salud”, con la idea de que sus demandas tengan un mayor eco entre la sociedad mexicana para solucionar la problemática; aunado a lo anterior, se han interpuesto juicios de amparo contra algunas instituciones de salud como el IMSS, por no dar el servicio médico que estos menores de edad requieren para controlar su padecimiento, lo cual no ha sido una medida suficiente para resolver el desabasto de medicamentos oncológicos. Los padres de familia utilizan el hashtag #UnDíaMásSinQuimio.
En las últimas semanas se han reportado los irreparables decesos de varios niñas y niños que al padecer algún tipo de cáncer, estaban en espera de los medicamentos para que les fueran ministrados sus tratamientos de quimioterapia, por to que al no ocurrir, desafortunadamente, la enfermedad avanzó hasta que perdieron la vida, lo cual resulta injustificado, ya que el abasto de medicamentos es una responsabilidad del gobierno federal, que ha pasado por alto perdiéndose la vida de esos menores de edad.
Al respecto, el 28 de abril de 2020, el Colegio Mexicano de Oncología Médica, emitió un comunicado dirigido hacia el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, Presidente del Consejo de Salubridad General en el que mencionó la importancia de la continuidad de los tratamientos en pacientes oncológicos, así como el impacto directo en el apego y adherencia de los tratamientos oncológicos, además del reporte de desabasto de medicamentos en una encuesta nacional sobre el particular que ellos mismos realizaron, solicitando que se tomen las acciones necesarias para resolver la problemática y regularizar el surtimiento de los medicamentos a nivel farmacia pública y privada.
Por su parte, el 28 de mayo de 2020, la Agrupación Mexicana de Hemato-Oncología Pediátrica, AC, lanzó un comunicado en el que emitieron un llamado urgente ante las autoridades correspondientes solicitando que se atienda de manera inmediata el desabasto de medicamentos pediátricos oncológicos, puesto que esta situación pone en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer y que, de no ser atendida esta demanda, se convierte de manera automática en una condena catastrófica.
De acuerdo al último reporte de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), debido a los recortes realizados al presupuesto de salud y que se han reflejado en los tratamientos y medicamentos oncológicos, de diciembre de 2019 a la fecha, han perdido la vida 1,602 niñas, niños y adolescentes, al mismo tiempo se detalla en el informe que del pasado 11 de diciembre a la fecha, se reportaban 4 mil 273 nuevos casos detectados y 3 mil 204 casos diagnosticados en fase avanzada. Según cifras de la Secretaría de Salud, cada 90 minutos se diagnostica un caso nuevo en México y cada 4 horas fallece un menor de edad por esta causa.
Tal como se había referido anteriormente, AMANC en su informe advierte “deficiencias en el sector salud” y “dificultades socioeconómicas y culturales de las familias” ante el padecimiento.
Toda vez que en los próximos días, el Ejecutivo federal estará presentando su proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en esta ocasión se considera prudente exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la colegisladora para que en el proceso de discusión y aprobación, destine mayores recursos para atender y combatir el cáncer entre las y los mexicanos en todas las instituciones públicas de salud, lo que permitirá fortalecerlas y dotarlas de un mejor equipamiento e insumos para tal efecto.
Se debe mencionar que, con la aprobación de esta proposición con punto de acuerdo, se abonará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, tomando especial trascendencia el objetivo 3 relativo a la Salud y bienestar, ya que, sí las instituciones de salud exhortadas y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios garantizan el abasto de los insumos, equipamiento y medicamentos oncológicos para la adecuada atención de los tratamientos de los enfermos con cáncer, así como de que los medicamentos que adquieran cuenten con los estándares de calidad, seguridad y eficacia para mitigar los efectos y detener el avance de ese padecimiento, se contribuirá a la protección de su salud y de su vida.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al secretario de Salud, con la finalidad de que planifique adecuadamente la adquisición de los medicamentos necesarios para brindar oportunamente tratamientos a los enfermos de cáncer, lo que permitirá que los mismos sean distribuidos en las diferentes instituciones públicas de salud, a nivel federal y a nivel local.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, garanticen urgentemente el abasto de los medicamentos para atender cualquier tipo de cáncer en las y los mexicanos, en todo el país.
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, implemente los protocolos de control y vigilancia que sean necesarios para garantizar los estándares de calidad, seguridad y eficacia que deben tener todos los medicamentos oncológicos que se importen para la ministración de tratamientos.
Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que, en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, destine mayores recursos para atender y combatir el cáncer en todas las instituciones públicas de salud, en beneficio de las y los mexicanos.
Dado en el Senado de la República, a 14 de septiembre de 2020.
Senadora Verónica Martínez García (rúbrica)
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, se garantice la operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
El suscrito, Mario Zamora Gastélum, senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral l, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 garantice la operación del programa escuelas de tiempo completo en beneficio de niñas, niños y adolescentes beneficiarios del mismo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició el brote del virus SARS-CoV2 (Covid-19) enfermedad que ante los niveles alarmantes de propagación y letalidad, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que la misma pasaba de ser una epidemia a una pandemia.
Segunda. Que mediante el acuerdo número 02/03/20, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo del año en curso, se suspendieron las clases a partir del día 23 del mismo mes, en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP)1. Por lo anterior las niñas, niños y adolescentes beneficiarios del programa no tienen acceso a los alimentos que les eran proporcionados al asistir a las Escuelas de Tiempo Completo (ETC).
Tercera. Que el 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico, mismo que prevé en su anexo denominado Semáforo por Regiones, que las escuelas podrán regresar a prestar sus servicios hasta en tanto la región en que se encuentren esté en Semáforo Verde, por lo cual se prevé que el ciclo escolar correspondiente al año 2021 se mantenga sin la asistencia de forma presencial de los alumnos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las niñas y niños beneficiarios del programa ETC.
Cuarta. Que mediante acuerdo publicado el 3 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo medio superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos; se estableció: “...Que el marco de la nueva normalidad, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el servicio educativo del ciclo escolar 2020-2021 se brindará utilizando fundamentalmente la televisión, con el apoyo también del avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital a que refiere el artículo 84 de la Ley General de Educación, lo que permitirá dar cabal cumplimiento a los planes y programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria determinados por la Secretaría de Educación Pública. El inicio de dicho ciclo escolar será el 24 de agosto de 2020, por lo que las autoridades educativas locales deberán garantizar la entrega oportuna de los libros de texto gratuitos a los estudiantes.2 Si bien es importante que los educandos cuenten con los libros de texto, también lo es que estos cuenten con los alimentos que les eran proporcionados a través del programa ETC.
Quinta. Que mediante decreto publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el titular del Poder Ejecutivo Federal declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal; el cual entre otras disposiciones establece la reducción de 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Resulta preocupante que después de que el programa ETC ha sufrido diversos recortes, se ponga en riesgo la operación del mismo por la aplicación de este decreto.
Sexta. Que el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho humano a la alimentación, nutritiva suficiente y de calidad; a fin de garantizar este derecho el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales, firmados y ratificados en materia de alimentación; si bien el Estado mexicano ha encaminado políticas públicas para garantizar el derecho a la educación, es primordial garantice la alimentación de al menos 6 millones de niñas y niños, que conforme a datos de la consistente en proporcionar también alimentos, están siendo afectados al no recibir la alimentación correspondiente, medida que pone en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de este sector.
El objetivo de este programa de alimentación escolar es reducir el estado de malnutrición de la población escolar y preescolar, de las zonas indígenas, rurales y urbanas incidiendo en el mejoramiento del aprovechamiento escolar y la reducción de los índices de reprobación y deserción escolar; sobre todo en apoyo a la niñez de zonas urbanas, rurales e indígenas que por diversos factores no se alimenta en forma adecuada, generando con esto problemas de salud, deserción y reprobación escolar; dicho programa apoya además a madres trabajadoras que por su horario laboral necesitan que sus hijos permanezcan en lugares seguros realizando actividades educativas.
Séptima. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México puede ser considerado como un país mayoritariamente malnutrido. Esto significa que, mientras algunas personas tienen insuficiencia de nutrientes (desnutrición), otras cuentan con un exceso de uno o más nutrientes en la dieta (sobrepeso, obesidad).3
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), estiman que en México 2.8 por ciento de los niños y niñas menores de 5 años presentan bajo peso, 13.6 por ciento muestra baja talla y 1.6 por ciento desnutrición aguda.
Conforme al anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 denominado Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, a la Secretaría de Educación Pública en relación con el programa Escuelas de Tiempo Completo se le asignaron tan solo 5 mil 100 millones de pesos, cuando en el PEF de 2019 le habían sido asignados 10 mil 190 millones de pesos. El PEF 2021, no asigna presupuesto alguno a dicho programa; sin embargo el PEF prevé un aumento de 63 por ciento al presupuesto del programa La Escuela es Nuestra.
Durante su primer año de operación, el programa La Escuela es Nuestra tuvo como objetivo entregar recursos a padres de familia, para que estos se hicieran cargo de mejorar la estructura educativa, en el presente ejercicio incluyo la contratación de “asesorías y tutorías”.4
Conforme al acuerdo por el que se emiten los lineamientos de operación del programa La Escuela es Nuestra tiene como objetivo general el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los planteles públicos de educación básica, empezando en una primera etapa, por los ubicados en zonas de muy alta y alta marginación y localidades de población indígena; dichos lineamientos estipulan que este programa busca fortalecer la organización de las comunidades escolares a través de la instalación de Comités Escolares de Administración Participativa electos en asambleas escolares conformado por padres y madres de familia, docentes y directivos; quedando el programa ETC el cual estaba enfocado en proveer alimentos y dar actividades extracurriculares a alumnos de primaria y secundaria en horario extendido de seis u ocho horas por jornada.
En el primer informe de gobierno, el titular del Poder Ejecutivo informó que hasta el 30 de junio de 2019 operaban 25 mil 639 “Escuelas de Tiempo Completo en todo el país, de las cuales 68.4 por ciento son escuelas indígenas, de éstas 14 mil 097 se encuentran ubicadas en comunidades rurales, lo que representó 55 por ciento del total. En estas escuelas se atendieron más de 1.1 millones de alumnos y 3 mil 427 planteles corresponden a educación indígena”.
“Los alimentos que se ofrecen en las ETC, beneficiaron a un millón 336 mil niñas, niños y jóvenes que acuden a 12 mil 891 escuelas, lo que representó 50.3 por ciento del total, estas escuelas mayoritariamente se encuentran en condición de pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación”.5
Octava. Conforme a cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en México al menos 6 millones de infantes eran beneficiarios de este programa por lo cual al menos 5 millones no tienen acceso al programa ETC.
Aunado a ello la constante reducción del presupuesto no cubre la población objetivo; cabe mencionar que conforme a lo informado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como consecuencia de la pandemia de coronavirus se han perdido 1 millón 30 mil 366 empleos, entre los meses de marzo, lo que aumentará sin duda la inseguridad alimentaria de este sector. Para la FAO, México atraviesa la pandemia de Covid-19 en un contexto en el que más de 50 por ciento de sus hogares padecen algún tipo de inseguridad alimentaria y de no tomarse medidas desde ya ante el incremento de la vulnerabilidad alimentaria a nivel nacional –entendida como la disminución aguda en el acceso a los alimentos– su impacto negativo sobre la nutrición, salud y bienestar marcarán el futuro de millones de familias en México.6
De igual forma consideran que estos programas de alimentación que han demostrado coordinación en los tres niveles de gobierno, son los que se deben fortalecer y ampliarles el presupuesto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 garantice la operación y asignación de recursos al programa Escuelas de Tiempo Completo en beneficio de niñas, niños y adolescentes beneficiarios del mismo.
Notas
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597705&fecha=03/08/2020
3 https://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/Desnutricion.pdf
https://blog.savethechildren.mx/estado-salud-nutricion-i nfantil-mexico
4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5574403&fecha=03/10/2019
5 https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/PRIMER-INFORME-DE-GOBIERNO-2018-2019.pdf
6 http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1274318/
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de septiembre de 2020.
Senador Mario Zamora Gastélum (rúbrica)
Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2020.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, garantice la operación de los Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, fortaleciendo el presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
Los que suscriben, Mario Zamora Gastélum, Ovidio Salvador Peralta Suárez, Alejandra del Carmen León Gastélum y Xóchitl Gálvez Ruiz, senadores de la República integrantes de la Comisión de Reforma Agraria en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 garantice la operación de los tribunales agrarios, Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, fortaleciendo el presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El 8 de septiembre del año en curso el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregó a la honorable Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021; la evolución del presupuesto para el sector agrario no ha sido favorable en los últimos años como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo:
La disminución constante del presupuesto en el sector agrario no ha considerado que la Procuraduría Agraria es una institución de servicio social de la administración pública federal, dedicada a la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, brinda servicios de asesoría jurídica, arbitraje agrario y representación legal, promueve la conciliación de intereses, la regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo. Fomenta la organización agraria básica para la producción y mejor aprovechamiento de sus tierras y recursos naturales, a través de las acciones que coadyuvan al desarrollo rural sustentable y al bienestar social.1
Por otra parte, la Procuraduría Agraria (PA), ha brindado asesoría jurídica y representación legal a los usuarios, en lo que respecta a 2019, la institución refiere que ha otorgado 25 mil 321 representaciones en juicios agrarios, 30 mil 577 asesorías jurídicas; ha apoyado en la elaboración de 64 mil 30 listas de sucesión de ejidatarios y comuneros y llevó a cabo 6 mil 906 actualizaciones de padrones de núcleos agrarios, así como de reglamentos internos y órganos de representación.2 La institución refiere en su informe 2018-2019 que se concluyeron 2 mil 574 conciliaciones agrarias y 48 servicios periciales.
Segunda. Los tribunales agrarios tienen como misión impartir justicia agraria en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, de la pequeña propiedad y los derechos de los campesinos, mediante la emisión de sentencias.
Los tribunales agrarios están constituidos por un Tribunal Superior Agrario, conformado por 5 magistraturas numerarias y una supernumeraria y 56 tribunales unitarios agrarios con 5 magistraturas supernumerarias, distribuidos en todo el territorio nacional. De acuerdo con su ley orgánica tienen, entre sus atribuciones, resolver las controversias que se suscitan en la propiedad ejidal y comunal, que comprende 32 mil 121 núcleos agrarios, propietarios de 99.8 millones de hectáreas, que significan 51 por ciento del territorio nacional. Además, conocen de las controversias en materia de deslinde, declaración y, en su caso, titulación de terrenos nacionales y colonias agrícolas y ganaderas.
Los tribunales agrarios, a 27 años de su creación, han alcanzado resultados que contribuyen a la paz social y al desarrollo nacional:
La conclusión en la esfera jurisdiccional de los expedientes del llamado “rezago agrario”, poniendo fin a disputas en muchos casos ancestrales, otorgando seguridad jurídica a los derechos de propiedad ejidal, comunal y la pequeña propiedad.
La substanciación y conclusión de 983 mil 177 asuntos por parte del Tribunal Superior Agrario y los tribunales unitarios agrarios.
Realizan juicios agrarios sujetos a los principios de oralidad –los primeros en el país–; inmediatez, con la presencia de las y los magistrados en la audiencia de ley; suplencia de la queja en los planteamientos de derecho, resolviendo en conciencia y a verdad sabida.
La aplicación de un modelo de justicia itinerante –el único en el país– que permite trasladar los tribunales agrarios a los lugares donde se generan las controversias, y desahogar el proceso jurisdiccional in situ .
La impartición de justicia agraria por parte de los tribunales Agrarios, cuyas actividades y actos se generan en las zonas rurales del país, y sólo por excepción en áreas urbanas, con motivo de desarrollos de otra naturaleza.
Estos resultados no significan que ya no existan controversias, sino la existencia de otras con nuevas características. El conflicto agrario se ha transformado: por una parte, continúan las que se denominan como tradicionales: juicios sucesorios, controversias por el mejor derecho de posesión, restitución y conflicto por límites, entre otros. Por la otra ha surgido una nueva problemática agraria en la que participan los tribunales agrarios, como son la validación de contratos para la constitución de servidumbres legales en las industrias de hidrocarburos y de energía eléctrica; las controversias por la construcción de infraestructura; las derivadas del vínculo de la tierra con el desarrollo urbano, y de la tierra con el medio ambiente.
Ello hace necesario contar con una estructura completa, con capacidad instalada para dar respuesta a esta nueva conformación de la conflictividad agraria.
La evolución del Presupuesto de Egresos de la Federación, en relación con los tribunales agrarios, ha disminuido considerablemente desde el año 2019, este ejercicio nuevamente se proyecta un recorte como se observa en el cuadro siguiente:
Vale la pena recordar que la propiedad ejidal y comunal, comprende 32 mil 121 núcleos agrarios, propietarios de 99.8 millones de hectáreas, que significan 51 por ciento del territorio nacional; por lo cual los tribunales agrarios cada vez tienen menor capacidad de cumplir con su misión al nuevamente sufrir una disminución en su presupuesto.
Tercera. En los foros realizados al interior del país por la Comisión de Reforma Agraria, una de las principales preocupaciones manifestadas por nuestra gente del campo, es la falta de presupuesto que pone en riesgo ya la operación del sector agrario, que va desde el retraso en la emisión de sentencias por parte de los tribunales agrarios por falta de personal, así como la prácticamente nula atención del Registro Agrario Nacional, el cual desde diciembre de 2019 ya presentaba un año de atraso en la emisión de respuestas a los tramites que éste brinda al público.
El Registro Agrario Nacional postula como misión: Brindar certeza jurídica a la propiedad social en México, a través del control de la tenencia de la tierra y de los derechos constituidos respecto de los ejidos y comunidades, mediante la función registral, el resguardo documental, asistencia técnica y catastral, en beneficio de los sujetos de derecho agrario y demás solicitantes del servicio.3
La operación del sector agrario que atiende a campesinos, ejidatarios, comuneros y personas que dependen de su óptimo funcionamiento es amplio; por ejemplo: en 2019 el Registro Agrario Nacional (RAN) informó que hizo entrega de más de 167 mil 802 documentos agrarios, 99 mil 250 certificados parcelarios, 29 mil 756 certificados de uso común y 38 mil 796 títulos de propiedad, por lo que se pude decir que en 2019, esta institución del Estado mexicano entregó diariamente al menos 460 documentos agrarios; semanalmente 3 mil 227 y mensualmente por lo menos 13 mil 983 documentos, como parte del trabajo en defensa del territorio y la salvaguarda de la propiedad social, actividad que no se podría ejercer sin el capital humano y material.4 . Los tribunales agrarios, en conjunto, reciben anualmente –en promedio– 50 mil nuevos asuntos que, sumados a los 50 mil en trámite, representan en promedio un total de 100 mil asuntos en proceso cada año.
Cuarta. El gasto administrativo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se disminuye considerablemente de 3 mil 176.8 a 2 mil 42.5 millones de pesos, lo que nuevamente le significará un atraso en la atención que brinda, lo cual resulta preocupante por ser además la dependencia que encabeza el sector agrario.
El programa de atención de aspectos agrarios tuvo un incremento de 804 millones de pesos (mdp) a 6 mil 229.8, en el PEF 2020 sin embargo, el recurso está etiquetado para el programa Sembrando Vida.
Algo similar sucede ahora con el presupuesto asignado a la Sedatu pues si bien en el Ramo 15 del anexo 10 del PEF 2021 se aumenta el presupuesto para esta dependencia, el mismo está destinado al Programa Nacional de Reconstrucción que tendrá por objeto atender a la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo.
El atraso en la atención de estas dependencias lastimará gravosamente al campo en México el cual ya ha sido afectado con nulo apoyo durante la pandemia y de ejecutarse dichas acciones generará un sin número de conflictos poniendo en riesgo la paz social del campo mexicano.
Por lo anterior la justicia agraria, el orden y certeza jurídica en el campo mexicano, se han visto afectados por ese proceder administrativo al limitar presupuestalmente a los tribunales agrarios, al Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria y a la Sedatu, afectando a los justiciables, restringiéndoles aún más su derecho al acceso efectivo a la justicia agraria y a la certeza jurídica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 garantice la operación de los tribunales agrarios, Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, fortaleciendo el presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Notas
1 Procuraduría Agraria, Misión, Visión y Valores de la Procuraduría Agraria
http//www.pa.gob.mx/paweb/conoce_la_pa/misión_dec_html
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554418/ici-II_PA_2018-20 19.pdf.pdf
3 Registro Agrario Nacional, Misión y Visión. Registro Agrario Nacional
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/conoce-el-ran/mision -y-vision
4 http://www.gob.mx/ran/articulos/entrega-el-ran-mas-de-167-802-documento s_agrarios_en_2019?idiom=es
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de septiembre de 2020.
Senadores:
Minutas
Con proyecto de decreto, por el que se declara el 12 de septiembre como Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 12 de septiembre de cada año como “Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
PROYECTO DE DECRETO
CS-LXIV-III-1P-001
POR EL QUE SE DECLARA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD”.
Artículo Único. El Congreso de la Unión declara el 12 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad”.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020.
Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)
Presidente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
PROYECTO DE DECRETO
CS-LXIV-III-1P-002
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 3, párrafo primero; 4, fracción XIX; 5; 7; 125, párrafo primero; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 3, y un segundo párrafo al artículo 11; de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 3. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.
...
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán de manera prioritaria políticas públicas encaminadas a la atención de la primera infancia.
Artículo 4. ...
I. a XVIII. ...
XIX. Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que deberá considerar acciones específicas para cada ciclo de vida: primera infancia, niñez y adolescencia;
XX. a XXX. ...
Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. En la niñez se incluye a niños y niñas en primera infancia, que son las personas con menos de seis años cumplidos. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad.
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. Cuando exista duda de si se trata de una persona mayor o menor de seis años, se presumirá que es un niño o niña en primera infancia.
Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo a los que se encuentran en primera infancia; así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos.
Artículo 11. ...
Las políticas públicas del Estado deberán considerar la asistencia integral a las familias y comunidades con el propósito de que cumplan con este deber. Estas políticas deben tener en cuenta la situación y necesidades específicas de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Los tres niveles de gobierno deberán garantizar el apoyo, capacitación, asesoría continua y especializada a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a las personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños y adolescentes, en proporción a su responsabilidad y conforme a su ámbito de competencia, participando de forma activa y en igualdad de responsabilidades, a fin de hacer posible un adecuado desarrollo de la primera infancia, niñas, niños y adolescentes.
Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de la primera infancia, niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de sus derechos.
...
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.
Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)
Presidente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Civil Federal
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Civil Federal, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
PROYECTO DE DECRETO
CS-LXIV-III-1P-003
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.
Artículo Primero. Se reforma la fracción IV del artículo 105; y se adiciona la fracción VIII al artículo 47, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 47. ...
I. a V. ...
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables;
VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral, y
VIII. El castigo corporal y humillante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante.
Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes.
...
...
...
Artículo 105. ...
I. a III. ...
IV. Queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal y humillante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, custodia y crianza, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier otra índole, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato humillante.
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 323 bis, 323 ter párrafo segundo, y el artículo 423, párrafo segundo; y se adiciona un párrafo segundo recorriendo el actual para ser tercero al artículo 323 ter y un párrafo tercero al artículo 423 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 323 bis.- Los integrantes de la familia, en particular niñas, runos y adolescentes, tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física, psíquica y emocional, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes.
Artículo 323 ter.- ...
Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niñas, niños o adolescentes. Se define el castigo corporal y humillante según lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 47, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por violencia familiar se considera el uso intencional de la fuerza física, moral o de cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación, incluyendo el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes, así como las omisiones graves que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica y emocional independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.
Artículo 423.- ...
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier otra índole.
Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona que ejerza la patria potestad, tutela o guarda, custodia y crianza de niños y adolescentes, utilice el castigo corporal o humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.
Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)
Presidente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
Iniciativa de ley o decreto de senadores
Con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
La suscrita, Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la siguiente:
Consideraciones
En el país, la industria automotriz es considerada uno de los sectores estratégicos para la economía nacional, ya que tiene la posibilidad de generar gran cantidad de empleos directos e indirectos. De igual manera, tiene amplia participación en las finanzas federales debido a la alta recaudación fiscal que propicia, la cual proviene no sólo de las operaciones comerciales de la industria en la fabricación de vehículos, sino en la fabricación, distribución y comercialización de autopartes, además de contribuir indirectamente en la recaudación de impuestos especiales por consumo de gasolina y diesel.
Por esto, México está considerado entre los países líderes en la producción mundial de vehículos, según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor, ya que durante 2019 se produjeron 3.7 millones de vehículos automotores, colocándonos como el sexto productor y cuarto exportador global de vehículos ligeros, el quinto productor en autopartes y el primero en exportar tractocamiones, así como el sexto productor de vehículos de carga y cuarto exportador de vehículos pesados a nivel mundial.
Dada nuestra ubicación geográfica, 3.3 millones de vehículos ligeros de nuestra producción se exportaron principalmente a Estados Unidos de América (79.6 por ciento), Canadá (6.6) y Alemania (4.1), lo que los coloca como nuestros principales socios comerciales en este sector.
Esta razón ha predominado para que 20 complejos armadores de automóviles y motores de marcas como Audi, Grupo BMW, Ford, General Motors, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Toyota y Volkswagen, se instalen en 12 estados de la república, además de existir registro de 11 armadoras que producen transporte pesado y motores a diésel con presencia en 8 entidades federativas, debido a que nuestro país cuenta con las condiciones necesarias para generar gran crecimiento.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, durante 2019 el sector automotriz representó 3.8 por ciento del PIB nacional y 20.5 del manufacturero, además es el principal productor de divisas ya que produce 4 veces más que el sector agroindustrial y casi 5 veces más que el sector energético, generando en 2019 un superávit de 88 mil 867 millones de dólares.
Dicha industria genera efectos en 157 actividades económicas del país, de las cuales 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios se cuentan con una red de distribuidores automotrices, la cual está compuesta por más de 2 mil 500 agencias en todo el territorio mexicano generando en conjunto casi 2 millones de empleos directos.
La industria de autopartes produjo en 2019 casi 97 mil millones de dólares a través de mil 200 centros de manufactura, ubicando 90 por ciento en 15 estados de la república, muy cercanos a las plantas de producción y ensamblaje.
Así de importante es la industria automotriz para nuestro país, y aquí es donde cabe hacer un paréntesis, ya que si bien la industria automotriz es uno de los 4 pilares fundamentales del sostén de nuestra economía, casualmente esta posición la logró gracias a las condiciones establecidas desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, debido a que antes de la firma de dicho acuerdo comercial, el mercado norteamericano estaba abierto a las importaciones provenientes de México, se contaba con tarifas arancelarias sumamente bajas de 2.5 por ciento en promedio en automóviles y 3 en autopartes, sólo que con la entrada en vigor del tratado, el sector automotriz comenzó a transformarse y a adecuarse a las necesidades que implicaba la nueva coyuntura, por lo que el sector automotriz se consolidó como el más grande de intercambio económico entre México, Estados Unidos de América y Canadá.
La historia parece repetirse: la terrible pandemia del Covid-19 que ataca al mundo viene a detener el avance industrial, sin embargo, la recién entrada en vigor del T-MEC, viene a generar una nueva oportunidad de relanzar y consolidar a la industria automotriz como uno de los pilares sobre los que debe descansar la recuperación económica de Norteamérica.
Con este nuevo tratado se actualizarán los procesos de producción usando las nuevas tecnologías, además se otorgara mayor seguridad y certeza a la región al ofrecer la seguridad de las nuevas normas de contenido regional, de igual manera se estipulan reglas claras para el tema de las normas salariales, se tendrán rutas ms claras para en caso de que existan diferencias y se tengan que buscar la resolución de conflictos, estos avances sin lugar beneficiaran y promoverán mayores inversiones en la zona.
En nuestro caso, tanto las armadoras como los proveedores automotrices han comenzado los procesos de actualización y renovación de maquinaria ya que el nivel de información tecnológica y de transformación en las cadenas de proveeduría que se está generando en el sector a nivel mundial, es mucho mayor ante la coyuntura actual.
Tradicionalmente, la proveeduría vinculaba sus procesos de planificación estratégica a los programas original equipment manufacturer, lo que te daba dos años de ingeniería y diseño de un vehículo, seguido de siete años de producción, contaban con un margen amplio de producción, ahora tendrán que evaluar y priorizar continuamente sus oportunidades para innovar y actuar lo suficientemente rápido como para maximizar los beneficios finales.
Por ejemplo en nuestro país se comenzó la aplicación de sistemas de producción altamente competitivos, caracterizados por la producción justo a tiempo, o conocido en el país como justo en secuencia, con este se incorporaron redes de proveedores experimentados y confiables, y se les ubica en parques industriales alrededor de las plantas de ensamble final, los cuales abastecen las partes en el mismo orden en el que se van a ir utilizando para la fabricación de los diversos tipos de vehículos en tiempo récord, e incluso en algunos casos los proveedores se localizan dentro de las mismas plantas de ensamble final, con esto se trata de una especie de proveedores “satélite” para quienes las exigencias de calidad son mucho más altas que las que se tendrían con otro tipo de proveeduría; en ellos, las armadoras tienen mayor control del proceso, al cuidar los sistemas de calidad y producción de los componentes desde antes que éstos sean recibidos.
Esto, sin duda, ayudará a que la industria automotriz comience a funcionar y pueda volver a tomar el papel protagónico que tenía para nuestro país antes de la pandemia, que ha golpeado al mundo entero y que ha causado la muerte de miles de seres humanos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, los efectos generados por la pandemia a nivel mundial provocarán una fuerte contracción de la producción sectorial y del producto interno bruto, lo que obligará a cierres de fábricas en Europa y América del Norte, con esto se retirarán 2.5 millones de vehículos de transporte de pasajeros de los programas de producción y tendrá una repercusión del orden de 77,700 millones de dólares en pérdidas de ingresos para las empresas de automoción y de fabricación de piezas.
Dicho reporte indica que en la primera mitad de febrero de este año, en China las ventas cayeron cerca de 92 por ciento y se estima que para finales de 2020, las ventas de vehículos disminuirán como mínimo en 2.9; en Europa las ventas totales de vehículos entre enero y febrero de 2020 fueron 7.4 menores que en el mismo periodo del año anterior, como ejemplo los cuatro principales mercados de la Unión Europea, por ejemplo Alemania bajó 9.0, Francia 7.8, Italia 7.3 y en España 6.8.
Se estima que la pandemia está afectando a cerca de 42 por ciento de los puestos de trabajo directos en la fabricación de vehículos en la Unión Europea, así como a los casi 13.8 millones de trabajadores que componen su cadena de suministro; en Estados Unidos de América no es la excepción, ya que serán por lo menos 150 mil trabajadores de planta y cientos de miles de trabajadores eventuales en la industria que verán en peligro sus empleos.
La pandemia ha generado un aumento sin precedentes del desempleo en todo el mundo, de lo que la industria automotriz no ha sido la excepción, corriendo el riesgo de perder muchos más puestos de trabajo si los gobiernos, los empleadores y los trabajadores no actúan de inmediato para posibilitar la supervivencia de las PYME y la protección de los trabajadores.
El país no es ajeno a esa tendencia, ya que según datos proporcionados por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz indican que en de enero a junio se vendieron 436,445 vehículos ligeros cifra menor en 31.9 por ciento que la registrada en el primer semestre de 2019, y al parecer la tendencia continua ya que en el pasado junio se comercializaron sólo 62 mil 837, lo que representó una disminución de 41.14 respecto al mismo mes de 2019.
Estos números reflejan la caída abrupta en las ventas de vehículos automotores acelerado por la pandemia, sin embargo, tenemos que hacer hincapié que esta caída es el tercer registro más bajo de ventas desde 2017, como muestra la siguiente gráfica:
Ante estos números, las predicciones bajo este escenario no son buenas, el mejor escenario prevé una caída de 30 por ciento con una colocación de 921 mil 55 unidades, el peor escenario contempla una caída de 46.8 con la comercialización de 700 mil 649 unidades al final del año, esto a su vez generaría una gran pérdida de empleos que podría alcanzar casi 196 mil puestos laborales en el sector automotriz.
Buscando detener esta caída el gobierno federal decreto a la industria automotriz como actividad esencial a mediados de mayo, con lo cual se reactivaron los procesos de producción cuidando en todo momento las medidas de sanidad recomendadas. Sin embargo, la comercialización de vehículos continua siendo afectada por la pandemia del Covid-19, tanto por la suspensión de actividades en los pisos de venta en la mayor parte del país, así como por la crisis económica que se ha incrementado por la situación sanitaria.
Ante este panorama, se requieren generar estrategias y programas que ayuden a reactivar la producción y venta de vehículos y autopartes, además debemos generar condiciones que permitan el fortalecimiento del mercado interno automotor, ya que esto generará un efecto positivo en más de 120 ramas de la industria y del comercio.
De igual manera y aunque sabemos que los recursos escasean, es posible que se generen apoyos e incentivos para la renovación del parque vehicular, tanto para el transporte público, como a las flotillas de las empresas, esto a través de incentivos fiscales que el propio gobierno federal pudiese otorgar o de financiamiento a través de la banca de desarrollo.
Por eso, esta iniciativa tiene como fin elevar los montos de deducibilidad en la compra de vehículos automotores, ya que sabemos que la deducción de automóviles está dentro de la categoría de deducciones de activos, y es claramente uno de los puntos más importantes en una empresa, porque es un beneficio para la inversión y fomenta la colocación de dinero en el país y la reinversión de flujos de efectivo.
Sabemos que la aportación fiscal del mercado automotor en las finanzas públicas es esencial para el país, tan sólo en 2019 contribuyó con 66 mmdp por concepto de IVA recaudado por venta de vehículos nuevos, de igual manera se recaudaron 13 113 mdp por concepto de impuesto sobre automóviles nuevos y casi 728 428 mdp por impuesto especial sobre productos y servicios por concepto de consumo de combustibles (federal y estatal), y consideramos que aunque aumentaríamos el margen de deducción por la compra de un vehículo automotor, esto se compensaría con una mayor venta de automóviles, lo que ayudaría a tener una mayor recaudación de los mismos, de igual manera se incrementarían los impuestos recaudados por la adquisición de mayores insumos para el armado de éstos.
Al incrementar los montos de deducción de los vehículos accionados por hidrogeno, estaremos incentivando la compra de los mismos y contribuyendo a realizar el cambio generacional de la industria con vistas a contribuir a un mejor ambiente con menor contaminación.
De aprobarse esta iniciativa, se abonará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Son de especial trascendencia los objetivos 7, 8, 9 y 13, relativo a impulsar “energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura”, así como el de “acción por el clima”, ya que, al tomarse dicha medida de carácter fiscal permitirá que el mercado de la industria automotriz se dinamice, además de que permitirá adquirir con mayor facilidad vehículos accionados por hidrogeno en beneficio de la salud de las y los mexicanos, así como del medio ambiente; al mismo tiempo se reflejará en el crecimiento de económico del sector y en la generación de empleos, ya que al fomentar el crecimiento económico, el desarrollo social y la acción contra el cambio climático, por lo que se requerirá de la inversión en infraestructuras, desarrollo industrial sostenible y progreso tecnológico del sector automotriz.
Una vez que la fase aguda de la crisis del Covid-19 se termine, los gobiernos tendrán que invertir en infraestructura más que nunca con el fin de acelerar la recuperación económica, crear empleo, reducir la pobreza y estimular la inversión productiva.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se reforma la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:
I. ...
II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 200 mil pesos. Tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, sólo serán deducibles hasta por un monto de 300 mil 000 pesos.
Transitorio
Único. El presente decreto, una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020.
Dado en el Senado de la República, a 23 de septiembre de 2020.
Senadora Verónica Martínez García (rúbrica)
Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción V al artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria
Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I, 164 y 172, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de gasolina ribereña y diésel marino, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La autosuficiencia alimentaria es uno de los grandes retos de toda nación, pues entre los grandes obstáculos, la tecnología, la obra de mano especializada, inversiones e infraestructura, entre otros. México no es ajeno a dicha situación, durante años se ha esforzado para abatir el déficit de la balanza comercial agroalimentaria, que para 2018 el sector se convirtió de una actividad relevante a estratégica, debido a que genera mayor ingreso que el turismo, petróleo, o remesas, pasando nuestro país a ser la décima potencia mundial en producción agroalimentaria, alcanzado un superávit en la balanza comercial del sector.1
Para 2019 dicho superávit alimentario continúo en crecimiento, al superar los 7 mil 400 millones de dólares.2 En los últimos años, la pesca ha retomado un papel importante en la producción de alimentos y generación de empleos; tan sólo nuestro país cuenta con más de 11 mil kilómetros de costas, más de 12 mil kilómetros cuadrados de lagunas costeras y esteros, así corno más de 6 mil kilómetros cuadrados de aguas interiores (lagos, lagunas, represas y ríos).3
Las políticas y los programas en materia pesquera y acuícola cambiaron en cuanto a su principal objetivo en esta administración; pues se privilegia a los sectores más vulnerables del sector pesquero mediante el fortalecimiento de las capacidades, la adquisición y mejoramiento de sus activos productivos, el fortalecimiento de la infraestructura y la reducción tanto de los gastos de operación, como de los costos de los insumos.
Ahora bien, de acuerdo con el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura reportó que para abril de 2020 tenían registradas 30 mil 64 unidades económicas acuícolas y pesqueras de las cuales 25 mil 477 (84.74 por ciento), están activas y 4 mil 587 (15.26) inactivas. De ellas, 68 por ciento de las unidades acuícolas y pesqueras activas se concentra en 11 entidades federativas: Sinaloa, con 13.10; Sonora, 7.36; Campeche, 7.10; Veracruz, 6.34; 5 Guerrero, 5.78; Puebla, 5.47; Yucatán, 5.01; Baja California Sur, 4.79; Oaxaca, 4.45; estado de México, 4.32; y Tabasco, 4.26.
En cuanto al número de embarcaciones, se reportó un total de 85 mil 259, de las cuales 82 mil 943 (97.28 por ciento) eran embarcaciones menores y 2 mil 316 (2.72) embarcaciones mayores; 55.08 de las embarcaciones menores se concentra en 6 entidades federativas: Sinaloa, con 14.70; Veracruz, 11.42; Sonora, 8.26; Chiapas, 7.36; Michoacán, con 6.74; Guerrero, 6.60.
En términos de embarcaciones mayores, 90.85 por ciento de la flota se concentra en 6 entidades federativas: Sinaloa, con 29.66; Yucatán, 27.25; Sonora, 14.90; Tamaulipas, 8.42; Baja California, 5.92; y Campeche, 4.71. Sólo 16 entidades federativas registran embarcaciones mayores.
Según el segundo Informe de Gobierno, presentado por el Ejecutivo federal, en lo que corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, menciona que en el último cuatrimestre de 2019 se ejercieron 304 millones de pesos en beneficio de 8 mil 142 pescadores y acuacultores, quienes adquirieron 221.1 millones de litros de diésel marino a través del uso de sus 926 activos productivos (embarcaciones y granjas acuícolas), los que se vinculan a 343 unidades económicas acuícolas y pesqueras en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.4
En dicho informe también menciona que se ejercieron 74.8 millones de pesos para beneficio de 43 mil 965 pescadores, que adquirieron 56.6 millones de litros de gasolina ribereña a través de 14 mil 655 activos productivos (embarcaciones menores), los que se vinculan a mil 515 unidades económicas en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
El apoyo que recibían los pescadores y acuacultores para el inicio de 2020 fue el apoyo que se recibía mediante el subcomponente de diésel marino, sobre el cual la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la SHCP estimulaban la adquisición del diésel marino y la gasolina ribereña a un precio competitivo. Este estímulo permitía reducir las asimetrías frente a los productores de otros países, especialmente Estados Unidos y Ecuador, principales competidores de esta industria para México.
Parte de los apoyos que reciben los micro, pequeños, medianos y grandes productores pesqueros y acuícolas se encuentra el beneficio por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), el cual permite a estos actores económicos hacer frente en los precios de producción a la competencia externa de naciones que tienen acceso a energéticos más baratos.
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, “el IEPS que se aplica a la gasolina y el diésel es un tributo con tasa variable que permite ajustar el precio internacional de estos combustibles con el administrado por el gobierno federal. La volatilidad de estos en los mercados internacionales en conjunto con la política de precios estables en el mercado interno ha provocado que este impuesto funcione como un subsidio a la venta final de estos productos”.5
Según la Conapesca, los recursos destinados para este rubro de 2014 a 2019 fueron de aproximadamente de 3 mil 432 millones de litros en 16 estados, siendo Sinaloa el de mayor participación, recibiendo incentivos de hasta mil 528 millones de litros, equivalentes a 44.52 por ciento del apoyo. Y para gasolina ribereña, la Conapesca destinó en los mismos años 538.4 millones de litros en 19 estados de la república, resultando Sinaloa con mayor participación recibiendo incentivos de hasta 203 millones de litros, equivalentes a 37.83 del apoyo. Esto producto del esfuerzo y trabajo de las y los sinaloenses que han convertido a nuestro estado en el principal proveedor de los productos del mar en las mesas de las familias mexicanas.
Como se aprecia, Sinaloa es la entidad federativa que hace de esta actividad económica su principal promotor y productor, por lo que miles de sinaloenses que están siendo afectados por la pandemia; en el pasado los estímulos otorgados a los combustibles para la operación de este sector, les permitió florecer; sin embargo, con las medidas fiscales recientemente adoptadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no se tienen incentivos suficientes para contener este embate económico y reactivar dicha actividad.
Ahora bien, “un estímulo fiscal es una medida de carácter tributario por medio de la cual los contribuyentes o un grupo de éstos obtienen un beneficio, que busca promover o estimular una conducta o una actividad”.6 Según el Apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2020, se otorgan diversos estímulos fiscales a determinados contribuyentes.
El primero de ellos se encuentra en la fracción 1 del Apartado A del citado artículo 16 de la LIF de 2020, que se otorga a las personas que realicen actividades empresariales y que importen o adquieran diésel para su consumo final, con la condición de que se utilice sólo como combustible en maquinaria en general, a excepción de los vehículos; de igual manera, aplica a vehículos marinos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria.
El pasado 29 de mayo se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020. En dicho acuerdo se informa los porcentajes de los estímulos fiscales aplicables en todo el territorio nacional, en junio del presente año, serán de 0 por ciento; es decir, serán suprimidos.
Esta decisión afecta a pescadores y acuacultores que dependen directamente de esta actividad; la eliminación de los estímulos fiscales a la gasolina ribereña y diésel marino; decisión tomada por un desconocimiento del sector y claramente hecha sin medir el efecto económico de esta acción tanto en los productores, pescadores y acuacultores, como en las familias mexicanas que consumen estos productos y que garantiza una buena salud.
El estímulo fiscal, nunca fue ingreso directo para las empresas ni organizaciones, era un mecanismo que ofrecía un descuento al IEPS, para reducir las asimetrías respecto a los competidores y fomentar la productividad de una actividad estratégica en la seguridad alimentaria. A pesar de los precios bajos en el mercado del crudo, en México el precio de los combustibles es muy alto en relación con los principales competidores y mercados en el mundo. Por ejemplo los precios del combustible en otros países como los Estados Unidos (principal mercado y miembro del T-MEC, 7.88 por litro), Vietnam (competidor en mercados, 11.87) y Ecuador (próximo tratado comercial, 5.82). Como se aprecia, estas naciones ofrecen a sus pescadores y acuacultores, precios inferiores a los ofrecidos en México por lo que el estímulo mediante el IEPS se convertía en un paliativo para competir.
Por este motivo, considero necesario que se elimine la aplicación de este impuesto para los productores pesqueros al menos en estos momentos de crisis sanitaria y económica.
En el documento de Gastos fiscales de 2020, 7 publicado por la SHCP, establece que el estímulo para 2020 es de 3 mil 665 mdp, representando 0.0150 por ciento del PIB y proyectan que el estímulo crezca a 3 mil 753 mdp, representando 0.0146 del PIB, como podemos apreciar la aportación respecto al PIB es pequeño, para lo que produce y genera para el país.
Estos recursos proyectados, son obtenidos por el Sistema de Administración Tributaria, mediante la aplicación de los Acuerdos por medio del cual se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel de los sectores pesquero y agropecuario por cada mes.
Desde nuestra perspectiva, el año en que la producción pesquera y acuícola dio sus mejores frutos, además de aportar gran cantidad de recursos al PIB, fue 2016, cuando se exentó de este impuesto al otorgar un beneficio de 100 por ciento; eso permitió elevar la competitividad de los productores y generó una oferta fuerte de productos del mar en el mercado mexicano.
Acuerdo número 07/2016
Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario para febrero de 2016
Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 31, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o., segundo párrafo, de la Ley de Energía para el Campo; quinto, fracción III, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; primero del decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican; primero y tercero del acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario; y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, he tenido a bien expedir el siguiente
Acuerdo
Artículo Primero. El presente acuerdo tiene por objeto dar a conocer los estímulos fiscales, el monto de los mismos, las cuotas disminuidas ajustadas y los precios máximos de las gasolinas y el diésel aplicables a la gasolina y el diésel de conformidad con los artículos primero y tercero del acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, publicado el 30 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Los estímulos fiscales aplicables para el febrero de 2016 son los siguientes:
Fuente:
https:/.mx/nota_detalle.php?codigo=5423965&fecha=29/ 01/2016
Para iniciar 2020 se publicó el acuerdo que habría de regir los estímulos para estos componentes en enero de este año el 31 de diciembre de 2019, quedando de la siguiente manera:
Acuerdo...
Artículo Primero. Los porcentajes de los estímulos fiscales aplicables para enero de 2020 son los siguientes:
Artículo Segundo. Los porcentajes a que se refiere el artículo primero del presente acuerdo se aplicarán sobre las cuotas disminuidas que correspondan a la gasolina menor de 91 octanos y al diésel. El resultado obtenido se adicionará con el impuesto al valor agregado correspondiente y el monto total será la cantidad que se deberá aplicar para reducir los precios de la gasolina menor de 91 octanos y al diésel en el momento en que dichos combustibles se enajenen a los beneficiarios del sector pesquero y agropecuario, según corresponda.
Las cuotas disminuidas son las que se publican en el Diario Oficial de la Federación mediante los acuerdos por los que se dan a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican por el periodo que dichos acuerdos especifican...
Estos acuerdos ya manifestaban una dificultad para los productores; sin embargo, no se contaba con el efecto de la pandemia ni de la crisis en el sector que provoco esta enfermedad, por lo que, para el 29 de mayo, se publicó el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Artículo Primero. El presente acuerdo tiene por objeto dar a conocer los porcentajes de los estímulos fiscales aplicables en todo el territorio nacional a la gasolina menor de 91 octanos y al diésel para uso en el sector pesquero y agropecuario de conformidad con el artículo primero del acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, publicado el 30 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Los porcentajes de los estímulos fiscales aplicables para junio de 2020 son los siguientes:
Artículo Tercero. Los porcentajes a que se refiere el artículo segundo del presente acuerdo se aplicarán sobre las cuotas disminuidas que correspondan a la gasolina menor de 91 octanos y al diésel. El resultado obtenido se adicionará con el impuesto al valor agregado correspondiente y el monto total será la cantidad que se deberá aplicar para reducir los precios de la gasolina menor de 91 octanos y el diésel en el momento en que dichos combustibles se enajenen a los beneficiarios del sector pesquero y agropecuario, según corresponda.
Las cuotas disminuidas son las que se publican en el Diario Oficial de la Federación mediante los acuerdos por los que se dan a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican por el periodo que dichos acuerdos especifican.
Fuente:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594050&fecha=29/05/2020
En este acuerdo se elimina por completo el estímulo mediante el IEPS para los productores mexicanos, conforme a los siguientes argumentos emitidos por la SHCP:
... Que el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, “Pre-criterios 2021”, presentado por el Ejecutivo federal, por conducto de la SHCP ante el Congreso de la Unión, el que incorpora las condiciones de las economías global y mexicana, señala que uno de los retos de las finanzas públicas en México durante 2020 y 2021 será la caída de los ingresos presupuestarios respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020;
Que en 2018 el estímulo pesquero tuvo un costo de mil 248 millones de pesos (mdp), de los cuales 186 mdp correspondieron a la gasolina ribereña y mil 62 mdp al diésel pesquero; mientras, en 2019 dicho costo fue de mil 852 mdp, de los cuales 216 mdp correspondieron a la gasolina ribereña y mil 636 mdp al diésel pesquero;
Que se ha observado que el mecanismo actual de estímulos fiscales a la gasolina ribereña y el diésel pesquero es ineficiente, considerando que los beneficiarios de éstos son las unidades económicas, atendiendo a criterios tales como el tamaño de las embarcaciones o las instalaciones de producción, por lo que este apoyo no siempre beneficia directamente a los pescadores o acuicultores de menores recursos;
Que en el caso del estímulo fiscal para el diésel en el sector agropecuario, el mismo no se aplica debido a que no se han establecido los mecanismos de implantación necesarios para su operación;
Que la situación actual de precios bajos en el mercado del crudo ha generado una reducción en los precios de las gasolinas y el diésel, por lo que se ha reducido el diferencial de precios con los países vecinos;
Que el gobierno de México mantiene el esfuerzo constante en la tarea por reorientar los apoyos otorgados a diversos sectores de la población con el fin de focalizar mejor los apoyos en beneficio de la población que menos recursos tiene...
Tales argumentos resultan alejados de la realidad del sector pesquero del país, poniendo en riesgo su estabilidad y supervivencia, además de la cadena productiva que depende de dicho sector. Por ello es necesario encontrar una solución que les permita sortear esta situación de crisis.
Conforme a estas consideraciones y ante la falta de apoyos claros para los productores del mar, es necesario construir instrumentos que palien la problemática que viven estos productores y, por ende, la cadena productiva que generan.
Por ese motivo considero necesario adicionar la fracción V al artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de exentar del pago de este impuesto a los productores de los sector acuícola y pesquero en la adquisición de combustibles necesarios para la productividad, mediante acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en caso de epidemias de carácter grave, invasión de enfermedades exóticas, desastres naturales o, crisis económicas o financieras graves que atenten contra la estabilidad y competitividad del sector.
Lo anterior permitirá blindar la producción alimentaria, garantizar la operatividad del sector y sin duda los empleos, haciendo frente a los efectos de la actual crisis económica que nuestro país atraviesa y en el futuro.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de gasolina ribereña y diésel marino
Único. Se adiciona la fracción V al artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
Artículo 8. No se pagará el impuesto establecido en esta Ley
I. a IV. ...
V. En caso de que nuestro país se vea afectado por epidemias de carácter grave, invasión de enfermedades exóticas, desastres naturales o, crisis económicas o financieras graves que atenten contra la estabilidad y competitividad del sector pesquero y acuícola; la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizará mediante acuerdo en el año del ejercicio fiscal que se trate, se exente a los contribuyentes del sector el pago del Impuesto Especial sobre producción y servicios por la adquisición de combustibles necesarios para la productividad del sector.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Mexico-en-la-ruta-de-consolidarse-como-potencia-alimentariaPena-Nieto-20180815-0058.html
2 https://www.codigosanluis.com/mexico-registro-aumento-superavit/
3 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/081/htm/
sec_6.htm#:-:text=La%20poblaci%C3%B3n%20de%20pescadores%20de,%2C%20Guerrero%2C%20Oaxaca%20y%20Chiapas
4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574270/2InformeDeLabores_AGRICULTURA.pdf
5 https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2012/octubre/notacefp0642012.pdf
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560811/PGF_2020.pdf
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560811/PGF_2020.pdf
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2020.
Senador Mario Zamora Gastélum (rúbrica)
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